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TRABAJO FINAL DE MÁSTER
Máster Interuniversitario en Historia Contemporánea. Curso 2015-16.
APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LAS INFLUENCIAS
ENTRE LAS GRANDES FAMILIAS DE NEGOCIOS
TRASNACIONALES (ROTHSCHILD) Y LAS ÉLITES
POLÍTICAS ESPAÑOLAS (1860-1899)
TUTORES: D. Pedro Ruiz Torres y Dª. María Cruz Romeo
AUTOR: Moisés Torres García
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ÍNDICE
1. Introducción……………………….……...……………………………….…....pp. 3-6 2. Estado de la cuestión……………………………………………………..........pp. 7-24 3. Metodología y fuentes………………………………………………………...pp.25-33 4. Primeros resultados de la investigación………………………………….…....pp.34-60
4.1 Clientelas Rothschild en España……………………….……………….… pp.34-43
4.2 Prácticas políticas clientelares, ¿legales o ilegales?………………...……..…pp.43-60
5. Conclusiones……………………………………….………….……...………pp.61-63
6. Bibliografía…………………………………..………………………………..pp.64-67 7. Anexos……………………….……………………………………….………pp.68 -72
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1 INTRODUCCIÓN
Nunca el tema de la corrupción ha estado tan presente en los medios de comunicación de
masas como ahora. La sociedad lo ve como el segundo mayor problema de España, según
los datos del CIS de 2016. A raíz de la crisis (que para otros autores es una estafa)
financiera-económica de 2008 (que como sabemos ha degenerado en una crisis social,
política y cultural en amplias zonas del globo), las sociedades de los Estados-nación
desarrollados o en vías de desarrollo se han vuelto más contestatarias y vigilantes respecto
a la opacidad política o, abiertamente, ante la corrupción; estas movilizaciones sociales
van desde los Estados Unidos, pasando por Italia, Brasil, Grecia, China, Francia, etc.,
hasta España. Este incremento del interés social por dar una contestación a estos
problemas se hace cada vez más visible, como, por ejemplo, con el escándalo de las
relaciones clientelares, conocidas coloquialmente como “puertas giratorias” entre altos
cargos de las instituciones europeas y Goldman Sachs, tras legislar descaradamente a
favor de los intereses de la banca de inversión y de valores, y no de los generales, como
es el caso de Mario Draghi o Durao Barroso (entre otros muchos)1.
Las relaciones entre el poder político y el poder económico configuran un tema de gran
importancia a la hora de analizar las sociedades capitalistas, debido a que su estudio nos
adentra en los oscuros vínculos entre la política, entendida desde las revoluciones
liberales como el ámbito donde reside la soberanía nacional, es decir, los intereses
generales de todos los ciudadanos del Estado-nación al que pertenezcan, y el mundo de
los negocios, cuyo máximo afán es maximizar beneficios. Pese a esto, Juan Pan-Montojo
advierte que hay que negar una relación determinista entre el poder económico y el poder
político en el funcionamiento del sistema capitalista, pero también hay que rechazar la
idea de la autonomía absoluta de la política respecto a los intereses económicos privados
de ciertas élites, de ahí la complejidad del tema2. Para entender la actual corrupción, es
vital hacer un enfoque histórico que permita comprender esta situación, porque como dice
1 Eldiario.es, 19, de julio de 2016, PÉREZ CEJUELA, Laura, http://www.eldiario.es/economia/Barroso-Goldman-Sachs-escandalo-giratorias_0_538596250.html 2 PAN-MONTOJO, Juan: “Poderes privados y recursos públicos. Redes sociales, grupos de interés y políticas económicas, 1844-1975”, Ayer, nº 66, (2007), pp. 11-26.
4
el equipo interdisciplinar francés dirigido por Yvonnick Denoël et Jean Garrigues, “la
corrupción es tan antigua como el propio mundo3”.
Mi peculiar granito de arena a la historia de la corrupción se centrará en la etapa que
abarca los años 1860 a los 1890, debido a que se trata del periodo en el que colapsó el
boom del capitalismo español y posteriormente se fue recuperando muy poco a poco, me
refiero a partir de la gran crisis de 1864. Esta etapa me llama tanto la atención debido a
que los grandes negocios de la época, como el ferrocarril, el crédito a la Hacienda o las
grandes concesiones mineras se hacían en torno al Estado. Sin el beneplácito del poder
político, los grandes grupos trasnacionales como la Casa Rothschild o la Péreire no
hubieran podido hacer tan fantásticos negocios, ni haber obtenido unos beneficios tan
sustanciosos. A pesar de que están muy estudiadas por la historiografía las corruptelas de
la monarquía y los políticos españoles como Salamanca, Mon, o Romanones (entre otros).
Mi perspectiva se basará en las relaciones entre los grandes grupos financieros
trasnacionales de la época, como eran la Casa Rothschild, los Péreire y el grupo Banco
Nacional de París (B.N.P.), con las élites políticas de la época de ambos partidos
hegemónicos, incluso con los políticos republicanos (como explicaré a lo largo de este
trabajo en torno a la figura de Emilio Castelar), así como con diversos gobernadores del
Banco de España e incluso algunos jueces. Como señalaré en el estado de la cuestión las
élites de los grandes partidos (no todas, pero un número muy considerable sí, como
Cánovas, Sagasta, Dato, Mon, Camacho, Canalejas y un largo etc.) se sentaron en los
consejos de administración de las grandes casas trasnacionales que se beneficiaron de su
legislación, como la documentada práctica de los sobornos que existieron durante el
periodo, aunque estas prácticas son tanto anteriores como posteriores al periodo que voy
a estudiar. Estos hechos atentan contra los principios básicos liberales de la defensa de
los intereses generales de los ciudadanos, como desarrollaré más adelante en el estado de
la cuestión. Estas prácticas político-económicas, pese a que eran (y en algunas partes son)
muy comunes en Europa, atentaban contra uno de los pilares básicos de la Ilustración y
el liberalismo.
He de decir que, para hacer justicia, no es este un caso más que avala la superada y rancia
tesis del fracaso español. Esto era y es un problema trasnacional. Como sostiene Borja de
3 DENOËL, d´Yvonnic, GARRIGUES, Jean, LECADRE, Renauld, PELLOLI, Mattiheu, FHILIPPE, Jean-Paul, PONS, Nöel, STEFANOVITCH, Yvan, VEME, Jean-Michel: Histoire Secrète de la
Corruption, Sous la V République, París, Nouveau Monde éditions, 2014, página 6.
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Riquer, “Cánovas, Sagasta etc., se sentaron en los consejos de administración de las
empresas ferroviarias que habían obtenido concesiones por sus gobiernos. Y no pasaba
nada; hacían lo mismo que sus colegas franceses, británicos, alemanes, etc.”4.
Las preguntas que estructuran el trabajo son: ¿en qué grado estas casas trasnacionales
influenciaron a los políticos y condicionaron las leyes?, ¿las élites trasnacionales
condicionan la senda de la historia? (como por ejemplo a la hora de financiar guerras, al
acaparar muchos recursos estatales, o al hacerse dueños de grandes monopolios), ¿cómo
percibía la sociedad y la clase política tales relaciones entre las finanzas y la política?,
¿por qué la historiografía no le ha prestado atención a un tema de tal envergadura?, ¿se
percibían los negocios y la política como una cosa idéntica?, ¿tiene la corrupción un
carácter endémico al sistema capitalista?
El objetivo de mi investigación es formular preguntas de gran interés histórico, como las
anteriores, e intentar responderlas tras un análisis crítico y contrastado de las fuentes
consultadas. Por ello, una de las partes fundamentales de este trabajo, consistirá en la
investigación de los vínculos que unían a los altos cargos políticos y a esas grandes casas
trasnacionales (sobre todo mediante la figura de Eugenio Baüer, el que fue corresponsal
de la Casa Rothschild en España durante más de 40 años, dado que he encontrado
abundante correspondencia privada en su archivo personal, que está disponible en el
Archivo Histórico Nacional de Madrid), ya fueran mediante intereses clientelares, de
amistad, o de pertenencia a fraternidades comunes. Además, quiero ampliar el foco sobre
la familia republicana (sobre todo en la figura de Emilio Castelar), ya que dentro de la
historiografía española permanece al margen de la práctica de las relaciones clientelares
y he encontrado documentación que lo permite.
Parece ser que las cosas están cambiando ante la envergadura del problema, debido a que
los científicos sociales están poniendo en marcha estudios que expliquen esas realidades
opacas que hasta hace muy poco tiempo o no se sabían o no eran interesantes para gran
parte de los científicos sociales y de la sociedad. Lo cierto es que la democracia no puede
permitir ni hacer la vista gorda ante la corrupción, dado que de ser así, ésta claudicaría en
favor de otro sistema mucho más perverso y oscuro para los intereses generales en un
corto y medio espacio de tiempo, como sería la instalación de una plutocracia en el poder,
4 La Vanguardia, 30 de junio de 2016, Riquer I Permanyer, Borja http://www.lavanguardia.com/opinion/20160630/402855081751/estudiar-y-denunciar-la-corrupcion.html
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debido a que se acomodarían los intereses de las oligarquías económicas en los
parlamentos, en lugar de como defienden los postulados ilustrados y liberales los intereses
generales de los ciudadanos de sus respectivas naciones.
“Todavía está por hacer una historia de la corrupción política en España” la tarea que
queda a los investigadores del pasado y del presente de la corrupción política hispánica
es ingente5.
5 La Vanguardia, 30 de junio de 2016, Riquer I Permanyer, Borja http://www.lavanguardia.com/opinion/20160630/402855081751/estudiar-y-denunciar-la-corrupcion.html
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2 ESTADO DE LA CUESTIÓN
Ante la escasez de bibliografía sobre la corrupción política española con respecto a las
redes financieras trasnacionales, he tenido que ampliar la búsqueda historiográfica para
investigar más a fondo el objeto de estudio de este trabajo. Esta ampliación, se ha
compuesto de bibliografía francesa, obras que hablan de la corrupción en Latinoamérica,
así como de nuevas obras en el panorama de la corrupción local, es decir, del caciquismo,
debido a que cuenta con una larga tradición dentro de la historiografía española. Sin duda,
estas nuevas obras han enriquecido considerablemente esta parte del texto.
A modo de inicio del estado de la cuestión, haré una breve mención de los antecedentes
del periodo, acentuando los hechos históricos más importantes que permitieron el
desarrollo de los grandes negocios trasnacionales (los cuales se articularon en torno al
Estado) con el beneplácito y la ayuda de un número considerable de importantes políticos.
Con la llegada al gobierno de los progresistas en 1854 se puso en marcha un nuevo marco
legal, debido a que abogaban por dar un impulso liberal a la economía española. Para
solucionar ese problema los progresistas se sirvieron de la Ley de Ferrocarriles de 1855,
en la que facilitaban dos subvenciones estatales a las compañías ferroviarias privadas que
llevaran a cabo las obras; una equivalía a una parte proporcional de la inversión y la otra
se asemejaba a un seguro de rendimientos a los accionistas de las compañías de
ferrocarriles. Además, los progresistas presentaron una nueva Ley Bancaria en 1856, que
rompió con el sistema financiero anterior que estaba más regulado y era más conservador.
Esta ley posibilitó la creación de sociedades de crédito, a las que se les permitió inundar
el mercado de dinero dada la libertad de emitir moneda y bonos. Las principales empresas
de ferrocarriles fueron creadas por algunas de estas nuevas instituciones financieras como
el Crédito Mobiliario Español o la Sociedad Española Mercantil e Industrial, integradas
por las grandes casas financieras europeas (respectivamente la Casa Rothschild y la Casa
Péreire). Desde 1855 hasta 1866 se produjo una afluencia masiva de capitales extranjeros
hacia la economía española; la mejor prueba es que en este periodo se construyeron casi
4000 km de vías férreas, un auténtico boom6.
6 TORTELLA, Gabriel, NÚÑEZ, Clara Eugenia: El desarrollo de la España contemporánea. Historia
económica de los siglos XIX y XX, Madrid, Alianza Editorial, tercera edición 2011, pp. 31-265.
8
La promulgación en 1855 de la Ley de Bases del Ferrocarril suscitó de inmediato el
interés en la banca Rothschild (la rama francesa) y en la banca Péreire por hacer negocios
con el ferrocarril. Estos grupos financieros propusieron al gobierno el modelo de banca
de inversión influyendo considerablemente en dicha ley, además de condicionar
magnamente en la Ley de Ferrocarriles del 55, ya que como ha demostrado Miguel Ángel
López, el ingeniero industrial que se encargó de redactar dicha ley, Cipriano Segundo
Montesinos, formó parte en los consejos de administración de la MZA, propiedad de los
Rothschild, además de obtener de éstos ciertas “gratificaciones” por el buen trabajo
acometido7. Esta ley instauró un sistema regulador muy permisivo con las sociedades de
crédito (las que crearon las compañías de ferrocarriles) al contrario que con los bancos.
Dicha ley no ponía ningún límite al número de Sociedades, ni tampoco a su política
inversora, ni de reservas, ni a respetar un encaje mínimo metálico; podían emitir
obligaciones a gran escala, funcionando como un auténtico banco de inversión, con lo
que los pagos por medios fiduciarios (dinero que no se respalda con oro o plata, basado
en la confianza) crecieron considerablemente en estos negocios8.
En 1866 la estructura bancaria colapsó debido al excesivo riesgo en el crédito, dados los
malos resultados de las empresas ferroviarias, en parte; por lo tanto, la gigantesca burbuja
especulativa estalló. Si a esto le sumamos un gigantesco déficit público y una casi
impagable deuda pública, nos podemos hacer una idea de la situación tan estremecedora
que vivió el Estado español. El público sabedor de los acontecimientos fue
inmediatamente a retirar sus fondos de los bancos y a reclamar la conversión de los
billetes en oro, provocando el mayor pánico bancario de la historia de España. De este
crack bursátil y consiguiente pánico bancario sobrevivieron los “peces” más grandes
como los Rothschild y los Péreire, los cuales absorbieron a la competencia, ya que su
estrategia en todos los negocios era tender hacia el monopolio, como lo demuestra un
dato anecdótico y muy curioso. A pesar de que fueron grandes competidores durante todo
el siglo XIX, en 1909, la nieta de Eugène, Noémie Halphen (Péreire), se casó con el
7 LÓPEZ-MORELL, Miguel Ángel, O´KEAN ALONSO, José María: “La red de negocios de la Casa Rothschild en España como una estructura de toma de decisiones y de gestión empresarial”, Revista de la
historia de la economía y de la empresa, (2008), pp. 41-64. 8 MALUQUER DE MONTES, Jordi.: La economía española en perspectiva histórica, Barcelona, Pasado y Presente, 2014, pp. 70-135.
9
banquero competidor Maurice de Rothschild, ampliando los círculos endogámicos que
caracterizan a estas familias, dado que ambos linajes eran judíos9.
La reconstrucción del sistema bancario llevó mucho tiempo, comenzó con la hegemonía
del Banco de España, que desde 1874 contó con el monopolio de la emisión de dinero,
con condiciones ventajosas ofrecidas por el Gobierno a los accionistas del Banco de
España, ante la desesperación hacendística provocada por la Guerra Carlista y las
revueltas cubanas. Dentro del Banco de España se integraron las grandes casas de
financieros “franceses” y otros financieros nacionales, que eran los verdaderos
financiadores de la deuda pública del Estado10.
En la segunda parte del siglo XIX España fue el primer productor mundial de plomo y
mercurio (Almadén, la gran joya del Estado, en manos de los Rothschild), el segundo de
cobre y el cuarto en hierro (el de mayor calidad del mundo), zinc y estaño. Tras la
“Gloriosa”, el Gobierno provisional aprobó la Ley minera de 1868, que supuso la
liberalización y privatización del subsuelo español. Esta legislación también fue
aprovechada por las grandes casas europeas de negocios como las enumeradas y otras
nuevas, las cuales, como es natural, también mantuvieron muy buenas relaciones con
ministros e importantes políticos españoles insertándolos en los consejos de
administración de las empresas mineras, como demostraré a lo largo del texto11.
Con este pequeño resumen quiero poner de relieve que en el Estado español durante el
último tercio del siglo XIX se realizaron grandísimos negocios, para los cuales era
imprescindible la convivencia con el poder político, debido a que los grandes negocios se
hacían en torno al Estado, ya fuera por la construcción del ferrocarril, el crédito a la
Hacienda pública o las concesiones mineras. De ahí que, a mi juicio, sea imprescindible
estudiar esta época si queremos avanzar en la historia de la corrupción y en la
comprensión de cómo se realizaban los grandes negocios en aquellas fechas.
Antes de nada hay que definir, qué es la corrupción. Ante la complejidad de dicho
concepto, señalaré varias definiciones. En palabras de Borja de Riquer “la corrupción
política es la obtención de un beneficio particular mediante un abuso ilegítimo del poder,
9 LÓPEZ MORELL, Miguel Ángel: La Casa Rothschild en España (1812-1941), Barcelona, Marcial Pons, 2005, pp. 350-466. 10 TORTELLA CASARES, Gabriel; NADAL OLLER, Jorge: El Banco de España, una historia
económica, Madrid, Ferreira S.A., Artes Gráficas, 1970. 11 ALBERT CARERRAS, Xavier: Historia económica de la España contemporánea (1789-2009), Barcelona, Crítica, 2010, pp. 120-150.
10
con la implicación de conceder un trato de favor a los corruptores perjudicando a los
intereses generales de la ciudadanía”. Para él es una señal de falta de transparencia en la
administración afectada y una señal del mal funcionamiento del mercado, ya que la
corrupción distorsiona la libre competencia al favorecer a unos en detrimento de otros12.
Sin embargo, para el equipo interdisciplinar francés dirigido por Olivier Dard, Jens Ivo
Engels, Andreas Fahrmeir y Frédéric Monier, la corrupción es la interferencia de los
intereses privados en la esfera política, entendiéndose como una práctica inmoral, pues
traiciona la idea trocal liberal del bien común tan fervientemente defendida por la
Ilustración13. No obstante para la RAE corrupción significa:
“1. Acción y efecto de corromper o corromperse.
2. Alteración o vicio en un libro o escrito.
3. Vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. Corrupción de costumbres, de
voces.
4. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la
utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra
índole, de sus gestores”14.
Para el equipo interdisciplinar francés dirigido por Garrigues Jean Denoël d´Yvonnic,
Pelloli Mattihey Lecadre Renauld, Jean-Paul Fhilippe, Nöel Pons, Yvan Stefanovitch y
Jean-Michel Veme, la corrupción se extiende desde el Antiguo Régimen hasta la V
República. El amiguismo, el favoritismo, el nepotismo, los regalos, los intercambios de
servicios etc., son comunes en la corrupción y han sido comunes desde el ámbito local,
hasta el poder supremo. Para estos autores el gran problema de la corrupción se basa en
que viola uno de los principios fundamentales de la democracia, la igualdad de acceso de
los ciudadanos a los mercados, empleos, servicios públicos etc., sin otras consideraciones
que la capacidad y el mérito15. Esta idea de igualdad de acceso de los ciudadanos tanto
12 Riquer I Permanyer, Borja (30 de junio de 2016) http://www.lavanguardia.com/opinion/20160630/402855081751/estudiar-y-denunciar-la-corrupcion.html 13 DARD Oliver, ENGELS Jens Ivo, FAHRMEIR Andreas, MONIER Frédéric: Scandales et corruption à
l’époque contemporaine. Les coulisses du politique dans l’Europe contemporaine, París, Armand Colin, 2014. Pp 11-24. 14 http://dle.rae.es/?id=B0dY4l3 (05/08/ 2016). 15 DENOËL, d´Yvonnic, GARRIGUES, Jean, LECADRE, Renauld, PELLOLI, Mattiheu, FHILIPPE, Jean-Paul, PONS, Nöel, STEFANOVITCH, Yvan, VEME, Jean-Michel: Histoire Secrète de la Corruption,
Sous la V République, París, Nouveau Monde éditions, 2014, pp. 5-10.
