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REVISTA JUDICIAL
REVISTA JUDICIAL – JUNIO 2.012 – EJEMPLAR Nº 1 Página 1
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REVISTA
JUDICIAL
EDICIÓN JUNIO – 2.012 - EJEMPLAR Nº 1
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Un año trabajando para la comunidad
El 15 de Junio de 2011 el Superior Tribunal de Justicia pone en marcha el Plan Piloto
de Oralidad en el Fuero Penal, con la creación de dos oficinas administrativas que llevarían
adelante un ambicioso proyecto con vistas a dar mayor transparencia y celeridad al trámite
de causas penales: la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) y la Unidad Fiscal, las que
durante un año han concretado la iniciativa, con resultados altamente exitosos en lo que
respecta a un mejor acceso a la Justicia.
Un año trabajando para la comunidad y en la misma fecha, quinientas audiencias
orales y públicas durante este año 2012. Será responsabilidad del Juez de Audiencias Dr. Rubén
Antonio Spessot resolver los casos que han sido seleccionados para las audiencias a llevarse a
cabo ese día a partir de las 09,00 horas, con la asistencia de imputados y damnificados
residentes en los distintos barrios del Circuito Cinco. Dichas audiencias se celebrarán en la sede
del Juzgado de Paz de Menor Cuantía Nº 3, gentilmente cedido por la titular del mismo, Dra.
Vanessa Verdún.
Eventos del Poder Judicial
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Presidente del Consejo Académico de
la Escuela Judicial:
Dr. Eduardo Manuel Hang-
Ministro del Superior Tribunal de Justicia
de la Provincia de Formosa
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Consejo Académico de la Escuela judicial:
Dr. Ramón Alberto Sala- Juez de la Cámara Primera en lo Criminal.
Dra. Viviana Karina Kalafattich- Juez del Tribunal de Familia.
Dr. Alejandro Gustavo Postiglione- Fiscal de Cámara.
Escribana Célica Amado Cattáneo de Rave- Secretaria de Trámites
Originarios del Superior Tribunal de Justicia.
Dra. Norma Castruccio- Secretaria de la Cámara de Apelaciones en
lo Civil y Comercial.
Dr. Eduardo Fabián Perelli- Secretario Relator del Superior
Tribunal de Justicia.
Dra. Alejandra Alucín- Secretaria Relatora del Superior Tribunal
de Justicia.
Delegados DE LA ESCUELA JUDICIAL de la Segunda y
Tercera Circunscripción Judicial:
Dr. Miguel Ángel López- Defensor Oficial de la Segunda
Circunscripción Judicial.
Dr. Víctor Ramón Portales- Secretario Juzgado - Tercera
Circunscripción Judicial.
Directora de la Escuela Judicial:
Dra. Mónica Cantero
Editores:
Bibl. Mónica Elizabeth García- Jefa del Departamento de Biblioteca
a cargo.
Guillermo, Escofe- Taller de Impresiones de Biblioteca- Sellos-
Diseños Gráficos.
Mariana, Cosentino- Taller de Impresiones de Biblioteca-
Compaginación.
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Publicación:
- Área Técnica del Departamento de Jurisprudencia
Ing. Richard, Sanabria
Lic. Gerardo, Zaracho
Maximiliano, Moiraghi
SITIO WEB DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA PROVINCIA DE FORMOSA
http://www.jusformosa.gob.ar
NOVEDADES
LISTA DE DESPACHO
JURISPRUDENCIA
- Buscador de Fallos y Acuerdos- consultas temáticas- cronológicas.
- Consulta de Fallos Completos.
- Fallos Destacados.
- Boletines Judiciales.
LEGISLACIÓN PROVINCIAL
- Textos Ordenados de Códigos, Reglamentos, Leyes, etc.
MODELOS
- Cédulas de Notificación.
- Planilla de presentación (Mesa Gral. De Entradas- Fuero Civil).
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REVISTA JUDICIAL – JUNIO 2.012 – EJEMPLAR Nº 1 Página 6
EDITORIAL
Ponemos en marcha el número 1 de la Revista de la Escuela Judicial
del Poder Judicial de la provincia de Formosa.
