Las Garantas Constitucionales y el Estado Constitucional de Derechos.

Por: Wilton Guaranda Mendoza

El Ecuador mediante la Constitucin adoptada en 1998, reconoce el principio de

que los derechos humanos deben ser concebidos desde el punto de vista social,

poltico y econmico. Por ello, el mayor avance de esta Constitucin est en el

hecho de haber establecido igual jerarqua para los derechos civiles y polticos,

econmicos, sociales y culturales y derechos colectivos[3].

De igual manera, sta Constitucin sealaba la imprescriptibilidad de los

crmenes de lesa humanidad, como el genocidio, la tortura, la desaparicin

forzada de personas. Tambin reconoce derechos humanos a grupos en

situacin de vulnerabilidad: mujeres, nios, personas con discapacidad,

personas de la tercera edad, detenidos, refugiados, extranjeros y Migrantes.

El artculo 16 de la Constitucin de 1998 declaraba que el ms alto deber del

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos y el artculo

17 de la aquella Constitucin dispone que el Estado garantizar los derechos

humanos establecidos en la Carta fundamental y en las declaraciones, pactos,

convenios y ms instrumentos internacionales vigentes. Adems, este mismo

artculo de la anteriorConstitucin contemplaba que el Estado ecuatoriano

adoptar, mediante planes y programas permanentes y peridicos, medidas para

el efectivo goce de los derechos humanos. Finalmente, el artculo 171, numeral

1 de aquella Constitucin inclua entre las atribuciones del Presidente de la

Repblica la de cumplir y hacer cumplir los tratados y los convenios

internacionales, entre los que se hallan instrumentos internacionales en materia

de derechos humanos.

Los derechos y garantas consagrados constitucionalmente y la organizacin

jurdica de la sociedad van a definir los caracteres del sistema jurdico a ser

implantado por el Estado, de all la trascendencia de esos derechos y garantas,

los cuales conforman los principios supremos que limitan la actuacin del Estado.

La Constitucin del 1998 por primera vez establece de manera sistemtica las

Garantas de los derechos humanos, los mismos que constan en el Titulo III,

Capitulo IV desde los Artculos 93 al 96, se establecen como garantas de los

derechos las siguientes: El Hbeas Corpus (Garanta de la libertad); El Hbeas

Data (Garanta de la Honra y el buen nombre); El Amparo Constitucional

(Garanta de los derechos Constitucionales); y, la Defensora del Pueblo como

Institucin veedora y patrocinadora de los derechos fundamentales.

A pesar de que el reconocimiento de estas garantas fue un avance cualitativo

importante, la realidad socio poltica y la cultura jurdica de nuestro pas nos

puso a repensar sobre lo adecuado y eficaz de las mismas, es decir si en la

prctica estas garantas iban a tener el impacto que el asamblesta pens que

iba a generar. Desde su vigencia el 10 de agosto de 1998, los sectores ms

conservadores de la patria trataron de incorporar legislacin secundaria que

limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, de manera especial

aquellas garantas que consagraban prohibiciones expresas que venan siendo

ejecutadas por funcionarios pblicos de las diversas funciones del estado. Slo

para ilustrar con un ejemplo: con la inclusin del hbeas corpus como garanta

del derecho a la libertad y el debido proceso, los ciudadanos deban ser juzgados

en un tiempo razonable por la justicia (1 ao en los delitos sancionados con

reclusin y 6 meses para los delitos sancionados con prisin), sin embargo las

condiciones polticas del momento (el partido social cristiano captaba gran parte

de los jueces y magistrados en el pas) unido a la crisis delincuencial llevaron a

que el Congreso Nacional el 13 de enero de 2003 reforme el Art. 160 del Cdigo

de Procedimiento Penal, estableciendo la figura de prisin en firme para de esta

manera no permitir que las personas sospechosas de delitos puedan recuperar

la libertad en los tiempos que sealaba la Constitucin. Reforma que no era otra

cosa sino desconocer a la Constitucin como norma suprema y solapar un

comportamiento judicial que venido a menos era blanco constantes de criticas

fuertes en su contra por corrupcin e inoperancia. Este absurdo jurdico

felizmente fue declarado Inconstitucional por el Tribunal Constitucional el 23 de

octubre de 2006. En materia de hbeas corpus se pretendi construir una opinin

pblica que deslegitime la pertinencia de esta garanta llegndola incluso a

responsabilizar de ser la causante de que muchos delincuentes salgan libres,

estn en las calles y no se los pueda juzgar. Obviamente, que estos criterios

eran proferidos por quienes criminalizan la pobreza pero que tenan su asidero

en la corrupcin de determinadas alcaldas, en donde se le pona precio a las

resoluciones o se resolva de forma poltica y no basada en los principios

constitucionales. Entonces apareci un descontento ms, porqu las alcaldas

otorgan un hbeas corpus, siendo que para fundamentar su Resolucin

favorable o negativa se debe juzgar en derecho, y las alcaldas no son

organismos judiciales funcionalmente preparados en temas de Garantas? Y

quedaban otras interrogantes, como qu pasa cuando una persona est

desaparecida y se desconoce su paradero?, cuando es torturada o tiene

lesiones graves que se le pueden complicar estando en un centro de detencin?,

que sucede si es un particular que le priva de su libertad? Basta con que exista

boleta de detencin o sta debe cumplir con requerimientos de legitimidad para

que tenga valides? A pesar que exista la posibilidad de que el alcalde destituyera

a los funcionarios que incumplieran sus resoluciones, en el ecuador no se

present ningn caso de estos que haga prevalecer el mandato constitucional.

En materia de Hbeas Data, la Constitucin del 98 establece de forma clara los

casos en los que proceden (actualizacin, rectificacin, eliminacin o anulacin

de documentos o bancos de datos que sobre si misma o sobre sus bienes,

consten en entidades pblicas o privadas y a conocer el uso que se haga de

ellos); sin embargo este principio constitucional se confundi con el juicio de

exhibicin de documentos previsto en el Artculo 821 del Cdigo de

Procedimiento Civil generando que algunos jueces sigan esta lnea de aplicacin

y desechen demandas que contenan las pretensiones sealadas por la

constitucin.