11
ante la ley, como ante los mercados, los contratos públicos, servicios públicos etc., es una
de los principales preceptos que trae consigo la Ilustración y las revoluciones liberales
que le suceden. Pues bien, la corrupción rompe con estos principios liberales al truncar el
principio de la igualdad.
La vaguedad de la idea del interés general que se tenía a mediados del siglo XIX hace
pertinente que nos adentremos en la idea que da Adam Smith sobre el bien común en su
obra una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Smith
defiende que no existen diferencias entre el interés común y los particulares, debido a que
el interés general es una expresión de la voluntad general. Otra interpretación sobre este
término es la que ofrece Rousseau en su obra Contrato Social. Para este autor, el interés
general no puede resultar de la suma de intereses particulares; el interés general es una
expresión de la voluntad general. “Si los ciudadanos deliberan, estando bien informados
y sin contacto entre sí mismos, la suma del total de las pequeñas diferencias de opinión,
resultarán siempre en la opinión general y la decisión será siempre buena16”.
Dada la escasez bibliográfica que existe al respecto de las relaciones clientelares entre las
grades casas trasnacionales y el poder político español durante el último tercio del siglo
XIX, me veo con la necesidad de sumar al estado de la cuestión otras perspectivas del
fenómeno tanto a escala nacional como internacional.
Un estudio muy relevante en el tema es el realizado por el equipo interdisciplinar francés
dirigido por Yvonnick Denoël et Jean Garrigues. Este estudio demuestra que la
corrupción ha estado presente en Francia, indaga en la financiación de los partidos, el
amaño de contratos, las relaciones con las trasnacionales armamentísticas. Sin duda es
una obra muy novedosa e influyente en la historiografía reciente francesa, debido a que
es una obra muy pionera que permite dar otras perspectivas a los acontecimientos
históricos, denunciando que hay que indagar en los rincones oscuros de la historia. Es una
de las obras más influyentes del momento porque da respuesta a uno de los mayores
problemas que tiene la sociedad francesa, la historia de la corrupción y las múltiples caras
que adopta esta17.
16 Rousseau: El Contrato Social; Libro II, cap III 17 DENOËL, d´Yvonnic, GARRIGUES, Jean, LECADRE, Renauld, PELLOLI, Mattiheu, FHILIPPE, Jean-Paul, PONS, Nöel, STEFANOVITCH, Yvan, VEME, Jean-Michel: Histoire Secrète de la
Corruption, Sous la V République, París, Nouveau Monde éditions, 2014, pp. 547-557.
12
Recientemente, en este año 2016, Borja de Riquer en su obra Cambó en Argentina ha
mostrado a la sociedad la forma en la que se hacían los negocios en Argentina desde
finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Riquer demuestra cómo las
energéticas AEG, CHADE y SOFIA, gracias a las influencias que ejercían en la clase
política argentina, lograron unas concesiones sumamente favorables a sus intereses. Un
ejemplo paradigmático es el excepcional trato de favor que gozó la CHADE en España
durante décadas, debido a que estaba dirigida por importantes políticos y hombres de
negocios de la talla de Cambó, Ventosa, Urquijo, Gamazo, etc. Esto le permitió, entre
otras cosas, ahorrarse dos tercios de los impuestos que les hubieran correspondido.
Como sostiene Riquer, lo importante para la CHADE y SOFIA era tener buenas
relaciones con la clase política aunque supusiera después devolver los favores, el pago de
sobornos o financiar a algún partido. El ejemplo que pone el autor para que nos hagamos
una idea de hasta dónde llegaba la influencia de SOFIA, es el mantenimiento de sus
actividades, como las venía haciendo desde hacía años, en un contexto como el peronista
de masivas nacionalizaciones de empresas estratégicas para la economía argentina. Lo
cierto es que dicha empresa fue la excepción. Además Riquer denuncia la doble moral de
Cambó y Ventosa, en España eran hombres que de cara a la opinión pública se hacían ver
como hombres regeneracionistas, muy diferentes a las desprestigiados lideres dinásticos,
por ello hicieron todo lo posible para que los escándalos de corrupción que le afectaban
en Argentina no salieran a la luz en España18.
Desde una perspectiva nacional, Guillermo Cortázar en Alfonso XIII, hombre de negocios
expone el caso de las sucesivas denuncias por corrupción que afectaban al monarca, sobre
todo desde la oposición republicana, como es el caso de Blasco Ibáñez. Sin embargo, el
autor trasmite la idea de que fue un hombre muy emprendedor y con grandes negocios
muy diversificados, echando por tierra la visión del monarca como un personaje corrupto,
defendiendo que no se encontraron pruebas que inculparan a Alfonso XIII en los casos
de corrupción que se le achacaban. El autor sostiene que pese a que no se encontraron
pruebas de la presunta corrupción de Alfonso XIII, el primer gobierno de la II República
tomó sus bienes, e insistió en la acusación de enriquecimiento ilícito. Cortázar sostiene
que fue una acusación política, cuyo fin era legitimar y asentar la joven república19.
18 DE RIQUER, Borja: Cambó en Argentina, Buenos Aires, Edhasa, 2016, pp. 525-535. 19 CORTÁZAR ECHEVARRIA, Guillermo: Alfonso XIII, Hombre de Negocios, Madrid, Alianza Editorial, 1986.
13
Javier Moreno Luzón en Romanones Caciquismo y Política Liberal se centra en las
clientelas que le permitieron ser al conde de Romanones el mayor cacique de su provincia,
además denuncia su legislación ya que ejecutó en pro de sus intereses privados mientras
ostentaba cargos públicos. El autor sostiene que la figura de Romanones es el paradigma
de cómo actuaban las élites políticas; es un buen ejemplo debido a que ejerció de Ministro,
de presidente del Consejo de Ministros, del Congreso y del Senado etc. Moreno explica
que Romanones era un experto formando clientelas dentro de las filas liberales,
presionando a la Corona para conseguir sus objetivos y en el uso de la prensa para sus
fines20.
Otros autores han estudiado el último tercio del siglo XIX español desde la perspectiva
de la historia económica, de ahí que sus interpretaciones tengan una clara inclinación
economicista, algo que no debe resultar extraño dado que el objetivo de sus obras es hacer
una historia económica. No obstante, es pertinente citar estas interpretaciones en esta
parte del trabajo ya que permiten acercarnos a las problemáticas que motivan este trabajo
de una forma indirecta y con una perspectiva diferente.
Tanto Albert Carreras como Jordi Maluquer hacen una interpretación del periodo (1860-
1890) y de las grandes cuestiones historiográficas un tanto inclinadas hacía la
preminencia de los factores económicos, ya que fían los acontecimientos a las necesidades
del mercado, ya sea de la deuda pública, de la balanza de pagos o las demandas de la
economía española. Ya que el objetivo de sus estudios es hacer una historia económica
del periodo.
Como el objetivo de este texto no es ahondar en los problemas de la historiografía
económica haré una síntesis de los postulados de estos autores, empezando por uno de los
antecedentes más importantes que permitieron el desarrollo de los grandes negocios
trasnacionales (que como he dicho anteriormente se hicieron en torno al Estado) con el
beneplácito y la ayuda de un número considerable de importantes políticos. Carreras y
Maluquer defienden que debido a la orografía y a la climatología la Península Ibérica,
esta estaba muy mal comunicada, por ello para modernizar la economía española y
mejorar las transacciones comerciales, los políticos españoles comprendieron que el país
necesitaba revolucionar los transportes y ese papel lo jugó el ferrocarril. En 1844 se
20 MORENO LUZÓN, Javier: Romanones. Caciquismo y Política Liberal, Madrid, Alianza Editorial, 1998, p.p. 13-21, 441-455.
14
legisló una ley ferroviaria muy parecida a las leyes francesas o belgas, pero tuvo muy
poco éxito, ya que faltaba el capital, la tecnología y la mano de obra cualificada para que
prosperara ese proyecto; por ello en 1853 España contaba con 400 km de vías férreas,
mientras Francia contaba 5000 km y el Reino Unido 11000 km. El panorama cambió
totalmente con la llegada de los progresistas en 1854, estos deseaban dar un impulso al
ferrocarril con la “ayuda” del capital extranjero. Para ello los progresistas promovieron
exenciones arancelarias a las ferroviarias, apoyo financiero del Estado y un nuevo marco
legal atractivo al capital trasnacional, que incluía incluso subvenciones estatales. Dentro
de esta línea de interpretación la legislación bancaria de 1856 posibilitó el desarrollo de
las sociedades de crédito y bancos de emisión que a la par provocaron el boom del
ferrocarril, ya que abrió la puerta a la afluencia masiva de capital, tecnología y capital
humano extranjero. El dato más evidente es que en 1866 España contaba con 5000km de
vías férreas. No obstante, tanto Maluquer como Carreras hacen una interpretación final
crítica con el despilfarro de fondos públicos que supuso esa legislación y los aranceles,
porque perjudicó gravemente a la industria española al poder importar las ferroviarias,
todos los materiales exentos de impuestos. Carreras sostiene que en 1855 la nueva ley de
Bases del Ferrocarril suscitó de inmediato el interés de la banca francesa para hacer
negocios en España, por ello tanto la casa Rothschild como los Péreire por medio de sus
corresponsales en España propusieron al gobierno el modelo de banca de inversión que
inspiró la ley de Sociedades de Crédito y la libertad de emisión. Además, argumentan que
esta ley no ponía ningún límite a los inversores ni a sus sociedades, lo que produjo una
gran burbuja especulativa que se truncó con la crisis de liquidez de las ferroviarias,
desembocando en un pánico bursátil, llevando al pánico bancario y al crack del sistema,
del cual sobrevivieron las entidades más fuertes, como las casas financieras trasnacionales
Rothschild, la de los Péreire y en menor medida el grupo BNP21.
La interpretación que hacen de la legislación que posibilitó la explotación del subsuelo y
el boom de la minería española pasa por el déficit crónico y la situación de emergencia
por la que vivía la hacienda española, sumado al nuevo impulso liberalizador de “La
Gloriosa”. Según esta corriente interpretativa, estos hechos explican la Ley minera de
1868 (supuso en la práctica la desamortización del suelo), la cual posibilitó la afluencia
extraordinaria de capital, tecnología y capital humano. El aspecto positivo que destacan
21 MALUQUER DE MONTES, Jordi.: La economía española en perspectiva histórica, Barcelona, Pasado y Presente, 2014, p.p. 70-135.
15
sobre estos hechos es que equilibró la balanza de pagos, ya que sirvió para importar
mercancías, con el consiguiente aumento de la economía.
No obstante, denuncian una fuerte crítica al resultado práctico de esta legislación, ya que
provocó lo que Carreras denomina como “minas de economía de enclave”, salvo en el
caso de Vizcaya donde los industriales locales formaron parte de la explotación minera y
reinvirtieron el capital ganado (todo el valor añadido se iba a las empresas extranjeras y
la economía nacional obtuvo poco más que los salarios de los mineros ya que recaudaron
muy pocos impuestos)22.
Por su parte, Gabriel Tortella (uno de los mayores expertos en la historia económica
española) y Clara Eugenia Núñez realizan en su obra una interpretación parecida. En
cuanto a la cuestión de la fiebre minera defienden que siguiendo los postulados de Vicens
Vives o Nadal, los problemas financieros, la creciente demanda mundial de minerales y
la ideología liberal y librecambista que llevaron consigo los revolucionarios del Sexenio
(1868-1874) fueron los factores clave que influenciaron en esa legislación. En esta línea
achacan los deficientes ingresos en impuestos por ejemplo, de las minas de Riotinto pese
a su potencial y a los graves problemas hacendísticos, ya que necesitaban de los
empréstitos que los dueños de las mineras les ofrecían; a este factor hay que sumarle las
presiones de las embajadas de sus respectivos estados. Con respecto a la mina de
Almadén, un yacimiento importantísimo a nivel mundial dado que desde el último tercio
del XIX hasta la I Guerra Mundial, cabe señalar que el mercurio se utilizaba para
amalgamar oro y plata, para la fabricación de explosivos, la fotografía, la industria
eléctrica, etc. Almadén era la principal mina del mundo de mercurio, por lo tanto las
reservas minerales de Almadén tuvieron un valor estratosférico. Los autores son bastante
críticos con las medidas adoptadas por el gobierno, debido al altísimo valor que tenía el
mercurio en el último tercio del siglo XIX y la primera década del siglo XX y a que en
esta mina a diferencia de las demás, no necesitaba una afluencia masiva de capitales,
porque su explotación se hubiera podido hacer ventajosamente por funcionarios del
gobierno. No obstante, vuelven a achacar estos hechos a los problemas presupuestarios,
si bien demuestran que los Rothschild, desde que mostraron tan magno interés por
Almadén a principios del siglo XIX (fue el principal motivo del desembarco de la casa
Rothschild en el Estado español), consiguieron los contratos gracias al amaño de las
22 ALBERT CARERRAS, Xavier: Historia económica de la España contemporánea (1789-2009), Barcelona, Crítica, 2010, pp. 120-150.
16
subastas, hasta que en 1868 les concedieron la exclusividad de Almadén, denunciando
los autores que obtuvieron un trato de favor por parte de los políticos del Sexenio.
Con respecto al ferrocarril estos expertos publican una interpretación muy parecida a la
de los anteriores autores alegando el entusiasmo que levantaba entre los progresistas el
desarrollo de la red de ferrocarril, así como la afluencia masiva de capitales extranjeros.
Defienden que los “franceses” no solo aportaron el capital y el talento necesarios, sino
también la iniciativa legislativa, como es el caso de la actuación de Kervengen, Millaud,
Péreire, Weiswiller (corresponsal de la Casa Rothschild). Estos tomaron parte activa en
la redacción de la Ley Bancaria de 185623.
Como ya he dicho líneas atrás, las relaciones entre las casas trasnacionales de negocios y
el poder político es un tema escasamente estudiado. La primera obra cronológicamente
que habla sobre las relaciones entre el capital trasnacional y el mundo de la política es un
artículo de Antonio Escudero publicado en 1993 en la revista de Economía Aplicada.
Bajo mi punto de vista es una obra importante ya que cambia la perspectiva que se tenía
hasta la fecha de los negocios que se llevaron a cabo en el Estado español durante el siglo
XIX, concretamente en el sector minero. Aunque se base en el Congreso de Historia
Económica en Alicante de 1989 y en los postulados de Jordi Nadal, es uno de los primeros
estudios críticos con el periodo. Hasta estas interpretaciones, las explicaciones
hegemónicas obedecían a factores economicistas, los ya citados apuros de la Hacienda
española; la falta de capitales.
Escudero trata de investigar cómo se realizaban los negocios en el último tercio del siglo
XIX y en las primeras décadas del siglo XX. Sostiene que la influencia de los lobbies
mineros influenciaron mucho la política económica de la Restauración, ratificando para
ese periodo “la teoría del mercado político”, es decir, echa por tierra la idílica idea liberal
de que todos los contratos y los negocios que se adjudicaban los ganaba la empresa más
competitiva en cada momento. Escudero acentúa que los lobbies, es decir, las empresas
interesadas, establecían relaciones clientelares con los políticos que tenían mucha
influencia en la toma de decisiones. Incluso demuestra que los políticos de la
Restauración toleraron el fraude en los impuestos mineros, a pesar de que establecieron
23 TORTELLA, Gabriel, NÚÑEZ, Clara Eugenia: El desarrollo de la España contemporánea. Historia
económica de los siglos XIX y XX, Madrid, Alianza Editorial, tercera edición 2011, pp. 31-265.
17
un régimen jurídico con una bajísima presión fiscal a las exportaciones de hierro, plomo
y piritas.
En síntesis, Escudero defiende que la Ley Minera de 1868 fue muy beneficiosa para
ciertos grupos financieros trasnacionales como los Rothschild (Riotinto, Peñarroya,
Almadén, etc.), los Péreire y otros grupos mineros ingleses, ya que hasta 1893 se impuso
un gravamen del 1% sobre los productos mineros brutos, aumentando hasta el 2% desde
1893 hasta 1900. Además, según sus cálculos, se demuestra que estos tipos impositivos
tan bajos (ya que haciendo una historia comparada un canon del 10% era bastante
moderado para la época, si los comparamos con los tipos impositivos que establecieron
en Suecia, por ejemplo) sumados al masivo fraude fiscal contribuyeron a que el Estado
dejara de recaudar el 60% de lo que debería haber recaudado por el canon de superficie y
el producto en bruto. El autor se basa en las tesis de Jordi Nadal para sostener que la
legislación minera obedeció a las exigencias de los consorcios extranjeros acreedores del
Estado, manteniendo esta influencia hasta 1920, cuando la perdieron a manos de los
empresarios nacionales, los cuales consiguieron imponer los postulados económicos
proteccionistas24.
He de decir que la obra que me influyó decisivamente a decantarme por investigar las
relaciones entre las grandes casas de negocios trasnacionales y las élites políticas
españolas en el último tercio del siglo XIX fue La Casa Rothschild en España de Miguel
Ángel López Morell25. Además de esta obra Miguel Ángel López Morell y José Mª
O´Kean Alonso ahondaron en los aspectos más interesantes (para este trabajo) de las tesis
desarrolladas en el libro anterior, es decir, las relaciones clientelares entre el mundo de
los negocios y las élites políticas, así como también analizaron otros aspectos de la casa
Rothschild como su organización trasnacional, sus corresponsales y socios, la circulación
de la información etc. Los autores sostienen que hay que cambiar la interpretación de la
economía española de la época, haciendo énfasis en la idea del mercado politizado (es
decir, la antítesis a la ortodoxia liberal del libre mercado. Se produce a través de las influencias de los grandes lobbies sobre el poder político, decantando la legislación hacia
los primeros, rompiendo así el libre mercado) y acentuando la investigación en la
integración de la élite política española en torno a los negocios Rothschild, debido a que
24 ESCUDERO, Antonio: “Leyes mineras y grupos de presión. El coste de oportunidad de la política fiscal en la minería española”, Revista de Economía Aplicada, Nº 3, (1993), p.p. 75-94. 25 LÓPEZ MORELL, Miguel Ángel: La Casa Rothschild en España (1812-1941), Barcelona, Marcial Pons, 2005, p.p. 449-466.
18
formaron una especie de cacicato en torno a sus empresas y sus negocios financieros. Este
“cacicato” les permitió el acceso a información privilegiada, reducir hasta 0 la tasa de
riesgo en algunos negocios y la obtención de grandes beneficios26. No obstante en este
tema profundizaré más adelante, en la parte de la aproximación analítica.
En el año 2007 la revista Ayer publicó su número 66 con el título “Poderes privados y
recursos públicos”. Juan Pro Ruiz, en su capítulo “Poder político y poder económico en
el Madrid de los moderados (1844-1854)”, publica que en la Década moderada, unas
élites de políticos-empresarios ostentaron el poder, se imbricaron en las mismas redes
clientelares, en los mismos espacios de sociabilidad y protagonizaron alianzas familiares
y practicaron una cultura común. El autor sostiene que, en la medida en que las acciones
del gobierno favorecían a unos individuos y perjudicaban a otros, se puso en marcha la
lógica de los grupos de presión, los cuales se articulaban a través de las redes de relaciones
clientelares establecidas en el entramado del partido político gobernante. Los grupos de
presión influenciaron fuertemente las políticas y las acciones de los moderados; defiende
que traficaron con información privilegiada, tomaron decisiones políticas
descaradamente a favor de esos lobbies y realizaron concesiones arbitrarias. Pro Ruiz
manifiesta que aunque estas prácticas en épocas posteriores se han considerado y se
consideran prácticas corruptas, en la década moderada eran aceptadas con normalidad.
