www.unperiodico.unal.edu.co • un_periodico@unal.edu.coBogotá D. C., n.º 165, abril de 2013

Publicación de la Universidad Nacional de Colombia • ISSN 1657-0987

En los años noventa, un grupo de artistas colombianos coincidió en usar las “acciones de arte” como lenguaje para interpretar –y no pocas veces criticar– la compleja realidad social y política que les tocó vivir.

La generación desconocidadel performance

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Especial Educación superiorPáginas 5 a 15

A pesar de su visible crecimiento en los últimos veinte años, la inves-tigación nacional está rezagada frente a la de otros países de América Latina. La inversión sigue sin sobrepasar el 0,5% del PIB y las regalías para el sector de ciencia, tecnología e innovación no son suficientes. Para que el sistema funcione se necesitan recursos y políticas claras.

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Director: Jaime Franky RodríguezCoordinación periodística: Nelly Mendivelso Rodríguez Coordinación editorial: Carlos Andrey Patiño Guzmán

Comité editorial: Astrid Ulloa, Jorge Echavarria Carvajal, Horacio Torres, Luis Carlos Colón,André N. Roth, Juan Álvaro Echeverri, Álvaro Zerda

Diseño y diagramación: Ricardo González Angulo Corrección de estilo: Fernando Gaspar DueñasGestión administrativa: Jaime Lesmes Fonseca Impresión: CEET, Casa Editorial El Tiempo

Las opiniones expresadas por los autores y sus fuentes no comprometen los principios de la Universidad Nacional de Colombia ni las políticas de UN Periódico

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Nación

Intereses de congresistas amenazan

reforma de la saludEl proyecto de ley radicado en el Congreso de la República, si bien reconoce problemas estructurales en el Sistema General de Se-guridad Social en Salud, no deja claro las medidas para combatir muchos de los males del sector. Por eso, el temor es que todo cambie de forma, pero no de fondo.

Francisco Rossi,Director de la Fundación Ifarma

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, presentó en compañía del ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Ga-viria, el proyecto de ley 210 para reformar el sistema de seguridad social en salud. Es la segunda vez que el propio mandatario presenta un proyecto ante el Congreso, des-pués de la ley de víctimas y restitu-ción de tierras.

Significa que es una iniciativa importante para el Ejecutivo, lo que suena bien. Pero este acto sim-bólico también puede ser muestra de una estrategia política. Podría verse como que Santos, pensando en la reelección, convertiría a la salud en un terreno de negocia-ciones, en una moneda de cambio entre intereses políticos y econó-micos.

La propuesta es, sin ninguna duda, la respuesta del Gobierno al descontento social con un sistema que se ha convertido en una olla a presión durante los últimos cua-tro o cinco años, aunque ya desde 1994 había movimientos sociales de rechazo al modelo de la Ley 100 por sus fundamentos conceptuales e ideológicos.

Pero fue a partir de la emer-gencia social del año 2009 cuando se desató una enérgica protesta que aún se mantiene y que se fun-damenta en la insatisfacción y el rechazo de los ciudadanos a las prácticas diarias del sistema, con un notable componente académi-co y una fuerte influencia del sec-tor judicial (incluida la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitu-cional). Hoy, tirios y troyanos coin-ciden en que la mayor dimensión de su crisis es la de la legitimidad.

No todo es malo

Se le debe reconocer al minis-tro que la propuesta presenta dife-rencias con respecto a las anterio-res reformas (Ley 1122 y Ley 1438). Por ejemplo, las declaratorias de emergencia social fueron respues-tas que podrían calificarse como

Una de las principales críticas al sistema de salud vigente es que ha pro-fundizado la desigualdad en atención entre regiones.

arrogantes y poco democráticas, que tenían como meta una defensa sectaria del modelo. El proyecto pretende superar, y así lo establece la exposición de motivos, los fraca-sos de los veinte años de la Ley 100. Eso es nuevo y valioso.

Los problemas que se deben resolver son: la fragmentación del financiamiento (fondo único); el deterioro de la oportunidad y cali-dad de los servicios (modificación de los roles de los actores y correc-ción de incentivos); la corrupción, especialmente en el crecimiento exponencial del gasto en procedi-mientos y servicios no POS (plan de beneficios con lista negativa); y la incapacidad de incorporar la atención primaria y las redes inte-gradas de servicios.

No obstante, se reconoce la existencia de unos logros: cober-tura casi universal, unificación del contributivo y el subsidiado, mejor acceso a servicios y protección fi-nanciera.

Más plural

La propuesta concede, como ya lo había hecho el ministro, que en muchas regiones (y en especial en zonas rurales y de población dispersa) las ganancias con el mo-delo de aseguramiento y compe-tencia habían sido muy pobres y que pretender un único esquema en un país tan diverso no había

sido una buena decisión. La terri-torialización y la regionalización forman parte de los instrumentos para enfrentar esta debilidad.

Además, registra varias tareas pendientes en salud pública. Pe-ro, al respecto, considera que este déficit será abordado en el Plan Decenal, por lo cual no ocupa un espacio importante.

La iniciativa se presenta si-multáneamente con uno de ley estatutaria, destinado a reconocer (ratificar) a la salud como derecho fundamental y a definir sus conte-nidos y límites. Este elemento es también una respuesta al movi-miento social por la salud, que ya había presentado el proyecto de ley estatutaria 105 ante la Comi-sión Primera del Senado.

El texto, por desgracia, deja más preguntas que tranquilidades. Muchos aspectos cruciales, espe-cialmente referidos a los nuevos roles de los viejos actores, no son suficientemente claros. El hecho de que se trate de una iniciati-va eminentemente política puede explicar este rasgo, que pareciera extraño en un ministro de origen académico.

Esperanzas a medias

Las ambigüedades han llevado a que algunos críticos consideren que se pueda tratar de un cambio de nombres para regresar a más

de lo mismo. Por eso, por ejemplo, se esperaría que todos los congre-sistas que tengan participaciones en EPS, IPS o gremios, que hayan recibido apoyo financiero para sus campañas por actores interesados y que tengan deudas morales por su responsabilidad en descalabros institucionales o algún otro con-flicto de interés dieran un paso al costado y se abstuvieran de delibe-rar y de votar. Las sesiones debe-rían ser abiertas y de frente al país.

Finalmente, es necesario exa-minar cómo el proyecto enfrenta el gasto desbordado en servicios no POS. Su exposición de moti-vos atribuye gran peso a la “desac-tualización” del POS como factor explicativo. Pero, en otras presen-taciones, el ministro ha sugerido que fue más la consecuencia de un fenómeno de “alineación per-versa de incentivos” –una manera sutil de llamar a la corrupción–. De cualquier modo, propone el fin de los recobros y el cambio a una lista negativa de exclusiones “ra-zonables”.

Aun sin claridad sobre su sig-nificado, la propuesta parece un punto de partida bastante más jus-to que las amenazas de emergen-cia social o los fallidos intentos de actualización a cargo de la extinta Comisión de Regulación en Salud (CRES). Ella angustia mucho a los médicos –compañeros de fórmula del presidente para la foto–, que siempre vieron en el POS una ame-naza a la autonomía médica, y a la gran industria farmacéutica, que ha hecho de la autonomía médica su negocio más rentable en Co-lombia y en el mundo.

El proyecto incluye medidas sobre cuyo futuro se puede ser es-céptico, como el retorno al Minis-terio de la política de precios de medicamentos, con un carácter pú-blico de la información de precios y vigilancia de las tecnologías en salud. Estas propuestas, sin duda, comprenden pronunciamientos categóricos del Ejecutivo en temas que fueron objeto de controversia en los últimos años.

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3Economía

¿Lo minero-energéticodebe liderar el modelo de desarrollo?

Un desafío decisivo a mediano y largo plazo es el de canalizar los ingresos financieros del sector extractivo hacia el desarrollo de nuevas capacidades de producción que aprovechen y cultiven el talento de los colombianos para innovar y crear riqueza.

José Guillermo García Isaza,Facultad de Economía,

Universidad Nacional de Colombiaen Bogotá

Colombia sigue siendo un país en desarrollo. La abundancia y la intensidad del consumo moderno, evidente en algunas zonas de las grandes ciudades, contrasta con los enormes cinturones de pobreza urbana y rural. La infraestructura de transporte para integrar la eco-nomía del país y articularla con el resto del mundo tiene un atraso de varias décadas.

La corrupción y la violencia endémica son los mayores proble-mas de desviación y destrucción de los recursos del desarrollo y re-flejan la marcada debilidad institu-cional colombiana como proyecto de sociedad moderna.

Son consecuencia de la escasa eficacia de los arreglos institucio-nales y de la deficiente gestión de los asuntos nacionales para con-solidar un modelo de sociedad via-ble.

En el lenguaje de los econo-mistas, las soluciones van de la mano del crecimiento. Por tal ra-zón, quienes llegan a cargos de gestión económica le asignan gran prioridad a este objetivo. Es cierto que buena parte de las dificulta-des requiere un escenario de incre-mento del ingreso nacional, pues cualquier medida demandará ne-cesariamente una disponibilidad de recursos adecuada.

Lo que está en discusión no es la búsqueda de este objetivo, sino la manera de inducir sus mecanis-mos estructurales, a fin de garan-tizar su sostenibilidad y hacer que las soluciones tengan alcance de largo plazo.

Sin valor agregado

Para muchos colombianos no es muy claro el papel del comer-cio exterior, como no sea el de la importación de bienes que les permiten mantener algunos están-dares de consumo moderno ba-sados en tecnologías de reciente generación.

Sin embargo, cuando se apre-cia el papel crucial que este tiene para la economía nacional, se en-cuentra que el patrón de espe-cialización del país sigue basado en productos primarios, de origen natural, con escaso grado de trans-formación y generación de valor agregado.

En el siglo XX, este patrón estuvo concentrado en el cultivo y exportación de café, junto con otros productos de menor alcance. De ahí la importancia de ese sec-tor. Pero, en las últimas dos déca-das, el mercado internacional del grano ha sufrido cambios notables de organización y estructura, a los cuales se suma un escenario inter-no desfavorable que ha terminado por desalentar su producción.

Hace algunas semanas, los cafeteros reclamaban apoyo del Gobierno frente a la caída de sus ingresos, causada por la disminu-ción del precio y la revaluación que registra el peso frente a los merca-dos externos. Esta situación plan-tea un doble interrogante sobre la causa de la revaluación y sobre el patrón estructural de desarrollo de la economía.

En este siglo, ante la creciente demanda de materias primas en el mercado mundial, se hace hinca-pié en las ventajas que tiene para el país aprovechar sus inmensos recursos minero-energéticos a fin de impulsar el crecimiento a través

El auge de recursos por la extracción minero-energética debe verse reflejado en una mayor infraestructura en todas las regiones del país, no solo en el centro.

de las exportaciones.Las políticas públicas han sido

explícitas en ese sentido. De hecho, del total de la inversión externa re-gistrada en los últimos cinco años, el 60% se concentró en dicho sec-tor, con exportaciones que en el año 2012 alcanzaron los 44.107 mi-llones de dólares (valor que supera, por sí solo, el total de las del año 2010: 39.713 millones de dólares).

Así pues, un desafío decisivo a mediano y largo plazo es el de canalizar sus ingresos financieros hacia el desarrollo de nuevas capa-cidades de producción que apro-vechen y cultiven el talento de los colombianos para crear riqueza y valor agregado.

El Plan de Desarrollo del Go-bierno se propuso impulsar el cre-cimiento con base en cinco ejes impulsores (o locomotoras). Un balance actual permite apreciar que el de infraestructura de trans-portes apenas prende motores; los de agricultura y vivienda avanzan lentamente; y el único que alcanza velocidad de crucero es el de mine-ría y petróleo.

El más rezagado es el de la innovación, justamente el más es-tratégico para lograr crecimiento a largo plazo mediante la creación y diversificación de nuevas activi-dades.

Efectos colaterales

Los ejes llamados a fortalecer y dinamizar estructuralmente el mercado interno no tienen la fuer-za necesaria para proveer un ritmo de crecimiento fuerte y constante.

Por su parte, el minero y ex-tractivo está en pleno auge y es el que viene dando el mayor impulso al progreso económico.

Se ha visto beneficiado por el ascenso de las economías emer-gentes, que han aumentado la de-manda internacional por los recur-sos del subsuelo.

Esto ha mantenido altos sus precios –lo que refleja su grado de escasez relativa a nivel internacio-nal– y, por ende, ha estimulado las inversiones a un ritmo mayor que en otras actividades.

Para una economía como la colombiana, esta situación parece en principio favorable. Pero no lo es del todo, pues depende de la forma como ese crecimiento sirva para promover y transmitir sus be-neficios a los sectores más orienta-dos al mercado interno.

En efecto, a corto plazo, es una opción para impulsar la eco-nomía. Pero, si no se reconoce que dichos recursos son limitados y agotables, resulta dudoso que se pueda lograr un crecimiento sos-

tenido en el tiempo.Sin ahondar en la incidencia

sobre el medioambiente, sus efec-tos son tres, principalmente.

El primero se refiere al aumen-to del ingreso, y se relaciona con el incremento de la producción. El se-gundo, ligado al primero, tiene que ver con la renta que se distribuye y sirve para financiar las inversiones de desarrollo mediante el mecanis-mo de distribución de regalías. Y el tercero es su incidencia sobre el precio macroeconómico de la tasa de cambio: estimula la revaluación por los efectos sumados de aumen-to de exportaciones y de inversión extranjera, factores que presionan a la baja el precio de las divisas externas.

Este último, es el de mayor impacto en lo macroeconómico, con consecuencias desiguales en-tre los diferentes sectores de la es-tructura productiva. Así, mientras que las inversiones, la producción y las exportaciones crecen en los ex-tractivos, la revaluación perjudica a otros, que ven limitada su competi-tividad y sus ingresos.

Y son, justamente, estos últi-mos de los que dependerá en buena medida alcanzar la sostenibilidad económica y social necesaria para lograr una disminución consisten-te de la pobreza en el futuro.

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4 Debates

En Europa, Uruguay e, incluso, algunas regiones de EE. UU., están surgiendo distintas reflexiones sobre cómo abordar el problema del comercio ilícito de estupefacientes. Los diálogos de paz en Colombia son el escenario para plantear salidas, que estarán di-rectamente relacionadas con el bienestar de los campesinos, la equidad y la distribución de la tierra.

Fernando Franco,Mesas de trabajo regionales

para contribuir al fin del conflictoCentro de Pensamiento y Seguimiento

del Proceso de Diálogos de PazUniversidad Nacional de Colombia

en la Amazonia

La producción, el tráfico y el consumo de sustancias psicoacti-vas es un fenómeno global, aunque afecta con mayor rigor a los países productores debido a la presencia de poderosas redes de traficantes. Asimismo, son globales los movi-mientos sociales y las corrientes de opinión comprometidas con el reconocimiento del fracaso de la guerra contra las drogas.

Son incuestionables las pro-fundas asimetrías en términos de violencia, pérdida de vidas huma-nas, desplazamiento de poblacio-nes y criminalización de vastos sectores de población campesina e indígena y de los asentamientos más vulnerables de las ciudades de los países productores.

Dos estados de los EE. UU. aprobaron recientemente en un plebiscito el uso recreativo de la marihuana y otros doce, sus usos terapéuticos. El Gobierno esta-dounidense ha eliminado la ex-presión “guerra contra las drogas” como punto de partida de nuevas perspectivas de acción. A la par, el Gobierno de Uruguay saca adelan-te una iniciativa legislativa para le-galizar la producción y el consumo de cannabis.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, promueve el debate sobre el fracaso de esta gue-rra en foros internacionales. Más aún, desde hace muchos años, va-rios países europeos descriminali-zaron el consumo, para centrar sus esfuerzos en programas de preven-ción y atención de la narcodepen-dencia.

Enfoques de discusión

Este estado de opinión, que se abre con fuerza a nivel global, favo-rece condiciones apropiadas para alcanzar acuerdos sobre los culti-vos de coca, amapola y marihuana, en la mesa de negociaciones entre la guerrilla de las Farc y el gobierno Santos.

Más favorable aún es el espacio abierto en la agenda de negociación de La Habana sobre el tema agrario, que determina la suerte de los des-plazados por la violencia y de los campesinos e indígenas sin tierra u obligados a sembrar estos culti-vos. Ellos sufren en carne propia la violencia y la devastación que se desprende de tales actividades.

Algunos de los elementos es-tratégicos por considerar son los siguientes:

Primero: ni el Estado ni la gue-rrilla tienen el poder y la capacidad de acabar este fenómeno. Segundo: pueden definir una hoja de ruta que les permita llegar a acuerdos, según sus posibilidades, dentro de un proceso de resolución del con-flicto de las drogas.

Tercero: la lucha contra las or-ganizaciones criminales actuales y las que puedan surgir en el futuro debe estar siempre presente en las conversaciones, para salirle al paso a las fuerzas interesadas en que las negociaciones fracasen.

Cuarto: la economía de los es-tupefacientes se articula de mane-ra perfecta con las características predominantes de la economía mundial, pues se mueve libremen-te en los mercados globales en concordancia con las fuerzas del mercado y las políticas de control.

