TEMA 4. TRANSFORMACIONES DEL GOBIERNO REPRESENTATIVO

4.1. Ampliación del sufragio(MANIN, Los principios del gobierno representativo, cap. 6, págs. 237-292)Metamorfosis del gobierno representativo

Durante muchos años la representación parecía basada en una poderosa y estable relación de confianza entre votantes y partidos políticos. Actualmente, sin embargo, cada vez es mayor el número de personas que cambian su voto de unas elecciones a otras y las encuestas muestran que cada vez hay más personas que evitan identificarse con partido alguno. Antes, las diferencias entre partidos eran reflejo de las divisiones sociales, hoy parece que son los partidos los que imponen divisiones. En nuestros días, se ha sustituido el programa de medidas o programa electoral por la personalidad de los candidatos. El escenario público está cada día más dominado por especialistas en medios de comunicación y opinión pública.

En definitiva, parece que la brecha entre gobierno y sociedad, entre representantes y representados se está ampliando. En los dos últimos siglos el gobierno representativo ha experimentado múltiples y significativos cambios, el más importante el que la propiedad y la cultura han dejado de estar representados y el derecho de voto se ha ampliado. Este cambio tuvo lugar a la vez que el auge de los partidos de masas. El gobierno representativo moderno se estableció sin partidos políticos organizados. Es más, los fundadores del gobierno representativo consideraban la división en partidos o “facciones” como una amenaza contra el sistema. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX, sin embargo, los partidos pasaron a ser un elemento constitutivo del gobierno representativo. Además los padres fundadores habían prohibido el mandato imperativo y la práctica de dar instrucciones a los representantes y sentían desconfianza hacia las promesas electorales. Los partidos de masas, en cambio, hacen de su programa político uno de los principales instrumentos de la competición electoral.

El auge de los partidos de masas y de los programas políticos pareció transformar la representación misma. En primer lugar, en vez de se extraídos entre las élites, los representantes eran ciudadanos corrientes que habían llegado a las cúpulas de los partidos por su militancia y devoción a la causa. Por otra parte, los representantes, una vez electos, seguían bajo control de los dirigentes y activistas del partido mediante la disciplina interna del partido, pareciéndose que se violaba la autonomía de la que gozaban previamente los representantes durante el mandato, y los programas políticos parecían una restricción añadida a la libertad de los representantes.

Algunos teóricos de finales del XIX interpretaban el nuevo papel desempeñado por los partidos y los programas como prueba de la crisis de la representación. Pero poco a poco se fue percibiendo que si bien los partidos de masas habían provocado la defunción del “parlamentarismo”, el gobierno representativo como tal no había sido destruido en dicho proceso; sus principios constitutivos, entre ellos la autonomía parcial de los representantes, aún estaban vigentes.

Los observadores comenzaron a darse cuenta entonces de que había surgido una forma nueva y viable de representación: el “gobierno de partidos” (teóricos anglosajones) o la “democracia de partidos” (autores alemanes). Con el tiempo esta nueva forma de representación llegó a saludarse como un progreso y terminaría siendo aceptada como un avance democrático, no sólo por ampliar el electorado, también por los nuevos vínculos que se establecieron entre representantes y electorado. Los partidos aproximaron a los representantes a sus circunscripciones posibilitando la designación de candidatos con posición social, modo de vida y preocupaciones cercanas a sus bases. Aunque el gobierno representativo pudiera no haber sido democrático desde sus inicios, ahora parecía que iba a serlo cada vez más.

Por lo tanto, surge una curiosa simetría entre la situación actual y la de finales del XIX y comienzos del XX. Ahora, como entonces, se está extendiendo la idea de que la representación está en crisis. Este paralelismo inspira la hipótesis de que quizá, más que a una

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crisis de la representación, estamos asistiendo a la de una forma concreta de representación. ¿Cabe la posibilidad de que los distintos fenómenos que afectan ahora a la representación sean un indicio de la aparición de una nueva forma de gobierno representativo?

Es incluso curioso que la supuesta crisis actual de la representación se atribuya por lo común a la erosión de las propias características que diferenciaron la democracia de partidos del parlamentarismo: identificación de los votantes con partidos concretos y sus representantes en el parlamento, y la elección de representantes a partir de programas. Se consideró entonces que la naturaleza de la representación había sido alterada ya de forma irreversible. La evolución reciente sugiere que tal vez el pronóstico fue erróneo. Puede que la historia del gobierno representativo constituya una secuencia de tres formas separadas por dos rupturas. Se examinará a continuación la metamorfosis del gobierno representativo a la luz de los 4 principios identificados previamente: elección de representantes a intervalos regulares, independencia parcial de los representantes, libertad de la opinión pública y la toma de decisiones tras el proceso de la discusión.

Debe entenderse por “discusión” un proceso de comunicación en que al menos una de las partes trata de producir un cambio en la posición de otra parte y lo realiza empleando propuestas que son impersonales o están relacionadas con el futuro a largo plazo. La noción de regateo es más útil para los fines del análisis político porque permite distinguir entre formas de comunicación interesada, que es lo que constituye la base de la política. Hay una diferencia clara entre regateo, en el que una parte promete a otra que, de adoptar cierta posición, obtendrá una recompensa o incurrirá en una falta, y la discusión, en la también una parte apela al interés de la otra, pero mostrándole que, de adoptar una posición concreta, resultará alguna ventaja o perjuicio a largo plazo para el grupo al que pertenece o para él mismo.

Este tipo de comunicación exige a ambas partes que se separen de sus identidades singulares e inmediatas para alcanzar lo general y perdurable. Exige el recurso a la razón. La definición de la discusión como una comunicación destinada a producir un cambio mental mediante el uso de propuestas impersonales o a largo plazo es sólo un tipo ideal.

A continuación se construirán y compararán tres tipos ideales de gobierno representativo: parlamentarismo, democracia de partidos y la democracia de “audiencia”. Estos tipos ideales son deliberadamente esquemáticos; no están previstos para proporcionar una descripción exhaustiva de cada forma de gobierno representativo, sino para permitir la comparación entre las formas asumidas por los cuatro principios claves de la representación en cada caso.

Parlamentarismo*ELECCIÓN DE REPRESENTANTES

La elección fue concebida como un medio para situar en el gobierno a personas que gozaban de la confianza de sus conciudadanos. En el parlamentarismo, la relación de confianza tiene un carácter esencialmente personal. Es mediante la individualidad como los candidatos inspiran confianza y no a través de sus conexiones con otros representantes o con organizaciones políticas. El representante tiene una relación directa con las circunscripciones. Esta confianza procede del hecho de que los representantes proceden de la misma comunidad social, definida geográficamente o en términos de intereses más generales. La elección selecciona un tipo particular de élite: los notables. El gobierno representativo se inició, por tanto, como el gobierno de los notables (caciquismo).

*AUTONOMÍA PARCIAL DE LOS REPRESENTANTES

Cada representante electo es libre de votar de acuerdo con su conciencia y juicio personal. No es portavoz de sus electores, sino su “fideicomisario”. Este es el concepto de representante que formuló Burke y la idea siguió prevaleciendo en la primera mitad del XIX. El representante decide su voto por convicciones privadas y no por compromisos hechos fuera del parlamento. No es portavoz de sus electores, sino su “fideicomisario”. La independencia política de cada representante obedece en parte a que su escaño lo obtiene por factores no políticos tales como su propia reputación local.

*LIBERTAD DE LA OPINIÓN PÚBLICA

La 1ª mitad del XIX contempló una proliferación de movimientos extraparlamentarios que organizaban manifestaciones, peticiones de firmas y campañas de prensa. La expresión de la opinión pública difería de la elección de los representantes no sólo en sus fundamentos

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constitucionales sino también en sus propósitos. La diferencia de propósitos que separaba la elección de representantes respecto de la expresión de la opinión pública no sólo se debía a la limitación del derecho de sufragio, sino también al mismo carácter del parlamentarismo, ya que si las elecciones seleccionaban a individuos por la confianza personal que inspiran, las opiniones de la ciudadanía sobre políticas y asuntos públicos debían encontrar otra vía para manifestarse.

En esta forma de gobierno representativo, la libertad de opinión pública incrementa la posibilidad de que se abra una brecha entre la opinión pública y el parlamento. Ostrogorsky escribió que “en tiempos no electorales, cuando actúa formalmente, se supone que la opinión pública proporciona a parlamentarios y dirigentes una fuente constante de inspiración así como ejerce un control continuo sobre ellos. Sin embargo, para que este poder de la opinión logre hacerse sentir, debe ser absolutamente libre de emerger en sus varias formas irregulares e ir directamente a las puertas del parlamento”. Esta forma de gobierno representativo se caracteriza por el hecho de que la libertad de opinión pública parece indisociable de ciertos riesgos para el orden público.

*JUICIO MEDIANTE LA DISCUSIÓN

Como los representantes no están atados por los deseos de los que los eligen, el parlamento puede ser un órgano deliberador en todo su sentido. Una discusión puede producir un acuerdo final entre los participantes con opiniones divergentes sólo si son proclives a cambiar sus opiniones durante la discusión (Consenso mediante el intercambio argumentos).

Precisamente con el fin de permitir la deliberación significativa en el parlamento es por lo que en el parlamentarismo los representantes no están atados por los deseos de sus circunscripciones. En la Inglaterra de la primera mitad del XIX era creencia común que los parlamentarios debían votar según las conclusiones a las que hubiesen llegado durante el debate y no según decisiones tomadas con antelación fuera del parlamento.

Es un modelo idealizado, sobre todo en lo referente al “consenso mediante el intercambio de argumentos”; se trataba de una oligarquía Intercambiando favores.

Democracia de partidos*ELECCIÓN DE REPRESENTANTES

La ampliación del electorado resultante de la extensión del derecho de voto imposibilita una relación personal con los representantes. Los ciudadanos votan a alguien que lleva los colores de un partido. Los partidos políticos, con sus burocracias y redes de militantes, fueron creados con el fin de movilizar a un electorado ampliado.

Cuando se formaron los partidos de masas, se creía que iban a llevar a los cargos públicos al “hombre común”, desapareciendo los “notables” y el elitismo característico del parlamentarismo. Se esperaba que, mediante la mediación del partido socialista o socialdemócrata, las clases trabajadoras estuvieran desde entonces representadas en el parlamento a través de trabajadores corrientes.

Robert Michels (1911) denunció con amargura la brecha existente entre los dirigentes y las bases en un paradigmático partido de masas y de clase. Demostró que aunque los líderes y diputados pudieran tener sus orígenes en la clase trabajadora, en realidad llevaban una vida pequeño burguesa más que proletaria. El partido, según Michels, ofrecía una oportunidad a los “miembros más inteligentes” de la clase trabajadora para asegurar un ascenso en la jerarquía social y elevaba a algunos de los proletarios “más capacitados y mejor informados”. El partido es dominado así por las élites “desproletarizadas”. Esas élites alcanzan el poder gracias a cualidades y talentos específicos, a saber, activismo y habilidad organizativa.

Dos aspectos del análisis de Michels merecen particular atención. Primero, la vehemencia con la que denuncia por no democrática, “aristocrática” u “oligárquica” la diferencia en cuanto a posición y nivel de vida entre las bases del partido y sus dirigentes. Segundo, su estudio demuestra que, cuando el gobierno representativo llega a ser dominado por partidos de masas, su carácter elitista no desaparece, surge más bien un nuevo tipo de élite. Las cualidades distintivas de los representantes ya no son su posición local y prominencia política, sino el activismo y las dotes organizadoras.

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Al votar a los candidatos presentados por el partido, los electores también consiente el uso de tales criterios. La democracia de partido es el gobierno del activista y del burócrata de partido. En la democracia de partidos, el pueblo vota más por un partido que por una persona. Prueba de ello es el notable fenómeno de la estabilidad electoral. Sin embargo, la estabilidad electoral elimina uno de los fundamentos del parlamentarismo: una elección ya no es la opción por una persona conocida personalmente por los votantes y que genera confianza.

En la democracia de partidos, las divisiones electorales reflejan divisiones de clase. Los partidos socialistas y socialdemócratas son considerados generalmente como arquetipos de los partidos con base de masas que se han convertido en el eje de la democracia representativa desde finales del XIX. Es en aquellos países en los que los partidos socialdemócratas son fuertes donde se halla en su forma más pura el tipo de representación que genera la estable fidelidad partidista reflejo de la división en clases (Alemania, Inglaterra, Austria, Suecia).

La sociedad parecía estar dividida por diferencias culturales y económicas fundamentales en un reducido número de bandos, habitualmente dos: uno conservador (generalmente aglutinado por la religión y los valores tradicionales) y el bando socialista (definido por la posición socioeconómica de sus miembros). En tal situación la representación se convierte primariamente en un reflejo de la estructura social. El conflicto social asume una importancia crítica. Aunque los inventores de la representación habían considerado el carácter plural de los órganos representativos como una de sus virtudes, nunca imaginaron que ese pluralismo pudiera convertirse en el reflejo de un conflicto social fundamental y duradero. Esta metamorfosis de la representación fue producto de la industrialización y de los conflictos que ésta provocara.

En esta forma de representación, un cierto sentido de la pertenencia y de la identidad social determina mucho más las actitudes electorales que la adhesión a los programas de los partidos. Sin duda, el conocimiento sobre las políticas a seguir es mayor que en el parlamentarismo: la existencia de programas ciertamente así lo permitía. La confianza de los votantes se obtenía por la sensación de pertenencia e identificación. Los programas contribuían a movilizar el entusiasmo y energía de los activistas y de los burócratas del partido que sí estaban al tanto de los mismos. En la democracia de partido, como en el parlamentarismo, la elección sigue siendo una expresión de confianza más que una opción de medidas políticas concretas. Lo único que cambia es el objeto de la confianza: ya no son las personas, sino una organización, el partido.

*AUTONOMÍA PARCIAL DE LOS REPRESENTANTES

El representante o miembro del parlamento ya no es libre para votar de acuerdo con su propia conciencia o juicio: está obligado con el partido, al que debe su elección. Kautsky dijo que “el diputado socialdemócrata no es como tal un individuo libre sino un simple delegado de su partido”. Esto suponía una estricta disciplina de voto en el parlamento y control de los diputados por el aparato del partido.

Kelsen propuso varias medidas destinadas a dar a los partidos el control efectivo de sus representantes electos: que los representantes obligados a dimitir abandonen el partido y que los partidos sean capaces de destituir a sus representantes. El parlamento se convierte entonces en un instrumento que mide y registra la fuerza relativa de los intereses sociales en conflicto. Merece la pena señalar que, con la excepción de Inglaterra, en los países en los que la socialdemocracia es poderosa (Alemania, Austria, Suecia) se suele practicar la representación proporcional, un sistema que tiene el efecto de reflejar un preciso equilibrio de fuerzas entre el electorado.

La democracia de partidos maximiza el riesgo de enfrentamiento abierto. Pero el mismo aumento del riesgo crea también un incentivo para que los partidos eviten ese resultado. La democracia de partido es una forma viable de gobierno sólo si los intereses contrapuestos aceptan explícitamente el principio del compromiso político, ya que no hay nada que pueda suavizar su oposición en la esfera social. La representación proporcional fomenta las estrategias de coalición al ser poco frecuente la formación de mayorías absolutas.

Los partidos tendrán la libertad de no llevar a cabo todos sus planes una vez en el poder. Con el fin de ser capaces de alcanzar compromisos o de formar coaliciones, los partidos deben reservarse espacios de maniobra tras las elecciones. El liderazgo del partido debe ser el único

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juez encargado de decidir en qué medida será llevado a cabo el programa. La democracia de partidos no elimina de facto la independencia parcial de los que están en el poder respecto a los deseos de los votantes.

La independencia parcial se convierte en una prerrogativa del grupo formado por los representantes (grupo parlamentario) y la dirección del partido.

*LIBERTAD DE LA OPINIÓN PÚBLICA

En la democracia de partidos, los partidos organizan la competencia electoral y la expresión de la opinión pública (manifestaciones, peticiones, campañas de prensa,) Todas las expresiones de la opinión pública están estructuradas siguiendo divisiones partidistas. Las diversas asociaciones y la prensa están relacionadas con alguno de los partidos. La división de la opinión pública coincide con las divisiones electorales.

Dado que en cada bando todos los modos de expresión son controlados directa o indirectamente por la dirección del partido, los ciudadanos corrientes no pueden hablar por sí mismos. Una situación así parece violar el principio del gobierno representativo según el cual la opinión pública se puede expresar fuera del control de los que gobiernan.

