VIOLENCIA Y POPULISMO PUNITIVO EN EL TRIÁNGULO NORTE DE AMÉRICA CENTRAL

Alberto Martín Álvarez Centro Universitario de Investigaciones Sociales

Universidad de Colima

Verónica de la Torre Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Universidad de Colima

Paper presentado en el 21st IPSA World Congress Santiago de Chile12-16 julio 2009

Documento en preparación. Por favor no citar sin permiso de los autores

RESUMEN El artículo plantea que la experiencia cotidiana de elevados niveles de violencia y criminalidad en lo países del denominado Triángulo Norte de América Central - integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras – en presencia de aparatos estatales incapaces de hacer valer el estado de derecho y en un entorno caracterizado por una inseguridad económica y social muy extendidas, están produciendo una ansiedad creciente en la población ante la falta de seguridad y concitando el apoyo de ésta en torno de medidas autoritarias para combatir el crimen. La respuesta de los gobiernos de la región ante el auge de la criminalidad y la demanda ciudadana de seguridad ha sido la puesta en marcha de políticas de “mano dura” contra el crimen, y el recurso al “populismo punitivo” como estrategia para capitalizar electoralmente la extendida preocupación por la inseguridad.

1

INTRODUCCIÓN A lo largo de la última década, la experiencia de altos niveles de delito se ha convertido en un hecho cotidiano para los habitantes de las naciones del Triángulo Norte de América Central, - integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras -. El incremento de la violencia y el crimen se produce en un entorno caracterizado por la incapacidad de los estados para ofrecer una respuesta adecuada ante la demanda ciudadana de seguridad. Pese a los progresos realizados, las reformas a los cuerpos de policía y a los sistemas de justicia en la región no han conseguido erradicar un conjunto de prácticas y vicios de nepotismo, corrupción y politización heredados del período autoritario. A ello hay que añadir la capacidad de presión sobre el aparato de justicia criminal que continúan teniendo redes de poder vinculadas a las elites económicas y militares en los tres países. Como resultado de todo ello, la ineficacia en la persecución de los delitos y la impunidad continúan caracterizando al funcionamiento del estado de derecho en la región. El auge de la violencia y el crimen y la incapacidad de los estados para ofrecer respuestas eficaces, han generado una falta de confianza en las instituciones y en las personas y como consecuencia de ello una ansiedad ciudadana ante la falta de seguridad. Todo esto se desarrolla en un medio caracterizado por una persistente inseguridad económica y social que contribuyen a reforzar el efecto producido por la violencia y las fallas del estado de derecho en los niveles de confianza inter – personal y en las instituciones. La ansiedad pública ante la falta de seguridad y la incapacidad de los estados para hacerle frente, han generado una serie de respuestas de parte de la ciudadanía de la región de entre las que este artículo destaca el apoyo a medidas de justicia expresiva, representadas por las políticas de “mano dura” contra el crimen. La extendida percepción de inseguridad ha sido también responsable de la politización de ésta y ha abierto la puerta al aprovechamiento político del miedo al crimen y al uso del populismo punitivo como estrategia para generar consenso en torno de las medidas de justicia expresiva adoptadas, y para capitalizar electoralmente la ansiedad de la población.

Desde un punto de vista teórico el artículo pretende realizar una contribución al análisis de los efectos de los procesos de modernización política y económica en las políticas de control del delito, inspirándose en los trabajos de autores como David Garland (1996; 2000; 2005) y Tim Newburn (2001). Sin embargo, mientras dichos trabajos toman como referencia a algunas de las sociedades de capitalismo más avanzado (Estados Unidos y el Reino Unido), este artículo explora cuáles han sido las repercusiones de esos procesos en sociedades periféricas, tratando de entender en qué medida las especificidades propias de esas sociedades producen efectos diferenciados en la experiencia ciudadana del delito, y en las políticas puestas en marcha por los estados para controlarlo. De otra parte este trabajo pretende analizar desde una perspectiva crítica la creciente importancia social y política del miedo al crimen en Centroamérica, tratando de poner de manifiesto el origen múltiple de las causas de la inseguridad ciudadana en la región. Junto a todo ello, el artículo introduce una reflexión acerca de las consecuencias en la esfera política de la existencia de un miedo generalizado al delito entre la población centroamericana, a través del examen de las medidas de mano dura contra la violencia juvenil implementadas en la región.

Este trabajo constituye solamente un estudio exploratorio acerca de una problemática amplia y compleja, y tiene como finalidad estimular la reflexión académica

2

e introducir nuevos elementos de discusión sobre la cuestión de la inseguridad en América Central. Por ello, algunas dimensiones relevantes del problema quedarán aquí meramente esbozadas. De la misma forma, las conclusiones que se extraen de este trabajo sólo pueden asumirse como tentativas, y deben considerarse solamente como una guía para el desarrollo posterior de esta investigación.

LA EXPERIENCIA DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO COMO HECHOS COTIDIANOS

Desde mediados de la década de los noventa las tres naciones del denominado Triángulo Norte de América Central han experimentado un crecimiento casi continuado de diversas expresiones de violencia y delincuencia. Homicidios, pandillerismo, crimen organizado o limpieza social se han convertido en hechos cotidianos al interior de las sociedades de la región1. En este período las naciones del área se encontraron entre los países con mayores tasas de homicidios en el mundo. En el caso de Guatemala, las cifras de este delito crecieron de manera casi constante desde finales de los años noventa, mientras que en El Salvador se produjeron altibajos en dichas cifras a finales de dicha década para, de nuevo, aumentar fuertemente a partir de 2003 (Tablas 1 y 2) convirtiéndose en el país con mayores tasas de homicidio en la región.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1995 1999 2001 2003 2005 2007

Gráfico 1. El Salvador, Guatemala y Honduras. Número de homicidios 1995-2007

El Salvador

Guatemala

Honduras

1 Es importcriminalidadfiables. Porhabitualmenfrecuente in

Fuente: Elaboración propia con datos de OCAVI (2007), UNODC (2007),

ante hacer notar que tratar de cuantificar el crecimiento de dichas expresiones de violencia y en la región en la última década y media es una tarea compleja por la falta de estadísticas

ello se ha optado aquí por reducir el análisis a los delitos de homicidio. Este es un delito te bien registrado y permite la comparación a través de diferentes países, si bien en la región es cluso encontrar cifras muy dispares dependiendo de las fuentes.

3

En el caso de Honduras, y debido a la casi inexistencia de series de datos fiables, es difícil hacer afirmaciones categóricas, si bien varias fuentes coinciden en afirmar la misma tendencia que en el caso guatemalteco (UNODC 2007).

0

10

20

30

40

50

60

1999 2001 2003 2005 2007

Gráfico 2. El Salvador, Guatemala y Honduras.

Homicidios por cada 100.000 habitantes

El Salvador

Guatemala

Honduras

Elaboración propia a partir de datos de OCAVI (2007), UNODC (2007) y Aguilar (2006). Los niveles de victimización de la población de la región respecto de otro tipo de delitos también son elevados. En 2006, el 16 por ciento de la población salvadoreña, el 19.2 por ciento de la hondureña y el 19 por ciento de la guatemalteca habían sido víctimas de algún tipo de delito a lo largo del último año, especialmente de diversas formas de robos. Ahora bien, hay que hacer notar que en el contexto latinoamericano estos niveles de victimización pueden considerarse normales, y se encuentran por debajo de los de países como Perú (26.2 por ciento) o Chile (23.1 por ciento), (Córdova et al. 2007).

