Enrique Álvarez

Incidencia Democrática

Guatemala, 9 de octubre de 2006

El 98% de ecuatorianos y ecuatorianas desconfía del Congreso. Para las elecciones del 15 de octubre, pareciera que los indecisos se acercan al 50%.Hace una semana analizábamos la importancia estratégica que tiene para el gobierno de Estados Unidos lo que pase en las elecciones del tan próximo 15 de octubre en Ecuador. Apenas esbozamos algunos elementos relacionados con el Plan Colombia (que tiene un fuerte contenido militar) y la importancia de recursos naturales, como el petróleo.

Ciertamente Ecuador tiene un valor geográfico de gran importancia por su frontera con Colombia, el único país en donde subsiste un movimiento guerrillero: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tiene control sobre importante porción del territorio, y porque a Ecuador se le considera una de las puertas de entrada a la Amazonía, la mayor reserva mundial de varios recursos naturales.

Producto de esto Estados Unidos buscó acceso a la base aérea de Manta, lo que fue autorizado por un Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos sobre el derecho al acceso y uso de los de las instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para Actividades Aéreas Antinarcóticos; el que fue publicado el jueves 16 de diciembre de 1999. Aunque es una concesión específica, sus alcances son bastante más grandes, ya que por medio de este convenio, los barcos militares de EEUU deben recibir: "el mismo trato que a las naves de la Armada Nacional del Ecuador".

Dada la gran importancia que el gobierno de Estados Unidos le da al Plan Colombia, que implica una clara intervención militar, con la inveterada excusa del combate a las actividades relacionadas con las drogas, y la urticaria que le produce la existencia de la Revolución Bolivariana, liderada por el Presidente Hugo Chávez, en Venezuela, su estrategia incluye el establecimiento de bases militares en las islas caribeñas de Aruba y Curacao, bajo influencia holandesa. Por esto en Ecuador se ha señalado que la base de Manta está siendo utilizada en la estrategia militar de Estados Unidos en Colombia.

Con las invasiones a Afganistán e Iraq y los mal ocultados planes de intervenir en Irán, no debiera existir ninguna duda de la importancia estratégica que Estados Unidos le da al control de la producción de hidrocarburos. Pareciera ser en este factor en el que se sostiene la mayor importancia que adquiere Ecuador. Desde hace varios años se habla de signos claros de que una de las mayores reservas de crudo que hay en el planeta está ubicada en la zona que cubre varios países: Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil (conocida como la zona de las cinco fronteras) y tangencialmente Bolivia. En esa área sólo Colombia y Ecuador tienen, actualmente, una explotación limitada de Crudo.

Pero esta vasta zona incluye, además, otros elementos de valor geoestratégico. La amazonía, que cubre más de 7 millones de kilómetros cuadrados, además de contener ecosistemas con la mayor diversidad y riqueza del planeta, se le considera la mayor

reserva de oxigeno y se estima que por el Río Amazonas, que tiene más de siete mil afluentes, corren más de 5 billones de metros cúbicos de agua por segundo.

De más está decir la importancia que esta riqueza genética significa para la obtención de diversidad de materias primas, entre ellas para la producción de medicamentos, especialmente de agua, recurso al que muchos identifican como el que generará las mayores disputas en el futuro, tanto para el consumo humano, como para la producción de energéticos hasta ahora usados solamente en naves para explorar el cosmos. Además de la importancia que tendrá, para el transporte en esa zona, la densa red de ríos que recorren la América del Sur.

En términos políticos Ecuador es una de las más claras muestras del agotamiento que el sistema político tradicional ha estado sufriendo en los últimos años, originado en la estrategia de Guerra de Baja Intensidad de los ochenta, que promovió las llamadas "democracias tuteladas", en que la democracia se reduce a garantizar elecciones limpias, pero que ha profundizado la desigualdad, y generado sucesivos gobiernos de derechas, generalizadamente marcados por la corrupción y la ineficiencia.

El desencanto generalizado, llevado a su máxima expresión en Argentina, ha producido gobiernos que, sin ser de izquierda bien definida, se han visto obligados a incluir entre sus prioridades, en lo interno, acciones dirigidas a satisfacer a amplios grupos sociales, y en lo externo, definir una posición contraria a las multilaterales como el FMI o Banco Mundial, así como una posición de rechazo a la estrategia de libre mercado y de no alineamiento frente a la potencia del norte.

A estos gobiernos de distinto tinte de izquierdas, que van desde el centro hasta una izquierda más radicalizada como en Venezuela, siguiendo los designios del gobierno de Washington, las transnacionales de la información les han bautizado como neopopulistas, y han una permanente y sistemática ofensiva para desprestigiarles y colocarles como "peligrosos". Frente al reagrupamiento de los gobiernos del sur del continente en el MERCOSUR, al que se ha incorporado Venezuela, que no sólo tiene un contenido económico, sino fundamentalmente político, y a su creciente aislamiento, Estados Unidos, junto a los grupos de poder de cada país, han buscado detener la tendencia.

En México contribuyeron a parar a López Obrador, en Perú a Ollanta Humala, en Brasil han tenido un inicial éxito en evitar el triunfo de Lula en la primera vuelta; en Nicaragua no han tenido éxito en aglutinar a las derechas para detener a Daniel Ortega, y en Ecuador, la situación parece muy incierta.

La crisis del sistema político, expresado en la ausencia de representatividad y gobernabilidad del Estado en Bolivia, facilitó el triunfo del indígena Evo Morales, quien llegó a la presidencia con el ofrecimiento de revertir el proceso de entreguismo de los recursos naturales de su país, especialmente el gas natural, y de refundar el Estado. En ambos aspectos ha desarrollado importantes acciones, y se ha beneficiado del importante apoyo técnico y financiero recibido de Venezuela y del clima de entendimiento que priva en el MERCOSUR.

Recientemente se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, en la que el partido del Presidente Morales, el Movimiento al Socialismo, obtuvo la mayoría y pareciera

pretender ser congruente con sus ofrecimientos de refundación del Estado. Por supuesto la oposición de los grupos de poder económico de cuatro provincias no se ha hecho esperar, que pretenden una reforma lo más light posible.