Las observaciones de Schmitt, sin embargo, contribuyen a clarificar por qué esto no es el caso. Ciertamente cada bando habla con una única voz; sus voces parlamentaria y extraparlamentaria coinciden exactamente, pero hay más de un bando y no todos participan en el gobierno. La autoridad gobernante ya no es, como en el parlamentarismo, todo el parlamento, lo es el partido o la coalición mayoritaria. Esto significa, no obstante, que hay algo que el partido en el poder no controla, el partido de la oposición y su voz.

Se pueden expresar, por tanto, opiniones diferentes de las de los gobernantes, aunque, tanto en la mayoría como en la oposición, los ciudadanos corrientes no pueden articular opiniones fuera del control de sus dirigentes. En la democracia de partidos, la libertad de la opinión pública adopta la forma de libertad de oposición.

*JUICIO MEDIANTE LA DISCUSIÓN

Las sesiones parlamentarias plenarias dejan de ser el foro de discusiones deliberativas. En cada bando reina una estricta disciplina de voto. Los alineamientos del voto en el parlamento son virtualmente idénticos en todas las cuestiones. Esto viene a sugerir que, en cada ocasión, los representantes no votan a luz de los argumentos intercambiados en el parlamento, sino como resultado de las decisiones tomadas en otros lugares.

Esta ruptura con el parlamentarismo se identificó como una señal del fin del gobierno mediante la discusión. En realidad, la discusión estaba desplazándose a otros foros: a/ Se producen discusiones deliberantes en el seno de los partidos. El liderazgo del partido y los miembros del parlamento debaten entre ellos la posición colectiva a adoptar. Las elecciones no determinan la política a seguir; determinan la fuerza relativa de cada uno de los partidos, cada cual con su propio programa.

b/ Se producen compromisos en el Parlamento (negociaciones) y fuera de él: Los partidos socialdemócratas han institucionalizado a menudo un proceso de consultas y negociaciones con intereses organizados, como las asociaciones sindicales y las patronales. Este fenómeno (neocorporatismo) tiene como objetivo el facilitar el compromiso entre intereses sociales opuestos facilitando foros de discusión.

Cuando la democracia de partidos es una forma estable de gobierno, no funciona a través de la rígida realización de programas políticos.

Democracia de “audiencia”*ELECCIÓN DE REPRESENTANTES

En los últimos años se ha producido un giro notable en el análisis de los resultados electorales. Antes de los 70, la mayor parte de los estudios electorales concluían que las preferencias políticas eran explicables a partir de las características sociales, económicas y culturales de los votantes. Una serie de obras recientes demuestran que ya no es así. Los resultados electorales varían significativamente de unas elecciones a otras permaneciendo invariable el trasfondo socioeconómico y cultural de los votantes.

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LA PERSONALIZACIÓN DE LA OPCIÓN ELECTORAL

La individualidad de los candidatos parece ser uno de los factores esenciales de estas variaciones. Los votantes tienden cada vez más a votar a la persona en vez de al partido o al programa, generando la impresión de que estamos ante una crisis de la representación (en vez de la crisis de la democracia de partidos). Esta transformación también puede entenderse como un retorno a un rasgo del parlamentarismo: la naturaleza personal de la relación representativa.

Aunque la creciente importancia de factores personales puede detectarse también en la relación entre cada representante y su circunscripción, donde es más perceptible es a nivel nacional, en la relación entre el ejecutivo y el electorado. En los países democráticos hay una tendencia a la personalización del poder. O las presidenciales son las elecciones más trascendentes de la vida política (EEUU) o las campañas legislativas se centran en la figura del líder (España, Alemania, Reino Unido). A pesar de todo los partidos siguen desempeñando un papel fundamental (redes de contactos e influencias, recolección de fondos y trabajo de militantes).

La situación actual parece obedecer a dos causas: 1. Los canales de la comunicación política afectan a la naturaleza de la relación representativa. Mediante la radio y la TV los candidatos pueden volverse a comunicar con sus circunscripciones sin la mediación de la red del partido. Los medios de masas favorecen determinadas cualidades personales (“personajes mediáticos”) lo que lleva a un cambio en las élites, subiendo los expertos en comunicación reemplazando al activista político y al burócrata de partido. La democracia de audiencias es el gobierno de los expertos en medios. 2. El creciente papel de las personalidades a costa de los programas es una respuesta a las nuevas condiciones en las que los cargos electos ejercen su poder. El gobierno interviene en toda una serie de áreas tomando decisiones concretas. A los candidatos les resulta más difícil efectuar promesas detalladas, además, la interdependencia económica crea un entorno mucho más complejo. Esto significa que los problemas se vuelven cada vez más impredecibles.

Los gobiernos contemporáneos precisan poderes discrecionales respecto de los programas políticos, ya que aumenta la dificultad de prever todos los acontecimientos a los que el gobierno ha de dar respuesta. Si las circunstancias exigen cierto tipo de poder discrecional, es lógico que los candidatos presenten sus cualidades personales y sus aptitudes para tomar buenas decisiones más que atarse las manos con promesas concretas. Los votantes saben igualmente que el gobierno ha de hacer frente a acontecimientos imprevisibles, por lo que la confianza personal que inspiran los candidatos es un criterio adecuado para la selección que la evaluación de planes de acción futuros. La confianza, tan importante en los orígenes del gobierno representativo, vuelve a asumir un papel central.

Poder discrecional no significa poder irresponsable. Los votantes contemporáneos siguen conservando el poder decisivo que siempre tuvieron en los gobiernos representativos, el poder de despedir a los representantes cuyo historial encuentren insatisfactorio. Es probable que haya pasado la época de votar los programas de los candidatos, pero puede estar comenzando la era de votar el historial de los gobernantes.

*EL PAPEL DE LA OPCIÓN ELECTORAL EN GENERAL

Aparte de la individualidad de los candidatos, los estudios electorales actuales resaltan cómo el comportamiento de los votantes varía según el tipo de elección (presidencial, legislativa o local). Esto sugiere que la decisión del voto depende de las percepciones que se tengan sobre lo que está en juego en cada elección, más que de características socioeconómicas y culturales.

Los votantes parecen responder a términos particulares ofrecidos en cada elección más que expresar su identidad social o cultural. Una elección siempre comporta un elemento de división y diferenciación entre votantes. Un candidato, por lo tanto, no tiene sólo que definirse a sí mismo, ha de definir también al adversario presentando sus diferencias con él. Las divisiones sociales son un recurso esencial. En todas las formas de gobierno representativo, los políticos necesitan diferencias que puedan resaltar para movilizar a sus seguidores. Las divisiones sociales, que fuera de las elecciones dividen a la masa de la ciudadanía, son un recurso esencial. En las sociedades en las que una división es duradera y especialmente sobresaliente, los políticos gobernantes saben antes de la elección qué fracturas explotar. En estas

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situaciones, los términos de la opción ofrecida por los políticos parecen una transposición de la división preexistente. Esta es la dinámica esencial de la democracia de partidos.

Sin embargo, en las sociedades occidentales actuales, ninguna división socioeconómica o cultural es más importante o estable que otras. Evidentemente, los ciudadanos no constituyen una masa homogénea que pueda ser dividida de cualquier manera, por eso, los políticos han de decidir cuáles de esas divisiones serán más eficaces y ventajosas para ellos. Los deseos políticos están inducidos por los candidatos (líderes). El estímulo se elabora marcando las diferencias con los adversarios.

La iniciativa de los términos de la opción electoral compete al político y no al electorado, explicándose así por qué la decisión del voto tiene hoy un carácter reactivo ante los términos propuestos. El electorado aparece como una audiencia que responde a los términos que se le presentan en el escenario político. Por eso Manin denomina a esta forma de gobierno, “democracia de audiencia”.

Los políticos tienen sólo una cierta autonomía en su selección de las cuestiones divisorias: no pueden inventar con libertad absoluta las líneas de fractura. Los candidatos no saben por adelantado qué principio divisorio será el más eficaz, pero tienen interés en buscarlo. En comparación con la democracia de partidos, aumenta la autonomía de los políticos pero tienen que estar identificando constantemente qué divisiones apropiadas han de explotar.

El proceso tiende a producir una convergencia entre los términos de la opción electoral y las divisiones entre el público. En la democracia de audiencia, la convergencia se establece por sí misma y con el tiempo a través de un proceso de prueba y error (sondeos de opinión). El político mantiene o corrige la propuesta inicial en función de la respuesta del público.

La metáfora económica del mercado ha llegado a dominar el estudio de las elecciones. Es justificable describir a los políticos como empresarios en competencia por los votos y maximizadores de sus beneficios (recompensa simbólica del poder). Pero es mucho menos apropiado caracterizar a los votantes como consumidores. Cuando un ciudadano entre en el mercado político, sus preferencias no están todavía formadas; se desarrollan mediante el seguimiento de debates públicos.

Aunque imperfecta, la metáfora del escenario y la audiencia es más adecuada para representar esa realidad. Únicamente expresa las ideas de distinción e independencia entre los que proponen los términos de la opción y quienes optan. Está surgiendo una nueva forma de representación, los representantes toman la iniciativa de proponer líneas de división en el electorado y trasladarlas al escenario público. Los representantes no son portavoces, son fideicomisarios, pero también son actores seleccionando y exponiendo divisiones (“creadores de voz”).

*AUTONOMÍA PARCIAL DE LOS REPRESENTANTES

Generalmente se reconoce que los representantes actuales son elegidos por su “imagen”, tanto la personal del candidato como la del partido al que pertenecen. El término “imagen”, sin embargo, puede dar lugar a confusiones. A menudo se emplea oponiéndolo a “sustancia” para denotar percepciones vagas y superficiales desprovistas de contenido político. Votar a partir de la imagen se suele contrastar con votar sobre la base de propuestas políticas detalladas, habitualmente como preludio para deplorar cómo aquéllas prácticas están ganando el terreno a éstas. Una concepción así de la imagen política fomenta la sensación de crisis de la representación. De hecho, los estudios de opinión muestran que las imágenes que se forman los votantes no están libres de contenido político.

Una campaña electoral es un proceso de careo, contraposición de varias imágenes en competencia. Incluso aunque cada una de ellas sea bastante difusa, no son completamente indeterminadas o sin límites, ya que una campaña electoral crea un sistema de diferencias; hay una cosa al menos que la imagen de un candidato no puede determinar, la imagen de su competidor.

Estas imágenes son representaciones mentales simplificadas y esquematizadas, su importancia se debe al hecho de que gran número de votantes no son lo suficientemente competentes para captar los detalles técnicos de las medidas propuestas y de las razones que las justifican. Pero el uso de representaciones simplificadas es también un método para resolver el problema de los costes de información. Uno de los mayores problemas en las

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grandes democracias es la desproporción entre los costes de la información política y la influencia que esperan ejercer los ciudadanos sobre el resultado electoral. En la democracia de partidos, este problema no se da porque las decisiones de los votantes están dirigidas por una sensación de identidad de clase. Pero cuando la identidad social o la identificación con el partido pierde su importancia como determinante de voto, surge una necesidad de buscar atajos alternativos en la costosa búsqueda de información política: la imagen como información avreviada.

Al ser elegidos los representantes a partir de estas imágenes esquemáticas, tienen cierta libertad de acción una vez en el cargo. En la “democracia de audiencia”, la independencia parcial de los representantes está reforzada por el hecho de que las promesas electorales adoptan la forma de imágenes relativamente nebulosas (cheque en blanco).

*LIBERTAD DE OPINIÓN PÚBLICA

En la democracia de audiencia, los canales de la comunicación pública (periódicos, televisión, etc.) son en su mayor parte políticamente neutrales, es decir, no partidistas. Esto no significa por supuesto que estos canales de información ofrezcan un reflejo no distorsionado de la realidad. Pueden tener incluso sus propias preferencias políticas, pero no están vinculados estructuralmente con los partidos que compiten por los votos.

El auge de los medios populares no partidistas tiene una importante consecuencia: sean cuales sean sus preferencias políticas, todo individuo recibe la misma información sobre un determinado asunto, los temas y los hechos son percibidos de un modo relativamente uniforme a lo largo del espectro de las preferencias políticas. Por el contrario, cuando la prensa se encuentra en gran parte en manos de los partidos políticos (democracia de partidos), la fuente de información de cualquiera es seleccionada según sus inclinaciones partidistas. Se ha mostrado que durante el caso Watergate (1973-74), los americanos en conjunto tuvieron la misma percepción de los hechos, independientemente de sus preferencias partidistas y de sus juicios.

Parece que la percepción actual de los asuntos y temas públicos es menos dependiente de las preferencias partidistas que antes. Las personas, no obstante, pueden adoptar posiciones divergentes sobre un determinado tema. Pero la resultante división de la opinión pública no reproduce ni coincide necesariamente con las fracturas electorales. Vuelve así un rasgo desaparecido con la democracia de partidos: las expresiones electoral y no electoral del pueblo sobre las cuestiones del día pueden no coincidir.

Esta posible falta de coincidencia obedece a la neutralización de los canales de comunicación a través de los cuales se forma la opinión pública, pero es también la consecuencia del carácter no partidista de nuevas instituciones que desempeñan un papel crucial, los sondeos de opinión. Éstos actúan según la estructura formal que caracteriza a esta nueva forma de gobierno representativo: escenario y audiencia, iniciativa y reacción.

Quienes redactan las cuestiones de los sondeos no conocen por adelantado qué preguntas van a obtener las respuestas más significativas y van a sacar a la luz las divisiones más importantes de la población. Por lo tanto, toman la iniciativa de un modo relativamente autónomo. Los sondeos de opinión no son expresiones espontáneas de la voluntad popular, son artificios que deben ofrecer resultados que tengan algún valor predictivo y que saque a la luz líneas divisorias significativas. Un factor importante es que la mayor parte de organizaciones demoscópicas son independientes de partidos políticos y operan según principios comerciales y no políticos. Los partidos tienen interés en sacar a relucir divisiones para ellos decisivas, mientras las organizaciones demoscópicas pueden sacar líneas de división no explotadas por los candidatos. La opinión pública se solicita aquí por personas con formación en ciencias sociales y empleados en empresas comerciales.

En cierto sentido, encontramos en la democracia de audiencia una configuración que se asemeja al parlamentarismo, con la diferencia de que las encuestas de opinión confieren un carácter bastante específico a la manifestación no electoral del pueblo: 1. Reducen los costes de la expresión política individual y dan voz a ciudadanos apáticos y no interesados, y 2. Los sondeos facilitan la expresión de opiniones políticas porque son pacíficos, mientras que las manifestaciones van acompañadas a menudo de violencia. Como consecuencia de ello, la

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expresión del pueblo está más presente que en el parlamentarismo. La voz extraparlamentaria se hace más pacífica y habitual.

*JUICIO MEDIANTE LA DISCUSIÓN

Con la notable excepción del Congreso de EEUU, los parlamentos no son foros de discusión pública. Cada partido se agrupa alrededor de una figura dirigente y cada grupo parlamentario vota de modo disciplinado en apoyo de su líder. Individualmente, sin embargo, los representantes se reúnen y consultan con grupos de interés y asociaciones de ciudadanos. En esas reuniones, las posiciones no están rígidamente fijadas y hay algunas discusiones deliberativas.

Un creciente segmento del electorado tiende a votar según los problemas planteados en cada elección. Lo nuevo del votante flotante es que está bien informado, instruido y entiende de política. En la democracia de partidos los ciudadanos más activos veían reforzadas sus opiniones por sus fuentes de información, ahora el público está expuesto a opiniones más encontradas.

La existencia de un electorado informado e interesado, que puede inclinarse hacia un lado u otro, crea un incentivo para que los políticos presenten las propuestas políticas directamente al público. La discusión de temas concretos ya no se limita al parlamento (parlamentarismo) o a comités consultivos entre los partidos (democracia de partidos), se amplía gracias al foro de los medios de comunicación. Los políticos y los profesionales de los medios de comunicación constituyen una élite dotada de características valoradas positivamente, que les distingue del resto de la población.

