Los cambios que se visualizan en la agricultura mundial en las ltimas dcadas son parte del proceso que est conduciendo a la formacin de un sistema agroalimentario de alcance global cuya dinmica integra y subordina de manera progresiva la agricultura

Globalizacin del capital y globalizacin de las resistencias contrahegemnicas locales. Judicializacin selectiva de los conflictos territoriales en el Norte de Crdoba. ArgentinaMariana Romano Abogada. Integrante del Programa de Conflictividad Territorial y Desarrollo rural. CIECS. Universidad Nacional de Crdoba. Argentina. CONICET/ MINCyT. romanomarian@yahoo.com.arResumenEn el artculo nos proponemos describir la expansin del capital en las zonas rurales del Departamento Ro Seco de Crdoba, Argentina, y en forma relacional, analizamos crticamente la intervencin del Poder Judicial penal en la judicializacin de los conflictos por la tierra, advirtiendo que las agencias de control social son selectivas y arbitrarias en sus polticas criminales contra al sector ms pobre y vulnerable del campo; criminalizan las resistencias campesinas y son funcionales a la desterritorializacin campesina, y sirven a la territorializacin del capital en el campo. Observamos que los juicios penales por la tierra son conflictos interclasistas donde se enfrentan los campesinos pobres que son criminalizados- y los sectores sociales dominantes.El proceso de alta conflictividad territorial tambin se expresa en el surgimiento del Movimiento Campesino de Crdoba como un actor social colectivo y poltico que se manifiesta y denuncia, exigiendo otra intervencin del Poder Judicial en los mismos; una actuacin que incluya y proteja a los campesinos y sus relaciones con la tierra que trabajan, como sujetos de derechos. Palabras claves: desterritorializacin campesina- territorializacin del capital- criminalizacin de la pobreza/ protesta. Globalizacin del capital. Resistencias campesinas locales.

AbstractIn the article we intend to describe the expansion of capital in the rural areas of the Ro Seco Department of the Crdoba, Argentina, and in relational form, we critically analyse the intervention of the judiciary criminal in conflicts over land use, warning that social control agencies are selective and arbitrary in its criminal policies directly affecting the sector most poor and weakness in the field; They criminalize the peasant resistance, so they are functional to the dispossession of the peasants territory, or what is the same, they serve to the territorialisation of capital in the field. We observe that trials throughout the land are interclasses conflicts where face poor peasants criminalized - and dominant social sectors.The process of intense territorial conflict is also expressed in the emergence of the peasant movement of Cordoba as a social collective and political actor that manifests, reveal and denounces, demanding another intervention of the Judicial power in them; a performance that includes and protects the peasants and their relations with their lands, requiring another intervention by the judiciary therein; a performance that consider them as subjects of rights.Key words. Peasant desterritorialisation capital territorialisation- poor criminalization- capital globalization- Peasant locals resistances.

ResumoO artigo pretende-se descrever a expanso do capital nas reas rurais do Departamento Ro Seco de Crdoba, Argentina, e na forma relacional, olhar criticamente a interveno do Poder Judicirio criminoso sobre o juridification de conflitos pela terra, Notando que as agncias de controle social so selectivas e arbitrrias em suas polticas penais contra os sectores mais pobres e vulnerveis do campo; Eles criminalizam a resistncia camponesa e so funcionais para a desterritorializao camponesa e servem para a territorializao do capital no campo. Podemos constatar que os processos penais pela terra so conflitos interclasistas onde eles enfrentam os camponeses pobres - criminalizavos - e os setores sociais dominantes.

O serio processo de conflitividade territorial tambm expressa na emergncia do movimento campons do Crdoba como um ator social coletivo e poltico que manifesta-se e denncia, exigindo outra interveno do poder Judiciario, um desempenho que inclui e protege os camponeses e suas relaes com la terra que eles trabalham, como sujeitos de direitos. Palavras- chaves. Desterritorializaao camponesa- territorializaao do capital. Criminalizaao camponesa. Globalizaao do capital. Resistncia camponesa local. IntroduccinEn tiempos turbulentos como describe Bartra (2010a) nos encontramos transitando una crisis epocal, momentos cruciales, caracterizados por una gran crisis del orden civilizatorio y esto nos obliga a pensar y reflexionar complejamente nuestras realidades.

En los estudios sociales agrarios se analizan las transformaciones generadas por el proceso continuado y creciente de expansin del capital, se describe la fase actual como diferente a las olas y crisis de acumulacin que se vivieron en el mundo durante el agitado siglo XX; desde lo que se llam la gran crisis de los aos 30, pasando por el agotamiento del modelo de la revolucin verde en la agricultura, expresin de la expansin del capital en el campo; hasta las crisis financieras de sobreproduccin de los aos 2008/2011 que se suscitaron en EEUU, Europa, y los pases perifricos ms dependientes de las economas globales (Bartra, 2010a) y con ello surgen los interrogantes acerca de si estamos ante una crisis de paradigmas o una simple crisis que se reacomodar recurriendo a polticas macroeconmicas.

Nos encontramos ante una fase de acumulacin del capital que se ha denominado Acumulacin por desposesin, en virtud de una nueva espacialidad del capital (Harvey D, 2004). Intentamos poner en debate estos conceptos tericos, describiendo la forma y dimensiones que adopt la expansin de la frontera agropecuaria en el departamento Ro Seco de la provincia de Crdoba, as como sus relaciones con las transformaciones, crisis y resistencias que estos procesos hegemnicos globales generan en los espacios sociales locales; especialmente analizamos en forma relacional la expansin del capital agrario, en una zona de irregularidad estructural de la tenencia de la tierra, la reaccin de los campesinos que se ven directamente afectados por este proceso que los expulsa de sus tierras y cmo interviene el Poder Judicial penal en los conflictos territoriales, criminalizando al sector ms vulnerable: los campesinos pobres que ejercen la posesin de las tierras hace dcadas, careciendo de ttulos sobre las mismas.

Nuestro objetivo es relacionar los efectos de la expansin del capital en esta parte del campo inaudible con el despojo de los territorios campesinos y las estrategias de resistencia que adoptan las familias campesinas organizadas para evitar su expulsin, que amenazan con una nueva transformacin: la produccin en el campo sin campesinos (Rubio, 2001) y la transformacin de territorios campesinos en territorios del capital (Fernandes, 2006; 2008).Analizamos la forma y dimensiones en que ocurre la expansin del capital en el norte de la provincia, como consecuencia del proceso global de expansin capitalista y la relacionamos con las resistencias locales de las organizaciones campesinas. Nos interesa describir y criticar la forma en que acta el Estado en la mediacin de la conflictividad territorial, analizando el rol que cumple el Poder Judicial de la provincia. Las preguntas que guan el estudio son las siguientes: Cmo se relacionan los procesos globales con las resistencias sociales y polticas contrahegemnicas locales? Cmo operan las polticas criminales en el contexto conflictivo poltico, econmico- productivo y social descripto? La politizacin de los conflictos territoriales judicializados por el MCC inciden en las formas de interpretar y aplicar el derecho? Cmo se puede transformar una concepcin reguladora del derecho por una que sea emancipadora de los derechos de las personas ms vulnerables?Metodologa

La metodologa pertenece a la triangulacin de mtodos, y por ello relevamos y utilizamos fuentes propias de la metodologa cuantitativa y cualitativa para integrar al anlisis relacional diversos aspectos de los conflictos territoriales.

Para la caracterizacin del contexto, descripcin y anlisis del avance de la frontera agropecuaria, recurrimos a la metodologa cuantitativa, por medio de la consulta y estudio de fuentes secundarias. Sirvieron de gua para el anlisis las investigaciones documentales y bibliogrficas que describen y cuantifican las caractersticas de la zona de estudio y las transformaciones observadas por la expansin de formas capitalistas de produccin en estos territorios durante los ltimos veinte aos ( periodo 1988/ 2008). Complementamos aquellas fuentes y antecedentes de investigacin con el estudio de Censos Nacionales Agropecuarios (CNA) y trabajos desarrollados sobre los mismos e informes realizados por el Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria (INTA).

A la expansin del capital en el campo por el corrimiento de la frontera agropecuaria, lo analizamos a travs de un relevamiento cuantitativo de denuncias de usurpacin en la Fiscala de Dean Funes que da cuenta del incremento del 1600 % de las mismas en el periodo 1988- 2008. Complementamos aquel relevamiento, con el anlisis e interpretacin de las cincuenta y tres sentencias de usurpacin rurales que dict la Cmara Penal de Dean Funes en el mismo periodo. Para ello recurrimos a las herramientas de la investigacin cualitativa.Territorializacin del capital y desterritorializacin campesina en el Norte de Crdoba.

En un contexto regional caracterizado por las reformas destinadas a la modernizacin e industrializacin de la produccin agropecuaria, tendientes a la integracin dependiente de los mercados internacionales, las consecuencias de estas polticas de corte neoliberal se hicieron sentir muy tempranamente en toda la regin, implicando que el campo comience a ser un espacio en el que las decisiones de produccin, las opciones tecnolgicas, y las divisas de exportacin quedan en manos de las grandes transnacionales (Monsanto, Syngenta, Cargill).

Las consecuencias que han generado las polticas neoliberales aplicadas en el sector agropecuario en varios pases del Cono Sur tuvieron como correlato la desaparicin de los pequeos productores, el endeudamiento de los medianos y el cambio del paisaje agrario dando lugar a la produccin de cereales en gran escala (especialmente oleaginosas para exportacin, en el caso argentino), con la introduccin de semillas transgnicas y la tcnica de siembra directa (Teubal, 1995; Giarracca, 2004; Pieiro, 2004; Barbosa Cavalcanti y Neiman, 2005; entre otros).

