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Declaración de Principios

La agrupación surge como alternativa para encauzar las inquietudes y compromisos de un grupo de ciudadanas y ciudadanos, que en los últimos años hemos venido viendo con preocupación la descomposición económica, política, social y moral de nuestro país. Estos procesos tienen orígenes y efectos múltiples, se reproducen en toda la estructura social y generan un clima permanente de incertidumbre, desconfianza, desesperanza y violencia.

En México, la permanente crisis económica ha acrecentado los niveles de pobreza y marginación, creando condiciones para la descomposición del tejido social y el incremento sustancial de violencia a lo largo y ancho de nuestra república. Así, no obstante que con la adopción de la economía de mercado se procuró resolver la crisis y sus diferentes expresiones, lo cierto es que en los hechos la economía ha sido incapaz de generar por sí misma condiciones mínimas de justicia social y de igualdad de oportunidades. En contrapartida, el incremento de la pobreza contribuyó a reproducir las consecuencias que le son inherentes: injusticia, violencia, anomia y muerte.

En este contexto, individual y grupalmente se ponen en práctica una serie de acciones y conductas que se pretende sirvan de paliativos a la crisis, a la vez que permitan generar estrategias de sobrevivencia. Son conductas que han dado lugar a la corrupción, la violencia generalizada, la confrontación permanente, la ambición desmedida, individualismos exacerbados, etc. En suma, se trata de un conjunto de prácticas que se convierten en normas sociales que imponen modas y se erigen en valores y principios necesarios para asegurar la supervivencia. Más aún, se trata de un conjunto de actos que han trastocado profundamente la vida de las principales instituciones sociales, económicas y políticas de nuestro país.

En Encuentro Social pensamos que estas tendencias han dañado profundamente el tejido social de nuestro país y han producido de facto una serie de fracturas que ponen en riesgo la libertad, la justicia, la paz y la estabilidad de la sociedad en su conjunto. En un ambiente social controlado por la corrupción y la violencia hay pocas posibilidades para que la defensa de la libertad, la justicia y la dignidad de los individuos sean propósitos fundamentales de la convivencia social. Por lo anterior, en Encuentro Social pensamos que es urgente y necesario recuperar todo el potencial de cambio positivo que es inherente a los individuos moralmente sanos y con alto sentido de la ética para encauzar acciones que puedan comenzar a recomponer el rumbo de los acontecimientos. Así entonces, las mujeres y los hombres que integramos Encuentro Social, promovemos un mensaje de reconciliación y búsqueda de consensos que nos lleve a alcanzar el encuentro social de todos los mexicanos. Nos definimos como un partido abierto a todos los ciudadanos que compartan la inquietud y el deseo de impulsar una reforma que posibilite la transformación de las instituciones sociales, económicas y políticas que organizan la vida de la nación. Dicha reforma debe sustentarse en un accionar ético de respeto a la dignidad de los demás, cuyos objetivos de mediano y largo plazo estén encaminados a la construcción de un nuevo proyecto de país en el que todos los ciudadanos mexicanos asuman la consciencia de que tenemos que hacerlo juntos. Al establecimiento de una serie de acciones en las que los diferentes grupos de la sociedad encuentren las condiciones para la realización de los valores de dignidad, integridad y libertad, y que al mismo tiempo recobren la esperanza de construir un México asentado en la justicia y la igualdad para recuperar la paz social anhelada por todos.

Creemos que como representantes de los diferentes sectores de la sociedad, las fuerzas políticas estamos llamadas a encabezar acciones capaces de estructurar proyectos de nación en los que cada uno de los individuos y grupos que conforman nuestro país se vean representados y encuentren respuestas a sus principales demandas. Se trata de diseñar alternativas incluyentes de nación en las que la libertad, la justicia y la integridad se conviertan en valores fundamentales que orienten la conducta de las personas y grupos. En Encuentro Social asumimos que los partidos políticos tenemos la responsabilidad histórica de coadyuvar a la organización de la sociedad como un requisito indispensable para la construcción de consensos y acuerdos que nos lleven al establecimiento de gobiernos justos. Por ello, pensamos que las organizaciones políticas tienen la obligación de dejar claro a la ciudadanía los argumentos y objetivos de su aspiración a participar en las decisiones fundamentales de la nación. Esto quiere decir que es necesario asignarle un sentido ético a sus acciones, las fuerzas políticas no pueden y no deben convertirse en vehículos para la realización de intereses mezquinos y egoístas en los que sólo importan las expectativas de quienes los dirigen y las pequeñas elites

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que se organizan en torno a ellos, cuyo propósito es la búsqueda del poder por el poder. Las fuerzas políticas deben ser, ante todo, bienes colectivos que sirvan para que la ciudadanía discuta y decida proyectos de vida y de nación en los que la dignidad y los derechos de cada persona sean respetados por igual. Por ello, pensamos que es necesario transformar el perfil autoritario, despótico y excluyente que el poder ha tenido en México. Es indispensable asignarle nuevos significados en los que el ideal de “el poder como instrumento de servicio” vaya ganando terreno e implante una nueva ética en el ejercicio del mismo.

Necesitamos constituir gobiernos que aseguren la justicia, la paz y el gozo de los gobernados.

En esta perspectiva de transformación del poder, la resignificación de la política ocupa un lugar central. Es urgente que la transformemos en un espacio de oportunidad donde los individuos y los grupos pongan en común, discutan y aprueben, racional y prudentemente, proyectos de gobierno y nación que sean propicios a las demandas y necesidades de todos los sectores de la población. Así entonces, la política debe ser un medio que nos permita discutir y ponernos de acuerdo sobre la viabilidad de las propuestas que individual y grupalmente podamos proponer. No debe ser más un escenario de confrontación en el que para prevalecer hay que eliminar a los otros como lo dictan las reglas de una sociedad que paulatinamente va perdiendo los valores de solidaridad, tolerancia y respeto.

Para lograr lo anterior, en Encuentro Social pensamos que los partidos principalmente, con la participación de la ciudadanía organizada políticamente, son los más directamente responsables de proponer e impulsar una nueva cultura política que privilegie el diálogo, la libertad, la dignidad, la integridad y la justicia, como valores fundamentales de la convivencia política ciudadana.

Así entonces, Encuentro Social busca encabezar una reforma de la política, del poder y las instituciones. Una reforma que produzca un proyecto incluyente de nación en el que todos los ciudadanos, sin excepción de razas, sexos, condición social y credo religioso, participen de la definición de las mejores ideas y proyectos tendientes a estructurar políticas para la resolución de los diferentes problemas de la agenda nacional.

En Encuentro Social nos interesa transformar el régimen político y el sistema de gobierno. Pensamos que es tiempo de poner fin al presidencialismo centralista y autoritario que ha prevalecido por varias décadas. Es necesario transitar a un régimen semiparlamentario con equilibrio de poderes donde el Poder Legislativo sea el vocero de las demandas de la ciudadanía y la instancia más importante en la toma de decisiones públicas. También, es necesario avanzar en los procesos de descentralización del poder, para lo que es indispensable transitar hacia el establecimiento de un auténtico federalismo en todos los órdenes de la vida social.

Por otro lado, es urgente que el Poder Judicial se constituya en un poder autónomo capaz de producir un sistema de leyes que propicien la justicia y la paz social. Para ello, el Poder Judicial debe ser constituido mediante procedimientos electivos con rendición de cuentas. Que la ciudadanía participe en la estructuración de una institucionalidad jurídica descentralizada y que ejerza supervisión sobre el funcionamiento del sistema de justicia en su conjunto. Que sean los ciudadanos los que decidan con su voto quienes son las personas en las que más confían para que se encarguen de la administración e impartición de justicia.

Por otro lado, la coyuntura mundial significada por los procesos de globalización, exige posturas claras y definitivas respecto del lugar que los diferentes países quieren y pueden ocupar en el nuevo escenario internacional caracterizado por la transnacionalización de bienes y valores, identidades y problemas. En Encuentro Social pesamos que México debe recuperar el activismo internacional y el liderazgo regional para encabezar la promoción de una serie de iniciativas legales tendientes a reglamentar la forma desequilibrada, arbitraria e injusta que el paradigma de la globalización impone en los distintos países de la geografía mundial.

En términos económicos, Encuentro Social se propone impulsar un proyecto de economía moral en el que se priorice el diseño e implementación de proyectos de desarrollo productivo que aseguren empleos y salarios dignos para toda la población. Para ello, es preciso poner límites legales a la acción del mercado. Antes que la ganancia desmedida de los capitales, los proyectos de desarrollo económico tienen que asegurar justicia y bienestar para todos los grupos de la sociedad. Por eso es que el Estado, debe recuperar la rectoría en sectores

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clave para la vida pública y el desarrollo social y que desde hace ya varias décadas ha dejado en manos del mercado y con esto, los mexicanos han quedado a la intemperie ante la ambición desmedida del capital.

Por otro lado, el desarrollo productivo y el crecimiento económico estable de nuestro país deben asentarse en una cultura del trabajo y el esfuerzo. En el desarrollo de la libre empresa con sentido social, cuyo propósito sea contribuir al bienestar colectivo.

Para construir un proyecto económico sólido es preciso que las políticas de desarrollo productivo de nuestro país se ocupen de establecer los fundamentos básicos de la estructura económica. El sector primario que se encarga de garantizar el abasto alimentario y la explotación racional de los recursos agropecuarios tiene que ser reactivado en nuestro país si de lo que se trata es de poner los cimientos para el despegue industrial y la diversificación de los procesos productivos. Por lo demás, estos procesos tienen que apoyarse en el uso de la ciencia y la tecnología por lo que los centros de investigación y las universidades deben estrechar sus vínculos con la estructura productiva. Ello permitirá impulsar proyectos de industrialización que se fundamenta en los principios del desarrollo sustentable, en la medida que se establece una explotación racional y equilibrada de los recursos del medio ambiente.

En términos de política hacendaria, Encuentro Social se declara partidario de la descentralización en la recaudación fiscal. Es necesario que cada entidad federativa cobre sus impuestos y que esos recursos sirvan para impulsar proyectos de desarrollo en las diferentes regiones del país. Que cada Estado sea el administrador de sus bienes y de la riqueza que produce. Esto le permitirá otorgar mayores oportunidades de desarrollo a su población. En Encuentro Social consideramos que esto es fundamental ya que es preciso desplegar un conjunto de estrategias tendientes a resolver los problemas de pobreza y marginación.

Uno de los efectos más visibles de este proceso paulatino de descomposición social, marginación, corrupción y desesperanza se ve reflejado en los altos niveles de violencia que México ha experimentado en las últimas décadas. La autoridad, la clase política y otros sectores han propuesto diversas ideas que traten de regresar la paz al país, sin embargo, en Encuentro Social creemos que no son suficientes las medidas que involucran a la fuerza pública sin antes diseñar un esquema integral que involucre valores, principios sociales y honestidad en la función pública.

De igual manera, el aspecto educativo es fundamental para combatir la pobreza y la marginación que como es sabido pueden ser fuentes de actividades delincuenciales. Por tal motivo es necesario que el sistema educativo contribuya al desarrollo de todas las habilidades y potencialidades inherentes a cada persona, con la finalidad de que cada hombre y cada mujer dispongan de las herramientas para definir un sentido claro de propósito y destino. En materia educativa, Encuentro Social es partidario de la filosofía de la laicidad y la gratuidad de la educación.

En Encuentro Social nos mueve una filosofía incluyente de respeto a las opiniones y necesidades de los demás. Por ello, pensamos que un proyecto de país debe integrarse a partir de recoger las ideas de todos los grupos sociales que lo conforman: las etnias, las personas de la tercera edad, los jóvenes, las mujeres, los empresarios, etc., requieren participar y sentirse representados por los gobiernos que se conformen. Por lo anterior asumimos el compromiso de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.

Nuestros valores fundamentales

Por siglos se ha pensado que el campo de la política es como un mundo aparte que funciona con sus propias reglas y valores. Es, así se considera, un escenario de guerra y confrontación en el que prevalece el más capaz sin importar los medios que se utilicen para prevalecer sobre los demás. Es un ámbito excesivamente egoísta en el que la idea de lo colectivo y la preocupación por los demás se va desvaneciendo a medida que se desarrolla un mayor sentido de pertenencia al medio que ella representa y los valores que le son inherentes. A favor, en y por la política, la humanidad ha conocido las peores atrocidades que el hombre es capaz de cometer contra sí mismo. Por supuesto, está muy lejos de ser, como idealmente se ha dicho en algunas épocas, la búsqueda del bien común. En este sentido, los valores de la política se definen por la puesta en juego de las dimensiones más negativas del carácter de los hombres y las mujeres: la mentira, el

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egoísmo, la envidia, la codicia, etc.. Son, por lo demás, aspectos de la personalidad individual que la política hace que afloren y se manifiesten en toda su magnitud en pos de su objetivo central: el poder.

Por ello, a lo largo de la historia la relación entre ética y política, entre moral y política, ha sido una relación mutuamente excluyente. Se ha dicho, desde Maquiavelo en la etapa moderna de la sociedad, que los valores de la moral y la ética no pueden ser los valores de la política por que esta tiene los suyos propios. Este distanciamiento de dos campos fundamentales de la vida humana ha contribuido a que la política se constituya como un medio amoral y falto de ética en el sentido de que se niega a adoptar valores como: la integridad, la dignidad, la verdad, la justicia y la reconciliación, que pueden servir de contrapeso a las expresiones de la envidia, la mentira, la codicia, etc.

Por lo anterior, en Encuentro Social pensamos que hemos llegado a un punto en el que todos los campos de la actividad humana deben ser evaluados con la finalidad de reformar lo que ha producido efectos nocivos para la supervivencia del género humano. Esto quiere decir que la política debe ser revisada y transformada. Por los resultados que ha producido en los últimos 50 años es evidente que resulta absolutamente indispensable reformarla a profundidad. Esta reforma debe surgir desde dentro de ella misma a partir de una reflexión autocrítica que pondere, sobre todo, la oportunidad que ofrece para la supervivencia del género humano si continúa operando como lo ha hecho hasta ahora: con una altísima amoralidad.

Como portadores de la visión de diferentes sectores de la ciudadanía, las fuerzas políticas estamos llamadas a encabezar esta reforma de la política. Una reforma que produzca cimientos y genere una cultura que hacia futuro estructure la práctica política sobre la base de nuevos valores. En este sentido, en Encuentro Social asumimos que la actividad política renovada debe operar con los siguientes valores.

La dignidad. El reconocimiento y concientización de lo que somos como seres humanos, que considera el respeto inalienable de nuestro ser y nuestra identidad y la de los demás. Por ello, el ser humano debe ser formado para que cree leyes e instituciones que refuercen y velen por la dignidad de todas las personas.

La integridad. Este valor nos debe llevar al reconocimiento de que somos guardianes de nuestra propia vida, de nuestro talento y el derecho a disfrutar de los frutos que se pueden alcanzar con ello, en beneficio propio y para los demás. El ser humano debe asumir la responsabilidad de realizar todas sus capacidades. Debe aprender a diseñar y operar instancias que contribuyan a ello a través de recursos y medios como la libre empresa y la libre competencia.

La libertad. La libertad consiste en reconocer la autoridad implícita a cada ser humano para que opere la capacidad de respetar la dignidad y la integridad de los demás, al mismo tiempo que se le respeta a quien pone en acción dicha capacidad. Por lo anterior, vivir en la libertad implica un ejercicio de autoridad básicamente abocado a la realización de la justicia hacia uno mismo y hacia los demás.

Dado lo expuesto, Encuentro Social se compromete a realizar las acciones tendientes para lograr un verdadero establecimiento del Estado de Derecho, como consecuencia de ello observará la Constitución, respetando las leyes e instituciones que de ella emanen.

Por tanto Encuentro Social en concordancia con lo anterior, no aceptará pacto o acuerdo que nos sujete o subordine a cualquier organización internacional o la haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión o secta, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que la ley electoral prohíbe financiar a los partidos políticos.

Encuentro Social tiene como objetivo lograr consensos entre las diversas clases sociales que son tan necesarios en nuestra sociedad. Basados en esta filosofía nos comprometemos a conducir nuestras actividades políticas por medios pacíficos y por la vía democrática.

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Programa de Acción

Encuentro Social para realizar sus postulados y alcanzar los objetivos enunciados en su declaración de principios planteara lo siguiente:

Propuestas de Gobierno

Contexto general

La crisis de las ideologías y la hegemonía del capitalismo globalizado configuran hoy día un escenario internacional en el que prevalecen más las dudas que las certezas respecto al futuro de la humanidad. Aunque cada vez es más evidente el agotamiento de los paradigmas ideológicos que dieron sentido a las sociedades modernas (capitalismo y socialismo), el mundo entero no está exento aún de tendencias fundamentalistas que amenazan con socavar las libertades de personas y grupos en diferentes regiones de la geografía mundial. Por si fuera poco, la preeminencia de las filosofías materialistas y el relativismo de valores que le son inherentes crean un escenario de gran incertidumbre. De su lado, aunque el mercado se ha impuesto como la instancia preponderante en la asignación de los beneficios económicos y sociales, este no ha sido capaz de generar por sí mismo condiciones de justicia y equidad. Lo mismo sucede en los países considerados desarrollados, que en las naciones históricamente dependiente de las economías más avanzadas, aparecen indicadores que expresan situaciones de crisis e inestabilidad más que de bonanza y estabilidad. A decir, fenómenos tales como el desempleo, la inflación, la violencia, la contaminación, entre otros, no son más evidencias de que las cosas no están funcionando del todo bien.

En este contexto, las instituciones sociales, económicas y políticas que durante mucho tiempo habían asegurado la estabilidad y la reproducción más o menos armónica de la vida social, parecen haber dado todo de sí. En este sentido, instituciones como el estado, el gobierno, el parlamento, la empresa, el sistema de justicia, los partidos políticos, etc. están demandando una serie de reformas a fin de hacerlas más funcionales a las nuevas realidades. Así entonces, la revisión-refuncionalización de las instituciones claves en la construcción del orden social están sugiriendo la creación de nuevas instancias capaces de encontrar las estrategias y movilizar los recursos necesarios para resolver los múltiples problemas que hoy se hacen presentes en nuestras sociedades.

Nuestro país no está al margen de estas grandes tendencias mundiales, aunque a decir verdad, hay aspectos sociales, económicos y políticos que se presentan como realidades verdaderamente dramáticas que demandan acciones urgentes. En Encuentro Social consideramos que es necesario que los diferentes actores individuales y organizados asumamos compromisos de largo plazo tendientes a la resolución de las dificultades y problemas que impiden el disfrute pleno de los valores de justicia, libertad y dignidad de las personas. En primer lugar, creemos que los partidos políticos, en tanto interlocutores de las múltiples demandas de la sociedad, deben estrechar sus vínculos con la ciudadanía a fin de generar ideas y construir propuestas y proyectos que incidan en la solución de sus demandas. Esto significa que los partidos y demás organizaciones políticas debemos constituirnos en vehículos y canales abiertos en donde de manera libre los ciudadanos expresen sus demandas y sean capaces de generar alternativas, en corresponsabilidad con las instancias de gobierno, para su resolución. Por ello, los partidos políticos no debemos ser más instrumentos de unas cuantas elites cuya preocupación central sea sólo la defensa de sus intereses particulares.

Encuentro Social a fin de resolver los problemas nacionales propondrá las siguientes políticas:

En la medida en que los partidos políticos recuperen su función mediadora entre sociedad y gobierno, con la participación de las organizaciones de sociales, la ciudadanía podrá recobrar la confianza en una alternativa de participación y representación que hoy cada vez le resulta más ajena y por tanto le genera gran desconfianza. Se trata entonces de producir un reencuentro de los partidos y demás organizaciones con la ciudadanía a partir de que estos sean capaces de hacer una lectura correcta de las demandas que contenidas en ella y, sobre todo, de plantear alternativas de solución a esos problemas. Ello implica generar espacios de permanentes de retroalimentación en los que también se deben desarrollar acciones educativas que permitan ir

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creando cimientos para producir una nueva cultura de participación en la que vayamos haciendo conciencia de que todos somos responsables de la reconstrucción de nuestro país.

En la medida en que la ciudadanía se vaya involucrando en la resolución de los problemas públicos se dará paso a la construcción de liderazgos más horizontales y menos centralistas y verticales en la conducción de los procesos sociales, económicos y políticos. A su vez, esto coadyuvará al desarrollo de una mayor responsabilidad individual al darse cuenta de que, aun cuando no se disponga de los recursos para ser un agente de cambio en el corto plazo, estos se pueden gestionar. Todas las personas necesitan reconocer la posibilidad de alcanzar todo su potencial y ser el principal gestor de su progreso y desarrollo. Con esto se evita que se sigan practicando liderazgos que sujetan la voluntad individual y hacen dependientes a las personas, a la vez que permite a los líderes que asumen la conducción de los procesos, constituirse en figuras autoritarias que se preocupan más por conservarse en sus posiciones de privilegio que en impulsar a los demás a liberar todo su potencial.

Por lo anterior, en Encuentro Social pensamos que la vigencia de los partidos y la reforma de las instituciones que rigen nuestro sistema económico, político y social en un sentido que coadyuve al mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos, no podrá gestarse si no cambiamos el estilo de liderazgo que hasta ahora ha prevalecido. Por ello, es urgente ir creando las condiciones para que los individuos -hombres y mujeres- alcancen su máximo desarrollo y sus talentos se pongan al servicio de los intereses de la nación. Es imperante pues generar igualdad de condiciones para lograr una sociedad más equitativa y con oportunidades para todos, y de alguna manera desterrar el viejo adagio que dice que todos los hombre nacemos iguales, vivimos desiguales y morimos iguales.

En Encuentro Social creemos que el liderazgo político que necesita México, debe encontrar un elemento central que permita ir desterrando el cáncer de la corrupción que permea no sólo en las actividades asociadas a la tarea política, sino a todos los sectores de la sociedad. Ese elemento vital es la integridad, entendida esta como la lealtad a un código de valores sociales y morales que permiten una cabal interrelación personal y colectiva a través de la honestidad, la rectitud y la confianza.

