DIVERSIDAD CULTURALSERIE 6

Mara Isabel RemyComisin de la Verdad y Reconciliacin

CONFLICTO Y CAMBIOS EN LA SOCIEDAD RURAL

DIVERSIDAD CULTURALSERIE 6

Mara Isabel Remy

Comisin de la Verdad y Reconciliacin

CONFLICTO Y CAMBIOS EN LA SOCIEDAD RURAL

Ministerio de Cultura Viceministerio de InterculturalidadAv. Javier Prado Este 2465 - San Borja, Lima 41, Perwww.cultura.gob.peCentral Telefnica: (511)-618 9393

CONFLICTO Y CAMBIOS EN LA SOCIEDAD RURALSerie diversidad cultural 6

Editores de la serie: Pablo Sandoval y Jos Carlos Agero

Primera edicin: octubre de 2014

Tiraje: 1 000 ejemplares

Diseo y diagramacin: Estacin La Cultura

info@estacionlacultura.pe

Cuidado de la edicin: Lucero Reymundo

Hecho el Depsito Legal en la Biblioteca Nacional del Per N. 2014-19381

ISBN: 978-612-46863-3-7

Se permite la reproduccin de esta obra siempre y cuando se cite la fuente.

Impreso en los talleres de Grafikapress E. I. R. L., ubicado en calle Lechugal 365, Cusco.

Ministerio de Cultura / Direccin Desconcentrada de Cultura de CuscoSubdireccin de Interculturalidad Fondo EditorialAvenida de la Cultura N. 238 - Wanchaq, Cuscowww.drc-cusco.gob.pe Central telefnica: (051) 084 58 2030

ndice

PresentacinIntroduccin

Poblacin indgena y construccin de la democracia en el Per

Mara Isabel Remy

El conflicto armado interno y las regionesComisin de la Verdad y Reconciliacin

Fuente de los artculosSobre los autores

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6La cultura, su diversidad, el modo en que la gente vive, trabaja, se relaciona, ama, suea y crea son, conforme pasan los aos, reconocidos en el mundo entero como pilares del desarrollo humano. Ya no es posible trazar una lnea nica de progreso, ni sostener una idea de civilizacin que no valore los aportes de pueblos o coloque al margen tradiciones, saberes y memorias complejas. En plena era de la globalizacin, las diferencias culturales se muestran en todo su potencial, enriqueciendo nuestras sociedades, sus intercambios y los proyectos de futuro que estas albergan.

El Per ha tenido una convivencia tensa con su diversi-dad. La ha negado por largo tiempo, generando situaciones de exclusin que nos cuesta superar. Sin embargo, en los ltimos aos un conjunto de medidas importantes buscan superar estas debilidades. Se combate el racismo, se promueve el enfoque in-tercultural en la gestin, se revaloran las lenguas, se protegen los derechos colectivos, se visibiliza lo que antes fue poco valorado. El Ministerio de Cultura se ubica, desde hace pocos aos de su reciente creacin, como un actor con responsabilidades claras y promotor de una gestin pblica a la altura de estos desafos.

En este marco es que presentamos la serie Diversidad Cultural, que tiene la pretensin del largo aliento. Esta quiere dar continuidad a tradiciones editoriales estatales que en su

Presentacin

7momento animaron tanto el espacio acadmico como el polti-co, como las que en su momento impuls la Casa de la Cultura y el Instituto Nacional de Cultura.

La idea es hacer ms denso el espacio para la reflexin, pues siendo tan grande los desafos, es el debate lo que puede generar aproximaciones a los problemas ms afinados, agudos y rigurosos. La gestin pblica, sobre todo en el campo social y cultural, no es un ejercicio solo tcnico; requiere sostenerse en una red de intercambios y argumentos cada vez ms slidos, nunca fijos o finales y siempre atentos a la renovacin a nuevas miradas y enfoques.

Por ello esta serie. Buscamos que a partir del rescate de breves piezas, fundamentales en la discusin de nuestra histo-ria reciente; as como de materiales ms actuales pero agudos y novedosos, estudiantes, funcionarios e intelectuales cuenten con un incentivo para el ejercicio de una ciudadana reflexiva y crtica. Aproximar lo pblico y lo acadmico no es una tarea accesoria, sino una necesidad para fortalecer la gestin pblica, y por esta va, garantizar derechos y enriquecer y profundizar nuestra democracia.

Patricia Balbuena PalaciosViceministra de Interculturalidad

8Introduccin

Las ciencias sociales en el Per tuvo por dcadas una agenda central: advertir las nuevas dinmicas de dominacin y conflic-to en la sociedad rural en las dcadas de 1950 y 1970. Muchas veces esta agenda de investigacin se despleg bajo una com-prensible certidumbre modernizadora que bosquej una mira-da, podra decirse, optimista de los cambios que se operaban en la sociedad y el Estado.

Por ejemplo, se asuma el intrnseco carcter democrtico y no violento del movimiento social campesino que resque-brajaba el sistema de haciendas y de relaciones de dependencias interpersonales. Ello llevaba a la disolucin de estructuras de dominacin tradicional a travs de la movilidad social, prin-cipalmente va la migracin a las ciudades y la escolarizacin rural. Y por ltimo, pese al impacto ambiguo, se entenda que la Reforma Agraria era a fin de cuentas positiva, pues demo-cratiz la estructura de poder y la tenencia de la tierra de la sociedad rural.

Sin embargo, nada de ello llev a presagiar el ciclo de violencia que se desatara desde 1980. Mucho se ha escrito al respecto y la discusin sigue abierta pues se necesitan balan-ces histricos, sociolgicos y antropolgicos ms precisos de lo que ocurri en la sociedad rural, antes y despus del conflicto armado interno. Y en el marco de esos balances, imgenes ms

9detalladas del comportamiento poltico del campesinado y los actores indgenas, protagonistas centrales de este episodio de violencia son de vital importancia.

Precisamente, el artculo de Mara Isabel Remy y el cap-tulo El conflicto armado interno y las regiones del Informe de la Comisin de la Verdad y Reconciliacin (CVR), que aqu presentamos, tienen ese objetivo: interrogarse por los cambios en la sociedad rural, la expansin del Estado y el mercado, y la redefinicin de las identidades polticas de los actores rurales. Una hiptesis recorre ambos textos: pese a los evidentes avan-ces democratizadores, una modernizacin trunca de la sociedad rural (en determinados espacios y momentos) fue el elemento detonante del ciclo de violencia del cual se aprovech Sendero Luminoso para desplegar su proyecto poltico-armado.

Vaco de poder? Dbil presencia del Estado? Ineficien-cia del mercado para integrar e incluir? Poca o nula represen-tacin poltica de los sectores campesinos? Son preguntas que merecen mayor reflexin y anlisis. Es nuestro objetivo que los textos aqu publicados aporten a esa discusin, pues muchos de los dilemas de nuestro pasado reciente siguen an presentes; como recordndonos que la exclusin y la pobreza siempre tienen un rostro cultural y una geografa definida.

* * *

Con esta publicacin continuamos la serie Diversidad cultu-ral del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Estas publicaciones buscan provocar reflexiones sobre los cambios culturales ocurridos en el Per a lo largo de su historia colonial y republicana. Busca poner a disposicin de la ciudadana textos clsicos y contemporneos sobre estos temas, dirigidos con especial nfasis a estudiantes universitarios, do-centes de escuela, investigadores sociales y funcionarios.

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Esta serie albergar miradas diferentes sobre la diversidad cultural. Se publicarn en un formato de bolsillo y de distribu-cin gratuita. Cada ttulo de la coleccin constar de dos o tres ensayos que dialogan entre s, relacionados por el tratamiento de un tema, y escritos en su momento por distintos autores, pe-ruanos o peruanistas. Los autores o sus herederos han prestado generosamente su consentimiento para un esfuerzo editorial que tiene como fin el bien pblico. A ellos un profundo agra-decimiento.

Estamos seguros de que estos cuadernos generarn puen-tes necesarios entre la academia y el quehacer pblico en el pas. Es su pretensin final conectar la diversidad cultural con nuestras realidades y la vida de la gente, siempre compleja, rica y llena de promesas de ciudadana.

Pablo Sandoval Jos Carlos Agero

Lima, diciembre de 2014

Poblacin indgena y construccin de la democracia en el Per

Mara Isabel Remy

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Una aclaracin necesaria

El lector podra sorprenderse al encontrar en el presente ar-tculo referencias al texto constitucional en debate y al censo que an no proporciona resultados fina les. Es que fue escrito en 1993 (cuando el censo de ese ao an no daba resultados y la Constitucin actualmente vigente estaba en proceso de con-sulta) y he prefe rido mantener la versin original. Se elabor a pedido de Dilogo Interamerica no, que organizaba una sesin sobre Pueblos Indgenas, realizada en diciembre de 1993 en Washington D. C., donde se discutieron ponencias de investi-gadores de Per, Bolivia, Ecuador y Colombia1. No pretendo hacer una actualizacin completa de la produccin bibliogr-fica desde entonces, pero s mencionar algu nos textos que hoy matizaran algunas de sus aseveraciones y contextualizaran su discusin.

Por ejemplo, el texto es muy entusiasta en relacin con que finalmente se re conociera el papel fundamental de los

1 La publicacin del conjunto de participaciones se encuentra en: Lee van Cott (1994). El artculo sobre Per fue tambin publicado en espaol en la revista Socialismo y Participacin, N. 72, di ciembre de 1995.

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ciudadanos indgenas, andinos y amaz nicos, en la derrota de Sendero Luminoso. En ese momento, en pleno fujimoris mo inicial, nadie imaginaba que se formara una Comisin de la Verdad, pero varios trabajos iniciales empezaban a abordar la cuestin de la participacin de indgenas de la sierra y de la selva en la lucha contra Sendero Luminoso y su de rrota, un hecho que al momento de escribir el texto era una esperanza, avivada por la reciente captura de su lder, pero todava no una certeza2. Al final, y a pesar de que el informe de la Comisin de la Verdad y Reconciliacin (CVR) confirma ba su papel cen-tral, las fuerzas del Estado monopolizaron la imagen del triunfo y los indgenas quedaron, nuevamente, velados.

De la misma forma, es muy entusiasta respecto de la conso-lidacin de las co munidades campesinas y nativas como inter-mediarios institucionalizados frente al Estado y de sus recursos para el bienestar y el desarrollo. Si bien hoy las comu nidades nativas se han consolidado, impulsan emprendimientos colecti-vos y son convocadas a formar parte de los comits de pueblos indgenas con los gobiernos regionales y locales, tambin es verdad que se debilitaron profundamente con el montaje del aparato clientelista del fujimorismo, que creaba comits pro o co mits de gestin ad hoc para sus programas. Finalmente, esta debilidad ha signifi cado que quedaran desplazadas frente al fortalecimiento de los gobiernos locales3 y que hoy se debatan entre opciones de privatizacin y venta de tierras a empresas mineras o a grandes empresas agroindustriales en la costa.