El Consejo Académico de la Escuela Judicial y quién suscribe coincidimos en la
necesidad de brindar un espacio donde Magistrados, Funcionarios y Letrados pongan
de manifiesto sus ideas y contribuyan con ello a una mejora del funcionamiento del
sistema.
La Escuela Judicial, como lugar de estudio y reflexión, trata de promover el
acercamiento de quienes integran el Poder Judicial a las nuevas ideas y paradigmas que
aparecen hoy en el ámbito jurídico y que no permiten por cierto el estancamiento o la
actividad inercial en el sistema judicial. Cierto es también, que con un propósito
modesto, soslayamos las cuestiones académicas propicia a los ámbitos universitarios,
buscando la solución a los temas prácticos, que son generalmente los que suelen abrumar
a jueces, funcionarios y letrados.
El Derecho como herramienta pacificadora de la sociedad, nos impone hoy mas
que nunca arribar a soluciones que sean de valor cierto para esa sociedad. Porque
debemos comprender que el Derecho como instrumento de pacificación social es
imperfecto, esta hecho y manejado por imperfectos seres humanos, pero es hasta ahora el
mejor instrumento que se haya encontrado para evitar la “lucha de todos contra todos”.
Debemos hacernos cargo de nuestra imperfección pero no por ello abandonar la tarea de
mejorar funcionalmente.
El ámbito de la Revista queda entonces abierto a todos los que quieran
acercarse; nuestro sistema judicial mejorará en la medida que lo observemos y lo
critiquemos valorando lo positivo y lo negativo. Sin reflexión no habrá mejoramiento.
EDUARDO MANUEL HANG
Ministro Coordinador
Escuela Judicial del Poder Judicial
de la Provincia de Formosa
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SUMARIO
DOCTRINA
Denuncia Anónima. Dr. Eduardo Manuel Hang
(Ministro del Superior Tribunal de Justicia) ……… Pag. 9
Discurso de Clausura del Curso de Aspirantes a
Secretarios del Poder Judicial 2011. Dr. Eduardo
Manuel Hang (Ministro del Superior Tribunal de
Justicia) ……………………………………………………… Pag. 11
Juicio Ejecutivo y mandamiento de intimación de
pago y embargo. Una respuesta de optimización
de tiempos y recursos. Esc. Célica Amado
Cattáneo de Rave. (Secretaria de Trámites Originarios
del Superior Tribunal de Justicia) …………………… Pag. 13
La Constitución provincial y su Preámbulo. Dr.
Hugo César Chamorro (Secretario del Juzgado de
Instrucción y Correccional Nº 3) ……………… Pag. 16
Derecho Penal como cosa pública. Dr. Hugo César
Chamorro (Secretario del Juzgado de Instrucción y
Correccional Nº 3) ……………………………………… Pag. 21
Motivación en los Jueces. Dra. Mónica Cantero.
(Directora de la Escuela de Capacitación) …… Pag. 23
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Asignación universal para mujeres víctimas de
violencia. Lic. Marta G. Portillo (Responsable de la
Oficina de Violencia Intrafamiliar del Poder Judicial de la
Provincia de Formosa) ……………………………… Pag. 25
Una Mirada sobre el trabajo judicial
“Empresarial”. Dr. Oscar Alejandro Blanco
(Director de Biblioteca “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield)
…………………………………………………………………… Pag. 30
NOTA A FALLO
Garantía de imparcialidad en los procesos ante el
Juzgado de Menores. Dr. Claudio René Benítez y
Fabián Perelli (Relatores del Superior Tribunal de
Justicia) …………………………………………………… Pag. 36
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Denuncia Anónima
Por el Dr. Eduardo Manuel Hang 1
La denuncia anónima no debe ser rechazada de entrada bajo la
argumentación de que no existiendo una persona individualmente responsable
se tornaría imposible atribuir responsabilidad por ella en caso de falsedad. No
debemos caer en extremos pendulares puesto que ello en nada ayudaría a la
solución equilibrada de los problemas que se plantean en la tensión entre los
derechos o garantías del individuo y la defensa de la sociedad. Es posible que la
tendencia es desechar toda denuncia anónima se sustente en la inventada y mala
costumbre de realizar detenciones apenas ésta se produzca o se indique a
alguien como responsable de un delito, sin parar mientes en que la detención es
factible solo cuando existan elementos cargosos que la justifiquen. Por otro lado
como podría dejar de actuarse en aquellos casos en que se denuncia
anónimamente la colocación de explosivos en sitios donde pueden crear
situaciones de peligro para la vida y los bienes. En otros casos no podrían dejar
de realizarse labores de inteligencia que la propia policía realiza frecuentemente
para dar paso a su actuación oficiosa. Si del producto de una pesquisa policial,
previa a actuaciones sumariales, se desprende la necesidad de iniciar estas, no
parece tener utilidad diferenciar en si la policía o los agentes fiscales iniciaron su
actividad por denuncia anónima o por su propia iniciativa conocieron del suceso.