Aunque con características y complejidades propias, en Ecuador se han planteado una situación de descrédito del sistema bastante similar. Una abrumadora mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, el 98% para ser precisos, desconfía del Congreso. A pocos días de las elecciones del 15 de octubre, pareciera que los indecisos se acercan al 50% y las previsiones de la posibilidad del voto nulo son alarmantes, especialmente para el Congreso.

El único candidato que ha mantenido una tendencia al crecimiento es el ex Ministro de Economía Rafael Correa, que es una especie de candidato anti sistema, con claros planteamientos en contra del Congreso y a favor de una Asamblea Nacional Constituyente.

En un mercado a la alta de los precios del petróleo, siendo que Ecuador tiene una importante producción de crudo, precisamente en la zona de la amazonía, incluso es el segundo proveedor de crudo que Estados Unidos tiene en América Latina, parece incomprensible que Ecuador mantenga una deuda externa que le consume la mayor parte de recursos financieros y la pobreza alcance el 60%. Los motivos para la insatisfacción son, pues, enormes.

El presidente Alfredo Palacios decidió actuar en congruencia con el clima político y canceló el contrato de la empresa estadounidense Occidental Petroleum, que operaba en la Amazonía, en una zona en que la producción es de más de 90 mil barriles diarios, alrededor del 20% de la producción nacional. Como es natural, la medida de Palacios fue respaldada por organizaciones sociales de diverso tipo, incluyendo las indígenas.

El Congreso no quiso quedarse atrás y promovió el aumento de los impuestos que pagan las empresas privadas que extraen el crudo; los que pasaron del 20 al 50%. Pero el efecto político real que ambas medidas tendrá en las elecciones está por definirse.

Este 15 de octubre unos 9 millones de electores estarán en posibilidad de votar para elegir Presidente, Vicepresidente, cien Diputados; más autoridades provinciales y municipales, que tomarán posesión el 15 de enero del próximo año. Las candidaturas son abundantes, parece haber una gran variedad, aunque no está claro si son realmente opciones.

La abundancia de candidaturas, 13 en total, ya refleja un nivel de inestabilidad y volatilidad política. La larga lista inicia con León Roldós de la alianza Izquierda Democrática-Red, fue candidato a la presidencia en 1992 y es hermano del ex Presidente Jaime Roldós. La derechista Cynthia Viteri del Partido Social Cristiano, de León Febres Cordero, candidata que en el más puro estilo de la guerra fría se niega a tener relaciones con Venezuela o Cuba. El Partido Renovador Institucional Acción Nacional, PRIAN, impulsa a Álvaro Noboa.

Marcelo Larrea, periodista, ex perseguido político, de la Alianza Tercera República, Bolivariana Alfarista (ALBA). El militar Lenin Galo Arturo Torres, del Movimiento Revolucionario de Participación Popular (MRPP); fue una de las figuras más visibles de

las guerrillas del Toachi, que en 1962 pretendían derrocar al gobierno de Carlos Julio Arosemena, y a la dictadura militar de 1963, acto por el que estuvo en la cárcel y más tarde exiliado en el Chile de Allende. Luis Alfredo Villacís, el más identificado como izquierda, del Movimiento Popular Democrático (MPD), luchador social que considera que la acción es la mejor vía para demostrar el descontento con las desigualdades sociales.

Luego de su frustrante participación en la coalición de Gobierno encabezada por Lucio Gutiérrez, el movimiento indígena Pachakutik decidió participar con candidato propio, con uno de sus máximos líderes: Luis Macas, Kichwa, quien afirma: "Si alguien, si una nacionalidad o un pueblo, se impone sobre los demás las cosas no funcionan. Tenemos que trabajar por encontrar los vínculos que nos acerquen, en un espacio de respeto".

El abogado Fernando Rosero González, populista, del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), de Abdalá Bucaran, a quién pretende facilitar su regreso al país. Por su parte Marco Proaño Maya, quien fuera binomio en las elecciones de 1992 del defenestrado Bucaram. Jaime Davermal, de Concentración de Fuerzas Populares (CFP), titular del ministerio de Gobierno de Lucio Gutiérrez, en esos días señalado de intratable y petulante.

Carlos Francisco Sagnay de la Bastida, Ingeniero químico petrolero, con estudios en la ex Unión Soviética y, curiosamente, una historia de participación política en el Partido Conservador de Gran Bretaña, en donde vivió varios años. Casi al final de la larga lista, Gilmar Gutiérrez Borbúa, del Partido Sociedad Patriótica (PSP), ex militar y ex diputado, hermano del derrocado coronel Lucio Gutiérrez.

Cierra la lista el candidato con más posibilidades, Rafael Correa, de Alianza País, con una Maestría y Doctorado en Economía: por la Universidad de Illinois; y Estudios de Economía: en las Universidades de Lovaina, Bélgica, y Católica de Santiago de Guayaquil.

Este proceso electoral no pareciera que significará una salida a la recurrente crisis política que se ha vivido ese país, en donde no se ha podido salir de la lógica de los gobiernos efímeros. Desde 1997 Ecuador ha tenido 6 presidentes: Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacios. Solo el segundo de ellos, Fabián Alarcón y el actual Alfredo Palacios han podido concluir un mandato interino; los otros cuatro fueron destituidos. La crisis política se agudiza frente a una deuda externa que supera los 6 mil millones de dólares.

Una encuesta realizada el 30 de septiembre por Participación Ciudadana, refleja el nivel de rechazo que hay por la política y los partidos. Si el voto no fuera obligatorio sólo el 33,8% del total de empadronados iría a votar y 58,8% no lo haría. El 39,7% de los ecuatorianos cree que habrá fraude y el 46% cree que no. El 44,3% ya había decidido su voto, basado en las propuestas de los candidatos y el 22,5% por la imagen o personalidad; sólo el 13,8% votaría por el partido político que le postula.

Frente al generalizado rechazo que sufren el sistema y los partidos políticos, la tendencia predominante es hacia la convocatoria a una Asamblea Constituyente, aunque no queda claro cuál puede ser la o las fuerzas que podrían hegemonizar este proceso.

Ambos extremos, derechas e izquierdas se encuentra fragmentadas. Los movimientos sociales tampoco exhiben una gran fortaleza, ni capacidad para transitar un camino totalmente autónomo. El movimiento indígena, sufrió un gran desgaste durante su involucramiento en el Gobierno de Lucio Gutiérrez, le señalan de estar atrapado en las redes de Pachakutik, asediado por intereses externos y del que algunos dicen es un movimiento electoralista en proceso de fragmentación.