Consideraban que el enriquecimiento durante su mandato político era lógico y respetable;
la frontera entre lo que percibían como negocios legítimos y la corrupción se ha ido
moviendo en cada época histórica, no habiendo todavía un consenso historiográfico. A
pesar de que habría multitud de discursos en las Cortes denunciando como corruptelas las
connivencias entre las decisiones políticas y los negocios privados, en la época se
percibían como meros argumentos políticos oportunistas para deslegitimar al partido
gobernante, procedentes de individuos que se habían quedado excluidos de aquellos
negocios.
El autor señala que durante esta década los negocios principales de Mª Cristina y la
camarilla fueron las concesiones del ferrocarril, Narváez fue el que fijó la reglas del juego
con la Ley ferroviaria de 1844. Con ésta creaba un marco favorable para un rápido
enriquecimiento, gracias a la especulación y las relaciones clientelares que se
26 LÓPEZ-MORELL, Miguel Ángel, O´KEAN ALONSO, José María: “La red de negocios de la Casa Rothschild en España como una estructura de toma de decisiones y de gestión empresarial”, Revista de la
historia de la economía y de la empresa, (2008), p.p. 41-64.
19
desarrollaron al amparo de estos negocios, que posibilitaban la convivencia entre el
ámbito público y el privado. Un claro ejemplo de esto fue cuando el Estado le compró al
marqués de Salamanca la línea Madrid-Aranjuez, una línea deficitaria, a un precio muy
alto. Esta decisión sin duda fue muy perjudicial para los intereses generales de los
españoles. Otro ejemplo que justifica la interpretación del autor es el conocido intento de
construcción de la línea Madrid-Valencia propiedad de un conglomerado inglés, que
contó con el apoyo del conde de Santa Olalla o el general Filiberto Portillo, figuras muy
destacadas dentro de la familia moderada.
Pro Ruiz sostiene que tanto unos como otros se dieron cuenta de que para obtener éxito
es sus negocios, era esencial tener buenas relaciones con la élite política moderada y con
la reina. Durante el Bienio progresista de 1854-1856, las Cortes pidieron
responsabilidades por la corrupción y el fraude del anterior gobierno de los moderados.
El autor se basa en la prensa demócrata y progresista de 1853-1854 y en la posterior
Comisión de investigación parlamentaria creada en 1854-1855. El resultado de dicha
investigación fue la denuncia de muchas irregularidades y favoritismos en las concesiones
ferroviarias, destacando la ya citada operación de la compra por parte del Estado del
ferrocarril Madrid-Aranjuez al marqués de Salamanca, enumerando otros escándalos
como la corrupción en las obras de canalización del Ebro a manos de la empresa Grimaldi,
las irregularidades en la remodelación del puerto de Valencia, el tendido del telégrafo o
la especulación urbanística a raíz de las desamortizaciones27.
Por su parte Carmen García García en “Intereses públicos, intereses privados: los Péreire
y sus aliados españoles (1856-1868)” centra su estudio en las relaciones que se
establecieron entre los intereses de la Casa Péreire y la clase política española. Los Péreire
se interesaron en hacer negocios en España a raíz de la legislación progresista de la
revolución de julio de 1854, como la Ley de Ferrocarriles, o la Bancaria, con el objetivo
de obtener grandes beneficios en la construcción del ferrocarril y en el negocio de las
finanzas públicas y privadas. Por ello en 1852 crearon la Société Genéral de Crédit
Mobilier, siguiendo la misma forma como habían extendido sus negocios por toda Europa
del Este y Central. García sostiene que su carta de presentación fue la compra de 54
millones de deuda pública, así como establecer buenas influencias en la clase política
27 Pro Ruiz, Juan: “Poder político y poder económico en el Madrid de los moderados (1844-1854)”, Ayer Nº 66, (2007), p.p. 27-55.
20
española. Por ejemplo, en el Crédito Mobiliario Español incluyeron en su consejo de
administración al duque de Alba o al duque de Rivas, así como establecieron buenas
relaciones con el parlamentario Ignacio Olea, este recibió un paquete de acciones del
Crédit por su “buen hacer en la comisión del congreso”. La autora demuestra que Peruano
Osuna, el suegro de Cánovas del Castillo, fue el primer presidente del Crédito Mobiliario.
No obstante, estas prácticas que hoy denunciamos como ilícitas, en la década de 1850 y
1860 debían de contar con cierto consenso entre las clases dirigentes. Ello explicaría por
qué Olea siguió ocupando su escaño en el Congreso de los Diputados tras su
incorporación al consejo de administración del Crédito Mobiliario. Ninguna ley prohibía
eso sostiene García: “Cuando en ciertos momentos, y así sucedió por ejemplo en
diciembre de 1861, algún parlamentario planteó la posibilidad de proponer a las Cortes
que se estableciese la incompatibilidad entre los cargos políticos y los puestos directivos
de las compañías dedicadas a obras públicas, la prensa proclive a los intereses de los
medios empresariales calificó la propuesta de «absurda y poco conveniente». Según la
Gaceta de los Caminos de Hierro, una de las razones fundamentales del atraso español
radicaba en la equivocada idea de que «las personas caracterizadas por su nobleza o por
los destinos que desempeñaban se rebajaban ocupándose de negocios materiales». Una
norma semejante como mucho debía aplicarse a los puestos del gobierno, pero de ninguna
forma a los cargos de senador y diputado. Éstos nunca «sacrificarían los intereses del país
a los relativamente pequeños que pudieran tener comprometidos en una sociedad»”28. Ese
planteamiento estaba en la línea de los que pocos meses antes se habían recogido en el
proyecto de ley sobre incompatibilidades de Posada Herrera, que había sido presentado a
las Cortes el 28 de junio de 1860. En él se defendía que la independencia de los diputados
no estaba en relación con su clase o profesión, sino con su manera de ser.
Como argumentos de fondo contra la propuesta antes mencionada, la Gaceta planteaba
que en los países más avanzados las personas que destacaban en la vida política eran
precisamente las que se dedicaba a las actividades industriales, debido a que siguiendo la
cosmovisión de la cultura política moderada, los capacitados (es decir hombres que
gracias a su capital pueden participar en el sistema electoral de forma activa, dado que
ese capital se veía como fruto de la razón y de la capacidad de dicho individuo) son los
individuos que mejor pueden representar a los intereses generales de la nación. Están
28 GARCÍA GARCÍA, Carmen: “Intereses públicos, intereses privados: Los Péreire y sus aliados españoles (1856-1868)”, Ayer 66, (2007), pág. 59.
21
interesados en el buen funcionamiento del sistema y además están asentados establemente
en una localidad o ciudad (en la que poseen las propiedades). Si los cargos políticos
abandonaban las empresas, «el público» retiraría su confianza en ellas y se pondría frenos
al progreso material pues «se divorciarían los intereses de las empresas con los del país,
que son los mismos».
La autora aclara que aparte de los apoyos que consiguieron los Péreire de ciertos
parlamentarios, también contaron con algunos de sus socios parisinos de origen vasco
como José Uribarren y su sobrino José Luis Abaroa. Estos banqueros vascos les ayudaron
a abrirse puertas gracias a las amistades con las que contaban en Madrid, a cambio de
acciones del Crédito Mobiliario. Una de las personalidades con la que entablaron muy
buenas relaciones fue el general Serrano, que años después ocupó la presidencia de la
ferroviaria Norte, la principal empresa Péreire en España. No consiguieron la importancia
e influencia de sus máximos competidores los Rothschild, dado que estos reclutaron para
sus filas a altas esferas gubernamentales. Sin embargo, los Péreire, antes de 1868,
contaban en sus consejos de administración con el general Serrano, Luis González Bravo,
Manuel Alonso Martínez y Laureano Figuerola. García demuestra que la compañía Norte
mantuvo la exclusividad de acceso a Francia gracias a las gestiones en el Congreso de
Luis González Bravo, el cual por su buen trabajo fue recompensado con un paquete de
acciones del Crédito Mobiliario. Cuando estalló la gran crisis financiera y bursátil en
1864, las compañías de ferrocarriles buscaron desesperadamente nuevas ayudas del
Estado; por ello en este contexto es cuando los Péreire incorporaron a sus consejos de
administración a políticos de alta talla como los ya citados Serrano, Alonso Martínez y
Figuerola. El duque de la Torre actuó como presidente de la ferroviaria Norte en 1868
Alonso Martínez ocupó la presidencia del Crédito Mobiliario. La autora demuestra que
durante el gobierno unionista de 1865-1866, Martínez intentó un plan para solucionar los
crónicos apuros hacendísticos, así como la activación de ayudas a las ferroviarias y los
arreglos de deuda pendientes. Además, señala que durante ese periodo de crisis tanto los
Péreire como los Rothschild ofrecieron créditos a la Hacienda española, a cambio de la
ayuda a los ferrocarriles, ya que en esos años ambas casas habían apartado sus antiguas
rencillas y actuaban casi como aliados. La autora interpreta que la gravísima crisis
hacendística obligó al Gobierno conservador a ceder ante las presiones de las compañías
franco-inglesas (Rothschild, Péreire y otras minoritarias), tanto los gobiernos de finales
del periodo Isabelino como los del Sexenio “democrático”, concedieron ayudas a las
22
ferroviarias, revisando el impuesto que gravaba el tráfico ferroviario al 10%. Tras la grave
crisis, los Péreire consiguieron salvar sus empresas, sustituyendo a los antiguos
colaboradores vascos por destacados personajes de la vida política madrileña. Además de
estas influencias contaron con la baza de la emergencia hacendística. García sostiene que
las peculiaridades y estrechas relaciones entre los poderes públicos y privados constituyen
un factor muy importante para conocer mejor la fase histórica en la que se construyó y
desarrolló el Estado español29.
A mi juicio, si se quiere hacer un buen análisis de las relaciones clientelares entre las
casas Rothschild o Péreire y las élites políticas españolas del último tercio del siglo XIX
español, es imprescindible combatir las interpretaciones estadocentristas,
complementando las perspectivas de historia nacional como la desarrollada por Miguel
Ángel López en el caso de la casa Rothschild, Antonio Escudero en el caso de los lobbies
mineros o Carmen García en sus estudios sobre la casa Péreire; con otro tipo de
interpretaciones de perspectiva trasnacional, pues permite una interpretación más rica.
Buena prueba de ello es el estudio que hace Borja de Riquer sobre Cambó en Argentina.
Además, la perspectiva trasnacional está levantando cada vez más inquietudes en las
ciencias sociales. Al estudiar a las grandes casas europeas del siglo XIX se observan
prácticas clientelares similares entre estas grandes redes de negocios trasnacionales y las
élites políticas de los diversos estados-nación en los que operaban; por ejemplo, en casi
todo el globo en el caso de los Rothschild, o en gran parte de Europa y América en el caso
de los Péreire. Muchos historiadores han reconocido la utilidad de este tipo de enfoques
para el estudio de los acontecimientos y procesos del pasado, sin pretender desplazar otros
enfoques históricos, como las historias nacionales, sino complementándolos o, como
máximo, cuestionando su relevancia en ciertos casos30.
A partir de estos trabajos, parece claro que los grandes negocios en torno al Estado se
realizaron desobedeciendo a las leyes del libre mercado, a los contratistas más eficientes,
o a los más capacitados. Personalmente me decanto por la interpretación del mercado
politizado siguiendo las tesis mencionadas líneas atrás de Antonio Escudero, de Miguel
Ángel López, Juan Pro Ruiz y Carmen García. Esta postura ha ganado en mi mayor peso
29 García García, Carmen: “Intereses públicos, intereses privados: Los Péreire y sus aliados españoles (1856-1868)”, Ayer 66, (2007), pp.57-84. 30 Martykánová, Darina; Peyrou, Florencia; “La historia trasnacional”, Ayer 94(2014), pp. 13-22.
23
tras realizar una breve investigación sobre la obra de Riquer Cambó en Argentina. Cambó,
Ventosa o Beltrán eran la cara más visible de energéticas como SOFIA, pero lo cierto es
que eran dueños del 16% de las acciones, Credit Suisse (sociedad fundada por la Société
Générale du Crédit Mobilier, es decir por los Péreire) era la dueña de la mayor parte de
las acciones. Este indicio, me hace pensar que los sobornos y las relaciones clientelares
entre las grandes compañías de negocios y las élites políticas de diferentes Estados-
nación, eran usados de forma sistemática a la hora de hacer negocios. La visión idílica
del libre mercado, donde los contratos se los adjudicaban a las empresas más
competitivas, no deja de ser en la práctica, como han demostrado estos estudios más
recientes, un mito de la ideología liberal. La historia ha demostrado que en realidad los
grades negocios tanto en España, como en Inglaterra o Francia durante el siglo XIX se
conseguían en los despachos. Esta nueva perspectiva es muy esclarecedora si se quiere
entender el porqué de la aprobación de muchas leyes perjudícales para los intereses
nacionales (explicado al principio de esta parte). Se me viene a la mente el clásico
problema de la falta de aranceles a los materiales que demandaban las ferroviarias. Los
profesores de instituto o bachiller lo explicaban fácilmente recurriendo a la “historia del
fracaso y del excepcionalísimo español”. Como vemos, esto no es un caso único de la
política y dela forma de hacer negocios en España. Es una forma de hacer negocios y
política que afectaba a todos los Estados. Como sostiene el equipo interdisciplinar francés
dirigido por Olivier Dard, Jens Ivo Engels, Andreas Fahrmeir y Frédéric Monier, a raíz
de investigaciones recientes, demuestran que en Francia, en Gran Bretaña, en Argentina,
etc., la corrupción política de la sociedad fue un fenómeno general, aumentando los casos
especialmente desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX31.
Este tema de estudio tan ambicioso e interesante para la sociedad actual está
prácticamente virgen, de ahí que queden muchísimas respuestas sin resolver, algo obvio
dadas las escasas investigaciones que existen actualmente. Algunas de ellas son: ¿En qué
grado estas casas trasnacionales influenciaron a los políticos y a las leyes que éstos
legislaron?, ¿las élites trasnacionales condicionan la senda de la historia?, ¿cómo percibía
la sociedad tales relaciones entre las finanzas y de la política?, ¿por qué la historiografía
no le ha prestado atención a un tema de tal envergadura?, ¿se percibían los negocios y la
política como una cosa idéntica?, ¿por qué la historiografía no ha estudiado las relaciones
31 DARD Oliver, ENGELS Jens Ivo, FAHRMEIR Andreas, MONIER Frédéric: Scandales et corruption à
l’époque contemporaine. Les coulisses du politique dans l’Europe contemporaine, París, Armand Colin, 2014. Pp 11-24.
24
clientelares que se establecieron entre algunos políticos republicanos y las grandes casas
trasnacionales?, ¿tiene la corrupción un carácter endémico al sistema capitalista?
Hay otras cuestiones que trataré de dar respuesta en la siguiente parte del trabajo. Si como
sostienen Carmen García y Juan Pro Ruiz, el enriquecimiento durante un mandato político
era lógico y respetado, la frontera entre lo que se consideraban negocios legítimos e
ilegítimos se ha ido moviendo en cada época histórica, no habiendo todavía un consenso
historiográfico. Por este motivo, investigaré las leyes de incompatibilidades
parlamentarias a lo largo del siglo XIX, prestando mayor atención a la legislación del
último tercio del siglo XIX, así, podré estudiar qué prácticas acaecidas eran ilícitas o
lícitas. ¿Cómo percibía la sociedad las influencias entre las grandes corporaciones y las
élites políticas, las denuncias de corrupción de la oposición y los intentos de ésta de
frenarlas en el último tercio del siglo XIX?, ¿qué tipo de relaciones clientelares se
establecieron entre Emilio Castelar e Ignacio Baüer (corresponsal de los Rothschild en
Madrid)? Además, intentaré ahondar en el funcionamiento de la casa Rothschild, gracias
al acceso a correspondencia privada confidencial.
La historia de la corrupción es un tema casi virgen en la historiografía española y muy
poco desarrollado en la europea. De ahí la urgente necesidad de que los historiadores y
otros científicos sociales investiguemos sobre la historia de la corrupción política. Gran
parte de la sociedad está deseosa de comprender la historia de la corrupción política, pues
es la mejor y me atrevería a decir que la única forma de entender este fenómeno histórico
que azota a la sociedad tan descaradamente en la actualidad, prueba de ello es que para
los españoles es la segunda preocupación según los datos del CIS del 2016.
25
3 METODOLOGÍA Y FUENTES
Las fuentes que he usado han sido tanto de carácter primario como secundario, y la
información extraída de ambas ha sido de vital importancia para la elaboración del
trabajo.
FUENTES PRIMARIAS
El primer archivo que visité fue el Archivo Histórico del Banco de España, situado en
Madrid. No obstante, la primera visita he de decir que me resultó un poco frustrante,
debido a mis altas expectativas tras leer la guía del Archivo realizada por Teresa Tortella
(dado que este archivo no dispone de un buscador telemático, ni una guía online).
Comentaba que, en sus ingentes fondos, había mucha correspondencia privada entre todo
tipo de empresas, que habían realizado negocios en España, y los órganos directivos del
Banco, así como con ministros y otros funcionarios correspondientes a las carteras de
Fomento y Economía. He de decir que la encargada del archivo tampoco facilitó mucho
las cosas, con lo cual, tras dos días de frustrante búsqueda en el Archivo del Banco de
España, decidí ir al Archivo General de la Administración (AGA), situado en Alcalá de
Henares (Madrid), con la esperanza de encontrar allí correspondencia de ministros,
diputados o funcionarios implicados en las redes de influencia de la casa Rothschild. Tras
la ayuda y el amable trato de los funcionarios de dicho archivo, pronto me di cuenta de
que allí no se encontraba la documentación que buscaba. Mi primer viaje académico a
Madrid, sin duda, resultó decepcionante.
Tras unos días de abatimiento y de pensar cómo podía replantear el tema o incluso si
debía de cambiarlo por otro que me permitiera acceder a fuentes más factibles, en una
reunión con mis tutores, me animaron a que realizara una búsqueda de la tan ansiada
correspondencia privada en el Portal de los grandes archivos españoles (PARES). Dicha
búsqueda resultó satisfactoria, debido a que encontré correspondencia privada de Eduardo
Dato con James Rothschild, así como de Daniel Weisweiller (primer corresponsal dela
casa Rothschild en España). A estos descubrimientos se le sumaron otros nuevos.
Después de un detenido estudio de una pequeña guía que me dieron en el Archivo
Histórico del Banco de España, encontré una caja que podría contener correspondencia
privada. Estos hechos me llenaron de nuevas esperanzas.
26
En mi segundo viaje a Madrid, visité de nuevo el Archivo Histórico del Banco de España.
