LOS MECANISMOS DE DEFENSA DE LAS COOPERATIVAS DE CR ÉDITO EN ESPAÑA

Amalia Hidalgo-Fernández

Economía Financiera y Contabilidad.

Universidad de Córdoba

ahidalgo@uco.es

Sergio Román-Pizarro

Universidad de Córdoba

RESUMEN:

Aprobados los planes de integración por el Banco de España, el proceso de reestructuración de las cooperativas de crédito se encuentra, en la actualidad, sentando las bases del nuevo sistema financiero de economía social y comenzando a arrojar los primeros datos de su eficacia; en conjunto implica la mayor reordenación del sector bancario español en la historia reciente. Centrándonos en los ejercicios económicos entre 2008 y 2012, hemos analizado todas las cooperativas de crédito españolas, por variables absolutas, del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria y por magnitudes relativas en forma de ratios, realizando un análisis económico-financiero, agrupadas por Comunidades Autónomas y se han obtenido datos del sector de cooperativas de crédito para poder realizar comparaciones con otras entidades de crédito. Las conclusiones nos determinarán la rentabilidad en los procesos de fusión o de cooperación empresarial de las cooperativas de crédito que integran el ámbito nacional.

PALABRAS CLAVE : Cooperativas de crédito, Concentración, Eficiencia, Competitividad, Estructura económica y financiera.

ABSTRACT:

Integration plans approved by the Bank of Spain, the process of restructuring of credit unions is, at present, laying the foundations of the new social economy financial system and starting to show the first evidence of effectiveness, in conjunction rearrangement involves more Spanish banking sector in recent history. Focusing on the fiscal years between 2008 and 2012, we analyzed all Spanish credit cooperatives for absolute variables, the balance sheet, profit and loss account and the memory and relative magnitudes as ratios, analyzing economic financial, grouped by regions and data were obtained credit union industry for comparisons with other credit institutions. The conclusions we determine the profitability in the process of merger or business cooperative credit unions that make up the national level.

CLAVES ECONLIT: cooperative credit, concentration, efficiency, competitiveness, economic and financial structure.

1. INTRODUCCIÓN Dentro del sector financiero de una economía, el sistema bancario, constituye la

pieza más importante, además de constituirse como el mayor partícipe del sistema de crédito de un país. Por tanto, nos centraremos en las entidades bancarias dentro del conjunto de instituciones heterogéneas que participan en los distintos mercados financieros.

A partir de la característica de la entidad bancaria como la única autorizada, con carácter general, para captar fondos reembolsables del público en forma de depósitos, podemos concretar la diferencia entre las entidades, que forman el sistema bancario español, los bancos, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito.

La actividad básica de las entidades bancarias es la gestión de recursos e instrumentos financieros, como concesión de préstamos o créditos (al consumo, comerciales, hipotecarios, factoring, leasing o renting), de tarjetas de crédito o débito y la prestación de avales y garantías.

En los últimos años, debido a la tendencia a la baja en los tipos de interés, se han producido ciertos cambios en las pautas de inversión de los ahorradores. Ha disminuido el ahorro financiero de los hogares en depósitos a plazo y se ha incrementado la inversión en renta variable y en fondos de inversión.

Estas nuevas condiciones del entorno han provocado una adaptación de las entidades bancarias españolas, según sus posibilidades, pero todas tienen unos objetivos comunes que consisten en una mayor diversificación geográfica y una búsqueda de actividades, con el fin de canalizar los excedentes de tesorería hacia aquellas inversiones que supongan nuevas fuentes de ingresos.

Por otro lado, la globalización y sus consecuencias han provocado que el crecimiento y el bienestar de un país esté ligado al entorno internacional, donde las empresas de todo el mundo compiten en un mercado transnacional y donde los capitales financieros, productivos y comerciales circulan libremente de un país a otro.

La globalización de la actividad financiera, se ha concretado en una creciente internacionalización de las entidades bancarias nacionales, a través de la inversión en activos fuera de su mercado originario. Destacando en este proceso la superioridad de la banca frente a las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito.

Las entidades bancarias son conscientes de que un mercado globalizado implica una evolución en su estructura organizativa, ya que provocará una demanda homogénea más universal, que unifique los gustos de los consumidores, con una oferta interesada en obtener una economía de escala a través de una dimensión mayor que permita la disminución de sus costes.

Pero la globalización también conlleva riesgos para las entidades bancarias, fundamentalmente europeas, por el elevado número de instituciones financieras que operan en los mercados, ya sea de naturaleza comercial (bancos), como no comercial o no lucrativa, (cajas de ahorros y cooperativas de crédito), siendo esta dualidad en la composición de las entidades bancarias la que dificulta la concentración en el mercado europeo. En el caso de los bancos comerciales no tienen la posibilidad de ganar dimensión mediante la compra de estas pequeñas entidades de depósito no comerciales y así contribuir a paliar la fragmentación del sector. Aunque si está permitido lo contrario, a las entidades bancarias no comerciales la compra de bancos estrictamente comerciales.

Por otro lado, la falta de un sistema de supervisión europeo, delega en las autoridades monetarias nacionales la responsabilidad de controlar la actividad de las entidades bancarias que residan en su territorio de actuación. Evidentemente, esto contribuye a ralentizar el desarrollo de los mercados de capitales europeos, con las

consecuencias negativas que ello tendrá en la colocación del ahorro y del crédito europeo que emigran a mercados más desarrollados como el americano.

Todo esto ha conducido a la reestructuración, capitalización y concentración del Sistema Bancario Español y aún no ha concluido, después de cinco años de recesión y cinco decretos leyes. Las Cajas de Ahorro, el 50% del sistema, se han visto sometidas a una forzada transformación. El 40% del sistema de Cajas ha sido nacionalizado y el resto ha trasmitido la actividad financiera convirtiéndose en fundaciones bancarias.

Las cooperativas de crédito españolas, al igual que el resto de las entidades bancarias se han visto afectadas por la crisis financiera iniciada en el año 2007 (Gutiérrez, 2012); pero en menos medida que las cajas de ahorros, dado que su exposición al riesgo derivado del sector inmobiliario ha sido menor.

El Sistema Bancario Español necesitaba un fuerte saneamiento y capitalización como consecuencia de las minusvalías que había provocado el sector inmobiliario y del excesivo endeudamiento privado. Además, de presentar una estructura sobredimensionada, en el número de entidades, tanto en oficinas y empleados.

Todas las reformas que se han aprobado en España, han implicado una reestructuración del sector bancario, con el objetivo de reforzar la solvencia de las entidades de crédito, a través de un incremento de sus recursos propios y su integración en estructuras de mayor dimensión.

A partir del año 2009 se produjo un proceso de agrupación del sector de la banca cooperativa española y está culminando en el mayor proceso de concentración y de reestructuración de toda su historia. Este sector, abarca entidades financieras de carácter territorial, con forma jurídica de sociedad cooperativa y con un marcado carácter social, centrado en las familias y en las pequeñas empresas (Palomo y Sanchís, 2008).

La causa de integración de las cooperativas de crédito, no es debida a problemas de solvencia, sino que el problema que presentan estas entidades, para las autoridades financieras es su reducido tamaño (Fajardo, 2011). Y, aunque no se han visto obligadas, como las cajas de ahorro a una transformación en bancos, se han abierto vías para ello. Sin embargo el proceso de integración se está realizando a través de la fusión entre entidades individuales y mediante la constitución de diversos grupos cooperativos en vez de seguir las pautas del Banco Cooperativo Español o la Asociación Española de Cajas Rurales (Fajardo, 2011).

Un modelo de referencia, para una integración financiera eficiente, podrían ser los sistemas de banca cooperativa realizados en los principales países europeos, basados en la formación de instituciones bancarias, con unas características y organizaciones comunes, que proporcionan unos servicios especializados de carácter financiero y en diferentes ámbitos de actuación (Belmonte, 2012; Mateu y Palomo, 2005).