Cuando a la esfera del poder público, llegan hombres y mujeres íntegros, de manera natural surge un fruto que es el de la justicia y esta a su vez genera condiciones para recobrar la dignidad, la igualdad, la esperanza y la paz tan anhelada por todos.

México en un Mundo Globalizado.

La idea de una sociedad global se ha impuesto desde hace varias décadas En este contexto, la idea del estado-nación por momentos se presenta como una forma agotada de organización económica, social y política. Por ello, es importante reflexionar qué pasará con la soberanía de los países cuando es evidente que los gobiernos nacionales cada vez están más limitados para ejercer algún control sobre los movimientos del capital que la mayoría de las veces pasan por encima de sus marcos legales. En este sentido, los estados nacionales cada vez tienen menos control sobre los procesos económicos y ello está impactando los procesos políticos, sociales y culturales de la mayoría de los países cuya actividad económica depende de las inversiones de los países más desarrollados, sobre todo cuando dichas inversiones en lugar de ser orientadas a la inversión productiva en realidad van encaminadas a la especulación bursátil. Esto se traduce en pérdida continua de soberanía pues las economías de nuestros países están atadas a los intereses de las grandes transnacionales. Por si fuera poco, ello está afectando los ámbitos político y cultural ya que hay una tendencia a que las decisiones de gobierno y los valores sociales que son predominantes en la vida cotidiana de las personas, estén impregnadas por las tendencias políticas y culturales dominantes a nivel mundial y que no necesariamente son favorables para el progreso de las naciones menos desarrolladas.

Por lo anterior, en Encuentro Social pensamos que es urgente discutir internamente el tema de la soberanía y replantear los vínculos con el exterior de tal manera que, sin dejar de reconocer que algunos aspectos de la globalización pueden ser favorables para el desarrollo de nuestro país, si es necesario que se implementen criterios y acciones de regulación para todos aquellos aspectos que pueden ser negativos para los ciudadanos de nuestra nación. En este sentido, México debe impulsar, en el marco del derecho internacional, una serie de iniciativas tendientes establecer un marco jurídico que reglamente todos los

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aspectos de la globalización cuyos efectos -en la mayoría de los casos- han rebasado los marcos legales existentes, lo que está trayendo graves consecuencias para los ordenamientos sociales, culturales, políticos y económicos de la mayoría de las sociedades a nivel mundial, quienes se están viendo avasallados por una serie de efectos negativos frente a las que se ha podido hacer muy poco por la ausencia de leyes que orienten la manera como se deben regular ese conjunto de prácticas: exacerbación de los patrones de consumo, exposición excesiva a la violencia, exclusión social y económica, anomia, cultura hedonista, etc,.

Para hacer frente a estas tendencias es necesario que nuestro país promueva la construcción de acuerdos con los países latinoamericanos a fin de diseñar estrategias comunes que atemperen y modifiquen los efectos negativos de la globalización. Por compartir idioma y antecedentes históricos similares, los países de América Latina pueden encontrar puntos de convergencia que les lleve a construir un proyecto de globalización latinoamericana en el que los recursos de que cada país dispone sean utilizados para coadyuvar al desarrollo con dignidad y justicia de todos sus ciudadanos.

Lo que se propone entonces, es que México asuma un protagonismo regional para diversificar no sólo las relaciones políticas con otras naciones, sino también encontrar mercados comerciales con países latinoamericanos para ir mitigando los efectos que la dependencia económica con los países de norte ha generado para nuestro país.

Régimen Político, forma de Gobierno y Reforma del Estado

Hasta hace un tiempo el sistema político de nuestro país ha funcionado sobre la base de un partido hegemónico y un poder ejecutivo con poderes ilimitados. Aunque el modelo fue funcional durante la etapa posrevolucionaria es evidente que ya dio todo de sí y que es urgente reformar las instituciones que lo sostuvieron. En primer lugar, Encuentro Social se pronuncia por impulsar una reforma constitucional que ponga punto final al presidencialismo autoritario que por años se practicó a través del poder ejecutivo. Al reducir y limitar las facultades constitucionales de la presidencia se puede dar paso a la construcción de un equilibrio de poderes en donde el Poder Legislativo se vaya convirtiendo en el centro principal de la toma de decisiones públicas.

El Parlamento, en tanto expresión de la pluralidad social, debe constituirse en un órgano que proponga, discuta y construya acuerdos tendientes a la resolución de los problemas públicos. Del parlamento debe surgir un proyecto acabado y consensado de nación que sea incluyente de las expectativas contenidas en cada uno de los grupos sociales que conforman nuestra nación. No debe ser más un espacio de negociación entre elites que pactan acuerdos favorables sólo a sus propios intereses y de espaldas a la nación. Por ello, la rendición de cuentas debe ser un elemento básico que asegure que los representantes en el Poder Legislativo efectivamente defienden las causas de la ciudadanía que representan. Para ello, es indispensable avanzar en la construcción de un marco legal que defina con precisión los procedimientos a través de los cuales los representantes populares rendirán cuentas, en esa legislación deberá estar incluida la revocación de mandato como la sanción máxima que puede recibir quien no cumpla con la defensa de los intereses de la ciudadanía. Proponemos avanzar en una mayor profesionalización de la labor legislativa, esto pasa por un compromiso explícito de los partidos políticos para establecer un mayor rigor en los requisitos de quienes serán sus candidatos a diputados y senadores en los distintos procesos electorales.

Con relación al Poder Judicial, es urgente que logre su total autonomía incorporando el criterio de elección popular de quienes aspiren a ocupar la responsabilidad de impartir y administrar justicia en los niveles federal, estatal y municipal. El proceso de elección debe estar acompañado de un conjunto de reglas para que quienes sean elegidos asuman la responsabilidad pública de la rendición de cuentas. De esta manera, al involucrar a la ciudadanía en la conformación del sistema de justicia, no sólo se evita que el Poder Judicial pueda ser manejado por alguno de los otros dos poderes, sino que se crean las bases para contrarrestar la corrupción y la aplicación diferenciada de la ley.

Por lo demás, la reforma de los tres poderes del Estado debe estar acompañada de un proceso de descentralización en el que el federalismo se convierta en una estrategia de gobierno que permita la autonomía de las regiones, entidades y municipios. No es con el control del centro sobre la periferia como se asegura el desarrollo y se mantiene la unidad nacional. El federalismo debe reconocer la autonomía de los

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gobiernos locales para diseñar e implementar estrategias y acciones de gobierno en las que lo más importante sea que cada zona del país aproveche sus recursos para impulsar el desarrollo de quienes viven en esos lugares. No se puede seguir funcionando bajo una lógica en la que las regiones le transfieren al centro todos sus recursos, se descapitalizan y eso genera condiciones de atraso y pobreza. El auténtico federalismo construye la unidad nacional a partir de crear las condiciones jurídicas e institucionales para que los gobiernos locales impulsen el desarrollo de cada entidad y municipio en condiciones de equidad.

Por otro lado, el federalismo debe sustentarse en una política de Estado que convierta al gobierno federal en un facilitador de las condiciones para que se creen programas de desarrollo económico y social en todas las esferas de la producción, de tal manera que ahí cada mexicano y mexicana encuentre la posibilidad alcanzar una vida digna a través de la percepción de un salario justo.

En síntesis, en Encuentro Social consideramos que México puede avanzar hacia la consolidación de una auténtica república federal en donde la descentralización del poder sea un principio básico de la gobernabilidad. Eso replanteará y modificará el diseño y funcionamiento presidencialista de nuestro régimen político y nos permitirá avanzar hacia la construcción un régimen semiparlamentario en el que el Estado propicia la participación activa de la ciudadanía y la hace corresponsable en la construcción de proyectos de nación y en la creación de gobiernos incluyentes y justos. Un nuevo régimen político en el que haya una efectiva división de poderes.

México bajo el Imperio de la Ley

El poder autoritario y excluyente que ha prevalecido en México por varias décadas y quizá siglos, paulatinamente fue socavando la autonomía y primacía de la ley. En el contexto actual, una de las reformas más urgentes que vastos sectores de la ciudadanía está demandando es la renovación de nuestro sistema de justicia. A partir de que la corrupción, crimen organizado, el abuso de poder, la violación sistemática de las leyes existentes, etc. han sembrado un ánimo constante de desconfianza e incertidumbre, millones de mexicanos se preguntan todos los días si la justicia puede ser posible en nuestro país y si todavía es factible respetar la dignidad y los derechos de las personas y grupos a través de un sistema de leyes que sancione conductas y se aplique a todos sin distinciones. Un elemento central de la reforma a nuestro sistema de justicia tiene que ver con crear y consolidar la autonomía de las instituciones encargadas de administrarla. Dicha autonomía debe constituirse a partir de un procedimiento electivo con rendición de cuentas, como un mecanismo indispensable para asegurar que las instituciones de justicia tengan un alto nivel de legitimidad. Esto, a su vez, permitirá que la ciudadanía comience a percibirlas como instancias que están cerca de ella para garantizarle el disfrute pleno de las garantías individuales que la constitución consagra. Por lo demás, la justicia debe dotar de una serie de instrumentos para hacer que las personas puedan tener una vida libre y digna.

Es importante hacer notar que sólo reformando el sistema de justicia podremos avanzar hacia la consolidación de un pleno Estado de Derecho en México. Un país que pretende constituirse en una nación sólida sin dar importancia a su sistema de justicia, difícilmente podrá aspirar a ser una nación justa. Se trata entonces de reformar el sistema de justicia y de cambiar a las personas que se ocupan de administrarla. Es urgente un cambio en nuestro sistema de leyes y también un cambio de personas. Se requiere que sean individuos íntegros quienes se ocupen de diseñar y administrar las leyes en todos los órdenes de la vida social. Por ello Encuentro Social apoyará para que la ciudadanía decida quiénes poseen los mejores atributos para asumir dichas encomiendas. En consecuencia, el proceso electivo para jueces, magistrados, ministros etc., tendrá que establecer requisitos y criterios muy claros que definan los procedimientos de rendición de cuentas de quienes ocuparán cargos en la administración de la justicia.

Con base en lo anterior, en Encuentro Social consideramos que al funcionar eficientemente nuestro sistema de justicia, mismo que coadyuvará al fortalecimiento del Estado de Derecho, los temas y problemas relativos a la cuestión de los derechos humanos podrán ser resueltos sin necesidad de fundar instancias alternativas que supervisen la aplicación de la ley. Hoy día, al crear las instancias pro-defensoras de los derechos humanos, implícitamente estamos aceptando que nuestros sistemas de justicia no son capaces de arbitrar y sancionar los conflictos, delitos y faltas que se comenten en y contra los individuos y la sociedad. Consideramos que es fundamental la defensa y reivindicación de los derechos humanos, pero, la posibilidad

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de que estos sean asegurados para todos por igual, pasa por sanear y reformar nuestros sistemas de justicia, más que por seguir creando instancias de derechos humanos que en gran medida duplican esfuerzos en la impartición de justicia y también tienden a reproducir los mismos vicios de corrupción propios de las instituciones tradicionales de justicia.

Consideramos que la mejor defensa de los derechos humanos se puede hacer a través de la creación de un sistema de tribunales y un ministerio público eficiente para sancionar todos los aspectos de la vida social. Dichas instancias deben funcionar de manera descentralizada y garantizar la resolución del conflicto en el lugar y/o la circunscripción donde ocurre.

Paz Social

En los últimos años nuestro país ha experimentado una escalada de violencia e inseguridad pública que ha puesto en riesgo no sólo la armonía y la paz social, sino la legitimidad de las instituciones encargadas de salvaguardar el orden público.

Al mismo tiempo se advierte con preocupación cómo en diversas regiones del país, la autoridad ha sido amenazada y en muchos casos sometida por la delincuencia organizada. De esta manera la sociedad civil en esas poblaciones se encuentra rehén de los grupos delictivos y desamparada ante una autoridad atemorizada o cómplice de los criminales.

Al mismo tiempo se va expandiendo una aceptación tácita de la sociedad a una cultura que promueve antivalores y que trata de fomentar la idea, particularmente entre la juventud, de que se puede acceder rápido y fácil a un estilo de vida próspero, y lleno de comodidades, a través de actividades ilícitas. La cultura de la muerte y de la ilegalidad, sólo puede ser contrarrestada a través de un amplio programa de respeto y fomento a la vida en sus diversas manifestaciones y a través de la instauración de una cultura de la legalidad, donde es la autoridad quien asume el liderazgo y a través de sus instituciones hace del respeto al derecho una norma social aceptada.

Encuentro Social pretende convertirse en un partido político promotor de la paz social generando en primera instancia mecanismos que permitan el acceso a las tareas de seguridad pública a personas con alta solvencia moral y humana, además de capacidad y experiencia. Sin embargo, el problema de la violencia no sólo se enfrenta únicamente con intervenciones de la fuerza pública, sino también, generando condiciones de igualdad en las oportunidades de vida que eviten el creciente resentimiento social que la delincuencia organizada aprovecha para su reclutamiento.

En síntesis, la paz en nuestro país no será alcanzada mientras subsistan condiciones lacerantes de desigualdad, mientras se promuevan los antivalores sociales y la autoridad ya sea por temor o complicidad permita a la delincuencia controlar poblaciones enteras.

Política Económica.

En la coyuntura actual, uno de los retos más importantes para nuestro país es el que tiene que ver con la posibilidad o no de diseñar un proyecto propio de desarrollo económico. Por décadas y siglos la economía de nuestro país se ha asumido como una economía dependiente que implementa estrategias y planes de desarrollo a partir, no tanto de las condiciones estructurales del aparato productivo y de las necesidades de los diferentes grupos sociales, sino de los vínculos y/o compromisos que los gobiernos establecen con otros países y los distintos organismos económicos que, a nivel regional y mundial, se han creado para regular los procesos económicos. En el periodo actual, caracterizado por las políticas de apertura comercial, la economía mundial ha entrado en un proceso profundo de relaciones de interdependencia mayores aún que las experimentadas en otros periodos históricos. Esto, si bien trae grandes beneficios, también afecta aspectos nodales de las economías de los diferentes estados-nación. Específicamente, las economías históricamente dependientes –latinoamericanas, africanas y algunas asiáticas- se han incorporado a los procesos de globalización en condiciones de desigualdad que les impide ser competitivos. Actualmente, la reproducción del capital a nivel mundial, ha replanteado los procesos de la división internacional del trabajo y ello va determinando que, en la lógica de la economía-mundo globalizada, las economías de los distintos países

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cumplen roles específicos que en la mayoría de los casos ellos no eligen, sino que les son asignados por las economías líderes en el mundo. Esto ha ocasionado que las economías de los países dependientes definan planes y estrategias económicas, ya no atendiendo a las necesidades de su población, sino al cumplimiento del rol que se les asigna.

Lo anterior ha generado grandes dificultades a las naciones dependientes para encontrar equilibrios entre sus compromisos internos y sus vínculos con el exterior. Como ello no se ha logrado, las decisiones de los gobiernos de estos países casi siempre se orientan al cumplimiento del rol que la economía-mundo les asigna, lo que ha generado grandes injusticias, marginación, hambre y pobreza en vastas regiones de la geografía mundial. El problema no es nuevo, en realidad tiene profundas raíces históricas y estructurales. No obstante, hoy más que nunca el problema parece haber tocado fondo y es urgente encontrar alternativas.

La búsqueda de alternativas para la resolución de los problemas de marginación, pobreza, hambre y enfermedad que viven millones de seres humanos en el mundo, pasa por una evaluación crítica de los resultados –económicos, políticos y sociales- que ha producido el capitalismo en más de 300 años. No se puede negar que este sistema ha demostrado su capacidad para producir y generar riqueza, pero también es importante hacer notar que asimismo ha dado bastantes evidencias de que es incapaz de distribuir los beneficios de esa riqueza aplicando principios básicos de equidad y justicia social. El mercado y su ley de la oferta y la demanda han sido altamente eficientes para reproducir ganancias, pero el fruto de esas ganancias se ha concentrado en manos de unas cuantas elites. Ese es sin duda un principio implícito a la lógica de funcionamiento del capitalismo, es decir, es altamente, excluyente de los beneficios de la riqueza que produce.

Así las cosas, para amplios sectores de la población mundial, su existencia es altamente dramática pues los recursos para sobrevivir parecen disminuir proporcionalmente al aumento de los niveles de ganancia de los grandes millonarios y sus empresas. Además de lo anterior, las sociedades actuales han hecho de la cultura del consumo una especie de identidad, donde para llegar a ser uno necesita tener. La publicidad comercial inunda el quehacer cotidiano del ciudadano obligándolo a consumir, sin embargo, la economía prohíbe esa ordenanza, generando con esta un ánimo de frustración, coraje y resentimiento social. En este contexto, aun cuando cada vez es más difícil hacer la pregunta, distintos individuos y grupos sociales se interrogan respecto de sí es posible encontrar un modelo económico alternativo.

En México, la situación de crisis económica que se vive desde la década de los setenta cuando el modelo sustitutivo de importaciones dejó de funcionar, ha acrecentado los niveles de pobreza y marginación de amplios sectores de la población. Según estadísticas de diferentes organismos tanto nacionales como extranjeros, cerca de 60 millones de mexicanos –que equivale casi al 50% de la población total- viven más allá de los umbrales de pobreza y marginación posibles y tolerables. Este contexto general es el resultado de más de treinta años de políticas económicas en las que el Estado paulatinamente ha ido abandonando sus responsabilidades sociales que, en la lógica del modelo neoliberal y su perspectiva privatizadora, son contrarias a los principios de funcionamiento del mercado quien se erige como la instancia principal en la asignación de los beneficios sociales.

Ahora bien, reconocemos que es difícil que la economía de nuestro país rompa de la noche a la mañana los vínculos de dependencia que tiene con las economías más y asimismo que vaya en contra de las tendencias económicas mundiales; no obstante, en Encuentro Social pensamos que si es posible diseñar una estrategia de mediano y largo plazo para sentar las bases de una política económica interna que atiende las demandas básicas de infraestructura productiva, empleo, salarios, mejorar las condiciones de trabajo, de pensiones y jubilaciones, y todos aquellos aspectos que permiten que la población pueda gestionarse condiciones de vida más justas y dignas. Por ello, consideramos que como interlocutores de sectores importantes de la sociedad, los partidos políticos estamos obligados a proponer una serie de acciones de política económica encaminadas a crear una sociedad más justa.

En consecuencia, en Encuentro Social pensamos que un programa de reestructuración económica de corto, mediano y largo plazo, debe estar orientado por una filosofía económica que produzca políticas económicas que se ocupen de resolver los problemas de marginación y pobreza que se viven en nuestro país. Estas políticas tendrán que estar impregnadas de un alto sentido ético, moral y de solidaridad y justicia social. Esto

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quiere decir que es necesario imponer límites legales y sociales a la acción del mercado, de tal suerte que la política económica debe privilegiar las acciones encaminadas a permitir que toda la población tenga acceso a un empleo bien remunerado y estable, más que favorecer la reproducción de la ganancia. Para ello, el Estado deberá implementar estrategias de concientización a través de las cuales los empresarios y los dueños del capital puedan reconocer que un principio básico de la estabilidad económica pasa por la estabilidad social y esta se alcanza sólo si la población puede alcanzar condiciones dignas de vida.

La puesta en práctica de estos principios se puede lograr con las siguientes acciones:

1.- Política agropecuaria y alimentaria. No se puede constituir una economía fuerte sino se resuelven los fundamentos básicos de la producción alimentaria. Crear un sector primario fuerte con un mercado de abasto eficiente a lo largo de todo el país, pasa por diseñar una política económica que se ocupe de hacer resurgir la producción del campo. Para ello, el Estado debe crear planes de crédito e inversión que involucren desde los pequeños propietarios de tierra hasta los grandes empresarios de la producción primaria para que el campo recupere su capacidad productiva. Inversión en tecnología y programas de capacitación para todos los agentes involucrados en la producción alimentaria son básicos para que la población vinculada al campo reconozca la importancia de la producción de alimentos básicos. Estas acciones de desarrollo agropecuario deben ser incluyentes de tal suerte que se tendrán que crear mecanismos de protección para aquellos grupos y/o sectores más desprotegidos. Esto quiere decir que las comunidades indígenas, la mayoría de ellas vinculadas al campo, tendrán que ser incluidas en estas acciones. Así, estos grupos tradicionalmente marginados podrán encontrar alternativas de subsistencia y mejora a sus condiciones de vida sin romper sus lazos con la tierra. Por otro lado, estos programas tienen que ser locales y regionales atendiendo a las problemáticas específicas de cada zona; por ello no pueden pensarse a partir de planes generales que homogenizan los problemas y nos los resuelvan. También, los productores del campo deben constituirse en administradores de la riqueza que producen y ellos serán los directamente responsables de colocar sus productos en el mercado. Esto les permitirá disfrutar de los mayores beneficios a partir del valor y la calidad de lo que producen sin padecer el papel de los intermediarios que la mayoría de las veces les roban sus beneficios. Para ello, el estado debe tener una política local y regional de apoyo a los productores del campo para que transporten su producción a los centros de distribución sin tener que pagar altos impuestos por fletes y alquiler de bodegas. Por lo demás, estos problemas se pueden resolver generando organización y apoyos solidarios entre los productores.

