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Sesión del Tribunal Latinoamericano del Agua por el Atuel Importante participación ayer en la 6º sesión del Tribunal Latinoamericano del Agua, instancia en la que la Fundación Chadileuvú expuso los argumentos en su presentación contra el Estado Nacional Argentino y la Provincia de La Pampa por los daños en el territorio de La Pampa ocasionados por el corte del Río Atuel. 6/11/2012
La delegación de pampeanos del FrePam estuvo compuesta, además del senador Nacional Juan Carlos Marino, por los diputados provinciales Martín Berhongaray, Carlos Bruno, Alejandro Odasso, Hugo Pérez y Adrián Peppino (MC) y representantes de la Juventud Radical Provincial y la Juventud Socialista.
Durante la sesión, la presentación de los alegatos pampeanos estuvo a cargo del Presidente de la Fundación Chadileuvú , Héctor Gómez, del Profesor e historiador, Walter Casenave, y del Diputado Provincial Martín Berhongaray. Los pampeanos hicieron eje en mostrar las graves consecuencias medioambientales, económicas y sociales que provocó en la provincia el pacto firmado por el Estado Nacional y la Provincia de Mendoza, por medio del cual se le permite a esta última construir el Embalse El Nihuil, que dejó sin caudal al tramo pampeano del Río Atuel.
“El oeste pampeano quedó sumido en una agonía debido al egoísmo de la Provincia de Mendoza, la ineficacia del Gobierno pampeano y la complicidad del Estado Nacional que permitieron la utilización unilateral de un río interprovincial. A través de esta presentación buscamos una sentencia que aunque no es vinculante resuene en las conciencias de los mendocinos”, sostuvo Gómez.
Marino felicitó a los expositores por la enfática defensa de los recursos pampeanos e instó al Gobierno Provincial a proteger los intereses de los habitantes de la provincia, haciendo una defensa acorde con las necesidades de los habitantes del oeste.
“Es una vergüenza que a 25 años de que la Corte Suprema de Justicia emitiera un veredicto en el que declara la interprovincialidad del río y resolviera que Mendoza debe hacer un uso compartido del mismo, el Gobierno pampeano no haya podido llegar a un acuerdo concreto que solucione, o al menos reduzca, las fuertes consecuencias que la pérdida del río conllevó. Las víctimas de esta inacción no son otras que los habitantes del Oeste, quienes viven dificultades de toda índole y con un futuro que no pareciera ser demasiado promisorio debido a la falta de oportunidades”, dijo.
Reparación Histórica El legislador nacional recordó las propuestas que desde el Senado ha presentado en relación a la defensa del Río Atuel y en búsqueda de la reparación de los daños causados por el corte del mismo y resaltó la importancia del Proyecto de Fondo de Reparación Histórica, que busca específicamente el resarcimiento de los múltiples perjuicios ocasionados por la demora ilícita en la provincialización del territorio.
“Uno de los principales perjuicios de esta demora fue justamente la pérdida del Río Atuel, porque al momento de permitirse la construcción del embalse, La Pampa era aún Territorio Nacional, por lo que no pudo defender sus recursos, que fueron entregados por el Gobierno Nacional a la Provincia de Mendoza”, explicó.
“El Fondo de Reparación busca remediar esta situación con una indemnización que le permita a la provincia realizar obras que puedan atenuar las enormes dificultades económicas, sociales y ambientales que ocasionó el pacto bilateral entre Mendoza y el Gobierno Nacional, dándole una solución concreta a los sufridos habitantes del Oeste”, agregó.
"LA REFORMA S.R.L. Derechos reservados - Las imágenes corresponden a los eventos publicados. Excepcionalmente serán ilustrativas" http://diariolareforma.com.ar/sesion-‐del-‐tribunal-‐latinoamericano-‐del-‐agua-‐por-‐el-‐atuel/
Proyecto minero Conga ante el Tribunal Latinoamericano del Agua en Audiencia de Buenos Aires
9 DE NOVIEMBRE DE 2012 DEJA UN COMENTARIO
§ El Estado Peruano y la empresa minera Yanacocha S.R.L han sido denunciados ante el Tribunal
Latinoamericano del Agua en su Sexta Audiencia Pública de Buenos Aires, Argentina por el proyecto
minero Conga.