No más “guerra contra las drogas”*

“La violencia y el crimen organizado asociados al tráfico de drogas ilícitas constituyen uno de los problemas más graves de América Latina. Frente a una situación que se deteriora cada día, con altísimos costos humanos y sociales, es impe-rativo rectificar la estrategia de ‘guerra contra las drogas’ aplicada en los últimos treinta años en la región. Las po-líticas prohibicionistas están basadas en la represión de la producción, en la interdicción del tráfico y de la distribución y en la criminalización del consumo. Sin embargo, estas no han producido los resultados esperados. Estamos más lejos que nunca del objetivo de erradicar las drogas”.

* Declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. Río de Janeiro, 2011.

Nuevas acciones

Una agenda que agrupe to-das las iniciativas de los distintos sectores de opinión tendría que abarcar una larga lista de acciones. Para empezar, acabar inmediata-mente las fumigaciones aéreas y manuales; ejecutar programas de reforma agraria, que distribuyan predios a campesinos e indígenas sin tierra; y restituir y titular tierras a los desplazados.

Igualmente, desarrollar pro-yectos de producción, transforma-ción y comercialización de otros cultivos y actividades rurales según los principios de las cadenas soste-nibles de valor (precios de susten-tación y subsidios, etc.) hasta hacer realmente viables las alternativas propuestas para cada región o con-dición socioeconómica.

Asimismo, descriminalizar a los campesinos e indígenas dedi-cados a estos cultivos y permitir la erradicación voluntaria y progresi-va. Profundizar las políticas públi-cas y los instrumentos legales para combatir las bandas criminales y el delito, así como consolidar ani-llos de protección de los territorios cobijados por los programas y pro-yectos derivados de los acuerdos de paz.

Además, implementar políti-cas de salud pública, educación, empleo y divulgación según el principio de reducción del daño. Revisar y reformar del Código

Penal y las leyes antidrogas que contemplen la gradación y la pro-porcionalidad de las penas para los delitos menores relacionados con su transformación, tráfico y posesión. Y contemplar la despe-nalización del consumo personal y promover usos lícitos de derivados de plantas con principios psicoac-tivos.

Los Estados comienzan a to-mar medidas para flexibilizar las estrategias interdictivas más allá de convenios globales o presiones externas. Es imperativo desideolo-gizar el debate sobre la despenali-zación de la producción y el con-sumo, dado el fracaso de la “guerra contra las drogas”.

En este debate deben partici-par todas las fuerzas sociales, eco-nómicas y políticas, además de los organismos públicos, nacionales e internacionales, vinculados a la in-terdicción y control del fenómeno.

Para ello, se debe reforzar el diálogo y consolidar los pactos en-tre los países andinos, en el marco de la CAN y Unasur. Además, se debe garantizar la participación de la sociedad civil en estas instancias. Igualmente, hay que poner en mar-cha el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de Drogas de Unasur y blindar las instituciones democráticas contra el financia-miento ilícito de la actividad polí-tica electoral.

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Discurso contralas drogas debe cambiar

Descriminalizar a campesinos e indígenas dedicados a cultivos ilícitos debe ser parte de una política de Estado.

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5Especial Educación superior

Hay que revaluar el concepto

de servicio en educación El análisis económico que rige hoy la política educativa ignora que la educación no es un producto de manufactura. La edu-cación es un servicio personal y, por lo tanto, debe prestarse con la colaboración y el compromiso del usuario.

Carlos Miñana Blasco,Programa RED

y Programa Interdisciplinarioen Política Educativa (PIPE)

Universidad Nacional de Colombiaen Bogotá

En los últimos dos años, en el debate sobre la reforma de la educación superior, se ha resaltado la idea de derecho y, a veces, se ha asociado el concepto de servicio a su mercantilización y privatiza-ción.

Pareciera como si se hablara de “servicio” a costa de “derecho” y como si su inclusión en la Cons-titución hubiera sido una especie de “mico” legal o inciso para de-bilitarlo. Pero, por el contrario, los mismos constituyentes establecie-ron la educación como derecho y trataron de introducir el texto de “servicio público a cargo de la nación”.

Tal vez no se ha reflexionado lo suficiente sobre las implicaciones de que la educación sea pensada y con-siderada como un servicio. Si se la analiza según la economía y la ges-tión de los servicios, pierden funda-mento la mayoría de los conceptos desde los cuales se maneja a diario la política educativa en el país.

Ya que el análisis económico es el que rige hoy la política del sector, cabe hacer un breve ejerci-cio con herramientas teóricas más adecuadas, pues la educación no es un producto de manufactura.

Para empezar, los servicios personales no pueden prestarse sin la colaboración y el compromi-so del usuario; es decir, literalmen-te son coproducidos por él. Los estudiantes –en el marco de la teo-ría económica y la mercadotecnia de servicios– no son el producto por transformar (alumnos forma-dos), sino que son los usuarios coproductores: un estudiante no se forma si no pone de su parte.

Para que un servicio se perso-nalice –algo fundamental en su ca-lidad– el productor y el usuario de-ben colaborar. Los profesores, más que productores, son cousuarios, que también aprenden (se trans-forman). Además, la necesidad que el servicio debe satisfacer no está previamente establecida, sino que se revela en la interacción entre docentes y estudiantes.

Superar los simplismos

Dado lo anterior, la relación pedagógica no es unidireccional, por cuanto los docentes no son solo “recursos humanos”. Ellos son agentes con autonomía y flexibi-lidad, tanto para entender, defi-nir y configurar el servicio como

para desarrollarlo; pues gozan de “libertad de cátedra”, algo que ha caracterizado históricamente a las universidades.

La coproducción se da tam-bién entre pares y, como ha mos-trado Judith Harris (1998), los estu-diantes tal vez tienen mayor peso que los profesores en los procesos de formación. Más aún, la labor de algunos de ellos está institucionali-zada en las universidades, como es el caso de los monitores y alumnos de posgrado que hacen las veces de profesores auxiliares.

Además, hay personal de apo-yo que interviene, a veces casi que al mismo nivel de los docentes, como sucede con algunos coordi-nadores de aulas de informática, laboratoristas o bibliotecarios.

En los servicios personales, los insumos y los productos son difíci-les de establecer y deben pensarse como procesos (Lovelock, 2007). Se caracterizan por sus diferentes grados de estandarización. Y La educación –según la literatura es-pecializada en gestión– es tal vez el menos estandarizable; lo que hace sospechar de los simplismos de al-gunos indicadores y “estándares de calidad” actualmente en uso.

Estas consideraciones reper-cuten en la concepción de los pro-cesos de formación, en la manera como se piensa la economía y la fi-nanciación del sector y en la forma como se concibe la prestación del “servicio” y su evaluación.

Pareciera que algunas perso-nas e instituciones con poder de decisión y de influencia en la polí-tica pública no conocieran de pe-dagogía ni tampoco de la economía de los servicios.

Siguen pensando la educación

con las lógicas de una producción de manufacturas, desde modelos input-output, tratando de hallar variables independientes. Siguen creyendo en fórmulas mágicas que ofrecen algunos mercaderes del “éxito”, sin considerar el papel de la coproducción y de los deseables procesos emergentes y no previsi-bles que tienen lugar en la presta-ción de este tipo de servicios.

Un modelo nocivo

La introducción del modelo de la nueva gestión pública (new pu-blic management) y de las políticas de focalización en la gestión de la educación superior, especialmente desde finales de los noventa, ha contribuido a enrarecer las relacio-nes de los Gobiernos con las uni-versidades y a configurar un marco en el que todas las instituciones compiten entre sí, en lugar de co-laborar para mejorar el país y la formación.

Según este modelo (Schröder, 2001), las universidades serían las ofertantes y habría competencia entre estatales y privadas (finan-ciación de la demanda). A ellas no les correspondería definir los “qué” (dimensión estratégica, a cargo del Legislativo) ni los “productos”, sino únicamente los “cómo”.

Competirían entre sí para am-pliar la oferta ante el Ministerio de Educación, que se desentendería de su responsabilidad de garantizar el servicio y su calidad. Su papel sería el de un contratante omnipo-tente que evalúa la calidad y con-trata “empresas educativas” en un contexto de mercado.

Con esta lógica, se pensó el proyecto de reforma de la Ley 30

de 1992 presentado al Congreso como uno orientado no a asegurar el servicio ni a proveer los medios para que las universidades desa-rrollen su labor con autonomía, ni a hacer que el Ministerio esté del mismo lado de las instituciones de educación superior, sino como uno dirigido a regular y controlar a sus contratistas (las universidades).

Así, ante la presión y el poder del que maneja los recursos, las instituciones orientan su acción a complacerlo. Los estudiantes y do-centes terminan reducidos a una especie de menores de edad que deben cumplir con las exigencias del Gobierno.

Entonces, se esfuma la magia de la coproducción, se desdibuja el usuario y su poder emergente, desaparece el usuario-ciudadano como sujeto de derechos y aparece en su lugar un “beneficiario”, un “usuario-dominado-administrado por el Estado”, una materia prima para transformar.

Si se va a pensar la educación desde la economía, vale la pena revaluar los conceptos de usuario y de servicio educativo y distan-ciarse del modelo de gestión del new public management y de las políticas de “focalización” destina-das a aquellos que no son conside-rados por la administración como usuarios o ciudadanos, sino como beneficiarios.

De otro modo, las universida-des perderían su magia, su legado histórico, su autonomía, su capaci-dad creativa e innovadora y se con-vertirán en empresas prestadoras de un servicio para “beneficiarios” a los que no se les reconoce su poder como “usuarios” en la copro-ducción de su formación.

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Si se va a pensar la educación desde la economía, vale la pena revaluar los conceptos de usuario y de servicio educativo y distanciarse del modelo de la nueva gestión pública.

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6 Especial Educación superior

Ciudadanos críticos y cualificados,lujo que el país debe darse

Una nueva corriente en economía y ciencias sociales puede alimentar una mirada diferente sobre la educación superior, aun cuando la teoría de la elección racional siga siendo la corriente principal en las ciencias sociales.

Antanas Mockus,Exrector de la Universidad Nacional

de Colombia

En las últimas décadas se ha intentado reformar la universidad desde una perspectiva económica ortodoxa (“racionalizarla”). La Ley 30 fue promulgada en un contex-to de entusiasmo neoliberal. Para unos, quiso proteger a la universi-dad pública de vientos adversos, y en buena parte lo logró. Para otros, quiso congelar su presupuesto, y esto en buena parte no lo logró.

Estas siguieron creciendo, ya sea vendiendo servicios o logrando que el Congreso les aprobara un impuesto local, la “estampilla”. Pe-ro el número de estudiantes creció aún más. Así, lograron mayor efi-ciencia, suponiendo que la calidad no se hubiera afectado.

Hoy, ese enfoque presenta se-rios síntomas de crisis. Aunque en Colombia la cobertura se ha am-pliado notoriamente en los tres niveles de educación, el número de alumnos por profesor no ha dejado de reducirse y en la secundaria y en la superior ha crecido notable-mente.

En esta variable tan relevante para la calidad, el país se compa-ra muy desfavorablemente con los promedios de América del Norte, Latinoamérica y el Caribe (mien-tras que en Colombia la tasa de alumnos por profesor es de 27,6 para primaria y 25,6 para secunda-ria; en Latinoamérica y el Caribe es de 22,0 y 16,52 y en Norteamérica, de 13,8 y 12,6, respectivamente).

Para la educación superior, el promedio de estudiantes por pro-fesor de tiempo completo en los EE. UU. estaría entre 12 y 20 y en Colombia, en 28 (cifra muy similar a la de la UN). Tanta eficiencia, se-gún los criterios de la vieja econo-mía, en vez de maravillar, asusta.

Los comportamientos

Una nueva corriente en eco-nomía y ciencias sociales puede alimentar una mirada refrescante sobre el asunto, aun si, según el propio Jon Elster (teórico político y social noruego), la teoría de la elección racional sigue siendo la corriente principal en las ciencias sociales.

Este enfoque supone un suje-to racional que, dados un deseo y unas creencias, emprende una tri-ple optimización: “la acción debe ser óptima, dadas las creencias; las creencias deben tener el mejor res-paldo posible, dadas las pruebas; y las pruebas deben ser el resultado de una inversión óptima en la recolec-ción de información” (Elster, 2011).

La nueva economía, por el contrario, estudia los mecanis-mos que llevan al sujeto a actuar de manera (aparentemente) irra-cional. Se dedica, por ejemplo, a comprender cómo en un mismo comportamiento pueden coexistir, e incluso confluir, motivaciones al-truistas y egoístas. Esta ya no ve co-mo “externalidades” las pasiones o las normas sociales.

Cabe ilustrar tres avances pun-tuales de la nueva economía, entre

muchos otros, que podría tener en cuenta una política pública para la educación superior colombiana.

Aversión a la pérdida. Al con-trario de lo que dicen el sentido común y la economía tradicional, perder 10 unidades no se compen-sa encontrando otras 10, sino de 23 a 27.

Este fenómeno ayuda a com-prender por qué ciertos procesos de gestión en la universidad, como la asignación de puntaje por eva-luación o por productividad, son tan dolorosos. Recibir menos de lo esperado se experimenta muchas veces como una pérdida.

Pensar con el deseo. Por ejem-plo, lo hace quien se juzga como buen profesor por los resultados de su mejor estudiante, pero ig-norando su fracaso con los otros alumnos.

Actuar por una razón. A veces, introducir alternativas (aparente-mente) irrelevantes puede afectar los resultados. Durante mi rectoría, los nuevos estudiantes tuvieron un reajuste de sus matrículas (sensi-blemente mayor para los que prove-nían de familias de ingresos altos).

A los que ingresaron con ante-rioridad se les dio a escoger entre no pagar nada, pagar el 50% o pa-gar el 100%. Para muchos, el 50% era una buena opción de compro-miso. Permitía satisfacer ambos ti-pos de motivos, egoístas y altruis-tas. Cerca del 10% de los alumnos antiguos pagaron, pudiendo no hacerlo, y casi todos ellos optaron por pagar el 50%.

Conclusiones

Producir más con menos pue-de multiplicar efectos perversos. Actualmente no existe en Colombia una visión de país que determine un rumbo claro para la educación superior. Una poco rigurosa, a me-dias, puede estar contribuyendo a un deterioro de la probidad pública y personal.

Tener al mismo tiempo los estudiantes más críticos y los pro-fesores más dedicados a la inves-tigación es el proyecto de facto y de jure de la UN. ¿Por qué per-seguir los dos objetivos en una misma institución? Porque el país necesita cualificar sus voces más críticas.

La doble misión de la UN in-crementa notablemente los costos por estudiante. La formación de ciudadanos críticos y la cualifica-ción de una comunidad académica relativamente independiente de las élites económicas y políticas es un lujo que Colombia debe darse. La ausencia de cualquiera de estas dos condiciones afecta bastante la cali-dad de la política en el país.

Se necesita que, al menos en algunos espacios selectos, se apren-da que el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión solo encuentra contención legítima en el rigor argumentativo y en la emo-ción que despierta el arte.

¿Que este ideal no siempre se realiza? ¿Que la rebeldía a veces deviene en inútil destrucción? ¿Que la investigación no se conecta sufi-

cientemente con el país real? ¿Que en nombre de la crítica a veces se cometen atropellos a la docencia y a la investigación? Cierto. Pero que todo eso ocurra a veces no puede llevar a abandonar esos ideales. Dadas las desigualdades y las inco-municaciones existentes, hay que persistir.

El gran reto es distribuir ade-cuadamente nuestros esfuerzos durante los próximos cincuenta años. En el periodo de 1980 a 2012, EE. UU. logró que el promedio de años de escolaridad de sus adultos (más de 25 años) subiera de 11,9 a 13,3, mientras que Colombia daba un salto más grande, de 4,3 a 7,3.

En el mismo periodo, los años de educación esperados para los niños que nacían en EE. UU. subie-ron de 14,1 a 16,8 y en Colombia, de 8,9 a 13,6 (Banco Mundial, 2001). Estamos creciendo en cuanto a años de escolaridad en adultos a más del doble y en niños(as), a una velocidad superior al 74%.

Una vez acordada la meta de “alcanzar a los EE. UU.”, en cantidad y en calidad educativa, y hecha la correspondiente planeación en el tiempo y en el territorio, no habrá excusa para retrasarnos. Tal vez nos tome dos generaciones llegar a una Colombia plenamente educada.

Las bases de una política pú-blica en materia de educación su-perior deben reflejar metas am-biciosas en lo cuantitativo, pero también cambios cualitativos sus-tantivos.

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Tener al mismo tiempo los estudiantes más críticos y los profesores más dedicados a la investigación es el proyecto de facto y de jure de la UN.

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Gobierno debe fortalecer IEScon potencial de excelenciaModernizar y financiar las universidades que tienen potencial de sobresalir mundialmente debe ser una de las apuestas del Gobierno. El país necesita instituciones de excelencia. La política de repartir un escaso presupuesto adicional en igual proporción pone en riesgo la influencia académica y el respeto internacio-nal de las mejores universidades.