Los gobiernos representativos siguen siendo lo que fueron desde su fundación, un gobierno de élites distinguidas del grueso de la ciudadanía por su posición social, modo de vida y educación. Asistimos al auge de una nueva élite y el declive de otra. Con el auge de esta nueva elite la historia está dando un giro inesperado. Cuando los activistas y los burócratas ocuparon el lugar de los notables, la historio parecía reducir la brecha entre élites gobernantes y ciudadanos corrientes. Los trabajadores se reconocían a sí mismos en los dirigentes de los partidos socialdemócratas y los veían como “a sí mismos”. Actualmente no hay razones para pensar que las actuales élites políticas y mediáticas estén más cerca del pueblo de lo que estuvieron los burócratas de partidos. Más que la sustitución de una élite por otra lo que ha provocado la sensación de crisis es la persistencia, posiblemente incluso la agravación de la brecha entre gobernados y la élite gobernante.

De modo similar, cuando el pueblo votaba por un partido con un programa, gozaba de una mayor capacidad para establecer la política futura que cuando elegía a un notable que inspiraba personalmente su confianza. Cuando hoy se elige a un candidato por su imagen y trata de persuadir a los votantes de que está mejor preparado que el resto para afrontar el futuro, los votantes tienen menos capacidad para determinar lo que va a hacer que cuando un partido presentaba una lista de medidas (programa). En este sentido también el gobierno representativo parece haber detenido su progreso hacia el autogobierno popular.

Al expandir enormemente su base, el gobierno representativo se ha vuelto más democrático que nunca. No obstante, la democratización de la representación, el estrechamiento de la brecha entre representantes y representados y la creciente influencia de los deseos de los gobernados sobre las decisiones de los gobernantes han resultado ser menos duraderas de lo esperado. La democracia se ha ampliado pero no se ha profundizado.

Es el rendimiento de cuentas lo que ha constituido desde el principio el componente democrático de la representación. Y la representación actual aún contiene ese momento supremo en el que el electorado somete a juicio las acciones pasadas de los que están en el gobierno.

La representación, un sistema concebido por aristócratas ingleses, terratenientes americanos y abogados franceses, se transformó cien años después en un mecanismo que permitió aliviar el conflicto industrial al integrar a la clase trabajadora como prueba de la flexibilidad del sistema. Del mismo modo que el gobierno representativo presenta a la vez aspectos democráticos y no democráticos, es capaz también de adoptar a lo largo del tiempo formas distintas y seguir permaneciendo igual.

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La libertad de opinión pública proporciona un contrapeso democrático a la no democrática independencia de los representantes, elegidos por un procedimiento oligárquico (elección de individuos eminentes por parte de los conciudadanos).

4.2. Los partidos políticos (la democracia de partidos. Crisis de los partidos políticos, modificación de sus funciones clásicas, razones de supervivencia)(PIZZORNO, en Berger (comp.) La organización de los grupos de interés en Europa occidental, cap. 9, págs. 307-351)Los intereses y los partidos en el pluralismo

No ha habido un verdadero debate sobre los cambios en el sistema de representación en el cambio de siglo del XIX al XX. No obstante existían nuevas características que diferenciaban muy claramente los aspectos formales del sistema político y del sistema de representación en las sociedades capitalistas de los años inmediatamente anteriores y posteriores a la 1ª Guerra Mundial con respecto a las sociedades de 50 años antes: virtual universalización del sufragio universal, aparición de los partidos de masas organizados, mayor especificidad en la legislación y paulatina delegación del poder a los órganos administrativos.

Ni Locke ni Madison imaginaron nunca que los intereses se agruparían formal y duraderamente ni la aparición de intereses alejados a la propiedad privada. Tampoco pensaron en organizaciones estables, en actores permanentes del escenario político, que pudieran estar inspirados en una ideología diferente de la dominante en el sistema político.

La aplicación radical de dos principios liberales (derecho a la representación por parte de todos y el derecho de asociación) junto a otro menos visible (los intereses a largo plazo de la gente pueden ser percibidos mejor por otra persona) crearon el profesionalismo político. Todas las teorías que analizaron estos cambios en su momento convenían en que una relación directa entre el individuo y el Estado no era realista, por lo que debían elaborarse cuerpos intermedios, más o menos organizados, capaces de defender intereses organizados.

Los pensadores políticos que eran testigos de esas transformaciones (Mosca, Kautsky, Lenin, Gramsci, Michels, Weber) eran conscientes de la importancia de las formas de identidad colectiva autónomas que se estaban constituyendo en el seno del Estado, así como de las consecuencias de los procesos de mediación entre los intereses socioeconómicos.

La identificación de los interesesLos intereses son las demandas o peticiones explícitas que diversos grupos de la

sociedad civil solicitan a los agentes capaces de adoptar medidas políticas. En el sistema estamental los sujetos colectivos estaban definidos por la propia estructura social. Con el régimen liberal la geografía se convirtió en el criterio para la configuración de los distritos electorales. La aparición de los partidos de masas organizados y de grupos de intereses estables iba a introducir nuevos elementos de identificación: los intereses están organizados a través de los partidos.

El partido de masas organizadoEn su forma pura, el partido de masas organizado propone una ideología como principio

de identificación. Los objetivos carecen de especificidad porque deben formularse teniendo en cuenta a la sociedad en su totalidad. Puesto que la representación no se basa en los intereses específicos de un sector de la sociedad, las finalidades de la acción colectiva tienden a devenir rígidas y no negociables.

Las organizaciones ideológicas pueden desarrollar una función especial (a cargo de un estrato especial de funcionarios) dedicada a una reinterpretación permanente para un uso interno y esotérico de las finalidades que son definidas como no negociables de cara a la audiencia externa. El poder organizativo (burocrático) y la capacidad intelectual para reinterpretar la ideología se refuerzan mutuamente. El resultado es la permanencia del aparato como un organismo colectivo que genera intereses propios. Las subculturas partidistas, como la católica, la socialista y la comunista, pueden ser analizadas desde este punto de vista.

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Una separación similar a la que existe entre la base social y la organización política puede producirse entre los “intérpretes de la ideología” y los seguidores. Los primeros deben decidir sobre el tipo y el grado de coherencia entre los objetivos a corto y largo plazo, la rigidez de las relaciones políticas generada por la ideología puede atenuarse por cierta flexibilidad en su interpretación, que escapa al control de los representados.

Existen tres niveles en la acción política:- La base social de los intereses. Aquí nos encontramos con individuos que tienen unos

intereses objetivos en común pero que evalúan en términos individuales lo que van a hacer: Se busca maximizar el beneficio individual por parte de los individuos.

- Miembros activos del partido . Refuerzo de la solidaridad colectiva. La acción política colectiva no es una forma de maximizar los beneficios individuales de acuerdo con los intereses preexistentes, es más bien un fin en sí misma, tiende a maximizar los valores de pertenencia a la organización y de solidaridad.

- Líderes . Son los profesionales políticos. Su maximización del beneficio individual es el poder.

En realidad, los casos son menos tajantes y no admiten una clasificación tan precisa. Son los partidos vinculados al movimiento obrero los más cercanos al tipo puro de partido de masas organizado. La organización (mayor o menor) depende de la categoría social que un partido representa y sus oportunidades de llegar al poder. A menor inversión económica, más necesidad de participación de los militantes en los momentos elegidos. Los vínculos entre los partidos que están en el poder, sus seguidores y sus electores están basados en la satisfacción de unos intereses que se consiguen por medio de la acción gubernamental. Para los partidos de la oposición, es necesaria la confianza basada en argumentos ideológicos y en un sentimiento de pertenencia común.

En definitiva, en todos los partidos están presentes tres tipos diferentes de motivaciones. Para los dirigentes del partido, la motivación es individualista (poder, carrera, ingresos). Para los simples participantes es la gratificación por la pertenencia y la identidad. Para los votantes, la motivación vuelve a ser individualista (maximización de los beneficios individuales mediante la representación).

Los partidos se convierten en los núcleos de identificación y expresión de intereses políticamente representables, pero también tienden a responder a necesidades que surgen del declive de las formas tradicionales de identidad y de las situaciones individuales de movilidad, libertad de elección y desarraigo.

El ascenso de los partidos de masas organizados sobre la representación ha supuesto:1. Fuerte tendencia a considerar los intereses de forma global, favoreciendo las demandas de

carácter muy general.2. Un alto nivel de agregación va acompañado de alguna ideología. Por su carácter

globalizador eliminan la representación de intereses inmediatos o muy específicos.3. La capacidad de decisión se distribuye desigualmente en la jerarquía del partido.4. Se crea la figura del profesional de la política que ejerce como mediador entre los intereses

y los centros de decisión (los profesionales políticos). Cuando en la sociedad se manifiestan intereses o necesidades poderosas, aparecen correlativamente diferentes formas de acción política. Algunos aspectos de la política local, por ejemplo el clientelismo o el autogobierno, constituyen posibles alternativas a las formas rígidas de agregación, al profesionalismo y la política ideológica. Los movimientos sociales son otra alternativa. Pero la alternativa más importante es la que está vinculada a una representación duradera de intereses especiales. Esta forma es la que caracteriza al sistema pluralista de representación, incluso más que el sistema de partidos organizados de masas.

Los grupos de interés organizadosLa abolición final de la representación corporativa tuvo lugar en los regímenes liberales,

al aparecer los partidos políticos (defensores de los intereses generales) hizo necesarias unas estructuras de defensa de los intereses especiales. Las primeras asociaciones voluntarias de ayuda mutua, intereses específicos y reclutamiento local dieron paso a verdaderas organizaciones de intereses. El cambio fue gradual (ampliación territorial, incremento de funciones, más personal específico, etc.). El estadio final de este proceso es la politización de

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las organizaciones de intereses, que se produce cuando su status es reconocido legalmente y se les encomiendan oficialmente diversas funciones públicas (grandes sindicatos, asociaciones de empresarios, organizaciones profesionales). Dentro de estas características comunes se dan variaciones muy sustanciales.

Las dos principales variables que debemos utilizaren el análisis de un sistema de representación de intereses asociativos son:

1. El grado de difusión y multiplicidad de los objetivos asociativos. Cuanto más amplios y variados sean los objetivos de la asociación, mayores serán sus posibilidades de conseguir un monopolio en la representación de determinados intereses. Si los objetivos de una asociación voluntaria son específicos, una decisión individual de unirse a ella equivale a una declaración de aprobación de la manera en que tal asociación lleva a cabo la búsqueda de sus fines. Por el contrario, el desacuerdo se expresa mediante la retirada de la asociación y no hay prácticamente necesidad de voz.Por otra parte, si los objetivos son múltiples, la decisión de participar y la expresión del consentimiento no coinciden necesariamente. Y todavía coinciden menos cuando la organización disfruta de una situación próxima a la del monopolio representativo. En este caso para que exista una organización democrática debe ser garantizada la “voz”: el voto, la protesta u otras formas de expresión de opiniones por parte de los miembros.

2. El grado de coordinación a que está sometida la asociación: exige una evaluación del grado de autonomía o heteronomía de la organización individual con respecto al Estado y, en consecuencia, del proceso de puesta en práctica de esas decisiones de coordinación. Ese proceso puede variar desde la negociación abierta a la pura incorporación institucional. La primera de estas situaciones suele ser conocida como una situación pluralista. La segunda como sistema corporativo.

¿Queda asegurada la eficacia por la identificación pluralista de los intereses?Los resultados de un sistema de representación pueden ser valorados, bien en términos

de eficacia en la satisfacción de las demandas, bien en términos de su legitimación.Existen tres argumentos específicos a favor de la eficacia del pluralismo:

El realismo equilibrado: El pluralismo funciona sobre la base de un realismo equilibrado porque satisface intereses de acuerdo con un cálculo bien establecido de su fuerza (se mezclan las fuerzas del mercado y los recursos participativos).

La flexibilidad: El pluralismo opera flexiblemente porque permite y favorece la negociación en cualquier momento y en todas partes.

La autorregulación: El pluralismo permite la criba o la selección de una multiplicidad de demandas en el proceso de representarlas.

Pero también hay poderosos argumentos para denunciar las contradicciones internas del sistema. Existen agentes que no participan y que ven frustradas sus expectativas, se requiere un costoso aparato de mediación, los representantes pueden estar deslegitimados por sus bases, el Estado puede perder su autoridad pública última y coherente, etc.

Las virtudes pluralistas de la flexibilidad en la negociación y de la capacidad profesional para llevar a cabo una selección de las demandas tienen, además, un coste elevado en términos económicos a causa del vasto aparato de mediación que hacen preciso.

El asumir que un sistema pluralista es un sistema en situación de equilibrio se funda también en una analogía no verificada, a saber, que la competencia colectiva es análoga a la competencia atomística, en el sentido de que al igual que esta última, garantiza que puede rebajar el coste de producción a su mínimo nivel. La competencia atomística obliga a los competidores de un mercado a producir más, o a consumir menos, si pretenden conseguir beneficios. Sin embargo, en la competencia colectiva originada por la redistribución no sucede lo mismo, ya que el sujeto colectivo lo que hará será amenazar con retirar los recursos que normalmente emplea en el proceso productivo. Así pues, tienden a recortar la cantidad de benéficos disponibles y, en consecuencia, a producir la ineficiencia del sistema. Por tanto, y dado que carece de una dinámica de autoequilibración, el sistema necesita un mecanismo especial que evalúe hasta qué punto y en que sentido la contribución del sistema mismo,

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considerado como un todo, debe ser redistribuida. Este mecanismo es el Estado. Cuanto mayores sean los beneficios que se distribuyen como resultado de la competencia colectiva, más extensa será la intervención de ese mecanismo y mayor será también la carga de la eficiencia para el sistema.

Con respecto a la legitimación, el principal argumento a favor del sistema pluralista es que, puesto que todos pueden hacerse oír, las decisiones tendrán que ser soportadas por todos. No hay necesidad de obtener un consenso sobre el contenido de la decisión. El consenso recae sobre el conjunto de procedimientos que permiten que se haga oír “la voz del pueblo soberano”. El conflicto es una parte del procedimiento, no una expresión de disenso. La legitimidad es un atributo del Estado como un orden (un sistema) y no como un agente o sujeto de decisiones.

Hay, sin embargo, dos argumentos que esa defensa no tiene en cuenta. El primero se refiere a la deslegitimación de los representantes, que pueden verse amenazados por un proceso en el que pierden consenso; pero esto no supone que el Estado u otra instancia queden necesariamente deslegitimados, aunque la pérdida de legitimación de la estructura representativa supone un riesgo para el sistema como totalidad.

El segundo argumento se refiere a la descomposición del Estado. La práctica de negociar todas las decisiones tiende a producir esta descomposición del Estado en su calidad de autoridad pública última y de sujeto unitario coherente. Para ser capaz de negociar con los individuos privados, cualquier organismo del Estado necesita un cierto grado de autonomía. Y esta creciente autonomía en las negociaciones transforma gradualmente a los sectores del Estado en agentes semiautónomos similares a los privados. Puede incluso llevarlos a comportarse como representantes de los intereses “privados” en sus negociaciones con otros organismos del Estado.

Se hace, pues, muy difícil definir un proceso de “representación” de esa índole, porque el órgano que debería asumir la representación ya no es una entidad diferenciada, sino un “mercado” o, mejor todavía, un campo de batalla potencial para aquellos “grupos” (los partidos y sus facciones, las asociaciones, las empresas cuando se representan a sí mismas, los departamentos y agencias de las Administraciones públicas o semipúblicas) que abren fuego o negocian, que se alían y vuelven a separarse. Cada uno enarbola su propia bandera: la movilización electoral o la retirada del capital o trabajo, la información sobre el sector económico o el control de un proyecto público o su poder en un determinado asunto, etc.

En el seno de un sistema pluralista no es posible concebir una entidad unitaria a la que puedan imputarse unas acciones que sean valorables como legítimas o ilegítimas. Estos son atributos del proceso de representación, de los vínculos que configuran la identidad colectiva que legitima a los representantes. El sistema funciona cuando es estable y esto es así cuando los intereses encuentran límites en su derecho a formular demandas.

Si queremos comprender el funcionamiento del sistema, necesitamos descubrir la forma que hace posible el llegar a recuperar la estabilidad. Y esto se consigue esencialmente colocando a algunos portadores (potenciales) de intereses en una posición que haga más difícil la expresión de su disconformidad, excluyéndolos, por ejemplo, del acceso al proceso de redistribución, limitando su derecho a formular demandas o filtrando las demandas que les es dado presentar.