De las 81 Cajas y Grupos Cooperativos que había en el inicio de la crisis (2007-2008), en diciembre de 2012 solo quedaban 41. No obstante, por la tipología de estas entidades se han visto menos afectadas por las consecuencias de la crisis y por la presión reestructuradora del regulador bancario (Gutiérrez et al., 2012; De Castro y Motellón, 2011).

El objeto social de las cooperativas de crédito se ha ido transformando en el tiempo, debido a las transformaciones que se han producido en el mundo agrario, del que proceden la mayoría de las cooperativas, así como por el proceso de globalización de las economías occidentales. Todo esto ha ocasionado una fuerte competencia, en parte por las mermas en los márgenes de intermediación por la sucesiva bajada de tipos de interés y obligando a las entidades financieras a crecer en volumen de recursos e inversión, si desean contrarrestar la disminución de sus resultados.

Otra de las razones que han contribuido al cambio en el objeto social de las cooperativas de crédito ha sido el cambio en la estructura del ahorro de las familias, cada vez más interesadas por los productos financieros novedosos, de mayor rentabilidad que una imposición a plazo fijo tradicional, o del ahorro inmobiliario (Fernández y Marhuenda, 1998).

Los cambios en el escenario financiero nacional se pueden ratificar en las cooperativas de crédito con la ampliación de los mercados, eliminación de las fronteras físicas de las regiones donde surgieron, con estrategias más globales y la lucha con nuevos productos y servicios financieros tras el incremento de la competencia entre entidades que operan en el mercado nacional. Se demostrará que debido a las estrategias de expansión de algunas entidades, ha quedado obsoleto el principio de territorialidad de las cooperativas de crédito, que circunscribe la expansión de éstas a su localidad de influencia o, en el mejor de los casos, a territorios limítrofes a las zonas de influencia natal de las entidades cooperativas (Belmonte y Cortés, 2010).

El objetivo de este trabajo se centrará en el estudio de las integraciones de las cooperativas de crédito desde la perspectiva de los mecanismos de defensa en la reestructuración bancaria por comunidades autónomas. Para ello, se atiende ante un nuevo contexto internacional, a la obtención de entidades eficientes y competitivas en el desempeño de su función financiera y social.

Por tanto, se aborda una materia de gran interés por su actualidad y transcendencia económica en la reordenación bancaria. Relacionando la dimensión con la eficiencia, con la finalidad de comprobar si las actuaciones de integración de las cooperativas cumplen su objetivo. Se pretende analizar la supervivencia futura del sector de cooperativas de crédito, así como la productividad e interés por la expansión y competitividad.

2. LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO EN ESPAÑA

2.1 Concepto y clases El concepto de cooperativa de crédito (Art. 1 Ley 13/1989, de 26 de mayo) se

identifica con un sector que contiene tres tipos de entidades cooperativas bien diferenciadas, cajas rurales, cajas populares y cajas profesionales (Palomo y Mateu, 1999). Antes de exponer cada uno de estos tipos de cooperativas de crédito, hay que puntualizar que es muy posible que internacionalmente el fenómeno cooperativo se defina de diferente forma.

Las cajas rurales, son entidades de crédito cooperativo y constituyen el sector más numeroso de las cooperativas de crédito en España. Por tanto, están sometidas a la legislación vigente sobre cooperativas y como son entidades de depósito, y de crédito están sujetas a las normas que regulan a los intermediarios financieros bancarios en general, así como las normas específicas que recaen sobre las entidades de crédito.

La razón de existir las cajas rurales ha sido y es la misma que la de las cooperativas del campo, hoy cooperativas agrarias. Tanto unas como otras tienden como objetivo ayudar a sus agricultores asociados para satisfacer mejor sus necesidades o intereses, autofinanciándose y liberándose de la usura de agentes externos.

La transformación de la agricultura tradicional española, el éxodo rural, la mecanización del campo y la diversificación del trabajo provocaría unas necesidades de financiación cada vez mayores y la progresiva diversificación de las operaciones de este tipo de entidades (Martín Mesa, 1988).

A lo largo del tiempo, dichas entidades fueron evolucionando, pasando por sucesivas etapas de fragmentación y concentración, por consiguiente el actual movimiento de agrupación no es nuevo en el sector de las cajas rurales.

Las cajas populares son cooperativas de crédito que están vinculadas con actividades empresariales y profesionales distintas a las actividades del campo, habría que destacar el Grupo Mondragón, Caja Laboral Popular.

Y por último, las cajas profesionales son aquellas cooperativas de crédito al servicio de una actividad laboral y que han nacido de las agrupaciones profesionales, actualmente sólo existen tres, Caja de Ingenieros, Caja de Arquitectos (Arquia) y Novanca.

2.2 Orígenes y fundación

Las cooperativas de crédito surgen ante la insatisfacción de un conjunto homogéneo de individuos, agricultores o artesanos, desfavorecidos a la hora de cubrir sus necesidades de recursos financieros. Es decir un grupo de personas crean una sociedad para obtener financiación cuando los mecanismos del mercado no satisfacen con eficiencia sus necesidades. Según Soler Tormo (2002) la solución cooperativa es la formación de sociedades cuyo objetivo primordial es prestar un servicio a los asociados que se han vinculado de forma libre y voluntaria, para la consecución de unos fines comunes.

La aparición de las cooperativas de crédito, en España, es mucho más tardía que en el resto de Europa (Martínez Soto, 2002) y más patente si lo comparamos con el caso de Alemania y el sistema discurrido por Raiffeisen con la finalidad de liberar a los pequeños agricultores de la usura de los prestamistas, es decir, crear una banca sin banqueros.

A partir del siglo XV surgen en España unas entidades denominadas pósitos, sin ánimo de lucro, destinadas a prestar semillas a los agricultores con necesidades de plantar grano en sus campos. Un organismo municipal, que sirve como instrumento de amortiguación cíclica de las malas cosechas.

Según Gómez y Fernández-Revuelta, 1998, los pósitos son considerados verdaderos bancos en especie (bancos primitivos que realizaban operaciones de préstamo de trigo, cobrando réditos, estableciendo fianzas, etc.), permitiendo con sus préstamos la continuidad del cultivo y paliar la fuerza de las crisis de subsistencia. Son unos almacenes de grano con que la previsión de los pueblos ha tratado de evitar siempre el hambre en los años calamitosos.

Indica Ruíz Martín, 1970, que se forjaron en el siglo XV y se expandieron durante el XVI. Y, tras el relativo boato que vivieron los pósitos en la segunda mitad del siglo XVIII, irán disminuyendo en número y credibilidad a lo largo del siglo XIX, para entrar en declive a partir del siglo XX cuando la legislación comienza a emprender sucesivas reformas para convertir los pósitos en bancos agrícolas, cajas de ahorros y montes de piedad.

La fundación de las primeras cooperativas de crédito en España fue lenta y comenzó a organizarse por provincias, con un número significativo de cajas rurales y donde se formaron varias federaciones. Pero el problema surgió en que no tienen una estructura jerárquica tan compacta como la que puedan tener el resto de países europeos, como Alemania, Bélgica, Francia o Austria, en los que el cooperativismo ha tenido cierto éxito. En España, no se crearon organismos de coordinación autónomos, ni bancos regionales o centrales que canalizaran el ahorro cooperativo de las distintas agrupaciones locales y esto provocó un desarrollo limitado y que históricamente su importancia dentro del sistema financiero español fuese poco relevante (Martínez Soto, 2002).

La Asociación Española de Cooperativas de Crédito se fundó en 1989 y cambió su nombre a Asociación Española de Cajas Rurales (AECR) en 1995. Prácticamente todas las cajas rurales pertenecen a ella. Esta asociación es el núcleo del Grupo Caja Rural, que también incluye un banco (Banco Cooperativo Español) y otras organizaciones creadas en la década de 1980 para prestar servicios al grupo, como por ejemplo Rural Servicios Informáticos o el consorcio Rural Grupo Asegurador (seguros).

Todas las cooperativas de crédito pertenecen a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, que los representa y defiende sus intereses. Y cabe señalar que las cooperativas de crédito suelen permanecer al margen de las federaciones de cooperativas y de la economía social (CEPES).