2 Vase: Degregori (1989), un trabajo pionero en que develaba la situacin de la guerra interior. Ese mismo ao se haba organizado una reunin de discusin en el Instituto de Estudios Peruanos, junto con Orin Starn, con miembros de Comits de Autodefensa de Ayacucho (para la transcripcin vase: Starn (1993). En 1991, el Seminario Perma nente de Investigacin Agraria (SEPIA) haba dedicado una de las sesiones de su seminario bienal, realizado en Iquitos, a la violencia en los Andes; vase: Degregori (1992).3 Vase: Monge (1994); Dez (1999a) (1999b), y Remy (2004).

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En 1993, nada tenamos sobre la situacin de los indge-nas en la legisla cin electoral republicana. Por ello, el artculo seala que estuvieron excluidos del voto, pero el reciente li-bro de Alicia del guila (2013), La ciudadana corporativa: poltica, Constituciones y sufragio en el Per (1821-1896), muestra cmo, en diferentes momentos a lo largo del siglo xix, los indgenas tenan derecho a participar en elecciones indirectas, aunque no a ser elegidos. De hecho, fueron excluidos con la legislacin electoral de 1896, cuando se establece la eleccin di recta de representantes.

Sobre el oscuro periodo entre 1854, en que se elimina la contribucin de ind genas, y 1920, en que el Estado reconoce las comunidades indgenas, se contaba con pocos textos. Hoy tenemos la monumental obra de Jacobsen, Ilusiones de la transi-cin: el altiplano peruano 1780-1930 (2013), que a travs del caso de Azn garo da luces sobre las relaciones de los indgenas con el Estado y los procesos a travs de los cuales perdieron gran parte de sus tierras.

Otro libro importante para una perspectiva ms actual del tema es uno que ha renovado la discusin sobre la conflictiva elaboracin de identidades tnicas o, ms bien, de marcas de identidad en otros. Se trata de Indgenas mestizos: razas y cultu-ra en el Cusco (2014) de Marisol de la Cadena.

Sobre levantamientos indgenas hay mucha bibliografa tambin pero, sor prendentemente, el ms importante del l-timo siglo, sobre todo por sus relacio nes con el Estado, no ha sido an objeto de estudio, ms all de los informes de comi-siones investigadoras. Nos referimos al levantamiento de Bagua de 2009, que cost muchas vidas humanas y, finalmente, abri el expediente del recono cimiento del derecho de consulta pre-via a los pueblos indgenas. A pesar de esta importante carencia, la presencia indgena en nuestra historia y en nuestra reali dad presente ha seguido siendo objeto de estudio, aunque nuevas investigaciones sean necesarias y mayores debates tengan que

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abrirse, hasta que terminemos por reconocernos como dife-rentes componentes, con iguales derechos, de una misma co-munidad nacional.

Lima, febrero de 2014

La propuesta de discusin que se lanza en un dilogo interame-ricano sobre relaciones intertnicas conduce a identificar los comportamientos organizativos y las relaciones con el Estado de un sector llamado indgena. En el Per, esta discusin debe ser muy matizada. Sostendr, en este artculo, que muy reducidos sectores de la poblacin, localizados en territorios precisos y solo muy recien temente, se autodenominan ind-genas (o utilizan apelaciones particulares) y elaboran las dife-rencias tnicas como discurso de identidad, sustento de movi-lizaciones y organizaciones, y agenda de demandas de carcter tnico al sistema poltico. Ello se ha dado tardamente a pesar de la heterogeneidad tnica del Per; a pesar de que el Estado, por mucho tiempo, ha definido como indgena a una buena parte de la poblacin y ha desarrollado polticas especficas (en este siglo, particularmente proteccionistas) para ella; y a pesar de que las conductas cotidianas contienen rasgos acentuados de discriminacin tnica.

As, si bien es posible identificar polticas desde el Estado hacia la poblacin indgena (sean estas favorables o desfavo-rables a ella), as como un trato diferen ciado, tendencialmente excluyente, para quienes tienen piel ms oscura y hablan espa-ol con el acento y la sintaxis de las lenguas aborgenes, la ma-yora de los sectores que han sufrido exclusin y hacia los que estas polticas se han dirigido no se autoidentifican, organizan

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o movilizan como indgenas, as como tampoco proponen rei-vindicaciones tnicas. En estas condiciones, no parece posible ha blar en el Per de movimientos indgenas, aunque s de una agenda de problemas tnicos, pendiente de solucin.

Algo sobre los orgenes: indios y salvajes Dos historias diferentes

En realidad, indio es, como en el resto de Amrica, una ca-tegora producida por el Estado, particularmente por el Estado colonial, como nombre genrico de un conjunto de pueblos que, al momento de la Conquista, se autodefinan de muy di-ferentes maneras. Entre un sechura del extremo norte y un pacaje o un cana del extremo sur del Tawantinsuyo haba pro-bablemente muy poco en comn: ni len gua, ni economa, ni sistema de organizacin social; es probable que se hubieran construido si acaso pocos vnculos culturales, tales como sistemas religio sos, rituales o mticos. Unos y otros, sin em-bargo, tenan en comn el encontrarse bajo el dominio de los incas del Cusco.

De hecho, en los conflictos del siglo xvi, desde el pri-mer da del desembarco de Pizarro en Amrica del Sur hasta las sucesivas guerras, conspiraciones, levan tamientos, etc., que anteceden al definitivo triunfo de la Corona en 1570 y la ins-tauracin plena de un rgimen colonial, el comportamiento poltico de es tos distintos pueblos, cultural y polticamente di-versos, no estuvo en absoluto marcado por una unidad tni-ca que diferenciara claramente entre europeos y americanos como bandos distintos. Quiz el bando ms constante fuera el de europeos, pero esta unidad tnica cay muy pronto al estallar las guerras civiles que ubicaban espaoles e indios de un lado contra espaoles e indios del otro. Aparentemente, los hombres del siglo xvi no vean que la composicin de los

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bandos o la definicin de los conflictos pasaran por una iden-tidad/diferenciacin de carcter tnico.

Estos pueblos diversos, algunos incluso muy enfrentados entre s, fueron lla mados indios y, poco a poco, homogeneiza-dos por un sistema comn de orga nizacin social y territorial, por una misma ubicacin en la economa y un mismo estatus ante el Estado colonial, y por una comn institucionalidad pro-ductora y reproductora de la cultura, la Iglesia, que se encarg, adems, de la difusin bsi camente de una misma lengua: el quechua4.

A esta accin homogeneizadora del Estado, se sumaron las consecuencias de radicales transformaciones demogrficas: el severo descenso de la poblacin originaria a lo largo de casi doscientos aos, la poltica de reconcentracin de poblaciones dispersas en pueblos de reduccin y las migraciones forzadas a los centros mineros (la mita) y voluntarias desde estos (para huir de la mita). Segn H. Favre, entre despoblamiento, repo-blamiento, indios forasteros que se reubica ban en comunidades distantes de las de su origen y asentamientos permanente de indios en las ciudades y zonas mineras, entre otros, poco que-daba, a mediados del siglo xvii, de las viejas diferenciaciones e identidades tnicas andinas.

Sin embargo, una diferencia muy clara en relacin con la poblacin aborigen que poblaba lo que ahora es el Per se arrastr por mucho tiempo (eventualmen te, hasta ahora): aque-lla que, desde la conquista (y eventualmente desde antes), di-ferenciaba los hombres de los Andes y los yungas occidentales hasta el mar, los indios, de aquellos pobladores de las vertien-tes bajas orientales y el llano amaznico, los salvajes. Entre

4 Hubo otras lenguas generales como el aymara y el puquina, pero un in-tento drstico de unificacin lingstica solo se dio en la etapa colonial segn conveniencia de la Corona. Lo anterior explica la supervivencia de algunas y la extincin de otras.

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indios y salvajes, la diferencia para el Estado (colonial y republicano) en el Per no fue ni tnica, ni ecolgica, sino po-ltica y econmica. Adems, recoge, en estricto, situaciones de diferenciacin mucho ms antiguas que el arribo de los euro-peos a Amrica: indios son aquellos que estuvieron sujetos a un Estado centralizado econmica y polticamente, or ganizado para producir y centralizar excedentes, el Tawantinsuyo, sobre cuyas fronteras se impone el orden colonial (indios son la poblacin originaria suje ta, integrada al rgimen colonial). Salvajes son los pueblos no articulados a un sistema central de dominacin, pueblos muy segmentados, poco estructurados, que lograron mantener su independencia respecto tanto de los incas como de los espaoles. Hoy, nadie habla de salvajes, pero an hoy la legislacin y el anlisis social diferencian en el Per a los nativos, cuyas prcticas sociales son, por otro lado, muy diferentes.

La diferencia entre indios (andinos) y nativos (amaznicos) solo casualmente es ecolgica. Los segundos coinciden con otros indgenas americanos que se man tuvieron en situacin de frontera (o ms lejos an) de los sistemas coloniales eu ropeos, como los araucanos, mapuches, onas, fueguinos o charras del cono sur, o los grupos originarios de Amrica del Norte. Todos ellos, en realidad, vivieron una radical independencia en los mbitos cultural y lingstico. As, su organiza cin territorial y social, y sus sistemas de explotacin de recursos naturales fue-ron autnomos hasta su relativamente reciente enfrentamiento, de poco ms de un siglo, con los Estados nacionales decimon-nicos en toda Amrica.

A diferencia de los primeros, de los indios del sistema colonial, de los que produjeron antiguos sistemas centralizados de gobierno y de produccin de ex cedentes, susceptibles de ser dominados, integrados y homogeneizados, los otros americanos originarios, llamados salvajes por los Estados, o fueron objeto de guerras y estrategias de aniquilamiento (v. g., en Amri-ca del Sur, los araucanos o los charras), y los sobrevivientes

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encerrados en reservas; o fueron esclavizados como los pueblos amaznicos a inicios del siglo xx por aventureros, caucheros o buscadores de oro. Pero, efectivamente, hasta bien entrado el siglo xix, se man tuvieron como pueblos diferentes y diferen-ciados, con nombre propio y auto noma en la gestin de sus territorios.

Su historia de relacin con las sociedades nacionales y los Estados es muy dife rente; el tipo de prcticas e interacciones sociales como sector tambin lo es. Dos indgenas de la Ama-zona, incluso de espacios no demasiado distantes, saben que pertenecen a pueblos distintos y no hablan la misma lengua; dos indgenas an dinos, por ms lejos que se encuentren, no re-cuerdan ya su pertenencia tnica original (huancas o tallanes), y s hablan, con excepcin de los aimaras, la misma lengua (o las mismas lenguas: quechua y espaol). Un indgena amaz-nico se lla ma a s mismo como desde tiempos inmemoriales se llamaron sus antepasados: ashninka, huambisa o machiguenga; un indgena de la sierra se llama a s mismo peruano.