Por otro lado, estos programas de apoyo al campo deben ser permanentes por lo que su planeación debe trascender los sexenios, una legislación adecuada en materia de planeación agropecuaria obligará a los gobiernos a dar continuidad a los programas acordados por consenso entre los actores involucrados. Es importante destacar que si esto se logra, entonces la población del campo encontrará los suficientes incentivos para permanecer ahí, con ello se detendrá la despoblación del campo mexicano y se romperá la visión equivocada de que una vida digna y exitosa sólo se alcanza en la ciudad. Es más, en el mediano y largo plazo se puede pensar en diseñar una política de retorno al campo. Es posible que muchas familias, si encuentran los apoyos necesarios, acepten regresar a sus lugares de origen y reconstruir su proyecto de vida. Esto contribuiría a desahogar la concentración poblacional en las ciudades y a comenzar a detener su crecimiento desmedido. Por lo demás, los programas de repatriación ciudad-campo, ayudarían a generar conciencia respecto de que los espacios de oportunidad en la mayoría de las capitales más importantes del país están prácticamente agotados y que es necesario redignificar la vida en el campo.

2.- Política energética y de explotación de recursos naturales. La naturaleza ha sido particularmente benévola con nuestro país. En Encuentro Social afirmamos que México dispone de los recursos naturales suficientes como para constituir una economía fuerte que genere mayores y mejores condiciones de justicia social. Los recursos minerales y pesqueros son tan vastos que nuestra nación puede aprovecharlos eficientemente y beneficiar ampliamente a su población. Ello implica que nuestros gobiernos deben fortalecer la soberanía sobre esos recursos y asegurar que su explotación y comercialización impacte los niveles de vida de los distintos grupos sociales.

En este sentido, los estados y regiones ricos en estos recursos deben ser los primeros beneficiarios. Por ejemplo, el Estado de Chiapas, que concentra cerca del 50% de la producción de energía eléctrica, debe beneficiarse de ello y recuperar los suficientes recursos para invertir en áreas como educación, salud, vivienda, etc., Asimismo, los estados ricos en producción mineral y pesquera, tienen que aprender a

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administrar esos recursos y a partir de ahí generar nuevas estrategias de desarrollo económico y social para la población de sus distintas localidades y regiones. Por otro lado, los estados y regiones que son favorecidos por estos recursos, tiene que desarrollar programas y acciones de educación, capacitación y desarrollo tecnológico para hacer más eficiente la explotación racional de los mismos. En términos de organización y distribución de estos recursos, Encuentro Social considera que es necesario constituir una estructura más descentralizada. Los grandes organismos nacionales responsables de explotar y distribuir los recursos han demostrado su ineficiencia; por ello, es necesario diseñar instancias locales y regionales de organización, administración, planeación y distribución. Por último, es importante destacar que un factor particularmente importante cuando se habla de la explotación de los recursos naturales es el que tiene que ver con el respeto al medio ambiente y al equilibrio ecológico, no se pueden extraer los recursos de manera irracional e indiscriminada y afectar otros recursos. Un ejemplo de ello lo podemos ver en los graves daños que la explotación petrolera ha traído al ecosistema, a la producción pesquera y la reproducción de la fauna, en la medida en que los procesos de extracción del recurso suelen ser descuidados y hay poca conciencia respecto de hacerlo con una actitud racional y de respeto al equilibrio ecológico, para lo que es necesario tomar medidas preventivas y correctivas si algo se ha dañado.

Lo anterior obliga a que nuestro sistema educativo desde sus niveles básicos, implementen estrategias de concientización y capacitación respecto de la importancia del equilibrio ecológica y la necesidad de que el hombre se relacione con la naturaleza de una manera respetuosa, racional y armónica. Esto hará posible que desde temprana edad los mexicanos podamos desarrollar una cultura en la que se tengan las herramientas para implementar acciones de cuidado y regeneración del medio ambiente natural –cualquiera que este sea- que se haya dañado o que esté en proceso de afectarse.

3.- Política hacendaria y de recaudación de impuestos. El sistema de gobierno centralista que históricamente ha operado en México ha retrasado la reforma del sistema hacendario. En el esquema de recaudación fiscal vigente el gobierno federal es el responsable de cobrar los impuestos y asignar los recursos que de ahí se obtienen. En Encuentro Social pensamos que este es un modelo agotado que es necesario reformar. Los problemas de desarrollo de algunas regiones del país –particularmente la zona sur-, en gran medida se explican por una política fiscal injusta que extrae recursos de las regiones y no les devuelve en proporción con lo que aportan al erario público federal.

Por ello, pensamos que para avanzar en una política de recuperación económica es necesario modificar los criterios y procedimientos de recaudación de impuestos. En primer lugar, es urgente que en materia fiscal se avance en el establecimiento de un auténtico federalismo; en este sentido, cada gobierno estatal debe ser el responsable de cobrar los impuestos. Es necesario constituir un pacto federal en materia fiscal de tal manera que el gobierno de la república reconozca que no puede seguir controlando de manera central la recaudación de impuestos. Los Estados necesitan disponer de recursos en proporción con lo que producen. Sin duda tendrán que cederle a la federación una parte de los recursos generados, pero, estos no pueden ser mayores a 30 centavos de cada peso que se recaude. Así, si los gobiernos estatales cobran sus propios impuestos y administran sus propios recursos, podrán disponer del capital necesario para invertir en programas de desarrollo económico y social, a fin de resolver las distintas demandas que su población les plantea.

Por otro lado, será indispensable implementar políticas de impuestos diferenciadas acordes con la realidad de cada región y estado. Para ello, la legislación fiscal federal sólo establecerá criterios generales de recaudación. Cada entidad tendrá una legislación propia que establezca criterios específicos en materia hacendaria. De su lado, al establecer impuestos diferenciados atendiendo a las condiciones específicas de las regiones, se busca que haya principios mínimos de equidad en los que pague más quien disponga de mayores recursos y mejores condiciones de desarrollo individual y grupal –como persona física o persona moral-.

4.- Empleo y salarios. La mejor manera de promover la justicia social es a través del empleo bien remunerado. Para el efecto, es indispensable diseñar una política salarial de estado en la que: empresarios, gobierno y trabajadores organizados se ponga de acuerdo y definan salarios justos. Desde luego, la posibilidad de pagar salarios justos está en estrecha relación con el diseño de una política económica que genere prosperidad en todos los ámbitos de la producción, misma que permita la generación de empleos. Para que la población tenga acceso a un empleo bien remunerado es preciso que el mercado de trabajo –en todos sus niveles- esté en

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estrecha vinculación con el sistema educativo. Sin duda, es indispensable que se eleve la calidad del trabajo para que en esa misma medida se pueda aspirar a mejores empleos y mejores salarios. Esto sólo será posible elevando los niveles de capacitación, habilidad y conocimiento de cada persona en el desempeño de su trabajo. Es preciso que cada individuo desarrolle todo su potencial de trabajo y que se ocupe de las tareas y actividades para las que efectivamente tiene habilidad y talento; no es posible que las personas tengan que conformarse con cualquier trabajo porque no pudieron desarrollar sus mejores dones. Cada persona en cada centro de trabajo, desarrollando la labor que le corresponda, debe encontrar satisfacción a su propósito y proyecto de vida; de lo contrario, el trabajo se convierte en una carga pesada y se malogran los resultados.

Ahora bien, en la lógica del modelo económico capitalista las oportunidades de empleo y el salario se definen por el principio de la oferta y la demanda. Este esquema, si bien ha sido harto funcional para la multiplicación de las ganancias de los grandes empresarios, ha reproducido la injusticia social y ha coartado la posibilidad de que los trabajadores alcancen una vida digna a través de su salario. En Encuentro Social sostenemos que a través de los principios de una economía moral, es posible comenzar a revertir los esquemas prevalecientes e imponer límites legales al libre acción del mercado, de tal manera que se apliquen nuevos criterios en la definición de las políticas de empleo y salario. Ante todo, deben ser políticas que no decidan solo lo grandes empresarios; la oferta de salario y empleo tiene que definirse a partir de las necesidades sociales; para ello, el gobierno debe crear canales de negociación en donde garantice que la población tenga recursos de protección frente al mercado de trabajo. Este debe ofrecerle un empleo y un salario digno.

Por lo anterior, sostenemos que es necesario abolir la política de los salarios mínimos y aún de los salarios mínimos profesionales. Estos, hace bastantes décadas que para lo único que han servido es para proteger los intereses de los grandes capitales, en las condiciones en las que operan están muy lejos de asegurar ingresos para que los trabajadores tengan la posibilidad de suplir todas sus necesidades. En este sentido, la política de salarial y de empleo por la que pugnará Encuentro Social, se basará en un principio básico de justicia social en la que todos los seres humanos ganen lo suficiente para que puedan vivir con dignidad. Más que cualquier otra cosa, es esto lo que puede resarcir la paz y fortalecer los lazos de solidaridad social.

También, un factor muy importante que tiene que estar asociado a las políticas de empleo y salario, es el que tiene que ver con la implementación de estrategias de ahorro para todos los trabajadores. Asegurar un proyecto duradero de vida digna en donde se satisfagan todas las necesidades –desde las más básicas hasta las imprevistas- está en estrecha relación con el empleo y el salario, pero también con la cultura del ahorro. Dichos fondos servirán para que los trabajadores, en el momento en que concluyan su ciclo productivo, puedan asegurarse una jubilación que les permita entrar a su etapa de la tercera edad en las mejores condiciones posibles.

Por último, es importante destacar que para sostener una oferta de empleos con salarios dignos, es fundamental que el sistema educativo fortalezca sus estrategias de aprendizaje tendientes a forjar una sólida cultura del trabajo. Si este espíritu se consolida desde temprana etapa, entonces todos los mexicanos serán individuos emprendedores que entienden que el progreso es algo que se forja con el esfuerzo y el trabajo. Podrán generar proyectos de empresariales y de desarrollo productivo por si mismos y se darán cuenta que incluso pueden ofrecer trabajo y oportunidades de desarrollo y crecimiento a otras personas que no hayan podido consolidar su proyecto de vida. Por lo demás, al generar estos lazos de solidaridad, se avanzará en el fortalecimiento de estrategias organizativas para defender proyectos de vida y de trabajo. Con ello, los trabajadores asumirán que no hay necesidad de seguir recreando las desgastadas figuras del sindicalismo para defender su derecho al empleo, el salario, y la posibilidad de gestionarse un proyecto de vida estable, sólido y digno.

5.- Desarrollo industrial, desarrollo productivo y comercio interno y externo. Las políticas de desarrollo industrial y productivo son corresponsabilidad de los empresarios, los trabajadores, las instituciones educativas, las comunidades científicas, los gobiernos y la sociedad en general. Es importante enfatizar que el desarrollo de una nación debe ser un esfuerzo compartido en el que todos los actores participen en el diseño de un proyecto incluyente acorde con las demandas y necesidades de todos los grupos sociales. En este sentido, el desarrollo productivo vía la empresa y la industria debe orientarse por dos aspectos fundamentales: la explotación racional de los recursos naturales y la puesta en práctica de estrategias científicas innovadoras

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de producción y transformación de esos recursos con el fin de aprovechar al máximo todos los beneficios que nos pueden proporcionar. Para alcanzar tales propósitos, el esfuerzo y el trabajo de hombres y mujeres que se conducen bajo un sistema de valores éticos y morales, es fundamental para administrar, sin pervertir, los recursos que nos regala la naturaleza.

El gobierno y las instituciones educativas tienen que erigirse en los principales promotores de pequeñas, medianas y grandes empresas que, en los distintos sectores de la producción, sean capaces de diversificar las actividades productivas y de servicios en beneficio de las demandas y necesidades de la población. Para el efecto, los gobiernos federal, estatal y municipal deben dar facilidades administrativas, financieras y fiscales para que estos proyectos fructifiquen en el menor tiempo posible y no se retrase su operación por burocratismos y negligencia. Estas empresas tienen que estar encaminadas a generar un mercado interno y externo de productos y servicios, en beneficio de la población del país en un primer momento, pero con perspectivas de expansión hacia la región latinoamericana y otras zonas del mundo. Es más, se puede pensar en generar cadenas y redes empresariales con los países latinos a fin de promover focos de desarrollo, sobre todo en aquellos lugares con escasas oportunidades para crecer productivamente. Los países entre sí pueden establecer planes y programas para definir sus mejores ámbitos de oportunidad y generar un mercado regulado de bienes y servicios en los que cada nación brinde a las demás lo mejor que puede producir con su trabajo y su gente. Por otro lado, de manera multilateral se pueden establecer criterios para que la población de la región tenga acceso a esos bienes a costos preferenciales. Estas estrategias contribuirán ha constituir un mercado –interno y externo- próspero.

Un aspecto muy importante del desarrollo industrial y productivo tiene que ver con la posibilidad de equilibrar los flujos de exportación e importación. Sin duda el intercambio externo es muy importante, pero debe procurarse que bienes y productos de consumo masivo se produzcan internamente. Para esto, los programas de investigación y desarrollo tecnológico tienen que garantizar resultados óptimos en la generación de industrias encaminadas a producir bienes de uso duradero. Los empresarios mexicanos y el gobierno necesitan identificar muy bien cuáles son aquellos bienes y servicios que la población demanda masivamente y actuar en consecuencia para producirlos internamente. Sí esto se logra se estará contrarrestando el poder de los grandes monopolios a nivel mundial y nuestro país podrá desarrollar sus propios inventos y sus propias patentes, mismas que fortalecerán –interna y externamente- nuestra estructura industrial y productiva. Paralelamente se darían pasos firmes para equilibrar la relación entre importaciones y exportaciones. Con ello, en el mediano y largo plazo se aspirará a que nuestro país exporte más, tenga más ingresos, aumente su ahorro interno y eso sirva para desarrollar otros ámbitos de la producción. Esos recursos podrán ser invertidos en programas sociales de salud, educación, vivienda, etc., en beneficio de la población que trabaja.

Por otro lado, el gobierno y los empresarios nacionales tienen que avanzar en el diseño de una legislación que regule a favor de nuestro país, mejores y mayores beneficios de las empresas extranjeras que operan en nuestro territorio. A través del cobro de mayores impuestos se puede lograr que una parte de la riqueza que generan las empresas transnacionales se quede en la nación y beneficie a la población donde se ubican esas compañías productivas. Para lograr estas metas México tiene que proponer y defender ante los organismos económicos y financieros internacionales, una serie de iniciativas legales tendientes a regular el flujo indiscriminado de capitales y la instalación flexible de empresas extranjeras en el país. De esta manera se comenzará a reglamentar la globalización irracional que afecta a las economías más débiles. Estas estrategias, acompañadas de una serie de reformas –sobre todo en materia de impuestos- al comercio exterior, pueden coadyuvar el desarrollo de nuestra estructura industrial y productivo y al fortalecimiento del mercado interno.

6.- Política monetaria y financiera. Las políticas monetarias y financieras de un país son en gran medida un reflejo de la situación económica internacional y nacional. En México, las circunstancias de crisis económica de los últimos 35 años se han manifestado a través de fenómenos monetarios y financieros tales como: la inflación, la devaluación, el endeudamiento externo, la falta de liquidez de los bancos, la falta y elevación de los intereses para la obtención de créditos, cartera vencida, pérdida del poder adquisitivo del salario, entre algunos de los más importantes.

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Una política de recuperación económica para nuestro país tendría que abocarse a estabilizar algunos de los factores monetarios y financieros que permiten la estabilidad económica. Esto contribuye a controlar la inflación, la promoción de la economía productiva y el incremento del ahorro interno. Una economía productiva estable y una política sostenida de ahorro interno sirven de contención para que el endeudamiento externo ya no siga creciendo y también para que se reduzcan los márgenes de exportación, coadyuvando con ello a que se diversifiquen los procesos productivos de bienes y servicios y a que se fortalezca el mercado interno. También, el ahorro interno es fundamental para consolidar un sistema bancario con capacidad de otorgar créditos a individuos y empresas. En este rubro, es básico que los bancos comerciales generen esquemas de competencia en los que se ofrezcan tasas de interés accesibles para que las personas puedan obtener créditos tendientes a consolidar los proyectos productivos –de vida y trabajo- que hacen posible que haya empleos y salarios dignos para que las familias mexicanas encuentren satisfacción a sus demandas y necesidades de salud, vivienda, educación, etc..

Un aspecto muy importante en la creación de una banca sólida con posibilidades de apoyar el desarrollo productivo, se ubica en el hecho de que es urgente diseñar una política de apoyo a los deudores de créditos que en los últimos años –por la situación de crisis económica- no han podido cumplir sus compromisos con la banca. Para el efecto, es necesario generar una legislación que permita que los deudores se pongan al corriente con sus deudas a partir de esquemas en donde la banca otorgue facilidades para congelar intereses y de esa manera se puedan pagar las deudas sin que sean embargadas sus casas, sus empresas y/o sus bienes agropecuarios, etc. Así también, un nuevo marco legal para reglamentar el otorgamiento de créditos por parte de la banca, tiene que incluir disposiciones muy claras y puntuales de tal manera que la práctica de la usura sea erradicada por completo.

Política Social

En las últimas tres décadas el agotamiento del estado de bienestar como consecuencia de las políticas de reestructuración del capital a nivel mundial en el marco de los procesos de globalización de la economía internacional, ha desencadenado una serie de políticas de privatización que han impactado de manera muy fuerte las políticas sociales de los gobiernos. En este contexto, el mercado se ha hecho cargo de la asignación de los beneficios sociales y con ello el estado se ha ido desentendiendo del diseño y promoción de políticas sociales. En tales circunstancias, distintos sectores de la sociedad se preguntan quién se hará cargo de encabezar la búsqueda de soluciones a los múltiples problemas sociales -pobreza extrema, marginación, enfermedad, desempleo, entre otras.- que las políticas económicas que se implementan están generando en el mundo entero y en nuestro país.

En Encuentro Social consideramos que si bien no es posible ni recomendable regresar a las etapas del estado interventor-populista, si es indispensable repensar y redefinir la función social del estado a fin de establecer un liderazgo que se haga cargo de orientar el diseño e implementación de las políticas públicas necesarias para la resolución de los múltiples problemas sociales que aquejan a los distintos sectores de la población. En este sentido, el estado tiene que reasumir su función social y lograr un nuevo rol de liderazgo para que a través de las instancias de gobierno debe convocar los diferentes actores sociales a dialogar, proponer y definir políticas de solución a los problemas que se expresan en los distintos órdenes de la vida social. En Encuentro Social consideramos que una política social de estado tendría que incidir en los siguientes problemas y ámbitos de la sociedad.

1.- La pobreza y la marginación. En los últimos años la pobreza y la marginación han golpeado las condiciones de vida de importantes sectores de la población. Tanto en las regiones rurales como en las comunidades indígenas y las distintas zonas de la periferia urbana en ciudades medias y grandes, millones de mexicanos tienen que sobrevivir día con día en las condiciones más deplorables por la falta de alimentos, un techo digno y la ausencia de atención médica. Se trata de circunstancias que la mayoría de las veces son herencia de varias generaciones en las familias. Por tanto estamos ante una serie de problemas que requieren un diagnóstico y una planeación adecuada en el corto, mediano y largo plazo para encontrarles alguna solución. En este sentido, una acción urgente de las políticas del estado mexicano en los próximos años, tendrá que poner especial atención en el diseño de un conjunto de programas de política pública tendientes a resolver los problemas de la pobreza y la marginación. No sólo, porque es responsabilidad de los gobiernos generar condiciones de justicia y paz para sus gobernados, sino porque al resolver la pobreza y la

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marginación, implícitamente se estarán encontrando soluciones a los males que le vienen aparejados: delincuencia, drogadicción, prostitución, desnutrición, muerte prematura, etc,.

En Encuentro Social consideramos que para dar solución a los problemas de pobreza y marginación, no basta con implementar programas sexenales de asistencia social que difícilmente les pueden atacar de raíz. La experiencia de los últimos sexenios de gobierno a través de programas como OPORTUNIDADES, PRONASOL y PROCAMPO nos muestran que los alcances de estos son sumamente limitados y que su posible eficacia se ha visto limitada cuando choca con el burocratismo y los vicios de la corrupción. Por ello, sólo han sido respuestas parciales a problemas que requieren una mayor planeación. Para atender eficazmente las dificultades generadas por la pobreza y la marginación se requieren planes y programas que a partir de diagnósticos muy puntuales, diseñen un conjunto de estrategias acordes con la diversidad de manifestaciones que estas pueden tener.

En Encuentro Social nos proponemos impulsar una política de estado en la que la resolución de los problemas de pobreza y marginación sea una responsabilidad compartida por distintos sectores de la sociedad. Como es evidente, se requieren muchos recursos financieros, pero también voluntades y actitudes de cooperación. Los recursos financieros pueden irse generando a partir de ofrecerle a estos sectores oportunidades de trabajo -previa capacitación-. Para hacer esto posible, los gobiernos tienen que destinar un porcentaje sostenido de los fondos públicos que se han acumulado con el ahorro interno. También, es muy importante que las instancias de gobierno, en coordinación con los diferentes sectores de la sociedad, impulsen campañas para lograr el apoyo de los empresarios. Es indispensable generar en los grupos empresariales una cultura altruista y de apoyo a las necesidades de quienes más necesidades tienen en nuestro país. No es posible que, habiendo obtenido grandes ganancias por lo favorables que les han resultado las políticas económicas de los últimos años a la mayor parte de los empresarios, estos sigan atrincherados en una actitud egoísta e insensible frente a las múltiples necesidades de sus connacionales. Es absolutamente indispensable reproducir conductas que se orientan por un principio de justicia en las que cuando das y brindas apoyo a los que nada tienen, eres retribuido en tus bienes. Así entonces, el objetivo central de una política social de estado en los próximos años, tendrá que abocarse, en coordinación con los distintos sectores de la sociedad a constituir esfuerzos conjuntos para resolver la marginación y la pobreza, como requisitos indispensables para acceder a una vida justa, digna, con gozo y en paz.