Se gener un vasto sistema de agro-negocios en el que los grandes productores agropecuarios y las empresas favorecidas por la sojizacin desplazan a los medianos y pequeos productores familiares y a los campesinos. Este proceso implica sin ms, la transformacin del sector en una agricultura sin agricultores (Rubio, 2001) y la dependencia absoluta de la produccin de alimentos en nuestro pas de las empresas multinacionales que dirigen todas las fases de la produccin e imponen sus precios y condiciones al conjunto de la sociedad.

En un contexto marcado por la acelerada expansin del capital y desplazamiento del 24 % de las unidades productivas que desaparecieron en todo el pas, en catorce aos (1988/2002), vemos que aquel proceso para el caso de Crdoba result ms grave an, constatando la desaparicin del 36 % de unidades productivas de menos de 200 has. para el mismo periodo, y sus graves consecuencias ambientales y sociales (Hocsman y Preda, 2005).La expansin del capital en zonas rurales del departamento demuestra que en los ltimos veinte aos se evidencian signos preocupantes de prdida ambiental y social. Este proceso encuentra sus principales causas en la ampliacin de la frontera agropecuaria.

Los datos indican que en el ao 1988 se sembraban 675 has. de soja y en la actualidad ascienden a una superficie mayor a 70.000 has. las dedicadas a la produccin de oleaginosas para exportacin. Esta realidad marca una tendencia en la cual ya se increment en un 5289 % la expansin del cultivo de soja sobre territorios campesinos. La expansin se produce por medio de los cambios en el uso del suelo, en razn del cual la agricultura avanza sobre pastos naturales y bosques nativos (Preda, 2010; Cceres et al., 2009).

En razn de lo expuesto, grandes territorios que mantenan las caractersticas naturales del paisaje y eran dedicadas a la cra extensiva de animales desarrollada por el sector campesino, se destinan a agricultura, expulsando a las poblaciones rurales y agravando las condiciones agroecolgicas de los suelos, lo que se traduce en grave prdida social y ambiental.

Presentamos un mapa de la provincia de Crdoba a fin de ubicar geogrficamente el Departamento Ro Seco.

Imagen N 1. Mapa de la provincia.

Fuente: Mariana Romano

Expansin del capital en el Departamento Ro Seco. Crdoba. Principales transformaciones.La expansin del capital en el Departamento se evidencia en los cambios relacionados a los nuevos sujetos sociales que intervienen en el proceso productivo y generalmente son forneos -portadores del conocimiento, capital y la tecnologa requerida-; y en la estructura agraria se caracterizan por la marcada disminucin de unidades productivas de menor tamao y correlativo aumento de las de mayor escala, denotando un proceso de mayor concentracin de la tierra y absoluta indiferencia por el proceso de desmonte indiscriminado, impulsado por sujetos sociales forneos que empiezan a desarrollar actividades productivas a gran escala en la zona. En razn del incremento de la produccin agrcola, sta avanz sobre la produccin tradicionalmente ganadera en estos territorios, con el principal cultivo que es la siembra de soja. Describimos los datos del contexto que consideramos relevantes para analizar estas transformaciones territoriales, ambientales y sociales.

Cuadro N 1: Superficie implantada, por grupo de cultivos. Datos comparados entre Censos Nacionales Agropecuarios (CNA).Grupos de cultivosCNA 19882002 Variacin Superficie/hasPorcentaje %

Cereales p/ grano192922574206441070 %

Oleaginosas74543699429545766 %

Forrajeras anuales159409099-6841-43 %

Forrajeras perennes205964968729091141 %

Fuente: Preda (2010).

Cuadro N 2 Superficie implantada con cereales y oleaginosas. Datos comparados entre los Censos Nacionales Agropecuarios.

Cereales y oleaginosas CNA

19882002

VARIACIN

Superficie/has Porcentaje %

Maz185450493195172 %

Trigo 30163911636154.537 %

Sorgo granifero 490690222.550 %

Soja de 167536378357035.289 %

Soja de 2071967196 7196 %

Fuente: Preda (2010).

Analizamos el proceso de evolucin de estos cultivos durante los aos 2002/2008, en base a los datos del Ministerio de Agricultura, demostrando un aumento importante de las reas sembradas en este periodo.

Cuadro N 3: Evolucin de la superficie sembrada con los principales cultivos

CampaaSoja (has)Maz (has)Sorgo (has)Trigo (has)

2002/200360.000 8.0006.00025.000

2003/200480.00025.0005.00048.000

2004/ 200570.00040.00010.00030.000

2005/200670.00035.00015.00030.000

2006/200770.00030.00015.00045.000

2007/200865.00035.0005.00030.000

Fuente: Preda (2010).

Como podemos observar en el cuadro N 3, los cultivos de maz y sorgo aumentaron a partir del periodo 2003/04. En la evolucin analizamos que el gran aumento estuvo dado por el cultivo de soja y maz, siendo ste el cultivo elegido para la rotacin agrcola con soja en el caso de los grandes productores. El trigo tambin muestra un incremento importante en las campaas 2003/2004 y 2006/2007. La disminucin de superficies sembradas en las dos ltimas campaas se debieron a la gran sequa que sufre la regin norte de la provincia. Cuadro N 4 Superficie destinada a otros usos

Otros UsosCNA 1988CNA 2002VARIACIN

Superficie/HasPorcentaje %

Pastizales197949160767- 37182- 19%

Bosques y montes Naturales147379105776- 41603- 28%

Fuente: Preda (2010).

Los cuadros evidencian el aumento de superficie implantada que se dio fundamentalmente en la regin del Chaco rido Serrano. As tambin se increment el ganado bovino en un 30 %. Se analiza este proceso como perjudicial para la ganadera caprina tradicional que haca uso del monte, implicando un desplazamiento de los pequeos cabriteros a las mrgenes este y noroeste del Departamento

El anlisis de la informacin permite sostener que los procesos de agriculturizacin y bovinizacin se realizaron sobre suelos que tenan montes y pastizales, y resulta expresiva la relacin entre superficies desmontadas (antes de monte y pastos naturales) transformadas en las superficies con actual uso agrcola del suelo.

La estructura agraria del Departamento demuestra variaciones en relacin a cantidad de explotaciones agropecuarias, como as tambin la concentracin de las superficies en los estratos mayores. En este escenario de transformaciones productivas, observamos una gravsima concentracin del uso de la tierra, donde se reconvierten o desaparecen pequeas unidades productivas que ya no pueden continuar su produccin en este contexto. Resulta preocupante la desaparicin constatada del 50 % de las unidades productivas menores a 50 has.; el 37 % de Eaps menores a 100 has., y siguen en forma preocupante la tendencia expulsora del campo, el 25 % de las Eaps de 200 has. (Preda, 2010).

Cuadro N 5. Variaciones en la Estructura agraria de la tierra. Comparacin CNA 1988 y CNA 2002.

Estratos por hectareasCNA-1988

N EapsSup.mediaCNA 2002

N EapsSup.mediaDIFERENCIA

%

0-257914,84016,6-49,10

26-509141,84742,2-48,50

51-10013279,18381,6-36,90

101-200148152,9111155,7-24,96

201-500141327,8124346,2-12,41

501-100078710,368771,4-12,85

1001-2500581676,6561712-2,61

2501-5000173572,3213350,5+23,90

5000119757,71110991,50

Total755536,4561721,8-25,69

Fuente: Preda (2010).

Entre las transformaciones ms importantes, la frontera agrcola avanz sobre el monte y los pastizales naturales, desplazando a la ganadera hacia suelos marginales. Se observa la prdida de superficies de bosques, ya que a causa de este proceso entre los aos 1969/1999, 1.200.000 has. de bosque fueron transformados en cultivos, campos de pastoreo y bosques bajos o matorrales. En virtud de ello, la tasa anual de desmontes de los bosques secos estacionales alcanz en el periodo referido el 2,75 % en las llanuras y el 3,10 % en las sierras. Estas tasas superan la media anual y son mayores incluso, a las constatadas en los bosques tropicales (Zak y Cabido, 2005).

En este contexto, podemos afirmar que la contradiccin externa del sistema, la inequidad capitalista que se expresa en el alza de los costos medioambientales, causa y efecto de su exteriorizacin por los capitales individuales es terminal y en principio, podra atenuarse mediante regulaciones favorecidas en parte por las demandas de los trabajadores y ambientalistas. La herencia de estrs hdrico, deforestacin, desertificacin, degradacin de los ecosistemas y cambio climtico, significan que bienes iguales tendrn un costo ambiental cada vez mayores (Bartra, 2008: 98).

Por lo que la presunta acumulacin de capital es en realidad desacumulacin ambiental y social. Relacionamos estas transformaciones con las descripciones de Sartre al observar los arrasadores desmontes practicados en China, contexto en el cual aquel expres que: El trabajador se vuelve su propia fatalidad material; produce las inundaciones que lo arruinanLo que debi hacernos libres nos esclaviza, lo que debi enriquecernos, nos empobrece. (Cfr. Sartre en Bartra, 2008: 101).

El modelo agroexportador avanza sobre los territorios campesinos y genera graves daos ambientales y desertificacin de los suelos, que se traduce en inexorables problemas socio-ambientales; como la expulsin de las familias del campo y la destruccin de la naturaleza. Nos preguntamos quin pagar estos costos?, el capital? Seguramente no ser as, pero en general en los anlisis econmicos y productivos se omite este tipo de consideraciones como si la naturaleza sola pudiera regenerarse de los procesos extractivos que la degradan y destruyen. En este contexto, no resultan extraos los fenmenos de cambio climtico, inundaciones y desertizacin de gran parte de los suelos que conservaban sus caractersticas naturales y actualmente son sometidos a fuertes procesos transformadores.En relacin a las consecuencias sociales de este proceso, observamos con preocupacin los destinos y derroteros que viven miles de campesinos y trabajadores rurales que al perder las tierras que produjeron durante dcadas, en manos del capital, se transforman en esclavos de las multinacionales, como denuncian los medios de comunicacin en esta Argentina del Siglo XXI.La llegada a la zona de nuevos productores con perfil empresarial, provenientes de la regin pampeana, ha generado cambios importantes, que se observan en las nuevas prcticas tecnolgicas que desarrollan va utilizacin masiva de alambrados perimetrales. En las explotaciones ganaderas tambin se observan divisiones internas para mejor manejo del ganado y produccin de forraje (Cceres et al., 2009). El incremento masivo de utilizacin de alambrados y cerramientos es el factor que ms impact las estrategias productivas campesinas de uso tradicional de campos abiertos para pastoreo de animales en forma extensiva.