A pesar de la presencia de Luis Macas líder con arraigo, la participación política indígena no ha logrado trascender a una alianza más amplia y en muchos lugares prevalecen intereses electorales locales. Se ha reducido su capacidad de oferta programática, a pesar del largo esfuerzo que las organizaciones sociales han hecho en este sentido durante más de 15 años. La mayor preocupación, en términos de la vigencia de los movimientos sociales, es que producto de la participación electoral se debilite su capacidad de movilización y de resistencia frente a la ofensiva neoliberal.

La candidatura de Rafael Correa ha avanzado con apoyo de importantes órganos de opinión, y el respaldo de varios grupos y organizaciones políticas de izquierda y redes de ONGs. Como en muchos países, el candidato de Alianza País, representa la opción del que se sitúa fuera del sistema, rechazándole de tal modo que su principal planteamiento es la Constituyente y su resistencia a postular candidatos a diputados. De nuevo lo importante es la figura del candidato, no el programa ni el partido.

Correa sí ha promovido la participación de núcleos sociales que tradicionalmente no participan en política partidista, promovió los llamados "Comités Familiares", desde los que promueve su particular visión de una revolución, fundamentada en los ejes Constitucional, Social y soberana, Ética, Productiva y el de la Integración latinoamericana. Su éxito pareciera acrecentarse al presentarse como un candidato que está en contacto y escucha a las personas comunes y, por tanto, facilita su participación. Los militantes de Alianza País, han realizado un trabajo casi de puerta en puerta para nutrirse como movimiento, los resultados hasta ahora les son alentadores.

Las opiniones anti imperialistas, rechazo al FMI y Banco Mundial incluidos, y a favor de la integración de América Latina, que Correa ha lanzado, así como la similitud que muchos encuentran entre los Comités Familiares y los Círculos Bolivarianos venezolanos, le han valido la identificación inmediata con Hugo Chávez y la consiguiente satanización de las transnacionales de la información dominadas por los Montaner y Oppenhaimer, que ya señalan a Rafael Correa como el Chávez de Ecuador, y el peligro que significaría su triunfo electoral.

Un escenario posible, para este 15 de octubre, es el enfrentamiento entre las fuerzas que rechazan el sistema, que van desde el voto nulo para el Congreso, hasta la convocatoria a la Constituyente, que encabeza Correa; con las fuerzas ligadas a la precaria estabilidad política a la que se ha ligado a la democracia en América Latina, en las que León Roldós de Izquierda Democrática-Red podría ser la fuerza dominante.

En Ecuador pareciera que la alternativa está entre la refundación del sistema político y la refuncionalización del modelo neoliberal, dotado del rostro humano que el Banco Mundial se esfuerza en proporcionarle.

Las crisis del presidencialismo Juan Linz y Arturo Valenzuela (compiladores) Editorial Alianza. Madrid. 1997/98*.

Comentarios: Santiago C. Leiras**

Hacia finales de la década del '70 y en particular a partir de los años 80, en un clima de época signado por la puesta en marcha de distintas experiencias de democratización en Europa Meridional y América Latina, existió una fuerte preocupación temática en el campo de las Ciencias Sociales alrededor del fenómeno democrático, con especial énfasis en el abordaje teórico de los problemas vinculados con el Régimen Político y las mediaciones institucionales entre el Estado y la Sociedad Civil, temática hasta entonces abordada en un contexto más global de transformaciones estructurales de la sociedad, tanto en el Paradigma de la Modernización, en vigencia durante las década del 50 y del 60, como asimismo en las perspectivas teóricas sobre la Revolución o el Cambio Social Estructural, de gran vigencia durante buena parte de los años '70.

Sin embargo, la cuestión del Diseño Institucional aparece escasamente desarrollada en las últimas décadas; a pesar de la enorme literatura sobre la presidencia norteamericana, no hay muchos estudios que traten seriamente el Presidencialismo comparativamente, ni tampoco estudio alguno que compare sistemáticamente regímenes Presidenciales y Parlamentarios. Un repaso de 94.000 artículos reseñados en el International Political Science Abstract entre 1975 y 1991 revela que solo 141 trabajos tratan sobre la presidencia o de sistemas presidenciales fuera de los Estados Unidos, y de esos artículos, solo 22 se ocupan por el Presidencialismo en América Latina, continente por excelencia del Presidencialismo.

Por eso, adquiere verdadera importancia esta obra colectiva coordinada por Juan Linz y Arturo Valenzuela, en un contexto político en América Latina, signado por la discusión y el debate público en los años 90, acerca del mejor diseño institucional que permita hacer frente a los problemas de gobernabilidad de las nuevas democracias en nuestro continente y, decimos que adquiere relevancia, por las consecuencias políticas derivadas de las rigideces estructurales del hiperpresidencialismo, más como parte del problema que como parte de la solución.

Tres serán los ejes principales que dan coherencia teórica a la obra: en primer lugar, una serie de consideraciones de carácter general sobre la cuestión del mejor diseño institucional, en segundo lugar, y ésta constituye la hipótesis principal del libro, la caracterización del Presidencialismo como parte del problema, y no de la solución, de la inestabilidad institucional en nuestro continente, en tanto las tensiones estructurales inherentes al funcionamiento y la dinámica del Modelo Presidencialista de organización institucional, contribuyen a exacerbar las crisis de las democracias, y en tercer término, la reivindicación del Parlamentarismo, y la necesidad de dicha fórmula, para hacer frente no solo a los dilemas de la gobernabilidad, sino también a los de la legitimidad democrática.

En una versión actualizada de su clásico trabajo de los años 80, Democracia Presidencial o parlamentaria: ¿Qué diferencia implica? Juan Linz se centra en un análisis crítico de los sistemas presidenciales, y en algunas de sus posibles consecuencias en la selección y el estilo del liderazgo, las expectativas populares y la articulación de los conflictos; sistemas presidenciales, cuyas rigideces derivan fundamentalmente de sus dos características principales: 1) Tanto el presidente que controla el ejecutivo y es elegido por el pueblo (o por un colegio electoral elegido por el pueblo con ese único fin), como el legislativo elegido (de una o dos cámaras) tienen legitimidad democrática, construyendo un Sistema de

Legitimidad Democrática Dual. y 2) Tanto el presidente como el Congreso son elegidos por un período fijo, siendo el cargo del presidente independiente del legislativo, y la duración del legislativo, independiente del presidente. Esta es la que Linz caracteriza propiamente como Rigidez del Sistema Presidencial.