2.- Política educativa. Sin duda alguna las políticas educativas constituyen otro aspecto fundamental para el desarrollo social. En Encuentro Social somos partidarios de una filosofía educativa que reivindica el principio de la laicidad. Asimismo, pugnamos porque el estado no abdique de ser el principal promotor de un conjunto de estrategias educativas tendientes a posibilitar el crecimiento de los talentos y habilidades de todos los mexicanos, de tal manera que cada hombre y cada mujer se constituyen en individuos prósperos y productivos que viven en libertad y dignidad porque han liberado todo su potencial a través de la educación y, en consecuencia, disponen de todas las herramientas para definir un proyecto claro de propósito y destino, en beneficio propio y para con los demás. Para hacer esto posible, es necesario que el Estado, el sistema educativo, los empresarios y los distintos sectores de la sociedad, construyan esfuerzos coordinados cuyo propósito sea: satisfacer las demandas de cobertura educativa en todos los niveles de formación en cualquier lugar de la geografía del país –sobre todo en los niveles técnico-terminal, superior y posgrado- y elevar la calidad y la eficiencia terminal en cada uno de los niveles educativos. Estos propósitos tienen que encauzarse a través de un conjunto de estrategias en los que la dirección y la administración de proyectos educativos se gestionen de manera descentralizada. Por tal motivo, en encuentro social somos partidarios de una auténtica federalización de la educación en la que cada estado y cada región, acorde con sus necesidades, circunstancias y problemas, defina las vías más idóneas para atender las demandas de su población.

Más allá de los aspectos organizativos para operar las políticas educativas consideramos que otro factor muy importante de los proyectos educativos es el que tienen que ver con la calidad y la eficiencia terminal de los distintos niveles de enseñanza. Para el efecto, el gobierno y el sistema educativo nacional, con apoyo de las instituciones de educación superior y los grupos empresariales, tendrán que implementar en el corto y mediano plazo, programas amplios y obligatorios para que los maestros de educación básica eleven sus niveles formativos a maestría y doctorado en el menor tiempo posible. No se puede aspirar a elevar la calidad de la educación si la formación de los maestros se pretende resolver con pequeños cursos anuales que no forman ni transforman la práctica educativa. El sistema educativo tiene que asumir el compromiso de que,

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para incidir en el desarrollo del país, tiene que ir erradicando los vicios de la corrupción y la improvisación. Se requieren maestros más preparados, doctos en el manejo de los recursos de la tecnología para poder elevar la calidad de lo que se enseña. Por otro lado, a estos esfuerzos debe sumarse la participación de los padres de familia y las comunidades donde operan las escuelas. La sociedad tiene que asumir que necesita colaborar y cooperar más con la formación y educación de sus hijos.

Con relación a los contenidos que se imparten en la educación básica. Consideramos que urgente plantear reformas al nivel secundario. La currícula de educación media básica tiene que reducir sus pretensiones de cantidad de conocimiento y trabajar más los aspectos de la calidad. Pensamos que es oportuno avanzar en la reducción de asignaturas que cursan los adolescentes, seleccionando sólo aquellas que verdaderamente inciden en los aspectos formativos. De manera particular, es necesario que la secundaria priorice los siguientes ejes fundamentales: la formación ética y moral, la orientación vocacional, la formación social e histórica, la lengua y las matemáticas, la formación deportiva. Con la formación científica se puede comenzar a inducir pero de manera menos formal, los adolescentes deben acercarse a este mundo a través de estrategias didácticas que los vayan sensibilizando respecto del papel de la ciencia en el desarrollo de la humanidad. Estos ejes de formación y conocimiento deben dar para no más de 7 materias para cada grado. En el nivel de la educación media superior es preciso profundizar en la orientación vocacional, el conocimiento socio-histórico y los deportes. Por su parte la educación superior, además de crecer en cobertura, tiene que mejorar su eficiencia terminal con planes flexibles de titulación. De su lado, especial atención debe tener el posgrado. A través de él se debe avanzar en el desarrollo científico y tecnológico para incidir en los procesos productivos. Los programas de investigación tienen que diversificarse y para ello se requieren muchos cuadros preparados, no sólo en las áreas científicas y tecnológicas, sino también en las ciencias sociales y las artes.

Un problema grave al que se enfrentan los planes de cobertura y calidad de la educación tiene que ver con los recursos financieros necesarios para ello. En Encuentro Social pensamos que es indispensable defender el principio de la gratuidad, en lo general, hasta el nivel superior. No obstante, es preciso reglamentar un sistema de cuotas de recuperación que permite a las familias con mayores recursos, devolver a las instituciones educativas algunos fondos económicos para apoyar otros programas. En el caso de las familias que no cuentan con recursos, los alumnos y padres de familia pueden retribuir a las instituciones educativas trabajo y apoyos de mantenimiento a las instalaciones.

Por otro lado, los gobiernos requieren gestionar recursos con los grupos empresariales para financiar proyectos educativos sin que esto implique privatizar las instituciones. De su lado, las instituciones de educación privada consideradas de alta calidad, deben comprometerse son el gobierno y la sociedad, a becar a un número determinado de alumnos para que puedan ser formados ahí. De esta manera se lograra que las instituciones de educación privada contribuyan en algo al desarrollo de la sociedad y no sólo al de las elites que las financian.

Por último, consideramos que es necesario motivar y dar facilidades para que las personas adultas, sin excepción, puedan retomar sus procesos formativos a través de opciones abiertas y a distancia. Eso contribuirá a mejorar el desempeño productivo de quienes ya forman parte del mercado de trabajo.

3.- Salud y vivienda. El derecho a la salud y la vivienda constituyen otro propósito fundamental de la política social. Como es de sobra conocido, el sistema de salud pública en México enfrenta hoy día una severa crisis. En Encuentro Social consideramos que uno de los males que más lo han afectado es el de la corrupción. Existe una infraestructura de hospitales y clínicas bastante amplia que puede eficientar y mejorar sus servicios si se racionalizan adecuadamente los recursos para que funciones y brinden atención de calidad. Esto implica que es necesario renovar los liderazgos que dirigen las distintas áreas del sistema de salud pública. Por otro lado, el gobierno tiene la obligación de gestionar más recursos para programas de salud con los grupos empresariales, sin que esto implique privatizar el servicio.

Una estrategia que puede ayudar a mejorar y resolver el problema de la cobertura y los costos de un servicio especializado de salud, puede encontrarse creando una legislación que obligue a todos los médicos y especialistas, a donar una semana al año de su tiempo, sus conocimientos y servicios para atender a la población más marginada (comunidades rurales y población indígena). Dicho servicio debe regularse como

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un requisito para que los médicos renueven sus permisos y autorizaciones anuales para el ejercicio de la profesión. Los servicios a los que nos referimos incluirán desde medicina preventiva hasta asistencia especializa que incluya cirugías y demás tratamientos necesarios.

Un aspecto más, directamente asociado con el de salud es el de la vivienda. En muchos casos, una buena parte de los problemas de salud se deben a las condiciones de insalubridad y hacinamiento en que viven muchas familias. Por ello, el estado, los empresarios y la banca están obligados a generar planes y programas de crédito y financiamiento para que todas las familias tenga acceso a una vivienda digna. Estos programas deben estar dirigidos a todos los grupos sociales y no sólo circunscribirse a aquellos grupos que pueden cumplir una serie de requisitos. Sin duda debe haber reglas para otorgar créditos para la vivienda, pero estas no deben ser excluyentes sino que tienen que ser lo suficientemente flexibles como para que todas las familias tengan acceso a un crédito y por tanto a una vivienda digna.

4.- Apoyo a grupos vulnerables: viudas, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas y/o terminales, niños en condición de abandono.

En los últimos años han crecido las necesidades de los llamados grupos vulnerables. En la práctica, aunque existen distintas agrupaciones que intentan atender sus demandas, la realidad es que son esfuerzos con muchas limitaciones. Por ello, es indispensable diseñar políticas de estado que atiendan los problemas y necesidades de estos sectores de la población. En el caso de las mujeres viudas y/o abandonadas, el estado debe garantizarles un empleo y los ingresos necesarios para la manutención de su familia. De la misma manera, deben otorgarse todas las facilidades para que los hijos de estas mujeres tengan acceso a la educación. En el caso de las personas de la tercera edad y personas con alguna discapacidad, el estado a través de las empresas, las instituciones educativas y las instituciones de salud, tiene que procurar ofrecerles empleo (en los casos que así se requiera), capacitación y formación y atención médica. También se requiere diseñar programas para ofrecerles recreación y acceso a los eventos culturales.

Especial atención deben merecer las personas con enfermedades crónicas y/o terminales. Las familias que enfrentan estos problemas viven procesos largos y desgastantes que requieren apoyos de distinto tipo. Las instituciones de salud tienen que diseñar programas especiales de atención a este tipo de necesidades. No sólo garantizando los servicios médicos con prontitud y calidad, sino otorgando toda la atención necesaria para que las familias resuelvan estas dificultades en las mejores condiciones emocionales y afectivas posibles.

Si el futuro de México está en la infancia, entonces los diversos actores sociales y de gobierno deben poner especial atención a un fenómeno social que va en aumento, los niños y niñas en situación de calle. Es alarmante advertir el número de niños que cada año se incorporan a las calles con el objetivo de conseguir sustento para sus hogares. En estas condiciones de soledad, son víctimas fáciles de la explotación laboral o sexual de grupos delincuenciales. Simultáneamente a la situación que viven los niños de o en la calle, cada vez son más las colonias de nuestro país dónde los niños permanecen solos en el hogar, mientras sus padres trabajan, o en donde la mayoría de las familias monoparentales, la mamá trabaja. Particularmente cerca de polos de atracción laboral se erigen zonas habitacionales en donde niños cuidan de otros niños mientras la madre o los padres están en el trabajo, en otros casos extremos pero frecuentes, el cuidado de niños está en manos de gente desconocida o poco confiable. De ahí que los aumentos en el número de abuso sexual o violencia infantil estén al alza. Por tal motivo Encuentro Social propone que el Estado asuma la responsabilidad de construir centros de atención integral para atención a niños de madres trabajadoras o padres trabajadores, donde las instituciones de salud, académicas y de asistencia legal coadyuven para su operación y administración. En muchas colonias de las ciudades mexicanas se está generando el cultivo de potenciales delincuentes y es importante que el Estado intervenga para prevenir la violencia a través de proyectos de intervención integral.

5.- Problemática indígena. Históricamente la problemática indígena ha sido relegada por los distintos gobiernos. Marginadas y explotadas las comunidades indígenas difícilmente pueden acceder a los servicios médicos, a una vivienda digna, a la educación y en general a disfrutar los bienes y servicios que si pueden disfrutar la mayoría de los grupos sociales no indígenas. En Encuentro Social consideramos que independientemente de que sus valores y tradiciones puedan ser distintos de los de la mayoría de la población mestiza, las comunidades indígenas no son grupos de excepción y por tanto no deben ser excluidos de los

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principios mínimos de justicia social y por ende del bienestar que es inherente al disfrute de una vida digna. Por ello, una política de estado que atienda la problemática indígena tiene que sustentarse en una filosofía de respeto a la pluralidad y la diversidad. No podemos tratar a las etnias como si fueran hombres y mujeres inferiores. Es necesario que se respeten sus derechos y que puedan ser integrados a un proyecto de nación.

La integración de las etnias a un estado-nación mayoritariamente mestizo se alcanza, no creando leyes que definen a las etnias como grupos especiales y prácticamente obligarlas a que gestionen sus proyectos de comunidad al margen de la manera como lo hacen los demás grupos sociales. Su integración se logra incorporándolos a los proyectos de desarrollo que son comunes a la población mestiza. Para ello se requieren establecer puntos de encuentro entre tradiciones y valores étnicos con los principios de igualdad jurídica, equidad y justicia social. El Estado tiene que garantizarle a los grupos indígenas seguridad jurídica y el respeto irrestricto a sus derechos humanos. En un marco de respeto es necesario conciliar sus formas de organización y producción con esquemas más modernos que, sin atentar contra su libertad de elección, les haga concientizarse de que pueden modificar algunos de sus esquemas sin que eso signifique que están traicionando sus orígenes y valores más preciados.

6.- Equidad de género y respeto a los derechos de niños, jóvenes, y personas de la tercera edad. Una política social que busque incidir en todos los ámbitos de la vida social, tiene que ser portadora de un fundamento de igualdad de género en la que se reconozca la igualdad jurídica de la mujer respecto al hombre –en lo formal y en lo real- y por tanto el derecho de ellas a tener las mismas oportunidades de trabajo, estudio, recreación, etc., La política social que se impulse desde el Estado tiene que pugnar porque las mujeres participen activamente en todos los procesos que la sociedad define para discutir y resolver sus múltiples problemas.

En el caso de los derechos de niños y jóvenes, Encuentro Social se pronuncia por hacer realidad los tratados internacionales que establecen la obligatoriedad de que los adultos les proporcionen educación, salud, seguridad y afecto. En suma, las condiciones más óptimas para logren alcanzar su máximo desarrollo. Con relación a las personas de la tercera edad, Encuentro Social se propone impulsar programas de atención a estos grupos. Dichos programas tienen que garantizarles el acceso a la salud, la alimentación, la seguridad y la estabilidad afectiva y emocional, en el seno familiar y fuera de él.

7.- Desarrollo deportivo. El Estado está obligado a diseñar una política de promoción y desarrollo deportivo en niños, jóvenes y adultos. Es necesario que el sistema educativo nacional retome la formación deportiva como un elemento fundamental de la educación formal. No puede ser más un aspecto marginal de las currículas de los distintos niveles educativos. El deporte es clave en la formación de carácter y disciplina, además de que coadyuva un estado óptimo de salud. Por ello, es importante pasar del deporte recreativo al deporte competitivo en todos los niveles escolares y a la formación de ligas profesionales en aquellos deportes individuales y de conjunto que permiten la participación de hombres y mujeres. Para el efecto, es necesario avanzar en la institucionalización deportiva y en la conformación de una estructura organizativa que impulse el deporte en todos sus niveles.

8.- Difusión y acceso a la cultura y a las manifestaciones artísticas. El acceso a la cultura y la participación de la ciudadanía en los procesos de creación y promoción cultural y artística son aspectos muy importantes de una política social cultural. La cultura y las artes cultivan el espíritu y animan a los hombres y las mujeres a dar lo mejor de sí. Por ello es fundamental impulsar la lectura, los talleres literarios y de teatro, el cine y la música, la pintura y la danza, las artesanías y demás expresiones de las artes y la cultura que pueden contribuir a formar individuos sanos, libres y creativos.

Preparación Política de los militantes de Encuentro Social

Encuentro Social formará ideológica y políticamente a sus afiliados infundiendo en ellos el respeto al adversario y a sus derechos en la lucha política; para tal efecto establecerá la Fundación de Investigación, Capacitación y Formación Política.

Por su parte, el Partido preparará la participación activa de sus militantes en los procesos electorales de conformidad con lo que establece la ley electoral.

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ESTATUTOS

TITULO PRIMERODE LA CONSTITUCION Y OBJETIVOS

CAPÍTULO IDE LA DENOMINACION, EMBLEMA Y LEMA

Artículo 1º.- Encuentro Social es un Partido Político Nacional, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones legales secundarias en materia federal electoral, obligada en todo momento a cumplir estrictamente con dicho marco jurídico.

Está integrado por ciudadanos, mujeres y hombres libres en pleno ejercicio de sus prerrogativas, derechos y obligaciones, con capacidades de participación y deliberación teniendo como principal fin el de intervenir en la vida política de la Nación.

Es obligación de todos los dirigentes, cuadros, militantes y simpatizantes de Encuentro Social, privilegiar la participación ciudadana, a través de una organización federada y democrática; de candidaturas ciudadanas independientes; de ser un medio o un instrumento de participación social y política de organizaciones civiles y comunitarias; e, instituir para la vida pública nacional el ejercicio ético del poder.

Artículo 2º. El Emblema de la agrupación está diseñado El Emblema de la agrupación está diseñado a cuatro colores; negro;morado pantone 2607, rojo pantone 1795 y azul pantone 300; en la parteinferior estará escrita la leyenda “Encuentro Social” en minúsculas a una sola línea con tipografía Myriad Black, centrado conrespecto al logotipo, el cual consta de curvas simbolizando brazos que seentrelazan y circulos simbolizando cabezas. La curva de la parte superioren color morado centrada, del lado izquierdo debajo otra curva similar peroen perspectiva color rojo y del lado derecho otra curva en perspectiva encolor azul.

En el emblema se muestra una figura que representa dos ciudadanos en la parte inferior de distintas afinidades políticas, representados por los colores rojo( izquierda) y azúl (derecha). En la parte superior aparece un tercer ciudadano que busca un concilio entre ambas opiniones, representado por el color morado (mezcla del rojo y el azúl). La posición en que se encuentran los tres ciudadanos da una idea de unidad, de afinidad, de encuentro.

Artículo 3º. El lema del partido será: “Por un México Libre, en Justicia, Dignidad e Integridad”.

CAPÍTULO IIDE LOS OBJETIVOS Y OBLIGACIONES DEL PARTIDO

Artículo 4º. La acción política de Encuentro Social se encamina a la consecución de los objetivos siguientes:

I. Participar en la vida política del país, organizando, promoviendo representando y defendiendo la expresión política, económica y social que sostenemos en nuestros documentos básicos.II. Obtener por sí o a través de convenios de participación electoral con los partidos políticos nacionales y/o estatales legalmente constituidos, en los términos que establece la ley electoral correspondiente, el voto de los ciudadanos mexicanos para convertirnos en una alternativa de gobierno que lleve a cabo el proyecto de nación que proponemos, basado en los valores y principios de la dignidad humana, la integridad personal, la libertad colectiva y la justicia social; III. Lograr mediante la participación de los cargos populares y de gobierno que obtengamos a través del voto ciudadano, el establecimiento del imperio de la ley mediante un modelo de justicia que mejore las condiciones sociales, económicas y políticas de todos los mexicanos;

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IV. Defender y profundizar en el marco legal vigente, la libertad de conciencia, de educación, de expresión, de religión, de culto, de asociación, de reunión, de profesión, de industria, de comercio, de trabajo, de tránsito y de disfrute de posesiones y propiedades, así como de todas las libertades políticas y ciudadanas; V. Reforzar el régimen democrático del país, a fin de que los poderes públicos sean en todo caso expresión genuina de la pluralidad social de la nación mexicana;VI. Proponer la creación de políticas económicas innovadoras que generen el desarrollo regional e integral del país, que se traduzca en una justa y equitativa distribución de la riqueza;VII. Diseñar y promover un proyecto educativo y cultural que atendiendo el mosaico de nuestras realidades regionales, contribuya al desarrollo integral de los individuos y de la sociedad en general;VIII. Promover las reformas legales para el perfeccionamiento del marco jurídico que nos rige, buscando en todo momento más transparencia, menos corrupción; menos gobierno y más ciudadanía; menos privilegios y más distribución de la riqueza nacional; IX. Velar por la observancia de los derechos humanos y ciudadanos, que se sustentan en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, haciendo énfasis en los sectores tradicionalmente excluidos;X. Promover el ejercicio de principios éticos universalmente aceptados en la actividad política y en el ejercicio de gobierno;XI. La necesidad de la transformación de la cultura política de nuestro país, por medio de la participación ciudadana, que dé lugar al fortalecimiento de las instituciones políticas, económicas, sociales y comunitarias, dando especial énfasis a la institución familiar, debe ser el eje central de la actividad política de los miembros y candidatos de esta organización;XII. La defensa de principios históricos como el Estado Laico, la educación pública gratuita en todos los niveles, la separación de funciones del Estado y las Iglesias, el sistema federal y republicano de gobierno son la base actual del régimen político, que deberán ser usadas para la transformación política que necesitamos para generar el encuentro social de todos los mexicanos; yXIII. La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción.

TÍTULO SEGUNDODE LA INTEGRACIÓN DEL PARTIDO

CAPÍTULO IDE LOS MIEMBROS DE ENCUENTRO SOCIAL

Artículo 5º. Podrán ser miembros de Encuentro Social los ciudadanos identificados con los principios, valores y acción política de la agrupación y que habiendo solicitado su ingreso por escrito, sean aceptados con ese carácter, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano;II. Solicitar su ingreso por escrito mediante el formato de afiliación respectivo, acreditando su inscripción en el Registro Federal de Electores con la presentación de su credencial de elector.

Artículo 6º. Los miembros de la agrupación se clasifican en:

I. Simpatizantes;II. Militantes;III. Cuadros; yIV. Dirigentes.

Artículo 7º. Los simpatizantes son todos aquellos ciudadanos independientes que sin necesidad de afiliarse al partido, encuentran un espacio de participación para encausar sus intereses políticos, sociales y ciudadanos.

Artículo 8º. Los militantes son los ciudadanos que sin tener una labor de activismo en el partido, se afiliaron al mismo en los términos que establecen los presentes Estatutos.

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Artículo 9º. Los cuadros son aquellos ciudadanos afiliados al partido, que realizan una labor de activismo y cumplen con sus obligaciones estatutarias, entre las que destaca la capacitación política e ideológica y/o el desarrollo de competencias de liderazgo.

Artículo 10. Los dirigentes son aquellos miembros militantes que habiendo acreditado su calidad de cuadro desarrollan y cumplen algún cargo de dirección o comisión dentro del Partido.

