sujetos, objetos, decisiones y evasiones

283Intercom RBCCSo Paulo, v.37, n.1, p. 283-310, jan./jun. 2014

Sujetos, objetos, decisiones y evasiones el proceso de aprobacin de la Ley de Comunicacin en Ecuador

Juan Ramos*

Ava Gmez**

ResumenLos nuevos procesos de regulacin en la Comunicacin en varios de los pases latinoamericanos se vinculan a un proceso ms amplio de reforma poltica denominado izquierda progresista latinoamericana. El ltimo de los pases en sumarse a esta tendencia reformista es Ecuador, donde despus de cuatro aos de debate se logr llegar a un acuerdo respecto a la regulacin del sector. El presente trabajo pretende ahondar en la formacin de la Ley de Comunicacin vigente en el Ecuador. A travs del anlisis documental y siguiendo la metodologa de estudio de policynetworks (SChArpf, 1993; pArSonS, 2007), la investigacin pretende conocer cmo se desarroll el debate sobre la nueva Ley en torno a los intereses de las diferentes redes de actores, cules fueron los cambios dados entre los diferentes proyectos y el documento final, as como los principales temas de inters y debate durante el proceso de discusin y los objetivos defendidos por cada uno de los actores implicados, estableciendo finalmente qu temas sufrieron mayores modificaciones y cules fueron ms complejos de revertir.Palabras clave: Ley de Comunicacin. Ecuador. redes de actores. polticas pblicas. Gobiernos progresistas.

* Doctorando, profesor y investigador en el Curso de Comunicacin de la fa-cultad de Ciencias Sociales, Universidad de Salamanca, Salamanca Espana. E-mail: [email protected]** Doctoranda y investigadora en el curso de Comunicacin de la facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Salamanca, Salamanca Espaa. E-mail: [email protected]

Intercom RBCCSo Paulo, v.37, n.1, p. 283-310, jan./jun. 2014284

Juan Ramos; ava Gmez

Subjects, objects, decisions and escapes the approval processfor Communication Act in EcuadorAbstractThe new regulatory processes in Communication in several Latin American coun-tries are linked to a political reform process called Latin American progressive left. The latest country to join this reformist trend is Ecuador, where after four years of debate has reached an agreement about this topic. This paper tries to understand the policymaking process. Moreover, aims to know how the debate developed on the new Communication regulation in Ecuador. Through documen-tary analysis and following the study methodology of policy net works (SChArpf, 1993, pArSonS, 2007) the paper aims to know how advanced the policymaking discussion regarding the interests of the different policynetworks, showing the evolution of main issues between the different projects and the final document, and the main themes of interest and discussion during this process, finally establishing what issues were modified and which were more complex to reverse.Keywords: Communication Act. Ecuador. policynetworks. public policies. pro-gressive governments.

Sujeitos, objetos, decises e evases o processo de aprovaoda Lei de Comunicao no EquadorResumoos novos processos de regulao da Comunicao em vrios pases da Amri-ca Latina esto ligadas a um processo de reforma poltica chamada esquerda latino-americana progressista. o ltimo pas a aderir a esta tendncia reformista o Equador, onde aps quatro anos de debate foi alcanado um acordo sobre a regulamentao do setor. Este trabalho procura investigar a formao da Lei de Comunicao no Equador. por meio de anlise documental e seguindo a metodologia do estudo das policynetworks (SChArpf, 1993; pArSonS, 2007), a pesquisa tem como objetivo determinar como o debate foi desenvolvido sobre a nova lei em relao aos interesses das diferentes redes de atores, quais das mudanas dadas so evidentes entre os diferentes projetos e o documento final, e os principais temas de interesse e debate durante o processo de discusso e os objetivos defendidos por cada um dos atores envoltos, para estabelecer finalmente quais das questes foram mais modificadas e quais no foram alteradas.Palabras-chave: Lei das Comunicaes. Equador. redes de polticas. polticas pblicas. Governos progressistas.

Introduccin

Existen lugares y tiempos que exigen certezas. pueblos, regio-nes y pases que por su tradicin, por su trayectoria o por su condicin de lucha, necesitan de la catarsis histrica de cier-


SujetoS, oBjetoS, deCISIoneS y evaSIoneS

tos procesos que durante la indefinicin de un tiempo descontado le fueron negados sistemticamente. Y esas negaciones, forzadas, terribles, vanas, arrastran consigo el espectro de lo irrealizado, que a la espera de lo inevitable ha perseguido incesantemente a quien de manera espuria intent por todos los medios mantener las formas y el fondo de un tiempo social concreto, la historia de una dominacin.

Algo similar pas en Ecuador, lugar de reunin de algunas de las ms relevantes instituciones del pensamiento poltico co-municacional de la regin, espacios de discusin sobre la impor-tancia de la regulacin para el equilibrio entre sectores sociales que, sin embargo, enmascararon los procesos de mercantilizacin de la Comunicacin propia, siendo negada por norma desde los poderes polticos y econmicos cualquier tipo de medida que no otorgara el laissez faire a los colectivos ms beneficiados por las reformas neoliberales extensas durante las ltimas dcadas por toda Amrica Latina.

Slo hace falta echar un vistazo a la ltima dcada para cons-tatar la enorme discrecionalidad con la que desde los sucesivos gobiernos del Ecuador se concedieron licencias, fomentaron mo-nopolios y desarrollaron barreras para la entrada de ciudadanos, de comunarios, de agentes marginales, de los sin voz, en fin, de cualquier colectivo alejado de la zona de influencia poltica. Entre el ao 2003 y 2008 ao de aprobacin de la nueva Constitucin poltica del Estado , y a pesar de vulnerar en todos los sentidos los acuerdos internacionales suscritos oEA, Unesco, pacto de San Jos de Costa rica y ms an, los nacionales Constitucin de 1998 , en torno al fomento de la pluralidad y la diversidad de la Comunicacin a travs del fortalecimiento de medios del conjunto de los sectores (pblico, privado, comunitario), en lo que a concesin de frecuencias se refiere,

fundamentalmente nueve grupos de poder econmico privado y poltico que operan una de cada diez (11%) frecuencias de radiodifusin en el pas- registraron presuntas irregularidades en la administracin de la conce-sin de frecuencias de radiodifusin por parte de los rganos competentes: nussbaum, Canessa, Gamboa, Andrade, Moreno, farah, Montero, Yunda y Almeida (AMArC, 2009, p.288).