En esta zona, histricamente el ganado (vacuno, caprino y ovino) se mova con gran libertad por los campos, buscando las pasturas y el agua necesaria para su subsistencia. Este manejo estaba acordado en forma consuetudinaria entre los campesinos, y en general era tolerado por los productores mayores de origen local. En relacin a este fenmeno, los autores que han analizado este proceso describen la expansin del capital en el Departamento, de esta forma:

muchos campesinos no tenan precisiones acerca de las dimensiones de sus campos, ni tampoco de su ubicacin y lmites exactos. Evidentemente, en aquel periodo, la propiedad de la tierra no se rega para ellos por las reglas que impone el derecho jurdico, sino ms bien por los acuerdos alcanzados entre familias y las normas de uso transmitidas de generacin en generacin. Esto no significa, sin embargo, que no se manifestaran conflictos por problemas vinculados al uso de la tierra. Por el contrario, estos de hecho existan, pero eran negociados en funcin de los acuerdos y normas tradicionales preexistentes, los que, generalmente, evitaba que se manifestaran conflictos de alto nivel de tensin entre las partes involucradas (Cceres et al., 2009: 7).Las transformaciones mencionadas y la intolerancia de los nuevos productores a permitir aquellas prcticas consuetudinarias, generaron gran impacto en las estrategias productivas campesinas. En razn de este proceso, los campesinos han visto reducidas las reas de pastoreo, lo que se traduce en menor disposicin de tierra para la produccin animal y que los campos sean cada vez ms chicos. El cerramiento de los inmuebles en el rea de estudio, ha incidido en el diseo productivo de las explotaciones campesinas y ha modificado el manejo productivo que tradicionalmente hacan del ganado.

Como consecuencia del proceso mencionado, las familias campesinas han debido reducir su majadas de ovejas y cabras, as como la hacienda vacuna, que anteriormente no dependa exclusivamente de la disponibilidad de tierras propias de los campesinos, y con el uso masivo de alambres perimetrales, se ven reducidas en grandes proporciones. En virtud de las transformaciones territoriales y productivas el ganado caprino es el que est siendo ms afectado por este proceso, ya que son difciles de contener dentro de los lmites de sus explotaciones (Preda, 2010; Cceres et al., 2009).

Del anlisis desarrollado, podemos observar las transformaciones en la estructura agraria del departamento, y entre las ms importantes, consideramos las que tienen relacin con la tenencia y posesin de la tierra. Durante las ltimas dos dcadas se verifica un acelerado proceso de disminucin de unidades productivas en los estratos de menor escala; el 50 % de las unidades productivas iguales o inferiores a 50 has. han desaparecido. Esto significa una gravsima reduccin de las unidades de produccin campesina. Correlativamente, observamos un proceso de concentracin de la tierra, - tanto en nmero de explotaciones como en el incremento de las superficies ocupadas- en los estratos superiores a 2500 has. (Preda, 2010).

El proceso de expansin del capital, avanza sobre la pequea produccin campesina, sobre los pastizales y bosques nativos y se genera una concentracin de la tierra y sus usos en los sectores empresariales agropecuarios. El problema es complejo porque no slo expulsa contingentes de poblaciones del campo a la ciudad, por medio del proceso denominado por Marx como acumulacin originaria y explicado por Rosa Luxemburgo como un proceso constante y permanente que se extiende desde los pases centrales hacia los pases perifricos y econmicamente dependientes, sino que se agregan a estos planteos que destacan las consecuencias sociales del proceso, los desastres ambientales, el cambio climtico y el agotamiento de los recursos, la desertificacin de los suelos, y la existencia de menos reservas naturales para mantener y expandir en forma universal el modelo de produccin y consumo actual.

El estudio lo hacemos en un pas latinoamericano, colonizado, dependiente y expoliado por las instituciones coloniales durante siglos, proceso que se actualiza por medio de la globalizacin salvaje del capital. Al respecto, Rosa Luxemburgo explica cmo es el proceso permanente de huda del capital para evitar las crisis de subconsumo, apelando a mercados externos que describe como precapitalistas:

El capital no puede desarrollarse sin emplear los medios de produccin y las fuerzas de trabajo del planeta entero. Para desplegar sin obstculos el movimiento de acumulacin, necesita los tesoros naturales y las fuerzas de trabajo de toda la tierra. Pero, como stas se encuentran, de hecho, en su gran mayora, encadenadas a formas de produccin precapitalistas surge aqu un impulso irresistible del capital de apoderarse de aquellos territorios y sociedades (Cfr. Luxemburgo en Bartra, 2010b: 25).Esta gran crisis se expresa en los flagelos ambientales como el desorden climtico, la escasez de petrleo, hambruna, xodo y depresin econmica; transformaciones que remiten a una tensin insoslayable del modo capitalista de producir. En trminos de Polanyi (1992), la gran transformacin es ontolgica y la relaciona con que a tres componentes de la produccin que son la naturaleza, el hombre y el dinero, se los trata como mercancas.

Esta ficcin que se ha mantenido desde el mercantilismo absoluto llev a generar mercancas ficticias, que en la actualidad nos obliga a una redoblada reflexin, luego de los procesos vividos y ante el ocaso del cambio climtico, el agotamiento de los bienes naturales, la grave y creciente explotacin del hombre por el hombre, la cada vez ms terrible carencia de alimentos para amplios sectores de la poblacin, opuestas a los abusos, excesos y opulencia del consumo de un mnimo sector social del mundo que creci aceleradamente desde la revolucin industrial hasta nuestros das parecen predecir la imposibilidad e insustentabilidad de este modelo de sociedad que naci con la modernidad y el capitalismo, pero que hasta en el marxismo encontr su Fausto prometeico (Bergman, 2008).

En este principio de siglo, hijo de las crisis paradigmticas (Santos B., 2009) y de las desilusiones de los grandes relatos, estamos obligados a reflexionar sobre los caminos alternativos que permitan al hombre vivir en y con la naturaleza y no slo de la naturaleza; que impidan que el hombre termine con la naturaleza y con ello muera en este ecocidio del que nos sobran sntomas.Globalizacin del capital y globalizacin de las resistencias locales. La lucha por el territorio de los Movimientos CampesinosEn virtud de las transformaciones observadas en las zonas extrapampeanas de la provincia de Crdoba, las opciones hegemnicas son las dominantes, pero no las nicas. Desde distintos lugares del campo profundo surgen las resistencias heterogneas que se expresan en acciones de protesta, reivindicaciones y exigencias polticas de reconocimientos de derechos, los que desde los mrgenes nos estn llamando la atencin sobre un proceso que parece ampliarse en las formas de penetracin del capital por extensin, por intensidad y por despojo. En este proceso, hacia fines de la dcada del 80, Latinoamrica asisti al fortalecimiento de los movimientos sociales en el rea rural, algunos de ellos con un carcter tnico y una base social en las comunidades indgenas (Veltmeyer, 2008). Dentro de los movimientos sociales al sur de ro Bravo, podemos destacar al Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, el Ejrcito Zapatista de Liberacin Nacional (EZLN) en Mxico, la Confederacin de Nacionalidades Indgenas del Ecuador (CONAIE), los Cocaleros en Bolivia, los diversos movimientos campesinos en el Paraguay, el Movimiento Nacional Campesino Indgena (MNCI), en Argentina (Melucci, 1994; Giarracca, 2001a y 2004; Domnguez, 2005; Barbetta, 2005; Domnguez et al., 2006; Fernndez, 2008a; Veltemeyer, 2008; Hocsman y Romano, 2008; Santos B, 2009; Bartra, 2010; Concheiro y Grajales, 2005; Concheiro 2010, entre otros).

Los movimientos sociales en Amrica Latina y sus reivindicaciones por la distribucin de la tierra y la soberana alimentaria plantean el debate en torno al proyecto hegemnico global de la lgica de acumulacin capitalista en los sectores rurales, y las resistencias que se expresan con el surgimiento de proyectos contra-hegemnicos locales.

La situacin de nuestros pases perifricos dependientes, integrados al desarrollo desigual global mundial por la lgica imperialistas de los pases desarrollados, abre la discusin sobre los mecanismos de coercin y consenso que son utilizados por el Estado para lograr la integracin al nuevo rol que nos asignan los pases desarrollados del primer mundo, en una situacin de integracin subordinada y desigual (O Connor, 1998).En estos planteos surge el debate en torno a la nocin misma de progreso, que desde los estudios crticos es comprendida como la dimensin mtica del pensamiento moderno (Hinkelammert, 2010). El progreso como valor absoluto anclado en el desarrollo de la gran industria y promovido por los avances de la ciencias se encuentra en profunda crisis; por lo que se plantea como indispensable relativizar el paradigma cientfico del conocimiento y revalorar los saberes tradicionales y formas de vida que desde sus resistencias ancestrales proponen alternativas a los modelos de desarrollo hegemnicos (Domnguez, 2005).

