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Título: TENDENCIAS DE LA PAZ EN COLOMBIA Subtítulo: retos, discursos y territorios Autores: Mauricio García Durán

Fernando Sarmiento Santander Vladimir Caraballo Acuña.

Capítulo 1 Procesos de paz Colombia: conflicto armado, procesos de negociación y retos para la paz. García Durán, Mauricio (2009)

Participación de la sociedad civil en los procesos de paz en Colombia: lecciones y retos para el futuro. García Durán, Mauricio (2009) Una lectura a los escenarios posibles de guerra o paz. Sarmiento Santander, Fernando (2010)

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Colombia: conflicto armado, procesos de negociación y retos para la paz Mauricio García Durán, S.J.1 Bogotá, Diciembre 12 de 2009 Introducción El Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional me ha invitado a escribir un artículo sobre lo que considero son las perspectivas del conflicto armado en Colombia y, en ese contexto, analizar cuáles son las posibilidades de un eventual proceso de paz como posibilidad de dar fin al conflicto armado que vive el país. Para responder a ello quiero hacer una presentación en la que desarrolle cuatro puntos: en primer lugar, voy a resaltar algunos elementos claves sobre la situación actual del conflicto colombiano a partir de la información que manejamos en CINEP; en segundo lugar, es necesario analizar los escenarios que a partir de ese análisis se pueden vislumbrar hacia el futuro en términos de la evolución del conflicto colombiano; en tercer lugar, hay que considerar el estado en que se encuentran los esfuerzos que se han hecho por buscar una salida negociada al mismo; para, por último, llamar la atención sobre algunos de los retos que tiene una salida negociada en el país. 1. Situación actual y futuro del conflicto armado c olombiano Para poder responder la pregunta sobre el futuro del conflicto colombiano es necesario analizar los resultados de la política implementada por el actual gobierno, ya que según dicha perspectiva el conflicto armado estaría cerca de su final. Por el contrario, diversas fuentes de información apuntarían en otra dirección: no obstante el sinsentido del actual conflicto que vive el país, existen condiciones para que éste se siga reproduciendo. Veamos cuáles son los argumentos que contradicen las enfáticas afirmaciones gubernamentales. No obstante los éxitos iniciales de la política de Seguridad Democrática del Presidente Uribe, no se puede asegurar que vaya a resolver el tema del conflicto armado en Colombia. Varios centros de investigación especializados en el análisis del conflicto comienzan a constatar una crisis o estancamiento en dicha política (Cf. Granada, Restrepo & Vargas, 2009; Valencia et.al., 2009), lo cual sugiere que sus resultados iniciales para hacer frente a los grupos armados ilegales, tanto paramilitares como guerrillas y narcotraficantes, comienza a mostrar límites que indicarían que no es tan claro que la solución del conflicto armado por la vía militar vaya a ser la manera de terminar el conflicto armado colombiano. “El fin del fin”,

1 Politólogo (U. de Los Andes) y Profesional en Teología (U. Javeriana) con Maestría en Filosofía (U. Javeriana) y Doctorado en Estudios de Paz (U. de Bradford). Ha sido investigador del CINEP en temas de violencia y paz desde 1990. Ha publicado 3 libros y más de 40 artículos sobre el tema. Actualmente es Director General del CINEP.

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tan anunciado por el general Padilla (comandante de las Fuerzas Militares), no parece tan cercano como el gobierno lo quiso mostrar en un momento dado. Usando las cifras del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, coincidimos con CERAC y la Fundación Nuevo Arco Iris sobre la existencia de un agotamiento de la política de Seguridad Democrática. Veamos las tendencias que nos permiten hacer dichas aseveraciones. En primer lugar, se constata la continuidad de un nivel todavía significativo del conflicto armado, aunque también hay evidencia de que se ha operado un cambio en el escenario estratégico de la confrontación entre la insurgencia y la fuerza pública (ver Gráfico 1)2. Cuando se mira la evolución de la confrontación armada, se ve claro que hubo un incremento sostenido de la misma entre 1998 y 2002, tanto en el número de acciones bélicas como en el número de muertos en combate. Es decir, la confrontación se disparó durante los años de Andrés Pastrana, cuando se negociaba con las FARC en el Caguán, lo cual muestra con claridad la doble estrategia de guerra y paz que se impuso tanto en el gobierno como en la insurgencia en esos años. Pero también se constata que ha habido un descenso importante de los niveles de acciones bélicas entre el 2002 y el 2005, y más significativo aún del número de muertos en combate entre el 2002 y el 2006. No en vano, pues, el parte de éxito que proclama el gobierno con su política de Seguridad Democrática. Sin embargo, para valorar adecuadamente lo que significa este descenso hay que considerarlo comparativamente con los niveles que ha tenido el conflicto armado en los últimos veinte años. Las acciones bélicas, que han vuelto a subir en el 2006 y el 2007, siguen manteniendo, no obstante el descenso mencionado, un nivel que es equiparable al que presentó la confrontación armada durante gran parte de los noventa. Por otra parte, se constata un descenso relativo más alto en el número de combatientes muertos como resultado de las acciones bélicas, ya que éstos descienden en 2006 por debajo de la línea de los 1.000 muertos por año3, por primera vez desde 1990, aunque vuelven a subir ligeramente en 2007. Aunque dicho descenso significaría que formalmente en los estándares internacionales Colombia salió del estadio de conflicto armado mayor, hay otros indicadores que nos invitan a ser más prudentes en el análisis, ya que sugieren que hay una continuidad del conflicto.

2 El análisis que se desarrolla en este informe se fundamenta en la base de datos “Actores y dinámica del conflicto armado” (1990-2008), construida en el CINEP a partir de la información producida por el Banco de Datos de Violencia Política en sus distintas etapas. 3 Este es el parámetro internacional más utilizado para considerar que un país vive en guerra o conflicto armado mayor, como bien lo describe la base de datos de conflictos de la Universidad de Uppsala: http://www.pcr.uu.se/research/UCDP/index.htm

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Fuente : CINEP - Base de Datos Actores y Dinámica del Conflicto Armado Además del nivel de acciones bélicas y muertos en combate se requiere considerar cómo evoluciona la cobertura geográfica del conflicto armado, es decir, qué tan amplio sigue siendo el territorio afectado por el mismo (ver Gráfico 2).

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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Acciones Bélicas 227 226 294 285 282 244 298 293 301 305 374 397 498 362 284 266 283 293 255

Ifracciones al DIH 172 240 272 280 302 243 290 364 326 381 440 398 436 356 323 287 202 231 278

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Gráfico 2: DINAMICA DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBI ANúmero de municipios con Infracciones al DIH y Acci ones Bélicas

Años 1990 a 2008

Fuente : CINEP - Base de Datos Actores y Dinámica del Conflicto Armado Se constata una tendencia similar a la encontrada en las acciones bélicas y los muertos en combate: incremento del número de municipios afectados por el conflicto armado entre 1998 y 2002 hasta alcanzar la cifra de 498, y descenso entre el 2002 y el 2005, para volver a un ligero ascenso en el 2006 y 2007. Ahora bien, los 293 municipios afectados en 2007 representan un número superior o muy semejante a aquellos con conflicto armado durante toda la década de los noventa (227 municipios en 1990, 244 en 1995, 305 en 1999), aunque ciertamente inferior a los 498 municipios afectados por acciones bélicas en el 2002. Esto se puede percibir con claridad cuando miramos la cobertura geográfica e intensidad del conflicto armado en los mapas de 1990, 2002 y 2008. ¿Qué podemos deducir de aquí? Básicamente tres cosas:

� En primer lugar, que el territorio afectado por la confrontación armada comprende todavía un número importante de municipios, cercano a la tercera parte del país;

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� en consecuencia, en segundo lugar, es necesario decir que el conflicto armado todavía tiene una cobertura nacional;

� aunque, en tercer lugar, el conflicto armado tiene mayor intensidad en algunas regiones del país, que aunque han variado con relación a los años noventa, si tienen como una de sus características el vínculo con las zonas de cultivo de coca, las cuales se han ido desplazando por efecto de la lucha antinarcóticos. Un ejemplo claro de ello es el desplazamiento de los cultivos de coca hacia la costa pacífica, con el consiguiente desplazamiento de los grupos armados, del conflicto y las infracciones al DIH; las situaciones que se viven en la costa nariñense, Buenaventura y el sur del Chocó son ejemplos de ello.

Para poder entender la evolución del conflicto armado es importante mirar de manera desagregada la participación de los distintos actores en la dinámica de la confrontación (ver Gráfico 3). Al mirar el panorama a partir de 1990, se constatan cambios importantes en la dinámica de la confrontación y en el liderazgo que juegan los distintos actores en el mismo. Es evidente que lo más fuerte de la confrontación se ha dado entre las Fuerzas Armadas, particularmente Ejército, y las FARC. Esta confrontación se consolida prácticamente como la única de importancia a partir del 2003, cuando se constata una estrecha relación entre las acciones de ambas fuerzas. El papel de otros grupos guerrilleros, particularmente del ELN, se reduce significativamente a partir de 2001. Y los grupos paramilitares, dado su carácter antisubversivo y las relaciones/alianzas con la Fuerza Pública en diversas regiones, nunca alcanzaron un nivel significativo en la confrontación bélica, aunque sí en las infracciones al DIH. Hay que considerar la evolución de la interacción entre FARC y Fuerzas Armadas. La Fuerza Pública está por encima del accionar bélico de las FARC hasta 1997, cuando éstas las superan en el número de acciones bélicas, en parte porque fueron los años de mayor confrontación directa con los grupos paramilitares y de consolidación militar de esta guerrilla al contar con la retaguardia de la zona del despeje del Caguán. A partir de 2004, ya en plena implementación de la Seguridad Democrática, las Fuerzas Armadas vuelven a recuperar la iniciativa. La acción de las Fuerzas Militares y de la Policía ha llevado a las FARC a retirarse a sus zonas de retaguardia, provocándole una importante pérdida de posiciones en amplios territorios; no obstante ello, la guerrilla aún conserva presencia y fortaleza en diversas regiones, particularmente en el sur del país.

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Fuente : CINEP - Base de Datos Actores y Dinámica del Conflicto Armado

Ahora bien, hay un cambio importante que es necesario tener presente en el análisis de la evolución del conflicto armado: el escenario estratégico de hoy es muy distinto del que existía hace 10 años al iniciarse el proceso de paz en el Caguán. Mientras en 1998 había un escenario de confrontación que favorecía a las FARC luego de cuatro años de acciones ofensivas significativas contra las Fuerzas Armadas, hoy hay un escenario estratégico que favorece a estas últimas. Esta ventaja estratégica se ha dado gracias al uso de los ataques aéreos, al control de las comunicaciones y a un mejoramiento de las operaciones de inteligencia. Esto ha permitido que el gobierno con su política de Seguridad Democrática haya logrado golpes contundentes contra las FARC, tanto militar como políticamente, como se vio en el 2008 (por ejemplo, el abatimiento de Raúl Reyes y la liberación de Ingrid Betancur y sus compañeros secuestrados). Sin embargo, los niveles significativos de confrontación aún existentes, como lo muestra el incremento en las acciones bélicas en 2007 y un nivel todavía importante en el 2008, y la cobertura todavía nacional que tiene el conflicto armado ponen de presente que la derrota militar de las FARC puede no estar tan cercana como lo sostienen algunas fuentes oficiales. No obstante el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, el énfasis en una estrategia meramente militar no garantiza el acabar con los grupos insurgentes, como se ha visto con el ELN. Menos cuando los abundantes recursos del narcotráfico siguen alimentando la guerra.

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La ‘otra’ guerra: contra la población civil Para poder entender cabalmente la dinámica del conflicto armado en Colombia, es necesario prestar atención a la “otra” guerra que libran los actores armados de manera paralela a su accionar bélico, aunque estrechamente conectada a éste. Nos referimos a las infracciones contra el DIH, cometidas por los distintos actores armados contra la población civil. Los años más difíciles de esta “guerra contra la sociedad”4 se dieron en los años 2000 y 2001, con 2.291 y 2.277 infracciones al DIH respectivamente, y 4.431 y 5.744 víctimas fatales entre asesinatos políticos, masacres y desapariciones. Los más de cuatro millones de desplazados son otro indicador claro de esta guerra contra la sociedad. Al desagregar las infracciones al DIH, sobresalen varias tendencias. En primer lugar, sobresale el rol preponderante de los paramilitares, los mayores responsables de la barbarie contra la sociedad civil, como bien ha quedado establecido por sus propias declaraciones en las audiencias de la Ley de Justicia y Paz. Preocupa la continuidad del fenómeno paramilitar, no obstante la desmovilización de más de 32.000 de sus miembros. Ya sean disidentes que no negociaron, desmovilizados que se han vuelto a rearmar, o “nuevos” grupos (como las Águilas Negras), el hecho es que la responsabilidad de estos grupos en las infracciones al DIH están volviendo a crecer. Se evidencia cada día más que luego de la desmovilización se está dando una recomposición de los poderes paramilitares en las regiones para definir quién se queda con el control de las antiguas estructuras, muy ligadas tanto al narcotráfico como también a las estructuras políticas clientelares, como se vio en las elecciones de octubre de 2007. Por otro lado, la extradición de jefes paramilitares hacia los Estados Unidos dejó serios interrogantes sobre la capacidad del Estado colombiano para controlar su accionar delictivo y para hacerlos responder ante las víctimas. En segundo lugar, también se constata el peso importante que tuvo las FARC entre 1998 y el 2003 en las infracciones al DIH, aunque su responsabilidad ha bajado en los últimos años. Algunas de estas infracciones, como los secuestros y el uso de minas antipersonales, han ganado relevancia en la opinión pública y han suscitado procesos crecientes de movilización social en su contra, los que han conllevado a una creciente deslegitimación social de la lucha armada. Por su parte, la responsabilidad del ELN en las infracciones al DIH ha venido descendiendo desde el 2000, una expresión más de la debilidad militar por la que pasa este grupo. Preocupa en este contexto el incremento sostenido de las infracciones al DIH de parte de la Fuerza Pública, donde sobresalen los llamados “falsos positivos” y ejecuciones extrajudiciales. Mientras la responsabilidad de los actores armados ilegales en las infracciones al DIH desciende, la de la fuerza pública crece de manera sostenida desde 1998, cuando arranca el proceso de fortalecimiento

4 Expresión acuñada por el sociólogo francés Daniel Pecaut en su libro “Guerra contra la sociedad” (Bogotá: Espasa Hoy, 2001).

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militar con el Plan Colombia, y se acentúa en los años de la Seguridad Democrática. La exigencia de resultados en la lucha antiterrorista por parte del gobierno podría estar llevando, en una lógica perversa, a incrementar las infracciones al DIH por parte de las Fuerzas Armadas. Aunque dicha tendencia parece cambiar en el 2008 y el 2009, luego del escándalo de los “falsos positivos”, y la subsiguiente reacción gubernamental. Llama la atención, por el contrario, el crecimiento de la responsabilidad de los grupos paramilitares (llámeselos como se los quiera llamar: bandas emergentes, neoparamilitares, bandas criminales) que vuelven a ponerse por encima de la Fuerza Pública, lo cual confirma que el proceso de desmovilización impulsado por el gobierno no acabó con el fenómeno paramilitar como estructuras de poder regional, y antes por el contrario, dichas estructuras se están reactivando.