¿Cuáles son las consecuencias del funcionamiento del sistema de gobierno Presidencial? Polarización ideológica, la aceptación de una lógica de competencia política de suma-cero, la concentración del poder, y generar las condiciones para el desarrollo de un modelo "delegativo" de democracia -cabe aquí destacar la asociación establecida por el autor, entre el modelo de democracia así caracterizado por el politólogo argentino Guillermo O'Donnell, y los dispositivos institucionales del sistema presidencialista-. En suma, inestabilidad política, difícilmente superable a través de la introducción de mecanismos correctivos, tendientes a la reducción de la incertidumbre institucional, como por ejemplo el Ballotage, o la adopción de sistemas de tipo semipresidencial o semiparlamentario, como en el caso de las experiencias de la República de Weimar (1919-1933), la República española (1931-1936), y la Quinta República Francesa (1958).

Por su parte, el autor holandés Arend Lijphart en Presidencialismo y democracia mayoritaria: observaciones teóricas, procura analizar la relación existente entre los modelos mayoritario y consensual de democracia, con las formas de gobierno presidencial y parlamentaria, temática tangencialmente desarrollada en su clásico libro Las democracias contemporáneas (1987). A las críticas formuladas al Presidencialismo por Juan Linz, agrega una observación teórica adicional: Presidencialismo implica Mayoritarismo, encontrando, en una importante medida, la propensión mayoritaria de este tipo de diseño institucional, en el carácter unipersonal del Poder Ejecutivo: los ministros de los gobiernos presidenciales son simples consejeros y subordinados del presidente. De esta manera, se asegura un proceso de concentración de poder, que aparece centrado no ya en un solo partido, sino en una persona. El presidencialismo aparece como contrario a aquel tipo de compromisos y pactos de carácter consociativos que pueden ser necesarios en todo proceso de transición a la democracia, mientras que la naturaleza colegiada del ejecutivo en los sistemas parlamentarios lo hace más apropiado para suscribir ese tipo de compromisos institucionales. Otros mecanismos que refuerzan el "impulso mayoritarista" del presidencialismo lo constituyen el poder de veto sobre la legislación, que solo puede ser superado por mayorías legislativas excepcionales, la capacidad del presidente de nombrar a los integrantes del gobierno sin interferencia legislativa, la concentración en la figura presidencial de las jefaturas de gobierno y de estado, y el hecho de que el presidente no puede ser miembro de la legislatura; estos atributos no son esenciales, pero que se encuentran en forma frecuente, refuerzan el carácter mayoritario del presidencialismo.

Si la alternativa al presidencialismo es el parlamentarismo ¿a qué Parlamentarismo estamos haciendo referencia? se pregunta Giovanni Sartori en ni Presidencialismo ni Parlamentarismo, identificando el politólogo italiano tres variedades de sistemas parlamentarios: 1) El tipo inglés de primer ministro o sistema de gabinete, en el cual el ejecutivo predomina claramente sobre el parlamento; en el otro extremo. 2) El tipo francés de la tercera y cuarta república francesas, de gobierno de asamblea, que hace casi imposible gobernar, y una fórmula a medio camino de 3) Parlamentarismo controlado por los partidos. El semipresidencialismo puede mejorar el presidencialismo, y asimismo el semiparlamentarismo puede hacer lo propio con los sistemas parlamentarios ¿Cúal es entonces la fórmula mixta favorita de Sartori? Aquella que, atendiendo a las características del contexto -constituyendo el sistema electoral, el sistema de partidos y la cultura política o el grado de polarización ideológica sus dimensiones más relevantes-, sea más aplicable en cada caso particular.

La relación existente entre los procesos de consolidación democrática y los modelos presidencialista y parlamentario de diseño institucional, constituye el eje principal

del trabajo de investigación empírica de Alfred Stepan y Cindy Skach, Presidencialismo y Parlamentarismo en perspectiva comparada..

Es clave para la comprensión de dicha relación, la mayor propensión, de los gobiernos de carácter parlamentario, a la conformación de mayorías que puedan hacer cumplir sus programas, su mayor capacidad para gobernar en un marco partidario multipartidista, su menor propensión a que los ejecutivos gobiernen en el límite de la constitución y su mayor facilidad para destituir al jefe de un ejecutivo que actúe en esa dirección, su menor susceptibilidad a un gobierno militar, y su mayor tendencia a asegurar carreras largas dentro del partido político o del gobierno, lo que añade lealtad y experiencia a la sociedad política. La contrastación empírica del funcionamiento del Presidencialismo y el Parlamentario les permitirá arribar a los autores, a la conclusión de la existencia de una clara correlación entre el Parlamentarismo y los procesos de Consolidación democrática.

Se pregunta Ezra Suleiman, polemizando con Juan Linz en Presidencialismo y estabilidad política en Francia: ¿Qué hubiera sucedido en Francia, de haber continuado con un sistema parlamentario, durante la Quinta República?. Es a partir de este interrogante que la autora analiza la relación existente entre Presidencialismo y estabilidad política. La estabilidad política del sistema presidencial francés, -puesta a prueba a través de exitosas experiencias de cohabitación política entre ejecutivo y legislatura representativos de mayorías diferenciadas, durante los años 1986/1988, y 1993/1995 durante la presidencia de Francois Mitterand, y la experiencia actual de cohabitación entre el Presidente Jacques Chirac y el Primer Ministro Lionel Jospin, como resultado del triunfo del Socialismo Francés en las elecciones legislativas del año 1997- tiene que ver con que la misma ha sido acompañada por transformaciones simultáneas de otras instituciones políticas, muchas de las cuales, por cierto, ni se preveían ni se deseaban.

