5.1. politicas específicas para los asalariados eventuales agrarios … · 2009. 3. 3. · tema...
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grupo doméstico y concluir el capítulo con una revisión de
los rasgos de identidad de los trabajadores agrícolas andalu-
ces en razón de su posicionamiento ideológico-político, tra-
tando de presentar las consecuencias políticas que se deri-
van de la pérdida de identidad, fruto del proceso de seg-
mentación.
5.1. Politicas específicas para los asalariados eventualesagrarios o la acción del Estado del Bienestarpara el colectivo
En los países mediterráneos europeos el trabajador asala-
riado del sector agrario ha sido estudiado tratando de enten-
der qué rasgos sociales coexisten bajo la misma denomina-
ción de obreros, trabajadores o asalariados agrícolas, en los
censos y fuentes de medición estadística. En unos casos
soportan su identidad histórica en relación con el tema cen-tral de la expulsión de la tierra y la aspiración al control de la
misma, en otros son las características socioeconómicas lasque definen su perfil, en otros es la articulación con las polí-
ticas de bienestar ... En todos los casos estos trabajadores
adquieren rasgos específicos, que los diferencia del resto de
los trabajadores.En Francia F. Bourquelot (1) se refiere a la heterogenei-
dad del perfil social de los asalariados agrícolas, que única-
mente aglutina el hecho de ser «trabajadores agrícolas priva-
dos de la tierra», cuyas reivindicaciones no se centran en
retomar el control de aquélla, sino defender el empleo y la
igualdad social. La debilidad numérica de los asalariados
agrícolas en Francia y su dispersión, acentúa la dificultad de
conseguir vertebrar la lucha por la igualdad social.
(1) Bourquelot, F.: «De quelques tendances sur 1'emploi des sala-riés dans la production agricole». Economie Rurale, n.° 178-9, París,1987.
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En Portugal, F. Oliveira (2) identifica a los asalariados
según distingan o no su identidad social de la de los agricul-
tores familiares y el proletariado agrícola, que tiene una fuer-te conciencia de ser un grupo social diferenciado. La separa-
ción de los colectivos viene dada por la estructura socioeco-nómica diferenciada de las zonas en las que viven. La debili-
dad de las políticas asistenciales en el medio rural portugués,según este autor, no permite vincular la identidad de los asa-
lariados a la articulación con las políticas del Estado.
En Italia, E. Pugliese y G. Mottura (3) que se han ocupadodel tema del Mezzogiorno y el trabajo distinguen a los asalaria-dos, en razón del eje de sus reivindicaciones, entre clientes del
Estado, cuyo objetivo es conseguir las prestaciones económicas
derivadas del Estado benefactor, asalariados cuyas reivindicacio-nes se centran en la reivindicación de la tierra con sentido histó-rico y trabajadores que no se sienten especialmente vinculados
al sector agrario y le interesa fundamentalmente el trabajo en
buenas condiciones, asimilándose a los operarios industriales.En el caso de Andalucía, existen paralelismos, a distintos
niveles, con los países a los que nos hemos referido, pero es
en esta Comunidad Autónoma, donde el peso específiĉo de
los asalariados agrícolas cuantitativa y cualitativamente esmayor. Hemos expuesto en los capítulos anteriores la hetero-geneidad del medio socioeconómico en el que los trabajado-
res desarrollan su actividad y como se perfilan culturas deltrabajo y grados de reivindicación distintos. También hemos
aludido a la heterogeneidad existente respecto a la estaciona-
lidad del empleo y al salario, al papel que desempeña la fami-lia y la tradición del movimiento sindical. Sin embargo, las
(2) Oliveira, F.: «Los asalariados agrícolas, el trabajo y los territo-rios. El caso portugués». Estudios Regionales, n° 31, Universidades deAndalucía. 1992.
(3) Mottura, G. y Pugliese, E.: Agricoltura, Meuogiorno e mercato dellavoro. Ed. Il Mulino, 1974.
Pugliese, E.: I Braccianti agricoli in Italia, tra mercato del lavoro e assiten-za. Ed. Franco Angeli. Nápoles, 1983.
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entrevistas realizadas han señalado claramente que existe
una articulación de las estrategias individuales y familiares
respecto al trabajo, a partir del desarrollo de las políticas asis-
tenciales, que se han venido dando para estos trabajadores.Trataremos, a partir de ahora, de analizar cómo las políti-
cas específicas para el colectivo, derivadas del llamado Estado
del Bienestar, inciden en la configuración de la identidadcolectiva de los trabajadores.
5.1.1. Antecedentes
Uno de los mayores problemas del campo andaluz es el
alto índice de salarización y paro, según se deduce de los
capítulos anteriores.Según Bernal, en Andalucía la vinculación entre latifun-
dio y paro empieza a establecerse a partir de los cambios ope-rados en la segunda mitad del siglo ^III. A partir de 1770
son numerosos los expedientes de ayuntamientos que acu-
den a los caudales de propios, a efectos de aminorar el paro,o que regulan la práctica del reparto de jornaleros entre los
pudientes: pueblos de la sierra, la campiña o de la costa prac-tican similares procedimientos ante la falta de trabajo (4).
No será hasta la aparición de la crisis finisecular, sin
embargo, cuando el paro agrícola se identifique más conalgo específicamente andaluz. El problema era tal, que en
1902 la Comisión de Reformas Sociales efectúa una encuestacuyos resultados manifiestan que el 36,07% de los munici-
pios encuestados (el 50% de los de las provincias occidenta-
les) efectuaban habitualmente la práctica del reparto. Laduración de éste oscila entre un mínimo de 15 y un máximo
de 60 días, siendo los de primavera y otoño los más breves.Mediante «el reparto» se conseguía colocar a todos los jorna-
(4) Para una revisión histórica sobre estos temas ver Bernal, A. M.:«Economía e Historia de los latifundios», op. cit.
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leros en muchos pueblos, aunque en más de la mitad no secubría la totalidad del paro.
Tras la primera guerra mundial, de 1917 al 1921, el pro-blema de los jornaleros andaluces, se convierte en verdadero
problema nacional. El paro forzoso de los secanos que se esti-maba de 120 a 160 días, había subido un 50% en muchossitios. Aún así el paro variaba mucho de unas zonas a otras.Como medidas a aplicar, se apuntan acabar con la concu-rrencia de forasteros, terminar con el trabajo infantil, esta-
blecer bases salariales de tipo estacional y la necesidad deuna Reforma Agraria.
En enero de 1931 se constituye el «sindicato de obrerosparados», que en su declaración programática incardina eltema del paro en la lucha de clases, rechazando por deni-grante cualquier situación paternalista o caritativa. En estasfechas los técnicos apuntan al latifundio como causa princi-pal del problema, los decretos de empleo de braceros de ese
período son una muestra de ello: ley de términos, prohibi-ción de los repartos, la Décima (financiar el paro mediantela presión fiscal a los propietarios) y, por último, la ley deReforma Agraria de 1932.
La Guerra Civil terminó con todas estas medidas. Pero elparo agrícola seguía siendo una realidad. Ante el elevadoporcentaje del mismo se volvió a las prácticas del reparto delos trabajadores por fincas, cuando la situación se hacía másgrave, volviendo a la consideración del «paro forzoso», paraaludir a que se trataba de algo estructural.
Con la aprobación de la ley de Bases de la SeguridadSocial de 1963 nace el Régimen Especial Agrario de la Segu-ridad Social (REASS) . Esta ley sería desarrollada más tardepor la Ley de Seguridad Social en 1986. Pero su regulaciónespecífica se hace a partir de dos decretos desarrollados en
1971 y 1972 (5) y se fundamenta en las características delempleo en el campo, el marco jurídico de las relaciones labo-
(5) Decretos 2.123/71 y 3.772/72.
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rales y la necesidad de apoyo al sector agrícola, tradicional-
mente deprimido.
Sin embargo en ese momento primaba el interés de favo-
recer a las areas urbano-industriales sobre las que se sostenía
la política oficial de desarrollo. Por ello apoyándose en el
carácter estructural del paro agrario se estableció un marco
de protección social, en cuanto a prestaciones, bastante infe-
rior a las que se reconocieron para el Régimen General de la
Seguridad Social, así como un sistema de cotización discrimi-
natorio respecto aquél y claramente favorable para los
empresarios agrícolas.
Con el comienzo de la crisis de los sectores no agrícolas
en 1973 y el fin del éxodo rural, se deja de absorber el exce-
dente de FT agrícola, el paro se acentúa aún más y se empie-
zan a poner en marcha, esporádicamente, partidas de fondos
públicos, a través de los que se pretendía aliviar la situación
mediante el empleo de trabajadores en obras de carácter
público. Esta medida, cuyos antecedentes se remontan al siglo
pasado, sentaría las bases de lo que, tras las presiones obreras,
vendría a denominarse como «Empleo Comunitario».
La ley 41/70 de 29 de diciembre de 1970, instituyó el sis-
tema de «Em^ileo Comunitario» (EC) como medida para dar
cobertura a los trabajadores agrícolas en paro, que no se
benefíciaban del sistema de protección al desempleo que
estaba vigente para los demás trabajadores.
La ley de 1970 especificaba que se darían «ayudas a los
trabajadores por cuenta ajena mediante la aplicación de fór-
mulas de empleo transitorio con carácter comunitario». Los
fondos para la realización de tales trabajos procedían de la
Mutualidad Nacional Agraria, del Fondo de Protección al
Trabajo, de los impuestos de prevención del paro obrero,
directamente de los Presupuestos Generales del Estado a tra-
vés del Ministerio de Trabajo o de los planes provinciales.
Aunque la normativa desarrollaba y homogeneizaba la
aplicación del EC, en general no hubo tal homogeneidad en
la aplicación del mismo. Las juntas locales y provinciales de
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empleo que eran las encargadas de poner en marcha la legis-
lación vigente obedecieron más a la dinámica que el movi-
miento obrero iba marcando o al impulso de los organizado-
res locales directos, que al vigor en la ejecución de lo estipu-lado por los decretos que regularon la aplicación de la ley.
Con la muerte de Franco empieza el período de la Tran-
sición. Durante el mismo y hasta 1982 esta política depende-
rá del Estado a través de los Gobernadores Civiles; a partir deesa fecha, cambiará la normativa, pero aún habiendo logrado
un gobierno autónomo por la vía del artículo 151, equipara-
ble a las regiones históricas, esta política no dependerá de laJunta de Andalucía, sino del gobierno central del Estado.
Los primeros años de la transición se caracterizaron en
Andalucía por un fuerte nivel de movilizaciones en el campo,propiciadas fundamentalmente por CC.00., que había
adquirido experiencia en la organización durante la clandes-tinidad. A consecuencia de las mismas, se consigue subir con-
siderablemente el nivel de los salarios obreros. La reacción
de la patronal fue certera: cambio de los cultivos que requeríanmás volumen de trabajo y pérdida de jornales (6). El grado
de conflictividad subió, por lo que después de una etapa de
transición, sindicatos (a excepción del SOC) y empresarios seplantearon la necesidad de llegar a acuerdos para bajar el
nivel de incertidumbre en el empleo. En definitiva, a cambiode la paz social y la moderación salarial se llegaba a una pro-
gresiva reorientación del sistema de cultivos y a una incipien-
te recuperación de jornales. De este modo el sector entrabaen el ámbito de negociación que se estaba dando a nivel
nacional con los pactos de la Moncloa.
El crecimiento de los salarios se acogía a los grandesacuerdos nacionales (AMI, ANE ...), pero en los mismos no
se contemplaban las bases diferenciales de las que se partía
(6) J. J. González: «La patronal agraria. Estrategias de política agra-ria y negociación colectiva». Fundación Juan March. Serie Universita-ria, n.° 232. Madrid, 1986.
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respecto a otros sectores, ni tampoco reducían el paro, quese veía agravado por la crisis económica.
A partir de esta etapa, los sindicatos, con la excepción del
SOC, se orientaron preferentemente a la obtención y la parti-
cipación en la distribución de fondos públicos (EC) con los
que subsanar la situación de los trabajadores del campo, cada
vez más deteriorada. Los sindicatos se convirtieron casi en
agencias de distribución del trabajo público, lo que a nivel
local, en muchos casos, derivó en sistemas de clientelismo que
repercutieron negativamente en el nivel de credibilidad de sus
objetivos sindicales. Esto, sumado a los escasos resultados de
sus estrategias negociadoras, les llevó a una profunda crisis.
Ahora bien, esta crisis no significó que en ese momento
perdieran influencia, todo lo contrario, en muchos casos el
sindicato local llegó a imponer a los alcaldes en los ayunta-
mientos. La crisis se centraba en la estrategia de clase, pero
no fue tal en lo relativo al peso de su influencia orgánica
durante esa etapa.
Habría que esperar a la llegada de la Autonomía, en la
que toma cuerpo la nueva bandera de lucha por la Reforma
Agraria, para que empezara un período nuevo de conflictivi-
dad en el que se recuperaba uno de los rasgos históricos del
movimiento sindical andaluz: se empieza a reivindicar la tie-
rra, no sólo fondos públicos para el paro. No obstante, la
puesta en marcha de la ley socialista de Reforma Agraria de
1984, se hizo coincidir con un importante cambio en el siste-
ma de cobertura del paro de los trabajadores del campo.