§ Los demandantes los acusan de “amenazar medio ambiente y del derecho humano al agua de los
habitantes de las provincias de Cajamarca y Celendín” y solicitan “la suspensión definitiva del proyecto”.
§ El viernes 9 de noviembre el jurado procederá a dictar veredicto sobre el caso.
Miércoles, 7 de noviembre de 2012- La denuncia ha sido presentada por el Grupo de Formación e
Intervención para el Desarrollo (Grufides) y por la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC).
En su demanda, Sergio Sanchez Ibañez y Mirtha Vasquez, representantes de Grufides han señalado que,
según el propio Informe de Impacto Ambiental presentado por Yanacocha y aprobado por el Ministerio de
Energía y Minas del Estado Peruano, el proyecto minero Conga tiene previsto “la pérdida inminente de
lagunas naturales, la afectación de más de 680 manantiales y la modificación negativa de varios
ecosistemas, entre ellos bofedales, fauna y flora en la región de Cajamarca”.
Los demandantes han subrayado que “la zona prevista para la explotación se encuentra en la cabecera de
cinco microcuencas, entre las que están la del río alto Jaribamba y la del río Chailhuagón, cuyas aguas
desembocan en el Amazonas”. Han señalado que “en el área del proyecto se encuentran además diversas
lagunas como Perol, Azul, Mala, Chica, Mishacocha, Mamachocha o Alforjacocha”, de las cuales “cuatro se
vaciarían: dos para extraer minerales de su base y dos para ser utilizadas como depósitos de desmontes”.
Los demandantes han señalado que “el plan de mitigación de la empresa de reemplazar estas cuatro
lagunas naturales por reservorios artificiales rompería drásticamente el ecosistema hídrico andino” y
además “la propiedad del agua en los reservorios artificiales pasaría a ser propiedad de la empresa”.
También han indicado que “el estudio de impacto ambiental solo contempla a 32 comunidades, cuando en
realidad hay 210 comunidades”.
Para argumentar la presunta inconsistencia del Informe de Impacto Ambiental de Yanacocha, Grufides se
ha hecho eco de estudios independientes realizados por hidrogeólogos internacionales como Robert Moran
o Javier Lamban, por el Colegio de ingenieros de Cajamarca o por el propio Ministerio de Medio Ambiente.
Además, los demandantes han indicado que “para alimentar la actividad minera se va a bombear más agua
(1.364.400 litros/hora) de la que se puede tratar (233.000 litros/hora), por lo que la actividad minera
desecharía aguas residuales”.
“El temor de los habitantes de Cajamarca- han señalado- proviene de la experiencia vivida por la operación
durante 17 años de la misma minera (integrada actualmente por compañía de Minas Buenaventura (CMB),
Newmont Minig Corporation (Newmont) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial)
en Cajamarca en donde han demandado que “los cerros que captaban el agua ya no existen, ha habido
importantes derrames tóxicos y han desaparecido completamente afluentes, ríos y lagunas”.
Por último, los demandantes han hecho hincapié en “la criminalización de la protesta social” y en “las trabas
jurídicas que han encontrado en las instituciones de justicia peruanas a la hora de presentar sus alegatos”.
En este sentido, Grufides ha demandado que “la justicia en Perú está polítizada” y ha solicitado al Tribunal
que declare Fundada la demanda, por violación al derecho al Agua y al derecho al medio ambiente sano y
equilibrado y requiera “la suspensión definitiva de la explotación del proyecto minero Conga”.
Por su parte, La minera Yanachocha ha señalado, a través de un comunicado, que “desconoce la
jurisdicción del Tribunal”, a lo que el Tribunal ha contestado que se fundamenta en principios y normas
internacionales vinculantes y que tal decisión no comprende el propósito de la Audiencia, que es buscar
soluciones a las controversias hídricas.
El Jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua, integrado porPhilippe Texier, miembro redactor del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Alexandre Camanho de Assis, Magistrado del
Ministerio Público y Procurador de la República de Brasil, el muralista mexicano Ariosto Otero, la Dra. Silvia
Nonna, experta y asesora de la Nación Argentina en materia legal medioambiental y Giselle Boza Solano,
abogada y periodista costarricense resolverá el caso, emitirá veredicto al término de las sesiones de la
Audiencia Pública este viernes 9 de noviembre de2012 a las 15.30 (hora argentina).