De otra parte, desde los primeros años noventa las pandillas juveniles o maras Salvatrucha y Barrio 18 han adquirido presencia en las principales ciudades de la región, ganando paralelamente notoriedad pública debido al sentimiento de inseguridad que provocan entre la población. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC -, en 2006 había 60.500 pandilleros en los tres países objeto de estudio, siendo con mucho los más afectados por este fenómeno en toda América Central (UNODC 2007). Los integrantes de pandillas se han convertido en el arquetipo del delincuente para los gobiernos, agencias policiales, medios de comunicación y opiniones públicas. Como demuestran diversos estudios (Cruz y Santacruz 2004; Cruz 2006) la

4

presencia de las pandillas ha sido responsable de un incremento en la percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía de estos países.

Sin embargo, no está claro en qué medida las bandas juveniles son verdaderamente responsables del aumento de algunos tipos de delitos, y en concreto de los homicidios. En 2005, tan sólo el 13.4 por ciento de los homicidios (FESPAD 2006) y el 20 por ciento del total de los delitos (Aguilar 2006) cometidos en El Salvador podían ser adjudicados con completa seguridad a pandilleros. En el caso de Guatemala, las pandillas serían responsables de un porcentaje muy similar de los homicidios cometidos (UNODC 2007). Según esta misma fuente, el porcentaje en Honduras podría ser incluso bastante menor. Según demuestran encuestas de victimización realizadas en El Salvador (Cruz y Santacruz 2004) menos del 5 por ciento de la población había sido víctima de alguna acción ejecutada por maras o pandillas en 2004. Pese a ello, casi la mitad de las personas encuestadas en ese mismo estudio consideró a las pandillas como el problema de seguridad que había que atender más urgentemente. Según datos de la misma investigación, el 91 por ciento de los encuestados afirmó que el problema de las pandillas era muy grande a nivel nacional, pero sólo el 21 por ciento consideró que fueran un problema importante a nivel de su propio barrio. Si bien es cierto que con todo, casi la mitad de los salvadoreños en 2005 habían estado expuestos o habían presenciado un hecho de violencia o varios hechos criminales en su lugar de residencia, en realidad y como ese mismo estudio demuestra, la violencia más frecuente que presencian los ciudadanos de ese país son los conflictos entre ciudadanos comunes, no entre pandillas. Las mismas conclusiones parecen ser válidas para el caso de Honduras donde la incidencia de los homicidios es alta pero las pandillas no son necesariamente las principales responsables de los mismos. Si parecen por el contrario ser las principales responsables de otro tipo de delitos, y en concreto de los robos (Cruz 2006, 106). En 2006 tan sólo un 7.1 por ciento de la población afirmó que su barrio estaba muy afectado por la presencia de maras, y un 9.4 por ciento dijo que algo afectado (Cruz 2006, 105) Esto es, la gran mayoría de los hondureños no se sienten directamente afectados por las pandillas.

Junto a todo ello, cabe destacar la creciente importancia de la región centroamericana como territorio de tránsito del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos vía México. La fragmentación de los carteles de las drogas colombianos y la modificación de las rutas de transporte de estupefacientes en los primeros años noventa, convirtieron al Triángulo Norte de América Central en un punto estratégico para las redes de distribución de drogas bajo control fundamentalmente de los carteles mexicanos. La responsabilidad de las redes de tráfico de drogas en el incremento de los homicidios en la región parece evidente. Un dato significativo a este respecto lo aporta el hecho de que a nivel subnacional, y de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC 2007), los departamentos con mayores tasas de homicidio en la región se encuentran situados en rutas de tránsito internacional de drogas (La Libertad y Sonsonate en El Salvador, Escuintla, Petén e Izabal en Guatemala). Por lo que respecta a Guatemala, existen además indicios crecientes de penetración del crimen organizado en la vida política (Durán 2007, 1), específicamente por parte de los cada vez más poderosos carteles de drogas locales asociados a organizaciones mexicanas y colombianas. En el caso de El Salvador, y de acuerdo con los datos de distribución espacial de homicidios elaborados por Carcach (2008), se observa un fuerte cambio en la distribución geográfica

5

de estos delitos en el país entre los años 1995 y 2007 con una tendencia clara al aumento de los mismos en los municipios cercanos a las fronteras hondureña y guatemalteca, lo que refuerza la hipótesis de su vinculación con redes de crimen organizado. En el caso de Honduras, del total de homicidios cometidos en el año 2008, casi el 37% pueden ser atribuidos a sicarios, lo que evidencia su relación con el crimen organizado. Los departamentos hondureños de Cortés y Atlántida, situado el primero en la zona fronteriza con Guatemala y el segundo en la costa del Caribe, son los territorios con el mayor número de delitos de este tipo (IUDPAS 2009). El tráfico de drogas en la costa hondureña se relaciona también con otras formas de crimen organizado como el tráfico de armas y de animales exóticos.

Las tres naciones centroamericanas objeto de este estudio se encuentra por tanto, ante un incremento objetivo de determinados tipos de delitos - especialmente homicidios – y ante la extensión de determinadas formas de delincuencia juvenil y de crimen organizado. En buena medida debido a ello, la percepción de inseguridad se halla considerablemente extendida entre la población de la región, especialmente en El Salvador y Guatemala. En 2006 el 47.1 por ciento de la población salvadoreña y el 43.4 por ciento de la población guatemalteca se sentía poco o nada segura como producto de la prevalencia del crimen (Córdova y Cruz 2006, 121). Según las encuestas realizadas por la Corporación Latinobarómetro, en 2005 la delincuencia era ya el problema más importante percibido por la población guatemalteca, por encima de cuestiones tales como el desempleo, la inflación o los problemas políticos. Mientras que para los ciudadanos hondureños y salvadoreños el desempleo seguía siendo el problema principal, seguido de la delincuencia (Latinobarómetro 2005).

LAS FALLAS DEL ESTADO DE DERECHO

Frente a los desafíos planteados por la ola de criminalidad iniciada en los años noventa, las naciones del Triángulo del Norte han dado muestras de que pese a las reformas implementadas, especialmente en los casos de El Salvador y Guatemala a lo largo de la pasada década, el estado de derecho sigue siendo muy débil y ello en buena medida por las dificultades existentes para erradicar prácticas y procedimientos heredados del período autoritario. Por lo que respecta a Guatemala, durante la larga guerra civil sufrida por este país (1960 – 1996), el poder judicial y el aparato de seguridad estuvieron subordinados a los militares. Como afirma Sieder (2003, 65), a lo largo de todo ese período la resolución de disputas se realizaba frecuentemente a través de mecanismos extrajudiciales y recurriendo a elevados niveles de violencia. Snodgrass (2002, 644) resume la estrategia de los militares guatemaltecos frente a la administración de justicia en aquellos años afirmando que las Fuerzas Armadas mantuvieron a las autoridades civiles en un estado de “ineptitud institucional” lo que les permitió justificar la construcción de un sistema paralelo de justicia militar. Como consecuencia de todo ello, el poder judicial se encontraba totalmente deslegitimado frente a la población al término de la guerra. Precisamente uno de los objetivos de los Acuerdos de Paz de diciembre de 1996 que pusieron fin al conflicto armado fue la reforma del sistema de justicia criminal. En ese marco fueron introducidas reformas al Código Procesal Penal dirigidas a garantizar el