Lo ms progresivo en materia de garantas de la Constitucin del ao 1998 fue

que instaur la accin de Amparo Constitucional y le atribuy su ejercicio,

tambin a los representantes legitimados de una colectividad[4]. Este recurso

podra ser interpuesto cuando se atenten o violen derechos consagrados en la

Constitucin o en los instrumentos internacionales vigentes; por acciones de

particulares cuando atenten contra intereses comunitarios, colectivos o a

derechos difusos; o, por actos u omisiones del estado o sus delegatarios o

concesionarios que presten algn servicio pblico. Estableca que la orden del

juez era de cumplimiento inmediato, aun cuando no se haya resuelto la apelacin

respectiva. Por lo dems, el recurso de amparo se constituye en una garanta

efectiva y gil sin que sea necesario aplicar normas procesales que tiendan a

retardar su despacho.

La Accin de amparo tambin fue motivo de duras crticas de parte de sectores

conservadores y legalistas del derecho y del poder poltico y econmico[5], que

observaron en esta accin un obstculo a los comportamientos que denigraban

la dignidad humana y limitaban los derechos de segunda y tercera generacin.

Pero fue el pretexto ideal para que la colectividad empiece a fomentar una cultura

de reclamo de sus derechos, logrndose que las acciones que vulneraron los

derechos humanos en unos casos sean resarcidas y en otros cauteladas.

Un anlisis adicional vale hacer sobre la inclusin de la Defensora del Pueblo

como Garanta de los derechos, en la prctica la Defensora del pueblo realiza

una labor de vigilancia y exhortacin al cumplimiento de los derechos humanos

pero no tiene una labor coercitiva en sus facultades, debido a que sus

resoluciones no obstante que sirven de llamado pblico de atencin y de fuente

de consulta y legislacin, no conllevan una proteccin directa de los derechos

que obtenga resultados concretos. Ms bien sus atribuciones en trminos de

coercin se ven reflejados en sus facultades de garantizar la calidad de los

servicios pblicos y privados, por estar facultada segn la Ley de Defensa del

Consumidor a sancionar a los responsables de estas vulneraciones.

Se hizo necesario realizar este pequeo viaje por la historia de las constituciones

del ecuador porque para entender el impacto que generar los contenidos de la

nueva Constitucin en relacin al tema de las Garantas, es importante saber

hasta donde llegamos con la Constitucin anterior, que nos falt regular, que

principios de aplicacin innovadores debamos tener para que la aplicacin de la

justicia est acorde a las necesidades socio polticas que marca la historia.

Ecuador: Un Estado Constitucional de Derechos y Justicias.

Intentando resumir en pocas letras el contenido de la actual Constitucin de

Ecuador aprobado en referndum del 28 de septiembre de 2008, podemos decir

que establece un "Estado de derechos" que se fundamenta en los derechos

colectivos y ambientales, donde el Estado se convierte en garante y actor de

tales, desplazando la prioridad dada a las garantas individuales de la anterior

constitucin. Para algunos analistas, esta Constitucin permitir desarticular el

modelo de Estado de Derecho y economa social de mercado y pasar de una

"constitucin de libertades" a una "constitucin del bienestar" transversalmente

adornada por la filosofa comunitaria ancestral del "buen vivir" de los quechuas,

recogido explcitamente en el texto sumak kawsay.

Para lograrlo se establece un modelo estructuralista de la economa dndole un

papel central al Estado en la planificacin de la produccin, reduciendo el papel

del mercado; adems instaura un sistema proteccionista arancelario bajo el

trmino de soberana alimentaria, rechazando el libre comercio. En lo social se

promulga un modelo que haga efectivo los derechos a la educacin, salud,

servicios bsicos e infraestructura dnde se da predominancia al sector pblico,

y se restringe o regula de alguna manera al sector privado cerrando las puertas

a la privatizacin indiscriminada. En lo administrativo refuerza las funciones del

gobierno central y otorga algunas facultades a los gobiernos municipales y

seccionales.

Se instaura adems de los poderes o funciones del Estado tradicionales un

cuarto poder denominado Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social,

una figura que intenta hacer efectivo el poder popular que estar conformada por

los antiguos organismos de control constitucionales y por movimientos sociales

nominados por el ejecutivo que juzgaran lo constitucional, arbitrario, o abusivo

de las polticas pblicas y el comportamiento del resto de las funciones del

Estado.

Ahora bien, en el tema de Garantas de los derechos Constitucionales que nos

corresponde tratar, la actual constitucin recoge todos aquellos principios de las

constituciones anteriores que favorecen la plena vigencia de los derechos

humanos y les implementa un toque de condumio a sus declaraciones.

Habamos mencionado que las Constituciones vigentes antes de 1980 no

establecan una sistematizacin de los derechos, menos de las garantas; la del

98 que fue una de las mejores en garantas, recoga esta sistematizacin pero

dej a un lado la declaracin de principios que le dieran sustento terico y por

que no filosfico a la aplicacin de la norma constitucional. La actual constitucin

al definir al estado como Estado constitucional de derechos y justicia[6],

establece un nuevo orden de funcionamiento jurdico, poltico, administrativo.

El constitucionalismo social apareci en la carta de Quertaro de 1917 y en la

Constitucin alemana de Weimar de 1919. Fue sta la que mayor influencia tuvo

en Europa, mientras que la mexicana recibi mayor difusin en Amrica Latina.

Las tesis sociales de Weimar tuvieron resonancia en las sociedades industriales,

sobre todo porque permitan hacer frente a las presiones obreras que

encontraban inspiracin en la revolucin sovitica.

Es a partir de la segunda guerra mundial que la capacidad de movilidad de

sectores populares en la mayora de pases de Amrica Latina y del Caribe

cobran mayor vigencia. Es la etapa donde aparecen los denominados

populismos latinoamericanos, que no son otra cosa que la presencia de las

mayoras nacionales (obreros, campesinos, clases medias, etc.) en partidos y

organizaciones sociales, casi siempre bajo elliderazgo de personalidades

carismticas. En esta insurgencia de los obreros, de los campesinos y de las

clases medias latinoamericanas a travs de Partidos Polticos y de movimientos

sindicales y sociales, stos ltimos generalmente estn bajo la dependencia de

los primeros.

En el Ecuador cobra importancia el movimiento indgena que junto a otros

sectores sociales pugnaron para tener un nuevo gobierno que abandone el

esquema de abstencionismo que preconizaba el Estado Liberal y se pasramos

a una etapa donde al Estado se le asigne el papel de promotor del desarrollo y

del bienestar general.