1 Ministro Excmo. Superior Tribunal de Justicia- Presidente del Consejo Académico de la Escuela
Judicial.
Doctrina
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Por otra parte debe advertirse que la cuestión juega en dos planos
diferentes, por un lado está el tema de la responsabilidad del falso denunciante
en lo que hace a lo personal y por otro la garantía del ciudadano frente a
detenciones arbitrarias. En el caso en que como producto de la denuncia
anónima se lesione una garantía o derecho del ciudadano siempre estará el
Estado como responsable. Una cosa es que la sola denuncia anónima de lugar a
la iniciación de un proceso y secuente detención de un denunciado y otra la
posibilidad que se realice una investigación y en su caso se resguardan garantías
constitucionales de quienes pueden ser sospechados. El anonimato de la
denuncia no está conectado a la garantía del debido proceso respecto de la
prueba ilícita. En suma, una denuncia anónima puede no tener entidad para
iniciar una causa pero no puede impedir una investigación policial oficiosa que,
de obtener suficientes elementos lícitamente, de lugar al inicio de un sumario,
las consecuencias de este inicio pueden derivar en la detención de personas que
siempre se justificará, no en la sola iniciación sino necesariamente en la
existencia de elementos indicativos de que alguien es responsable del evento, en
tal sentido el inc. 3° del art. 261 del Código Procesal admite que la policía pueda
detener personas pero impone para que tal situación ocurra que contra la
persona “hubiesen indicios vehementes de culpabilidad”. Ello es aplicable por
cualquier medio que se inicie el proceso. La garantía no está en cómo se inicia el
proceso sino en cuando se detiene a un sospechado.
Dr. Eduardo Hang
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DISCURSO DE CLAUSURA DEL
CURSO DE ASPIRANTES A
SECRETARIOS DEL PODER JUDICIAL
2.011
Por el Dr. Eduardo Manuel Hang2
Clausuramos hoy el curso para aspirantes a Secretarias y Secretarios.
Hemos tenido una asistencia quizás inesperada, que pareció exceder
nuestras posibilidades, pero que nos da un alerta sobre la necesidad de los
jóvenes profesionales de no caer en la inmovilidad intelectual y mejorarse, como
condición necesaria para su desempeño dentro del sistema judicial. Mejora que
debemos alentar, porque el sistema judicial no es de propiedad ni de los jueces,
ni de los funcionarios, ni de los letrados. El obrero, el empresario, el empleado,
el comerciante, el consumidor, el vecino, son los destinatarios de nuestra labor y
por eso vienen a nosotros en busca del respeto a lo que entienden es su derecho.
Y ésta es la esencia de la misión del Poder Judicial, así debemos entenderlo,
seamos Jueces, Funcionarios o Letrados. Por eso en principio nuestra actividad
no se enrola en una pura elaboración teorética, dejamos tales lindezas (como
diría Borges) para los claustros universitarios, donde el saber convoca a los
eruditos. Y en esto que apunto, asumo toda la culpa; tengo para mí - como
enseña el gran Jurista chileno Novoa Monreal - que el derecho más que una
ciencia es una manera de resolver conflictos en el seno social. Por eso hemos
2 Ministro Excmo. Superior Tribunal de Justicia- Presidente del Consejo Académico de la Escuela
Judicial.