Enmarcamos la actuacin del MCC dentro de los Movimientos Sociales que surgieron en la dcada de los aos 90 en distintas provincias del pas para hacer frente a las polticas neoliberales globales. En el caso de la provincia de Crdoba, las organizaciones surgieron con claras reivindicaciones por la tierra reforma agraria- y la soberana alimentaria. La interlocucin con el Estado se mantiene, pero adquiere otro carcter en la medida que los protagonistas de las organizaciones se perciben cada vez ms como excluidos que como explotados, pues no solo el sistema no los contiene sino que el mismo proyecto neoliberal se funda en s mismo- sobre la miseria y el despojo (Rubio, 2001; Harvey N, 2000).

En este contexto, surgieron las organizaciones campesinas en el norte y noroeste de Crdoba como un intento de contrarrestar los efectos devastadores del modelo neoliberal. Ante esta serie de calamidades sociales y ambientales, las poblaciones campesinas del rea empezaron a organizarse desde bases sociales distintas; reformulando procesos de resistencias desde abajo. Estas organizaciones se han formado de manera sucesiva asentadas en seis puntos aglutinantes del espacio del noroeste provincial. En su conjunto conforman el MCC; una organizacin de tercer grado integrada por seis organizaciones zonales, que desarrollan trabajo territorial en cincuenta (50) Comunidades rurales. De manera formal se constituyen como: Asociacin de Productores del Norte de Crdoba (APENOC), Unin Campesinos Organizados de las Sierras (UCOS), Organizacin de Campesinos Unidos del Norte de Crdoba (OCUNC), Unin Campesina del Noreste de Crdoba (UCAN), Unin de Campesinos de Traslasierra (UCATRAS), y Organizacin Zonal Cruz del Eje. (Hocsman y Romano, 2008).

Las organizaciones del MCC articulan y anan esfuerzos en la bsqueda y exigencia del reconocimiento de derechos territoriales y a la soberana alimentaria de 1.200 familias. Integra a nivel nacional el Movimiento Nacional Campesino e Indgena, en adelante MNCI y a nivel internacional articula con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y con la Va Campesina.

Desde el ao 2000 las organizaciones campesinas empezaron a trabajar con los conflictos de tierra. Referiremos especialmente el desarrollo de acciones de protesta, reivindicaciones y conflictos en torno a la defensa de los territorios campesinos, comparando tres casos en que las organizaciones campesinas intervinieron politizando los juicios, reclamando otra aplicacin e interpretacin del derecho, que los incluya como sujetos sociales con derechos a tener derecho.

Analizaremos en forma relacional cmo intervienen en la mediacin de estos conflictos las polticas criminales del Poder Judicial del interior provincial a fin de reflexionar sobre estas prcticas poltico- jurdicas.Conflictos Territoriales y Poder Judicial Penal.

En el contexto caracterizado por la expansin del capital en el campo, analizamos cmo incide la actuacin del Estado y el derecho, a travs de la descripcin de dos factores que interactan en este proceso; la situacin estructural de irregularidad en la tenencia/ posesin de la tierra. Segn datos relevados e informes oficiales, el 70 % de los productores campesinos ubicados en reas marginales para la produccin a escala (Chaco rido serrano) no tienen ttulos sobre las tierras que producen (Romano, 2009; Fernndez y Gonzlez, 2005; Frere, 2005), y en algunas zonas este porcentaje es an mayor.

En relacin a los cambios y transformaciones observados nos preguntamos cmo incide en este contexto el aumento de la judicializacin de los conflictos territoriales, a quines beneficia y a quines perjudica y cmo se relaciona con la expansin del capital. Analizamos la relacin existente entre la falta de polticas pblicas sociales que regularicen la tenencia de la tierra, y criminalizacin selectiva de los conflictos territoriales

En las zonas histricamente marginales para la produccin a escala se constata una situacin estructural de irregularidad dominial de la tenencia de la tierra Se observa en la discordancia entre poseedores, productores de la tierra y los titulares dominiales que figuran en los Registros pblicos-

Para describir los conflictos territoriales en el contexto de judicializacin penal de la tenencia de la tierra, realizamos un relevamiento de Usurpaciones rurales del periodo comprendido entre los aos 1988/2008. Cuadro N 6 -Registro de Denuncias por Delitos de Usurpacin Rural en la Fiscala de Dean Funes.AoCantidad

Denuncias Elevacin a Juicio

19883No

19898No

19908No

199120No

199215No

19939Si.

199413No

199516No

19969No

199712No

199811Si-

199916Si -

200018Si

200137Si .

200227Si

200340Si

200428Si

200537Si.

200635Si.

200746Si.

200849Si.

Fuente: Datos sobre usurpacin obtenidos por Consulta de Libros de Entrada de la Fiscala de Dean Funes. Elaboracin: Mariana Romano.Cuadro N7. Registro de juicios de usurpacin rural que llegaron a juicio oral y pblico ante la Cmara Penal de Dean Funes y caractersticas de los imputados.

Ao Sentencia Cant.Imputados: Pobre P. Clase Media. CM

1988NO

1989NO

1990NO

1991NO

1992NO

19931 1. P

1994NO

1995NO

1996NO

1997NO

199811. P

199911. CM

200011 P

200144. 3 P. 1 C.M

200234 P

200322 P

200457. 6 P. 1 CM

20051724. 14 P. 10 CM

200678. 6 P 2 CM

200747. 6 P 1 CM

200879 3 P 6 CM

Fuente: Relevamiento de Juicios de Usurpacin en la Cmara Criminal y Correccional de Dean Funes. Aos 1988/ 2008. Elaboracin: Mariana Romano

El relevamiento referido permite analizar el rol del Estado ante los conflictos territoriales, y su actuacin en la mediacin judicial de los mismos.

El aumento de denuncias y causas por conflictos territoriales ante la Fiscala y Cmara delitos de usurpacin- verifica un incremento del 1600 % entre el ao 1988 y el 2008.Analizamos y comparamos las caractersticas generales de los tipos de conflictos, sus causas y variaciones en el transcurso de los ltimos veinte aos.

Para el trabajo hemos seleccionado slo aquellos juicios que tienen como objeto del delito un inmueble rural. Analizamos los cincuenta y tres (53) juicios de usurpacin de inmuebles rurales que llegaron a la Cmara.

En trminos generales observamos que de los 69 imputados penales por usurpacin, 47 fueron personas de escasos recursos y 22 personas de buen nivel adquisitivo -profesionales -abogados, veterinario, contador-, productores agropecuarios, entre otros-. Los datos permiten afirmar que la poltica criminal de la justicia del interior provincial persigui por delitos de usurpacin a personas pobres en un 68 % y a personas de clase media en un 32 %. En estos ltimos, observamos abusos de poder, mejor nivel educativo, la posibilidad de contratar abogados para la defensa de sus derechos, entre otras caractersticas.

Este escenario permite afirmar que ante el avance del capital en el campo, se nota un incremento de la tendencia a la criminalizacin selectiva de personas pobres en los conflictos territoriales.

El aumento de las causas de usurpacin permiten afirmar que el Derecho penal sigue siendo pensado y dirigido mayoritariamente a la clientela predilecta del sistema penal: el sector ms pobre y vulnerable del campo, que si bien ejercen la posesin de la tierra hace dcadas, no tienen ttulos sobre las mismas, situacin que los deja vulnerables a perderlas en este contexto de expansin capitalista. Observamos la implementacin de una poltica criminal, dirigida al pblico peligroso y atentatorio de los intereses hegemnicos del capital (Wacquant, 2000; Zaffaroni, 2003). El 71 % de las personas imputadas, tenan una relacin fsica con el inmueble objeto del juicio, eran oriundas de las zonas rurales y de escasos recursos. Este alto porcentaje de imputados penales que tenan una relacin fsica con la tierra objeto del juicio, llama la atencin y conduce a criticar esta actuacin desde las teoras interaccionistas, y fenomenolgicas de la estigmatizacin social (Zaffaroni, 2003), que sostienen que la delincuencia es creada en nuestras sociedades por las agencias de control social, relativizando la idea de la infraccin a la ley como razn de la persecucin penal. Explican cmo las agencias policiales, judiciales, con el apoyo de la idea difundida por los medios de comunicacin, reproducen su pblico o clientela a travs de un proceso selectivo y condicionante, criminalizante de un sector determinado de la sociedad. As, los infractores a la ley penal son personas pobres, de determinadas caractersticas fsicas, trabajos informales y precarios, y crean as al sujeto delincuente, que luego de un proceso de socializacin de esta idea en las agencias policiales y en la sociedad, predisponen una sociedad paranoica contra determinados sujetos y no contra cualquier sujeto que realice un acto tipificado como delito.

La criminalizacin selectiva tambin la observamos, si analizamos la absoluta tolerancia e inexistente persecucin penal de delitos econmicos cometidos por personas de buen nivel adquisitivo.

Los trabajos realizados acerca de la crisis de legitimidad del sistema penal en Latinoamrica confirman la existencia de arbitrariedad, autoritarismo, y selectividad/ discriminacin en la actuacin de las agencias judiciales.(Zaffaroni, 2003).

Para describir las caractersticas de los casos y el carcter interclasista de los conflictos, analizamos en detalle los juicios de usurpacin del ao 2005, por considerarlo un periodo paradigmtico al ser el de mayor cantidad de juicios de usurpacin, durante las dos dcadas que estudiamos.Juicios de Usurpacin durante el ao 2005 ante la Cmara Penal de Dean Funes.

a.-Caractersticas personales de las personas imputadas. Selectividad del Sistema penal. Alto porcentaje de Poseedores de la tierra criminalizados.Se registr un total de 17 juicios, en el que fueron imputadas 24 personas. De estas, 10 personas tenan buen nivel adquisitivo y educativo, - profesionales, productores agropecuarios, comerciantes- y 14 personas imputadas de bajos recursos y residan en el campo objeto del juicio, en su mayora.