Como habamos mencionado al inicio, los Estados han pasado por procesos

histricos de construccin de sus formas de gobierno, la pregunta es qu

entendemos como Ecuador - estado Constitucional de Derechos y justicia?. Un

primera respuesta nos da el profesor Jos Luis Cea Egaa[7] el nos dice: Puede

ser que el estado constitucional equivale a una reformulacin, desde sus bases

hasta sus ms elevados y determinantes objetivos, de lo que es el Derecho en

su naturaleza y gnesis, en su interpretacin y aplicacin, incluyendo las fuentes,

la hermenutica, el rol del Estado en el ordenamiento jurdico, las conexiones

con la Sociedad Civil en democracia y otros vectores de semejante importancia.

De ese paradigma es criterio esencial la mayor independencia del Derecho con

respecto a la soberana, nica manera que aqul se imponga a sta, postulado

que debe seguir en el orden jurdico interno y tambin, no cabe duda, en el

mbito internacional.

Las caractersticas de un estado Constitucional de derechos, se hallan, en primer

lugar, en la revalorizacin de la persona humana, de su dignidad y derechos

inalienables; que de esa premisa capital fluye la nueva legitimidad que debe

singularizar al Derecho en la democracia, esto es, la Constitucin, cuya Parte

Dogmtica y de garantas es anterior y superior al Instrumento de Gobierno; la

supremaca, sustantiva y formal, del Cdigo Poltico; secuela de lo cual es la

fuerza normativa, propia y directa, de los valores, principios y normas incluidos

en su texto y en el Bloque de Constitucionalidad, 12 de modo que ya no se

requiere la intermediacin de la ley para que las disposiciones constitucionales

pasen del libro a la vida.

La subordinacin de la ley a la Constitucin, vale slo en la medida que respeta

a la segunda. Con palabras elocuentes, Herbert Krgger13 lo plantea en la

aseveracin siguiente: si por siglos el ejercicio de los derechos fundamentales

fue posible en la medida que lo permita la ley, o la ley vale en la medida que

respeta a los derechos esenciales.

Pero esa supremaca exige control para que sea efectiva, revisin que ha de ser

especialmente hecha por los Tribunales Constitucionales, como Magistratura

diferente de la Judicatura ordinaria y resueltamente configurada con la misin de

guardin del Cdigo Poltico.

En este tipo de estado, los jueces mantiene un rol fundamental. Jorge Luis

Crdova Guzmn, nos indica que en el modelo constitucional tradicional, el

Estado de Derecho consista bsicamente en la primaca de la ley y la

democracia en la omnipotencia de la mayora y por lo tanto el parlamento. El

papel del juez como rgano sujeto solo a la ley se configuraba, por consiguiente,

como una mera funcin tcnica de aplicacin de la ley, cualquiera que fuese su

contenido. Este sistema cambia profundamente con las constituciones rgidas de

la segunda pos guerra, que contemplan el paradigma del Estado de Derecho

sometiendo tambin al legislador a la ley -a la ley constitucional, precisamente-

y transformando as al viejo Estado de Derecho en el Estado Constitucional de

Derecho.

La sujecin a la ley por parte de todos los poderes, incluido el Legislativo, que

se subordina tambin al derecho y a la Constitucin, ya no slo en las formas y

procedimientos de formacin de las leyes, sino tambin en sus contenidos. Por

consiguiente en el Estado Constitucional de Derecho, el legislador omnipotente,

en el sentido de que las leyes que l produce no son vlidas solo porque son

vigentes, o sea producidas en las formas establecidas por las normas en relacin

con su produccin, sino que los son s, adems son coherentes con los principios

constitucionales.

La ms relevante para el tema objeto de estudio, es el rol de los jueces en la

nueva tendencia constitucional, por ello es entendible el cambio de la ubicacin

del juez frente a la ley que produce este nuevo paradigma: no solo, de los

tribunales constitucionales encargados del control de la constitucionalidad de las

leyes, sino tambin de los jueces ordinarios que tienen el deber y el poder de

activar dicho control. La sujecin a la ley y, ante todo, a la constitucin, de hecho,

transforma al juez en garante de los derechos fundamentales, incluso contra el

legislador, a travs de la censura de la invalidez de las leyes que violan esos

derechos. Esta censura es promovida por los jueces ordinarios y esta es

declarada por las cortes constitucionales. De hecho ya no es vigente el viejo

paradigma "sujecin a la letra de la ley cualquiera que sea su significado" sino

sujecin a la ley slo si es vlida, es decir si es coherente con la Constitucin.

Partiendo de la premisa que en cualquier convencin democrtica hay dos cosas

que se deben sustraer a las decisiones de la mayora, porque son condiciones

de la vida civil y razones del pacto de convivencia: antes que nada, la tutela de

los derechos fundamentales, empezando por la vida y la libertad, que no pueden

sacrificarse a ninguna voluntad de mayora ni inters general o bien comn; en

segundo lugar, la sujecin de los poderes pblicos a la ley, que es la garanta

mxima contra el arbitrio y contra las violaciones de la misma voluntad de la

mayora que produjo la ley.

Las Garantas Constitucionales dentro de este nuevo orden de Estado.

Debemos empezar por aterrizar lo que nuestra Constitucin dice respecto de los

principios de aplicacin de los derechos humanos, que son la herramienta y la

fuente para la cual existen las garantas. En este sentido la Constitucin vigente

ha progresado significativamente al codificar -si se quiere- cuales son los

principios sobre los que descansan esos derechos y como llevarlos a la prctica.

El Ttulo II menciona los Principios de aplicacin de los derechos, que se

convierten en la norma bsica a tomar en cuenta por los operadores de justicia

y los funcionarios pblicos en su relacin cotidiana con los ciudadanos, estos

son:

a) Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son

titulares y gozarn de los derechos garantizados en la Constitucin y en los

instrumentos internacionales. La naturaleza ser sujeto de aquellos

derechos que le reconozca la Constitucin.

b) El ejercicio de los derechos se regir por los siguientes principios:

- Los derechos se podrn ejercer, promover y exigir de forma individual o

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarn

su cumplimiento.

- Todas las personas son iguales y gozarn de los mismos derechos, deberes y

oportunidades.

- Nadie podr ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad,

sexo, identidad de gnero, identidad cultural, estado civil, idioma, religin,

ideologa, filiacin poltica, pasado judicial, condicin socio-econmica,

condicin migratoria, orientacin sexual, estado de salud, portar VIH,

discapacidad, diferencia fsica; ni por cualquier otra distincin, personal o

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La

ley sancionar toda forma de discriminacin. El Estado adoptar medidas de

accin afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de

derechos que se encuentren en situacin de desigualdad.