2.3 Características distintivas del sector

La Constitución española, vigente desde 1978 establece en su artículo 129.2 que los poderes públicos fomentarán las sociedades cooperativas mediante una legislación adecuada. El alcance de este mandato abarca todas las cooperativas, incluidas las cooperativas de crédito. Por tanto, es deber de las autoridades (Parlamento y gobierno nacional, regional y local) fomentar las cooperativas crédito a través de una legislación que sea apropiada para este propósito.

El Real Decreto legislativo 1298/1986, de 28 de junio, declara que junto con los bancos y cajas de ahorros, las cooperativas de crédito son instituciones de crédito. Siendo instituciones de crédito, las cooperativas de crédito están sujetas a las regulaciones bancarias, principalmente la Ley 26/1988 de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, a la Ley 13/1985, de Coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y al Real Decreto 2606/1996 sobre Fondos de Garantía de Depósito.

Las cooperativas de crédito son instituciones financieras y son cooperativas, y por consiguiente sujetas a ambas normativas. En España, la nación (el Estado) y las regiones (Comunidades Autónomas) comparten el poder de legislar en materia de cooperativas, pero las reglas básicas en materia de banca y crédito son responsabilidad del Estado.

Las cooperativas de crédito se regirán por la Ley nacional 13/1989 de Cooperativas de Crédito y su Reglamento de conformidad (Real Decreto 84/1993). En segundo lugar, también se rigen por la Ley de Cooperativas aplicable (Ley nacional 27/1999, de 16 de julio 1999, o la ley de cooperativas regional). Algunas regiones también han desarrollado la legislación sobre cooperativas de crédito adicionales (Ley 5/2001 y el Decreto 129/2002 en Extremadura, el Decreto 83/2005 en la Comunidad Valenciana y en Andalucía la Ley 14/2011).

Por último, la Ley 20/1990 de 19 de diciembre de 1990, sobre el Régimen Fiscal de las Cooperativas también se aplica a las cooperativas de crédito, en particular los artículos 39 y 40.

Las cooperativas de crédito también pueden ser llamados cajas rurales cuando presten sus servicios financieros en las zonas rurales. La creación de una cooperativa de crédito requiere la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda, previo informe del Banco de España, y la inscripción en el Registro de Cooperativas, el Registro Mercantil y el Banco de España Registro de Entidades.

Las cooperativas de crédito pueden realizar las mismas operaciones que las demás instituciones financieras, pero tienen que dar prioridad a las necesidades de sus socios y sus transacciones con los no socios, deben mantenerse por debajo del 50% de sus recursos totales. El Gobierno establece, el nivel requerido de capital, para la fundación y

el funcionamiento de una cooperativa de crédito, de acuerdo a la comunidad autónoma en la que se va a operar y la población de esa zona.

Los socios de las cooperativas de crédito pueden ser personas físicas o jurídicas. Cada socio, debe tener por lo menos un certificado de aportación al capital de la cooperativa, con un valor no inferior a 60 €. Las contribuciones totales de cada socio no podrán exceder del 20% del capital en el caso de una persona jurídica o un 2,5% para un individuo. En ningún caso, las personas jurídicas que no sean cooperativas pueden poseer más del 50% del capital social de la cooperativa.

La rentabilidad del accionista sobre el capital desembolsado no puede ser superior a 6 puntos por encima del tipo de interés legal y después de cubrir las pérdidas de los años anteriores y restando los impuestos sobre el capital y la compensación, un mínimo del 20% de los beneficios tiene que ser asignado al Fondo de Reserva Obligatorio y entre el 10% y el 30% al Fondo de Formación y Sostenibilidad de la cooperativa. El resto se puede asignar a los dividendos o reservas voluntarias.

Cada socio tiene un voto en las juntas generales, aunque los estatutos podrán decidir que el voto será ponderado en proporción al capital o al trabajo con el que contribuyen, o a la composición de los socios de la cooperativa. La mayoría de la junta directiva deben ser socios y su responsabilidad es equivalente a la de los directores de una sociedad anónima si el puesto es retribuido.

Desde el punto de vista fiscal, las cooperativas de crédito son fiscalmente protegidas, sus beneficios alcanzan un 26% del impuesto de sociedades, frente al 35% para los bancos.

La Ley 3/2009, aprobada el 3 de abril de 2009, regula los cambios estructurales de las sociedades mercantiles (transformación, fusión, escisión o cesión global de activos y pasivos. Esto no afecta a las cooperativas directamente, porque en la ley no se consideran empresas comerciales, pero algunos de las disposiciones les son aplicables. Una de ellas es la Cuarta Disposición final, que modifica la Ley de Cooperativas de Crédito, estableciendo, entre otras cosas, que cuando una cooperativa de crédito se convierte en un tipo diferente de entidad de crédito, el Fondo de Reserva Obligatorio se convierte en parte del capital social de la sociedad resultante. Esta regla ha sido posteriormente confirmada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo de 2011 sobre la Economía Sostenible, que especifica que el saldo del Fondo de Reserva Obligatorio de un acreedor cooperativa convertido puede formar parte del capital social de la sociedad financiera resultante (Novena Disposición Transitoria).

3. REORGANIZACIÓN DEL SECTOR BANCARIO Y LA RECAPITA LIZACIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO INVOLUCRADOS EN LOS PROCES OS DE INTEGRACIÓN

El Real Decreto Ley 9/2009, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los

recursos propios de la entidades de crédito fue aprobado el 26 de junio de 2009. Dicho Real Decreto, establece una serie de medidas para poder llevar a cabo una estrategia en materia de reestructuración bancaria, mediante el establecimiento de un proceso predeterminado, que se dirija por un lado, a incrementar la fortaleza y la solvencia del sistema bancario español, y por otro, a adoptar unas acciones determinadas y sujetas a un plan de actuación, para afrontar las debilidades en la situación económico-financiera de determinadas entidades de crédito, que pudieran poner en peligro su viabilidad en función de las condiciones de mercado. Así sea, con un reforzamiento de su patrimonio y solvencia, o bien facilitando su fusión o absorción por otra de reconocida solvencia o con el traspaso total o parcial de su negocio a otras entidades de crédito.

De acuerdo con el Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, los procesos de integración pueden incluir, entre otros, lo que se conoce como Sistema Institucional de Protección (SIP), que han sido concebidos en el contexto de una crisis financiera que ha situado al sistema financiero español, y en particular, a un buen número de cajas de ahorro en una situación de debilidad.

Debido a la naturaleza jurídica de las cajas, muy vinculadas a su comunidad de origen y con gran control regional, las fusiones entre sí resultan complicadas. Para solucionar estas dificultades se crearon holdings que agrupan a varias entidades que aun cediendo poder económico y político se les permitía conservar la marca y mantener cierta independencia.

Posteriormente con el Real Decreto-Ley 11/2010 los SIP se constituyen en una nueva forma jurídica, que con la firma de un acuerdo contractual entre varias entidades de crédito establecen un compromiso mutuo de solvencia y liquidez a través de “fondos inmediatamente disponibles” de un importe igual o superior al 40% de los recursos propios de cada entidad. Deben fijar en el acuerdo qué parte alícuota asume cada entidad firmante, debiendo existir siempre una entidad central, firmante, que será responsable del cumplimiento de todos los acuerdos. Además la entidad central si está participada por las demás partes contractuales, deberá adherirse al Fondo de Garantía de Depósitos.

Para gestionar los procesos de reestructuración de las entidades de crédito y la recapitalización de los recursos propios, el Real Decreto-Ley 9/2009 creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Este fondo cuenta con una dotación inicial de 9.000 millones de € que se amplió en 6.000 millones adiciones conforme a la Disposición Adicional 4ª del Real Decreto Ley 2/2012 y que podrá captar financiación externa para el cumplimiento de sus fines, emitiendo valores de renta fija, recibiendo préstamos, solicitan la apertura de créditos y realizando cualesquiera otras operaciones de endeudamiento. Los recursos ajenos obtenidos por el FROB no deberá sobrepasar el límite que al efecto se establezca en las correspondientes leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado. Está administrado por una comisión rectora integrada por ocho miembros, cinco de ellos a propuesta del Banco de España y tres en representación de los fondos de garantía de depósitos y presidida por el subgobernador del Banco de España.