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tratado de dar al curso un cariz práctico, que prepare al abogado para una futura
carrera judicial y que pueda ayudar al letrado en su ejercicio profesional. Ese es
nuestro interés, facilitar el desenvolvimiento de los actores procesales y con ello
favorecer el desenvolvimiento del sistema. Eximidos por convencimiento de
ciertos estados teóricos, ofrecemos una praxis, porque siempre detrás de las
puras conductas están los principios y las reglas que las justifican.-
La responsabilidad del sistema judicial es grande y muchas veces no es
comprendida. Nosotros hemos tomado el sistema constitucional de Estados
Unidos de América, no somos meros administradores de justicia, nos
constituimos en un verdadero poder Estatal a diferencia del sistema continental
Europeo, en el que aparece como mero administrador de la ley, aunque esto se
morigera con los Tribunales Constitucionales, es cierto que fuera del Poder
Judicial, siguiendo las postulaciones de Kelsen.-
Es grande la responsabilidad precisamente por el Poder otorgado. Cada
Juez y los que lo asisten en su trabajo, funcionarios y letrados, tienen que actuar
con ésta mira esencial. Los límites del poder conferido no deben ser traspasados
pero no pueden ser renunciados. El equilibrio es difícil, sobre todo en esa zona
gris que los nuevos derechos con sus definiciones genéricas han creado,
obligando a veces a una actividad creativa, no exenta de peligros. El esquema
republicano hoy nos exige actividad pero también el respeto de las otras
competencias. Solo así el Poder Judicial en tanto que Poder y no mero
administrador, cumplirá el rol institucional que le impone la Constitución
Provincial y que debe verse, como requisito esencial que pide la Carta Nacional,
en lo que hace al respeto del Gobierno Nacional para con las autonomías
provinciales.-
Dr. Eduardo Hang
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Juicio ejecutivo y mandamiento de
intimación de pago y embargo. Una
propuesta de optimización de tiempos
y recursos.
Por la Esc. Célica Amado
Cattanéo de Rave3.
El gran número de expedientes que se tramitan ante la justicia en lo civil y
comercial es causa principal de muchos de los problemas que acucian al fuero. Entre
ellos, la disminución de la calidad intelectual del trabajo. Y es que parece inhumano
pretender que a la enorme cantidad de proveídos, resoluciones y fallos que
diariamente se dictan se los vista de estilo, y hasta de toda la fundamentación que el
juez hubiera querido para darle contundencia a su labor, y porque no, para sentirse
orgulloso de su producción. Sabemos apreciar desde estudiantes, ese razonamiento
impecable, lucido, hasta con cierto preciosismo, de fallos publicados en colecciones
importantes y que prestigian. Poder permitirnos algún día nuestra propia
satisfacción, requiere que se optimice el funcionamiento del juzgado. No es nuevo ni
original lo que propongo. En todo caso lo novedoso seria enfocarlo desde los
mecanismos que el juez y secretario pueden poner a andar, sin intervención de la
superintendencia, y sin necesidad de modificación legislativa. No se pretende en
3 Secretaria de Trámites Originarios del Excmo. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de
Formosa.-
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consecuencia, minimizar las urgentes acciones que se deberían emprender en cuanto
a dotación de cantidad y calidad de empleados, y en las medidas para aliviar la carga
de expedientes en trámite ante los juzgados de primera instancia en lo civil y
comercial. Y tampoco pretender convencer a nadie en cuanto a que encontrar estos
mecanismos sean la panacea. En todo caso, será un pequeño aporte y una invitación a
probar esta y todas las otras ideas que nos parezcan eficientes para buscar en el
trabajo que cotidianamente cumplen magistrados, funcionarios, empleados y
abogados, métodos o acciones que procuren cumplir con el axioma básico en esta
materia: EN MENOS TIEMPO MEJOR, Y SATISFACIENDO LAS
EXPECTATIVAS QUE TENEMOS LOS OPERADORES DEL SISTEMA.
