sistema local de coordinación de justicia para zonas de consolidación

CORPORACIÓN RAZÓN PÚBLICA

Mayo de 2012

Sistema Local de Coordinación de Justicia para Zonas de Consolidación –SLCJ-

Ministerio de Justicia y del Derecho

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aecidEMBAJADADE ESPAÑAEN COLOMBIA

Agenda Españolade CooperaciónInternacionalpara el Desarrollo

MinJusticiaMinisterio de Justiciay del Derecho

Derechos exclusivos de publicación y distribución de la obraMinisterio de Justicia y del DerechoCarrera 9 No. 12C-10, Bogotá D.C. Colombiawww.minjusticia.gov.co

Primera edición: mayo de 2012 con un tiraje de 700 ejemplaresDiseño, portada y diagramación: DASHE Design SASImpreso en Colombia - Printed in Colombia

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓNPresidente de la República

RUTH STELLA CORREA PALACIOMinistra de Justicia y del Derecho

MIGUEL SAMPER STROUSSViceministro de Promoción de la Justicia

NICOLÁS PÁJARO MORENODirector de Justicia Formal y Jurisdiccional

NATALIA MUÑOZ LABAJOSJefe Oficina de Asuntos Internacionales

MIGUEL GONZÁLEZ GUILLÓNCoordinador General Cooperación Española en Colombia

ISABEL ALBALADEJO ESCRIBANOResponsable de Derechos Humanos y Justicia, Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo- AECID

EDGAR RICARDO SERRANO NAVARROMARÍA DEL PILAR MARÍN RIVASSUSAN SUÁREZ GUTIÉRREZEquipo Investigador de Corporación Razón Pública

ALBERTO MONROY VELASCOGLORIA MARCELA HOYOS QUIJANOSupervisores del Ministerio de Justicia y del Derecho

MARÍA EUGENIA PINTO BORREGOCAROLINA VÁSQUEZ PINZÓNSupervisoras Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial

ANA DAZAJULIÁN TRUJILLO MARÍNApoyo Técnico USAID-MSD

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo- AECID


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Tabla de contenido

Abreviaturas 5

Presentación 7

1. Contextualización: El Estado Diluido 9

2. Sistema Local de Coordinación de Justicia - SLCJ - 132.1. ELEMENTOS DEL SLCJ 13

2.1.1. Actores 132.1.2. Escenarios de actuación - modelos 152.1.3. Categoría especial regional 152.1.4. Componentes 152.1.5. Estrategias 15

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL SLCJ 17

3. Descripción del Sistema Local de Coordinación de Justicia –SLCJ- 21

3.1. ESCENARIO DE ACTUACIÓN 213.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS TRES MODELOS 253.3. COMPONENTES, ESCENARIOS DE LA ARTICULACIÓN 26

4. Estrategias 314.1. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN 31

4.1.1. Estrategia de articulación funcional 314.1.1.1. Estrategia de articulación funcional -

componente oferta 314.1.1.2. Estrategia de articulación funcional -

componente formación 344.1.1.3. Estrategia de articulación funcional -

componente comunicación 364.1.2. Estrategia de articulación – gestión y coordinación 384.1.3. Estrategia de articulación con Fuerza Pública 40


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4.1.3.1. Primera perspectiva- seguridad a operadores de justicia 40

4.1.3.2. Segunda perspectiva- articulación funcional 404.1.4. Estrategia de articulación - categoría

especial regional 424.1.5. Estrategia de articulación justicia étnica 43

4.2. ESTRATEGIA DE GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SLCJ 464.2.1. De política de gobierno a política de Estado 46

4.2.1.1. Estrategia de acercamiento para la coordinación nacional-regional 47

4.2.2. Estrategia para la implementación: “Mercadear al Estado” 52

4.2.3. Tácticas del Marketing 534.3. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 57

4.3.1. Indicadores de Implementación 584.3.2. Indicadores de Impacto 59

4.4. EVALUACIÓN 60

5. Recomendaciones 63

6. Anexo: Descripción metodológica para recopilar información requerida en la construcción del SLCJ 65


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AP Actor Preeminente

CSPJ Consultorio socio-psico-jurídico

PEI Proyecto Educativo Institucional

PM Plan de Mercadotecnia

PNCRT Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial

SLCJ Sistema Local de Coordinación de Justicia

UAECT Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial

Abreviaturas


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Presentación

La Administración de Justicia es, a la vez, una de las principales fun-ciones del Estado Social de Derecho, y una contribución vital para conseguir el objetivo superior de la paz social, que va mucho más allá de la simple ausencia de conflicto. La construcción de un Estado se basa, en buena medida, en la consolidación de las instituciones que lo componen, entre ellas las autoridades que se encargan de satisfacer estas necesidades.

Resulta fundamental para ello construir un sistema de justicia, que sea accesible para el común de los ciudadanos y adecuado a una realidad mucho más rica y compleja de la que se vive en las grandes capitales del país. En este contexto, los retos que representa la estructuración de políticas públicas en materia de acceso a la justicia son múltiples; sin embargo, la tarea incansable de consolidar la presencia efectiva del Estado se ha convertido en el motor del esfuerzo que se realiza desde todas las áreas del sector público.

El Gobierno Nacional ha adoptado una política integral y secuencial para la consolidación de las zonas históricamente afectadas por or-ganizaciones ilegales y cultivos ilícitos, la cual requiere de acciones coordinadas desde los diferentes sectores del gobierno nacional, re-gional y local, con el fin de afianzar la integración a la vida económi-ca y social del país de las regiones de la periferia que han sido la prin-cipal fuente de violencia; el fortalecimiento del acceso, protección y respeto de los Derechos Fundamentales; y el establecimiento de una efectiva presencia de la institucionalidad del Estado en dichas zonas.

La recuperación de las zonas de consolidación se fundamenta de manera integral y secuencial sobre la recuperación de la seguridad


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encontradas en el territorio local. Con ello, además de una maximización de los recursos disponibles, se busca disminuir las restricciones operati-vas y mitigar las barreras de acceso a la Administración de Justicia.

El diseño de la propuesta del Sistema Local de Coordinación de Justicia, contó con la enriquecedora experiencia obtenida a lo largo de 10 talleres regionales realizados en 7 zonas de consolidación, en los que participaron 133 operadores de justicia formal, administrativa y no formal, así como de las recomendaciones obtenidas por diversas enti-dades que intervinieron en la validación de este documento, como el Consejo Superior de la Judicatura, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Articulación de la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial, sus gerentes de las zonas de consolidación, las direcciones de Justicia Transicional y Métodos Alternativos de Solución de Conflictos y el Viceministerio de Promoción de la Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho.

El Ministerio de Justicia y del Derecho y la cooperación española entre-gan con esta publicación un plan de acción para el sistema de justicia en Colombia, que no sólo permitirá ampliar la oferta, sino también dis-minuir las barreras de acceso a la justicia que actualmente se presentan. En este documento se encontrarán valiosos elementos para la consoli-dación de la institucionalidad pública a través de un sector justicia cada vez más cercano a las necesidades del ciudadano del común.

NICOLÁS PÁJARO MORENODirector de Justicia Formal y Jurisdiccional


en los territorios, y se levanta sobre tres pilares fundamentales: i) el control institucional a través de la recuperación de la legitimidad del Estado y el sometimiento al imperio de la Ley; ii) la participación ciudadana y fortalecimiento del tejido social; y iii) la Integración Regional tanto con el interior del territorio como con la vida econó-mica y social del país.

El Ministerio de Justicia y del Derecho, como cabeza visible del sector Justicia, y la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, como entidad ejecutora de la política de consolidación territorial, unieron esfuerzos, de tal manera que de la dinámica de construcción y diseño del CONPES de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción del Territorio, se hizo manifiesta la necesidad de pro-mover un iniciativa en justicia, especial para las zonas de consolida-ción que sirviera como una base para activar los sistemas locales de justicia, a partir de la implementación de servicios no existentes, la optimización de los recursos físicos y humanos en los órganos pre-sentes, y la ampliación de la cobertura dentro del territorio municipal.

En desarrollo de lo anterior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, presenta esta investigación realizada por Corporación Razón Pública, en la que se propone el diseño, la implemen-tación y el acompañamiento de un Sistema Local de Coordinación de Justicia que garantice la presencia de los operadores de justicia en los distintos municipios del país. La propuesta que allí se plantea contiene una gran estrategia de coordinación, que pretende integrar, de manera articulada y coordinada, las instituciones operadoras de la justicia for-mal y no formal según la dinámica propia de cada una de las realidades

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Contextualización: El Estado Diluido

Edgar Ricardo Serrano NavarroMaría del Pilar Marín Rivas

Susan Suárez Gutiérrez

En la actualidad Colombia se enfrenta al reto de consolidar “la presencia efectiva de la institucionalidad estatal en los territorios de mayor incidencia histórica de las organizaciones armadas ilegales, cultivos ilícitos y bandas al servicio del narcotráfico”1, toda vez que el Estado no ha logrado garantizar una cobertura plena, integral y eficaz de su institucionalidad a lo largo del territorio nacional, permitiendo la “conformación de un conjunto de regiones desintegradas y des-articuladas de la vida económica, social e institucional del país”2.

Esa presencia estatal se ha concentrado históricamente en lo que se conoce como el “triángulo de oro”3, dejando abandonadas extensas zonas geográficas, a donde solo llega de manera débil, esporádica y con baja calidad. Es así como en las grandes capitales se cuenta con toda la gama de instituciones y funcionarios, de tal manera que la ciudadanía puede acceder con relativa facilidad a sus servicios; por el contrario, en las regiones periféricas y, en espe-cial, en las zonas de consolidación dicha presencia ha sido diluida y

1 Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial – PNCRT-.

Borrador para la discusión interna. Bogotá. 2011. Pág. 3.

2 IBÍDEM. Pág. 3

3 Llamada de esa forma por estar ubicada en medio de un triángulo conformado

por las tres principales ciudades del país, Bogotá, Medellín y Cali. En su interior

se encuentran ciudades como Pereira, Manizales, Armenia, Ibagué, Girardot,

Neiva, Buga, etc. Se le considera importante debido al papel que dicha región

juega en el escenario nacional, como por ejemplo: 10% del territorio, 56% de la

población, 76% del producto interno bruto, 76% de la producción manufacture-

ra, 72% de la industria de la construcción, 75% del comercio, 73% del sector de

servicios, 77% del café, 60% de la población económicamente activa, 69% de la

capacidad instalada de la red eléctrica.


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la mayoría de la población de estos municipios no cuenta con el respaldo, los servicios y las oportunidades que ofrece el Estado.

Si a ello se suma que los municipios de consolidación se encuentran por encima de la media de las NBI del resto del país, y que dentro de estos, aquellos que tienen vocación rural están en condiciones aún más vulnerables7, se puede entonces afirmar que los más necesitados disponen de menor institucionalidad.

De lo anterior se concluye que las regiones más apartadas y periféricas, tanto en términos nacionales como intramunicipales, donde habitan las comunidades más vulnerables y vulneradas, no son atendidas por la institucionalidad estatal. Allí en donde debería haber más Estado es, precisamente, en donde menos hay.

Este vacío institucional ha propiciado que grupos armados ilegales impongan el control en los territorios y sus poblaciones8, instaurando una institucionalidad paralela que le disputa el monopolio y la legitimidad al Estado.

invierte esta proporción, toda vez que la mayor proporción de su población

está ubicada en la zona rural: 72.6%.

7 Según datos del DANE, la media nacional de NBI es de 53, de los municipios de

consolidación con vocación urbana es de 61.2, mientras que los rurales son 70.3.

8 PNCRT. Op. Cit. Pág. 6. “Una de las consecuencias del vacío de Estado es el con-

trol ilegal del territorio. Es decir, la suplantación de las instituciones estatales de

regulación y control por estructuras y organizaciones ilegales que asumen el

monopolio ilegal del poder y la capacidad coercitiva”.

precaria, no solo en términos cuantitativos (muy poca instituciona-lidad, escasos recursos y pocos programas), sino cualitativos (fun-cionarios desmotivados, mal remunerados y poco capacitado)4.

A los municipios que hoy hacen parte de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial – PNCRT - no ha llegado ni todo el Estado (faltan jueces, fiscales, ICBF, Medicina Legal, Policía Judicial, defensores públicos, etc.), ni el mejor; es decir, sus funcionarios no son los más especializados o capacitados. Peor aún, la débil presencia institucional en estos apartados municipios se concentra en las cabeceras municipales, diluyéndose hacia las zonas más apartadas y rurales, las cuales se encuentran en total olvido y abandono.

Si se tiene en cuenta la división intramunicipal ofrecida por el DANE, se puede afirmar que la poca institucionalidad estatal presente en estos municipios se encuentra concentrada en la cabecera municipal; de manera esporádica acude a los centros poblados, y nunca o de manera excepcional llega a la zona rural dispersa; y aunque la mayoría de la población nacional se encuentra ubicada en las zonas urbanas (76%), no ocurre lo mismo en la mayoría de municipios de consolidación5, en donde el promedio es de 72.6%6. Es decir,

4 Incluso esta precariedad se mantiene y refuerza al exigir la Ley requisitos dife-

rentes para los funcionarios que ejercen en municipios de categoría especial y

aquellos que lo hacen en categoría quinta o sexta.

5 De los 51 municipios, 18 (35%) tienen la mayor cantidad de población en la cabe-

cera municipal, pero 33 (65%) cuentan con mayor proporción en zona rural.

6 Según el DANE, la mayoría de la población nacional se ubica en zonas urbanas

con un 76%, mientras que en la mayoría de los municipios de consolidación se


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esos ejércitos de ocupación, el consumo de los servicios que presta el Estado, garantizando para ello el establecimiento de redes de distribución (presencia básica y óptima – restricciones operativas), y generando hábitos de consumo (credibilidad, confianza y legiti-midad – barreras de acceso).

¿Cómo hacerlo?Desplegando la mayor institucionalidad posible; es decir, llevando el Estado de manera integral y permanente allí, a esas zonas en donde ha tenido una débil presencia.

Para el campo de la Administración de Justicia, aportando la mayor cantidad posible de operadores, quienes deben contar con las condi-ciones logísticas y operativas necesarias, y con las habilidades éticas, teóricas y prácticas requeridas para un óptimo servicio. La clave es “estar” y “de manera óptima”; es decir, contar con el equipo humano y técnico necesario para responder de manera más eficiente y eficaz que la “competencia”.

Sin embargo, el “estar” no es suficiente. Colocar más jueces y fiscales en estos municipios no implica necesariamente el aumento en los niveles de acceso a la justicia, toda vez que pueden existir resistencias informativas, económicas, geográficas o culturales que impiden que las comunidades se acerquen a solicitar sus servicios. Por esta razón, al tiempo que se deben mitigar las restricciones operativas10

10 En el Comité Técnico de la presente consultoría, celebrado el 28 de diciembre,

se definieron como restricciones operativas aquellas dificultades que presentan

las instituciones para garantizar el acceso a la justicia de la ciudadanía, den-

tro de las cuales se señalan: procesales, presencia, comunicación, pertinencia,

Esta realidad invade todos los niveles del tejido institucional, incluido, claro está, aquel segmento encargado de administrar justicia; así las cosas, la presencia desigual del sistema jurisdiccional trae consi-go varias consecuencias; una de ellas, la ilegitimidad del Estado y la utilización de otros actores por parte de las comunidades.