Otra caracterstica de los juicios de este ao es que se imput a 15 tenedores/ poseedores de la tierra (62,5 %). Sigue siendo muy elevado el patrn de imputacin a personas que tienen relacin fsica con los inmuebles objetos de los juicios.

b.- Tipo de conflictos. Origen del mismo. Derecho sucesorio versus prcticas consuetudinarias. Costumbre de no dividir campos.

Catorce (14) de los 17 conflictos, tuvieron origen en la transferencia de derechos hereditarios/ y o posesorios de herederos de los poseedores y/ o de los titulares ausentistas a favor de terceros adquirentes.

La razn que dio origen a los conflictos, en un 83 % fue por conflictos de derecho sucesorio en relacin a un campo. Lo afirmado indica que los conflictos tienen directa relacin con la irregularidad de la tenencia y posesin de la tierra y especialmente con evitar declaratorias de herederos y juicios sucesorios sobre los campos.

Relacionamos este tipo de conflictos al contrastar el derecho sucesorio con los trabajos antropolgicos que afirman que los pequeos productores capitalistas (Archetti, Stlen, 1977) y los campesinos (Hocsman, 2003) evitan dividir los campos, por ser el principal medio de produccin, base del sustento de la reproduccin biolgica, familiar y social de las familias productoras directas de la tierra.

c.- Irregularidad de la tenencia de la tierra. Terreno frtil para transacciones ilegales.

En trece (13) de los diecisiete (17) casos, el conflicto se origin con una transferencia de derechos hereditarios/ posesorios realizada por escrito, por herederos de titulares dominiales y/ o por herederos del poseedor, que generalmente no viven en los inmuebles sobre los cuales ceden derechos.

Los contratos de transferencias de derechos fueron realizados con intervencin de abogados, escribanos y/ o inmobiliarias.

Este hecho debe llamar la atencin en relacin a estos casos, atento que en el 75 % de los conflictos territoriales judicializados en el ao 2005 existieron contratos redactados por profesionales del derecho o personas dedicadas a las transacciones inmobiliarias, de dudosa validez.

d.- Conflictos Interclasistas. Personas pobres contra personas de buen nivel adquisitivo.

En trece (13) de los diecisiete (17) juicios se enfrentaron dos actores con caractersticas diferentes .Personas de escasos recursos locales- contra personas de buen nivel adquisitivo forneas-.

En los 13 juicios las personas con domicilio en lugar diferente al campo objeto del mismo (forneos) alegaron haber adquirido derechos sobre el inmueble objeto de la controversia. En el 75 % de los casos se enfrentaron partes con importantes diferencias en relacin a su nivel adquisitivo esto se ve claramente en la posibilidad de contratar abogados calificados, mejores posibilidades de inversin para realizar actos posesorios. Tambin se observan diferencias culturales personas campesinas vs. Personas que viven en las ciudades; con diferente nivel de instruccin y mejor posibilidad de bsqueda de asesoramiento tcnico para las transacciones-.e.- Caractersticas de los inmuebles. Campos abiertos en sus colindancias. Prcticas consuetudinarias derecho tradicional- opuestas al derecho hegemnico. Esta caracterstica remite directamente al pluralismo jurdico, a la idea de que adems del derecho oficial, dominante en nuestras sociedades existe un derecho no oficial que se integra de prcticas y usos sociales consuetudinarios en estos espacios que se han mantenido alejados de las relaciones capitalistas de produccin. (Santos B., 1991).

La alta conflictividad tambin se observa en las escasas o parciales divisiones entre inmuebles en estas zonas que han mantenido la produccin de ganadera extensiva, donde todava existen campos abiertos en algunas de sus colindancias y surgen conflictos por la demarcacin de los lmites, entre las partes que se enfrentan.

En los juicios analizados del ao 2005, en cinco (5) de los diecisiete (17) casos, el campo objeto del juicio se encontraba abierto en algunas y / o todas sus colindancias.

El 30 % de los conflictos territoriales de este ao tuvieron su causa en campos no delimitados, lo que denota que anteriormente la produccin en estas zonas se realizaba a campo abierto.

Los cambios en los sujetos sociales que interactan en los conflictos, tambin modificaron las normas consuetudinarias que por generaciones han mantenido las familias campesinas haciendo un uso eficiente de los recursos, tierra, pastos y escasas fuentes de agua.

Desde las teoras crticas del derecho penal se afirma que las agencias judiciales crean el pblico infractor de la ley; las teoras de la estigmatizacin social han demostrado ampliamente estos principios. Si analizamos al pblico mayormente perseguido por cometer delitos de usurpacin concluimos que es el sistema judicial el que determina a qu pblico perseguir y que no son los actos los que determinan la infraccin o el incumplimiento de la legalidad.

Con el aumento del valor de la tierra y la irregularidad en la tenencia falta de saneamiento de ttulos-, se ha generado un patrn de conductas en virtud del cual aquellos que se consideran con derecho a un inmueble compradores de cesiones de derechos hereditarios, Terceros adquirentes en remates pblicos, entre otros- , derechos en gran cantidad de casos de dudosa validez, intentan apropiarse de los inmuebles en forma violenta y de propia autoridad.Conflictos territoriales y criminalizacin de la protesta/ pobreza

El contexto econmico referido, caracterizado por la alta concentracin de la tierra y expulsin/desplazamiento del campesinado, tiene su correlato en polticas judiciales funcionales al modelo productivo hegemnico. Analizamos la relacin entre las resistencias y reivindicaciones de las familias campesinas poseedoras de la tierra, algunas de ellas, organizadas en el MCC y las polticas de control social del Estado, consideramos que existe una poltica judicial que se muestra funcional al sistema hegemnico, como la criminalizacin de la resistencia de las familias campesinas organizadas en defensa de sus tierras.

Desde la omisin de polticas pblicas que prevean regularizacin dominial de esos territorios a favor de las familias campesinas que las han producido por dcadas -polticas que promuevan derechos sociales-, hasta las polticas judiciales que tienden a criminalizar a los mismos poseedores, como se expresa en los conflictos penales que estudiamos, es posible advertir esta relacin: falta de polticas pblicas de derechos sociales (regularizacin de la propiedad de la tierra) y existencia de una fuerte y decidida poltica criminal, dirigida a estigmatizar y criminalizar la defensa de los territorios campesinos mediante un notorio incremento de la penalizacin de las prcticas de resistencia de las familias en la tierra ante la invasin de terceros.

Para el caso de la provincia de Crdoba, se verifica que ms del 10 % de los miembros del MCC se encuentran imputados por ejercer la defensa de sus tierras.

Esta informacin es complementada con las conclusiones y recomendaciones del Informe de la Misin FIAN durante el ao 2004 para el caso argentino en el que se expresa que las innumerables denuncias de criminalizacin de las luchas y protestas sociales demuestra que las autoridades estatales hacen un anlisis equivocado del problema vivido en la provincia, y por eso tambin dan respuestas errneas. Los conflictos rurales en el campo cordobs, derivan en su gran mayora de la usurpacin de las tierras de las comunidades campesinas por parte de supuestos dueos con la complicidad de autoridades judiciales, polticas y policiales para ampliar la produccin ganadera a gran escala y cultivos de oleaginosas para exportacin. Los conflictos territoriales no son resueltos satisfactoriamente por las autoridades, y en este sentido, el informe denuncia que:

En relacin a los casos verificados en Crdoba, la Misin considera que el gobierno de la Provincia de Crdoba falla en el cumplimiento de su obligacin de proteger, de garantiza y de respetar: pues permite que los terratenientes usurpen las tierras de los campesinos; de respetar, pues en muchas ocasiones autoridades estatales del poder ejecutivo y del poder judicial se involucran directa o indirectamente en las violaciones de derechos humanos; y de garantizar, pues el gobierno no cuenta con un programa claro con metas y plazos para solucionar el problema, demostrando que no hay voluntad poltica para regularizar las tierras de los campesinos del norte de Crdoba. (FIAN Internacional, 2004).

Intentamos comprender la actuacin del Estado en el contexto econmico actual, y la poltica criminal en relacin a la defensa de la tierra, anteriormente marginal para la produccin agroganadera y revalorizada en la actualidad. Existe una continuidad entre la poltica agroexportadora y nuestro rol dependiente del mercado mundial globalizado, y las polticas de tolerancia cero que son socializadas y difundidas desde los centros de poder mundial hacia las periferias (Wacquant, 2000).Las relaciones desiguales de intercambio a nivel mundial entre pases, se reproducen dentro de las estructuras internas de la provincia. Por medio de las polticas de criminalizacin de la pobreza y de la defensa de la tierra, se allana el camino a la expansin del capital, favoreciendo los intereses hegemnicos y despojando a las familias campesinas de sus tierras.

En directa relacin con la criminalizacin de la defensa del territorio campesino por parte del Gobierno, se refiere que el objetivo del gobierno es controlar la lucha de los trabajadores rurales, confinndolos a un determinado espacio poltico, el espacio del capital. La accin estratgica del gobierno es destruir los valores de las instituciones histricas como el campesinado. Las tesis desarrolladas por los intelectuales del gobierno, que proponen la integracin sumisa del campesinado al capital, contribuyen a esta destruccin. As, la expropiacin de los trabajadores rurales es una consecuencia no slo de la lgica desigual del capital sino tambin de las teoras que permiten la elaboracin de polticas que activan este proceso. Con estas polticas el gobierno se convierte en el principal adversario del MST (Fernndez, 2008: 355).

Otro tanto ocurre -salvando las diferencias de magnitud y alcance de la experiencia histrica del MST como movimiento social- respecto a los movimientos campesinos en la Argentina. Para el caso de los campesinos organizados en el MNCI observamos que se registra un notorio aumento de la criminalizacin de los conflictos por defensa de la tierra, ordenando - desde las polticas criminales dirigidas por el gobierno- la penalizacin de los mismos.