Diferentes tambin son sus relaciones con la cultura, la sociedad, la economa y la tecnologa nacionales. Cmo no seran diferentes el carcter de sus movi lizaciones y diferen-te tambin la elaboracin de su identidad? Cmo la misma categora, indgenas, servira para hablar de ambos? Cabe recordar que estos dos tipos de indianidad (o estas dos expe-riencias histricas, radicalmente di ferentes), que probablemen-te solo coexisten en los pases andinos (y quiz en Mxico), complejizan la discusin sobre las relaciones intertnicas, las polticas tnicas y las reivindicaciones indgenas.

Esta complejidad de la cuestin tnica es an mayor si agregamos el antiguo y profundo mestizaje que se ha dado en los pases andinos y que pases americanos en los que solo exis-ten sobrevivientes de poblaciones indgenas de frontera des-conocieron. Este fenmeno ha generado una gradacin enor-me de rasgos fsicos, lingsticos y culturales, que ha producido una suerte de continuo entre indio (andino) y blanco. Por ello,

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las identificaciones tnicas son circunstanciales, aso ciadas ms a variables econmicas, de gnero o de edad5.

Por todo ello, a partir de aqu, este artculo requiere seguir dos pistas paralelas para intentar, al final, redondear una dis-cusin sobre la posibilidad de una lectu ra tnica de los movi-mientos sociales y una poltica tnica en el Per.

El Estado y las organizaciones indgenas

Un largo camino en los Andes

Debe recordarse que la iniciativa en la formacin de organiza-ciones indgenas en el Per la ha tenido el Estado peruano des-de muy temprano. Lo que se ha conoci do en los Andes como comunidades de indgenas (luego, comunidades campesi nas) estuvo constituido por los pueblos en los que, a finales del siglo xvi, los ind genas sobrevivientes de la hecatombe demogrfi-ca fueron reducidos. El patrn de organizacin defina un conjunto de familias como miembros de un pueblo de reduc-cin (ayllu o parcialidad), una comunidad que colectivamente posea un espacio continuo y delimitado por linderos (nove-dad espaola que fragmenta los grandes ayllus y rompe con las

5 En una familia, el padre puede ser identificado como un indio, que-chuahablante monolinge, miembro pobre de una comunidad campesina de altura, vestido con atuendos tradicionales; el hijo, si estudia unos aos en la ciudad, aun si vuelve a ser campesino comunero, hablar y vestir como un mestizo, ser considerado tal y hasta es probable que desprecie a los indios. Diversos artculos de un libro publicado hace veintitrs aos, El indio y el po-der en el Per (1970), registra ban ya la enorme fluidez de las definiciones y los roles tnicos. Vase: Mayer (1970) y Fuenzalida (1970). Muy recientemente, Marisol de la Cadena ex plora la variable gnero en las marcas de identidad tnica en De la Cadena (1991).

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formas de discontinuidad e interdigitacin6 que caracteriza-ban el manejo de sus territorios), con tierras suficientes para el susten to de cada familia y para la satisfaccin de sus obliga-ciones con el poder. La Co rona protega a los indgenas en la posesin de estas tierras7, pues estas unidades colectivas, posee-doras de tierras, eran tambin unidades tributarias colectivas. El conjunto de indgenas o sus autoridades tnicas, los caciques, deban buscar los medios para satisfacer una tasa tributaria, ele-vada pero exclusiva8.

6 John Murra denomin interdigitacin tnica a la situacin en la que, den-tro del control vertical de varios pisos ecolgicos, miembros (o mitimaes) de diversos seoros tnicos compartan un mismo territorio, posibilidad nor-malmente clave para obtener determinados recursos (la sal y el pescado, entre otros). Vase: Murra (2002). Por su par te, Waldemar Espinoza utilizaba el tr-mino de colonias de mitmas mltiples. Vase al respecto: Espinoza (1973). Los casos de interdigitacin tnica o colonias de mitmas mltiples son la mejor expresin de que un mismo seoro o incluso un ayllu, no necesariamente tena un territorio continuo y cerrado, como hoy imaginamos tanto la pro-piedad como el control territorial de una autoridad.7 Es comn imaginar que los indgenas peruanos, sujetos al rgimen colo-nial, perdan sus tierras en manos de las haciendas y latifundios de espaoles. Sin embargo, se debe recordar que en los pro cesos de formacin de espacios de propiedad privada de espaoles o criollos fue ms importante el vacia-miento de tierras por efecto de la cada demogrfica (y la reconcentracin de poblacin dis persa, organizada en 1570), as como la privatizacin de tierras y su negociacin en el mercado por parte de la nobleza nativa, aliada de los colonizadores, que el despojo a los campesinos indgenas. Al respecto, vase: Glave y Remy (1983). Un muy reciente y acabado estudio de historia agra-ria de Guevara (1993), confirma las modalidades sealadas de formacin de espacios de propiedad privada.8 La relacin colonial de proteccin a cambio de tributo ha sido analizada, desde el punto de vista de un implcito pacto, por Platt (1982). Los ind-genas podan hacer negocios, personalmente o como caciques. En la medida en que eran parte de un colectivo que pagaba un tributo especfico, sus transacciones no estaban, por ejemplo, sujetas al impuesto de alcabala (im-puesto al comercio), ni aunque al respecto las situaciones locales son muy diversas pagaban diezmo a la Iglesia. El intento de los monarcas borbnicos

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Interesa explorar un elemento ms de esta bsica organi-zacin indgena, defi nida por el Estado: la temprana asociacin implcita del indio con la tierra y la actividad agropecuaria. En lo fundamental, un indio, el individuo que est sujeto al rgimen de proteccin estatal, es un campesino.

Por razones de orden fiscal (la facilidad para el cobro del tributo de indge nas), el Estado peruano inicial, tras la corta experiencia bolivariana, retoma n tegro, en 1826, el rgimen colonial sobre los indgenas. Fue solo en 1854, treinta aos des-pus de la independencia de Espaa, que el Estado peruano, fa-vorecido por los ingresos generados por la exportacin de ma-terias primas, se independi z tributariamente de los indgenas: elimin la contribucin de los indgenas, la proteccin estatal a sus tierras y el impedimento de venderlas. En ese momento, trminos como indio e indgena desaparecen del discurso oficial y de la legis lacin. El Estado abandona una poltica es-pecfica hacia los indgenas en favor de un discurso de igualdad y ciudadana, y los indgenas, desprotegidos e individua lizados, empiezan realmente a perder sus tierras y, una parte de ellos, a quedar sometidos a condiciones de prctica servidumbre den-tro de latifundios9.

Incorporados a los latifundios, o fuera de ellos, pero seria-mente afectados en sus tierras y necesitando entonces recurrir al latifundio para completar sus reque rimientos bsicos, los co-lectivos de indgenas los ayllus, comunidades o parcia lidades coloniales se mantuvieron como unidades de vida; es decir,

de homogeneizar la tributacin y forzar al pago generalizado de la alcabala y el diezmo se cuenta entre las condiciones del descontento que suscita los levantamientos indgenas anticoloniales durante el siglo xviii.9 El proceso no es inmediato a 1854 pero encuentra ah su origen. La mayor expansin de latifun dios a costa de las tierras de los indgenas, expansin que probablemente ms que las tierras mismas buscaba incorporar a los indgenas y su trabajo dentro de las haciendas, se despliega rpida y bru talmente hacia 1880.

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sociedades aldeanas sin interlocucin ya con el Estado. De este modo, los trminos de la poltica en relacin con los indgenas se definen localmente y sus problemas de vienen en conflicto local. Ciudadanos de segunda categora, excluidos de la par-ticipacin poltica ciudadana por razones culturales (los anal-fabetos estuvieron marginados del derecho al voto hasta 1980, y los indios, bsicamente quechua hablantes, eran analfabetos), la vinculacin de los indios con el poder tuvo que pasar por la mediacin de los hacendados o esperar que intelectuales mesti-zos (indigenistas) hablaran ante el poder en nombre de ellos10.

Sin existencia formal, las comunidades buscan dos cosas. En primer lugar, construir escuelas, pagar maestros o pedir al Estado que los nombre. Desde fines del siglo xix, buscando acceder directamente a las instancias de poder sin re querir la mediacin de hacendados o mestizos, los indgenas tratan de conseguir su alfabetizacin y castellanizacin. Esta demanda no ha sido fcil de obtener, y los indgenas han debido enfrentar la oposicin de los hacendados. La segunda, en directo enfren-tamiento con estos, recuperar, por medios muy violentos, las tierras de las que haban sido despojados. El inicio del siglo xx conoce una intensa violencia rural.

Este es el contexto de las primeras polticas explcitamente indigenistas y tu telares por parte del Estado republicano, que de

10 Es ambiguo el papel de los intelectuales mestizos indigenistas. Si bien co-laboran a la difusin y a la produccin de una conciencia nacional sobre la explotacin de los indios, tambin es cierto que, como sugiere Deborah Poole, ellos definen un indio; mediadores con el poder, dan a este indio un con-junto de atributos, entre los cuales se encuentra el no poder hablar directamen-te sino a tra vs de ellos y el requerir una proteccin (que sugieren est a cargo de ellos). Vase: Poole (1990). Un caso brutal, sucedido en Cusco, en las alturas de Canas, es quiz ms ilustrativo que nuestros anlisis: un grupo de comune-ros in dgenas asesin horrorosamente a un famoso indigenista y estudioso del folclore. Investigaciones ulteriores sacaron a la luz el hecho de que esta persona, con el apoyo del juez y la polica del lugar, se haba posesionado de unas tierras que aos antes de la reforma agraria haba entregado a los campesinos.

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manera muy importante inciden en la dinmica organizativa de los indgenas. Aunque parezca sorprendente, estas se desa-rrollan como parte de un proceso de modernizacin empren-dido desde el Estado entre 1919 y 1930. La poltica de enton-ces buscaba incorporar la pobla cin al mercado y extender el control poltico del gobierno central sobre toda la Repblica. La pista para ello, en los Andes, fue original y, probablemente, la me nos conflictiva, la menos costosa y la ms acorde con los desarrollos intelectuales y polticos antiterratenientes: intentan-do frenar el poder de los seores locales, el gobierno de Legua otorga reconocimiento jurdico, personera jurdica, capaci dad de intervencin legal (y entonces ya no solo violenta) a estas aldeas de cam pesinos indgenas, sobrevivientes de la arreme-tida terrateniente, llamadas ahora, formalmente, comunidades de indgenas. Esta medida se complementa con un discurso radicalmente proindgena y antiterrateniente11.