Fuente: http://tragua.com/2012/11/proyecto-minero-conga-ante-el-tribunal-latinoamericano-del-agua-en-
audiencia-de-buenos-aires/ http://minacorrupta.wordpress.com/2012/11/09/proyecto-‐minero-‐conga-‐ante-‐el-‐tribunal-‐latinoamericano-‐del-‐agua-‐en-‐audiencia-‐de-‐buenos-‐aires/
Fuente: radio.uchile.cl, Eco2site | Noviembre 09, 2012Recomendar esta nota Postear esta nota
Hay que asegurar la estabilidad hídrica de las Naciones.
Tribunal Latinoamericano del Agua manifestó su preocupación por proyecto minero Pascualama El presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua, Javier Bogantes, trató este tema durante una de las sesiones del organismo, debido a una demanda que interpusieron diversas organizaciones en contra de Barrick Gold por los alcances que tiene el proyecto minero sobre los recursos hídricos de la zona. Hasta el día de hoy sesionará en la Universidad de Buenos Aires, el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), que realizará audiencias públicas sobre distintos conflictos hídricos en la región andina y el Cono Sur.
El martes pasado se revisó, justamente, el caso Pascualama a partir de una demanda que presentó contra la empresa Barrick Gold el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), la Pastoral de la Salvaguarda de la Creación, El Comité de Esperanza de Vida y el Consejo de Defensa del Valle del Huasco, todas organizaciones sociales de nuestro país. El presidente del Tribunal, el abogado especialista en conflictos relacionados con el agua, Javier Bogantes, indicó a Radio Universidad de Chile que este caso es emblemático, ya que se trata de la forma en que los gobiernos han permitido que se establezca una explotación en regiones de gran vulnerabilidad ecológica, lo que con el calentamiento global, podría causar “consecuencias irreversibles”.
“Todos sabemos que este tipo de proyectos requiere altas cantidades de agua y que, a veces, esas cantidades no son compatibles con la realidad de un territorio”, afirmó Bogantes, quien apuntó al desequilibro que esto genera en las comunidades, añadiendo que “en experiencia del tribunal, la explotaciones mineras en América Latina están convirtiéndose en uno de los factores de conflictividad socio-ambiental más importantes de la región, por lo que este modelo debería revisarse”, afirmó.
En ese sentido, el abogado advirtió que los gobiernos latinoamericanos deberían preguntarse cuál debe ser la forma de que estas compañías puedan desarrollar sus proyectos sin afectar los sistemas hídricos y las poblaciones circundantes, descartando lo que denominó como “Estrategias erróneas de desarrollo”, las que calificó como desarrollo a través de negocios cortoplacistas que sólo desgastarían el ecosistema. Y si bien las sentencias del Tribunal Latinoamericano del Agua no son vinculantes, el presidente del organismo afirmó que en el mundo no hay ninguna instancia que obligue a los países a tomar medidas desde el punto de vista ambiental. Por lo mismo, el experto indicó que es importante advertir y exhortar a los gobiernos sobre los riesgos que implica no asegurar estabilidad hídrica a sus naciones. http://www.eco2site.com/Noticia-‐2130-‐Tribunal-‐Latinoamericano-‐del-‐Agua-‐manifesto-‐su-‐preocupacion-‐por-‐proyecto-‐minero-‐Pascualama
Perú: Tribunal Latinoamericano del Agua se pronunciará hoy sobre caso Conga
Servindi, 9 de noviembre, 2012.- Hoy viernes a las 15:30 horas de Argentina se conocerá el veredicto del Tribunal Latinoamericano del Agua en torno al caso del proyecto minero Conga. El mismo fue sustentado en una nueva ronda de audiencias el pasado miércoles. La denuncia elaborada por el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo (Grufides) y la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) fue presentada contra el Estado Peruano y la minera Yanacocha S.R.L. por amenazar el medio ambiente y el derecho humano al agua. Las organizaciones solicitan al Tribunal que declare fundada la demanda por violación al derecho al agua y al derecho al medio ambiente sano y equilibrado de los habitantes de las provincias de Cajamarca y Celendín y requiera la suspensión definitiva del proyecto minero. La denuncia no deja de lado el tema de la criminalización de la protesta y las trabas jurídicas que se han encontrado en las instituciones de justicia peruana a la hora de presentar sus alegatos. Desde el 5 de noviembre el Tribunal celebra, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, su VI Audiencia Pública de Juzgamiento, en la que se vienen escuchando cinco de las demandas hídrico-ambientales más significativas del Cono Sur y México. Lo que está en juego Durante la presentación los demandantes sostuvieron que el proyecto minero tiene previsto la pérdida inminente de lagunas naturales así como la afectación de más de 680 manantiales y la modificación negativa de ecosistemas como bofedales, entre otros.