- Los derechos y garantas establecidos en la Constitucin y en los instrumentos

12 internacionales de derechos humanos sern de directa e inmediata

aplicacin por y ante cualquier servidora o servidor pblico, administrativo o

judicial, de oficio o a peticin de parte. Para el ejercicio de los derechos y las

garantas constitucionales no se exigirn condiciones o requisitos que no

estn establecidos en la Constitucin o la ley. Los derechos sern

plenamente justiciables. No podr alegarse falta de norma jurdica para

justificar su violacin o desconocimiento, para desechar la accin por esos

hechos ni para negar su reconocimiento.

- Ninguna norma jurdica podr restringir el contenido de los derechos ni de las

garantas constitucionales.

- En materia de derechos y garantas constitucionales, las servidoras y

servidores pblicos, administrativos o judiciales, debern aplicar la norma y

la interpretacin que ms favorezcan su efectiva vigencia.

- Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles,

interdependientes y de igual jerarqua.

- El reconocimiento de los derechos y garantas establecidos en la Constitucin

y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluir los

dems derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades,

pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno

desenvolvimiento.

- El contenido de los derechos se desarrollar de manera progresiva a travs de

las normas, la jurisprudencia y las polticas pblicas. El Estado generar y

garantizar las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y

ejercicio. Ser inconstitucional cualquier accin u omisin de carcter

regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio

de los derechos.

- El ms alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos

garantizados en la Constitucin. El Estado, sus delegatarios, concesionarios

y toda persona que acte en ejercicio de una potestad pblica, estarn

obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la

falta o deficiencia en la prestacin de los servicios pblicos, o por las

acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y

empleados pblicos en el desempeo de sus cargos. El Estado ejercer de

forma inmediata el derecho de repeticin en contra de las personas

responsables del dao producido, sin perjuicio de las responsabilidades

civiles, penales y administrativas. El Estado ser responsable por detencin

arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administracin de

justicia, violacin del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones

de los principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia

condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparar a la persona que

haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la

responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores pblicos,

administrativos o judiciales, se repetir en contra de ellos.

Podemos entender entonces que los derechos se pueden ejercer de forma

personal o colectiva porque al declarar la titularidad colectiva sobre aquellos,

entendemos al derecho colectivo como un derecho individual de ejercicio

colectivo, cuyo titular es plural, un conjunto de sujetos que lo ejercen

simultneamente (como el derecho de asociacin, ejercido por los socios, no por

la asociacin que crean, pero que cada socio no puede ejercitar solo, porque en

ese caso no existe asociacin; o el derecho al ambiente sano que puede ser

ejercido por cualesquiera persona que sienta alguna afectacin de este

derecho).

Entonces el Estado ha reconocido que no slo las personas tienen derechos sino

tambin las colectividades y la naturaleza, a quien otorga un conjunto de

derechos que no ser motivo de este anlisis pero que implica una necesaria

reflexin en torno a quien se declara con derechos a ser valer esa titularidad, si

la misma descansa en las personas, en los colectivos sociales, o en el Estado

como representacin misma de la sociedad organizada.

A los derechos reconocidos por esta nueva Constitucin a los cuales se los ha

clasificado o definidos como: derechos del buen vivir, derechos de las personas

y grupos de atencin prioritaria, derechos de las comunidades, pueblos y

nacionalidades, derechos de participacin, derechos de libertad, derechos de la

naturaleza, y derechos de proteccin, la norma suprema ha establecido

garantas para el ejercicio y cumplimiento de los mismos, en razn de que el

Estado Ecuatoriano entra en una etapa de estado constitucional de derechos y

justicia, manteniendo tres acciones o deberes primordiales en materia de

derechos humanos. 1.- Una Accin negativa, que es respetar los derechos

humanos, es decir dejar que el ciudadano ejerza sus derechos sin limitaciones

que no sean las de cuidar el derecho de otra persona o colectivo; 2.- Una accin

positiva que es hacer respetar los derechos humanos, esto es legislar, para lo

cual debe adecuar su legislacin interna a los estndares internacionales de

proteccin a los derechos humanos. En esta labor de legislacin debe tambin

establecer con claridad las sanciones para quienes en el ejercicio del poder o de

manera particular violen los derechos humanos, adems debe prever los

mecanismos de acceso a la justicia y las formas de reparacin a las victimas de

stas violaciones. La labor de legislar implica tambin que todas las acciones

que el estado desarrolle dentro de sus polticas pblicas (Ordenanzas, Decretos,

Planes de Desarrollo) deben ser incluyentes, no discriminatorias y que en ningn

momento vulneren o limiten los derechos humanos, de tal forma que sean el

medio material mediante el cual se expresa la voluntad del Estado de cumplir

con los derechos que la Constitucin le obliga observar y cumplir. 3.- Una accin

Excitativa, esto es la de difundir y promocionar los derechos humanos. No basta

con que el estado establezca derechos, sanciones, reparaciones, etc. Lo ideal

es que estos derechos tienen que ser conocidos por la ciudadana, por los grupos

distantes a los centros urbanos o los que se encuentren en grado de

incomunicacin. A travs de la promocin y difusin, se forma al ciudadano en

una cultura de respeto a los derechos humanos y se le prepara para que acceda

a los mismos, para que exija el cumplimiento de sus derechos o denuncie a los

perpetuadores de las violaciones de stos.

Estas garantas estn previstas en la Constitucin, cuyo avance importante ha

sido la inclusin como garantas Constitucionales de dos figuras adicionales

importantes: la implementacin de la norma y las polticas pblicas.

Al establecer como Garantas de los derechos la normativa se entiende que la

Asamblea Nacional y todo rgano con potestad normativa tendr la obligacin

de adecuar, formal y materialmente, las leyes y dems normas jurdicas a los

derechos previstos en la Constitucin y los tratados internacionales, y los que

sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las

comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningn caso, la reforma de la

Constitucin, las leyes, otras normas jurdicas ni los actos del poder pblico

atentarn contra los derechos que reconoce la Constitucin[8]. Se asegura por

lo tanto que las normas de la Constitucin que reconocen derechos

fundamentales inclusive mediante una reforma constitucional o implementacin

de la legislacin secundaria, est prohibida en retroceder sus alcances, por el

contrario van a tener siempre un avance progresivo.

Las polticas pblicas son otra novedad generosa de la actual constitucin, pues

consideran a los actos de gestin y aplicacin de las polticas de los gobiernos e

instituciones del Estado como medios en las cuales debe garantizarse la

aplicacin de los derechos.