6

debido proceso y el respeto a los derechos humanos de los detenidos, y a mejorar el acceso a la justicia - especialmente de la población indígena -. Estas reformas contaron con un fuerte apoyo por parte de diversas instituciones financieras y de donantes internacionales entre 1996 y 2001. Sin embargo, los resultados efectivos de dichas reformas no han estado a la altura de las expectativas en términos de independencia de los jueces, funcionamiento del Ministerio Público y desaparición de poderes paralelos al sistema judicial. De acuerdo con Sieder (2003, 72-75), los principales problemas que afectan al sistema de justicia guatemalteco se relacionan con la deficiente preparación de los jueces, la persistencia de prácticas clientelistas, nepotismo en la selección de los mismos, la alta exposición de éstos y de fiscales y abogados a la corrupción y la intimidación, lo cual se ve facilitado por salarios y formación deficientes. Ello abre la puerta a la intervención de grupos de poder en la resolución de los procesos judiciales obstaculizando seriamente el funcionamiento del sistema. Igualmente relevante resulta la ineficacia del Ministerio Público en la resolución de las causas criminales, con índices extremadamente bajos de éxito en su desempeño. A ello se suman las fallas de coordinación entre este y el cuerpo de policía- la nueva Policía Nacional Civil creada en 1997 como producto de los Acuerdos de Paz - y la escasa capacidad de este último para realizar labores de investigación. Finalmente hay que señalar la existencia de vínculos probados de la policía con redes de tráfico de drogas. A modo de ejemplo cabe citar que en 2002 más del 80 por ciento del personal del departamento anti – narcóticos fue despedido bajo acusaciones de robar cocaína decomisada (Duran 2007, 3). La combinación de todos estos factores explica en buena medida la persistencia de la impunidad en Guatemala y la fuerte desconfianza de la población en el sistema de justicia. Explica también el apoyo de la ciudadanía a los discursos de mano dura contra el crimen y el recurso a medidas extrajudiciales como la “justicia por propia mano” cuya manifestación más extrema la constituyen los linchamientos a presuntos delincuentes a manos de la población (Snodgrass 2002).

En cuanto a El Salvador, las reformas al sistema de justicia se iniciaron durante la guerra civil que asoló a ese país entre 1980 y 1991. Con apoyo del gobierno de los Estados Unidos y como parte de las reformas implementadas en el marco del proyecto contra – insurgente, durante el conflicto se hicieron esfuerzos por incrementar las capacidades de investigación de la policía y de la administración judicial. Dichas reformas no tuvieron éxito en erradicar las enraizadas prácticas de corrupción, amiguismo y falta de independencia del poder judicial características del período autoritario debido a la escasa voluntad política y al bloqueo efectivo ejercido por las elites salvadoreñas (Call 2003, 849). Como consecuencia fundamentalmente de los Acuerdos de Paz de Chapultepec de enero 1992 que pusieron fin al conflicto armado, y de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad establecida para esclarecer las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra, se implementaron una serie de reformas en los sistemas judicial y de seguridad pública, incluyendo el establecimiento de una nueva y única fuerza de policía. Como resultado de ellas, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, máximo órgano judicial del país, se convirtió en un órgano más profesionalizado e integrado en base a un mayor pluralismo político. Sin embargo, la elección de los magistrados - una responsabilidad que recae en la Asamblea Legislativa -, se encuentra aún altamente politizada y abierta a componendas entre los partidos que cuentan con representación parlamentaria. También como producto de los acuerdos, se

7

modificó y modernizó el rol de la Fiscalía General de la República, otorgándole la responsabilidad en la investigación de delitos. Igualmente, y de acuerdo con Call (2003, 85), se promulgó un nuevo Código Procesal Penal en 1996 que contribuyó a modernizar el proceso penal. Sin embargo, según este mismo autor el entrenamiento y la financiación de las fiscalías continúan siendo deficientes. Igualmente, persisten los problemas relacionados con la formación de los profesionales de la abogacía y de su acreditación para ejercer la profesión. Según la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF 2007, 162), a mediados de la presente década una investigación reveló la existencia de cientos de títulos irregulares de abogados. El esclarecimiento de estos casos, que corrió a cargo de la Fiscalía General, no arrojó ningún resultado en términos de sanciones a los responsables de los hechos. La existencia de corrupción política, y la fuerte dependencia del poder judicial respecto del poder político en El Salvador, permiten que se elijan jueces y magistrados que se ven sometidos a las órdenes de funcionarios corruptos que persiguen el manejo de asuntos judiciales en base a intereses económicos o políticos. Este es probablemente uno de los problemas más graves de la justicia salvadoreña y uno de los que más daña la imagen pública del poder judicial. También cabe señalar el desgaste causado a dicha imagen por las acusaciones vertidas contra la judicatura por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional Civil (PNC), responsabilizando al poder judicial de ser el responsable de la ola de criminalidad y de falta de eficacia para condenar a los acusados presentados. Call (2003, 859) resume el estado del sistema judicial salvadoreño al afirmar que este continúa siendo débil, ineficiente, partidista y sujeto a corrupción. Respecto de Honduras, a mediados de la década de los ochenta y como consecuencia del desplazamiento de los militares de la titularidad del poder político, se emprendieron una serie de reformas al sistema judicial, entre ellas el impulso a la carrera judicial, la organización de un centro de formación para los jueces, la puesta en marcha de jurisdicciones especializadas en menores, en familia y en lo contencioso – administrativo, entre otras (DPLF y Banco Mundial 2008). Sin embargo, y como afirma Salomón (1996, 10) en esta primera fase de la transición a la democracia hondureña, - inserta en un contexto regional marcado por la crisis centroamericana y el papel jugado por Honduras como aliado estratégico de los Estados Unidos en la región -, los militares continuaron teniendo un fuerte peso en la definición del juego político. Hubo que esperar por ello a la finalización de los conflictos en Nicaragua y El Salvador para que Honduras comenzara a eliminar los obstáculos autoritarios al desarrollo de un régimen democrático. Fue entonces a partir de los primeros años noventa cuando se emprendieron reformas profundas en los aparatos de justicia y de seguridad. En 1993 y en el marco del Programa de Modernización del Estado implementado por la administración del presidente Rafael Callejas (1990 – 1994), se eliminó la Dirección Nacional de Investigación, una estructura policial bajo control militar acusada de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, siendo sustituida por una nueva estructura bajo control de la Fiscalía General de la República, también de nueva creación. Un año después, toda la estructura de policía, la denominada Fuerza de Seguridad Pública, pasó a depender de responsables civiles, transfiriendo sus competencias en 1998 a la nueva Policía Nacional. A mediados de los noventa se emprendió el Programa de Modernización de la Justicia con el objetivo del desarrollo de la infraestructura del sistema judicial y del fortalecimiento de la Defensa Pública y la Inspectoría de Tribunales (DPLF y Banco Mundial 2008, 30). Ya en la década del 2000 se introdujeron reformas constitucionales al Poder Judicial encaminadas