UNA IDEA: De acuerdo con las estadísticas, aproximadamente el setenta por
ciento de las demandas que se inician corresponden a juicios ejecutivos. El primer
proveído ordena el libramiento de mandamiento de intimación de pago y embargo.
La firma de dicho proveído importa que el empleado proveyente lo genere por cuanto
se encuentran reunidos los recaudos para su procedencia. Y significa para el Juez que
el Secretario ha hecho el examen del expediente. Luego el expediente se pone en
letra, se incluye en la lista de despacho y cuando el profesional presenta la diligencia
para efectivizar lo ordenado -intimación de pago y embargo- vuelve el expediente a
Despacho. El proveyente y el Secretario deberán controlar si esta diligencia está
dirigida a quien corresponde, si la carátula es la correcta, si el domicilio del ejecutado
es el que figura en el proveído, si el monto del capital que se reclama es el que resulta
de los títulos presentados, si las costas provisorias que se consignan son las que
verdaderamente se determinaron, etc.
Generalmente se pone un sello fechador para saber la data de la presentación
de la diligencia, y tras estos controles, se pone a la firma del Juez, integrando la
inmensa cantidad de expedientes. Una vez suscripta la diligencia -cuyo libramiento
lleva cierto tiempo- volverá a salir en lista de despacho, habrá que cargar el
expediente en la misma, recargando el trabajo de quien sea encargado de hacerlo.
Hoy todos los juzgados de primera instancia en lo civil y comercial de la
ciudad de Formosa trabajan en red. Por eso mi sencilla propuesta es que en el mismo
acto en que sale el primer proveído, el mismo lo haga ya con el mandamiento de
intimación de pago y embargo firmado por el Juez, con las copias previa o
conjuntamente suscriptas por el Secretario, lo que significa para el magistrado que ya
esta controlado. Y controlado todo, porque la impresión de la diligencia se realizaría
con una ventana originada en el proveído ya analizado y aprobado. Proveído y
Esc. Célica Amado Cattanéo de Rave
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REVISTA JUDICIAL – JUNIO 2.012 – EJEMPLAR Nº 1 Página 15
mandamiento salen el mismo día, en una sola lista de despacho. No necesita control
por separado. El abogado viene una sola vez a la Mesa de Entradas. Obtenemos
celeridad y economía procesal.
Sugiero que se pruebe esta idea en una experiencia piloto en uno de los
juzgados civiles y comerciales de nuestra ciudad, tal vez proponiendo a algunos de
los litigantes que presentan gran cantidad de demandas ejecutivas que entreguen el
papel necesario para la impresión, y así constatar si vale la pena generalizar este
método. Y es que entiendo que lo dicho no solo es valioso para las partes por lo ya
apuntado, sino que también evitará la gran cantidad de diligencias rechazadas -
también incluidas en las listas de despacho- y el costo de insumos que ello supone.
Desde la Escuela Judicial podemos ayudar a implementar lo dicho, poniendo
nuestro personal a disposición de este proyecto, que no pretende ser el mecanismo
idóneo para la solución a los sinsabores de la función, sino un paliativo, un comienzo,
un esfuerzo más, para dar a cada uno lo suyo.
Doctrina
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CONSTITUCIÓN PROVINCIAL Y
PREÁMBULO
Por el Dr. Hugo César, Chamorro4
Antes de iniciar esta faena intelectual, debemos hacer notar que la
Constitución que vamos a comentar lo es ya en su Tercera versión: es decir
original y dos reformas. Pues, su Original se remonta al año 1957. La Primer
reforma data del año 1991, y la Segunda y hasta ahora última reforma
constitucional es la del año 2003.
Concepto de Constitución: El término Constitución deviene del latín
"estatuere, statutum", que significa reglar, regular, establecer u ordenar (1). En
todo este texto utilizaremos muchas veces las palabras Constitución y/u otros
derivados o sinónimos para la misma, como ser: Estatuto fundamental o
fundacional o Carta Magna y/o Ley Fundamental. Definimos entonces a la
Constitución, como aquel conjunto de normas jurídicas que integrados dentro
de un sistema ordenado de reglas dan y/o establecen estructuralmente la
naturaleza y configuración de un Estado. La Constitución es la cabeza o cúspide
intelectual en un Sistema Jurídico Normativamente Organizado.