Precisaron de este modo que la zona prevista para la explotación se encuentra en la cabecera de cinco microcuencas, entre las que están la del río Jaribamba y la del río Chailhuagón y diversas lagunas como El Perol, Azul, Mamacocha, Chica, entre otras. En total serán seis las lagunas que serán afectadas, cuatro de ellas serán vaciadas para la extracción de minerales y los planes que se mitigación emprendidas para su reemplazo, explican, romperá drásticamente el ecosistema hídrico andino. A esto se suma que el recurso hídrico contenido pasará ser propiedad de la empresa. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto fue otro de los aspectos cuestionados ya que solo contempla a 32 comunidades afectadas cuando se debería hablar de cerca de 210 comunidades. Para hacer evidente el miedo de la gente al proyecto citaron algunos antecedentes de la empresa a cargo del proyecto: Yanacocha, que la conforman Buenaventura, Newmont Mining Corporation y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial. Mientras tanto en Perú Ayer jueves el Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmó la multa impuesta a la minera Yanacocha ascendente a 127,75 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a S/.466,287.50. Esto debido al incumplimiento de los compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto Minas Conga, en Cajamarca, entre los distritos de La Encañada y Sorochuco. Entre los compromisos incumplidos está la instalación de una plataforma de exploración a una distancia menor de 50 metros de un bofedal* (humedal de altura) y un curso de agua estacional, afectando el hábitat de especies de flora y fauna. De acuerdo a lo dispuesto en la Ley General del Ambiente y al Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, las actividades de exploración minera no pueden implicar el cruce o colocación de materiales o sustancias sobre bofedales o humedales. Estos son considerados ecosistemas frágiles sometidos a protección especial por parte del Estado. Componen el Jurado de su VI Audiencia Pública, Philippe Texier, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Francia; Alexandre Camanho de Assis, procurador de Brasil y el muralista mexicano Ariosto Otero. También la Dra. Silvia Nonna, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Giselle Boza Solano, abogada y periodista costarricense. Las resoluciones del Tribunal no son vinculantes para las partes ya que se trata de un tribunal de Ética en el manejo del recurso hidrico. Sin embargo, sus veredictos son muy importante porque pone en la mira a los gobiernos y empresas que no hacen correcto uso del recurso. http://servindi.org/actualidad/76425
Compañía minera Nevada Ltda. denunciada por
habitantes del Valle del Huasco ante Tribunal
Latinoamericano del Agua
Chile
La Compañía Minera Nevada Ltda., subsidiaria de la canadiense Barrick Gold, es demandada durante la segunda sesión de la Audiencia 2012 del Tribunal Latinoamericano del Agua, por los daños socio-ambientales generados con el megaproyecto minero Pascua Lama, en la región fronteriza de Chile y Argentina.
07 de Noviembre 2012.- La Compañía Minera Nevada Ltda. fue demandada este martes por los presuntos daños socio-ambientales y la supuesta crisis de legalidad generada desde que, en el año 2000- que comenzó definitivamente a operar en 2009- empezara a proyectar una gran mina a cielo abierto en la Comuna de Alto del Carmen, valle del Huasco, región de Atacama, cuyos efectos podrían ser transfronterizos afectando a Argentina.
La demanda ha sido presentada por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), el Consejo de Defensa del Valle del Huasco y organizaciones del Alto Carmen (la Pastoral Salvaguarda de la Creación y el Comité Esperanza de Vida)
Los demandantes, representados por Lucio Cuenca, representante de OLCA; Jorge Guerrero, del Consejo de Defensa del valle del Huasco; por Rodrigo Villablanca del Comité Esperanza de Vida del Altor Carmen y por Valesca Urqueta han señalado que “la instalación del proyecto Pascua-Lama amenaza a los glaciares cordilleranos aledaños (Toro I, Toro II y Esperanza) ya han sido significativamente destruidos, según han reconocido el propio Ministerio de Obras Públicas chileno”.