En primer lugar, el sistema presidencial llevó de manera inesperada a la transformación del sistema de partidos y a una nueva forma de organización de los partidos, constituyendo un auténtico Régimen de Partidos: el sistema político de la Quinta República se ha caracterizado por partidos nacionales organizados y disciplinados: los partidos se han convertido en realidad en máquinas para proponer, apoyar y ayudar a elegir candidatos presidenciales. Y, estos partidos, a partir del año 1973, comienzan a organizarse de acuerdo a una estructura bipolar, constituida alrededor del clivaje ideológico izquierda-derecha. La institución de la presidencia y la elección del presidente por voto popular ha dado lugar a la formación de alianzas dentro de la izquierda y la derecha; el conseguir la presidencia como premio mayor ha estimulado la reestructuración de los partidos porque sin alianzas se hace difícil alcanzar la mayoría electoral.

Por otra parte, el reemplazo del sistema electoral de Representación Proporcional, característico de la cuarta república francesa, por un sistema electoral de Distrito Uninominal a dos vueltas, llevó a la nacionalización de los partidos: aquellos de mayor importancia a la izquierda y la derecha se reagruparon para apoyar a un candidato único, y de esa manera, alcanzar la mayoría electoral.

En definitiva, se trata del estudio de un caso, cuya atracción radica en primer lugar en el hecho de que, los cambios institucionales derivados de la constitución francesa de 1958, en forma conjunta con las transformaciones precedentemente desarrolladas, permiten evitar un conflicto de legitimidades en competencia entre los poderes Ejecutivo y Legislativo -tan caro a los sistemas presidenciales, como señalara oportunamente Linz-. Por otra parte, dichas transformaciones han dado lugar al establecimiento de una autoridad ejecutiva fuerte, sin alterar por ello, el carácter democrático de la sociedad.

¿Qué relación se puede establecer entre el Presidencialismo y la Crisis/Consolidación democrática en el caso particular de América Latina? La

experiencia política del siglo XX en nuestro continente abona, desde la perspectiva de los distintos autores que abordan la problemática latinoamericana, la hipótesis principal del libro. Así, Arturo Valenzuela en La Política de partidos y la crisis del presidencialismo en Chile: una propuesta para una forma parlamentaria de gobierno, sostiene que las crisis de la democracia en Chile se exacerbaron por la falta de congruencia entre el Polarizado y Competitivo sistema de partidos, que impide la conformación de una mayoría gubernamental para exigir rendición de cuentas el Ejecutivo o el apoyo institucional en la Legislatura, por una parte, y por otra, un marco institucional presidencialista, con sus elecciones de ganador único, mandato fijo y legitimidad democrática dual.

Lo que permitió históricamente superar estas dificultades estructurales fue la existencia de fuerzas centristas pragmáticas y la política de acuerdos que dichas fuerzas impulsaron. La rigidez del Presidencialismo y la erosión gradual de los escenarios de compromiso, a partir del triunfo de la Democracia Cristiana en las elecciones presidenciales de 1964, intensificaron la confrontación en Chile, haciendo más difícil negociar acuerdos políticos; es en este escenario que se desarrolla la ruptura institucional de 1973. Atendiendo a la herencia institucional legada por el gobierno del General Pinochet, Valenzuela plantea la necesidad de revertir el hiperpresidencialismo de la Constitución de 1980 y restablecer una Asamblea Legislativa capaz de sumar intereses y estructurar compromisos institucionales.

Uruguay constituye un ejemplo verdaderamente relevante, sostienen Luis González y Charles Gillespie en Presidencialismo y Estabilidad democrática en Uruguay, dado que dicho país constituye el único caso de un sistema democrático relativamente longevo que ha sido reemplazado por un Régimen Autoritario impuesto internamente. Las rigideces de la tradición Presidencial o Cuasipresidencial uruguaya -dado que en su marco institucional aparecen presentes varios de los caracteres secundarios que se atribuyen a los sistemas parlamentarios, como por ejemplo la facultad de disolución del Parlamento por parte del Ejecutivo o la responsabilidad de los ministros ante el parlamento-, profundizaron las crisis institucionales de 1933 y 1973 que derivaron en la quiebra de la democracia, porque en primer lugar, en circunstancias críticas, congelaban gobiernos minoritarios sin viabilidad, durante un período de cuatro o cinco años, y en segundo lugar, porque contribuían a bloquear las coaliciones interpartidarias capaces de sostener gobiernos mayoritarios.

¿La inestabilidad institucional en el Brasil es el resultado del azar o de alguna imperfección institucional? se interroga Bolívar Lamounier en Brasil: ¿Hacia el Parlamentarismo? El autor analiza, al respecto, el proceso de transformación del Presidencialismo, que evoluciona de un condominio oligárquico durante la Primera República, entre 1889 y 1930, a una inestable combinación de rasgos participativos y plebiscitarios durante la experiencia "democrática" de 1930 a 1964. El desarrollo de los medios de comunicación pronto eliminó el contacto directo con la Opinión Pública, pero lejos de consolidar el sistema, dichos rasgos parecen haber desestabilizado al Presidencialismo, siendo la más elocuente expresión el golpe e instauración del Régimen Burocrático-Autoritario de 1964 a 1985.

Por otra parte Lamounier analiza el surgimiento de un clima de opinión a comienzos de los años 90, favorable a la implementación del Parlamentarismo, que finalmente no se manifiesta como tal en el plebiscito llevado a cabo el 21 de Abril de 1993, como resultado de, entre otros factores, el fallecimiento en Octubre de 1992 del principal símbolo articulador de la campaña parlamentaria, el diputado Ulyses Guimaraes, la sensación general de que, con la caída de Collor de Mello, la crisis llegaba a su fin y que el proceso de destitución había mostrado las virtudes del Presidencialismo, el alto grado de popularidad de Lula que provoco una notable inversión en las inclinaciones parlamentaristas del Partido de los Trabajadores (PT), la imagen negativa de la Asamblea Legislativa, y la oposición de la prensa a la

realización del plebiscito dado el escaso tiempo, y la complejidad de los temas a poner a consideración que no debían ser antepuestos a las urgencias de la crisis económica y social.

La influencia en el desarrollo de la democracia en Colombia, de las rigideces inherentes al Presidencialismo señaladas por Linz -tendencias a la concentración del poder, ausencia de un poder moderador, la naturaleza de ganador único en las elecciones presidenciales, con la posible consecuencia de estancamiento en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y el potencial polarizador de dichas elecciones-, es abordada por Jonathan Hartlyn en El Presidencialismo y la Política Colombiana.