Resulta un dato relevante el hecho que ms del diez por ciento de sus miembros, para el caso de Crdoba, se encuentran sometidos a algn tipo de proceso penal por ejercer resistencia en defensa de la posesin de la tierra. Esta situacin no es excepcional en la provincia, la misma poltica criminal se est aplicando en otros Estados provinciales, con organizaciones campesinas de Mendoza, Santiago del Estero, Misiones, Salta y Jujuy, entre otras.

En los ltimos tiempos hemos visto cmo acta la justicia penal en los casos de comunidades indgenas de Formosa (Comunidad La Primavera), que fueron sometidos a procesos judiciales y policiales violentos y en la provincia de Jujuy en que se produjeron duros enfrentamientos entre el gobierno provincial y las poblaciones que, desalojados del campo, reclaman una vivienda digna en las ciudades. En ambos casos se trat de comunidades organizadas que reclaman por sus derechos a la tierra y vivienda digna y en ambos la poltica criminal fue la misma: represin y muerte para los manifestantes que bregan por sus derechos.

Estos conflictos son parte de la misma poltica macroeconmica del pas: desalojar a los campesinos de sus tierras para territorializar el capital en el campo, despojados de la tierra son transformados en asalariados rurales y/ o urbanos. Nos interesa analizar cmo los sistemas de gobierno han recurrido histricamente a la criminalizacin de la pobreza/ protesta como forma de Poltica Criminal. En el mundo globalizado, observamos ciertas tendencias en la mutacin poltica actual resultante de la conversin de las clases dirigentes a la ideologa neoliberal; borramiento del estado econmico, achicamiento del estado social y fortalecimiento del estado Penal (Wacquant, 2000), fenmenos que se relacionan y explican el incremento de la criminalizacin de la pobreza en el campo.

Subyace a las situaciones planteadas, una cuestin central: la idea de control social, las estrategias a las cuales se recurrir para lograr que los campesinos para nuestro caso, acepten como natural su estado y no sean potenciales atentadores contra los intereses hegemnicos de la expansin del capital en el campo, aceptando sumisamente el despojo de sus tierras.

En el contexto actual de intensa expansin capitalista sobre los territorios campesinos, los conceptos de desarrollo, progreso y modernizacin ejercen la funcin de apoyo, o de sujeto absoluto (Roig, 1981). En razn de ello se legitima el proceso de despojo de las tierras a los campesinos y su transformacin en asalariados rurales, desapropiados del medio bsico de produccin: la tierra (Marx, 1999; Harvey D., 2004).

Nos interesa analizar el papel que cumple el Poder Judicial en estas transformaciones polticas, econmicas, productivas y ambientales, en quien se delega la responsabilidad de lograr el fin deseado. Consideramos importante en este trabajo no slo remarcar que el gobierno provincial en este contexto recurre para mitigar conflictos a su penalizacin, sino tambin problematizar cmo ejerce este poder a los fines de su legitimacin ante la sociedad. En esta lnea argumental es ineludible la referencia a lo que se ha llamado Tendencia Global a la Judicializacin; neologismo utilizado para caracterizar el borramiento de las fronteras entre lo poltico y lo jurdico (Santos B., 1991; Gargarella, 2001; Capella, 2006).

Judicializacin significa que un tratamiento judicial tiende a sustituir a un modo anterior de regulacin social. Son cada vez ms difusos los lmites entre Derecho y Poltica, resolviendo jurdicamente conflictos polticos (Jean, 2001). Esto se observa en la actual penalizacin de la vida poltica que afecta nuestras democracias, especficamente en la criminalizacin de los integrantes de organizaciones sociales, movimientos de desocupados y de campesinos para nuestro caso, criminalizando sus actos de reclamo y reivindicaciones de derechos como delictivos.En este sentido queremos advertir sobre la forma en que el Poder Judicial provincial resuelve estos casos poniendo en marcha su aparato penal, alejndose de aquella concepcin liberal en que el derecho penal es subsidiario, la ltima medida a tomar ante situaciones incompatibles con otros tipos de mediacin poltica. Con el rgimen democrtico el argumento es el orden, la pacificacin de la sociedad, la importancia de las instituciones y la imposicin del control social necesario para sostenerlas. El progreso aparece como un valor indiscutible, sin planificar cmo se logra un desarrollo inclusivo para todos los sectores sociales y no slo el desarrollo de los sectores dominantes. As, constatamos cmo dentro del sistema judicial se criminaliza selectivamente, y se hacen imputaciones, judicializando conflictos sociales, econmicos y polticos.

Consideramos necesario subrayar el papel que cumple el sistema penal en la lucha poltica, tendiendo a la conservacin de los intereses hegemnicos de los sectores dominantes. Como hemos observado al analizar la actuacin del Poder Judicial en relacin a los delitos de usurpacin, el principio de legalidad es absolutamente inviable como argumento, ya que hemos corroborado en el estudio de las causas que la Justicia penal criminaliza a personas inocentes, por medio de la tergiversacin de la interpretacin de la ley y los delitos econmicos no son perseguidos por el Poder Judicial del interior.

Transformaciones neoliberales, Estado y las prcticas judiciales penales

Siguiendo la lnea argumental en virtud de la cual se justifica la criminalizacin de la pobreza/protesta a los fines de cuidar las instituciones de la democracia, se sostiene que esta poltica de ley y orden se promueve para la preservacin de la Democracia amenazada.

Refundar la democracia no exige una poltica activa de lucha contra la inseguridad econmica y la reduccin de las desigualdades sociales que prosperan en el campo, sino mucho ms simplemente (y econmicamente) una sana invocacin a la autoridad estatal, el firme adoctrinamiento en la disciplina que demanda una sociedad ordenada (Wacquant, 2000).

Como observamos en las prcticas de persecucin penal, esta rigurosidad recae selectivamente sobre aquellos a quienes las mutaciones econmicas y polticas en vigor condenan a la marginalidad. Paradjicamente, la poltica rigurosa de cumplimiento de la ley no es igualmente sostenida para la persecucin de delitos econmicos (estafas y falsificacin de documentos pblicos) en que los sujetos activos de los delitos tienen buena posicin social, lo que se evidencia en los juicios que se han acreditado maniobras defraudatorias, y no se las investiga (Wacquant, 2000; Capella, 2006).

Ante casos como los que analizamos, es ms difcil an comprender estos procesos, ya que esta aplicacin rigurosa de la ley que se afirma como un valor supremo del estado, no es interpretado en la misma forma cuando las leyes son transgredidas por personas pobres o quienes lo hacen son personas con prestigio econmico, poltico y social.

En nuestros pases colonizados, perifricos y dependientes, con largos procesos de dictaduras militares, se caracteriza a la cultura jurdica como autoritaria porque es una justicia donde slo es posible condenar hacia abajo (los crmenes de las clases populares) y nunca hacia arriba (los crmenes de los poderosos) (Santos B., 2009: 97). Los delitos econmicos no son investigados por el Poder Judicial, lo que torna absolutamente discrecional y selectiva la aplicacin rigurosa de la ley y conduce una vez ms, en la prctica, al descrdito del derecho.Consideramos indispensable realizar un anlisis integrado del contexto histrico, socio poltico y econmico en el cual se propugna determinada poltica criminal y poder evaluar la efectiva funcin que cumple el sistema punitivo en el seno de nuestra sociedad, con lo cual planteamos como relevante la relacin entre la poltica criminal y el sistema productivo agroexportador.

Mano invisible del mercado y puo de hierro del Estado se complementan para lograr una mejor aceptacin de la expansin del capital en el campo y la inseguridad social que implica esto para las familias campesinas que han mantenido productivas las tierras por generaciones. Centralizando nuestro anlisis en cmo el Estado trata de legitimar la criminalizacin de la pobreza/protesta resulta interesante ver la postulacin de una censura neta y definitiva entre las circunstancias sociales (movimientos colectivos) y el acto (definido como criminal). As, las causas colectivas se rebajan al rango de excusas para mejor justificar sanciones individuales (Wacquant, 2000). El Estado reafirma su autoridad en el plano simblico por medio de la deshistorizacin y descontextualizacin de los hechos, que de otra manera llevaran a la politizacin del conflicto y evidenciar las contradicciones intrnsecas de este sistema.

En la redefinicin neoliberal de las funciones del Estado, ste se muestra liberal y no intervencionista por arriba -especialmente control fiscal, de empleo, delitos de cuello blanco (econmicos)- e invasivo e intolerante por abajo con polticas criminalizantes a los fines de disciplinar a grandes masas entre ellos a los campesinos despojados de la tierra-, en la generalizacin de la subocupacin y del trabajo asalariado precario.

Para proteger respetables personas, y no para propiciar a las personas que se encuentran socialmente en desventaja respecto del usufructo real de sus derechos civiles, econmicos y sociales, la poltica social se transforma (usando un concepto de la Nueva Prevencin) en prevencin social de la criminalidad. Sujetos vulnerados o vulnerables que sufren lesiones (actuales) de derechos por parte del Estado y de la sociedad, como es el incumplimiento de de derechos econmicos, sociales -derechos dbiles- se transforman en potenciales infractores de derechos fuertes de sujetos socialmente ms protegidos (Baratta, 1998).

Desde la criminologa, se alude al concepto de eficientismo o funcionalismo penal caracterizado como una distorsin del Derecho Penal, que ante crisis polticas y sociales que son consecuencia de la expansin del capital en el campo y la omisin del Estado de enfrentar las demandas sociales del sector campesino, se hacen necesarias nuevas formas de disciplinamiento y legitimacin de los nuevos equilibrios de poder. De esta forma, el Derecho penal deja de ser subsidiario, -conforme el derecho penal liberal-, ampla su campo de actuacin y se transforma en un instrumento represivo y simblico con el cual se enfrentan graves problemas sociales (Baratta, 1998).Esto se observa en la actual penalizacin de la vida poltica que afecta nuestra an joven y dbil democracia, especficamente en la penalizacin de la pobreza/protesta que vienen padeciendo las familias campesinas de la zona extrapampeana del Norte provincial.