A posteriori de una incansable búsqueda en la sección de Secretaria, encontré en el legajo
592 correspondencia entre González Breto y James Rothschild. Lo característico de estas
fuentes, es que ilustran unas relaciones de negocios entre la matriz Rothschild de Londres
y el que en esas fechas era el subgobernador del Banco de España. Después de un par de
días en dicho archivo, me dispuse a hacer la misma búsqueda en el Archivo Histórico
Nacional de Madrid. En dicho archivo tras examinar la guía de documentos que no
estaban digitalizados, es decir, los que no aparecían en PARES, descubrí que en 1937 la
familia de Ignacio Baüer (segundo corresponsal de la casa Rothschild en España) había
cedido todo su archivo personal a la Biblioteca Nacional. Tras una visión de tal magna y
virgen documentación, me di cuenta de que en aquellos fondos se encontraban centenares
de cartas cuyo origen y destino era las matrices Rothschild de Londres y París, así como
correspondencia con importantes políticos y hombres de negocio españoles. Sin duda, lo
fascinante de esta documentación es que facilitará muchísima información sobre cómo
llevaron a cabo la familia Rothschild los negocios en el Estado español, así como toda la
red de clientelas que establecieron con las élites políticas españolas e importantes
hombres de negocios españoles.
En un tercer viaje a Madrid, fui directamente a hacer acopio de la documentación que
había localizado en mi segundo viaje, es decir la que se encontraba en el Banco de España
y en el Archivo Histórico Nacional.
Para la otra parte de la investigación, es decir, la que se centra en una perspectiva cultural
y jurídica de análisis de las redes clientelares entre el mundo de los grandes negocios y
las élites políticas españolas del último tercio del siglo XIX, la Hemeroteca Digital de la
Biblioteca Nacional de España (BNE) me ha servido para buscar información muy
relevante. Esta información me ha permitido hacer un pequeño estudio de cómo se
percibía en la época ideas como el soborno, el interés general o la corrupción, así como
información sobre la percepción contemporánea de la pertenencia de las élites políticas
decimonónicas españolas en los consejos de administración de las empresas contratistas.
Tal información la he podido encontrar en los periódicos:
La Iberia (30 de septiembre de 1868-14 de mayo de 1898), se trata de un diario liberal
progresista fundado en 1854 por Pedro Calvo Asensio (1821-1863), y que había dejado
de publicarse en 1866, retoma su antiguo título tras el triunfo de La Gloriosa.
Previamente, en los nueve primeros meses de 1868 se había publicado en su sustitución
27
La Nueva Iberia. Al reaparecer La Iberia, el 30 de septiembre de 1868, lo hará siguiendo
la secuencia y numeración que había dejado interrumpida el 21 de junio de 1866, y con
la indicación del nombre (además del de su fundador) de su director, que no era otro que
el de Práxedes Mateo Sagasta (1825-1903), quien tras regresar del exilio y ser nombrado
ministro del Gobierno provisional presidido por el general Serrano, será sustituido a partir
del 22 de octubre por el antiguo redactor y también exdirector del diario: el cordobés
Carlos Rubio Colell (1831-1871). En su reaparición había indicado que quedaba excusado
decir que “los redactores de la Nueva y los de la antigua, son y han sido siempre los
mismos”. Este diario, con el tiempo terminó por identificarse de tal forma con la
personalidad de quien había sido su director, Práxedes Mateo Sagasta, “que se convirtió
en su permanente órgano de prensa”. Entre 1876 y 1883 estuvo dirigido por un sobrino
del propio Sagasta, Tirso Rodrigáñez Sagasta (1853-1935), que llegará a ser ministro de
Hacienda tanto con su tío como con Canalejas. De 1884 a 1886 lo dirigirá el dramaturgo
cómico Emilio Sánchez Pastor (1853-1935), que anteriormente había sido cronista
parlamentario del diario. Superado por otros grandes diarios madrileños, La Iberia
desaparece en plena guerra colonial, siendo la última entrega de su colección la
correspondiente al 14 de mayo de 1898, tras cuarenta y cinco años en publicación.
La República (1/02/1884-28/11/1891), formó parte del órgano del partido republicano
federal español, creado y sostenido por Enrique Pérez de Guzmán, marqués de Santa
Marta, uno de los aristócratas revolucionarios españoles del siglo XIX, e inspirado por
Francisco Pi y Margall. Al aparecer, el uno de febrero de 1884, se hace cargo de las
suscripciones de La vanguardia, y en su programa, además de proclamarse demócrata y
federal, se muestra defensor de la mejora de la clase trabajadora, así como antimilitarista,
iberista, anticolonialista y respetuoso con las diferentes lenguas españolas y favorable a
la autonomía política y financiera de municipios, provincias y regiFue dirigida,
sucesivamente, por Telésforo Ojea y Somoza, Pablo Correa y Zafrilla y Enrique Vera y
González. En sus últimos meses, bajo su cabecera, estampa las leyendas “Federación
Ibérica”, “Confederación Ibero-América” y “Alianza Latina”. Desaparece el 28 de
noviembre de1891, por las desavenencias entre Pérez de Guzmán y Pi y Margall en torno
a la frustrada coalición periodística republicana, señalando que algunas de ellas fueron
históricamente antiguas naciones.
El Imparcial (1/01/1868-30/05/1933), fue considerado como el periódico más influyente
en España en el último tercio del siglo diecinueve y primeros años del veinte, es fundado
28
por Eduardo Gasset y Artime (1832-1884), apareciendo su primer número el 16 de marzo
de 1867, como diario vespertino (hasta abril de 1868 no será matutino) de carácter
informativo alejado del doctrinarismo propio de los periódicos de partido y fuertemente
ideologizados, que llegará a ser considerado como el principal periódico de los que
iniciaron la gran transformación de la moderna prensa española.
Desde una zona templada, nace afín a la Unión Liberal y como opositor al gobierno del
general Ramón María Narváez, sufriendo suspensiones en su primer año de vida, como
la que va del 11 al 22 de mayo. Desde sus columnas se gestará la coalición de liberales,
progresistas, demócratas y antidinásticos que propiciarán la Septembrina, convirtiéndose
en el órgano más influyente del Sexenio Democrático, como refleja el aumento de su
tirada, desde el medio millar de ejemplares diarios iniciales a los 18.000, alcanzando al
final de este periodo los 40.000, una de las cifras de circulación más altas en la prensa
española de la época, convirtiéndose en el diario favorito de los lectores, a la vez que el
más barato. Hostil al principio a la Restauración, termina integrándose en un “realismo
político”, manteniendo su independencia desde una posición liberal amplia, según
palabras de Seoane, y situándose frente al otro gran diario, el dinástico y canovista La
época. Sin embargo, su integración plena en el sistema forzará a sus dos principales
periodistas, Araús y Fernández Flórez, liderar una primera escisión que originará la
fundación, en 1879, de El liberal, que competirá desde una posición ideológica
republicana y más a la izquierda.
Como gran órgano de opinión y una de las más importantes empresas periodísticas de la
Restauración, El imparcial seguirá siendo uno de los diarios de mayor prestigio y
circulación, dando la nota más intelectual de la prensa nacional. Su gran editorialista
político por antonomasia será Manuel Troyano. Incorpora nuevos redactores, como
Andrés Mellado, Mariano de Cavia o Eugenio Rodríguez de Escalera (Montecristo), uno
de los principales cronistas sociales de la época, y José Ortega y Munilla, futuro yerno
del fundador, tomará la dirección de Los lunes… La calidad de sus artículos políticos,
económicos y literarios afianzará su influencia, de tal modo que se dirá que un artículo
del diario puede llegar a derribar un gobierno, mientras que publicar en su suplemento
literario se convierte en la mayor pretensión de los escritores españoles. En las páginas
de Los lunes... se darán cita, entre otros, los principales escritores de la Restauración y
los que más tarde integrarán la nómina de lo que se denominará generación del 98. Nos
referimos a Juan Valera, Federico Balart, Manuel del Palacio, Ramón de Campoamor,
29
Emilia Pardo Bazán, Jacinto Octavio Picón, Leopoldo Alas Clarín, Ramón María del
Valle Inclán, Miguel de Unamuno, Jacinto Benavente, Pío Baroja, Ramón Pérez de
Ayala, Ramiro de Maeztu, Azorín…
El Motín (01/04/1881-27/12/1924), fue fundado por el republicano federal y periodista
de ideas avanzadas José Nakens (1841-1926), cuyo nombre quedará vinculado al
magnicidio de Antonio Cánovas del Castillo (1897) y, especialmente, al atentado de la
boda real de 1906. Le acompañan en la fundación el también periodista Juan Vallejo
Larrinaga (-1892), que asumirá la dirección en su primera etapa, así como el destacado
dibujante y caricaturista Eduardo Sojo (1849-1908), quien, con el seudónimo Demócrito,
introducirá la caricatura anticlerical contra el alto y bajo clero y que El motín publicará a
doble página y en color en sus entregas de cuatro páginas, al que se suma en esta tarea el
también destacado dibujante Eduardo Sáens Hermúa (1859-1898), con el seudónimo
Mecachis. En sus páginas colaborará la plana mayor del republicanismo anticlerical
madrileño, según María Dolores Sáinz, entre los que se encontró Miguel Sawa (1866-
1910), y aunque no fue órgano de partido, defendió la unidad de los republicanos y,
especialmente, a Manuel Ruiz Zorrilla, participando Nakens, en 1903, en la fundación del
Partido Unión Republicana, del que se separará dos años después.
De carácter popular, y de marcada tendencia anticonservadora, como señala José Antonio
Lleva Ruiz, sus lectores procedieron en gran parte del proletariado, llegando a alcanzar
en la segunda década del siglo veinte los 20.000 ejemplares. Como editor, Nakens difunde
también una colección de novelas a través de la Biblioteca de El Motín, y una serie de
folletos bajo el título Biblioteca del Apostolado de la Verdad, así como unas Hojitas
piadosas, que alcanzarán hasta los 100.000 ejemplares.
El Nuevo Régimen (17/01/1891-01/12/1927), Francisco Pi y Margall (1824-1901) fue su
fundador y director. A este “semanario federal” Pi y Margall le dedicará los últimos años
de su vida política, periodística y literaria y, como casi su único redactor, en el plasmará
su testamento ideológico. Comienza a publicarlo diez años antes de su fallecimiento, el
diecisiete de enero de 1891, y su primer artículo sirve para presentar un esbozo del
programa del Partido Federal (que en junio de 1894 redactará), como partido demócrata
a favor del libre pensamiento, la libre conciencia y la soberanía popular; como
republicano, a favor de la abolición de todo título hereditario, y federal, abogando por la
autonomía de las regiones y municipios; y en el plano social, siendo favorable a las
mejoras y condiciones de vida de las clases jornaleras. Desde las páginas del semanario,
30
Pi y Margall, entusiasta del sistema federal estadounidense, se mostrará contrario a la
aplicación de la doctrina Monroe en el litigio anglo-venezolano de 1895, criticará el
belicismo y mostrará su oposición a la guerra de las Antillas, defenderá la autonomía e
independencia de Cuba, y junto a parte del resto del republicanismo español y del Partido
Socialista Obrero Español, defenderá y abogará por la paz en la Guerra de Cuba y
denunciará el militarismo españolista del 98, teniendo por ello que sufrir la calumnia de
“mal patriota”. Y en cuanto a la cuestión federal, en su último artículo, aparecido en el
semanario el 23 de noviembre de 1901, tenderá puentes con el catalanismo liberal, a pesar
de sus distancias insalvables con la versión tradicionalista de las Bases de Manresa de
1892.
Siglo Futuro (19/03/1875-30/04/1936), fundado por Cándido Nocedal (1821-1885),
aparece el 19 de marzo de 1875 con el subtítulo de “diario católico” cuando la tercera
guerra carlista (1872-1876) está en un momento enconado, pero no defenderá claramente
esta causa hasta que, en 1879, aparezca El fénix, de Alejandro Pidal y Mon, y en 1881 La
fe, el periódico de Vicente de Castro y Antonio Juan de Vildósola, con los que iniciará
una enconada polémica en el seno del ultracatolicismo, que acabará años después en el
cisma entre sus filas. Nocedal será en este tiempo jefe de prensa y representante en Madrid
del pretendiente Carlos María de Borbón (1848-1909), pero el órgano oficial del carlismo
lo ostentará el diario El correo catalán, que a partir de 1876 había fundado Luis María
Llauder. Entre sus primeros y principales redactores y colaboradores estuvieron Leandro
Ángel Herrero, Gabino Tejado, Francisco Navarro Villoslada, Manuel Tamayo y Baus,
Francisco Mateos Gago, Juan Manuel Ortí y Lara, Zacarías Metola y José Fernández
Montaña.
Nocedal entablará una batalla doctrinal no sólo con los periódicos ya citados de su mismo
carácter ideológico sino con los propios obispos españoles a los que tacha de veleidades
liberales, lo que dará lugar a que La fe sea expulsada de las filas carlistas en 1881 a la
vez que Pidal y Mon y su Unión Católica terminarán engrosando las filas del canovista
Partido Conservador, ocupando su ala más a la derecha. A la muerte de Nocedal y después
de un breve “directorio” carlista integrado por varios generales, Francisco Navarro
Villoslada será nombrado jefe de Comunión Tradicionalista y su jefe de prensa, a la vez
que Rafael Nocedal Romea –hijo de don Cándido- tomará las riendas del diario y lejos de
ir hacia un encuentro con sus correligionarios, radicalizará su ideología antiliberal
llegando al enfrentamiento directo y personal con el Carlos VII, y junto a otros 23
31
periódicos de la misma naturaleza publicará el Manifiesto de la Prensa Tradicionalista,
siendo acusado por el mismo pretendiente de “rebelde y excitador de la rebeldía” a su
causa, decretando su expulsión del Partido Tradicionalista. Fruto de esta escisión, en
1889, nace el Partido Integrista, del que El siglo futuro será su órgano central de prensa.
El diario nocedalista ocupará pues a través de su furibundo antiliberalismo neocatólico la
extrema derecha política y seguirá atacando a sus irreconciliables periódicos enemigos
dentro de las propias filas ultramontanas y a los mismos prelados españoles de la
Restauración, a través de su máxima de que el liberalismo era “pecado”.
A la muerte de Rafael Nocedal, que coincide con la del pretendiente Carlos VII, en 1909,
Juan de Olozábal y Ramery asumirá la jefatura del Partido Integrista y al que le será
transferida la propiedad del diario, que había iniciado una segunda época y numeración
dos años antes y que seguidamente estampará junto a su cabecera un estampa del Sagrado
Corazón de Jesús. Será nombrado director Manuel Senante Martínez y entre los
principales redactores y colaboradores de entre siglos destacan Cristóbal Botella, Manuel
Sánchez Asensio, Manuel Sánchez Cuesta (con el seudónimo Mirabal), Antonio María
Sanz Cerrada (Fray Junípero), Juan Marín del Campo (Chafarote) y como editorialista,
Emilio Ruiz Muñoz. Jenaro Fernández Yáñez será su redactor-jefe, al que le sustituirá
Jaime Maestro.
Además de la prensa citada anteriormente, el Archivo Histórico del Congreso de los
Diputados, concretamente la sección de Diario de Sesiones-Serie Histórica, me ha servido
de mucha utilidad para este trabajo, dado que como está digitalizado, me ha resultado
muy rápido y cómodo localizar todas las leyes y proyectos de leyes desde mediados del
siglo XIX, hasta la última ley electoral de dicho siglo, es decir, la de 1890.
Con dicha documentación, podré conocer que incompatibilidades políticas estaban
establecidas legalmente. También podré investigar los debates parlamentarios acerca de
las incompatibilidades políticas, mostrando especial atención, al igual que en las distintas
leyes y proyectos de leyes de incompatibilidades, a las discusiones referidas a las
incompatibilidades de los diputados y senadores con los contratistas del Estado.
METODOLOGÍA
Tras la lectura del libro de Miguel Ángel López Morell La Casa Rothschild en España
(1812-1941), me surgieron una serie de cuestiones previas a la investigación, algunos
ejemplos son: ¿en qué grado estas casas trasnacionales influenciaron a los políticos y a
32
las leyes que éstos legislaron?, ¿las élites trasnacionales condicionan la senda de la
historia?
Estas preguntas las traté de responder buscando correspondencia privada entre las
matrices de la casa Rothschild o sus corresponsales, y algunos políticos notables
españoles. Tras una larga búsqueda en el Banco de España, comentada anteriormente,
encontré correspondencia entre González Breto (el que en esas fechas era el
subgobernador del Banco de España) y James Rothschild. Tras un estudio contrastado y
crítico, posibilitado por un previo estudiado de otras obras que tratan sobre la familia
Rothschild y su forma de hacer negocios. He podido deducir, que las influencias de la
familia Rothschild se extendían más allá de las élites políticas, estas, afectaban a
empleados de otras grandes empresas en las que ellos tenían intereses, tal era el caso del
Banco de España (estos aspectos los desarrollaré más adelante). Para intentar contrastar
dichas fuentes y poder ampliar la investigación, me dirigí al Archivo Histórico Nacional.
En este archivo, encontré como he dicho anteriormente centenares de cartas de Ignacio
Baüer con las matrices Rothschild de Londres y París, así como con importantes políticos
y hombres de negocios españoles. De estas fuentes, además de otras cosas que narraré
más adelante, descubrí una serie de relaciones con otros hombres importantes
políticamente hablando, como es el caso de Emilio Castelar. Ante la respuesta provisional
a mis preguntas iniciales, me surgieron nuevos interrogantes: ¿cómo percibía la sociedad
tales relaciones entre las finanzas y de la política?, ¿se percibían los negocios y la política
como una cosa idéntica?
Para responder a estas preguntas, primigeniamente me he visto en la necesidad de acudir
al Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, con el fin de estudiar las leyes de
incompatibilidades parlamentarias, a través del análisis de los proyectos de leyes
electorales desde la década de 1850 hasta la última ley electoral del siglo XIX, es decir la
de 1890. De esta forma, he podido dilucidar que prácticas políticas eran legales o ilegales.
No obstante, para poder contrastar la información que me proporcionaba el Diario de
Sesiones del Congreso de los Diputados, acudí a analizar los diarios: La Iberia, El Fígaro,
La República, El Imparcial, El Motín, El Nuevo Régimen o el diario católico Siglo
Futuro. Analizando críticamente estas fuentes después de documentarme de los inicios y
clausuras de cada periódico, así como sus fundadores e ideología; he podido llegar a
contestar provisionalmente las preguntas que me plante al principio de esta parte de la
investigación. Sin embargo, me han surgido nuevos interrogantes que espero dar una
33
respuesta en futuras investigaciones: ¿por qué la historiografía no ha estudiado las
relaciones clientelares que se establecieron entre algunos políticos republicanos y las
grandes casas trasnacionales?, ¿tiene la corrupción un carácter endémico al sistema
capitalista?
34
4 PRIMEROS RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN
4.1 CLIENTELAS ROTHSCHILD EN ESPAÑA
Para que exista la corrupción, ha de existir un corruptor y un corrompido. En esta parte
del trabajo intentaré hacer una aproximación para que en una futura investigación más
amplia y contrastada, se demuestre cómo se desarrollaron las redes clientelares desde una
perspectiva centrada en los corruptores, es decir, desde las grandes casas trasnacionales.
Además de cómo se establecieron esas influencias con la clase política, esas que tan
buenos resultados les dieron.
Para ampliar el conocimiento que tenemos sobre las clientelas articuladas por los grandes
hombres de negocios, profundizaré en el estudio de la todopoderosa casa Rothschild, es
decir, el mayor conglomerado financiero, minero, comercial, del mundo en el siglo XIX
y (casi con toda seguridad) en la actualidad, pese a su política de discreción después de
lo acontecido en la II Guerra Mundial. Sin lugar a dudas, a mi juicio es una de las familias
más interesantes de toda la Edad Contemporánea. Ello explica el por qué la obra que me
influyó decisivamente a decantarme por investigar las relaciones entre las grandes casas
de negocios trasnacionales y las élites políticas españolas en el último tercio del siglo
XIX fuera la obra de Miguel Ángel López Morell, La Casa Rothschild en España
publicada en el 2005.