El patrimonio no comprometido del FROB deberá estar materializado en deuda pública o en otros activos de elevada liquidez y bajo riesgo. Cualquier beneficio devengado y contabilizado del FROB se ingresará en el Tesoro Público. El servicio de caja del FROB se llevará a cabo por el Banco de España.

Desde el comienzo de la crisis, el sistema financiero internacional se ha enfrentado a diversas tensiones, que han dificultado el cumplimiento de su función principal, como canalizador del ahorro a las necesidades del gasto de los diferentes agentes económicos.

Además, el conjunto de entidades de crédito se ha enfrentado, a rigurosas restricciones de acceso a la financiación, a un deterioro relativo de sus activos, especialmente de aquellos relacionados con el sector inmobiliario, a un notable aumento de los préstamos calificados como dudosos y, finalmente, a la disminución de su negocio, como consecuencia tanto de la duración, intensidad y extensión de la crisis, como de la fuerte caída de la actividad económica provocada por la misma.

La crisis, ha puesto de manifiesto la necesidad de garantizar, por parte de los poderes públicos, las bases para la existencia de un sistema financiero competitivo y sólido que facilite la intermediación entre los poseedores de recursos financieros y quienes tienen necesidades de inversión.

Un sistema financiero bien estructurado, constituye la principal garantía de que la economía productiva de un país puede disponer de la financiación que requiere para desarrollar al máximo de su capacidad, generando riqueza y creación de empleo. Puede concluirse que todo este proceso se encuentra basado en la confianza, en la integridad de las instituciones y el buen funcionamiento de los mercados. Esta importancia del sistema financiero justifica el carácter prioritario e ineludible de la intervención del Estado para asegurar su correcto funcionamiento.

En ese sentido, desde el comienzo de la crisis dos tipos de intervenciones se han venido produciendo en el contexto internacional. De un lado destacan aquellas medidas destinadas, a evitar, o al menos a limitar las consecuencias de crisis futuras del sistema financiero en el conjunto de la economía, como por ejemplo, el refuerzo del sistema financiero internacional; el fortalecimiento de la supervisión; y la adopción de nuevas y más exigentes normas de capital para las entidades financieras. De otro lado, destacan las medidas de apoyo al sector financiero, que los Estados individual o conjuntamente han adoptado para recuperar la confianza y mitigar las presiones de liquidez.

El Gobierno de España, por su parte, ha venido impulsando desde el principio de la crisis una serie de medidas, que ahora se completan con el contenido del Real Decreto-Ley 2/2011 para el reforzamiento del sistema financiero que se aprobó el 18 de febrero de 2011. Esta ley toma medidas que tienen como objetivo reforzar el capital de las entidades de crédito, por considerar que se han expresado dudas sobre la solidez del sistema financiero de España y con el fin de disipar cualquier incertidumbre.

Hay que asegurarse de que todas las instituciones del sistema bancario español poseen niveles de capitalización de alta calidad. Las medidas establecidas en este Real Decreto-ley son un refuerzo de capital mediante la aplicación de los nuevos requisitos de capital internacionales (Basilea III) y la adaptación del FROB como instrumento de política pública para facilitar los niveles de capitalización requeridos.

En cuanto al reforzamiento de la solvencia, se establece una aplicación exigente de los nuevos estándares internacionales de capital, Basilea III. Y, se procede al establecimiento inmediato de un mínimo de capital principal, con relación a los activos ponderados por riesgo, siguiendo básicamente la definición que Basilea III establece cumplir en 2013. Este nivel mínimo de la ratio de capital principal se sitúa en el 8%, siendo del 10% para aquellas entidades que no hayan colocado títulos representativos de su capital a terceros por al menos un 20%, y, que además, presenten una ratio de financiación mayorista superior al 20%. Se trata así, de que las entidades se doten un capital, de la máxima calidad, suficiente para garantizar una elevada solidez, siendo la exigencia más alta para aquellas entidades que tienen menor agilidad para captar capital básico en caso necesario.

Adicionalmente, el Banco de España, podrá requerir a una entidad individual un nivel superior de capital principal, en función de los resultados de ejercicios obtenidos comparados con el conjunto del sistema.

La mayor exigencia de capital que se ha de conseguir provocó fusiones entre cajas de ahorros y su conversión en bancos con el fin de poder ofrecer acciones a terceros, incluido el FROB.

Volviendo ahora a las cooperativas de crédito, todo su capital es compartido entre sus socios y no utilizan casi ninguna financiación mayorista para satisfacer sus necesidades. En consecuencia, el Banco de España señaló que todas las cooperativas de crédito estaban por encima del nivel del 8% exigido. Además, incluso si tenían que aumentar su capital podrían buscar fondos de sus socios y de terceros, incluyendo el FROB, sin necesidad de convertirse en bancos.

Como resultado de ello, hasta la fecha no han creado ningún problema de solvencia que harían aconsejable someterlos al proceso de reorganización que estamos examinando.

4. LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO EN ESPAÑA Y SU INTEG RACIÓN

Las primeras fusiones bancarias tuvieron lugar en el año 1980. Actualmente, sólo dos

bancos españoles, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, son de un tamaño que pueda ser considerado competitivo a nivel internacional

La integración entre cajas de ahorros y entre las cooperativas de crédito se produjo principalmente en los años 1990 y siguientes. Las entidades de crédito se han integrado con diferentes formas jurídicas. La Ley 12/1989 de Cooperativas de Crédito y su normativa de conformidad (RD 84/1993) hizo posible que las cooperativas de crédito se pudiesen integrar con los bancos y cajas de ahorro, principalmente a través de la cesión global de activos y pasivos (Vañó, 2001).

Las cooperativas de crédito, comenzaron a integrarse, al considerar las autoridades competentes una debilidad su reducido tamaño y han tratado de combatirlo mediante las fusiones y absorciones. Se pueden emplear varios métodos: fusión, cesión global de activos y pasivos, los grupos cooperativos o sistemas institucionales de protección (SIP) (Belmonte y Cortés, 2010; Vincent, 2010).

Tradicionalmente, las cooperativas han sido autorizados a fusionarse, pero sólo con otras cooperativas. La Ley 13/1989, de 26 de mayo de 1989 sobre las cooperativas de crédito apareció para permitir la fusión de tipo mixto, pero sin decirlo expresamente. Esta posibilidad fue confirmada cuando se aprobaron los reglamentos de conformidad con esta ley (Real Decreto 84/1993 de 22 de enero 1993), ya que el artículo 30 regula el requisito de autorización para fusiones que afecten a las cooperativas de crédito y permitió varios tipos de fusión. Además de las fusiones entre cooperativas de crédito preexistentes y las cooperativas en general, prevé fusiones con otras entidades de depósito cuando las otras entidades del sector cooperativo se inhiban del propósito fusionista en el plazo de tres meses. Una vez recibido la información pertinente del Consejo Rector de la cooperativa crediticia afectada, que asumen como una propuesta de fusión que no ha sido adoptada por otras empresas del sector de cooperación en un período determinado de tiempo.

Más tarde, la Ley de Cooperativas vigente (Ley 27/1999, de 16 de julio) permite expresamente las fusiones de cooperativas con asociaciones o empresas comerciales de todo tipo, siempre que ninguna norma legal lo prohíba (Fajardo, 2006). De acuerdo con esta ley, la legislación que se aplica a estos procesos es el de una empresa que absorbe a la otra o que se fundó como resultado de la fusión, pero en cuanto a la adopción del acuerdo y las garantías de los socios y acreedores de las cooperativas participantes, se aplican las disposiciones de la ley de cooperativas.

Por último, si la empresa resultante de la fusión no es una cooperativa, las reservas legales obligatorias, que son indivisibles, no se convertirán en patrimonio de la empresa.

También se permiten las fusiones por cesión global de activos y pasivos entre las instituciones con accionistas y socios (bancos y cooperativas de crédito), pero no entre las cooperativas de crédito y cajas de ahorro, ya que esta última son fundaciones. Las cooperativas de crédito tienen previstas esta posibilidad, pero no ha sido regulada en las leyes cooperativas.