8

a lograr la despolitización de la Corte Suprema de Justicia y a otorgarle mayor estabilidad a este organismo. A todo ello se ha sumado un esfuerzo de modernización del ordenamiento jurídico a través de la promulgación de nuevas leyes y códigos entre los años 2002 y 2005. Pese a todo este esfuerzo de reformas, el sistema de justicia hondureño enfrenta problemas muy serios que continúan manteniendo al estado de derecho en una situación de debilidad. Entre dichos problemas destacan la falta de independencia del poder judicial, la incapacidad de los fiscales para asumir la dirección de las investigaciones y la falta de profesionalización de la policía. Los nombramientos para la Corte Suprema de Justicia continúan fuertemente politizados, lo que significa que el organismo judicial más importante de la nación sufre ingerencias graves de parte de los partidos políticos, menoscabando de esta forma su independencia, profesionalismo e imparcialidad y afectando gravemente su imagen de cara a la población. Persisten los casos de ingreso a la carrera judicial de forma fraudulenta, evadiendo los canales institucionales a través de influencias familiares o políticas, y en general se evidencia una fuerte discrecionalidad en el acceso y promoción al interior de la judicatura. Las limitaciones del Ministerio Público se han traducido en una deficiente persecución penal, en una carencia de protección a las víctimas de los delitos y en falta de sanción a los delincuentes (FDPL 2008, 137). Los funcionarios encargados de la investigación criminal adolecen frecuentemente de falta de profesionalidad y de escasez de medios, lo que repercute en la calidad de las acusaciones presentadas por los fiscales y, de forma más general, en la eficiencia del sistema de justicia penal lo cual se traduce en elevados niveles de impunidad.

LA PERSISTENCIA DE LA INSEGURIDAD ECÓNOMICA Y SOCIAL Como afirma el Programa de las Naciones para el Desarrollo en su informe sobre Honduras del año 2006 (PNUD 2006, 136), la sensación de seguridad de los individuos se basa en la confianza en las instituciones y en las personas. La violencia y la impunidad – producto a su vez esta última de las fallas del estado de derecho - erosionan esta confianza incrementando el sentimiento de inseguridad. De acuerdo con Bauman (2006, 26), los individuos necesitan seguridad, protección y certidumbre para pensar y actuar racionalmente. Seguridad entendida en términos de estabilidad del mundo en el que cada persona desarrolla su existencia. Protección en el sentido de confianza en que la propiedad y la propia persona no están amenazadas y certidumbre considerada como control de los individuos sobre su futuro. Estos elementos son las fuentes de la auto - confianza de los seres humanos según este autor y la ausencia de alguno de ellos produce, entre otras consecuencias, desconfianza en las intenciones de los otros, agresividad, aislamiento, y de forma general lo que este autor denomina una “desconfianza existencial”.

La presencia de una inseguridad social y económica extendida entre importantes sectores de la población del Triángulo Norte refuerza y retro - alimenta el efecto producido por la violencia y la impunidad. Esto es, si bien el miedo al crimen y la desconfianza inter - personal tienen su origen fundamentalmente en la violencia y en la ineficacia de las instituciones para ponerle límite, a estos temores se suman a nivel individual los procedentes de la incertidumbre derivada de una inseguridad social y económica producidas por la falta de expectativas laborales, de protección ante la

9

enfermedad, la vejez o el desempleo, o por la falta de redes sociales que apoyen al individuo en caso de necesidad2. La carencia de estos elementos afecta al control de los individuos sobre su futuro y a la confianza en la integridad de la propiedad y de la propia vida y, por tanto, a la auto - confianza de las personas, y a través de ésta, a la confianza en los demás, contribuyendo al aumento de la sensación de inseguridad. La falta de confianza inter-personal se manifiesta fundamentalmente en las áreas urbanas de la región (Azpuru et al. 2007; Córdova et al. 2007; Cruz et al. 2007), debido a que son los entornos con mayores niveles de crimen, a la existencia de una menor interrelación personal entre los individuos, y a la ausencia de redes sociales en las que los individuos puedan confiar en caso de dificultad. El crecimiento del número de población residente en las ciudades de la región ha sido manifiesto a lo largo de las ultimas dos décadas. Las guerras civiles en El Salvador y Guatemala, la crisis de la economía rural y las nuevas políticas económicas implementadas estimularon durante los años ochenta y noventa un fuerte proceso de urbanización, especialmente notable en el caso de Honduras y El Salvador. De acuerdo con datos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO 2005, 32), entre 1980 y 2005 el porcentaje de población urbana en El Salvador pasó del 44.1 al 57.8 por ciento, en Honduras creció desde el 35 al 52.1 por ciento y en Guatemala desde el 37.2 al 39.9 por ciento. Estos mismos factores fueron responsables de la variación de los patrones de desplazamiento de las poblaciones del área, dando inicio en los años ochenta a un nuevo patrón migratorio y al asentamiento de importantes contingentes de población en los Estados Unidos y Canadá (García 2006). De acuerdo con los datos de Morales (2007, 135), en el año 2000 había casi 1.250.000 personas procedentes de la región Triángulo Norte viviendo en los Estados Unidos, lo que equivalía en ese momento a un 5.5 por ciento de la población del área. Pese a que no es posible abordar este asunto aquí con mayor profundidad por razones de espacio, hay que hacer notar que la migración se relaciona en varios sentidos con el incremento de la violencia y el crimen. De una parte por su contribución a la desarticulación de miles de hogares, de otra porque ha facilitado la inserción de la región en redes de crimen organizado transnacionales.

Junto a lo anterior, a lo largo de la pasada década se implementaron en la región una serie de reformas políticas, económicas y de la estructura de los estados en Centroamérica, que si bien estuvieron dirigidas a reinsertar a la región en la economía mundial después de una década de crisis y conflictos, no consiguieron incrementar de forma general los niveles de seguridad económica y social de la población del área. El crecimiento económico registrado en los últimos 15 años apenas ha tenido repercusión en términos de disminución de la desigualdad en la distribución del ingreso (Tabla 1).

2 Hay que señalar que la relación entre las incertidumbres económicas, sociales y políticas y el miedo al crimen en el caso latinoamericano, ha sido bien establecida en la literatura de referencia (Dammert y Malone 2003, 2006).

10

Tabla 1

El Salvador, Guatemala y Honduras

Coeficientes de Gini (varios años)

1998-1999 2000-2002 2003-2005

El Salvador 0,518 0,525 0,493

Guatemala 0,560 0,542 0,542

Honduras 0,564 0,588 0,587

Fuente: CEPAL Anuario Estadístico 2006. Pese a los avances registrados, especialmente en el caso de El Salvador, estos tres

países se encuentran entre los más desiguales del mundo, tan sólo superados por algunas naciones africanas en situación post-conflicto. Por su parte, Honduras registró entre 1999 y 2003 uno de los mayores retrocesos de toda América Latina en lo que respecta a la distribución de la riqueza y al aumento del número real de personas en situación de pobreza e indigencia. En el caso de Guatemala, tras registrar una leve mejoría entre 1999 y 2002 en términos de distribución de la riqueza, los datos revelan que esa tendencia se habría detenido en los últimos 4 o 5 años.

Igualmente, la pobreza continúa teniendo una fuerte incidencia en la región, habiéndose registrado un aumento en el número total de personas pobres en los tres países a lo largo de los últimos quince años.

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

1989 1995 1999 2002 2004

Gráfico 3. El Salvador, Guatemala y Honduras. Personas en situacion de pobreza (en millones)

El Salvador

Guatemala

Honduras

Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL Anuario Estadístico. Varios Años

11

La pobreza sigue afectando a una gran parte de la población del área: el 48.9 por ciento de los habitantes de El Salvador, el 60.2 por ciento de la población de Guatemala y el 77.3 por ciento de la población hondureña vivían bajo la línea de pobreza a inicios de la presente década (Pérez Sáinz y Mora 2007, 92). De acuerdo con los datos de estos mismos autores, y pese a los avances registrados, la persistencia de altos niveles de pobreza extrema destaca especialmente en este punto. El 22.1 por ciento de la población de El Salvador, el 30.9 por ciento de la población guatemalteca y el 54.4 por ciento de la población de Honduras vivían bajo la línea de indigencia en los primeros años de la década de 2000 (Pérez Sáinz y Mora 2007, 92).