Los desmesurados poderes presidenciales, parcialmente morigerados por la Reforma Constitucional de 1991, sumado a la existencia de un asfixiante sistema bipartidista -producto del acuerdo de alternancia y paridad entre Conservadores y Liberales entre 1957/58-, y un parlamento excesivamente parroquial -dada la peculiaridad del sistema electoral de fórmula de Representación Proporcional con lista múltiple por departamento-, tienen directa relación con las sucesivas impugnaciones no ya al Régimen Político sino al propio Estado, jaqueado por organizaciones armadas como el Movimiento 19 de Abril, de gran vigencia durante las décadas del 70 y 80, hasta su incorporación a la vida política colombiana, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante la década actual, con el control del 40% del territorio nacional. Cabe mencionar también la influencia creciente del Narcotráfico y la penetración del mismo en la propia estructura institucional del Estado -recordemos las acusaciones formuladas al ex-presidente Ernesto Samper (1994-1998) respecto de la financiación de su campaña electoral con fondos provenientes del Narcotráfico-.

Catherine Conaghan en Partidos Débiles, Políticos indecisos y tensión institucional: el Presidencialismo en Ecuador 1979/88, afirma que, a pesar de su más reciente transición desde un Régimen Militar desde 1979, la historia de las relaciones Ejecutivo/Legislativo en el Ecuador pueden ser interpretadas como una crónica del mal funcionamiento de las disposiciones presidenciales.

La clave para comprender la tensión permanente entre ambos poderes reside en la conexión entre el Presidencialismo y el Sistema de Partidos; el Sistema de partidos ecuatoriano, multipartidista, excesivamente débil y permeable al surgimiento de opciones partidarias de signo Populista -como por ejemplo la de Abdalá Bucaram-, ha dificultado que los presidentes formaran apoyos para sus políticas públicas en el congreso. También ha creado incentivos para que los presidentes ignoren al congreso y prescindan por completo de la acción política. Son estas condiciones las que permiten al mismo tiempo comprender, las serias dificultades existentes para la implementación de un diseño institucional de carácter Parlamentario.

Cómo ilustra el caso de Perú las preocupaciones principales sobre el Presidencialismo será el eje principal de investigación de Cynthia McClintock Presidentes, Mesías y crisis constitucionales en Perú. Mientras que, entre 1930 y 1980, el intenso conflicto entre los Sectores Tradicionales, las Fuerzas Armadas y el principal partido político reformista, el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) distorsionó el funcionamiento del Sistema Político en Perú, fue en cambio, entre 1980 y el 5 de Abril de 1992, fecha del autogolpe del Presidente Alberto Fujimori, la tendencia de los presidentes -no solo de Fujimori, sino también en los casos de Alan García y de Fernando Belaunde Terry-, a adoptar actitudes y comportamientos de signo mesiánico, que fue en última instancia el factor clave en el colapso democrático de Abril de 1992.

La historia de Venezuela parece contradecir, en la visión de Michael Coppedge en su trabajo Venezuela: democracia a pesar del Presidencialismo, la tesis de que las democracias Presidenciales son propensas a experimentar crisis

institucionales. Sin embargo la estabilidad histórica de Venezuela -en el período comprendido entre la suscripción del Pacto de Punto Fijo en 1958 entre Acción Democrática y el Copei hasta las crisis militares de 1992 con los intentos golpistas del paradójicamente actual presidente Hugo Chávez- no invalida los argumentos en contra del Presidencialismo.

La fortaleza de los partidos y del Sistema de Partidos, de clara orientación bipartidista y centrípeta, la disposición a la cooperación por parte de las élites venezolanas y prosperidad económica derivada del aumento de los ingresos públicos derivados de la renta petrolera, son centrales para poder entender este largo período de estabilidad institucional. El actual surgimiento de la figura de Chávez deberá ser interpretado en el marco de una crisis económica derivada de la caducidad y agotamiento del modelo de acumulación de capital, basado en los ingresos provenientes de la renta del petróleo, la generalizada corrupción de la clase política y la crisis de representatividad de los partidos políticos tradicionales, vinculados al sistema político vigente desde 1958, producto de la falta de eficacia en la elaboración de respuestas a la crisis económico-social.

Podemos afirmar, en definitiva, que la publicación de Juan Linz y Arturo Valenzuela, y los debates que la misma nos propone, constituye sin duda una propuesta para la reflexión sobre los dilemas y el futuro de la democracia en América Latina, luego de los profundos cambios operados durante el último decenio, y frente a la necesidad de acortar la brecha existente entre un inconcluso proyecto de democratización, y el decisionismo "democrático" característico de nuestro tiempo.

* N.R: En la publicación aparece un interesante estudio de Catherine Conoghan, titulado: Partidos Débiles, Políticos Indecisos y Tensión Institucional: el Presidencialismo en Ecuador 1979-1988.

** Instituto Universitario Ortega y Gasset. Madrid.

Se agota el sistema presidencialista Por: Antonio G. García Danglades(*)

Fecha de publicación: 25/04/05

Resulta curioso observar las distintas posturas asumidas en torno a la crisis política en Ecuador. Para algunos, el hecho de que la Fuerza Armada le haya retirado el apoyo a Lucio Gutiérrez, indica que su destitución respondió mas a un golpe de Estado que a la puesta en marcha de un mecanismo constitucional. Otros, sin embargo, consideran que la gravedad de la situación política en Ecuador pesó mas sobre las consideraciones jurídicas, lo cual obligó al parlamento a dar una respuesta pragmática que solventara lo mas pronto posible la crisis de gobernabilidad.