Esto, según se verá, será un paso definitivo hacia la desmovili-
zación, lo que hace que el fracaso de la ley de Reforma Agra-
ria apenas tenga resonancia entre los trabajadores.
Así pues, en la etapa democrática el EC se utilizó por
parte de la Administración con dos finalidades principales:
conseguir la paz social y ayudar a la subsistencia de las fami-
lias trabajadoras manteniéndolas disponibles para el trabajo
simple, o, dicho de otra manera, subsidiando la FT a los
empresarios al más bajo coste y desplazando el tema del desa-
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juste en las estructuras agrarias, clásico en las reivindicacio-nes obreras, a la discusión sobre la cobertura del paro por
parte de la Administración del Estado.
5.1.2. El nuevo programa de empleo rural
Se ha argumentado en reiteradas ocasiones, no sin parte
de razón, que el sistema de EC contribuía a aumentar la des-vinculación de los obreros con la tierra, partiendo de la con-
sideración de que la escasez de trabajo en el campo, habíafavorecido una FT disponible para trabajar en el complejo«agricultura-construcción-hostelería» (7). Esta afirmación,sin embargo, conviene que se matice. Es cierto que, tras lademanda ejercida por los nucleos urbanos y costeros en losaños del desarrollismo, un número considerable de obrerosse han trasladado a estas zonas temporalmente para suminis-trar FT no cualificada. Sin embargo, con la crisis económica,
estos sectores empiezan a expulsar FT, no sólo porque empie-zan a ser excedentarios en FT, sino también porque empie-
zan a abastecerse de otros trabajadores de la propia zona,anteriormente expulsados, que ahora compiten con los asala-riados agrícolas por el trabajo disponible. Es más, en las pro-pias zonas rurales andaluzas, ante la falta de trabajo no agrí-cola, empieza a darse también una competencia por el traba-jo agrícola existente, teniendo como consecuencia que, al seréste un MT muy personalizado, en muchos casos, son los pro-
pios obreros agrícolas los desplazados por otros sectores depoblación que, a causa del paro, se incorporan a la actividadagrícola, llegando a suceder en algunas zonas que los trabaja-
dores tradicionales alcanzan mayores tasas de paro que aque-llos otros colectivos de «recién llegados» al sector.
El capítulo anterior confirma los resultados obtenidos enlos trabajos realizados durante la primera mitad de los ochen-
(7) Sánchez López, A. op. cit., Ortí, A. op. cit.
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ta, en los que se ponía de relieve cómo la mayor parte del tra-bajo asalariado de los trabajadores eventuales agrícolas, a par-
tir de la crisis económica, se realiza en el sector agrario. Enesta investigación se ha constatado que el 90,8% del volumen
de días trabajados por los eventuales entrevistados durante1987, se realizaba en la agricultura. Recordemos que entre losasalariados agrícolas eventuales entrevistados, sólo un 17%,
generalmente jóvenes, compartía el trabajo de la agriculturacon otro sector, consiguiendo en esos otros sectores el 36,4%del volumen total de trabajo que realizaban, en tanto no con-
seguían introducirse en las redes locales de empleo agrícola.La dificultad para hacer crecer la demanda de FI' en sec-
tores no agrícolas hace que estos sectores constituyan unmercado casi cerrado a los eventuales agrarios, salvo enmomentos coyunturales, como el que se ha dado desde 1988hasta 1991 con el Plan General de Carreteras de 1987 y laconstrucción del recinto de la EXPO del 92 (8), que requie-re de trabajo en la construcción, pero, una vez terminadas las
obras, ^ocurrirá lo que sucedió después de la exposición del
29 ...? ^Con el Mercado Unico que acompaña al 92 y las con-diciones de competitividad requeridas, una vez que las gran-
des obras de infraestructura terminen, no se repetirán losviejos esquemas? Posiblemente las condiciones laborales seendurezcan para estos trabajadores, pues no ha habido polí-
tica de recualificación o de creación de tejido productivocapaz de absorber al menos a los que han participado en lasgrandes obras del evento.
Hemos constatado que, una vez más, se pone de relieve laintención de hacer coincidir paro agrario y paro rural, másallá de lo que la realidad permite. No obstante, aunque el ele-
vado porcentaje de asalariados agrícolas eventuales que existe
(8) Realmente el peso de la demanda de las obras de infraestructurasdel Plan General de Carreteras y las obras del recinto de la EXPO sobreeste colectivo es muy dificil de valorar, pues si se observan las cifras de evo-lución de la EPA hasta 1989, no se percibe una disminución significativadel paro desde 1987, año en el que empieza la teóricamente demanda.
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aún en muchos pueblos de Andalucía y las características
socioeconómicas de los mismos no sea muy representativo delo que se considera una región «desarrollada», el ignorarlo 0encubrirlo no ayuda a solventar los problemas, ni a inducir alcambio. Los asalariados agrícolas seguirán existiendo mientrasno se actúe seriamente sobre las estructuras productivas,teniendo como objetivo prioritario mejorar las características
socioestructurales de la población activa que actualmente exis-te en el sector y no parece que la PAC vaya en esa dirección.
Redundando en la filosofía de hacer coincidir paro agrí-cola y paro rural, se concibe el Plan de Empleo Rural en1984 (9), en el que el gobierno socialista estableció un nuevo
sistema de prestaciones tendente a corregir la «negativa inci-dencia» del EC en el MT y su carácter de «fondo de ordenpúblico». Este nuevo sistema se aplica en Andalucía y Extre-madura a los trabajadores asalariados agrícolas afiliados alRégimen Especial Agrario de Seguridad Social y con rentas
inferiores al SMI.El nuevo programa se basaba en tres pilares:
- Un subsidio de desempleo equivalente al 75% del SMI,percibido durante 180 días al año, para los trabajado-res que hayan cotizado al REAS un mínimo de 60 jor-
nales reales durante el año anterior.
- Un Plan de Obras para dar Empleo Rural (PER), queconsiste en un intento de canalizar las inversiones pre-vistas por los distintos organismos oficiales anualmente
en las zonas rurales, de forma que se beneficien los tra-bajadores con más dificultad para conseguir el númerode jornadas suficientes para acceder al subsidio.
- Un plan de Formación Ocupacional Rural (FOR),mediante el que se pretendía contrarrestar los efectosnegativos del sistema anterior, actuando sobre la cuali-
ficación de la FT.
(9) Real Decreto 2.337/1983 de 23 de diciembre (BOE, 31 dediciembre).
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Sin embargo, consideramos que este planteamiento del
desempleo agrario, de entrada, tiene una serie de inconvenientes:
- En primer lugar se reconoce por decreto la «especifici-dad» del paro agrario en el sur: estacionalidad y paro con-secuente de las altas tasas de salarización de la agricultura
y se establece un sistema de cobertura del mismo discrimi-natorio respecto al que tienen el resto de los trabajadores.
- La gestión de este Plan la realiza directamente la
Administración, con lo que se resta protagonismo a lossindicatos, a los que, al quitarles el foro de encuentroque suponía el EC, única empresa en la que todos los
obreros tenían cierta estabilidad, se les quita la posibili-dad de tener un lugar en el que coincidan los trabaja-dores para plantear estrategias colectivas. Con elloaumenta la desmovilización, que, a su vez, es alimenta-da por la dependencia que se suscita de los empresa-rios, que son los que deberán certificar la pertenenciaal sector, trastocando peligrosamente los rasgos tradi-cionales de clase. Muchas veces con el actual sistema es
necesario que el trabajador se alíe con el empresariofrente a la Administración para conseguir la coberturadel paro o la cobertura social por enfermedad.
- La dependencia directa de la Administración acentúa la res-ponsabilidad de la cobertura del paro sobre la misma, endetrimento de los empresarios, a los que se les subvencionauna FT disponible y se les da posibilidad de aumentar supoder dentro del sistema, como se verá posteriormente.
S.1.2.1. EZ Subsidio de Desem1ileo
Del total los beneficiarios de éste sistema, 251.943 comomedia anual, han correspondido a Andalucía el 84,9% en1987. Esta cifra se ha incrementado en 1990, hasta 294,7 mil,correspondiendo el 87,4% a Andalucía.
Resulta bastante significativo la evolución absoluta y rela-tiva de benficiarios y la distribución de los mismos en las pro-vincias andaluzas:
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Varias son las observaciones que podemos ir haciendorespecto a esta tabla:
- Una vez más, resulta sumamente difícil llegar a cono-
cer la cifra de cobertura real del subsidio. El problema
de fondo es la dificultad para la estimación del colecti-vo de obreros eventuales que existe realmente (10), o
lo que es lo mismo, tratar de detectar cuantas personas
cobran el subsidio sin ser trabajadores agrarios y cuan-tos de los que podrían tener derecho no lo reciben.
Se dice que desde 1984 las cifras de demandantesse disparan a consecuencia del nuevo sistema de cober-
tura. Ahora bien, hay que plantearse si este aumentoen las cifras se debe únicamente al «fraude», o quizás
responde también a la regularización del trabajo esta-
cional de algunos miembros de las familias de trabaja-dores agrarios, que hasta ahora no interesaba que salie-ra a la luz porque costaba dinero (cuotas a la Seguri-
dad Social, «el sello») y no se obtenían ventajas percep-tibles. Con la implantación del subsidio, en muchoscasos el alta en el sistema de protección empieza a ser
rentable e, incluso, es un factor de «animación» parabuscar trabajo. Las entrevistas realizadas apuntan en
esta última dirección, de ahí que las tasas de actividadencontradas sean superiores a las que se ofrecen ofi-
cialmente, aunque también hemos detectado que sehan adscrito como trabajadores eventuales agrícolas,
personas que no trabajan en este sector, y otros, que
aún trabajando, al no lograr el volumen necesario dejornales, recurren a prácticas de intercambio o comprade aquéllos.
- Se constata que la población subsidiada ha ido crecien-do progresivamente en Andalucía de 1983 a 1990, con
la salvedad del año 1985, en el que por primera vez se
(10) Ver capítulo 1.
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ponen en marcha los criterios selectivos respecto al
número de jornales necesarios para cobrar subsidio,pues en 1984 tuvieron la posibilidad de acceso al
mismo todo el que, teniendo cartilla agrícola, trabaja-ba en el Empleo Comunitario. Curiosamente, si se
relacionan las cifras de paro agrario dadas por la EPA
con el volumen de subsidiados, en todos los años anali-zados la cifra de los que participaban en el Empleocomunitario y los subsidiados, superan las cifra de paro
de la EPA, salvo en 1985, año en el que la cifra de para-dos que ofrece la EPA es algo superior al número de
subsidiados. Podría pensarse que ese año ha sido cuan-do quizás ha estado más ajustado el volumen real de
trabajadores eventuales o parados que realmente tra-bajaban en el campo, es decir, que realmente tenían
cabida en el volumen de trabajo disponible, pues aúnno se había pervertido el modelo. Quedaron fuera losque realmente eran parados totales o habían trabajadomenos de 20 días por tener más diiicultades en la
inserción, fundamentalmente los más jóvenes y las
mujeres. En un comunicado del sindicato CC.00. dela provicia de Cádiz sobre la valoración del sistema de
subsidio se dice: «El subsidio ha su^iuesto en 1985, la
ex^iulsión del mismo de 1.149 trabajadores en la ^»-ovincia,
^iérdida de 80.000 ptas. anuales a 10.000 beneficiarios (en
junio habían agotado cerca de 10.000 el subsidio), distorsión
en el mercado de trabajo (compra de jornadas, trabajo por
debajo del salario de convenio y a cuenta de jornada, etc.)
división de los trabajadores, pérdidas de afiliación en algunos
lugares y disminución de la capacidad movilizadora del sindi-
cato» (11).A1 relacionar el volumen de trabajadores del
Empleo Comunitario en 1983 con los subsidiados en
(11) CC.00. de Cádiz «Subsidio de desempleo, Plan de empleorural y forrnación». 1986.
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1990 observamos que prácticamente se duplican
(1,96%). Ahora bien, el ritmo de crecimiento en la
población agraria subsidiada es particularmente espec-
tacular en Huelva en la que se cuadruplica y en Alme-
ría, donde llega a triplicarse. Sintomáticamente en
ambas provincias abunda el régimen de agriculturaintensiva de pequeña propiedad.
- Resaltamos que la mayor parte de los beneficiarios del
subsidio están en Andalucía Occidental, siendo Grana-da, de entre las provincias orientales, la que alcanza lascifras más altas, lo que en principio no es muy lógico,
ya que en esta provincia predomina la pequeña propie-
dad frente a la gran propiedad con asalariados.
Huelva, Sevilla y Córdoba son las provincias que
han tenido los mayores incrementos de beneficiariosen números absolutos, mientras que en Cádiz, Jaén y
Málaga crece menos el porcentaje respecto a los que seocupaban en el anterior sistema de EC. Posiblemente
esto sea debido al carácter más homogenizador del
subsidio respecto al EC, el cual se distribuía según la
presión obrera. Actualmente el nuevo sistema se basa
no tanto en el paro real o la presión obrera, como enla posibilidad de acceso ál trabajo o al empleador. Así
pues, como dicen algunos entrevistados, este sistema
discrimina a los que tienen una posición más débil enel MT, favoreciendo a los que trabajan, a los hijos de
los pequeños agricultores y, sobre todo, a los más pró-ximos a los empleadores.