Siendo el empleo el principal mecanismo para superar la pobreza, la estructura y la calidad del mercado de trabajo de la región aparecen como responsables de la generación de exclusión e inseguridad económica. El 62.5 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) de Guatemala y el 51.3 por ciento de la de Honduras estaban integradas en 2004 por personas con autoempleos de subsistencia, desempleados, asalariados en condiciones precarias y trabajadores no remunerados, lo que Juan Pablo Pérez Sainz y Minor Mora (2007, 103), denominan el “polo de exclusión del mercado laboral”. En El Salvador en 2006 el 50% de la mano de obra estaba subempleada o desempleada, encontrándose la mitad de la población de entre 15 y 24 años en esa situación (PNUD 2008, 5-7). Con subempleo se hace referencia a una actividad que en muchas ocasiones no ofrece empleo de tiempo completo ni estable y que es remunerada con un salario que no permite satisfacer necesidades básicas.

Hay que hacer notar que los trabajadores que están insertados en el polo de exclusión del mercado laboral se ven privados de las redes de cobertura social. En 2006 en El Salvador tan sólo el 22.6 por ciento de los trabajadores activos estaba cubierto por un sistema de pensiones y el 27.3 por ciento por un sistema de salud. El PNUD (2008, 15), define los sistemas de pensiones y salud en El Salvador como insuficientes, con cobertura desigual, altos costos y calidad poco satisfactoria. En cuanto a Guatemala, en 2004 tan sólo el 20.2 por ciento de su fuerza de trabajo estaba cubierta por un sistema de pensiones, mientras que en Honduras esa cifra descendía hasta el 18.9 por ciento. Por lo que respecta a la cobertura sanitaria, sólo el 26 por ciento de la fuerza de trabajo guatemalteca tenía cobertura del seguro social de salud en el año 2000 (Mesa Lago 2008, 73-75).

La precariedad del mercado de trabajo queda reflejada también en el elevado temor que tienen los trabajadores de la región a quedar desempleados. En el año 2005, el 86 por ciento de los trabajadores salvadoreños, el 81 por ciento de los guatemaltecos y el 80 por ciento de los hondureños, se mostraba preocupado o muy preocupado por la posibilidad de perder su empleo en los siguientes doce meses (Latinobarómetro 2005). Al mismo tiempo, y según datos del mismo estudio, tan sólo entre el 12 por ciento y el 14 por ciento de los trabajadores de la región se sentía protegido por las leyes laborales.

LA POLITIZACION DE LA INSEGURIDAD La existencia de una ansiedad pública generalizada acerca de la falta de seguridad, y la incapacidad de los estados de la región para ofrecer respuestas eficaces ante esta demanda, han generado una serie variada de respuestas por parte de la ciudadanía de la

12

región. De una parte y como afirma Sieder (2003:76), se percibe una mayor implicación de la sociedad civil en la denuncia de las fallas del estado de derecho, y en el combate a la impunidad, especialmente en los casos de Guatemala y El Salvador. De otra parte, la falta de respuestas eficaces del Estado ante la inseguridad ha generado un extendido escepticismo ciudadano respecto del funcionamiento del poder judicial y de la policía. Cabe citar a manera de ejemplo el hecho de que el 48.8% de los salvadoreños consideraba en 2008 que la policía estaba envuelta en actividades criminales (Córdova et al. 2008, 77), o que sólo el 46.2% de los guatemaltecos expresaba confianza en el sistema de justicia en 2006 (Azpuru et al. 2007). Una tercera respuesta la constituye la construcción de alternativas privadas a la falta de seguridad, ya sea en forma de adquisición de armas de fuego para la auto – defensa, en la contratación de servicios privados de seguridad, o en la variedad de formas de justicia “por mano propia” que han podido contemplarse en la región en los últimos años: linchamientos, rondas ciudadanas, “limpieza social”, entre otros. Otra de las respuestas ciudadanas ante la extendida percepción de inseguridad y la incapacidad del aparato de justicia criminal para aportar soluciones al respecto lo constituye el apoyo a medidas autoritarias o de “mano dura” para combatir el crimen, incluyendo el aumento y el endurecimiento de las penas, el uso de las fuerzas militares, la reinstauración de la pena de muerte, entre otras. En el caso de la región Triángulo del Norte la extendida percepción de inseguridad, ha conducido a la politización de todo lo relacionado con el combate al crimen a lo largo de la última década, lo que ha abierto la puerta también al aprovechamiento político de la ansiedad pública por la falta de seguridad, y al empleo de lo que los criminólogos denominan “populismo punitivo” en la definición de estrategias de seguridad pública.

El concepto de populismo punitivo fue elaborado por el criminólogo Anthony Bottoms (1995, 39-41) a mediados de la década de los noventa, y hace referencia a la adopción de políticas punitivas por parte de los responsables políticos bajo la asunción de que estas pueden reducir la criminalidad, reforzar el consenso moral de la ciudadanía contra las actividades delictivas y, sobre todo, resultar atractivas para determinados sectores más o menos amplios del electorado. De acuerdo con Bottoms es oportuno calificar de populistas a este tipo de políticas porque se trata de posturas adoptadas sobre la base de la creencia de que serán populares entre el público. En palabras del propio autor (Bottoms 1995, 40), el término populismo punitivo trata de expresar la noción de responsables políticos aprovechando para sus propios propósitos, lo que perciben como una postura generalmente punitiva del público. Para Bottoms determinados procesos sociales generan ansiedad en la ciudadanía por la falta de seguridad, a la que algunos líderes políticos responden con medidas de tolerancia cero contra el crimen, incremento de las penas y en general con un enfoque punitivo frente a la criminalidad buscando réditos electorales. Arteaga (2004, 205) va más allá al afirmar que el populismo punitivo incluye también la noción de acercar a la sociedad los mecanismos de control social haciendo corresponsable a la ciudadanía de las tareas de vigilancia. El planteamiento que subyace detrás de ello según este autor, es el de acercar el poder al pueblo y que este se sienta más próximo a él. Los discursos de populismo punitivo hacen énfasis en la idea de que la sociedad y el Estado comparten los mismos objetivos, medios y estrategias, así como la responsabilidad por los resultados obtenidos en la lucha contra el crimen. En el caso centroamericano, el concepto de populismo punitivo hace referencia tanto a un estilo retórico como a un tipo concreto de políticas que hacen énfasis en el papel del ciudadano

13

en la lucha contra la criminalidad y en la corresponsabilidad Estado – ciudadanía en ese combate. Como estilo retórico el populismo punitivo no está asociado específicamente a opciones políticas concretas, si bien hasta el momento en la región Triángulo del Norte ha sido utilizado por las formaciones políticas conservadoras que se encontraban al frente de los distintos gobiernos. En esta región, la extendida sensación de inseguridad y las fallas del estado de derecho, han provocado el apoyo por parte de la población del área a políticas penales basadas en lo que Garland (2005) ha denominado medidas de “justicia expresiva”. Esto es, medidas de justicia criminal que expresan los sentimientos de ira y odio de la ciudadanía contra los delincuentes, que buscan castigar antes que rehabilitar y que no pretenden tanto reducir el delito, como compensar moral y emocionalmente a las víctimas y por extensión, a una población insegura.