Sin embargo, desde la llegada de rafael Correa al poder, las acusaciones tornaron de rumbo y se situaron de nuevo en la dis-crecionalidad del gobierno, pero esta vez en sentido contrario, a la hora de revocar licencias de manera que los operadores privados entendieron corresponda ms a criterios polticos que puramente tcnico-reguladores, recibiendo protestas de enmascarar las accio-nes punitivas especficamente referidas a tres puntos principales: a) a la cancelacin de frecuencias estando pendientes recursos ante el Tribunal Contencioso-Administrativo; b) a la cancelacin por presunto incumplimiento de la Ley aplicada discrecionalmente a unos medios y a otros no; y c) a errores en la determinacin de la existencia de mora en el pago de los arriendos de concesin:

En el ao 2012 se dio un proceso significativo de reversin o cierre de esta-ciones de radio en el Ecuador, en el que al menos 20 radiodifusoras fueron sacadas del aire [] tanto algunos ex propietarios de las estaciones cerradas como organizaciones ecuatorianas e internacionales dedicadas a proteger el derecho a la libertad de expresin, expresaron su preocupacin debido a que muchas de las frecuencias cerradas correspondan a radioestaciones crticas al gobierno del presidente Correa (ALiAnzA , 2013, p.98).

Ante un panorama tan abstruso, se haca necesario un respiro, un consenso, verbalizado a travs del necesario cambio en una tor-pe, desintegrada y desgastada regulacin, que pas por varias fases en su devenir cronolgico de una racionalidad de control con la Ley de 1975, en plena dictadura, a una racionalidad de mercado, durante el auge neoliberal, en 1995 , pero que nunca atendi a los valores de la garanta del servicio pblico. Y es aqu, en este preciso instante, donde irrumpe el sujeto de esta investigacin, la Ley orgnica de Comunicacin.

Desde finales de 2009 y hasta su aprobacin y registro final el 25 de julio de 2013, la persecucin de una Ley de Comunicacin fue clave en el establecimiento de una nueva o muy vieja forma de hacer polticas. Durante estos cuatro aos de quiebros, consensos, silencios y amplios periodos de friccin, se intentaron establecer las bases para desarrollar los derechos establecidos en la Constitucin de 2008, la cual dedica una seccin completa Ttulo ii, Captulo



Segundo; Seccin Tercera a los derechos de Comunicacin e informacin, a travs de la cual impone al Estado tres grandes obligaciones en la materia: 1) el Estado est obligado a respetar en todas sus medidas los derechos establecidos en la Constitucin; 2) debe crear instancias que vigilen dicho cumplimiento por parte de todos los actores involucrados; 3) debe promover el ejercicio de dichos derechos, lo cual implica crear las condiciones legales, materiales, econmicas, polticas y sociales para que puedan ser ejercidos (JUrADo, 2010, p.30). En torno a estas medidas, se genera la idea de un sistema nacional de Comunicacin, integrado por las instituciones pblicas del sector as como aquellas privadas y comunitarias adscritas, las cuales tendrn la obligacin, entre otras muchas, de consensuar una Ley de Comunicacin.

Sin embargo, y pese a los pretritos iniciales que establecan un lmite de 360 das desde la aprobacin de la Carta Magna, el alargado periodo de debate legislativo evidenci lo intrincado y difcil de su salida, tras un sinfn de debates, propuestas y proyectos de ley que expusieron las diferencias manifiestas entre los intereses de los diferentes colectivos representados en su redaccin.

Esta historia, por tanto, es la historia de un viraje, o en re-alidad de una gran multitud de ellos. Dada la alargada discusin y desencuentro en torno a los objetos y sujetos de regulacin vigente que obligaron a retrasar la salida de la Ley por ms de cuatro aos, los iniciales presupuestos de democratizacin y su prdida parcial en el pretrito debate, las tensiones en torno al control, la concentracin y la igualdad en el acceso, resulta casi imprescindible identificar a los diferentes actores involucrados en dicha discusin, los objetivos defendidos por cada uno y las redes polticas establecidas en torno al proceso de debate legislativo, a fin de identificar qu intereses fueron regulados, a qu colectivos corresponda su reivindicacin y en qu manera la sancin final corresponde a un complejo proceso de idas y venidas, el cual en-cierra en s mismo la esencia de su propia accin: la multiplicacin de las voces en la demanda de sus intereses.

La verdadera consecucin de dicha pluralidad vendr dada en el xito de la congregacin en la representacin final de todos los



sectores. La aparicin o no de los aspectos regulados, y en caso afirmativo, el modo en que se establezca, marcarn el camino para comprender qu sujetos fueron los ms beneficiados y en qu manera el Estado, esta vez desde la posicin de la regulacin como fundamento de la diversidad y la igualdad para otros en busca del establecimiento de una nueva forma de dominacin aspira o no a conseguir que, de una vez por todas, se desvanezcan los fantasmas de la desigualdad y el control.

Marco terico

La nueva Ley de Comunicacin de Ecuador no escapa a uno de los debates de mayor actualidad en Amrica Latina, se debe regu-lar a los medios de Comunicacin?; y si se hace, cul es la forma adecuada de llevarlo a cabo para que todas las voces resulten ga-nando? Las preguntas antes planteadas no son balades en la regin. Contrario a ello, representan una de las grandes preocupaciones de la investigacin hoy en da. Y es que, por ejemplo, los casos previos de Argentina y Venezuela, no han dejado ajena a ninguna persona, todos los representantes de medios privados, medios pblicos, onG, organismos estatales, organismos supraestatales, Thinktanks, entre otros, tienen sus propias opiniones al respecto.

no obstante, no es labor de este trabajo entrar en este debate. S lo es, en cambio, conocer cul ha sido el proceso de la Ley de Comunicacin, quines han sido los actores ganadores y cmo ha quedado finalmente la Ley, haciendo un seguimiento desde que fue planteada hasta su resultado final.

para poder responder a esa pregunta hay que hacer un acerca-miento a los actores de las polticas (entindase por actores de la poltica a los grupos que participaron en la formacin de la Ley). De esta forma se har un repaso de la teora de las polticas pblicas referente a las redes de actores o policynetwork, como planteamiento que ms se adapta a la pregunta seminal de este trabajo.