- Debido a que el derecho a la prestación se establecetras la acreditación de uno o varios empresarios de que
el trabajador realmente ha efectuado los jornales
correspondientes, el sistema otorga a los teóricos
empleadores, agricultores, propietarios de tierras,
encargados e incluso a los gestores de tierras públicas
(ayuntamientos, fincas experimentales, ... etc.), no sólo
el poder de distribuir a su antojo el trabajo que sirve
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para obtener la prestación, sino también el poder de
otorgar quién es o no beneficiario de la misma. Así, los
que tienen mejores vínculos con los empleadores serán
los más beneficiados. Esto ha dado lugar a que perso-
nas próximas a ellos, aún no siendo trabajadores agrí-
colas, estén cobrando el subsidio con la mayor impuni-
dad, pues por estar mejor posicionados tienen toda la
documentación «en regla» y normalmente cobrarán el
subsidio sin problemas (12). En cambio, aquellas per-
sonas que tienen más dificultad para encontrar traba-
jo, los que tienen menos formación y más problemas
con «los papeles», los hijos jóvenes de los trabajadores
agrícolas, las mujeres de los obreros, que realmente
son trabajadores en el campo, tienen más difícil el
obtener el subsidio. Si no pueden lograr trabajar el
número de días necesarios, tienen que «pedir un
favor» al empleador, que consiste en muchos casos en
dar trabajo al marido y firmarle la cartilla a la señora, o
bien hacer alguna hora de más, o pagar al empresario
(la prensa ha denunciado redes de compra-venta de
jornales), o incluso, en caso de que exista una empresa
agrícola municipal, puede ser necesario comulgar con
la ideología del ayuntamiento, utilizándose de este
modo la firma de peonadas como vínculo de clientela.
En contra de la creencia generalizada de que todos los
trabajadores agrícolas cobran subsidio, las entrevistas realiza-
das han puesto de manifiesto, que hay personas que pudien-
do percibirlo, ya que trabajan un número de días suficientes,
no lo cobran debido a que la familia no puede pagar regular-
mente «los sellos» o a la dificultad de conseguir la firma del
empresario. Se pone también en evidencia, en este estudio,
que el número de miembros de familias obreras que cobran
(12) Hemos podido conocer el caso de estudiantes universitariosque cobran el subsidio agrario.
441
el subsidio fraudulentamente, en realidad no es tan elevado
como se piensa. Son personas de fuera del colectivo, vincula-das a los empleadores, las que con toda impunidad se hanestado beneficiando fraudulentamente.
En los municipios estudiados, se ha podido llegar a lassiguientes estimaciones:
TABLA 5.2.
Municijiio
N. ° medio detrabajadoressubsidiadosen 1987 (*)
N. ° medio detrabajadores fiorcuenta ajena del
RF.ASS 1987 (**)
N. ° medio detrabajadoreseventuales
estimados (^**)
Cazalla ............... 758 1.100 600Lora ................... 4.158 5.714 4.800Carmona ........... 2.604 3.606 2.800Coronil .............. 731 1.254 750Baena ................. 1.268 2.456 2.700Lebrija ............... 2.622 5.240 4.000Almonte ............ 1.775 2.278 2.000Sanlúcar ............ 4.030 5.312 4.000
Total .................. 17.946 26.960 21.650
(*) Fuente:INEM.(**) Fuente: Cámaza Agraria Local.(***) Se han estimado contrastando las distintas fuentes disponibles con las
entrevistas realizadas.
Se observa que las cifras correspondientes a los afiliadosal REt1SS normalmente supera a las de los trabajadores even-tuales estimados (en el total la diferencia es de un 20%). Ello
es debido, en parte, a los trabajadores fijos que no se distin-guen en esta fuente, y, de otra parte, a la afiliación de otrostrabajadores que no son realmente agrícolas.
En los municipios de la muestra, con las limitacionesmetodológicas ya señaladas, hemos podido constatar que, en
conjunto, al menos un 18% de los trabajadores eventualesestimados no cobra el subsidio, ni siquiera parcialmente.
442
Cuando la diferencia es positiva entre el número medio de
subsidiados y el número medio de trabajadores estimado, no
se debe sólo al fraude de los eventuales, ya que ni están todos
los que son, ni son todos los que están. Es en las zonas de
pequeña propiedad donde se da con más frecuencia el inter-
cambio de jornales, a diferencia de las de gran propiedad, en
las que es más frecuente la compra o el traspaso de jornales
entre familiares a cambio de una mayor cuota de clientelis-
mo hacia el empleador.
Otra cuestión importante que hemos de tener en cuenta,
que ha favorecido la perversión del sistema, es que la posibili-
dad de cobrar el subsidio, ha propiciado el que se den acuer-
dos entre trabajadores fijos y empresarios, por los que el tra-
bajador pasa a ser administrativamente trabajador eventual
aunque trabaje durante todo el año y el empresario se ahorra
las cuotas del personal fijo de la Seguridad Social, que pasa a
cubrirlas el trabajador en lo que se refiere al volumen de días
certificados por el empresario. Esto ha acelerado el proceso
de disminución de trabajadores fijos, sobre todo debido a que
los sindicatos no han puesto mucho énfasis en mantener la
capacidad adquisitiva de los los mismos, siendo sensiblemente
más bajo el salario del trabajador fijo que el eventual. No obs-
tante, en la mayor parte de los casos el acuerdo entre fijo y
empresario supone el mantenimiento del salario que le
correspondería como fijo, el plus viene dado por el subsidio.
Según fuentes sindicales, se ha tenido constancia a través
de los expedientes laborales de que unos 178.000 trabajado-
res han dejado de ser fijos en la agricultura en la década de
los ochenta, aunque esto no signifique que todos ellos sigan
trabajando como eventuales durante todo el año.
Por tanto, el subsidio ha aumentado la estacionalidad,
porque, aunque en algunos casos el trabajador mantiene el
mismo volumen de trabajo al año, renuncia a sus derechos
adquiridos legalmente y depende totalmente del empresario,
que será, en última instancia, quien tenga la última palabra
sobre la estabilidad del trabajo o la certificación de jornales.
443
La muestra estudiada de 424 trabajadores/as agrícolas
eventuales, puede suponer un modo de acercamiento cuali-tativo mucho más adecuado a la realidad que las cifras globa-
les. En las citadas entrevistas se han podido obtener los resul-
tados que se reflejan en la tabla 5.3.
A partir de las cifras que ofrece la tabla 5.3 se puedenhacer varias observaciones:
- Parece que el nivel de fraude existente detectado entre
los que realmente son trabajadores agrícolas es menor
de lo que se viene diciendo. Sólo en 15 de 424 casos hancobrado el subsidio sin haber trabajado al menos 20 días.
- Hay un 14% de trabajadores que pudiendo cobrar elsubsidio por haber trabajado más de 20 días no son
perceptores y un 9% que pudiendo cobrar 180 días, nocobran nada. Hay que señalar, sin embargo, que la
declaración oficial de jornadas trabajadas por lo gene-
ral está bastante sesgada, es casi normativo no declarar
más de 10 jornales al mes. Esto ha dado lugar a sancio-nes, en algunos casos, porque el empresario ha decla-
TABLA 5.3.
PERCEPCION DEL SUBSIDIO Y DIAS TRABAJADOS SEGUN SEXO
Hombres Mujeres TotalTrabajadores
N %N N %N N %N
Preceptores del subsidio .. 241 86 107 74 348 82Perceptores del subsidio y
trabajan < 20 días/año .. 2 1 13 9 15 4No perceptores del subs.
ni pensión y trabajan>= 20 días/año ..... ...... 34 12 24 17 58 14
No perceptores del subs.ni pensión y trabajan>= 60 días/año ........... 25 9 13 9 38 9
Total ................................. 280 100 144 100 424 100
Fuente: Entrevistas personales. Año 1987. Elaboración propia.
444
rado el total de días trabajados por el obrero y no hacoincidido con los declarados por aquél.
- Entre las mujeres es más frecuente «el fraude» que
entre los hombres, pero también existe un mayor por-
centaje de trabajadoras que trabajando más de 20 días
al año, que podrían tener el número proporcional de
días de subsidio, no los reclaman, siendo equivalente
al de los hombres el porcentaje de las que, habiendo
trabajado 60 días, no acceden a ningún subsidio.
- Parece evidente que el mayor nivel de discriminación
que sufre la mujer en el trabajo, la hace susceptible de
ser utilizada por la familia, cuando la necesidad de
aumentar unas rentas familiares exiguas lo reclama,
para ello se utiliza cualquier recurso. Es importante
reseñar como en estos casos la moral del trabajo agrí-
cola es más «permisiva» con la mujer que con el hom-
bre, debido a la cultura masculina dominante.
Pero a pesar de ello existe una contradicción que se basa
en que, por una parte se acepta el trabajo de la mujer sólo en
caso de necesidad, cuando no entra en competencia con el
hombre. Pero si la misma necesidad exige de un aporte de
renta que no se puede conseguir mediante el trabajo, porque
éste falta o porque las condiciones particulares de la familia
lo impiden (hijos pequeños, embarazo ...), será entonces el
hombre quien en muchos casos hará además de intermedia-
rio para conseguir esa renta que falta. Para ello utilizará una
gran diversidad de fórmulas (intercambio de trabajo, horas
extras, compra de jornales firmados, ...), pero a nivel admi-
nistrativo, la responsable del «fraude» será de la mujer, cuan-
do su papel, en realidad, es subsidiario. Por tanto, antes que
distribuir el trabajo por cuenta ajena entre la familia, se hace
una división del trabajo que reproduce los esquemas domi-
nantes, siendo una vez más la mujer la más perjudicada.
Se reafirma la posición de dependencia de la mujer no
sólo respecto al trabajo, sino también respecto a las prestacio-
445
1
nes. Se considera «mejor» que la mujer reciba los jornales
negociados por el esposo o por ella misma, a que éste reparta
realmente esos mismos jornales y le dé la posibilidad de tra-
bajar a la mujer. Se ponen en evidencia aquí dos niveles de
dependencia: el de la mujer respecto de los miembros mas-
culinos de la familia y el de los hombres y del conjunto de la
familia respecto de los empleadores.
De una u otra forma, en la familia obrera lo frecuente es
que se obtengan uno o dos subsidios (1,6 subsidiados por
familia entre las entrevistadas), aunque hemos encontrado un
6% de familias en las que, trabajando al menos uno de sus
miembros en el campo eventualmente, ninguno cobraba sub-
sidio en 1987. Estas últimas familias residían fundamentalmen-
te en zonas de pequeña propiedad o en municipios en los que
el trabajo no es demasiado escaso (Almonte, Baena ...)
Independientemente de todas las desventajas que el subsi-
dio representa, hay un hecho incuestionable, y es que ésta es
la única renta más o menos «estable» y regular que ha tenido
el trabajador eventual agrícola a lo largo de la historia.
El peso simbólico que tiene para un trabajador, que se
define por la eventualidad, esta renta, a pesar de su exigĉ i-
dad en términos absolutos, le lleva a valorarla de forma ambi-
valente. Reconoce su subordinación y verbalmente se revela
contra ella, pero dice no poder subsistir sin otra alternativa.
El miedo que le produce la inseguridad anterior le lleva, por
otra parte, a un alto grado de dependencia clientelar hacia
los que mantienen políticamente este sistema, que tratan de
reproducir mediante el voto (13).
(13) «Los vecinos de los pueblos investigados por el fraude al Plande Empleo Rural se han volcado en apoyo de los alcaldes que les hanfirmado peonadas falsas. Los alcaldes socialistas malagueños de estosmunicipios han vuelto a salir elegidos por mayoría absoluta. Otro tantoocurre en la provincia de Granada, donde se detectaron los primerosindicios de fraude. IU-CA pierde Padul, cuyo alcalde se negó a conti-nuar esta práctica». En Análisis de las elecciones andaluzas 2frM. DiarioABC de Sevilla. 28-5-91.
446
Un ejemplo representativo de lo que significa el subsidio
para toda la sociedad rural, se_ puede obtener al analizar lo
ocurrido en las elecciones autonómicas de 1990: la derecha
no tenía reparos en defender un subsidio, que teóricamente
beneficia sólo a los trabajadores, sino que incluso prometía,
durante la campaña electoral, un subsidio más alto y con
«menos papeleo». Nunca la paz social y el voto de los trabaja-
dores agrícolas estuvo más garantizado con menos esfuerzo y
ventajas para todos: votos para el poder, subvención de FT
disponible y subordinación respecto a los empresarios, nivel
mínimo de renta para los trabajadores pero que posibilita el
consumo y la supervivencia del pequeño comercio local ... El
sistema, en definitiva, presenta «sólo» algunos pequeños
inconvenientes:
- Para los jóvenes, a los que no se les ofrece la posibilidad
de especializarse ni de independizarse, y que deben
estar a merced del enlace para conseguir el empleo.