En este sentido el 81.2 por ciento de los ciudadanos salvadoreños señalaba en 2004 la necesidad de implementar leyes más duras para combatir el crimen (Cruz y Santacruz 2005) y un año más tarde incluso un 44 por ciento de los salvadoreños estaban dispuestos a aprobar o a pasar por alto el respeto de las leyes con tal de combatir la delincuencia. (Córdova et al. 2007). En el caso de Honduras, en el 2006 un 55.6 por ciento de la población justificaba que las autoridades actuaran al margen de la ley con tal de frenar la delincuencia (Cruz et al. 2007), un porcentaje que para Guatemala era del 43.1 por ciento en el mismo año (Azpuru et al. 2007).

En este contexto, el discurso punitivo ha sido profusamente utilizado en los últimos años por diversos líderes y partidos políticos ya sea como herramienta electoral, como forma de aumentar su popularidad o como mecanismo para incrementar su legitimidad en momentos de crisis o falta de resultados sustantivos de la acción de gobierno. En el caso de Honduras, la politización de la seguridad llegó a su culminación con la figura de Ricardo Maduro (2002-2006), cuyos temas estrella de campaña fueron la corrupción y la inseguridad contra los que el político hondureño prometió “tolerancia cero”, un mensaje con el que supo llegar a un electorado cuya primera preocupación era la delincuencia. En Guatemala, la conversión de la violencia común en asunto político se produjo en la presidencia de Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), pero pasó a ser un asunto central de la agenda política con el ascenso de la figura de Alfonso Portillo a la candidatura de la presidencia de la República por el Frente Republicano Guatemalteco (2000-2004). Portillo hizo un especial hincapié en su campaña en la salvaguardia de la seguridad pública, prometiendo mano dura contra los delincuentes. Por lo que respecta a El Salvador, la inclusión de la delincuencia como prioridad de la agenda política tuvo lugar durante el mandato de Francisco Flores (1999-2004), si bien ya el presidente Armando Calderón Sol (1994-1999) trató de poner freno a la violencia con el endurecimiento de las penas. En julio de 2003 Flores anunció la puesta en marcha del Plan “Mano Dura”, con un sentido claramente electoralista teniendo en la mira las elecciones de marzo de 2004 y las buenas perspectivas que hasta aquel momento tenía el opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de ganar los comicios. Los sondeos de opinión de mayo de 2003 daban ganador al FMLN por una abultada diferencia – 40.6 por ciento frente al 23.9 por ciento de ARENA- (IUDOP 2003a). La elección de Antonio Saca como candidato de ARENA y la mala imagen de Schafick Handal como candidato del FMLN unido a la popularidad de las políticas de mano dura, parecen haber ayudado sustancialmente a la recuperación del voto de

14

ARENA, que en octubre de 2003 ya contaba con una intención de voto de 41.1 por ciento frente al 22.3 por ciento del FMLN (IUDOP 2003b).

Las políticas de “Mano Dura” Una vez en el poder, estos líderes políticos pusieron en marcha medidas de política criminal con fuertes similitudes en cuanto a sus características e intencionalidad. Más que intervenir sobre las causas del delito y la violencia, estas políticas se concentraron en reducir la sensación de inseguridad, a través de despliegues policiales masivos, del encarcelamiento de jóvenes de barriadas marginales, y del endurecimiento de penas. La reducción del miedo al delito se convirtió en un objetivo político. En esta dirección, y durante la presidencia de Ricardo Maduro del Partido Nacional, se comenzó a implementar en Honduras una línea de políticas de “mano dura” contra la violencia juvenil. El decreto legislativo 117 del 12 de agosto de 2003 – denominado “Ley Antimaras” -introdujo reformas al articulo 332 del código penal hondureño. El nuevo texto incluía la calificación de las pandillas como asociaciones ilícitas y preveía multas de entre 525 y 10.000 dólares para los líderes de bandas y otros grupos que se asociaran con el fin permanente de ejecutar algún acto constitutivo de crimen (Mejía 2007, 28). Asimismo, se aumentaron las penas de prisión imputables por asociación ilícita a los jefes de maras de 9 a 12 años. Junto a las modificaciones legislativas, se implementaron operativos policiales ejecutados en el seno del denominado “Plan Escoba” en los que también participaron fuerzas militares. El objetivo central del plan era la detención de pandilleros a los que se identificó por medio de los tatuajes que aquellos suelen portar. Este tipo de marcas personales se convirtió en una prueba de culpabilidad, sin que se hiciera necesario probar que la condición de pertenecer a una pandilla fuera lesiva de la integridad física o del patrimonio de otras personas. La legislación anti-pandillas continúa en vigor tras el cambio de partido en el gobierno y la asunción del poder por parte del presidente Manuel Zelaya en 2006. Hay que destacar que en el caso de Honduras, la fuerte presión ejercida por el parlamento para lograr la re-implantación de la pena de muerte en 2004 y su aplicación a los miembros de pandillas, no consiguió sus objetivos y fue desestimada en su momento por el entonces presidente Maduro.

Por lo que respecta a El Salvador, el 23 de julio de 2003 el presidente Francisco Flores del partido ARENA, ordenó el despliegue del operativo “Plan Mano Dura” a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) y de las Fuerzas Armadas. La finalidad declarada del mismo era la de reducir la delincuencia mediante la desarticulación y captura de miembros de todas las pandillas juveniles en las áreas urbanas y rurales para lo que se procedió mediante el despliegue de grandes operativos policiales y con gran cobertura de prensa, a la detención masiva de jóvenes pertenecientes o que aparentaban pertenecer a pandillas. Simultáneamente a la aplicación de este plan el entonces presidente Flores remitió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley denominado “Ley Antimaras” que fue aprobada el 9 de octubre de 2003. Dicha ley había de estar en vigencia inicialmente hasta el 10 de abril de 2004. Sin embargo, el texto incluía elementos que entraban en contradicción con los principios de la Carta Magna salvadoreña por lo que desde diversas instancias no gubernamentales se presentaron varias demandas de inconstitucionalidad. Estas demandas fueron aceptadas por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador quien la declaró totalmente inconstitucional el 1 de

15

abril de 2004. Ese mismo día el presidente remitió a la Asamblea otro instrumento legal denominado “Ley para el Combate de las Actividades Delincuenciales de Grupos o Asociaciones Ilícitas Especiales” que fue aprobada de inmediato con los votos de las dos formaciones políticas de derecha ARENA y Partido de Conciliación Nacional (PCN). Dicha ley se aprobó con una vigencia inicial de 90 días, del 1 de abril de 2004 al 29 de junio del mismo año, con el argumento de que superaba las inconstitucionalidades de la ley anterior. Sin embargo, instituciones como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) sostuvieron que el texto de la ley era prácticamente igual que el de la anterior (FESPAD 2005).