Surge “otra institucionalidad” que atiende con mayores grados de efectividad, eficiencia y eficacia el permanente flujo de demandas sociales, la cual desplaza la institucionalidad estatal que ya no mono-poliza la prestación de servicios (entre ellos, los de Administración de Justicia) y, por el contrario, ahora se encuentra obligada a competir con aquella9.

¿Qué se debe hacer?Para acabar con los cimientos de esa institucionalidad paralela y, simultáneamente, incrementar los niveles de confianza y legitimidad del Estado se debe recuperar el control territorial y el monopolio del ejercicio de la fuerza y de la aplicación de la Ley, a través del diseño y la implementación de estrategias que le permitan llegar a todos los rincones de esos territorios. En primera instancia, eliminando la ame-naza y los poderes de facto y, luego de ello, capturando la confianza y la solidaridad de las comunidades, toda vez que la seguridad es una condición necesaria pero no suficiente.

Para competir con esa institucionalidad foránea, el Estado debe ejecutar tácticas que faciliten a las comunidades sometidas por

9 IBÍDEM. Pág. 6. “En algunas regiones, el monopolio legítimo de las armas y de

la Ley no ha correspondido a ninguno de estos dos conceptos: no ha sido un

monopolio, y no ha sido legítimo”.


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que impiden o dificultan la presencia permanente y óptima de la institucionalidad, también se debe trabajar en procura de reducir las barreras11 que limitan el acceso de la población a la Administración de Justicia. Fortalecimiento institucional y acercamiento a la co-munidad son las dos caras de la moneda de la Consolidación y Reconstrucción Territorial.

logística, movilidad en el territorio, articulación horizontal y vertical, articulación

con la Fuerza Pública y conocimiento.

11 En ese mismo espacio se definieron como barreras de acceso a la justicia “aquellas

circunstancias que impiden o dificultan que el ciudadano acceda a la justicia,

señalando las siguientes: geográficas, falta de información, económicas, cultu-

rales y actores armados y delincuencia común”.


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2Sistema Local de

Coordinación de Justicia - SLCJ -

Para alcanzar los objetivos señalados se propone el diseño, la implementación y el acompañamiento de un Sistema Local de Coordinación de Justicia12 – SLCJ - que garantice la presencia óptima y básica13 de los operadores de justicia en todo el territorio municipal, de manera tal que a través de su articulación y comunicación logre maxi-mizar los recursos disponibles, disminuir las restricciones operativas y mitigar las barreras de acceso a la Administración de Justicia que afectan a las comunidades.

2.1. ELEMENTOS DEL SLCJ

2.1.1. ActoresPara lograr la integración e integralidad propuestas, el SLCJ cuenta con la participación de un conjunto de instituciones cuyo rol y prepon-derancia estarán determinadas por la función que realicen ya sea en cada uno de los modelos, como en los distintos componentes y

12 Un sistema se puede definir como un conjunto de instituciones y organismos

que, ordenadamente relacionados entre sí, contribuyen metódicamente a un

determinado fin, en desarrollo de valores, reglas y principios enlazados cohe-

rentemente entre sí.

http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/P_ciudad/obj/pdf/sicf15-po-

nenciaseminariola%20Alberto%20Leon%20Gomez.pdf. Consultado el 12 de

diciembre de 2011.

13 Entendida esta como la presencia permanente o frecuente de los operadores

de las distintas justicias en cada una de las categorías o modelos construidos,

quienes cuentan con los requerimientos éticos, teóricos, prácticos, técnicos y

logísticos necesarios para su buen desempeño, así como con las condiciones

de movilidad y seguridad exigidas para el cumplimiento de sus deberes a lo

largo del territorio municipal.


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por todo el territorio. La intención es que las otras áreas de oferta entren a apoyarla, en especial la Justicia Formal Judicial pues gracias a sus condiciones técnicas puede convertirse en la piedra angular de todo el sistema.

De esta forma, se allana el camino para que el Estado haga presencia real y efectiva en todos los rincones del territorio nacional y aumente sus niveles de legitimidad, incluso en aquellos lugares que histó-ricamente han escapado a su control y jurisdicción, en tanto que cada vereda, barrio, corregimiento o centro poblado contará con un representante que administra justicia en su nombre.

ComplementariosPara garantizar la integralidad de las funciones del Sistema se requiere complementar la oferta institucional con otros actores que en la actualidad prestan sus servicios de manera diluida y poco efectiva, debilitando la atención en asuntos tales como el de los niños, niñas y adolescentes infractores de la normatividad penal, el reclutamiento forzoso o la legalización de capturas (ver acápite de articulación funcional con la Fuerza Pública).

Por lo anterior, y en aras de fortalecer la efectividad y eficiencia del SLCJ, se requiere la presencia (permanente o por lo menos frecuente) de instituciones clave como ICBF, Medicina Legal, Defensoría Pública, Policía Judicial y jueces de garantías.

Además de los anteriores actores, el Sistema cuenta con los Consultorios socio–psico–jurídicos – CSPJ, como un engranaje fun-damental para la articulación no solo de los componentes (oferta,

estrategias, teniendo presente la fase de consolidación en la que se encuentren. Estos aspectos se hallan claramente identificados en el capítulo de descripción del Sistema.

Teniendo en cuenta el peso que juegan dentro del mecanismo interno del Sistema y la disponibilidad actual de los recursos, se han clasificado en:

BásicosEste SLCJ integra la oferta del sector justicia que hace presencia en los municipios, a saber: 1.- Justicia formal judicial integrada por juzgados y fiscalías; 2.- Justicia formal administrativa constituida por inspecciones de policía, corregidurías y comisarías de familia; y 3.- Justicia no formal conformada por MASC (conciliación y arbitraje), Jurisdicciones Especiales (justicia de paz, justicia étnica) y media-dores (JAC, líderes, párrocos, etc.)14; y lo articula de manera diferen-ciada en cada uno de los modelos diseñados, teniendo en cuenta las etapas que integran el proceso de consolidación establecido en la PNCRT.

Debido a las condiciones de seguridad que presentan estos munici-pios y a la precariedad institucional que padece el Estado colombiano especialmente en estas zonas, la estrategia se encamina a fortalecer la justicia no formal ya que dispone de una presencia permanente en los tres modelos propuestos y que, dada la cercanía con las comu-nidades, facilita los propósitos de acceso a la justicia y su movilidad

14 Esta clasificación de las justicias y sus operadores fue aprobada el 28 de diciem-

bre de 2011 por el Comité de Seguimiento, creado para acompañar el desarrollo

de esta consultoría.


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“categoría especial”, debido a que no hace parte del mundo intra-municipal sino de la realidad que afecta las fronteras de algunos municipios.

Teniendo en cuenta que muchos ciudadanos tienen dificultades de movilidad para acceder a la oferta de justicia de su municipio y se ven obligados a acceder a la del más próximo, se hace necesario “reconfigurar” las jurisdicciones territoriales.

De otra parte, se requiere la unión de varios municipios o la creación de regiones que posibiliten manejos conjuntos de presupuestos, la búsqueda de recursos de cooperación internacional y la creación de equipos interdisciplinarios y de operadores de justicia que puedan prestar sus servicios en los municipios de cada región o subregión.

2.1.4. ComponentesSe entienden por componentes aquel conjunto de acciones que permiten o posibilitan mitigar las barreras de acceso y las restricciones operativas. Es por ello, que para este SLCJ es esencial proponer su articulación desde el desarrollo de cada uno de ellos. Es decir, el Sistema se articula a partir de la función y no desde los actores, las instituciones o los tipos de justicia. Estos componentes son: oferta, formación y comunicación.

2.1.5. EstrategiasDefinidas como aquellas actividades que garantizan la implemen-tación, el funcionamiento, la evaluación y la sostenibilidad del Sistema. Dichas actividades son: gestión e implementación, articu-lación, seguimiento y evaluación.

formación y comunicación), sino de las estrategias (articulación, imple-mentación, evaluación y seguimiento) y de los modelos (cabecera municipal, centro poblado y zona rural dispersa). Por esta razón, las Universidades se constituyen en actor indispensable del mismo.

2.1.2. Escenarios de actuación - modelosEl SLCJ tiene en el municipio su unidad básica de desempeño aunque reconoce que no es homogéneo en su interior, razón por la cual propone escenarios diferenciados de actuación o modelos, a saber: cabecera municipal, centro poblado y zona rural dispersa, en cada uno de los cuales se articulan y comunican de manera particular los diversos operadores que en estos lugares hacen presencia.

Cada uno de estos modelos cuenta con unas características propias, resultado de la forma como se combinan o entrelazan las restricciones operativas y las barreras de acceso en ellos presentes; por tal razón, y de la misma manera, los componentes que pretenden mitigarlas se fusionan de forma particular para cada uno de estos escenarios.

En otras palabras, si las restricciones operativas y las barreras de acceso son compartidas por los tres modelos propuestos, los componentes que pretenden reducirlas estarán presentes en todos ellos; la diferencia radica en la forma como se articulen los compo-nentes según la fase de consolidación alcanzada y los avances en la ampliación del acceso a la justicia.

2.1.3. Categoría especial regionalAparte de los tres modelos anteriormente descritos, el Sistema prevé un cuarto escenario de actuación que se ha denominado


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Así, en la medida en que se vayan alcanzando los objetivos trazados por la PNCRT y superando cada una de las fases de la Secuencia del Control Institucional del Territorio, el Sistema se irá transformando en su interior, acomodando sus componentes a las nuevas circuns-tancias, hasta que se logre el fin último que es la consolidación territorial. En este punto se entiende superada la amenaza y finali-zada la excepcionalidad, razones por las cuales el Sistema se diluye en políticas públicas de acceso a la justicia.

Simultaneidad en la diferenciaAcatando las disposiciones constitucionales que hacen de Colombia un Estado Social de Derecho, a partir del cual se ordena al Estado realizar todas las actividades necesarias para garantizar el pleno goce y ejercicio del derecho al acceso a la justicia para todos los habitantes del territorio nacional, se hace necesario implementar el SLCJ desde la primera fase del proceso de consolidación; es decir, desde la etapa de recuperación en los tres modelos propuestos y de manera simultánea, aunque de forma diferencial para cada uno de ellos y según la fase de la secuencia en la que se encuentren.

Articulador de la PNCRTPor último, con el diseño e implementación del SLCJ se están arti-culando los pilares en los que se soporta la PNCRT toda vez que observando el principio de secuencia lógica de intervenciones, se operacionaliza el control institucional (imperio de la Ley aumen-tando los niveles de legitimidad del Estado), la participación ciuda-dana (organización comunitaria y participación ciudadana en torno de la Administración de Justicia) y la integración territorial tanto

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL SLCJ

Integrado e integralEs importante señalar que no se propone la creación de un entra-mado institucional paralelo o independiente a la Administración de Justicia; por el contrario, la finalidad del SLCJ es fortalecer la institu-cionalidad existente a partir de la articulación y coordinación de los recursos con que se cuenta en cada municipio, reforzándolos con inversiones estratégicas y focalizadas aportadas por los gobiernos de los diferentes órdenes territoriales y la cooperación internacional.

El avance que se logra con la implementación del SLCJ es la articulación de las diferentes instituciones administradoras de justicia que hacen presencia a nivel local, reforzándolas en aquellos asuntos que por las condiciones de la zona exigen una atención especial, de manera tal que se preste un servicio eficiente y eficaz a partir de una atención integral.

Carácter temporalPor otra parte, se debe tener en cuenta que el SLCJ es un apéndice de la PNCRT y, en esa medida, comparte su naturaleza, la cual ha sido definida como “una intervención con horizonte de tiempo definido”15; es decir, tiene un carácter temporal, no permanente, toda vez que responde a la coyuntura política, económica y militar específica que padece un grupo de municipios16, y su finalidad es aportar a la supe-ración de la misma desde la Administración de Justicia.

15 PNCRT. Op. Cit. Pág. 23.

16 IBÍDEM. Pág. 21. Dichas zonas se caracterizan por la prevalencia de desequilibrio

regional, alteración del orden público, control ilegal del territorio, actividades

económicas ilícitas y condiciones precarias de vida.


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Así, cada Sistema Municipal genera su propio desarrollo, pero en su interior el avance es igualmente diferenciado ya que cada modelo tiene la posibilidad de avanzar por separado (Desarrollo Vertical).

De igual forma, que el Sistema puede avanzar verticalmente, lo puede hacer de manera horizontal; es decir, procurar superar cada fase de la secuencia en los tres modelos simultáneamente.

Es importante señalar que el avance del Sistema de una fase a otra dependerá en gran medida del progreso de la seguridad y de la movilidad con que cuente cada modelo. A mayor seguridad y mejor movilidad, se incrementa la permanencia del servicio.

interna (entre los diferentes modelos propuestos) como externa (al articularse con los otros municipios de consolidación).

Legitimar lo legal Aunque los principales esfuerzos deben concentrarse inicialmente en la complementariedad e integralidad de la oferta estatal, es decir, garantizar la prestación de los servicios de justicia, esta presencia no es suficiente para que las comunidades “consuman” Estado. Para ello se hace necesario legitimarlo. Que la institucionalidad llegue a los rincones del territorio no es condición suficiente para que las poblaciones la demanden, se requiere re-crear en ellas los “hábitos de consumo” que han perdido debido al sometimiento ejercido por las bandas de ocupación.

Esta legitimación de lo legal (entendida como la normatividad y la institucionalidad estatal) y de la legalidad (en términos culturales) no es espontánea, genética o natural; por el contrario, exige esfuerzos políticos, económicos y pedagógicos para su consecución, razón por la cual el SLCJ prevé como componentes fundamentales la formación y la comunicación.

Avance diferencial y flexibleSi bien existen tres modelos interconectados entre sí, cada uno de ellos tiene la posibilidad de avanzar a una velocidad distinta, generando efectos colaterales en los otros. Es decir, aunque están estrechamente relacionados, cada modelo tiene la oportunidad de desarrollar su proceso de consolidación de manera propia, según condiciones particulares, como por ejemplo seguridad, oferta insti-tucional, fase de consolidación, etc.


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3Descripción del Sistema Local

de Coordinación de Justicia –SLCJ-

3.1. ESCENARIO DE ACTUACIÓN

El diseño del Sistema Local de Coordinación de Justicia –SLCJ- tuvo como insumos fundamentales el inventario de justicia, el diagnós-tico de acceso a la justicia en los municipios de consolidación, y las reflexiones y propuestas de los operadores de justicia consultados, teniendo como referente la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial – PNCRT -.

Además de ello, las reuniones de validación con expertos e institu-ciones comprometidas con el tema, cuyos aportes y reflexiones se recogen en esta propuesta.17

En la perspectiva de construir el SLCJ, un primer esfuerzo se dirigió a obtener una caracterización y agrupación municipal de consoli-dación, de modo que ahondara en el reconocimiento de las reali-dades municipales y se contara con un escenario de actuación de diseño e implementación diferenciada del Sistema.

Para ello se tuvieron en cuenta en un primer momento variables socioeconómicas, de conflictividad (criminalidad, violencia), demo-gráficas, geográficas, relación oferta y demanda de justicia, entre otras. Luego, a partir de fuentes primarias y secundarias, se identi-ficaron en total 112 variables tales como desplazamiento forzado, cantidad de cárceles, comisarías de familia, entre otras. De su análisis y cruce, se seleccionaron 45 como crecimiento de la actividad gana-dera, proyectos en DD HH, recepción de regalías, concentración de

17 La metodología que siguió la consultoría se encuentra al final como docu-

mento anexo.