Al margen de la eficacia del indigenismo oficial, se debe remarcar que la aso ciacin clasista indio-campesino no solo se refuerza sino que queda fijada desde entonces como asociacin exclusiva: oficialmente, ante el Estado, hay indios, y es tos, suje-tos a una poltica proteccionista, se definen como campesinos miembros de una comunidad. El otorgamiento de personera jurdica a las comunidades de indgenas transform sus posi-bilidades de accin en la sociedad peruana y efecti vamente

11 El gobierno de Legua instituye el Patronato de la Raza Indgena, instancia arbitral que reciba las quejas de los indgenas sobre abusos y despojos de tie-rras. Su eficacia en materia de tierras no fue, sin embargo, grande: por encima de sus opiniones, estaba el poder judicial, al que apelaban perma nentemente los hacendados acusados de despojo, portando contratos de compraventa fra-guados. Fue ms eficaz en otro tipo de demandas como proteger a los indge-nas que deseaban construir escuelas. Quiz su importancia resida, sobre todo, en el hecho de haber abierto un espacio oficial al pronunciamiento de los indgenas. Sobre el indigenismo leguista, el mejor trabajo con que con tamos son los captulos que dedica Rnique (1991).

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canaliz sus prcticas sociales hacia el logro de objetivos y de-mandas de carcter econmico, digamos clasista.

A partir de 1926, miles de juicios de reivindicacin de tie-rras mantuvieron abierto el recuerdo de los linderos afectados por el proceso de despojo y la volun tad, institucionalmente procesada, de recuperarlas, fuera por la va judicial, la negocia-cin comercial con los hacendados o la recuperacin directa de las tierras en procesos de luchas campesinas. Desde la oficializa-cin de su carcter de ind genas, una identidad ms bien cla-sista, de campesinos, en clsica lucha contra los terratenientes, define los contenidos de sus reivindicaciones.

Una segunda herencia del leguismo que consolida insti-tucionalmente estas comunidades de indgenas fue la introduc-cin en su proyecto constitucional de 1920 de la proteccin estatal a las tierras comunales de los indgenas: sus tie rras fueron declaradas inembargables e inalienables (se prohibi su ven-ta). De este modo, las comunidades dejaron de perder tierras y empezaron a intentar, ms bien, recuperar las perdidas. El reconocimiento oficial de las comunidades de indgenas y la proteccin a sus tierras se mantuvo en la Constitucin poltica de 1933 y, con otro nombre (comunidades campesinas), en la promulgada en 1980. Incluso en el proyecto constitucional, radicalmente liberal, actualmente en proceso de consulta, se mantiene el reconocimiento de las comunidades cam pesinas y nativas, y el carcter imprescriptible de sus tierras. Las referen-cias a su inalienabilidad e inembargabilidad han sido eliminadas.

En 1926 llegaron a reconocerse oficialmente 59 comuni-dades de indgenas; en 1930, el nmero haba aumentado a 321. En 1991, con el nombre de comuni dades campesinas, existan 4315 comunidades reconocidas12.

Hasta 1969, interesa remarcarlo, el reconocimiento oficial a las comunidades de indgenas no signific imponerles ningn

12 Vase: Caballero (1992).

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tipo de ordenamiento interno. La organizacin interna, con su produccin y legitimacin de sistemas de autoridad, corri por parte de los indgenas con bastante autonoma, salvo en la crea-cin de un nuevo cargo comunal, el de personero, que tena la representacin jurdica de la comunidad frente al Estado13.

La organizacin interna s es autnoma, aunque ello no significa que se rija por normas ancestrales. Los estudios so-bre los sistemas de cargos y de autori dades en las comunidades de indgenas pusieron en evidencia la existencia de un sistema de poder sustentado en la acumulacin de cargos cumplidos en las fiestas del calendario religioso catlico. As, la legitimacin de la autoridad vena dada por la institucionalidad catlica y, en lo fundamental, defina el prestigio en el tiempo: un sistema tendencialmente gerontocrrico.

Escuela (en espaol) y tierras, sobre todo las segundas, son las demandas mo vilizadoras ms importantes de las comunida-des desde su reconocimiento. Sobre la escuela, los xitos han sido con el tiempo muy grandes: el analfabetismo ha ido redu-cindose notablemente en el pas14. Durante el Rimanakuy de

13 Un decreto supremo del 18 de julio de 1938 establece las normas para la eleccin del personero en cada comunidad. Adems de mayor de edad y con residencia permanente en la comunidad, este deba ser alfabeto. La eleccin deba hacerse en acto pblico y de viva voz, en presencia de un representante de la Direccin de Asuntos Indgenas o, a falta de este, de la autoridad poltica pro vincial o distrital. La norma sealaba lo siguiente: Las comunidades de indgenas no reconocidas an, designarn en la forma que tengan por costumbre, su apoderado o personero para el efecto de tramitar el expediente de su reconocimiento e inscripcin oficial y la gestin admi-nistrativa de sus intereses.14 En 1940, los analfabetos eran el 57,6 % de la poblacin nacional; en 1961, su importancia propor cional haba bajado a 38,9 %; en 1972, a 27,2 %; y en 1981, a 18 %. El censo que acaba de realizarse an no proporciona los da-tos al respecto, pero claramente el analfabetismo es residual, prctica mente inexistente en la poblacin joven, sea cual fuere su origen tnico o lugar de residencia.

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1986, un invento del gobierno de entonces que reuna presi-dentes de comunidades campe sinas y nativas con el Presidente de la Repblica, las demandas en torno a educa cin tenan que ver fundamentalmente con la elevacin de su calidad, el mayor control de los profesores, la necesidad de ms escuelas tcnicas, etc. En los Andes peruanos, la demanda de educacin bilinge o de educacin en lengua nativa nunca, infortunadamente para todo el pas, ha sido una demanda de quienes hablan cotidia-namente una lengua nativa. Adems del notorio incremento en la cobertura estatal de servicios educativos, la demanda por escuelas ha perdido tambin el filo poltico que tena porque, desde 1980, el derecho al voto se ha uni versalizado y los anal-fabetos no estn ya excluidos: la cultura no es ms criterio de discriminacin electoral.

Respecto de las tierras, las cosas tampoco han ido mal. Desde su reconoci miento, las comunidades intentaron recu-perarlas a travs de juicios o de negocia ciones con los terra-tenientes, siempre actuando como comunidades aisladas. En 1963, en un contexto favorable a los campesinos, recin electo un presidente que prometi pueblo por pueblo realizar una reforma agraria, se inicia un proceso de luchas campesinas muy intenso. Vale la pena detenerse en l un momento, pues en esta coyuntura se desarrollan nuevas estrategias organizativas.

En los Andes, escenario principal del conflicto, dos sectores campesinos son los protagonistas de estas luchas: los feudata-rios, indios de hacienda que luchan contra las condiciones (renta) impuestas por los hacendados (principalmente, el traba-jo gratuito) a cambio del uso de parcelas de subsistencia, y las comunida des de indgenas que recuperaban tierras usurpadas por las haciendas. La forma de organizacin y el discurso de las luchas, en ambos grupos, es prestado de las organizaciones ur-banas, obreras: la lucha se lleva adelante a travs de sindicatos campesinos, afiliados, a su vez, a una federacin de campesinos. El caso del Cusco es el ms notorio: all se form el primer sin-dicato rural de los Andes, el de la hacienda Maranura, en 1947.

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Poco a poco la sindicalizacin va avanzando y comprome-tiendo cada vez ms poblaciones indgenas, y eso produce una nueva dirigencia indgena: original mente indio de hacienda, Saturnino Huillca, el dirigente ms claro de la mo vilizacin, hablaba espaol con mucha dificultad. La forma sindical avan-za en lengua aborigen, levantando reivindicaciones agrarias. En 1958, tambin en el Cusco, se forma la primera asocia-cin territorial de sindicatos rurales, la Fede racin Provincial de Campesinos de la Convencin y Lares, y en plena lucha, en 1963, se forma de Federacin Departamental de Campesinos de Cusco (FDCC).

El sindicato obrero presta a los indios de hacienda un modo de organizacin y tambin una forma de lucha: la huel-ga. Hasta 1963, los sindicatos de feudata rios y sus huelgas si-guieron el esquema comn de negociacin de condiciones de trabajo de cualquier sindicato obrero: (a) elaboracin y presen-tacin de un pliego de reclamos, (b) huelga, (c) negociacin de un pacto laboral registrado en el Ministerio de Trabajo, y (d) levantamiento de la huelga. En el contexto de las movilizacio-nes de 1963, la forma se mantiene, pero el contenido, el senti-do de la reivindicacin, cambia notablemente: los campesinos desarrollan una huelga indefinida (hasta hoy, digamos); deciden no trabajar ms para las haciendas a cambio del derecho de tener una parcela de tierras, ni siquiera por un buen sala rio; a diferencia del modelo sindical que les da forma, no buscan la negociacin. As, estrictamente, rompen el latifundio como forma de obtener excedente cam pesino y liberan su tiempo. Lo que era una lucha sindical-laboral se convierte en una toma de tierra, en una lucha campesina por la tierra, por el derecho de tener parcelas de subsistencia sin que ello genere renta a un hacendado. Muchos de los siervos que formaban comunidades cautivas dentro de las haciendas volvieron a ser comunidades independientes y lo son hoy en da.

Quiz lo ms sorprendente es que la forma sindical trans-ciende el mbito de los feudatarios, de los indios de hacienda,

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donde nace. En 1963, cuando los miem bros de las comuni-dades de indgenas deciden recuperar directamente las tierras, toman tambin la forma de sindicatos. En otras palabras, se dan una directiva sindical, se hacen reconocer como sindicatos ante el Estado y buscan su reco nocimiento como bases de la Fede-racin. En esos aos, cada sindicato enviaba, al momento de constituirse, un representante ante la Federacin para registrar la constitucin. Este deba volver acompaado de un dirigente departamental para el acto local y colectivo de reconocimiento. Sin embargo, los testigos sea lan que era tal la velocidad con que se formaban sindicatos en las comunidades, que termi-n resultando imposible satisfacer el ritual de reconocimiento de cada sindicato, y los dirigentes esperaban que varios lo de-mandaran para realizar actos provinciales. El subsecretario de la FDCC inform a un periodista presente en el Cusco, en enero de 1964, que en los ltimos tres aos haba llegado a reconocer 1500 sindicatos15.

La forma sindical parece coexistir sin conflicto con la es-tructura comunal an terior en cada base: una de las demandas de los sindicatos era el reconocimiento legal de sus comuni-dades de origen cuando este no exista. Entonces, para qu formar sindicatos? Probablemente, los campesinos vieran que esta estructura or ganizativa les permita una interlocucin ms directa, menos mediada por los seores locales, ante el Esta-do. Es probable tambin que la forma sindical fuera lo que les permitiese el acceso a la Federacin y, por lo tanto, a la defensa legal de asesores profesionales a travs de la cual lograban salir del circuito de poder local para la administracin de justicia y llegar a instancias judiciales urbanas donde sus derechos fueran reconocidos y la ley se cumpliera. En cualquier caso, la fun cin que cumplieron fue muy circunscrita a esa lucha: una vez lo-gradas las tierras (o reprimido el movimiento), los sindicatos se

15 Vase: Neira (1968).

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disolvieron y las comunidades vol vieron a ser la instancia orga-nizativa a la base. Posteriormente, ellas se afiliaron directamente a las federaciones departamentales16.