Especial Educación superior

Ignacio Mantilla Prada,Rector de la Universidad Nacional

de Colombia

Desde los años sesenta, cuan-do un pequeño grupo de universi-dades norteamericanas consiguió cuantiosos recursos y becas para patrocinar sus investigaciones –es-pecialmente en el campo de las ciencias físicas y naturales–, la fi-nanciación de proyectos cruciales fue posible gracias a fondos que se incorporaron a los presupuestos de funcionamiento de las nuevas “universidades de investigación”, categoría que trascendió las habi-tuales de “privadas” y “estatales o públicas”.

Con el tiempo, la competencia por obtener dineros adicionales incorporó la estrategia de la coope-ración, no solo entre instituciones, sino también entre científicos de diferentes disciplinas.

Simultáneamente, el creci-miento demográfico y económico provocó un cambio significativo en su estructura. Así, por ejemplo, los campus históricos se transforma-ron en sistemas de múltiples sedes que abarcan áreas geográficas ex-tensas o remotas.

El argumento principal para promover la creación de nuevas sedes y campus fue la necesidad de atender a más estudiantes y de llevar la formación de calidad a otras regiones. El medio para lograrlo fue la financiación estatal, que optimizaba así los recursos sin tener que fundar nuevos centros académicos.

En el país, la Universidad Na-cional de Colombia es un ejem-plo de esta transformación, con la consolidación de siete sedes y su apuesta por la investigación.

Mejorar la categoría

Aquellas instituciones de edu-cación superior (IES) que optaron por este camino recibieron un im-pulso dinámico gracias a fondos ex-ternos que se sumaron a sus presu-puestos (o que, al menos, así fueron contabilizados).

Lo que a menudo se pasó por alto fueron los costos adicionales ocultos que acarreaban los proyec-tos y los investigadores, derivados de las nuevas sumas presupues-tales que debían disponerse para mantener, por ejemplo, las instala-ciones de alta calidad que se nece-sitaban o para pagar salarios ma-yores a profesores más calificados y motivados a aumentar su propia productividad académica.

Las universidades tampoco han escapado al entorno social globalizado, en donde lo normal es lo impredecible. La academia ac-tual debe responder con prontitud y de manera acertada, soportando presiones políticas, sociales y eco-nómicas. Y surgen ahora nuevas categorías de centros que se des-tacan por su alta calidad, como las “universidades de excelencia”.

Estas no solo son responsables del desarrollo de la ciencia y la tec-nología, sino también de la cultura, la formación general, el conoci-miento y la capacidad de com-prender lo que sucede en el país y en el mundo. Especialmente en la última década, tener IES de esta categoría se ha convertido en un propósito y en una preocupación cada vez más grande para algunos países y sus Gobiernos.

De todo lo que se les pueda defender o criticar, hay algo que todos aceptan: la calidad de exce-lencia con que desempeñan sus funciones debe considerarse nor-

mativa para otras instituciones.Colombia necesita y merece

universidades de excelencia, apre-ciadas así por la sociedad, pero muy especialmente por el Gobier-no: aquellas que hacen relevantes contribuciones al progreso del co-nocimiento mediante la investiga-ción; las que enseñan con los pro-gramas de estudios y los métodos pedagógicos más innovadores, en las condiciones más propicias; y las que hacen de la investigación un componente integral de la en-señanza en pregrado.

Urgen universidades recono-cidas por la superioridad de sus resultados, que formen profesiona-les excepcionalmente calificados: destacados por su éxito en ámbitos altamente competitivos durante su formación y después de su gra-duación; sumamente demandados en el mercado laboral; que llevan a cabo pesquisas de vanguardia; publican en las principales revis-tas científicas; y contribuyen con innovaciones técnicas a través de patentes y licencias.

Modernizar las existentes

El papel del Estado en fomen-tar el crecimiento de la educación de excelencia es un factor crítico. Es poco probable que una institución pueda alcanzar rápidamente esa categoría sin un entorno político favorable y apoyo público, debido, sobre todo, a los altos costos invo-

lucrados en la creación de capaci-dades e instalaciones avanzadas.

El Gobierno debe considerar la posibilidad de mejorar aquellas que posean el potencial de sobresalir. Pero, para eso, tiene que entender que el país necesita universidades de excelencia.

Tiene que estar decidido a mo-dernizarlas, financiando su trans-formación y garantizando su soste-nimiento, con la conciencia de que la abundancia de recursos es un ele-mento que caracteriza a la mayoría de las academias de ese nivel.

¿Cómo se financiará la trans-formación? ¿Qué proporción del gasto debería hacer parte del pre-supuesto público? ¿Qué sistemas de control, indicadores de resul-tados y mecanismos de rendición de cuentas se utilizarán? Estos son algunos de los interrogantes.

Un caso ejemplar que mere-ce destacarse es el esfuerzo que ha hecho Alemania, recientemente imitado por Francia, para reforzar sus mejores universidades y así lle-varlas al grado de excelencia.

Mediante una clasificación efectuada en el año 2006, lla-mada “iniciativa de excelencia” (Exzellenzinitiative), se dio un pri-mer impulso financiero por cinco años a nueve de ellas (de las cerca de cien existentes) equivalente a 1.900 millones de euros.

En el año 2012, se extendió por cinco años más el aporte federal, ahora de 2.700 millones de euros, para fortalecer una decena de ellas

consideradas “de excelencia” y con-solidar así la formación de futuros científicos y la investigación.

En Colombia, por el contrario, se pretende repartir un escaso pre-supuesto adicional en igual propor-ción entre todas las universidades públicas o, peor aún –recurriendo a un extraño modelo “solidario”–, en proporción inversa a sus pre-supuestos, lo que no protege a las de mayor potencial y mejores re-sultados.

Esta política conducirá, inde-fectiblemente, a una nivelación con criterios políticos que no es-timula su excelencia, desalienta a las mejores y pone en riesgo su influencia académica y el respeto internacional.

La medida es contraria a las recomendaciones hechas en el re-ciente informe del Banco Mundial y la OCDE, financiado por el mismo Gobierno nacional. Este sostiene:

“Colombia debe tratar de con-seguir que su sistema de educación superior pueda competir con los mejores del mundo, y debe estar dispuesto a adoptar medidas y rea-lizar reformas valientes para lograr-lo. [...] Debe aumentar la inversión en la educación de posgrado, la investigación y el desarrollo”.

La atención urgente de estas recomendaciones y la decisión polí-tica de crear universidades de exce-lencia en el país no dan más espera.

Urgen universidades reconocidas por la superioridad de sus resultados y que formen profesionales excepcio-nalmente calificados.

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Soberanía sin educacióndebilita las fronteras

Especial Educación superior

La presencia del Estado en las regiones fronterizas no debe limitarse al poderío militar y de las autoridades civiles. La principal fortaleza de un territorio esta en el bienestar y la cohesión de sus habitantes. La mejor herramienta para empoderarlos es la educación.

César Páez,Internacionalista,

asesor de la Vicerrectoría GeneralUniversidad Nacional de Colombia

Durante los últimos meses, co-mo pocos en la historia reciente del país, los colombianos hemos sido conscientes de lo vulnerable que puede ser la integridad de nuestro territorio, a pesar de que la vida re-publicana de nuestra nación estuvo marcada durante más de un siglo por un largo y, en algunos momen-tos, doloroso proceso de definición de fronteras.

La escisión de gran parte de nuestro mar Caribe en el Archipié-lago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un episodio di-ferente a los otros que han mar-cado nuestra historia e integridad territorial: no provino ahora de las acciones expansionistas de poten-cias extranjeras, sino de la decisión jurídica de una institución interna-cional reconocida voluntariamente por nuestro Estado.

Sin duda, el fallo de la Cor-te Internacional de Justicia de La Haya fue un golpe muy fuerte que se sintió profundamente en la piel de nuestra soberanía nacional. Pe-ro este es de naturaleza diferente a los que hemos recibido en otros momentos de nuestra historia, en los que ha quedado la impresión de que ha sido por la debilidad militar del Estado y la ausencia de sus autoridades en los territorios vulnerados.

Sin que podamos descartar la fuerza bélica –que sigue mani-festándose trágicamente en varias regiones del mundo–, nuestra ex-periencia traumática reciente pa-rece confirmar que, en el sistema internacional actual, la soberanía parece depender cada vez menos del poderío militar, inútil frente a amenazas de naturaleza inmaterial, y cada vez más de la presencia viva de las instituciones del Estado.

Aunque es entendida muchas veces como la presencia de las au-toridades civiles y militares a lo lar-go y ancho del territorio que admi-nistran y protegen, la verdad es que la acción estatal no debe y no puede limitarse solo a esto. Por el contra-rio, su presencia debe contribuir al bienestar y a la cohesión de sus habitantes.

Esto ha sido entendido por la Universidad Nacional de Colombia desde muy temprano, cuando co-menzó su tarea integradora con las sedes de Medellín, Palmira y Mani-zales, sucesivamente.

Las fronteras no son solamente los territorios más sensibles para la soberanía nacional, también deben serlo para el desarrollo y el bienes-tar de los habitantes de un país.

Descentralización a medias

Estas líneas divisorias, artifi-cialmente trazadas, que pueden coincidir o no con las de la natu-raleza, son en muchos casos ver-daderas zonas de contacto entre comunidades humanas que se mezclan sin consideraciones de banderas o lenguas.

Desafortunadamente, en el ca-so colombiano, también coinciden con las regiones más olvidadas de un país que, a pesar de las políticas de descentralización que adelanta desde hace casi tres décadas, pare-ce todavía no darle la importancia debida a su dermis, a la membrana a través de la cual se pone en con-tacto y se comunica con el mundo.

Paradójicamente, contrario a lo que sucede en muchas partes del mundo, las zonas de frontera en Colombia presentan un desa-rrollo económico menor que el del resto del país.

Desde 1994, cuando en Leti-cia se fundó la primera sede de lo que entonces se llamó “presencia nacional”, la UN ha estado de mo-do continuo y creciente en estas zonas.

Consciente de que cada una de ellas tiene unas condiciones natu-rales y sociales específicas, que re-flejan la diversidad natural y étnica de nuestro país pero también la de los problemas que debe enfrentar nuestra sociedad, la Institución ha venido desarrollando su misión en estos territorios.

Hoy en día, está presente en las cuatro regiones limítrofes de nuestro país: Caribe, Pacífico, Ama-zonia y Orinoquia, con sus respec-tivas sedes en la Isla de San Andrés, Tumaco, Leticia y Arauca. Se suma la del Cesar, cuyo campus se empe-zará a construir en el municipio de La Paz, en el Caribe continental.

En ellas, no solo contribuye a la formación de sus habitantes (en algunas de ellas es la única oferta de educación superior, prin-cipalmente a través del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica, Peama), sino también a la comprensión y solución de las problemáticas que los afectan y al aprovechamiento racional y soste-nible de sus recursos, incluido por supuesto el humano.

Adicionalmente, las sedes de frontera se convierten en polos culturales en los que se desarrollan diversas actividades intelectuales y artísticas. Es así como el principal centro de educación superior del país cumple con su propia defini-ción: la de ser nacional.

Sede AmazoniaImportancia estratégica

El Amazonas colombiano es de suma importancia por su gran extensión (casi un tercio del terri-torio continental de nuestro país) y por su riqueza étnica y natural. Es especialmente rico en biodi-versidad, en recursos hídricos y energéticos.

ContextoLos retos más grandes que en-

frenta están relacionados con el cambio climático, el contacto y la convivencia armoniosa de diferen-tes grupos humanos, la deforesta-ción para explotar madera o sem-brar cultivos ilícitos y la presencia de organizaciones de tráfico de drogas que utilizan la región para

ingresar insumos químicos desde Brasil, para luego sacar la cocaína procesada hacia ese país.

La contaminación debida a la elaboración de pasta de coca y de cocaína y la erradicación son fac-tores que la afectan gravemente. A estos se suman la actividad pe-trolera y aurífera y el cultivo de la palma africana.

Presencia de la UNA través del Peama, la UN

les ofrece a ochenta estudiantes la oportunidad de ingresar a uno de 43 programas de pregrado. En cuanto a posgrados, la sede ofre-ce los programas de Doctorado, Maestría y Especialización en Estu-dios Amazónicos.

Sede CaribeImportancia estratégica

San Andrés, Providencia y Santa Catalina son los territorios colombianos más adentrados en el Caribe. Son la presencia nacio-nal en un área de especial interés geoestratégico y geoeconómico.

ContextoLas consecuencias del fallo de

la CIJ se suman a las problemá-ticas del archipiélago, que tienen que ver con la sobrepoblación, la falta de dinamismo económico y la presencia de organizaciones de tráfico de drogas que utilizan la zona como punto de reabasteci-

miento y de distribución.Dentro de estas están las lla-

madas bacrim, cuya presencia se ha visto reflejada en un aumento de la violencia en los últimos años. El reto principal es asegurar la sos-tenibilidad de las actividades de pesca y de turismo.

Presencia de la UNLa sede ofrece la Especiali-

zación en Estudios del Caribe; la Maestría en Ciencias, línea de Biología Marina; el Doctorado en Ciencias, línea de Biología Mari-na; y la Maestría en Estudios del Caribe.

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Sede OrinoquiaImportancia estratégica

La Orinoquia, que comprende territorios colombianos y venezo-lanos, es una región de una rica biodiversidad, abundantes recursos mineros, diversidad étnica, ganade-ría, petróleo y turismo. Adicional-mente, tiene una alta importancia geopolítica, pues comprende la ma-yor parte de nuestra frontera con Venezuela.

ContextoSu mayor reto es lograr un de-

sarrollo sostenible, en especial si se tiene en cuenta que en ella se encuentran ecosistemas frágiles que son vulnerables a la activi-dad humana intensiva (como las de cultivos de palma de aceite y de

arroz o la ganadería). Otro proble-ma grave es la presencia y actividad de actores armados ilegales, dentro de los cuales se destacan las Farc y las bacrim.

Presencia de la UNCada semestre, el Peama les

ofrece a noventa jóvenes la opor-tunidad de ingresar a cualquiera de los 72 programas de pregrado de las diferentes sedes de la UN.

Además, la sede ha ofrecido especializaciones en Ciencia Po-lítica y Resolución de Conflictos, Gestión Ambiental, Salud Ocupa-cional, Derecho Público con Én-fasis en Derecho Administrativo y Gestión y Gerencia de Proyectos Agropecuarios.

Sede Tumaco

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Importancia estratégicaEl Pacífico colombiano es de

gran importancia geopolítica y geoeconómica, dado que es una región limítrofe con Ecuador y Pa-namá y hace parte de la Cuenca del Pacífico, una de las zonas de mayor dinamismo económico y político del mundo.

Tumaco, que es uno de los dos puertos que tiene el país sobre este océano, podría ser el punto de co-nexión de una eventual ruta desde y hacia Brasil. Es un territorio con una inmensa biodiversidad y una enorme riqueza hidrográfica, pes-quera (fluvial y marina) y de recur-sos minerales.

ContextoLa región se encuentra afec-

tada por problemas interrelacio-nados. El desplazamiento forzado ha obligado a muchos pobladores a dejar sus tierras y a refugiarse en algunos centros urbanos dentro y fuera de ella.

Este es causado por la activi-dad de grupos armados ilegales, principalmente las Farc, el ELN y las bacrim, que han llegado desde otras partes del país por la presión militar del Estado y se han esta-blecido por medios violentos para

controlar las rutas de tráfico de insumos químicos ilegales, cocaína y armas.

Uno de sus problemas estruc-turales es la falta de fuentes de trabajo, lo que hace a los jóvenes altamente vulnerables frente a los grupos ilegales o a la migración en busca de empleo e ingresos.

Desde hace algunos años, se convirtió en asiento de extensos cultivos de coca. Estos y las fumiga-ciones que se han hecho para erra-dicarlos han afectado las tierras de cultivos, tanto excedentarios como de pan coger.

El monocultivo de palma de cera ha mostrado la vulnerabilidad que supone para los ingresos de los habitantes. Durante la década anterior, la pudrición de cogollo acabó con miles de hectáreas y miles de habitantes quedarán sin empleo.

Presencia de la UNEn la actualidad, se encuentra

en funcionamiento un aula TIC, en la que ya se han ofrecido progra-mas de extensión, y se adelantan la construcción del Centro de Es-tudios del Pacífico y el diseño del campus.

PRÓXIMOS DEBATES

PAZPROCESO

DESesión 3

Sede MedellínVíctimas

24 de abril de 2013

Sesión 4Sede Manizales

Garantías para laParticipación

23 de mayo de 2013

POLÍTICAS Y EFECTOS

RENOVACIÓNURBANA DEL CANSe analizarán con expertos, representantes de medios de comunicación y otras personas generadoras de opinión pública los efectos que, sobre el urbanismo, la movilidad, el patrimonio, el medio ambiente y los espacios públicos libres de la ciudad, tendrá dicha propuesta gubernamental.

BogotáJueves 2 de mayo de 2013

Centro de Convenciones Alfonso López PumarejoAuditorio Principal, Carrera 45 N.° 26 - 85

De 7:00 a. m. a 1:00 p. m.