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de dicho programa y a la atención que han recibido por parte de los operadores de justicia; a estos dos indicadores se sumó el porcen-taje de población rural; debido a las diferencias que se observa-ron entre los municipios con mayorías urbanas y rurales durante el desarrollo de los talleres de indagación. La combinación arrojó clusters interesantes, razón por la cual se añadió la variable de NBI rural y se logró clasificar los municipios en dos grupos con alta homo-geneidad interna y heterogeneidad externa. Al categorizar con estas cuatro variables, se encontraron dos segmentos con sentido que ameritan atención y validan la hipótesis encon-trada en los talleres de indagación respecto a la homogeneidad y dife-renciación de los municipios con un mayor componente rural que otros; de ahí la necesidad de tener en cuenta el factor urbano-rural en el modelo de justicia.

habitantes, etc. Luego de revisar los resultados de dicha combinación se concluyó que la selección obtenida no se relacionaba con el derecho de acceso a la justicia, razón por la cual el equipo de consultores continuó definiendo variables para la diferenciación.

Tras varios intentos, se redujo la tabla de variables a ocho relacio-nadas con pobreza, servicios públicos y presencia de algunos ope-radores de justicia; posteriormente, a tres: índice de pobreza, tasas de homicidio y presencia de comisarías de familia; finalmente, se agregó cantidad de población, pero esta variable arrastraba a las otras, así que la propuesta fue desechada.

Ante esta situación, el Comité Técnico propuso incluir los logros 43 y 44 de la Red Juntos, toda vez que se refieren específicamente al conocimiento de las necesidades jurídicas por parte de las familias

Tabla categorización municipalResúmenes de casos

Número inicial de casos NBI RESTO POBLACIÓN RESTO LOGRO 43 ALCANZADO LOGRO 44 ALCANZADO

Grupo 1

Municipios 18 18 18 18

Afinidad 0,91 0,63 1,05 1,01

Media 61,2 37,9 25,3 71,8

Grupo 2

Municipios 33 32 31 31

Afinidad 1,05 1,21 0,97 0,99

Media 70,3 72,6 23,4 70,8

TotalN 51 50 49 49

Media 67,1 60,1 24,1 71,2


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En términos generales, barreras geográficas y económicas, y restric-ciones operativas como presencia, movilidad y articulación deter-minaban diferencias entre las cabeceras municipales, los centros poblados y las zonas rurales dispersas.

Ante ello se optó por las siguientes categorías, cuya definición es la siguiente19:

Cabecera Municipal

Corresponde al área más densamente poblada del municipio y lugar donde

funciona la sede de la Alcaldía Municipal. Su área geográfica está definida por un perímetro urbano,

cuyos límites se establecen por “acuerdos” del Concejo Municipal.

Centro Poblado

Son concentraciones de edificaciones conformadas por 20 o más viviendas contiguas o

adosadas entre sí. Corresponde a los caseríos, inspecciones de policía

y corregimientos pertenecientes al área rural del municipio.

Rural

Corresponde al área que está por fuera del perímetro urbano de la cabecera municipal. Puede estar constituido por centros poblados y población

dispersa. (Resto del municipio).

19 Definición del DANE, disponible en:

http://www.dane.gov.co/files/etnicos/cartilla_quibdo.doc. Consultado el 29 de

diciembre de 2011.

Como se observa en la tabla, el grupo 1 con 18 municipios tiene predominancia de población en la cabecera municipal, menos nece-sidades básicas insatisfechas y un mayor conocimiento y acceso a la justicia. Esto en comparación con el grupo 2 en donde predominan los municipios con un porcentaje mayor de población ubicada en la zona rural, con NBI más altas que la media, mayor desconoci-miento de sus derechos y menor acceso a la justicia18.

Sin embargo, al analizar las variables obtenidas se concluyó que a partir de ellas, y teniendo al municipio como unidad de obser-vación, no se podía llevar a cabo una diferenciación que posibi-litara la caracterización y el diseño de modelos de implementación y articulación diferenciales, elementos fundamentales para la formulación del SLCJ.

Frente a ello, se acudió a la información obtenida durante la consul-toría, en especial la relacionada con barreras de acceso a la justicia y restricciones operativas, y se encontró que era en la dimensión intramunicipal donde se identificaban las diferencias.

Por ejemplo, se evidenció que los habitantes ubicados en la cabe-cera municipal de Puerto Asís no contaban con una restricción geográ-fica que les impidiera el acceso a las autoridades de justicia, como sí la tenían los habitantes de la zona rural. En el caso de Catatumbo, la precaria presencia física y permanente de fiscales, ICBF, Medicina Legal, entre otras entidades, obligaba a la ciudadanía a desplazarse a Ocaña y Cúcuta.

18 Ver ANEXO 1 Categorización municipal


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• Recuperación: identificada con el color rojo, se fundamenta en la provisión de seguridad, la protección al ciudadano, la aspersión a cultivos ilícitos, la activación de alertas tempranas para la protección y prevención de los Derechos Humanos, y la atención humanitaria de emergencia.

• Transición: se identifica con el color amarillo y comprende las tres primeras secuencias de la recuperación del territorio; manteniendo las acciones centrales de recuperación del terri-torio, la erradicación de cultivos ilícitos y a estas se les suma el desarrollo institucional, la recuperación de territorios o áreas protegidas, los mínimos conseguidos para la protección social, la presencia de la Registraduría, la clarificación de los derechos de propiedad, el desarrollo alternativo y el apoyo a las iniciativas productivas y los programas de reconversión.

• Estabilización: se identifica con el color verde y se produce cuando existen bases sólidas para desarrollo institucional, sustentadas por las capacidades administrativas y fiscales y la provisión de servicios públicos. Igualmente, cuando la protección ciudadana se materializa con la presencia efectiva de la Policía, Fiscalía y jueces especializados, cuando hay una atención permanente en salud, educación y protección a la familia; y han sido clarificados los derechos de propiedad, cuando los territorios están libres de cultivos ilícitos. Y, finalmente, cuando opera la justicia y la comunidad tiene acceso a este derecho.

Se contó entonces con dos variables: la primera referida a los modelos (categorización intramunicipal: cabecera municipal, centro poblado y rural disperso); la segunda, a las etapas de la Secuencia del Control Institucional del Territorio (rojo, amarillo y verde).

La diferenciación obtenida posibilitó panoramas más claros de actuación en aras de garantizar el derecho al acceso a la justicia en las zonas de consolidación, de modo que estos se constituyeron en los MODELOS del SLCJ.

Una vez definidos, se hizo necesario leerlos en el marco de las directrices, objetivos y perspectivas de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial –PNCRT-.

Se parte de reconocer que la PNCRT tiene carácter transitorio y que ese mismo debe orientar la definición del Sistema20. En ese sentido, se tuvieron en cuenta las fases de la Secuencia del Control Institucional del Territorio21 de modo que hubiera correspondencia.

Si bien se plantea la existencia de cinco fases (alistamiento, recu-peración, transición, estabilización y consolidación), se optó por no incluir en el SLCJ la primera y la última. La de alistamiento porque se percibe como un escenario de sensibilización y de ambientación administrativa y política que no requiere el Sistema para empezar a operar. Y la de consolidación porque esta fase implica el control institucional y, en ese sentido, el SLCJ ahí se vuelve permanente y se diluye en políticas públicas; ya no hay un Estado de emergencia.

Así las cosas, el SLCJ consideró las fases de recuperación, transición y estabilización, cada una de las cuales corresponde a la siguiente descripción:

20 PNCRT. Op. Cit. Pág. 34.

21 IBÍDEM. Pág. 3.


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barreras de acceso a la justicia de tipo geográfico, de movilidad o económico, aunque están presentes las restricciones operativas propias del Sistema Judicial colombiano. En términos de la secuencia de consolidación, todas están en la fase de transición, lo que implica que tanto operadores de justicia como ciudadanía cuentan con condi-ciones de seguridad.

Centro poblado: concentran un importante número de población, muy ligada a la vida rural. Reúne poca institucionalidad encargada de administrar justicia. En algunas ocasiones cuentan con inspec-tores de policía y esporádicamente con comisarios de familia. Se presentan barreras de acceso geográficas, económicas y culturales, en tanto que se asume la justicia del Estado como distante. En esta categoría se incrementan los problemas de seguridad; solo gozan de condiciones seguras aquellos que se encuentran más próximos a las cabeceras municipales.

La intersección entre las variables horizontal y vertical posibilitó la creación de nueve escenarios diferentes de actuación, teniendo en cuenta que los acentos de cada etapa de consolidación son dife-rentes, así como las realidades y las necesidades de cada categoría intramunicipal.

Estos escenarios de actuación se articulan a través de los tres modelos, los cuales se constituyen en la estructura del SLCJ.

3.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS TRES MODELOS

Cabecera municipal: de acuerdo con la información recolectada, 18 de los 51 municipios de consolidación tienen la mayor cantidad de población en las cabeceras municipales, en donde se encuentra asentada la institucionalidad con que cuenta el municipio, incluida la encargada de administrar justicia. Su dimensión espacial no presenta


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• El derecho al acceso a la justica exige acciones integrales que permitan la presencia real y efectiva del Estado y la partici-pación activa de la ciudadanía.

• Para lograr lo anterior, se requieren condiciones objetivas (recursos físicos, logísticos, técnicos y financieros para los operadores; y movilidad que le permita a la comunidad acceder a la oferta de justicia, por ejemplo).

• Pero también se necesitan condiciones subjetivas (los opera-dores cuentan con herramientas éticas, teóricas y prácticas; y la ciudadanía confía y cree en la justicia del Estado, entre otros). En otras palabras, el nombramiento de jueces y fiscales en el muni-cipio no asegura el acceso a la justicia si los habitantes siguen creyendo que el Estado no es legítimo, desconfían de las institu-ciones o desconocen sus derechos y deberes.

Teniendo en cuenta la característica de la integralidad, cada uno de los componentes se dirige con especial énfasis a una barrera o una restricción, lo que no quiere decir que no mitigue las demás. De hecho, todas se articulan y se orientan a ganar confianza, legitimidad y credibilidad, penetrando con ello, la legitimidad de la institucio-nalidad paralela.

Además de lo anterior, resulta indispensable partir de las realidades y dinámicas de cada modelo, y de la pertinencia de las propuestas y probabilidad de ejecución de las mismas.

Dicho ejercicio permitió la creación de los siguientes compo-nentes, cada uno de los cuales corresponde a una o más barreras o restricciones:

Zona rural dispersa: se identifican todas las barreras de acceso y restricciones operativas, en tanto que no se cuenta con ningún servicio de Administración de Justicia, salvo la atención que puedan prestar las comisiones de convivencia y conciliación de las JAC y en algunos municipios conciliadores en equidad y autoridades étnicas (indígenas y afrocolombianos). A nivel de otras instituciones del Estado, es importante señalar que allí hacen presencia los sectores salud y educación, circunstancia que debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar estrategias de articulación e implementación del Sistema en cada modelo. En términos de seguridad, todas las zonas rurales de los municipios de consolidación se encuentran en la fase de recuperación, razón por la cual solo hay presencia militar.

Según la categorización municipal realizada en el marco de esta consultoría, 33 de los 51 municipios de consolidación tienen la mayoría de su población en esta zona.

3.3. COMPONENTES, ESCENARIOS DE LA ARTICULACIÓN

El análisis de las barreras de acceso y las restricciones operativas en los municipios de consolidación, logrado a partir de la infor-mación recolectada durante la consultoría, no solo permitió diseñar el escenario de actuación del SLCJ sino las alternativas para mitigar dichas barreras y restricciones.

Se constituyeron entonces los componentes, entendidos como conjuntos de acciones que posibilitan enfrentar barreras y restric-ciones, cuya definición tuvo en cuenta los siguientes referentes:


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del Estado, deberes y derechos ciudadanos, rutas de acceso a la justicia y procedimientos las representaciones sociales que invisibilizan y deslegitiman al Estado, y la desarticulación horizontal de los opera-dores de justicia, así como el desconocimiento de la normatividad.

Este componente está planteado a partir de la ciudadanía y de los ope-radores de justicia, teniendo en cuenta que cada uno de ellos determina intencionalidades, didácticas y desarrollos diferentes, sin perjuicio de que se interrelacionen dentro de los procesos de formación.

Comunicación Comprende el diseño y la implementación de procesos comunicativos que involucran a todos los actores del SLCJ, permitiendo contrarrestar barreras y restricciones, y dejar capacidad instalada. En ese sentido, plan-tea la creación de canales de comunicación entre la ciudadanía y los opera-dores, formación para la comunicación, generación de dinamizadores de procesos comunicativos, diseño y desarrollo de estrategias de comuni-cación que fortalezcan aquellos temas que posibilitan el acceso a la justicia.

Este componente se dirige a mitigar barreras geográficas, económicas, culturales, presencia de actores armados y delincuencia común, y restricciones operativas relacionadas con la falta de comunicación y de articulación, y debilidades procesales. Por ello, involucra de diferentes maneras a los actores del SLCJ, observando los diferentes modelos y fases de la PNCRT.

Como se indicó anteriormente, cada componente enfrenta una o varias barreras de acceso a la justicia y restricción operativa, de la siguiente manera:

OfertaInvolucra acciones que tienen que ver con:• Presencia de los operadores por tipo de justicia (administrativa,

judicial y no formal), e incluye la creación de estímulos para am-pliar la cobertura de justicia. Además de ello, la generación y/o el fortalecimiento de espacios articuladores de la oferta de justi-cia, y de equipos interdisciplinarios (Socio-psico-jurídico).

• Permanencia, referida a la frecuencia del tipo de oferta de justicia en cada modelo del SLCJ (cabecera municipal, centro poblado y zona rural dispersa).

• Logística, relacionada con todas aquellas iniciativas que permiten a los operadores de justicia ejercer sus funciones en condiciones adecuadas.

• Aprestamiento, tiene que ver con aquellas acciones que permiten mejorar los perfiles de los operadores de justicia, las compe-tencias institucionales, los procedimientos y las rutas de atención instituciones e interinstitucionales.

• Transparencia, asumida como aquellas acciones que posibilitan la generación de confianza en el Estado, a través de mecanismos de control social ciudadano (rendición de cuentas y auditorías visibles). Así mismo, se consideran acciones que redundan en la eficiencia de la atención al ciudadano.

Para cada uno de estos subcomponentes se plantean diferentes estra-tegias o conjunto de acciones que permiten concretar los propósitos trazados. Estas se encuentran en el ANEXO 15 “Desarrollo del SLCJ”.

FormaciónArticula acciones dirigidas a contrarrestar todas aquellas barreras y restricciones cuyo origen es la falta de conocimiento sobre funciones


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RELACIÓN COMPONENTE/BARRERA-RESTRICCIÓNREFERENTES DE LA BARRERA COMPONENTE

BARR

ERA

S

GEOGRÁFICA

Conectividad (Infraestructura de comunicación, distancia carreteras, internet, servicios públicos,

medios de movilidad); fenómenos climáticos, clima, productividad y temporadas laborales.