Fuente : CINEP - Base de Datos Actores y Dinámica del Conflicto Armado ¿Qué podemos concluir luego de este análisis? Que el conflicto armado no está tan cerca de su fin como lo ha proclamado el gobierno. Luego de los éxitos iniciales de la Seguridad Democrática, en los últimos dos o tres años se vienen presentando cambios en las tendencias del conflicto que indicarían que el final de las guerrillas no está tan cercano como se esperaba, que el paramilitarismo no se acabó, que el narcotráfico mantiene unos niveles significativos y que las

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violaciones a los derechos humanos de parte de la Fuerza Pública son preocupantes. 2. Escenarios posibles de evolución del conflicto a rmado colombiano De lo que hemos presentado hasta el momento se puede concluir que el conflicto armado continúa y con una cobertura nacional, que éste conflicto es básicamente entre las FARC y la Fuerza Pública, pero que ha habido un cambio de escenario estratégico en el mismo. Por otro lado, los resultados de los procesos de paz han sido limitados y el fracaso en las últimas negociaciones con las FARC llevó a favorecer la búsqueda de una salida militar al conflicto armado, alternativa que a pesar de los resultados parciales que ha mostrado, no parece configurarse como una solución definitiva. ¿Qué se puede esperar hacia adelante? ¿Cuáles podrían ser los escenarios posibles de evolución del conflicto armado en Colombia? A partir del análisis que hemos realizado consideremos las distintas alternativas posibles: o el fin del conflicto armado ya sea por la derrota militar de una de las partes o porque se alcanza una solución negociada; y la continuidad del conflicto, en mayor o menor escala. Un primer escenario es una derrota militar contundente de la insurgencia, buscando seguir el modelo implementado en Sri Lanka. Aunque esta aparece como la apuesta gubernamental, que se apoya en los resultados obtenidos por las Fuerzas Armadas en estos siete años, las tendencias presentadas indican que puede ser un resultado difícil de alcanzar, más cuando se constata que se está presentando un punto de inflexión en las tendencias del conflicto armado a partir de 2006 y 2007, cuando el número de acciones bélicas, muertos en combate, infracciones al DIH y víctimas civiles vuelven a crecer. Por otro lado, los recursos del narcotráfico siguen ‘aceitando’ la confrontación y la situación económica hace impensable un mayor incremento del ya alto gasto militar. Es difícil que en una situación de crisis económica el presupuesto y el pie de fuerza de las Fuerzas Armadas sigan creciendo. Así las cosas, si no se ha logrado derrotar al ELN, ¿habría capacidad para hacerlo con las FARC? ¿Se podrá controlar el narcotráfico? No es claro que la presencia de militares estadounidenses en 7 bases militares colombianas vaya a ser la solución. Un segundo escenario es la conquista del poder por parte de la insurgencia. En las actuales condiciones de Colombia y del continente este es un escenario cerrado, como aún Fidel Castro lo ha sostenido. No sólo hay en la actualidad un balance militar favorable a la Fuerza Pública, sino que las condiciones de globalización, por un lado, y de crisis del socialismo realmente existente (simbolizado por la caída del muro de Berlín), hacen prácticamente imposible esta opción. Además, la práctica predatoria de la guerrilla (secuestros, minas antipersonales, cilindros bombas, etc.) le han quitado respaldo popular a la opción armada, particularmente en el ámbito urbano, lo que hace que la representatividad

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política que puedan tener las guerrillas, particularmente las FARC, sea bastante marginal. Un tercer escenario sería aquel vinculado a un final del conflicto armado pero por la vía negociada. Un escenario así es deseable pero improbable en el futuro cercano. Si en 1998 los sucesos militares de los años anteriores le impidieron a las FARC ver la importancia estratégica de una negociación de paz, hoy en día se puede vivir una situación similar pero en el lado gubernamental. Los triunfos de la Seguridad Democrática están llevando al gobierno del presidente Uribe a no ver la importancia de una negociación que pudiera ser una solución de largo plazo. Su tendencia es ver las negociaciones simplemente como una forma de definir el proceso de desarme y desmovilización de los insurgentes, algo difícil de aceptar para un grupo como las FARC. Y esto se puede extender en el tiempo, por lo menos 4 años más, si el presidente Uribe vuelve a ser reelegido. Por otro lado, las actuales circunstancias también han hecho que la incidencia de la comunidad internacional y de la sociedad civil a favor de una salida negociada hayan perdido peso. Un cuarto escenario es la continuidad del conflicto armado en mayor o en menor escala. Aunque es un escenario no deseable sí tiene altas posibilidades de ser probable. Un énfasis tan grande en la solución militar, como la mostrada por el actual gobierno, puede llevar como su derivado a una continuidad degradada del conflicto armado, particularmente en algunas regiones del país. Es innegable que las FARC han sido golpeadas a niveles importantes que afectan sus cuadros de dirección. Enfatizar este camino puede conllevar un serio riesgo de fraccionamiento del grupo armado que plantea un reto militar y político complejo. Dados los recursos provenientes del narcotráfico, estos grupos fraccionados tendrían recursos para seguir operando, ahora bien sin tener prácticamente mayor horizonte político. Y la consecuencia de ello fácilmente puede ser un incremento en el tipo de acciones delincuenciales y las infracciones contra el DIH que afectarían a la población civil. Este escenario se haría más complejo si se tiene en cuenta la continuidad del fenómeno paramilitar, también sin mayor coordinación nacional, que está exacerbando la lucha por quien controla los poderes regionales; contrario a lo que afirma el gobierno el paramilitarismo no se ha acabado, antes bien se está reactivando con fuerza. Y no es claro que en la actual coyuntura cómo la política de Seguridad Democrática va a hacer frente a una continuidad degradada y crecientemente urbana del conflicto armado. 3. Algunas lecciones de la infructuosa búsqueda de una salida negociada Colombia ostenta uno de los más largos conflictos armados en el mundo (45 años, si se considera el momento en que surgen las actuales guerrillas), pero también uno de los más largos esfuerzos sostenidos para buscar una salida negociada al mismo (27 años, si partimos de los esfuerzos desplegados por la administración

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Betancur para negociar unos acuerdos de paz)5. La sociedad colombiana y sus gobiernos han oscilado en esos años entre la solución militar y la solución negociada al conflicto armado. En cuanto a la primera, claramente fue la estrategia desplegada por el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) y por el de Álvaro Uribe Vélez en su primera (2002-2006) y segunda administración (2006-2010). En cuanto a la solución negociada se pueden mencionar los esfuerzos desplegados por las administraciones Betancur, Barco y Gaviria (ver los resultados de dichos procesos en la Tabla 1). La propuesta de paz de Belisario Betancur llegó como una bocanada de aire fresco luego de la política represiva de Turbay Ayala, pero no contó con las condiciones mínimas de institucionalidad y respaldo político que le permitieran producir un resultado positivo hacia una paz justa y duradera. Los acuerdos de cese al fuego no tenían las condiciones para ser realmente verificados y para comprometer a las partes a avanzar a un acuerdo de paz. De ahí que las Fuerzas Armadas se hayan opuesto a los acuerdos de cese al fuego y que las guerrillas los hayan utilizado como un movimiento táctico para fortalecerse política y militarmente. La política de paz de la administración presidencial de Virgilio Barco implicó un viraje importante con relación a la de su antecesor. Hubo una institucionalización de la misma en la Consejería de Paz, se logró un respaldo político a la misma y se trabajó con la Fuerza Pública para evitar que bloquearan el desarrollo de la política. La Iniciativa de Paz ofreció una hoja de ruta que permitió definir con claridad cuál sería el proceso a seguir con los grupos guerrilleros que aceptaran dicho camino. La flexibilidad mostrada por el gobierno para articular algunas de las demandas del M-19 permitió que se avanzara hacia un acuerdo de paz. Tabla 1: Tipología de los acuerdos de paz por periodo presidencial (1982-2008)6 Acuerdos Humanitarios y

de Cese al Fuego (CaF) Agendas y Acuerdos Preliminares y de procedimiento

Acuerdos Finales de Paz

5 En distintos trabajos anteriores he analizado la dinámica de los procesos de paz en Colombia (ver García-Durán, 1992, 1995, 1998a, 2001, 2004, 2006a y 2006b). 6 La versión inicial de esta tabla fue publicada en Accord 14 - Alternatives to War: Colombia’s peace processes (García-Durán, Ed, 2004: 80).

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Bet

ancu

r

Acuerdo (CaF) de la Uribe, FARC (marzo 1984) Acuerdo (CaF), M-19 y EPL (agosto 1984) Acuerdo (CaF), ADO (agosto 1984) Acuerdo (CaF), sectores del ELN (diciembre 1985 y abril y julio de 1986)

Acuerdo entre las FARC y la Comisión de Paz (marzo 1986) para prorrogar acuerdo de la Uribe

Bar

co

Acuerdo del Tolima, M-19 (enero 1989) Acuerdos para iniciar procesos de paz con el EPL, PRT y Quintín Lame (mayo-junio 1990)

Pacto político, M-19 (noviembre 1989)

Acuerdo político, M-19 (marzo 1990)

Gav

iria

Cravo Norte, CGSB (mayo 1991)

Agenda de Caracas (junio 1991)

Acuerdo final, PRT (Enero 1991); EPL (febrero 1991); Quintín Lame (mayo 1991) Acuerdo final, Comandos Ernesto Rojas (marzo 1992)

Acuerdo final, CRS (Abril 1994) y Frente Garnica (junio 1994) Acuerdo de Coexistencia, Milicias de Medellín (mayo 1994)

Sam

per

Acuerdo Humanitario de Remolinos del Caguán, FARC (junio 1997)

Pre-acuerdo del Palacio de Viana (Madrid), ELN (febrero 1998)

Acuerdo final, MIR-COAR (julio 1998)

Pas

tran

a

Acuerdo Humanitario, ELN (junio 2000) Acuerdo Humanitario, ELN (octubre 2000)

Acuerdo de Intercambio Humanitario, FARC (junio 2001)

Agenda Común, FARC (mayo 1999) “Acuerdo de Los Pozos”, FARC (febrero 2001) Condiciones para establecer una zona de encuentro con el ELN (mayo 2001)

Informe Comisión de Personalidades (septiembre 2001) Acuerdo de San Francisco de la Sombra, FARC (octubre 2001)

Acuerdo por Colombia, ELN (noviembre 2001)

Acuerdo de cronograma para el futuro del proceso de paz, FARC (enero 2002)

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Urib

e

Acuerdo de Santa Fé de Ralito, AUC (julio 2003)

Acuerdo para involucrarse en las negociaciones con los paramilitares del Bloque Central Bolívar y Vencedores de Arauca (noviembre 2003)

Ley de Justicia y Paz (2005)

Ahora bien, es indiscutible que la desmovilización fue posible gracias a la apuesta que el M-19 hizo de buscar una manera de hacer política en sintonía con el país, no obstante el incumplimiento del gobierno en garantizar las reformas que se habían pactado. Más allá de las limitaciones en hacer realidad los acuerdos negociados, el modelo de negociación se convirtió en el modelo usado en las posteriores negociaciones. En la presidencia de César Gaviria se continuó con el modelo desarrollado durante la administración Barco, culminando las negociaciones con el EPL, el PRT y el Quintín Lame con la presión del inicio de la Asamblea Constituyente, en la cual dichos grupos querían participar. El mismo modelo se utilizó para negociar con los comandos Ernesto Rojas, la Corriente de Renovación Socialista, el Frente Garnica y las milicias urbanas en Medellín. En total, contando al M-19, aproximadamente 4.000 guerrilleros se desmovilizaron. Sin embargo, este gobierno también implementó una política de guerra con las guerrillas que no se acogieron a la política de paz, la cual fracasó no obstante la ampliación de criterios para negociar con las FARC, el ELN y la disidencia del EPL en Caracas y Tlaxcala. La promesa del Ministro de Defensa, Rafael Pardo, de acabar con la guerrilla en año y medio se mostró infructuosa. Durante el periodo de Ernesto Samper la política de paz y las posibilidades de una eventual negociación naufragaron en la crisis política generada por el proceso 8.000. Lo único posible fue un acuerdo humanitario para liberar a soldados retenidos en Remolinos del Caguán en 1997. Queda claro que sin legitimidad política difícilmente un gobierno puede liderar un acuerdo de paz que implica consolidar unos consensos políticos amplios. El único espacio que le quedó a este gobierno fue fortalecer la participación de la sociedad civil en los procesos de paz, como se plasmó en la ley que estableció el Consejo Nacional de Paz. La administración de Andrés Pastrana , cabalgando en la legitimidad que le ofrecía la gran movilización social por la paz (los 10 millones de votos del Mandato por la Paz en octubre de 1997), buscó avanzar en una negociación de paz comprensiva con las FARC sin definir con claridad una política de paz y sin sacar lecciones de los logros y errores de los 16 años anteriores, con lo cual cometió el “pecado” de entregar una gran zona de despeje sin definir mecanismos de

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verificación adecuados7. A ello se sumó un proceso de negociación que no logró que se avanzara en los temas críticos de la negociación. Ahora bien, hay que reconocer que las FARC perdió la oportunidad de oro para haber alcanzando un acuerdo de paz verdaderamente comprensivo con el establecimiento colombiano, convencida como estaba, por los triunfos militares de los años anteriores, que podría lograr más en el campo de batalla que en la mesa de negociación. La consecuencia inevitable fue esfuerzo de ambas partes por fortalecerse militarmente (Plan Colombia, uso de la zona de despeje por las FARC), lo cual llevó a un escalamiento de la confrontación armada entre ejércitos a los mayores niveles desde la Guerra de los Mil Días. El escándalo que produjo en la opinión pública el proceso en el Caguán (una negociación infructuosa por más de tres años) preparó el terreno para el viraje hacia una política de fuerza como solución al conflicto armado. La política de paz que ha promovido Álvaro Uribe Vélez ha sido en últimas la misma política de Seguridad Democrática, que busca terminar con la insurgencia por la vía militar. De ahí las dificultades para avanzar en cualquier acuerdo humanitario para la liberación de secuestrados y más aún de sentarse a negociar un acuerdo más comprensivo de paz. De ahí que no se avanzara ni siquiera con el ELN, con quien se desarrollaron múltiples encuentros de acercamiento en Cuba y en Venezuela. Aunque la administración Uribe Vélez también adelantó negociaciones que llevaron a la desmovilización de los grupos paramilitares, sin embargo quedan muchos interrogantes sobre si estas negociaciones se pueden catalogar propiamente como un “proceso de paz”. Nunca se conoció públicamente un acuerdo final que recogiera explícitamente las condiciones para la desmovilización y la aplicación de la Ley de Justicia y Paz está lejos de haber implementado un mecanismo de justicia mínimamente eficiente. Peor aún, es un proceso que supone un escándalo mayor que el del Caguán, ya que allá lo problemático fue que nunca se negoció, pero en el Ralito se supone que se negoció, se desmovilizó a más de 32.000 paramilitares, pero no se acabó con el fenómeno paramilitar ni se respondió a los reclamos y demandas de las víctimas de toda esta violencia. ¿Qué aprendizajes nos dejan estos 25 años de procesos de paz cuando pensamos en una eventual negociación futura con los grupos armados ilegales? ¿Qué límites y obstáculos se plantean para esa futura negociación? Sin pretender hacer un análisis exhaustivo sobre dichos procesos, llamemos la atención sobre algunos aspectos críticos que sería necesario tener en cuenta para hacer posible una salida negociada del enconado conflicto interno que vive nuestro país: a) Se requiere ahondar en un proceso formal de sistematización y aprendizaje de los procesos de paz que se han adelantado en estos 25 años,

7 Llama la atención que el problema de verificación ya había sido el punto crítico en los acuerdos del cese al fuego de la época de Betancur, y es irónico que 16 años después se vuelva a cometer un error semejante.