CAPÍTULO IIDE LOS DERECHOS DE LOS MIEMBROS

Artículo 11. Son derechos de los miembros del partido:

I. Conocer y participar en la elaboración de la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos, a través de las instancias respectivas;II. Conocer la estructura de todos los comités, comisiones y órganos de gobierno del partido;III. Intervenir en las decisiones del Partido en los términos de los presentes Estatutos;IV. Participar personalmente o a través de delegados, en las Asambleas que para el efecto sean convocados;V. Integrar y participar en los cargos de dirigencia y de gobierno del partido, cumpliendo los requisitos estatutarios al respecto;VI. Ser propuestos como candidatos de Encuentro Social a cargos de elección popular, incluyendo los acuerdos de participación electoral con partidos políticos nacionales y/o locales, así como con agrupaciones políticas legalmente constituidas, previo cumplimiento de los procesos de elección interna que se establezcan en el presente ordenamiento estatutario;VII. Ser propuestos para realizar funciones públicas en todos los niveles de gobierno;VIII. Participar en la elaboración, realización y ejecución de programas, documentos y proyectos políticos y sociales del partido;IX. Tener acceso, oportuno claro y veraz, a los servicios de información y documentación de que disponga el partido. El Partido garantizará el derecho a la información acorde con la legislación vigente en la materia;X. Tener acceso a la información legal correspondiente y necesaria en el caso de cualquier litigio legal;XI. Expresar libremente sus opiniones dentro del marco de respeto y civilidad con los demás miembros del Partido, participando en los procesos deliberativos en la toma de decisiones fundamentales por sí, o través de delegados u órganos de gobierno del Partido;XII. Acceder a la capacitación que imparta el partido en materia ideológica, política, económica, social, jurídica, y de desarrollo de competencias de liderazgo;XIII. Alcanzar la calidad de Cuadro del Partido para poder ser dirigente del mismo;XIV. Votar y ser votado para los cargos y comisiones de dirección y de representación del Partido;XV. Ser defendido por todos los medios al alcance del Partido, cuando en su calidad de miembro, sean afectados o amenazados sus derechos o su prestigio;XVI. Hacer carrera hacia el interior del Partido, siendo un espacio verdadero para su desarrollo político;XVII. Tener derecho de audiencia e interponer ante el órgano competente los recursos estatutarios en contra de sanciones que le sean impuestas;XVIII. Solicitar al Comité Nacional de Vigilancia investigar las acciones u omisiones, por violaciones a los documentos básicos del partido; y,XIX. Los demás que se deriven de los presentes Estatutos.

CAPÍTULO IIIDE LAS OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS

Artículo 12. Son obligaciones de los miembros del Partido:

I. Cumplir y hacer cumplir la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos;II. Coadyuvar a la realización de los objetivos y acción política del Partido;III. Cubrir las cuotas ordinarias y aportaciones extraordinarias que determinen los órganos de dirección del Partido;

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IV. Apoyar las tareas políticas, sociales, ciudadanas y electorales del Partido;V. Inscribirse en el padrón electoral y tener credencial de elector vigente expedida por la autoridad federal;VI. Desempeñar con honradez los cargos públicos de elección popular y de gobierno a los que se accedió a través del Partido, incluyendo a aquellos derivados de los acuerdos de participación electoral, celebrados con otras organizaciones políticas nacionales o locales;VII. Promover la participación democrática y deliberativa de los miembros del Partido;VIII. Respetar y apoyar las postulaciones de los candidatos del Partido a los puestos de elección popular que se realicen, de conformidad con los presentes Estatutos y que se deriven de los convenios de participación de Encuentro Social con las organizaciones políticas nacionales y/o locales formalmente constituidos;IX. Cuidar los recursos del Partido y los recursos públicos que hayan sido puestos a su disposición para el desempeño de su candidatura, puesto, cargo o comisión, asegurando que se ocupen exclusivamente al objeto al que están destinados y de acuerdo con legislación electoral vigente;X. Abstenerse de utilizar los recursos del Partido o los recursos públicos que se le asignen y a los que tengan acceso en el desempeño de su candidatura, puesto, cargo o comisión para su beneficio particular, para influir en los procesos de elección de los órganos del Partido y en sus procesos para la elección interna de candidatos a cargos de elección popular. Dentro de esta abstención está, el aceptar recursos provenientes de cualquier persona física o moral sin haberlo reportado previamente al Partido;XI. Respetar en virtud de su afiliación, candidatura, puesto, empleo, cargo o comisión obtenidos a través del Partido, el lema, emblema, colores y nombre del mismo, absteniéndose de hacer uso indebido de ellos; y,XII. Las demás que se deriven de los presentes estatutos.

Artículo 13. Encuentro Social admitirá la participación de ciudadanos independientes o miembros de otras organizaciones políticas, sociales o ciudadanas, reconociéndoles todos los derechos y obligaciones otorgadas a sus miembros en los presentes Estatutos.

CAPÍTULO IVDE LA AFILIACION A ENCUENTRO SOCIAL

Artículo 14. La afiliación a Encuentro Social se realizará mediante solicitud individual, en los términos que determine la legislación electoral aplicable y las disposiciones de los órganos directivos y de gobierno del Partido.

Es requisito insoslayable que todos los cuadros y dirigentes de los órganos directivos y de gobierno de Encuentro Social estén debidamente afiliados al Partido.

La afiliación a Encuentro Social se hará ante el órgano de dirección, en donde se encuentre el Comité correspondiente, o bien, en las campañas de afiliación en los lugares en donde determine el órgano de dirección nacional.

Artículo 15. La solicitud de afiliación deberá comprender por lo menos los siguientes datos generales:

I. Nombre, apellidos paterno y materno;II. Clave de elector;III. Domicilio del afiliado;IV. La manifestación libre, individual, y voluntaria de afiliarse al Partido, protestando cumplir y hacer cumplir con la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos; y,V. La firma del afiliado.

Articulo 16. Al afiliarse una persona a Encuentro Social, podrá solicitar que se le expida la credencial que lo identifique como miembro del Partido. Para ese efecto, la Secretaria General Adjunta de Organización y Elecciones, dispondrá las medidas para hacerlo, siendo obligación de ésta mantener un registro de afiliados al Partido, en los términos del reglamento respectivo.

TITULO TERCERODE LOS ORGANOS DE DIRECCION Y DE GOBIERNO

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ANEXO 8

CAPÍTULO IDE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

Artículo 17. Los órganos de gobierno de Encuentro Social son:

I. El Congreso Nacional;II. El Comité Directivo Nacional;III. La Comisión Política Nacional;IV. Los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal; V. Los Comités Municipales y Delegacionales; y,VI. Los Comités Distritales.

CAPÍTULO IIDEL CONGRESO NACIONAL

Artículo 18. El Congreso Nacional constituye la autoridad suprema del Partido y sus decisiones son obligatorias para todos sus militantes y órganos del partido. Se integra por:

I. Los miembros del Comité Directivo Nacional;II. Los miembros de la Comisión Política Nacional;III. Las Delegaciones que en cada Distrito Federal Electoral hayan sido electas por sus Asambleas Distritales, en la forma y términos que señale la convocatoria para el Congreso Nacional y que expida el Comité Directivo Nacional;IV. Los Secretarios Generales Adjuntos; V. Los Senadores, Diputados Federales y Locales, Gobernadores y Munícipes miembros de este Partido Político;VI. Los miembros de los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal; y,VII. Los Ex Presidentes del Comité Directivo Nacional.

Artículo 19. Los miembros del Congreso Nacional serán electos cada seis años, de acuerdo a la convocatoria emitida por el Comité Directivo Nacional.

Artículo 20. El Congreso Nacional se reunirá en forma ordinaria una vez al año y de manera extraordinaria en la fecha que determine la convocatoria emitida por el Comité Directivo Nacional.

Artículo 21. Son atribuciones del Congreso Nacional:

l. Elegir a los miembros del Comité Directivo Nacional;II. Elegir a los miembros de la Comisión Política Nacional;III. Reformar o adicionar la Declaración de Principios, Programa de Acción y los Estatutos;IV. Conocer y aprobar, en su caso, el informe que rinda el Comité Directivo Nacional respecto de las actividades realizadas;V. Ratificar las alianzas electorales o acuerdos políticos celebrados por la Comisión Política Nacional; y,V. Las derivadas de cualquier otro asunto que afecte los intereses legales del partido y que sean señalados en la convocatoria correspondiente.

Artículo 22. Las convocatorias para los Congresos Nacionales Ordinarios se sujetarán a las siguientes bases:

I. Deberán ser elaboradas y aprobadas por el Comité Directivo Nacional y por la Comisión Política Nacional, formulando el correspondiente orden del día;II. El orden del día deberá expresar los puntos a tratar, preferentemente al informe que rinda el Comité Directivo Nacional, la elección del Comité Directivo Nacional y de la Comisión Política Nacional y los que tengan significación para el Partido;

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ANEXO 8

III. El Congreso Nacional tendrá un Presídium que estará integrado por un Presidente, que será el mismo del Comité Directivo Nacional, un Vicepresidente, que será el Secretario General del Comité Directivo Nacional, y de un secretario que será el Presidente de la Comisión Política Nacional, quien elaborará el Acta de la Asamblea, y los demás miembros directivos que se determinen en la convocatoria respectiva; y,IV. El Secretario del Presídium del Congreso Nacional Ordinario, deberá levantar acta circunstanciada, en la que conste el desarrollo de los trabajos y los acuerdos tomados, misma que deberá ser firmada por el Presidente, Vicepresidente y los demás integrantes del Presídium.

Artículo 23. Las convocatorias para los Congresos Nacionales Extraordinarios, seguirán el mismo procedimiento establecido para los Congresos Nacionales Ordinarios, y en los mismos, deberán tratarse todos aquellos asuntos que no estén reservados para los Congresos Nacionales Ordinarios y que sean de trascendencia para los intereses legales del partido.

Artículo 24. Las convocatorias al Congreso Nacional deberán de publicarse en uno de los periódicos de mayor circulación nacional, así como en la página de internet oficial del partido.

Artículo 25. Para la instalación del quórum al Congreso Nacional, deberán encontrarse por lo menos, el cincuenta por ciento más uno de los convocados y que se encuentren debidamente acreditados en los términos de la convocatoria respectiva;

Artículo 26. Para que los acuerdos del Congreso Nacional sean legales y como consecuencia produzca todos sus efectos y por lo tanto obligatorios, deberán ser aprobados por lo menos por la mitad más uno de los representantes al Congreso, con la excepción a la reforma o adición a la Declaración de Principios, Programa de Acción y los Estatutos requiriéndose para ello el voto del setenta y cinco por ciento de los presentes, debidamente acreditados en los términos de la convocatoria respectiva.

CAPÍTULO IIIDEL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL

Artículo 27. El Comité Directivo Nacional, es el órgano de representación y dirección permanente del partido en todo el país y es responsable de dirigir las fundaciones y coordinar la estructura de los movimientos, los cuales acatarán las orientaciones políticas, legales y económicas, en cumplimiento a los lineamientos que establecen los documentos básicos de Encuentro Social.

Artículo 28. El Comité Directivo Nacional se reunirá una vez al mes de manera ordinaria y de manera extraordinaria cuando así lo determine la convocatoria emitida por el Presidente del Comité.

Artículo 29. El Comité Directivo Nacional estará integrado por:

I. Un Presidente;II. Un Secretario General;III. Un Secretario General Adjunto de Organización y Estrategia Electoral;IV. Un Coordinador de Administración y Finanzas;V. Un Coordinador Jurídico;VI. Un Coordinador de Comunicación Social y Política;VII. Un Coordinador de Movimientos Sectoriales;VIII. Un Director de la Fundación Social; IX. Un Director de la Fundación de Investigación, Capacitación y Formación Política;X. Cinco Secretarios Generales Adjuntos Circunscripcionales; y,XI. Las Secretarías Generales Adjuntas, Coordinaciones y Comisiones que en lo futuro lleguen a crearse.

Artículo 30. Las atribuciones del Comité Directivo Nacional son:

I. Analizar y decidir, en el ámbito de su competencia, sobre las cuestiones políticas y organizativas del partido;

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II. Dirigir al partido, cumpliendo y haciendo cumplir los documentos básicos, así como las resoluciones del Congreso Nacional;III. Ejercer a través de su Presidente o de la persona o personas que así se estime pertinente la representación jurídica de Encuentro Social, teniendo las facultades generales que regulan el mandato, en término de lo dispuesto por el artículo 2554 del Código Civil Federal vigente y sus concordantes y correlativos de las Leyes Sustantivas Civiles en todo el País. Derivado de lo anterior el Presidente gozará de todas las facultades generales y aún de las que requieran cláusula especial conforme a la ley, para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio, así como para suscribir títulos de crédito;IV. Velar para que el desempeño de los militantes del partido, en el cumplimiento de las funciones que se les encomiende o en el ejercicio de los cargos públicos que se hayan obtenido, de manera directa o derivados de las alianzas o coaliciones con los demás partidos políticos nacionales o locales, se apeguen a los principios ideológicos y programáticos de Encuentro Social;V. Establecer los lineamientos para la formación política de los militantes de Encuentro Social;VI. Convocar al Congreso Nacional;VII. Rendir al Congreso Nacional un informe general de las actividades realizadas en su ejercicio;VIII. Constituir las comisiones que estime conveniente para la realización de los fines del partido;IX. Formular los presupuestos de ingresos y egresos del Comité Directivo Nacional y revisar la contabilidad los fondos del partido;XVIII. Tener facultades de veto, previó análisis, de las decisiones de los Congresos Estatales; y, XIX. Las demás que señalen las leyes y la norma estatutaria.

Artículo 31. Son atribuciones del Presidente del Comité Directivo Nacional:

I. Convocar al Congreso Nacional, así como al Comité Directivo Nacional, presidir sus sesiones y ejecutar sus acuerdos;II. Firmar en su calidad de Presidente las Actas de Asamblea que emita el Congreso Nacional;III. Celebrar acuerdos con Organizaciones de la Sociedad Civil;IV. Expedir y firmar con el Secretario General los nombramientos que acuerde el Comité Directivo Nacional, así como el de los titulares de los Órganos Administrativos y Comisiones creadas para el mejor cumplimiento de los objetivos del partido;V. Nombrar a los asesores y encargados de las comisiones que se estimen necesarios para el despacho de los asuntos;VI. Firmar en unión del Secretario General las credenciales de los miembros militantes;VII. Analizar y decidir cuestiones políticas y organizativas del partido;VIII. Nombrar al representante o representantes del partido ante la autoridad federal electoral correspondiente;IX. Convocar al Congreso Nacional en los términos del presente estatuto;X. Aprobar y ejercer el presupuesto anual del Comité Directivo Nacional;XI. Representar al partido ante toda clase de tribunales, autoridades e instituciones, personas físicas y morales, con todas las facultades de apoderado general para pleitos y cobranzas, para actos de administración y de dominio, incluyendo las facultades especiales, que conforme a la ley requieran cláusula especial, con la única limitación de que, para enajenar o gravar inmuebles del partido, requerirá previa aprobación del Comité Nacional de Vigilancia, pudiendo sustituir el mandato en todo o en parte; otorgar mandatos especiales y revocar los que hubiere otorgado, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 2554 del Código Civil Federal y sus correlativos y concordantes del Distrito Federal y de los demás Estados de la República Mexicana;XII. Delegar las atribuciones que estimen convenientes entre los demás integrantes del Comité Directivo Nacional; y,XIII. Las demás que establezcan las Leyes y los presentes Estatutos.

Artículo 32. Son atribuciones del Secretario General:

I. Elaborar las actas del Comité Directivo Nacional, firmándolas en unión del Presidente;II. Suplir en sus faltas temporales al Presidente del Comité Directivo Nacional;III. Llevar la correspondencia del partido;

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IV. Coadyuvar con el Presidente en la coordinación, programación y evaluación de las actividades del Comité Directivo Nacional;V. Comunicar a quien corresponda los acuerdos del Comité Directivo Nacional y verificar su debido cumplimiento;VI. Firmar con el Presidente las credenciales de los miembros;VII. Elaborar manuales de operación que facilite el desarrollo de los programas generales y específicos que deban realizar los diversos órganos del Comité Directivo Nacional;VIII. Supervisar el funcionamiento de la Fundación de Investigación Capacitación y Formación Política, de la Fundación Social y de la Coordinación de Movimientos Sectoriales; y,IX. Las demás que le confiera la presente norma estatutaria.

Artículo 33. Son atribuciones del Secretario General Adjunto de Organización y Estrategia Electoral:

I. Promover, supervisar y coordinar la adecuada integración y funcionamiento de los órganos del partido y vigilar que la nominación de sus dirigentes se apeguen a las normas estatutarias;II. Llevar un registro de la actividad política, padrón de militantes y trabajo de los miembros integrantes del partido;III. Impulsar programas nacionales de afiliación;IV. Expedir conjuntamente con el Secretario General la información estadística de los trabajos que lleven a cabo las Secretarias, Coordinaciones y Fundaciones;V. Llevar el registro de propuestas de candidatos a cargo de elección popular, de aquellos miembros del partido que participen en los procesos electorales federales o estatales;VI. Elaborar y llevar a cabo programas permanentes de capacitación electoral y formación política para los miembros del partido;VII. Asesorar en materia electoral a los dirigentes, y a los candidatos que sean postulados por el partido;VIII. Establecer y operar un centro de información electoral, para analizar los resultados de las elecciones;IX. Organizar y dirigir la defensa jurídica electoral del partido, verificando los requisitos de elegibilidad de sus candidatos e integrar sus expedientes personales, desde el registro de las candidaturas, hasta la calificación de las elecciones por parte de las autoridades electorales respectivas.X. Suplir al Secretario General en sus ausencias temporales, yXI. Las demás que establezcan los estatutos y le confiera el Presidente del Comité Directivo Nacional.

Artículo 34. Son atribuciones del Coordinador de Administración y Finanzas:

I. Formular anualmente un programa nacional de financiamiento.II. Elaborar un sistema nacional de cuotas, fincado en criterios de actualidad.III. Recabar de los miembros del partido, las cuotas y aportaciones ordinarias y extraordinarias que se acuerden.IV. Recibir los ingresos que por financiamiento público establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los demás que se obtengan como resultado de las acciones de financiamiento del partido.V. Ser el órgano responsable ante la Autoridad Federal Electoral, de la Administración del patrimonio y recursos públicos para financiar los fines del partido.VI. Elaborar el proyecto de Presupuesto anual del partido y someterlo al acuerdo del Comité Directivo Nacional.VII. Responsabilizarse de los fondos que ingresen a la Tesorería.VIII. Efectuar los pagos ordinarios conforme al presupuesto y los extraordinarios que autorice el Comité Directivo Nacional.IX. Llevar a cabo todas las actividades de administración del partido, conforme a los acuerdos tomados por el Comité Directivo Nacional.X. Alentar a los militantes para que colaboren en las tareas administrativas del Comité Directivo Nacional, cuidando el normal desempeño de sus actividades y garantizando sus derechos individuales.XI. Establecer y operar los sistemas y registros contables.XII. Depositar los fondos en la institución bancaria que designe el Comité Directivo Nacional; y,XIII. Las demás que le otorguen los presentes estatutos y las que expresamente le confiera el Comité Directivo Nacional.

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ANEXO 8

Artículo 35. Son atribuciones del Coordinador Jurídico:

I. Tener a su cargo la representación del partido ante la Autoridad Federal Electoral correspondiente, en coordinación con el Secretario General.II. Asesorar al Presidente del Comité Directivo Nacional en todo asunto de carácter jurídico que sea del interés del partido.III. Tener a su cargo la asesoría jurídica y defensa legal que sea necesaria previa, durante o posterior a todo proceso electoral en el que participe un candidato del partido.IV. Representar al partido en todo procedimiento judicial o extrajudicial, sin importar la materia en el que el partido sea parte; y, V. Las demás que le otorguen los presentes estatutos y las que expresamente le confiera el Comité Directivo Nacional.

Artículo 36. Son atribuciones del Coordinador de Comunicación Social y Política:

I. Organizar la difusión de los informes del Comité Directivo Nacional.II. Realizar las tareas de información, propaganda y publicidad sobre la posición del partido, a través de los medios de comunicación social, administrando las prerrogativas en materia de radio y televisión, que las disposiciones legales otorgan a los partidos políticos nacionales, con la aprobación del Presidente del Comité Directivo Nacional durante los procesos electorales.III. Elaborar periódicamente análisis de información y estudios sobre la opinión pública.IV. Difundir las actividades del partido, las opiniones de sus dirigentes y en general, toda la información que contribuya a afirmar la presencia del partido en el campo de la opinión pública.V. Promover la colaboración de los miembros del partido en las tareas editoriales, de prensa, radio y televisión.VI. Editar las publicaciones periódicas y de divulgación del partido, así como promover su distribución en las estructuras del mismo.VII. Mantener relaciones permanentes con los representantes de los medios de comunicación.VIII. Proponer al Comité Directivo Nacional, mecanismos y sistemas para la propaganda de los candidatos postulados por el partido, a través de la utilización de nuevas técnicas de información, propaganda, difusión y orientación, así como la de implementar un proyecto de distribución de los trabajos impresos internos, de los carteles y folletos que la ley reglamentaria en materia federal electoral ponga a disposición de las fuerzas políticas; y,IX. Las demás que establezcan los Estatutos y las que expresamente le confiera el Presidente del Comité Directivo Nacional.

Artículo 37. Son atribuciones de los Secretarios Generales Adjuntos Circunscripcionales:

I. Comunicar los acuerdos que emanen del Comité Directivo Nacional.II. Proponer al Comité Directivo Nacional el mecanismo de elección interna que más convenga a los Estados miembros de la circunscripciónIII. Proponer al Comité Directivo Nacional la estructura estatal más adecuada para cada circunscripción.IV. Vigilar que los Comités Directivos Estatales cumplan con los acuerdos y lineamientos emanados de los órganos superiores del partido.V. Informar al Comité Directivo Nacional de manera oportuna sobre los avances del Partido en los Estados miembros de su circunscripción y de los acuerdos emanados de cada Comité Directivo Estatal y del Distrito Federal.

CAPÍTULO IVDE LA COMISION POLITICA NACIONAL

Artículo 39. La Comisión Política Nacional, es el órgano que incentiva y controla el cumplimiento de las resoluciones del Congreso Nacional. Además formula los aspectos estratégicos y define la política de alianzas y coaliciones electorales. Tiene las atribuciones delegadas del Congreso Político.

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ANEXO 8

Artículo 40. La Comisión Política Nacional estará integrado por:

I. Quince miembros permanentes, electos por el Congreso Nacional.II. Treinta y dos miembros, representantes de cada una de las entidades federativas, en el caso de que decida sesionar de manera ampliada.