Los modos de selección y exclusiónVolviendo a la idea de un sistema que “genera” demandas, porque sus beneficios son

distribuidos desigualmente de forma tal que todos los que los reciban tienen un “interés” en mejorar su posición con respecto a todos los demás. Es un sistema de suma caro, es posible que todos los mismos miembros de un mismo sistema puedan tener “interés” en mejorar sus posiciones futuras con respecto a las pasadas “conjuntamente”. Pero éste es simplemente un interés adicional en relación con el interés permanente que tiene cada uno en mejorar su propia posición en relación con la de los otros. La mejora relativa puede conseguirse por medio de la acción de cada individuo dentro del mismo sistema (M) o por medio de la acción de representantes elegidos en el seno de otro sistema (R).

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Los sujetos que tienen acceso a R son raramente los mismos que pueden encontrarse en M. Lo que tiene lugar es un proceso de descomposición y recomposición, que se produce de tres maneras diferentes:

Una es por agregación: los sujetos que actúan por su propia cuenta en M (individuos, firmas, etc.) se agrupan para operar en R, constituyendo asociaciones, sindicatos y otras organizaciones. Es este caso, el interés representado es un interés medio, resultado de la recomposición de intereses más o menos diversos. Los intereses individuales no conseguirán más que la satisfacción de algunas de sus demandas y tendrán que renunciar a otras.

Otra de las vías es la institucionalización política: un interés individual, o agregado, no puede nunca presentarse como tal, es decir, con la simple demanda de mejorar su posición relativa, sino que debe formular peticiones específicas, proponer alternativas definidas y seleccionar objetivos determinados. Esta especialización está dictada por la división del trabajo en la Administración y por la estructura institucional en general.

Una tercera vía de diferenciación de los intereses es la que separa el largo del corto plazo: Puede haber dos tipos de factores que influyen sobre la preferencia por una satisfacción de los intereses a corto o a largo plazo. El primero es el grado de poder de una organización determinada: una organización fuerte (que represente poderosos intereses en el sistema) puede permitirse una estrategia que incluya la realización de algunos sacrificios, buscando el beneficio a largo plazo, porque dispone, relativamente, de buenas oportunidades de recuperar en el futuro aquello que ha sacrificado. En cambio, una organización de intereses débiles procederá correctamente si obtiene todo lo que puede en el corto plazo.

La autonomía de los representantes en el seno de la organización es otro de los factores que también determina la preferencia por los beneficios a corto y a largo plazo. En este sentido, si los representantes deben rendir cuentas constantemente optarán por el corto plazo y viceversa. El profesionalismo político funciona en la misma dirección.

La agregación, la especialización institucional y la orientación hacia objetivos a largo plazo son modos de selección y exclusión de intereses. Además, el desarrollo de la representación funcional deteriora el mecanismo de exclusión mediante la división entre mayoría y minoría. Cuando la transmisión de las demandas se lleva a cabo por una organización de intereses, ningún interés puede quedar excluido de antemano. Los mecanismos de exclusión vuelven, no obstante, a operar a causa de la forma en que está organizada la representación. Puesto que los dirigentes de las organizaciones tienen interés en maximizar su poder, sólo representarán los intereses de los que los eligen.

El incrementar el poder de la organización implica una preferencia por aquel tipo de acciones que aseguran un beneficio futuro para sus miembros, más que la satisfacción de intereses inmediatos. En este sentido, la búsqueda del poder tiene que producirse dentro de las reglas del sistema y dentro de los “intereses generales” del sistema. Los representantes tienen un interés funcional en no pretender una satisfacción completa de los intereses inmediatos de sus representados cuando esa satisfacción choca con los restantes intereses que integran el sistema. La ideología sanciona y facilita la aceptación de una demora en la satisfacción por parte de los representados, facilitando, de esta forma, el funcionamiento del sistema.

En el mismo sentido operan tanto el profesionalismo político y la distribución desigual de los recursos políticos, tales como la competencia, la educación, el acceso a la información y las oportunidades de comunicación.

El mecanismo de exclusión más importante es el “control de entrada”. Los sujetos que ya están representados en el sistema tienen un interés en limitar el número de miembros y tratan de impedir que otros accedan a la representación.

Crecimiento y declive de la autonomía del sistema de representación políticaHasta ahora hemos tratado de formas de exclusión que operan en el seno del sistema de

representación. La historia política reciente muestra, sin embargo, una forma de reacción más abierta ante la ampliación de la representación: el refuerzo del Ejecutivo, que está relacionado con el cambiante nivel de autonomía del sistema.

Fueron dos los procesos principales que contribuyeron a la formación del Estado moderno: la constitución de una identidad y el establecimiento de una clara diferenciación

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territorial y la afirmación de un poder monárquico centralizado con respecto a los poderes locales, feudales y corporativos.

Pero hay un tercer elemento en este proceso, ya que el Estado asimismo se emancipó de la religión y se dio la consiguiente legitimación del Estado como un custodio de los intereses a largo plazo de la sociedad. El supuesto de una identidad ideológica nacional ha desempeñado, de hecho, desde el primer momento, un papel importante en la formación de los sistemas de representación. La idea de que alargo plazo el interés de la nación subsume todos los intereses individuales hizo posible que el miembro de un parlamento nacional quedara configurado en la doctrina del constitucionalismo liberal como un “representante de toda la nación” y no simplemente de los electores de su circunscripción. Esto es lo que ha permitido que la representación política operara “plena potestate” y no por mandato.

En la época post-liberal, la aparición de grandes intereses organizados con capacidad para controlar el mercado condujo a una expansión del Estado ante la necesidad de hacer frente a las nuevas demandas de servicios y para apoyar a la economía. Condujo también a una política de protección frente al mundo exterior y, en general, de defensa de los intereses nacionales. Esta primera fase de capitalismo oligopolítico (capitalismo de Estado) implicaba un determinado poder político en el ámbito internacional. Así, se desarrollaron las ideologías nacionalistas, en paralelo con los mitos sobre el “destino manifiesto”, como apoyo de la política expansionista del Estado, por una parte, y, por otra, con la finalidad de reforzar la política de coordinación de los principales intereses organizados y de integrar, cuando fuera posible, a las clases trabajadoras.

El crecimiento del comercio internacional y de los intereses privados a partir de la 2ª GM muestra muy claramente esta relación entre poder central, las constricciones internacionales y los grandes intereses privados en juego.

Estos intereses de naturaleza multinacional crecen más rápidamente y constituyen nuevas restricciones a la acción de la autoridad central nacional. Así pues, con respecto a la primera fase del capitalismo organizado, los sistemas económicos nacionales pierden autonomía. En consecuencia, aunque la parte de la producción de bienes y servicios que corresponde a la Administración pública se haya ampliado ininterrumpidamente, la capacidad de los órganos centrales para elegir entre políticas alternativas ha disminuido.

Las nuevas condiciones del pluralismoDurante los años 60 y 70 el sistema pluralista ha sufrido una crisis, han aparecido nuevos

movimientos colectivos, los partidos políticos han entrado en decadencia debido a su incapacidad para seleccionar demandas realistas y los gobiernos se han sobrecargado de tareas y casi se han paralizado.

Todos estos signos se hacen más inquietantes cuando se consideran en el contexto de una crisis económica, dadas sus dimensiones internacionales, que contribuyen a la impotencia de los órganos centrales de los sistemas políticos nacionales. Los cambios en la estructura socioeconómica provocan tensiones que las formas tradicionales de representación son incapaces de expresar. Además el crecimiento de la renta ha descendido mucho, lo que ha contribuido a frustrar una demandas que habían sido estimuladas por el crecimiento previo.

Pero la crisis económica no es la única culpable del agotamiento de este sistema pluralista. Hay que tener en cuenta también el desdibujamiento de los programas de los partidos, la decadencia de las propias funciones partidistas y las tensiones provocadas por la aparición de nuevas formas de identidad colectiva.

La convergencia de los programasSe ha observado frecuentemente que a pesar del amplio espectro partidista que ofrecen

los parlamentos de las democracias representativas, los partidos tienden cada vez más a decir las mismas cosas a su electorado. De la misma forma, ha disminuido la intensidad con la que se propugnan las reformas en dichos programas, se ha ampliado la importancia del marketing en las elecciones y se han desarrollado los partidos “omnicomprensivos” (catch-all parties).

Aunque los programas de los partidos tiendan a coincidir, las políticas reales de los partidos cuando ocupan el gobierno no coinciden. No obstante eso, hay que analizar los hechos en tres niveles: lo que los partidos dicen, lo que tratan de hacer y el resultado efectivo de sus políticas. El tercer nivel depende de demasiados factores, el segundo depende de la

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necesidad de coaliciones y de las presiones que reciban de fuerzas económicas y sociales y el primer nivel depende del imperativo de mantener algunas diferencias con los otros partidos.

A lo que dicen los partidos corresponde un lenguaje abierto, programático y formulado a la vista de objetivos electorales. A lo que tratan de hacer corresponde un lenguaje sutil y dirigido a representantes de diversos intereses buscando alianzas e intercambios.

Normalmente, los nuevos ingresos de partidos que representan intereses suponen una mayor diferenciación de programas mientras que una larga permanencia de los mismos sujetos en el sistema produce la convergencia. El “fin de las ideologías” tiende a producirse más en los sujetos que permanecen más tiempo en el Parlamento, no así los sujetos colectivos extraparlamentarios.

Si todas las distinciones quedan canceladas, los electores se verán imposibilitados para elegir y la participación de la vida política será algo rayano en el sinsentido. Los viejos partidos se verán expuestos a cismas o sufrirán la amenaza de nuevas entradas en el sistema y su respuesta más conveniente puede ser la renovación de su posición ideológica. Para esconder la convergencia de programas se acude al choque de personalidades que se ofrecen a los electores (EEUU) aunque no se imponga en realidad, gane quien gane, una política sustancialmente diferente entre unos y otros.

Los partidos ya no representan una fuente de integración social para sus seguidores. Tampoco las divisiones electorales son tan estables y el electorado se ha hecho más volátil, una de las causas de este fenómeno está relacionada con la decadencia a largo plazo de las funciones programática y de integración de los partidos. Éstos, en su esfuerzo por aglutinar múltiples intereses, tienden a perder su identidad organizativa y programática.

Puesto que las decisiones políticas en su totalidad son el resultado de negociaciones entre intereses distintos, los partidos políticos tienen que adaptar sus estructuras a las necesidades de los actores reales, los grupos de interés. Pero no todas las decisiones políticas son un resultado de negociaciones entre intereses privados. Incluso en una organización política pluralista, hay un cierto nivel de las decisiones que escapa a los procedimientos pluralistas de representación. Las decisiones son secretas, exclusivas, de gran importancia, Ni las organizaciones de intereses ni los partidos políticos son las estructuras más adecuadas para intervenir en la formación de decisiones, sino más bien, los pequeños grupos de titulares de una determinada forma de poder y las personas informalmente relacionadas con ellos.

Así, el resultado natural de los regímenes pluralistas parece ser una estructura dualista de poder: un nivel de decisiones cesarista y excluyente, y un nivel pluralista presidido por la negociación. En el nivel cesarista, el titular se expone a la opinión pública, mientras que en el pluralista la tensión se establece entre la tendencia al corporativismo y la aparición de nuevos problemas y agregaciones de intereses. En ninguno de ambos niveles los partidos políticos parecen ser los instrumentos más apropiados.

Un tercer nivel de “no poder” debe ser añadido a esos dos niveles de poder; es el nivel en el que se localizan los intereses “excluidos”. Es probable que los partidos políticos estén interesados por este estrato de la población, pero el coste de proceder a su movilización resultaría excesivo para ellos. La mundialización también impone restricciones a la acción de los gobiernos.

Cinco hipótesis para explicar la supervivencia de los partidos políticosCuando parece que los partidos ya son superfluos y anticuados, deben encontrarse

explicaciones para su persistencia, aparte de los intereses que han ido configurando a lo largo del tiempo. La literatura existente aduce 4 hipótesis para explicar este hecho:1. La hipótesis de una elección ilusoria. Los partidos se mantienen para reproducir el principio

de soberanía popular. El pueblo continúa eligiendo entre diversas opciones más o menos estables. Si la ilusión de la elección desapareciera, se perdería un importante instrumento de consenso y la sociedad sería muy difícil de gobernar. Las objeciones a esta hipótesis son varias pero destacan dos: la elección no es indispensable para un gobierno estable (dictaduras) y la ilusión de comunidad sigue existiendo a pesar del enfrentamiento entre gobierno y oposición.

2. La hipótesis de la cohesión. El Gobierno necesita de un personal político cohesionado y con alguna finalidad en común, ya que los burócratas estatales tienen un punto de vista

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puramente técnico y sectorial. A este planteamiento se le objeta que, al debilitarse la función programática de los partidos, es difícil distinguir entre el personal político del partido y los burócratas de la administración.

3. La hipótesis del sondeo responsable. Los representantes ocupan un lugar privilegiado para transmitir informaciones útiles al Gobierno. No obstante, los sondeos a la opinión pública también pueden cumplir esa función sin ser “castigados” por el electorado.

4. La hipótesis de la reducción de la complejidad. Los partidos reducen el exceso de problemas a los que el Estado tendría que hacer frente. Los partidos facilitan la elección a los votantes en la medida en que les presentan problemas generales y facilitan las decisiones administrativas. Como objeción suele señalarse que esta función de criba pueden realizarla también las organizaciones de intereses. Centralización de las respuestas del gobierno. Cuando un partido ocupa el poder tiene que hacerse cargo globalmente de las respuestas que éste da a las demandas sociales. No tiene más remedio que centralizar sus decisiones haciéndolas compatibles entre sí.

5. Pizzorno añade una quinta hipótesis: la legitimidad. Los partidos son específicamente las únicas organizaciones que se presentan a sí mismas como representantes del interés general, aunque no sea una realidad muy plausible. Lo que vamos a sostener es que los partidos políticos actúan como garantes del valor de la moneda que se intercambia en el mercado político. El partido político, con su estructura duradera y su presencia pública, es una especie de garantía de la mediación que se hace posible por una continua verificación de su crédito disponible por medio de las elecciones. Los partidos se desarrollan cuando carecen de eficacia política otros pilares (religión, étnico, asociativo, local) ya que los ciudadanos necesitan estructuras estables a las que poder referirse con seguridad. Los partidos decaen cuando no se dan esas condiciones.

Los partidos son necesarios porque: a) los ciudadanos necesitan estructuras estables de gobierno (estabilidad del mercado político). b) Los ciudadanos necesitan nuevas formas de identidad social, una vez que han perdido las antiguas (tribu, religión). Los partidos decaen cuando no garantizan estas dos condiciones: estabilidad del mercado político e identidad social por medio de la ideología.

Las dificultades de la reproducción políticaEl debilitamiento de las grandes formas de identidad política, la desafección con respecto

a las instituciones y sentimientos patrióticos y la alienación de los jóvenes muestran que los mecanismos de reproducción política funcionan con graves problemas.

En una sociedad industrial los intereses son móviles y se redefinen constantemente, pero uno de los problemas más graves del pluralismo es el de integrar a las nuevas generaciones en el sistema de representación. La marginación de los jóvenes en la representación organizada crea una gran inestabilidad del sistema.

Históricamente este problema se ha resuelto por la ideología (nacionalismo), la religión, la lengua o por la educación estatal y la familia. Por tanto, cuanto más organizado está un sistema para representar los intereses de amplias categorías ocupacionales y menos lugar deja para la ideología, mayores serán las dificultades que encontrará para asegurar la reproducción de sus formas de representación política.

La amenaza de nuevas formas de identidad colectivaLos nuevos grupos (ecologistas, derechos humanos, feministas, etc.) han multiplicado los

grupos de interés existentes, lo que parece confirmar la noción de que el pluralismo es capaz de dar a cada actor colectivo un espacio para la expresión. Esta interpretación es demasiado optimista, no explica la no negociabilidad de sus demandas con una tendencia a combatir a los canales partidistas. Además, el exceso de demandas ha generado en algún caso atrincheramiento y rigidez de las instituciones y represión.

Si se pretende que el sistema pluralista sobreviva, todos deben compartir y respetar las reglas de juego, pero esto no es suficiente para inducir a la moderación en la defensa de los intereses pluralistas cuando es necesario. Además, el propio funcionamiento del sistema pluralista debilita progresivamente las ambiciones ideológicas y programáticas de los partidos, reduce sus actividades de integración social y aumenta la distancia entre los representantes y los representados, dejando un espacio para la expresión de nuevos sentimientos colectivos.