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recabando lecciones tanto de los logros como de los problemas o fracasos en la experiencia colombiana como en las experiencias de otros países (Cf. García-Durán, 2009; Harris, Reilly & Zovatto, 2001). Es una experiencia muy rica que demanda una seria sistematización de forma tal que se construya una política de paz sobre las bases de dicho aprendizaje. Hay errores que volverlos a cometer es imperdonable. Hay logros que indican alternativas que no tenerlas en cuenta es perder oportunidades que se nos ofrecen para el caso colombiano. b) Los procesos de paz adelantados hasta el momento han sido limitados y parciales, tanto por haber sido ó con los grupos guerrilleros más pequeños, o con un parte de los grupos paramilitares. Por otra parte, también han sido parciales por el contenido de los 8 acuerdos de paz alcanzados entre 1990 y 1994 (ver Tabla 1) y por la desmovilización de los paramilitares entre 2003 y 2006, centrados básicamente en la desmovilización de los grupos armados ilegales. Dado el desgaste que han implicado estos procesos de paz, difícilmente es viable hoy en día una alternativa que no considere el punto final para todos los actores armados ilegales , tanto de derecha como de izquierda. El reto es diseñar un proceso de paz que logre hacer frente a esta doble negociación, no como un dilema (o con los unos, o con los otros), sino como una ventana de oportunidad para hacer posible una paz con democracia en nuestro país. Y obviamente que no sólo tenga en cuenta a los armados sino también a las víctimas de éstos, quienes merecen un lugar privilegiado en cualquier alternativa de construcción de la paz. c) Otro hecho que tenemos que asumir es la masiva desmovilización de miembros de los grupos paramilitares (al menos 32.000 según las cifras del gobierno), que sin embargo fracasó en el esfuerzo por desmontar de raíz el fenómeno paramilitar. Ello nos remite al reto que implica construir un consenso sobre el ejercicio de la política sin el recurso a la violencia, lo cual nos pone frente al problema de las relaciones de poder dentro de un proceso de paz. Es importante tener presente que “las políticas de paz se han convertido en la arena donde se procesan los conflictos conforme a las reglas implícitas del sistema político” (Palacios, 2001: 43). Sin descartar las medidas que ayuden a crear confianza y la fácil interacción entre las partes, es imprescindible ampliar el apoyo y compromiso con el proceso entre los grupos más difíciles y más probables de impedir el avance del proceso. No es posible avanzar hacia una paz durable y sostenible sin contar con los paramilitares y los poderes locales y regionales que están detrás de ellos, como tampoco lo es si se excluyen los grupos guerrilleros y la base social que los respalda. Pero igualmente no es posible avanzar en esa dirección sin contar con la participación de los múltiples sectores que ni guerrilleros, ni paramilitares, ni partidos políticos representan suficientemente. En ese sentido, es necesario formular una política pública de paz más descentralizada que promueva espacios reales para la participación pública tanto en los procesos de diálogo político como en el más amplio proceso social de construcción de paz, de forma tal que se abran las puertas a la configuración de un nuevo consenso social que ofrezca condiciones a todos los actores sociales y

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políticos para promover positivamente mayores estándares de democracia y justicia social. d) En el nivel de una agenda de paz , se requiere tener claridad sobre lo que se pone en juego en la negociación, es decir, hasta dónde se está dispuesto a ir para hacer posible una convivencia en paz. En últimas es la pregunta por lo que es negociable y lo que no es negociable. No hay un consenso en este sentido en Colombia hoy en día. Unos actores consideran que se requieren reformas sociales y políticas a fondo para llegar a un acuerdo de paz sostenible (Cf. Lozano, 2004). Otros estiman que no se puede partir de una visión maximalista de paz, sino que es necesario poner el énfasis en la favorabilidad política que se conceda a los guerrilleros desmovilizados, condición de posibilidad de posteriores reformas sociales (Cf. Gutiérrez, 2004). En este sentido no hay que olvidar que “el principal problema del país no es encontrar solución política al conflicto armado sino construir la democracia” (Palacios, 1999: 345). Es decir, lo neurálgico es que se pueda consolidar una dinámica de democratización que haga viable para todos los colombianos el tramitar sin el recurso a la violencia los inevitables conflictos que implica construir una Colombia más justa. De ahí se deriva que la agenda debe tener dos componentes básicos: los requerimientos básicos para la desmovilización de los armados, algo que ha quedado suficientemente claro en los procesos anteriores, y los componentes necesarios para fijar las reglas mínimas para una participación democrática de todos los sectores políticos y sociales. El modelo de negociación debe ser coherente con lo que está en juego en la negociación; es distinto si lo que está en juego es una apuesta de autogobierno, o si lo que se negocia es un intercambio de paz por democracia (Cf. Fisas, 2004, 167ss). e) Es necesario contar con una clara estrategia de negociación , que se puede ir ajustando por el camino, pero que ha definido desde el principio una hoja de ruta más o menos clara para el proceso de paz y una serie de medidas que permitan ganar confianza entre las dos partes en la mesa de negociación. Se debe contar con equipos profesionales dedicados a negociar de tiempo completo, y no con negociadores que participan en el proceso de tiempo parcial; dichos equipos deben tener la capacidad de ir aprendiendo en el proceso mismo, de forma tal que puedan resolver los dilemas que se plantean en el proceso mismo. Es una estrategia que debe tener en cuenta el dilema de seguridad que se presentan para la otra parte en la mesa de negociación y que debe contar con estrategias para contrarrestar la acción de aquellos que puedan querer sabotear el proceso (spoilers) (Cf. Nasi, 2009). f) También se requiere contar en la estrategia de negociación con espacio que permita que terceras partes , tanto nacionales como internacionales, puedan jugar un papel de apoyo técnico en el proceso. Una adecuada participación de la comunidad internacional es una de las claves para avanzar hacia una exitosa negociación de paz. De manera distinta a los primeros procesos de finales de los

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ochenta y principios de los noventa, no es pensable una negociación hoy en día sin esta participación. Pero en ese sentido, es igualmente importante hacer frente y mitigar el impacto negativo de la política exterior norteamericana (Cf. Tate, 2004) y de su creciente presencia en el país, sobre todo porque difícilmente Colombia podrá dar un paso en cualquier proceso de paz sin contar con la aprobación del gobierno americano. g) Es claro que una política pública para la paz o para la guerra requiere de respaldo social. De ahí la importancia de la movilización social a favor de la paz, a favor de una salida negociada del conflicto armado. La creciente movilización de los años noventa indiscutiblemente dio legitimidad a la propuesta de negociación de la administración Pastrana en el Caguán (García-Durán, 2006b); y el desencanto que ello produjo también legitimó el viraje hacia una política de solución militar del conflicto armado (García-Durán, 2006a), como la ha desplegado Álvaro Uribe en sus dos administraciones. Un nuevo proceso de paz demanda de un respaldo social importante, tanto a nivel de movilización social como de una opinión pública favorable a una solución negociada, algo con lo que no se cuenta en el momento. Los sectores favorables a dicha perspectiva tiene la tarea titánica de consolidar un movimiento en dicha dirección, de forma tal que el presidente que inicie dicha negociación, tenga la legitimidad necesaria para ello. h) Un obstáculo serio que tiene cualquier búsqueda negociada del conflicto armado es el tema del narcotráfico , que ciertamente inyecta recursos a la confrontación armada, haciendo más difícil la posibilidad de cualquier proceso de paz. Es significativo que no obstante el amplio plan de erradicación de cultivos ilícitos, tanto por fumigación aérea como por erradicación manual, la extensión de los cultivos se mantenga o peor aún esté creciendo, como lo certificó el informe de Naciones Unidas sobre el tema para el 2007, cuando el área cultivada creció en 20.000 hectáreas, un 27% más con respecto al año anterior8, tendencias que son igualmente confirmadas por estudiosos del tema (Cf.Chernick, 2008: 215-217). Mientras no se encuentre una adecuada estrategia para hacer frente a este problema, será difícil consolidar cualquier alternativa negociada del conflicto, ya que parte de la confrontación armada en este momento pasa por la disputa por los recursos provenientes de la producción y comercialización de narcóticos. 4. Retos para hacer la paz (peacemaking) que se der ivan de lo anterior La administración Uribe está llegando al final de sus primeros ocho años pero no es claro que la paz esté más cerca. No obstante la favorable imagen que el Presidente Uribe aún mantiene, la solución de fuerza comienza a mostrar sus límites y la opinión pública comienza a oscilar de nuevo hacia una solución

8 Cf. El Espectador, 19/06/2008, p. 9; El Tiempo, 13/06/2008, pp. 1 y 6.

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negociada9. Por una parte, la apuesta militar que se materializó en el Plan Patriota con gran apoyo de Estados Unidos, no logra mostrar los resultados anunciados, y la esperada derrota de las FARC está todavía lejos de producirse. El narcotráfico no se ha reducido como se esperaba y sus recursos siguen alimentando la guerra. Los acercamientos con el ELN fracasaron. El proceso de desmovilización de los paramilitares no logró terminar con el fenómeno paramilitar (tampoco lo pretendía). En ese contexto, el tema de paz (o su negación) entra en un contexto pre-electoral en el juego de los intereses re-eleccionistas. Dado este contexto adverso, no es realista esperar una solución a corto plazo para el persistente conflicto armado colombiano. Las posibilidades de una solución negociada están condicionadas por la eventualidad de un tercer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez. No obstante las perspectivas próximas no sean claras, los colombianos seguimos teniendo el reto de encontrar una alternativa al largo conflicto armado que nos afecta. Y una de las condiciones para ello es reforzar nuestros esfuerzos por aprender de nuestra ya larga propia historia en procesos de paz. ¿Cuáles son los campos en los que habría que trabajar para construir una paz durable en Colombia? Como se lo ha entendido en los trabajos de resolución de conflictos y estudios de paz en la literatura y experiencias en distintas partes del mundo, la construcción de la paz tiene un correlato con la dinámica y fases del conflicto, tal y como se expresa en el Gráfico 5. En el caso colombiano, estas fases coexisten y una adecuada estrategia de paz no se puede centrar únicamente en la negociación de la paz; sin tener en cuenta las otras fases, las propuestas para hacer la paz (peacemaking) quedan cojas. Sin el desarrollo de una estrategia integral de paz difícilmente podremos salir del “callejón sin salida” en el que nos encontramos. Hay un trabajo de prevención cuando el conflicto es todavía latente o cuando en fase de postconflicto se busca evitar que éste se active de nuevo; hay un trabajo de contención (peacekeeping) del conflicto cuando éste se encuentra en fase de escalamiento y se requiere proteger a la población civil de los efectos del conflicto armado; hay un trabajo de negociar y hacer la paz (peacemaking) cuando se han logrado acercamientos entre las partes y se busca alcanzar un acuerdo de paz que permita poner fin a la confrontación armada; y hay un trabajo de construcción sostenida de la paz (peacebuilding) que busca reconstruir y sanar las heridas dejadas por la guerra en la fase del postconflicto, de forma tal que se pueda avanzar en las reformas que hagan frente a las exclusiones que subyacen al conflicto y se pueda avanzar en un proceso de reconciliación de una sociedad que ha sido fracturada por el conflicto. La construcción sostenida de la paz exige la construcción de una cultura de paz que arraigada en la vida social opere como elemento preventivo de futuros conflictos violentos. Quiero llamar la atención a algunos retos en cada una de estas dimensiones de trabajo por la paz que se

9 En la encuesta realizada por el IEPRI de la Universidad Nacional ya aparece que un 73% de los entrevistados considera que se debe negociar con las FARC (Cf. El Tiempo, 25 de Septiembre de 2005, pág.1-2).

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derivan del análisis que he realizado hasta el momento y de la experiencia colombiana en general. Gráfico 5: Tipo de acciones en la construcción inte gral de la paz

Fuente: Equipo de Iniciativas de Paz del CINEP (2007) En primer lugar, en el tema de prevención es importante ahondar en la manera como se puede traducir el análisis de los conflictos sociales y armados en propuestas de cambios en las políticas públicas que hagan frente a los problemas sociales, económicos, políticos y culturales que subyacen al conflicto en estado latente de forma que se evite su tránsito a expresiones violentas. Más allá de las alertas tempranas, que son necesarias y no hay que dejar de lado, se requieren estrategias de intervención de carácter más estructural que puedan hacer frente a las raíces de los conflictos. Pero por otro lado, de parte de las organizaciones de la sociedad civil, se requieren claras estrategias de incidencia política (advocacy) y movilización social para lograr que estas propuestas de cambio estructural se traduzcan en políticas públicas efectivas. En segundo lugar, se requiere consolidar y profundizar las formas de contención civil (civilian peacekeeping) de los conflictos violentos. Hay una experiencia acumulada grande de formas de resistencia civil a los conflictos y de intervenciones para ofrecer protección a poblaciones en riesgo. Es importante poder sistematizar los aprendizajes que se derivan de estas experiencias de forma tal que se pueda ayudar a empoderar efectivamente otras comunidades que enfrentan la misma situación. Es importante ubicar con claridad el papel que acuerdos humanitarios pueden tener mientras dura el conflicto en esta perspectiva

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de contención. Además se requiere ahondar en la estrategia de contención y apoyo con las víctimas de la violencia, para que tengan condiciones de hacer el tránsito de ser víctimas a volver a ser ciudadanos/as con capacidad para reclamar los derechos que les han sido afectados por la violencia y reconstruir su proyecto de vida. En tercer lugar, se requiere aprender de la experiencia de los procesos de paz, tanto los exitosos como los fallidos. En el caso colombiano, es realmente inaudito que se sigan repitiendo errores que ya se cometieron en procesos anteriores. Es necesario aprender de la propia experiencia y de las experiencias a nivel mundial, particularmente para los casos de conflictos duraderos como el colombiano. Entre muchos aspectos en los que habría que profundizar, llamo la atención de los siguientes:

� Hay que consolidar un proceso de aprendizaje que permita precisar el tipo de política pública de paz que se requiere, política que es necesario poner en marcha.

� Hay que contar con mecanismos que permitan el nivel de participación necesario de terceras partes nacionales e internacionales y de la sociedad en general; son de vital importancia las prudentes gestiones de acercamiento que se hagan entre las partes, más en situaciones de polarización.

� Hay que tener una estrategia que lleve a desarrollar los niveles de negociación que hay que desplegar con los distintos actores involucrados en el conflicto (con los armados, con la sociedad, con la comunidad internacional, etc.).

� Hay que garantizar que se avance en la construcción de un consenso en torno al tipo de agenda conveniente que permita avanzar en lo que es negociable.

� Hay que tener un adecuado balance entre técnicas de negociación y relaciones de poder en el proceso.