Haciendo un breve resumen me centraré solo en la parte que atañe a este tema, es decir,
las relaciones entre la Casa Rothschild y la clase política española, dado que el objetivo
principal de la obra de Miguel Ángel es hacer una historia económica de la casa
Rothschild en España. Por ello, como es lógico, dedica muy poco espacio en su obra a las
relaciones entre los corresponsales de la casa trasnacional y las élites políticas españolas.
El autor defiende que, además de los beneficios obtenidos por una gestión eficientísima
y muy diversificada en sus respectivos negocios, existe otro tipo de factores que explican
el porqué de la mayor dinastía de negocios por volumen de capital en el Estado español
(así como en Europa). López demuestra y denuncia los habituales sobornos, como por
ejemplo, el que realizaron en su primer contrato de Almadén en 1834 o el que hicieron en
35
1846 cuando Weisweiller (corresponsal en Madrid de la Casa Rothschild) sobornó a Mon
para que resolviera los retrasos con el Tesoro Público. Además, el autor sostiene que los
sobornos se repitieron al menos con los empréstitos de 1868-1869 y 1871, así como con
los trámites del contrato de Almadén de 1870 (con una suma de 61.524 libras, una
auténtica fortuna en aquella época; incluso demuestra que el ministro Alejandro Mon se
reunió dos meses después de concederles el acuerdo, solicitando una pequeña parte del
accionariado del negocio). El autor señala que de estas “gratificaciones” se beneficiaban
altos funcionarios del ministerio de Hacienda, cuando no los propios ministros, aunque
los corresponsales de la casa se cuidaron mucho de mantener sus nombres en el anonimato
hasta en las cartas que enviaban a la matriz en París o Londres. El autor demuestra que la
agencia tenía por costumbre reservar un 2 por mil de los beneficios netos para emplearlos
en sobornos.
López Morell, en un segundo bloque, hace un sistemático estudio de la evolución de los
consejos de administración de las mayores compañías de la casa Rothschild en España,
como es el caso de la empresa ferroviaria MZA, la compañía petroquímica SEMI o una
de las empresas mineras (Peñarroya), desde sus respectivas fundaciones hasta 1936. En
el estudio se observan abundantes personalidades políticas del más alto nivel del
bipartidismo español, con mayoría de personalidades pertenecientes a las
administraciones de Hacienda y Fomento, así como consejeros del Banco de España y
otras compañías financieras. Por desgracia, el autor no especifica la fecha exacta de los
cargos que desempeñaron los políticos que enumeraré a continuación, dado que como es
natural no era el objetivo de su estudio. En total, trece ministros de Hacienda: Juan
Alvarado, Manuel Bermúdez de Castro, José Manuel Collado, Venancio González,
Alejandro Llorente, José de Salamanca, José Canalejas, Amós Salvador; por dos veces,
Juan Francisco Camacho, Pedro Salverría y Gabino Bugallal; por cuatro veces, nueve
ministros de Fomento: Albareda, Augusto Ulloa, Camacho, Salvador, García Prieto,
Alejandro Pidal y Mon, Romanones y el conde de Xiquena; y hasta seis presidentes del
Consejo de ministros: Mon, Romanones, Canalejas, Dato, García Prieto y Bugallal. Todos
estos políticos formaron pate de los consejos de administración de las empresas
Rothschild en prolongadas épocas, salvo en las fechas en que formaban parte del
ejecutivo, excepto en algunos casos en los que algunos políticos no tuvieron
remordimientos en ostentar ambos cargos. Sin embargo, gracias a la obra de José Manuel
36
de Urquijo, podemos saber las fechas de los cargos que ostentaron estos patriotas tan
peculiares.
José Manuel Collado, más conocido como el duque de Mandas, fue ministro de Hacienda
del 30-07-1854 al 29-11-1854, de Gobernación y de nuevo de Hacienda durante ese
mismo año. De Fomento y Ultramar del 14-07-1856 al 12-10-185632. Venancio González
Fernández, fue ministro de Gobernación entre 8-02-1881 y 0-01-1882, luego en 1885 y
en 1886; de Hacienda en 1888 y de Gobernación en 1892 y 189333. Alejandro Llorente
fue ministro de Gobernación entre diciembre 1852 y enero 1853, de Hacienda en 1853,
de Gracia y Justicia interino en 1853 y de Estado en 186434. José Salamanca ejerció de
ministro de Hacienda del 28-03-1847 al 4-10-184835. Juan Francisco Camacho ostentó el
cargo de ministro de Hacienda en 1872,1874, 1881, 1883, 1885 y 188636. Augusto Ulloa
desempeñó la función de ministro de Hacienda interino en 1859 y 1860, de Marina en
1863 y 1864, de Fomento en 1864, de Gracia y Justicia en 1871, de Ultramar interino en
1872, de Estado en 1872 y 1874, de Ultramar interino en 1874 y de Estado nuevamente
en 187437. Alejandro Pidal Mon fue ministro de Fomento del 18-01-1884 al 27-11-188538.
El increíble trato de privilegio que se le dio en las Cortes a los intereses de los Rothschild
muestra hasta dónde llegaban las influencias de la Casa y la parcialidad con la que
legislaron los padres de la patria del momento. El autor señala que también incluyeron en
los consejos de administración a gran cantidad de directivos de otros bancos comerciales
(Vizcaya, Hispano, Banesto, Urquijo etc.), así como la presencia de auténticas dinastías
familiares en los consejos, como los Miranbaud, los Urquijo, los Figueroa, los Mon o la
familia Canalejas.
López argumenta que la tendencia ideológica de estos “amigos” era bastante irregular,
aunque había una predisposición de aglutinar en torno suyo a políticos liberales,
32 URQUIJO GOITIA, José Ramón: Gobiernos y ministros españoles en la edad contemporánea, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, segunda edición corregida y aumentada, 2008, pág. 208. 33 URQUIJO GOITIA, José Ramón: Gobiernos y ministros españoles en la edad contemporánea, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, segunda edición corregida y aumentada, 2008, pág. 245. 34 URQUIJO GOITIA, José Ramón: Gobiernos y ministros españoles en la edad contemporánea, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, segunda edición corregida y aumentada, 2008, pág. 262. 35 URQUIJO GOITIA, José Ramón: Gobiernos y ministros españoles en la edad contemporánea, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, segunda edición corregida y aumentada, 2008, pág. 325. 36 URQUIJO GOITIA, José Ramón: Gobiernos y ministros españoles en la edad contemporánea, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, segunda edición corregida y aumentada, 2008, pág. 192. 37 URQUIJO GOITIA, José Ramón: Gobiernos y ministros españoles en la edad contemporánea, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, segunda edición corregida y aumentada, 2008, pág. 345. 38 URQUIJO GOITIA, José Ramón: Gobiernos y ministros españoles en la edad contemporánea, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, segunda edición corregida y aumentada, 2008, pág. 305.
37
progresistas o de la antigua Unión Liberal, o del Partido Liberal si hablamos de la
Restauración (aunque también abundaban bastantes conservadores). Además, también
contaron con Cipriano Seguno Montesinos, el primer Ingeniero Industrial de España y
uno de los redactores de la Ley de Ferrocarriles de 1855, o con miembros de los bufetes
de abogados más prestigiosos de Madrid, como Manuel Cortina (el abogado más
prestigioso de Madrid, también, fue el abogado de la reina Mª Cristina. Tras su muerte en
1879 le sustituyó Venancio González). Hay que aclarar que como es obvio las decisiones
de las distintas compañías no las discutían en los consejos de administración, sino en el
Comité de empresa donde se sentaban los mayores técnicos, o expertos del gremio,
incluyendo como es natural a los más prestigiosos economistas39.
En el 2008, Miguel Ángel López Morell y José Mª O´Kean Alonso hacen una indagación
en los aspectos más interesantes (para este trabajo) del libro que público López en 2005,
como son las clientelas que formó la casa Rothschild, así como también se adentran en su
organización trasnacional, sus corresponsales y socios, la circulación de la información
etc.
Los autores citados anteriormente, señalan en su obra que uno de los factores que permitió
ese “cacicato” fue la intromisión de la élite de la clase política española en los consejos
de administración de sus empresas. Según demuestran en la ferroviaria MZA, desde 1856
hasta 1935 un total de 13 ministros de Hacienda formaron parte de sus consejos de
administración como Alvarado, Bermúdez de Castro, José Mª Collado, Venancio
González, Alejandro Llorente, Salamanca, Canalejas, Salvador, Camacho, Salvatierra y
Gabino Bugallal. Los consejeros procedentes del Banco de España en la Sociedad
Española Mercantil e Industrial (la compañía financiera Rothschild en España) fueron
Salvatierra y Camacho, que fueron gobernadores del Banco de España. Manuel María
Álvarez simultáneamente fue consejero del Banco de España y de la MZA desde 1889
hasta 1898, García Prieto fue un caso similar desde 1920 a 1925. Así pues, en Peñarroya
S.A. encontramos a Gonzalo y Álvaro Figueroa, conde de Romanones, José Canalejas y
sus dos hijos. Según los autores estas personalidades de la vida política española contaron
con una remuneración, como mínimo, de 10000 pesetas (de la época, que eran sin duda
mucho dinero) al año, más 500 pesetas mensuales. López y O´Kean para el caso de
Riotinto, demuestran que el diputado por Huelva Daniel Carballo formó parte de la
39 LÓPEZ MORELL, Miguel Ángel: La Casa Rothschild en España (1812-1941), Barcelona, Marcial Pons, 2005, pp. 449-466.
38
dirección de la explotación minera, así como que Carballo fue el mayor cacique de la
provincia, ya que influía en el encasillado de las circunscripciones de la provincia con
absoluta autoridad desde que se hicieran con la compañía en los años ochenta del siglo
XIX hasta 1923.
Los autores, a través del análisis de las cartas privadas entre la agencia y la matriz de
París, han demostrado que los propios Bauer y Weisweiller reconocían tener en los
ministerios personal encargado de remitir todos los borradores legislativos y las
condiciones, teóricamente secretas, que presentaba la competencia para hacerse con
contratos, como lo demuestra lo acaecido con la concesión de la mina de Almadén. Como
sostienen los autores “en aquellos casos en los que no bastaban las relaciones personales
y las prebendas, el tráfico de influencias y el soborno se manejaban como herramientas
habituales”. Sin duda, gracias a los contactos a los que retribuían muy bien (pero cuya
identidad se cuidaban mucho de desvelar, incluso a las matrices Rothschild) la familia
Rothschild, no compitió en igualdad de oportunidades con los demás contratistas. Estas
acusaciones tan graves las demuestran con el mayor soborno documentado, es decir, el
de 1834 con el ministro Toreno, que ascendió a 1,3 millones de francos (toda una fortuna
de la época) a cambio de la concesión de Almadén.
En otras ocasiones, los autores señalan que se llegó al caso en el que el propio Cánovas,
en 1896, legisló en favor de reducir la competencia entre las grandes empresas
competidoras Rothschild y la Péreire. Cánovas patrocinó un acuerdo entre ambas para
que entre otras cosas, pactaran el precio y se repartieran los beneficios. Este hecho resulto
ser muy negativo para los intereses de los consumidores, debido a que una vez rota la
competencia entre ellas, los precios subieron. Sin duda, buena prueba de hasta qué punto
los intereses Rothschild estaban bien guardados, se observa en la destitución por unas
horas del ministro de Hacienda Urzáiz en 1917 a manos de Romanones, tras haber
firmado dos reales órdenes en las que gravaba la exportación de cobre y de piritas.
Naturalmente esta reforma se denegó ya que los intereses Rothschild estaban a buen
recaudo40.
Para ampliar el conocimiento que tenemos de las clientelas que articuló la casa Rothschild
40 López-Morell, Miguel Ángel, O´Kean Alonso, José María: “La red de negocios de la Casa Rothschild en España como una estructura de toma de decisiones y de gestión empresarial”, Revista de la historia de la
economía y de la empresa, (2008), p.p. 41-64.
39
41en España, intentaré a través de la correspondencia
privada de la propia matriz de Londres y sobre todo
mediante la de su corresponsal en Madrid, Ignacio
Baüer realizar una aproximación que establezca unos
primeros pasos, que sirvan para futuras investigaciones
que intenten estudiar y profundizar en el verdadero
alcance de las relaciones clientelares que estableció la
casa Rothschild tanto con los políticos citados por
Miguel Ángel López, como con otros, además de otros
hombres de la alta sociedad española. Por ello, el interés
de esta parte del trabajo no es tanto el de aclarar si esas
prácticas suponían un delito o una inmoralidad o profundizar en algún caso concreto, ya
que para eso se requiere de una contrastación y documentación de cada caso. La verdadera
motivación es la de abrir nuevas líneas de investigación (gracias al descubrimiento en el
Archivo Histórico Nacional de documentación inédita y personal de Ignacio Baüer)
respecto a la forma de gestionar los negocios de la familia Rothschild en España, así como
las clientelas tanto políticas como de negocios que desarrollaron para auparse en lo más
alto del podio patrio (al igual que en el resto del mundo) de los negocios financieros,
mineros o comerciales.
Para intentar contestar a las preguntas señaladas más atrás, es decir, ¿en qué grado estas
casas trasnacionales influenciaron a los políticos y a las leyes que éstos legislaron? y ¿las
élites trasnacionales condicionaron la política española? En el Archivo Nacional de
Madrid he localizado el archivo personal de Ignacio Baüer, el corresponsal de la casa
Rothschild en Madrid, en este archivo además de documentos que acontecen a la familia
de su esposa, escrituras, testamentos, etc., hay muchísima correspondencia privada de
Baüer, tanto referente a asuntos personales, como asuntos de trabajo, es decir, de todos
los negocios que llevó a cabo la casa Rothschild en España. 42
Por lo tanto en ese fondo documental hay cientos de cartas que tenían como destino y
origen tanto las matrices Rothschild de París y de Londres (que son los centros logísticos
más importantes de la “dinastía”) como otros hombres de la alta sociedad española ya
41 Foto de Ignacio Baüer.
40
fueran políticos u hombres de negocios. Las fechas de tal documentación abarcan desde
la década de 1860 hasta las primeras décadas del siglo XX. Sin duda, en el Archivo
Histórico Nacional hay muchísima documentación virgen que arroja luz sobre cómo era
el funcionamiento interno de los negocios de la familia. El problema a mi juicio, es que
para analizar tal documentación es necesario dominar perfectamente el francés ya que la
mayoría de esa correspondencia está manuscrita en francés, también hay algunas cartas
en inglés y castellano e incluso algunas (las más confidenciales) en hebreo, de ahí la
dificultad de esta investigación.
Ante la falta de tiempo, fotocopié 10 cartas (para hacer una posterior traducción del
francés al castellano) de uno de los muchos fajos de cartas que existen en el Archivo
Histórico Nacional, con la mala suerte de que todas las cartas salvo una hablaban de temas
meramente familiares, es decir, que no tenían nada que ver con asuntos de negocios. No
obstante, fotocopié una carta muy interesante fechada en el 20 de octubre de 1886, en la
que Baüer responde a otro corresponsal de la casa Rothschild explicándole que ¿los
hermanos P?43, habían hecho un mal irreparable para la compañía, exponiéndole: “que
singular manera de entrar en la Casa”. Además también dice textualmente dicho
documento: “D. Venancio no encontró nada bueno”, se refiere al que en ese momento (20
de octubre de 1886) hacía 10 días que había dejado de ser Ministro de Gobernación. Otra
frase de la susodicha carta es muy peculiar: “te telegrafié que la reina estuvo paseando
por el jardín según sus costumbres”, esta frase da testimonio de hasta qué punto los
corresponsales de la casa controlaban los movimientos de los actores políticos que
tomaban decisiones sobre negocios en los que tenían intereses. Además en la carta
aparecen nombres de grandes casas españolas como la de los Medina Sidonia “para los
Medina-Sidonia”.44
En la misma caja también descubrí abundante correspondencia entre Baüer y el
republicano Emilio Castelar en castellano. Como se sabe Emilio Castelar fue diputado
desde 1869 hasta 1899, con el advenimiento de la Primera República en 1873 fue
nombrado ministro de Estado, después presidente del Congreso de los Diputados y por
último jefe del Estado el 7 de septiembre del mismo año. Además, tras la Restauración
43 ANEXO I 44 Archivo Histórico Nacional, Diversos-Títulos Familias, caja 2216.
41
borbónica volvió a su escaño en las Cortes desde posiciones próximas al dinástico Partido
Liberal45.
De la correspondencia que he trabajado, la mayoría trata de temas familiares, de
invitaciones a comidas, etc. No obstante en una carta privada fechada el 3 de diciembre
de 1880 Emilio Castelar le pide a su muy amigo Baüer cuatro favores personales. Por el
primero le solicita que interceda por un amigo suyo (Antonio Galdó), pidiéndole a Baüer
que tomara cartas en el asunto para que contrataran a su amigo en la fábrica de refino de
Alicante “El fundador de la fábrica de refino en Alicante no recordó para nada en sus
colocaciones a mi recomendado Antonio Galdó, después de haber prometido lo contrario
en una carta”, “Querido amigo mío, hágale, como decían en castellano viejo, hágale
memoria”. El segundo favor que le pide es que intercediera nuevamente por otro amigo,
un doctor llamado Zaboaula, para que consiguiera trabajo de médico en Madrid:
“favorecer al médico, mi recomendado, el señor Zaboaula, pues queda vacante una plaza
en la primera lección de Madrid ha finalizado lujaba para próxima promoción a causa del
fallecimiento del titular, y ese nombramiento le vendría a Zaboaula como anillo en dedo”.
De nuevo en el tercer favor que le pide al corresponsal Rothschild es que intercediera por
otro amigo del republicano, un telegrafista que había sido apartado de su trabajo. En la
cuarta petición, sin duda la más interesante, Castelar le expone a Baüer que había perdido
dinero en la inversión de la línea ferroviaria que unía Ciudad Real y Mérida, por ello le
pide a su amigo que intercediera en el consejo de administración de la compañía para
solucionar tal problema: “He perdido yo también algo con la inversión de la línea de
Ciudad Real a Mérida. Aquel consejo de Administración puede remediarlo. Podría vos
interceder”46.
Siguiendo con la búsqueda de fuentes que me permitieran conocer más cómo llevaron a
cabo los Rothschild sus negocios en España, descubrí en el Archivo Histórico del Banco
de España de Madrid tras una larga y complicada búsqueda, un legajo en el que existe
documentación respecto a negocios que entabló la Casa Rothschild con el Banco de
España. En ese legajo me encontré abundante correspondencia privada fechada en abril y
mayo de 1874 entre James Rothschild (cabeza de la matriz londinense) y el Sr. José
45 LLORCA, Carmen: Emilio Castelar 1832-1899. Precursor de la democracia cristiana, Alicante, Instituto de Cultura de la diputación de Alicante, 1999. 46 Archivo Histórico Nacional, Diversos-Títulos Familias, caja 2216.