El quechua fue el idioma de la lucha, aunque nadie luch por l. Grandes mar chas y mtines campesinos se realizaron en las ciudades, todos en quechua, todos amenazantes, pero en ninguno se registraron desordenes ni actos de violencia. Im-porta sealar que ello se asocia al hecho de que, en esta lucha campesina, los campesinos indgenas no buscaban abrir nuevos derechos; buscaban solo que las leyes se cumplieran: actuaron como agentes del Estado, de la legalidad (no solo de la justi-cia) en las zonas donde se movilizaron. Probablemente por ello, solo tomaron las tierras que segn sus ttulos les pertene-can y les fueron usurpadas con contratos fraguados. De hecho, denominaron a sus acciones recuperacin de tierras y, mu-chas veces, en esos mismos trminos fueron informadas por los medios de comunicacin de la poca, hecho que evidenciaba la creciente legitimi dad del movimiento en los mbitos urbanos. Invocando la legalidad, no la trans gredieron con actos de vio-lencia. Actuaban enarbolando banderas peruanas, con reivindi-caciones campesinas, bajo una forma prestada del movimiento obrero internacional, que se expresaba en los espacios pblicos en quechua.

El ao de 1968 es uno que marca mucho la historia con-tempornea del Per. Ese ao, un golpe institucional de las fuerzas armadas lleva al gobierno al gene ral Juan Velasco, que emprende un conjunto de reformas democratizadoras en la

16 El movimiento de tomas de tierras decae hacia mediados de 1964 en parte porque la dirigencia gre mial, que permita la coordinacin de las bases y su defensa legal, empez a ser reprimida, pero en parte tambin porque los campesinos lograron lo que buscaban: las tierras. No se us la violencia ni para desalojarlos de las tierras recuperadas ni para obligarlos a volver al trabajo. En realidad, a diferencia de periodos anteriores, el Estado central no reprimi el movimiento.

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sociedad peruana. Habiendo dictado y en proceso de ejecutar efectivamente una reforma agraria, el gobierno legisla sobre las comunidades de indgenas, en adelante llamadas comunidades campesinas.

Varios elementos del Estatuto de Comunidades Campesi-nas dado en 1970 interesa resaltar aqu, sobre todo de aquellos que inciden en la organizacin in terna de quienes hasta ese momento estaban organizados en tanto indgenas. El primero es el cambio de nombre, que termina de disolver lo indgena en la sierra en el sector agrario, al interior de una poltica que buscaba eliminar denotaciones racistas particularizadoras. El cambio de nombre y la continuacin de una polti ca tutelar y proteccionista por ese y los siguientes gobiernos impulsaron la organi zacin de comunidades campesinas entre campesinos que nunca estuvieron orga nizados en ellas e, incluso, en espa-cios donde cualquier signo de identidad tnica, como la lengua, haba desaparecido. El Estado universaliza, digamos, la forma comunal de propiedad y gestin de la tierra, disocindola de referentes tnicos.

El segundo es que, por primera vez, el Estado norma el funcionamiento y or ganizacin interna de estas comunidades: lo que antes fue la normatividad de un cargo es ahora norma-tividad de un sistema de autoridad. Teniendo como referen te la forma cooperativa que el Estado impona a los beneficiarios de las haciendas que eran afectadas en el proceso de reforma agra-ria, se legisla entonces sobre la constitucin de un Consejo de Administracin cuyo presidente se constituye en representante legal de la comunidad. El Consejo y el Presidente deban ser elegi dos por el voto directo de los comuneros, por un perio-do de dos aos, en eleccio nes formales, con listas alternativas de candidatos y resultados registrados en la Direccin de Co-munidades Campesinas del Ministerio de Agricultura. Siendo condicin para ser elegido presidente saber leer y escribir, las elecciones comuna les crecientemente recaen en miembros de un grupo generacional ms joven que el de las antiguas

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autoridades tradicionales. Vale la pena sealar que el sistema tradicional de cargos, por supuesto, no se prohbe, pero va ca-yendo en desuso y queda restringido al estricto mbito de las celebraciones catlicas festivas. As, los cargos de autoridad no solo se abren a los ms jvenes, sino tambin a los comu neros de otras confesiones religiosas.

Tras casi un cuarto de siglo de vigencia del Estatuto, la forma de organizacin all normada sigue vigente. Estas comu-nidades campesinas, compuestas o no por poblacin indgena (que ya ni se autodenomina as, ni es as denominada por el Estado) se constituyen en las bases de organizaciones federales agrarias naciona les; es decir, la Confederacin Campesina del Per y la Confederacin Nacional Agraria (organizacin creada por el propio gobierno militar). Estas comunidades conducen, a partir de la dcada de los 1980, una nueva lucha por la tierra, esta vez contra el modelo empresarial de la reforma agraria, y toman las tierras de las em presas asociativa. Eliminadas prcti-camente todas las empresas, las comunidades campesinas han incrementado considerablemente su frontera productiva.

En el contexto de estas luchas recientes, los gremios nacio-nales, con la falsa imagen indigenista de que las comunidades eran colectivistas por tradicin, in tentaron que las tierras que se tomaban fueran manejadas colectivamente y no repartidas en-tre los miembros de las comunidades como parcelas. Fracasaron y, hoy en da, lo fundamental de la tierra en el pas, en la costa y en la sierra, bajo rgimen de comunidad o no, se encuentra conducida como parcela campesina17.

17 Quiz solo una palabra sobre este tema. Por dcadas se ha especulado sobre un supuesto colecti vismo agrario indgena, inscrito en su tradicin, en su cultura. Y se ha supuesto que la parcelacin de las tierras es un fen-meno reciente, fruto de la penetracin occidental o del capitalismo. Cabe sealar que nada, ni en los documentos etnohistricos ni en la investigacin arqueolgica, induce a pensar que antes de la llegada de los europeos las familias campesinas trabajaran colectivamente para su subsistencia. S, y eso

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Para muchos efectos, por ejemplo para la atribucin de crditos mientras se mantuvo un sistema estatal de crdito sub-sidiado, la institucionalidad comunal ha sido el interlocutor del Estado. De hecho, se trata del interlocutor reconocido (y hasta cierto punto incluso reproducido) por los programas pocos pero los hay de extensin tcnica del Estado y tambin de las organizaciones no guber namentales (ONG). As, las comu-nidades fueron a quienes moviliz la subversin cuando logr tener cierto apoyo rural y ellas mismas fueron la base para la cons titucin de organismos de autodefensa propiciados por el Ejrcito en su lucha antisubversiva. En las condiciones de au-sencia regular del Estado, en el mbito de la administracin de justicia o de fuerte corrupcin de los aparatos policiales y judiciales locales, las comunidades campesinas han empezado a asumir recien temente funciones de control del delito (interno y externo) y a obligar a las auto ridades a imponer justicia.

Justicia indgena, campesina o consuetudinaria? El tema est en estudio y hay bastante fantasa al respecto. A juzgar por los estudios realizados hasta ahora, las comunidades (o las ron-das campesinas) no aplican un sistema alternativo de normas, sino que buscan la aplicacin de las bsicas normas jurdicas nacionales que, en lo fundamental, no les son adversas. Sin em-bargo, siendo una institucionalidad diferente a la estatal, la in-vencin de rituales de autoridad, de formalidad, as como la definicin de instancias y la aplicacin de sanciones, significan una permanente creacin por parte de los comuneros en fun-cin de lo que tienen a mano: su lectura particular, construida

continu durante la Colonia, es probable que trabajaran colectiva mente para cumplir sus obligaciones con el poder. Son las tierras dedicadas a este fin las que fueron llamadas tierras comunales y sobre las que se legisl su reparto; bsicamente fueron esas las que primero perdieron las comunidades en el periodo de expansin de las haciendas, y las que ahora, una vez recuperadas y sin existir cargas impositivas colectivas, los comuneros han efectivamente parcelado en contra de la opinin de dirigentes polticos y del propio Estado.

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con el aporte de sus costumbres y distante, en muchos casos, de lo que es nacionalmente legtimo. No es un discurso de di-ferencia o de prctica alternativa; su discurso busca legiti-marse como nacional, ciudadano, elaborado desde la particular historia de su cultura. Esta particular combinacin abre la po-sibilidad de que sean recono cidas oficialmente como instancias arbitrales, tema en pleno debate hoy en da.

Actualmente, tambin son las comunidades las instancias que negocian la im plementacin de servicios modernos en el campo: postas mdicas, electrificacin, estaciones repetidoras de televisin, etc.

Si algo, por el momento, podemos decir, con cargo de ampliarlo al final, es que, en el siglo xx, las organizaciones de indgenas de la sierra, asociadas a una institucionalidad agra-ria, campesina, han logrado expandir su frontera producti va, recuperando las tierras de las que fueron despojadas; y se han constituido, eli minados los poderes locales, en interlocutores validados ante el Estado. Ambos triunfos (no son extraordina-rios, pero son triunfos: su historia en este siglo, en el campo de los objetivos que se plantearon, no es de derrota) parecen ahora asociar el destino de las comunidades en los Andes, incluso de aquellas de composicin indgena considerable, no ms a la tie-rra sino a la regulacin y a la gestin de las condiciones de vida de sus poblaciones. Ambos objetivos se definen con criterios dialgicos con el Estado y la sociedad nacional que han cam-biado tambin, eso lo veremos luego, al impulso de las masivas migraciones de indgenas a los centros urbanos.

Un camino difcil en la Amazona

La suerte de los indgenas amaznicos va definindose distinta. En principio, a diferencia de la profusa legislacin indgena que organiza en los Andes la vida de hombres integrados como

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indgenas a la sociedad colonial y luego republicana, el Estado es bastante ms silencioso, menos activo, en lo que se refiere a los indge nas amaznicos. En trminos ms estrictos, delega su administracin en manos privadas18. La relacin de las po-blaciones amaznicas con el Estado colonial se limita a algu-nas zonas de frontera, a travs del establecimiento de misiones, sobre todo en la selva central, y de reducciones en Maynas a cargo de los jesuitas. Antes incluso que efectos sobre la cultura de estas sociedades, las misiones provocan, en la Amazona, los mismos efectos demogrficos desastrosos del contacto ini cial entre europeos y americanos que se produce en todas partes. Una historia de conflictos localizados entre pueblos amazni-cos de frontera y agentes coloniales en la selva central culmina a mediados del siglo xviii con una rebelin indgena, estricta-mente panindgena, que lidera Juan Santos Atahualpa e involu-cra a diver sas sociedades amaznicas contra la presencia colo-nial. El levantamiento no logra ser sofocado y termina ms bien con el retiro parcial de misioneros y funcionarios coloniales.