- Para las mujeres trabajadoras, a las que sus maridos
siguen haciendo de enlaces laborales y piden «un
favor» a los empresarios, o en caso de no tener marido
y sí necesidad, que el «favor» lo hagan ellas.
- Para las organizaciones sindicales, que no tienen posi-
bilidad de encontrar ni siquiera foros para informar,
imponiéndose las necesidades individuales-familiares a
las de clase, desvertebrándose la sociedad rural.
- Para los pueblos de Andalucía, a los que se aboca a la
cultura de «las miserias», teniendo cada vez menosposibilidades de salir de la dependencia y marginación
a que este sistema los condena, al reproducir la preca-
. riedad y el clientelismo, sustentando la estabilidadmediante un mínimo que impide romper del círculo
vicioso de la dependencia. Según decía una entrevista-
da sindicalista, «el ^rroblema de la clase obrera son las mise-
rias ... », que hacen que se pueda seguir viviendo mise-
rablemente.
447
Las figuras que. siguen hacen referencia a la relación
entre el calendario de trabajo anual en cada municipio, con^ la distribución de los días de subsidio de los trabajadores dela comarca en la que se sitúa a efectos del INEM (14) .
Del análisis de estas figuras se desprende que la distri-bución del volumen de subsidiados a lo largo del añotiene forma de campana, caracterizándose por un creci-
miento progresivo en la primera parte del año, que caedespués del verano. Se pone de manifiesto que no existeuna relación directa entre el número de subsidiados y la
estacionalidad del trabajo comarcal. Sólo en los casos deBaena y Almonte, los respectivos períodos de recolecciónde aceituna y fresa, condicionan una distribución en laque tiene relación la falta de trabajo con un aumento delsubsidio.
El número medio de jornales que los trabajadores decla-
ran no se ajusta a la realidad. Dado el bajo nivel de rentasque alcanzan estas familias, el subsidio se considera como underecho. Sólo se «afea», utilizando la terminología de Martí-nez Alier, que aquéllos que trabajan bastante por encima dela media, o bien, tienen tierras (15), cobren el subsidio y ade-
más utilicen un número falso de jornales trabajados paraacceder también a las obras del PER, quitándoles la oportu-nidad a aquéllos que más lo necesitan. También se «afea»
que haya mujeres o jóvenes que cobran el subsidio y lo utili-cen «para comprarse modelitos» o«para porros ...». Los ele-mentos de la cultura obrera adquieren así una ambivalencia
considerable: se repiten los esquemas de dependencia pro-pios del sistema tradicional, pero cambian sus elementos
básicos.
(14) No ha sido posible disponer de una serie homogénea delos días de subsidio de todos los meses y todos los municipios estu-diados.
(15) Para los trabajadores «tener tierra» significa, llevar una super-ficie de cultivo suficiente para que la familia pueda trabajar y vivir deella.
448
FIGURA 5.1
RELACION SUBSIDIO-CALEtiD:^RIO DE TRABAJOCA"LALLA
- Beneficiarios
. Volumende vabajo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MES
F'urnte: INE, y Envevistas personales.Elaboración propia.
FIGURA 5.2
RELACION SUBSIDIO-CALENDARIO DE TRABAJOLORA
- Beneficiarios
Volumen
de vabajo
111111.^11^11 2 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MES
Fuente: INE, y Envevistas personales.Elaboración propia.
449
F7GUJUi 5.3
RELACION SUBSIDIO-C:ALF.NDARIO DE TRABAJOC:^R11<>NA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MES
Fuente: INE, y Entrevistas personales.ElaUoración propia.
- Beneficiarios
Volumende trabajo
FIGURA 5.4
RELACION SUBSIDIO-CAI_.ENDARIO DE TRABAJOCORONII,
^^
1111111^11111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MES
Fuente: INE, y Entre^^stas personales.Elaboración propia.
- Beneficiarios
. Volumende trabajo
450
FIGURA 5S
RELACION SUBSIDIO-CALENDAWO DE TRABAJOBAENA
Fuente: INE, y Entrevistas personales.Elaboración propia.
FIGURA 5.6
RELACION SUBSIDIO-CALENDARIO DE TRABAJOLEBRIJA
1111111111111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I1 12
MES
Furnle: INE, y Entrevistas personales.Elaboración propia.
- Eleneficiarios
Volumende trabajo
451
FIGUfiA 5.7
RELACION SUBSIDIO-CALENDARIO DE TRABAJOAI.MONTE
^11^^^1^^^^1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MES
Fuente: INE, y Entrevistas personales.Elaboración propia.
FICC/RA 5.8
- Beneficiarios
^ Volumende vabajo
RELACION SUBSIDIO-CALENDARIO DE TRABAJOSANI,UCAR
1111111111^1I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MES
Furnte: INE, y Entrevistas personales.Elaboración propia.
- BeneEciarios
. Volumende vabajo
452
5.1.2.2. EZ Plan de Obras y Servicios (PER)
Este Plan está concebido como complemento de la pro-
tección dispensada a los trabajadores desempleados del
medio rural, tiene por objeto promocionar el empleo de
estos trabajadores mediante la afectación al mismo de crédi-
tos destinados a proyectos de inversión de las diferentes
Administraciones, para la realización de obras y servicios de
interés social y colectivo, por trabajadores desempleados de
dicho medio.En realidad consiste en tratar de centralizar bajo esta
denominación las inversiones ordinarias de las distintas
Administraciones en el medio rural, de modo que no consti-
tuyen un fondo especial para generar empleo, sino que se
trata de homogeneizar la normativa que rige sobre la gestión
de estas obras para que se beneficien los parados del medio
rural.
Este es el instrumento utilizado para fomentar el empleo,
separando de este modo lo que es la función asistencial (sub-
sidio) de la de fomento del empleo, las cuales se hallaban
unidas en el anterior sistema de EC. Estas actuaciones que
desde 1984 sólo tenían lugar en los ámbitos de aplicación del
subsidio (Andalucía y Extremadura), a partir de 1987 se han
extendido a las zonas rurales deprimidas de Castilla-La Man-
cha y Castilla León (16) .La normativa que regula el PER se ha mantenido con
muy pocas modificaciones, las más significativas afectan al
porcentaje de trabajadores agrarios desempleados que deben
contratarse cuando las obras se realizan en régimen de con-
tratación: la proporción ha pasado de un 60% en 1984 a un
50% desde 1985. Otra modificación introducida en 1987 se
(16) Convenios de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo ySeguridad Social y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha(20 de mayo de 1987 y 25 de junio de 1988) y la Junta de Casĉlla León(2 de junio de 1987 y 6 de julio de 1988).
453
refiere al tipo de contrato al que se acogen los trabajadores,
que ha variado del contrato específico para una obra o servi-
cio determinado, según el Estatuto de los Trabajadores, a
cualquiera de las modalidades vigentes.
La Comisión de Calificación, Coordinación y Seguimien-
to del PER, en la que se hallan representadas la Administra-
ción y las fuerzas sociales, a partir de 1987 amplía su actua-
ción a través de la afectación de proyectos de inversión finan-
ciados con créditos de la Junta de Andalucía o con cargo al
Fondo de Compensación Interterritorial, así como los corres-
pondientes al INEM, además de los que ya venía realizando,
ejecutándolos las Administraciones Públicas en el ámbito de
las Comunidades interesadas. Por otra parte, las obras reali-
zadas durante 1985 y 1986 tenían la singularidad de estar
afectadas al plan de los proyectos financiados con cargo al
crédito para inversiones destinadas a proyectos generadores
de empleo previstos en el Acuerdo Económico y Social
(AES). En este mismo sentido, también se afectaron en 1989
los créditos correspondientes a los programas cofinanciadospor el Fondo Social Europeo para la contratación, por una dura-
ción mínima de seis meses, de trabajadores de proyectos que
respondan a una necesidad colectiva.
De todos los aspectos del Plan de Empleo Rural, el plan
de obras y servicios que incide en el fomento del empleo es
quizás el que cuenta con mayores adeptos, aunque existen
críticas por parte de los trabajadores, en la mayor parte de
las zonas, porque el trabajo que les llega es escaso ya que
llega, sobre todo, a través de los fondos afectados por el
acuerdo INEM-Corporaciones Locales.
El reparto que se hace del trabajo derivado de estas obras
está muy relacionado con la mayor o menor vinculación al
gobierno local en muchos casos. Por otra parte, el presupues-
to destinado a este fin, según las críticas de algunos sindica-
listas, pasa a engrosar los presupuestos municipales: en
Cádiz, única provincia en la que tenemos constancia de que
se hayan formado Comisiones del INEM para controlar el
454
destino de los fondos afectados por los acuerdos INEM-Cor-poraciones locales, en el período de realización de la inves-tigación, parece que ha habido dos informes en los que sedice que los ayuntamientos desvían el 50% de los fondos,para sufragar necesidades distintas de las planteadas en losproyectos de obra (17). Con anterioridad a esta fecha losfondos los distribuía la Delegación del Gobierno, previapropuesta de los ayuntamientos de sus necesidades, siendoeste Organismo quien «controlaba» también las partidascanalizadas a través de las Administraciones Central y Auto-nómica.
La otra crítica global que se hace al Plan de obras es quela Comisión de Seguimiento y Control no ha empezado areunirse hasta abril de 1988 para distribuir los fondos (18).
La Comisión está formada por el INEM, la Junta de Anda-lucía, el Delegado del Gobierno, todos los organismos inver-sores, dos organizaciones patronales representadas porASAGA y 2 representantes de los sindicatos mayoritarios(UGT y CC.00.). Se reúne cada 45 ó 50 días y decide la dis-tribución de los fondos. El problema que se plantea en laComisión para los representantes de los trabajadores es elprocedimiento seguido. En realidad, las organizaciones sindi-cales solamente pueden pronunciarse con posibilidad deéxito siempre que alcancen el consenso del resto de losrepresentantes, puesto que son totalmente minoritarias en loque se refiere a la distribución de fondos afectados al conve-nio INEM-Corporaciones locales y los del Fondo Social Euro-peo. Los demás fondos vienen ajustados ya desde las distintasAdministraciones y no hay posibilidad de intervenir.
(17) Citado en una entrevista a un responsable sindical. No se hapodido tener acceso a estos informes. En 1991 la prensa ha reseñadodenuncias de los sindicatos sobre estos temas.
(18) En julio de 1987 tuvo lugar el Acuerdo de Concertación Socialfirmado por la UGT-FTT y la Junta de Andalucía, en el mismo se pro-ponía a la Administración Central su integración en la Comisión deCalificación, Coordinación y Seguimiento del PER.
455
Los Presupuestos se distribuyen a los ayuntamientos,según los informantes consultados, siguiendo 3 criterios: un
40% en razón del paro registrado, un 40% según el número
de subsidiados y un 20% por los antecedentes históricos. Enla misma reunión en la que los sindicatos reciben la informa-ción de la preasignación de fondos deben pronunciarsesobre los mismos, así que, en vistas de que no pueden estu-diarlos, en muchos casos se niegan a participar.
A partir de estos cuadros podemos observar cómo ha cam-biado considerablemente la importancia de la asignación de
fondos a los organismos a través de los que se han llevado acabo las inversiones: las estatales han pasado de ser casi las
CUADRO 5.1.
EVOLUCION DE LAS INVERSIONES AFECTADAS AL PEREN ANDALUCIA ( 1984-1987)
Cifras absolutas (millones de ptas.)
1984 1985 1986 1987 1988
- Inversiones del Estado .. 26.521 14.042 11.676 11.930 15.653- InversionesJuntaAndal. 6.161 9.298 23.125 27.857 31.470- Convenios INEM ......... 2.200 10.132 11.102 11.954 11.527- Otras inversiones (*) .. - - 8.838 6.841 9.831
Total ................................ 34.883 33.472 54.741 58.582 68.481
Distribucíón ^orcentual
1984 1985 1986 1987 1988
- Inversiones del Estado .. 76,0 41,9 21,3 20,4 22,9- InversionesJuntaAndal. 17,7 27,8 42,2 47,6 46,0- Convenios INEM ......... 6,3 30,3 20,3 20,4 16,8- Otras inversiones (*) .. - - 16,2 11,6 14,3
Total ................................ 100 100 100 100 100
(*) Se trata de inversiones afectadas al PER a realizar por las Administracio-nes públicas y cuyo presupuesto no viene cuantificado en el Real Decreto que loregula.
Fuente: Coyuntura Laboral, n.4 30, Dic. 1989, p. 1^, Ministerio de Trabajo ySeguridad Social.
456
tres cuartas partes del total, a sólo algo más de una quintaparte, cediendo el protagonismo a las inversiones de la Comu-nidad Autónoma, que fueron canalizadas fundamentalmente
a través del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, la Agenciadel Medio Ambiente y la Consejería de Obras Públicas.