E-mail: debatesun@unal.edu.co

/debatesun@DebatesUN

InformaciónCentro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz

PBX: 604 4747, ext.: 29268Organizan: Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz,

Unimedios y Vicerrectoría de Investigación.

InformaciónO�cina de Comunicación Estratégica (Unimedios)

PBX: 316 5000, exts.: 18379, 18243, 18397Organizan: Unimedios y el Instituto de Estudios Urbanos (IEU)

Transmisión en vivo por Prisma TV y UN Radio (98.5 FM Bogotá).

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10 Especial Educación superior

Combatir la deserción, reto de la educación superior

Cerca del 50% de los estudiantes del sistema público de educación superior abandona sus estudios. Este es un fenómeno que, por años, ha preocupado al sector y que requiere un tratamiento especial del Estado. Los costos económicos y sociales para el país son altos.

Los expertos coinciden en señalar que los aspectos de índole académica y las dificultades económicas son los principales motivos de deserción de la educación superior.

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Leidy Castaño,Unimedios

Como bien lo indicó el Banco Mundial en un reciente informe, el mayor reto educativo que tie-ne Colombia es procurar que más ciudadanos obtengan un título de pregrado, aspecto fundamental si se quiere incursionar con mucha más fuerza en la era del conoci-miento y producir cambios socia-les profundos.

Para cumplir este objetivo, se requiere superar los principales desafíos del sector: ofrecer cober-tura con calidad, garantizar acceso y permanencia y combatir la deser-ción (uno de los mayores males del sistema).

Así lo resalta Francisco López Segrera, asesor académico de la Global University Network for In-novation (GUNI): “Nos preocupan quiénes acceden a la universidad y si hay que ampliar la cobertura. Pero hay un problema más serio y a lo mejor más grave, y es el de cuántos se gradúan”.

Según estadísticas del Ministe-rio de Educación Nacional (MEN), de cada cien personas que ingre-san a una institución de educación superior (IES), casi la mitad no logra culminar su ciclo académico y graduarse. Esta es una proble-mática muy preocupante que la Universidad Nacional de Colombia ha abordado en diferentes investi-gaciones y en la que ha trabajado a tal punto que, a la fecha, su deser-ción académica anual es del 7%, cifra inferior al 9% proyectado para el año 2014.

Entender el fenómeno

La UN efectuó en el año 2006 el estudio “Graduación, deserción y rezago”. En él, los investigadores tuvieron en cuenta a estudiantes de pregrado admitidos entre el primer semestre de 1996 y el segundo de 1998. Así, les hicieron seguimiento durante 14 semestres a 17.143 en los aspectos académico, social e institucional.

Los principales resultados mostraron que, en el periodo de análisis, el abandono de los estu-dios en estos programas alcanzó el 29%, la de graduación llegó al 45% y la de rezago, al 26%.

A fin de ampliar la evaluación del fenómeno, la Dirección de Bien-estar de la Universidad emprendió una exploración en el nivel de pos-grado. Así, le hizo seguimiento a la trayectoria de los alumnos desde el primer semestre del año 2004 hasta el segundo semestre del año 2007.

La muestra escogida fue de 9.574 estudiantes. La dependencia encontró que su grado de deser-ción durante este tiempo alcanzó el 35%, que se graduó el 54% y que el 11% se encontró en rezago.

Para el año 2012, según el Sis-tema para la Prevención de la De-serción de la Educación Superior (SPADIES), ella alcanzó el 45,3%, lo que significa que uno de cada dos estudiantes que ingresan a ella no culmina sus estudios.

Además, advierte que se agudi-za en los niveles técnico y tecnoló-gico, en donde la tasa de abandono alcanza el 59,6% y el 54,7%, respec-tivamente.

Costos

Los factores causales del fenó-meno son, entre otros: el género, el desaliento del estudiante, los an-tecedentes sociales y culturales de los padres, la formación educativa de la persona, la infraestructura de la universidad y las carencias del sistema.

Lo grave es que deteriora la relación entre el Estado, la familia, las IES y el desarrollo de la nación, vínculo indispensable para el pro-greso del país.

Sus consecuencias se tradu-cen en la pérdida de productividad laboral por falta de capital huma-no formado y cualificado, lo que significa que, cuantos más estu-diantes desertan, menos compe-titivo es el país ante las exigencias

del mercado global.Según la Comisión Económica

para América Latina y el Caribe (Cepal), en el año 2009 las econo-mías de América Latina aún no contaban con la capacidad tecnoló-gica ni el capital humano especiali-zado para competir exitosamente a gran escala con otras naciones en lo que respecta a productos de alto nivel tecnológico. Por eso, resulta imperioso incrementar la inversión pública en la educación superior y en la formación en investigación.

Juan Manuel Tejeiro, vicerrec-tor académico de la UN, afirma que la educación superior es el sistema de promoción social más grande y eficiente, si se la piensa según la inversión que se hace en un estu-diante durante cinco o seis años. Esa preparación necesariamente se refleja en la calidad de su trabajo y contribuye a incrementar el pro-ducto interno bruto (PIB) del país.

Fortalecer la estructura pro-ductiva, favorecer el crecimiento económico y social e impulsar el

progreso científico y tecnológico de los países de América Latina es responsabilidad de las IES. Ellas deben garantizar su cumplimien-to graduando a los profesionales encargados de cerrar la brecha de innovación, desarrollo y bienestar entre la región y sus competidores mundiales.

El sistema educativo tiene co-mo reto establecerse en mecanis-mo para entregarle a la sociedad profesionales capaces de conseguir y de generar más y mejores em-pleos, de convertirse en la plata-forma del avance de la ciencia y la tecnología y de la construcción de las políticas sociales.

Puede decirse, entonces, que el nivel de educación superior que alcance una persona se refleja di-rectamente en la remuneración e ingresos que obtenga en su vida laboral, en el progreso que consiga y en el grado de bienestar y de vida buena que pueda garantizarse a sí mismo y a los demás.

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11Especial Educación superior

Áreas de los proyectos que financiará el Fondo de Regalías de CT+IÁrea Porcentaje

CTI Agropecuaria 14,1%

Reconocimiento de centros 14,1%

Maestría y doctorado 12,7%

Electrónica, telecomunicaciones e informática 10,1%

Programa Ondas (niños) 10,0%

Ambiente, biodiversidad y hábitat 8,3%

Salud 6,9%

Mar y recursos hidrobiológicos 6,6%

Sociales y humanas 3,7%

Desarrollo tecnológico e innovación industria 3,6%

Educación 3,5%

Energía y minería 2,6%

Apropiación social del conocimiento 1,9%

Semilleros (jóvenes) 1,8%

Biotecnología 0,1%

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la UN, elaborada según informa-ción de Colciencias (2012)

Hacia una nueva culturade gestión de las regalías

El Gobierno debe recordar que los recursos de regalías del Fondo CT+I les pertenecen a las regiones, no a Colciencias, en-tidad que necesita una financiación exclusiva y suficiente para impulsar la ciencia y la tecnología en el país. Las universidades y las regiones también tienen una enorme responsabilidad para aprovechar el flujo de dineros.

Alexánder Gómez Mejía,Vicerrector de Investigación

Universidad Nacional de Colombia

El Sistema General de Rega-lías (SGR) del país se constituyó mediante el Acto Legislativo 05 de 2011, y su organización y funcio-namiento están regulados por la Ley 1530 de 2012. Está conformado por cuatro fondos: Ahorro y Es-tabilización; Desarrollo Regional; Compensación Regional; Ciencia, Tecnología e Innovación (CT+I).

Los recursos de los fondos de Desarrollo y de Compensación pueden invertirse, entre otros ru-bros, en construir infraestructura física para aumentar la calidad de la educación.

Como ejemplo, conviene re-saltar el caso del departamento del Cesar, que destinó 41.163 millones de pesos para edificar y dotar la primera fase de la sede de la Uni-versidad Nacional de Colombia en esa región. La inversión permitirá ampliar la cobertura en educación superior de la población e incidirá positivamente en su calidad aca-démica.

Por su parte, el Fondo CT+I está dirigido a financiar proyectos regionales que solucionen proble-mas sociales y productivos y con-tribuyan al crecimiento económi-co. A este se destina el 10% de los recursos totales del SGR, que para el año 2012 alcanzaron la suma de 869.008 millones de pesos.

De este valor ya fueron asigna-dos 579.304 millones para desarro-llar ochenta proyectos, que fueron aprobados el 20 de diciembre de 2012 por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) y cuya ejecución comienza este año.

Actualmente, se evalúan y pre-paran nuevos para la vigencia del bienio 2013-2014, que cuentan con una disponibilidad presupuestal adicional cercana a los 1,7 billones de pesos.

Más oportunidades

El enfoque del Fondo CT+I –centrado en la solución de pro-blemas– repercute en el funcio-namiento interno de las universi-dades.

Sus efectos están relacionados con la necesidad de que fomen-ten el trabajo interdisciplinar y en equipo y con que usen infraestruc-tura, tecnología y capital humano, no solo a nivel interno, sino entre ellas y las demás organizaciones públicas y privadas del país.

El carácter regional del fondo permite identificar algunas de las principales oportunidades que la ejecución de sus proyectos le abren al sistema de educación superior:

• Hace posible transferir y usar los conocimientos y tecnologías producidas en las universidades y demás instituciones.

• Permite fortalecer de manera general el sistema, iniciando a ni-ños y jóvenes de educación básica y secundaria en las labores propias de la ciencia, la tecnología y la in-novación (por ejemplo, mediante

el patrocinio del Programa Ondas); ampliando la oferta de programas académicos (especialmente de posgrado); y ejecutando ambicio-sos planes de becas.

• Facilita crear y mejorar la infraestructura física y tecnológica requerida por los laboratorios.

• Incentiva el establecimien-to de alianzas de cooperación e investigación entre las universida-des con acreditación de calidad y aquellas que se encuentran en pro-ceso de alcanzarla en las regiones.

• Posibilita aumentar de ma-nera organizada las capacidades de los sistemas regionales de edu-cación, ciencia, tecnología e inno-vación.

Responder a la realidad

Aprovechar estas opor-tunidades les exige a las uni-versidades poner en marcha una nueva cultura de inte-racción con la sociedad.

Formular y ejecutar los proyectos financiados me-diante el Fondo CT+I supo-ne, por ejemplo, vincular sis-temáticamente al desarrollo mismo de estos a los usua-rios y a los demás actores involucrados en los procesos de transferencia de tecnolo-gías. Así, se busca garantizar la transmisión y uso efectivo de sus resultados.

Esta nueva cultura tam-bién exige adecuar el tipo de relaciones que tradicional-mente han sostenido las uni-versidades con los sectores políticos regionales.

Ellas deben aprender a canalizar, de manera efec-tiva, los requerimientos de las regiones, según sus pro-blemas específicos y expec-tativas de solución. Deben entenderlos como insumos indispensables para prepa-rar los proyectos que, desde los puntos de vista académi-co, científico y tecnológico, pueden ofrecer soluciones.

Deben también adaptar sus procesos de gestión ad-ministrativa a los tiempos de respuesta y ejecución de los proyectos. Esto exige adecuar la reglamentación interna para agilizar las respuestas a los nuevos retos.

Sostener el sistema re-quiere diseñar e implemen-tar un mecanismo eficaz de veeduría de la calidad, eje-cución y rendición de cuen-tas de los proyectos que el

fondo financie.También es necesario estable-

cer medidas que le den estabili-dad financiera y que garanticen su consolidación y operación a largo plazo.

Para finalizar, debe recordarse que los recursos de regalías del Fondo CT+I les pertenecen a las regiones, no al Departamento Ad-ministrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias).

Por ello, la comunidad científi-ca del país debe hacerle un llama-do urgente al Gobierno nacional, para que también incremente la financiación de este ente.

Esto permitirá que el desarro-

llo de la investigación básica y en ciencias sociales y humanas (con miras a resolver problemas de largo plazo y no exclusivamente con fi-nes económicos) pueda continuar su proceso de consolidación en el país.

El principal reto de Colom-bia en este campo es articular de manera estructural sus sistemas de educación, investigación e in-novación, que actualmente son administrados por instituciones independientes entre sí (como el Ministerio de Educación Nacional, Colciencias y el Departamento Ad-ministrativo de Planeación Nacio-nal, entre muchos otros).

Los recursos de los fondos de Desarrollo y de Compensación pueden invertirse en construir infraestructura para aumentar la calidad de la educación.

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A pesar de su visible crecimiento en los últimos veinte años, la investigación na-cional está rezagada frente a la de otros países de América Latina. La inversión sigue sin sobrepasar el 0,5% del PIB y las regalías para el sector de ciencia, tec-nología e innovación no son suficientes. Para que el sistema funcione se necesitan recursos y políticas claras.

Sandra Uribe Pérez,Unimedios

Cuando se examina la econo-mía de los países desarrollados, se observa que incorporan a su mo-delo productivo la investigación científica y tecnológica, así como la innovación. Parte de su secreto está en comprender que impulsar las capacidades científicas es una tarea de largo plazo que, además, requiere una sólida apuesta de Es-tado.

En la región, naciones como Brasil, México, Argentina y Chile llevan la delantera. Mónica Sala-zar, directora del Observatorio Co-lombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), sostiene que el país está rezagado desde cualquier perspec-tiva (véase gráfica 1).

Sin embargo, ha evolucionado notablemente desde hace veinte años. Según Rafael Molina, pro-fesor del Departamento de Quí-mica y exvicerrector de Investiga-ción de la Universidad Nacional de Colombia, ahora es más visible y la comunidad se ha consolidado, pero el impulso todavía es muy incipiente.

Hay quienes ven el panora-ma con optimismo, como el físico Eduardo Posada Flórez, director de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC). Para él, en los últimos años, el país ha

-

crecido mucho en este aspecto y la producción de artículos científicos se ha multiplicado; lo que lo sitúa en una posición mejor, por lo me-nos en ciertos indicadores.

Carl Henrik Langebaek –vi-cerrector de Investigaciones de la Universidad de los Andes–, ve el panorama “entre regular y malo”.

Para dar una idea del atra-so, señala que el porcentaje del producto interno bruto (PIB) que Colombia invierte en ese sector (0,46%) se encuentra “entre los más bajos del continente” (véase gráfica 4); y contrasta dicha situa-ción con la de Brasil, que invierte el 1,62% de su PIB y cada año y medio gradúa una cantidad igual de doctores al número que Colom-bia tiene en su totalidad (según

datos del OCyT, el total de doctores colombianos, al 2011, era de 7.129) (véase gráfica 2).

El SNCyT y las regalías

Langebaek se declara “mode-radamente optimista”, siempre y cuando las universidades de cali-dad y los académicos ejerzan una veeduría del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT) y del Sistema General de Regalías, para que esta inversión, que es grande, salga bien.

Aunque actualmente se cuenta con un promedio de 800.000 millo-nes de pesos al año por concepto de regalías, para él, el problema no siempre es de dinero: “Por supues-to que necesitamos más recursos,

pero también políticas. La plata sin políticas no funciona”.

En ese sentido, añade que las regalías constituyen una valiosa oportunidad que puede tener efec-tos positivos si se encauzan bien. Pero insiste en que no pueden vol-verse una excusa para reducir el presupuesto de Colciencias.

El profesor Molina subraya que, justamente, los recursos netos de Colciencias –aunque han dismi-nuido– son los que han mantenido dinámica a la comunidad, pues ha-cer ciencia básica es el fundamento de cualquier avance tecnológico.

Dado que esos dineros son in-suficientes para poner al país en la frontera del conocimiento, hay que aprovecharlos al máximo. Por eso, se hace necesario blindarlos de in-tereses políticos y regionales.

La directora del OCyT indi-ca que otras naciones de Amé-rica Latina también financian el desarrollo científico y tecnológico con regalías, pero con diferentes esquemas de distribución y apro-bación. Y aclara que, en Colom-bia, dichos dineros conllevan tanto oportunidades como riesgos y que los resultados no se van a ver a corto plazo.

Entre los riesgos de un mal manejo, el profesor Langebaek ad-vierte que podrían debilitarse la investigación básica y las inversio-nes que ha hecho el Estado en la

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Gráfica 1

Investigación, brecha entredesarrollo y periferia

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formación de doctores con criterios de la más alta calidad.

Los vacíos del sistema son muchos, por ejemplo, “en términos de la canti-dad de recursos humanos de alto nivel y de la infraestructura indispensable para llevarla a cabo”.

Para Salazar, esto se refleja en los resultados obtenidos, tanto en número de publicaciones y patentes como en otros resultados de innovación (véanse gráficas 1 y 3).

Sin embargo, el profesor Molina sostiene que las grandes universidades colombianas hacen diversos esfuerzos por mantener la dinámica investigativa, en espera de una verdadera apuesta del Estado.

Y esta no consiste en haber pro-mulgado una segunda ley ni en tener a Colciencias. Se trata de saber medir en tiempo real las capacidades que es-tá construyendo el país en materia de CT+I, de articularlas con las necesida-des nacionales en un mundo globaliza-do y de aportar el dinero que se requiere para su desarrollo.