El Artculo 85 dispone que las polticas pblicas y la prestacin de bienes y

servicios pblicos se orientarn a hacer efectivos el buen vivir y todos los

derechos, y se formularn a partir del principio de solidaridad. Sin perjuicio de la

prevalencia del inters general sobre el inters particular, cuando los efectos de

la ejecucin de las polticas pblicas o prestacin de bienes o servicios pblicos

vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la poltica o

prestacin deber reformularse o se adoptarn medidas alternativas que

concilien los derechos en conflicto. El Estado garantizar la distribucin

equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecucin de las polticas pblicas

y la prestacin de bienes y servicios pblicos. En la formulacin, ejecucin,

evaluacin y control de las polticas pblicas y servicios pblicos se garantizar

la participacin de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

Segn Patricio Benalczar Alarcn[9], la construccin de poltica pblica en un

pas que se considere democrtico y respetuoso de los derechos humanos;

debera tener como fuentes primigenias, los principios y disposiciones

constitucionales legtimas. Generalmente, en la Constitucin Poltica se

establecen las reglas de relacin social entre las fuerzas e intereses polticos,

sociales, culturales y econmicos vigentes en un momento histrico

determinado; si estas reglas permiten legtimamente la vigencia de los derechos

de las personas, los pueblos y nacionalidades; as como la convivencia pacfica

entre sus miembros, constituyen el mejor escenario para el diseo de polticas

pblicas desde un enfoque de derechos.

Podemos decir entonces que el Estado al establecer las polticas pblicas como

garantas de los derechos, dar lugar a que desde la planificacin los planes de

desarrollo tiendan al respeto de la dignidad humana para lo cual necesariamente

debe escucharse los sentires y saberes populares que se convertiran en una

fuente directa para la construccin de las polticas pblicas y la normativa;

adems existe la posibilidad de que ante la falta de inclusin de determinados

derechos en dichos proyectos o programas de desarrollo local o regional, las

personas puedan exigir va judicial o administrativamente, la inclusin de

aquellos derechos que histricamente han sido excluidos o permanentemente

vulnerados dentro de la planificacin y ejecucin de las polticas pblicas.

Finalmente debemos hablar de las garantas jurisdiccionales, que han tenido un

avance importantsimo no slo en la forma sino en el fondo de su pretensin. Se

ha establecido constitucionalmente con el rango de garanta al acceso a la

informacin pblica, se ha instituido la novedosa accin por incumplimiento y la

Accin extraordinaria de proteccin.

Es necesario resaltar el esfuerzo del asamblesta por regular mediante

principios, el ejercicio y aplicacin de stas garantas, ya habamos mencionado

anteriormente que al establecer los principios rectores en cualquier actividad,

colocamos el marco conceptual que sirve de gua para no perderse en el camino

del ejercicio o aplicacin de una determinada actividad. Veamos los aspectos

novedosos de estos principios que rigen las garantas jurisdiccionales:

a) Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad

podr proponer las acciones previstas en la Constitucin. Con esto se deja

aun lado el engorroso trmite de recoleccin de firmas para presentar

acciones como las de inconstitucionalidad o requisitos adicionales para

plantear acciones por violacin a los derechos difusos.

b) El procedimiento ser sencillo, rpido y eficaz. Ser oral en todas sus fases e

instancias. Se persigue la oralidad como eje transversal dentro de los

principios de administracin de justicia

c) Podrn ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin

necesidad de citar la norma infringida. No ser indispensable el patrocinio de

un abogado para proponer la accin. Algunos han considerado que es

contradictorio quejarse de la fiebre de amparitis y abrir ms la puerta a la

cascada de amparos y que muchas garantas sern negadas por

incompletas o incorrectamente formuladas. No obstante esta apreciacin, se

debe considerar que las garantas constitucionales no es un campo que debe

estar al servicio y al entendimiento de los abogados sino del ciudadano en

general. Adems al ser acciones de proteccin no slo que deben eliminarse

las limitaciones de acceso a dicha proteccin sino que el Juez, como garante

constitucional de los derechos de las personas es el que debe suplir

cualquier omisin de la parte perjudicada, las victimas generalmente no

hablan un lenguaje jurdico, no pueden expresar que derechos se les viol,

expresan los sntomas que ha provocado esa violacin, ese sntoma debe

ser analizado por el juez que es al que le corresponde declarar la

enfermedad (derecho violado) y recetar la medicacin para la cura (medidas

cautelares, acciones especficas para remediar el dao causado)

d) Las notificaciones se efectuarn por los medios ms eficaces que estn al

alcance del juzgador, del legitimado activo y del rgano responsable del acto

u omisin. La ley debe normar que medios de notificacin son admisibles,

consideramos que stos deben estar acorde a las circunstancias

geogrficas, estructurales y consuetudinarias del lugar donde se genera el

Acto, por lo tanto se evita el retardo en la administracin de justicia, pues se

puede aprovechar los medios electrnicos (fax, internet, etc) para realizar las

notificaciones.

e) La jueza o juez en cualquier momento del proceso podr ordenar la prctica

de pruebas y designar comisiones para recabarlas. Se presumirn ciertos

los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad

pblica requerida no demuestre lo contrario o no suministre informacin. La

jueza o juez resolver la causa mediante sentencia, y en caso de constatarse

la vulneracin de derechos, deber declararla, ordenar la reparacin integral,

material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas

y negativas, a cargo del destinatario de la decisin judicial, y las

circunstancias en que deban cumplirse. En una accin por violaciones a

derechos humanos corresponde al estado demostrar que su comportamiento

est apegado a la Constitucin, no al inversa, por lo tanto si el proponente

que generalmente no cuenta con los medios econmicos y logsticos

necesarios para demostrar una determinada vulneracin, propone una

accin en contra del estado y ste no responde y convence de lo contrario,

se entiende que lo ha cometido, asumiendo la responsabilidad de su

accionar. Por otro lado es importante resaltar que ahora si las sentencias

sobre derechos humanos sern (esperemos que s) de carcter integral, de

nada vale ganar una accin de amparo si la resolucin del Juez es compleja

y slo aborda la parte jurdica y deja de lado los mtodos de cmo reparar o

cautelar el derecho en peligro. Algunas sentencias del Tribunal

Constitucional han declarado la vulneracin de los derechos, pero no

establece la forma como deben reparrselos, es decir en que tiempo,

quienes, donde, por que medios.