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Pese a que en un sistema pluralista representativo con sufragio universal y libertad de asociación todos están representados, surgen nuevos intereses. La oleada reciente de movimientos sociales se define bien de acuerdo con criterios biológico-culturales (sexo, etnia, generación) o bien en relación con determinados problemas (ecología, derechos humanos, aborto, antimilitarismo, etc.). Estos dos tipos de criterios tienen en común que niegan que el criterio ocupacional sea la fuente del criterio de identificación, y que acentúan el principio de diferenciación: los movimientos biológico-culturales porque sus bases son obviamente excluyentes y los movimientos centrados en torno a un tema por que al ser éste la única razón para que se produzca una actuación conjunta, si queda resuelto satisfactoriamente no existe ninguna otra identidad colectiva.

En ambos casos el objetivo es la edificación de una comunidad nueva que posea una serie de características deseadas, no la mejora de la posición de una determinada categoría social dentro de un sistema dado de distribución de valores. La base social de estos grupos suele estar protagonizada por los jóvenes (debido a su marginación) y por las clases medias.

En cuanto al iimpacto, después de esta oleada, el sistema pluralista genera sus propios remedios: reinterpretación de las nuevas demandas, cooptación de los líderes, institucionalización de los nuevos movimientos sociales, etc. Los imperativos internacionales de los que depende el control de la economía han demostrado ser decisivos y las decisiones políticas fundamentales son de carácter técnico, quedando fuera del alcance de las masas, e induciendo a la población al abandono de la política: las grandes decisiones económicas escapan al control del público y se localizan definitivamente en la cara oculta de la esfera política.

Todo lo anterior no quiere decir que el equilibrio político funcione, la aparición de nuevas formas de identidad colectiva y las maniobras para excluirlas expresan la inestabilidad de un sistema que exige que los intereses se identifiquen categóricamente, pero que no ofrece criterios estables para la configuración de esas nuevas formas de identidad y contribuye a su multiplicación.

El mismo sistema genera incertidumbre y hace decrecer el activismo y el compromiso políticos, y crea tensiones en el momento de auge de las nuevas formas de identidad colectiva. En definitiva, el pluralismo genera crecientemente la indiferencia o el pesimismo.

(PANEBIANCO, Modelos de partido, cap. 14, págs. 487-512)Los partidos y la democracia: transformaciones y crisis*Premisa

Las transformaciones que están teniendo lugar en los partidos europeos pueden analizarse desde dos ángulos distintos:

- Observando el grado de vitalidad que conservan los viejos módulos organizativos, buscar los síntomas de su declive y evaluar la dirección en que se desarrollarán los cambios, o

- Estudiando las actividades que tradicionalmente han desarrollado los partidos en los distintos sistemas políticos y examinar sus posibles cambios y su eventual crisis.

En este caso, el punto de vista que se ha adoptado implica considerar que ambos problemas están ligados entre sí, por lo que las actividades que desarrollan los partidos cambiarán o no en función de los cambios de sus módulos organizativos. Asimismo, una reflexión sobre esos cambios organizativos puede ser un modo de abordar procesos de más amplio alcance.*El partido burocrático de masas y el partido profesional-electoral

A comienzos de los años 50 Duverger daba cuenta de la consolidación, en el seno de los regímenes democráticos, del partido de masas frente a cualquier otro tipo de organización política. Quince años más tarde, Kirchheimer, al enunciar su teoría del partido-escoba, daba la vuelta a esa interpretación: el partido de masas era una etapa, superada o en vías de superación, de una evolución organizativa que está transformando los partidos de “integración” en agencias electorales cada vez más parecidas a los partidos estadounidenses.

Kirchheimer no pensaba en una organización cuya base social se hubiese hecho tan heterogénea que le permitiera representar a todo el espectro social. Esos rasgos no han

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caracterizado nunca a ningún partido, porque éstos no pueden permitirse borrar por completo su propia identidad frente a las organizaciones rivales. Para Kirchheimer la transformación del partido de masas en partido-escoba es menos dramática: los lazos de “clase” se hacen más livianos y el partido se abre más que antes a otros grupos sociales, centrándose en aquellos sectores que “no tienen evidentes conflictos de intereses entre sí”.

En síntesis, para Kirchheimer esa transformación tiene los siguientes aspectos:1. Marcada desideologización y reducción del “bagaje ideológico” del partido y una

concentración de la propaganda en el mundo de los valores, en temas generales en que son compartidos en principio por amplísimos sectores del electorado.

2. Mayor apertura del partido a la influencia de los grupos de interés, perdiendo peso las organizaciones antaño más afines al partido (de tipo sindical, religioso, etc.)

3. Pérdida de peso político de los afiliados y declive pronunciado del papel de los militantes de base. Losa profesionales sustituyen a los burócratas.

4. Fortalecimiento del poder organizativo de los líderes, que se apoyan ahora más en los grupos de interés que en los afiliados para financiar la organización y para mantener sus lazos con el electorado.

5. Relaciones más débiles entre el partido y su electorado, que dejan de depender de la existencia de una fuerte implantación social de aquél o de subculturas políticas sólidas.

Si se tiene en cuenta la literatura más reciente sobre los partidos, es evidente que se aproximan más al modelo de Kirchheimer y agregan otros rasgos organizativos del partido-escoba, como es la progresiva profesionalización de las organizaciones de partido (del “aparato” o burocracia de partido descrito por Weber, Michels y Duverger). Esta “burocracia representativa” es el instrumento mediante el cual los líderes del partido de masas mantienen los estrechos lazos que les unen con los afiliados y con el grupo social de referencia. En cambio, en el nuevo partido son los profesionales, los “expertos”, los que desempeñan un papel cada vez más importante. La distinción entre burócratas y profesionales puede servir como criterio principal para distinguir dos tipos ideales de partido: el partido burocrático de masas y el partido profesional-electoral:

Partido burocrático de masas Partido profesional-electoralPapel central de la burocracia (competenciapolítico-administrativa)

Papel central de los profesionales(competencias especializadas)

Partido de afiliación con fuerte organizaciónque se dirige a un electorado fiel

Partido electoralista con débil organizaciónque se dirige a un electorado de opinión

Preeminencia de la dirección colegiada delpartido

Preeminencia de la dirección personificada delos representantes públicos

Financiación por medio de las cuotas de losafiliados y mediante actividades colaterales

Financiación a través de los grupos de interésy por medio de fondos públicos

Acentuación de la ideología, papel centralde los creyentes dentro de la organización

El acento recae sobre los problemas concretosy sobre el liderazgo de la organización

Así como en el pasado ningún partido respondió por completo al tipo “burocrático de masas” en nuestros días ningún partido responde tampoco totalmente al tipo “profesional-electoral”. Lo que queda por resolver es el problema de las diferencias y de las adaptaciones del modelo de una organización a otra. En la mayoría de los casos lo “viejo” y lo “nuevo” tienden a superponerse y a coexistir en toda organización (y a generar tensiones y conflictos en su seno). Además, las transformaciones se producen con fuertes variaciones, no sólo en las formas sino en los tiempos, entre unas sociedades y otras y entre unos partidos y otros.

En todo caso las variables que más parecen incidir sobre la velocidad e intensidad de la transformación son fundamentalmente dos:

La transformación será más rápida cuanto más bajo sea el nivel de institucionalización alcanzado por el partido en el período anterior. Por el contrario, cuanto más alto sea el nivel de institucionalización, más instrumentos tendrá el partido para resistir las presiones que le empujan a transformarse.

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Cuanto menos fragmentado se halle el sistema de partidos y más dominado por unas pocas grandes organizaciones, el cambio se producirá antes y más rápidamente. En cambio, una fragmentación excesiva del sistema de partidos tiende a retardar la transformación.

Las causas de la progresiva consolidación del partido profesional-electoral se hallan en el medio que rodea a los partidos. Los cambios organizados surgen bajo el impulso de un desafío exterior, generado por cambios ambientales que afectan desde hace tiempo a las sociedades occidentales:

1. El primero de estos cambios afecta a los sistemas de estratificación social y las modificaciones producidas entre los distintos grupos ocupacionales (gran crecimiento del sector terciario). Esto cambia profundamente el rostro político del electorado de esos partidos y sus demandas políticas. Las transformaciones de la estructura social que la teoría sociológica contemporánea intenta descifrar con acentos distintos y una gran variedad de etiquetas (sociedad postindustrial, sociedad tardo-capitalista, etc.) repercuten en los partidos, modifican las características de su territorio de caza y actúan sobre sus escenarios políticos. Además, el electorado se hace social y culturalmente más heterogéneo y menos controlable por los partidos a través de la organización. Ello crea una fuerte presión a favor del cambio organizativo.

2. El segundo cambio es de tipo tecnológico y consiste en una reestructuración del campo de la comunicación política bajo el impacto de los medios de comunicación y en particular de la televisión. El papel central que ha adquirido la televisión en la competición política ha desplegado sus poderosos efectos sobre la organización de los partidos. Cambian las técnicas de propaganda y nuevas figuras profesionales (expertos en sondeos, imagen, medios de comunicación) adquieren un peso creciente. La comunicación política debe realizarse hacia un público más heterogéneo y más instruido desarrollando campañas personalizadas en los candidatos y centradas en temas específicos. La televisión, junto a los grupos de interés, se convierte en una correa de transmisión entre los partidos y sus electores más importante que las tradicionales organizaciones colaterales. Esto lleva a reducir el papel de los afiliados y los funcionarios como lazo de unión con los electores y ello acarrea un declive del peso político de los dirigentes del partido mientras crece simétricamente el peso de los representantes públicos que ocupan cargos electivos.

Los cambios en la estructura social y en los sistemas de comunicación política contribuyen a erosionar las subculturas políticas tradicionales. El electorado fiel se reduce y declina la identificación con los partidos, lo que lleva a un escenario electoral muy inestable que obliga a los partidos a organizarse y adaptarse según el modelo profesional-electoral.

El partido burocrático de masas era una institución fuerte. El partido profesional-electoral es, por el contrario, una institución débil; la transformación implica un fenómeno de desinstitucionalización, la autonomía del partido respecto al entorno se reduce y, simétricamente, aumenta la autonomía del elector respecto al partido; crece el peso político de los grupos de interés y la “incorporación” de los partidos al Estado. Se, igualmente, reduce la coherencia estructural de la organización (declive del aparato burocrático y profesionalización de los cargos electos). Y dado que tienden a desaparecer las fuertes subculturas políticas, que daban estabilidad a los escenarios electorales y garantizaban la autonomía y la coherencia estructural de muchos partidos se puede aventurar que la época de los partidos institucionales fuertes está llegando a su fin.*La crisis de los partidos

Kirchheimer era consciente que el éxito del partido-escoba implicaba serios riesgos para la democracia, al alejarse de los titulares funcionales del poder en la sociedad. Desde que los electores han dejado de estar sometidos a la disciplina del partido de integración pueden con su apatía y sus humores cambiantes, transformar el sensible instrumento del partido-escoba en algo demasiado nebuloso para servir de nexo con los titulares funcionales del poder en la sociedad. Veinte años después, el éxito del partido profesional-electoral coincide con una fase en que la crisis de los partidos es uno de los temas más debatidos por aquellos que se interrogan sobre el presente y futuro de la democracia en occidente. Si hay una crisis, ésta

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deberá reflejarse como una crisis de las funciones tradicionales de los partidos políticos, que son tres:1. Una función “integrativa” o “expresiva”. Los partidos han realizado demandas generales y

canalizado reivindicaciones de grupos particulares, pero sobre todo han configurado y mantenido una identidad colectiva a través de la ideología. La función expresiva ha jugado un papel decisivo en la estabilidad de los sistemas políticos funcionando canalizando la protesta social.

2. Una función de selección de candidatos a los cargos públicos. Una función clásica de los partidos ha sido la formación y el suministro de las élites gobernantes del Estado.

3. La función de determinar la política estatal, de participar en la formación de las decisiones que van a obligar a todos.

Ninguna de las tres funciones ha sido nunca monopolio exclusivo de los partidos. La función expresiva ha sido desempeñada por otras instituciones sociales (familia, escuela, etc.), la selección de las élites ha estado siempre influida por los grupos de interés y en el proceso de toma de decisiones han participado los partidos, los grupos de interés y los centros de poder institucional (burocracia, élite militar,...).

Al hablar de crisis en relación con las funciones tradicionales de los partidos, hay que señalar que se reduce el papel de los partidos en la sociedad. La erosión de las subculturas políticas implica un grave debilitamiento de la función expresiva que tiene su reflejo en las demás funciones. El vacío de identidad que se abre con la implantación del partido profesional-electoral despeja el camino a la difusión de comportamientos políticos “no convencionales” y facilita la explosión de las reivindicaciones corporativas, desencadenando la multiplicación de las estructuras de representación de los intereses. Se reduce la capacidad de los partidos para seleccionar autónomamente a sus élites, incluso la posibilidad de determinar la política estatal queda comprometida.

Los partidos se ven obstaculizados por los grupos de interés, por la tendencia a la autonomía de las estructuras político-administrativas y por la multiplicación y la competencia de las asociaciones que se constituyen en torno a problemas concretos. Los partidos, al renunciar a su papel como organizadores de la identidad colectiva, se ven obligados a entrar en competencia directa de los grupos de interés y la correlación de fuerzas será favorable a los partidos en función de su capacidad de organizar y representar intereses colectivos. Precisamente, el fenómeno de la “ingobernabilidad” puede ser considerado como el resultado de una tensión entre el canal electoral-territorial controlado por los partidos y el canal funcional-corporativo controlado por los grupos de interés. Esta tensión se agrava por la transnacionalización de los grupos de interés y por la movilización de las “periferias” de los países europeos que bloquean la adopción de soluciones políticas supranacionales.*Los cambios en las divisiones políticas

Rokkan identificó cuatro fracturas fundamentales que, operando con distinta intensidad y combinándose de diferentes formas, explicarían en gran parte las uniformidades y diferencias que se observan en los sistemas políticos: centro/periferia, Estado/Iglesia, ciudad/campo y empresarios/asalariados. Cada una de estas fracturas se tradujo en divisiones políticas y en conflictos sobre problemas específicos. Las variaciones de intensidad y de calendario fueron numerosas y no todas esas fracturas dieron lugar en todos los países europeos a un partido específico. La fractura de clase, entre asalariados y empleadores, representó la excepción.

La fractura de clase se halla en el origen de la división política fundamental entre partidos socialistas y no socialistas. Los problemas políticos ligados a esta división adquirieron un peso predominante en la jerarquía de los problemas políticos de la mayor parte de los países europeos. La lucha electoral se configuró como un espacio unidimensional, un continuum derecha-izquierda.

Las transformaciones que se están produciendo modificarán la fisonomía del espacio político ya que la conexión entre las fracturas estructurales y los problemas políticos están cambiando en todas partes. La dicotomía trabajo y capital y las políticas económicas más o menos intervencionistas eran culturalmente reconocibles. Desde los años 70 la alternativa desempleo/inflación no diferencia grupos sociales siempre reconocibles, dividiendo a los trabajadores (sectores protegidos y no protegidos) y a los burgueses (golpe a las rentas del

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trabajo, endeudamiento empresarial). Deja de estar claro entonces cuáles son los estratos sociales que salen favorecidos o perjudicados por las distintas opciones, surgen además grupos “antipolíticos”, libertarios, ecologistas, feministas, alternativos, etc... que crean un espacio político multidimensional.

Inglehart ha señalado que la división se ha creado en torno a establishment/antiestablishment, siendo el establishment los dirigentes de los partidos (tanto de izquierdas como de derechas), los sindicatos y las organizaciones empresariales. Se modifica el escenario al existir un distanciamiento mayor hacia la política y un aumento de los comportamientos “no convencionales”. Esta división se manifestó inicialmente en los movimientos colectivos de os años 60 y 70 y se expresa hoy a través de una gran variedad de comportamientos políticos “anticonvencionales”, desde el voto de protesta a la abstención, desde el apoyo más o menos efímero a “listas alternativas”, al distanciamiento total de la política. Esta división no comporta necesariamente la implantación definitiva de nuevas organizaciones políticas. Pero el espacio político se modifica, se hace, cuando menos, bidimensional: una nueva dimensión tradicional izquierda-derecha.