42
González Breto, el subgobernador del Banco de España en las fechas en que se produjo
ese intercambio de correspondencia.47
En estas cartas claramente se observa un intercambio de favores, en los que estaban
atraídos ambos personajes. James Rothschild estaba interesado en las informaciones que
le dio González acerca de los movimientos del Banco de España, debido a que los
Rothschild poseían un gran paquete de acciones del Banco de España, además, porqué
eran muy frecuentes los negocios con el susodicho banco. La atracción de James
Rothschild por esa información privilegiada, se debe a que la información en los negocios
es una cosa imprescindible si se quiere maximizar las ganancias. Por su parte el
subgobernador del Banco de España, estaba interesado en unas operaciones en el mercado
de la plata.
En una carta fechada en el 3 de abril de 1877, James Rothschild informa a González del
precio que tiene la plata en las bolsas (a 53 ½). No obstante, como este no quería vender
a menos de 55$, James le comenta que intentará hacer un trato con los Baring (otro grupo
competidor de la City londinense) para poder solucionar ese asunto. Después de
despachar ese tema, James Rothschild le preguntó al subgobernador, si el Banco tenía
obligaciones de la sesión anterior, pidiéndole que cambiara una operación (¿un préstamo
al Banco de España?) de interior por exterior. Según argumenta Rothschild, daría lo
mismo: “dar más como otros pues siendo lo mismo meramente deposito en garantía nada
tendrá que ver los que hicieron el préstamo, con el cobro de intereses o amortiguación”.
En otra carta fechada en el 5 de abril de 1877 siguen tratando los mismos temas; le
comunica James Rothschild a González que había hablado con la casa Baring. No
obstante, en la segunda parte de la carta James le sigue pidiendo información de las
operaciones del Banco de España…
En otra correspondencia fechada el 1 de mayo de 1877 nuevamente hablan del mercado
de la plata, pero sin lugar a dudas, lo interesante de esta carta es que demuestra el potencial
servicio de informadores con el que contaba la casa Rothschild. Este servicio le permitía
llegar a informaciones incluso antes que algunos gobiernos. La rapidez y fiabilidad de su
red de informadores, sin lugar a duda, era uno de los mecanismo que les permitieron hacer
grandes negocios, ya que la información era (y es) fundamental a la hora de actuar en las
47 SUDRIÀ TRIAY, Carles; BLASCO-MARTEL, Yolanda: La pluralidad de emisión en España. 1844-
1874, Bilbao, Editorial fundación BBVA, 2016.
43
bolsas y en general en el mundo de los negocios. En la carta James explica a González
que: “la Rusia en lugar de dirigirse hacia las provincias europeas de Turquía de donde
procedió ¿el motivo? para la declaración de guerra, ataca por el lado de Asía. Podría
suceder que Inglaterra llegara a ver en esto algún obstáculo para sus intereses en el
oriente”48 49.
Ante esta investigación, me han surgido nuevas preguntas, que me incitan a hacer una
nueva investigación con el objetivo de intentar responder a estas cuestiones.
¿Cómo percibía la sociedad tales relaciones entre las finanzas y de la política?, ¿se
percibían los negocios y la política como una cosa idéntica?
4.2 Prácticas políticas clientelares, ¿legales o ilegales?
Como he dicho anteriormente hay un vacío de estudios sobre la legalidad o ilegalidad de
las prácticas clientelares que se desarrollaron durante el siglo XIX entre los políticos
españoles y los grandes hombres de negocios, ni que decir de las imponentes grandes
casas de negocios trasnacionales. Como es un tema tan novedoso y tan complejo, debido
a las dificultades de acceso a las fuentes y por el movimiento continuo de la consideración
social de qué era corrupción a lo largo del siglo XIX. Intentaré hacer un análisis jurídico-
político y de esfera pública que me permita responder a las preguntas que motivan esta
parte de la investigación.
Como he dicho en el estado de la cuestión, los únicos autores que dicen algo al respecto
de estos interrogantes son: Juan Pro Ruiz en su estudio de la Década moderada, es decir,
de 1844 a 1854, defiende que en dicha década el enriquecimiento durante un mandato
político era lógico y respetable, además, sostiene que las denuncias de corruptelas sobre
las decisiones políticas en favor de intereses privados, en la época, se percibían como
meros argumentos oportunistas de la oposición para deslegitimar al partido gobernante50.
48 Archivo Histórico del Banco de España, Secretaria, Signatura antigua: leg. 592 Sit. 49 ANEXO II 50 Pro Ruiz, Juan: “Poder político y poder económico en el Madrid de los moderados (1844-1854)”, Ayer Nº 66, (2007). Pp. 27-55.
44
Carmen García García en su obra “Intereses públicos, intereses privados” en la que
estudia las décadas de 1850 y 1860, apunta a que las relaciones clientelares que estableció
la casa de negocios trasnacional Péreire con ciertas élites políticas españolas debían de
contar con cierto consenso entre las clases dirigentes51.
Centrándonos en las cuestiones primordiales que nos atañen para esta investigación, es
decir, arrojar luz sobre cómo se percibían las relaciones clientelares o las influencias entre
los grandes capitalistas y las élites políticas españolas del último tercio del siglo XIX, es
de una importancia estructural fijarnos en las leyes electorales que se sucedieron a lo largo
de este periodo, poniendo el foco en las incompatibilidades parlamentarias, sobre todo las
que atañen a los contratistas del Estado. De gran trascendencia para este trabajo son sin
duda los Proyectos de Ley que presentaron José Polo y Gonzalo Morón, sin éxito, entre
1849-1851. En sus proposiciones, establecían las incompatibilidades de todos los
funcionarios no residentes en Madrid, así como los que tuvieran un sueldo inferior a los
30000 reales. Morón, además, incluía a los alcaldes que contaran con más de un tercio
del electorado del distrito por el que se presentaba, así como a los contratistas del Estado
y a los que contaran con un sueldo menor a 40000 reales. La inclusión de los contratistas
evidenciaba el clima de desconfianza generado en los últimos años de la Década
moderada por el círculo de especuladores y financieros situados en torno al Partido
Moderado. A pesar de que estas leyes no se aprobaron, en 1856 se restableció la Ley
electoral de 1846. No obstante, el debate sobre las incompatibilidades pervivió y hubo
nuevas iniciativas legislativas a partir de la llegada de la Unión Liberal al poder. Polo en
1858 retomó sus proposiciones anteriores.
En 1862 el moderado Martín Herrera en su Proyecto de Ley, propuso de nuevo las
incompatibilidades de los funcionarios fijadas por los Proyectos de Ley de Polo y Morón
en 1849. La Comisión que estudió el Proyecto introdujo pequeños cambios, extendiendo
las incompatibilidades de la Ley de 1846 a los contratistas y recaudadores del Estado,
haciendo compatible el puesto de diputado con los de catedrático de la Universidad
Central y consejero de instrucción pública. Algunos parlamentarios conservadores
pusieron de ejemplo el caso italiano (contaba con una Ley de incompatibilidades más
flexible) como referencia positiva; otros diputados más críticos, como Polo, defendieron
en el Parlamento que había grandes diferencias entre el caso italiano y el español,
51García García, Carmen: “Intereses públicos, intereses privados: Los Péreire y sus aliados españoles (1856-1868)”, Ayer 66, (2007), pp.57-84.
45
”mientras los italianos estaban viviendo todavía tiempos de pasión política y en esas
circunstancias no era necesaria la incompatibilidad parlamentaria, pues los hombres
defendían ante todo “sus opiniones” y no se dejaban arrastrar por la corrupción”52.
En enero de 1866, tras el intento de pronunciamiento de Prim, el gobierno endureció la
censura. En ese contexto Cándido Nocedal presentó una Proposición de Ley muy
novedosa, que será muy interesante para el desarrollo de esta parte del trabajo, así como,
la ideología que le motivaba a proponerla, pero, de estos asuntos, hablaremos más
adelante. Su texto pretendía establecer las incompatibilidades absolutas, tanto en lo que
se refería a los funcionarios como a los contratistas. Esto quedaba meridianamente claro
en el artículo 1º de la Proposición de Ley “El cargo de Diputado es incompatible con todo
empleo público o de la casa Real. Para los efectos de esta ley, se consideran empleos
públicos los que se confieren por nombramiento del Gobierno, aun cuando su retribución
no este consignada en los presupuestos del Estado. Exceptúense únicamente los ministros
de la Corona”53. El Congreso aprobó, tras una votación, la proposición de Nocedal, lo que
supuso una dura derrota para el ejecutivo de O´Donell. Al final, una intervención de éste
amenazando con la dimisión en pleno del gabinete llevó a suspender la discusión,
anulando así esta Proposición de Ley, siendo la última iniciativa legislativa del periodo
isabelino54.
Tras la Revolución de 1868, desde la convicción de separar claramente el poder ejecutivo
del legislativo y de convertir a los diputados en intérpretes del interés general, el dictamen
de la Comisión presentó el dictamen sobre el Proyecto de Ley electoral de 1870, el cual
defendió el régimen de incompatibilidades absolutas entre los funcionarios y los
diputados, extendiendo las prohibiciones a los contratistas del Estado, diputados
provinciales y concejales. La Ley se aprobó definitivamente en 187155. Esta es la principal
novedad que he podido observar, a pesar de que se venía debatiendo desde mediados del
siglo XIX, por primera vez en España, se estableció la incompatibilidad parlamentaria a
los contratistas del Estado y a sus fiadores.
52 Diario de Sesiones de Cortes (DSC), 26 de abril de 1864, pp. 1697-1698 y pp. 1701-1702, respectivamente. 53 La Proposición de Ley en DSC, 10 de febrero de 1866, Apéndice 8 al núm. 25. 54 SIERRA María, PEÑA Mª Antonia, ZURITA Rafael: Elegidos y elegibles. La representación
parlamentaria en la cultura del liberalismo, Madrid, Marcial Pons, 2010, pp. 217-218. 55 SIERRA María, PEÑA Mª Antonia, ZURITA Rafael: Elegidos y elegibles. La representación
parlamentaria en la cultura del liberalismo, Madrid, Marcial Pons, 2010, pp. 274-280.
46
María Sierra , Mª Antonia Peña y Rafael Zurita, hacen una excelente investigación sobre
las incompatibilidades parlamentarias regían la vida política del siglo XIX español,
centrando el enfoque sobre todo en la esfera política y en las incompatibilidades con
respecto a los funcionarios, es decir, en la manipulación de elecciones, en el control del
parlamento por parte del ejecutivo. Por ello esta investigación pionera es un buen punto
de inicio para poder dilucidar qué incompatibilidades parlamentarias estaban instauradas
en el periodo cronológico que atañe a este trabajo. No obstante, en materia de
incompatibilidades parlamentarias correspondientes a los contratistas y fiadores del
Estado, está escasamente tratado. Debido a esto, para investigar más profundamente
desde una perspectiva jurídico-política, las relaciones clientelares entre las élites de los
partidos políticos del siglo XIX y el mundo de los negocios, es decir, las grandes casas
de negocios trasnacionales, he necesitado investigar las leyes y los Proyectos de leyes, de
esta forma he podido conocer que prácticas clientelares realizadas era legales o
abiertamente ilegales.
El proyecto de Ley electoral presentado el 28 de junio de 1860 defendía en su artículo 8º
que era incompatible el cargo de Diputado con todo empleo civil activo cuyo sueldo anual
no lleguara a 30000 reales. En el artículo 11º, en el apartado cuatro, establece la
incompatibilidad a los que al tiempo de haberse las elecciones tengan contratos
pendientes con el gobierno o con cualquiera de los centros directivos de la
Administración. En el apartado quinto, privaba del derecho de diputado a los que de
resultas de contratos propios estén interesados en reclamar contra el Estado. Sin embargo,
el Proyecto de Ley presentado por el ministro de la Gobernación Cánovas del Castillo el
4 de marzo de 1864 en su artículo 17º extendía las incompatibilidades a la persona que
haga supuestos contratos de participación en ramos de la industria o de comercio, o que
suponga poseer una propiedad territorial o ejercer una industria o profesión con el
propósito de ser incluida en las listas electorales y las que ayude a otra a estos fines,
incluirá en la multa de 10 a 100 duros y suspensión del derecho electoral56. No obstante,
la Comisión el 2 de abril de 1864, en el artículo 1º, en el apartado tercero, extendió las
incompatibilidades a los ingenieros de caminos, minas o montes en las provincias o
distritos donde ejercieran sus funciones. En el apartado cuarto, a los contratistas y sus
fiadores de obras o servicios públicos que fueran pagados con fondos estatales,
provinciales o municipales en los distritos donde se ejecutaran las obras o se prestaran los
56 Proyecto de Ley en Diario de Sesiones de Cortes (DSC), 7 de marzo de 1864, Apéndice 4 al núm. 78.
47
servicios. En el artículo 2º exceptuaban de las incompatibilidades parlamentarias a los
inspectores generales y subinspectores de los cuerpos de caminos, minas y montes, que
por razón de su empleo tuvieran su residencia fija en Madrid, además de los ingenieros
jefes de primera clase de los cuerpos mencionados, que teniendo igualmente su residencia
en la corte por razón de su empleo como ingenieros, se hallasen desempeñando con un
año de antelación57.
En la Ley electoral decretada el 23 de junio de 1870, en el artículo 8º de nuevo establece
que no podrán ser elegidos diputados o senadores, ni los contratistas o sus fiadores de
obras y servicios públicos que se paguen con fondos estatales, provinciales o locales;
además de los recaudadores de contribuciones y sus fiadores, así como los deudores con
el Estado58. Tras la caída de la I República española y la reinstauración de la monarquía,
se legisló el 23 de diciembre de 1878 una nueva ley electoral que estuvo vigente hasta el
26 de junio de 1890. La ley en su artículo 7º extiende las incompatibilidades
parlamentarias a todos los contratistas de obras o servicios públicos de cualquier clase,
que se costeen con fondos estatales o tengan como objetivo la recaudación de rentas
públicas, y los que de resultas de tales contratas tengan pendientes contra el Gobierno
reclamaciones de interés propio. Esta incapacidad también la extendió a los fiadores y
consocios de los contratistas.
En el artículo 9º, en el apartado segundo, establece incompatibilidades a los ingenieros
de caminos, montes y minas, con relación a los distritos o provincias donde ejercieren sus
cargos por comisión del gobierno. En el apartado quinto, la extiende a los que se hallaren
en el caso séptimo del artículo 8º por obras o servicios de cualquier clase de interés
provincial o municipal, con relación a las provincias o distritos interesados en dichas
obras o servicios. En el artículo 10º especifica que la incapacidad relativa que se establece
en el punto anterior subsistirá hasta un año después de que hubiere cesado por cualquier
causa59.
La última ley electoral que rigió el siglo XIX español fue la Ley electoral del 26 de junio
de 1890. Con respecto a las incompatibilidades parlamentarias solo se añadió con respecto
a la anterior (es decir, la que estaba vigente desde el 23 de diciembre de 1878) lo que
exponía en el artículo 3º, el apartado quinto: “Los que desempeñen o hayan desempeñado
57 El dictamen de la Comisión en DSC, 2 de abril de 1864, Apéndice al núm. 92. 58 La Ley en DSC, 23 de junio de 1870, Apéndice 13 al núm. 313. 59 Ley en DSC, 30 de diciembre de 1878, Apéndice 1 al núm. 157.
48
un año antes en el distrito o circunscripción en que la elección se verifique, cualquier
empleo, cargo o comisión de nombramiento del Gobierno, o ejercido autoridad de
elección popular, en cuyo concepto se comprenden los Presidentes de las Diputaciones y
los Diputados que durante el año anterior hubiesen desempeñado el cargo de individuos
de las Comisiones provinciales. Se exceptúan los Ministros de la Corona y los
funcionarios de la Administración central. Las incapacidades a que se refiere este núm.
3.9 se limitan a los votos emitidos en el distrito o en la circunscripción o a donde alcancen
la autoridad o funciones de que haya estado investido el Diputado electo”60.
Ante tales pruebas, desde una concepción puramente jurídica, he podido llegar a la
conclusión gracias al análisis de dichas leyes y proyectos de leyes, que desde mediados
de siglo XIX se penalizó las influencias del gobierno sobre los diputados, es decir, las
influencias del poder ejecutivo sobre el legislativo, mediante la legislación de las leyes
de incompatibilidades, las cuales prohibieron, entre otros, a los funcionarios ser
diputados, ya que entendían que para el buen funcionamiento del sistema liberal el poder
legislativo tenía que actuar independientemente, buscando la forma de respetar y
potenciar los intereses generales de la nación, esto se ve tanto en las Proposiciones de Ley
de 1849-1851 de José Polo y Gonzalo Morón, como en la Proposición de Ley de Herrera
de 1862 o en las leyes que estuvieron vigentes desde 1870 hasta el final del siglo XIX.
De igual modo, tras la década moderada (1844-1854) saltaron grandes casos de
corruptelas en los que los principales políticos de la época estaban implicados. Para evitar
que esta situación se repitiera, numerosos Proyectos de Ley desde 1849 hasta 1870 se
fueron presentando en el Congreso de los Diputados. En ellos que se establecían las
incompatibilidades parlamentarias con todas las empresas contratistas y recaudadoras del
Estado, tal es el caso de las mencionadas Proposiciones de Ley de José Polo y Gonzalo
Morón, la de Herrera. En 1860 con la Proposición de Ley de Cánovas del Castillo y el
dictamen de la Comisión parlamentaria se extendieron las incompatibilidades, además de
a los contratistas, sus fiadores y los funcionarios, a todos aquellos que tuvieran algún tipo
de contrato pendiente con cualquier administración, así como a los ingenieros de caminos,
o de minas. Sin embargo, merece mención aparte la Proposición de Ley de Cándido
Nocedal presentada en enero de 1866, en la que establecía las incompatibilidades
60 Dictamen de la Comisión en DSC, 26 de junio de 1890, Apéndice 1 al núm. 130.
49
parlamentarias absolutas tanto para los funcionarios, como para los contratistas y todos
los individuos que tuvieran que ver con esos intereses.
No obstante estas ideas que defendían las distintas Proposiciones de Ley, no se
establecieron como leyes propiamente hasta 1870, época en la que se legisló una Ley
electoral que en materia de incompatibilidades establecían las incompatibilidades
parlamentarias a todos los contratistas, consocios y fiadores de estos que realizaran
servicios públicos. A raíz de mi investigación de las leyes de incompatibilidades
parlamentarias, puedo decir, que todos los diputados españoles que a partir de 1870
formaran parte de los consejos de administración, o poseyeran intereses particulares en
empresas que realizaran servicios al Estado, estarían cometiendo una ilegalidad
manifiesta y penada. Sin embargo, como demostraré en el siguiente punto, a raíz de una
“argucia legislativa”, era legal que los diputados poseyeran acciones o fueran consejeros
de las grandes compañías trasnacionales cuyo régimen jurídico era sociedad anónima
(S.A.). Por el contrario, los diputados o senadores que desarrollaran dichas prácticas en
empresas cuyo régimen jurídico fuera de sociedad limitada (S.L.), estarían cometiendo
explícitamente una ilegalidad penada. En el siguiente apartado desarrollaré más esta idea,
publicando ejemplos prácticos que acaecieron en la vida política española del último
tercio del siglo XIX.
Para enriquecer la perspectiva jurídico-política anterior y responder de una forma más
solvente las preguntas que motivan esta parte de la investigación, he necesitado realizar
un análisis crítico de la esfera pública de la sociedad española del último tercio del siglo
XIX.
La vaguedad de la idea del interés general que se tenía a mediados del siglo XIX, como
he señalado anteriormente, hace necesario que nos adentremos en la investigación que
realizó María Sierra en Elegidos y elegibles. Sierra hace un estudio profundo sobre la
corrupción y qué se entendía por el interés general en la sociedad del siglo XIX, es decir,
eso contra lo que atentaban las prácticas corruptas. Para los liberales españoles los
intereses colectivos estaban lejos de ser el resultado de la suma de intereses individuales.