Ya bajo la presidencia de Antonio Saca, el 30 de agosto de 2004 se puso en marcha el Plan Súper Mano Dura como parte de su plan de gobierno 2004 – 2009 “País Seguro”. Este plan ofreció como novedad el establecimiento de mesas de concertación sobre las pandillas a las que se convocó a diversas entidades de gobierno, sociedad civil, sectores religiosos y cooperación internacional dentro de un pretendido esquema de prevención social de la violencia. Sin embargo, la mayor parte de los recursos del plan fueron dirigidos a la represión policial, y dentro de ella, el esfuerzo principal se realizaba en las detenciones sin que existiera un esfuerzo equivalente en la efectiva investigación criminal, lo que produjo que tan sólo una pequeña parte de los pandilleros detenidos fuera encontrado culpable de algún delito. Si es cierto que las cifras de secuestros, extorsiones, robo y hurto disminuyeron desde la entrada en vigor de dicho plan, no así las de homicidios ni las de lesiones. Hay que resaltar que los tribunales de justicia salvadoreños ejercieron una labor destacable de protección de las garantías individuales de los jóvenes, y en este sentido las cifras de personas puestas en libertad tras ser detenidos así lo atestiguan. De un total de 19.275 detenidos entre el 23 de julio de 2003 y el 30 de agosto de 2004, el 84 por ciento salieron en libertad sin cargos (FESPAD 2004).

En el caso de Guatemala, el 9 de febrero de 2005 fue elevada una iniciativa legislativa para la aprobación de una ley antimaras de características similares a la de El Salvador. Como en los dos casos anteriores, en esta propuesta las maras pasaban a convertirse en asociaciones ilícitas y la prueba de su pertenencia eran también los tatuajes o el hecho de utilizar lenguaje gestual como código de comunicación. También en febrero del año 2005 y bajo la presidencia de Oscar Berger del partido Gran Alianza Nacional (GANA), se puso en marcha un plan contra la delincuencia denominado “Libertad Azul”, cuya eficacia en términos de reducción de la criminalidad parece igualmente cuestionable ya que la aplicación de la política de arrestos masivos sin tener pruebas de culpabilidad de los individuos condujo, ya en los primeros meses de su implementación, a la liberación de casi el 70 por ciento de los detenidos (Monterroso 2003, 13) y ello teniendo en cuenta que algunos jueces avalaron las detenciones arbitrarias. Hay que destacar que en el caso guatemalteco, la falta de consenso entre la clase política ha impedido que se aprobara la legislación antimaras. En este sentido, la propuesta de la Ley Escoba del Partido de Avanzada Nacional (PAN) de agosto de 2003, fue rechazada por el entonces partido de gobierno Frente Revolucionario Guatemalteco (FRG) por considerarla electoralista. Otro elemento que destaca en el panorama guatemalteco lo constituye la rehabilitación en 2008 del uso de la pena de muerte para castigar delitos de secuestro y asesinato, una pena que había sido mantenida en suspenso desde el año 2002. Hay que subrayar que esta decisión fue aprobada por una aplastante

16

mayoría en el Congreso guatemalteco, incluyendo la del partido gobernante Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Como se puede comprobar, la perspectiva adoptada en los tres países ha sido la de considerar al delito más como una cuestión de falta de control social que como un problema relacionado con las privaciones experimentadas por la población o con las fallas del estado de derecho. Lo que se pretendía era fundamentalmente satisfacer el extendido sentimiento de punitividad de la población aprovechando la ansiedad que provoca la generalizada percepción de inseguridad y las altas tasas de delito, buscando de paso capitalizarlas electoralmente. Esto significa ofrecer una respuesta simple – la cárcel, el sistema de justicia criminal – a un problema tan complejo como el que constituye la delincuencia juvenil. Esto es - y parafraseando a Newburn (2001) -, poner en marcha la doble falacia que significa considerar a las altas tasas de criminalidad como algo pasajero y achacable exclusivamente a la fortaleza de las bandas juveniles, y afirmar que la delincuencia tiene unas pocas causas fácilmente identificables sobre las que se puede actuar, o lo que es lo mismo, desarticular a las pandillas y encarcelar a sus líderes como solución a todos los problemas de seguridad ciudadana.

A MODO DE CONCLUSIÓN

El auge de la violencia y el crimen en un entorno marcado por una inseguridad social y económica persistentes y por la incapacidad de los estados para hacer valer el estado de derecho, han generalizado una fuerte percepción de inseguridad en la población de Guatemala, El Salvador y Honduras. El crimen, - y particularmente algunas de sus manifestaciones como la delincuencia juvenil - se ha convertido en un problema político de primera importancia en las sociedades de la región, desplazando de la agenda política a otros asuntos que atañen particularmente a los tres países del área como la extensión del subempleo, la desprotección social o la penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado. En el análisis del caso centroamericano se observa que estados débiles con instituciones frágiles y con democracias en fase de consolidación, priman las respuestas defensivas - adaptativas ante el auge de la delincuencia, reforzando la punitividad, y excluyendo casi totalmente las respuestas preventivas. En los últimos años se han implementado medidas de lucha contra la criminalidad que priman el castigo antes que la rehabilitación, que persiguen reducir el miedo en lugar de actuar sobre las causas de la criminalidad y que no pretenden tanto reducir el delito como la compensación moral de las víctimas y del público en general. Las razones de ello son complejas pero entre las mismas se pueden citar las siguientes: de una parte, la existencia de niveles de criminalidad muy elevados caracterizados por una fuerte presencia de crímenes violentos que generan mucha alarma social. De otra, la poca confianza en la capacidad de las instituciones para impartir justicia, y la histórica desigualdad en la distribución de la misma – con la existencia recurrente de grupos excluidos de su aplicación – que han llevado a los habitantes de la región a buscar compensaciones a través de canales y métodos extra – judiciales o a la aceptación de respuestas violentas por parte del Estado para enfrentar el crimen. En tercer lugar, la persistencia de una inseguridad social y económica muy extendida que incrementa la desconfianza inter – personal y hacia las

17

instituciones estatales, y que refuerza la sensación de inseguridad generada por el miedo al crimen. Finalmente hay que destacar que el carácter de las fuerzas políticas concretas que han ocupado el poder en la región en estos años también determina en cierta manera el tipo de respuestas desplegadas. Los partidos políticos que han abogado con mayor fuerza por las medidas de mano dura han sido formaciones políticas conservadoras de raigambre autoritaria – caso de ARENA en el Salvador y el FRG en Guatemala –. Para este tipo de agrupaciones, las soluciones punitivas constituyen una respuesta ideológicamente coherente para enfrentar el conflicto social y han resultado electoralmente rentables en determinadas coyunturas, especialmente en el caso salvadoreño. Sin embargo en este punto cabe destacar que la evidencia disponible apunta a que el uso de medidas de justicia expresiva no es patrimonio exclusivo de ningún signo político, y que estas están siendo utilizadas también por formaciones políticas del centro – izquierda del espectro político, como muestra el caso de la gobernante Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) guatemalteca. En este sentido, el triunfo electoral del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador en marzo de 2009 ofrece una oportunidad para testar las diferencias en la aproximación hacia la violencia y el crimen a lo largo del espectro ideológico de las fuerzas políticas centroamericanas. Hasta el momento el abordaje gubernamental de los problemas de violencia y crimen en la región ha consistido fundamentalmente en considerarlos como problemas de falta de control social, queda por ver si los magros resultados de las políticas de “mano dura” estimulan un replanteamiento de las políticas dirigidas a enfrentarlos.

BIBLIOGRAFÍA Arteaga Botello, Nelson.

2006 En busca de la legitimidad: violencia y populismo punitivo en México: 1990-2000. México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Azpuru, Dinorah; Pira, Juan P.; Seligson, Mitchel A.