Para las empresas comerciales, la cesión global de activos y pasivos se regula por la Ley 3/2009, de 3 de abril de 2009, sobre modificaciones estructurales (artículo 81 a 91).

Si bien dicha ley no se aplica directamente a las cooperativas, en caso de omisión legal de este tipo se puede aplicar, por analogía.

Otra forma de integración sería los grupos cooperativos consolidados. Las cooperativas de segundo grado están constituidas por un mínimo de dos cooperativas, pero también pueden tener como miembros otro tipo de persona jurídica, pública o privada, hasta un máximo de 45% de su número total de miembros. Su finalidad puede ser la de promover, coordinar y llevar a cabo los objetivos económicos comunes de sus miembros, pero también pueden reforzar e incluso integrar las actividades económicas de este último. Ningún miembro de una cooperativa de segundo grado puede tener más de 30% de la cuota de su capital (Ley de Cooperativas 27/1999, art. 77).

Los grupos cooperativos, están reguladas por dicha ley de 1999, que los define y determina que la entidad cabeza al frente del grupo ejerce facultades o emite instrucciones de obligado cumplimiento para las cooperativas agrupadas de manera que se produce una unidad de decisión en el ámbito de dichas facultades. La emisión de instrucciones, pueden involucrar a distintos ámbitos de la gestión, administración o gobierno entre los que podía incluirse el establecimiento de normas comunes a través de la escritura de constitución o por la normativa interna, en las relaciones de asociación entre las entidades de base, en los compromisos de aportación periódica de recursos calculados en función de su respectiva evolución empresarial o cuenta de resultados.

El Banco de España, en el año 2005, trató de persuadir a todas las cooperativas de crédito para consolidar sus balances con el Banco Cooperativo Español, pero la propuesta no tuvo éxito. Más tarde, en 2008, tras la aprobación de la Circular de Solvencia (Circular 4/2004 del Banco de España), el Banco de España insta a las cooperativas de crédito para establecer un SIP. Por ello, el objetivo inicial de los Sistemas Institucionales Protegidos (SIP) no es la integración, sino la protección en situaciones de crisis. Como Martín de Vidales dice, que no surge de la lectura de las normas SIP que este sistema es cualquier tipo de mecanismo de integración, sino más bien para reforzar la solvencia y la liquidez mediante el cual algunas instituciones asuman la responsabilidad de los demás y las normas comunes en materia de riesgos y control de riesgos se exige de ellos. Los SIP hacen posible mayores acuerdos entre los participantes, unir decisiones sobre determinados asuntos, pero no requieren el intercambio de recursos humanos o materiales.

En la actualidad, la actividad pública supervisora de ámbito nacional resulta insuficiente en un contexto de mercados financieros cada vez más internacionales. En los que se requieren, unas medidas determinadas para la armonización de los criterios prudenciales sobre los recursos propios de los intermediarios financieros de cada país. Por ello, a través de proyectos de armonización internacional se están tratando de resolver los problemas, sobre todo de competitividad y de estabilidad financiera, que surgen de la existencia de regulaciones muy diferentes en función de los Estados.

Mediante dos leyes diferentes se ha incorporado en nuestro ordenamiento uno de dichos proyectos de armonización: el Acuerdo de Capital de Basilea II de 2004 que posteriormente se sustanció en el ámbito comunitario en dos directivas, la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (refundición) y la Directiva 2006/49/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de servicios de inversión y las entidades de crédito (refundición).

Estas dos leyes son, en el ámbito de las entidades de crédito, la Ley 36/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios

financieros y otras normas del sistema financiero, y, en el ámbito de las empresas de servicios de inversión, la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Hasta ese momento, las cooperativas del grupo Caja Rural tenían no sólo el Fondo de Garantía de Depósitos legal sino también un fondo de solidaridad interna para hacer frente a las situaciones de insolvencia de sus miembros. Sin embargo, este mecanismo sólo puede activarse si había consenso suficiente dentro de la asociación. El SIP permite actuar con mayor rapidez, ya que no necesita de una decisión de la reunión de la Asociación Española de Cajas Rurales para comenzar a operar. Además, el SIP controla el incumplimiento por parte de sus miembros y lleva a cabo sus propias evaluaciones de riesgo.

En el año 2009, cuatro cajas rurales crearon el primer SIP en España, el Grupo Cooperativo Cajamar. Se trata de un SIP flexible, sin asociación de beneficios. Desde entonces se han producido una serie de fusiones, se han creado nuevos SIP y los existentes han crecido, así como nuevas cooperativas de crédito se han unido a ellos.

Hasta la fecha, a través de los SIP se han creado cooperativas de crédito, o se han formado cooperativas de segundo grado, pero también sería posible a través de los SIP crear fusiones en torno a los bancos y transferir su negocio a éstos, como las cajas de ahorros han hecho.

Concretamente, la situación actual de agrupamientos de las cooperativas de crédito españolas, aparece sintetizada en la tabla 1 del siguiente modo:

Tabla 1. Integración de las cooperativas de crédito en España

Cajas Rurales Unidas (24)

Grupo Ibérico (3)

GlobalCaja (3)

Grupo Solventia (6)

Grupo Aragón (Bantierra) (2)

Cajamas (4) (2)

Cajamar (7) Caja Rural Sur Albacete Almendralejo Multicaja C. Burgos Caja Laboral

Grupo Cajas Rurales Mediterráneo (17)

Caja Rural Extremadura

Cuenca Utrera Cajalón C. Segovia Iparkutka

Caja Rural Córdoba

Ciudad Real Baena Fuentepelayo

Cañete de las Torres

Sant Fortunat

Carteya

Adamuz

Fuente: Elaboración propia. Datos: Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), mayo 2012.

Hay 27 cajas del grupo Caja Rural no vinculadas a otros grupos y tres cajas populares y profesionales no vinculadas, Caja de Ingenieros, Caja de arquitectos (Arquia) y Novanca.

Si realizamos un análisis, de la concentración de cooperativas de crédito, el mayor éxito en el mundo de las Cajas Rurales, se ha producido en la comunidad andaluza, en el año 2012 tras la fusión de los Grupos Cooperativos de Cajamar y Rural Caja, constituyendo el Grupo Cooperativo de Cajas Rurales Reunidas, con sede en Almería. Con más de 68.000 millones de negocio financiero, 38.000 millones de activo y una

solvencia del 12,33%, se constituye el mayor grupo cooperativo del territorio nacional, el 44,6% de todas las Cajas Rurales.

Además en Andalucía, el Grupo Cooperativo Ibérico constituido por Caja Rural del Sur y Caja Rural de Córdoba, con un balance aproximado de siete mil millones de euros, se sitúa como el segundo grupo andaluz y uno de los más importantes a nivel nacional. El mapa rural andaluz se completa con la Caja Rural de Granada y Jaén que de momento continúan su camino como independientes. Por tanto, todo este proceso de integración sitúa a Andalucía como la primera Comunidad en cuanto al nivel de Activo.

En el País Vasco, los procesos de integración no se han llevado cabo, puesto que ya existía una concentración atípica en relación a otras comunidades. Por tanto el panorama no ha cambiado, ya que siguen operando las dos entidades existentes, cuya actividad se desempeña formando parte de un grupo consolidado. Estas dos entidades con una gran diferencia en el nivel de activos, siendo muy superior el de una a la otra; convierten al País Vasco en la segunda Comunidad en cuanto al valor total de activos.

En la Comunidad Valenciana aún queda trabajo por hacer, ya que si por un lado un gran número de pequeñas cooperativas de la comunidad forman el Grupo de Cajas Rurales del Mediterráneo (Rural Caja), así como otro conjunto de ellas se integran en Cajamar Caja Rural; por otro lado, sigue existiendo un importante número de cajas rurales cuya actividad no se haya insertada en ningún grupo de entidades. Estas características, son las que hacen de dicha región la tercera en cuanto al valor de sus activos totales, y la primeria, con mucha diferencia en cuanto al número de entidades cooperativas que la conforman.