Mas interesante aun es observar los argumentos presentados de acuerdo al interés por evitar o reproducir situaciones similares. En Venezuela, por ejemplo, algunos partidarios del gobierno bolivariano que vivieron en carne propia un golpe de Estado justificado en la supuesta "renuncia" del Jefe de Estado, ven con sumo recelo que la destitución de Gutiérrez se haya producido por un "abandono en el cargo" sin que se le diera la oportunidad de confirmar o refutar tal aseveración, aun cuando a diferencia del caso venezolano, la falta de apoyo popular fuera determinante en su derrocamiento. Esta

preocupación también es compartida por el gobierno de Perú, no porque tema la ejecución de un golpe mediático a la venezolana, sino por lo que podría representar para la gran mayoría que rechaza la gestión del presidente Toledo. Por su parte, la oposición venezolana justifica la salida de Gutiérrez añorando un desenlace similar en Venezuela, tal y como lo buscó afanosamente el 11 de abril y durante el sabotaje petrolero. En este sentido, el diputado Andrés Velásquez calificó de "responsable" al depuesto presidente ecuatoriano por haber acatado su destitución "respondiendo a lo que es una solicitud generalizada para que dimita... [que] de alguna manera se pone en contraste con lo ocurrido en nuestro país, donde ante una situación de violencia y de derramamiento de sangre un gobernante no tuvo esa responsabilidad y más prevaleció en él la ambición de poder que la suerte que pudiera vivir el pueblo de Venezuela." (El Mundo, 21 de Abril de 2005) Igualmente, el ex embajador Milos Alcalay manifestó que la OEA deberá "actualizar" su concepto de democracia porque "no puede ser que por los votos que alguna vez obtuvo el presidente de Ecuador, pueda darse el lujo de la prepotencia del poder, la militarización de las estructuras civiles, de remover a dedo a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, de manipular el Parlamento para el beneficio del Ejecutivo, de negarse a aceptar el desprecio de la minoría oposicionista y de mantenerse tolerante ante la corrupción" (Unión Radio, 22 de Abril de 2005), en clara alusión al presidente Chávez y en sintonía con la posición estadounidense que espera con ansias modificar la Carta Democrática para aplicarla en Venezuela.

Ciertamente, la OEA, que no movió un dedo cuando el presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, fue secuestrado por fuerzas estadounidenses, deberá ver como concilia las distintas posturas políticas antes de tomar una posición con respecto a Ecuador, la cual seguramente estará signada por la ambigüedad y falta de voluntad política para impulsar cambios estructurales en los sistemas políticos de América Latina que trasciendan el presidencialismo representativo pro-estadounidense.

La solución a las crisis de gobernabilidad en países de América Latina no pasa por determinar de manera subjetiva cuando un derrocamiento es malo y cuando es bueno de acuerdo al interés político, sino creando mecanismos democráticos que permitan la participación ciudadana de manera razonada y efectiva en el devenir político de sus naciones. Lo ocurrido en Ecuador no es mas que el reflejo del agotamiento del sistema político presidencialista. En los últimos cinco años han sido derrocados seis presidentes en América Latina, y solo en Ecuador han sido cinco los presidentes que en los últimos ocho años no han podido llegar al fin de su mandato. Este fenómeno tiene su origen en el neopopulismo exacerbado de quienes fundamentan su plataforma electoral en un discurso social, pero una vez en la presidencia comienzan a implementar un programa neoliberal, netamente antipopular, traicionando la confianza que el pueblo depositó en las urnas, y confiando que el término de su mandato en suficiente garantía para resguardar el poder sin tener que rendirle cuentas al país. En Venezuela esta problemática se hizo evidente tras los sucesos del 4-F, pero no fue sino con la victoria de Chávez en 1998, que una nueva constitución pudo dar una respuesta al problema de ingobernabilidad propia del presidencialismo mediante la creación de la figura de los referéndums revocatorio, abrogatorio y consultivo. Sin embargo, el sistema político venezolano aun no ha logrado trascender totalmente los vicios puntofijistas del pasado, los cuales han obstaculizado el desarrollo y consolidación de las nuevas instituciones bolivarianas, y en especial de la Asamblea Nacional para que actúe como bisagra entre el poder publico y la participación popular.

Una alternativa política para los países de América Latina sería la transformación estructural del sistema político que destierre la nefasta herencia presidencialista y avanzar hacia un sistema parlamentarista bolivariano que garantice el funcionamiento óptimo del gobierno e instituciones públicas sin obstruccionismos y con el ojo vigilante de la ciudadanía que a fin de cuentas determinará la culminación del ejercicio del poder. La posibilidad de llamar a elecciones en momentos de crisis sin que se vulnere el orden constitucional tendría una repercusión positiva en todos los ámbitos, además de coadyuvar decididamente al desarrollo democrático e integral del Estado. Incluso, el surgimiento de cualquier crisis tendría que pasar necesariamente por un filtro de racionalidad debido a que cualquier llamado a elecciones no sería para escoger un nuevo Primer Ministro o Presidente, sino para remplazar a los propios representantes del Parlamento. Precisamente, mientras Ecuador resuelve su crisis política y los países de la región intentan interpretar la caída de Lucio Gutiérrez, en Canadá se ponen en marcha los mecanismos constitucionales que ofrece el sistema parlamentarista para resolver una crisis de gobernabilidad derivada de hechos de corrupción, convocando a los ciudadanos a las urnas por segunda vez en menos de dos años de gestión.

No obstante, un cambio estructural de tal envergadura requerirá tiempo, educación, información y un debate público de altura y sin prejuicios. La crisis política en Ecuador que provocó el derrocamiento de Lucio Gutiérrez, puede ser un buen momento para iniciar ese debate.

(*) Internacionalista, MA

Sartori, Giovanni. “Presidencialismo, sistemas parlamentarios y semipresidencialismo”. En: Giovanni Sartori, Ingeniería Constitucional Comparada: una investigación de estructuras incentivos y resultados. México D.F: Fondo de Cultura Economica, 1994.

Sartori, Giovanni. “Comparación y método comparativo”. En: Giovanni Sartori y Leonardo Morlino. La Comparación en las Ciencias Sociales. Madrid: Alianza Editorial, 1994

de candidatos outsiders en las elecciones presidenciales, no es el resultado de una situación de crisis concreta o de la ambición de individuos concretos, sino que más bien responde a una razón estructural que en determinado momento se vuelve propicia para la emergencia de este tipo de candidatos (Linz,1997:66).