� Hay que tener una creciente movilización de la sociedad civil a favor de la solución negociada del conflicto hasta el punto que tenga capacidad para cambiar una opinión pública favorable a una solución militar. Esto probablemente sólo pasará cuando sectores amplios de población tomemos conciencia que la frustración que implica la negociación de Santafe de Ralito es mayor que la que implicó la negociación en el Caguán, y que con mayor claridad y precisas condiciones se explore de nuevo una solución negociada que busque resolver de una vez y con todos los actores el problema del conflicto y pueda sentar las bases mínimas para una convivencia democrática y sin el recurso a la violencia. Se requiere combinar voluntad política, presión social y gestión internacional para poder dar inicio a un nuevo proceso de paz. No es claro que esto sea posible con el presidente Uribe en el poder; sin embargo, tampoco se ve clara la estrategia alternativa de los otros candidatos para que esto sea posible. En cuarto lugar, en el ámbito de la construcción sostenida de la paz son múltiples los retos en los cuales se requiere ahondar para consolidar procesos de paz duraderos. Por una parte, está el tema de la implementación de los acuerdos de

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paz y el tipo de monitoreo que pueda garantizar su real puesta en marcha; a ello se agregan los grandes retos que plantean los procesos de desmovilización, desarme y reintegración de los miembros de los grupos armados, tanto legales como ilegales. El tema de la justicia transicional es otro de los grandes retos, sobre todo en contextos donde existen límites para alcanzar plenamente las demandas de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. En el caso colombiano, a estas demandas se agrega la de la no repetición de los abusos, dada la continuidad del conflicto. Es necesario ahondar en la manera de generar procesos de reconstrucción y desarrollo que resuelvan las exclusiones vinculadas al conflicto. Igualmente necesitamos ahondar en la manera de consolidar una cultura de paz, que haga frente a todo tipo de exclusiones, particularmente las de género, generaciones, orientación sexual y raza. La construcción sostenida de la paz opera, de hecho, como una estrategia de prevención para que el conflicto armado no vuelva a activarse. Solo cuando desarrollemos una estrategia de paz compleja que tenga instrumentos y propuestas concretas para cada uno de los ámbitos y momentos que hemos sugerido tendremos condiciones para avanzar hacia una construcción sostenida de la paz y la democracia en nuestro país, que ciertamente pasa por una negociación, pero que de lejos no se agota en ella. REFERENCIAS Chercnick, Marc (2008) Acuerdo Posible – Solución Negociada al conflicto armado

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Participación de la sociedad civil en los procesos de paz en Colombia: lecciones y retos para el futuro 10

Mauricio García Durán, S.J. Introducción No obstante las dificultades existentes hoy para emprender la búsqueda de una salida negociada del conflicto armado que vive el país, la experiencia internacional sugiere que tarde o temprano se llegará a una negociación con los alzados en armas como condición para poder avanzar hacia una paz sostenible. Una futura negociación exitosa requiere de un esfuerzo por aprender de los logros y los fracasos de los múltiples procesos de paz que se han adelantado en el país desde 1982. Uno de los aspectos sobre los que se requiere un mayor análisis y debate es en torno al papel de la sociedad civil en dichos procesos de paz. Aunque algunas reflexiones se han hecho al respecto, sigue siendo un tema que necesita mayor investigación y análisis para poder contar con claridad con aquellas lecciones que nos dejan las experiencias anteriores y, de esta manera, poder cualificar la intervención de las organizaciones de la sociedad civil a favor de una solución negociada del conflicto armado colombiano. En esta ponencia vamos a realizar una primera aproximación al tema, sin pretender agotarlo. Partiremos de considerar las formas de participación de la sociedad civil que se han dado en procesos de paz en otras partes del mundo, para luego en una segunda parte, núcleo central de la presentación, considerar cronológicamente, desde la administración Betancur a la administración Uribe, la manera como esta participación se ha dado en el caso colombiano y terminar en una tercera parte resaltando algunas lecciones y retos que se derivan de esta historia.

1. Formas de participación de la sociedad civil en procesos de paz Al revisar la literatura internacional sobre el tema (Cf. en especial McKeon, 2005; también, Barnes, 2002; Harris & Reilly, 1998), es posible identificar las siguientes formas de participación y roles desempañados por sectores de la sociedad civil a favor de un proceso de paz:11 10 Ponencia preparada para presentar en el Congreso 2009 de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Río de Janeiro, Brasil, del 11 al 14 de junio de 2009 11 Es necesario tener presente que así como se dan formas de acción positiva a favor de un proceso de paz, también habría que considerar las formas de participación de la sociedad civil que han obstaculizado o bloqueado el avance en las negociaciones. Hay diversos ejemplos de ello, como fueron la oposición de los gremios a los procesos de paz durante la administración Betancur, las marchas del Sur de Bolívar para oponerse al despeje para iniciar un proceso con el ELN durante la administración Pastrana, o el mismo apoyo a una solución militar durante la administración Uribe. Dadas las limitaciones de espacio no es posible hacer un análisis más sistemático de estar formas de participación en contra de los procesos de paz.

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1) Promoviendo una opinión pública favorable a un proceso/acuerdo de paz: en contextos altamente polarizados por la confrontación armada, es de vital importancia la existencia de grupos de población civil que promuevan el diálogo como una alternativa a la violencia armada. “El simple pero corajudo acto de declarar públicamente ‘NO’ a la guerra y la violencia puede tener un poderoso impacto en la decisión de las partes enfrentadas de comenzar una negociación”12 (McKeon, 2005: 568). Por ejemplo, las mujeres, en distintos lugares en guerra, han jugado valerosamente este papel.

2) Facilitando el diálogo entre las partes: dada la flexibilidad y el bajo perfil que normalmente manejan, actores de la sociedad civil pueden desempeñar un papel de mediación y acercamiento entre las partes enfrentadas que puede ser crucial para iniciar o consolidar un proceso de paz. “En algunas situaciones, actores de la sociedad civil podrían involucrarse en proveer asistencia a una de las partes enfrentadas ayudándoles a considerar los potenciales beneficios de comprometerse en un proceso de paz y ayudándolos a prepararse [para la negociación]” (McKeon, 2005: 569).

3) Monitoreando el cumplimiento y/o violación de los compromisos que se van

pactando a lo largo del proceso del paz, es decir, haciendo veeduría de las violaciones a los derechos humanos por ambas partes en el conflicto, específicamente de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario que afectan a la población civil, considerada en muchos casos vinculada con la ‘otra parte’. “Al promover el respeto de los estándares internacionales acordados [DIH], pueden ayudar a asegurar que los acuerdos de paz no perpetúen injusticias, discriminaciones, o un clima de impunidad” (McKeon, 2005: 571). Este mecanismo puede ser importante para monitorear las treguas o cese al fuego que acuerdan las partes.

4) Participando en la mesa de negociaciones: a través de distintos mecanismos se ha dado la participación de actores de la sociedad civil en los procesos mismos de negociación. Esta participación puede contribuir a “ampliar la agenda de temas debatidos, garantizar mayor énfasis en las causas estructurales del conflicto, permitir mayor apropiación de los acuerdos alcanzados, y facilitar un cierto grado de reconciliación política entre los participantes” (McKeon, 2005: 573). Los distintos mecanismos son (Barnes, 2002):

a. A través de mecanismos de consulta, como la Asamblea de la Sociedad Civil en Guatemala y la Comisión Nacional de Unificación en las Filipinas, que ofrecen a la mesa de negociación consideraciones y propuestas de solución sobre algunos de los temas sustantivos que se negocian, normalmente construidos como documentos de consenso.

12 Citas originalmente en inglés, traducidas al español directamente por el autor de esta ponencia.

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b. Con representante(s) con capacidad de decisión, como en el caso de Irlanda del Norte, donde la Coalición de Mujeres de Irlanda del Norte ganó electoralmente un espacio en la mesa de negociación para manifestar sus preocupaciones y defender sus intereses en la definición de un acuerdo de paz. También se da esta participación en procesos de elaboración de una nueva constitución, como en el caso de Suráfrica y Nepal.

c. A través de mecanismos de participación directa, que por razones de escala, normalmente se dan a nivel local o regional. Un ejemplo de ello es el caso de Malí, cuando el Pacto Nacional falló, y se promovieron numerosas reuniones inter-comunitarias que permitieron avanzar hacia ceses al fuego, acuerdos de comercio y procesos de reconciliación a nivel local.

5) Movilizándose para presionar la negociación: hay momentos en que la

sociedad civil ejerce presión a favor de una negociación por medio de la movilización social [masiva]. Fue el caso de Suráfrica, que con una movilización de cerca de cuatro millones de personas y un boicot no violento forzó al gobierno del apartheid a entrar seriamente en un proceso de paz (Baranyi, 1998: 11; Ackerman y Duvall, 2000). Ahora bien, muchas veces la gente sólo se moviliza cuando se presenta una situación crítica en el proceso, como en el caso de Irlanda del Norte, donde “todo indica que la gente no toma un papel activo a favor de la paz hasta que hay una verdadera crisis” (McCartney, 2003: 11).

6) Validando democráticamente un acuerdo de paz: es decir, sometiendo a la aprobación de la población lo que se ha acordado entre las partes a través de un plebiscito o referéndum (Cf. Reilly, 2003: 174ss). Ejemplos claros de esto son la apabullante victoria en las elecciones nacionales y provinciales de Sudáfrica en 1994 (Baranyi, 1998: 11), o el claro respaldo al acuerdo de paz del Viernes Santo (72%) en el referéndum de 1998 en Irlanda del Norte (Fearon, 2002: 80). O las votaciones para elegir asamblea constituyente, tanto en Suráfrica como en Nepal. Estas formas de participación se han aplicado en distintos países en la búsqueda de un acuerdo de paz para poner fin a los conflictos armados existentes allí. Según las condiciones de cada país, la participación ha sido mayor o menor, y los resultados de dicha participación han logrado más impacto en el proceso, siendo ciertamente crucial en algunos de los casos para destrabar los atascos en la negociación. Entre más amplia ha sido esta participación mayor ha sido la legitimidad del proceso de paz y la apropiación (ownerwhip) del mismo por parte de la sociedad en sentido amplio, garantizando mejores condiciones para la fase post-acuerdo. Es tiempo de considerar la manera concreta como esta participación operó en el caso colombiano.

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2. Cambios en la participación de la sociedad civil colombiana en los procesos de paz de los últimos 30 años 13

Vamos a realizar ahora un recorrido por lo que ha sido la participación de la sociedad civil colombiana en los procesos de paz que se han vivido en el país en los últimos 30 años (ver Tabla 1), considerando hasta dónde las formas de participación que se constatan a nivel internacional han operado en Colombia y cuáles han sido los resultados y obstáculos para dicha participación. Dada la vinculación de dicha participación con los procesos de paz impulsados por cada administración presidencial, se presentarán las distintas formas de participación según periodos presidenciales. Administración Betancur Ante el fracaso de una solución militar impulsada por el presidente Turbay (1978-1982) al problema de la violencia14, el presidente Belisario Betancur (1982-1986) abogó por una solución política. Su administración implementó una propuesta pionera de negociación, sin embargo problemática por no estar suficientemente vinculada a la dinámica institucional, no contar con directrices claras, ni tampoco con el respaldo social y político suficiente. El núcleo de la propuesta de Belisario Betancur fue promover un “diálogo nacional” con la participación de las más diversas fuerzas políticas, tramitar en el Congreso una ley de amnistía generosa y crear amplias comisiones de paz, que fueron las encargadas de adelantar los diálogos y negociaciones que se llevaron a cabo con la guerrilla. El logro de estos diálogos fue alcanzar una tregua parcial. Dichos acuerdos de tregua se firmaron en 1.984 entre el gobierno y el M-19, las FARC, el EPL, el ADO y algunos sectores del ELN. Sin embargo, con excepción de la tregua acordada con las FARC, todos los otros acuerdos se rompieron en menos de un año. Tabla 1: Acuerdos de paz y participación de sociedad civil por periodo presidencial (1982-2009)15 Acuerdos de Paz:

Humanitarios, de Cese al Fuego y Finales

Participación de representantes de la sociedad civil (SC) en los mecanismos oficiales de negociación

Otras formas de participación y movilización social relacionadas con los procesos de paz y negociación

13 Esta cronología usa muchos elementos desarrollados en mis trabajos anteriores sobre los procesos de paz en Colombia (ver García-Durán, 1992,

1995, 1998, 1999, 2000a, 2000b, 2001, 2004 y 2006). 14 La administración Turbay desarrolló hacia el final de su mandato una pobre política de paz que no dio mayor resultado: una ley de amnistía

inoperante y una Comisión de Paz cuyas recomendaciones no fueron acogidas por el gobierno. 15 Tabla construida con información tomada de García-Durán (2006); Datapaz del CINEP (2009) y Arias (2008).

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Acuerdos de Paz: Humanitarios, de Cese al Fuego y Finales

Participación de representantes de la sociedad civil (SC) en los mecanismos oficiales de negociación

Otras formas de participación y movilización social relacionadas con los procesos de paz y negociación

Bet

ancu

r

- Acuerdo de Cese al fuego de la Uribe, FARC (marzo 1984) - Acuerdo de Cese al fuego, M-19 y EPL (agosto 1984) - Acuerdo de Cese al fuego, ADO (agosto 1984) - Acuerdo de Cese al fuego, sectores del ELN (diciembre 1985 y abril y julio de 1986)

� Dos de los cuatro Altos Comisionados de Paz: un representante de la Iglesia, uno de los empresarios.

� Representantes de distintos sectores sociales y políticos en la Comisión de Paz (1982), la Comisión Nacional de Verificación (1984), la Comisión Nacional de Negociación y Diálogo (1984), y la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación (1985).

• Foros y debates sobre la política de paz del gobierno (apertura democrática, amnistía, tregua, etc.)

• Marchas de apoyo a la política de paz del presidente Betancur.

• Un “golpe de opinión” de parte de los gremios en contra de los acuerdos de tregua con los grupos guerrilleros.

Bar

co

- Pacto político, M-19 (noviembre 1989) - Acuerdo político, M-19 (marzo 1990)

� Participación en las Mesas de Análisis y Concertación que se promovieron como parte del proceso con el M-19.

• Comisión de Notables y Encuentro de Usaquén.

• Diálogos regionales.

• Polarización e impulso de grupos paramilitares contra peligro ‘izquierdista’

Gav

iria

- Acuerdo final, PRT (Enero 1991); EPL (febrero 1991); Quintín Lame (mayo 1991) - Acuerdos de desmovilización con: Comandos Ernesto Rojas (marzo 1992); CRS (abril 1994); Frente Garnica (junio 1994); Milicias de Medellín (mayo 1994)

� Votación para elegir la Asamblea Constituyente (Diciembre de 1990).

� Tutoría moral de la Iglesia Católica en Tlaxcala.

� Participación de representantes de los empresarios en la Comisión Asesora de Reinserción.

• Movilizaciones para apoyar los procesos de paz en curso y la consolidación de los acuerdos de paz alcanzados.

• Impulso a propuestas de “paz integral” frente a la “guerra integral” del gobierno: Comité de Búsqueda de la Paz y Redepaz.

Sam

per

- Acuerdo Humanitario de Remolinos del Caguán, FARC (junio 1997) - Acuerdo de desmovilización, MIR-COAR (julio 1998)

� Representantes de SC en la Comisión de Facilitación de Paz con el Bateman Cayón (1995)

� 24 representantes de SC en el Consejo Nacional de Paz y 3 en el Comité Nacional de Paz (Ley 434/98)

• Comisión de Conciliación Nacional

• Comisión de Facilitación de Antioquia

• Diálogos y negociaciones regionales

• Creciente movilización � Mandato por la Paz y Asamblea de la SC por la Paz

• Comité preparatorio de la Convención Nacional con el ELN

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Acuerdos de Paz: Humanitarios, de Cese al Fuego y Finales

Participación de representantes de la sociedad civil (SC) en los mecanismos oficiales de negociación

Otras formas de participación y movilización social relacionadas con los procesos de paz y negociación

Pas

tran

a

Acuerdo Humanitario, ELN (junio 2000) Acuerdo Humanitario, ELN (octubre 2000)

Acuerdo de Intercambio Humanitario, FARC (junio 2001)

� Representantes de SC en la Mesa de Diálogo y Negociación, en el Comité Temático y en la Comisión de Personalidades.