Una vez se decide hacer una regulacin, es importante evaluar a los actores y a sus interacciones. En el enfoque de redes o policy-network, Sabatier yJenkins-Smith (1993) ofrecen una explicacin



centrada en la relacin actores estatales grupos de inters y su ligazn con los cambios en las polticas pblicas. Los autores describen la nocin de las redes de polticas pblicas como un concepto que se ocupa de explicar el comportamiento dentro de secciones especficas del Estado o de reas especficas de polticas pblicas (pArSonS, 2007). En definitiva, como seala Scharpf (1993), para los autores que estudian esta perspectiva de anlisis, las polticas pblicas son resultado de una interaccin de actores separados con intereses y estrategias distintas. Esta interaccin es estratgica, racional y est orientada a unos fines determinados.

A partir de los aos 90 las redes de actores comienzan a ser concebidas como un modelo que permite indagar cmo se estructuran las relaciones entre actores pblicos y privados, en un modelo de intermediacin de intereses. rhodes (1988), desde una perspectiva sociolgica organizacional, las identifica como un grupo complejo de organizaciones conectadas con otras por de-pendencias de recursos, y distinguidas de otros grupos o complejos con rupturas en las estructuras de dependencia. Asimismo seala zubriggen (2004) que las polticas son resultado de la interaccin de organizaciones gubernamentales y una red de inters econ-mico y profesional. La interaccin que se lleva a cabo entre los actores genera que se produzcan intercambios de recursos que los mismos poseen. Estos intercambios no slo son materiales, sino que adems, en algunos casos, los miembros de las redes pasan a compartir una serie de valores e ideologa que hace ms fcil la negociacin, generando una inclinacin hacia ciertos tipos de polticas (SAbATiEr; JEnkinS-SMiTh, 1993). puesto que estas redes se mueven en contextos institucionalizados, este enfoque propone un estudio de la elaboracin de las polticas estudiando su comportamiento al interior de las instituciones.

El enfoque de las redes de actores se ha convertido tambin en una forma de analizar la gobernabilidad; as, los actores que han sido utilizados para analizar los cambios en gobernabilidad suelen ser actores organizados: agencias, organizaciones, asociaciones, etc. (zUbriGGEn, 2004). Estas redes de actores tambin servirn para explicar la forma en que en las sociedades modernas se resuelven



problemas complejos. brzel, (1997) seala que la gobernacin se hace cada vez ms posible con policynetworks, ante un sistema dinmico y creciente donde la coordinacin jerrquica es cada vez ms difcil de llevar a cabo, por lo que un sistema de intercambios en una estructura de coordinacin horizontal es ms eficiente para los intereses de actores corporativos pblicos y privados.

Expuestas algunas de las principales caractersticas de este enfoque cabe conocer la forma en que la teora se puede integrar de forma metodolgica al presente trabajo sobre la Ley de Co-municacin ecuatoriana. De esta forma, como seala zubriggen (2004), para analizar una red, lo primero que se hace es identificar a los actores, clarificando cules son sus metas y cmo usan su influencia poltica en la red. Tambin es importante determinar cmo se producen los procesos de intercambios de recursos y de informacin entre los actores.

Uno de los primeros elementos que se puede identificar en la formacin de la Ley de Comunicacin es la red de actores impli-cada (ms adelante se retomar este tema en el apartado meto-dolgico). En este caso se pueden identificar grupos de actores de (1) carcter privado: asociaciones empresariales, asociaciones de carcter social, onG etc. y (2) de carcter pblico: asociaciones ciudadanas, representantes ministeriales y de otros organismos p-blicos. Estos grupos comprenden la red de actores que se interesan por influir en las decisiones con distintas acciones.

Sus acciones se pueden identificar de dos formas. por un lado, la exposicin de sus objetivos a travs de documentos de inves-tigacin o por medio de la representacin directa de los grupos durante la discusin de la Ley en cuestin. Las caractersticas de esta red, sobre todo su diversidad, han generado que la Ley sea producto de un prolongado debate que se vio acompaado de una amplia produccin intelectual de Thinktanks vinculados a la red. Asimismo, se observan variedad de intercambios a lo largo de dichos debates que generan la puesta en comn y el acercamiento de grupos, inicialmente muy distanciados. Sin embargo, uno de los aspectos ms interesantes, que se vincula con una de las grandes caractersticas de las polticas conseguidas a travs de la negociaci-



n de actores en red, es la fuerte moderacin que sufri la poltica, desde las posiciones iniciales mucho ms radicales en cuanto a la democratizacin de medios , frente a un resultado caracterizado por el encuentro entre los actores privados y los actores pblicos, consiguiendo una suerte de nuevo establishment que favorece a los organismos pblicos, pero que no ejerce un control como el inicialmente planteado sobre los organismos privados.

Metodologa

por tanto, en su cariz eminentemente cualitativo y crtico, a travs de la aplicacin del modelo de anlisis de las policynetworks explicitado anteriormente y en consonancia con el anlisis legis-lativo y el estudio de las polticas pblicas de Comunicacin, este artculo se propone como objetivos prioritarios:

1. identificar las redes de actores y sus conformaciones internas involucradas en el proceso de elaboracin y debate de la Ley orgnica de Comunicacin de Ecuador.

2. Establecer qu intereses defiende cada red en la aplicacin o no de la regulacin.

3. Analizar el proceso de redaccin legislativa.4. Concluir qu objetivos e intereses fueron finalmente

incluidos y a qu red de actores constituye su defensa, a fin de poder relacionar cules fueron aquellas redes ms beneficiadas al final del debate legal.

En la consecucin de los mismos, existirn dos grandes cues-tiones a tener en cuenta: la seleccin de los actores representativos y la de los documentos a ser analizados. En lo que a la primera cuestin se refiere, los actores incluirn a todos aquellos sujetos polticos que aparecieron en los dos debates de la Ley en la Asam-blea nacional, adems de redes y organizaciones que, aun habiendo quedado fuera del debate legal, s contaron con pronunciamientos pblicos acerca de su inters en los objetos de regulacin.

Una vez realizada la seleccin, dichos actores se agruparn para este trabajo en torno a cinco redes que aglutinan, cada una, la gran mayora de intereses, propuestas y reivindicaciones de todos



y cada uno de sus miembros. As, se contar con redes polticas de ciudadanos, sindicatos, empresas privadas, onGs y organismos internacionales e instituciones pblicas.