El crecimiento mayor de la inversión interanual tuvo lugaren 1986, quizás para paliar los efectos derivados de la exclu-
sión de muchos trabajadores del censo de subsidiados, quesucedió tras la aplicación en 1984 de la normativa con carác-ter contributivo de 60 jornales, que fue imposible de cumplirpara muchos trabajadores. Esta es quizás una de las razonesque explicarían el que sea precisamente a partir del decretoque regulaba el subsidio para 1985, que se rebajara el número
mínimo de jornales necesarios para tener acceso a la presta-ción del subsidio, (recuérdese que en esa fecha se establecióun mínimo de 10 jornales (19) para acceder a la prestación,cifra que se mantendría hasta 1987, año en el que entra envigor una nueva regulación que aumenta el mínimo de jorna-
les a 20); el bajo número de jornales requeridos quizás hizopensar a los legisladores que se necesitaría menos inversiónpara que los trabajadores lograran los jornales necesariospara el subsidio en el mercado de trabajo privado.
Desde 1984 a 1988 la inversión bruta para el PER ha creci-do un 96,3% en Andalucía, pero si se descuenta la tasa de
inflación, convirtiendo estas cifras en pesetas constantes, seobtiene que la inversión real ha crecido un 55,9%, en tantoque el paro lo ha hecho en un 16,5% según la EPA, y los sub-sidiados han aumentado un 55,9%. Estos incrementos, desubsidiados e inversiones en el PER, parecen excesivamente
ajustadas como para ser una resultante real, ya que no es posi-ble preveer, con tal exactitud, el incremento de beneficiariospara mantener constante la cifra de inversiones. Todo elloinvita a considerar estos grandes números con prudencia.
(19) Real Decreto 2.298/84, de 26 de diciembre (BOE de 29 dediciembre), por el que se modifica la regulación del subsidio de desem-pleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el REASS.
457
CUADRO 5.2.
EVOLUCION DE LAS INVERSIONES AFECTADAS AL PEREN ANDALUCIA ( 1984-1987)
(En pesetas constantes de 1984) (**)
Cifras ¢bsolutas (millones de ptas.)
1984 1985 1986 1987 1988
- Inversiones del Estado .. 26.521 13.050 10.287 9.950 12.433- Inversiones Junta Andal. 6.161 8.641 20.374 23.234 24.996- Convenios INEM ......... 2.200 9.416 9.781 9.970 9.156- Otras inversiones (*) .. - - 7.787 5.706 7.809
Total ................................ 34.883 31.108 48.230 48.860 54.393
Evolución porcentual (año 1984 =100)
1984 1985 1986 1987 1988
- Inversiones del Estado .. 100 49,2 38,8 37,5 46,9- InversionesJuntaAndal. 100 140,3 370,7 377,1 405,7- Convenios INEM ......... 100 428,0 446,6 453,2 416,2- Otras (1986 =100) (*) .. - - 100 71,6 88,3
Total .........................:...... 100 89,2 138,3 140,1 155,9
(*) Se trata de inversiones afectadas al PER a realizar por las Administracio-nes públicas y cuyo presupuesto no viene cuantificado en el Real Decreto que loregula.
(**) Según el índice de precios, deflactor implícito, actualizado a 1984.Apéndice estadístico del informe anual 1988 del Banco de España.
Fuente: Coyuntura Laboral, n.4 30, Dic. 1989, p. 17, Ministerio de Trabajo ySeguridad Social.
Elaboración propia.
El gran problema que existe para tratar de analizar hasta
qué punto los asalariados eventuales agrícolas se beneficiande las inversiones del Plan de obras y servicios, es que nocontamos con datos para Andalucía que permitan identificar
los colectivos profesionales que intervienen en las mismas.No hay que olvidar que en este Plan puede intervenir cual-quier parado de las zonas rurales.
De las entrevistas realizadas se deduce que, con indepen-dencia del IARA y la AMA, organismos autonómicos que uti-
458
lizan mano de obra agrícola en las fincas y montes públicos,
son fundamentalmente los fondos derivados de los Convenios
INEM-Corporaciones Locales los que llegan a los asalariados
agrícolas eventuales, aunque existe la queja generalizada de
que los albañiles son los que más se benefician del PER.
Las entrevistas realizadas han permitido hacer un acerca-
miento más cualitativo que cuantitativo de cómo afecta el
plan de obras y servicios a los asalariados eventuales agríco-
las, destinatarios prioritarios del mismo, puesto que pretende
servir de base para completar el número de jornales necesa-
rio para acceder al subsidio de desempleo. Las entrevistas
también nos ayudan a hacer un acercamiento a las actitudes
y opiniones que se derivan de su aplicación a nivel local.
Salvo en el caso de El Coronil, donde todos coinciden en
que la transparencia es absoluta, las quejas de los trabajado-
res respecto a la gestión de PER son bastante frecuentes. La
transparencia de la que hace gala este municipio se basa, por
una parte, en que los fondos se han destinados a mejorar la
infraestuctura del municipio y hacer viviendas. Por otra, el
mecanismo de información que se utiliza consiste en expo-
ner las listas de trabajadores por riguroso orden alfabético en
báres y locales públicos del municipio, dando un período de
15 días de carencia si en el momento del turno el interesado
se encuentra trabajando. En la fecha en la que se desarrolla-
ba el trabajo de campo para esta investigación, aún eran
pocas las mujeres que se inscribían como demandantes, pues
habían empezado a participar desde 1986 aproximadamente.
A pesar de ello, los trabajadores opinaban en general: «está
bien pero habrza que cambiar el sistema. Catorce días al año no solu-
cionan nada», «aquí se organiza muy bien pero lo que tienen que
hacer es quitar el PER y el subsidio y dar trabajo», «está muy bien, es
una ayudita y se hacen casas. Pero antes en el comunitario nos veía-
mos ..., ahora sólo nos vemos una vez al año».
El problema principal es que las inversiones son poco efi-
cientes social y económicamente, pues dada la baja cualifica-
ción de la mayor parte de los obreros y el carácter público de
459
las obras, aumentan mucho los costes. Por otra parte, la dis-
tribución de 14 días de trabajo anuales solucionan poco el
otro pilar argumental del PER, es decir, la cualificación. No
es posible que en tan corto período de tiempo se aumente la
cualificación de los eventuales agrícolas o se promocione la
movilidad o la reconversión sectorial.
En los demás municipios estudiados en la muestra, existe
un descontento general de la gestión del PER. Se dice, unavez más, que «son pocos los días que dan», que en muchosmunicipios no llega a dar siquiera 15 días al año a todos los
inscritos como demandantes, que existe clientelismo en ladistribución, que se propicia el fraude («no le toca a los que
más lo necesitan, hay muchos que no declaran peonás y se a^iuntan
al PER ..., se fomenta la trampa»), otros se quejan de la falta de
homologación de la normativa por la que se rige ..., pero casi
todos están de ácuerdo en que supone «una ayuda» y que es
preferible el sistema de fomento de trabajo al de dar sólo
subsidios, por lo que muchos piensan que éste podría ser un
buen sistema, siempre que estuviera mejor organizado yfuera más estable.
La moral del trabajo presente en el colectivo hace que se
valore positivamente el ganarse el salario a cambio del esfuer-
zo, de este modo se sienten menos discriminados y más satis-
fechos, siempre y cuando el tipo de faena que realizan tenga
una utilidad y se rijá mediante un tipo de organización equi-
parable a las realizadas en el mercado libre de trabajo, en
cuanto a rendimientos y remuneración. Así, observamos que
los trabajadores están más satisfechos de trabajar, por ejem-
plo, en una finca forestal que se rige por el convenio vigente
con un capataz que conoce su trabajo, que estar engrosando
el grupo de albañiles que arreglan el pavimento de las calles,
situación que asimilan al anterior empleo comunitario, y
que, salvo en el caso de que los capataces de «las contratas»
que se realicen sean muy profesionales, se trabaja con el sen-
timiento de estar acogido en cierto modo a la beneficiencia
que le proporciona «una ayudita». Es importante en este sen-
460
tido que los períodos de contratación sean suficientemente
largos para sentirse implicado en la organización del trabajo
y que el trabajador tenga una actitud receptiva hacia el traba-
jo que realiza, lo que favorece, en la medida de lo posible, la
adquisición de destreza en determinadas faenas.
El número medio de días trabajados en el PER por muni-
cipio depende de la organización del mismo que se decida
en el ayuntamiento. Al inscribirse, en unos casos se toma
nota de la cualificación, en otros no. Se organiza, en unos
municipios, teniendo presente la prioridad de dar trabajo a
los que más lo necesitan, ya sea según cargas económicas y
renta obtenida, como Lebrija, ya sea según el número de jor-
nales trabajados el año anterior como Cazalla, por orden
alfabético como Lora o Carmona, llamando según una lista
de obreros cualificados y dando prioridad a éstos para conse-
guir buen resultado en las obras, asignando cuotas, como
Baena, en donde un 25% de los jornales se destinan a perso-
nas con problemas de marginación social, un 15% para jóve-
nes, un 10% se reserva el Ayuntamiento sin pasar por la
Comisión local que lo regula, para fines «sociales» y el resto,
un 50% se distribuye por orden alfabético según cargas fami-
liares.Las mujeres han sido una vez más discriminadas en el
reparto. En todos los casos se da prioridad a los hombres,
pero depende de la idiosincracia del lugar el que las muje-
res participen o no. Por ejemplo, en Lora las mujeres parti-
cipan, en cambio en Carmona fue necesario que las mujeres
se decidieran a recoger 500 firmas para poder acceder al
PER. En Cazalla sólo trabajaron algunas mujeres el año
1986, durante 1987 ninguna lo hizo. El tipo de trabajo que
se asigna a las mujeres normalmente es de servicios de lim-
pieza, encalado, pintura ... «propios de su género». Sólo
tenemos constancia de que las mujeres trabajen a la vez que
los hombres en la construcción u cualquier otro tipo de fae-
nas, en El Coronil de entre los municipios estudiados duran-
te 1987.
461
TABLA 5.4.
VOLUMEN DE TRABAJO TEORICO Y REAL REALIZADO EN EL PERYPROPORCION DE TRABAJADORES QUE PARTICIPANEN EL MISMO, SEGUN LAS ENTREVISTAS REALIZADAS
MunicipioN. ° de días
teóricosde PER (*)
Trabajadoresgue áacen
PER (**) (%)
Promedio de díastrabajados por los
4^ particzpanen PER
Cazalla ............... 30 39,6 31Lora ................... 15 31,4 15Carmona ........... 15 15,7 • 13Coronil .............. 14 79,2 14Baena ................. 30 9,6 46Lebrija ............... 30 27,5 36Almonte ............ - - -Sanlúcar 30 0,0 (***) -
Total .................. 27,6 21
(*) EI número de días teóricos se refiere al volumen de días de trabajo quelos ayuntamientos dicen que duran los contratos para trabajadores del REASS.
(**) Se refiere al porcentaje de trabajadores eventuales agrícolas entrevistadosque han participado durante el año 1987 en el PER, incluyendo hombres y mujeres.
(***) En 1987 se invirtieron en Sanlúcar 157.528.825 ptas., participazon enel mismo 3 encazgados, 41 oficiales de l.a, 29 oficiales de 2.^, 29 peones de larama general y sólo 53 obreros agrícolas, según los datos facilitados por el Ayun-tamiento de la localidad «PER 1987».
La mayor duración de los contratos está relacionada conla prioridad que los distintos ayuntamientos dan al reparto,
lo que a su vez se relaciona directamente con la proporción
de obreros que participan en las obras. Aunque también es
importante la proporción de obreros que existe en el munici-pio. Entre los municipios estudiados los extremos se dan
entre Sanlúcar y Almonte, en los que no se han encontrado
dentro de la muestra estudiada obreros que hayan participa-
do en el PER y El Coronil o Cazalla con la mayor proporción
de participantes. En el caso de El Coronil, como ya hemos
apuntado, se da prioridad al reparto antes que a otra cues-
tión y en el caso de Cazalla hay que resaltar el hecho de que
462
existan en el término dos grandes explotaciones forestales
públicas que proporcionan un número importante de jorna-
les canalizados a través del PER.El volumen medio de días trabajados por los entrevista-
dos que han participado en el PER, puede indicar, sin embar-
go, el grado de clientelismo que puede existir, al relacionarlo
con el número de jornales teóricos. Se refleja que es en
Baena donde se alcanza el mayor volumen medio de días tra-
bajados en el PER, lo que confirma las opiniones expresadas
por los entrevistados sobre el personalismo existente en la
asignación del trabajo. Le siguen en importancia Lebrija y
Cazalla. Carmona es el único municipio, de los estudiados,
en el que el número medio de días trabajados en el PER está
por debajo de lo que se declara oficialmente.