Se presenta, en el gráfico 1, un detalle de la distribución del tamaño en el sector español de cooperativas de crédito, para jerarquizar la importancia del sector de cooperativas de crédito por Comunidades Autónomas,

Así pues, tomando como variable de comparación los activos totales de las cooperativas, a nivel regional, resulta que existe una notable concentración en torno a las Comunidades Autónomas de Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana.

Gráfico 1. Concentración de las cooperativas de crédito por CCAA (volumen de Activos Totales a 30 de septiembre 2012)

Fuente: Elaboración propia. Cuentas anuales de las cooperativas de crédito publicadas

por la UNACC. 30 septiembre 2012

5. METODOLOGÍA

Partiendo de la base, que las cooperativas de crédito buscan en el efecto sinergia, de las uniones de las diferentes entidades, un mecanismo de defensa frente al cambio en el panorama financiero de nuestro país; vamos a analizar si la integración de las cooperativas bancarias, evoluciona igual o difiere en las distintas Comunidades Autónomas (CCAA) y si esa evolución es favorable o desfavorable en cada una de ellas, determinando los factores que influyen en que esa evolución sea positiva o negativa.

La metodología que hemos empleado, es un análisis económico y financiero, (Amat, 2002) que se basa en un conjunto de técnicas para diagnosticar la situación y perspectivas de las entidades, en nuestro caso de las entidades de crédito, con el fin de conocer la situación y evolución previsible de dichas entidades y del sector, cooperativas de crédito y poder determinar así, los puntos fuertes para poder conseguir sus objetivos y los puntos débiles que pueden amenazar su futuro

Para realizar este trabajo, hemos identificado primero, las entidades de crédito objeto de estudio y se ha tenido en cuenta el censo que la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito elabora anualmente y donde quedan censadas prácticamente la totalidad de las que operan en España. A continuación, como muestra hemos elegido todas las cooperativas de crédito se han asignado a aquellas Comunidades Autónomas en donde radica su domicilio social (tabla 2), que normalmente coincide con la ubicación de sus servicios centrales. Se han descartado las Islas Baleares, Cantabria y la Rioja porque no hay cooperativas bancarias con ese domicilio fiscal. Lo cual, no significa que las citadas entidades, no extiendan sus servicios y operaciones, así como la ubicación de sucursales en comunidades diferentes a las que han sido clasificadas. Esta

consecuencia del desarraigo territorial, sería un efecto que ha provocado los procesos de integración, en que se hayan inmersas, las cooperativas de crédito.

Podemos apreciar en la tabla 2, a continuación, que la comunidad valenciana tiene una presencia más elevada de cooperativas de crédito, mayoritariamente cajas rurales, seguida de la comunidad andaluza y Castilla y León.

Tabla 2. Distribución autonómica de las cooperativas de crédito en España

CC.AA. Caja Popular/Profesional

Caja Rural Cooperativas de Crédito

Andalucía 10 Aragón 2 Asturias 2 Canarias 2 Castilla y León 6 Castilla-La Mancha

4

Cataluña 2 2 Comunidad Valenciana

35

Extremadura 2 Galicia 1 Madrid 1 Murcia 1 Navarra 1 País Vasco 2 Ceuta y Melilla Totales 2 68 3

Fuente: Elaboración propia. Datos de la UNACC (2012).

El análisis y el diagnóstico de las cooperativas de crédito es consecuencia del estudio de todos los datos relevantes de las mismas

Para el tratamiento de la información se han estudiado todos los datos más relevantes encontrados en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias y se ha homogeneizado a una misma unidad de medida, en euros. A continuación, se ha conseguido obtener un horizonte temporal homogéneo que haga posible comparar cada una de las variables, objeto del estudio y para cada una de las cooperativas o grupos de crédito considerados. Así pues, se han tenido que diferenciar los datos (activos, pasivos y resto de variables) correspondientes a cada una de las cooperativas de crédito españolas, desde 2008 a 2012. Nos hemos encontrado, con la necesidad de depurar los datos de distintas entidades, que durante esos cinco años han sido objeto de fusiones o absorciones. Los valores obtenidos para cada uno de los epígrafes, se han expresado en términos porcentuales, respecto a la cifra total del activo del balance, con la finalidad de conocer la importancia que dichos elementos tienen.

A pesar de la gran cantidad de datos, idóneos para el análisis económico-financiero se desconocen la existencia de variables más subjetivas que nos permitiesen indagar en las razones del éxito o fracaso en el seno del grupo de cooperativas de crédito, como podría ser información relacionada con los aspectos organizativos, jurídicos, comerciales, tecnológicos, laborales, etc. A fecha del estudio, el año 2012, no presentaba sus datos completos, por lo que este año lo presentamos con la categoría de pronóstico.

Fruto de la concentración que en algunas comunidades, en el año 2012, aún sigue existiendo, hay datos de entidades con los que no se cuenta de forma separada, como en otros años, por haberse fusionado a otras entidades o por haber sido absorbidas por otras entidades. Es el caso de la Caja Rural de Fuentepelayo en Castilla y León, que se une a las Cajas de Burgos y Segovia; la inexistencia de datos de la Caja Rural de San Fortunato en Cataluña o de la Caja Rural de San Isidro en la Comunidad Valenciana. Son anomalías, que según hemos podido contrastar, en el análisis económico-financiero no han sido relevantes, por tratarse de magnitudes absorbidas por otras entidades de la misma comunidad y que han formado parte del estudio.

Como limitaciones al análisis económico-financiero habría que mencionar que las empresas, a veces, manipulan sus datos contables, con los que éstos dejan de representar la realidad apropiadamente. Así, como que la información contable, no suele estar ajustada para corregir los efectos de la inflación, con lo que algunas partidas, tales como los inmovilizados, las existencias, el capital y las reservas o las amortizaciones, no siempre son representativos de la realidad.

Para realizar el análisis se han elegido los ratios que pueden estar relacionados con los objetivos generales de las entidades de crédito, tales como la rentabilidad, la liquidez, la solvencia, el endeudamiento, etc. Posteriormente, se han definido las magnitudes objeto de comparación, de forma que no existan dudas en la identificación e interpretación de los ratios seleccionados y los ratios están homogeneizados. Aunque no podemos olvidar mencionar, que existe una limitación real, y por tanto no se tendrán en cuenta las diferencias jurídicas que emanen de la comparación entre la legislación nacional y las distintas legislaciones autonómicas que tienen potestad para legislar en esta materia, y por tanto pueden hacerlo de forma diferente al resto.

Los ratios, analizados para cada una de las cooperativas de crédito o grupos de cooperativas o para la comparación del sector de cooperativas de crédito con una entidad bancaria, son las siguientes (tabla 3). Existen infinidad de ratios pero para que el análisis sea operativo ha de limitarse su uso, por lo que se han elegido los más idóneos.

Tabla 3 Ratios

RENTABILIDAD FINANCIERA (ROE) = Bº Neto/Fondos propios

ECONÓMICA (ROA) = Bº Neto/Activo total

AUTOFINANCIACIÓN (Reservas n - Reservas n-1)/Resultado del ejercicio

LIQUIDEZ Inversiones a corto/Activo total

SOLVENCIA Activo total/Pasivo

Recursos propios/Activo total

COSTE DE LA DEUDA Gastos financieros/Deuda con coste

ENDEUDAMIENTO Pasivo/(PN+Pasivo)

EFICIENCIA Gastos administración/Margen ordinario

Préstamos/Depósitos

Gastos de personal/Gastos total explotación

Margen de explotación/Margen de intereses

Margen de explotación/Margen bruto Fuente: Elaboración propia

Con el análisis de la rentabilidad podemos relacionar lo que se genera a través de la cuenta de pérdidas y ganancias con lo que se precisa para poder desarrollar la actividad, de activos y de fondos propios, (Amat, 2008). La rentabilidad es la relación entre

beneficio y los fondos propios y el rendimiento es la proporción entre el beneficio y el total activo. Cuanto más elevados sean estos ratios mejor, porque indicará que se obtiene más productividad del activo.