f) Las sentencias de primera instancia podrn ser apeladas ante la corte

provincial. Los procesos judiciales slo finalizarn con la ejecucin integral

de la sentencia o resolucin. El derecho a la justicia no se consigue con la

resolucin sino con las acciones concretas que deben ejecutarse de parte

del victimario para que la reparacin a los derechos sea efectiva, sino se da,

existe la posibilidad de plantear la accin por incumplimiento.

g) Si la sentencia o resolucin no se cumple por parte de servidoras o servidores

pblicos, la jueza o juez ordenar su destitucin del cargo o empleo, sin

perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. Cuando sea un

particular quien incumpla la sentencia o resolucin, se har efectiva la

responsabilidad determinada en la ley. Es la mejor forma de ser concordante

con la disposicin constitucional respecto a la responsabilidad de los

funcionarios en el ejercicio de los cargos pblicos, puesto que el respeto a

los derechos humanos es la mayor responsabilidad estatal y sta no puede

verse quebrantada por las acciones repetidas de ciertos funcionarios que

asumen retricamente el cumplimiento de alguna resolucin judicial o

constitucional respecto a derechos humanos.

h) Todas las sentencias ejecutoriadas sern remitidas a la Corte Constitucional,

para el desarrollo de su jurisprudencia. Esta disposicin debe permitir que al

fin la Corte Constitucional tenga un desarrollo jurisprudencial definido en

virtud de que algunos fallos de ltima instancia han contenido resoluciones

contradictorias respeto a otras sobre la misma materia y objeto.

i) Se podrn ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las

acciones constitucionales de proteccin de derechos, con el objeto de evitar

o hacer cesar la violacin o amenaza de violacin de un derecho. La mejor

forma de proteger los derechos humanos es siendo preventivo, esto es

establecer las medidas necesarias para evitar la vulneracin de derechos

humanos, por lo tanto se convierte en un reto para los jueces, establecer

medidas cautelares que conlleven dicha finalidad, incluso antes de

pronunciarse en resolucin.

LA ACCIN DE PROTECCIN.

La actual Constitucin establece de manera general que la Accin de proteccin

procede contra todos los actos u omisiones de cualquier autoridad pblica no

judicial; contra polticas pblicas cuando supongan la privacin del goce o

ejercicio de los derechos constitucionales. Se elimina por lo tanto la inminencia

del dao y el dao grave, que estableca la anterior Constitucin, que adems

supona que la Accin de proteccin era efectiva, cuando cumpla estos tres

requisitos, que no siempre se encontraban al unsono, por lo que muchas

resoluciones judiciales negaban los recursos argumentando el incumplimiento

de alguno de estos requisitos, sin hacer un anlisis sobre la vulneracin del

derecho constitucional que estaba en debate.

Vemos que se incorporan a las polticas pblicas como actos susceptibles de

interposicin de Accin de proteccin, que desde todo punto de vista es

importante y fundamental puesto que, como habamos mencionado

anteriormente, es a travs de las polticas pblicas, donde el gobierno expresa

de manera concreta el respeto de los derechos humanos. Esto abre la posibilidad

para que las personas o colectivos que se sientan perjudicados por acciones u

omisiones que desde la gestin y ejecucin de obras o proyectos desconozcan

o vulneren derechos constitucionales, puedan exigir a travs de la accin de

proteccin.

Es un avance importante puesto que la anterior constitucin slo estableca

como susceptibles de interposicin de este recurso a los actos y omisiones de la

autoridad pblica, cuyo anlisis siempre estaba dado en razn de si estos actos

eran expedidos o realizados por autoridad competente, desconociendo que para

que un Acto de autoridad pblica se convierta en legitimo, no basta solamente

que el mismo haya sido emitido por una autoridad que sea competente para

emitirla, o que la misma no haya excedido los limites de esa competencia, sino

que es requisito indispensable que todo Acto de autoridad pblica no vulnere o

inobserve los derechos subjetivos de los administrados, puesto an siendo que

el Acto provenga de una autoridad competente para realizar o emitir

determinados actos administrativos, si ese acto inobserva principios

fundamentales de Derecho Constitucional y afecta los derechos subjetivos de los

ciudadanos, es un Acto esencialmente ilegtimo, por lo que se convierte en un

Acto materia de ser impugnado mediante Accin de proteccin Constitucional.

Tambin se establece como regla general la interposicin de la accin cuando la

persona afectada se encuentra en estado de subordinacin, indefensin o

discriminacin, sin dejar de mencionar que los servicios pblicos son objeto de

este control de constitucionalidad y susceptibles tambin de interponer las

acciones de proteccin que se requieran cuando estos presten servicios

impropios.

EL HABEAS CORPUS.

Aspecto importante que resaltar en el hbeas corpus es que la actual

constitucin establece que la accin de hbeas corpus tiene por objeto recuperar

la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o

ilegtima, por orden de autoridad pblica o de cualquier persona, as como

proteger la vida y la integridad fsica de las personas privadas de libertad.

Avanzando respecto a la anterior que estableca slo la detencin ilegal, en este

sentido cabe mencionar que existen varias formas en las cuales una persona

puede estar en condiciones de detencin ilegal sin que ello signifique que sta

se encuentre sin orden de libertad o dentro de una crcel, puesto que el

presupuesto para que una persona se entienda privada de la libertad, es el hecho

de que se limite su libertad al trnsito, a no ser agredido, etc. Cuyos actos pueden

ser proferidos tanto por las autoridades de represin legtima (polica, fiscala)

como por los particulares en diversas circunstancias[10].

El Hbeas corpus actual conlleva la responsabilidad estatal de proteger no

solamente la vida sino la integridad fsica de la persona, entendiendo que si una

persona es detenida o se encuentra detenida en condiciones que ponen en

peligro su vida o su salud debe tener un trato preferente a fin de salvaguardar su

integridad. Para tal efecto, la constitucin dentro de los dos ltimos prrafos del

artculo 89 establece que en caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato

inhumano, cruel o degradante se dispondr la libertad de la vctima, su atencin

integral y especializada, y la imposicin de medidas alternativas a la privacin de

la libertad cuando fuera aplicable.

Adems, establece que cuando la orden de privacin de la libertad haya sido

dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondr ante la corte provincial

de justicia. Por lo que reconoce que no siempre la orden del juez legitima y

legaliza la detencin de alguna persona, sino que adems de este requisito, debe

observarse aquellos que la Constitucin establece, dentro de los derechos de

proteccin y libertad personal. Por lo tanto si es susceptible presentar un hbeas

corpus, an cuando exista orden de detencin emitida por juez competente, pero

sta accin debe interponrsela ante la Corte Provincial de Justicia.