“Esta amenaza -han señalado- proviene tanto por la cantidad de agua empleada por la mina (370 litros/segundo) como por el uso de la técnica de lixiviación con cianuro de sodio, la ubicación de desecho desechos sobre el lecho de los ríos, por la apertura de brechas y por el tránsito de camiones con materiales explosivos, combustibles y químicos”. Los demandantes señalan también que los ríos que son tributarios de los glaciares, como El Tránsito y El Carmen, también están sufriendo gran contaminación, razón por la que los habitantes de la comunidad del Alto Carmen tienen que ser suministrados a través de la municipalidad para poder beber agua”.
“Esta situación-han puntualizado- amenaza la biodiversidad de la región y los derechos humanos, culturales y al modo de vida agrícola de los pobladores de la comuna de Alto del Carmen – que incluye la comunidad indígena Diaguita Huacoaltina, cuyo caso ya compareció en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Además, los denunciantes han hecho hincapié en “la profunda fractura social que esta situación ha causado en la comunidad” y en que
la empresa “no ha enmendado su actitud después de sanciones impuestas por las instituciones de vigilancia ambiental chilenas”.
En su exposición, Lucio Cuenca, también ha remarcado que “hay una herencia institucional del manejo de la minería y el agua de tiempos de dictadura por la Ley Minera Vigente. Se entrega en propiedad privada los derechos de subsuelo a las compañías y convierte el agua en una mercancía. Solo el 28% de la minería chilena la desarrolla el estado y un 72% empresas mineras. Además- ha recalcado- esta actividad apenas genera el 1% del empleo nacional”.
Por todas estas situaciones, los denunciantes ha demandado a la subsidiaria de Barrick Gold por los presuntos hechos de “promoción del debilitamiento de la institución ambiental chilena- al presentar informes de impacto ambiental fraccionados-; por corrupción y conflictos de interés tanto a nivel regional como nacional; y por incumplimiento de la Legislación Ambiental Chilena, que ha sancionado en múltiples ocasiones a la empresa por su manejo de residuos en el valle.
En este marco, los denunciantes han solicitado al Jurado del Tribunal que decrete la urgencia de una moratoria a la megaminería química en la naciente de las cuencas chilenas y argentinas, que respalde la exigencia comunitaria de retiro del proyecto binacional Pascua Lama; que interpele al gobierno de Canadá para que cese de respaldar este tipo de actividades, que solicite la revisión y derogación del Tratado Binacional Minero
El Jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua, integrado por Philippe Texier, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Francia, Alexandre Camanho de Assis, Magistrado del Ministerio Público y Procurador de la República de Brasil, el muralista mexicano Ariosto Otero y Dra.Silvia Nonna, experta y asesora de la Nación Argentina en materia legal medioambiental y Giselle Boza Solano, destacada abogada y periodista costarricense, resolverá los casos y emitirá veredictos al término de las sesiones de la Audiencia Pública el día 9 de noviembre de 2012.
El Ciudadano Portal Minero
http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=66654864
Darán veredicto sobre denuncia al Estado Peruano y Yanacocha por “amenazar el medio ambiente y el derecho al agua” Por SPDA Actualidad Ambiental Hace 1 hora. Repostéalo o comenta este post.
Hoy el jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua dará su veredicto sobre la denuncia presentada contra el Estado Peruano y la empresa minera Yanacocha por “amenazar el medio ambiente y el derecho humano al agua de los habitantes de las provincias de Cajamarca y Celendín”, debido a los trabajos previstos para el desarrollo del proyecto minero Conga.
La demanda fue presentada por el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo (Grufides) y por la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), quienes además solicitaron “la suspensión definitiva del proyecto”.
Según los representantes de Grufides, en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Yanacocha y aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), se menciona que el proyecto “tiene previsto la pérdida de lagunas naturales y la afectación de más de 680 manantiales, lo que en consecuencia traería la modificación de varios ecosistemas, entre ellos bofedales, fauna y flora de la región Cajamarca”. Además señala que el EIA solo contempla a 32 comunidades, cuando en realidad hay 210.