Desde temprano, el Estado nacional manifiesta una pre-ocupacin por atraer a los salvajes a la vida civilizada. Para ello, aun en los periodos de cierto auge de posiciones secularizantes, apoya el asentamiento de misioneros catlicos, portadores de civilizacin19, as como el desarrollo de colo-nizaciones extranje ras. Ninguna legislacin, ni particularmente ninguna instancia estatal, protege a los indgenas amaznicos, ni cuando a inicios de este siglo un recurso de la selva, el caucho,

18 Francisco Balln (1993) acaba de publicar, en cuatro tomos, una reco-pilacin de toda la legislacin del Estado peruano sobre la Amazona. Las referencias a normas legales que siguen son extradas de esta extraordinaria fuente.19 Pilar Garca Jordn, estudiosa de las relaciones entre el Estado republicano y la Iglesia en el Per, remarca que es por el lado de la Amazona y la funcin de las misiones que se reubica el rol mo derno de la Iglesia catlica. Vase: Garca (1992).

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obtiene un enorme valor en el mercado internacional y para extraerlo se escribe una de las pginas ms terribles de esclavi-tud y genocidio en el Per en pleno siglo xx.

Hay probablemente dos elementos que no juegan para la cuestin tnica en la Amazona. El primero es que, hasta la llegada de corrientes colonizadoras, la tierra en la selva no se define estrictamente en trminos de propiedad y menos de propiedad agrcola que, en lo fundamental, es el tema que sus-tenta el acerca miento legal a la cuestin de la tierra en el Per. Al momento de su fundacin, el Estado nacional peruano no encuentra a los indgenas de la Amazona como poseedores o propietarios de tierras agrcolas; ellos ocupan territorios y esa ocu pacin no genera valores econmicos al pas del que forman parte (estrictamente, son los territorios los que forman parte del pas, no los indgenas que los ocupan).

El segundo es que el considerarlos salvajes que antes de tener derechos ne cesitan ser atrados a la civilizacin es con-senso, aparentemente incluso entre la intelectualidad peruana, hasta mediados del siglo xx. Ni siquiera la corriente indigenista se refiere a ellos o elabora un discurso diferente al del Estado. Quiz ello tenga que ver con su enorme distancia respecto de los centros urbanos o con el hecho de que no se haya produci-do un significativo mestizaje.

Lo cierto es que, poltica y culturalmente administra-dos por agentes ecle siales y sin ningn derecho territorial ni proteccin laboral, los indgenas ama znicos que existen en el Per son sobrevivientes de sistemticas y desreguladas agresio-nes a su vida y a sus condiciones de sobrevivencia.

Antes de analizar sus organizaciones, vale la pena detener-se un instante en la cuestin de las lenguas amaznicas. Apa-rentemente, por ser prioridad del Estado la civilizacin de las poblaciones amaznicas a travs de la fe, el nfasis de la pro-puesta (o de la imposicin) cultural, ms que en la castellani-zacin, se pone en su adoctrinamiento, que no necesariamente tiene que realizarse en espaol. As, diccionarios o vocabularios

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en lenguas amaznicas fueron hechos por mi sioneros catlicos. Esta relacin de adoctrinamiento, que se profundiza con el in-greso a la Amazona del Instituto Lingstico de Verano (ILV) en la dcada de 1940, combate la cultura y las formas religiosas nativas, pero no sus lenguas. A cargo de los misioneros catlicos o protestantes del iLv se va desarrollando el ini cio bilinge de la escolarizacin de las poblaciones amaznicas. En la dcada de 1950, el Estado apoya escuelas bilinges en la Amazona; incluso, las campaas de alfabetizacin se canalizan a travs de ellas.

Es quiz este diferente origen (y diferentes actores) en los procesos educa tivos lo que explique la radical diferencia entre las demandas educativas de los indgenas hablantes de lenguas nativas en la sierra y en la selva. Mientras que los primeros sis-temticamente han visto, en la posibilidad de hablar el idioma el Estado, condiciones de liberacin o de mejora de su vida, y han exigido enton ces la creacin de escuelas en espaol (es-trictamente, la creacin de escuelas para aprender espaol), en la Amazona, sistemticamente tambin, cada vez que jefes de las comunidades nativas se pronuncian sobre la educacin, lo hacen exigiendo mejorar los sistemas de educacin bilinge.

A mediados de la dcada de 1950, el Estado se refiere a los indgenas amaz nicos como tribus selvcolas y empieza a legislar sobre la necesidad de reservar a su favor tierras que ase-guren su subsistencia. La organizacin indgena en la Amazona para discutir con el Estado y con la sociedad nacional tiene, sin em bargo, que esperar al gobierno militar de 1968, que produce (no cambia como en los Andes sino produce) un tipo de or-ganizacin nueva llamada comunidad nativa. Esta no es otra cosa que un recorte ms o menos arbitrario de grupos de ind-genas de un mismo origen tnico, cercanos y conocidos entre s, a los que se les delimita un territorio. El modelo de comuni-dad nativa es imaginado segn el patrn andino de comunidad, con poco que ver con los sistemas de gestin territorial, social y productiva de los indgenas amaznicos.

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Diversos investigadores han criticado el modelo comuni-dad nativa porque lo que hizo fue fragmentar, en un conjunto de pequeas unidades, cada una con interlocucin propia ante el Estado (con personera jurdica), los pueblos o nacio nalidades o sociedades tnicas amaznicas. No hay claridad sobre si con anterio ridad a la aplicacin de este modelo los grupos tni-cos amaznicos funcionaran orgnicamente y que la propuesta estatal haya fragmentado lo que funcionaba de manera unita-ria. Probablemente no, pero es cierto que, en el momento en que el Estado define su interlocutor tnico amaznico, lo hace como si se tratara de una pluralidad de unidades econmicas de base y no de grandes agregados tnicos. Es cierto que tam-poco tena por qu hacerlo: en el proceso de definicin no se manifestaron presiones de parte de los indgenas sino opciones de intelectuales.

Aparentemente, una vez producidas legalmente, las co-munidades nativas realmente empiezan a funcionar y las rutas en las que definen sus opciones son diversas. Bajo este nue-vo modelo, quienes en lo fundamental acceden a niveles di-rigenciales no son lderes tradicionales (asociados a funciones tradicionales) sino individuos pertenecientes a un nuevo lide-razgo, ms joven y/o bilinge20. Una vez producida esta forma moderna (nueva, en todo caso), ella induce a asumir formas (una formalidad) que antes no existan (asambleas, libros de ac-tas, sellos, etc.) y permite el sustento organizativo desde el que deviene posible la asociacin en federaciones tnicas, producto nuevo, moderno tambin, en nada inscrito en una tradicin organizativa. Estas nuevas organizaciones, cuyas bases son las co munidades nativas de creacin reciente, son, sin embargo, el espacio desde donde es posible reivindicar los derechos a una identidad que se sustenta en la tradicin.

20 No existe acuerdo en relacin con esta afirmacin. A diferencia de las comunidades campesinas, las comunidades indgenas han mantenido los an-tiguos sistemas de autoridad.

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Hasta ahora, en lo fundamental, las organizaciones son t-nico-territoriales: una federacin agrupa al conjunto de co-munidades del mismo grupo tnico de una determinada zona (los aguarunas del Alto Mayo o los ashninkas del ro Tambo, por ejemplo). No son, en principio, representaciones unitarias de una nacin, aunque la situacin es variada: la liga agra-ria Juan Santos Atahualpa de Ucayali, formada en los tiempos del gobierno militar, a pesar de participar de una estructura organizativa agraria, est en lo fundamental formada por las comunidades shipibo/conibo. Tambin de ese periodo y aso-ciado tambin al impulso organizativo del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilizacin Social (SINAMOS)21 y el apoyo de antroplogos, se organiza el Congreso Amuesha (Yanesha), probablemente la nica organizacin que representa a todo un grupo tnico. El Congreso Amuesha-Yanesha muestra una es-tructura organizativa lide rada por un cornesha (el nombre del cargo es tradicional, pero el contenido de la funcin es nuevo) y un consejo directivo, elegidos por las comunidades nativas. Poco a poco, a impulso de diversos sectores, se van formando otras organizacio nes, como el Congreso Aguaruna-Huambisa, aunque las nuevas, incluyendo esta, no logran articular una re-presentacin unitaria, sino limitada a espacios territo riales es-pecficos (por lo general, cuencas)22.

En 1980, los contactos y reuniones entre los lderes de estas organizaciones de mayor nivel terminan por producir una asociacin, la Asociacin Intertnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), inicialmente con funciones ms

21 Organismo estatal creado por el gobierno del general Velasco para suscitar la organizacin de los sectores que las reformas beneficiaban y producir una presencia estatal que sustituyera el tradicio nal poder de patrones/terratenien-tes locales. Fue desmantelado inmediatamente despus del golpe de Estado que sac del gobierno a Velasco Alvarado.22 Francisco Balln (1993) incluye una lista de veintinueve organizaciones nativas de la Amazona peruana.

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bien de coordinacin que de representacin, para acceder sin intermediaciones a apoyos financieros destinados a programas de desarrollo. Se buscaba as impedir que los proyectos de de-sarrollo y la cooperacin financiera se constituyan en nue vas formas de agresin cultural. Su discurso, su propuesta, subra-ya fundamental mente tanto una exigencia de desarrollo como una valoracin de sus tradiciones culturales. En la fundacin de la AIDESEP estn presentes, principalmente, el Congreso Yanesha y muchas de las organizaciones aguaruna, ashninka y shipi bo. Desde sus inicios, la AIDESEP muestra una fuerte diferenciacin en relacin con otras organizaciones populares, vistas como excesivamente politizadas. Su crecimiento la lleva a integrar, cada vez ms, funciones de representacin tnica.

Sin embargo, surgen discrepancias. El Congreso Amuesha (Yanesha), des de una actitud crtica de las propuestas de la AI-DESEP vistas como culturalis tas y bajo la propuesta de la ne-cesidad de defender sus intereses bajo una forma de organizacin que permita la confrontacin con el Estado y el desarrollo de planteamientos ms polticos (en el contexto de implementacin por el Estado de grandes proyectos de colonizacin), cambia su denominacin de congreso por la de federacin, y se sepa-ra de la AIDESEP. En 1986, durante el Rima nakuy, la Federa-cin Yanesha lanza la propuesta de formar una Confederacin de nacionalidades, un gremio y no una asociacin, y empiezan coordinaciones con federaciones y comunidades no integradas o no satisfechas con la AIDESEP. As, en 1987, en abierto conflic-to con la AIDESEP, surge la Confederacin de Nacionalidades Amaznicas del Per (CONAP)23.