El Preámbulo: De la misma manera que todo libro tiene un prólogo a efectos
de dar noticia sobre la finalidad y alcance de la obra. Nuestra Constitución
también lo tiene y se llama PREAMBULO: que no es más que "el eco de las
voces" de nuestros Constituyentes presentando la Constitución de la Provincia,
dando por finalizado su tarea y legando a la Comunidad las metas e ideas-bases,
4 Secretario del Juzgado de Instrucción y Correccional Nª 3 del Poder Judicial de la provincia de
Formosa. Participante del Plan Piloto y actual Programa de Oralidad en el Fuero Penal.
Dr. Hugo Chamorro
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REVISTA JUDICIAL – JUNIO 2.012 – EJEMPLAR Nº 1 Página 17
sobre las que se organizarán las Instituciones del Estado en lo inmediato y para
el futuro.
Origen de los Preámbulos: La redacción de un Preámbulo, como acto previo a
la textualidad constitucional, es un uso que se remonta a la Constitución de los
Estados Unidos de América, en el año 1787 y desde allí se extendió su uso
universal (2).
Valoración del Preámbulo: A la discusión sobre si un Preámbulo hace o no
parte del texto Constitucional, a nuestro entender ya está saldada; pues
entonces, no tengamos duda alguna: EL PREAMBULO hace parte indivisible
de toda Constitución que la contiene. En cuanto al "valor" que pueda tener un
Preámbulo: Están los que opinan que son simples declaraciones -sin valor
alguno- enunciando sólo hechos históricos o ideológicos, sin carácter normativo
u obligatorio.- Y otra postura extrema que enuncia que los Preámbulos tienen
la función de ser una suerte de Normas Supra textuales, es decir, que su valor
estaría por encima de aquello que se escribe o describe más abajo (es decir del
propio texto Constitucional) ya que define la política fundamental del modelo
ideado por los constituyentes para imponer a su Comunidad. De estas
discusiones nos apartamos y nos colocamos junto a la jurisprudencia judicial del
caso. En cuanto aclara que el contenido del Preámbulo Constitucional, nos sirve
para definir y/o delimitar e interpelar las cláusulas o premisas constitucionales,
cuando las mismas no son claras o adolecen de vaguedades y/o ambigüedades
textuales. Es una regla maravillosa de interpretación, sobre la política y/o
ideología que nos han legado nuestros Constituyentes (3).
Sobre la Reforma del Preámbulo: En nuestro caso: A cada reforma
constitucional le ha correspondido también una reforma al Preámbulo
Provincial. Es decir que el Preámbulo original que nos legaran nuestros Padres
Fundadores, ya no es el que actualmente nos rige. Y a nuestro entender ello
está bien ya que cada reforma se entiende como una adaptación a las tendencias
y movimientos que surgen desde la comunidad organizada y con los nuevos
valores que conviven en ella.
Seguidamente se transcribirán los párrafos pertinentes del Preámbulo de
la Constitución Provincial que actualmente nos rige y los analizaremos
brevemente, a saber:
"Nos, el Pueblo de la Provincia de Formosa, a través de sus
"representantes".
Doctrina
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Ello en principio identifica a quienes "SANCIONAN" o crean ésta
Constitución Provincial. Es decir, "El Pueblo", la oración también involucra a
todos los ciudadanos mediante la utilización del pronombre "Nos". Asimismo el
término "Provincia de Formosa", hace geográficamente referencia a la
preexistencia de un pueblo que ha conformado una Provincia de nombre
Formosa. Y seguidamente se deja claro en esta declaración que el Poder
Constituyente reside en el "pueblo" que se hace presente en la figura de sus
"representantes" -aquellos a quienes el pueblo dio mandato constituyente-.
"Reunidos en Convención Constituyente":
Esto indica que el pueblo reunido a través de sus representantes es
"Constituyente", convocado mediante una ley de necesidad de reforma
constitucional. Entonces esta Asamblea que se reúne extraordinariamente lo es
con el objeto de sancionar una Constitución Provincial, en pleno uso de sus
facultades para organizar o reorganizar el Estado.