Como defendió el parlamentario Manuel Duran y Blas, “la representación no es una
máquina aritmética destinada a recoger y contar las voluntades individuales. Es un
procedimiento natural para extraer del seno de la sociedad la razón pública, única que
50
tiene derecho a gobernar”61. Sierra interpreta que en líneas generales tanto conservadores
como progresistas operaron bajo el horizonte aglutinante común del interés general. Lo
cierto es que ese interés general legitimó a la autoridad política, ya que en teoría este
interés nacional se construyó en oposición a los intereses individuales, parciales o de
clase. Lo que importaba para ejercer un buen gobierno era evitar el conflicto de intereses
entre los generales e individuales. El liberalismo reticente a la sociedad de masas impugnó
la democracia en nombre de la voluntad general, ya que para esta cultura política los
intereses generales ya estaban representados con el sufragio de los capacitados; a estos
planteamientos le salieron numerosos detractores como Pablo Busto Elorza “pese a que
el Senado es escogido por los capacitados nacionales, este tendería a favorecer a los
intereses individuales y no generales”62. Demócratas y republicanos defendieron el
sufragio universal masculino para instalar definitivamente los intereses generales en los
Parlamentos. Para esta cultura política, si verdaderamente se querían guardar los intereses
generales era de vital importancia contrarrestar tanto la influencia de la iglesia, como de
las influencias locales (lo que se conoció posteriormente como caciquismo)63.
La idea de la defensa de los intereses generales de la nación, en contra de los intereses
abstractos o particulares, se observa claramente en el dictamen de la Comisión
parlamentaria que estudió el Proyecto de Ley presentado en 1864 por Cánovas del
Castillo. Esta Comisión estableció el 2 de abril de 1864 que la Ley de incompatibilidades
“aconsejada por la experiencia y reclamada por la opinión pública, de cuyas manifestaciones se
han hecho órganos diferentes Ministerios o celosos diputados, tiende a proteger la verdadera
libertad de sufragio y a garantizar la independencia del congreso, elevando el prestigio de nuestras
instituciones. La comisión ha creído deber reservar su mayor severidad para reprimir el verdadero
abuso como la causa más fácil de corrupción, y la que tanto podría desprestigiar al congreso. El
cargo de Diputado no ha de ser elemento ni medio de medro personal: un solo ejemplo de ese
lastimoso abuso hace un daño irreparable que no bastan a compensar innumerables casos de
patriótica abnegación. La Comisión entiende que el Diputado ejerce una misión más alta y más
digna que los empleos, las condecoraciones y todos los cargos que puedan ofrecerse; que sus actos
no solo llevar el sello de su independencia, sino rechazar también la injuriosa presunción de un
interés bastardo. Únicamente cuando triunfen sus opiniones, cuando esa victoria le lleve a altos
61 SIERRA María, PEÑA Mª Antonia, ZURITA Rafael: Elegidos y elegibles. La representación
parlamentaria en la cultura del liberalismo, Madrid, Marcial Pons, 2010, página 307. 62SIERRA María, PEÑA Mª Antonia, ZURITA Rafael: Elegidos y elegibles. La representación
parlamentaria en la cultura del liberalismo, Madrid, Marcial Pons, 2010, página 398. 63 SIERRA María, PEÑA Mª Antonia, ZURITA Rafael: Elegidos y elegibles. La representación
parlamentaria en la cultura del liberalismo, Madrid, Marcial Pons, 2010. Pp. 303-317, 375-442.
51
puestos políticos, podrá no admitir recompensa, sino participar sus ideas en la gestión de los
negocios públicos, y aun entonces el país deberá juzgarle.
La Comisión no cree haber conjurado todos los peligros; antes entiende que esta ley necesita de
un complemento que solo podría obtener con la formación de otra, que dando a los empleados la
estabilidad compatible con una buena administración, evite exageradas pretensiones, consulte la
Ilustración y los merecimientos, remedie el mal ocasionado por las injustificadas ambiciones y
por las exigencias de favores inmerecidos, deje al Gobierno expedita su acción, y aleje de las
mayorías la nota de corrupción , robusteciendo en el Congreso de los Diputados el prestigio que
siempre mereció , y que por esos peligros ha parecido ponerse en duda por los enemigos de las
instituciones. La Comisión se lisonjea con la esperanza fundada de qua el Gobierno de S. M.,
celoso de su opinión y de su gloria, llevara a cabo esa importante obra, comenzada por este
proyecto de ley con universal aplauso”64. La Comisión hacia un llamamiento a los Diputados
para velar por los intereses generales de la nación, en lugar de las ambiciones particulares,
avisando del daño que hacía la corrupción a la legitimidad del sistema liberal.
Como he dicho en el anterior apartado, las influencias del gobierno respecto a los
diputados, es decir, del poder ejecutivo sobre el legislativo, estaba muy extendida la idea
de que era una práctica inadmisible, deleznable y corrupta. A pesar de que teóricamente,
como queda claro en las leyes electorales, estas relaciones son ilegales; en la práctica este
debate ocupó muchísimo tiempo en las sesiones parlamentarias y en las primeras planas
de los periódicos, como denunciaba el periódico La Iberia en 1878: “pese a la Ley de
incompatibilidades, el número de diputados empleados es muy alto. Para este gobierno la
ley de incompatibilidades y la Constitución del Estado, son letra muerta. El número de
diputados empleados es tal, que estos deciden ya en las votaciones. Unos con empleos,
otros con distinciones honoríficas, otros con comisiones especiales, ello es que el gabinete
ha ido agraciando poco a poco a casi todos los diputados sin respetar las leyes que esto
prohíben”65. Este asunto junto al del amaño de elecciones por parte de las élites de los
partidos políticos fue muy debatido y ocupó gran parte del foco mediático de la época, ya
que no cabe duda que el amaño de elecciones era concebido a lo largo del siglo XIX como
un acto de corrupción política66, este tema está muy estudiado y no es el objetivo principal
de este trabajo. Sin embargo, dilucidar si un político desempeñaba un cargo en el consejo
de administración de alguna empresa que fuera contratista de alguna administración
64 El dictamen de la Comisión en DSC, 2 de abril de 1864, Apéndice al núm. 92. 65 La Iberia, 22 de febrero de 1878. 66 El Fígaro, 8 de noviembre de 1883.
52
pública, a la vez que ejercía como diputado o senador, la práctica del soborno, del tráfico
de influencias, la revelación de secretos, era percibido por la sociedad española como
algo deleznable, no se ha estudiado nada, o por lo menos yo no he encontrado ninguna
obra que arroje luz a estos interrogantes.
Antes de dilucidar las relaciones entre las empresas trasnacionales y las élites políticas
decimonónicas, considero necesario hacer una pequeña investigación cultural en cuanto
a cómo se percibía la idea del soborno o la corrupción en la sociedad del siglo XIX
español. Con esto también quiero evitar caer en anacronismos, algo que considero
importantísimo cuando se investiga historia.
Respecto a la idea de soborno queda claro que es una práctica muy inmoral y reprochada
culturalmente por la sociedad decimonónica española, tanto si se aplica al terreno del
amaño de elecciones67 como si va en contra del interés general de la nación. Así lo
demuestran las publicaciones de El Imparcial de octubre de 188368 y de la República del
2 de febrero de 1888, respecto a las demandas de autonomismo de las Cámaras de Cuba
y Puerto Rico. El artículo periodístico defiende que “la inmoralidad existe, ha existido y
existirá; porque los empleados de todas clases y categorías que escogen al gobierno, entre
ellos negociantes poco escrupulosos, explotadores avaros, no repararán en el soborno, en
defraudaciones, ni en comerciar con el patriotismo. No faltan tampoco negociantes y
explotadores corrompidos en los centros coloniales, donde acuden aventureros, sin más
idea que la del lucro”69.
La publicación que hizo El Motín en 1890 también arroja luz sobre la percepción de la
idea del soborno y la corrupción. Tras la invitación que realizó Emilio Castelar a los
republicanos más izquierdistas de apoyar en las urnas a los fusionistas, estos le
contestaron: “cada suplica, cada excitación de los fusionistas y sus aliados para que nos
mezclemos en las urnas, es un ultraje a nuestro sentido moral y político, algo así como
una tentativa a la corrupción, como un conato de soborno, como una invitación al delito,
como algo, en fin, que nos inspira a la par indignación y repugnancia, que nos enfada y
avergüenza”70. De igual modo, la publicación de El Nuevo Régimen de septiembre de
1891 también nos ayuda a despejar estos interrogantes. Tras el debate del impuesto de
67 La República, 6 de octubre de 1885. 68 El Imparcial, 28 de octubre de 1883. 69 La República, 2 de febrero de 1888. 70 El Motín, 17 de diciembre de 1890.
53
consumos un columnista defendió: “désele la forma que se le dé, subsistirán el matute y
el soborno, la inmoralidad y la corrupción. Variará de forma, si la recaudación se
modifica, pero continuará como hoy, y más que hoy, mañana, y siempre en progresión
creciente”71. Pese a que estos artículos periodísticos no se refieren a las influencias entre
las grandes corporaciones y las élites políticas españolas, estos artículos nos muestran que
la idea de soborno estaba muy mal vista por la sociedad decimonónica española, se
equiparaba a una práctica similar a la de la corrupción, que invitaba a la denuncia y a la
indignación. Es obvio que se necesitan nuevas investigaciones para establecer algunas
teorías solidas al respecto, dado que la idea planteada anteriormente está muy poco
contrastada. No obstante, sirve para hacer una aproximación hipotética ante la práctica
del soborno y la corrupción de todo tipo; sin duda es un buen punto de partida.
Con respecto a dilucidar desde un punto de vista de la esfera pública cómo percibía la
sociedad española del siglo XIX si un político desempeñaba un cargo en el consejo de
administración de alguna empresa que fuera contratista de alguna administración pública,
a la vez que ejercía como diputado o senador, el tráfico de influencias, la revelación de
secretos o la administración desleal, es un tema mucho más escarpado y virgen. Hay muy
pocas fuentes y además para las diferentes culturas políticas liberales en gran medida
estas prácticas las percibían como algo casi cotidiano, de ahí, viene la dificultad de hacer
una historia de la corrupción. En palabras de Borja de Riquer: “siempre ha sido difícil
estudiar las relaciones entre la política y los intereses económicos”. La dificultad se debe
a que el problema fundamental son las fuentes, dado que como es natural, una parte
importantísima de esas realidades se nos escapan a no ser que la policía y los jueces
hubieran intervenido los documentos y las pruebas que arrojaran luz sobre el tema72.
Tras una intensa búsqueda por la Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional
únicamente he encontrado dos artículos periodísticos muy esclarecedores, uno de ellos
critica específicamente las influencias entre las grandes casas trasnacionales y las élites
políticas españolas del siglo XIX; el otro artículo denuncia la relación que mantiene un
71 El Nuevo Régimen, 6 de septiembre de 1991. 72 DENOËL, d´Yvonnic, GARRIGUES, Jean, LECADRE, Renauld, PELLOLI, Mattiheu, FHILIPPE, Jean-Paul, PONS, Nöel, STEFANOVITCH, Yvan, VEME, Jean-Michel: Histoire Secrète de la Corruption,
Sous la V République, París, Nouveau Monde éditions, 2014, p.p. 5-10.
54
diputado con una empresa contratista, equiparando el caso con las prácticas que
desempeña el gobierno, es decir el secuestro de los intereses generales por los políticos
con intereses en las compañías contratistas. He de decir que los dos artículos están
publicados en el diario ultracatólico El Siglo Futuro en la década de 1890. No es
anecdótico que ningún diario liberal, demócrata o republicano trate estos temas en el
último tercio del siglo XIX, especialmente en los periodos de mayor libertad de imprenta,
es decir, durante el Sexenio “democrático” o después de 1883. No obstante, dado que es
un diario ultracatólico y nacionalista, arremete tanto contra las empresas trasnacionales
(que ellos llaman extranjeras) dado que defienden a los industriales españoles, como
contra el judaísmo, ya que como es obvio, es una fe distinta a la del diario. Además,
como es un diario claramente contrario al liberalismo, arremete contra el sistema liberal
denunciando la corrupción, la cual la utiliza a modo de arma política para desprestigiar
dicho sistema. Aun advirtiendo de los intereses ideológicos que están detrás de tales
artículos, no dejan de ser verdaderamente esclarecedores e importantes para este trabajo,
ya que arrojan luz sobre los interrogantes estructurales de esta investigación.
En mayo de 1892 el diario El Siglo Futuro en un artículo anónimo que se titulaba
“Atmósfera corrompida”, denunciaba las prácticas políticas que ponían en riesgo los
intereses generales de la nación, a raíz de la discusión sobre la concesión de los Astilleros
de Nervión que se produjo en el Congreso de los Diputados el 4 de mayo de 1892. El
autor del artículo defendía que eran muchos los intereses públicos que estaban
comprometidos en ese asunto y que no serían pocas las pérdidas que sufriría el pueblo
español, dado que, para el autor, dentro del régimen liberal no había solución a tales
problemas debido a que los jueces y los políticos eran parte del problema en sí. El articulo
denunciaba la falta de imparcialidad de la política española contemporánea a su tiempo,
dado los lazos de intereses existentes entre las élites políticas y las grandes compañías de
negocios: “es un principio inconcuso de justicia que, aquél que ha de fallar un pleito, ha de ser
de todo punto ajeno a las partes que en él contiende, y esta condición esencial no puede hallarse
ni en los gobiernos contemporáneos, ni en las modernas Cortes, ligados muchos de los miembros
de los unos y de las otros por los lazos del interés con las grandes empresas que se relacionan con
los servicios públicos. Esto no es un secreto para nadie, ni aun los mismos interesados se cuidan
de ocultarlo y de ello tenemos una prueba reciente en el asunto de los cinco millones entregados
a lucro con interés a la Compañía Trasatlántica por el ministro de Ultramar, accionista de esa
Compañía, e interesado, por lo tanto, en la prosperidad de dicha empresa”.
55
El autor equipara el asunto de la contrata de los Astilleros de Nervión a lo sucedido con
la Compañía Trasatlántica de la que era accionista el ministro de La Marina. El artículo
argumenta que Astilleros de Nervión cuenta entre los diputados con su director gerente y
con el favor del Sr Martos, que además de diputado era el letrado de la compañía
(reuniendo la función de contratista del Estado y diputado), algo que trasgrede las leyes,
ya que, según denuncia el artículo, estos individuos favorecían a la compañía Astilleros
del Nervión resultando los intereses públicos comprometidos. El autor demostraba su
teoría con el testimonio que dio el Presidente del Consejo de Ministros, Cánovas del
Castillo, en el Congreso de los Diputados, llamándole al diputado Martos “diputado
contratista”73 y con la explicita defensa que desarrolló el diputado Martos a favor de la
compañía citada en el Congreso de los Diputados. El artículo hace una denuncia muy
contundente, comparando la denuncia que hace el propio Cánovas al diputado Martos,
con lo sucedió con el ministro de Marina, Martínez de las Rivas (accionista y cargo de
responsabilidad de la Compañía Trasatlántica, a la que favoreció aprovechando su puesto
en el gobierno): “Pero también le llamó diputado; ¿y cómo no había de llamárselo si nadie
mejor que el señor Cánovas del Castillo sabe que para hacer diputado al Sr. Martínez de
las Rivas hubo necesidad de trasformar la razón social de la casa contratista en sociedad
anónima y que merced de este subterfugio puede sentarse en el Congreso el Sr. Martínez
de las Rivas?”
Tras la acusación al diputado Martos de diputado contratista por Cánovas del Castillo, el
diputado Valles y Ribot le advirtió de la enormidad de tal afirmación; ante estas palabras,
inmediatamente Cánovas trató de atenuar sus palabras anteriores con sutilezas como la
denominación de la empresa como sociedad anónima, pero el autor acto seguido defiende
que es de igual modo tan diputado contratista el que pertenece a una empresa cuyo
régimen jurídico es sociedad limitada (S.L), como si pertenece a una empresa cuyo
régimen jurídico es sociedad anónima (S.A.), a pesar de que esta última es un refugio
legal a la hora de castigar tal práctica: “siempre resultará tan contratista del Estado bajo
la denominación de sociedad anónima de los Astilleros del Nervión, como la razón social
Rivas Palmers, a quien se adjudicó la subasta de los cruceros”. Nuevamente compara el
caso de los Astilleros con el que caso que afectó al ministro de Marina que quedó impune.
73 “Esta promiscuidad de cargos este asumir una misma persona el carácter de diputado de la nación y a la vez contratista, es cosa realmente escandalosa y hasta contraria a las leyes vigentes, con no ser muy escrupulosas en materia de incompatibilidades parlamentarias” El Siglo Futuro, 5 de mayo de 1892.
56
El autor denuncia que Cánovas no ha descubierto nada, que están hartos de saber que esa
promiscuidad de cargos existe en muchos diputados y senadores.
“Pero por esto, porque existe, es por lo que pudo decir el Sr. Valles y Ribot, lleno de razón y con
sus puntas y ribetes de acerba ironía, lo que también vamos a reproducir del mencionado extracto
de la sesión de ayer, porque es muy digno de tenerse en cuenta y muy adecuado al concepto que
tenemos formado de esas promiscuidades en las que siempre, si no sale perdiendo, se halla muy
expuesto el interés público a ser víctima de las codicias del interés particular”74. El articulo
apunta que a raíz de todas estas pruebas queda demostrado que los asuntos públicos se
resuelven dentro del sistema imperante, en una atmósfera mal sana y corrompida.
Defiende que para sanar este mal hay que acabar con el sistema (liberal) que engranda,
sostiene y alimenta la corrupción. Una táctica política muy común, la de denunciar la
corrupción para desprestigiar a los rivales políticos: “después de haber oído de labios de un
jefe de gobierno que dentro del actual sistema es cosa corriente, licita y honesta que los
legisladores de la nación se hallen metidos hasta los codos en las empresas que tienen relación
con los servicios públicos, después de presenciar la tranquilidad con que el Congreso oyó hablar
sin escandalizarse del Sr. Martínez-de las Rivas como contratista y a la vez diputado, ¿quedará
todavía alguna alma cándida que suponga puede ser aprobada por unas Cortes liberales la
proposición de ley presentada por el Sr. Nocedal, pidiendo la incompatibilidad absoluta del cargo
de diputado a Cortes con todo otro empleo del Estado o de empresas relacionadas con los servicios
públicos?”7576.
En resumidas cuentas, el autor utiliza el caso de las influencias de la empresa Astilleros
de Nervión y el diputado Martos (denunciado hasta por el todo poderoso Cánovas del
Castillo) para cargar contra el propio gobierno de Cánovas del Castillo, haciendo una
formidable y pionera crítica al propio gobierno, denunciando que esta práctica aun siendo
abiertamente ilegal (en los casos de las empresas contratistas S.L., no en el caso de las
empresas S.A. que son una especie de laguna legal), es tan común que a nadie sorprende
en el Congreso de los Diputados, cargando contra Martínez-de las Rivas, el Ministro de
la Marina y contra todo el sistema liberal en su conjunto.