Artículo 41. Las atribuciones de la Comisión Política Nacional son:

I. Analizar la situación política, social, económica y jurídica prevaleciente en la nación y, en su caso, tomar los acuerdos de orden estratégico y formular los planes de acción que estimen necesario en concordancia con la filosofía política de Encuentro Social.II. Formular las orientaciones, económicas y sociales para la adecuada aplicación de los programas y principios de Encuentro Social para vigorizar al partido.III. Procurar que los órganos del partido mantengan una relación permanente con los mexicanos, recogiendo sus demandas y aspiraciones para traducirlas en acciones políticas e iniciativas de ley.IV. Proponer reformas a la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos.V. Establecer los lineamientos para elaborar los estudios políticos, económicos, sociales, jurídicos y culturales, para la formulación de los temas básicos Nacionales y Regionales para el soporte de las plataformas políticas.VI. Vigilar conjuntamente con el Comité Nacional de Vigilancia el cumplimiento de las disposiciones estatutarias en los procesos internos para elegir dirigentes y candidatos del partido.VII. Acordar la colaboración de Encuentro Social con otras organizaciones políticas nacionales y aceptar la colaboración o adhesión de otras organizaciones sociales.VIII. Vigilar que las campañas de los candidatos se constriñan a los lineamientos que se determinen en la plataforma electoral convenida en los acuerdos de participación con los partidos políticos.

Artículo 42. La Comisión Política Nacional se reunirá cada tres meses de manera ordinaria y de manera extraordinaria cuando así lo determine la convocatoria emitida por el Presidente de la misma.

CAPÍTULO VDE LOS COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALESO DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 43. El Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal, es el órgano que representa al partido y dirige permanentemente sus actividades, en el correspondiente ámbito de la Entidad Estatal o del Distrito Federal.

Artículo 44. El Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal está integrado por:

I. Un PresidenteII. Un Secretario GeneralIII. Un Secretario General Adjunto de Organización y Estrategia ElectoralIV. Un Coordinador de Administración y FinanzasV. Un Coordinador JurídicoVI. Un Coordinador de Comunicación Social y PolíticaVII. Un Coordinador de Movimientos Sectoriales VIII. Un Director de la Fundación Social IX. Un Director de la Fundación de Investigación, Capacitación y Formación Política; y,X. Y las Secretarias Generales Adjuntas, Coordinaciones y Comisiones que en lo futuro lleguen a crearse.

Artículo 45. El Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal se reunirá cuando menos una vez al mes y será suficiente la presencia de la mayoría de sus integrantes para la validez de los encuentros que adopte. Estos se tomaran por mayoría de voto de los presentes, y el Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. Los citatorios a las sesiones serán expedidos con anticipación suficiente por el Presidente del Comité.

Artículo 46. Son atribuciones de los Comités Directivos Estatales o del Distrito Federal:

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ANEXO 8

I. Rendir al Secretario General Adjunto de la Circunscripción a la que corresponda un informe mensual de sus actividades.II. Mantener actualizado el padrón de los miembros del partido en la Entidad que le corresponda, cumpliendo con lo estipulado en los Estatutos.III. Acatar los lineamientos políticos que le fijen los órganos competentes del partido, así como formular el proyecto de acción de los miembros para la Entidad Federativa de que se trate, de acuerdo con las estrategias que determinen el Comité Directivo Nacional.IV. Contribuir a robustecer la vida democrática del partido.V. Informar semestralmente de sus actividades al promover conjuntamente con los miembros de la sociedad la solución de sus problemas.VI. Coordinarse con los Comités Directivos Municipales o Delegacionales del Distrito Federal, para realizar las actividades específicamente que se le señalen en los presentes estatutos o por el Comité Directivo Nacional.VII. Crear para el adecuado cumplimiento de sus funciones, los organismos administrativos y comisiones que estimen necesarios que pueden ser con carácter de permanentes o transitorios; y,VIII. Las demás que señalen los Estatutos y los reglamentos que expida el Comité Directivo Nacional.

Artículo 47. El Presidente del Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal distribuirá entre sus dirigentes las actividades por realizar atendiendo a la naturaleza y atribuciones de los cargos que ocupa; para ello serán aplicables en lo conducente las disposiciones relativas a los integrantes del Comité Directivo Nacional, las que tendrán para las Secretarias de los Comité Directivos Estatales un sentido fundamental de conducción, programación y control de la actividad política.

CAPÍTULO VIDE LOS COMITES DIRECTIVOS MUNICIPALES O DELEGACIONALES DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 48. El Comité Directivo Municipal o Delegacional del Distrito Federal, es el órgano que representa al partido y dirige permanentemente sus actividades, en el correspondiente ámbito de su Municipio o Delegación del Distrito Federal.

Artículo 49. El Comité Directivo Municipal o Delegacional del Distrito Federal está integrado por:

I. Un Presidente.II. Un Secretario General.III. Un Secretario de Organización y Estrategia Electoral.IV. Un Secretario de Finanzas; y,V. Las demás que señalen los Estatutos y los reglamentos que expida el Comité Directivo Nacional.

Artículo 50. El Comité Directivo Municipal o Delegacional del Distrito Federal se reunirá cuando menos una vez al mes y será suficiente la presencia de la mayoría de sus integrantes para la validez de los encuentros que adopte. Estos se tomaran por mayoría de voto de los presentes, y el Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. Los citatorios a las sesiones serán expedidos con anticipación suficiente por el Presidente del Comité.

Artículo 51. Son atribuciones de los Comités Directivos Municipal o Delegacional del Distrito Federal:

I. Rendir al Presidente del Comité Directivo Estatal a la que corresponda un informe mensual de sus actividades.II. Mantener actualizado el padrón de los miembros del partido en el Municipio o Delegación del Distrito Federal que le corresponda, cumpliendo con lo estipulado en los Estatutos.III. Acatar los lineamientos políticos que le fijen los órganos competentes del partido, así como formular el proyecto de acción de los miembros para el Municipio o Delegación del Distrito Federal de que se trate, de acuerdo con las estrategias que determinen el Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal.IV. Contribuir a robustecer la vida democrática del partido.

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ANEXO 8

V. Informar semestralmente de sus actividades al promover conjuntamente con los miembros de la sociedad la solución de sus problemas.VI. Coordinarse con los Comités Directivos Distritales, para realizar las actividades específicamente que se le señalen en los presentes estatutos o por el Comité Directivo Estatal o Nacional.VII. Crear para el adecuado cumplimiento de sus funciones, los organismos administrativos y comisiones que estimen necesarios que pueden ser con carácter de permanentes o transitorios; y,VIII. Las demás que señalen los Estatutos y los reglamentos que expida el Comité Directivo Nacional.

Artículo 52. El Presidente de los Comités Directivos Municipales o Delegacionales del Distrito Federal, distribuirá entre sus dirigentes las actividades por realizar atendiendo a la naturaleza y atribuciones de los cargos que ocupa; para ello serán aplicables en lo conducente las disposiciones relativas a los integrantes del Comité Directivo Nacional, las que tendrán para las Secretarias de los Comités Directivos Municipal o Delegacional del Distrito Federal un sentido fundamental de conducción, programación y control de la actividad política.

CAPÍTULO VIIDE LOS COMITÉS DISTRITALES

Artículo 53. El Comité Distrital es el órgano que representa al partido y dirige permanentemente sus actividades en el Distrito Electoral Federal respectivo y se reunirá de manera ordinaria por lo menos una vez al mes y de manera extraordinaria cuando así lo determine la convocatoria hecha por el Presidente del mismo.

Artículo 54. El Comité Distrital estará integrado por:

I. Un Presidente.II. Un Secretario General.III. Un Secretario de Organización y Estrategia Electoral.IV. Un Secretario de Finanzas; y,V. Las demás que señalen los Estatutos y los reglamentos que expida el Comité Directivo Nacional.

Artículo 55. El Comité se reunirá cuando menos una vez al mes y será suficiente la presencia de la mayoría de sus integrantes para la validez de los encuentros que adopte. Estos se tomaran por mayoría de voto de los presentes, y el Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. Los citatorios a las sesiones serán expedidos con anticipación suficiente por el Presidente del Comité.

Artículo 56. Son atribuciones de los Comités Distritales:

I. Rendir al Comité Directivo Municipal o Delegacional del Distrito Federal correspondiente un informe anual de sus actividades.II. Mantener actualizado el padrón de los miembros del partido en el distrito que le corresponda, cumpliendo con lo estipulado en los Estatutos.III. Acatar los lineamientos políticos que le fijen los órganos competentes del partido, así como formular el proyecto de acción de los miembros para la Distrito de que se trate, de acuerdo con las estrategias que determinen el Comité Directivo Estatal o Nacional.IV. Contribuir a robustecer la vida democrática del partido.V. Nombrar Delegados al Congreso Nacional de acuerdo a la convocatoria emitida por el Comité Directivo Nacional. VI. Promover conjuntamente con los miembros de la sociedad la solución de sus problemas; y,VII. Las demás que señalen los Estatutos y los reglamentos que expida el Comité Directivo Nacional.

TITULO CUARTODE LAS FUNDACIONES Y COORDINACIÓN DE MOVIMIENTOS SECTORIALES

Artículo 57. La Fundación de Investigación, Capacitación y Formación Política (FICAP) es un órgano interno que promueve la investigación de los fenómenos sociales que afecten de manera inminente a la población,

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ANEXO 8

tendente a plantear de manera inmediata su solución, incluyendo foros de análisis. También desarrolla actividades de difusión ideológica y capacitación política. Para llevar a cabo sus funciones podrá: I. Promover o llevar a cabo la realización de estudios, encuestas, investigaciones y todas aquellas actividades que permitan conocer objetivamente algún fenómeno social que perjudique a la sociedad;II. Plantear soluciones y acciones concretar para atender la problemática social que se tenga diagnosticada, con base en las actividades de que haya realizado, descritas en la fracción anterior;III. Diseñar la programación de difusión ideológica y capacitación política dirigidos a los miembros del partido y población en general, así como llevar a cabo el proceso de formación de instructores.IV. La celebración de acuerdos con instituciones académicas nacionales e internacionales, para la capacitación política de los miembros del partido.V. Evaluar los programas de capacitación política y formular las directrices para el mejoramiento de los mismos; y,VI. Las demás que establezcan los estatutos y las que le confiera expresamente el Presidente del Comité Directivo Nacional, así como el reglamento respectivo.

Artículo 58. La Fundación Social es el órgano que tiene como funciones fomentar el desarrollo social y bienestar de los sectores más vulnerables de la sociedad, fomentando la organización de la misma. Son atribuciones del Coordinador de la Fundación Social:

I. Formular un Programa Nacional de Gestión Social para ser incluido en los programas generales de trabajo del Comité Directivo Nacional.II. Concertar el apoyo con las dependencias del gobierno de acuerdo a las demandas más sensibles de la población e impulsar y consolidar la participación ciudadana en la solución de los problemas colectivos. III. Apoyar a los representantes del partido en la gestión social, ante las autoridades competentes, de las demandas de las comunidades.IV. Formular y promover programas permanentes de carácter cívico, social cultural, educativo y deportivo en todo el país a efecto de integrar a la familia y elevar el marco de convivencia en las comunidades de todo el país.V. Promover programas encaminados a fortalecer los derechos humanos y denunciar su violación; y,VI. Las demás que establezcan los estatutos y las que expresamente le confiera el Presidente del Comité Directivo Nacional o el reglamento respectivo.

Artículo 59. La Coordinación de Movimientos Sectoriales es el órgano que tiene como propósito planear, organizar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades tendentes a fomentar el bienestar de los sectores vulnerables de la sociedad, y que presentan alguna problemática específica, teniendo como sectores a los jóvenes, mujeres, migrantes y campesinos. Son atribuciones del Coordinador de Movimientos Sectoriales:

I. Establecer relaciones de amistad con organizaciones ciudadanas no gubernamentales y sectores no tradicionales.II. Establecer vínculos de cooperación con organizaciones ciudadanas y sectores no tradicionales.III. Promover programas de acción conjunta con las organizaciones ciudadanas no gubernamentales y sectores no tradicionales.IV. Recopilar, sistematizar y dar seguimiento a la información que se recabe en la cooperación, acción conjunta y resultados que arroje el trabajo con las organizaciones ciudadanas, no gubernamentales y sectores no tradicionales.V. Recolectar información sobre el perfil social político y económico de las organizaciones ciudadanas, no gubernamentales y sectores no tradicionales del país. VI. Llevar a cabo la calendarización y definición de actividades por realizar de cada uno de los sectores que lo integran: jóvenes, mujeres, migrantes y campesinos. VII. Evaluar los resultados de los trabajos realizados por los sectores que coordina, siendo un facilitador en los aspectos que requieran apoyo para mejorar los resultados. VIII. Presentar ante la Fundación de Investigación, Capacitación y Formación Política (FICAP) los problemas sociales que requieren estudio e investigación.IX. Asesorar al Comité Directivo Nacional en asuntos de movilización ciudadana, y;

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ANEXO 8

X. Las demás que establezcan la norma estatutaria y las que expresamente le confiera el Presidente del Comité Directivo Nacional, así como los reglamentos respectivos.

Artículo 60. El Movimiento Sectorial Campesino es el órgano interno responsable de atender las necesidades del campo mexicano, en los temas de productividad, organización, desarrollo y justicia social, tendiente a crear mejores condiciones de vida del sector rural del país. Sus funciones comprenden:

I. Diagnosticar el estado que guarda sector campesino en todos aquellos ámbitos que afecten su pleno desarrollo integral, de tal manera que se puedan presentar los proyectos y programas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de este sector.II. Proponer políticas públicas que sean armónicas con los diagnósticos referidos en la fracción primera de este artículo, dándoles continuidad hasta que sean instrumentadas en programas concretos y con presupuesto asignado.III. Evaluar los resultados de las políticas públicas que se hubieren convertido en programas concretos, mediante la creación de indicadores de evaluación.IV. Brindará asesoría jurídica en los conflictos que se le planteen, en materia agraria y desarrollo rural.

Artículo 61. El Movimiento Sectorial Juvenil es el órgano interno responsable de atender los requerimientos y demandas de la población comprendida entre las edades que señale el reglamento respectivo, y será el responsable de promover las condiciones que permitan el desarrollo de sus vocaciones y talentos, de tal manera que construya una red de ciudadanos comprometidos fuertemente con su propio desarrollo y el de su entorno, en los ámbitos educacional, político, económico y social. Las funciones de este órgano son:

I. Recopilar todos aquellos estudios, estadísticas, investigaciones, encuestas y todos aquellos datos que describan las condiciones de los jóvenes en el país.II. Evaluar los resultados de los planes y programas que tengan como objeto atender necesidades específicas de la población juvenil, y proponer mejoras a los mismos.III. Llevar a cabo actividades tendientes a mejorar el entorno de los jóvenes del país, creando las condiciones del sano esparcimiento, que a su vez propicien un desarrollo armónico en todas las áreas de la vida de esta población.

Artículo 62. El Movimiento Sectorial Femenil es el órgano interno responsable de conocer y dar respuesta a los requerimientos que planteen las mujeres, en cuanto a su participación en la vida política, pública y privada, tendiente a fomentar su bienestar en todos los ámbitos del desarrollo, reconociendo su importante y necesaria participación en el contexto político, económico y social del país. Sus funciones son:

I. Instrumentar acciones que permitan colocar a la mujer en igualdad de oportunidades para acceder a planes y programas que le permitan en desarrollo pleno.II. Realizar los estudios necesarios que permitan conocer cuál es la situación de la mujer en los diferentes campos de desarrollo personal y profesional.III. Opinar respecto de las actividades que se llevan a cabo en la sociedad y que impliquen o contengan discriminación de las mujeres.

Artículo 63. El Movimiento Sectorial Migrante es el órgano interno responsable de atender las necesidades de las personas que se ven en la necesidad de abandonar sus lugares de origen, buscando mejorar sus condiciones de vida en otro lugar. Se encargará de brindar apoyo a las personas que se encuentren en dicha condición en territorio nacional, procurando el respeto a sus derechos esenciales. Para lograr sus fines tiene las siguientes atribuciones:

I. Revisar las normas jurídicas, los planes y programas que atiendan las diversas necesidades de los migrantes, a efecto de valorar su eficacia, proponiendo las adecuaciones o supresiones de aquellos que no cumplan con el objeto de crear un bienestar en este sector de la población.II. Evaluar los procedimientos de las entidades públicas y privadas que atiendan las necesidades de migrantes, pudiendo dictaminar aquellos que no resultaren eficientes, atendiendo a los principios de inmediatez y suplencia, proponiendo las modificaciones que se requieran.

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ANEXO 8

III. Llevar a cabo estudios relacionados con el movimiento migratorio en el territorio nacional, que permitan conocer las condiciones reales de este sector de la población.

El elemento común que por esencia tomarán en cuenta estos movimientos sectoriales, será siempre la participación ciudadana, como legitimación de su razón de ser, bajo la declaración de principios y programa de acción de Encuentro Social.

TITULO CUARTODE LOS ORGANOS DE VIGILANCIA Y JUSTICIA

CAPÍTULO I

DEL COMITÉ NACIONAL DE VIGILANCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Artículo 64.- El Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas es un órgano colegiado que tiene como finalidad salvaguardar el exacto cumplimiento de la norma estatutaria por parte de los miembros del partido, así como de sus órganos de gobierno y directivos, con base en los principios de transparencia, honradez, lealtad, imparcialidad y legalidad.

Artículo .. El Comité Nacional de Vigilancia; Transparencia y Rendición de Cuentas estará integrado por:

I. Un Presidente.II. Un Vicepresidente.III. Un Secretario de Acuerdos.

Artículo 65.- Son atribuciones del Presidente del Comité Nacional de Vigilancia; Transparencia y Rendición de Cuentas:

I. Velar por la legalidad y respeto de los derechos de los miembros del partido en la esfera de sus atribuciones.II. Recibir las quejas o denuncias por acciones u omisiones en que incurran los miembros del Comité Directivo Nacional.III. Investigar en los términos del presente Estatuto las quejas o denuncias que se presenten ante el propio Comité Nacional de Vigilancia Transparencia y Rendición de Cuentas, hasta el total esclarecimiento de los hechos.IV. Convocar al Pleno del Comité Nacional de Vigilancia; Transparencia y Rendición de Cuentas, para las sesiones en que se determine los asuntos de su competencia.V. Presidir las sesiones que celebre dicho Comité.VI. Convocar a sesiones ordinarias.VII. Dirigir los debates y conservar el orden durante las sesiones.VIII. Proponer en el Pleno los acuerdos que juzgue conducentes para el mejor desempeño de la función del Comité.IX. Tramitar todos los asuntos de la competencia del Comité en Pleno hasta ponerlos en estado de resolución.X. Autorizar en unión del Secretario de Acuerdos las actas de las sesiones, haciendo constar en ellas las deliberaciones del Consejo en Pleno.XI. Turnar a la Comisión de Honor y Justicia los asuntos de su competencia.XII. Presentar ante las autoridades competentes las denuncias o querellas por el o los delitos cometidos en perjuicio del patrimonio del partido por alguno de sus miembros; y,XIII. Las demás que le confiera los Estatutos.

Articulo 66.- Son atribuciones del Vicepresidente del Comité Nacional de Vigilancia:

I. Suplir al Presidente en sus ausencias temporales.II. Coadyuvar junto con el Presidente por proteger los derechos de los miembros del partido.

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ANEXO 8

III. Realizar estudios, formular y ejecutar lineamientos sobre las acciones u omisiones en que incurran los miembros del partido.IV. Realizar estudios y programas de prevención de infracciones a los Estatutos por actos u omisiones de sus miembros.V. Organizar el archivo de los expedientes que se integran con motivo de las quejas o denuncias interpuestas ante el Comité Ejecutivo.VI. Participar en los debates en que sesione el Comité observando el orden en los asuntos que se tramiten ante el Pleno; y,VII. Las demás que le confieran los presentes Estatutos.

Artículo 67.- Son atribuciones del Secretario de Acuerdos del Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas:

I. Realizar emplazamientos y notificaciones cuando se lo ordene el Presidente.II. Autorizar los despachos actas, diligencias, autos y toda clase de resoluciones que se expidan, asienten practiquen o se dicten por el Pleno del Comité.III. Asentar en los expedientes las certificaciones que procedan conforme al procedimiento o que el Presidente en Pleno ordene.IV. Asistir a las diligencias que debe desahogar el Consejo de Honor y Justicia, de acuerdo al procedimiento que establece los presentes Estatutos.V. Expedir las copias autorizadas que deban darse a las partes en virtud del decreto que expida el Pleno del Comité.VI. Cuidar que los expedientes sean debidamente foliados al agregarse cada una de las hojas, sellando las actuaciones, oficios y demás documentos que lo requieran, rubricando aquellas en el centro del escrito.VII. Guardar en el secreto del Comité, los escritos o documentos y valores cuando así lo determine el Pleno del Comité.VIII. Conservar en su poder el sello del Comité, levantar las actas por las actuaciones del Pleno del comité.IX. Recibir las declaraciones y pruebas que ofrezcan las partes en la fase de procedimiento de investigación; y,X. Las demás que le confieran los Estatutos.

Artículo 68.- El Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas, se elegirá cada tres años y podrá cada uno de sus integrantes ser reelecto para un periodo más si así se determina en el Congreso Nacional convocado para tal efecto. Para poder ser miembro de dicho Comité se requiere no tener algún otro cargo directivo dentro del partido, ni tener algún otro cargo dentro del Gobierno Federal, Estatal o Municipal al momento de su elección.