"Con el objeto de plasmar el modelo formoseño para un proyecto
Provincial".
El Preámbulo continúa con los grandes fines u objetivos para el
Territorio Provincial y sus habitantes. El primero de ellos es justamente la
unión de todos los habitantes de la Provincia en "un solo modelo" como
proyecto Provincial, cuyas ideas o ideologías van a plasmar los constituyentes
en la Nueva Carta Magna que entregaran a la Ciudadanía.
"Reafirmando la auténtica identidad multiétnica y pluricultural".
Los Constituyentes del 2003, dan por sentado la existencia de una
variedad de culturas, razas y/o pueblos originarios conviviendo en el Territorio
de la Provincia y más que una re-afirmación de la realidad, este párrafo es en
realidad "una verdadera afirmación o confesión cultural", ya que es la primera
vez que ello se reconoce como postulado y verdadera directriz en el Preámbulo
de nuestra Constitución y en nuestra Constitución misma.
"Garantizando el fortalecimiento de los Poderes Públicos".
Aquí los Constituyentes dan eterna garantía sobre el valor supremo que
tienen los órganos públicos del poder. Asimismo es bueno recordar que el
Preámbulo nunca debe ser tomado como ideología para el ensanchamiento de
los poderes conferidos al gobierno o algunos de sus órganos públicos. Pues he
aquí que los constituyentes bien dicen:"garantizando el fortalecimiento de los
poderes públicos" y no "ampliando los poderes públicos del Estado" (4).
Dr. Hugo Chamorro
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REVISTA JUDICIAL – JUNIO 2.012 – EJEMPLAR Nº 1 Página 19
"Una mayor participación de los habitantes de la Provincia por sí y a
través de las organizaciones libres del pueblo, en la administración de la
cosa pública".
Este párrafo es una exaltación a la ideología democrática como valor que
envuelve la vida comunitaria en un Estado formalmente constituido, ya que la
participación de los habitantes (ya sea en forma individual u organizada), por sí
o por otros, no es otra cosa que imponer desde la Carta Magna Provincial el
mejor respeto por la dignidad del hombre-individuo-ciudadano y sus libertades
republicanas, sean estas civiles o políticas, sociales o económicas, es un avance
más hacia la cada vez mayor participación del ciudadano en las circunstancias
públicas de su Comunidad.-
"Y para constituir un Estado Federal moderno, bajo la forma de gobierno
representativa, republicana, democrática-participativa y social"
Estos postulados son la sustancia vital de nuestra Carta Magna: como
Estado Provincial respetuoso de la historia de nuestro País, y de la unión
nacional en ella forjada, con la incorporación en el texto de las vertientes de la
democracia participativa y social, que avanzan día a día sobre formas
instrumentales que intentan lograr que la sociedad se apropie o sienta suyo el
sistema democrático, como debe ser. -más adelante en el Art.1°, ello se
desenvuelve-.
"Desde una concepción humanista y cristiana"
Todo lo que nuestros constituyentes han proyectado y plasmado en este
Modelo de Estado Provincial, lo han hecho teniendo en cuenta dos
primerísimos elementos de la historia universal, como ser: el Cristianismo y el
humanismo. El Cristianismo postula: "Amar a Dios por sobre todas las cosas y
al prójimo como a uno mismo", es decir primero Dios y luego al Hombre como
creación de Dios y el Humanismo Clásico postula "El hombre está siempre en
primer lugar" o lo que es lo mismo decir "amar al hombre y sus derechos antes
que todo lo demás, prescindiendo en muchas de su creador". El derecho de
morir, el derecho a personalizar la identidad, el aborto, el matrimonio
igualitario, etc.; Es por eso que no es fácil coordinar lo humanista con lo
cristiano, ya que no siempre lo más humano, es cristiano y/o viceversa.
"e invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia".
Es esto sin duda la creencia en un DIOS creador y todo poderoso, es este
el DIOS de nuestros constituyentes y por ende del pueblo de la Provincia. Se
Doctrina
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REVISTA JUDICIAL – JUNIO 2.012 – EJEMPLAR Nº 1 Página 20
invoca aquí a DIOS para que proteja y bendiga el instrumento Político
Institucional que se presenta a la Comunidad: su presente y futuro.