� Amplia participación de sectores sociales en las Audiencias Públicas

� Participación de sectores sociales en el Frente Común por la Paz y contra la Violencia

• Comisión de Facilitación Civil del ELN (1999)

• Descenso de la movilización por la paz durante toda la negociación

• Movilización “anti-guerrilla”: contra el secuestro (marchas del No Más) y contra el despeje del Sur del Bolívar para el diálogo con el ELN

• “Pobre” movilización para defender proceso de paz

Urib

e I y

II

Acuerdo de Santafé de Ralito para iniciar fase de negociación con las AUC (julio 2003)

[No se conoce públicamente un acuerdo final entre las partes, a no ser que la Ley de Justicia y Paz se lo considere como tal]

� Iglesia católica como facilitadora y tutora moral del proceso

� Visita de representantes de SC en Santafé de Ralito

• Opinión pública favorable a políticas del Presidente Uribe

• Creciente movilización de las víctimas para reclamar sus derechos (Ley 975)

• Representantes de SC en gestiones de acuerdo humanitario con las FARC � Comisiones/gestiones de Facilitación, Colombianos/as por la paz

• Acción permanente de familiares de los secuestrados y movilizaciones masivas en rechazo al secuestro

• Representantes de SC en los acercamientos con el ELN � Comisión de Facilitación Civil y Grupo de Garantes de la Casa de Paz

• Aumentan solicitudes de una solución negociada del conflicto armado

En los mecanismos de negociación impulsados por el presidente Betancur se dio cabida a la participación de sectores de la sociedad civil, la cual se hace a título personal (propiamente no representan a un sector) y sin que se pueda discernir un criterio claro para establecer quiénes intervenían en el proceso. Además de la presencia de los distintos partidos políticos en el Diálogo Nacional, dos de los cuatro

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Altos Comisionados de Paz nombrados son miembros de la sociedad civil (un representante de la Iglesia Católica, uno de los empresarios), como los hay también en las distintas y amplias comisiones de paz que se suceden unas a otras16: en la Comisión de Paz17 (40 miembros, creada el 17 de septiembre de 1982), en la Comisión Nacional de Verificación (53 miembros, creada el 29 de mayo de 1984), en la Comisión Nacional de Negociación y Diálogo18 (41 miembros, creada el 17 de julio de 1984) y en la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación (32 miembros, creada el 18 de octubre de 1985). Además de la participación en los mecanismos de negociación promovidos por el gobierno, la sociedad civil se hizo sentir en la incipiente movilización por la paz de estos años, tanto a nivel de debates sobre la paz como por algunas marchas de apoyo a las negociaciones con la insurgencia. El diálogo nacional y las negociaciones con los grupos insurgentes impulsaron a sectores de la sociedad civil a debatir públicamente en diversos foros y encuentros la política pública de paz implementada por el gobierno. En este sentido, el proceso de paz se convirtió en un estímulo para actuar colectivamente y discutir políticamente las alternativas al conflicto armado colombiano. Dado el crecimiento de la violencia política, particularmente por parte de los grupos paramilitares en expansión, las iniciativas de paz surgen ligadas a la promoción de los derechos humanos. Igualmente las marchas y demostraciones en defensa de la vida y por la paz que se dieron en este momento son también una reacción a la estrategia paramilitar de asesinatos políticos y masacres. Aunque el presidente Betancur abrió la brecha hacia la búsqueda de una solución negociada del conflicto con la guerrilla, también suscitó, por la forma en que lo hizo, que distintas instancias de poder, tanto nacionales como regionales y locales, que se sentían afectadas, hicieran oposición explícita al Presidente e incrementaran la tendencia a buscar por cuenta propia la defensa de sus intereses. De hecho, el conflicto armado se agudizó a lo largo de su mandato. El Presidente no contó con el respaldo del establecimiento. Los militares, en cabeza del Ministro de Defensa, se opusieron a la política de paz y la torpedearon; tampoco el partido Conservador del Presidente, ni el partido Liberal en la oposición, se sentían identificados con la estrategia presidencial y por ello no brindaron el respaldo político necesario. Los grandes gremios dieron un "golpe de opinión" en rechazo a los acuerdos logrados. Por otra parte, los sectores vinculados al agro, sintiéndose desprotegidos, darán su respaldo a los grupos paramilitares, que en este período crecieron vertiginosamente con el apoyo de los militares. Sus principales víctimas fueron los militantes de la Unión Patriótica (UP), partido político creado por las FARC como alternativa para 16 Ver la reseña que se hace de los mecanismos de negociación que han sido utilizados por el gobierno colombiano en los distintos procesos de paz

en el ‘working paper’ de Gerson Iván Arias (2008) de la Fundación Ideas para la Paz. 17 “De ella hacían parte trece exministros de Estado, seis sindicalistas, dos dirigentes empresariales, dos obispos, dos generales retirados, cinco prestigiosos profesionales, tres parlamentarios, una periodista y un líder campesino" (Ramírez y Restrepo, c1989: 77/78). 18 En esta Comisión además de los representantes del Presidente, y de los delegados de la Comisión de Paz y de los partidos políticos, hubo

representación de la Iglesia Católica, del sector del arte y la cultura, de la centrales obreras, de los periodistas, del Comité de Derechos Humanos y de la Cruz Roja Colombiana (ver Arias, 2008: 39).

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impulsar incorporación de la guerrilla en la arena política a partir del acuerdo de tregua. Administración Barco La administración de Virgilio Barco (1986-1990), con su carácter tecnocrático, introdujo modificaciones a la política de paz que heredó de su antecesor. De ello se derivaron sus logros pero también sus limitaciones; de hecho, en este gobierno surgió el único modelo de negociación que en los últimos treinta años ha logrado llegar a unos verdaderos acuerdos de paz. El proceso de paz se institucionalizó y se centralizó, con lo cual quedó claro el liderazgo y dirección del Estado y, en concreto, de la Presidencia de la República. Se creó la Consejería de Reconciliación, Normalización y Rehabilitación, bajo cuya dirección estuvo el manejo de la política de paz. Por otro lado, se clarificaron los objetivos de las negociaciones, pero esto mismo significó que se le establecieran unos límites claros, sobre todo a las posibilidades de participación social en el proceso. Se pueden distinguir dos períodos en el manejo de la paz en este gobierno. En el primer periodo (los dos primeros años), el énfasis se puso en atacar a través del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) las que se consideraban las causas objetivas de la violencia guerrillera; se buscó implementar una estrategia de integración de las zonas más pobres y marginadas del territorio nacional, donde era mayor la presencia guerrillera. El gobierno favoreció la negociación de la protesta social, que fue significativa en aquellos años. El segundo período comenzó cuando, por la presión del secuestro de Álvaro Gómez,19 y del incremento de la violencia del narcotráfico, el gobierno se vio obligado a lanzar su "Iniciativa para la Paz", propuesta concreta de negociación con los alzados en armas. No obstante las resistencias del Gobierno, se lograron articular dos dinámicas de participación de la sociedad civil, una previa a las negociaciones con el M-19 y otra en las negociaciones mismas. Con relación a las acciones previas, se adelantaron una serie de presiones en favor de una solución negociada, como puede verse en las gestiones “paralelas” a las del gobierno por parte de la Comisión de Notables. A esto se suma un hecho puntual: la Cumbre de Usaquén20 (29 de julio de 1.988), motivada por el secuestro de Álvaro Gómez, y la Comisión de Convivencia que nació de su seno. Es innegable la presión que estos hechos ejercieron en el lanzamiento de la Iniciativa de Paz por parte del gobierno, que permitió el inicio de negociaciones con el M-19. La participación en las negociaciones mismas se dio por medio del mecanismo de las Mesas de Análisis y Concertación, en las que participaban miembros de los distintos partidos políticos, y cuya tarea fue buscar consensos en torno a diversos puntos (ante todo de política económica y social) que fueron insumos para el acuerdo de paz, el Pacto Político, que el gobierno firmó con el M-19 el 2 de noviembre de 1.989.

19 Líder del Partido Conservador y varias veces candidato a la presidencia por este partido.

20 Encuentro de personalidades y representantes de organizaciones políticas para buscar alternativas a la crisis política que suscitó el secuestro de Álvaro Gómez.

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La sociedad civil se hundió en la polarización política en medio de esta dinámica de negociación. Por una parte, hubo una nueva dinámica en la política local. La protesta social creció, convirtiéndose en algunos casos en fuerzas políticas alternativas en las regiones. Además el panorama político se hace más complejo con la creación de la UP en 1985 y con la primera elección popular de alcaldes en 1988. Por otra parte, es indiscutible el esfuerzo por configurar un proyecto de extrema derecha para hacer frente a lo que algunos sectores consideraban como el "peligro izquierdista", como entre otras se vio en el crecimiento de los grupos paramilitares y en la llamada ‘guerra sucia’ subsiguiente (Cf. Romero, 2001). Mientras tanto, fue creciendo una necesidad amplia por la paz, sentimiento de carácter nacional que toma diversas expresiones y debates en la arena política, en los procesos electorales, y en los ‘diálogos regionales’, de hecho, dinámicas políticas que se dieron a nivel local y regional dirigidos a articular consensos y promover un nivel de diálogo con los grupos guerrilleros presentes en las respectivas regiones. El respaldo electoral al M-19 luego de su desmovilización no fue gratuito; fue un voto a favor de la paz. Administración Gaviria La administración Gaviria (1990-1994) utilizó el modelo de negociación con el M-19, con ligeras modificaciones21, para las negociaciones con el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el movimiento guerrillero indígena Quintín Lame. Ciertamente el presidente Gaviria utilizó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente como un elemento de presión para hacer avanzar la negociación con estos grupos. El gobierno perdió la oportunidad de involucrar a todos los sectores políticos en las reformas que se aproximaban al bombardear ‘Casa Verde’, sede del secretariado de las FARC, precisamente el mismo día en que la población votaba para elegir la Asamblea Constituyente. Con relación a una participación social más amplia en el proceso, ésta continuó con las restricciones que venían del gobierno anterior en los mecanismos oficiales de negociación, limitándola a eventos y diálogos de tipo regional. De hecho, para el gobierno el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente parecía suplir las necesidades de participación social que se planteaban en el ámbito de los procesos de negociación. El gobierno no contempló mecanismos que incentivaran una mayor vinculación de la sociedad a la dinámica de las negociaciones adicionales a la tutoría moral y/o mediación que jugó la Iglesia Católica; únicamente buscó integrar a sectores del empresariado en la Comisión Asesora de Reinserción que se creó en 1991. Las reformas de la Constitución de 1991 incentivaron mayores niveles de democracia y un mayor reconocimiento de los derechos políticos y las diferencias culturales. Algunas de estas reformas22 fueron sin lugar a dudas ventanas de 21 La única variación significativa con relación al M-19, estuvo en la exigencia de estos grupos por encontrar soluciones al problema de la violencia y en el

esfuerzo por comprometer al gobierno en programas de desarrollo regional para sus zonas de influencia. 22 Posiblemente la más importante fue la inclusión en la Carta de adicionales mecanismos electorales: no solo la elección popular de alcaldes y

gobernadores, sino además la posibilidad de plebiscitos, referendos, consultas populares, e iniciativas legislativas.

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oportunidad para una mayor movilización por la paz al final de los noventa y principios del nuevo siglo, que entre otros fines buscarán una salida negociada al conflicto armado. Algunas de las más prominentes iniciativas de paz en los noventa se basan en estas posibilidades abiertas por la Constitución, como son los ejemplos del Mandato Ciudadano por la Paz y las asambleas constituyentes locales. Pero además, la nueva Constitución reconoció los derechos ancestrales de los indígenas y afro-colombianos, abriendo nuevos canales de participación e iniciativa política, que han favorecido experiencias de resistencia civil y zonas o comunidades de paz. Hay que destacar que durante este periodo se dieron diversas movilizaciones sociales en apoyo a los procesos de paz en curso y a favor de la consolidación de los acuerdos de paz que se alcanzaron en estos años. También en 1991, la administración Gaviria introdujo cambios en la política de paz en su deseo de ampliar las negociaciones a los grupos guerrilleros que permanecían activos23 y de esta manera ofrecer un contexto más propicio a la política de apertura económica. Este esquema más flexible se puso a prueba en Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México) en 1991/92, con la tutoría moral de la Iglesia. En las rondas de negociaciones en Caracas y Tlaxcala se lograron acuerdos en torno a agenda, formas regional y nacional de verificación del cese al fuego, y veeduría internacional. Estos avances poco significaron con relación al punto central de discrepancia: el cese al fuego, detrás del cual se escondían las condiciones reales para que la guerrilla se transformara en un aparato político legal y sin recurso a la violencia. El gobierno consideraba que después de la Reforma Constitucional no había necesidad de otras reformas; la guerrilla creía lo contrario, ya que no se sintió participe del consenso logrado con la nueva Constitución. No obstante este contexto conflictivo y la oposición del gobierno nacional, diversos grupos de la sociedad civil promovieron a nivel local y regional dinámicas de concertación social y política, y la posibilidad de diálogos con los actores armados de la localidad para buscar garantizar mínimas condiciones de seguridad, lo que en muchos casos se convirtió en una ‘negociación’ de condiciones de coexistencia con los actores armados. Además, una trágica paradoja emerge de la interacción entre violencia y políticas de paz, en cuanto las estrategias de paz pueden tener como resultado perverso generar más violencia en lugar de más paz. Más específicamente, “la apertura de negociaciones con la guerrilla, la apertura política y la descentralización desataron una serie de mecanismos políticos que facilitaron el surgimiento y consolidación de los grupos paramilitares y de autodefensas, como reacción frente a la redefinición de los equilibrios de poder regional y los potenciales cambios a favor de las guerrillas, sus aliados y simpatizantes” (Romero, 2003: 41).

23 Las FARC, el ELN y la disidencia del EPL.

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Luego del fracaso del proceso de paz en Caracas y Tlaxcala, las Fuerzas Armadas, encabezadas por un Ministro de Defensa civil,24 hicieron una declaratoria de ‘guerra integral’ contra los grupos guerrilleros. Y mientras se hacía la guerra con las FARC y el ELN, el gobierno utilizó el esquema de negociación formulado por la administración Barco, sin introducirle ninguna variación, en tres negociaciones marginales con pequeños frentes o disidencias guerrilleras. En este contexto, en 1993 comienza un florecimiento de organizaciones e iniciativas de paz, que proponían una ‘paz integral’ en respuesta a la declaratoria de ‘guerra integral’ del gobierno. En concreto surgieron el Comité de Búsqueda de la Paz y la Red de Iniciativas por la Paz y contra la guerra (REDEPAZ), como formas concretas de apoyar la dinámica de paz, en especial las negociaciones. En el primero se congregaban una serie de organizaciones sociales y ONG, algunas de ellas cercanas al Partido Comunista, las cuales buscaban convertirse en un espacio para madurar e impulsar propuestas que pudieran aclimatar el proceso hacia la paz y en particular las posibilidades de una eventual negociación. Por su parte Redepaz, se convirtió en un espacio de articulación de muy diversas iniciativas a lo largo del país, en particular de las mesas de trabajo por la paz, las Semanas por la Paz (realizada cada año), el desarrollo del artículo 22 de la Constitución Nacional (la paz como un deber y un derecho), y las experiencias de mandato por la paz y territorios de paz. Administración Samper Aunque el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) trató de construir en el primer año de su administración un nuevo modelo de negociación con la guerrilla, todos sus esfuerzos se hundieron bajo el peso de la crisis política que produjo el proceso 8.00025. Esta situación afectó seriamente el embrionario proceso de paz. El ingreso de recursos del narcotráfico en la campaña electoral del Presidente llevó a unas tensas relaciones con los Estados Unidos, lo cual agravó la existente crisis política. Por otro lado, el nivel de confrontación armada se incrementó, con duros golpes a las Fuerzas Armadas, haciéndose aún más difícil el ambiente para una eventual negociación. De hecho, los pequeños avances en el proceso de paz se hundieron ante el peso de la crisis política y la percepción de la guerrilla de que estaban ganando la guerra. De ahí que las negociaciones de paz no pasaron de acercamientos fallidos con las FARC, el ELN y el Bateman Callón, y un acuerdo de desmovilización con la facción del MIR-COAR al final del gobierno. En estas gestiones, hubo participación de la sociedad civil en la Comisión Facilitadora de Paz con el Bateman Callón en 1995. A esas gestiones desde el gobierno, se sumaron, desbordándolas, las iniciativas realizadas desde la sociedad civil misma, la cual ciertamente se sintió estimulada a movilizarse y desarrollar múltiples iniciativas de paz en un contexto de falta de

24 Rafael Pardo fue el primer civil nombrado como Ministro de Defensa en 40 años.

25 Proceso judicial para investigar el ingreso de recursos del narcotráfico en las campañas políticas y en concreto en la campaña electoral que llevó a

la elección de Ernesto Samper como Presidente de la República.