Cada una de las diferentes redes agrupar, adems, un nme-ro de intereses en la inclusin (o no inclusin) en la regulacin de una serie ejes temticos seleccionados a partir de un primer anlisis de aproximacin realizado, en el que se identifican cuatro ejes macro subdivididos en una serie de ocho tems:

1. intervencin gubernamental: independencia del Consejo de Comunicacin

2. participacin ciudadana: Medios Comunitarios Control ciudadano

3. Democratizacin: reparticin equitativa de frecuencias Control del monopolio

4. obligaciones medios de Comunicacin: Derechos y obligaciones de periodistas responsabilidad solidaria fomento produccin nacional, independiente e in-

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En torno a la segunda de las cuestiones sustradas, la selec-cin documental, se puede inducir a que se utilizaron criterios de aplicacin totalizadora en busca de una profundizacin epis-tmica de los argumentos aportados, as como la consecucin de una multiplicidad de voces que no hubiesen sido adscritas con la seleccin de otros mtodos de estudio.

para sistematizar los resultados, fue analizada la totalidad de los proyectos de ley, adems de la Ley orgnica de Comunicacin adscrita en el registro oficial, contabilizando a su vez los aportes por parte de la Asamblea nacional de sendos Debates Legislativos en torno a la propia Ley.

posteriormente, a fin de incorporar el mayor nmero de agen-tes interesados en la elaboracin final de la regulacin, se hizo una seleccin de documentos significativos, elaborados desde el ao 2008 hasta la aprobacin de la Ley (25 de julio de 2013), a partir de criterios que involucraron variables de carcter temporal, temtico y regional, en la que se incorporaron a la matriz de an-lisis pronunciamientos pblicos de instituciones, organizaciones, sindicatos y colectivos sociales, as como artculos y documentos de anlisis sobre el mismo proceso de elaboracin legal, todos los cuales sirvieron de base para el proceso de comprensin e inter-pretacin de la informacin recolectada.

Analisis temtico de las redes de actores

Intervencin gubernamental Subtema: independencia del Consejo de ComunicacinLa independencia del Consejo de Comunicacin, encargado

de regular gran parte de las atribuciones acaecidas en sta Ley, y establecido como cortafuegos frente al poder de decisin ejecutivo--legislativo, podra definirse como un proceso de ida y vuelta del inters conspicuo de todos los colectivos participantes en la elabo-racin de la Ley. Desde el primer proyecto de ley, la conformacin de dicho rgano se establece en el centro del debate legislativo.

En un primer momento, dentro de la primera terna presentada a la Asamblea, el denominado en un principio Consejo nacional de la



Comunicacin e informacin, establece una conformacin en torno a 8 miembros, de los cuales, su presidente con voto dirimente , ser designado directamente por el presidente de la repblica.

Sin embargo, el primer debate en la Asamblea recibe numerosas propuestas de reforma del Consejo. As, la asamblesta Mara Cristi-na kronfle denuncia que en la presente conformacin, no se tiene encuenta la equidad de gnero, adems entiende que la configura-cin del mismo provoca duplicidades entre sus funciones y las de la Defensora del pueblo. Sin embrago, la mayor parte de las crticas se centran en la independencia y autonoma fiscal y de accin del propio consejo regulador. Mientras la asamblesta Susana Gonzles considera que existe una presencia excesiva del poder ejecutivo en el Consejo y propone que el Ministerio de Educacin pase a formar parte nicamente de un rgano consultivo, el diputado fernando Vlez va un paso ms all y propone que ningn asamblesta pueda ser parte del nuevo Consejo de Comunicacin.

por su parte, las empresas privadas (ACTVE Asociacin de canales de televisin , AEr, CCrEA) sealan en el primer debate que el Consejo no debera poder cambiar los contenidos, ni con-siderar responsables a los medios de los contenidos publicitarios, sino a los anunciantes. Adems, proponen que el Consejo tenga otra configuracin en la que no pueda acusar, juzgar o sancionar.

Desde otra perspectiva, el Colectivo Ciudadano por los dere-chos de la Comunicacin presenta la iniciativa de inclusin en la regulacin institucional de una Defensora del pblico que centre su atencin en la regulacin de los contenidos. Desde el sector privado, las organizaciones de propietarios de medios discrepan con las atribuciones punitivas del Consejo, proponiendo una carga de funciones ms laxa. finalmente, desde los organismos internacionales, la Unesco remite un anlisis crtico de la nueva legislacin en la que, acerca de la conformacin del Consejo de Comunicacin, si bien reconoce lo destacable de su autonoma y la inclusin de mecanismos de participacin ciudadana, considera que aun as existen mecanismos de independencia insuficientes.

Tras este primer debate en la Asamblea, la conformacin del Consejo se rebaja en dos miembros, pasando a 6, sin representaci-



n directa del presidente s de dos delegados de los ministerios , de entre los cuales se elegir a su representante.

posteriormente se retoma la decisin presidencial sobre el Consejo y as, durante el segundo debate legislativo, el tema de la independencia del Consejo vuelve a formar parte central del debate. Tras la victoria en la consulta popular realizada el 7 de mayo de 2011, muchos de los representantes asamblearios conside-ran que el debate sobre la necesidad y pertinencia del Consejo de Comunicacin queda fuera de lugar. Este es el caso del asamblesta paco Moncayo o de ruth hidalgo, representante de participacin Ciudadana quien, no obstante el indiscutible reconocimiento del rgano regulador, s considera necesaria una mayor independencia del mismo. para ello, colectivos como el observatorio de Medios de Comunicacin propone su inclusin como miembro permanen-te del propio Consejo. Y el Colectivo Ciudadano con mi propia Voz, como medida de aumento de la independencia, propone que los propios ciudadanos sean quienes denuncien al Consejo los contenidos que consideren han vulnerado sus derechos. A su vez, la asamblesta Maruja Jaramillo entiende que para reco-nocer dicha independencia, son necesarias una serie de medidas que establezcan que: a) en ningn caso el candidato a consejero podr volverse a presentar una vez haya sido descalificado; b) los miembros nunca podrn ser reelegidos; c) la Secretara Tcnica del Consejo deber ser ocupada por un agente externo, en ningn caso miembro del propio Consejo.