Grufides, para poder argumentar la “sospechosa inconsistencia” del EIA de Yanacocha revisó los estudios independientes que realizaron Robert Moran, Javier Lamban, el Colegio de ingenieros de Cajamarca y el propio Ministerio del Ambiente (Minam).
http://lamula.pe/2012/11/09/daran-‐veredicto-‐sobre-‐denuncia-‐al-‐estado-‐peruano-‐y-‐yanacocha-‐por-‐%E2%80%9Camenazar-‐el-‐medio-‐ambiente-‐y-‐el-‐derecho-‐al-‐agua%E2%80%9D/spdaactualidadambiental 09/11/12 08:43
Citan a Baldasso por el conflicto por el río Atuel Es para que asista a las comisiones de Economía, Energía, Minería e Industrias y de Ambiente, Urbanismo y Vivienda de la Cámara de Diputados para que informe sobre la situación del cauce.
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El diputado Aníbal Ríos (PD) ha solicitado la presencia del ministro de Infraestructura y Energía, Rolando Baldasso, al seno de las Comisiones de Economía, Energía, Minería e Industrias y de Ambiente, Urbanismo y Vivienda de la Cámara de Diputados a fin de que en plenario conjunto se informe sobre diversos puntos relacionadas con el conflicto que sobre el río Atuel mantiene La Pampa y Mendoza.
La iniciativa sostiene que existe la posibilidad que la vecina provincia impulse una sanción a Mendoza. Esta presunción está basada en que una ONG de La Pampa, la Fundación Chadileuvú (Fuchad), realizó un fuerte alegato en contra de Mendoza y del Estado Nacional por el viejo conflicto por el cauce del río Atuel en un juicio ético -que no tiene características vinculantes en ningún proceso judicial- que se está realizando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA). Dicho tribunal, creado en 1998, dará a conocer su sentencia en el marco de una audiencia pública en la que se analizan también otros conflictos hídrico-ambientales de Argentina, Chile, Perú y México.
El diputado Ríos indicó que “al parecer, la estrategia de una parte de la dirigencia política de La Pampa es que el Gobierno de Oscar Jorge tome la sentencia del Tribunal del Agua, que descuentan será positiva para la vecina provincia, para sustanciar una futura nueva demanda contra Mendoza y la Nación ante la Suprema Corte nacional que incluiría, esta vez, un pedido de resarcimiento económico por todas las décadas que lleva el reclamo pampeano sin atención (consideran que desde la construcción de la represa El Nihuil en San Rafael, el Atuel dejó de escurrir sus aguas en La Pampa y esto produjo la desertificación de un millón de hectáreas y la migración de poblaciones hacia el Este)”.
Cabe destacar que es de conocimiento del legislador demócrata que Mendoza no se habría hecho presente en la defensa de la postura provincial en el juicio ético que está en marcha en el Tribunal Latinoamericano del Agua. Al Parecer, sólo envió un oficio, firmado por el Ministro de Infraestructura y Energía, Rolando Baldasso, en la que se ratificó la voluntad manifestada por el ex gobernador Celso Jaque en 2008, cuando firmó con Jorge y Cristina Kirchner, un convenio por el cual se le comprometió el envío de un cuota mínima de agua a La Pampa. Según habría informado en un comunicado Baldasso, la provincia manifiesta la voluntad de proveer un caudal mínimo permanente de escurrimiento con destino a la de La Pampa, aclarando que el mencionado convenio está sujeto a la aprobación de la Legislatura provincial.
Ríos señaló que “en rigor a la verdad, ni el gobierno de Jaque ni ahora el de Francisco Pérez han mandado a la Legislatura lo que se firmó en 2008 (esta omisión fue uno de los motivos por los cuales se le inició un juicio político al ex superintendente de Irrigación, Eduardo Frigerio)”.