No obstante los patrones generales de actuacin del Poder Judicial resulta importante visibilizar el surgimiento en la escena pblica de un nuevo actor social; el MCC, que se manifiesta, comparece a los juicios y los transforma en espacios de debate y lucha poltica; analizamos cmo este nuevo actor social colectivo presiona en la justicia con herramientas legales y constitucionales debatiendo con el Poder Judicial la interpretacin y aplicacin del derecho a la tierra.

Se oculta un pluralismo jurdico que existe y sobre el cual queremos llamar la atencin en este trabajo. En el marco de una democracia intercultural, si es poscolonial, se abre el debate en torno a una nueva generacin de derechos colectivos: los nuevos derechos fundamentales; como es el caso del derecho al agua, a la tierra, a la soberana alimentaria, los recursos naturales, la biodiversidad, a los bosques, los saberes tradicionales. En este marco se plantea una democracia intercultural (Santos B, 2007: 42).Consideraciones Finales

Trabajamos sobre las transformaciones de los usos de la tierra en el Departamento Ro Seco durante las ltimas dos dcadas y constatamos los cambios en el paisaje, que homogeneiza sus formas por medio del desmonte irracional que supera las tasas anuales que se verifican en los bosques tropicales, y se tradujo en la prdida de ms de 1.200.000 has. de bosque nativo, que fueron arrasados para destinar la tierra a la siembra de oleaginosas y al desarrollo de la ganadera a gran escala. Como proceso correlativo, observamos que la variacin intercensal de la estructura agraria, - comparando los Censos Nacionales Agropecuarios-, entre los aos 1988/ 2002 denuncia la desaparicin del 50 % de unidades productivas campesinas menores a 50 has., el 37 % de unidades productivas entre 50 y 100 has. y el 25 % de las EAPs de 101- a 200 has; y en otro extremo se concentr la tierra en las unidades productivas mayores a 2500 has. de superficie, que se incrementaron en un 26 % en el mismo periodo; o sea que los pequeos productores campesinos desaparecieron como tales y la tierra pas a ser producida por asociaciones comerciales capitalistas. Los datos referidos permiten considerar para el anlisis de este proceso a las teoras que afirman que la territorializacin del capital avanza sobre territorios campesinos, y confirman la tendencia de la expansin del capital en zonas extrapampeanas desterritorializando al campesinado que mantena formas de produccin campesina y diversificada; as observamos que a la heterogeneidad de los territorios campesinos sigue la homogenizacin de los paisajes del capital, con las consecuencias ambientales, sociales, productivas, econmicas, polticas y culturales que estos procesos conllevan en nuestra sociedad y especialmente para los sectores campesinos.

Las transformaciones analizadas las relacionamos con los estudios que consideran como principal cambio en las formas de globalizacin mundial del capital en la produccin y comercializacin de alimentos, que la agricultura y la produccin primaria se transforman en una actividad que requiere cada vez menos trabajadores, ya que los avances tecnolgicos permiten desarrollar altos niveles de rendimiento en la produccin a partir de la reorganizacin y reestructuracin de los procesos productivos a nivel mundial. David Harvey tambin ha analizado este proceso y entiende que el capital global avanza sobre territorios de los pases perifricos, donde la tierra y la mano de obra tienen comparativamente costos ms bajos que en los centros de desarrollo mundial, en lo que ha caracterizado como la nueva fase del capital donde se produce la acumulacin de bienes por desposesin (Harvey, 2004).Vinculamos el proceso estructural de expansin del capital con la forma de actuacin del Estado en los conflictos territoriales, donde se enfrentan sectores dominantes con los sectores campesinos subalternos. Analizamos relacionalmente ambos procesos a fin de comprender cmo se legitima la territorializacin del capital y desterritorializacin del campesinado, lo que se observa en la omisin del Estado de proveer al saneamiento de ttulos a favor de los sectores campesinos que mantuvieron productivas las tierras por generaciones, derecho reconocido incluso por el Cdigo Civil (arts. 3999 y 4015 Cdigo Civil), dejndolos vulnerables en los enfrentamientos con los sectores dominantes, que adquieren derechos por escrito, - a veces en forma irregular-, sobre las tierras; proceso que termina cuando stos por medio de la violencia se apropian de la misma y realizan denuncias de usurpacin ante el Poder Judicial. Los conflictos territoriales ante al Poder Judicial penal son interpretados y aplican las leyes sobre tenencia/ posesin y propiedad de la tierra en forma selectiva y arbitraria, a partir de los recursos a la descontextualizacin y deshistorizacin de los hechos e invisibilizando a los sectores campesinos como sujetos de derechos. Criticamos estas concepciones y consideramos reflexionar sobre el cmulo de derechos que tambin estn consagrados en las normas y se vulneran por la prioridad otorgada al derecho de propiedad sobre los dems derechos sociales, culturales y polticos. Averiguamos cmo es la relacin entre los campesinos y el sistema judicial penal en los conflictos por la tierra. Para ello, nos centramos en el anlisis de la legalidad y su comparacin con la interpretacin y aplicacin del derecho que realizan las agencias de control social. Comparamos lo prescripto por la ley en abstracto con la interpretacin y aplicacin en las causas judiciales desarrollada por los Tribunales penales del interior. A partir del trabajo realizado, observamos que la penalizacin de los conflictos territoriales aument entre los aos 1988- 2008 un 1600 %. En el anlisis de las sentencias observamos que la aplicacin de la ley es selectiva y autoritaria y que lejos de haber superado las teoras del derecho penal de autor, por las teoras liberales del derecho penal del acto, el derecho penal sigue siendo pensado y aplicado con rigor a las personas ms pobres y vulnerables de la sociedad. Los anlisis expuestos tienen su correlato en la indiferencia que demuestra la Justicia penal para investigar los delitos econmicos que son realizados por personas con prestigio social, profesionales en muchos casos, que claramente no son el pblico o clientela predilecta del sistema penal. Entendemos que la interpretacin y aplicacin del derecho penal por las agencias de control social es selectivo y autoritario en el interior de la provincia y estas caractersticas vienen siendo denunciadas hace dcadas por uno de los integrantes actuales de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin en sus estudios crticos sobre el sistema penal, Ral Eugenio Zaffaroni (2003) y corroborado por los estudios e informes desarrollados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros.

Si el accionar selectivo y autoritario de la justicia penal que se traduce en la prctica en un elemento de poder simblico y represivo contra un sector de la sociedad y no en norma de comportamiento general que afecta a todo el conjunto social, lo vinculamos con el contexto de expansin del capital en el campo, coincidimos con los anlisis de Wacquant (2000) que entiende en forma relacional los procesos econmico-globales de transformacin generados por el auge del neoliberalismo, con las formas en que aquellos se legitiman en las estructuras sociales y poltico-jurdicas de la sociedad, dando cuenta de la directa vinculacin entre la forma en que opera el sistema econmico poltico hegemnico y su legitimacin socio- jurdica a partir de la actuacin concreta de las agencias de control social en pocas de crisis y transformaciones, como observamos en las estructuras del campo del norte de Crdoba. Baratta tambin ha analizado este proceso y sus estudios crticos del derecho contribuyen a desmitificar la idea de que el derecho es un sistema objetivo, dogmtico y cientfico, visualizando la funcin que cumple en el seno de la sociedad, legitimando los cambios impuestos por el poder global hegemnico.

Frente a las interpretaciones hegemnicas del derecho realizadas por los sectores dominantes, comprendemos que estos procesos desestructuradores de prcticas, costumbres y formas de vida campesina, generados por la globalizacin del capital en los parajes rurales, provocaron la resistencia de cientos de familias campesinas que se oponen a estas transformaciones estructurales y junto con la globalizacin del capital y sus consecuencias sociales, econmicas y ambientales, se globalizaron las resistencias contrahegemnicas a estos procesos neoliberales. Analizamos las acciones y trabajo desarrollado por el MCC, que focalizados en la lucha por la tierra lograron difundir y denunciar en la sociedad los procesos que ocurran en forma silenciosa en el campo inaudible, cuestionando el accionar del Gobierno y del Poder Judicial que legitima los procesos de despojo de la tierra a familias campesinas que las han producido durante generaciones. Entonces, en este contexto, los movimientos sociales se visualizan como actores polticos que construyen estrategias al buscar construir un nuevo poder que de cuenta de las necesidades de los sectores excluidos. A partir de los conflictos territoriales se empez a debatir en la sociedad la irregularidad de la tenencia de la tierra que afecta directamente al sector campesino, y se logr la aprobacin de la ley de saneamiento de ttulos, ley 9150.

En virtud de estos anlisis observamos variaciones concretas en el accionar del Poder Judicial y consideramos que tiene su razn de ser en el control que empez a ejercer el MCC sobre estos procesos conflictivos, defendiendo a los sectores campesinos y vulnerables a perder la tierra, que resisten en los parajes rurales. Estos reconocimientos del Poder Judicial en algunos casos son analizados como parte de la actuacin del Estado descripta por los autores gramscianos (Thwaites R. 1994, Gruppi, 1994, entre otros) considerando que otorga una cuota de legitimidad a los reclamos campesinos, pero la actuacin general sigue siendo funcional a la expansin del capital y a la imposicin de la visin hegemnica de la propiedad.