OFERTA- PERMANENCIAOFERTA – PRESENCIA

COMUNICACIÓN

FALTA DE INFORMACIÓN

Asuntos que pueden ser tramitados por el sector justicia; deberes y derechos; rutas de acceso;

naturaleza de la norma; funciones de las instituciones.

COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN

ECONÓMICAS Costos de acceso; peso sobre el ingreso; recurrencia del gasto (cuántas veces hay que ir).

COMUNICACIÓN

OFERTA - PERMANENCIAOFERTA - PRESENCIA

CULTURALES

Procedimientos adaptativos; resistencia voluntaria de acceso a la justicia; acceso a grupos ilegales; desconfianza en la justicia; cultura del silencio;

percepción de corrupción; legitimidad.

COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN

OFERTA-PERMANENCIAOFERTA-TRANSPARENCIA

ACTORES ARMADOS Y DELINCUENCIA

COMÚNCOMUNICACIÓN Y FORMACIÓN


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RELACIÓN COMPONENTE/BARRERA-RESTRICCIÓNREFERENTES DE LA BARRERA COMPONENTE

REST

RICC

ION

ES O

PERA

TIVA

S

PROCESALES FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PRESENCIA OFERTA-PRESENCIAOFERTA-PERMANENCIA

COMUNICACIÓN COMUNICACIÓNOFERTA LOGÍSTICA

PERTINENCIA OFERTA-PRESENCIAOFERTA LOGÍSTICA

LOGÍSTICA OFERTA LOGÍSTICA

MOVILIDAD EN EL TERRITORIO OFERTA - PERMANENCIA

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

COMUNICACIÓN Y FORMACIÓNOFERTA PERMANENCIA

OFERTA APRESTAMIENTOOFERTA LOGÍSTICA

ARTICULACIÓN CON LA FUERZA PÚBLICALas estrategias para mitigar esta restricción se presentan más adelante. OFERTA-PRESENCIA

CONOCIMIENTO FORMACIÓNOFERTA - APRESTAMIENTO

La articulación o el cruce de los modelos (cabecera municipal, centro poblado y rural disperso); de las fases de consolidación (recuperación, transición y estabilización); y de los componentes (oferta, formación y comunicación) da origen al Sistema Local de Coordinación de Justicia.


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4Estrategias

4.1. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN

Según lo indica el análisis de las barreras y las restricciones identi-ficadas, el acceso a la justicia en las zonas de consolidación lo posi-bilita la oferta, el conocimiento y la comunicación. Quiere decir ello que son los componentes los que impulsan la articulación del SLCJ.

Sin embargo, se hace necesario precisar que para esta propuesta la articulación se desarrolla en cinco sentidos. El primero, en términos de función, toda vez que posibilita trabajar la integralidad que exige el derecho al acceso a la justicia. El segundo, en coordinación, teniendo en cuenta que se requieren instancias que dinamicen y movilicen el SLCJ. El tercero, porque las zonas de consolidación exigen tener en cuenta el tema de seguridad, lo que implica necesariamente la vinculación de actores ajenos a la Administración de Justicia, pero que deben garantizar el servicio. El cuarto, relacionado con la cate-goría especial regional. Y el quinto, referido a la Justicia Étnica.

4.1.1. Estrategia de articulación funcional

4.1.1.1. Estrategia de articulación funcional - componente ofertaEstá integrada por los tres modelos (1- cabecera municipal, 2- centro poblado y 3- rural disperso), los cuales, a su vez, están conformados por diferentes actores:

• Equipo mínimo de justicia: justicia formal judicial, justicia formal administrativa, justicia no formal y consultorios socio-psico-jurí-dicos – CSPJ -.


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El CSPJ, por su carácter transversal, hará presencia permanente en el modelo 1, y frecuente en los modelos 2 y 3. Para ello, implemen-tará estrategias presenciales, virtuales y comunicativas (uso de medios de comunicación) para fortalecer la oferta institucional, asesorando de manera permanente a los operadores de justicia y a la comu-nidad en general.

La estrategia provee instrumentos que favorecen la articulación y el cumplimiento de funciones: rutas de atención, guías de compe-tencias y procedimientos, entre otros.

La propuesta se centra en el fortalecimiento de la justicia no formal; en esa medida, la estrategia propone acciones para el reconoci-miento de estos operadores, en especial si se tiene en cuenta que los actores son diferentes en cada modelo.

Por otro lado, contempla actividades que permiten el monitoreo y la evaluación del SLCJ: identificación de barreras y restricciones; y de necesidades jurídicas insatisfechas. Además, medición de avances en el derecho al acceso a la justicia.

• Equipo complementario de justicia: ICBF, Medicina Legal, Policía Judicial y Defensoría Pública.

La estrategia se estructura en lo siguiente:

En cada modelo hay un Actor Preeminente (AP), definido así porque es el que tiene mayor reconocimiento por parte de la ciudadanía y, en tal sentido, resulta fundamental para impulsar las iniciativas propuestas y también como estrategia de implementación del SLCJ. Para el modelo 1, el AP es la justicia formal judicial. Para el modelo 2, la justicia formal administrativa. Y para el modelo 3, la justicia no formal.

La cercanía en términos físicos y culturales con la comunidad deter-mina la permanencia de los actores jurisdiccionales:

Modelo 1: Todas las clases de justicia son permanentes.

Modelo 2: La justicia administrativa y la no formal son permanentes. La justicia formal judicial es frecuente.

Modelo 3. La justicia no formal es permanente. La administrativa es frecuente y la judicial es esporádica (se puede dar mediante brigadas móviles de justicia, por ejemplo).

La diferencia entre frecuente y esporádico está determinada por la periodicidad de la presencia de los operadores en cada uno de los modelos.


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Plano B- Barreras de acceso a la justicia: están presentes ciudadanía, comunidad educativa y administración municipal - Secretaría de Educación. Los procesos de formación corresponden tanto a la edu-cación no formal como a la formal, teniendo en cuenta que además de operadores de justica se involucra a la educación básica.

El consultorio socio-psico-jurídico se ubica en medio de los dos planos pues entra a apoyar los procesos de formación.

La estrategia se basa en lo siguiente:

Todos los actores involucrados se conciben como sujetos de formación y formadores, sin que ello niegue la posibilidad de contar con expertos o instituciones formales para realizar la capacitación. El carácter de formadores surge de la posibilidad de que los operadores enseñen a la comunidad y a otros operadores sus competencias y procedimientos, lo que permite reconocerse mutuamente y generar instrumentos de articulación. Este mismo sentido aplica para los demás actores de la estrategia.

Los temas de formación que se plantean para el plano A son: competencias, rutas, procedimientos, investigación-medición, SLCJ, sensibilización comunitaria y otras temáticas especializadas (Justicia Transicional, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, protocolo de atención a víctimas, violencia intrafamiliar, entre otros).

Para el plano B, como se indicó anteriormente, se involucran la comunidad educativa. El propósito es que en los Proyectos Educativos Institucionales –PEI- se incluya la formación en

4.1.1.2. Estrategia de articulación funcional - componente formaciónAl igual que la anterior, esta estrategia la integran los tres modelos (1- cabecera municipal, 2- centro poblado y 3- rural disperso), pero su organización observó barreras de acceso a la justicia y restricciones operativas, e integró otros actores como la ciudadanía, la comunidad educativa y la administración municipal-Secretaría de Educación, teniendo en cuenta que se requiere potenciar y desarrollar conoci-mientos, habilidades y competencias que fortalezcan la ciudadanía en cuanto al acceso a la justicia.

Dicha organización obedece a que para mitigar esas restricciones y barreras se deben movilizar unos actores específicos, sin que ello signifique que los otros se asuman como sujetos pasivos. Por ejemplo, en el plano de las restricciones resultan claves los operadores de justicia: ya que están directamente relacionados con éstas, aunque es evidente que la comunidad está presente siendo el referente motivacional de la actividad estatal. Asimismo, en el plano de las barreras, la ciudadanía, por ejemplo, juega un papel fundamental ya que se concibe como sujeto activo, sujeto formador y formado, en acción conjunta con los operadores de justicia.

En ese orden de ideas, la estrategia plantea:Plano A- Restricciones operativas: están presentes la oferta de justicia formal judicial, formal administrativa y no formal. Los procesos de formación corresponden a la educación no formal, teniendo en cuenta las necesidades de estos actores del Sistema. Así, por ejemplo, para la cualificación técnica u operativa de un juez no se requiere de un postgrado; esto se podría realizar mediante un diplomado o un seminario.



El Gobierno municipal, frente a su responsabilidad con el servicio educativo, no solo actúa como dinamizador y promotor de las inicia-tivas, sino como medio para impactar otros segmentos poblaciones, toda vez que algunos de los procesos de formación que desarrolla en el municipio se dirigen a jóvenes, adultos mayores, etnias, mujeres, personas en situación de discapacidad, entre otros.

democracia, derechos-deberes, mecanismos alternativos de solución de conflictos -MASC- y SLCJ. Estos mismos temas se proponen para la educación no formal.

La formación en los establecimientos educativos se dirige también a promover en esos espacios operadores escolares de justicia, como por ejemplo personeros y mediadores escolares.

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y mensajes, sino en creadores y dinamizadores de procesos comu-nicativos; ese es el propósito de generar capacidad instalada.

Esto último permite enfrentar una dificultad que se evidenció en muchos de los municipios de consolidación: pese a que se cuenta con emisoras comunitarias, institucionales y hasta comerciales, no se dispone de contenidos para las mismas. Sin duda alguna, si estas poblaciones cuentan con líderes y promotores formados en el campo se dispondrá de manera permanente de programas radiales para fortalecer las parrillas de programación.

Pese a los planos propuestos, la interacción se da entre todos los actores: entre operadores, entre operadores y comunidad, y entre los modelos. Para ello se plantean canales de comunicación e iniciativas que fortalezcan la creación y la operación de dinamiza-dores que impulsen y multipliquen los procesos comunicativos.

4.1.1.3. Estrategia de articulación funcional - componente comunicaciónTambién está integrado por los tres modelos (1- cabecera municipal, 2- centro poblado y 3- rural disperso), organiza sus actores y actividades por restricciones y barreras, e involucra a los niveles de justicia, el CSPJ, la ciudadanía y la administración municipal.

La organización por planos obedece a la necesidad de que los opera-dores se articulen en función de propósitos comunicativos, y no por roles, misiones institucionales o instrumentos informativos. Con ello se gana claridad y precisión a la hora de diseñar y ejecutar las acciones comunicativas propuestas.

Plano A- Restricciones operativas: está presente la oferta de justicia judicial, administrativa y no formal.

Plano B- Barreras de acceso a la justicia: están presentes ciudadanía y administración municipal.

El CSPJ se ubica en medio de los dos planos para apoyar los procesos comunicativos.

La estrategia se basa en lo siguiente:

Los propósitos son permitir el diálogo comunidad-institucionalidad y la generación de capacidad instalada. Por ello, los actores son sujetos activos de las actividades, y no simples receptores. Es decir, los actores del SLCJ no se convierten en lectores o audiencia de folletos


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Las funciones de la Mesa tendrán que ver con la organización, imple-mentación, proyección, gestión y evaluación del SLCJ en el municipio.

Además de ello, procurará obtener información de la implementación, gestión y evaluación del SLCJ en la zona rural dispersa, para lo cual creará mecanismos de recolección de la misma, haciendo uso de los operadores de la justicia administrativa, teniendo en cuenta que en las zonas de consolidación actúan como articuladores o bisagras entre la justicia formal judicial y la justicia no formal (JAC, concilia-dores, comunidades, redes sociales). Esfera RegionalEn cada una de las siete zonas de consolidación se creará y activará una Mesa Regional de Convivencia compuesta por los departa-mentos que las integran, y sus respectivos municipios.

Se trata de un espacio de articulación, coordinación y toma de decisiones sobre aspectos financieros, políticas públicas regionales y formas de articulación de las funciones entre varios municipios. Por ejemplo, la redefinición de jurisdicciones que busca mitigar barreras geográficas.

Cada Mesa Regional de Convivencia estará integrada por un repre-sentante de la Gobernación, del Consejo Seccional de la Judicatura, de la Fiscalía General de la Nación en el ámbito regional y de cada Mesa Municipal de Convivencia. La coordinación estará a cargo del equipo de la zona de consolidación de la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial.

4.1.2. Estrategia de articulación – gestión y coordinaciónEl SLCJ requiere de estrategias de coordinación y gestión que garanticen su implementación, desarrollo y seguimiento22; frente a ello, se plantea que la coordinación quede en manos de la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial teniendo en cuenta su presencia regional y equipo de trabajo; ello representa que estará encargado a nivel muni-cipal, departamental y nacional de realizar las acciones de coordi-nación. De otra parte, para la gestión de los modelos del SLCJ se plantea la siguiente estructura, la cual parte de que la unidad básica del Sistema es el municipio y que exige involucrar el ámbito regional y nacional:

Esfera MunicipalLa gestión del SLCJ en cada municipio estará a cargo de una Mesa Municipal de Convivencia, conformada por el alcalde o su delegado, el personero, y los representantes de los operadores de justicia de las tres formas de justicia (formal judicial, formal administrativa y no formal), garantizando la participación de delegados de los tres modelos propuestos (cabecera municipal, centro poblado y zona rural dispersa). Dependiendo del tema, la Mesa Municipal de Convivencia podrá invitar a sus sesiones o encuentros de trabajo a representantes de otras instancias guberna-mentales, no gubernamentales y de la Fuerza Pública.

22 Se reconoce que el manejo del tema de justicia en la Rama Ejecutiva está a

cargo del Ministerio de Justicia y del Derecho; en razón de ello, es la institución

encargada de velar por el funcionamiento del SLCJ. Sin embargo, y reconocien-

do las limitaciones que dicha entidad tiene en cuanto a recursos económicos,

logísticos y humanos, se propone la Unidad Administrativa de Consolidación y

Reconstrucción Territorial como la que inicialmente se encargue de la imple-

mentación, desarrollo y seguimiento del SLCJ.



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corresponde apoyar y realizar el seguimiento del SLCJ en los 51 municipios de consolidación.

Para realizar esa función se plantea la creación del Comité Nacional de Justicia de Zonas de Consolidación, en el marco del Consejo de Seguridad Nacional; estará integrado por representantes del Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio del Interior, Consejo Superior de la Judicatura, ICBF y un representante de cada Mesa Regional de Convivencia.

Además, desde este espacio se establece el contacto con la instancia municipal correspondiente para velar por el cumplimiento del SLCJ y establecer puente con el orden nacional para informar avances, advertir dificultades y realizar propuestas de fortalecimiento y mejoramiento. Esfera NacionalLa Unidad de Consolidación y Reconstrucción Territorial es la máxima instancia de gestión y coordinación; en tal sentido, le


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En extremo contrario al anterior, se ubica la justicia formal judicial cuya articulación con la Fuerza Pública es imprescindible. Esta justicia llega hasta donde la Policía y el Ejército les garanticen seguridad.

Con la justicia administrativa, la vinculación es frecuente; entre más se aleje de la cabecera municipal, más distante de la Fuerza Pública.

Lo anterior permite inferir una perspectiva de progresividad en la relación de los componentes judicial y militar. En tanto se logre la consolidación militar y policial se garantizará la presencia perma-nente de la justicia formal judicial y administrativa. En otras palabras, el avance de la frecuencia en la oferta es directamente proporcional a la seguridad que se le ofrezca para prestar los servicios.