Hoy, ambas organizaciones existen; ambas son intertni-cas; y ninguna ago ta la representacin de los pueblos indgenas

23 Agradezco las informaciones del antroplogo Carlos Mora. Infortunada-mente, respecto de las grandes organizaciones amaznicas los textos ms bien analticos son escasos y las posiciones muy polarizadas.

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de la Amazona (algunos como los machiguengas prefieren mantenerse en independencia y en coordinacin con ambas). La AIDESEP representa unas treinta federaciones de base; y la CONAP, cerca de veinte. Sus posiciones, que en algunos aspectos son semejantes, termina ron por agudizar sus mutuas diferencias en el contexto de violencia poltica en la sierra cen-tral. As, no parece previsible una integracin de ambas.

Las reivindicaciones pendientes de las comunidades nati-vas son la correc cin digamos del proceso de creacin de linderos, que los ha excluido de antiguos territorios que eran bsicos para sus sistemas de reproduccin, y el ma yor impulso por parte del Estado a la educacin bilinge. Es in-teresante sealar que en el Rimanakuy de Pucallpa de 1986, donde asistieron jefes de cerca de qui nientas comunidades na-tivas de la Amazona, sus demandas en torno a educa cin eran totalizantes: que el Estado defina una poltica nacional de edu-cacin bilinge (no solo en la Amazona). Se reclam tambin que, en el nombramiento de maestros, se prefiera maestros indgenas y, en general, que no se margine a los indgenas de los cargos pblicos, en los que se nombran solo blancos o mestizos.

Esta ltima demanda se asocia a otra sobre discriminacin que es de mayor inters: la sancin a las autoridades policiales y judiciales que no reconocen sus derechos. Se referan, con ello, a sus derechos ciudadanos, sus derechos como cualquier peruano, y no a derechos particulares. Con esta demanda, los ind genas denunciaban que en los puestos policiales no les ha-can caso por el hecho de ser indgenas. Como reivindicacin de carcter tnico habra que agregar la demanda de que no solo las comunidades nativas, sino tambin las organizaciones tnico-territoriales sean reconocidas formalmente24.

24 Los Rimanakuy son, como ya se dijo antes, reuniones de presidentes de comunidades campesinas o jefes de comunidades nativas con las autoridades

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Interesa sealar que, a diferencia de las poblaciones de la sierra, los indgenas amaznicos no dan a sus organizaciones una identidad de campesina, agraria. Aun cuando comunidades nativas se cuentan entre las bases de las confederacio nes de tipo agrario, sus demandas no se ligan prioritariamente a la agricul-tura. As, las reivindicaciones que tienen que ver con la tierra se refieren tanto a la es casez de terrenos de uso agrcola, cuya necesidad se les ha reconocido (la mayor parte de las tierras agrcolas ha quedado en manos de colonos), como, y funda-mentalmente, a sus derechos territoriales sobre los recursos madereros y mineros, las cochas y ros, etc. Se trata de derechos sobre un territorio, no sobre un espacio definido como agrco-la. En ese estricto sentido, son reivindicaciones de pueblos ms que de campesinos.

gubernamentales. Las conclusiones de todos los celebrados en 1986 se publi-caron en Rimanakuy 86 (1987). Ha bra que agregar que las dems demandas de los jefes nativos eran de carcter general y de impulso a la modernizacin e integracin econmica: carreteras, radios, herramientas, crditos, asistencia tcnica, escuelas tcnicas. Un dato no despreciable es el siguiente: terica-mente, las reuniones eran de presidente a presidente, de jefe a jefe, es decir, se convocaba a un dilogo entre iguales con el Presidente de la Re-pblica. La convocatoria y la propaganda eran, obviamente, demaggicos y el presidente no estaba dispuesto a pasar los tres o cuatro das de cada Rima-nakuy (se realizaron cinco) con los campesinos. En el Rimanakuy de Pucall-pa, al que se convocaron a los jefes de las comunidades nativas, el presidente Garca quiso hacer lo mismo que hizo en los dems a partir del segundo: enviar un clido saludo por escrito. Sin embargo, a diferencia de los presiden-tes de las comunidades campesinas, los jefes nativos no aceptaron el desaire y no entregaron las conclusiones de sus deliberaciones y anunciaron que no se moveran (frente a toda la prensa cubriendo el evento) hasta que no llegara el presidente. Garca Prez tuvo ir.

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Estructura legal y respuestas de los gobiernos a la cuestin indgena

De lo dicho queda claro que, en el mbito de las bases, las or-ganizaciones son legales, sus dirigentes son reconocidos por el Estado y las lenguas aborgenes ca recen de valor como lenguas oficiales del Estado. Esta ltima cuestin, sin embar go, requiere algunos matices. Como antecedente habra que recordar que el nico gobierno peruano que ha legislado sobre la oficiali-zacin del quechua y el aimara, a la par del espaol, ha sido el gobierno del general Velasco, que tambin elimin la califica-cin de indgenas de las comunidades.

El texto constitucional de 1979 y el actual proyecto en proceso de consulta, si bien establecen como lengua de la Repblica el espaol, explcitamente sealan que el Estado reconoce el derecho de todo peruano de usar su propio idio-ma ante cualquier autoridad, mediante un intrprete. En la Constitucin de 1993, el re conocimiento del derecho de ha-blar su lengua ante una autoridad se encuentra en el captulo de derechos fundamentales de la persona, como continuacin de un prrafo que reconoce el derecho de toda persona a su identidad tnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad tnica y cultural de la Nacin. En relacin con los derechos sociales, el proyecto considera un artculo, el 17, en el cual el Estado fomenta la educacin bilinge e inter-cultural segn las caractersticas25 de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingsticas del pas. En la definicin del Estado y la Nacin, la carta en consulta hace ms claro un texto ya presente en la de 1979, an en vigen-cia: Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde

25 Inciso 19 del captulo 1 de la carta constitucional aprobada por el Con-greso Constituyente Demo crtico (CCD), a ser consultada en referndum el 31 de octubre de los corrientes.

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predominen, tambin lo son el quechua, el aimara y las dems lenguas aborgenes segn la ley.

Respecto del reconocimiento de las comunidades cam-pesinas y nativas, si bien la declaracin de autonoma en su organizacin y trabajo comunal presente en la Constitucin de 1979 dejaba entrever la posibilidad de su gestin interna de justicia, el proyecto constitucional en consulta incorpora un ar-tculo (el 149) al interior del captulo referido al poder judicial que seala lo siguiente:

Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Na-tivas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su mbito territorial de conformidad con el derecho consuetudina-rio, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinacin de dicha jurisdiccin especial con los Juzgados de Paz y con las dems instancias del poder judicial.

Interesa tambin sealar que esta vez se establece que los jueces de paz sern elegidos directamente por la poblacin.

El contexto poltico y la cuestin indgena

Lo dicho brevemente en el acpite anterior no pretende pu-blicitar el proyecto constitucional del rgimen que entre otros problemas, como sealamos, elimina mucho del rgimen de excepcin tutelar de las tierras de las comunidades cam pesinas y nativas, con lo que un captulo de inestabilidad de fronteras podra volver a abrirse. Es enormemente probable que si el Per no se encontrara en una coyuntura de cambio constitu-cional, los dispositivos que acabamos de mencionar hubieran sido introducidos en la Constitucin actualmente vigente. Vale

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tam bin sealar que esos dispositivos constitucionales no han sido producto de lu chas y presiones de las organizaciones campesinas o indgenas, sino bsicamente aportes profesionales.

Lo que queremos sugerir es que existe, tanto en la clase poltica peruana como en la sociedad civil, un alta permeabi-lidad a incorporar demandas de carcter tnico, de pluralidad cultural. Si bien el nivel de estos dispositivos es fundamen-talmente declarativo, s son evidencia de que el predominio criollo excluyente, oligrquico, de la sociedad peruana viene deteriorndose aceleradamente y, por otro lado, de que la pre-sin social podra efectivamente ponerlos en prctica. El cam-bio es importante: son ahora nuevos sectores sociales, ms mes-tizos, quienes gestionan la poltica y las corrientes de opinin.

El cambio tambin tiene que ver con un proceso social ocurrido en dcadas recientes. Tras cerca de treinta aos de intensa migracin andina a las ciudades, proceso en el que los migrantes dejan de verse a s mismos y ser vistos por los de-ms como indgenas (lo que probablemente significa un fuerte sacrificio personal, de identidad, de valoracin de su origen), una cultura popular, una arquitectura urbana, y unos sistemas de trabajo y de relaciones sociales, ms bien mestizos, se viene produciendo por fuera del encuadre criollo. En estos, los apor-tes culturales de los muy diversos orgenes tnicos que pueblan el pas se mezclan.

Curiosamente, al lado de este esfuerzo de integracin, que no siempre es un fracaso26 o que muestra como posible una va de movilidad social, en la que tanto los que migran como los que se quedan en el campo se comprometen a travs de sus

26 Los grupos empresariales limeos, los parlamentarios electos o los alcaldes han dejado de tener un homogneo tinte occidental: basta recordar al exvi-cepresidente de la repblica, el ingeniero Mximo San Romn, que naci en una provincia del Cusco y cuya lengua materna es el quechua. Se trata de un exitoso mediano empresario que tuvo un ascenso poltico meterico (tanto como su cada por la difcil coyuntura poltica peruana).

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esfuerzos por educarse, obtener tierras, participar en los merca-dos, incorporar viejas tradiciones en nuevos moldes organizati-vos, etc., se produce otro fenme no: una corriente intelectual, mestiza tambin, busca relevar la particularidad, no los esfuer-zos de universalizacin, de las experiencias tnicas. Diversas orga nizaciones, bsicamente ONG con interlocucin en foros internacionales, desa rrollan un discurso indianista excluyente que, sin embargo, tiene poco eco en quienes ellos reclaman representar.

Ello no quiere decir que en el Per, en las relaciones co-tidianas, no se exija de quienes portan los rasgos de un origen tnico diferente del occidental, esfuerzos adicionales para par-ticipar en los niveles altos de la poltica, la academia o la em-presa. Un primer esfuerzo, que condena a dificultades difciles de superar, es el traumtico aprendizaje de la lectoescritura y de las bases que organizarn el cono cimiento en un idioma diferente al materno. Una adecuada poltica de educacin bi-linge, fuera de declaraciones o cursos experimentales, no se ha implementado, como lo dijeron los jefes de las comunidades nativas, como base de la poltica edu cativa del Estado, y nada en la actitud de las autoridades actuales de Educacin parece mostrar una preocupacin por ello. Igualmente, en las oficinas pblicas o en las comisaras de los pueblos, quienes portan ras-gos fsicos o idiomticos de un origen indgena son tratados con desprecio.