El 17 de junio de 1896, el diario El Siglo Futuro publicó otro artículo muy interesante
denunciando las influencias de las grandes compañías trasnacionales en las élites políticas
españolas de la segunda mitad del siglo XIX. El artículo anónimo titulado “Con Permiso
74 El Siglo Futuro, 5 de mayo de 1892. 75 El Siglo Futuro, 5 de mayo de 1892. 76 ANEXO III
57
de la Unión”, está redactado por un experto en la materia, el autor manifiesta una idea
muy importante, que según dice, no ha visto en ningún periódico (carga contra las
compañías trasnacionales y su forma de hacer negocios). Pública que el gobierno ha
prorrogado la concesión de los ferrocarriles de España a las grandes empresas
ferroviarias. El autor sale en la defensa de las compañías españolas, alegando que estas
no han recibido subvenciones del Estado y que en muchas de esas compañías nacionales,
según él, entre ellas las de Vizcaya, no forman parte de sus consejos de administración
políticos con grandes sueldos en contraposición a lo que sucede en las grandes empresas
extranjeras. El autor defiende que, si a las compañías extranjeras y subvencionadas se les
prorrogan las concesiones, no sería justo, ni equitativo, ni moral, ni patriótico que a las
compañías españolas y de capitales españoles se las deje que se arruinen “para enriquecer
solamente a los que dan de comer a los holgazanes y parásitos de la política”. El artículo
manifiesta que las grandes compañías ferroviarias extranjeras, a pesar de las grandes
subvenciones que han recibido (tanto en dinero, como en exacciones y en privilegios) a
costa y en perjuicio de los intereses generales de los españoles, siguen reclamando
privilegios y los políticos de turno se los siguen dando. Contrapone estos hechos con los
que sucede con las compañías nacionales, que según el autor no tienen a sus consejeros
de administración en los ministerios, en el Congreso o en el Senado y señala que las
compañías patrias no llevan sus ganancias fuera de España.
El artículo denuncia textualmente que “Y si han de pedir la luna las grandes Compañías,
después de habernos costado tantos millones de duros, y equitativamente no se les podrá negar a
las demás Compañías cuando lógicamente la pidan, habrá que dar, no la luna, sino el sol y las
estrellas, a los industriales, a los agricultores, y los comerciantes, a todos los contribuyentes, que
son los que pagan siempre el pato, y a los trabajadores y a todos los pobres que sufren las
consecuencias, y a los cuales nadie ha subvencionado jamás, antes entre todos los han
despellejado, esquilmado y aniquilado”. El autor cierra su artículo alegando que “esas
grandes compañías, presididas por judíos tan calificados como Rothschild y Péreire,
vicepresididas por excelentes católicos como el marqués de Comillas y el duque de la
Victoria, aconsejadas y protegidas por liberales tan ilustres como Cánovas, Sagasta,
Romero Robledo, los dos Pidales, Moret, Canalejas, González D. Venancio, Rodríguez
San Pedro, etc., etc., etc., y donde hacen su negocio, muchos judíos, protestantes y
58
católicos, extranjeros y españoles. ¡Que hasta ahí llega la fe que los mestizos tienen….
En las grandes compañías!”77
En definitiva con esta pequeña investigación puedo sostener de manera provisional hasta
que se hagan nuevas investigaciones, que desde el punto de vista de la esfera pública, el
liberalismo español del siglo XIX (todas las familias ideológicas que lo engloban), es
decir, tanto los conservadores como los progresistas, demócratas y republicanos en el
último tercio del siglo XIX, percibían con total normalidad que los Diputados se sentaran
en los consejos de administración de las grandes compañías de negocios, el tráfico de
influencias, la prevaricación etc. Las críticas a tales prácticas, que hoy en día tachamos
de absolutamente corruptas e inadmisibles, provenían paradójicamente de los
antiliberales, es decir, de los periódicos ultracatólicos próximos al Carlismo. Debido a
que utilizaban las prácticas clientelares desarrolladas por las élites políticas liberales
españolas, para desprestigiar al sistema liberal y cargar políticamente contra el gobierno.
El Siglo Futuro denunciaba claramente que estos hechos suponían un perjuicio
importantísimo para los intereses generales de la sociedad española, incluso llegando a
tildar a los “políticos promiscuos” españoles de holgazanes y parásitos de la política.
Además, cargaba contra los judíos y las compañías extranjeras.
Curiosamente el fundador de El Siglo Futuro, Ramón Nocedal, hijo de Cándido Nocedal,
es decir, el encargado de llevar en enero de 1866 la Ley de Incompatibilidades Absolutas
que afectaba, tanto para los funcionarios, como para los contratistas y todos los que
tuvieran lazos de interés con estos. Cosa que remarcan las publicaciones expuestas
anteriormente a finales de la década de 1890 en el diario El Siglo Futuro.
La contradicción a dichas prácticas, es que las diferentes culturas políticas liberales
siempre actuaron bajo la idea legitimadora del interés general, algo que entronca
estructuralmente con uno de los pilares de la Ilustración, la idea del interés general
defendida por Rousseau.
No obstante, tras el pequeño análisis de fuentes que he realizado concluyo de forma
provisional a la espera de nuevas investigaciones, que la percepción que la esfera pública
decimonónica tenía sobre el soborno y el tráfico de influencias, al menos, a partir de la
década de 1860 se equipararon a una concepción similar a la que se tenía de la corrupción,
la cual invitaba a la denuncia y a la indignación. De igual manera, la percepción cultural
77 El Siglo Futuro, 17 de junio de 1896.
59
y moral de los llamados en la época como “diputados contratistas” era sin duda
peyorativa, inmoral y desleal, por lo menos para los antiliberales, debido a que atentaban
contra los intereses generales de la nación.
Desde al menos la década de 1850 se llevaron a cabo iniciativas legislativas, como las
leyes de incompatibilidades para evitar que los diputados tuvieran otros intereses que los
de defender y velar por los intereses generales de la nación. Sin embargo, una cosa es lo
que acontece en el campo de la teoría y de las ideas, y otra lo que sucede en la práctica.
La historia ha demostrado que tanto las élites de los principales partidos políticos
españoles, como de otras instituciones como el Banco de España, etc., se sentaron en los
consejos de administración de las grandes empresas trasnacionales, cobraron numerosos
sobornos o recibieron acciones de dichas empresas por sus servicios prestados. Ya fueran
de la casa Rothschild, de la Péreire o del grupo BNP (así como en algunas grandes
empresas españolas, cosa que no he comprobado).
Esto fue posible, como he podido deducir a través del artículo de El Siglo Futuro de mayo
de 1892 expuesto recientemente, a través de una “argucia legislativa”, era legal que los
diputados fueran consejeros de las grandes compañías trasnacionales cuyo régimen
jurídico fuera de S.A. No obstante, las Leyes de Incompatibilidades no especifican nada
de eso. Por ello, esta afirmación es como he remarcado más arriba, a modo de
aproximación, hasta que se realicen nuevos estudios que deberán dar una respuesta
definitiva a esta cuestión, analizando obligatoriamente el Código Civil y el Código Penal,
de esta forma, sabremos realmente si consistía en un delito o no.
Lo que sí parece claro es que este tipo de prácticas clientelares contó con cierto consenso
entre la clase política liberal española del siglo XIX y con el de la sociedad; sin olvidar
que en esta época una gran parte de la población española era analfabeta y la libertad de
prensa rigió poco tiempo en el siglo XIX (Sexenio y el periodo posterior a 1883). Esto
puede ayudar a explicar, en parte, el por qué estas prácticas fueron tan escasamente
denunciadas, estando ausentes del debate público al menos hasta la década de 1890 como
he podido saber a través de una larga búsqueda por las hemerotecas. Estos hechos
conectan con los escándalos de corrupción política publicados en la prensa europea en la
década de 1870-1880, como sostiene el equipo interdisciplinar francés dirigido por Dard
Oliver, Engels Jens Ivo, Fahrmeir Andreas, Monier Frédéric, defienden que sumado al
avance de la alfabetización, hicieron que aumentara el público informado, consiguiendo
un aumento en la percepción de la corrupción en la sociedad.
60
Como última idea de esta parte del trabajo quisiera dejar claro, que las influencias entre
el mundo de los negocios y las élites políticas no eran cosa exclusiva de la dinámica
política española, como sostiene el equipo interdisciplinar francés dirigido por Olivier
Dard, Jens Ivo Engels, Andreas Fahrmeir y Frédéric Monier, a pesar de las diferencias
hay muchas similitudes en las prácticas clientelares entre el mundo de los negocios y las
élites políticas en Alemania, Francia, Gran Bretaña; así como pautas muy comunes en la
guerra contra la corrupción política (entendida por estos estudiosos como la interferencia
de los intereses privados en la esfera política). Por ejemplo con las reclamaciones de
nacionalización de los ferrocarriles después de la oleada revolucionaria de 1848 en
Francia o en Alemania por parte de los sectores más progresistas, denunciando que las
empresas privadas ferroviarias extendían la corrupción sobre la clase política. Por el
contrario en Gran Bretaña los sectores más críticos con estas prácticas defendieron que el
Estado inglés se mantuviera estrictamente al margen de la construcción de la red
ferroviaria. Ambas iniciativas buscaban apartar a los parlamentos de las influencias
corruptoras de las grandes redes de negocios capitalistas78.
78 DARD Oliver, ENGELS Jens Ivo, FAHRMEIR Andreas, MONIER Frédéric: Scandales et corruption à
l’époque contemporaine. Les coulisses du politique dans l’Europe contemporaine, París, Armand Colin, 2014, p.p. 11-24.
61
5 CONCLUSIONES
A pesar de las grandes dificultades para llevar a cabo esta investigación, sobre todo debido
a la búsqueda de fuentes, a la necesidad de traducir la correspondencia (del francés al
castellano) y por la casi la inexistencia de estudios antecesores. Con la documentación
estudiada, he podido llegar a la conclusión (provisional) de que sin duda, la red de
negocios Rothschild influyo de forma significativa en la política española, debido a que
contó tanto con influencias en amplios sectores de la vida política. Tal es el caso del
Partido Moderado, del Partido Liberal e incluso del Partido Republicano, cosa novedosa
que demuestra esta investigación, gracias a la correspondencia que mantiene con Emilio
Castelar. Además, esta investigación también demuestra que como publicó López Morell,
Venancio mantuvo estrechos lazos con la red Rothschild.
Otra cosa que queda demostrada tras esta investigación, es que, no solo establecieron
lazos clientelares con políticos, sino que también con hombres importantes, es decir, con
aristócratas, tal era el caso de la familia Medina-Sidonia, o con personajes que contaban
con un puesto de trabajo de gran responsabilidad. Como el caso del vicepresidente del
Banco de España, González Breto, del que obtenía información privilegiada a cambio de
unos favores (por lo que se deduce de la documentación analizada). Esta información
privilegiada, facilitaba a la casa Rothschild hacer tan beneficiosos negocios, ya que partía
con ventaja a la hora de entablar negocios con el Banco de España y en consiguiente, con
la Hacienda pública española.
Mención aparte, tiene la red de informadores Rothschild, los cuales permitieron a la Casa
tener acceso a una información verídica y casi instantánea, las cual les posibilitó incluso
adelantarse a los propios gobiernos. Esto lo demuestra la información tan exclusiva que
he encontrado en el Banco de España, en la cual se observar como James Rothschild le
narra a su amigo González Breto, movimientos que se están produciendo en el frente de
la Guerra Ruso-otomana.
Respecto al análisis de la esfera pública decimonónica española, puedo decir que el
liberalismo español del siglo XIX (todas las familias ideológicas que lo engloban), es
decir, tanto los conservadores como los progresistas, demócratas y republicanos en el
último tercio del siglo XIX, percibían con total normalidad que los Diputados se sentaran
en los consejos de administración de las grandes compañías de negocios, el tráfico de
influencias, la prevaricación etc. Las críticas a tales prácticas (que hoy en día tachamos
62
de absolutamente corruptas e inadmisibles), provenían paradójicamente de los
antiliberales, es decir, de los periódicos ultracatólicos próximos al Carlismo. Debido a
que utilizaban las prácticas clientelares desarrolladas por las élites políticas liberales
españolas, para desprestigiar al sistema liberal y cargar contra sus adversarios políticos.
El Siglo Futuro denunciaba claramente que estos hechos suponían un perjuicio
importantísimo para los intereses generales de la sociedad española, incluso llegando a
tildar a los “políticos promiscuos” españoles de holgazanes y parásitos de la política.
Además, también cargaba contra los judíos y las compañías extranjeras.
Otra conclusión provisional que he podido deducir a través del artículo de El Siglo Futuro
de mayo de 1892 expuesto anteriormente, es que, a través de una “argucia legislativa”,
era legal que los diputados fueran consejeros de las grandes compañías trasnacionales
cuyo régimen jurídico fuera de sociedad anónima (S.A.). No obstante, las Leyes de
Incompatibilidades no especifican nada de eso. Por ello, esta afirmación es a modo de
aproximación provisional, hasta que se realicen nuevos estudios que deberán analizar oel
Código Civil y el Código Penal, de esta forma, sabremos realmente si consistía en un
delito o no de una forma más rotunda.
Lo que sí parece claro es que este tipo de prácticas clientelares contaron con cierto
consenso entre la clase política liberal española del siglo XIX y con el de una gran parte
la sociedad. No es de extrañar que si observamos el urbanismo de Madrid, podamos
percibir claramente como el poder económico, está muy cerca del político, no es una
casualidad que tanto la Bolsa, como el Banco de España se sitúen tan próximos al
Congreso de los Diputados, este patrón se repite en otras ciudades como París.
Con este trabajo no se ha aspirado a ofrecer una síntesis definitiva sino más bien a abrir algunas puertas que den paso a nuevas investigaciones de cara al futuro.
63
*Urbanismo de Madrid. La agencia Rothschild estaba también muy próxima a este centro
de toma de decisiones.
Por ello considero que la historia de la corrupción política es un tema de gran interés y que merece la pena abordar dados los escasos trabajos de investigación que hay al respecto. Aun así queda todavía mucho por profundizar. De ahí que el próximo 14 y 15 de diciembre, se celebre en Barcelona, el primer congreso internacional de corrupción política española.
64
6 BIBLIOGRAFÍA:
-FUENTES PRIMARIAS
-Rousseau: El Contrato Social; Libro II, cap III
*Archivo Histórico del Banco de España: Secretaria, Signatura antigua: leg. 592 Sit.
*Archivo Histórico Nacional: Diversos-Títulos Familias, caja 2216 a 2216.
*Prensa:
-Eldiario.es, 19, de julio de 2016, PÉREZ CEJUELA, Laura,
http://www.eldiario.es/economia/Barroso-Goldman-Sachs-escandalo-
giratorias_0_538596250.html
-La Vanguardia, 30 de junio de 2016, Riquer I Permanyer, Borja
http://www.lavanguardia.com/opinion/20160630/402855081751/estudiar-y-denunciar-la-
corrupcion.html
-La Iberia, 22 de febrero de 1878.
-El Fígaro, 8 de noviembre de 1883.
-La República, 6 de octubre de 1885.
-El Imparcial, 28 de octubre de 1883
-La República, 2 de febrero de 1888.
-El Motín, 17 de diciembre de 1890.
-El Nuevo Régimen, 6 de septiembre de 1991.
-El Siglo Futuro, 5 de mayo de 1892.
-El Siglo Futuro, 17 de junio de 1896.
*Diario de Sesiones de Cortes:
-Diario de Sesiones de Cortes (DSC), 26 de abril de 1864, pp. 1697-1698 y pp. 1701-
1702, respectivamente.
65
-La Proposición de Ley en DSC, 10 de febrero de 1866, Apéndice 8 al núm. 25.
-Proyecto de Ley en Diario de Sesiones de Cortes (DSC), 7 de marzo de 1864, Apéndice
4 al núm. 78.
-El dictamen de la Comisión en DSC, 2 de abril de 1864, Apéndice al núm. 92.
- La Ley en DSC, 23 de junio de 1870, Apéndice 13 al núm. 313.
-Ley en DSC, 30 de diciembre de 1878, Apéndice 1 al núm. 157.
-Dictamen de la Comisión en DSC, 26 de junio de 1890, Apéndice 1 al núm. 130.
-El dictamen de la Comisión en DSC, 2 de abril de 1864, Apéndice al núm. 92.
-FUENTES SECUNDARIAS
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FHILIPPE, Jean-Paul, PONS, Nöel, STEFANOVITCH, Yvan, VEME, Jean-Michel:
Histoire Secrète de la Corruption, Sous la V République, París, Nouveau Monde éditions,
2014.
-TORTELLA, Gabriel, NÚÑEZ, Clara Eugenia: El desarrollo de la España
contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX, Madrid, Alianza Editorial,
tercera edición 2011, pp. 31-265.
-SIERRA María, PEÑA Mª Antonia, ZURITA Rafael: Elegidos y elegibles. La
representación parlamentaria en la cultura del liberalismo, Madrid, Marcial Pons, 2010.
-MALUQUER DE MONTES, Jordi.: La economía española en perspectiva histórica,
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-LÓPEZ MORELL, Miguel Ángel: La Casa Rothschild en España (1812-1941),
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-TORTELLA CASARES, Gabriel; NADAL OLLER, Jorge: El Banco de España, una
historia económica, Madrid, Ferreira S.A., Artes Gráficas, 1970.
66
-ALBERT CARERRAS, Xavier: Historia económica de la España contemporánea
(1789-2009), Barcelona, Crítica, 2010, pp. 120-150.
-DE RIQUER, Borja: Cambó en Argentina, Buenos Aires, Edhasa, 2016, pp. 525-535.
-CORTÁZAR ECHEVARRIA, Guillermo: Alfonso XIII, Hombre de Negocios, Madrid,
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-DARD Oliver, ENGELS Jens Ivo, FAHRMEIR Andreas, MONIER Frédéric: Scandales
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-URQUIJO GOITIA, José Ramón: Gobiernos y ministros españoles en la edad
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-LLORCA, Carmen: Emilio Castelar 1832-1899. Precursor de la democracia cristiana,
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-SUDRIÀ TRIAY, Carles; BLASCO-MARTEL, Yolanda: La pluralidad de emisión en
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ARTÍCULOS DE REVISTA:
-PAN-MONTOJO, Juan: “Poderes privados y recursos públicos. Redes sociales, grupos
de interés y políticas económicas, 1844-1975”, Ayer, nº 66, (2007), pp. 11-26.
-LÓPEZ-MORELL, Miguel Ángel, O´KEAN ALONSO, José María: “La red de negocios
de la Casa Rothschild en España como una estructura de toma de decisiones y de gestión
empresarial”, Revista de la historia de la economía y de la empresa, (2008), pp. 41-64.
-ESCUDERO, Antonio: “Leyes mineras y grupos de presión. El coste de oportunidad de
la política fiscal en la minería española”, Revista de Economía Aplicada, Nº 3, (1993),
p.p. 75-94.
-Pro Ruiz, Juan: “Poder político y poder económico en el Madrid de los moderados (1844-
1854)”, Ayer Nº 66, (2007), p.p. 27-55.
67
-GARCÍA GARCÍA, Carmen: “Intereses públicos, intereses privados: Los Péreire y sus
aliados españoles (1856-1868)”, Ayer Nº 66, (2007), pág. 59.
-Martykánová, Darina; Peyrou, Florencia; “La historia trasnacional”, Ayer Nº 94, (2014),
pp. 13-22.
68
7 ANEXOS
ANEXO I
69
*Las dos primeras cartas de la correspondencia entre los corresponsales de la casa
Rothschild. Archivo Histórico Nacional: Diversos-Títulos Familias, caja 2216 a 2216.
70
ANEXO II
*Carta de James Rothschild a González Breto. Archivo Histórico del Banco de España:
Secretaria, Signatura antigua: leg. 592 Sit.
71
ANEXO III
72
* El Siglo Futuro, 5 de mayo de 1892.