Ahora bien, la articulación entre Fuerza Pública y sector judicial se diluye en la fase de estabilización; en dicha etapa ningún agente externo debe garantizar justicia ni seguridad; es por ello que el SLCJ allí no plantea articulación.

4.1.3.2. Segunda perspectiva- articulación funcionalEl SLCJ prevé una articulación funcional que permita ganar batallas militares y obtener victorias jurídicas.

De una parte, se empieza por reconocer obstáculos (sumatoria de barreras y restricciones) que impiden una articulación efectiva entre el componente militar y el jurídico: geográficas, falta de información y de comunicación, ausencia institucional y debilidades logísticas. Para ello el Sistema propone los componentes de oferta, formación y comunicación de la siguiente manera:

4.1.3. Estrategia de articulación con Fuerza PúblicaEl SLCJ plantea la articulación con la Fuerza Pública en dos perspec-tivas: la primera se refiere al tema de seguridad de los operadores de justicia; la segunda, a la vinculación funcional que no solo permita “ganar las batallas militares, sino las jurídicas”.

4.1.3.1. Primera perspectiva - seguridad a operadores de justiciaBasados en la consulta realizada a operadores de justicia que se encuentran en los municipios de consolidación, en las fases de recu-peración y transición el componente de seguridad para el SLCJ se evidenció que este no es homogéneo, ni para las fases, ni para los componentes, ni para los modelos.

En las fases roja y amarilla la articulación de los operadores con la Fuerza Pública es inversamente proporcional en el modelo 1 y 3, según la relación con la ciudadanía; en términos generales, cuando el actor cuenta con la protección comunitaria, no requiere de Fuerza Pública; y cuando el operador no cuenta con ese respaldo, apela a la protección militar o policial. En el modelo 1 hay mayor articu-lación con Ejército y Policía, y en el 3 es casi que inexistente.

De esta manera:

La justicia no formal no se articula con la Fuerza Pública en ningún modelo durante la fase de recuperación. Lo contrario puede repre-sentar peligro pues, según advirtieron varios operadores de justicia en el desarrollo de la consultoría, su mayor fortaleza en materia de seguridad es estar alejados de la Fuerza Pública.


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b. Reglamentar las Zonas Judiciales Especiales de Frontera contem-pladas en el Art. 52 de la Ley 270 de 1996.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓNPara garantizar la efectividad en el conocimiento de delitos espe-cializados se propone la designación de fiscales especializados en estos municipios:

a. Fiscal local y fiscal especializado por municipio.b. Fiscal local por municipio y fiscal especializado ambulante para

cubrimiento regional de zonas de consolidación.

En las fases de transición y estabilización se propone el cambio de fiscal especializado por fiscal seccional.

b. Justicia formal administrativa: comisaría de familia e inspección de policía. INSPECCCIÓN DE POLICÍASe propone la presencia de estos operadores en la cabecera muni-cipal y, además de ella, en los centros poblados cuando la cantidad de población allí radicada sea cercana a la del modelo 1. COMISARÍA DE FAMILIA Deben contar con el equipo interdisciplinario exigido por la Ley.

c. Operadores complementariosPresencia de ICBF que garantice las políticas de prevención de reclutamiento; hogares de paso, sustitutos y transitorios;

OfertaPresencia: modelo de articulación con el juez (garantías y de cono-cimiento) y fiscal para legalizar capturas; además, disposición del equipo complementario para su legalización.

a. Justicia formal judicial: JUECESPara garantizar la efectividad en el conocimiento de delitos espe-cializados se propone la designación de jueces del circuito en estos municipios:Alternativas:a. Juez promiscuo municipal y juez promiscuo circuito por

municipio.b. Juez promiscuo municipal por municipio y promiscuo circuito

itinerante. Ley 1285 de 2009, Art. 15.

Para garantizar que el conocimiento del proceso no salga del juez natural, se propone:a. Juez promiscuo municipal por municipio actuando como juez

de conocimiento y juez de garantías ambulante. Art. 39, pará-grafo 3 CPP.

b. Juez promiscuo municipal y creación de Unidad Especial Judicial de Garantías para municipios de consolidación. Ley 270 de 2006. Art. 89, numeral 11.

Como alternativa para combatir la congestión judicial o la seguridad de los despachos, se puede:a. Emplear la figura de tramitación preferente contemplada en el

Art. 16 de la Ley 1285 de 2009.


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• La coordinación de esta Mesa, o a quien se designe, y los coordina-dores policial y militar de la regional de consolidación establecen un puente de comunicación permanente (celular, Internet, red social); y se dispone de base de datos de los operadores de justicia del área correspondiente y de los turnos de servicios de modo que se facilite la ubicación del personal requerido para legalizar las acciones de la Fuerza Pública.

• La Mesa Municipal de Convivencia invitará a representantes de la Fuerza Pública para analizar el avance del Sistema y proponer estrategias de mejoramiento del mismo.

4.1.4. Estrategia de articulación - categoría especial regionalEn aras de mitigar las barreras y las restricciones que impiden el derecho al acceso a la justicia, el SLCJ no solo articula tres modelos (cabecera municipal, centro poblado y rural disperso) sino que crea una categoría especial regional.

Se trata de una instancia que flexibiliza los límites territoriales e institucionales para facilitar el acceso del ciudadano a la oferta de la justicia formal (judicial y administrativa). Responde a las dificultades de movilidad que padecen comunidades ubicadas en las fronteras territoriales, de tal forma que les es más fácil acudir a las instituciones de las cabeceras de otros municipios que a las del propio. Esto conlleva a considerar la posibilidad de redefinir las jurisdicciones territoriales y funcionales de los diferentes operadores de justicia, te-niendo en cuenta las condiciones de movilidad y distribución geo-gráfica de los usuarios, de forma tal que las personas puedan in-terponer sus solicitudes ante los despachos más próximos y de fácil

centros de reclusión a menores; y defensores de menores y equipo interdisciplinario.• Medicina Legal• Policía Judicial • Defensoría Pública

LogísticaGeneración de mecanismos que faciliten la operatividad entre los administradores de justicia con la Fuerza Pública. • Recursos tecnológicos: computadores - Internet. • Espacios físicos garantizados para el desarrollo de sus funciones. • Implementos para desarrollar la gestión. • Disponibilidad de recursos físicos y/o económicos para las comu-

nicaciones y movilidad.

AprestamientoOtorgar funciones de conciliación a la policía y articularla en la construcción de rutas para la remisión de casos.

FormaciónCursos y seminarios permanentes para la Fuerza Pública y opera-dores de justicia sobre normatividad, procedimientos, competencias de los operadores formales y no formales, formación en MASC y capacitación en rutas internas para la Administración de Justicia.

Comunicación• Se establece una comunicación permanente entre operadores

de justicia y Fuerza Pública a través de la Mesa Municipal de Convivencia.


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Crear una asociación de municipios de modo que puedan agrupar recursos para este fin.

4.1.5. Estrategia de articulación-justicia étnicaDurante los talleres realizados en las distintas zonas de consolidación se observó que el desarrollo de estas justicias no es homogéneo. Así, la Jurisdicción Especial Indígena cuenta con mayores avances y logros frente a la justicia formal estatal, en especial en los departa-mentos del sur del país como Cauca, Putumayo o Nariño. Mientras que las autoridades afrocolombianas apenas están iniciando su proceso de discusión en temas jurisdiccionales, a pesar de tener regiones de referencia como Chocó o Sur de Bolívar (pero estas no hacen parte de la PNCRT).

Dicha realidad exige que la propuesta de articulación al SLCJ sea diferencial, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de cada comunidad en cada región, lo que es perfectamente posible en tanto que el Sistema es flexible y ajustable a las condiciones y necesidades locales.

El reto no es la posibilidad de ser recibidos dentro del SLCJ, toda vez que está preparado para ello. El verdadero desafío es lograr que dichas comunidades estén interesadas en participar, ya que algunas de ellas tienen reservas con la institucionalidad estatal en la medida en que son un actor armado que puede colocarlas en riesgo, como lo expresaron en el norte del Cauca.

En ese mismo sentido, se pronunciaron las comunidades afro, quienes están en confrontación con los grupos armados de la zona

acceso, quienes deberán no solo recibir la peticiones para remi-tirlas a los competentes, sino que deben adelantar la totalidad del proceso, pues de lo contrario no se estaría garantizando su acompa-ñamiento permanente.

Esta estrategia se concreta en acciones como:

Conformar equipos interdisciplinarios (psicólogo y trabajador social, especialmente) para las comisarías de familia en la esfera regional (unión de varios municipios). Esto se puede realizar mediante los consultorios socio-pscio-jurídicos o convenios interadministrativos.Generar articulación con funcionarios de otros municipios para atender casos fronterizos intermunicipales.

Ubicar un juez de garantías ambulante para varios municipios, de modo que el existente en el municipio donde ocurrió el hecho se constituya en el de conocimiento, y se evite que el caso se traslade a otro lugar, ocasionando con ello una barrera de acceso a la justicia.

Crear equipos complementarios de justicia entre varios municipios (ICBF, Medicina Legal, Policía Judicial y Defensoría Pública).

Crear la Unidad Especial de Juez de Garantía.

Nombrar inspectores departamentales de policía para la región.

Nombrar un juez promiscuo del circuito ambulante.


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Aprestamiento:En este punto se deben diferenciar las jurisdicciones.

Jurisdicción Especial Indígena:Debido a la fortaleza que caracteriza a estas comunidades, y a los desarrollos jurídicos que han alcanzado, no requieren un compo-nente de fortalecimiento en competencias y perfiles tan profundo, sino una estrategia de articulación; es decir, diseñar con ellos el Plan de Acción que los integrará al Sistema, definiendo compe-tencias, rutas de atención y remisión de casos, responsabilidades en la atención y recursos a proveer.

Un buen ejemplo de esta articulación se observó en el municipio de Toribío (Cauca) en donde cada resguardo cuenta, además de sus autoridades tradicionales, con un “coordinador de familia” quien es el encargado de resolver los asuntos relacionados con dicha problemática, y trabaja de manera articulada con la Comisaría de Familia ubicada en la cabecera municipal. En este proceso coordinado, se remiten, discuten y apoyan la resolución de los casos, teniendo especial atención en linderos, matrimonios interétnicos, reconoci-miento de las autoridades propias, entre otros.

Con este nivel de organización se requiere especialmente diseñar rutas de atención y remisión de casos, y acompañar el proceso.

Justicia Propia Afrocolombiana:Como se anotó anteriormente, en las zonas de consolidación visitadas, las comunidades afrodescendientes no cuentan con un desarrollo tan

debido a presiones para que cultiven coca. Ante su negativa, han asesinado y amenazado a varios líderes de la comunidad.

Al preguntar directamente si les interesaría participar o si preferían quedarse al margen, toda vez que no es interés del Estado colo-carlas en mayor riesgo, respondieron que sí participarán siempre y cuando vean que el Sistema responde y no los va a abandonar a mitad de camino, pues eso sí “les pondría la lápida en el cuello”.

Así las cosas, se propone que el SLCJ incorpore las jurisdicciones étnicas; pero como su desarrollo es dispar, que la implementación sea gradual y diferencial, sin embargo, como las estrategias y los componentes son los mismos, habrá ocasiones en que se compartan algunas actividades.

OfertaPresencia: En aquellas regiones y municipios en donde existan comunidades étnicas, éstas deben hacer parte integral del Sistema y ser tenidas en cuenta como autoridades que requieren tratamiento especial.

Estas jurisdicciones deben hacer presencia en todas las fases del proceso de consolidación y en todos los modelos, toda vez que ellos hacen parte integral del territorio.

Permanencia:Estas autoridades han estado, están y estarán de manera perma-nente durante todas las fases y en todos los modelos, en general siguiendo los parámetros establecidos para la justicia no formal.


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De igual forma, el Sistema les proveerá a ambas jurisdicciones todos los recursos técnicos y logísticos requeridos para realizar sus labores.

Transparencia:Uno de los mecanismos que permite mejorar la percepción ciuda-dana frente a la Administración de Justicia por parte de los opera-dores del Estado, es involucrarla a través del ejercicio del derecho fundamental a controlar el poder y el acceso a la información pública como herramienta para lograrlo.

La percepción de las comunidades étnicas no es diferente y, en este sentido, tampoco lo es la de los operadores de justicia en estas comunidades.

Por esta razón, se debe trabajar de manera progresiva para generar confianza e integrar tanto a las comunidades como a sus operadores de justicia en el Sistema, que inicie, por el ejemplo, con el acceso y la participación en las rendiciones de cuentas de los demás operadores hasta llegar a la rendición de cuentas de ellos mismos, entendido como un mecanismo de generación de confianza y articulación institucional.

Comunicación:Este componente tendrá las mismas estrategias del Sistema en general, orientadas a contrarrestar barreras y restricciones, y dejar capacidad instalada.

avanzado como ocurre con las indígenas, así que en este punto los retos son otros, como por ejemplo fortalecerlas desde el SLCJ.

Para ello es fundamental realizar un trabajo de fortalecimiento social y político que les permita robustecer su proceso organiza-tivo, capacitar a sus líderes y/o autoridades, así como a las comuni-dades en general, y desarrollar labores de resolución de conflictos desde una perspectiva jurisdiccional, lo que implica potenciar las competencias y los perfiles para la resolución de conflictos.

Una vez fortalecidos, elaborar con ellos las rutas de atención y remisión de casos, y acompañar de manera permanente su proceso de Administración de Justicia.

Logística:En la mayoría de casos las autoridades indígenas cuentan con espacios propios para realizar sus funciones (tanto en las cabeceras como en los centros poblados y las comunidades de zona rural), pero en aquellas cabeceras en donde ello no ocurre, el SLCJ brindará un espacio adecuado para tal fin (similar a lo que ocurre en casas de justicia con la Oficina de Asuntos Indígenas).

Por el contrario, la mayoría de las comunidades afrocolombianas no cuenta con espacios de trabajo en los escenarios de actuación (cabecera municipal, centro poblado o rural dispersa), así que el Sistema deberá proveer uno que brinde las condiciones logísticas adecuadas (ya sea en casa de justicia, centro de convivencia, consul-torio jurídico, concejo municipal, y/o alcaldía municipal).


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inspectores departamentales y apoyar equipos profesionales de las comisarías de familia; y en el ámbito nacional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación deben nombrar nuevos funcionarios, y el Congreso de la República puede apoyar no solo dictando disposiciones, sino influyendo a las anteriores para que cumplan con los nombramientos requeridos (control político al Sistema).

Esos son unos pocos ejemplos de cómo la PNCRT debe transformarse en una política de Estado y no ser identificada como una propuesta de gobierno. Para ello, es deber del órgano de coordinación nacional (Comité Nacional de Justicia para Zonas de Consolidación) realizar todas las gestiones necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento del SLCJ, en especial en lo referente a la presencia, permanencia y condiciones logísticas requeridas, para lo cual debe concertar con la institucionalidad del orden nacional como por ejemplo Fiscalía General de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Instituto Nacional de Medicina Legal, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, y, por supuesto, con los Ministerios del Interior y de Justicia y del Derecho.