Posgrados

Para consolidar el sistema nacio-nal, también es vital crear programas de posgrado, asegura Alexánder Gómez, actual vicerrector de Investigación de la UN.

“Solo llevamos veinticinco años de doctorados, somos nuevos en esto”, dice Molina. De haberse cumplido el plan trazado por la Misión de Sabios de los años noventa, ahora estaríamos llegando a invertir el 2% del producto interno bruto (PIB) y tendríamos 40.000 doctores y grandes centros científicos. A la fecha, el país tiene 155 programas de doctorado (de esta cifra, 54 son de la UN, es decir, el 34%) (véase gráfica 2).

Por ahora, según Langebaek, tene-mos serios retos en investigación básica –imprescindible para adelantar la apli-cada– y en cuanto a la pertinencia de los doctorados: “Colombia no saca nada teniendo cada vez más doctores que ca-da vez tienen menos oportunidades de financiación. Eso no tiene sentido. De-be haber una inversión proporcional”.

Para lograr un alto nivel, el profesor Molina precisa que la formación debe darse en ambientes de construcción crítica que permitan tener elementos para transformar y no solo para repetir. Para él, los doctores deben contribuir a la comprensión, a formular propues-tas, a plantear hipótesis y preguntas, a solucionar problemas y a producir conocimiento.

En ese sentido, las vicerrectorías de investigación de las universidades, de reciente creación (una de las de ma-yor trayectoria es la de la Universidad de Antioquia, creada en 1994), son el resultado de la conciencia de que ella requiere gestión. No es suficiente con que los investigadores se muevan por su cuenta. Debe haber un compromiso institucional de apoyo a la vocación, asegura Langebaek.

Grupos de investigación

El modelo de evaluación de los gru-pos de investigación ha tenido efectos positivos. “Se han podido identificar los de excelencia, y es bueno que se midan permanentemente”, expresa. No obs-tante, advierte que, al mirar las cifras de grupos (12.774 registrados y 8.442 avalados en Colciencias, a 2012), resulta que en Colombia hay más que en Ale-mania, “un autoengaño muy grande”.

Una política estatal debe reconocer mecanismos como la acreditación y los grupos de Colciencias. Y debe apoyar a los de excelencia, para que, más allá del reconocimiento, estos se consoliden, constituyan proyectos de largo plazo y ayuden a conformar otros.

Tanto Molina como Langebaek re-cuerdan una afirmación que el profesor

Moisés Wasserman, exrector de la UN, hizo en una de sus columnas de El Tiempo: hay que “financiar lo imperti-nente y los proyectos de largo plazo”.

Publicaciones y patentes

El vicerrector de Investigación de la UN resalta que las universidades, gracias al avance de sus sistemas de investigación, han aumentado su nú-mero de publicaciones nacionales (466 revistas indexadas en Publindex a 2011) e internacionales. Pero insiste en que aún se debe trabajar en incrementar su impacto.

Además, agrega, es necesario am-pliar el número de investigadores para alcanzar, al menos, los estándares de los países latinoamericanos más desarro-llados. La tarea, a nivel internacional, es un conseguir un mayor y mejor impacto cualitativo, así como un mayor nivel de distribución y citación.

En cuanto a patentes, el profesor Eduardo Posada manifiesta que esta-mos muy mal en indicadores (1,1 por cada millón de habitantes, según el Fo-ro Económico Mundial). Sin embargo, argumenta que no se puede considerar que la patente sea el principal indica-dor de la actividad económica. Una internacional es muy costosa y hay que examinar bien si se va a recuperar la inversión.

De todos modos, propone profun-dizar la cultura de la innovación en las empresas, para que empiecen a darse cuenta de que hacer tecnología propia es un magnífico negocio: “el mal nego-cio es comprarla por fuera”. Al respecto, es indispensable fortalecer la relación universidad-empresa.

El liderazgo de la UN

Durante la última década, la Uni-versidad Nacional de Colombia ha he-cho un gran esfuerzo institucional para fortalecer su función investigativa. “Te-nemos presencia en todos los depar-tamentos del país y realizamos más de cinco mil proyectos de extensión (labo-res de educación continua, consultoría, proyectos de investigación aplicada), contratados por diferentes institucio-nes y entes del nivel nacional”, afirma el profesor Gómez.

Asimismo, ha dirigido sus labores a articular sus capacidades internas, su experiencia y su conocimiento y a acer-carse a los problemas nacionales.

Un ejemplo de ello es el Centro de Pensamiento y Seguimiento de los Diálogos de Paz. “Se trata de una mues-tra de que tenemos un valioso capital intelectual ya desarrollado que está dis-puesto a ayudar a solucionar los gran-des problemas y conflictos del país”, destaca.

Otro esfuerzo enorme ha sido el de organizar el sistema de informa-ción. “Con las agendas del conocimien-to (una visión compartida de futuro para establecer temas estratégicos de investigación como recursos minerales y materiales, ambiente y biodiversidad, energía, ciencias agropecuarias y desa-rrollo rural, entre otras) ya podemos dar un inventario de nuestras capacidades, del capital humano, de las redes, de los grupos, de la manera como trabajan esos grupos, de lo que producimos, del tipo de conocimiento que estamos ge-nerando y de los artículos, procesos, pa-tentes y transferencias de conocimiento a la sociedad”, sostiene el vicerrector.

Al decir del profesor Guillermo Pá-ramo, exrector de la UN, “este país ne-cesita mentes grandes para pensar un país grande y complejo”. Pero, si no hay una apuesta real del Estado por la edu-cación, seguiremos con mentes peque-ñas y con una nación convulsionada.

Doctorados y doctores en el paísFuente: Recopilación de datos realizada por Unimedios.

Ciencias médicasy de la salud

Ciencias agrícolas

Ciencias socialesy humanidades

Ciencias naturalesy exactas

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1.171

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545

Graduados de doctorados en el país

Total de doctores

Doctoradospor áreas

34% de los doctorados del país los ofrece la UN

39% de los doctores del país son egresados de la UN

Universidad Pública

Universidad Privada

Conocimiento de calidad en aumentoFuente: Recopilación de datos realizada por Unimedios.

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128

2

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Categoría A1: grupos de mayor calidad según Colciencias.

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**A partir de este año (2013) Colciencias eliminó las categorías y solo diferencia entre grupos reconocidos y registrados.

nacional la aporta la UN, según SCOPUS

Porcentaje del PIB invertido en CyTFuente: Indicadores de Ciencias y Tecnología 2012 del OCyT.

Estados Unidos 2,90%2,84% n. d.

Venezuela 2,36%2,45% n. d.

Costa Rica 2,26%1,39% n. d.

Canadá 1,92%1,90% 1,81%

Brasil 1,63%1,45% 1,62%

España 1,39%1,35% 1,39%

América Latina y el Caribe 1,13%1,0% 1,09%

Cuba 0,91%0,83% 0,90%

México 0,82%0,81% n. d.

Argentina 0,67%0,61% 0,70%

Panamá 0,50%0,50% 0,47%

Colombia 0,44%0,47% 0,46%

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Gráfica 2

Gráfica 3

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14 Especial Educación superior

Complejidades de laautonomía universitaria

Si hay una labor prioritaria que debe promover la universidad es la de entregar a la sociedad ciudadanos responsables y autónomos. ¿Por qué? Porque es así como se pueden hacer transfor-maciones profundas en el país. En este punto radica la importancia de la autodeterminación universitaria. De lo contrario, solo se tendrían “fábricas” de profesionales.

Equipo Unimedios

La autonomía universitaria pasa por varios aspectos: libertad de cátedra, potestad administra-tiva y financiación del Estado. En opinión de algunos expertos, es-te último –la falta de recursos– la afecta en su totalidad. Otros, por su parte, consideran que, pese a las dificultades, se cumple en las universidades del país.

Lo cierto es que su déficit di-ficulta la entrega a la sociedad de personas con libertad de pensa-miento, capacidad crítica y posibi-lidades de transformar al país.

Así lo expone Jorge Ernesto Durán, profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y So-ciales de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, que con-sidera que esa es la mayor defensa que debe hacerse del concepto de autonomía universitaria.

En la sentencia C-220 de 1997, la Corte Constitucional estableció que ella no es “un atributo legal desdibujado [...], es una caracterís-tica propia de las democracias mo-dernas que se traduce en el axioma de que los estudios superiores no pueden estar sometidos a ninguna forma de dirección, orientación, interferencia o confesionalismo por parte del Gobierno”.

Así como en una democracia el Estado no puede decirle a una persona qué debe comer, qué au-tomóvil comprar o qué carrera es-tudiar, no puede inmiscuirse en los asuntos internos de las universida-des, incluso cuando debe procu-rarles los recursos económicos.

Cuando la Corte dice que no debe haber “interferencia”, se re-fiere precisamente a que los Go-biernos deben hacer los mayores esfuerzos para garantizar la auto-nomía universitaria.

No tan mal

Leopoldo Múnera, profesor de la Facultad de Derecho, la de-fine como la autogestión de los miembros de la Institución: de su producción, creación colectiva, in-tercambio y transmisión de cono-cimiento; lo cual, dice, se garantiza con la libertad de cátedra. Solo así se puede construir conocimiento con los estudiantes.

Pero, en su opinión, dada la necesidad de conseguir recursos, los profesores cada vez están más cargados de funciones administra-tivas y gerenciales de sus propios proyectos, lo que los aparta de su verdadera misión.

No obstante, el profesor Moi-sés Wasserman, exrector de la UN, considera que, si bien no existe una situación perfecta, las univer-sidades colombianas no están mal en la materia, pues esta ha sido respetada y se debe reconocer que el Estado asigna presupuestos.

Y Luis Enrique Arango, direc-tor del SUE, afirma: “Si nos com-paramos con el primer mundo, la distancia es enorme. Pero, con res-pecto a países latinoamericanos, Colombia está por la media”.

Las complejidades de su al-

cance han sido la constante en la vida de las instituciones acadé-micas. Precisamente, la sentencia C-220 hizo un avance sustancial al entregar una definición que permi-te saber en qué terreno se sustenta ese derecho constitucional:

“La universidad, cuyo funda-mento es el perfeccionamiento de la vida y cuyo objetivo es contribuir a formar individuos que reivindi-quen y promuevan ese fundamen-to –a través del dominio de ‘un saber’ y de la capacidad de gene-rar conocimiento, reclamando su condición de fines en sí mismos y no de meros instrumentos–, es la que requiere, para ‘ser’, el reconoci-miento efectivo de su autonomía”.

Además, agrega que otro tipo de centros de educación superior –que fundamentan su quehacer en objetivos distintos, como, por ejem-plo, la mera profesionalización–, si bien son necesarias en el mundo moderno, no pueden denominarse universidades: “Tal distinción sub-yace en la legislación de nuestro país, que distingue entre universi-dades y otras instituciones de edu-cación superior; reconociéndoles autonomía plena, no absoluta, úni-camente a las primeras”.

El profesor Wasserman asegu-ra que esta clase de apreciaciones (que incluye el artículo 60 de la Constitución) significaron un re-

conocimiento social a su trabajo y a su papel fundamental, lo que implica que adquirieron tanto de-rechos como deberes.

Las responsabilidades

Según Rodrigo Uprimny Yepes, constitucionalista y también profe-sor de la Facultad de Derecho de la UN, esos derechos les permiten de-finir su norte, determinar su filoso-fía y administrarse para que tengan plena libertad académica.

“Obviamente, la autonomía no puede verse como una soberanía universitaria. Existe una reserva de ley (un sustento legal) que esta-blece restricciones, regulaciones o limitaciones. Por ejemplo, la ins-pección y vigilancia del Estado, la regulación de los servicios públi-cos educativos y la protección de los derechos fundamentales de las personas que allí trabajan y estu-dian”, explica.

La Corte también argumenta que su ejercicio implica para las universidades cumplir su misión a través de acciones a las cuales subyazca una “ética de la respon-sabilidad”.

Esto significa que su autono-mía debe encontrar legitimación y respaldo no solo en sus propios actores, sino en la nación en la cual ellas materializan sus objetivos, en

el Estado que las provee de recur-sos y en la sociedad civil que espera fortalecerse a través de ellas.

Y es que este debate debe in-cluir a la sociedad civil, sostiene el profesor Durán. Así, resalta que, si bien el tema ocupa un lugar rele-vante en las agendas de académicos y políticos, debe incluir al ciudada-no de a pie, a quien finalmente le pertenecen los recursos y productos de las universidades públicas.

En el caso de la UN, la autono-mía abarca múltiples dimensiones. Desde el manejo de los recursos recibidos para pensiones, la bús-queda de aliados privados para de-sarrollar investigaciones hasta la incertidumbre sobre el manteni-miento del patrimonio de los edi-ficios Camilo Torres, Uriel Gutié-rrez y el Hospital (por cuenta del proyecto de renovación del CAN), entre muchas otras.

Lo que no debe perderse de vista es que la autodeterminación es un “reconocimiento” –según está estipulado en la Constitución– que implica un conglomerado de ele-mentos (con tantos derechos como responsabilidades) y que es crucial para los procesos educativos de la Institución. Si esta no se garantiza, no es posible educar a profesio-nales responsables y autónomos capaces de adelantar transforma-ciones sociales.

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15Especial Educación superior

Financiación,talón de Aquiles de la autonomía

Supeditar la financiación estatal a que las políticas de las univer-sidades coincidan con las de determinado Gobierno es ejercer un control previo sobre sus decisiones académicas. Constituye, por tanto, una violación de la autonomía.

Carlos Garzón,Director Nacional de Planeación

Universidad Nacional de Colombia

El concepto de autonomía universitaria se está usando más para eludir responsabilidades que para definirlas con claridad. El análisis de estas situaciones, unas recurrentes y otras nuevas, recla-ma desarrollos jurisprudenciales que deberían ser introducidos con prontitud.

Son varios los hechos que muestran que el Estado está fal-tando a su obligación de garanti-zar el funcionamiento adecuado de las universidades públicas: la pretensión de que los reclamos de los trabajadores respecto a sala-rios deban ser atendidos por la Universidad Nacional de Colombia en virtud de su autonomía; la dis-tribución de los recursos flexibles entre instituciones sin considerar sus demandas individuales ni su tamaño ni complejidad, que se su-ma a la asignación inercial de los recursos previstos en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992; y la propues-ta del Banco Mundial de que los recursos incrementales se asignen mediante el mecanismo de contra-tos-programa.

Así, en reiteradas ocasiones, el Gobierno ha promovido el uso de indicadores de gestión para dis-tribuir parte del presupuesto, en especial cuando se destinan recur-sos adicionales a los previstos en la Ley 30 de 1992. Y ahora plantea la posibilidad de usar los contra-tos-programa como una posible forma de hacerlo. Pero la Corte Constitucional (Sentencia C-926 de 2005) ha sido firme en señalar lo siguiente:

“[...] imponer a las universida-des públicas –tal como lo pretende la norma acusada– el deber de con-certar y acordar con el Gobierno los criterios y el procedimiento de una redistribución de un porcen-taje del total de las transferencias, que no podrá exceder del 12%, es someterlas a una especie de con-trol presupuestal estricto que no puede ser aplicado a las universi-dades estatales en razón de que por sus singulares objetivos y funciones ello implicaría vulnerar su autono-mía. Asimismo, [...] esos procesos de concertación y acuerdo con el Gobierno implican que cada uni-versidad negocie asuntos inheren-tes a su autodeterminación, auto-gobierno y autorregulación”.

“En efecto, que la redistribu-ción de un porcentaje del total de las transferencias se base en resultados de gestión, ya sea admi-nistrativa, financiera o académica, es facultar al Gobierno para entrar a premiar o a castigar a las uni-versidades públicas con recortes o incrementos de su presupuesto, lo que implica variarles sus recursos

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ya asignados, desconocer su liber-tad para manejarlos y, por contera, violar su autonomía universitaria”, continua.

En ese sentido, precisa: “Suje-tar la distribución del porcentaje a indicadores de gestión que no se encuentran precisados por el le-gislador es una forma a través de la cual el Gobierno […] puede interfe-rir en decisiones que corresponden al ámbito interno de las universida-des estatales”.

Y establece: “El Consejo Supe-rior Universitario, como máximo órgano de dirección y gobierno de las universidades y en el cual tiene participación el Gobierno, a través del Ministro de Educación Nacional o su delegado, o del Go-bernador o el Alcalde –según sean nacionales, departamentales, dis-tritales o municipales–, será el escenario propicio para realizar la rendición de cuentas respectiva, así como para analizar y evaluar la gestión alcanzada y el cumpli-miento de las metas propuestas por el propio ente universitario. Será cada ente el que maneje sus recursos y la distribución del pre-supuesto, el cual, por demás, per-tenece a cada universidad indi-vidualmente considerada y no al conjunto de ellas”.

Contra la transparencia

Sin una garantía de financia-ción estatal sostenible, el concepto de autonomía universitaria es una falacia legal. Aquella constituye su talón de Aquiles.

El Gobierno no está conside-rando con objetividad el fortaleci-miento de la investigación científica y tecnológica en las universidades al asignar el presupuesto de funciona-miento. Además, centra la creación de condiciones para su desarrollo en fondos concursables, a los cuales pueden acceder instituciones públi-cas y privadas.