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liderazgo en la negociación de la paz. No en vano en estos años hubo un florecimiento de iniciativas y organizaciones de paz, un considerable debate sobre la manera de promover la paz y encontrar soluciones negociadas al conflicto armado y la continuidad de los diálogos regionales. Hay que destacar en este sentido la Comisión de Conciliación Nacional, promovida por la Iglesia Católica para proponer alternativas ante el vacío que dejó la renuncia del Alto Comisionado para la Paz en 1995. Ese mismo año, pero a nivel regional, toma vuelo la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia. En términos generales, se puede decir que la movilización por la paz creció de manera significativa en estos años, alcanzando su punto culmen con el Mandato por la Paz en octubre de 1997, cuando 10 millones de colombianos/as votaron a favor de una solución negociada del conflicto armado. Tenemos aquí una cruda paradoja: un gobierno impotente liderando un proceso de paz termina abriendo oportunidades políticas para la intervención de sectores de la sociedad civil, particularmente de organizaciones interesadas en promover alternativas de paz. En el contexto de la debilidad del gobierno, fue llamativo el peso que éste dio a la participación de la sociedad en ‘los procesos de paz’, por medio de foros, pactos de convivencia y diverso tipo de encuentros. En los últimos meses de la administración Samper, dicha participación se institucionalizó con la creación del Consejo Nacional de Paz por medio de la ley 434 de 1998, instancia que el gobierno debía convocar para buscar coordinar los esfuerzos de paz que se emprendieran en el país. En dicho Consejo se dio asiento a 24 representantes de distintos sectores de la sociedad civil. Igualmente se contempló la participación de 3 representantes de la sociedad civil en el Comité Nacional de Paz de 7 miembros, comité nombrado por la Comisión. Ahora bien, esta institucionalización de la participación de la sociedad civil en los procesos de paz no significó el fin de los esfuerzos autónomos de la sociedad civil a favor de una salida negociada del conflicto armado, como pudo verse en la convocatoria y realización de la I Plenaria de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz en julio de 1998 (con multitud de eventos previos preparatorios), en la participación en el Comité Preparatorio para la Convención Nacional propuesta por el ELN, y en el nacimiento del Frente Social Amplio por la Vida y contra la Guerra, también en 1998. Administración Pastrana Luego de haber sido electo con un subrepticio apoyo de las FARC (Cf. Romero, 2003: 41), el presidente Pastrana mismo presentó su administración (1998-2002) como la que iba a implementar el Mandato por la Paz de octubre de 1997. La política de paz de este gobierno estuvo básicamente integrada por tres componentes (Cf. García-Durán, 2006: 491): el diálogo y negociación con los actores armados, particularmente las FARC; el Plan Colombia26; y la “diplomacia

26 Orientado particularmente a debilitar la conexión entre grupos armados ilegales, especialmente guerrilla, y el tráfico de drogas. No en vano la ayuda

norteamericana se focalizó en el Putumayo, región que producía en ese momento el 60% de la hoja de coca en el país.

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para la paz”27, es decir, una combinación entre dinámicas de paz y dinámicas de guerra. Negociar en medio del conflicto con las FARC conllevó serias tensiones y limitados resultados. Hubo un serio pulso por mostrar quién tenía más fuerza y capacidad militar. Con relación a los resultados, solo se logró un acuerdo humanitario para el intercambio de soldados y policías retenidos por guerrilleros presos y enfermos (junio de 2001). La participación de la sociedad civil se dio con representantes conspicuos tanto en la Mesa de Diálogo y Negociación como en el Comité Temático Nacional, pero también en la Audiencias Públicas y en la Comisión de Personalidades (2001) cuando el proceso estuvo en crisis por la dinámica paramilitar. El compromiso personal de Pastrana con el proceso fue la gran fortaleza de la política de paz, pero al mismo tiempo su gran debilidad, ya que ello impidió que se consolidara una propuesta de paz de carácter estatal a partir de las necesarias lecciones de los procesos anteriores, y que se contara con una mayor participación y movilización social más allá del mecanismo formal de las Audiencias Públicas establecidas en la negociación con las FARC. Llama la atención que el gobierno no se movió a promover una mayor movilización social como apoyo a su propuesta de paz, mostrando un desinterés del gobierno para convocar un mayor respaldo social y político a favor del proceso de paz, no obstante la opinión pública favorable luego del Mandato por la Paz. Solo cuando el proceso de paz se estancó, el gobierno finalmente convocó primero al Consejo Nacional de Paz, que existía por ley desde el gobierno anterior, y posteriormente al Frente Común por la Paz y contra la Violencia (noviembre del 2.000). No obstante estas convocatorias, su papel real en el desarrollo de la política de paz fue bastante limitado. Por otro lado, el foco de atención de la administración Pastrana estuvo en el proceso con las FARC. No en vano, las negociaciones con el ELN no avanzaron más allá de la etapa inicial de acercamiento. No obstante las partes acordaron las condiciones para una ‘zona de encuentro’ (abril 24 de 2001), este acuerdo fue minado por las marchas de protesta de la población de la zona propuesta en el Sur de Bolívar, protestas que se debieron en gran medida a la presión de los paramilitares, es decir, fueron unas protestas pensadas para impedir la posibilidad entregarle una zona de despeje al ELN. Las gestiones que se realizaron desde la sociedad civil con la conformación de la Comisión de Facilitación Civil en 1991 no lograron superar las resistencias que se generaron contra el proceso. En términos de la movilización por la paz favorable a una solución negociada, enfrentamos una paradoja como durante Samper aunque de signo contrario a aquella. Cuando Pastrana comenzó el proceso de paz con las FARC, el contexto reinante era el de una creciente movilización social a favor de una solución negociada del conflicto armado. Lo que se percibe aquí es que la iniciativa

27 Orientado a ganar respaldo político y financiero para las políticas gubernamentales en la comunidad internacional.

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gubernamental en el proceso de paz desestimuló la creciente movilización por la paz dado que la población sintió que se estaba respondiendo a su demanda de una alternativa de paz; de hecho, la movilización por la paz decreció desde el momento en que Pastrana fue electo (1998) hasta el momento en que se rompe el proceso de paz (2002). Irónicamente, luego de las masivas movilizaciones por la paz de los años anteriores, hubo muy poco respaldo a actuar colectivamente a favor de continuar con el proceso de paz28 y, antes bien, parte de las movilizaciones conllevan un proceso creciente de deslegitimación de la insurgencia armada, particularmente por el rechazo a la práctica del secuestro. Las marchas del No Más, que lograron movilizar más de 12 millones de personas, fueron el resultado, por una parte, de la alianza entre País Libre, REDEPAZ, y otras organizaciones por la paz; pero, por otra parte, fue ciertamente el resultado del gran eco que la campaña encontró en los medios de comunicación, particularmente en los más importantes e influyentes periódicos. Ahora bien, por la manera como las marchas se presentaron en las noticias de los periódicos, la campaña del No Más se convirtió en una campaña contra la guerrilla, en una clara condenación de su accionar (Romero, 2001: 430). Administración Uribe I y II La elección de Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010) fue una consecuencia directa del fracaso de la administración Pastrana y las FARC en el proceso de paz, cerrando así el ciclo de búsqueda de soluciones negociadas y abriendo de nuevo la puerta, luego de 25 años, a una solución prioritariamente militar al conflicto armado. En mayo de 2002 Uribe Vélez fue electo presidente por una población cansada por una interminable violencia y desilusionada con un proceso de paz que no logró nada en cuatro años. Le había ofrecido al electorado una ‘política de seguridad democrática’, que significaba un claro rompimiento con la política de solución negociada y un reforzamiento de las fuerzas armadas para priorizar una estrategia militar para hacer frente a la guerrilla, considerando posible y necesaria la derrota militar de los grupos subversivos. Uribe Vélez no cerró del todo la puerta para una negociación con los grupos armados, pero exigiendo de éstos un cese al fuego unilateral y una clara disposición a desmovilizarse. Bajo esas condiciones, únicamente los grupos paramilitares se mostraron dispuestos a iniciar un ‘proceso de paz’, luego de las gestiones de acercamiento que realizaron representantes de la Iglesia católica y de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia. El gobierno nombra una Comisión Exploratoria en diciembre del 2002, que con la facilitación de representantes de la Iglesia católica, lleva a que se abriera una fase de negociación en julio de 2003, tal y como se estableció en el Acuerdo de Santafé de Ralito. Nunca se conoció un acuerdo final público resultado de este proceso de negociación, a no ser que se considere que el tortuoso trámite de dos años de la Ley de Justicia y Paz supliera dicho acuerdo final. No se sabe que se acordó

28 Datapaz únicamente registra cuatro movilizaciones de apoyo a la continuación del proceso de paz.

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sobre la extradición, la cual quedó colgando sobre el proceso como una “espada de Damocles”. El proceso de desmovilización de más de 32.000 paramilitares se fue dando entre el 2003 y el 2006, con el monitoreo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA. Una vez aprobada la Ley de Justicia y Paz vino el proceso de aplicación de la normatividad a aquellos que se acogieron a la ley (audiencias y declaraciones de los paramilitares ante la justicia). Al mismo tiempo, se avanzó en la configuración de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), con la cual han colaborado diversos académicos y centros de investigación para hacer el trabajo de memoria histórica de la barbarie cometida por los actores armados29. La extradición de 15 jefes paramilitares a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008 dejó el proceso de aplicación de la Ley de Justicia y Paz herido de muerte. Entre los muchos cuestionamientos y críticas sobre este ‘proceso de paz’, destacamos dos aquí. En primer lugar, distintas fuentes confirman que no se desmontaron las estructuras de los grupos paramilitares (Corporación Nuevo Arco Iris, 2007; Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP) y, por tanto, el país asiste en este momento a la consolidación de una tercera generación de paramilitarismo vinculada a negocios ilegales, particularmente el narcotráfico, pero también ejerciendo un control social y político en las regiones en las que hacen presencia. En segundo lugar, el marco jurídico que se estableció para garantizar la desmovilización paramilitar, la Ley de Justicia y Paz, deja serios interrogantes sobre su pertinencia y efectividad para responder a las exigencias de verdad, justicia y reparación por las atrocidades cometidas y garantizar la no repetición de esta barbarie. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó sus inquietudes durante el proceso de aprobación de la ley si ésta iba verdaderamente a cumplir con los principios de verdad, justicia y reparación30. Y una vez aprobada la ley, el New York Times consideró la ley una capitulación frente a las mafias terroristas, hasta el punto que más bien debería llamarse “ley de impunidad para asesinos, terroristas y grandes traficantes de coca” (Colombia’s Capitulation, edición electrónica de julio 4 de 2005). Ahora bien, no obstante los límites de la Ley de Justicia y Paz, esta ha generado un efecto no buscado por el gobierno con ella: una creciente movilización de las víctimas para reclamar sus derechos, para luchar para que se les haga justicia. Aprovechando los resquicios que abrió la Ley de Justicia y Paz, más de 100.000

29 La situación de polarización y violencia, particularmente aquella que implica a los grupos paramilitares, tuvo consecuencias devastadoras para los

esfuerzos de democratización que se impulsaron con las reformas políticas, particularmente la Constitución de 1991. “Hay que recordar que bajo los calificativos de ‘auxiliadores de la guerrilla’, ‘parasubversivos’, ‘guerrilleros de civil’ y otros términos similares, autodefensas, paramilitares y grupos afines han asesinado, acallado o forzado al desplazamiento a miles de líderes y activistas sociales, sindicales, políticos y de derechos humanos, además de simples pobladores de regiones con conflicto social e influencia de los grupos guerrilleros [...] Precisamente estos líderes y activistas, así como las organizaciones que representaban y la acción colectiva que promovían, eran parte clave para concretar en la práctica los impresionantes avances que han tenido las instituciones colombianas en términos de derechos y garantías en las últimas dos décadas, y de plasmarlos en una democratización de las relaciones sociales y cotidianas” (Romero, 2003: 264). 30 En el comunicado público “Sin la verdad no puede haber Justicia y Reparación, ni Paz ni Reconciliación”, Bogotá, Junio 13 de 2005.

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víctimas se han presentando a declarar y reclamar sus derechos. A partir de ello, se han ido consolidando las dinámicas de organización de las mismas, como se pudo ver en su participación en la discusión de la Ley de Víctimas que hizo curso en el Congreso de la República durante el 2008 y el 2009. De hecho, se puede decir que la gran característica que define hoy la movilización por la paz en Colombia es el peso significativo que las víctimas tienen en ella. En relación con las FARC, los dos periodos de gobierno de Uribe se han caracterizado por las dificultades para llegar a negociar un acuerdo humanitario entre las partes, dejando el asunto en manos de las dinámicas de la guerra: rescates militares, algunos exitosos y otros fallidos; liberaciones unilaterales por parte de la guerrilla. Las gestiones de actores nacionales e internacionales para facilitar un posible acuerdo de canje de secuestrados en poder de la guerrilla y guerrilleros encarcelados se han mostrado infructuosas. La imposición de parte del gobierno de la mediación de la Iglesia católica, lo único que produjo fue el rechazo de las FARC y, de hecho, limitó las posibilidades de los representantes eclesiales para continuar jugando el papel de mediación que habían desempeñado en el pasado. En este contexto de polarización hay menos espacio para las iniciativas de paz. De hecho, el Presidente repetidamente ha chocado con las ONG, especialmente con aquellas trabajando en derechos humanos y paz, acusándolas de prestar apoyo a los ‘grupos terroristas’. No en vano, la gestión de Colombianos y Colombianas por la Paz en la última liberación de secuestrados en febrero de 2009 fue descalificada por el Presidente Uribe como una acción del “bloque intelectual de las FARC”. En este contexto, resalta el peso que ha tenido la movilización por la paz contra el secuestro, la cual ha tenido de manera constante y permanente la acción de los familiares de secuestrados y militares/policías retenidos por la insurgencia, particularmente las FARC. Un ejemplo paradigmático de esta movilización fue la larga marcha del profesor Moncayo desde Nariño hasta Bogotá en el 2007. Igualmente el sostenido compromiso de los movimientos de mujeres a favor de los acuerdos humanitarios. A este tipo de acciones se suman las grandes marchas a favor de las víctimas, particularmente las del secuestro, en el 2008, que ponen de presente el nivel de deslegitimación política y social en que han caído este tipo de abusos en la sociedad colombiana. Se puede decir, que hemos asistido a una derrota política de las FARC a cuenta del manejo que ésta le ha dado al tema del secuestro. En cuanto al ELN, los acercamientos entre el gobierno del presidente Uribe y este grupo guerrillero no han fructificado en una negociación formal, no obstante las distintas mediaciones y facilitaciones que se han dado a partir del 2002: el Grupo de Países Amigos (2003), la Comisión de Facilitación Civil (que venía desde el gobierno anterior), la facilitación de México (2004/05), los encuentros exploratorios en Cuba (diciembre 2005 y 2006) y en Venezuela (2007). A partir de septiembre de 2005, el gobierno autorizó que Francisco Galán saliera de la cárcel para

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ubicarse en una ‘Casa de Paz’ en Medellín para adelantar consultas sobre un eventual proceso de paz con la sociedad civil y distintos estamentos del país. Esta experiencia ha contado con algún apoyo internacional y con el respaldo de un Grupo de Garantes de la Casa de Paz, miembros de la sociedad civil, quienes han realizado distintas gestiones de mediación con el gobierno y el grupo guerrillero, sin lograr que el proceso se consolide en una dinámica que llegue a un acuerdo de paz. Luego de casi siete años del presidente Uribe en el poder, son pocos los avances reales en términos de procesos de paz. No obstante el respaldo que parece mantener en las encuestas, crecen las voces y manifestaciones sociales que indicarían inconformidades y distancias con el curso de los acontecimientos y con la política gubernamental de paz. La movilización por la paz ha crecido persistentemente en los años de la administración Uribe, particularmente la relacionada con el rechazo a la violencia y con la demanda de una solución negociada. Un ejemplo claro de ello es la movilización de las organizaciones de mujeres por un acuerdo humanitario.