Por su parte, la Mesa Regional de Convivencia en Zonas de Consolidación debe acompañar el funcionamiento de los distintos SLCJ; es decir, acompañar el ejercicio realizado por los municipios en procura de aplicar estrategias de seguimiento y monitoreo que permitan identificar las debilidades de cada uno de ellos, y gestionar los ajustes necesarios ya sea acudiendo a la esfera nacional o a los responsables del orden municipal, actuando en esa medida en calidad de intermediario de dichos entes territoriales.

FormaciónEn general serán las mismas estrategias y temas de formación que para los operadores de justicia no formal, y se incluirán temáticas de interés particular que cada comunidad requiera.

Sin embargo, es importante reforzar las estrategias pedagógicas y los temas a trabajar para aquellas comunidades afro que tengan un débil proceso de organización o formación política y social.

4.2. ESTRATEGIA DE GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SLCJ

El SLCJ cuenta con una serie de acciones encaminadas a garantizar su inserción en diferentes niveles (municipal, regional y nacional) y asegurar su implementación en el municipio y en cada uno de los tres modelos planteados.

4.2.1. De política de gobierno a política de Estado Para alcanzar los objetivos trazados por la PNCRT se debe, en primera medida, lograr el apoyo de toda la institucionalidad del Estado, empe-zando por las otras Ramas del Poder Público y de sus representantes en todos los niveles; es decir, nacional, departamental y municipal, toda vez que ellas tienen incidencia directa en el funcionamiento del SLCJ.

Ejemplo de lo anterior, es que los concejos municipales y los alcaldes no solo destinan recursos para su funcionamiento, sino que incluso pueden fortalecer a la justicia formal administrativa asignando nuevas funciones a los inspectores de policía; los gobernadores pueden nombrar


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Revisión, ajuste y socialización del Inventario de Justicia que opera en cada uno de los municipios: se reconoce el papel protagónico de los entes territoriales y, en ese sentido, se deben aprovechar los aprendizajes que los diferentes operadores han adquirido durante su tiempo de servicio. Por ello, es necesario realizar un inventario de actores y experiencias, tanto de la justicia formal como de la no formal, sus rutas de atención, modos de articulación interinstitucional, protocolos, manuales de funciones, de forma que se cuente con un mapa institucional que brinde elementos para el funcionamiento del Sistema en el ámbito municipal y regional.

Diagnóstico de barreras de acceso y de restricciones operativas: si el inventario permite un escenario de actuación institucional y ope-rativo, este diagnóstico posibilita la identificación de las barreras de acceso y de las restricciones operativas. Ello posibilita que al momento de construir el Sistema en cada uno de los municipios, se cuente con la información necesaria para diseñar el plan de acción de cada uno de los componentes y estrategias, se visualicen potenciales cuellos de botella y se formulen alternativas de solución.

Planes de acción: a partir de la información obtenida en los estudios anteriores, se construye un plan de acción para cada municipio y región; su intención es facilitar el acercamiento con las administraciones municipales y departamentales en el entendido de que es una herra-mienta para avanzar en la discusión, una simple propuesta para dar inicio a las actividades en el ámbito local y no una decisión tomada en el ámbito nacional. Estos planes deben considerar:

Para ello debe diseñar y desarrollar estrategias de monitoreo para cada uno de los componentes y de las estrategias del Sistema, de manera que se pueda medir y conocer la eficiencia y eficacia de los servicios prestados y, en esa medida, los avances logrados en el marco del proceso de consolidación.

Por último, la Mesa Municipal de Convivencia en Zonas de Consolidación debe velar por el funcionamiento del SLCJ, para lo cual elaborará los respectivos planes de acción.

4.2.1.1. Estrategia de acercamiento para la coordinación nacional-regionalEl problema que se suscita con estas propuestas que implican la participación de instituciones pertenecientes a los diferentes niveles territoriales es cómo garantizar que los entes territoriales asuman las directrices proferidas por el orden nacional. Aunque la normatividad constitucional y legal establece obligaciones para las entidades territoriales, resulta necesario diseñar y desarrollar otras actividades que generen pertenencia y compromiso frente al Sistema Local de Coordinación de Justicia.

Para ello se propone el siguiente plan de acción:

ANTES DE SU IMPLEMENTACIÓNEn aras de permitir que el SLCJ se ajuste a los contextos locales, se propone la realización de un conjunto de actividades; previas al contacto directo con las entidades territoriales:


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• Elaboración y suscripción de posibles convenios que cristalicen los anteriores acuerdos.

Planes de intervención territorial: su propósito es elaborar una hoja de ruta de actuación que debe detallar por actividad el crono-grama y los recursos requeridos para adelantar el acercamiento a las entidades territoriales.

• Articulación interinstitucional nacional-regional: qué aporta el orden nacional y qué los entes regionales y municipales en cuanto a recursos financieros, humanos, logísticos y técnicos.

• Estrategias de formación y sensibilización, tanto institucional como comunitaria.

• Acciones para mitigar riesgos por precariedad logística, econó-mica y tecnológica, informativa, recurso humano en cantidad y calidad, falta de compromiso institucional.

DURANTE EL MONTAJESe visualizan varios planos de actuación:

Promoción: desarrollar una campaña informativa de difusión nacional, departamental y municipal que posibilite a la ciudadanía comprender la importancia del proceso de consolidación territorial para todo el país.

Las acciones de promoción permiten generar estrategias de arti-culación que posibiliten el funcionamiento de los SLCJ, en cuanto

a la disponibilidad y aportes de los recursos humanos, logísticos, programáticos y presupuestales.

Para realizar este propósito se propone acordar con las administra-ciones reuniones de ambientación.

Presentación del plan de intervención territorial: establecimien-to de reuniones con las administraciones para la presentación de este plan. Resulta necesario indicar que el énfasis del acercamiento es negociar y consensuar, y no imponer.


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El primero, referido al orden nacional, en el que se garantice polí-tica, financiera y programáticamente la presencia de las entidades comprometidas con el derecho de acceso a la justicia que ya han sido identificadas a lo largo del documento (oferta institucional).

El segundo, en el plano territorial, en el que el Gobierno Nacional a través de su UAECT promueva y concrete convenios con las gober-naciones y alcaldías para que dispongan de los recursos necesarios.

Además de las estrategias propuestas para el SLCJ, en este punto se proponen actividades orientadas a fortalecer sus engranajes:

Sensibilización: Diseño y desarrollo de estrategias de comunicación dirigidas a:

Ciudadanía en general: se requiere sensibilizarla sobre la conveniencia de “consumir los servicios del Estado” y estimular el deber y el derecho del control social, partiendo de reconocer que la información es una herramienta fundamental en la transparencia de los procesos.

Funcionarios estatales: se hace necesario que las instituciones se sensibilicen y conozcan los compromisos del Estado frente al derecho de acceso a la justicia; ello, indudablemente, genera compromiso y permite contrarrestar conflictos de intereses, duplicidad de funciones, protagonismos y celos institucionales.

Medios de comunicación: su vinculación es necesaria pues más allá de percibirse como simples transmisores, se erigen como agenciadores de opinión pública e instrumentos de control social.

Construcción de convenios que concreten la articulación nación- territorio: en estos se deben tener en cuenta recursos, correspon-sabilidad, responsables, administración, entre otros.

DESPUÉS DE SU INSTALACIÓNSostenibilidad: se visualizan dos marcos de movilización; el primero dirigido a generar impacto; en ese sentido, éste incluye las actividades propuestas en cuanto a la promoción en la coyuntura (elaboración de planes de desarrollo), a la presentación, negociación y ajuste del Plan de Intervención Territorial y la definición y suscripción de convenios de articulación nación-territorio. Este primer marco lo podría dirigir el Ministerio de Justicia y del Derecho o la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial – UAECT- debido a su carácter convocante.

El segundo marco se orienta a garantizar sostenibilidad y recor-dación; allí se ubican actividades relacionadas con la visibilización del SLCJ en todos los espacios y foros de participación ciudadana. Además, se concretan los convenios y se realiza el seguimiento a su implementación; para esta labor se propone la instalación de la Mesa Municipal de Convivencia en Zonas de Consolidación.

Indudablemente, el SLCJ podrá avanzar siempre y cuando las enti-dades encargadas de su implementación y desarrollo cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales, pero sobre todo con los compromisos adquiridos en los planes de acción e intervención territorial. Ello solo será posible si se formula y desarrolla una estra-tegia de implementación que involucre dos espacios de actuación.


50


tituye en piedra angular que soporta la estructura del Estado Social de Derecho24. Luego de décadas de discusiones, en la ac-tualidad existe un consenso generalizado respecto a que su pro-tección no consiste en adoptar las mismas medidas o garantías para todas las personas, “sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión po-lítica o filosófica”, sino que es necesario adoptar disposiciones diferentes cuando las personas se encuentren en condiciones o situaciones distintas.

Lo anterior implica la realización de tres ejercicios básicos; primero, reconocer que los seres humanos son diferentes; segundo, que todas las personas, pero en especial los servidores públicos, deben comprender y concientizarse acerca de dichas diferencias; y, tercero, diseñar, aplicar y evaluar mecanismos que permitan superar esas condiciones de discriminación.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad mani-

fiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

24 IBÍDEM. Art. 2. “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y debe-

res consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisio-

nes que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la

Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y

asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos

y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado

y de los particulares”.

Consolidación: Como se indicó a lo largo del documento, el Sistema debe ser dúctil de tal manera que se ajuste a los contextos regionales y a las dinámicas mismas en relación con oferta-demanda y calidad de la orientación y la información. Es por ello que se pro-ponen acciones como:

Realizar durante los primeros meses de actividad de los SLCJ un estudio de categorización de la demanda, según grados de complejidad y cruzando variables, como por ejemplo, comporta-miento de un delito en un contexto regional y geográfico concreto. Esto permite revisar y ajustar rutas y alianzas interinstitucionales de todos los órdenes, además de realizar proyecciones económicas sobre los costos del servicio.

Poner en funcionamiento un sistema de información unificado, con lenguaje, registro y formatos estandarizados, de tal forma que las interfases o hipervínculos entre entidades pongan a dialogar toda la información requerida para atender, orientar y encauzar a los usuarios.

Enfoque diferencial: constitucionalmente se ha consagrado la igualdad como un derecho fundamental23 en tanto que se cons-

23 Constitución Política de Colombia. Art. 13. “Todas las personas nacen libres e

iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discri-

minación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,

opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y

adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.


51


Como herramienta metodológica de análisis, los enfoques dife-renciales hacen un llamado a comprender las realidades en clave de las diferencias y las discriminaciones derivadas de ellas. Como enfoques se constituyen en fuentes de análisis transversales a las realidades. También pueden derivar en políticas específicas en virtud de las medidas afirmativas o de discriminación positiva que los Estados pueden y, en algunas situaciones, deben implementar para superar la discriminación.

Y es precisamente en este último aspecto en el que se ubica el aporte potencial de los enfoques diferenciales al SLCJ, toda vez que a partir de la caracterización que en ellos se realice, se contará con información que permitirá a los entes encargados25 definir y ejecutar las políticas públicas para promover el derecho de acceso a la justicia en municipios y zonas de consolidación, así como cate-gorizar los servicios demandados y poder, eventualmente, calcular los costos que ellos implican.

Para lograr esos objetivos se requiere que los operadores identifiquen y analicen los contextos en los que se originó la demanda de justicia y los actores comprometidos en esa situación; establezcan las posibles situaciones de discriminación, de vulnerabilidad, de diferencia y exclusión provocadas en las víctimas y realicen un análisis de las causas, tipo de afectaciones y consecuencias.

Por último, pero no por ello menos importante, es necesario hacer énfasis en que la aplicación de estos enfoques diferenciales implica

25 Comités Municipales, Regionales, y Nacional, Unidad Administrativa Especial

para la Consolidación Territorial.

Estas últimas pueden tener varios orígenes toda vez que muchas veces están marcadas por las condiciones propias de los seres humanos (naturales), y otras por conductas o respuestas sociales que han ubicado en condiciones de vulneración de derechos a ciertos sectores poblacionales (antrópicas), lo que a su vez genera exclusión por parte de quienes la viven, imponiendo a los Estados el deber de enfrentarla para lograr la protección de la igualdad.

Para promover ese respeto a la diferencia que garantiza la cris-talización de la igualdad, distintos sectores de la sociedad y del Estado han acuñado el término enfoques diferenciales a partir del seguimiento realizado a la sentencia T-025 de 2004 proferida por la Corte Constitucional.

A pesar de la importancia y trascendencia del tema, acoger en las políticas públicas y programas de atención el término enfoques diferenciales se ha convertido en un requisito que no tiene un efecto más allá de lo formal, eliminando su contenido político y el sentido reivindi-catorio de la dignidad humana. Por ello, casi ninguna política o programa ahonda más allá de una simple inclusión nominal de lo que debería entenderse por enfoques diferenciales.

Los enfoques diferenciales no son un nuevo derecho innominado reconocido vía interpretación constitucional; son un mecanismo que permite la comprehensión de la realidad, con el principal objetivo de procurar una adecuada atención y protección de los Derechos Humanos de las personas y sectores que han sido histórica-mente discriminados debido a su propia identidad o condición natural.


52


Esta propuesta se dirige a construir un PM que permita la imple-mentación del SLCJ.

1. Establecimiento del producto-mercado:Producto: Justicia del Estado. Mercado: 51 municipios de consolidación.

2. Definición de la segmentación requerida:La segmentación la constituyen los tres modelos creados (cabecera municipal, centro poblado y zona rural dispersa). Esta permite deter-minar las poblaciones a los cuales se dirigirá la oferta de justicia del Estado.

3. Objetivo del PM:Promover el consumo de los servicios de justicia del Estado en los municipios de consolidación.

4. Estrategia del marketing:Para cumplir con el objetivo planteado, se propone el Sistema Local de Coordinación de Justicia –SLCJ-.

5. Tácticas del marketing: Posicionamiento y venta del producto mediante la definición de estrategias constituidas a partir de las variables de producto, precio, plaza y distribución.

la elaboración de protocolos especiales de atención y seguimiento que deben ser construidos con la ayuda y anuencia de las víctimas, así como de las organizaciones sociales y las entidades públicas encar-gadas de su atención. 4.2.2. Estrategia para la implementación: “Mercadear al Estado”Ante una institucionalidad paralela e ilegal, pero en algunas regiones reconocida y con legitimidad; frente a un Estado diluido, sin confianza ni credibilidad, ausente y desconocido, pero con la obligación de garantizar, entre muchos otros, el derecho al acceso a la justicia, la opción viable es la de entrar en competencia con el actor ilegal.

Competir implica que existen “organizaciones” que producen bienes o servicios iguales a los del Estado y que por esta razón tienen los mismos “usuarios-consumidores”.

Es decir, para implementar el SLCJ se propone mercadear al Estado, haciendo uso de las estrategias de la mercadotecnia para posicio-narse, dar a conocer sus servicios, incrementar la demanda y hacer realidad el Estado Social de Derecho.

Se recurre entonces a la construcción de un Plan de Mercadotecnia –PM-, herramienta que no solo aporta los elementos para “vender el producto” sino para fortalecer la empresa productora, en cuanto a su planificación y operación global26.

26 DÍAZ RÍOS, D. Guía para elaborar un plan de mercadotecnia. Universidad Católica

Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), Chiclayo, Perú.