Estas disparidades respecto a la aplicación de la normati-
va del PER han dado lugar a conflictos locales que se mani-
fiestan mediante concentraciones de los obreros para pedir
más fondos para el PER, como en Sanlúcar, o bien a través de
denuncias a magistratura, como en el caso de Lora en
donde, al no disponer de fondos suficientes del PER, el
Ayuntamiento asentaba en el libro de matrícula de una
explotación municipal las 15 jornadas teóricas que le corres-
pondían de PER; a los que no habían entrado en las «listas»
para trabajar ese año, para que pudieran cobrar el subsidio,
debiendo pagar el trabajador los gastos derivados de la Segu-
ridad Social, sin haber trabajado.En otros municipios, como en El Coronil, el SOC pide a
los empresarios los jornales que necesita el trabajador para
cobrar el subsidio, en caso de que sea insuficiente el trabajo
en el PER, para evitar el vínculo de clientela personal del tra-
bajador al empresario, asumiéndolo como clase, diciendo
que «si el Gobierno impone un sistema que incita al fraude, es su
responsabilidad controlarlo, lo que no se puede consentir es que ade-
mcís desmovilice mediante el clientelismo». Otros conflictos se han
suscitado también en Lebrija, donde se recogieron 600 fir-
mas para lograr que participaran en el PER todos los que
463
tenían cartilla agrícola y no sólo los que tenían cargas fami-
liares y para que se controlara el dinero existente ... En defi-
nitiva no parece fácil homologar criterios. Los ayuntamientos
deben administrar recursos escasos y deben hacerlo con la
suficiente habilidad para que no les reste popularidad, así
que en muchos casos en aras de la rentabilidad política no se
hace la selección que impone el decreto (según la necesidad
de jornales), sobre todo en municipios pequeños, ya que los
gestores dicen que «echar a alguien del PER significa indis-
ponerse con toda la familia».
El gran problema está en que estas medidas del PER no
solucionan gran cosa, en realidad no ha habido organismos
que fueran auténticamente inversores. Lo que se ha hecho,
como hemos señalado, es adscribir al PER las necesidades
existentes, sin hacer un esfuerzo por crear realmente
empleo (20). Sería mucho más práctico una actuación sobre
el control del mercado de trabajo en la que se plantease la
descualificación y el paro como problemas básicos que hay
que resolver dentro de una política de desarrollo participa-
tiva, local o comarcal, según los casos, en los que se tengan
en cuenta la estructura socioeconómicas que realmenteexiste.
(20) Los problemas de costes de materiales que suponían para losayuntamientos las obras acogidas a los convenios INEM-CorporacionesLocales, se han tratado se subsanar mediante un acuerdo entre la Juntade Andalucía y las Diputaciones provinciales que transfieren a lasComunidades locales una subvención de los materiales necesarios parala realización de las obras. El problema de dirección técnica de los pro-yectos se ha tratado de paliar en el caso de la Diputación de Sevillaponiendo a disposición de los municipios de menos de 10.000 habitan-tes un equipo de técnicos de la Diputación, para suplir la falta de losmismos en este tipo de ayuntamientos (Decreto 72/87 de 18 de marzopor el que se regula la concesión de subvención de la Junta de Andalu-cía a las Diputaciones Provinciales que durante el ejercicio de 1987contraigan deudas con el Banco de Crédito Local de España parafinanciar obras municipales incluidas en conciertos con el INEM y afec-tas al PER).
464
5.1.2.3. El Plan de Formación
Este es el tercer pilar del programa de empleo rural. El
punto de partida es la necesidad de cualificar y/o reconvertir
la FT rural joven, para de esta forma disminuir el paro.En capítulos anteriores hemos tenido oportunidad de
analizar que, si bien en las zonas rurales el nivel de forma-
ción del que se parte es inferior a las zonas urbanas, analizan-
do los municipios estudiados, se observa que la situación delcolectivo de trabajadores agrícolas eventuales es la peor de
toda la pirámide social, aunque esto esté matizado por lazona de residencia, la edad o el sexo. La solución administra-
tiva ha sido plantear un Plan de Formación para áreas Rura-
les (FOR), que consiste en articular una serie de cursos quese pretenden estén orientados a las necesidades del mercado
de trabajo de la zona. Para ello se ha instaurado el observato-rio permanente de ocupación en que se han generado fami-
lias profesionales a las que se acogen los distintos tipos de
cursos programados. La demanda la realizan los ayuntamien-tos en base a la Resolución de 22 de octubre de 1984 de la
Dirección General del INEM, y de este modo se pone enmarcha el Plan FOR con carácter experimental para la ges-
tión de 1984 y de forma regularizada desde 1985.
Las razones de la puesta en marcha de este plan tienenque ver con las necesidades del sector y con las perspectivas
de estrecha colaboración que se abren con las corporaciones
locales.En 1988 se pone en marcha el Plan Nacional de Forma-
ción e Inserción Profesional y los cursos de Formación Profe-sional Ocupacional a impartir por los centros colaboradores
del INEM (21), entre los que se encuentran aquellos ayunta-
(21) Orden Ministerial de 22 de enero de 1988 (BOE, 23 de enerode 1988) por la que se regula el Plan Nacional de Formación e Inser-ción Profesional y los cursos de Formación Profesional Ocupacional aimpartir por el INEM.
465
mientos que han participado en el plan FOR. Este Plan
Nacional se divide en una serie de programas destinados alos colectivos con más dificultades de inserción en el MT:
- Programas de formación profesional para jóvenes yparados de larga duración.
- Programas de insersión profesional a partir de contra-tos en prácticas.
- Programas de recuperación de escolaridad de los jóve-
nes que no han completado la EGB, de enseñanza enalternancia de Formación Profesional de segundo
grado y universidades y de formación de los jóvenesque cumplen el servicio militar.
- Programas de Formación Ocupacional en el ámbitoRural.
- Programas de Formación Profesional ocupacional en
sectores o empresas en reestructuración y para perso-nas ocupadas y trabajadores autónomos.
- Programas de formación profesional ocupacional para
mujeres en aquellas actividades que se encuentransubrepresentadas.
- Programas de formación profesional ocupacional para
minusválidos, emigrantes, socios de cooperativas ysociedades anónimas laborales y otros colectivos nocontemplados en los programas anteriores.
Dentro del programa destinado al medio rural se incluyela posibilidad de crear centros colaboradores mediante con-
venios con otras administraciones, organizaciones empresa-riales, sindicales e incluso con centros privados. Los cursos
que se impartan deben tener una duración mínima de 200horas, de las cuales al menos 40 deben dedicarse a temas
relacionados con las nuevas tecnologías. Los alumnos cobranpor la asistencia a los cursos 550 ptas. diarias siempre que
sean menores de 25 años, y el 75% del SMI cuando seanmayores de esta edad. Los parados que perciban subsidio no
podrán percibir ayudas, así que para evitarse problemas lo
466
que suele hacerse es que sólo participan los que no cobran
en ese momento el subsidio. La asistencia es obligatoria, sien-
do motivo de expulsión el tener tres faltas.
Varias son las considersaciones que se podrían hacer al
plan FOR En primer lugar hay una queja generalizada sobre
la asignación de cursos que se hacen a los distintos ayunta-
mientos, tanto en cuanto a la orientación de los mismos,
como a las diferencias que se dan entre unos y otros munici-
pios en el volumen de cursos asignados.
En las zonas estudiadas hemos consultado la relación de
cursos programados por los ayuntamientos-INEM, para ver
hasta qué punto existe relación entre la posible demanda y la
oferta, cuáles han sido los resultados para los trabajadores
agrícolas y cuáles son sus opiniones al respecto.
De todos los casos estudiados es Lebrija el municipio que
ha conseguido una mejor cantidad y calidad. Se han realiza-
do 23 cursos en 1987, de los que 6 tenían que ver con la agri-
cultura, participando en los mismos 87 alumnos; en el punto
opuesto están Cazalla con 3 cursos y sólo uno sobre el alcor-
noque y Carmona con 9 y sólo uno sobre cultivos bajo abrigo
o Almonte con sólo un curso sobre riego, cultivo y gestión de
entre 10 cursos impartidos.
En Andalucía la formación agraria se imparte también,
además de la formación profesional media, a partir de la
Consejería de Agricultura de la Junta, que tiene un servicio
dedicado a la formación.
Hay que señalar que la formación agraria llega todavía a
muy pocos de los que la demandan, por una parte, y por otra
que la formación que llega sea agrícola o no, a través de cur-
sos cortos, tiene poca credibilidad para los trabajadores agrí-
colas entrevistados. Frases como las siguientes dan una idea
de su significado: «mi hijo ha hecho un curso de electricidad.
Están bien, pero no sirven para encontrar trabajo. En noventa días
no se arirende ná. Los cursos deben ser largos y de dedicación total»,
«la mejor forma de a^irender es la rrráctica de un joven con una cua-
drilla ...» «la gente va por las quinientas pesetas, son demasiado cor-
467
tos, hay que enseñar con más tiempo», «se han hecho pocos son sólo
para menores de 25 años» «aprender es útil siempre ...», «son poco
tiempo y dan poco salario para mantenerse» «los cursos sólo son úti-
les para las ofertas del ayuntamiento, a los jóvenes deberían enseñar-
les contratándolos como aprendices», «los cursos sirven para apren-
der no para encontrar trabajo», «(el curso realizado sobre) ... agricul-
tura intensiva y cultivos de la zona ha estado muy bien, pero los cur-
sos sirven sólo para entrar en las cooperativas y coger puntos», «a
algunos les sirve, pero el enchufe es lo importante ...».
De todo esto parece derivarse la idea de que una forma-
ción en cualquier materia de tres meses, sin una aplicación
seguida de los conocimientos adquiridos, parece bastante
inútil. Se trata de dar la apariencia de que se forma a la
gente, en vez de formarlas realmente. Como dicen los entre-
vistados y algunos investigadores, como E. Pugliesse, ^de qué
sirve la formación si no se regula el acceso al mercado de tra-
bajo? Más aún una formación tan esporádica como ésta. La
nueva fórmula de Escuelas Taller (formación teórica-práctica
durante tres años orientada a un empleo concreto), parece
más adecuada a los fines que se persiguen, pero esta modali-
dad está aún poco extendida entre los municipios estudia-
dos y tampoco se crean los mecanismos de acceso al trabajo
de los que así alcanzan la cualificación.
Otra cuestión importante que hay que tratar en este capí-
tulo, es la nueva situación que se plantea para los trabajado-
res del campo con la entrada en vigor del Acta Unica. A par-
tir de la entrada en vigor de la misma, los trabajadores agrí-
colas deberán tener un carnet de profesionalidad en razón
de su cualificación. Los módulos que se están negociando
entre Administración y organizaciones sociales, parten de
que todos los trabajadores deben tener al menos la forma-
ción básica, para que a partir de ahí se establezcan las cualifi-
caciones pertinentes. El gran problema que se plantea es que
en el campo andaluz, según se ha podido ver en la muestra
estudiada, la cualificación tiene una relación directa con la
edad y ésta con la falta de formación reglada. Se puede dar el
468
caso, si no se ponen los medios para evitarlo, que la margina-
ción existente dentro del colectivo sirva una vez más a los
intereses de los empresarios, que podrán contratar a perso-
nas que saben realizar las faenas cualificadas porque durante
mucho tiempo la han practicado, pero que no tienen certifi-
cado de estudios, con lo cual no tendrán carnet de especialis-
ta y trabajarán según lo estipulado en convenio para trabaja-
dores sin cualificación.
En realidad, para abordar el tema de la descualificación
son necesarias medidas que ataquen el problema desde la
base. Si desde muy jóvenes los hijos tienen que desplazarse
con sus familias, cuando existe la necesidad de aunar todos
los esfuerzos para conseguir la subsistencia, no hay posibili-
dad de que estos hijos terminen la formación reglada satis-
factoriamente y mucho menos que salgan del sector. Las
medidas para la cualificación deben partir de la base de
dotar a las familias para que no sea necesario requerir el tra-
bajo de los hijos. Por otra parte es necesario enlazar la forma-
ción con el empleo, cosa que, como hemos señalado, no se
consigue con el sistema de cursos. La necesidad de trabajar
es considerada prioritaria a la formación, de ahí el fracaso
que ha significado la norma estipulada en el nuevo decreto
que regula el subsidio, por la que los menores de 25 años
deben trabajar 90 días al año, para conseguir el subsidio y, a
cambio, tienen una «oportunidad» garantizada de formación
a través de cursos.
5.1.3. Posiciones de clase ante el plan de empleo rural:
alternativas
Ante la situación generada por el Programa de Empleo
Rural, las organizaciones obreras han clamado por un cam-
bio de sistema.
Hay que distinguir, no obstante, dos períodos en la res-
puestas de las distintas organizaciones sindicales repecto a la
469
política de empleo rural en Andalucía. Una que va desde lainstauración del sistema en 1984 hasta el último trimestre de1988, y otra que comienza a partir de esa fecha y se plasmaen febrero de 1989 en la propuesta sindical prioritaria.
El primer período se caracteriza por el acercamiento enlas estrategias entre el SOC y CC.00., tras el fracaso de lapolítica de concertación con la patronal y la Administración(plan quinquenal del algodón, planificación de cultivos) y lapuesta en marcha de la ley de Reforma Agraria socialista. LaFTT-UGT queda en este período aislada con una posturaambigua de apoyo al gobierno socialista. Las fuertes críticasal Plan de Empleo Rural no se hacen esperar por parte deCC.00. y el SOC: se acusa al gobierno socialista de actuarfavoreciendo la reconversión capitalista en el campo andaluzde la manera más sutil y perversa.
Los puntos en los que fundamentan la acusación son lossiguientes:
- El objetivo fundamental del gobierno socialista es laadaptación de la agricultura andaluza a la políticacomunitaria, favoreciendo la especialización a cual-quier coste y el aumento de la productividad en aque-llo que a esta Comunidad Autónoma se le asigna en ladivisión internacional del trabajo. Para ello se requiereuna disminución masiva de la población activa agraria,sobre todo de la asalariada.