Otro aspecto que demuestra la progresividad del hbeas corpus en la actual

Constitucin, es que dispone ciertas medidas en caso de desaparicin forzada

de personas, Art. 90 Cuando se desconozca el lugar de la privacin de libertad

y existan indicios sobre la intervencin de algn funcionario pblico o cualquier

otro agente del Estado, o de personas que acten con su autorizacin, apoyo o

aquiescencia, la jueza o juez deber convocar a audiencia al mximo

representante de la Polica Nacional y al ministro competente. Despus de

escucharlos, se adoptarn las medidas necesarias para ubicar a la persona y a

los responsables de la privacin de libertad. Seguramente la Ley debe

determinar a que funcionario e institucin le corresponde asumir las medidas de

ubicacin de la persona y el establecimiento de responsabilidades.

Vemos entonces que respecto al hbeas corpus existen cambio de fondo pero

tambin de forma, por ejemplo se elimina la facultad a los alcaldes para conocer

las acciones, que ahora deben conocer los jueces, que hasta el momento no

sabemos cuales de los jueces son competentes, si slo los jueces penales o

cualquiera de los jueces, esto tendr que definirlo la ley, lo importante es que a

menos a largo plazo se puede avizorar un tratamiento en las resoluciones, ms

apegado a los principios del derecho constitucional.

EL ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA

Es una garanta novedosamente incorporada al bloque de constitucionalidad

pero tradicionalmente ejercida, quiero decir que aunque la Constitucin anterior

no estableca de manera sistmica como garanta el acceso a la informacin, las

personas y colectivos ya venan demandando mediante este recurso, el acceso

a cierta informacin clave para conocer los alcances de su contenido e iniciar las

acciones de exigencia de derechos humanos.

La actual Constitucin establece que la accin de acceso a la informacin

pblica tendr por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada

expresa o tcitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o

fidedigna. Podr ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carcter

secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificacin de la informacin.

El carcter reservado de la informacin deber ser declarado con anterioridad a

la peticin, por autoridad competente y de acuerdo con la ley.

Se eleva de esta forma a un nivel constitucional, la disposicin que constaba en

la Ley de acceso a la informacin pblica, por lo que su interposicin no tendr

ninguna reserva o limitacin que pueda limitar que las instituciones pblicas o

privadas que manejan fondos pblicos deban excusarse de entregar.

ACCION DE HABEAS DATA

Se mantiene como lnea general los fundamentos y principios de las

disposiciones de la anterior constitucin, sin embargo por las condiciones de

desarrollo tecnolgico, cientfico e informtico se han incorporado algunos

elementos para asegurar la plena eficacia del acceso y conocimiento de la

informacin personal, por ejemplo se han incorporado la informacin sobre datos

genticos, el soporte electrnico y el tiempo de vigencia de los datos; adems

se ha incorporado una lnea precautelar a la divulgacin de informacin, de tal

forma que toda informacin sensible sea difundida previa autorizacin del titular

o la ley . Art. 92 Toda persona, por sus propios derechos o como representante

legitimado para el efecto, tendr derecho a conocer de la existencia y a acceder

a los documentos, datos genticos, bancos o archivos de datos personales e

informes que sobre s misma, o sobre sus bienes, consten en entidades pblicas

o privadas, en soporte material o electrnico. Asimismo tendr derecho a

conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de

informacin personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos.

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrn

difundir la informacin archivada con autorizacin de su titular o de la ley. La

persona titular de los datos podr solicitar al responsable el acceso sin costo al

archivo, as como la actualizacin de los datos, su rectificacin, eliminacin o

anulacin. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deber estar autorizado

por la ley o por la persona titular, se exigir la adopcin de las medidas de

seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, sta podr acudir a la jueza

o juez. La persona afectada podr demandar por los perjuicios ocasionados.

ACCION POR INCUMPLIMIENTO

Siendo que las garantirs son el medio adecuado para hacer efectivo los

derechos de las personas y comunidades, gran parte de las acciones de

constitucionalidad que establecan obligaciones positivas o negativas de

cumplimiento de parte de funcionarios pblicos, en especial aquellos

relacionados con Hbeas Corpus, Hbeas Data y Amparo, no fueron acatadas

de forma integral de parte de los accionados[11], esto provoc inseguridad

jurdica y violacin al derecho de reparacin y justicia de las victimas, lo que les

conllevaba a revictimizarlas y perder la confianza en los mecanismos judiciales

creados para garantizar los derechos humanos.

Esta particularidad tambin se puede notar en las practicas que adopta el estado

ecuatoriano para asegurar el cumplimiento de las sentencias o recomendaciones

de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, para las que no existe

una legislacin que determine los responsables de estos cumplimientos o

incumplimientos ni el seguimiento que deben darse a las decisiones de los jueces

o tribunales internacionales.

Bajo la premisa de no impunidad y cumplimiento integral y efectivo a las

decisiones jurisdiccionales, la nueva constitucin establece en su artculo 93

que La accin por incumplimiento tendr por objeto garantizar la aplicacin de

las normas que integran el sistema jurdico, as como el cumplimiento de

sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos,

cuando la norma o decisin cuyo cumplimiento se persigue contenga una

obligacin de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. La accin se interpondr

ante la Corte Constitucional.

Por lo tanto en este eje transversal de constitucionalismo democrtico, siendo la

corte constitucional el mximo organismo de interpretacin, se le otorga tambin

la facultad para controlar no slo los actos de carcter jurdico sino tambin

aquellos actos que habiendo sido obligados a cumplir, mediante sentencia por

parte de los jueces nacionales u organismos internacionales, estn vulnerando

derechos fundamentales por su falta de acatamiento. Generando de este modo

que las personas y colectividades obtengan el verdadero derecho a un recurso

efectivo que garantice la justicia y su derecho a la verdad[12].

ACCIN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIN

El punto ms polmico dentro de las garantas constitucionales de la nueva

Constitucin es el de la accin extraordinaria de proteccin que proceder contra

sentencias o autos definidos en los que se haya violado, por accin u omisin,

derechos reconocidos en la Constitucin y se interpondr ante la Corte

Constitucional. En otras palabras, la Corte Constitucional, que es el rgano de

control constitucional, podr rever sentencias de la Corte Nacional de Justicia. A

pesar de su inclusin novedosa, este sistema existe en Europa y lo que busca

es que exista un control constitucional a la administracin de Justicia, partiendo

del principio que en un estado Constitucional, todos deben someterse al control

de constitucionalidad, incluidas las decisiones de los jueces que actan por

delegacin constitucional y deben obedecer a ella mas que a la mera formalidad

de la ley, sobre todo en casos anlogos.