En este sentido, la emergencia de los llamados outsiders en Latinoamérica y caso concreto en los países analizados, se inscribe dentro de procesos de democratización inestables, "caracterizados por organizaciones estatales y sistemas partidarios en procesos de deslegitimación y descomposición" (Mayorga,1995:25); procesos insertos además en una profunda crisis social y económica, consecuencia de lo cual se ha generado una suerte de desencanto y descrédito de la democracia, en razón de los bajos niveles de rendimiento de la misma. El hecho de que tanto Fujimori como Gutiérrez, hayan llegado a la segunda vuelta con otro candidato ubicado fuera de los partidos tradicionales, permite argumentar que más allá de la capacidad de interpelación que caracterizó a dichos liderazgos, la coyuntura socio-política de Perú y Ecuador, había establecido las condiciones necesarias para la consolidación de dos candidaturas outsiders.

De alguna manera, la simpatía del electorado por las candidaturas de Fujimori y Gutiérrez, no responde a una adscripción positiva, en el sentido de que más allá de no reconocer una posición ideológica y programática (que de hecho no existe), el elector fundamenta su elección sobre la base de una imagen antagónica al de aquellos políticos y de aquella política partidista que habiendo estado ya en el poder, no lograron llenar las expectativas de la sociedad. En este sentido, estamos frente a una adscripción negativa, que se explícita en un voto de rechazo y protesta en contra de la partidocracia tradicional.

No hay que desestimar sin embargo, la dimensión procedimental de los actores políticos dentro de la coyuntura electoral. Las elecciones de 1990 en Perú y del 2002 en Ecuador, no fueron las primeras elecciones (y seguramente tampoco las últimas) en las que se presentaban candidatos outsiders para la presidencia de la república. El hecho es que, las acciones y estrategias que emprendieron o dejaron de hacer los otros candidatos también deben ser consideradas como factores causales del triunfo de un determinado candidato. Así, para algunos autores, "el sorprendente triunfo de Fujimori en las elecciones de 1990, se explica por el proceso electoral mismo, en donde los factores decisivos son la división de la IU, los errores de campaña de FREDEMO y el apoyo a Fujimori por parte de Alan García; todo esto en el contexto de un sistema electoral demasiado permisivo" 19. Lo mismo podría decirse en el caso del Ecuador, en donde la fragmentación de la centro-derecha y la inconsistencia propia de un proceso de renovación en el que se encontraba inmerso la derecha, permitieron el fortalecimiento de candidatos como Gutiérrez y Noboa.

Pese a esto, se sigue argumentando que la emergencia de candidatos outsiders, obedece a razones estructurales acumuladas en los procesos políticos de cada país. Así en el Perú, el proceso de reestructuración social que desató una sobre-concentración urbana en Lima, consecuencia de la grave crisis económica de los ochenta y del incremento de la violencia terrorista de grupos como Sendero Luminoso, no fue precisamente el escenario ideal para que los gobiernos de Belaunde y García pudiesen enfrentar con éxito el proceso de democratización, agudizando por el contrario cada vez más la crisis y desligitimizando el sistema político en su conjunto. Esto facilitó, por así decirlo, la tentación del electorado por apelar a otro tipo de propuestas, y dado que, el argumento de Vargas Llosa se inscribía más bien dentro de los parámetros neoliberales que habían generado la crisis, la candidatura de Fujimori apareció como aquella capaz de generar el cambio.

En el caso del Ecuador, la lógica parece ser diferente. Inscrito dentro de unas condiciones económicas hasta cierto punto similares y de una también deslegitimación del sistema político, la noción de cambio que el electorado percibía no estaba dada en función de una ruptura hacia algo diferente, sino más bien, dentro de una lógica de continuidad del carácter tutelar de los militares, que ha caracterizado al proceso político ecuatoriano durante las dos últimas décadas. Idea fundamentada en la percepción de que la intervención de las Fuerzas Armadas, siempre será la última (y la mejor) opción para resolver los momentos de crisis política. De tal manera que, la legitimación de la candidatura de Gutiérrez se fundamenta en la imagen de gestor del golpe de Estado del 2000, acción insurgente que luego de ser ampliamente aprobada no sólo por la opinión pública sino por las mismas instancias institucionales, sirvió de argumento central para darle continuidad a la figura del (ex)militar que había salvado al país de la corrupción de la oligarquías representadas por Mahuad, es decir, más allá de apelar a un cambio, la imagen idílica de Gutiérrez (disfrazado de camuflaje y montado en caballo blanco), lo que buscaba era representar esa noción de protección construida alrededor de la naturaleza tutelar e intervensionista de las Fuerzas Armadas. En otras palabras, el contexto político del Ecuador, está estructurado de tal manera que la presencia directa e indirecta de los militares siempre será determinante en cualquier proceso. El caso de Gutiérrez, un outsider extraído del sector militar (que

por cierto no es el primero), sólo demuestra que el perfil de su liderazgo se inscribe dentro de la lógica estructural de la política ecuatoriana y que coincidió en las elecciones del 2002 con una coyuntura socio-política, que le permitió aparecer como la mejor opción para el electorado.

En todo caso, tanto Fujimori como Gutiérrez, evidencian aquella tendencia de la política Latinoamérica en general, a través de la cual se manifiesta la necesidad de buscar nuevas alternativas de representación que sustituyan a una desligitimizada democracia excluyente y patrimonialista. Y claro, ante la inviabilidad de encontrar otras opciones por fuera del sistema -las mismas que no han pasado de ser enunciados de una utópica democracia participativa- la sociedad se ha seguido dejando convencer por estos seudo-salvadores que irrumpen en la arena política, sin otro argumento que no sea el de ir en contra de un ordenamiento institucional, cuando la naturaleza de los neopopulismos han demostrado que estos lideres mesiánicos se sirven de esta misma institucionalidad para perpetuar su poder, como en el caso de Fujimori, o para olvidarse que la constitución de un país no puede ser quebrantada, como en el caso de Gutiérrez.

19 TANAKA, Martín. "¿Crónica de una muerte anunciada?. Determinismo, voluntarismo, actores y poderes estructurales en el Perú, 1980-2000", en: MARCUS-DELGADO Jane y TANAKA Martín, Lecciones del final del fujimorismo, IEP, Lima, 2001, p.72

Bibliografía

ANDRADE, Pablo. "El imaginario democrático en el Ecuador", en: Revista Ecuador Debate No.47, Quito, 1999

TANAKA, Martín. "La democracia peruana en los ochenta", en: Los espejismos de la democracia. El colapso del sistema de partidos en el Perú, IEP, Lima, 1998