- La equiparación de las prestaciones por desempleo
con el régimen general y la concesión de un subsidiosin ninguna contraprestación de trabajo, son gestos
mediante los que el Estado trata de legitimar el proce-so de modernización capitalista de la agricultura anda-
luza y una manera de socializar los costes económicoĉ ysociales del proceso (22).
(22) Casero, F.: Ponencia presentada y no admitida en el últimocongreso del SOC. 1987.
470
- El subsidio de desempleo destruye al jornalero como
hombre y como clase, con más intensidad que elEmpleo Comunitario: «hace pensionistas a los 16 años».
El SOC y CC.00. acusan a los socialistas de haber utili-zado el sistema deliberadamente para terminar con el
poder de los sindicatos.
- Denuncian el fraude a todos los niveles que genera elsubsidio (trabajadores, empresarios y Administración),
coinciendo también la FTT-UGT en esta crítica.
- Señalan los límites que tiene el sistema de desempleoal reducir la percepción a 180 días al año y fijar la pres-
tación al 75% del SMI.
- Subrayan la ineficiencia del Plan de Empleo Rural y delos cursos de formación. La crítica fundamental que se
hace es que prácticamente no se han puesto en mar-
cha cursos que generen empleo y que la prestacióneconómica que reciben los jóvenes resulta escasa. ElSOC y CC.00. coinciden en señalar que el plan deobras es el aspecto más positivo del nuevo sistema.
Pero denuncian sus limitaciones debidas al escasonúmero de jornales que proporcionan, la falta de coor-
dinación en las acciones y que los fondos se destinenen su mayor parte a costear los gastos de mano deobra, lo que plantea problemas a los ayuntamientos,
que no pueden costear los materiales en muchos casos.
En esa primera etapa, para mejorar el sistema de cobertu-
ra del desempleo rural se hacen distintas propuestas porparte de los sindicatos, estando caracterizadas por basarse en
dos puritos fundamentales:
1. Realizar un censo real de obreros eventuales agrarios
y terminar con el fraude existente. Los sindicatosseñalan la necesidad de que existan comisiones loca-
les para controlar el censo de trabajadores agrícolasy el paro, defendiendo que sean solamente los traba-
jadores del campo los que se beneficien de estas
471
medidas. Además plantean la necesidad de vigilar el
cumplimiento de la normativa laboral existente y lle-
var una buena gestión del PER (subsidio, obras y for-mación) .
2. Todos están de acuerdo en la necesidad de aumentar
las prestaciones, además de adelantar la edad de
jubilación a los 55 años o dar un tipo de desempleo
de larga duración que se combine con medidas espe-
ciales para los menos favorecidos laboralmente. La
FTT-UGT proponía otorgar 180 días de prestaciones
a cambio de trabajar de 10 a 30 jornadas; a partir de
30 jornadas, multiplicar por cuatro el número de
días de la asignación económica, hasta un máximo
de 240 días. El SOC y CC.00., en cambio, proponían
la eliminación del sistema de subsidio a cambio de
jornales, para eliminar los fraudes. Se pedía que la
Administración pagara un subsidio durante un
período de tiempo fijo al año y, durante otro perío-
do, asegurar a los parados o bien trabajo o bien for-
mación. E1 salario que los trabajadores deberían
recibir no debería ser inferior al SMI para eventuales
y temporeros.
Tras el cambio sufrido por el sindicato UGT-FI"T en su
respaldo a la política del gobierno socialista que culminó con
la huelga de diciembre de 1988, empieza una nueva etapa
que se concreta en la unidad de acción de los dos grandes
sindicatos mayoritarios (CC.00. y UGT-F"TT). El resultado
de la unión de estrategias se manifesta en la «Propuesta Sin-
dical Prioritaria».
Las líneas reivindicadas en esta propueta al gobierno
pasan en el sector agrario por una serie de acuerdos previos
entre ambas centrales que se concretan en los puntos
siguientes:
- Desempleo contributivo para los trabajadores del
campo homologando el REASS con el resto de los sec-
472
tores (23): extensión del derecho a las prestaciones
contributivas a todos los trabajadores por cuenta
ajena, cotización por contingencia de desempleo por
parte de la empresa y del trabajador, cotización por
salario real, derecho a la prestación con 136 días de
cotización para adaptarse a las características especia-
les del sector, adecuar la renta real obtenida por los
pequeños propietarios para acceder a las prestaciones
por desempleo, acumular las jornadas no utilizadas a
efecto de percepción del subsidio.
Se señala que la puesta en marcha del desempleo
contributivo no siginifica la extinción del subsidio
agrario asistencial, que se pretende cambiar progresi-
vamente, proponiendo la opción de que sea el trabaja-
dor quien opte por uno u otro sistema, en todo caso.
- Subsidio indefinido para los trabajadores mayores de
52 años equivalente al SMI, estableciéndose en los 60
años la edad de jubilación.
- Participación sindical en la creación de los consejos
locales de empleo, regulados por ley con competencias
ejecutivas, para controlar el mercado de trabajo, hacer
un reparto equitatativo del trabajo existente en los dis-
tintos municipios, evaluar las necesidades reales de
inversión elaborando estudios endógenos de la locali-
dad, potenciar las obras que favorezcan la creación de
empleo estable, participación y control en todas las
acciones propuestas por el INEM, participación y
seguimiento en los proyectos de inversión, verificación
(23) El REASS era el único sistema de protección que obliga a tra-bajar durante 12 meses para tener derecho a la prestación. Los trabaja-dores cotizan una cuota mensual fija independientemente de que esténo no en alta laboral. Mientras los del Régimen General teniendo pro-piedades pueden percibir prestaciones, los asalariados del REASS quesean propietarios de tierra con más de 100 jornadas teóricas estimadas,no pueden ser perceptores.
473
de peonadas agrarias firmadas por la patronal e infor-
mar las altas y bajas que se produzcan en el REASS.
- Creación de un salario social que remedie las situacio-
nes de pobreza y marginación no cubiertas por otras
prestaciones (14 pagas de 30.000 ptas.), llevando ímpli-cito prestaciones sanitarias, farmacéuticas y de servi-cios sociales.
- Reforma global del subsidio especial agrario existenteen Andalucía y Extremadura y su extensión territorial.
Para ello se propone un decreto que regule definitiva-
mente el sistema, la revisión del catastro para controlar
que el líquido imponible que da derecho a la percep-ción del subsidio se ajuste a la realidad de la explota-ción, ĉambiar el número de días necesarios para tenerderecho a la prestación:
Días cotizados Días fiercibidos
10 a 20 16021 a 30 18031 a 40 210Más de 40 240
La cuantía de la prestación sería el SMI, pagado
mensualmente. Las peonadas que justifican la percep-ción del subsidio deberan ser verificadas por los conse-
jos locales de empleo.
- Plantean también los sindicatos la necesidad de la
reforma del REASS delimitando claramente las dife-
rencias entre trabajadores por cuenta ajena y autóno-mos, equiparando las prestaciones económicas a las
del Régimen General, creando una base de cotización
mínima para los períodos de paro, homologando y agi-
lizando la tramitación de las altas en el REASS de
forma que éstas sean automáticas, e igualmente lo sea
la obligación de cotizar por parte del trabajador. Se
474
plantea, también, que el trabajador y el empresario
deben cotizar por desempleo durante la relación labo-ral. Respecto a la baja de los trabajadores en el REASS
se producirá de forma automática al entrar en otrorégimen, solicitando el alta a través de los consejos
locales de empleo, asimismo los trabajadores tendríanderecho a la baja por enfermedad de forma transitoria
sin necesidad de estar dado de alta por el empresario,simplificando la prestación.
- Lucha contra el fraude mediante la firma de losrepresentantes sindicales de todos los contratos, pró-
rrogas y finiquitos, junto a la creación de comisionesprovinciales de inspección para el seguimiento y con-trol de la contratación compuestas por inspectores de
Trabajo y sindicatos, obligando al INEM a entregarcopia de cada contrato a los representantes de los tra-
bajadores, fundamentalmente obligando a informarde forma detallada a las Comisiones Provinciales, encaso de que la empresa carezca de representantes sin-
dicales.
- Equiparación de las pensiones mínimas del campo al
Salario Mínimo Interprofesional.
- Realización de una adecuada formación profesional,orientada a elevar la cualificación, potenciar el asocia-
cionismo agrario, reciclar a los trabajadores hacia otrossectores con futuro y reducir los índices de analfabetis-mo. Los que reciban esta formación disfrutarán del
SMI durante el período que asistan a los cursos. Sepide que se aumente la cuota de las empresas en la for-mación profesional, dedicando el fondo de la cuota de
formación profesional a la población ocupada, conparticipación sindical en su gestión. Participación delos sindicatos en la formación profesional, tanto en las
certificaciones profesionales que permiten la promo-ción profesional, como en la definición de los fondos
públicos destinados a la misma.
475
- Derogación de la ordenanza laboral del campo y su
sustitución por un Acuerdo Marco General del Trabajo
en el Campo, negociado por los sindicatos y la patro-
nal, y entre tanto, la derogación de una serie de artícu-
los que contradicen el Estatuto de los Trabajadores y
discriminan a los trabajadores del campo.
El resultado de la negociación con la Administración se
plasmó en una modificación del sistema de desempleo agra-
rio (24). Esta normativa entra en vigor en 1990 y tiene como
principal consecuencia la implicación de los sindicatos en la
gestión y control del mercado de trabajo y de las prestaciones
derivadas del paro a través de los Consejos Comarcales de
Empleo. En principio parece un avance en lo que se refiere a
la democratización de la gestión del trabajo a nivel local, no
obstante, el sistema se presta una vez más a múltiples perver-
siones, como sucediera en el anterior empleo comunitario.
El primer problema que se plantea es que los ConsejosLocales de Empleo tienen carácter consultivo, no ejecutivo,
con lo que las posibilidades de acción son relativas. Ensegundo lugar, falta una adecuada dotación de medios que
los haga operativos. Por otra parte, el bajo nivel de forma-ción de los cuadros sindicales a nivel local hace pensar que la
participación efectiva no puede llevarse a buen término sino
cuentan con el asesoramiento de técnicos especializados.
Desde nuestro punto de vista, habría que ligar el funciona-
miento de los consejos comarcales, al funcionamiento real
del mercado de trabajo, lo que significa en muchos casos for-
mar consejos locales. Estos consejos locales, no deberían ser
independientes de la gestión del empleo local que realiza el
INEM. Consideramos que se deben aunar esfuerzos por
parte de las entidades que están incidiendo en lo que atañe
al mercado de trabajo local (técnicos municipales, técnicos
del INEM, agentes de desarrollo local, sindicatos y organiza-
(24) Real Decreto 186/87 de 6 de febrero.
476
ciones profesionales) para de este modo generar mecanis-
mos de conocimiento del MT con un control democrático,
que permitan planificar acciones que generen creación de
empleo. En caso contrario, las esperanzas de lograr acciones
positivas son escasas. El ejemplo de la aplicación de la ley de
Reforma Agraria, en lo que se refiere a la participación de
los sindicatos en el proceso, hacía temer, a priori, de la efica-
cia que podían tener los consejos comarcales diseñados al no
contar con una base técnica sólida que sirviera de apoyo a losmismos.
No parece que ningún sindicato se planteara seriamente
lo que significaba su participación en la gestión del trabajo,
la formación y el fraude en el medio rural a nivel comarcal
sin preveer una mejora de los recursos técnicos y humanos
de que disponen. Así pues, este cambio de sistema debido al
mal funcionamiento de los Consejos Comarcales, ha sido un
nuevo gran fracaso, en el que las expectativas de mejorar las
condiciones de vida de los trabajadores rurales, mediante la
participación de las organizaciones sociales, no ha significa-
do nada realmente nuevo.
En este sentido, el caso italiano puede servir de referen-
cia. La implicación de los sindicatos en la gestión de las pres-
taciones sociales, ha derivado perversamente en una burocra-
tización de los mismos, que los ha vaciado, en muchos casos,
de sus atributos como representantes de los obreros, convir-
tiéndolos en gestores interesados en mantener más una
supuesta afiliación, que en hacer cumplir la normativa vigen-
te al respecto, o defender una posición de «clase».
La falta de control en la asignación de subsidio ha
acarreado al sindicato una mayor fuerza numéizca, pero
una menor identidad ... Esto es lo grave de la interac-
ción entre la ^rráctica sindical y la asistencial ... En Ita-
lia la inscri^ción al sindicato es libre y completamente
separada de las funciones que el sindicato dispensa,
pero la misma actividad de la gestión, ller^a a^rrescindir
477
de la propia actividad sindical ... la cuestión ha deriva-
do a una situación en la que se llega a anunciar en la
sede de la «Liga bracciantili», que puede ser la misma
que la de la INCA (sindicato democristiano) «la deman-
da para ... se tramitará sólo a los que hayan pagado la
cuota del sindicato». La actividad de la INCA se con-
vierte así en un trámite fundamental para los jornaleros
y exjornaleros y^ioblación rural sin cualificar, apunta-
dos en las listas del sistema asistencial agrario, con la
condición de subsidiados ... Las exiguas rentas del sub-
sidio se aumentan a través de la gestión del trabajo
público de la población rural en el sector forestal. A lo
largo de los años sesenta y setenta la población agrícola
en Italia se meridionaliza. La incidencia de los trabaja-
dores meridionales sobre el total de los trabajadores de la
agricultura aumenta notablemente y^iaralelamente a
este ^iroceso hay una disminución de la incidencia de los
jornaleros ... Se consolida en la zona meridional una
parte de ^ioblación rural que se identifica como jornalera,
pero que son en realidad clientes del welfare state (25).