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4.2.3. Tácticas del Marketing

Variable Definición Propuesta

PRO

DU

CTO

Características¿Cuáles son sus características y especialmente cuáles son las que lo diferencian de los productos o servicios de la competencia?

Fortalezas: El producto es legal y, como tal, genera tranquilidad, seguridad, transparencia, paz.

Debilidades: El producto es desconocido y por eso genera desconfianza; su consumo no es rápido, exige procesos y trámites que se desconocen.

Motivación de Consumo¿Por qué el consumidor comprará el producto o servicio?

¿Cuáles son las necesidades que el producto va a satisfacer?

Se “consumirá” el producto porque:• El Estado es el legal y esa característica genera seguridad y tranquilidad.• La comunidad necesita la justicia como garantía de dignidad.• Los potenciales consumidores prefieren una vida transparente que una oculta o

camuflada.

El producto satisface la necesidad de seguridad; pero se requiere convertirla en motivo; es decir, en necesidad apremiante que derive en un comportamiento, en una acción; en demandar del Estado ese producto. Eso es posible si además de publicitar el producto, de darlo a conocer, se promocionan sus ventajas diferenciales (lo legal vale, a diferencia de lo ilegal, que genera temor y angustia).

* Esto se desarrolla más adelante.


54



PRO

DU

CTO

Calidad del Producto

¿Qué criterio o criterios de evaluación de la calidad atacaremos para evi-denciar la superioridad del producto o servicio?

¿Se cuenta con la infraestructura productiva para poder entregar la calidad requerida?

Criterios de calidad del producto:• Gratuidad.• Presencia suficiente y pertinente.• Soluciones permanentes.

La estrategia de monitoreo y seguimiento.

El SLCJ contempla los componentes (oferta, formación y comunicación), que brindan la infraestructura requerida en términos de calidad.

Uso del ProductoEl diseño del producto debe determinar cómo se debe usar el producto o servicio, las instrucciones que se proporcionarán al usuario y cuáles son los cuidados que se deben tener para usar el producto.

Para conocer el uso del producto, se prevén acciones formativas y comunicativas sobre oferta, ubicación de la misma, rutas de atención, procedimientos, derechos, deberes, entre otros temas.


55


Variable Definición PropuestaPR

OD

UCT

O

Hábitos de Consumo • El consumo del producto es diferencial, según el segmento o modelo. En la cabecera municipal hay mayor uso de la justicia administrativa y judicial; en el centro poblado, de la administrativa y la no formal; y en la zona rural dispersa, de la no formal (además de la de los grupos armados ilegales).

• Temas de familia (alimentos, violencia intrafamiliar, paternidad) y patrimoniales, que en muchas regiones de consolidación no son abordados por los actores armados ilegales, llegan a la justicia formal.

• Asuntos relacionados con la convivencia ciudadana son conocidos generalmente por la justicia no formal.

Estos hábitos de consumo permiten definir estrategias de entrada y posicionamiento del producto:• El fortalecimiento de la justicia no formal que propone el SLCJ garantiza no solo la ampliación

de la oferta de justicia, sino que se constituye en un valioso aliado para que las justicias administrativa y judicial penetren en territorios a los que no llegan (generalmente, zona rural y algunos centros poblados).

• Los operadores de justicia identifican los temas que “sueltan” los actores ilegales y se apropian de ellos para privilegiarlos en su tránsito por cada modelo, en especial en los modelos 2 y 3.

Ciclo de Vida del ProductoTodo producto o servicio tiene una evaluación que muestra avance, retroceso o estancamiento.

El ciclo de vida del producto dentro del SLCJ lo representan las fases de la Secuencia del Control Institucional del Territorio:• Roja-recuperación: en esta fase se realiza el lanzamiento del producto; aquí se

requiere crear la demanda, para lo cual resultan fundamentales los componentes comunicación-educación.

• Amarilla-transición: en esta etapa se logra el crecimiento del producto. Para esto resulta fundamental el componente oferta (Más justicia no formal y administrativa).

• Verde-estabilización: en esta etapa se busca conservar la preferencia por el producto; esto es posible porque en esta fase la institucionalidad se ha instaurado y el producto cuenta con una clara diferenciación frente a la competencia. Además, los mecanismos de distribución son más amplios y permanentes.


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PRO

DU

CTO

MarcaNombre que permite distinguir el producto de los demás.

Legal es la marca; cumple con los requisitos para hacerla viable: sencilla, corta y fácil de asociar con el producto, y de pronunciar y recordar.

EmpaquePreserva el producto y lo hace atractivo. Es la piel del producto.

El SLCJ, en su componente de oferta, dispone una serie de acciones conducentes a cualificar a los operadores de justicia, capacitarlos, sensibilizarnos y dotarlos de recursos que faciliten su trabajo, toda vez que se constituyen en protagonistas de la gestión del Sistema.

PLA

ZA

Se trata del conjunto de elementos que hacen que el producto esté dis-ponible para el consumidor donde y cuando él lo desee; esto inclu-ye los canales de distribución, la logística y las variables que inte-gran estos elementos.

El SLCJ, al definir escenarios de actuación mediante los modelos 1, 2 y 3, lo que busca es garantizar la disponibilidad del producto, la cual se da gradualmente según se garantice la seguridad. De todas maneras, en casos como el modelo 3 en la fase de recuperación, donde la seguridad es frágil, hay disponibilidad del producto mediante la justicia no formal. El SLCJ crea puntos de acceso en cada modelo, no solo garantizando la presencia de todas las justicias sino privilegiando por cada modelo un tipo de justicia, de modo que dado su arraigo impulse a las otras. Para la disponibilidad del producto se crean canales como las brigadas móviles de atención, asesoría y atención telefónica y por Internet. Con la vinculación de otros actores, como personeros escolares, promotores juveniles en derechos, JAC, dinamizadores de la comunicación, entre otros, se amplían los canales de distribución del producto.

PREC

IO

Se plantea un intercambio en el que ambas partes obtienen utilidad.

Si bien la justicia debe ser un servicio gratuito, el Estado debe garantizar los recursos para operacionalizarlos. La relación costo/beneficio es diferente a la comercial, pues los rendimientos o las utilidades no son medibles en términos económicos sino en cuanto a confianza, legitimidad y cumplimiento de los objetivos del Estado Social de Derecho. (Constitución Política- Art. 2 y 366)


57


Variable Definición PropuestaPR

OM

OCI

ÓN

Se considera como el proceso que articula publicidad, promoción y relaciones públicas, con el propó-sito de dar a conocer el producto, difundir sus ventajas, instruir sobre su uso, y las formas de acceso.

Diseño y desarrollo de una campaña de comunicaciones que incluye:• Mensajes a través de medios de comunicación municipales que involucren la ventaja dife-

rencial del producto (lo legal paga, a diferencia de lo ilegal que produce temor, angustia). • Piezas comunicativas por medio de las cuales la ciudadanía conozca las instituciones del

Estado, sus obligaciones, derechos y deberes, mecanismos de acceso a la justicia. • Piezas comunicativas que informen sobre rutas de acceso a la justicia y procedimientos.• Procesos de formación en temáticas que fortalecen el acceso a la justicia.• Implementar la estrategia de gestión en los niveles nacional, regional y local.

4.3. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Para realizar una adecuada estrategia de seguimiento y evaluación, se requiere previamente la construcción de una línea base que permita conocer el estado actual de los modelos en cada uno de los muni-cipios, en cuanto a los componentes a los cuales se hará seguimiento, con el objeto de establecer el punto de partida de cada uno de ellos y así lograr comparaciones posteriores que posibiliten medir el avance.

Con esta línea base se podrá incluso hacer una estimación preliminar que permita conocer cuáles modelos tienen potencialmente la capacidad de avanzar con mayor agilidad, teniendo en cuenta que el punto de partida no es igual para todos. Es decir, que probablemente se encontrarán municipios que tengan mejores progresos que otros, aún a pesar de estar en la misma fase de recuperación o transición.

Esta línea base podrá ser alimentada con fuentes primarias o secun-darias y deberá recoger información que permita nutrir el segui-miento y evaluación de la implementación de los modelos del SLCJ.

Para la estrategia de seguimiento y evaluación se propone la construcción de indicadores que permitan la medición homogénea en los municipios de consolidación, de tal manera que las acciones o correcciones a emplear sean pertinentes, individualizadas y respondan a las nece-sidades y realidades de cada uno de ellos.

Estos indicadores tendrán dos propósitos principales. El primero, permitir el monitoreo permanente de la implementación de la estra-tegia en cada uno de modelos y la detección de alertas tempranas que lo estén afectando; y el segundo, facilitar la medición del impacto que generan, los cuales serán de corto y mediano plazo.

Los indicadores construidos para el monitoreo permanente deberán ser cuantitativos principalmente, y podrán tener una evaluación cualitativa con base en la información que reporten las mesas de convivencia en su calidad de instancia articuladora.


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INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN

COMPONENTES MODELO 1 Indicador MODELO 2 Indicador

MODELO 3 Indicador ALERTAS TEMPRANAS PROBLEMA IDENTIFICADO

COMUNICACIÓN

Información unificada de operadores de justicia/ Total de la

información sobre los operadores presentes

en el modelo.

Ausencia del suministro de la información por parte de las entidades que las administran.

Orientación incompleta al ciudadano sobre

rutas de acceso.

FORMACIÓN

Número de operadores formados en MASC/

operadores presentes en

el modelo.

Ausencia de convenios entre entidades que permitan la

formación en MASC.

Inestabilidad del sistema basado en los MASC.

4.3.1. Indicadores de Implementación Estos indicadores dan cuenta del avance e implementación de cada una de las estrategias propuestas por el modelo, y en su interior estarán discriminados por cada uno de los componentes que responden a la mitigación de barreras y restricciones operativas. Así mismo, facilitan la verificación de situaciones que estén afectando el avance del modelo a través de la detección de alertas tempranas que permitan plantear la necesidad de desarrollar acciones encaminadas a superarlas o, si es del caso, que ayuden a evaluar la necesidad de redefinir la estrategia del componente en sí mismo. A manera de ilustración se plantean los siguientes ejemplos:

Su composición deberá ser homogénea para garantizar el segui-miento integral de todos y cada uno de los municipios de conso-lidación y su diseño debe ser del resorte del orden nacional, sin perjuicio que en la construcción se generen mesas de trabajo municipales, departamentales o regionales. En el orden nacional, deberán participar todas las entidades que de una u otra manera inciden en la ejecución y desarrollo de las estrategias, ya sea con la formulación de políticas o con la destinación de recursos para estos municipios.


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INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN

COMPONENTES MODELO 1 Indicador MODELO 2 Indicador

MODELO 3 Indicador ALERTAS TEMPRANAS PROBLEMA IDENTIFICADO

OFERTA

a. Número de incentivos sociales y de educación/ Número de operadores formales administrativos y no formales.b. Número de acuerdos presentados por la administración municipal para el fortalecimiento de competencias/ Número de acuerdos aprobados por el concejo.

a. Formulación de presupuestos sin atender la disponibilidad de recursos para operadores no formales. b. Avance de las sesiones del concejo sin propuesta de la administración municipal de un acuerdo que reglamente las funciones del inspector.

a. Sistema basado en la justicia no formal y formal administrativas sin herramientas que lo fortalezcan. b. Falta de robustecimiento de las competencias de los inspectores de policía e impedimento para avanzar en conciliación a través de operadores de justicia formal administrativa.

4.3.2. Indicadores de Impacto El éxito del Sistema dependerá de su capacidad para responder a las necesidades que surjan en el avance de su implementación, que entre otros puede verse afectado por factores externos al mismo.

Es por esta razón que la estrategia en sí misma no garantiza el avance hacia la consolidación, en la medida en que no cuente con

herramientas que permitan medir el impacto generado para una posterior evaluación que oriente o reoriente los esfuerzos realizados.

Por ello, el sistema de seguimiento incluye este tipo de medición que en algunos casos será de corto plazo y, en otros, de largo, lo cual dependerá de los ritmos de implementación que se requieren para generar el impacto deseado. A manera de ilustración se presentan los siguientes ejemplos:


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4.4. EVALUACIÓN

La evaluación de los indicadores permitirá comparar los avances versus las metas programadas, evaluar las desviaciones del modelo que implica toma de decisiones y detectar la necesidad de imple-mentar planes de contingencia.

Con el mismo sustento enunciado para los indicadores, el Sistema de Evaluación deberá realizarse tanto para la implementación de las estrategias como para los impactos generados, que podrán determinar el cambio esperado.

La evaluación de la implementación que partirá del análisis de los indicadores de implementación, deberá ser realizada por las instancias del orden municipal, departamental y nacional, y tendrá

como objetivo analizar los resultados logrados para implementar planes de acción orientados a lograr el cumplimiento de las metas propuestas. Estos planes de acción deberán ser propuestos en primera instancia por parte de las mesas de convivencia, y discutirse y arti-cularse con la mesa departamental de convivencia y las instancias creadas a nivel nacional.

Por el contrario, la evaluación de los impactos generados debe ser liderada por el orden nacional, sin perjuicio de los análisis indivi-duales que se realicen en el ámbito municipal y departamental. Es decir, el comité o la instancia que se cree en el orden nacional deberá evaluar el impacto generado y proponer las acciones a seguir que se discutirán en departamentos y municipios.

De las propuestas en los planes de acción podrán resultar desde acciones inmediatas que requieran la articulación de los espacios

INDICADORES DE IMPACTO

Indicadores MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 IMPACTO

Tipos de conflictos/ atendidos/ Tipos de conflictos atendidos en la línea base. Ampliación en cobertura de tipos de conflictos.

Porcentaje de población capacitada en derechos y deberes/ población apta para capacitar que habita el modelo.

Personas formadas para demandar la Administración de Justicia.

Número de rutas empleadas por la ciudadanía como primera instancia para la Administración de Justicia/ Número de rutas diseñadas como primera instancia

para la Administración de Justicia.

Ciudadanía con conocimiento en las rutas de acceso a la justicia y rutas internas de atención adecuadas.


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locales, departamentales y nacionales, hasta las formulaciones de políticas que faciliten su implementación, desarrollo e identificación de los actores responsables de hacerlo.

Formación para construcción de indicadores, alimentación, seguimiento y evaluaciónEl sistema de seguimiento y evaluación no opera por sí solo; requiere de personas formadas para la construcción, seguimiento y evaluación de los indicadores.

Se requiere formar a los operadores de justicia y a todo el recurso humano que intervenga en cada uno de los procesos, debe incluir la preparación para el alistamiento de la información que alimen-tará los indicadores.

Este proceso de alistamiento requiere la estandarización de captura de la información, la cual debe ser amable tanto para el operador como para el ciudadano en caso que sea este el que la alimente.

Finalmente, la formación deberá diseñarse e implementarse con base en unos lineamientos establecidos por el orden nacional.


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5Recomendaciones

• Durante la realización de los talleres de indagación, los opera-dores de justicia expresaron inquietudes respecto de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, así como de su papel en medio del protocolo de atención de las mismas. Frente a este punto se recomienda trabajar de la mano con la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, con el fin de definir la estrategia de articulación de dicho tema al Sistema.

• En relación con reformas de orden normativo que demande la operación del Sistema, se propone: • Fortalecer competencias y perfiles de los operadores de

la justicia administrativa, como por ejemplo facultar a los inspectores de policía para realizar actividades de conciliación y prevención. Para ello se podría promover una reforma que otorgue funciones jurisdiccionales a dichas autoridades administrativas.