3. Balance, lecciones y retos en la participación d e la sociedad civil en los procesos de paz

Luego del recorrido que hemos realizado, antes de concluir es necesario realizar un balance de cuáles han sido los mecanismos de participación más usados en el caso colombiano, resaltando algunas lecciones y retos para la participación de la sociedad civil colombiana en una eventual negociación de paz que se dé en Colombia en el futuro. Las organizaciones de la sociedad civil, particularmente aquellas relacionadas con la paz y los derechos humanos, tenemos el reto de aprender del pasado de forma tal que podamos tener una incidencia más honda y efectiva en la búsqueda de una solución negociada en los años por venir.

� En cuanto a promover una opinión pública favorable a un proceso de paz, esta ha sido una de las constantes de la movilización por la paz desde comienzos de los ochenta. Muy distintos sectores sociales han abogado por el diálogo como una alternativa a la violencia, y han promovido experiencias concretas en este sentido. Vale la pena destacar la valiente posición de las mujeres y de los indígenas para decir no a la violencia de todos los actores armados y reivindicar la necesidad del diálogo y la negociación. La búsqueda de una solución política negociada al conflicto armado ha sido una de las demandas que han estado en el centro de la movilización por la paz, la cual durante casi veinte años legitimó el esfuerzo por una salida negociada, con expresiones paradigmáticas como el Mandato por la Paz. Pero la frustración por una negociación sin resultados (durante la administración Pastrana) llevó a un viraje que legitimó la vuelta a la búsqueda de una salida militar del conflicto armado (administración Uribe). Esto coincidió con la guerra contra el terrorismo que se desató bajo el liderazgo de Estados Unidos después del 11 de Septiembre del 2001.

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El gran reto que tienen las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la paz es volver a alcanzar un apoyo masivo a la solución negociada del conflicto armado. Ello implica revertir la opinión favorable a la solución militar, que ha sido el gran respaldo del presidente Uribe en sus años de gobierno. Para ello se requiere la articulación de un frente social y político amplio que permita consolidar la ‘masa crítica’ que se requiere para revertir la tendencia hoy existente. Para poder lograr ello, es necesario lograr un acuerdo amplio al menos en dos puntos centrales. Por una parte, se requiere que se aboque adecuadamente el tema de seguridad, en cuanto es una demanda concreta de la sociedad colombiana, pero hacerlo de forma tal que no sea opuesto a una solución política negociada y que esté vinculado a dinámicas políticas de real contenido democrático, y no una democracia que encubre dinámicas autoritarias. Por otra parte, es necesario consolidar en la sociedad colombiana un consenso de la no aceptación del uso de la violencia como instrumento para hacer política, ni desde la izquierda ni desde la derecha.

� En cuanto a facilitar el diálogo entre las partes, es una de las formas de participación que la sociedad civil colombiana ha practicado de muy distintas maneras. Por una parte, representantes de la sociedad civil han participado en algunos de los mecanismos oficiales de negociación (Comisión de Paz, Altos Comisionados de Paz, Mesas de Análisis y Concertación, Consejo Nacional de Paz, Mesa de Diálogo y Negociación, Audiencias Públicas, entre otros); por otra parte, algunos sectores de la misma sociedad civil han jugado el papel de facilitadores, tutores morales del proceso, facilitadores, mediadores. En este sentido hay que destacar el papel que representantes de la Iglesia Católica, algunos intelectuales y líderes sociales han desempañado.

Los plurales sectores de la sociedad civil colombiana han hecho una contribución sustancial al propósito de alcanzar una paz integral y duradera, pero este aporte puede ser fácilmente absorbido por la dinámica del conflicto político y armado, especialmente dada la disputa en curso por definir los marcos de una comunidad política en Colombia. Cuando la dinámica de los actores armados, aún cuando estos estén participando en un proceso de paz, logra interferir estos esfuerzos sociales, los promotores de la paz pierden la autonomía y poder que necesitan para romper el ciclo de la violencia y afirmar un estado social y democrático de derecho. De ahí que la agenda de la sociedad civil no puede ser simplemente la agenda de una de las partes enfrentadas; requiere tener claras sus propias demandas, vinculadas ciertamente a los requerimientos de construir una sociedad en paz y profundizar la democracia. De ahí el profundo reto que implica buscar jugar el papel de facilitación en los diálogos entre las partes sin perder la autonomía y capacidad de distancia crítica frente al actor armado o al Estado. Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil tienen el reto de comprender las exigencias

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distintas que tienen las tareas de mediación y facilitación en el contexto nacional y en los contextos regionales, manteniendo al mismo tiempo la relación entre estas dos dinámicas.

� En cuanto a monitorear el cumplimiento y las violaciones de acuerdos a lo

largo del proceso, el papel de la sociedad civil ha sido limitado, aunque en algunos momentos clave. Sólo en un comienzo, durante la administración Betancur, representantes de la sociedad civil hicieron presencia en las comisiones de verificación que se establecieron, las cuales mostraron límites para poder cumplir realmente su tarea. Complementariamente, algunas de las comisiones de facilitación o acompañamiento han podido llamar la atención a alguna de las partes sobre alguna violación. Pero ciertamente el papel más importante a este nivel ha sido el monitoreo de organizaciones de la sociedad civil a las infracciones del Derecho Internacional Humanitario por parte de todos los combatientes. Ello ha puesto de presente algunas violaciones que son inaceptables en el horizonte de consolidar un proceso de paz. Ahora bien, esta tarea tiene el riesgo de caer atrapada en la polarización que la dinámica del conflicto armado suscita al interior de la sociedad. El reto que tienen las organizaciones de la sociedad civil es asumir sin dilaciones ni compromisos con ninguna de las partes este monitoreo de los abusos que puedan cometer las partes involucradas en el conflicto. Pero más allá de ello, la sociedad civil tiene que asumir un compromiso a fondo para que la perspectiva de las víctimas sea introducida en los acuerdos que se logren en el tema de derechos humanos. Por si mismos, los actores armados, tanto oficiales como insurgentes, no buscarán ahondar en la responsabilidad que han tenido en los abusos cometidos durante el conflicto, particularmente en las múltiples infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Dejados a su libre dinámica, los actores armados tienden a negociar unos acuerdos de paz en los que el nivel de impunidad puede ser alto. Sólo una perspectiva clara de parte de la sociedad civil en este sentido, puede llegar a ejercer una presión suficiente para que en los acuerdos de paz se reconozcan los mínimos aceptables para las víctimas en términos de verdad, justicia y reparación.

� En cuanto a participar en la mesa de negociaciones, en el caso colombiano

no hemos tenido los casos de representantes elegidos con capacidad de decisión, como en Irlanda del Norte, ni de mecanismos de participación directa, como en Malí. Distintos gobiernos han nombrado representantes de la sociedad civil en los equipos negociadores, ya sea como negociadores mismos o como acompañantes y tutores del proceso. En cuanto al uso de un mecanismo de consulta, se podría decir que las Mesas de Análisis y Concertación en el proceso con el M-19 jugaron este papel y que las Audiencias Públicas y el Comité Temático Nacional habrían podido jugar un papel semejante si el proceso de paz con las Farc durante la administración Pastrana hubiera avanzado a un acuerdo de paz.

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El reto que tienen las organizaciones de la sociedad civil es impulsar su participación con unos mecanismos claros para la misma, que garanticen la representación de todos los sectores en los mecanismos de consulta que se establezcan. Sin esto no habrá apropiación (‘ownership’) del proceso y de sus resultados por parte de la misma sociedad civil. La sociedad civil en esta participación tiene que cuidarse de no dejarse “utilizar” por ninguna de las partes, ya sea la insurgencia, ya sea el gobierno. Es necesario que tenga claridad sobre su agenda, sobre sus propias reivindicaciones, para poder defenderlas en el proceso y en los espacios y dinámicas en las que se dé su participación.

� En cuanto a movilizarse para presionar la negociación, es claro que gran

parte de la movilización por la paz ha sido favorable a las negociaciones de paz. 15% de las acciones colectivas por la paz tuvieron como razón para la movilización el interés por apoyar un proceso de paz, mostrando un ascenso cada vez que la sociedad colombiana quería presionar por la solución negociada (1984, 1989, 1993, y 1998), y descendiendo ya sea cuando un acuerdo de paz era alcanzado o cuando el proceso de paz arrancaba. La gran movilización entre los años 1995 y 1998, incluyendo el masivo Mandato por la Paz, presionó y legitimó el inicio de una negociación de envergadura del gobierno Pastrana con las Farc en 1998. Sin embargo, hay una relación ambigua y paradójica entre los procesos de paz y la activa participación de los sectores de la sociedad civil. Cuando el gobierno que lidera las negociaciones de paz ha sido débil, aún más ilegítimo, los sectores de la sociedad civil han encontrado más oportunidades para jugar un rol protagónico y poder así promover un proceso más amplio de movilización social, como fue el caso durante la administración Samper. Al contrario, cuando un gobierno ha asumido un claro liderazgo en los temas de paz y seguridad, los sectores de la sociedad civil han sido marginados y la movilización por la paz ha tendido a caer, como se vio durante la administración Pastrana. Ahora bien, la frustración que produjo un fallido proceso de paz no sólo minó radicalmente el respaldo social a una movilización a favor de la continuidad de las negociaciones, sino que se tradujo en el respaldo masivo a una solución militar del conflicto armado, como la ha abanderado el presidente Uribe. Por tanto, las organizaciones de la sociedad civil tienen el reto de consolidar a su interior los consensos mínimos que hagan posible lograr una movilización amplia y convergente a favor de una salida negociada.

� En cuanto a validar democráticamente los acuerdos de paz, en el caso colombiano no hemos concurrido a las urnas para aprobar por referéndum un acuerdo de paz. Sin embargo, en gran medida se podría considerar que la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente en diciembre de 1990 jugó ese papel. No sólo la reforma constitucional fue parcialmente resultado de los procesos de paz que se estaban viviendo en ese momento (M-19, EPL, PRT, Quintín Lame), sino que la significativa votación a favor de la AD-M19 operó como

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una validación democrática de los acuerdos de paz alcanzados. Fue un voto a favor de la paz. El gran reto que tienen las organizaciones de la sociedad civil es introducir con claridad en la opinión pública la necesidad que tiene el país de terminar el conflicto armado con la renovación de un pacto ciudadano que base su legitimidad en el constituyente primario. La Asamblea Constituyente de 1991 deja una serie de lecciones que es necesario tener en cuenta en este sentido. Lo cierto es que una paz duradera y sostenible demanda de ahondar la democracia en la sociedad colombiana, es decir, demanda “una configuración distinta de las relaciones socio-políticas [...] de forma tal que puedan parar el ciclo intergeneracional de violencia y construir las relaciones sociedad-estado sobre la base de una nueva lógica y un nuevo consenso normativo” (Pearce, 2003: 17).

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Una lectura a los escenarios posibles de guerra o p az31 Fernando Sarmiento Santander Introducción Se están conmemorando 20 años del asesinato de Carlos Pizarro (26 de abril), líder guerrillero del M-19. Por esta razón y a propósito del tema que aquí nos ocupa, quiero evocar su memoria. En los videos que han estado rodando por la red virtual una de sus hijas dijo dos cosas que me gustaría traer a colación: primero, que el M-19 dejó al país el legado de la paz, la creencia de que la paz es posible aún en un contexto de violencia y confrontación militar; ella también decía que la lucha de su padre había aportado significativamente al país, tanto desde la lucha armada como en la breve apuesta por la paz. Afirmó, además, que su muerte definitivamente no había servido para nada, que la muerte es un vacío. Entrando en materia. Lo que pretendo con esta lectura es resaltar algunos de los aportes de los autores en los temas de la guerra y la paz, en particular aquellos puntos que encuentro esenciales para avanzar en la resolución del conflicto armado en el país. En este sentido, es una lectura aproximativa a la amplitud de propuestas que en el libro se hacen. A su vez, quiero plantear a los mismos autores y al auditorio algunos interrogantes que emergen en medio de las propuestas, para con ellos poner algunos puntos de discusión en la lectura crítica que se haga del libro. Hay un punto de partida que quiero poner desde ya, referido incluso en la misma introducción del libro, que me parece esencial y considero es el aporte central de esta publicación: la cosa es que se requiere de una buena y más compleja comprensión del conflicto, o de los conflictos, y de la guerra en sí, para comprender desde allí los requerimientos y la compleja dimensión de la construcción de la paz. Este libro da elementos en ambas orientaciones. Los puntos que anotaré a continuación irán en este mismo sentido: en primer lugar, una lectura respecto a la percepción general del estado de guerra y paz en nuestro país. En segundo lugar, una identificación respecto a las condiciones para la negociación y la paz en general. Se trataría de puntos que requieren nuestra atención y reflexión, pues son cruciales hoy en la coyuntural nacional, más en estos momentos de debate electoral para las elecciones presidenciales.

31 Lectura del Libro: “Colombia: Escenarios posibles de guerra o Paz”. Alejo VÁRGAS, et al. (2010) Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales. Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina – Unijus.

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Percepción del estado de guerra y paz Aunque la rápida transformación de la coyuntura nacional pone los artículos en el punto de apenas sostenerse en cuanto a la caracterización de las actuales circunstancias, las propuestas de los autores determinan elementos de más largo plazo que son importantes de considerar en la comprensión de las dinámicas políticas del país. Veamos algunos de estos elementos: En primer lugar, una perspectiva global y regional (andina) del conflicto colombiano. En este sentido, es necesario establecer la pregunta por los modelos de desarrollo y por los modelos de Estado que le corresponden al conflicto en Colombia. Esto es, la relación política y economía. Son preguntas que se enmarcan, como lo propone Alejo Vargas, en las transformaciones de la globalización. Así, la comprensión del conflicto nacional se encuentra inmersa en la lectura y comprensión de estos procesos de la globalización, en tanto, continúa Vargas, la guerra ha estado históricamente ligada al desarrollo de las sociedades. De allí que las ideas expuestas por Clausewitz aportan a la comprensión de la guerra, en el sentido de que la guerra es la continuación de la política por otros medios… y como seguramente lo estaría sugiriendo en su artículo Francisco Galán, la guerra como medio para la instauración de modelos económicos… esto si se considera la funcionalidad de la guerra a aquello que ha sido denominado como los modelos de desarrollo en disputa. Dice Galán, la guerra es hoy en sí un próspero negocio de patrimonio único de las multinacionales y una maniobra de los principales poderes del mundo para conservar sus privilegios. Cosa ésta de mayor dimensión que el acceso y control de recursos económicos, legales e ilegales, por parte de los ejércitos, así sean oficiales, para el sostenimiento de la guerra. Es una guerra, la colombiana, instalada entonces, en la sucesión que determina el orden global: guerra fría, intervencionismo económico/militar, guerra contra el narcotráfico y el terrorismo, más recientemente. En este marco de agenda global es necesario entender el asunto de la seguridad regional (andina), en la medida que responde a la reedición de intereses globales de un actor como los Estados Unidos (EUA) , a lo cual los países del área han respondido reajustando bloques ideológicos que reaniman la bipolaridad global de los tiempos de la guerra fría, que aún subsiste en el imaginario mundial. Así, se trata de una internacionalización del conflicto colombiano que, dice Carlos Medina, entra en una nueva fase dirigida a servir de soporte a la lucha imperial contra el populismo anti-mercado que se ha ido posicionando en la región. Un segundo elemento para tener en cuenta, es que se trata de un conflicto complejo con dimensiones estructurales que tienen que ver con aspectos sociales, económicos y políticos. Complejidad, siguiendo a Medina, que se ha dado a lo largo de la historia del país, en la que la guerra y la violencia han hecho parte de