En la coyuntura actual, los me-canismos financieros que hacen posible el acceso a la educación superior de todas las personas ap-tas privilegian la financiación de la demanda y no la de la oferta con nuevos recursos del presupuesto nacional. Pero estos apoyos, en ge-neral, terminan financiando a las privadas.

Por tal razón, una reforma de la Ley 30 requiere desarrollo normati-vo. Asimismo, es indispensable un desarrollo del Estatuto Orgánico de Presupuesto para las universidades públicas que incorpore las posibi-

lidades que ofrecen tanto la Cons-titución como el derecho privado, cuyo uso se los permite dicha ley.

La inercia centrada en un mí-nimo vital, derivada de un uso in-apropiado del artículo 86 de la Ley, no permite hacer un análisis serio de la realidad financiera de las ins-tituciones (vigencia a vigencia) y no propicia un análisis argumentado y profundo del presupuesto, lo que hace que, de entrada, no se asegure la sostenibilidad de las institucio-nes públicas. No reconocer las rea-lidades económicas de las univer-sidades va también en contra del principio de transparencia.

La investigación, fundamento de la autonomía académica y con-natural al concepto de universidad, requiere ser comprendida, finan-ciada y estimulada por el Estado hasta tanto no adquiera una diná-mica nacional de impacto inter-nacional y se constituya en factor esencial del desarrollo económico y social.

Este criterio va en contravía de la política actual de distribuir estos recursos dividiendo el presupuesto flexible disponible entre el número de universidades que conforman el sistema, con el argumento simplis-ta de que de esta forma se propicia la equidad interregional.

La investigación, fundamento de la autonomía académica y connatural al concepto de universidad, requiere ser financiada y estimulada por el Estado.

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Exprimen antioxidantes

de frutas exóticasPor su capacidad para prevenir enfermedades y retrasar el envejecimiento natural del cuerpo, los antioxidantes son un producto de alta de-manda en el sector farmacéutico, cosmético y alimenticio. En la UN se diseñó un proceso indus-trial que maximiza su obtención.

Ana María Escobar Jiménez,Unimedios

Los antioxidantes son sustancias orgá-nicas que ayudan a inhibir la acción de los radicales libres, responsables de la oxida-ción de las células y del envejecimiento del organismo. El metabolismo, la respiración y los agentes contaminantes del ambiente inciden en ese deterioro paulatino.

Son varias las enfermedades ligadas a la oxidación progresiva del cuerpo: las cardio-vasculares, la diabetes, la arterioesclerosis, algunos tipos de cáncer y de afecciones gástricas, entre otras.

La insistencia de abuelas y nutricionis-tas en la necesidad de comer verduras y fru-tas tiene profundas bases científicas, com-probadas cuando se determinó, a mediados del siglo pasado, que vitaminas como la A, la C y la E son poderosas sustancias capaces de desacelerar la destrucción celular.

Esa característica ha sido aprovechada por decenas de investigadores en el mundo, que centran su interés en obtener antioxi-dantes de los frutos sin dañar las funciones vitales del compuesto en el proceso.

Con esta perspectiva, Ivonne Ximena Cerón, candidata a doctora en Ingeniería (línea de Automática) de la Universidad Na-cional de Colombia en Manizales, estudió el potencial de cinco frutas exóticas colom-bianas: zapote, del Tolima; uchuva y tomate de árbol, de Caldas; y copoazú y naikú, de la región amazónica.

De la última no se habían hecho carac-terizaciones de este tipo, por lo cual su ca-pacidad antioxidante es un nuevo aporte a la agroindustria y al desarrollo de productos de valor agregado.

Uno de los objetivos de la investigación es que sus resultados trasciendan el análisis de laboratorio y se proyecten a la industria, gracias a la ingeniería de procesos usada para obtener los compuestos.

Según Cerón, la mayor innovación fue la evaluación integral del proceso, desde la fase de pretratamiento de las frutas hasta la de extracción. En otros trabajos, solo se valoraron algunas de las etapas.

A escala industrial

“El carácter termosensible y fotosinté-tico de estos compuestos (susceptibilidad a degradarse con el calor y la luz), que resta poder a su actividad antioxidante, fue uno de los principales criterios para evaluar ca-da una de las tres etapas del proceso lleva-das a cabo. Este paso se desarrolló tanto por simulación computacional como por com-probación experimental”, indica la experta.

Para la evaluación inicial se efectuó primero la caracterización físico-química de las frutas, a fin de hacer la simulación con base en esa información. Esta propor-cionó datos para seleccionar las tecnologías y condiciones de operación óptimas para obtener los rendimientos de extracción más

altos y minimizar la pérdida de las propie-dades antioxidantes.

En el pretratamiento, fase inicial en la cual se adecua la materia prima, se exa-minaron las tecnologías de secado al vacío (liofilización) y por convección (aire calien-te que va retirando la humedad de la frutas a presión atmosférica).

En la segunda etapa, la de extracción, se analizaron dos alternativas tecnológicas. De un lado, los fluidos supercríticos, una téc-nica que consiste en aplicar altas presiones para obtener un estado híbrido de la materia (entre líquido y gaseoso), utilizando dióxido de carbono (CO

2) como solvente. De otro, la extracción tradicional con solventes como el etanol acidificado a presión atmosférica.

Finalmente, en la fase de concentra-ción de los extractos, se estudiaron la des-tilación al vacío (que es la separación de compuestos a baja presión) y las membra-nas de ultrafiltración (que tienen poros muy pequeños que evitan el paso de moléculas de cierto tamaño).

Mayor valor agregado

“Luego se hizo la evaluación económi-ca de cada uno de estos procesos y, en cola-boración con la Universidad de Texas A&M, se llevó a cabo una optimización llamada fuzzy, una técnica que busca determinar có-mo lograr el mayor rendimiento de obten-ción con los menores costos de operación”, manifiesta la ingeniera Cerón.

Encontró que el secado por convec-ción, la extracción mediante fluidos super-críticos y la concentración con membranas son las técnicas que permiten aprovechar al máximo los compuestos que ofrece cada fruta. Por lo tanto, proporcionan una mayor rentabilidad a las empresas.

Esto es significativo para una región como el Eje Cafetero, que tiene una clara vocación frutícola. De hecho, miembros del Parque de la Fruta, ubicado a treinta minu-tos de Manizales, compartieron experiencias con científicos del Instituto de Biotecnología y Agroindustria de la UN en Manizales, que demostraron la viabilidad de los climas y suelos caldenses para cosechar frutas ama-zónicas en zonas cercanas al río Cauca.

“La adaptación del cultivo no solo faci-lita el acceso a estas frutas, sino que evita la devastación de la reserva amazónica, ofrece generación de empleo y una diversificación rentable por los altos precios de la pulpa en los mercados europeos y de los Estados Unidos”, asegura la investigadora.

El estudio también mostró que la mayor concentración de antioxidantes se encuen-tra en las cáscaras de estas frutas. Por ende, las industrias pueden diversificar su cartera de productos, al aprovechar las pulpas para elaborar jugos y postres y los residuos, para obtener estas sustancias químicas. Este tra-bajo es ejemplo de cómo los avances cien-tíficos y académicos encajan a la perfección con la vocación agrícola del país.

La ingeniera Ivonne Ximena Cerón entrega a la industria frutícola del país una propuesta integral para ex-traer compuestos antioxidantes.

Naiku (Renealmia alpinia)

Zapote (Matisia cordata)

Tomate de árbol(Cyphomandra betacea)

Uchuva (Physalis peruviana L.)

Copoazu(Theobroma grandiflorum)

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183

358

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Frutas ricas en polifenoles (grupo de sustan-cias químicas con abundantes antioxidantes)

Miligramosde polifenoles totales por cada 100 gramos

de fruta fresca

Innovación

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17Salud

Hallan altos nivelesde mercurio en atún enlatado

Una investigación de la UN en convenio con la Universidad de Cartagena halló muestras de atún enlatado con niveles de concentración de mercurio que superan los permitidos por las entidades sanitarias. La contaminación de los ecosiste-mas donde se reproducen los peces, por actividades como la minería, es la principal causa.

Carlota Loaiza Cadavid,Unimedios

El pescado es la base de la alimentación de miles de personas en el mundo, pues es fuente consi-derable de proteínas, ácidos grasos y vitamina D y hace un aporte rela-tivamente bajo de colesterol.

Pero ciertas especies mari-nas contienen concentraciones de mercurio orgánico (metilmercurio) suficientes como para ser conside-radas nocivas para la salud si son consumidas en grandes cantidades. La acumulación de este compuesto neurotóxico varía dependiendo de la especie, el tamaño, la posición en la cadena alimenticia y la localiza-ción de su hábitat con respecto a las fuentes de contaminación.

Uno de los peces más comer-cializados, por su conservación, disponibilidad, sabor y beneficios para la salud, es el atún. Sin em-bargo, las acciones antropogéni-cas (alteraciones que hace el hom-bre del ambiente) han hecho que tenga que consumirse con más cuidado.

Una investigación de la Uni-versidad Nacional de Colombia en convenio con la Universidad de Cartagena, titulada “Evaluación de la concentración de mercurio en diversas marcas de atún enlata-do comercializadas en la ciudad de Cartagena de Indias”, se enfocó en analizar 41 muestras de cuatro marcas comerciales para determi-nar cuánto tenían en total.

Su autor, Juan Manuel Sán-chez Londoño, magíster en Toxi-cología de la Facultad de Medicina de la UN en Bogotá, halló que el 34% de las muestras excedió el límite máximo establecido por la legislación colombiana: 1,0 partes por millón (ppm); y que el 59% so-brepasó los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud: 0,5 ppm.

Los resultados sugieren que su consumo en Cartagena representa un riesgo moderado para la pobla-ción en términos de exposición a este metal.

Riesgo para el consumidor

En los últimos años, los co-lombianos han incrementado el consumo de atún enlatado por sus cualidades nutricionales. Según ci-fras de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el país se ven-den cerca de 93,6 millones de latas, de las cuales el 77% es abastecido por la industria nacional.

Aunque la indagación no reve-la las marcas inspeccionadas, deja en evidencia que, de las cuatro, so-lo la importada cumple con los es-tándares sugeridos por las normas; mientras que las tres nacionales exceden hasta en un 50% el nivel máximo permitido.

Así lo demostró el estudio de doce latas adquiridas en super-mercados de Cartagena que fueron llevadas al laboratorio de análisis fisicoquímico del Instituto Nacio-nal de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) en Bogotá.

Allí cada lata fue drenada y las muestras homogenizadas (tri-turadas en mortero de porcelana). Se depositaron en unas celdas de cuarzo en las cuales se desinte-graron, por efecto térmico, para ser estudiadas químicamente. Los resultados obtenidos para cada muestra, por duplicado, fueron promediados para obtener una conclusión definitiva: más mercu-rio del recomendado.

El profesor Jairo Téllez Mos-quera, coordinador académico de la Maestría en Toxicología de la UN, explica que, cuando se produce una contaminación de aguas dulces o saladas por mer-curio elemental (metálico o in-orgánico), este, por ser un me-tal más pesado que el agua, se sedimenta en el lecho acuático. Allí, ciertas bacterias especializa-das lo transforman en mercurio orgánico (metilmercurio), que se incorpora a la cadena trófica a través del fitoplancton y de las diferentes especies de peces que se alimentan de él.

Así, añade que “los más pro-pensos a la exposición son, en ge-neral, los grupos de pescadores y

sus familias y las personas residen-tes en riberas de ríos, lagos o lagu-nas o en zonas costeras de mares, que tienen el pescado como base de su alimentación”.

“Poblaciones con un estatus económico y educacional alto están en riesgo moderado, pues no limi-tan sus gastos ni son detenidos por el elevado precio de determinados productos considerados gourmet. Además, tienden a ingerir gran-des porciones de proteína que, por lo general, provienen del pescado, con preferencia hacia aquellas es-pecies que pertenecen al grupo de grandes predadores (pez espada, lubina, caballa), dentro del cual se encuentra el atún”, afirma el inves-tigador Sánchez.

Un grupo aún más sensible lo conforman las mujeres en regí-menes dietéticos que lo incluyen como alimento central; así como personas que buscan beneficios cardiovasculares y mujeres en edad fértil, embarazadas, lactantes y ni-ños pequeños. En estos últimos, la situación es crítica porque los reportes indican que el metilmer-curio interfiere en el normal desa-rrollo del cerebro de los bebés.

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Efectos en la salud

El magíster asegura que si un niño de 25 kilogramos ingiriera una ración diaria de 100 gramos, con valores del metal como los ha-llados en las muestras estudiadas (2,59 ppm), solo bastarían 54 días para que empezara a presentar efectos nocivos.

De hecho, el estudio reveló que quienes lo comen con regularidad han reportado efectos adversos a nivel neurológico y de comporta-miento.

“Concentraciones muy altas en el organismo humano afectan el sistema nervioso central. La trans-misión también se puede dar de madre a hijo en las embarazadas, pues el metal atraviesa la barrera feto-placentaria e intoxica al feto de forma grave”, puntualiza el pro-fesor Téllez.

Y precisa: “Se produce una le-sión severa del sistema nervioso central caracterizada por convul-siones, temblores involuntarios y trastornos motores y sensitivos. En otros casos, hay alteración de la posición erecta y de la marcha. En general, esta intoxicación deja secuelas que pueden derivar en la muerte del recién nacido o en una pésima calidad de vida en quienes sobreviven”.

Problema de salud pública

Según Sánchez, en Colom-bia la mayor parte de los estudios sobre los niveles de mercurio en peces se han llevado a cabo en es-pecies dulceacuícolas (de río) y en las relacionadas con la pesca local (específicamente en la bahía de Cartagena).

Jesús Oliveros, director de la Maestría en Toxicología de la Uni-versidad de Cartagena y director del trabajo de Sánchez, señala que un caso especial es el de los mu-nicipios de La Raya, Montecristo y Achí, ubicados en la costa Caribe y bañados por el río Cauca.

Sus habitantes obtienen el sus-tento de la explotación artesanal de oro, en la cual se usa este elemento, lo que ha ocasionado una degrada-ción aguda de las aguas por más de dos décadas.

Los expertos resaltan que la intoxicación con mercurio por consumo de atún es parte de un gran problema de salud pública que debe ser atendido por las auto-ridades y conocido por la opinión pública, a fin de que se ejecuten políticas de control certeras.

El atún se ha convertido en una de las carnes más consumidas por los colombianos.

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Tumaco: tres mil añosde historia prehispánica

Objetos descubiertos en el terreno de la UN en el Pacífico dan testimonio de un valioso pasado lleno de tecnologías, tradiciones, relaciones económicas y logros intelectua-les. Se necesitarán muchos años y enormes esfuerzos económicos para estudiar ese in-menso patrimonio nacional.

Lina María Leal,Unimedios

“Los vestigios enterrados en el predio de la Universidad Nacio-nal de Colombia en la ciudad de Tumaco contienen información de entre 2.000 y 3.000 años de historia prehispánica. Es comparable a una biblioteca con datos de los saberes de las gentes que nos antecedie-ron”, asegura el profesor José Vir-gilio Becerra, uno de los líderes de la prospección arqueológica, que se desarrolló en el terreno donde se construirá la nueva sede de la Institución.

Durante el año 2011, un equi-po de antropólogos, dirigido por los profesores Becerra y Ana María Groot, del Departamento de Antro-pología de la Facultad de Ciencias Humanas, exploró 44,7 hectáreas de superficie en la zona.

Los expertos inspeccionaron el subsuelo durante varias tempora-

das y cavaron 690 pozos de sondeo en las interseccio-nes de una rejilla conformada por líneas paralelas y perpendiculares trazadas cada 25 metros. Este tra-bajo contó con el apoyo de doce an-tropólogos, estu-diantes asistentes

y auxiliares y doce colaboradores tumaqueños.

En total, recuperaron 3.228 fragmentos cerámicos. De estos, 769 permitieron reconstruir las formas originales de las piezas de las cuales hacían parte. Asimismo, hallaron 54 elementos de piedra, entre ellos la utilería empleada pa-ra moler granos, rallar tubérculos, cortar, raspar, golpear y transfor-mar otros materiales.

Según los antropólogos, la acidez del suelo y las variaciones climáticas incidieron en la mala conservación de restos orgánicos como huesos y semillas, de los cua-les encontraron muy pocos.

Además, hicieron un estudio estadístico sobre la cantidad de vestigios hallados en los pozos de sondeo, lo que permitió represen-tar en el plano topográfico del pre-dio las zonas de alta, mediana, baja y nula concentración de estos.

Para ello, elaboraron desde simples diagramas de barras hasta curvas de isodensidad, una herra-mienta de delimitación geográfica

que permitió determinar las áreas más intervenidas por las sucesi-vas comunidades que poblaron la zona.

“Encontramos cinco hectáreas con alta densidad de materiales relacionados con presencia hu-mana desde hace varios milenios –algunos siglos antes de nuestra era– hasta tiempos más recientes”, afirma la profesora Groot.