Suele objetarse, ante esta nueva división, que “en última instancia” las divisiones políticas que plantea coinciden con las fracturas estructurales señaladas por Rokkan (grupos sociales reconocibles, instituciones). Existen tres maneras distintas de responder a esta objeción:- Aún se conoce demasiado poco sobre la relación existente entre las transformaciones sociales y los conflictos políticos como para poder excluir categóricamente la relación entre la división establishment/antiestablishment y las nuevas fracturas estructurales. Es posible que en la base de esta división se hallen los cambios, inducidos por la intervención del Estado, en la composición de la clase obrera y de las clases medias.- La teoría de Rokkan se elaboró para explicar las modalidades de la génesis y consolidación de los regímenes políticos europeos actuales y no puede pretenderse que sirva para iluminar también las transformaciones que aquellos regímenes están experimentando ahora.- Además, probablemente en el pasado no fueron las fracturas estructurales las únicas que tuvieron consecuencias políticas. Daalder introdujo las divisiones nacionales y de régimen entre las que influyeron en la formación de los regímenes políticos.

Las consecuencias políticas del cleavage establishment/antiestablishment dependerán de las condiciones específicas de cada sociedad, así como del modo en que actúen en los distintos contextos nacionales los empresarios políticos surgidos al amparo de esta división.

La transformación del espacio político en un espacio multidimensional se halla relacionada con la consolidación del partido profesional-electoral así como con las tensiones políticas que la acompañan. La división establishment/antiestablishment acelera la transformación de los partidos, debilitando aún más las subculturas políticas tradicionales. Además, la implantación del partido profesional-electoral crea un vacío de identidades colectivas, agrava la crisis de legitimidad de los sistemas políticos y acentúa la situación de ingobernabilidad ya agravada por las tensiones corporativas generadas por la decadencia de los partidos y por la crisis económica. El espacio político de tipo unidimensional, al permitir a los electores “economizar” informaciones (la imagen general del partido cuenta más que el conocimiento de los programas y de las políticas), facilita las opciones electorales, estabiliza comportamiento y expectativas, y ofrece a los actores políticos criterios de decisión y valoración suficientemente unívocos y con un significado inmediatamente comprensible- Sobre todo en los sistemas multipartidistas en los que el elector encuentra mayores dificultades para distinguir entre los distintos partidos, la unidimensionalidad de espacio político desempeña una insustituible función estabilizadora de los intercambios que se realizan en el mercado electoral. La reconstrucción de ese espacio político en sentido multidimensional desorienta a los actores políticos, hace más caótica la competición y acentúa la inestabilidad e imprevisibilidad de los escenarios políticos.*Conclusiones

A la luz de un paradigma clásico de la teoría del cambio social, el paso del partido burocrático de masas al partido profesional-electoral debe entenderse como una de las múltiples consecuencias de una tendencia más general a la diferenciación y especialización de los grandes agregados sociales. La socialización política deja de estar confiada a las

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organizaciones de partido y se hace más dependiente de los medios de comunicación y de los contactos interpersonales. Los partidos se ven obligados a especializarse más, por lo que el éxito del partido profesional-electoral crea más problemas de los que resuelve.

En muchos aspectos, esta transformación coincide con una época en la que la participación política se produce de una forma menos deferente y subalterna respecto a las élites políticas, pero también se crea un vacío de identidades colectivas. El elector se hace más independiente, autónomo e incontrolable pero también más solo y desorientado. El malestar social se manifiesta en la turbulencia de los escenarios electorales, en la efervescencia de los movimientos colectivos y en el intento de recuperación de viejas estructuras de solidaridad. Se prevén tres tipos de evolución (combinadas o por separado):1. El partido profesional-electoral se revelará como una forma inestable que anuncia la

disolución de los partidos en cuanto a organizaciones. Los partidos perderían su identidad y se transformarían en banderas de conveniencia de empresarios políticos independientes (algunos analistas dicen que es un proceso que ya se ha producido en EEUU). Sin embargo, es poco probable que, en su forma más extrema, se produzca allí donde los partidos se han consolidado como instituciones fuertes. En este escenario, la crisis de las democracias se agravaría.

2. Un retorno de la ideología. Los partidos existentes volverían a desempeñar la tradicional función expresiva recuperando antiguas identidades. Se trataría de un intento de renovación política que se originaría en el seno del sistema político para reaccionar a los retos del entorno. No está claro cómo podrían reconstruirse ni a qué tipo de soluciones político-organizativas podrían ir ligadas.

3. La innovación política en sentido propio. Es algo imprevisible pero la innovación difícilmente surge del seno de un sistema político ni se manifiesta a través de organizaciones ya consolidadas. En la mayoría de los casos, la innovación se introduce desde fuera en el sistema por nuevas organizaciones que entran en competencia con las establecidas. El vacío de identidades colectivas que supone la decadencia de la función expresiva de los partidos contribuye a formar movimientos políticos con pocas analogías con las organizaciones dominantes hasta ahora.

Está por ver si las características que asuman los futuros movimientos políticos ayudarán a comprender si las previsiones más pesimistas sobre el futuro de la democracia tienen fundamento o si un autoritarismo nuevo está destinado a imponerse tras haber arrasado el constitucionalismo liberal o si los regímenes democráticos reciben savia nueva mediante procesos de adaptación/transformación impulsados por nuevos empresarios políticos.

4.3. El resurgimiento del corporativismo y las instituciones políticas representativas (concepto y relación entre representación neocorporativa y representación democrática)(PÉREZ YRUELA y GINER, REIS, nº 34, págs. 9-45)*1. Introducción

En las últimas décadas asistimos a diversas propuestas de redefinición de las características esenciales de las sociedades capitalistas avanzadas. Estas sociedades se han ido apartando cada vez más del modelo liberal-democrático basado en la utopía liberal. Además, tampoco han cambiado ni sufrido crisis esenciales por la crítica que más sólidamente ha desmenuzado sus contradicciones: el marxismo.

Se ha hablado de la sociedad “postindustrial”, del “capitalismo monopolista”, de la evolución de los sistemas de representación, de la participación cada vez mayor del Estado en la vida económica, de las limitaciones del análisis clasista para comprender la estructura de la sociedad, de la división del trabajo, del incremento del consumo, etc. Todo esto ha modificado de manera importante el modelo clásico de democracia liberal, sin haber eliminado sus características estructurales (sistema parlamentario, economía de mercado, modos de dominación, desigualdad social y conflicto).

En este contexto puede situarse la tendencia creciente hoy a hablar de sociedades corporativas o neocorporativas o a considerar el aumento de la corporatización o

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corporativización como proceso en el que convergen total o parcialmente los cambios que han experimentado. El término corporativismo no es nuevo y su recuperación tiene sentido en la medida de que el corporativismo de finales del XIX y principios del XX tiene algunos rasgos comunes con la situación actual aunque existen entre ellos diferencias sustantivas.

La orientación predominante sobre el corporatismo se reduce demasiado estrechamente a las manifestaciones que se dan en la economía política (acuerdos entre gobierno, patronales y sindicatos). El corporatismo es un fenómeno más amplio cuyos efectos totales pueden alcanzar al conjunto de la sociedad formando parte de una realidad más compleja.*2. Origen del debate

El corporatismo apareció primero como doctrina que pretendía recomponer normativamente, desde arriba, el orden social que desapareció con la revolución industrial y las primeras fases del capitalismo. La doctrina social católica introdujo la idea de la armonización de los intereses opuestos de las clases sociales a través de la integración de patronales y sindicatos en el Estado. El ideal de justicia se alcanza por la armonización de los intereses opuestos de las clases sociales, por la integración en el Estado de esos intereses a través de organizaciones patronales y de trabajadorez, por la función mediadora del Estado en la solución de los conflictos en aras del “bien común” y por la nivelación de las desigualdades basada en la noción jerárquica de la “justicia distributiva”.

Esta idea se llevó a la práctica, con más o menos desviaciones, en España (Primo de Rivera y Franco), Portugal (Salazar), Italia (Mussolini) y en varias dictaduras latinoamericanas, entre otros.

En la evolución de las democracias liberales se han producido cambios que las han alejado de los primeros modelos y las han acercado al modelo corporativo. Fundamentalmente ha ido cambiando la sociedad basada en pequeñas unidades de producción en un mercado de competencia cuasi perfecta y en sujetos autónomos actuando individual y libremente amparados por un Estado meramente vigilante. Ahora la “sociedad organizada” ha sustituido el individualismo anterior mediante la acción social organizada. El estudio de la sociedad organizada ha puesto énfasis en las características intraorganizativas de la burocracia, las organizaciones políticas, ejércitos o empresas.

Dentro de la evolución anterior dos aspectos han adquirido una visibilidad especial. La articulación de intereses a través de organizaciones y las relaciones entre gobierno, sindicatos y patronales con objeto de acordar medidas de política económica. Estas relaciones tienen rasgos peculiares: monopolio representativo de quienes participan, institucionalización jurídica, intervención legitimadora del Estado. Esto recuerda algunas propuestas del corporativismo clásico, aunque con origen y alcance diferentes.*3. La sociogénesis del corporatismo

Existen diversos cambios y problemas especialmente relevantes para desentrañar el sentido y la forma de la evolución hacia el corporativismo:

1. El crecimiento de las organizaciones. La presencia creciente de grandes organizaciones públicas y privadas ha significado la aparición de nuevos centros de poder sin cuya colaboración los gobiernos pueden ver obstaculizada la aplicación de sus políticas. Las organizaciones privadas tienen un papel decisivo en la regulación social, en la influencia de las decisiones colectivas y en la articulación y demanda de intereses sectoriales y particulares al margen de los partidos políticos. Cada organización al constituirse produce una nueva fuente de poder que compite con otros generando tendencias monopolísticas u oligopolísticas. Las corporaciones, como nuevos actores sociales, han adquirido protagonismo en todos los ámbitos y han generado un sistema de relaciones entre ellas y con el Estado característico en la evolución de las democracias desarrolladas. Esto genera problemas de regulación de estas relaciones para hacerlas compatibles con el sistema democrático, de manera que el poder privado no pueda imponerse a los intereses colectivos. En el caso de las organizaciones públicas el problema es su tendencia a convertirse en centros autónomos de poder que ofrecen resistencias a coordinarse e integrarse eficientemente con el conjunto de la actividad del Estado. Surge así la cuestión de la difícil gobernabilidad de las sociedades corporatizadas.

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El debate actual trata de descubrir el modo de crecimiento de algunas organizaciones, las pautas del sistema de relaciones interorganizativas y detectar los problemas que pueden generarse en los terrenos económico y social.

2. La multiplicidad de intereses. En las democracias desarrolladas ha aparecido una multiplicidad de identidades que ha alterado el alineamiento de las clases sociales en el sentido marxista. Las causas son varias: división y diversificación del trabajo, aparición de nuevas profesiones, aparición de minorías estratégicas (étnicas, religiosas, culturales, etc.) y la división cada vez más acusada entre quienes mandan y obedecen. La multiplicidad de identidades rompe la homogeneidad de las clases sociales y debilitan su fuerza y sentido unitario. En consecuencia, se altera el conflicto de clases pero se añade una multiplicación de las reivindicaciones y de los conflictos que complica la estructura de la sociedad y de sus relaciones con el Estado.

3. La representación de intereses. En la democracia pluralista los intereses ciudadanos se suponían representados por los partidos políticos y por un conjunto ilimitado de pequeños grupos que competían entre sí ante el Estado. El análisis corporatista parte de la constatación de la tendencia a la reducción del pluralismo, tanto por la concentración de los grupos en otros más amplios (funcionalmente especializados y con pretensiones de monopolizar su ámbito de representación) como por la necesidad del sistema político de reducir sus interlocutores para ordenar y planificar la asignación de recursos escasos.

4. La gobernabilidad. La presencia de múltiples grupos de interés, con demandas muchas veces encontradas, y la política económica keynesiana de reforzamiento del sector público han llevado al sistema a crisis de gobernabilidad. Las tendencias corporatistas se identifican con los mecanismos de colaboración entre los agentes sociales y el Estado para corresponsabilizarse de la toma de decisiones y su aplicación en un marco de crisis económica. Esto es, en el desarrollo de un modelo de colaboración frente a otro de confrontación. La gobernabilidad se refiere también a la unificación de las múltiples demandas de las bases mediante su reducción y simplificación.

5. Los imperativos del capitalismo en su fase crítica. El marxismo relaciona la emergencia del corporatismo con la exigencia del capitalismo de limitar las demandas salariales de la clase trabajadora creando procedimientos de cooptación que permitan controlar esas demandas.

6. La influencia de la socialdemocracia y el sindicalismo reformista. La socialdemocracia ha abandonado la lucha de clases y la confrontación como base de su política igual que los sindicatos. En ambos casos se ha pasado a una política pragmática y conciliadora con el interés nacional. Se puede obtener así una definición común, integrada, de los problemas y se transaccionan o se imponen obligaciones y beneficios para las partes en aras de los intereses colectivos y del mejor desarrollo de la economía. Para la mayor parte de quienes han intervenido en el debate es ésta la tendencia corporatista por excelencia.

7. La defensa de los intereses nacionales. El nacionalismo. La necesidad de avanzar posiciones en el mercado internacional a través de mejorar la productividad y la competitividad han exigido ajustes y sacrificios, sobre todo a los trabajadores, que para hacerlos viables en términos de una economía capitalista exigían el modelo de colaboración interclasista.

8. La función del Estado. El peso del Estado en la creación de un modelo de cooperación está fuera de toda duda. En unos casos se ve como impulsor de las tendencias corporativistas y en otros como colaborador privilegiado en la consolidación de las tendencias ya aparecidas en la sociedad civil.Es incuestionable su intervención creciente en la regulación y dirección de la economía y su influencia casi decisiva en la asignación de recursos para gastos sociales, para atender las demandas de diversos grupos de interés y para mantener o incrementar el aparato militar. El papel impulsor del Estado en las tendencias corporatistas se atribuye en unos casos a exigencias estructurales del sistema (necesidad de ordenar las demandas sociales) y en otros a razones organizativas (necesidad de “interlocutores válidos”).

9. La concertación social. Puede considerarse la culminación del modelo de colaboración, se dan cita las organizaciones, relativamente monopolísticas, de representación de intereses y el Estado actúa como director o mediador.*

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4. Una nota sobre el uso del término “corporativismo”Existen sustanciales diferencias entre el viejo y el nuevo corporativismo. Diferencias que

estriban en su sociogénesis, en los principios latentes y en la extensión del fenómeno en ambos casos. El nuevo tiene una cierta espontaneidad en su origen que no responde totalmente a un diseño realizado desde el poder, coexiste con una concepción pluralista y conflictivista de la sociedad que no puede reducirse a una totalidad armónicamente integrada. Sólo abarca una parte de las relaciones sociales, políticas y económicas y enlaza con un sistema de representación parlamentaria que guarda una estrecha congruencia con los principios políticos del pluralismo liberal. Las diferencias son tan importantes para que se usen otros términos como neocorporativismo o corporatismo (neologismo creado en los 70 que trata de evitar las connotaciones político-ideológicas del término “corporativismo”, muchas veces alejadas de la democracia liberal).*5. Las definiciones

La atención preferente a la hora de definir el corporatismo actual en los regímenes liberales democráticos se ha centrado en la forma que adquiere el sistema de representación de los intereses de la sociedad y en la forma en que esos intereses colectivos se articulan con el Estado y son integrados dentro de él para participar y corresponsabilizarse en el diseño de la política económica. Esta delimitación aísla una parte del fenómeno más amplio, reduciendo prácticamente el debate al problema de la concertación económica y practicada en los países desarrollados después de la II Guerra Mundial, y sobretodo desde que comenzó la recesión económica desde 1973, obviando otros fenómenos.

En la ciencia política, especialmente anglosajona, las democracias desarrolladas se han venido analizando hasta ahora de acuerdo con el “modelo pluralista”, que sustituía, una vez reconocido el relativo “fin del liberalismo, al modelo más próximo a la utopía liberal. A su vez, el modelo corporatista reconoce, de alguna forma, el fin del pluralismo, al que sustituye. El modelo pluralista concibe a la sociedad organizada en grupos voluntarios y autónomos de representación de intereses, de naturaleza jurídica privada, que compiten ente sí para la consecución de sus intereses respectivos. El sistema político es el resultado de la interacción de estos grupos en la que el gobierno actúa de árbitro sobre la competencia de esos intereses organizados.

Schmitter (1974) elaboró la definición de corporatismo históricamente más influyente entendiéndolo como modelo típico ideal del sistema de representación de intereses: “El corporatismo puede definirse como un sistema de representación de intereses en el que las unidades que lo constituyen están organizadas en un número limitado de categorías singulares, obligatorias, no competitivas, ordenadas jerárquicamente y funcionalmente diferenciadas, reconocidas o autorizadas por el Estado y a las que se les garantiza un determinado monopolio representativo dentro de sus respectivas categorías, a cambio de practicar ciertos controles en la selección de sus dirigentes y en la articulación de peticiones y ayudas”.