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las posibilidades de construcción de la nación. Así, a lo largo de la historia, es clara la relación de la guerra y la violencia con los procesos de exclusión social y política, con el desarrollo desigual de las regiones, con la protesta social, con las luchas campesinas por la tierra, más recientemente con el narcotráfico y en general con la economía de la coca, con la parapolítica y los conflictos en las relaciones internacionales del país. Es claro que el conflicto y la guerra son un gran problema para Colombia, pero no los únicos ni los más graves. Como lo expone Markus Schultze, el conflicto coexiste con, y se nutre de, otras fallas estructurales de larga data. En tercer lugar, elemento de gran relevancia, la correlación de las fuerzas en confrontación. Los autores coinciden en que hay un cierto equilibrio militar entre las fuerzas en confrontación. Por un lado el Ejército, no obstante la capacidad adquirida, no está en condiciones de vencer a la guerrilla militarmente. Y viceversa, la guerrilla está lejos, si no cada vez más lejos, de lograr la toma del poder por las armas. Lo que pone al conflicto en un estado de “impasse cómodo”, tal cual lo refiere Luis Humberto Hernández. Por otro lado, ante el incremento impresionante de la Fuerza Pública en presupuesto y en hombres activos, se ha dado un reacomodamiento organizativo y operativo de las fuerzas guerrillas. Se trata de la capacidad de las guerrillas para asimilar situaciones de desventaja y esperar momentos propicios para confrontar, o la capacidad de establecer acciones de subversión en el campo político y social que no represente desgaste militar. Este constante juego de equilibrios y reacomodamientos ha conllevado la existencia de un conflicto prolongado, conflicto que por lo demás se encuentra en permanente transformación, o guerra mutante como lo denomina Medina. Una guerra que se ha expandido, que ha crecido, que ha generado y comprometido nuevos actores, nuevos intereses, nuevas formas de operación, nuevos escenarios, siempre en nuevas circunstancias históricas, nacionales y globales, que la determinan. Por su parte, la política de seguridad democrática, si bien ha arrojado algunos resultados, no ha conducido a la terminación del conflicto, o como lo refiere Mauricio García, el conflicto no está tan cerca de su fin como lo ha proclamado el gobierno de Uribe. Lo que representaría así una nueva etapa de la guerra. Un cuarto elemento para la degradación del conflicto es detectar el proceso de degradación por el que ha venido transitando. Es clara y a la vez preocupante la coincidencia de que la guerra ha sido una guerra contra la sociedad. Factores como este han profundizado el proceso de deslegitimación de la lucha insurgente, en la pérdida de su capacidad de influencia política. Igualmente, tal deslegitimación la ha experimentado el Ejército oficial en los repetidos casos de violación de los DDHH y del DIH, aunque el discurso oficial pretenda mostrar a sus

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soldados como héroes de la patria. Los casos de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, son un craso ejemplo de esta degradación. Sobra ejemplificar lo relativo a la barbarie paramilitar contra la población civil y los liderazgos sociales. En su artículo García muestra con amplitud la violación a los derechos fundamentales por parte de los distintos actores. A esta situación se suman los nexos de los distintos actores armados con el narcotráfico, que contribuye al proceso de degradación del conflicto. Por esta vía, ante la opinión pública, se le resta carácter político y le aumenta pretensiones meramente económicas y criminales a la confrontación. El resultado arrojado de tal proceso de degradación se constata en la existencia de alrededor cinco (5) millones víctimas, entre desplazados, masacrados, asesinados, desaparecidos, secuestrados, etc. Todos juntos son prueba, como lo expresan con coincidencia los autores, de la deshumanización de la guerra. Finalmente, otro de los elementos expuestos, particularmente por Hernández, y que quiero resaltar es el de los altos costos para el sostenimiento de la guerra. Tanto el gobierno de Obama como el empresariado nacional anteponen peros para mantener esa máquina devoradora de recursos económicos, dice Hernández. Entre otras cifras citadas: 4,7% del PIB en Seguridad Democrática, frente al 2% tope de inversión en seguridad de los países miembros de la OTAN. El 81.2% de los funcionarios públicos del país están ocupados en labores de defensa, seguridad y policía. Que un guerrillero sea dado de baja, capturado o que se desmovilice le cuesta al país 616 millones de pesos y le podría en adelante llegar a costar el doble. Situaciones como éstas llevan a considerar aún más que la guerra no encuentra justificación. Como lo dice Lucho Celis, no hay identidad con la guerra, sino abierto rechazo de las grandes mayorías. La guerra tiene sentido para unas minorías. De este modo, en la letra de todos los autores, la salida es negociada y no militar.

Condiciones para la negociación y el logro de la pa z Quiero recoger los aportes en este sentido en términos de propuestas de agenda, consideraciones de tiempo/espacio y la relevancia de los actores. Pero antes, un par de anotaciones respecto una visión estructural sobre los procesos de negociación, entre los expuestos por los autores:

1) Si el conflicto del país se encuentra en íntima relación con los procesos fluctuantes de la globalización, lo cuáles explican los conflictos regionales (andinos), la resolución del conflicto nacional pasa por la consideración de estas condiciones globales. Es claro, entonces, que el comportamiento de la política internacional de los EUA determinará en buena parte las

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condiciones para avanzar en la superación de los conflictos regionales (andinos) y la búsqueda de la paz nacional. Parece ser que no todo depende de nosotros. Y este es un punto relevante.

2) Tampoco la paz depende de la voluntariedad de los actores, aunque ello, como dice Alejo Vargas, puede tener un valor importante. Se requiere de catalizadores políticos y sociales que aligeren la pretensión de paz de los actores en armas.

3) En uno y otro caso (el de las condiciones globales y el de la disposición de los actores internos), se requiere de un Estado fuerte, con alto nivel de legitimidad, que se coloque como interlocutor creíble para las guerrillas, además de una sociedad civil fuerte que, además de creer, aborde con madurez un proceso de negociación de tales dimensiones globales y de largo plazo.

4) En cuarto lugar, no hay justificación, como lo observa Dirk Kruijt desde su experiencia y conocimiento de los procesos centroamericanos, ni condiciones para negociar en medio del conflicto. Los autores coinciden en que se requiere del cese de las acciones militares con el fin de ganar confianza y credibilidad para un proceso de negociación.

Veamos entonces algunos elementos para la configuración de condiciones para la negociación política del conflicto armado expuestos por los autores. En primer lugar, consideraciones sobre tiempo y espacio para la negociación: Quiero resaltar aquí los aportes de Carlos Medina, en el sentido de que el proceso de paz debe ser entendido como un proceso vivo que se va construyendo, modificando y enriqueciendo con las dinámicas de la discusión política y la creciente participación de los distintos actores. Así, debe definirse como un proceso político de paz. Se trata de un proceso de negociación de largo plazo, en constante construcción. Así, debemos prepararnos cada vez más para resolver nuestros conflictos (como lo decía Zuleta), los grandes y pequeños, siempre presentes, pues la paz, cualquiera que se conciba, es un sueño no alcanzable en el mediano plazo. No obstante, hay entre los autores quienes advierten del desgaste de negociaciones largas y sin resultados concretos y visibles. Cómo combinar entonces una perspectiva de largo plazo y la necesidad de negociar cuanto antes dada la degradación del conflicto y los efectos sobre la población civil? ¿Cuáles son entonces los momentos, las etapas; qué negociar primero, la guerra, las condiciones estructurales? Por otro lado, respecto al espacio para la negociación. Las posiciones de los autores varían respecto a si las negociaciones deben ser en el exterior, o en el país, si debe haber una zona de distensión o no. Una aceptación de conjunto de

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este punto está en el sentido del carácter dinámico de la negociación, que en su transcurso determinará este tipo de condiciones. Lo importante es que los actores estén abiertos a iniciar negociaciones, ya sea en el exterior y luego, por ejemplo, hacer traslados al país. El caso es no convertir la determinación del lugar en un obstáculo para negociar, como ha sucedido en Colombia en los últimos años. Este tipo de consideraciones se combina con las agendas en juego; si las agendas involucran a los sectores sociales y a las regiones, se requerirá estar en las regiones, si sólo son puntos de procedimiento, que se resuelven entre los ejércitos, puede ser en el exterior o en zonas de distensión claramente definidas, etc. En segundo lugar, consideraciones sobre los puntos para la agenda. El punto central es qué negociar con las guerrillas? Pero también ¿qué es lo que se debe negociar? o ¿cuáles son los temas a abordar en un proceso de paz de más largo aliento en el país? La definición de la agenda de negociación sigue siendo un punto crítico. Su diseño depende de la visión que se tiene del conflicto y de la concepción de lo que es o no un proceso de paz. Aquí las opiniones siguen siendo divergentes, tanto entre los autores como en el conjunto de la sociedad. De lo que si no hay duda entre los autores es que se requiere, desde una visión global y compleja, de una agenda que toque lo estructural (tierra-desarrollo), pero que también toque los asuntos jurídicos (derechos humanos y el derecho internacional humanitario) y los netamente militares (desmonte de los ejércitos). Pero a su vez ello requiere que se distingan las distintas agendas y se determinen los modos, tiempos y actores para abordarlas. En este orden de ideas, las propuestas avanzan sobre la necesidad de definir agendas que aborden los problemas regionales y los problemas estructurales del orden nacional e internacional. Lo clave, sería que el conjunto de las agendas se conciban, como lo anota Medina, en un proceso de paz de conjunto y en el largo plazo; como agendas en interacción. Hay aquí algunos asuntos expuestos, relevantes para la discusión: uno de éstos, tocado particularmente por Hernández y por Kruijt, es respecto al nivel de pragmatismo y realismo político requerido para avanzar en la negociación, en el sentido de no desperdiciar las oportunidades que se presentan; éste, en tensión con las posiciones ideológicas o dogmáticas, en el campo jurídico, político o religioso, que obviamente tocan la ética y la moral. ¿Cuál es la medida de la una y de la otra que permita iniciar y avanzar un proceso de negociación? ¿Qué salvar, qué sacrificar? El otro asunto es el de la seguridad, expuesto con amplitud por el grupo seguridad y defensa la Universidad Nacional. En particular lo que toca al tema de las Fuerzas Armadas (FFAA), como lo desarrollan Camilo Cruz y Andrés Felipe Ortega. En Colombia hemos estado sujetos durante los últimos ocho años a una

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concepción de seguridad reducida a lo netamente militar, dejando atrás, como lo reseña Alejo Vargas, otras concepciones más englobantes de los grandes problemas sociales. A mi modo de ver, no obstante la limitación conceptual del uribismo, estamos en el punto de avanzar, gracias al debate público que se ha tenido sobre el tema, en el retorno a lo “civil” del concepto de seguridad. Esto es, como lo sugieren Cruz y Ortega, desmilitarizar la política social, contrario a como ha funcionado en los últimos años, y volver el asunto de seguridad, como lo sugiere Hernández, un asunto de la sociedad y no netamente de competencia de las fuerzas militares. Finalmente, el tercer asunto que quiero resaltar respecto a la agenda de paz, es la advertencia que hace Medina sobre la bomba de tiempo que ha creado el incremento de las FFAA en el marco de la política de seguridad de Uribe. Esto es, la fuerza pública consumirá el presupuesto militar (y muy seguramente el presupuesto de otros sectores) con las prestaciones sociales y los pasivos pensionales, entre otras obligaciones contractuales. Es pensar lo que cuesta sostener cerca del medio millar de hombres/mujeres que conforman el conjunto de la Fuerza Pública. Este tema de las FFAA es un asunto clave en las negociaciones. En perspectiva socio-política, lo que hoy son las FFAA se pueden entender como una conquista de los militares, o de los hombres/mujeres que las conforman: su estatus social, su blindaje jurídico, sus garantías laborales, su posibilidades de escalamiento en la estructura de poder, etc. Estas conquistas no las van a ceder fácilmente, aún en su condición de subordinación al Estado-civil. Como lo expone muy bien Hernández, un triunfo sobre la guerrilla implica reducir su exagerado cuerpo administrativo que es el más codiciado, pues los cargos administrativos son la clave del ascenso en la jerarquía militar por ser el lugar donde se establecen las redes políticas. Por otro lado, los efectos sobre la economía y en el conjunto de la sociedad en caso de terminar el conflicto al desmontar ese volumen de fuerza en armas, como lo exponen Cruz y Ortega, sumado a las decenas de miles de paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros que permanecen activos. Puntos clave para la agenda y para considerar en una negociación. En últimas, con todos estos asuntos, como lo anota Lucho Celis, es en la solución del conflicto donde se juega el tipo de sociedad y de Estado que queremos. Por último, algunas consideraciones sobre los actores de la negociación. No hay duda de la necesidad de un proceso de negociación que incluya de forma global a todas las fuerzas en conflicto. Se requiere, dadas las condiciones actuales, de negociar con guerrilla, paramilitares, narcotraficantes y bandas urbanas. No es tan claro que sea conjuntamente o simultáneamente. Aquí hay todo un asunto aún por resolver.

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Al mismo tiempo, se requiere del concurso y participación del conjunto de la sociedad, como se había dicho, según agendas y procedimientos. Es clara también la necesidad del apoyo internacional, aunque no se debe depositar en ellos la iniciativa de la negociación. En este sentido, la iniciativa de la paz es multisectorial, para la que se requiere una disposición de conjunto. Enmarcados en lo que se ha dicho de una negociación global e integral. Pero principalmente, como lo hacer notar García, un conjunto de negociadores dedicados a negociar de tiempo completo y no parcialmente. Y que, agregando, sepan negociar. Entre los actores se encuentra uno de los principales catalizadores para un proceso de negociación: el discurso. El discurso se ha configurado con más fuerza en campo de confrontación en el conflicto social y armado. En este campo de confrontación se ha involucrado el conjunto de la sociedad nacional y los actores de la comunidad internacional relacionados. Desacreditar o acreditar un actor, descalificarlo o calificarlo, insultarlo o alabarlo, gritarle o no ha hecho parte del proceso de polarización de la sociedad, proceso mediante el cual, en este campo discursivo, se ha tomado parte en el conflicto; no a través de la armas, pero sí a través de la palabra, que es tan contundente como las otras. Puede ser que duela un poco, pero muchas veces es necesario morderse la lengua. Estos temas del discurso y la opinión pública son también tocados por los autores en este libro: por ejemplo, pasar del concepto de enemigo al de adversario, o crear lenguajes comunes en torno a la política, la sociedad o la paz, son fundamentales para avanzar en un proceso de negociación.

Un asunto aún sin resolver. No obstante la importancia de los aportes de contenido y metodológicos que hacen los autores, sigue latente la pregunta por el “¿Cómo?”. Asunto que va sobre la pregunta definitiva de ¿cómo construir la paz? Quizás, entonces hablamos de dos niveles de los “cómo” para la resolución del conflicto. Un primer nivel metodológico, para lo cual el libro es rico en propuestas. Pero hay un segundo nivel, que podríamos denominar político o relacional. ¿Cómo políticamente se puede hacer realizable una u otra propuesta? Un par de ejemplos, que quizá sean extremos, pero con los cuales pretendo explicarme, a sabiendas que es la conjugación de los múltiples factores lo que determina las posibilidades, y aquí termino:

1) Dice Alejo Vargas: en cuanto a procedimiento, debe ser una negociación acompañada o precedida por un cese total de hostilidades; la experiencia muestra que intentar conversaciones en medio de la confrontación armada no permite construir los apoyos sociales y políticos necesarios para un proceso que de por sí es bastante complejo y difícil.

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2) Dice Mauricio García: un nuevo proceso de paz demanda de un respaldo social importante, tanto a nivel de movilización social como de una opinión pública favorable a una solución negociada, algo con lo que no se cuenta en el momento.

Definitivamente, ¿cómo es que los distintos actores en este juego de guerra y paz llegan a estar en este punto?