En esa área, excavaron varias superficies, cada una de veinte me-tros cuadrados y dos metros de profundidad, hasta acceder al piso natural de la llanura aluvial, lo que reveló miles de fragmentos de ob-jetos fabricados a lo largo de mu-chos siglos.

Los antropólogos señalan que para examinar la totalidad de los 50.000 metros cuadrados del sitio necesitarían multiplicar miles de veces el presupuesto que requirie-ron para explorar tan solo un área de veinte metros cuadrados, así como redoblar el personal para mi-rarla milímetro a milímetro.

Ellos sugieren preservar la zo-na de cinco hectáreas para investi-gaciones posteriores, labor que to-maría decenas de años y múltiples generaciones de científicos. Será una labor que, sin duda, deman-dará compromiso institucional y provisión de medios financieros y humanos.

El resto del predio (cerca de 40 hectáreas), que exhibe una me-diana, baja o nula presencia de rastros del pasado, requiere eje-cutar un programa de salvamento y de monitoreo antes y durante la construcción de las edificaciones, de conformidad con la legislación y el Plan de Manejo Arqueológico elaborado por los investigadores.

¿Qué dicen los hallazgos?

San Andrés de Tumaco se ubica en un territorio que ha sido ocupa-do por diferentes grupos humanos a lo largo de varios milenios. Según el profesor Becerra, “hay vestigios pertenecientes a la cultura prehis-pánica tumaco-tolita, pero tam-bién de poblaciones que vivieron allí entre los siglos V y XVI”.

En el caso de la tolita, la inves-tigación determinó que las piezas están localizadas a más de 32 ki-lómetros de distancia de la línea costera; mientras que los prime-ros estudios las ubicaban en una franja de entre 5 y 15 kilómetros, a lo largo de 600 km, desde Bue-naventura hasta la Provincia de

Las piezas arqueológicas más comunes halladas en los predios de la UN en el Pacífico son representaciones de enfermedades, escenas cotidianas y de culto, actos sexuales y trabajos de parto, así como máscaras y personificaciones de hombres-animales y animales antropomorfizados.

“La arqueología aborda los conocimientos tecnológicos y económicos, las construcciones cosmológicas y las relaciones sociales entre los individuos que nos antecedieron y su entorno”, José Virgilio Becerra.

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Los tumaqueños y su pasado

Uno de los aspectos que llama la atención de los investigadores es el grado de compenetración que mantienen los tumaqueños con el pasado indígena. “Aunque la gran mayoría es catalogada co-mo población afrocolombiana, esta también integra a la indígena dentro del proceso de mestizaje en la región, y así ligan lazos con ancestros prehispánicos lejanos, como los ‘maestros alfareros de América’: los tumaco-tolita”, afirma el arqueólogo José Virgilio Becerra.

Y es que, según lo señalan los profesores y la escasa bibliografía existente, en una zona más amplia, que cubre hasta Ecuador, tuvo lugar un proceso de conquista y fusión emprendido por africanos fugitivos (cimarrones) sobre las poblaciones indígenas, que per-manecieron durante varias décadas bajo su tutela y dominio. Des-pués se fusionaron en un proceso de mestizaje biológico y cultural, poco común en América.

Esmeraldas, en Ecuador, contigua al océano Pacífico.

Dentro de la riqueza hallada se encuentran utensilios con las mismas funciones generales de las herramientas que se emplean hoy, así como fragmentos de ralladores en cerámica con incrustaciones de pequeñas piedras, diversos reci-pientes de alfarería, piedras para moler granos y figuritas en cerá-mica que representan escenas de la vida cotidiana, personajes rica-mente ataviados o formas animales y humanas, entre otras.

Esa mayor densidad de hallaz-gos coincidió con las curvas de nivel registradas por los topógra-fos en el predio. El análisis de la composición y naturaleza de los sedimentos de las partes más altas demostró una evidente adaptación y movimientos de tierra empren-didos por las sociedades pasadas. Según los profesores: “los saberes de estas comunidades conforma-ron patrones de asentamiento que se adecuaron a las condiciones lo-cales”.

La profesora Groot agrega que, además de la reconocida faceta ar-tística de esta cultura prehispánica, los descubrimientos han dado luces sobre otras de sus dimensiones.

Por ejemplo, sobresale su co-nocimiento en ingeniería hidráu-lica, que les permitió a estos po-bladores controlar flujos de agua y drenar e irrigar de manera perma-nente una amplia región, mediante adecuaciones de canales y came-llones para los cultivos agrícolas.

Las horas de trabajo necesa-rias para llevar a cabo estas labo-res, junto con la planificación, la atribución de diferentes tareas, la coordinación y el control de las

obras, apuntan a la existencia de poblaciones con cúmulos de sabe-res a lo largo del tiempo.

Conservar y difundir

Cada uno de los elementos en-contrados ya fue registrado en el Instituto Colombiano de Antropo-logía e Historia (ICANH). El profe-sor Fernando Montejo, coordina-dor de Arqueología del Instituto, sostiene que “tienen una relevancia muy alta en términos del conoci-miento que se puede obtener sobre grupos sociales del pasado”.

Resalta que son un patrimonio de la nación, no una propiedad pri-vada, y que no se pueden comer-ciar ni incluir dentro de circuitos de mercado: “no tienen un valor económico, sino uno netamente cultural”.

En palabras de la profesora Groot, la región del pacífico nari-ñense es una zona olvidada en lo investigativo, aunque esta sea una labor fundamental. “Si bien la cul-tura tolita no es ‘el hito’ arqueológi-co del país, sí es un aporte grande a los estudios de las comunidades prehispánicas y del Pacífico”.

En ese sentido, la antropóloga destaca la pertinencia de construir un museo en la zona que resguarde, difunda y realce los logros de estas antiguas poblaciones, mediante la exhibición de los objetos y las hue-llas dejadas por la interacción entre el hombre y su entorno natural.

Los investigadores aseveran que están comprometidos con es-tudiar el terreno y rescatar y con-servar la valiosa información allí contenida. Ellos tienen el interés de indagar el pasado y reconstruir y ampliar la historia nacional.

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El pensador, estatuilla antropomorfa descubierta en los terrenos de la UN en Tumaco.

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Patógeno de la vainillaprotege cultivos vallecaucanos

Agro

Jeinst Campo Rivera,Unimedios

La vainilla proviene de un gé-nero de orquídeas que comprende unas 110 especies distribuidas en todas las zonas tropicales del pla-neta. La evidencia científica indica que puede tener alrededor de 160 millones de años de existencia.

La República de Madagascar fue, por muchos años, uno de los líderes mundiales en comerciali-zación de esta aromática. Pero una severa enfermedad causada por hongos parásitos, llamada fusario-sis, provocó que su producción pa-sara de 2.277 toneladas (en 1984) a 600 (en el año 2004). Ahora ha optado por cultivar cacao.

El profesor Joel Tupac Otero, director del Grupo de Investigación en Orquídeas y Ecología Vegetal (GIO) de la Universidad Nacional de Colombia en Palmira, precisa que en el interior de sus raíces habitan dos tipos de hongos: los endófitos, que no causan síntomas, y los pa-tógenos, como el Fusarium oxys-porum f. sp. Vanillae, considerado el principal factor limitante de la producción comercial de la planta.

Caracterización molecular

Un estudio hecho por el gru-po estableció que las variedades silvestres del Pacífico colombiano tienen una gran diversidad de es-tos microorganismos que son be-néficos para las raíces (micorrizas) y que podrían aprovecharse en es-trategias de producción comercial y protección fitosanitaria en siste-mas agroforestales.

Como todas las orquídeas, las raíces de la vainilla necesitan en-trar en simbiosis con hongos que proporcionan nutrientes (llamados pelotones) para que las semillas puedan germinar.

Una investigación llevada a cabo por Ana Teresa Mosquera, del

La fusariosis es una enfermedad que dañó cientos de hectáreas de cultivos de vainilla en países como Madagascar, en la década pasada. Curiosamente, las variedades del Pacífico colombiano no se ven afectadas por la presencia de hongos que son dañinos para otras es-pecies. Este rasgo es una ventaja para hacer siembras de alta calidad.

La vainilla es una aromática esencial para industrias como las de bebidas gaseosas, pastelería, perfumería, entre otras.

GIO, permitió aislar micorrizas y hongos endófitos para identificar-los a nivel molecular y examinar su comportamiento en especies del Pacífico, en el departamento del Valle del Cauca.

Para ello, tomó muestras de raíces en bosques de selva húmeda tropical de Buenaventura y en bos-ques secos (subxerofíticos) de Da-gua, ambos en el Valle del Cauca. Luego, en el laboratorio, las desin-fectó para hacerles cortes transver-sales y determinar la presencia de pelotones.

“Los cortes se cultivaron en recipientes de laboratorio con una técnica llamada agar papa dextro-sa (APD), que permite incubar y observar el desarrollo micelial, o sea, el cuerpo vegetal del hongo. Se determinaron sus características morfológicas macroscópicas, mi-croscópicas y moleculares”, cuenta Mosquera.

El resultado fue la obtención de aislamientos fungosos. En este caso, se halló el Fusarium, lo que permi-tió llegar a varias conclusiones.

Variedades resistentes

Las raíces terrestres de las plantas adultas de Vanilla spp., en

los hábitats examinados, presen-taron pelotones, lo que evidencia la participación de hongos mico-rrízicos en sus procesos naturales de desarrollo. Lo anterior se co-rroboró en el bosque de Dagua, en donde se encontraron plántulas provenientes de germinación sim-biótica de semillas.

El estudio comprobó que las variedades silvestres del Pacífico son resistentes al Fusarium. Lo más destacable, señala el profesor Tupac, es que “las plantas no pre-sentaron síntomas inducidos por el patógeno”.

Así, mientras que en cultivos de otras variedades domesticadas producen estragos, en las silvestres actúan como microorganismos en-dófitos o protectores.

Este resultado se confirmó con el análisis molecular, en el que no se identificó la especie Fusarium oxysporum f. sp. Vanillae, que es el agente causal de la fusariosis, se-gún dice la profesora Nicola Flana-gan, de la Universidad Javeriana de Cali, encargada de dirigir el trabajo molecular y también investigadora del GIO.

Los científicos aseguran que, gracias al trabajo, se puede de-sarrollar su producción comercial en sistemas agroforestales de la

región. E insisten en que, según la evidencia, la presencia de estos hongos inofensivos podría limitar la presencia de patógenos en el cultivo.

Además, las vainillas nativas del Valle del Cauca, consideradas especies promisorias, son estudia-das para evaluar su potencial co-mercial y las condiciones necesa-rias para sembrarlas.

Igualmente, resalta el profesor Tupac: “la diversidad microbiana encontrada en el estudio también puede ser utilizada para conservar otras orquídeas y protegerlas de la posible extinción por actividades antrópicas”.

Recurso con potencial

Los expertos del GIO consta-taron que la vainilla es uno de los recursos fitogenéticos con más potencial del Pacífico colombiano, pues su siembra representaría ma-yores ingresos para los pobladores de la zona, dado que, según sus pesquisas, hay más de seis espe-cies de orquídeas en Buenaventura y Chocó.

“Lo que pudimos encontrar fue un uso meramente artesanal. Los habitantes las utilizan prin-cipalmente como medicina, pero también tiene un valor cultural porque se cree que su aroma pue-de atraer a las mujeres”, afirma Francisco Molinero, investigador del grupo.

El profesor Tupac sostiene que, con un adecuado apoyo del Estado, este recurso natural podría conver-tirse en una fuente considerable de ingresos, debido a que es uno de los más usados en la industria de bebidas gaseosas, alimenticia y cosmética. Además, dadas las pla-gas que azotan los cultivos en otras partes del mundo, las variedades resistentes de Colombia serían una magnífica opción.

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21Medioambiente

Política ambiental debe serde Estado y no de Gobierno

Pareciera que el Gobierno quisiera preservar lo mínimo de la naturaleza del país. Así lo evidencian casos como el de la delimitación de los páramos o el de la Estrella Fluvial de Inírida, un tesoro natural de 283.000 hectáreas que podría desaparecer si llega la minería.

M. Gonzalo Andrade-C,Instituto de Ciencias Naturales

Universidad Nacional de Colombia en Bogotá

Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales

En Colombia se volvió fre-cuente que –a través de radio, tele-visión, prensa, páginas web, redes sociales, foros, debates, reuniones, marchas y hasta vías de hecho– se le solicite al Estado y a sus insti-tuciones garantizar el respeto por los ecosistemas y su biodiversidad. Hasta el momento, no se sabe de una respuesta oficial a estos recla-mos de la sociedad.

Así las cosas, el público des-conoce una rendición de cuentas sobre el estado actual del inmenso patrimonio natural de la nación. Un repaso por el inventario ambiental arroja que el país tiene: 93 millones de hectáreas (ha) de zonas áridas; 114 de regiones continentales; 63,9 de bosques; 13 de sabanas; 20,2 de humedales interiores; 24,5 de áreas secas; 51,4 de reservas forestales (gracias a la Ley 2); y 10,4 de par-ques nacionales naturales.

En cuanto a ecosistemas ma-rinos, es el único de la región que tiene arrecifes coralinos en las cos-tas del Pacífico y del Atlántico, con una extensión total 1.091 km2, que equivale al 0,4% del total mundial.

En manglares, de las 294 mil ha existentes, solo 96 mil se en-cuentran zonificadas, lo que sig-nifica que el 67% no tiene planes de manejo. En praderas de pastos marinos, el país tiene seis de las nueve especies que existen en el Gran Caribe.

A esto se suman 1.094 km2 de litorales rocosos, tres humedales de importancia mundial Ramsar (la Ciénaga Grande de Santa Mar-ta, el delta del río Baudó y la la-guna de La Cocha) y dos parques nacionales declarados Patrimonio Natural de la Humanidad (Katios y Malpelo) y uno más en estudio (Serranía de Chiribiquete).

Patrimonio en riesgo

Lo anterior es solo la introduc-ción a un vasto inventario que, por supuesto, incluye una muy abun-dante –y en gran medida descono-cida– flora y fauna. Pero ¿qué tan consciente es el Gobierno de estos tesoros? Pareciera que poco, según se desprende de los conflictos a lo largo de la geografía nacional.

En la Guajira, quiere trasladar 26 km del cauce del río Ranchería y los tramos finales de dos de sus afluentes para extraer 80 millones de toneladas de carbón para ex-portación. Los pobladores temen por la suerte de los acuíferos que los proveen de agua.

En el Páramo de Santurbán, solo 11.700 ha fueron declaradas como parque regional natural, y no las 86.000 que requieren pro-tección especial dada su biodiver-sidad y riqueza hídrica.

Sobre la protección del río Bo-gotá, la contralora general de la Re-pública, Sandra Morelli, ya les ad-virtió a los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y de Minas y Energía (MME), a la

La biodiversidad de Colombia es inmensa y, en gran medida, aún desconocida. Por eso, es prioritaria una polí-tica que permita investigar y preservar ese patrimonio.

Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá, entre otras enti-dades, sobre la responsabilidad que les cabe en el rescate y preservación de este patrimonio público y sobre el derecho de los ciudadanos a go-zar de un ambiente sano.

Morelli también abrió una in-dagación preliminar sobre el pro-yecto hidroeléctrico El Quimbo, en el cual encontró pérdida de la productividad marginal de la tie-rra, vertimientos de material al río Magdalena, incumplimientos en la revegetalización, retrasos en resti-tución de empleos y en la restau-ración de los servicios del bosque, así como impacto negativo sobre la fauna y flora.

Otros casos son el de Cerro Matoso, cuya licencia presenta in-formación ambiental desactualiza-da desde hace treinta años, y el Parque Tayrona, en donde se había propuesto construir dos hoteles en plena zona de bosque seco.

En este caso, en el año 2007, un informe del Gobierno (que debería actualizar cada dos años) indicaba que el santuario tenía 7.292 ha de las 30.000 que tenía el Caribe en ese entonces. Solo se conserva el 1,5% de la cobertura original, que era de 80.000 km2.

Casos críticos

Otro asunto polémico, es la posición del ministro de Minas de evitar declarar la Estrella Fluvial de

Inírida (un complejo de ríos y hu-medales que abarcan 283.000 ha) como lugar de protección especial Ramsar. Esto se debe a su potencial minero, lo que pone en grave riesgo la biodiversidad de una región en donde hay especies que viven úni-ca y exclusivamente allí.

Es evidente que la cuestión no la decide la cartera de Ambiente, sino la de Minas, que también está interfiriendo con otra gran iniciati-va: la declaratoria del primer parque submarino del país en el Caribe. Es-to lo propuso la Unidad de Parques Nacionales Naturales del MADS a la Academia Colombiana de Cien-cias Exactas Físicas y Naturales, que legalmente debe avalar de manera vinculante la propuesta.

Por supuesto, el sí de la Acade-mia fue contundente y rápido. Pero, a la fecha, el ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, no ha firmado porque el MME está reestudiando el proyecto.

Se suma la inminente desapa-rición de los principales páramos del país si prosperan los planes del Gobierno. El Plan Nacional de De-sarrollo –nunca discutido con los investigadores del país– estableció que era indispensable delimitar los páramos para poder hacer cumplir la ley que ordena que en estas zo-nas no puede hacerse minería.