En la segunda etapa de negociaciones con la Administra-ción a la que hemos aludido, el sindicato más radical se ha
quedado aislado. El SOC, una vez más, se ha negado a parti-
cipar en las negociaciones sobre la reforma del REASS. Sualternativa al subsidio pasa por otorgar cuatro meses de paro
y cuatro de trabajo público. De esta forma, argumentan,
aquéllos que no son realmente trabajadores agrícolas no par-
ticiparían. Además, piden cursos de formación que tengan
utilidad práctica para los jóvenes e ir sustituyendo progresiva-
mente el subsidio de desempleo por trabajo, dentro de pla-
nes de desarrollo comarcales. Este sindicato ha criticado,
(25) Pugliese, E.: «Il bracciantato agricolo in Italia: contadini pove-ri, classe operaria agricola, o clienti del welfare state" en Il sistema politi-co italiano. Julio-septiembre de 1982, pp. 49-55.
478
especialmente, la marginación que representa para los jóve-nes el nuevo cambio pactado por los sindicatos mayoritariosen el subsidio, amén del aumento de la división de los traba-jadores que supone. Sin embargo, tampoco el SOC ha desa-rrollado suficientemente su propuesta y ha adolecido tam-bién de no preveer lo que significa participar en la gestióncomarcal del empleo en una región periférica que debe arti-cularse con una economía cada vez más compleja.
En junio de 1992, «para denunciar situaciones arrastradasdesde el siglo ^X y re^ilantear el tema del plan de desempleo agrario,a fin de contraponerlas a los gastos que se celebran en Sevilla comoespejo de las tecnologías del siglo XXI», ha habido una manifesta-ción de los trabajadores agrícolas. La iniciativa del SOC derealizar una marcha por la dignidad de los jornaleros, fueapoyada por CC.00. y F1'I' UGT, que convocaron y partici-paron conjuntamente en la misma. La marcha que empezóen el municipio de Osuna con 700 trabajadores, llegó a con-tar en Sevilla con 3.000 trabajadores de Andalucía y Extrema-dura ( 26). La reivindicación se centraba en pedir que selevantara «el bloqueo» para cobrar el subsidio a los tempore-ros, que habían trabajado más de los jornales establecidospara tener derecho a cobrar el subsidio durante un mes ypagarles los atrasos desde enero de 1992, siendo el númerode trabajadores afectados unos 20.000 en Andalucía, segúnfuentes sindicales.
La otra reivindicación se centraba en conseguir crear unamesa de negociación entre Administración y sindicatos paracambiar el actual sistema del subsidio agrario, «en la direcciónde eliminar el fraude, destinando dinero fiúblico a cambio de trabajopara los verdaderos parados de los ^iueblos». Esta mesa, propuestaya por los sindicatos, no fue aceptada en «la concertación»agroalimentaria llevada a cabo por la Administración Auto-nómica con organizaciones empresariales y sindicatos duran-
(26) Documento del SOC sobre la marcha. Andalucía 12 de juniode 1992.
479
te 1991, como ya hemos expresado en el capítulo 2, porquetrascendía las competencias autonómicas y sectoriales. Asípues con esta acción conjunta de los sindicatos agrariosandaluces, empieza una nueva etapa de negociaciones entorno al problema central del trabajo y las prestaciones socia-les derivadas del mismo.
Desde nuestro punto de vista, las dos posiciones diferen-ciadas de los sindicatos agrarios respecto a como debe abor-darse la acción política en el medio rural para fomentar elempleo y proteger socialmente a los trabajadores, se articu-lan en razón de su posición dentro de la vertebración social
de las relaciones de producción.Los sindicatos mayoritarios UGT y CC.00. definidos
como sindicatos de clase, aglutinan en varias federaciones atrabajadores de distintas ramas de actividad, partiendo deuna concepción filosófico-organizativa que nace de los prin-cipios de organización de la sociedad industrial, donde laespecificidad de las relaciones sociales de producción del
campo, siguiendo el modelo socioeconómico dominante, sesubordinan al modelo urbano-industrial. De ahí que a pesarde estar organizados territorialmente hasta llegar a lo local,la dotación técnica y el nivel de decisión al respecto de laspolíticas relacionadas con el MT, estén aún muy centraliza-das. Esta situación a veces genera que sean técnicos del sindi-cato que viven y trabajan en Madrid, los que decidan políti-cas para áreas rurales, que no tienen en cuenta las especifici-dades sociales que se dan en las mismas.
A este hecho se suma la política neoliberal aplicada en laque las cuestiones sociales ocupan un lugar secundario, laescasa afiliación sindical general y las desviaciones estratégicasque supone un modelo de organización, que está concebidopara centros de trabajo en los que se da una cierta estabilidadde las plantillas, lo que no es válido para la realidad del sector
agrícola y cada vez lo es menos para el resto de los sectores.Las consecuencias de esta situación son que las alternati-
vas planteadas olvidan en muchos casos articular las medidas
480
políticas de modo que no suponga una discriminación real,
más allá de las intenciones, del sector agrícola respecto alresto de los sectores.
Para explicar esta afirmación hay que hacer referencia alpasado. En el período desarrollista se produjo la primera
«reconversión» importante del sector agrícola, tras el éxodorural y la emigración. Muchos investigadores alineados con laizquierda (27) defendieron en aquella época, la idea de ladesaparición del jornalero como consecuencia de la indus-trialización. Entre tanto, con el argumento del «paro estruc-tural agrario» se olvidó dar una solución estructural a los tra-bajadores que quedaron en el medio rural.
Con la crisis económica y las reconversiones industriales, serepite el modelo de expulsión sufrido en el sector agrícola enotros sectores, se plantea que existen excedentes de FI' tambiénen ellos y el ajuste se hace mediante la flexibilización del merca-do de trabajo (28). Con el nuevo decreto ley (29), a partir de1992, se requiere de una cotización anual para tener derecho al
desempleo contributivo, que se ha recortado cuantitativamente,aunque en contrapartida se han ampliado los subsidios.
Actualmente, con la perspectiva del Plan de Convergen-cia con Europa, se sigue hablando de la necesidad de flexibi-
(27) Ya aludimos en el capítulo 1 como investigadores de reconoci-do prestigio, como Barón, E. o Tamames, R. anunciaron la desapari-ción del jornalero.
(28) Esta política se realiza tras la revisión del Estatuto de los Tra-bajadores y supone la puesta en marcha de contratos subvencionadosde corta duración, en prácticas o de formación, como un instrumentode la política de empleo, que da lugar a una rotación significativa porel desempleo de los trabajadores (ver «Los parados de larga duraciónen España», Cebrián, Garrido y Toharia. Encuentro sobre el paro delarga duración organizado por ERGO e INEM. Madrid, 1990) sin querealmente se cree empleo real. Con el Real Decreto-ley 1/92 desapare-cen estos contratos, necesitándose un año como mínimo de duraciónpara conseguir una subvención.
(29) Real Decreto-Ley 1/92 de 3 de abril de 1992, sobre «Medidasurgentes sobre fomento de empleo y protección por desempleo». EsteDecreto será sustituido por la Ley 22/92 de julio.
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lizar aún más el MT y los salarios, con lo que cada vez la situa-
ción de precariedad en el empleo para los trabajadores no
agrarios se asemeja más a la de los agrarios, aunque aún no
se perciben con toda su crudeza las consecuencias de la pre-
cariedad como en aquéllos (bajísimos niveles de formación y
cualificación; problemas de droga y marginación ...). Todo
esto es para llegar a concluir que el sector agrario andaluz
fue pionero en «la adaptación» a los requerimientos de la
técnica y en sufrir las consecuencias sociales del modelo de
adaptación en virtud del crecimiento económico, por lo que
creemos que habría que aprender de lo sucedido en este sec-
tor y no tratar de trasladar los mismos mecanismos que han
demostrado su ineficacia a otros sectores, para no repetir loserrores cometidos.
El nuevo decreto 1/92 puede suponer la meridiónaliza-
ción de las relaciones laborales en el resto de España. A tra-
vés de los subsidios, se ápuesta por la dependencia y la preca-riedad social y económica.
La reestructuración socioeconómica en regiones con unafuerte presencia del seĉtor agrario, pasaría desde nuestropunto de vista, por articular medidas que no discriminen a
ningún sector en favor de otros, sólo porque así lo estipulen
las reglas del actual modelo. Deberían tenerse muy en cuenta
los problemas estructurales aún por resolver en el medio
rural, empezando por la base, la agricultura, vertebrándola
en la dinámica económica general a través de medidas ade-
cuadas a la realidad social del medio rural, para lo que se
requeriría contar con los técnicos de las distintas administra-
ciones que trabajan en este medio, así como con los agentes
sociales y políticos a nivel local. El problema de la falta de
recursos humanos cualificados en estas áreas se remediaría
poniendo en marcha políticas activas de recualificación
implicando para ello a todas las Administraciones que actúan
en lo local, para aunar esfuerzos por conseguir dinamizar
económica y socialmente de forma sostenida estas áreas, en
las que los trabajadores agrarios son mayoría.
482
Con esto enlazamos con la segunda tendencia referida a
la alternativa al actual sistema de subsidio, la planteada por
el sindicato más radical definido como andaluz y de obreros
del campo (SOC). Desde nuestro punto de vista, las políticas
y estrategias referidas a solucionar el tema del paro agrario,
ya no pueden desvincularse de la gestión del paro de las
áreas rurales en su conjunto y deberían, por tanto, de tratar
de ir asimilando a todos los trabajadores al mismo sistema
de cobertura social. El poner en marcha medidas aisladas
para los obreros agrarios eventuales, más allá de lo que
atañe al trabajo en el sector y darle al mismo una centrali-
dad total, puede ser peligroso en cuanto a que se corre el
riesgo de crear un gheto que se reproduzca aumentado y
discrimine al resto. Hay que tener en cuenta, desde nuestro
punto de vista, la historia colectiva de los obreros agrícolas
pero cuidando de no caer en un excesivo proteccionismo
que los perpetúe mediante el^ recurso fácil de una renta
pública generalizada a cambio de trabajo público, que difí-
cilmente podría estar libre del clientelismo y ser rentable
social y económicamente, limitando aún más la capacidad
de iniciativa del colectivo.Insistimos en la necesidad de articular un sistema de
lucha contra el desempleo y la reproducción del subempleo,
vertebrado con toda la sociedad local o comarcal, depen-
diendo de la vocación de los MT (30). Sería necesaria una
primera etapa de adaptación del colectivo de trabajadores
agrícolas a la nueva situación. En esta etapa se deberían esta-
blecer medidas generales que permitieran gestionar trabajo
público, trabajo en empresas privadas y fomentar la creación
de PI'MES, teniendo en cuenta la segmentación que actual-
mente existe en los distintos mercados de trabajo en razón
de la edad, la responsabilidad familiar, el género, la propie-
dad de tierra, la cualificación, el volumen de trabajo conse-
(30) Ver capítulo 3 de este libro.
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guido debido a la vinculación con los empleadores, la repre-sentación de sindicatos y empresarios y la potencial demandade trabajo de los distintos municipios. La transparencia en lacontratación y el control democrático de la aplicación de lasmedidas, parecen requisitos imprescindibles para el éxito delas mismas, además de la necesidad de que las distintas admi-nistraciones aúnen esfuerzos y se mejoren las políticas deorientación y formación. Todo ello significaría la descentrali-zación y desburocratización del Instituto Nacional de Empleoy la colaboración abierta con los agentes sociales locales.
A lo expuesto añadiremos que este planteamiento entraríade lleno con la propuesta del Consejo de Europa en Lisboa enjunio de 1992, sobre el principio de subsidiaridad y el acerca-miento de la Administración al ciudadano. En esta direccióntambién se ha puesto en marcha por parte de la FundaciónEuropea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajoel programa de investigación-acción EUROCOUNSEL (1991-94), que en su primer año de andadura propone una acciónpiloto en el medio rural en esta dirección, con el objetivo deque el asesoramiento al desempleado sea eficiente.
5.2. Composición de las rentas de los trabajadoresagrícolas
Una vez analizados los efectos de las políticas asistencialespara el desempleo, pasaremos a estudiar en qué se concretan
respecto a las estrategias familiares en relación a los ejes desegmentación territorial y económico. Todo ello se plasmaen el análisis de la composición de la renta.
La información obtenida mediante las entrevistas realiza-das ha permitido hacer un acercamiento a la composición de
las rentas que obtienen los trabajadores eventuales agrícolas.Estas rentas brutas son el resultado de la integración de lasestrategias individuales y familiares, funcionando a este res-
pecto una serie de mecanismos compensatorios mediante losque se consigue «salir adelante».
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