Sin embargo, ms all de su simple conformacin, siguen exis-tiendo voces crticas con respecto a la obligatoriedad y las funciones del Consejo. As, Lourdes Tibn entiende que el Consejo de regu-lacin no debe ser necesario, al menos no como instancia punitiva. por su parte, y pese a los resultados del referndum, los asamblestas de la bancada opositora mantienen que el Consejo sigue ejerciendo demasiado control sobre la Comunicacin y los medios en Ecuador, convirtindose, en palabras propias, en una comisara de medios. precisamente para evitar dicha situacin, su propuesta se centra en: a) establecer mecanismos de control jurdico del Consejo; b) utilizarlo de manera ms consultiva y menos punitiva; c) acrecentar



sus funciones de vigilancia de los organismos e instituciones pbli-cas. otro de los aspectos que segn ellos se debe reconsiderar es la forma de eleccin de los representantes ciudadanos en el Consejo de regulacin, puesto que consideran que se convertir en una eleccin ejecutiva al no expresar claramente la forma en que se seleccionan a estos representantes.

por tanto, extienden una propuesta propia en la que de-sapareceran todos los miembros de organismos pblicos y slo permaneceran como parte del Consejo: dos representantes de los docentes de Comunicacin Social, un representante de organiza-ciones civiles vinculadas con la proteccin de los derechos de la niez y la adolescencia, un representante de las comunidades y pueblos indgenas y un representante de la ciudadana.

finalmente, la propuesta saliente incluye a dos representantes designados por el Ejecutivo, aunque se endurecen los criterios de entrada, especialmente vinculados a relaciones de parentesco o afinidad con administracin o medios.

Tras varios cambios no demasiado significativos en el texto, la Ley registrada establece que el Consejo de regulacin y Desar-rollo de la informacin y la Comunicacin ser presidido por el representante de la funcin Ejecutiva, contando con otros cuatro representantes ms de diferentes instituciones y organizaciones.

El poder de intromisin ejecutiva se intenta desde un prin-cipio paliar mediante la constitucin de un organismo consultivo no vinculante que en un principio cuenta con representantes exclusivamente de los medios y que finalmente evoluciona en un consejo conformado por personas del mundo laboral, sindical, acadmico y ciudadano.

En los documentos previos a la publicacin de la Ley y acerca del tema de control estatal de los medios, aparecen tres figuras ins-titucionales nuevas. La primera corresponde al Consejo Editorial de los Medios pblicos que se encarga de fijar la lnea editorial de los medios bajo la visin del buen vivir, vigilar que los editoriales y los mensajes comunicacionales tengan una elevada calidad y mantengan fielmente su identidad ciudadana e institucional, elaborar el cdigo deontolgico o manual de estilo, buscar, revisar y jerarquizar la in-



formacin, proponer la inclusin de coberturas especiales y temas relevantes, decidir la no publicacin de contenidos que violen los principios deontolgicos, decidir la no publicacin de contenidos sesgados por tendencias partidistas o poltico-electorales y evaluar anualmente el cumplimiento de lo planificado en materia editorial. De estas funciones ms adelante desaparecer la posibilidad de decidir sobre la no publicacin de ciertos contenidos.

Tambin se crea la Superintendencia de la Comunicacin y la informacin, SiC, cuyas funciones sern: fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamen-tarias sobre los derechos de la Comunicacin; atender, investigar y resolver las denuncias o reclamos formulados por las personas naturales o jurdicas, a travs de sus representantes, en materia de derechos de la Comunicacin; requerir a los ciudadanos, ins-tituciones y actores relacionados a la Comunicacin, informacin sobre s mismos que fuere necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones; aplicar las sanciones establecidas en el marco de esta Ley y de la regulacin que emita la autoridad reguladora. Esta superintendencia se presenta como un instrumento de control ciudadano, y sin embargo, una de las crticas opositoras es que las personas elegibles como superintendentes slo pueden ser postuladas por el presidente de la repblica.

Obligaciones de los medios Subtema: Derechos y obligaciones de los periodistasSin lugar a duda uno de los temas que ms ampli el debate es

el que tiene que ver con el trabajo de los periodistas. Su profesio-nalizacin es uno de los aspectos que ms ha cambiado a lo largo de los proyectos. En estas discusiones los colectivos ciudadanos, los sindicatos y el sector pblico fueron los grupos de inters que estuvieron ms presentes.

En el primer proyecto se plantea que son comunicadores sociales aquellos que poseen ttulos que as lo certifican y que los comunicadores comunitarios no tienen por qu tener estas certificaciones. El siguiente proyecto, sin embargo, matiza que las empresas o medios para los que trabajan dichos periodistas deben



poner al alcance de sus trabajadores todas las herramientas nece-sarias para que stos puedan alcanzar dicha certificacin. A partir de ah se determinar qu trabajos slo pueden ser desempea-dos por comunicadores profesionales. En medios escritos: editor general, jefe de informacin, jefe de redaccin, redactor, editor, corresponsal o equivalentes. En medios audiovisuales: director, subdirector, productor de noticias, redactores o equivalentes. En radio: director, redactores o equivalentes. Y slo en el caso de los medios comunitarios, el Estado ha de promover la capacitacin de las personas que trabajen en este tipo de medios. posteriormente, y ahondando ms en las excepciones, se dice que las actividades periodsticas o de Comunicacin social de carcter permanente, independientemente del cargo o nivel de las mismas, debern ser desempeadas por profesionales en periodismo o Comunicacin, con excepcin de los editorialistas y columnistas de opinin y los redactores o columnistas de secciones especializadas en ciencias, artes, letras y religin. Las personas que realicen programas o acti-vidades periodsticas en las lenguas de las nacionalidades y pueblos indgenas, no estn sujetas a las obligaciones establecidas. Este tem permanecer as hasta que se promulga la Ley.

En cuanto a los derechos y deberes de los comunicadores se defiende a lo largo de la formacin de la Ley su derecho a la ob-jecin de conciencia, proteccin de fuentes y derecho al secreto profesional. Slo en el primer proyecto se dice claramente que aquellos medios que incurran en hasta tres objeciones sern sancio-nados, aunque ms adelante este elemento de sancin desaparece.

Subtema: responsabilidad solidariaA lo largo de los proyectos de ley se observa una inicial in-

tencin de castigo a los medios y sus dueos por posibles agravios contra las personas vctimas de su informacin. Sin embargo, dicha intencin va desapareciendo conforme avanzan los debates y los proyectos de ley.

por ejemplo en el caso de la responsabilidad solidaria el pago de indemnizaciones a los eventuales afectados hay un cambio importante en los proyectos previos a la Ley: en el primero de



ellos se seala que la responsabilidad solidaria (indemnizaciones y compensaciones de carcter civil) recae sobre el medio de Comu-nicacin, sus propietarios, accionistas, directivos y representantes legales, como fue planteado por los asamblestas betty Carrillo, Mara Augusta Calle, ngel Vilema, rolando pachana y Mauro Andino. En el siguiente proyecto dichas responsabilidades recaen nicamente sobre el medio de Comunicacin librando a los dueos o accionistas de indemnizaciones o multas de carcter civil, tal y como lo haban propuesto los asamblestas de la oposicin Csar Montfar, Jimmy pinoargote y fausto Cobo, consiguiendo intro-ducir este cambio en la Ley registrada.