Asimismo “desde este Bloque en reiteradas oportunidades hemos reclamado que aparezca dicho acuerdo y respetar el Fallo de la Suprema Corte de la Nación que Mendoza debe poder regar 72 mil hectáreas y hoy sólo están bajo riego la mitad, además de que hay zonas del Oeste de General Alvear que están desertificándose, y luego de cometido el objetivo recién poder disponer de dotación de agua para la Provincia de La Pampa”.
http://www.sitioandino.com/nota/57951-‐citan-‐a-‐baldasso-‐por-‐el-‐conflicto-‐por-‐el-‐rio-‐atuel/
Denuncian al Estado mexicano por el deterioro de ecosistemas PATRICIA DÁVILA 6 DE NOVIEMBRE DE 2012 · 2 COMENTARIOS NACIONAL
MÉXICO, D.F. (apro).- La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) denunció al Estado
mexicano por el deterioro general de los ecosistemas que ha experimentado el país en los últimos años.
La denuncia, formulada durante la sexta audiencia pública del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA),
efectuada en Argentina, involucra a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
y la Secretaría de Salud.
La ANAA en México agrupa a 57 organizaciones y alrededor de 200 agrupaciones locales, inconformes con
los proyectos que dañan sus recursos y ecosistemas hídricos, como la minería a cielo abierto, las centrales
hidroeléctricas, la expansión urbanística o los corredores agro-industriales, entre otros.
En la Audiencia pública del TLA, Raúl García Barrios, portavoz de la ANAA, denunció que “las políticas
neoliberales han puesto en grave riesgo a todas y a todos los habitantes de México, además de saquear los
territorios de pueblos indígenas y campesinos”.
García Barrios presentó un estudio detallado donde se señala, entre otras cosas, el incremento exponencial
de la sobreexplotación de acuíferos, la disminución de la disponibilidad media de agua por habitante en
México, la falta de un tratamiento sistemático de las aguas residuales e industriales y la contaminación de
21 de las 728 cuencas hidrológicas del país.
El documento de ANAA hace hincapié en “la proliferación de 24 mil concesiones mineras en los últimos 10
años, con permisos para la explotación de aguas preferentes; la especulación urbanística vinculada a los
grandes capitales financieros; las políticas agropecuarias que privilegian el mercado de agroquímicos y el
monocultivo; la vulneración de los derechos de derecho a la consulta previa, o las políticas asistencialistas
que destruyen el tejido social”.
Por esas razones, los demandantes solicitaron al TLA “que condene al Estado mexicano por la situación del
agua en México, elevando esta condena a las Naciones Unidas; que recomiende la realización de una
Auditoría integral, y que inste a las autoridades correspondientes a que defiendan las leyes, establezcan
compromisos de restauración hídrica, reformen el sistema de procuración de justicia ambiental y eliminen
las restricciones al acceso a la información que presuntamente la impone Conagua”.
Asimismo, dieron a conocer que la Profepa ha argumentado que el TLA no posee coacción legítima para
requerir la presencia de las autoridades gubernamentales de los Estados Nación, debido a que, según esa
dependencia, “no cuenta con atribuciones en materia de agua y sistemas hídricos, por lo que el procurador
federal de protección al ambiente jurídicamente se encuentra imposibilitado para la intervención en el caso
en referencia, así como para exponer argumentos científico-técnicos, jurídicos, económicos o políticos” en
respuesta a la demanda.
El próximo viernes 9, el Jurado del TLA –integrado por Philippe Texier, magistrado de la Corte Suprema de
Justicia de Francia; Alexandre Camanho de Assis, magistrado del Ministerio Público y procurador de la
República de Brasil; el muralista mexicano Ariosto Otero; Silvia Nonna, experta y asesora de la nación
Argentina en materia legal medioambiental, y Giselle Boza Solano, destacada abogada y periodista
costarricense– resolverá el caso y emitirá su veredicto al término de las sesiones de la Audiencia Pública.
http://www.proceso.com.mx/?p=324506
Compañía minera Nevada Ltda. denunciada por habitantes del Valle del Huasco ante Tribunal Latinoamericano del Agua
La Compañía Minera Nevada Ltda., subsidiaria de la canadiense Barrick Gold, es demandada durante la segunda sesión de la Audiencia 2012 del Tribunal Latinoamericano del Agua, por los daños socio-ambientales generados con el megaproyecto minero Pascua Lama, en la región fronteriza de Chile y Argentina. La Compañía Minera Nevada Ltda. fue demandada este martes por los presuntos daños socio-ambientales y la supuesta crisis de legalidad generada desde que, en el año 2000- que comenzó definitivamente a operar en 2009- empezara a proyectar una gran mina a cielo abierto en la Comuna de Alto del Carmen, valle del Huasco, región de Atacama, cuyos efectos podrían ser transfronterizos afectando a Argentina.