Los principales de ratios que se analizarán en rentabilidad son, la rentabilidad económica o rendimiento, que es la relación entre el resultado de ejercicio y el activo total. El estudio del rendimiento económico permite conocer la evolución y los factores que inciden en la productividad del activo, con independencia de cómo se financie éste, es decir, sin tener en cuenta los gastos financieros.

La rentabilidad financiera o rentabilidad propiamente dicha, es la relación entre el beneficio y los fondos propios. Es el ratio más importante para medir la situación de las entidades objeto del estudio ya que mide el beneficio neto en relación a la inversión de los propietarios, o socios.

Los ratios de rentabilidad, son los ratios más usados por los analistas, pero su infalibilidad disminuye, cuando se usan para evaluar la gestión en períodos muy cortos de tiempo. Por tanto, se puede concluir, que son indicadores para calcularlos en distintos momentos de un período y así poder analizar la marcha de la empresa a largo plazo (Núñez, 1994)

En el análisis nos ha parecido interesante evaluar la política de distribución de beneficios que se ha realizado en los últimos años. Es una información de elevado interés para aquellas entidades que financian a estas empresas (Anson, et al., 1994).

La autofinanciación son los recursos generados por la entidad y que son reinvertidos en la misma como fondos propios (reservas). Es el peso relativo que supone el aumento de las reservas en relación al beneficio obtenido en el ejercicio. Por las características del ratio, éste no se ha podido calcular en el año 2008, puesto que ha sido el año de inicio del estudio.

Al evaluar la política de dividendos o retornos a socios, hay que tener en cuenta los factores que la afectan, tales como las expectativas de los socios, la fiscalidad, la estructura financiera o la rentabilidad obtenida. (Higgins, 1977).

Para conocer la situación de liquidez, es decir, la posibilidad de hacer frente a sus pagos a corto plazo, calculamos el peso relativo que tienen las partidas más líquidas en las cooperativas de crédito, como son los depósitos en bancos centrales y en entidades de crédito en relación al total de Activo o total de Patrimonio Neto+Pasivo.

La solvencia analiza la situación financiera a corto plazo, determinando la capacidad de afrontar las deudas a corto plazo por parte de la entidad. Este ratio mide la distancia a la suspensión de pagos de una entidad.

Los ratios de endeudamiento analizan la cantidad y calidad de la deuda que tiene la entidad, así como para comprobar hasta qué punto se obtiene el beneficio suficiente para soportar la carga financiera del endeudamiento.

El coste de la deuda es posible estimarlo poniendo relación partidas de las cuenta de pérdidas y ganancias como los intereses y otras cargas similares, las remuneraciones de capital y las comisiones pagadas con partidas del pasivo por las cuales se ha de pagar un precio, pues son fuentes de financiación remuneradas.

Para comparar la situación en la que se encuentra, el sector de cooperativas de crédito de nuestro país, realizaremos una comparación con los valores de los ratios de un banco privado, que cuente con una de las mejores situaciones del sector financiero español y que así sea respaldado por una de las agencias de rating: Fitch (calificado como BBB+). De esta forma podremos valorar la competitividad.

5. RESULTADOS

La rentabilidad, es un ratio indicativo de la situación en la que se encuentran las entidades, pues nos indica los beneficios que ciertas magnitudes consiguen rentar. En el periodo analizado vemos que hay un importante descenso tanto en la rentabilidad económica como en la financiera. En concreto, en el periodo analizado la rentabilidad económica varía a más de la mitad.

Los mínimos alcanzados en estas variables pueden estar relacionados, con que en muchas de estas entidades se encuentran al cierre del ejercicio 2010, inmersos en iniciados procesos de integración, pero cuyos resultados no se pueden observar. Entre el año 2010 y 2011 vemos que empieza a pronunciarse una pequeña recuperación. Y podemos observar, que la tendencia se mantiene en el año 2012 haciendo una estimación con los datos obtenidos a fecha de cierre del tercer trimestre del año.

Las CCAA que se caracterizan por obtener una mejor rentabilidad tanto de sus activos como de los fondos aportados por sus socios son Castilla la Mancha y Galicia, destacando de forma relevante por encima de las demás (tabla 4).

Por otro lado, aquellas CCAA que peor rentabilidad han obtenido de sus recursos son la Comunidad Valenciana y Aragón que se sitúan en el margen inferior de los intervalos señalados, así como Madrid que presenta unas pérdidas importantes en relación al capital aportado por los propietarios del mismo.

Tabla 4 Diferencias en las CCAA según ratios analizados

MEJOR PEOR

RENTABILIDAD FINANCIERA (ROE) = Bº

Neto/Fondos propios Extremadura; Galicia;

Comunidad Foral de Navarra Comunidad Valenciana

ECONÓMICA (ROA) = Bº

Neto/Activo total Comunidad Foral de Navarra;

Galicia

Comunidad Valenciana;

Comunidad de Madrid

AUTOFINANCIACIÓN Reservas n - Reservas n-1/Resultado del ejercicio

Castilla La Mancha; Galicia Comunidad Valenciana;

Andalucía

LIQUIDEZ Inversiones a corto/Activo

total Aragón; Castilla La Mancha Región de Murcia; País Vasco

SOLVENCIA Activo total/Pasivo Principado de Asturias;

Comunidad Foral de Navarra;

Andalucía

Cataluña

COSTE DE LA DEUDA Gastos financieros/Deuda

con coste

Andalucía (es el dato malo

puesto que habla del coste

de la deuda)

Galicia (es el dato bueno

puesto que habla del coste de

la deuda)

ENDEUDAMIENTO Pasivo/PN+Pasivo Cataluña (es el dato malo

puesto que indica una peor

capitalización)

Comunidad Foral de Navarra

(es el dato bueno puesto que

indica una mejor

capitalización)

EFICIENCIA Gastos

administración/Margen ordinario

Aragón; Comunidad Foral de

Navarra; País Vasco

Castilla La Mancha; Región de

Murcia; Comunidad

Valenciana

Préstamos/Depósitos

Comunidad Foral de Navarra;

Aragón; Andalucía Región de Murcia

Gastos de personal/Gastos

total administración Cataluña Castilla y León; Aragón

Margen de

explotación/Margen de Comunidad Foral de Navarra;

Extremadura

Aragón; Comunidad

Valenciana

intereses

Margen de

explotación/Margen bruto Comunidad Foral de Navarra;

Principado de Asturias Comunidad Valenciana

Fuente. Elaboración propia. Datos UNACC

La política de autofinanciación, depende mucho de los intereses y decisiones particulares de cada entidad. Por lo que las divergencias existentes, en los datos son llamativas, pero lo importante es que frente a una tendencia decreciente en los años 2009 y 2010, a partir de ahí la tendencia cambia radicalmente y comienza a crecer de una forma significativa, lo que podemos presumir que es la respuesta a una necesidad de capitalización imperante en las cooperativas de crédito de forma generalizada.

La situación de liquidez de las cooperativas aunque no es holgada, tiene una tendencia creciente hasta 2010, a partir de entonces en algunas CCAA crece de una forma más contenida y en otras hay fuertes crecimientos, como es el caso de Madrid, Aragón o la Comunidad Valenciana, entre otras.

Es importante reflejar, que éstas mismas CCAA, presentaron inferiores rentabilidades lo que nos puede llevar a la conclusión de una existencia de recursos ociosos, en torno al 35% en el año 2011 y que éste sea el causante de tan bajos rendimientos.

La solvencia que presentan las entidades objeto del estudio va mejorando a lo largo del periodo estudiado, lo que responde a una buena política de autofinanciación que se observa prácticamente en la totalidad de las CCAA. A pesar, de que el nivel de capitalización no es muy alto.

A su vez, el nivel de endeudamiento es creciente, lo cual no nos puede resultar extraño, porque viene propiciado por el bajo coste financiero al que se encuentran sometidas que pasa de un intervalo en 2008 de entre un 2 y un 4 % a un tipo de un 2% de media en 2012 lo que se debe a que al tratarse de entidades de mayor tamaño el acceso a mejores condiciones es más fácil. Esta es otra de las ventajas de los procesos de integración.