A primera vista, el corporatismo supone una “ordenación” del pluralismo, con el Estado reconociendo cierto status y monopolio representativo a cambio de determinados controles. La crítica más generalizada a la definición de Schmitter es que sólo considera una parte del proceso: los intereses. Obviando los mecanismos y el peso y función del Estado en ese proceso. Esta definición se refiere a un modelo típico-ideal. La cuestión es que en las democracias liberales ese modelo difícilmente podrá presentarse realmente, salvo que cambiase la naturaleza política de esos regímenes. Además la definición pierde parte de su valor al aplicarse donde la democracia liberal está plenamente consolidada. Las tendencias a la especialización en patronales y (división del trabajo) no agota el ámbito de los intereses organizados (ejército, iglesias, grupos de presión, clubes, asociaciones, empresas). Y todo ello sin entrar en la cuestión crucial de la presencia masiva de grandes compañías privadas o estatales (corporaciones como empresas) en el seno de las sociedades modernas.

Todos esos intereses organizados interactúan entre sí y con el Estado en una trama compleja de relaciones. Dentro de esa red existe una jerarquización pero es difícil aventurar su forma y estabilidad. El Estado puede intervenir directamente en corporaciones de derecho público, pero en el caso de organizaciones de derecho privado debe simplemente reconocerlas

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como expresión de un derecho constitucional respetando su funcionamiento interno democrático.

Si aplicásemos la definición de Schmitter en las democracias liberales supondría una total modificación de la naturaleza de esos regímenes (pluralismo político e ideológico, libertad de asociación, división de poderes). En realidad, se observa un afianzamiento de la democracia liberal como modelo a perfeccionar y exportar aunque se generen en su interior tendencias corporatistas que llevan a la confusión al sistema.

El papel del Estado en el corporatismo actual o la compatibilidad del corporatismo con el sistema democrático liberal son las cuestiones que más preocupan en el debate teórico. Sobre el primer punto no existe consenso y sobre el segundo, Schmitter afirma que la consolidación del corporatismo dependerá de su capacidad para legitimarse en el contexto democrático.

Pese a todos los matices, la definición de Schmitter puso sobre la mesa una noción de corporatismo que impulso el debate teórico y empírico sobre su génesis y sobre el nivel a que estas tendencias se encuentran presentes en las sociedades capitalistas avanzadas. Es más, los fenómenos a que hace referencia (especialización funcional, tendencias monopolísticas en el ámbito representativo y cierta intervención del Estado en la legitimación de los grupos) son los indicadores más utilizados para desentrañar el nivel de corporatización existente.

Otras definiciones de corporatismo se centran más en los aspectos de la concertación que en los de la representación de intereses. Se trata de definiciones que se derivan de la evolución de las sociedades desarrolladas, en especial de su situación económica y política, que se formulan en términos mono rígidos que la anterior, y pueden aplicarse a una mayor variedad de casos. Lo que subyace a estas definiciones es la pregunta sobre las condiciones que han hecho posible la integración de los distintos grupos de intereses en la toma de decisiones, cediendo o sacrificando algunas de sus demandas. En todas ellas se mantiene la pervivencia del sistema democrático, considerando al corporatismo como un mecanismo de adaptación y de solución de problemas. También aceptan comúnmente algunos de los elementos de la definición de Schmitter en lo que se refiere a las tendencias monopolísticas en el proceso de articulación de intereses y a la intervención del Estado, como condición necesaria para la aparición del corpotatismo.

Lehmbruch (1979) define el corporatismo liberal a partir de la segmentación de la sociedad en cuestiones culturales, políticas, económicas, etc., que se manifiesta en grupos de interés organizados que resuelven sus conflictos entre ellos mediante la negociación entre sus élites dirigentes respectivas. El corporatismo liberal sería una generalización de este modelo a las relaciones entre el gobierno y los grupos de interés organizado, en la hipótesis que esto puede contribuir “a la estabilidad y gobernabilidad de las sociedades altamente desarrolladas, promoviendo una nueva forma de integración social”. Esta definición enfatiza la autonomía de los gupos, se basa en la premisa de que son altamente interdependientes y establece como condición decisiva para su viabilidad la creencia de que los intereses en liza no son, en última instancia incompatibles, en contra de la concepción marxista de la lucha de clases irreconciliables. En este sentido, el corporatismo constituiría un modelo institucional para la elaboración de políticas en el que las grandes organizaciones de intereses cooperan entre sí.

En la noción de Lehmbruch conectan los análisis que han insistido en la necesidad de reducir la pluralidad de intereses y desarrollar un modelo más organizado de colaboración entre los actores sociales, regulando el conflicto de clases en la distribución de las rentas y en la estructura de las relaciones industriales. Esta definición se acerca mejor a la realidad del corporatismo actual, que se manifiesta más como una tendencia que como un modelo definitiva y rígidamente consolidado. Una debilidad del corporatismo liberal estriba en que por su nivel de generalidad puede ser tan difícil de operativizar como la inicial de Schmitter lo era de aplicar por su mayor rigidez. Pero es más reprochable el que no entre a analizar la conexión entre este sistema de colaboración y los distintos poderes de negociación de quienes participan en él.

Desde el análisis marxista, Panitch (1979-81) concibe el corporatismo como una estructura política dentro del capitalismo avanzado que integra a los grupos organizados que intervienen en la producción de un sistema de representación y de interacción mutua en el ámbito de los dirigentes y en un sistema de movilización y control en el nivel de las masas. Rechaza que el corporatismo pueda beneficiar a la clase obrera aunque lo considera

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compatible con la democracia. La crítica a este análisis marxista debe centrarse en que la participación de los trabajadores en la concertación social debe responder a que recibirán alguna ventaja de ella.

Finalmente, un tercer tipo de definiciones concibe al corporatismo como una forma de Estado. Winkler (1976) determinó el corporatismo como un sistema económico en que el Estado dirige y controla la economía de acuerdo con cuatro principios: unidad, orden, nacionalismo y éxito. El análisis de Winkler exagera la autonomía del Estado liberal para imponer la política económica pero puso el acento del debate en las cuestiones sobre las que los diversos autores han incidido posteriormente: el papel del Estado en la regulación de la economía y la filosofía de colaboración social en beneficio de los intereses nacionales o colectivos practicada en la concertación.

Desde la prespectiva marxista, Jessop (1979) define el coporatismo como la forma de Estado apropiada en este momento histórico para la reproducción del capitalismo. Señala que el corporatismo surge como un híbrido entre el viejo Estado corporativo y la democracia parlamentaria, debido a la crisis política que atraviesa ésta. Esta crisis se concreta en la separación creciente entre el parlamento y la administración pública, que es la responsable,en definitiva, de la ejecución de las políticas de un Estado cada vez más intervencionista. Jessop, en un análisis sumamente complejo, incide en las limitaciones del sistema parlamentario para representar adecuadamente la multiplicidad de intereses en liza. Por ello surge un nuevo sistema de representación de intereses que entra en contacto con los centros de toma de decisión política, sin que medie la representación parlamentaria ni la burocracia administrativa.

*6. Las modalidades del corporatismoAl corporatismo que se supone nace de procesos espontáneos y autónomos dentro de la

sociedad (sin diseño “desde arriba”) aunque el Estado haya creado las condiciones jurídicas y políticas para facilitarlo se le llama corporatismo liberal, societal o pluralista. Por contraste, el corporatismo estatal, autoritario o monopolista es incompatible con el sistema democrático y se identifica con el viejo corporativismo.

A cada tipo se le considera, en ocasiones, como un modelo histórico propio de fases diferentes en la evolución del capitalismo, aunque para la tendencia radical dentro del debate haya cumplido funciones semejantes en ambos casos, por lo que algunos consideran que sustancialmente se trata de la misma clase de fenómeno.

Las modalidades de coporatismo, además de considerarse vinculadas con diferentes etapas del capitalismo, cada modalidad se asocia más o menos directamente a una determinada forma de orden social. En el caso de las versiones liberal y radical, el corporatismo actual se considera como una adaptación del sistema liberal democrático a la complejidad organizativa del Estado y la sociedad civil, que no altera sustancialmente los principios básicos de ese orden político. Schmitter ha conectado el corporatismo actual con un orden social “asociativo” que difiere de otros órdenes que denomina “comunidad”, “mercado” y “estatal”. Los principios básicos del orden asociativo no se derivan de la comunidad tradicional ni del mercado ni de un sistema diseñado por el estado sino de la presencia de organizaciones como nuevos factores sociales y del intercambio entre ellas.

La sociedad corporativa es toda aquella en la que los modos de estructuración fundamentales, los de conflicto y los de orden clasista, de poder y de prestigio, rigen y se ejercen a través de corporaciones (“nuevo orden social”).*7. Causas y condiciones del desarrollo corporatista

Según el ámbito más general de aceptación, el corporatismo es el resultado de ciertos imperativos o necesidades del capitalismo para reproducir sus condiciones de existencia y hacer más manejable y controlable el desarrollo de la economía en su favor. La noción constituye un supuesto general, cuyas interpretaciones divergen inmediatamente en las versiones liberal y radical.

Para la versión liberal la evolución del capitalismo y el desarrollo del corporatismo son simultáneos y tienen su origen en la racionalización de la burocracia y la sociedad organizada que históricamente parece acompañar a la evolución de la democracia. La fusión de ambos procesos en la concertación es una suerte de feliz coincidencia que se produce por razones

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pragmáticas, por la eficacia de ese procedimiento para regular el conflicto de clases en beneficio del interés general y, por consiguiente, en beneficio de todas las partes.

Esta coincidencia también se interpreta, en otros términos, como el avance de la racionalidad de la burocracia y de la sociedad organizada que históricamente parece acompañar a la evolución de la democracia. O como el resultado indirecto de una estrategia de intercambio desarrollada por las organizaciones entre sí y con el Estado, con objeto de obtener determinados beneficios a cambio de concesiones. Esta práctica habría conducido, por su repetición y afianzamiento, al modelo de concertación.

El corporatismo debe su desarrollo a la tendencia social de un amplio alcance a la integración de los individuos en formas de acción social colectiva a causa de la ampliación del derecho de asociación y de las ventajas del asociacionismo (influencia social, bienes colectivos, defensa de intereses comunes, satisfacción de necesidades psicológicas de los individuos). En el caso del desarrollo del capitalismo ha influido la política económica keynesiana de mayor participación estatal en la economía, aumentando la necesidad de concertación social. En este desarrollo ha tenido una influencia decisiva la socialdemocracia al haber abandonado el enfrentamiento y la lucha de clases como motor del cambio y haberse comprometido en una política de pleno empleo y creación y mantenimiento del “Estado del bienestar”.

Para la versión marxista, la relación causal entre corporatismo y evolución del capitalismo es más nítida. No se trata de una evolución espontánea sino de un “diseño político” producto de decisiones políticas. Por un lado, se considera que el sistema de representación de intereses, sus tendencias monopolísticas y su legitimación por el Estado tiende a ser, según ha señalado Offe (1981) que la tendencia del capitalismo ha sido la de integrar a los grupos en la toma de decisiones en condiciones jurídicas y organizativas que garanticen que sus miembros no puedan obstaculizar la aplicación de esas decisiones (creación de consenso). De lo anterior, se deducen una serie de condiciones técnicas para la consolidación del corporatismo: centralización organizativa (eliminar competidores, unificar y depurar las demandas), disciplina interna, procedimientos de estabilidad en las organizaciones, adquisición de status público, capacidad representativa: consecución de status público a través del reconocimiento estatal y del monopolio representativo.

La política extraparlamentaria existe pero no existen razones de peso para considerar que deba acapararlo todo en las democracias liberales actuales ni que sus parlamentos, partidos y gobiernos no puedan recuperar los espacios que la representación popular les otorga.

Funcionalidad del corporativismo: los acuerdos extraparlamentarios vía concertación eran imprescindibles. Para el autor, ejecutivo y parlamento pueden ser igualmente eficaces en la toma de decisiones.*8. Corporatismo, Estado y sistema democrático

Todas las versiones del corporatismo consideran fundamental su relación con el Estado en el sistema democrático liberal. La versión marxista critica a la liberal porque en sus definiciones está ausente el Estado o se le atribuye implícitamente cierta autonomía y neutralidad respecto a los intereses de clase. Por su parte, la liberal acusa a la marxista de manejar un concepto instrumental del Estado y atribuirle unas funciones al servicio del sistema económico capitalista que no pueden justificarse empíricamente. Pero ambos modelos coinciden en considerar al Estado en una posición intermedia teniendo capacidad para atender demandas sociales que benefician a los intereses capitalistas y a otros intereses sectoriales y colectivos.

El corporatismo, según Schmitter, (en una posición intermedia) es el resultado del intercambio político entre organizaciones privadas y estatales, que no responde a un acto deliberado del Estado para controlar los intereses de grupos y clases sociales. El Estado padece una interdependencia en primer lugar con otros Estados (competencia internacional) y, en el interior, por el ejercicio de su legítima autoridad para someter los intereses sectoriales a las instituciones.

Según la “ley de expansión corporativa”, la concentración de poder en algunos Estados u organizaciones internacionales obliga a quienes quieran competir con ellos a aumentar su

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grado de corporatización para aumentar la eficacia, la centralización y el consenso. Lo mismo puede decirse de las organizaciones dentro del contexto nacional. Esta “ley” expresa el principio “corporatizarse o morir” que obligan a poner en práctica ciertas condiciones de la modernidad en algunos países. La relativa autonomía del Estado tiene muy pocos grados de libertad para alterar los supuestos básicos en que se basa el sistema económico capitalista, aunque sí pueda utilizarlos para aliviar el sistema de desigualdades que genera.

Para la versión marxista, la posición intermedia reconociendo la relativa autonomía del Estado es más que una aceptación inevitable de la realidad que el resultado de un análisis teórico consistente sobre el Estado en el capitalismo contemporáneo. Panitch parte del supuesto de que el ámbito estatal ni está completamente separado de la sociedad civil ni abarca a todas las instituciones involucradas en la reproducción del capitalismo. Las estructuras corporatistas de concertación pueden considerarse una instancia a la que el Estado trata de expandir su ámbito de actuación involucrando a la clase trabajadora. El corporatismo es inestable debido a que a medio y largo plazo la clase trabajadora se resistirá a legitimar y aceptar políticas económicas que no le beneficien y el Estado deberá utilizar otras alternativas para hacerlas valer. Se niega que el corporatismo tenga ventajas para la clase trabajadora.

Terciando en el debate, el liberal Colin Grouch ha entrado en la discusión sobre el papel del Estado en las democracias liberales intentando demostrar que aquél puede atender demandas que no conduzcan necesariamente a la reproducción del capitalismo, aunque a éstas no pueda obviarlas. Su crítica a la posición marxista parte de que la rigidez en al concepción del capitalismo y de los intereses de clase le impiden reconocer la posibilidad de que el Estado no sea un mero instrumento del sistema económico, y que tenga dificultades para resolver la cuestión de por qué el Estado responde sólo a las necesidades del capitalismo.

Dentro de la tradición del constitucionalismo se mantienen posiciones similares; Manuel García Pelayo (1977) señala que el Estado contemporáneo ha evolucionado asumiendo una responsabilidad creciente para neutralizar los efectos disfuncionales de un desarrollo económico y social incontrolado. Además, la sociedad civil se ha vuelto más organizada y compleja, por lo que el Estado asume funciones reguladoras y distribuidoras no sólo para intereses capitalistas.

En sus relaciones con el Estado el corporatismo puede, en el mejor de los casos, contribuir a que a través de la concertación los trabajadores obtengan beneficios que compensen las desventajas del mercado y, al mismo tiempo, el capitalismo asegure un desarrollo gobernable y pacífico de su actividad. Marxistas y liberales coinciden en que la representación parlamentaria es insuficiente para asumir la multiplicidad de las demandas sociales. Surge así el corporatismo como estructura diferenciada para canalizarlas, sustrayendo al Parlamento decisiones importantes pero siendo compatibles ambas estructuras.*9. La inestabilidad del corporatismo

La versión marxista es la que con más insistencia ha puesto de manifiesto la escasa estabilidad del corporatismo. A partir de un análisis de clase augura un rechazo de la clase trabajadora a las fórmulas de concertación. En la versión liberal se ha puesto más énfasis en la escasa institucionalidad y variabilidad de las prácticas corporatistas. Los procesos negociadores dependen de muchas variables como los temas, el poder de negociación, las estrategias, la definición común de los problemas o la voluntad de llegar a acuerdos. Todo esto unido a los problemas intraorganizativos de cada grupo llevan a pensar que los efectos finales de la corporatización son aún desconocidos.