Artículo 69.- Son facultades y obligaciones del Comité Nacional de Vigilancia; Transparencia y Rendición de Cuentas las siguientes: I. Cuidar el correcto ejercicio de los derechos políticos y el debido cumplimiento de las obligaciones y derechos de carácter general, que el presente Estatuto señala a los miembros del Partido; II. Diseñar los mecanismos de información y rendición de cuentas a la ciudadanía, en todos los ámbitos del Partido; III. Promover la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión y el comportamiento de los dirigentes del partido; IV. Cuidar que los miembros del partido, en el desempeño de sus atribuciones y obligaciones, cumplan los ordenamientos señalados en el presente Estatuto, así como las resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno del partido; V. Asistir a las asambleas ordinarias y extraordinarias de los órganos nacionales de gobierno del partido, con derecho a voz;

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ANEXO 8

VI. Conocer y atender las quejas que por violación al presente Estatuto, presenten los militantes del Partido contra integrantes de los órganos de gobierno de éste y previas investigaciones, si considera que hay elementos suficientes para iniciar un procedimiento deberá turnar el asunto a la Comisión de Honor y Justicia a fin de encauzar estatutariamente la vida partidista; VII. Conocer y emitir dictamen de procedencia en los casos de sustituciones por licencia temporal o definitiva, ausencia o abandono del cargo, de los dirigentes nacionales del partido; VIII. Convocar a la realización de la Asamblea Nacional Extraordinaria cuando, habiéndose cumplido el plazo para convocar a la Asamblea Nacional Ordinaria, el Comité Ejecutivo Nacional no cumpliera con lo dispuesto en la fracción___ del artículo___ del presente Estatuto. La Convocatoria deberá emitirse cuando menos con treinta días de anticipación a la fecha en que deberá celebrarse la citada Asamblea; IX. Turnar, al Asamblea Nacional inmediatamente, los asuntos y problemas cuya solución competa a dicho Órgano de Gobierno del Partido; X. Solicitar a los órganos de gobierno del Partido, los informes y documentación que requiera para el mejor desempeño de las funciones que le señala el presente Estatuto. Éstos tendrán la obligación de proporcionar la información que se les requiera; XI. Notificar a los Órganos de Gobierno, de sus resoluciones, de conformidad con su ámbito de competencia; XII. Elaborar un proyecto de trabajo fundamentado en metas y objetivos que contemple el presupuesto anual de egresos, que someterá a la consideración de la instancia correspondiente; XIII. Rendir informe de labores, a la asamblea nacional; XIV. Intervenir, en aquellos asuntos, problemas y actos que por su naturaleza sean de su competencia, para garantizar el debido y puntual cumplimiento de la legalidad estatutaria, en la vida interna del Partido; XV. Elaborar el Reglamento y Manual de Funciones que presentará ante la Comisión Política Nacional para su modificación o aprobación; XVI. Permitir el acceso a la información a los miembros del partido, mediante un proceso de solicitud de información para constatar la transparencia de la fiscalización en la gestión Partidista; XVII. Impulsar una cultura de Transparencia y Rendición de Cuentas sustentada en valores y principios éticos que se reflejen en el quehacer cotidiano de los dirigentes del Partido; XVIII. Diseñar e implementar el Programa Nacional por la Transparencia y Rendición de Cuentas Partidista; XIX. Elaborar un proyecto de trabajo fundamentado en metas y objetivos que contemple el Presupuesto Anual de Egresos, que someterá a la consideración de la instancia correspondiente; XX. Formular el Programa Anual de Auditorías, calendarizando las revisiones que se deban realizar a los órganos de gobierno del partido; dichas auditorías deberán de ser llevadas a cabo por alguna institución o empresa de reconocido prestigio. XXI. Requerir de los dirigentes del Partido, la declaración patrimonial de bienes, que deberá presentarse dentro de un plazo de 60 días hábiles posteriores a la toma de protesta de su elección, y por segunda ocasión en los 60 días posteriores al término de su gestión;

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ANEXO 8

XXII. Solicitar a los miembros que conforman las dirigencias del partido, el Programa Anual de Actividades, con el fin de supervisar su puntual cumplimiento; XXIII. Promover el fomento de valores como: La integridad, honestidad y responsabilidad de los dirigentes Partidistas, mediante la adopción de los postulados contenidos en la declaración de principios del Partido; XXIV. Establecer las acciones que se requieran para mejorar los sistemas y mecanismos de gestión de este Instituto Político, diseñando los instrumentos adecuados para el Sistema de Seguimiento y Evaluación Partidistas; XXV. Vigilar que se actualice permanentemente el registro de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio Partidista; XXVI. Solicitar la información necesaria a todas las instancias del Partido, para llevar a cabo el seguimiento, evaluación y control de la gestión Partidista, del cumplimiento de los Programas Anuales de Actividades y del correcto ejercicio del presupuesto Partidista; XXVII. Publicar en los medios informativos oficiales del Partido, incluyendo la página web del mismo, en los medios de comunicación impresos, nacionales y locales; un informe semestral del estado y situación del Partido, en cuanto a su gestión, programas y finanzas;

XXVIII. Ponderar los criterios y categorías de análisis en función de los objetivos de la organización;

XXIX. Denunciar ante las autoridades competentes, las irregularidades que detecte y que presupongan la comisión de delitos; XXX. Informar de su gestión al órgano máximo de gobierno del partido, y en su caso, responder por irregularidades o incumplimiento de sus obligaciones, independientemente de la responsabilidad legal que pudiera serle atribuida;

XXXI. Investigar las controversias que se susciten entre los miembros del partido. XXXII. Investigar las presuntas infracciones estatutarias en los procesos para elegir dirigentes del partido y candidatos a puestos de elección popular, de conformidad con los acuerdos de participación con los partidos políticos y en su caso consignarlas a la Comisión de Honor y Justicia. XXXIII. Investigar hechos y conductas de miembros del partido que le turne el Comité Directivo Nacional relativos a violación de normas estatutarias y en general a cualquier contravención a los ordenamientos que rigen la vida del Partido, y emitir dictamen que determine las medidas y sanciones que deban aplicarse. El dictamen emitido deberá contar con la conclusión la Comisión de Honor y Justicia y comunicarlo al Comité Ejecutivo Nacional, para su observancia y aplicación;

XXXIV. Para el caso de que existan elementos que acrediten la probable responsabilidad de alguno de los miembros que conforman los órganos de gobierno del partido, previamente agotada la garantía de audiencia y el derecho de defensa, turnar el caso previo acuerdo del Pleno, a la Comisión de Honor y Justicia, quién dictará a su vez la resolución que en derecho proceda.

XXXV. Determinar el no ejercicio de la acción, en el caso de que de la investigación se determine que no existe infracción a los Estatutos o indicios de que se cometió algún ilícito.

XXXVI. Conocer y ejecutar, las resoluciones dictadas por la Comisión de Honor y Justicia del Partido;

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ANEXO 8

XXXVII. Suspender, en caso de resultar necesario, en forma total o parcial en sus funciones y derechos partidistas, a los miembros del partido, así como a integrantes de los órganos de gobierno del dicho instituto político, sujetándose a los casos previstos en la fracción …. del artículo …..del presente Estatuto;

XXXVIII. Promover la aplicación de las sanciones correctivas de los dirigentes, cuando así corresponda;

XXXIX. Recibir y tramitar las inconformidades que le turne el Comité Ejecutivo Nacional; XL. Solicitar al Comité Ejecutivo Nacional del Partido, la retención o disminución de ministraciones presupuestales a los órganos de gobierno, cuando compruebe los supuestos a que hacen referencia la fracción …… del artículo …. del presente Estatuto; asimismo, vigilar que se cumpla la sanción que corresponda;

XLI. Proponer al Comisión de Honor y Justicia las sanciones disciplinarias que se deban imponer a los dirigentes, por el incumplimiento de las obligaciones estatutarias, incluyendo la revocación del mandato; XLII. Aplicar las sanciones correspondientes a quienes incumplan con la responsabilidad de renovar con base en los estatutos periódicamente los órganos de gobierno del partido.

XLIII. En materia de Contraloría Interna, las siguientes: a. Contribuir a la modernización de los sistemas de control y evaluación del Partido, sus órganos y dirigencias, promoviendo el correcto manejo y aplicación de sus recursos. b. Vigilar se mantenga al corriente la contabilidad del partido, con base en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, que permitan una interpretación real de la situación financiera de dicho instituto político y la toma oportuna de decisiones. Para el efecto, está facultado para solicitar toda documentación y soporte de ingresos y egresos del Partido. c. Supervisar que en las distintas áreas que conforman este Partido Político existan controles y sistemas que por sí mismos protejan el patrimonio y recursos del Partido y que se cuente con información correcta y oportuna que permita evaluar, medir, seguir, interpretar, concluir y hacer las recomendaciones pertinentes. d. En materia de captación de recursos: Verificar la exactitud de las liquidaciones periódicas que la autoridad electoral haga al Partido y vigilar el pago correcto de las cantidades que se destinen a las distintas áreas que conforman el Partido y, en su caso, demande la rectificación que proceda. e. Comprobar el cumplimiento, por parte de las Dirigencias y órganos de gobierno que conforman el partido, de las obligaciones derivadas de las disposiciones, políticas, programas, presupuestos, normas y lineamientos emitidos para la organización y funcionamiento de este Instituto Político.

f. Practicar auditorías y revisiones a aspectos prioritarios de la administración de recursos de los distintos Comités Ejecutivos, y áreas del Partido, formulando recomendaciones para prevenir o corregir desviaciones, emitiendo e induciendo en las áreas auditadas la puesta en vigor de las medidas propuestas.

g. Vigilar que la recaudación de los ingresos del Partido se realice con oportunidad y exactitud, y en su caso recomendar al Comité Ejecutivo Nacional las medidas correctivas que procedan. h. Comprobar la exactitud de los montos de los pagos que por diversos conceptos, el Partido cubre y en caso de error u omisión, solicitar la rectificación que proceda. i. Vigilar que se transfieran de manera correcta y exacta a las distintas Dirigencias del Partido, las cantidades que les hayan sido asignadas por los Órganos de Gobierno del Partido para apoyo de sus programas de acción.

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ANEXO 8

j. Revisar y autorizar las nóminas, las compensaciones a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y los gastos asignados a los miembros comisionados en tareas administrativas, técnicas y manuales que colaboran en el Partido. k. Ejercer el derecho de veto cuando en los acuerdos que tomen los Órganos de Administración a que se refiere la fracción anterior, se observe desvío de sus fines, o atenten contra la unidad o integridad del Partido. La resolución de veto tendrá que ser informada al Comité Ejecutivo Nacional para que éste la ratifique o rectifique en un plazo no mayor de 30 días. En caso de que no haya dictamen del Comité Ejecutivo Nacional procederá el acuerdo original tomado por el Órgano de Administración. l. Participar, con voz, en las cesiones de los órganos nacionales de gobierno. m. Proponer al Comité Ejecutivo Nacional y, en su caso, instrumentar con su autorización, las medidas tendientes al aprovechamiento más eficiente de los recursos de fondos, fideicomisos, dependencias, y Tesorería del Partido. n. Vigilar que los ingresos del Partido por concepto de presupuesto otorgado por el Instituto Federal Electoral, se reciban con oportunidad y exactitud, y en caso contrario, recomendar a la al Comité Ejecutivo Nacional las medidas pertinentes al respecto.

ñ. Supervisar la permanente actualización y correcta custodia y resguardo de los inventarios físicos de bienes muebles e inmuebles. o. Supervisar la formulación del Presupuesto de Egresos del Partido, vigilando que contenga objetivos, metas y la calendarización del gasto. p. Verificar, evaluar y supervisar los registros y controles implantados por áreas de finanzas, al flujo de efectivo, a las cuentas bancarias y de inversión, a las conciliaciones bancarias, a los documentos y valores que forman parte del patrimonio del Partido, debiendo realizar revisiones periódicas. q. Efectuar periódicamente confrontaciones y revisión a la contabilidad de las Secretarías de Finanzas de las dirigencias del Partido. r. Supervisar que las obras de construcción y adaptación, satisfagan auténticas necesidades y reúnan efectivas condiciones de funcionalidad; salvaguardando en todo momento los intereses económicos del Partido. s. Solicitar a los Comités Ejecutivos Estatales, Municipales y Distritales del Partido, cuantas veces lo estime necesario, comprobaciones e informes detallados relativos al manejo y aplicación de los fondos Partidistas. t. Practicar intervenciones, inspecciones y supervisiones a las diversas áreas del Partido que lo requieran, informando de sus cuentas al Comité Ejecutivo Nacional del Partido. XLIV. Promover en su ámbito de competencia Estatutaria, la innovación Partidista; y, XLV. Las demás que le confiera el presente Estatuto.

Artículo 70.- Son atribuciones del Presidente del Comité Nacional de Vigilancia; Transparencia y Rendición de Cuentas:

I. Velar por la legalidad y respeto de los derechos de los miembros del partido en la esfera de sus atribuciones.

II. Recibir las quejas o denuncias por acciones u omisiones en que incurran los miembros de los órganos de gobierno del partido.

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ANEXO 8

III. Investigar en los términos del presente Estatuto las quejas que se presenten al Comité Nacional de Vigilancia; Transparencia y Rendición de Cuentas, hasta el total esclarecimiento de los hechos.

IV. Convocar a El Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas para las sesiones en que se determine los asuntos de su competencia.

V. Presidir las sesiones que celebre dicho Comité.

VI. Convocar a sesiones ordinarias.

VII. Dirigir los debates y conservar el orden durante las sesiones.

VIII. Proponer en el Pleno los acuerdos que juzgue conducentes para el mejor desempeño de la función del Comité.

IX. Tramitar todos los asuntos de la competencia del Comité Estatal de Vigilancia en Pleno hasta ponerlos en estado de resolución.

X. Autorizar en unión del Secretario de Acuerdos las actas de las sesiones, haciendo constar en ellas las deliberaciones del Consejo en Pleno.

XI. Turnar a la Comisión de Honor y Justicia los asuntos de su competencia.

XII. Presentar ante las autoridades competentes las denuncias o querellas por el o los delitos cometidos en perjuicio del patrimonio del partido por alguno de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.

XIII. Las demás que le confiera los Estatutos.

Artículo 71.- Son atribuciones del Comité Nacional de Vigilancia; Transparencia y Rendición de Cuentas:

I. Suplir al Presidente en sus ausencias temporales.

II. Coadyuvar junto con el Presidente por proteger los derechos de los miembros del partido.

III. Realizar estudios, formular y ejecutar lineamientos sobre las acciones u omisiones en que incurran los miembros del partido.

IV. Realizar estudios y programas de prevención de infracciones a los Estatutos por actos u omisiones de sus miembros.

V. Organizar el archivo de los expedientes que se integran con motivo de las denuncias o querellas interpuestas ante el Comité Ejecutivo.

VI. Participar en los debates en que sesione el Comité observando el orden en los asuntos que se tramiten ante el Pleno; y,

VII. Las demás que le confieran los presentes Estatutos.

Artículo 72.- Son atribuciones del Secretario de Acuerdos del Comité Nacional de Vigilancia; Transparencia y Rendición de Cuentas:

I. Realizar emplazamientos y notificaciones cuando se lo ordene el Presidente.

II. Autorizar los despachos actas, diligencias, autos y toda clase de resoluciones que se expidan, asienten practiquen o se dicten por el Pleno del Comité.

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ANEXO 8

III. Asentar en los expedientes las certificaciones que procedan conforme al procedimiento o que el Presidente en Pleno ordene.

IV. Asistir a las diligencias de pruebas que debe recibir el Comité de acuerdo al procedimiento que establece los presentes Estatutos.

V. Expedir las copias autorizadas que deban darse a las partes en virtud del decreto que expida el Pleno del Comité.

VI. Cuidar que los expedientes sean debidamente foliados al agregarse cada una de las hojas, sellando las actuaciones, oficios y demás documentos que lo requieran, rubricando aquellas en el centro del escrito.

VII. Guardar en el secreto del Comité, los pliegos, escritos o documentos y valores cuando así lo determine el Pleno del Comité.

VIII. Conservar en su poder el sello del Comité, levantar las actas por las actuaciones del Pleno del comité.

IX. Recibir las declaraciones y pruebas que ofrezcan las partes en el procedimiento de investigación.

X. Las demás que le confieran los Estatutos.

CAPÍTULO IIDE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

Artículo 73.- La Comisión de Honor y Justicia es un órgano colegiado y sus determinaciones se toman por unanimidad o mayoría de votos, y se encuentra integrado por:

I. Un Presidente.II. Un Vicepresidente.III. Un Secretario de Acuerdos.

Artículo 74.- Los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos cada uno de sus miembros para el periodo inmediato posterior si así se determina en la Asamblea convocada para tal efecto. Para poder ser miembro de la Comisión de Honor y Justicia se requiere no tener algún otro cargo directivo dentro del partido, ni tener algún cargo dentro del Gobierno Federal, Estatal o Municipal.

Artículo 75.- Son atribuciones de la Comisión de Honor y Justicia:

I. Administrar justicia en el partido con base en lo que establecen los presentes Estatutos y resolver las controversias que se susciten entre los miembros de Encuentro Social.

II. Recibir del Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas los expedientes de quejas o denuncias, dar trámite al procedimiento y emitir las resoluciones que en derecho corresponda, en los términos del presente Estatuto.

III. Iniciar el procedimiento correspondiente, debiendo respetar la garantía de audiencia y el derecho de defensa a los probables responsables, notificándolos personalmente de la queja o denuncia instaurada en su contra, concediéndoles el término de nueve días para dar contestación a la misma, para los efectos de que manifieste lo que a su derecho convenga, oponga excepciones y defensas y ofrezca las pruebas que estime pertinente; una vez transcurrido dicho término, se abrirá el periodo de quince días hábiles para desahogo de las pruebas previamente admitidas, y una vez desahogadas, en el término máximo de quince días, se dictará la resolución correspondiente. Todo lo no previsto para este procedimiento se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.

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ANEXO 8

IV. Dictar la resolución que conforme a los Estatutos proceda, en la que se absuelva o se apliquen las sanciones que la norma determine.

V. Emitir lineamientos y criterios generales de carácter legal, que coadyuven a una buena marcha en la administración de justicia entre los miembros del partido.

VI. Conocer y resolver en forma definitiva de las inconformidades en los procesos electorales para la elección de dirigentes y órganos de gobierno.

VII. Conocer y resolver en forma definitiva, las inconformidades, en los procesos internos para la elección a cargos de elección popular.

VIII. Ejecutar las resoluciones que hayan causado ejecutoria.

IX. Las demás que determinen los presentes Estatutos.

Artículo 76.- Son atribuciones del Presidente de la Comisión de Honor y Justicia.I. Recibir del El Comité Nacional de Vigilancia; Transparencia y Rendición de Cuentas los expedientes de quejas o denuncias que se pongan a su consideración.

II. Conocer del asunto y resolverlo en los términos de la presente norma estatutaria.

III. Ordenar el inicio del procedimiento correspondiente, para su substanciación en todas y cada una de sus partes.

IV. Presidir las sesiones que celebre la Comisión.

V. Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias de la comisión.

VI. Dirigir los debates y establecer las reglas elementales para conservar el orden durante las sesiones.

VII. Autorizar junto con el Secretario de Acuerdos, las actas de las sesiones, haciendo constar en ellas las deliberaciones de la Comisión y los acuerdos que este dicte; y,

VIII. Las demás que le confieran los Estatutos.

Artículo 77.- Son atribuciones del Vicepresidente de la Comisión de Honor y Justicia:

I. Suplir al Presidente en sus ausencias temporales.

II. Coadyuvar con el Presidente, para que los procedimientos se substancien conforme a derecho, bajo los principios de justicia, imparcialidad, honestidad, equidad y legalidad.

III. Participar en los debates en los que sesione la Comisión de Honor y Justicia, contando con voz y voto.

IV. Organizar el Archivo de los expedientes que se formen con motivo de los procedimientos correspondientes.

V. Realizar estudios, formular y ejecutar lineamientos para mejor proveer en la tramitación de los asuntos, competencia de la Comisión.

VI. Las demás que le confieran los presentes Estatutos.

Artículo 78.- Son atribuciones del Secretario de Acuerdos de la Comisión de Honor y Justicia:

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ANEXO 8

I. Realizar los emplazamientos y notificaciones personales para iniciar los procedimientos que con motivo de quejas y/o denuncias se abran.

II. Autorizar los despachos, actas, diligencias, proveídos y toda clase de resoluciones que se expidan, asienten, practiquen o se dicten por el Pleno de la Comisión.

III. Celebrar en forma conjunta con el Presidente de la Comisión la audiencia de desahogo de pruebas.

IV. Asentar en los expedientes, las certificaciones que procedan conforme al procedimiento o lo que determine el Presidente del Pleno.

V. Expedir copias autorizadas que deban darse a las partes, en virtud del acuerdo que expida el propio Secretario.

VI. Cuidar que los expedientes sean debidamente foliados al agregarse cada una de las hojas, sellando las actuaciones, oficios y demás documentos que lo requieran rubricando aquellas en el centro del escrito.

VII. Guardar en el secreto de la Comisión los pliegos, escrito o documentos y valores cuando así se determine.

VIII. Tener a su cargo, bajo su responsabilidad y debidamente autorizados para su uso, los libros de control de la Comisión.

IX. Conservar en su poder el sello de la Comisión; y,

XI. Las demás que le confieran los Estatuto.

CAPÍTULO IIIDE LA DISCIPLINA Artículo 79.- Los miembros del partido, serán responsables de las acciones u omisiones que impliquen violación a los presentes Estatutos.

Artículo 80.- Toda inobservancia o contravención a la norma estatutaria del partido, a los acuerdos emanados de la Asamblea Nacional o de sus diferentes órganos de gobierno, serán motivo de sanciones.

Artículo 81.- Las sanciones aplicables serán:

I. Amonestación.II. Suspensión temporal de derechos.III. Expulsión.

Artículo 82.- Son causas de amonestación:

I. Las faltas reiteradas de asistencia a las asambleas o reuniones políticas que convoque el partido.II. Por negligencia o abandono en el desempeño de actividades del partido y comisiones conferidas.

Artículo 83.- La amonestación se impondrá por el Comité en que esté inscrito el miembro que incurra en las faltas que al ameriten.