• El SLCJ le otorga a la justicia no formal un papel preponde-rante, toda vez que es a través de ella que se puede llegar a las zonas abandonadas y apartadas de los municipios. Para fortalecer este propósito resulta conveniente desarrollar lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política de 1991 en lo que se refiere a la facultad que se le da a los particulares para que administren justicia de manera transitoria en su condición de conciliadores o árbitros.

• Reglamentar las Zonas Judiciales Especiales de Frontera contem-pladas en el Art. 52 de la Ley 270 de 1996.

• Re-pensar las jurisdicciones territoriales de los operadores de justicia para la categoría especial regional; es decir, analizar


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posibilidades de atención de poblaciones que se encuentran en las fronteras intermunicipales.

• Respecto a las recomendaciones de adecuación institucional, éstas se encuentran ubicadas en los apartes relacionados con oferta institucional, los cuales se indicaron anteriormente.

• Es importante anotar que la propuesta se fundamenta en la nece-sidad y pertinencia de distinguir dos ámbitos de aplicación de justicia: uno relacionado con las actuaciones institucionales encar-gadas de velar por la convivencia pacífica de las comunidades; el otro orientado a asegurar el control territorial y enfrentar a los grupos armados ilegales. Esta distinción es prioritaria toda vez que de no hacerse se coloca en riesgo a los operadores de justicia, quienes pueden ser confundidos con el aparato militar y represivo del Estado, desdibujándose toda su función preventiva y de atención en la resolución de los conflictos.

• Diseñar o ejecutar una estrategia de estímulos para garantizar y fortalecer la oferta institucional en esas regiones, tales como:

• Reconocimiento social a los operadores de justicia administrativa y no formal.

• Incentivos a los operadores no formales a través del suministro de recursos que les permitan desarrollar sus funciones y movili-zarse en el territorio del modelo, siempre que el ejercicio de su función sea comprobable mediante criterios objetivos y compro-misos previamente establecidos.

• Incentivos económicos para la justicia formal administrativa. • Generación de convenios con universidades públicas y/o privadas

con presencia regional en procura de facilitar la profesionalización de los operadores de justicia de esos municipios, posibilitando así capacidad instalada.


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Anexo:Descripción metodológica para recopilar información

requerida en la construcción del SLCJ

Para el cumplimiento del objetivo de la consultoría (Construcción y validación del Sistema Local de Coordinación de Justicia en zonas de consolidación) y de la elaboración de los productos contratados, CRP recopiló información de fuentes secundarias y primarias (en especial para los documentos Inventario de justicia en municipios de consolidación y Diagnóstico de barreras de acceso a la justicia en muni-cipios de consolidación.).

Fuentes Secundarias:CRP hizo uso de las siguientes fuentes para recopilar información en relación con el inventario de justicia:

• Diagnóstico de necesidades y capacidad actual de la Defensoría Pública en las zonas CSDI.

• Justicia en las zonas CSDI, situación encontrada a febrero de 2011.• Documento diagnóstico – subcomité Justicia – Revisión

Estratégica Plan Nacional de Consolidación Territorial (docu-mento de carácter RESERVADO, Art. 8º Decreto 4748 de 2010).

• Informe final de la asistencia técnica para la implementación de conciliación en equidad en 50 Municipios, Corporación Razón Pública, 2009.

• Informe final de la preparación de los Jueces de Paz para el trata-miento de conflictos penales y otras áreas de su competencia. Cámara de Comercio de Bogotá. 2010.

• Inventario conciliadores en equidad, actualizado a mayo del 2011, entregado por la Dirección de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho.

• Inventario de Fiscalías en el país -FGN-. http://www.fiscalia.gov.co/otros/DirSeccFiscalias.pdf


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2. Entrevistas de apoyo-back stopping. Además de la recopilación de información en las zonas de consolidación, CRP realizó entre-vistas a profesionales que aportaron conocimientos institucionales y reflexiones personales a la propuesta: Adriana Patricia Sánchez, ex fiscal delegada ante juez municipal; Óscar Ortiz, ex director Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción; Mauricio Ochoa, ex – personero delegado para asuntos policivos de Bogotá; Héctor Morales, Consejero de Justicia de Bogotá; y coordinadores Policía Zonas de Consolidación.

3. Realización de talleres de indagación:

Talleres realizados: 10Cubrimiento: 7 Regiones de consolidación

Regional Consolidación Lugar del Taller

Putumayo Puerto Asís

Catatumbo Ocaña

Montes de María Sincelejo

Cordillera central Ibagué y Santander de Quilichao

Meta Caguán Florencia y Villavicencio

Nudo de Paramillo Yarumal y Caucasia

Tumaco Tumaco

Participantes: 133 operadores de justicia formal, adminis-

trativa y no formal.

• Relación de Jueces de paz en el país - Consejo Superior de la Judicatura.

• Inventario de Jueces - Unidad de Consolidación.• Centros de Convivencia – Programa Nacional CC - Ministerio de

Justicia y del Derecho.• Centros de Conciliación y/o amigable composición - Ministerio

de Justicia y del Derecho.• Casa de Justicia - Ministerio de Justicia y del Derecho.• Presencia del Instituto de Medicina Legal.• Presencia de ICBF regional y zonal- ICBF y defensores de familia:

Antonio Varón Mejía. Director de Protección. ICBF, elaborado por Natalia España Paz.

• También: https://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/portel/libreria/php/03.0703.html

• Medicina Legal. FUENTE. http://sirdec.medicinalegal.gov.co:58080/directorioML/

• Centros de Convivencia Ciudadana: www.programanacionalccc.gov.co

• Casas de Justicia: Corporación Razón Pública. Directorio obte-nido en desarrollo del proyecto “Implementación del Programa Nacional de Casa de Justicia Móvil”.

Fuentes primarias:Para la realización del diagnóstico de acceso a la justicia e inventario de justicia, CRP realizó las siguientes actividades:

1. Asistencia a encuentro de operadores de justicia de Meta, orga-nizado por USAID. Se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2011.


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las doctoras Luz Marina Veloza y Clara Milena Higuera. CRP expuso el SLCJ y las funcionarias solicitaron que se enviara la información sobre el diagnóstico de barreras de acceso a la justicia en los muni-cipios de consolidación de modo que esa dependencia analizara propuestas y formas de vinculación en los componentes de oferta, comunicaciones y formación. También se estudió la viabilidad de la figura juez ambulante teniendo en cuenta el Acuerdo No. PSAA 10-7495 de 2010 del Consejo Superior de la Judicatura, en desa-rrollo del Decreto 2374 de 2010, expedido por el Presidente de la República a través del cual se creó la Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales.

Presentación de la propuesta del Sistema Local de Coordinación de Justicia –SLCJ- a la Directora Técnica de Articulación de la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial: el 12 de marzo de 2012 CRP presentó a la Directora de Articulación de la UACT, María Eugenia Pinto, la propuesta del SLCJ, con el fin de revisar su pertinencia. Además de ello, se acordó que la UACT programaría las reuniones a las cuales se les presentará el Sistema para su vali-dación, teniendo en cuenta la propuesta enviada por CRP.

Presentación ante Gerentes de Zonas de Consolidación: CRP expuso a los asistentes los principales resultados de los talleres de indagación realizados en el marco de la consultoría, en especial sobre barreras de acceso a la justicia y restricciones operativas; de igual manera, la propuesta del SLCJ, la cual se consideró oportuna y pertinente. Los coordinadores de las zonas de consolidación solicitaron a CRP una copia del documento “Desarrollo del SLCJ”, el cual contiene actividades que facilitan el cumplimiento de los objetivos del Sistema.

4. Reuniones de validación: con base en la información recopilada, el equipo ejecutor se concentró en la construcción de la propuesta, y en la presentación y la validación de la misma.

La relación de dichas reuniones de validación es la siguiente:

Comité de Seguimiento de la consultoría: el 29 de febrero de 2012 se realizó con esa instancia la primera validación de la propuesta. Reunión Consejo Superior de la Judicatura – CSJ-: el 5 de marzo de 2012 CRP presentó al Presidente de la Sala Administrativa del CSJ, con la asistencia de funcionarios de Planeación Nacional y de la Unidad de Consolidación Territorial, el SLCJ. Los comentarios que realizó el Magistrado Néstor Correa, presidente de la Sala Administrativa del CSJ, fueron: el tema de presencia es estructural y, como tal, corresponde al Ejecutivo; planteó la necesidad de revisar la propuesta de fortaleci-miento de los conciliadores en equidad, en especial por su efectividad; sostiene que a la Rama Judicial, específicamente al Consejo Superior de la Judicatura, no le corresponde avalar la propuesta sino al Gobierno, teniendo en cuenta que se trata de una política pública. Por último, en cuanto a las propuestas plantea que no hay novedad, pero que sí hay interés en profundizar en las formas de movilidad y penetración de los jueces que propone el SLCJ, en especial porque el CSJ está trabajando en estrategias itinerantes de justicia. También se mostró interesado en conocer propuestas de articulación dadas las actuales necesidades de justicia de los 51 municipios.

Reunión con la Unidad de Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura: se realizó el 8 de marzo de 2012 con


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evidenció la pertinencia de plantear dos escenarios de actuación para los administradores de justicia: la justicia para enfrentar el conflicto armado y la justicia para la convivencia. Se resaltó el hecho de que en la propuesta se haga énfasis en la necesidad de desarrollar no solamente la justicia administrada por jueces y fiscales, sino una preventiva y social. También se reiteró la necesidad de fortalecer el tema de Policía Judicial (en cuanto a funcionarios disponibles, disminución de la rotación y fortaleza en la capacitación), comple-tamente diferenciada de la Policía operativa. En cuanto a Medicina Legal, se indicó que en la actualidad se trabaja por la nivelación de los sueldos de los funcionarios, asunto vital en la actuación efectiva de dicha institución. Por último, se mencionó la importancia de forta-lecer la conciliación teniendo en cuenta que el 23% de los delitos que conoce la FGN son querellables. Esto se constituye en un filtro importante para la descongestión. En relación con el espacio que plantea el SLCJ para la comunicación y articulación de los opera-dores de justicia, se advierte manejar con cuidado el acercamiento entre alcaldes y fiscales, teniendo en cuenta que en la actualidad muchos burgomaestres son investigados por el ente acusador. La FGN ofreció vincularse también con programas de formación y quedó a la espera de los resultados del pilotaje propuesto para la fase de implementación.

Reunión de presentación ante el Viceministerio de Justicia: esta reunión se llevó a cabo el 20 de abril de 2012, y contó con la presencia de Pablo Felipe Robledo (Viceministro de Promoción de la Justicia); Juan David Gutiérrez (Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional); Alba Lucía Rivero Pinedo (Dirección de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos); Miguel Samper (Dirección

Presentación a ICBF: el 18 de abril de 2012 CRP expuso a los asistentes los principales resultados de los talleres de indagación realizados en el marco de la consultoría, en especial sobre barreras de acceso a la justicia y restricciones operativas así como la propuesta del SLCJ, la cual se consideró oportuna y pertinente. No obstante, se solicitó profundizar en las necesidades detectadas en los talleres realizados por CRP, en relación con la misión del ICBF, y en la implementación del Sistema mediante una experiencia piloto. Esto en especial porque el Instituto realiza una oferta diferenciada por municipios. Teniendo en cuenta que se proyecta realizar la primera parte de la fase de implementación del SLCJ en el municipio de La Macarena, Meta, se acordó realizar una reunión el lunes 30 de abril de 2012, a las 2:00 p.m., con el propósito de analizar los hallazgos relacionados con el ICBF en ese municipio y la implementación del Sistema en ese escenario local. De todas maneras, los funcionarios del ICBF asistentes se mostraron dispuestos a revisar estrategias para arti-cularse al SLCJ; incluso, a respaldar con capacitación la implemen-tación del piloto.

Presentación a Fiscalía General de la Nación: el 19 de abril de 2012 CRP expuso los resultados de los talleres de indagación (en cuanto a identificación de barreras de acceso a la justicia y restricciones ope-rativas) y, con base en ello, la propuesta del SLCJ. La FGN anunció el nombramiento de fiscales para 48 de los 51 municipios de conso-lidación; A Hacarí (Norte de Santander), Valencia y San José de Ure (Córdoba) no se les asignó fiscales pues no hay suficientes casos. De igual manera, algunos fiscales especializados se ubicarán en ciudades capitales y desde allí se atenderán los municipios de conso-lidación. Después de presentar los hallazgos de la consultoría, se


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Reunión de presentación ante la Ministra de Justicia y del Derecho: dicha sesión se realizó el día 20 de septiembre de 2012 en las instalaciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y a ella asistieron, la Dra. Ruth Stella Correa Palacio – Ministra de Justicia y del Derecho; Farid Samir Benavides Vanegas - Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa; Miguel Samper Strouss – Viceministro de Promoción de Justicia, Juan David Gutiérrez – Director de Justicia Formal e Isabel Albaladejo – delegada de la AECID-Embajada de España. Luego de la presentación realizada por el equipo consultor, la Ministra manifiesta su satisfacción frente al trabajo adelantado, a las conclusiones elaboradas y a las propuestas presentadas, de manera tal que asegura que el paso a seguir es implementarlo lo más pronto posible. Frente a ese visto bueno de parte del gobierno nacional, la Dra. Albaladejo asegura que la AECID está interesada en continuar con el trabajo realizado, pero esta vez indagando sobre las realidades de la Administración de Justicia en zonas que no estén integradas a la estrategia de conso-lidación, en aras a ampliar el modelo propuesto de Sistema Local de Coordinación de Justicia para todo el país.

de Justicia Transicional); Nicolás Pájaro (Asesor Ministerio de Justicia y del Derecho); Marcela Hoyos (Profesional Ministerio de Justicia y del Derecho); Isabel Albaladejo (Representante de AECID-Embajada de España); Alberto Monroy (Funcionario de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho); Ricardo Serrano y Pilar Marín (CRP). Al igual que con las demás entidades con las que se ha validado el SLCJ, la CRP presentó los hallazgos obtenidos en los talleres y la propuesta del Sistema (modelos, componentes, estrategias, actores, entre otros). En términos generales, se consideró oportuno y pertinente; además, se planteó la necesidad de iniciar la implementación de manera rápida. La Direcciones de Justicia Transicional y de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos plantearon la necesidad de revisar estrategias de articulación con el Sistema para lo cual le solicitaron a CRP el envío del listado de los 51 municipios de conso-lidación; el Dr. Samper solicitó a CRP una cita para avanzar en el tema. La Dra. Albaladejo planteó la posibilidad de que este SLCJ no sólo se desarrolle en los municipios de consolidación sino en todos los municipios colombianos; esa actividad se iniciaría con la indagación de las realidades en algunos municipios y los posibles ajustes al SLCJ. Para ello se contaría con recursos de la cooperación española.

Reunión ICBF: esta reunión se llevó a cabo el 30 de abril de 2012; su propósito fue avanzar en la articulación entre el Sistema de Responsabilidad Penal de NNA y el SLCJ; además, para definir la manera como ese Instituto se podría articular en la implementación del SLCJ, mediante una experiencia piloto en el municipio de La Macarena, Meta.

Mayo de 2012

sistema local de coordinación de justicia para zonas de consolidación

Government & Nonprofit