Subtema: fomento de la produccin nacional e indgenaEl fomento de la produccin nacional, especialmente explcita

en la produccin nacional independiente y la produccin indgena e intercultural, es otro de los elementos presentes durante todo el debate legislativo. pese a los intereses encontrados de colectivos ciudadanos y pblicos defensores de la proteccin mediante el establecimiento de cuotas por un lado, y el sector representante de las empresas privadas defensor de un libremercado extremo y contrario a su inclusin en la Ley por el otro, todo lo relativo a este punto apenas fue sometido a pequeas reestructuraciones en la definicin de las cuotas u obligaciones de los medios com-ponentes del sistema de Comunicacin ecuatoriano con este tipo de producciones.

Sin embrago, caben ciertas acotaciones. En un primer mo-mento, el fomento de la produccin nacional empieza a reglarse mediante el establecimiento de cuotas de emisin del 40% de la programacin diaria de los contenidos televisivos en cadenas na-cionales a contenidos de produccin nacional, reservando el 10% para producciones de carcter independiente, las cuales quedan establecidas bajo criterios de ausencia de parentesco, afiliacin, trabajo o propiedad (6% de capital social) con los medios de Co-municacin que reciben dicha obra.

Ya durante el primer debate legislativo, el Consejo nacional de Cine, CnCine, con el apoyo explcito de varios asamblestas, pretende la inclusin de medidas de proteccin por cuotas en la



que se establezca la obligatoriedad a los canales de televisin de adquirir 100 horas anuales para ser programadas en horario es-telar de produccin nacional independiente, financiadas con el 2% de las ventas netas de dichas televisiones. precisamente a este respecto objeta la Unesco en su informe sobre el primer proyecto de ley, segn el cual es necesario analizar detenidamente cul deber ser el mnimo adecuado y suficiente para ese fomento de la produccin, y la necesidad de ser segregado por cuestiones de posibilidades de sustentacin del medio, tipo de medio (pblico, privado o comunitario), servicio ofrecido (televisin, radio, prensa) y alcance (nacional o local). por el contrario, Ciespal propone promover la diversidad y las identidades con al menos 50% de produccin propia en radio y TV abierta; y al menos 30% de la msica emitida nacional as como la reserva de espacios para la produccin nacional independiente.

finalmente, el CnCine propone la creacin de un fondo de fomento del Audiovisual independiente y de la Televisin Cultural y Educativa, que se financiara con contribuciones provenientes del 10% del precio de las entradas de cine, el 10% de la factura-cin derivada de las descargas de audiovisuales en celulares y el 2% de la facturacin de las televisiones por suscripcin. Aunque esta medida no tendr lugar en la redaccin final, si ayudar a la inclusin de nuevas formas de proteccin durante el segundo debate legislativo.

por otra parte, la Sociedad de Autores de Ecuador, Sayce, propone que se incluya tambin a la produccin musical dentro de la proteccin y fomento legales, estableciendo en radios que al menos el 50% de la msica emitida est producida, compuesta o ejecutada en Ecuador. Sin embargo, este requisito finalmente quedar adscrito tan solo a las emisoras de carcter musical.

posteriormente, en el segundo debate del proyecto, se incluye una medida de proteccin ms, a travs de la obligacin a las cadenas de televisin de adquisicin de los derechos de dos lar-gometrajes nacionales, destinando el 2% (5% en caso de medios con coberturas de ms de 500.000 personas) de su facturacin bruta anual.



En el caso de la produccin indgena, sin embargo, el proceso de establecimiento de medidas concretas para su fomento y desar-rollo ha sido ms largo y sinuoso.

Si bien es cierto que desde un principio, aparecen en el docu-mento legal artculos de amplia redaccin que apoyan y procuran la promocin de los derechos humanos y de los valores culturales de todos los colectivos, comunidades y pueblos, no es hasta el proyecto presentado en abril de 2012 que este soporte se concreta, estableciendo el deber para todos los medios del sistema audio-visual de difundir, bajo peticin directa de los productores, hasta un 5% de la programacin de contenidos producidos y difundidos por los pueblos y nacionalidades indgenas, afroecuatorianas y montubias, posponiendo a travs del Consejo de regulacin y Desarrollo de la Comunicacin el establecimiento de los meca-nismos y la reglamentacin para su cumplimiento.

Participacin ciudadana Subtema: Medios comunitariosEl grupo de los colectivos ciudadanos que est conformado

por diversas asociaciones ciudadanas (foro Ecuatoriano de la Co-municacin, fEC y la Coordinadora de radio popular Educativa, CrpE) y Ciespal se interesan por incluir en el debate el tema de los medios comunitarios. En todos los proyectos se procura una definicin exhaustiva de los mismos que tiene pocas variaciones conforme se va avanzando en el debate.

En las primeras fases de discusin del proyecto de ley los medios comunitarios estn encaminados a la diversidad cultural e identidad de las comunidades y sobre todo a propiciar el buen vivir. stos han de ser espacios prevalentes que den cabida a las producciones nacionales y producciones nacionales independientes.

Ms adelante, se muestra un especial inters por redefinir las formas de financiacin de los medios comunitarios y as se fija que para garantizar su libertad, ningn actor privado puede financiarlos

3 En este aspecto coincide con los asamblestas de la oposicin que lo comparaban con una comisara de medios.



en ms de un 25%. Sumado a esto se seala que desde el gobierno se recibirn lneas de crdito, asistencia tcnica y capacitacin, entre otras herramientas. Este aspecto ser mejor definido en los ltimos proyectos y en el texto registrado incluyendo, finalmente, exenciones de impuestos para importacin de equipos en medios comunitarios.

para garantizar la productividad de este sector, se plantea que las entidades estatales en sus diversos medios de Comunicacin contraten a los medios comunitarios para la realizacin y produc-cin de contenidos lo cual supone una forma segura de obtencin de ingresos.