Sin embargo, la crtica apunta a que se crear un ambiente de inseguridad

jurdica por la gran cantidad de recursos, lo cual har que causas supuestamente

cerradas sean reabiertas bajo el pretexto de que no se respetaron los derechos

fundamentales del afectado.

No obstante esta visin, considero que esta es la nica forma para evitar que los

derechos fundamentales sean omitidos en el trmite de los juicios. Antes el

control constitucional que haca el Tribunal Constitucional solo alcanzaba a los

actos del Ejecutivo y del Legislativo y el sistema judicial quedaba fuera.

CONCLUSIONES:

La nueva constitucin en temas de garantas constitucionales establece algunas

novedades jurdicas en materia de proteccin de los derechos humanos que son

necesarios dentro del nuevo sistema de estado constitucional de derechos.

Esta nueva visin de estado, refuerza los derechos y las garantas para ser

exigidos y judiciables, establece a los derechos como la razn misma del estado.

Al hablar de estado de derechos se entiende que coexisten derechos ordinarios,

colectivos, indgenas, etc. Estas caractersticas demanda de la ciudadana y de

los garantes del sistema judicial, una nueva cultura de interpretacin y valoracin

de las principios constitucionales de tal forma que la aplicacin de la norma y las

polticas pblicas no desconozca o limite el ejercicio de los derechos

constitucionales.

La cultura jurdica imperante caracterizada por el positivismo jurdico kelsiano

puede ocasionar un conflicto entre la aplicacin de la norma constitucional, la

legislacin secundaria y el status quo de los jueces, quienes han sido

independientes en sus decisiones y no han tenido control de constitucionalidad

sobre sus decisiones. Las estructuras de administracin de justicia deben

adaptarse al nuevo modelo de garantas de tal forma que privilegien los principios

de administracin de justicia por sobre los de mera formalidad.

Preocupa que dentro del contexto de interpretacin legalista de los derechos

humanos y la existencia de grupos de poder locales enquistados en la funcin

judicial, las apelaciones a las garantas constitucionales que ahora corresponden

a la Corte provincial, tengan un anlisis vago, poco profundo y progresista de

parte de los jueces de estas Cortes, sirviendo de poco sus resoluciones al

desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional; adems, debe considerarse

que el panorama para la renovacin de estas cortes as como la capacitacin de

los funcionarios en temas constitucionales no es nada alentadora, por lo que

podran repetirse casos en los cuales las estructuras de poder local influyen

sobre una decisin judicial y no permitan la aplicacin progresiva de los

derechos.

La administracin pblica tiene el mandato de administrar la cosa pblica pero

siempre bajo el lmite de respetar los derechos de las personas y comunidades,

pues incluso en la aplicacin de sus funciones, deben aplicarse en el sentido

ms favorable a la vigencia de los derechos humanos.

Para que la actual constitucin pase del papel a la prctica cotidiana, es

necesario observar algunas recomendaciones:

a) Se debe reconstruir la legislacin secundaria y actualizarla con los principios

sobre aplicacin de los derechos humanos y la naturaleza que esta

constitucin plantea.

b) Se debe crear y fortalecer la jurisdiccin constitucional especializada o jueces

constitucionales (nica va real de aplicacin del principio de independencia

y unidad jurisdiccionales) que por sobre la justicia ordinaria, tenga capacidad

de resolver aquellos actos y situaciones jurdicas atentatorias a los derechos

fundamentales.

c) Capacitar a jueces, funcionarios judiciales y autoridades administrativas, sobre

el nuevo paradigma de estado constitucional.

d) Armonizar las actuales defensoras del Pueblo con los jueces constitucionales

de primera instancia y darles facultades coercitivas, para que se conviertan en

aporte a al debate y jurisprudencia constitucional.

[1] Asesor Legal y coordinador jurdico de la Fundacin Regional de Asesoria en

Derechos Humanos INREDH, abogado ambientalista, defensor de los derechos

humanos.

[2] El dominico F. Bartolom de Las Casas, en el siglo XVI alz su voz contra los

abusos espaoles, reclamando un trato humanitario para los pobladores

indgenas.

[3] Los Art. Sobre la vida y la familia de la nueva Constitucin, fueron objeto de

campaas de desprestigio y satanizacin de parte de grupos de los cleros

evanglicos y catlicos, a tal punto de llamar a la propuesta Constitucional como

abortista, atea e inmoral.

[4] EE UU y Cuba no han ratificado el protocolo de Kyoto y la Carta Americana

de DD HH, respectivamente.

[1] Internet. Los Derechos Humanos en el Ecuador; monografas.com

[2] Ibidem

[3] Fuente: Revista judicial, El Ecuador y los Derechos Humanos,

http://www.dlh.lahora.com.ec

[4] La Constitucin de 1979, estableca la Accin de amparo, dentro del sistema

de garantas de los derechos humanos

[5] Tambin fue objeto de ciertos abusos de parte de quienes a sabiendas,

interponan acciones que estaban inclusos prohibidas por la Constitucin

[6] Art. 1 de la Constitucin vigente

[7] Profesor de derecho constitucional en la U. Catlica De Chile

[8] Art. 84 C. P. E.

[9] Profesor invitado de la U. Andina, ex asesor de la Asamblea Constituyente,

experto en derechos humanos y migracin

[10] En el Ecuador se han presentado innumerables casos de personas que

estn retenidos en hospitales privados por no haber pagado las curaciones, o

en centro de atencin siquitrica o rehabilitacin por consumo de sustancias

estupefacientes por causas similares.

[11] En la Provincia de Orellana algunas compaas Petroleras han sido

obligadas mediante Accin de Amparo a remediar zonas contaminadas, sin

embargo hasta la presente fecha dichas resoluciones no han sido cumplidas

[12] En el caso de Habeas Corpus a favor de Lus Guachal, desaparecido

mientras estaba en un centro psiquitrico, el Tribunal Constitucional estableci

que no se pueden cerrar las investigaciones que tenan como finalidad encontrar

al desaparecido, tambin se hace extensiva a la Defensora del Pueblo,

Ministerio pblico y cualquier otra institucin estatal que est en la obligacin

jurdica de comprometer su esfuerzo para coordinar acciones entre ellas con el

objetivo de dar con el paradero del seor Guachal. Sin embargo, ninguna

autoridad se hizo responsable por lograr los efectos deseados.