Artículo 84.- Son causas de suspensión de derechos:

I. La imposición de tres amonestaciones en un año.II. Calumniar o difamar a los miembros del partido en el desempeño de sus funciones.III. Cometer actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos en contra de sus militantes del partido.

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ANEXO 8

IV. Por negativa a desempeñar, sin causa justificada, las comisiones que confieran los órganos del partido.V. Por indisciplina importante a las determinaciones de las convenciones y demás órganos del partido. VI. Por incumplimiento reiterado en el pago de las cuotas.

Artículo 85.- Son causas de expulsión:

I. Hacer labor de desorientación y división entre los miembros del partido, atentando contra la unidad ideológica, programática y organizativa del mismo.II. Sostener y propagar principios contrarios a los consagrados en los Documentos Básicos del partido.III. Usurpar funciones en la actividad del partido.IV. Realizar acciones políticas contrarias a los postulados de los Documentos Básicos del partido o a los lineamientos específicos de los órganos del mismo.V. Espionaje en contra del partido. VI. Realizar actos que tiendan a desprestigiar las candidaturas sostenidas por el partido u obstaculizar las campañas respectivas.VII. Proceder con indisciplina grave con relación a las determinaciones de las Convenciones y de la Asamblea Nacional.VIII. Ataques al decoro y prestigio del partido.IX. Cometer robo, fraude, malversación de fondos o abuso de confianza, en el manejo del tesoro del partido, igual sanción se le aplicarán a los copartícipes. X. Incurrir en faltas de probidad o delitos, en el ejercicio de las funciones públicas que se tengan encomendadas. Artículo 86.- Los integrantes del partido sujetos a un proceso penal, sea del orden común o federal, derivados de delitos intencionales cometidos en el ejercicio o con motivo de las funciones públicas que tengan encomendadas, quedarán inhabilitados para el ejercicio de sus derechos, hasta en tanto se determine su situación jurídica.

Artículo 87.- En el caso de que se considere que un miembro militante o dirigente del partido, ha incurrido en hechos que constituyen causales de suspensión de derechos o de expulsión, los órganos directivos deberán hacer la denuncia correspondiente con los elementos de prueba que tenga a su alcance al Comité Nacional de Vigilancia; Transparencia y Rendición de Cuentas.

Artículo 88.- Recibida la queja o denuncia, el Comité Nacional de Vigilancia; Transparencia y Rendición de Cuentas, en fase de investigación practicará las diligencias que estime pertinentes, en los términos del presente estatuto y existiendo suficientes elementos, que hagan probable la comisión de la infracción que se investiga, turnara el expediente a la Comisión de Honor y Justicia para el desahogo del procedimiento respectivo, concediendo el derecho de audiencia y dando oportunidad a las partes de aportar sus pruebas respectiva pudiendo determinar el no ejercicio de la acción en caso de que no existan elementos suficientes como para turnar el expediente a La Comisión de Honor y Justicia.

Artículo 89.- El miembro del partido que haya sido sancionado, podrá interponer recurso de revocación dentro del término de tres días siguientes a la notificación de la resolución que emita la Comisión de Honor y Justicia, debiendo expresar al momento de la interposición del recurso los agravios respectivos. Lo deberá interponer ante la Propia Comisión de Honor y Justicia. Este en una sola reunión que efectúe y previa recepción y valoración de las pruebas y alegatos que rinda por escrito el inculpado, dictara resolución inapelable, cuya resolución será remitida al Comité Nacional de Vigilancia; Transparencia y Rendición de Cuentas para su ejecución.

TITULO QUINTODE LA ELECCION DE LOS DIRIGENTES DEL PARTIDO

CAPÍTULO IDISPOSICIONES GENERALES

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ANEXO 8

Artículo 90.- El proceso de elección de dirigentes tiene como objetivos:

I. Reconocer la militancia, trayectoria, representatividad, capacidad personal, dignidad, integridad, honestidad, lealtad, trabajo de base y arraigo social, como medios efectivos para consolidar la carrera política personal dentro del Partido.II. Reconocer a los cuadros del Partido su convicción ideológica y su esfuerzo en la acreditación de cursos de capacitación política y desarrollo de competencias impartido por el órgano correspondiente, requisitos indispensables para acceder a posiciones de dirigencia.III. El desarrollo político y la contribución a la unidad interna del Partido, asegurando la conformación de una dirigencia plenamente identificada con los valores, principios y aspiraciones de Encuentro Social.IV. El establecimiento de mecanismos y procedimientos democráticos internos, que garanticen la participación de la militancia en el Partido como vía idónea para fortalecerlo.

Artículo 91.- Para ser dirigente del Partido se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser militante de convicción, de comprobada disciplina y lealtad al Partido. II. No haber sido dirigente, ni miembro prominente de otra organización política o partidaria, cuyos principios estén en oposición a los de Encuentro Social, ni haberse significado por su antagonismo al Partido.III. Tener y comprobar arraigo social en la jurisdicción en la que se celebre el proceso interno, por lo menos tres años, excepto cuando se hubiera desempeñado una comisión del Partido.IV. No haber ocupado interinamente el cargo al que se aspira, en el año inmediato anterior al proceso.V. Acreditar como mínimo una militancia en el Partido de:

a) Cinco años para los dirigentes de los órganos de gobierno y directivos nacionales.b) Tres años para los dirigentes de los órganos de gobierno y directivos Estatales o del Distrito Federal.c) Tres años para los dirigentes de los órganos de gobierno y directivos distritales y/o municipales.

VI. Estar al corriente en el pago de sus cuotas al Partido.VII. Participar y ser electo con apego a lo estipulado en los presentes Estatutos y en la convocatoria emitida para ese efecto, por los Órganos de gobierno o directivos competentes.

Artículo 92.- Se elegirá mediante voto directo de los delegados del Congreso Nacional:

I. Al Comité Directivo Nacional.II. A la Comisión Política Nacional.III. Al Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas.IV. A la Comisión de Honor y Justicia.V. A la Comisión Nacional Electoral.VI. A los Comités Directivos Estatales o del Distrito Federal.

Artículo 93.- La elección de dirigentes será coordinada por la Comisión Nacional Electoral en los términos que ordenan las disposiciones correspondientes a los presentes estatutos y en los reglamentos aprobados para el efecto.

Artículo 94.- La elección de los órganos de Gobierno y directivos a los que se refiere el articulo ___ se verificará en los tiempos establecidos en los presentes estatutos, previa convocatoria formulada por la Comisión Nacional Electoral y en la que se deberá contener cuando menos:

I. La forma, los tiempos y el lugar en los cuales se inscribirán y registrarán las planillas aspirantes ante la Comisión Nacional Electoral.II. La forma, los tiempos y el lugar donde se realizara el Congreso Nacional electivo.III. Los requisitos que deberá cumplir la planilla, entre los que incluirá los nombres del candidato para Presidente, Secretario General y demás órganos directivos y de gobierno previstos en los presentes estatutos. IV. La forma en que se llevara a cabo la elección, cuidando la plena diferenciación de las planillas registradas.

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ANEXO 8

V. La forma en que se nombraran el Presidente, el Secretario y los Escrutadores del Congreso Nacional electivo.VI. La forma en que se otorgará constancia de mayoría a la planilla triunfadora, en la cual indicara claramente el periodo para el que fue electo.VII. La forma de la toma de protesta a los cargos directivos y de gobierno.VIII. La forma en que se llevará a cabo la transición de una dirigencia a otra.IX. Los medios y las instancias partidistas de impugnación de la elección.

CAPÍTULO IIDE LA ELECCION DEL CONGRESO NACIONAL

Articulo 95.- La elección del Congreso Nacional máximo órgano de gobierno del Partido se realizara cada seis años. Dicho Congreso estará integrado por dos delegados electos en las asambleas distritales convocadas para el efecto por la Comisión Nacional Electoral y bajo la supervisión de las autoridades electorales federales, y en términos del reglamento aprobado para el efecto.

El quórum mínimo requerido para que la asamblea distrital sea legal y puedan nombrarse delegados electos al Congreso Nacional, no podrá ser menor al requerido por la legislación electoral federal vigente para la conformación de partidos.

Artículo 96.- La Comisión Nacional Electoral convocará a elecciones del Congreso Nacional por lo menos seis meses antes de la fecha de su renovación. Dicha convocatoria se publicara en los diarios de mayor circulación en el país fijándose en ella cuando menos el día de instalación del Congreso, la fecha límite para la realización de asambleas distritales y los procedimientos que correspondan para las mismas, establecidas en los reglamentos internos y en la normatividad y legislación de las autoridades electorales federales.

CAPÍTULO IIIDE LA ELECCION DEL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL

Articulo 97.- El Comité Directivo Nacional se renovará cada tres años. Los delegados electos al Congreso Nacional serán los responsables del nombramiento del Comité, de conformidad con el reglamento expedido para el efecto, conforme a la legislación federal electoral vigente y a la convocatoria emitida por el Comité Nacional de Elecciones, la que deberá ser emitida cuando menos dos meses anteriores a su realización.

CAPÍTULO IVDE LA ELECCION DE LA COMISION POLITICA NACIONAL; EL COMITÉ NACIONAL DE VIGILANCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS; DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA; Y, DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL

Artículo 98. La elección de la Comisión Política Nacional, del Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas, de la Comisión de Honor y Justicia y del Comisión Nacional Electoral se celebrará cada tres años en los mismos términos y bajo los mismos criterios que los que rigen para la elección de los órganos directivos del Partido contenidos en los presentes estatutos, en los reglamentos aprobados para el efecto y en la legislación electoral vigente. Necesariamente la elección de estos órganos de gobierno se realizará el mismo día y lugar en que se efectué la del Comité Directivo Nacional por el Congreso Nacional.

CAPÍTULO V DE LA ELECCIÓN DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES Y DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 99. La elección de los Comités Directivos Estatales o del Distrito Federal, se efectuará cada tres años, previa convocatoria formulada por la Comisión Nacional Electoral. Dicha elección se verificará en los mismos tiempos y bajo los criterios que la de los órganos de gobierno y directivos nacionales siendo la Congreso Nacional la responsable de su designación.

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ANEXO 8

CAPÍTULO VIDE LA ELECCIÓN DE LOS COMITÉS DISTRITALES Y MUNICIPALES

Articulo 100. La elección de los Comités Distritales y/o de los Comités Municipales o Delegacionales se efectuará cada tres años. Será organizada de manera conjunta por el Comité Directivo Nacional y el Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal correspondiente. Será el Comité Directivo Estatal integrado por los dos delegados electos de cada distrito el responsable de elegir dichos Comités

CAPÍTULO VIIPROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN CASOS DE AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DIRECTIVOS Y DE GOBIERNO

Articulo 101.- La ausencia temporal o definitiva del Presidente será suplida por el Secretario General. Los permisos para ausentarse serán solicitados a la Comisión Política Nacional y no podrán exceder mas de seis meses hasta en dos ocasiones durante un periodo de gestión. Si este fuere el caso, se considerará ausencia definitiva y el periodo será cubierto por el Secretario General. En el caso de renuncia, la Comisión Política Nacional nombrará al Secretario General para completar el periodo.

Articulo 102.- En el caso de la ausencia temporal o definitiva del Secretario General, este cargo será asumido por el Secretario General Adjunto de Organización y Elecciones. Si la ausencia fuera temporal, en su solicitud ante la Comisión Política Nacional deberá necesariamente exponer el tiempo de su ausencia. Terminado el plazo que no podrá exceder de seis meses, solo tendrá derecho a una solicitud más. A partir de esta será considerado ausencia definitiva y la Comisión Política Nacional nombrará al Secretario General Adjunto de Organización y Elecciones para terminar el periodo. En el caso de renuncia, la Comisión Política Nacional elegirá a uno nuevo para concluir el periodo establecido.

Articulo 103.- Ante la ausencia del Presidente y del Secretario General, el Secretario de la Comisión Política Nacional asumirá esas funciones no pudiendo exceder su gestión mas de seis meses. Si este fuera el caso, deberá convocar al Congreso Nacional para una nueva elección de la dirigencia.

Articulo 104. Las ausencias de los miembros del Comité Directivo Nacional serán suplidas por la designación del Presidente en acuerdo con el Secretario General.

Articulo 105. Las ausencias temporales o definitivas de los miembros de todos los demás órganos directivos y de gobierno del Partido serán suplidos a propuesta del Presidente y del Secretario General y con la ratificación que de ellos haga la Comisión Política Nacional

Articulo 106. Los nombramientos de los órganos de gobierno y directivos sólo podrán ser revocados mediante procedimiento ante la Comisión de Honor y Justicia por infracción a los presentes estatutos y cualquier normatividad que rija al Partido. Para tal efecto, dicha Comisión expedirá el reglamento y procedimientos correspondientes, mismos que deberán ser aprobados por la Comisión Política Nacional.

Articulo 107. No podrán tener cargos en el Comité Directivo Nacional y/o estatal funcionarios públicos de primer y segundo nivel, Todos los cuadros y dirigentes podrán ser miembros de los órganos de gobierno no existiendo incompatibilidad por cargos públicos. Sobre el tema, la Comisión de Honor y Justicia expedirá el respectivo reglamento que deberá ser aprobado por la Comisión Política.

Articulo 108. Todos los casos especiales no previstos en los presentes Estatutos respecto a la renovación de órganos directivos y de gobierno serán resueltos por el Comité Directivo respectivo y aprobados por la Comisión Política Procedimientos, normatividades nacionales y estatales, regulaciones, deberán ser motivo de la creación de reglamentos especiales.

TITULO SEXTODE LA ELECCION DE LOS CANDIDATOS DEL PARTIDOA PUESTOS DE ELECCION POPULAR

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ANEXO 8

CAPÍTULO IDISPOSICIONES GENERALES

Artículo 109. El proceso interno para postular candidatos a cargos de elección popular, cuando la agrupación celebre acuerdos de participación con alguno de los partidos legalmente constituidos, los criterios de selección los determinará el Comité Ejecutivo Nacional, cuando se trate de elecciones federales y los Comités Ejecutivos Estatales o del Distrito Federal cuando se trate de elecciones locales y visto bueno del órgano nacional de gobierno. Artículo 110. Las protestas que se originen durante el proceso electoral, se presentarán por escrito al Presidente de casilla y se le dará la aclaración y respuesta que corresponda en la misma forma y en el acto.

Artículo 111. Para el caso de que se impugne la totalidad del proceso electoral, los quejosos interpondrán el recurso de revisión ante la Comisión Electoral correspondiente, la cual la admitirá de plano y remitirá para su investigación al Comité Nacional de Vigilancia, la cual practicará las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, y una vez integrada, la remitirá a la Comisión de Honor y Justicia para su resolución definitiva.

CAPÍTULO IIDE LAS OBLIGACIONES DE LOS CANDIDATOS

Artículo 112 Los candidatos de Encuentro Social deberán realizar campañas electorales intensas con base en los principios rectores que rige el objeto del partido contenidos en los presentes estatutos; además, estarán obligados a sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen.

Artículo 113. Para el caso, que los candidatos no cumplan con lo dispuesto en el artículo anterior, el Comité Directivo Nacional podrá disponer la cancelación de su registro ante las autoridades Electorales competentes, en los términos de la legislación aplicable, lo anterior, independientemente de las responsabilidades estatutarias en que hubiera incurrido y las sanciones que le corresponda.

TITULO VIIDEL PATRIMONIO DEL PARTIDO

CAPÍTULO IDE LAS CUOTAS DE LOS MIEMBROS

Artículo 114. El patrimonio del Partido, lo constituyen los bienes siguientes:

I. Las cuotas voluntarias de sus miembros.II. Las cuotas extraordinarias que aporten quienes a propuesta del Partido, ocupen un cargo de elección popular, las cuales serán determinadas por el órgano competente del partido;III. Las donaciones o legados a favor del Partido.IV. Los bienes muebles o inmuebles que se adquieren bajo cualquier título.V. Los ingresos que se reciban por financiamiento público, en términos de lo previsto por la ley electoral vigente.VI. Los ingresos que se reciban por cualquier otro concepto.

Artículo 115. Los ingresos que perciba el Partido, serán administrados por el Secretario de Finanzas; debiendo asimismo tener actualizada la relación de bienes muebles e inmuebles, propiedad del Partido, aún aquellos que se tengan en arrendamiento.

Artículo 116. Los fondos que ingresen del Partido se aplicarán y distribuirán de manera equitativa, entre las diversas estructuras y niveles orgánicos del Partido en términos que fije el presupuesto de egresos.

CAPÍTULO II

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ANEXO 8

DE LOS MUEBLES E INMUEBLES

Artículo 117. Los bienes muebles e inmuebles propiedad del Partido y que son propiedad del mismo, estarán bajo la custodia de quien se acuerde en su momento.

Artículo 118. En cada cambio de dirigencia, los dirigentes salientes, están obligados a entregar a los entrantes, todos los bienes del Partido que hayan recibido y adquirido durante su gestión, mediante inventario.

Artículo 119. El ------------------- tendrá facultades en términos de los Estatutos, podrá adquirir bienes muebles e inmuebles, siempre que implique el acrecentamiento del patrimonio social.

Artículo 120. Sólo a propuesta del --------------- podrán enajenarse o gravarse los bienes inmuebles pertenecientes al Partido.

TITULO OCTAVODE LA DISOLUCIÓN DEL PARTIDO

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 121.- Son causas de disolución del Partido:

a) Por no haber alcanzado la votación mínima requerida por la legislación electoral. En este caso se estará a lo dispuesto por la autoridad y por la misma legislación electoral respecto al patrimonio del Partido, nombrando una comisión al efecto y teniendo a un tercero como liquidador de dicho patrimonio. b) Por fusión con otra organización política, de acuerdo a la legislación electoral aplicable y por voluntad de las dos terceras partes del Congreso Nacional debidamente acreditados en sesión extraordinaria.

c) Por resolución de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Los presentes estatutos serán de cumplimiento obligatorio para todos los simpatizantes, militantes y dirigentes una vez aprobados por la Asamblea Nacional Constitutiva de la organización y que sean sancionados de legalidad por la autoridad electoral; los que entrarán en vigor una vez que surta efectos el registro como Partido Político Nacional.

SEGUNDO. El régimen transitorio establecido como requisito en el “Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un partido político nacional así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin” en el CAPÍTULO X, Del Contenido de los Documentos Básicos, numeral 52 inciso j y aprobado en la Asamblea Nacional Constitutiva quedará integrado de la siguiente manera:1. La representación legal del Partido Político la conserva los actuales apoderados de Encuentro Social, APN.2. Los actuales dirigentes nacionales y estatales de Encuentro Social, APN se mantendrán en sus cargos hasta el último día de julio del año dos mil catorce, fecha en que se convocará a un Congreso Nacional en el que se elijan por primera vez, todos los órganos de gobierno y directivos establecidos en los presentes estatutos. Por consiguiente es su obligación continuar con los trabajos territoriales para el fortalecimiento de Encuentro Social en su demarcación. 3. La Asamblea Nacional Constitutiva elegirá tres comisiones encargadas de las siguientes funciones:A) Comisión de Modificaciones de los Documentos Básicos.- Esta Comisión tendrá como objeto que la Asamblea Nacional cuente con el instrumento necesario para solventar cuestiones relativas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley electoral y por el propio Instituto Federal Electoral, otorgándole poder especifico para efectos de que en nombre y representación de la Asamblea Nacional Constitutiva pueda realizar las modificaciones y ajustes que resulten necesarios a los documentos básicos del partido, sin modificar la esencia de los mismos y procurando en todo momento los requisitos mínimos de democracia y

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ANEXO 8

legalidad en todo lo que beneficie a los intereses del partido. Teniendo incluso la facultad de convocar a la Asamblea Nacional Constitutiva para ratificar las modificaciones requeridas por la autoridad electoral.

B) Comisión de Revisión de los Documentos Básicos.- Esta Comisión atenderá todas las observaciones y propuestas de modificación hechas por los delegados a la Asamblea Nacional Constitutiva. Presentará un proyecto, si fuere el caso, en el I Congreso Nacional para su aprobación. Dichos cambios necesariamente tendrán que realizarse dentro del periodo del primero de agosto y hasta antes del treinta y uno de octubre del año dos mil catorce.

C) Comisión para la convocatoria del l Congreso Nacional.- Dicha Comisión tendrá a su cargo realizar la convocatoria de las personas que resultaron delegados distritales a la asamblea nacional constitutiva, para participar como delegados al I Congreso Nacional del Partido. Esta convocatoria cuando menos contendrá la fecha, el lugar y deberá seguir todos los procedimientos estatutarios para la elección de los dirigentes y órganos de gobierno del Partido.

Cada comisión estará integrada por 5 miembros, y en su caso, tomara sus decisiones por mayoría de votos.

TERCERO. Los delegados propietarios y suplentes electos en las asambleas distritales realizadas para la conformación del Partido Encuentro Social, como partido político nacional, integrarán por única ocasión el máximo órgano de representación partidista que es el Congreso Nacional, acorde con las disposiciones de los presentes estatutos y durarán en su cargo seis años. En el caso de ausencia de ambos el Comité Directivo Nacional resolverá lo conducente. CUARTO. En la primera elección de los dirigentes de los órganos de dirección y de gobierno del Partido Encuentro Social no será requisito acreditar un tiempo mínimo de militancia, como se establece en los presentes Estatutos. Dicho requisito entrará en vigor una vez cumplidos los primeros tres años de vida de la institución, en el caso del Presidente y del Secretario General hasta los cinco años.

QUINTO. Todos los casos no previstos en los presentes artículos transitorios serán resueltos por el Comité Ejecutivo Nacional de Encuentro Social, APN, en tanto se extingue su personalidad jurídica. Una vez sucedido esto, será resuelto por las Comisiones nombradas por la Asamblea Nacional Constitutiva en materia de sus respectivas funciones, en tanto se eligen a los órganos directivos y de gobierno del Partido Político Nacional.

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