Subtema: Control ciudadanootro de los objetivos de las asociaciones ciudadanas y de

Ciespal es poder llevar a cabo un control de los medios a travs de las plataformas, organismos u observatorios dedicados a establecer evaluaciones desde la ciudadana. As, a lo largo de todo el proceso de la Ley, se establece el derecho de las personas a organizarse en veeduras y observatorios de medios ciudadanos. Se crea un Consejo de Comunicacin e informacin y se incluye, adems de los representantes de distintos ministerios, a tres representantes ciudadanos. Tambin se crea un Comit Consultivo en el que los representantes de los medios comunitarios pueden emitir criterios, que sin embargo no son vinculantes.

Durante el segundo debate en la asamblea, algunos de los grupos ms activos en este tem son las asociaciones ciudadanas. Grupos como Colectivo Ciudadano mi propia voz proponen que los ciudadanos tengan derecho a establecer los ejes temticos de los medios de Comunicacin pblicos privados y comunitarios. As, la construccin de un consejo ciudadano establecera los me-canismos necesarios de participacin y espacios que sean abiertos para la exposicin de estos temas propuestos desde la ciudadana.

En un tono ms general, ruth hidalgo, directora de partici-pacin Ciudadana, seala que es preciso un amplio debate sobre el Consejo de regulacin en el que se establezcan sus rasgos de independencia y los criterios de responsabilidad ulterior, as como las funciones concretas del organismo. Considera que es



fundamental que este consejo tenga la suficiente independencia que le permita no estar cooptado por los gobiernos de turno o la mayora coyuntural del momento. Desde su perspectiva la propuesta que se discute sobre el Consejo de Comunicacin e informacin hace que ste se convierta en una pesada mquina burocrtica, presente en todo el territorio, provista de un amplio margen punitivo, bajo el mando del ejecutivo. Los problemas de este Consejo, tal y como est siendo propuesto son, en primer lugar, su dudosa independencia3; en segundo lugar, el mbito de competencia, puesto que resulta problemtico el establecimiento de delegaciones provinciales que genera una ampliacin burocr-tica innecesaria; y, finalmente, la posibilidad de que establecer constantes sanciones administrativas pueda derivar en un sistema de autocensura llevado a cabo por los mismos medios.

Democratizacin Subtema: reparticin equitativa de la frecuencia El acceso igualitario, tal como establece la Constitucin ecu-

atoriana de 2008, al uso de frecuencias del espectro ha sido otro de las caractersticas ms tardas en cuanto a su aparicin en el proceso legal. El arduo encuentro de pareceres entre colectivos ciudadanos, sindicatos y sector pblico frente a la defensa del freeflow argida por los empresarios hizo que la inclusin de dicho punto se retrasara en el tiempo.

Durante los tres primeros aos de debate legislativo, la cues-tin del reparto de las frecuencias no apareca como una de las caractersticas a regular del espectro radioelctrico, a pesar de contar con el reconocimiento explcito de la Asamblea, previo a los primeros debates y durante el establecimiento de construcci-n de la Ley, de la titularidad pblica y del usufructo del mismo. Si bien durante ambos debates, asamblestas como Mara paula romo o Marco Murillo hacen mencin explcita a la necesidad de regular los mecanismos de adquisicin de frecuencias y aclarar el alcance de la concentracin de las mismas en base a la equidad de derechos de acceso ciudadano, no se establecen propuestas ni medidas concretas.



Sin embargo, en el proyecto de ley presentado el 4 de febrero de 2012, la reparticin equitativa de las frecuencias se explicita de forma que ya no variar hasta la aprobacin y el registro final de la Ley. Las frecuencias de radio y de televisin abierta, por tanto, se distribuirn equitativamente de la siguiente manera:

33% reservadas para la operacin de medios pblicos, otorgadas mediante concesin directa

33% para la operacin de medios privados, mediante concurso pblico, abierto y transparente

34% para la operacin de medios comunitarios, con prio-ridad en su concesin, mediante concurso pblico, abierto y transparente.

Subtema: Control del monopolioEn los proyectos de ley evaluados, las menciones al control

del monopolio son constantes y ste es un tema que no vara mucho a lo largo de la formacin del proyecto; desde el principio se prohbe la formacin de monopolios mediticos, una posicin ampliamente compartida por organismos como Ciespal y Unesco. En caso de que se incurra en este tipo de actividad es posible que los medios de los que dependen tales monopolios sean cerrados. Se establece que la barrera sea de mximo un ttulo por habitante.

Adems de todo esto se prohbe que las entidades financieras sean dueas de los medios de Comunicacin. Durante el segundo debate hay un amplio desarrollo de este tema propuesto por los asamblestas de la oposicin, para los que prohibir a las personas vinculadas a las instituciones financieras el trabajar tambin en el mbito de la Comunicacin afecta a los principios de las garantas constitucionales, ya que esas personas naturales no podran ejercer un derecho que les corresponde a todos los ciudadanos. Tambin sealan que hay una discriminacin por parentesco ya que al ser familiar en cuarto grado de alguien vinculado a una entidad finan-ciera tampoco se podra ejercer un trabajo vinculado a la gestin de medios de Comunicacin. Las prerrogativas de este grupo estn apoyadas por la oEA y la Sip, que a travs de sus pronunciamien-tos pblicos reivindican unos medios de carcter liberal.



frente a stos asamblestas se posicionan rolando pachana, Mara Augusta Calle, betty Carrillo, Maruja Jaramillo y ngel Vilema, quienes defienden en el mismo debate y con una serie de propuestas articuladas las prohibiciones para que los accionistas de una empresa privada de Comunicacin y sus familiares estn a su vez suscritos a compaas financieras.

Como medida antimonopolio, en los ltimos proyectos queda establecido que aquellos que incurran en concentracin de medios sern castigados con la terminacin de su concesin de frecuencia. En el caso de las limitaciones al sector financiero, las medidas finales se remiten simplemente al artculo 312 de la Constituci-n, por el que se prohbe a las entidades financieras participar en empresas ajenas a su sector.

Conclusiones

En este artculo se ha hecho una revisin de la formacin de la Ley de Comunicacin en Ecuador, haciendo especial nfasis en cules han sido los movimientos de los actores de la Ley en tor-no a una serie de temas centrales que determinan el cariz que la misma va a tener. En este sentido se recopil no slo informacin proveniente de los debates sino que adems se hizo un repaso de la produccin intelectual que tuvo lugar durante este periodo. A raz de esta investigacin se pueden esbozar una serie de conclusiones que derivan en el resultado de la intervencin de los distintos actores en la evolucin de la poltica.