Sin embargo, a travs de los nuevos espacios de control social (rondas campe sinas, instancias arbitrales, etc.), de su in-discutible aporte a la pacificacin, su efi cacia en el control de la subversin y de la delincuencia, las comunidades campesi nas y nativas vienen ganado creciente legitimidad y respeto entre las autoridades. La apropiacin, ya sin terratenientes ni patro-nes, de los espacios de reproduccin de la vida social parece un camino interesante de desarrollo y consolidacin para estas organizaciones en una sociedad como la peruana que viene cambiando.

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Tal vez la pista de los indgenas peruanos no sea (porque no tiene por qu ser) la de la apertura de una agenda de dife-rencias, de polticas especficas, de espacios polticos diferentes, sino la presin por el cumplimiento, a travs de cam paas p-blicas, de las leyes y las declaraciones cuya efectivizacin bas-tara para sustentar, sin disolverse, bases de igualdad, de demo-cracia. No parecen ser leyes, ni principios constitucionales, lo que falta en el Per, y un contexto de crisis de las tradicionales estructuras partidarias de representacin, comprometidas en una sociedad excluyente que decae, parece abierto a la puesta en prctica de una nueva experiencia social, ms bien plural.

Una reflexin final sobre las poblaciones indgenas y la violencia poltica en el Per

La dcada de violencia poltica que viene terminando en el Per afect tambin diferenciadamente a indgenas peruanos andinos y amaznicos. En los debates sobre la situacin de las poblaciones indgenas en contextos de violencia poltica, qui-z sorprenda saber que la agresin a estas poblaciones en el Per vino mucho menos de parte del Estado y, a lo largo de los trece aos de violencia, cada vez menos de parte del Esta-do que de los propios movimientos subversivos. La agresin a las organizaciones campesinas o nativas, el ejercicio de un poder autoritario y represivo, la masacre de dirigentes, el ataque masivo a poblados, y la imposicin de un patrn militarizado (definido por la posesin de las armas y el uso de la violencia) para el control de la poblacin civil fueron parte de la propia estrategia subversiva.

Quiz ello explique el porqu de la reaccin incluso ar-mada de las poblacio nes andinas y amaznicas contra la subver-sin. En la mayora de los casos, estas optaron por asociarse con el Ejrcito que, a lo largo de trece aos de violencia po ltica y

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de manera muy importante, transform sus relaciones con las poblaciones campesinas indgenas y nativas, y quiz su propia imagen sobre ellas. Esta aso ciacin ha sido la clave de la serie de derrotas que han venido sufriendo los movi mientos subversi-vos. Descubrir su viabilidad fue, sin embargo, un proceso lento.

En este recorrido de las relaciones entre el Estado, las so-ciedades urbanas y las poblaciones indgenas en el Per, se debe analizar el papel que ha jugado la guerra que ha vivido el pas. Estos aos de violencia y de muerte han sido tambin un pe-riodo de descubrimiento, por parte del Estado y de los sectores urbanos, de que estas poblaciones indgenas no eran, por su pobreza o sus identificables dife rencias raciales o lingsticas, un potencial enemigo, sino, ms bien, uno de los soportes de la viabilidad del Per como nacin que se debe forjar entre muchas tradiciones culturales. En las notas que siguen, la pista de las poblaciones indge nas quiz por momentos ceda dema-siado espacio al contexto de violencia, pero, sin l, difcilmente podramos dar cuenta de los procesos en marcha.

La violencia poltica estalla en el Per en 1980 en los An-des, en el departa mento de Ayacucho, una de las regiones al-toandinas ms pobres y deprimidas del Per. Se trataba de parte de lo que en la planificacin bastante racista de la dcada de 1960 se llam la mancha india: la sierra centro-sur, asiento de la mayor cantidad de comunidades indgenas, de la mayor poblacin quechuaha blante, del mayor analfabetismo.

A trece aos de iniciados esos dramticos acontecimientos que han segado la vida a ms de 20 000 peruanos, sabemos con bastante certeza cul fue el proceso de relacin con la violencia que vivieron las poblaciones andinas. En contraste, el desa rrollo mucho ms tardo de la violencia en la regin amaznica, que tambin involu cr comunidades nativas, hace que nuestro co-nocimiento sea mucho ms fragmen tario, tentativo y perio-dstico. En cualquier caso, la imagen que hoy tenemos de esos procesos es diametralmente diferente de cmo fueron vistos cuando empezaron.

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Al inicio de la dcada de 1980, la forma en que se vio (desde las ciudades, incluso las andinas) y fue enfrentado (por el Ejrcito) el desarrollo de la violencia subversiva en las zo-nas rurales, quechuahablantes e indgenas de los Andes es tuvo ms bien cargada de ideologas y temores, que de datos ciertos y objetivos. La primera lectura que se tuvo del fenmeno sub-versivo en los Andes fue una que lo entendi como un movi-miento social: no se analizaba la accin de un partido maosta, frreamente organizado y con slidos dogmas, sino una especie de suble vacin popular (contra la pobreza, la marginalidad, la injusticia). Ms an, en los primeros aos de la dcada de 1980, se lo vio como un movimiento indgena, una especie de gue-rra de castas. De acuerdo con la corriente antropolgica de que se tratara, se lo identific como milenarista o indgena; era la venganza de los siglos, la utopa andina, el pachakuti.

Esta visin de la violencia (absolutamente equivocada como veremos) urba na, distante, culturalista tuvo tambin una interpretacin militar y aliment una estrategia muy brutal y represiva de la poblacin por parte del Ejrcito: un indio (y si era ayacuchano, mucho peor) era un real o potencial sen-derista. Con esta lgica, el Ejrcito atac y ocup poblados campesinos. Un temor, una des confianza hacia el diferente, haca sospechar a cualquier soldado al ver en las punas indios con poncho. Bajo los ponchos podan esconderse armas, y se disparaba primero para averiguar despus: un ejrcito de ocu-pacin.

En la comunidad de Uchuraccay, una comunidad de la puna alta, totalmente quechuahablante, los comuneros indge-nas asesinaron cruelmente, en 1983, a un grupo de periodistas, aparentemente porque pensaron que se trataba de terro ristas. Estos sucesos lanzaron una clarinada de alerta frente a las in-terpretaciones mencionadas ms arriba. Se descubra que haba comunidades campesinas que tenan temor de la presencia de Sendero Luminoso (SL), que no los aceptaban y que, incluso, se enfrentaban violentamente con ellos y teman su venganza.

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Por su lado, los pocos documentos senderistas que iban apa-reciendo desvirtuaban cual quier interpretacin indigenista o culturalista: una dogmtica maosta radical alimentaba sus es-trategias y objetivos.

As, poco a poco (muy lentamente) logr aclararse la si-tuacin de violencia en los Andes y se particulariz a SL como un partido poltico que utilizaba la violencia y la muerte como forma de intervencin poltica de la poblacin campesina-indge na. Poco a poco, adems, empez a verse (y ms len-tamente a reconocerse) que, en los ltimos aos de la dcada de 1980, esta poblacin se organizaba valerosamente para de-fenderse de la subversin y que, para ello, actuaba junto con el Ejrcito (no obligada por l). Tras aos de incomprensin, el propio Ejrcito cambiaba tambin y poco a poco empezaba a confiar en esa poblacin a la que antes tema.

Pero qu haba sucedido en las zonas rurales de la sierra entre la subversin y los campesinos indgenas? Recientes in-vestigaciones han puesto a luz un proce so complejo. Durante los primeros aos, sectores significativos del campesinado ind-gena simpatizaron con los jvenes senderistas (SL era un par-tido fundamen talmente de jvenes, principalmente universita-rios). Por qu simpatizaron con ellos? Lo que podemos decir (y esto mismo probablemente sirve para explicar el avance de la subversin en las zonas de la selva, al lado de los cultivos de coca) es que SL encuentra legitimacin en las situaciones don-de el conflicto cotidiano o incluso las relaciones econmicas no estn reguladas por instituciones slidas y legtimas. Donde creca con inicial simpata de la poblacin, SL no ofreca venta-jas econmicas (a diferencia de la China de Mao, su paradigma, en el Per de la dcada de 1980 no haba tierras qu repartir a los campesinos porque una refor ma agraria radical fue realizada la dcada anterior), sino algo tan bsico como la regulacin ordenada de los conflictos cotidianos: SL ofreca justicia (no justicia social sino, simplemente, justicia).

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Qu haba sucedido en los Andes. En pginas anteriores hemos hablado de una suerte de lucha desarrollada este si-glo entre el Estado central modernizante y los tradicionales seores locales (hacendados, funcionarios de poder local), que organizaban a travs de sistemas autoritarios, tradicionales y verticales, la socie dad y el excedente producido por los cam-pesinos indgenas. Los hitos ms impor tantes de este conflicto se ubican en la dcada de 1920 con la poltica indigenista del presidente Legua, que da personera jurdica a las comunidades de indgenas, y en la dcada de 1970 con la reforma agraria y el conjunto de iniciativas que desarrolla el gobierno que preside el general Velasco Alvarado. Hemos referido tambin que, por su lado, los campesinos haban socavado el poder de los seores locales, a travs de muchos mecanismos.

El aparato tradicional de control social cae sin que, sin embargo, el Estado central logre sustituirlo con un aparato burocrtico, moderno. Este vaco de po der en el cual no funcionan nuevas instituciones que sustenten, en los pobla dos rurales, una normatividad nacional que garantice tericamen-te la igualdad de derechos deja desregulados los conflictos, sin que autoridades claras con criterios determinados protejan la reproduccin cotidiana de las relaciones socia les: el delito (uno comn como el robo de ganado), el abuso o venalidad de los funcionarios, el incumplimiento de funciones pblicas (por ejemplo, maestros estatales que no asisten a sus escuelas) quedan sin control (ni el tradicional, verti cal pero protector, ni el moderno).

Este vaco de poder legitima al inicio a SL. Lo que hoy aparece claro en los estudios y los testimonios de las zonas an-dinas que estuvieron bajo su control es que SL impona justicia, es decir, castigaba al ladrn de ganado y azotaba al adltero o al maestro que no cumpla su jornada de trabajo. El costo de esta jus ticia termin siendo, sin embargo, demasiado alto para los campesinos. Junto con los delincuentes comunes y otros prota-gonistas de conductas antisociales, bajo la justicia senderista

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caen, por ejemplo, los comerciantes abusivos, luego los comer-ciantes en general, o los comuneros ricos que han acaparado tierras, aunque el criterio de riqueza en las comunidades campesinas sea ambiguo: la muerte, castigo comn en la jus-ticia senderista, se acerca a cualquiera.

El costo era tambin alterar, sin alternativa ni ventaja evi-dente alguna, sus prcti cas productivas y econmicas: la estra-tegia militar senderista de cercar por hambre las ciudades y eliminar la t