En base a las consideraciones previas y a fin de analizar en forma integral cmo acta el Estado en los conflictos territoriales judicializados y politizados por el MCC, seguimos a Santos que advierte que la funcin poltica general del Estado consiste en dispersar las contradicciones a travs de la resolucin parcial de las tensiones sociales por las que ellas se manifiestan (Santos B, 1991: 98). El Estado no intenta superar las contradicciones a nivel de su estructura profunda, sino slo mantenerlas en estado de latencia, mediante acciones dirigidas a las tensiones y a las cuestiones sociales en las que estas contradicciones se expresan al nivel superficial de la formacin social. Para dispersar las contradicciones el estado cuenta con un conjunto articulado de mecanismos de represin y dispersin, cuya utilizacin depende de los factores econmicos, polticos, sociales. (Santos B., 1991).

Consideramos que la teora pura del derecho, todava defendida ampliamente por los operadores judiciales, resulta un mero formalismo y deja sin respuestas las relaciones entre libertad e igualdad entre todos los ciudadanos que integran la sociedad, siendo una de las contradicciones ms criticadas a la teora. (Santos, 1991, 2009; Barcellona, 1996 y 1999; Capella, 2006). La mayor crtica a la teora pura del derecho es que parte de una supuesta igualdad formal que se irradia a todo el sistema; especialmente si estamos analizando la interpretacin y aplicacin del derecho en sociedades terriblemente polarizadas por la existencia de diferencias de clases muy marcadas como las nuestras.

En el desarrollo del trabajo podemos afirmar que los conflictos territoriales son confrontaciones entre distintas clases sociales con grandes diferencias de poder, con diferentes culturas, prcticas productivas, historias, trayectorias familiares y sociales. Ante la expansin del capital, los campesinos que han producido durante generaciones la tierra a campo abierto, se enfrentan a otra forma de propiedad de la tierra, que est comprendida y protegida en la normativa nacional. Partimos de criticar la concepcin fetichista de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y tenemos las mismas posibilidades de que se respeten nuestros derechos. El estudio de la actuacin judicial en los conflictos territoriales corrobora las desigualdades existentes entre las partes y cmo funciona el principio de igualdad ante la ley, bastin de los principios constitucionales del estado moderno, aunque inaplicable en la prctica (Thwaites, 1994; Capella, 2006; Santos, 2009, entre otros), que ejerce una funcin importante a nivel de la representacin, y el principio de patrn de poder colonial que dividi histricamente a nuestra sociedad entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda; a partir de estas crticas intentamos cuestionar el mito constitucional de la igualdad, explicitando las diferencias materiales, culturales, ideolgicas, que expresan diferencias de poder en las controversias entre los sectores campesinos subalternos y los dominantes. Analizamos las diferencias en relacin al derecho liberal de la propiedad privada, cmo est regulado, cmo es interpretado y aplicado por los jueces y cmo el escenario de la judicializacin de los conflictos encuentra a dos sectores con diferencias que se originan en las condiciones materiales de existencia de las partes, y continan distancindose en la valoracin de la tierra como bien de uso o como bien de cambio, las diferencias en relacin a los juicios sucesorios y a evitar la divisin de la unidad productiva ( Archetti y Stlen, 1975; Hocsman, 2003a, entre otros) y las diferencias que estas concepciones opuestas de la tierra generan y entran en conflicto con la legalidad y la interpretacin de aquella por el Poder Judicial.

Al criminalizar los conflictos, interviene en los mismos la mediacin del Poder Judicial, que se basa en determinadas normas que como hemos desarrollado reconocen derechos propiamente liberales sobre la tierra (propiedad privada) y resulta difcil oponer los usos comunes de la misma para prcticas de trashumancia como generadores de derechos. No obstante analizar la tendencia general a la criminalizacin de los campesinos y la interpretacin y aplicacin hegemnica del derecho de propiedad, no podemos desconocer las acciones y frutos en el camino al reconocimiento de de los usos comunes de la tierra que han tenido algunas acciones del MCC.

Realizamos nuestro anlisis desde la concepcin de un derecho a la igualdad real, sustancial y no slo formal; y de aceptar como existentes las heterogeneidades culturales, productivas, sociales, que conforman esta sociedad pluralista, abigarrada que vivimos, y en virtud de ello es importante el accionar de las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones ambientalistas, y organizaciones campesinas como analizamos en el trabajo, donde las representaciones, ideologas y discursos sociales hegemnicos asociados al dominio territorial se desplazan de una formulacin de derecho absoluto a los derechos comunitarios para el reconocimiento de las diferenciaciones de derechos contemporneas. En ese movimiento el derecho de propiedad se torna sujeto a un orden poltico democratizante que tiende a regular el uso y dominio y en esta forma condicionado a lo social, pierde su dimensin de derecho absoluto de uso privado, y condicionado a los requisitos ambientales, pierde su dimensin de derecho absoluto sobre la naturaleza (Moreira, 2007). Los marcos normativos internacionales abren positivamente la discusin y se visualizan como herramientas jurdico- tcnicas para la defensa de la tierra de los sectores campesinos en el mbito del Poder Judicial. Planteamos el debate que conduce a analizar la propiedad privada como un derecho cada vez menos privado -regulada en el Cdigo civil- y cada vez ms pblico y desde esta perspectiva es ineludible el debate en torno a la funcin social de la tierra, en atencin a los mltiples valores que la misma integra para toda la sociedad y para las generaciones futuras; tales como sus consecuencias ambientales, sociales, productivas y culturales.

La judicializacin de estos conflictos ampliamente invisibilizados por los medios masivos de comunicacin se resignifica como una instancia de debate y confrontacin con la sociedad, seguidos con una lgica de lo que se denomina litigios estratgicos. Los mismos suceden en situaciones conflictivas en que:Se genera un vnculo entre la esfera judicial y poltica, que surge del reconocimiento legal de nuevos mecanismos procesales de representacin de intereses colectivos y de la prctica de ciertos grupos o actores de plantear en el mbito judicial conflictos pblicos o que trasciendan lo individual, a travs de lo cual buscan fijar cuestiones en la agenda del debate social, cuestionar los procesos de definicin e implementacin de polticas del estado, el contenido de esas polticas y sus potenciales impactos sociales; o en ocasiones, ante la omisin del Estado, activar procesos de toma de decisin de polticas pblicas o impulsar reformas de los marcos institucionales y legales en que se desarrollan (Abramovich, 2004: 1 y 2).

Por medio de estas prcticas, los actores demandan al Poder Judicial del Estado, controlan e impugnan sus decisiones y dialogan con sus diferentes instancias y con los dems protagonistas de los conflictos.

A partir de los anlisis y crticas realizadas, consideramos importante debatir la relacin entre estado y derecho, proponiendo una forma de interpretacin y aplicacin de los derechos de los sectores subordinados que sirva como emancipador de los mismos en este contexto de transformaciones sociales. Criticamos el monopolio del derecho estatal, desde las prcticas de uso comn de la tierra que realizan los campesinos en los parajes rurales, observando que en nuestra sociedad se practica el pluralismo jurdico y no es el monopolio del Estado el nico que regula las relaciones sociales. En estos casos, proponemos superar la distincin entre Estado y sociedad civil, integrando un conjunto de espacio-tiempo estructurales, domsticos, y de produccin, que se politizan, lo que permite la repolitizacin del derecho y con ello la posibilidad de que el mismo opere en forma emancipatoria de los derechos de las personas vulnerables, acortando la brecha entre las desigualdades sociales existentes. Proponemos repolitizar el derecho para considerar la tensin dialctica entre regulacin y emancipacin. En relacin al derecho aquello signific la reduccin minimalista de la legitimidad a la legalidad, sustituyendo la idea de emancipacin por la de regulacin (Santos B, 2009).

Las sociedades capitalistas latinoamericanas son formaciones socio- jurdicas en las que coexisten distintos rdenes jurdicos, nucleados en el derecho oficial estatal, pero la centralidad del derecho oficial presupone la existencia de una pluralidad de rdenes jurdicos y lo observamos en los usos consuetudinarios desarrollados por las familias campesinas que mantienen sus prcticas productivas y costumbres de no dividir la tierra, para mencionar algunos de estos mltiples rdenes sociales normativos que coexisten. Desde los estudios de la sociologa jurdica crtica, proponen la descanonizacin del derecho del estado, fundados en la crtica al derecho liberal que sacraliz el derecho objetivo estatal de los ciudadanos y trivializ los derechos de las comunidades, que surgen y se consolidan en las luchas sociales que se transforman en nuevas formas de ciudadana colectiva (Santos B, 1991). Es necesario comprender que sin creacin de nuevos espacios polticos, es imposible superar la subalternidad del sector campesino frente al capital agrario y avanzar en la construccin de una sociedad y un estado ms inclusivo de todos los sectores en un sentido democrtico radical (Barcellona, 1996; Capella, 2006; Santos B., 2009).

En razn de lo expuesto, podemos concluir, que estas formas de territorialidad, que integran formas de organizar la produccin y la vida con otras temporalidades no han sido representadas en los ordenamientos liberales ni son consideradas por el Poder Judicial. Cuestionamos la aplicacin e interpretacin de los conflictos territoriales desde el marco jurdico minimalista reducido a la aplicacin del derecho de propiedad privada liberal y hegemnica, omitiendo considerar y aplicar fuentes normativas internacionales de rango constitucional como son el Pacto Internacional de Derechos Econmicos Sociales y Culturales (PIDESC) y el Convenio N 169 de la OIT que protegen y priorizan los derechos sociales, econmicos, polticos y culturales de las personas y las comunidades vulnerables, sobre la propiedad privada. Consideramos que el marco internacional de derechos humanos es una herramienta para exigir y reconocer los derechos de los campesinos a conservar sus territorialidades y a ser tratados en rango de igualdad real al enfrentarse con los sectores dominantes de la sociedad en estas contiendas de derechos, guados por los principios constitucionales de libertad e igualdad.Bibliografa:Archetti E. y K. A. Stlen. 1975. Explotacin familiar y acumulacin de capital en el campo argentino. Siglo XXI Editores. Buenos Aires.

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