2007 Cultura política de la democracia en Guatemala 2006. VII Estudio de Cultura Política de los Guatemaltecos. Vanderbilt University http://sitemason.vanderbilt.edu/files/liepZ6/GUATEMALA_2006_LAPOP_V2_FORMATTED_V2.pdf (consultado 6 de septiembre 2007).

Bauman, Zygmunt.

2006 En Busca de la Política. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Bottoms, Anthony 1995 “The Philosophy and Politics of Punishment and Sentencing”, en

Clarkson, C. y Morgan R. The Politics of Sentencing Reform. Oxford: Clarendon.

Call, Charles T.

2003 “Democratisation, War and State-Building: Constructing the Rule of Law in El Salvador”. Journal of Latin American Studies 35: 827-862.

18

Carcach, Carlos Alberto 2008 El Salvador. Mapa de la violencia y su referencia histórica. San Salvador:

Centro de Monitoreo y Evaluación de la Violencia desde la Perspectiva Ciudadana. http://www.ocavi.com/docs_files/file_579.pdf

CEPAL Comisión Económica para América Latina 2006a Anuario Estadístico 2006. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

2006b Panorama Social de América Latina y el Caribe 2006. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

Córdova, Ricardo. ; Cruz, José. M; Seligson Mitchel. A.

2007 Cultura Política de la Democracia en El Salvador: 2006. San Salvador: IUDOP.

2008 Political Culture of Democracy in El Salvador 2008, The Impact of

Governance. Vanderbilt University: http://sitemason.vanderbilt.edu/files/cN3d9C/LAPOP_El_Salvador_2008_Survey_Edited_English_v3.pdf (consultado el 20 mayo 2009).

Corporación Latinobarómetro. 2005 Informe Latinobarómetro 2005. Santiago de Chile Corporación

Latinobarómetro:http://www.observatorioelectoral.org/documentos/data/info-latinba-2005.pdf (consultado 13 enero 2008).

Cruz, José .M.; Argueta, J.R.; Seligson, Mitchel A. 2008 Cultura Política de la Democracia en Honduras: 2006. San Salvador:

IUDOP:http://sitemason.vanderbilt.edu/files/hYz5g4/HONDURAS_2006_LAPOP_final_report.pdf (consultado 18 diciembre 2007).

Cruz, José M., Santacruz, María.

2004 La Victimizacion y la Percepción de la Seguridad en el Salvador en 2004. El Salvador: PNUD, CNSP, IUDOP, MINGOB: http://www.ocavi.com/docs_files/file_90.pdf (consultado 10 octubre 2007)

Dammert, Lucía y Malone, M. F.

2003 “Fear of Crime or Fear of Life? Public Insecurities in Chile”. Bulletin of Latin American Research 22: 79-101.

2006 “Does it take a village? Policing Strategies and Fear of Crime in Latin

America”. Latin American Politics and Society 48: 27 –51.

Durán Martínez, Angélica 2009 Guatemala. Madrid: Fundación para las Relaciones Exteriores y el

Dialogo Exterior. http://www.fride.org/publicacion/155/guatemala (consultado el 20 de mayo de 2009).

19

DPLF Fundación para el Debido Proceso Legal 2007 Controles y Descontroles de la Corrupción Judicial. Evaluación de la

corrupción judicial y de los mecanismos para combatirla en Centroamérica y Panamá. Washington: DPFL.

DPLF Fundación para el Debido Proceso Legal y Banco Mundial

2008 Las reformas a la administración de justicia en Honduras y Bolivia. Razones que han obstaculizado su éxito y como enfrentarlas. Washington: DPFL.

FESPAD Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho

2005 Informe Anual sobre Justicia Penal El Salvador 2004. San Salvador: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.

2006 Informe Anual sobre Justicia Penal El Salvador 2005. San Salvador:

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO 2005 Centroamérica en Cifras 1980-2005. San José: FLACSO.

García, María Cristina 2006 Seeking Refuge: Central American Migration to Mexico, the United

States and Canada. Los Angeles: University of California Press.

Garland, David 1996 “The Limits of the Sovereign State. Strategies of Crime Control in

Contemporary Society”. The British Journal of Criminology 36: 445-471. 2000 “The Culture of High Crime Societies. Some Preconditions of Recent Law

and Order Policies”. British Journal of Criminology 40: 347-375. 2006 La Cultura del Control. Crimen y Orden Social en la Sociedad

Contemporánea. Barcelona: Gedisa. IUDOP Instituto Universitario de Opinión Pública

2003a. Encuesta de Evaluación del cuarto año de Francisco Flores. El Salvador: IUDOP: http://www.uca.edu.sv/publica/iudop/Web/2003/informe100.pdf (consultado 12 de noviembre 2007).

2003b Boletín de Prensa. Ano XVII, número 3. El Salvador: IUDOP: http://www.uca.edu.sv/publica/iudop/Web/2003/bolet303.pdf (consultado 12 de noviembre 2007).

IUDPAS Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad

2007 Observatorio de la Violencia. Boletín número 13. Honduras: IUDPAS: http://www.ocavi.com/docs_files/file_661.pdf

20

Mejía, Thelma. 2008 “In Tegucigalpa the Iron Fist Fails”. NACLA Report on the Americas 40:

26-29. Mesa Lago, Carmelo 2008 “Un reto de Iberoamérica en el siglo XXI: La extensión de la cobertura de

la Seguridad Social”. América Latina Hoy. Revista de Ciencias Sociales 48: 67-81.

Monterroso, Javier

2003 “Análisis comparativo de los informes sobre políticas represivas y criminalidad juvenil en Centroamérica”. El Observador Judicial 46: 10-14.

Morales Gamboa, Abelardo

2007 La Diáspora de la Posguerra. Regionalismo de los Migrantes y Dinámicas Territoriales en América Central. San José: FLACSO.

Newburn, Tim.

2001 “The commodification of policing. Security Networks in the late modern City”. Urban Studies 38: 829-848.

OCAVI Observatorio Centroamericano sobre la Violencia

2007 “Indicadores de Violencia. Observatorio Centroamericano sobre la Violencia”:http://www.ocavi.com/index.php?mod=docs_summary&cat_id=47&country_id=3&page=0&order_by=pubdate (consultado 20 septiembre 2007).

Pérez Sainz, Juan P. y Mora Salas, Minor.

2009 Persistencia de la Miseria en Centroamérica. Una mirada desde la exclusión social. San José: FLACSO.

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

2004 Informe sobre Desarrollo Humano Honduras 2006. Honduras: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

2008 Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2007-2008. El empleo en

uno de los pueblos más trabajadores del mundo. El Salvador: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Salomón, Leticia

1997 Honduras, los retos de la democracia”. Nueva Sociedad 141: 10-14.

Sieder, Rachel 2003 “Renegociando la “Ley y el Orden”: reforma judicial y respuesta

ciudadana en la Guatemala de posguerra”. América Latina Hoy 35: 61-86.

21

Snodgrass Godoy, Angelina 2002 “Lynchings and the Democratization of Terror in Postwar Guatemala:

Implications for Human Rights”. Human Rights Quarterly 24: 640-661. UNODC United Nations Office on Drugs and Crime 2007 Crime and Development in Central America. Caught in the Cross Fire.

United Nations Office on Drugs and Crime:http://www.iadb.org/publications/search.cfm?language=English&COUNTRIES=&KEYWORDS=elites&RESCATEGORY=Papers&TOPICS (consultado 10 de diciembre 2007).

22