La inestabilidad en el sistema de representación de intereses puede proceder de varios problemas: relaciones élites dirigentes y miembros de base, riesgo de rupturas e indisciplinas internas, aparición de nuevos grupos de interés, descentralización administrativa, protesta de marginados, etc...

El corporatismo está reestructurando la sociedad, estableciendo nuevas identidades según la posición que los sujetos ocupan en el sistema jerárquico, la diferencia de prestigio de las organizaciones a las que se pertenece o la propia situación de sujeto incorporado o perteneciente a los colectivos todavía no organizados. Estas desigualdades, superpuestas a otras, generarán conflictos.*

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10. ConclusiónPueden extraerse de todo lo mencionado algunas conclusiones sobre el estado actual del

debate sobre el corporatismo:A) El corporatismo es una tendencia en las sociedades democráticas desarrolladas que tiene

pocas pautas comunes, presentándose de forma variable según cada sociedad concreta.B) Es común a esta tendencia histórica una reestructuración del sistema de representación de

intereses a través de organizaciones especializadas según diversos criterios sectoriales con tendencias monopolíticas y reconocimiento más o menos privilegiado por la Administración.

C) El proceso obedece a una doble causa: la revolución organizativa y la creciente influencia del Estado.

D) La interdependencia entre las organizaciones parece un hecho inevitable ya que todas han perdido autonomía para actuar unilateralmente.

E) Las negociaciones se han institucionalizado (concertación social).F) La concertación y la reestructuración del sistema de representación de intereses se

relacionan con una serie de problemas como la necesidad del capitalismo de racionalizar la toma de decisiones, reducir la multiplicidad de intereses y contener las demandas salariales. Estos procesos se han visto reforzados por la influencia de gobiernos socialdemócratas, la aparición del sindicalismo reformista, la experiencia de la crisis económica de 1929 y la influencia de la política económica keynesiana.

G) Al Estado se le reconoce una función crucial en el proceso como inductor y sostenedor del mismo desde una posición de relativa autonomía que le permite reducir las desigualdades generadas por el capitalismo.

H) El corporatismo genera estructuras paralelas al Parlamento, incapaz de asumir todas las demandas sociales.

I) Existen dos versiones de estas tendencias: la liberal y la marxista, que difieren en la concepción y la naturaleza del corporatismo, en la interpretación de su origen, en el papel del Estado y en el beneficiario último del corporatismo

J) Las tendencias corporatistas no presentan un modelo estable ni irreversible. La concertación está amenazada por la negativa de los grupos a participar o por la acción del Estado.

El corporatismo tiene una doble visión, se entiende como producto de la reestructuración del sistema de la representación de intereses y de la revolución organizativa y como la emergencia del modelo de colaboración ejemplificado en los pactos sociales.

Con el desarrollo de la sociedad organizada, un número creciente de ciudadanos forma parte de una u otra estructura, alterando la toma de decisiones en casi todos los ámbitos. Por otra parte, la concertación social puede verse como un fenómeno más de la interdependencia organizativa.

Un aporte de la Sociología debería incidir en el estudio de las organizaciones en los siguientes niveles: intensidad del desarrollo organizativo (organizaciones, miembros, monopolio o no, densidad corporativa), características de las organizaciones (ingreso, representatividad, democracia interna, proceso de toma de decisiones, diferenciación estructural, régimen jurídico, ámbitos de influencia y reconocimiento) y relaciones interorganizativas (federaciones, redes de dependencia, acuerdos interorganizativos, conflictos, formas de negociación).

El desarrollo organizativo se ha visto estimulado por las dificultades que la democracia liberal encuentra en la actualidad para canalizar adecuadamente un conjunto cada vez más complejo y disperso de intereses a través de los sindicatos, los partidos políticos y los parlamentos. Las instituciones tradicionales tratan de influir sobre las nuevas para obtener el voto y lograr apoyos políticos.

Para analizar la relación entre las tendencias corporatistas y el funcionamiento de las instituciones democráticas deberían considerarse las vinculaciones institucionales y personales entre miembros de la administración, partidos, sindicatos y otras asociaciones y organizaciones y las características de los procesos de negociación (iniciativa, marcos de referencia de los acuerdos, obligación, autonomía en la negociación).

El papel del Estado cuando realiza consultas con organizaciones privadas también debería ser estudiado con más profundidad así como los efectos sociales de la corporatización

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(ruptura del conflicto de clases). El corporatismo ha hecho más compleja la diferenciación interna de las organizaciones (élites más amplias, diferenciación del trabajo, etc...)

(COTTA, en Pasquino (comp.) Manual de ciencia política, págs. 275-310)*Alternativas a la representación parlamentaria: el modelo neocorporativo

El modelo de la representación parlamentaria está sometido a competición con otros modelos (representación funcional o neocorporativa). Es la realidad de la economía industrializada y después terciarizada con sus grandes grupos de interés organizados.

El modelo típico ideal de la representación moderna (individuos “libres” y diseminados territorialmente) debe enfrentarse a una realidad en la que pesa cada vez más otra dimensión, la de grandes organizaciones para la tutela de los intereses originados en la esfera “privada”. Existen, por tanto, dos circuitos representativos: los electores-representantes y las presiones de grupos organizados según líneas funcionales. Nos encontramos ante dos problemas, 1. ¿qué formas asume el segundo circuito? y 2. ¿qué relaciones establece con el primero?1. Existen dos modelos de organización y de representación de los intereses: El modelo

pluralista es un sistema de representación de los intereses con múltiples categorías en competencia, no apoyadas por el Estado ni ejerciendo un monopolio de la actividad de la representación en el seno de las respectivas categorías. El modelo corporativo es un sistema de representación de los intereses con una categoría única, con jerarquía, reconocidos por el Estado que les da el monopolio de la representación en el seno de las respectivas categorías. Ambos modelos hacen referencia a los problemas y procesos de la mediación de los intereses (articulación, agregación y control).

2. Los grupos organizados crean un circuito de influencia y comunicación que actúa “desde abajo”, además es un circuito de “producción”. Este circuito puede ser de dos formas, en primer lugar, las organizaciones de intereses están fundamentalmente insertas en el circuito democrático electoral de la representación. Así, se configuran como mediadoras entre los individuos y la clase política. Articulan una serie de intereses de la población y movilizan segmentos del electorado en las elecciones. En segundo lugar, está emergiendo un verdadero circuito parcialmente alternativo al democrático-representativo. La corporativización de la mediación de los intereses se asociaría a la “concertación” en el plano de la elaboración política (policy-making). El elemento problemático de este segundo modelo viene dada por la permanencia, junto al nuevo circuito representativo, decisional y corporativo, del viejo circuito electoral, democrático con base territorial. Para valorar la naturaleza del régimen político será crucial valorar el peso respectivo de los dos circuitos.

3. La tercera posibilidad es aquella que ve surgir el circuito funcional, corporativo en sus dos vertientes de input y de output con un papel exclusivo, mientras que la representación electoral se margina.

Un verdadero régimen político corporativo supone la marginación de la representación electoral. En el siglo XX el corporativismo se ha aplicado en algunos casos autoritarios, aunque nunca fueron totales, ya que las estructuras de poder autoritarias (burocracia, ejército) superaron las estructuras corporativas. El corporativismo puro no ha existido por lo que son las formas híbridas las susceptibles de análisis. Las preguntas que se hacen los analistas son si el corporativismo puede sustituir totalmente a la representación o si existen límites a la transformación corporativa que vivimos.

El grado de corporativización es muy desigual en el mundo occidental democrático. Existen dos interpretaciones que responden a esto:- Existe un único recorrido “obligado” que se mueve en dirección a la corporativización, y

dependiendo de los problemas y de las circunstancias políticas se adelanta o retrasa.- Hay varios recorridos independientes que producen niveles distintos de corporativización y

que no están destinados necesariamente a homogeneizarse.La transformación corporativa está bien lejos de cubrir todos los intereses activos en la

escena política y todas las áreas de políticas concretas que debe afrontar el proceso de toma de decisiones.

Pero existe otro factor de limitación: se trata del tema del “estatus público” las organizaciones de interés implicadas en la negociación colectiva. Este estatus presupone una

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autoridad política capaz de atribuirlo. La literatura neocorporativa hace referencia a este respecto al Estado, como ordenamiento burocrático dotado de los instrumentos de intervención y control en la esfera económica al que se aferran los intereses, o bien, es el Estado en un sentido más estrictamente político, es decir, son el conjunto de las autoridades legítimas. En el primer caso se permanecería más en el plano de una legitimación funcional del corporativismo, en el segundo caso, por el contrario, se establecería una relación de dependencia con el circuito de la representación democrática electoral.

La asociación corporaciones – partidos políticos es bidireccional, las corporaciones se benefician de los partidos políticos y los partidos de los votantes que proporcionan las corporaciones. Sin embargo, el proceso de corporativización es reversible ya que, en épocas de crisis, los partidos reconducen la situación. En ningún caso puede hablarse de una sustitución integral de los circuitos representativos y de toma de decisiones democrático-territoriales-electorales por circuitos funcional-corporativos.

Están en juego cuestiones como el consenso, la legitimación de la autoridad política, pero también el control sobre quienes detentan el poder, la libertad de disentir, la relación entre intereses particulares y generales y la eficacia y efectividad de las políticas públicas.

El corporativismo, ¿es un factor de estabilización de la democracia (ya que cubre ciertos déficit) o, por el contrario, es un factor desestabilizante al introducir contradicciones en el sistema? Los optimistas creen que el corporativismo permite tomar decisiones más eficaces y obtener una mayor productividad, los pesimistas dicen que el corporativismo rompe los principios de igualdad y participación y se deja al Parlamento en un plano secundario.

Incluso en las democracias parlamentarias representativas, el circuito electoral-parlamentario no es el único en funcionamiento. A lo largo del siglo XX se han afianzado diversos circuitos funcionales, de los cuales el corporativo es el más importante. Existe una discusión teórica sobre si se debe mantener el fenómeno o si es una evolución de los regímenes democráticos. En todo caso, el corporativismo debe mantenerse por debajo y subordinado a los resultados del circuito elecciones-partidos-Parlamento.*Las estructuras parlamentarias de la representación

El circuito de la representación constituye el eje institucional central de los regímenes democráticos. Las elecciones (constitución de las instituciones representativas) son un acontecimiento de primer orden en la vida política, el vértice de la clase política es gente con gran experiencia parlamentaria y la gran mayoría de las decisiones políticas de mayor relieve deben ser sancionadas por el Parlamento.

La estructura asamblearia de los Parlamentos es una condición necesaria para asegurar el carácter pluralista de la representación. El Parlamento tiene un rol bifronte, es un instrumento de expresión de la sociedad y tiene el poder de tomar decisiones.

La estructura de los parlamentos refleja el Estado de los procesos representativos y los problemas de los procesos de toma de decisiones. Se compone de los esquemas organizativos definidos por normas jurídicas (Constituciones, legislación, reglamentos, normas consuetudinarias) y de la naturaleza y características de los sujetos que la componen.

El modelo unicameral corresponde al predominio de un criterio único de organización de la relación representativa, mientras que el sistema bicameral resuelve “problemas de representación” en función de clase o territorio. Suele existir una falta de determinación en el equilibrio entre las dos cámaras. O los poderes son paritarios o existe un desequilibrio que conduce al debilitamiento de la cámara correspondiente.

El “modus operandi” y el rol político de los Parlamentos ha estado fuertemente condicionado por los agentes mediadores de la representación, que son las características individuales de los parlamentarios y las características de los partidos políticos.

Los Parlamentos contemporáneos son de partidos, excepto en el caso “desviado” de EEUU. Existe en los Parlamentos una clara línea de división partidista. Esto a veces ha hecho hablar del “declinar de los Parlamentos”:- Es posible la disidencia individual dentro de los partidos políticos.- Una variable a considerar es la capacidad de iniciativa legislativa de los parlamentos y su

porcentaje de éxito.

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- En la relación parlamentarios-partido político pueden darse dos casos, que los parlamentarios dirijan al partido (base de la autoridad) o que el partido dirija a los parlamentarios (brazo ejecutivo). Ambas situaciones son compatibles con una concepción partitocrática del Parlamento pero son distintas desde el punto de vista del significado del Parlamento.

Es relevante la relación entre el sistema electoral y los sistemas de partidos, ya que puede suponer una mayor o menor fragmentación de la asamblea parlamentaria. Asimismo, los Parlamentos han desarrollado articulaciones estructurales para la toma de decisiones: Mayoría-oposición (derecho a discrepar); necesidad de un mayor consenso o simple

mayoría. Se legitima al gobierno, ya que necesita disponer de la mayoría parlamentaria. Es importante el grado de cohesión del partido en el gobierno y de las hipotéticas coaliciones que lo sostengan.

Las Comisiones se basan en las exigencias operativas de las instituciones parlamentarias. Las dimensiones numéricas amplias de las Asambleas, el volumen y la tecnificación del trabajo han producido la organización en comisiones. Los Parlamentos difieren en la importancia que otorgan a las comisiones. Éstas se organizan en determinadas temáticas y pueden ser permanentes o no. Un sistema de comisiones fuerte parece estar en contradicción con el modelo del control gubernativo sobre el Parlamento. Las comisiones no tienen tanta publicidad y tienen un sistema de funcionamiento menos formal, incluso puede no haber presencia del gobierno.

Los tipos estructurales (extremos) de las asambleas parlamentarias son:- Policéntrico y centrífugo; bicameralismo real, pluripartidismo, dualismo gobierno/mayoría y

sistema fuerte de comisiones.- Adversativo y centrípeto; monocameralismo, bipartidismo, identificación gobierno/mayoría

parlamentaria y sistema de comisiones débil.La articulación entre gobierno y oposición es la línea básica de estructuración y de

funcionamiento de la institución parlamentaria. La mayor parte de los Parlamentos están en los tipos intermedios.*Las funciones de las instituciones representativas

Las clasificaciones de las funciones de los parlamentos son múltiples. Útil y clásica es la de Bagehot (1867):

1. Función electiva designación del ejecutivo.2. Función expresiva transmisión de las opiniones populares3. Función educativa elevación de las opiniones populares4. Función informativa comunicación de los intereses minoritarios5. Función legislativa6. Función financieraLa 1 es una función de control del gobierno, las 2-3-4 son funciones representativas y las

5-6 son funciones de elaboración política.Los Parlamentos pueden ser analizados desde el punto de vista de la representación o

de la decisión. Desde el punto de vista de la representación, el parlamento representa al pueblo o a la nación. No son los únicos poseedores de la representación, pero los parlamentos han de hacer caso al panorama pluralista de la nación. El Parlamento (y las elecciones) permite que la ciudadanía “controle” a la clase política. El parlamento permite una disposición pluralista de la representación. Esto constituye un contexto propicio para que haya una pluralidad de intereses y opiniones. El Parlamento es el resultado de una competición, el conflicto se da en una sede permanente e institucionalizada en una sofisticada ritualización del propio conflicto. Incentivos a la colaboración de los parlamentarios.

Desde el punto de vista de la decisión, los Parlamentos son órganos “pesados” para la toma de decisiones a causa de su tamaño, de su carácter no jerárquico y por el carácter público y dialogante de sus procedimientos. Los procedimientos legislativos tienden a la colaboración. El Parlamento controla al Ejecutivo (por lo que ambos quedan legitimados democráticamente), aunque interpretar a ambos como realidades distintas no es ajustarse a la verdad. Existe un vínculo muy estrecho entre el gobierno y la mayoría del Parlamento. En un sentido técnico la función de control del Parlamento sobre el Gobierno corresponde a las

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“minorías” parlamentarias y se lleva a cabo mediante publicidad y la obstaculización de la acción de gobierno. La función legislativa de los parlamentos tiene unos procedimientos muy marcados, dominando la iniciativa gubernamental, cuyo punto culminante es la introducción de enmiendas y las votaciones.

La teoría del “declive de los parlamentos” se ha demostrado falsa y no empírica. No se han tomado un número suficiente de casos reales. Tal teoría no se sabe a quién beneficia, aunque es evidente que es una tesis más normativa que empírica. Los partidos políticos y el Ejecutivo intervienen más en el Parlamento, pero eso no significa su desnaturalización, sí su transformación.

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