Si bien la iniciativa del gobierno ecuatoriano para la Ley de Comunicacin gener muchas expectativas para los grupos que solicitaban un mayor control a las entidades privadas que par-ticipaban en los medios de Comunicacin, conforme el debate fue avanzado, gran parte de las iniciales intenciones se fueron diluyendo, al pasar por una prolongada negociacin en la que los actores de la poltica pblica fueron acercando posiciones, funda-mentalmente en los temas que se vern a continuacin.

En primer lugar, en el desarrollo inicial de la Ley se plante como medida fundamental que las entidades financieras y los



participantes en las mismas (as como sus familias) estuvieran al margen de los medios de Comunicacin. Sin embargo, la forma en que se plasm esta prerrogativa en la Ley dista de ejercer un control a este tipo de organizaciones y se centra en una regulacin mucho ms laxa, apelando un artculo constitucional el Artculo 312 que define de manera menos normativa los mecanismos de control en este aspecto. En este sentido se puede decir que, si bien se lleg a un mayor control a los grupos financieros y su partici-pacin en medios de Comunicacin, el proceso de negociacin de los grupos de inters produjo un acercamiento propio de una red de actores en el que los iniciales condicionamientos se fueron haciendo menos restrictivos para el sector financiero.

En cuanto a los mecanismos de independencia y control gubernamental, muchas de las quejas acerca de su parcialidad y dependencia del ejecutivo no cristalizaron en la creacin de organismos sin participacin de actores gubernamentales, razn por la cual se puede inferir que el grupo de inters vinculado al actual gobierno fue el que mayor beneficio obtuvo, en detrimento de los grupos ciudadanos que abogaban por mayor independencia en este punto. El hecho de que haya una vinculacin entre el gobierno de turno y los mecanismos de control repercute nega-tivamente en su autonoma frente al devenir poltico, en cuya alternancia se podran desarticular las medidas de ampliacin del sector pblico, fomento de la pluralidad de voces y apoyo a la participacin ciudadana.

por otra parte, ciertos aspectos, centrales en muchos casos en el seguimiento del debate, permanecieron intactos en el registro final a pesar de la oposicin de algunas de las redes polticas participantes (empresas privadas y algunas organizaciones internacionales como la oEA y la Sip). As, se mantuvieron medidas en cuanto a la reparticin equitativa de frecuencias, el fomento de la produccin indgena, nacional e independiente, los mecanismos de control ciudadano o la conformacin del Consejo de Comunicacin.

finalmente, uno de los aspectos que introduce esta nueva Ley es el Estatuto del periodista, que corresponde a una norma-tiva especfica para este campo profesional. por medio de esta



normativa no slo se establecen los deberes sino que tambin se reivindican los derechos de los periodistas, la introduccin de este cambio significa un avance de los actores sindicales vinculados al proceso de la Ley, frente las posiciones adversas de las empresas privadas de medios de Comunicacin. Si bien esta normativa final se opone a las tesis defendidas por las redes de privadas, el tema de la clusula de conciencia que se empieza proponiendo como una sancin directa contra los empresarios, termina sin ser esa medida punitiva que inicialmente se haba planteado.

Como se ha visto a lo largo de este trabajo, la formacin de la poltica tuvo un dilatado desarrollo debido en parte a la mul-tiplicidad (y diversidad) de actores implicados en su formacin.

Despus de cuatro aos de negociaciones, los grupos de inte-rs que esgriman enormes diferencias para el acuerdo, llegaron a un acercamiento de posiciones. Ello no slo signific la prdida de aquellas caractersticas que implicaban un mayor control a las empresas privadas y una mejora en los mecanismos de acceso y control ciudadano de la Comunicacin, aspectos generadores de gran polmica tanto a nivel interno de la negociacin como a nivel externo, sino que adems produjo un estancamiento del inicial proyecto democratizador de los medios de Comunicacin.

La poltica que se desarroll en el pas a travs de la negocia-cin de las distintas redes de actores termin reducindose a dos tipos de medidas; por un lado a la ampliacin del sector pblico y comunitario, en un intento de contener las prerrogativas de los colectivos ciudadanos y, por otro lado, a la tendencia a una regulacin voluntariamente imprecisa de aquellos aspectos que resultaron ms polmicos, especficamente referidos a la ausen-cia de regulacin en torno a las responsabilidades ulteriores del sector privado, lo cual le sigue permitiendo mantener una posicin privilegiada frente a otros sectores.

otra de las cuestiones que se fue perdiendo a la largo del proceso fue la independencia de los organismos de control de los medios, que en su redaccin final incluyen amplias competencias asumidas por miembros del ejecutivo nacional. por otra parte, la creacin de mecanismos de control ciudadano no cristaliz en un



mayor nivel de contrapeso poltico dadas sus caractersticas no vinculantes en sus pronunciamientos.

Si bien es cierto que con el desarrollo de esta Ley se lograron (in)ciertos avances en la mejora de las condiciones de acceso igua-litario a los medios de Comunicacin, la apuesta del gobierno de Correa refleja la tendencia de los gobiernos progresistas latinoame-ricanos1 con sus recientes reformas del sector de la Comunicacin. por un lado la idea de ampliacin y fomento de los sectores pblico y comunitario, con un amplio control gubernamental, lo que bisbal (2006) definira como el Estado Comunicador y, por otro lado, una tendencia reguladora del sector privado de carcter superficial, evitando entrar en los aspectos ms importantes para reformar y democratizar los medios en Amrica Latina.

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Juan RamosTem uma licenciatura em Cincias da Comunicao e um mestrado em Es-tudos Latino-Americanos da Universidade de Salamanca. professor y pesqui-sador desta universidade, e de diferentes universidades da Amrica Latina, e com diversas publicaes sobre o setor de Comunicao da regio, est desen-volvendo a sua tese de doutorado sobre a estrutura, as redes de convergncia e as polticas pblicas de mdias comunitrias da bolvia.

Ava GmezTem licenciatura em Sociologia e Comunicao audiovisual e fez o seu mestra-do em Estudos Latino-Americanos, na Universidade de Salamanca. professora e pesquisadora nesta universidade e diferentes universidades na Colmbia, atualmente desenvolve a sua pesquisa sobre as polticas pblicas da comunica-o na Amrica Latina como estudante de doutorado do Estado de Direito e governana global, da Universidade de Salamanca.

recebido: 08.11.2013Aceito: 15.02.2014

sujetos, objetos, decisiones y evasiones

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