Con esta premisa, firmó un contrato por 61.000 millones de pesos con el Instituto Humboldt y el Fondo de Adaptación para deli-

mitarlos y entregar resultados en 25 meses.

Lo que ignora es que biológi-camente es imposible trazar una línea que diga en dónde empieza y en dónde termina un páramo sin que haya daños en el ecosistema global. Lo cierto es que la línea que pretende el Gobierno los reduciría y arrinconaría.

Todo lo anterior comprueba la ausencia de una política ambiental de Estado que se corresponda con los intereses y derechos de todos los ciudadanos. Lo que existen son políticas pasajeras y dependientes del Gobierno de turno.

Por ejemplo, el MADS comen-zó la revisión de la política de fauna (resumen de unas diez dedicadas, cada una, a una especie distinta) en lugar de elaborar una integral de conservación de la biodiversidad.

Es vital cerrar la brecha entre desarrollo y medioambiente, de-fendiendo unos territorios sosteni-bles, unos paisajes sin transforma-ciones profundas y unos servicios ambientales duraderos (agua, ma-dera, aire, alimentos).

Se requiere una política de ges-tión integral de la biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos –para mantener y recuperar los sistemas (a escalas nacional, regional, local y transfronteriza)–, considerando escenarios de cambio y a través de la acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad civil.

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Casas desarmablespara los más pobres

Una idea patentada de construcción de vivienda, que se ensambla como un juego de lego, se convierte en una alternativa para disminuir el uso de materiales poco amigables con el ambiente. Se trata de edificaciones resistentes a los temblores que no superan los 28 millones de pesos.

Harrison Rentería,Unimedios

¿Está de trasteo? Entonces, empaque sus maletas, aliste sus muebles, desmonte su casa y suba todo a un camión. ¿Desarmar la casa? Así como suena. Se trata de un novedoso modelo que les per-mite a las personas ensamblar y desensamblar sus viviendas como si se tratara de un juego de bloques de lego.

Esa es la invención del profesor Alfonso Oliveros Villar, arquitecto de la Universidad Nacional de Co-lombia en Medellín, que diseñó un práctico esquema de obra civil que ahorra mano de obra, tiempo de ejecución y unos cuantos clavos, pues se trata de paneles de madera que se arman de forma similar a un rompecabezas.

El creador asegura que es una idea sin antecedentes en el país y que cumple con altos estándares de calidad, pues la edificación es sismorresistente gracias a la utili-zación de tablones especiales re-sistentes el deterioro.

Nace la idea

Hace ocho años, el investi-gador, jubilado de la Facultad de Arquitectura, creyó posible popu-larizar el uso de la madera para construir viviendas. Si bien este material es muy usado para ciertos acabados (por ejemplo, para las puertas y el soporte de los techos), no lo es para la estructura comple-ta de la obra.

Es evidente que Colombia tie-ne un déficit habitacional grande (solo el 42,6% de los hogares eran propietarios en el año 2011, DANE) y que el costo de los materiales es uno de los grandes factores limi-tantes. Pero los cultivos de bosques maderables ofrecen una fuente de material más económica.

El profesor Oliveros aclara que su innovación, patentada como invento único en su especie, “es un sistema de prefabricados desar-mables, a modo de mecano, cons-tituido por paneles de estructura de madera aserrada y forrada con materiales livianos”.

La técnica ya se ha usado en cerca de quinientos diseños de ca-sas, colegios, bodegas y casetas. Y podría popularizarse más, pues no solo constituye una alternativa rentable, sino también estética.

Madera duradera

Miriam de Jesús Chavarría Pa-lacio vivió, hasta hace ocho años, un calvario; pues su “ranchito” –co-mo ella lo llama–, aunque era de ladrillo, no resistía los embates de una quebrada que constantemente se crecía y causaba estragos en el terreno de invasión al que tuvo que llegar con sus nueve familiares.

Recuerda: “Éramos dos fami-lias a las cuales se nos inundaba la casa. Nos reubicamos dentro del mismo lote e instalamos la vivien-da desarmable, que es más cómo-da, segura y fina”.

Y es que las bondades seña-ladas por la señora Chavarría van

Los bajos costos de construir con madera ayudarían a miles de familias que necesitan tener un techo digno.

El sistema constructivo permite que tres personas puedan edificar su hogar en menos de tres días.

más allá, pues el proceso de fabri-cación de los paneles cuenta con rigor tecnológico. El profesor Oli-veros lo describe: “se extrae la ma-dera; se corta en piezas específicas; estas se secan en unos hornos, pa-ra extraerles la humedad; y se les aplican sales especiales que sirven para inmunizarlas ante agentes at-mosféricos y degradables (como hongos, polillas y comejenes) que arruinan el material”.

Otra de las ventajas de la pro-puesta es que aprovecha árboles no nativos, sembrados hace más de treinta años, que pueden re-forestarse permanentemente. Son los mismos que se utilizan para producir papel, pero ahora pueden tener otro uso.

Según el investigador, la al-ternativa le apuesta al cuidado ambiental, por cuanto estas casas minimizan las emisiones contami-nantes que se pueden presentar en los sistemas de construcción tradi-cionales. Por ejemplo, se reduce el uso de materiales como el cemen-to y los ladrillos, que usan recursos naturales irrecuperables.

Una solución viable

Como la familia Chavarría Pa-lacio, muchas otras podrían ac-ceder a una vivienda de unos 40 metros cuadrados, con servicios públicos instalados y una armazón que cuesta unos 28 millones de pesos.

En la actualidad, Antioquia posee cerca de 300 mil hectáreas

de árboles no nativos que no se aprovechan de modo óptimo. En países como Chile, en donde hay una cultura de construcción en madera más desarrollada, existen tres millones de áreas forestales. Allá este recurso es muy utilizado dadas las condiciones de peligrosi-dad telúrica.

El inventor de la UN considera que en Colombia también se po-dría ahondar en ese aspecto para evitar tragedias relacionadas con temblores, sobre todo en regiones del occidente colombiano. “La ma-dera es un material sismoelástico que se adapta muy bien a los mo-vimientos de la tierra. Además, no

ocasiona conductividad de electri-cidad y evita posibles descargas de voltaje”.

Otra ventaja es que es un ma-terial térmico que se climatiza se-gún las variaciones de calor o frío de la región en donde se edifique, lo que redunda en una gran como-didad para los ocupantes.

La idea, patentada ante la Su-perintendencia de Industria y Co-mercio, es el resultado de años de experiencia del profesor Oliveros, que considera que la arquitectura en el país debe responder a los problemas que plantea la pobreza, el cambio climático y el cuidado de la naturaleza.

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Información: 316 5290, extensiones 17638 y 17637opymeditun@unal.edu.co • Oficina de Promoción y Mercadeo de la Editorial UN

Competencias del profesorde lenguas extranjeras:

creencias de la comunidad educativaLigia Cortés Cárdenas

Melba Libia Cárdenas BeltránMaría Claudia Nieto Cruz

Dirección de Investigación,Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

Este documento es una he-rramienta útil para construir un retrato de los profesores de len-guas extranjeras, así como para pensar un su perfil específico o enriquecer los programas de formación tanto inicial como permanente y de posgrado. Fue necesaria una investigación de

corte cualitativo, que se realizó con base en encuestas y grupos focales. Los instrumentos de re-colección de datos se aplicaron a la comunidad educativa donde los egresados o futuros docentes de Licenciatura de Filología e Idiomas se desempeñaban (pla-nes de alemán, francés e inglés).

El cuidado de enfermeríay las metas del milenio

Facultad de EnfermeríaUniversidad Nacional de Colombia, Bogotá

Destacar el papel funda-mental de la enfermería en el cumplimiento de las ocho me-tas del milenio, propuestas por las Naciones Unidas, es el ob-jetivo de este documento. Allí se intenta evidenciar cuáles son sus alcances (a nivel nacional e internacional) ante los proble-mas sociales y patológicos del

mundo contemporáneo. Tam-bién se plantea la pregunta por las condiciones equitativas de la salud (sobre todo en mujeres y jóvenes), propone y analiza nuevas perspectivas para el tra-tamiento de las enfermedades crónicas y termina haciendo én-fasis en un cuidado humanizado del paciente.

Identidades y alteridades en Colombia:su construcción discursiva

a través de la historiaCarlos Yáñez Canal (director e investigador principal)

Uriel Bustamante Lozano (coinvestigador)Facultad de Administración

Universidad Nacional de Colombia, Manizales

A través de un minucioso análisis de discurso, el libro in-tenta reconstruir los esquemas ideológicos de lo que los autores denominan las élites dominan-tes de Colombia y analizar las formas discursivas que han uti-lizado para conformar una iden-tidad nacional. Además, estudia las representaciones del “otro” que se afirman como constitu-

tivas de lo nacional, desde los tiempos de la Independencia hasta hoy.

Los discursos educativos no son neutros y, por esta razón, toman como fuente para su in-vestigación los textos escolares, entendiéndolos como una ma-nifestación ideológica de grupos sociales influyentes.

Metáforas biológicas aplicadasa las organizaciones

Luz Alejandra Montoya, Iván Alonso Montoya (editores)Facultad de Ciencias Económicas

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

Las metáforas son formas del lenguaje que permiten en-tender una realidad en términos de otra; así que al usarlas siem-pre se da una clase de discerni-miento, por lo menos, bilateral: el que corresponde a su entorno de origen y el referido a su ám-bito de aplicación. Los artículos que conforman este libro estu-

dian metáforas germinadas en la biología, aplicadas a la solución de inquietudes organizacionales. Se presenta una metodología de análisis orientada a investigado-res en el área y a todos los inte-resados en explorar perspectivas innovadoras que ofrecen intere-santes alternativas.

Competitividad.Apropiación y mecanismos

para su fortalecimientoÓscar Fernando Castellanos Domínguez

y Diana Cristina Ramírez (editores y coautores)Facultades de Ingeniería,

Agronomía y Ciencias EconómicasUniversidad Nacional de Colombia, Bogotá

Hallar las formas de forta-lecimiento de la competitividad en las diversas vías de desarrollo del país es el objetivo de esta pro-puesta editorial. Se inicia con un estudio de las políticas públicas que proponen un mayor desa-rrollo empresarial, investiga las formas de aplicación de la com-

petitividad regional y sectorial y analiza la estrategia tecnológica como medio de promocionarla. Esto es acompañado por tres mecanismos: los sistemas de innovación, la construcción de decisiones inteligentes y el uso de métodos robustos para el es-tudio del futuro.

Estadística genómica [orientada a la predicción funcional de proteínas]

Liliana López-KleineFacultad de Ciencias

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

Utilizando herramientas de la minería de datos, la biología computacional y la bioinfor-mática, la estadística genómi-ca estudia aspectos específicos de datos que ofrezcan informa-ción específica sobre el origen y la evolución de un genoma

determinado. En este libro se reúnen seis textos que intentan hallar información sobre ciertas proteínas desconocidas hasta el momento, a partir de datos genómicos obtenidos a través de una práctica bioestadística y bioinformática.

La investigación y la prácticaen trabajo socialMaría Himelda Ramírez

Facultad de Ciencias HumanasUniversidad Nacional de Colombia, Bogotá

Esta recopilación, que inau-gura la colección Discusiones con-temporáneas del trabajo social, da cuenta de los diversos avances metodológicos e investigativos en el campo del Trabajo Social.

Estos fueron expuestos por

las autoras en eventos acadé-micos realizados entre 2008 y 2009 por la Maestría en Trabajo Social con énfasis en Familia y Redes Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.

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24 Cultura

La generación desconocidadel performance

En los años noventa, un grupo de artistas colom-bianos coincidió en usar las “acciones de arte” como lenguaje para interpretar –y no pocas veces criticar– la compleja realidad social y política que les tocó vivir.

Caja fuerte (2009), de Yury Forero.

Jornadas de limpieza (1994), de Constanza Camelo.

Quiebrapatas (2001), de Fernando Pertuz.

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Alberto Fernández R.,Unimedios

Uno de los hitos del arte con-temporáneo colombiano tuvo lu-gar en el año de 1990: María Teresa Hincapié (1954-2008) ganó el pri-mer premio del Salón Nacional de Artistas con su obra Una cosa es una cosa. Fue la primera vez que se premió un performance y se lo reconoció a nivel institucional.

En los noventa, las facultades y escuelas también empezaron a ver esta forma de expresión como un ejercicio académico. Los primeros creadores de las “acciones de arte” en el país se vincularon a las univer-sidades y, a través de cursos y talle-res, transmitieron los conocimientos que ellos, intuitivamente, desarrolla-ron a partir de los años setenta.

Ese es el caldo de cultivo que dio origen a la generación del per-formance, que tiene entre sus prin-cipales exponentes a Constanza Camelo, Fernando Pertuz, Raúl Na-ranjo, María José Arjona, Yuri Fore-ro, Edwin Jimeno, Alonso Zuluaga, Erika Jaramillo y Wilson Díaz. Mu-chos de ellos aún siguen activos.

En su “Análisis teórico-crítico de la producción artística colom-biana del siglo XX”, investigación que la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá se apresta a publicar, el profesor Ricardo Arcos-Palma los denomina la generación desconocida de los años noventa y los caracteriza como un grupo de artistas, en ese entonces jóvenes, que coincidieron en hacer de esta práctica su lenguaje artístico y do-taron a su obra de una considera-ble carga política.

“La idea es llenar un vacío. La del performance parece una histo-ria al margen, y muestra de ello es que en estudios muy serios sobre el arte de los noventa no se dice nada de esta práctica”, señala el inves-tigador sobre la pertinencia de su trabajo dentro de la historiografía del arte en Colombia.

Del teatro sin ser teatral

El docente de la Facultad de Artes define esta práctica como una que trasciende el plano re-presentativo y en la cual el cuerpo adquiere mayor fuerza expresiva y comunicativa.

“Un personaje (el artista) crea una acción en un contexto deter-minado que no necesariamente tiene que ver con espacios res-tringidos como galerías y museos. Por el contrario, puede hacerse en espacios no convencionales, como la calle”, detalla.

Pero no es un acción cualquie-ra: tiende a provocar una reacción positiva o negativa entre un pú-blico no entendido en la cuestión. El profesor explica que “es una ‘actuación’, entre comillas, porque no es una de tipo teatral; busca romper con esa idea de pasividad del espectador y lo involucra en la acción plástica”.

Como tendencia, surgió en la pri-mera mitad del siglo XX en Europa. Sus orígenes en Colombia se remon-tan al apogeo del teatro en los años setenta.

Citando a Emilio Tarazona, el profesor Arcos-Palma indica que “si existe una pionera, es Adriana Marmolejo”, una artista “olvida-da”, cercana a la escena teatral de Cali y a Rosemberg Sandoval –otro de sus precursores–, que terminó por dedicarse al activis-mo político.

En los años ochenta, María Teresa Hincapié –actriz del grupo de teatro Acto Latino– creó escuela junto con figuras como Sandoval y los profesores de la UN Rolf Abder-halden y Dioscórides Pérez.

“El performance no viene pro-piamente de las artes plásticas, sino del teatro. Se desprende de grupos teatrales que tenían una relación muy fuerte con la política”, concluye el docente.

Arte y política

Los años noventa fueron parti-cularmente complejos para Colom-bia: varios candidatos presiden-ciales fueron asesinados; la guerra contra el narcotráfico se recrude-ció, lo que tuvo como respuesta el sicariato y atentados con bombas; el conflicto armado se agudizó y las autodefensas crecieron; todo esto en medio de la implementación de políticas neoliberales.

La generación del performan-ce se pronunció activamente sobre esta realidad a través de obras co-mo Jornadas de limpieza (1994) de Constanza Camelo. Se trató de una acción colectiva desarrollada en el centro de Bogotá y en la que partici-pó un grupo de prostitutas que ac-cedieron a lavar sus cuerpos en un platón de aluminio frente la mirada atenta de los transeúntes.

Camelo quería llamar la aten-ción sobre la “limpieza social” que aplicaban los paramilitares en al-gunas poblaciones colombianas. Eran jornadas mortales en las que eliminaban a los que consideraban

la escoria de la sociedad: habitan-tes de la calle, prostitutas, droga-dictos, etc.

Así, se gestó una tensión entre arte y política. El profesor Arcos-Palma asegura que “eso muestra un quiebre de las prácticas artís-ticas del país: sin querer decir que antes no la hubiera, se adquiere más conciencia de lo que significa hacer arte”.

En ese sentido, resalta que los artistas de esa época –que comen-zaron muy jóvenes, aproximada-mente a los 22 o 23 años– estaban preguntándose: “¿para qué hago arte en un país conflictivo como es-te?”. Y esta práctica los llevó, de una manera no consciente en principio, a responderse: “vamos a hacer una obra de arte que puede dar cuenta de lo que vivimos y sentimos”.

Y puntualiza: “El performance es político en esencia. Ahora veo unos que se hacen de otra manera, son muy respetuosos y bien he-chos. Pero se quedan en el espectá-culo. Carecen de algo”.

Les falta la dimensión política que caracteriza a la generación del performance.

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Foto: archivo particular