Las entidades comienzan a ser más eficientes en cuanto al control del gasto, ya que a pesar del aumento de sucursales, y de la tendencia creciente de los gastos de personal en la búsqueda de estas entidades de mayor cuota de mercado, sus gastos de administración se van manteniendo estables en torno a los años 2011 y 2012.

Por el contrario y puede parecer contradictorio, los márgenes no se comportan de modo conveniente, ya que los gastos están ocasionando que los márgenes porcentualmente desciendan, en mayor medida de un año para otro, llegando incluso a registrar pérdidas, como las de la Comunidad Valenciana en el año 2011. Esta situación viene propiciada por un descenso drástico de los ingresos, en torno al 15% de media anual; mientras que el nivel de gasto se mantiene estable, sin descender en la medida en que lo hacen los ingresos, y que debería ser lo adecuado, llevando a obtener unos resultados mucho más positivos.

Nos parece interesante destacar, que se ha podido comprobar en los últimos años una tendencia ascendente, (gráfico 2) en las partidas de gastos de administración, desde 2008. Un intervalo de entre el 60 y el 70% de estos gastos de administración se corresponden con los gastos en personal, dependiendo de la Comunidad Autónoma de la que se trate; los cuales hacen que el margen bruto de las entidades descienda en un 30% de media. Se advierten diferencias importantes en la gestión de los recursos humanos, mientras las entidades de Andalucía y Extremadura son las dedican mayor parte de sus ingresos a esta partida, Cataluña y la Comunidad Valenciana son las que mejor controlan estos gastos.

Gráfico 2. Gastos de personal en relación a los gastos de administración

Fuente: Elaboración propia

Las cooperativas de crédito están obligadas a reducir sus endeudamientos y reestablecer el equilibrio entre créditos y depósitos. Hasta el año 2010 la tendencia del ratio (préstamos/depósitos) es ascendente alcanzando en este año los picos más altos de toda la serie. A partir de este año, aquellas CCAA con una cobertura préstamos-depósitos positiva tiende a descender, mientras que aquellas que presentan este ratio deficitario tiende a crecer por el aumento de los créditos obtenidos frente a los depósitos conseguidos.

Podemos afirmar que la evolución en las integraciones de las cooperativas de crédito en España difiere en las distintas CCAA, destacando favorablemente en términos generales, las comunidades de, Andalucía, Principado de Asturias, País Vasco y Navarra. No obstante, queda mucha labor pendiente y en unas CCAA más que en otras.

En cualquier caso, en los procesos de integración se atiende a todo el nuevo contexto internacional, así como también existe un ánimo de lucha, para alcanzar un puesto competitivo dentro del sistema financiero español. Los mecanismos de defensa más importantes son, la tendencia positiva de la solvencia de todo el conjunto de cooperativas de crédito, su envergadura económica, su positiva situación de liquidez, su capacidad de innovación y su prudencia en la gestión de riesgos así como su proximidad y fidelidad a sus clientes.

Por el contrario, presentan debilidades en cuanto la necesidad de capitalización presente y a una no muy buena gestión de gastos, ya que crecen mientras que los ingresos decrecen, lo que hace que mermen los beneficios de forma significativa, llegando a producirse pérdidas en algunas comunidades en los últimos ejercicios analizados.

Es conveniente comparar la media de los datos obtenidos del sector cooperativas de crédito y los datos obtenidos con un banco concreto, Banco Santander, (tabla 5) para explorar el grado de competitividad y representatividad dentro del sistema financiero español. En este caso, se ha hecho una comparación de los valores obtenidos en el año 2011, por ser el único año dentro del intervalo analizado, con los datos completos

Observamos que, el sector cooperativas de crédito, se encuentra en términos generales, en peor situación financiera que esta entidad bancaria privada. No obstante, revelamos que en ciertos aspectos se encuentra en una situación más ventajosa.

Los valores del ratio de solvencia demuestran una mejor capitalización de estas entidades; así como los valores de liquidez, nos señalan que el peso relativo de sus inversiones a corto plazo es superior, en este ejercicio 2011, a los del Banco Santander.

Por el contrario, podemos observar que se hace una peor gestión de los recursos, ya que se obtiene una rentabilidad un tanto inferior, lo cual puede venir propiciado por un mayor peso de los gastos de administración, que son superiores en un 15% en las entidades de ámbito social que en las del ámbito privado.

Tabla 5. Ratios para el sector cooperativa de crédito y un banco privado

SANTANDER TODO EL SECTOR

31/12/2011 31/12/2011

RENTABILIDAD FINANCIERA (ROE) = Bº Neto/Fondos propios 3,65% 2,40%

ECONÓMICA (ROA) = Bº Neto/Activo total 0,23% 0,19%

AUTOFINANCIACIÓN Reservas n - Reservas n-1/Resultado del ejercicio 140,65% 13,02%

LIQUIDEZ Inversiones a corto/Activo total 12,05% 14,17%

SOLVENCIA Activo total/Pasivo 107,11% 108,52%

Recursos propios/Activo total 6,40% 8,03%

COSTE DE LA DEUDA Gastos financieros/Deuda con coste 2,73% 1,99%

ENDEUDAMIENTO Pasivo/PN+Pasivo 93,36% 92,15%

EFICIENCIA Gastos administración/Margen ordinario 40,24% 55,68%

Préstamos/Depósitos 114,98% 100,57%

Gastos de personal/Gastos total explotación 57,58% 66,86%

Margen de explotación/Margen de intereses 12,96% 24,30%

Margen de explotación/Margen bruto 8,77% 16,39%

Fuente: Elaboración propia. Informe anual para accionistas Banco Santander 2011. UNACC 2011.

6. CONCLUSIONES Las entidades cooperativas en España, están en un proceso de agrupación y de

reestructuración que todavía no ha concluido, y que sería deseable, la mayor concentración posible, con el objeto de hacerlas más fuertes, solventes, eficientes e innovadoras.

Las entidades cooperativas son entidades con un marcado carácter social, que han logrado sobrevivir y progresar en un mundo globalizado, gracias a la fidelidad a su misión, su identificación con los territorios de origen, su proximidad a las familias y a las pequeñas empresas, su independencia política, su capacidad de innovación y su prudencia en la gestión de los riesgos.

Al formularnos la pregunta, sobre el peligro de extinción del sector, de cooperativas de crédito en España, nos atrevemos a afirmar que en España no ocurrirá como en el Reino Unido o en Estados Unidos, donde el sector se ha extinguido o se ha reconvertido, principalmente por su elevada solvencia, que se manifiesta en todo el conjunto de entidades cooperativas. Esta solvencia, no las induce a buscar recursos propios en mercados financieros organizados, por lo que su estabilidad no resulta amenazada.

Además, el sector de cooperativas de crédito en España, no goza de ayudas públicas, ni de tantos privilegios como en el caso de otros países, y todo esto ha

contribuido a que se constituyan en unas entidades competitivas por sí mismas y capaces de afrontar los cambios que se están produciendo en el entorno financiero. En cualquier caso, tendrán que afrontar grandes retos.

Hasta ahora, se ha constatado que un aspecto fundamental, para sus posibilidades futuras, es la gran variedad en sus dimensiones y en la envergadura económica que estas entidades tienen.

Proponemos, diversificar sus fuentes de ingresos para compensar la caída constante en el margen de intermediación como consecuencia de una política de tipos de interés bajos. Y, al mismo tiempo, conseguir incrementar el margen de explotación, vía comisiones o reduciendo los costes de transformación. Además, de obtener mejoras en la gestión del riesgo.

Profundizar en la aplicación de nuevos canales de comercialización, como vía para reducir sus costes y, a la vez, convertir a las sucursales bancarias en tiendas financieras que les permitan comercializar productos desarrollados por otras entidades.

Mientras que las cooperativas de crédito no se han canalizado hacia su conversión en Bancos, como las cajas de ahorro el futuro dirá si estas reformas ayudarán a fortalecer el sector de cooperativas de crédito o impedirá su crecimiento. 7. BIBLIOGRAFÍA AMAT, O (2002): Análisis Económico Financiero. Editorial Gestión 2000. 18ª edición. 170

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