La demanda ha sido presentada por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), el Consejo de Defensa del Valle del Huasco y organizaciones del Alto Carmen (la Pastoral Salvaguarda de la Creación y el Comité Esperanza de Vida)
Los demandantes, representados por Lucio Cuenca, representante de OLCA; Jorge Guerrero, del Consejo de Defensa del valle del Huasco; por Rodrigo Villablanca del Comité Esperanza de Vida del
Altor Carmen y por Valesca Urqueta han señalado que “la instalación del proyecto Pascua-Lama amenaza a los glaciares cordilleranos aledaños (Toro I, Toro II y Esperanza) ya han sido significativamente destruidos, según han reconocido el propio Ministerio de Obras Públicas chileno”.
“Esta amenaza -han señalado- proviene tanto por la cantidad de agua empleada por la mina (370 litros/segundo) como por el uso de la técnica de lixiviación con cianuro de sodio, la ubicación de desecho desechos sobre el lecho de los ríos, por la apertura de brechas y por el tránsito de camiones con materiales explosivos, combustibles y químicos”. Los demandantes señalan también que los ríos que son tributarios de los glaciares, como El Tránsito y El Carmen, también están sufriendo gran contaminación, razón por la que los habitantes de la comunidad del Alto Carmen tienen que ser suministrados a través de la municipalidad para poder beber agua”.
“Esta situación-han puntualizado- amenaza la biodiversidad de la región y los derechos humanos, culturales y al modo de vida agrícola de los pobladores de la comuna de Alto del Carmen – que incluye la comunidad indígena Diaguita Huacoaltina, cuyo caso ya compareció en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Además, los denunciantes han hecho hincapié en “la profunda fractura social que esta situación ha causado en la comunidad” y en que la empresa “no ha enmendado su actitud después de sanciones impuestas por las instituciones de vigilancia ambiental chilenas”.
En su exposición, Lucio Cuenca, también ha remarcado que “hay una herencia institucional del manejo de la minería y el agua de tiempos de dictadura por la Ley Minera Vigente. Se entrega en propiedad privada los derechos de subsuelo a las compañías y convierte el agua en una mercancía. Solo el 28% de la minería chilena la desarrolla el estado y un 72% empresas mineras. Además- ha recalcado- esta actividad apenas genera el 1% del empleo nacional”.
Por todas estas situaciones, los denunciantes ha demandado a la subsidiaria de Barrick Gold por los presuntos hechos de “promoción del debilitamiento de la institución ambiental chilena- al presentar informes de impacto ambiental fraccionados-; por corrupción y conflictos de interés tanto a nivel regional como nacional; y por incumplimiento de la Legislación Ambiental Chilena, que ha sancionado en múltiples ocasiones a la empresa por su manejo de residuos en el valle.
En este marco, los denunciantes han solicitado al Jurado del Tribunal que decrete la urgencia de una moratoria a la megaminería química en la naciente de las cuencas chilenas y argentinas, que respalde la exigencia comunitaria de retiro del proyecto binacional Pascua Lama; que interpele al gobierno de Canadá para que cese de respaldar este tipo de actividades, que solicite la revisión y derogación del Tratado Binacional Minero
El Jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua, integrado por Philippe Texier, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Francia, Alexandre Camanho de Assis, Magistrado del Ministerio Público y Procurador de la República de Brasil, el muralista mexicano Ariosto Otero y Dra.Silvia Nonna, experta y asesora de la Nación Argentina en materia legal medioambiental y Giselle Boza Solano, destacada abogada y periodista costarricense, resolverá los casos y emitirá veredictos al término de las sesiones de la Audiencia Pública el día 9 de noviembre de 2012.
El Ciudadano http://www.elciudadano.cl/2012/11/07/59727/compania-‐minera-‐nevada-‐ltda-‐denunciada-‐por-‐habitantes-‐del-‐valle-‐del-‐huasco-‐ante-‐tribunal-‐latinoamericano-‐del-‐agua/