"Sancionan la siguiente"... (Reforma a la Constitución Provincial).
Estas palabras finales del Preámbulo ubican concretamente a los
constituyentes en el rol sancionador de normas fundamentales para el Estado,
donde su pueblo-mandante los ha colocado. Es el Poder Constituyente que una
vez más ha sido usado en la historia de la Provincia.
Bibliografía aportada:
(1) Diccionario Español SALVAT, Salvat Editores 1992.
(2) Análisis de la Constitución Nacional, Helio Juan ZARINI, Astrea 1991.
(3) Constitución y Crecimiento, Eduardo René STORDEUR, Lugar Editorial, 1989.
(4) Constitución de la Nación Argentina, Néstor Pedro SAGUES, Astrea, 1994.
(5) Documentos Constitucionales Argentinos, Laura San Martino de Dromi, Ediciones
Ciudad Argentina, 1994.
Dr. Hugo Chamorro
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El Derecho Penal Como Cosa
Pública
Por el Dr. Hugo César, Chamorro 5
Sabido es del auge y la buena fortuna del Programa de Oralidad en el
Fuero Penal –Acordada Extraordinaria Nros.1 y Nº 2.681 del STJP por las que
se crean las Oficinas de la U.F.P. y O.G.A., ésta última como oficina
organizadora- gerenciadora de las audiencias públicas del Poder Judicial, en este
caso del ámbito penal, es clara la agilidad en las actuaciones, los expedientes que
antes llevaban dos años de tramite ahora en cinco días pueden estar terminados,
por otro lado se siente que los abogados ven con mayor claridad estos institutos
de la suspensión de juicio a prueba, la instrucción reducida y el juicio abreviado
ya que también se animan a presentarlos y/o solicitarlos en los expedientes
comunes como alternativas para dar una solución o corte a sus causas. Por otra
parte en la Oficina de Gestión de Audiencias (O.G.A.) se ha avanzado en salas
de audiencias bien equipadas, cómodas, con filmaciones cada vez más
sobresalientes, transmisiones en simultáneo y vía internet. Es vivificante ver a
diario como los jueces, fiscales, defensores y secretarios dan lo mejor de sí en
cada audiencia, una audiencia tras otra con garantía de que una no es igual a la
anterior.- Indudablemente este Programa vino a sacudirnos, a sacarnos la paz
pasar de lo conocido del expediente a lo desconocido del legajo hasta el
momento de la audiencia -por lo menos para el Juez y el Secretario-, pasar del
rostro desconocido del imputado y la victima a la visualización del reo y sus
5 Secretario del Juzgado de Instrucción y Correccional Nª 3 del Poder Judicial de la provincia de
Formosa. Participante del Plan Piloto y actual Programa de Oralidad en el Fuero Penal.
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circunstancias, como también la angustia o ira del damnificado presente en la
audiencia, es un gran avance que se conozca la voz del fiscal en la causa cuando
éste da un dictamen, presenta sus cargos o pronuncia el requerimiento de
elevación de la causa in-vocce, cuando impulsa, cuando pugna por la legalidad
del caso en el sistema. Todo es vivificante y hace creer que el postulado de
“Afianzar la Justicia” está aquí. La res-publicanización del fuero penal “es
Posible”; Estas audiencias pautadas -las de la O.G.A.-, deben abrirse y cerrarse
con la presencia de las partes que asistan, a fin de practicar el acto o para
señalar que alguna parte no está, o estando solicitar la suspensión, u otras
circunstancias atendibles, es decir estas no son virtuales o de tipeo “son reales”,
“en vivo” a la hora señalada el fiscal, la defensa, el imputado (preso o no), el
damnificado, querellante (cuando los hay), actor civil (cuando los hay), el Juez y
Secretario están allí presentes; haciendo y ejercitando la justicia de todos. En
síntesis la res-publicanización del fuero penal es posible, la Oficina de Gestión
de Audiencias es un avance mediático sobre lo real, lo que ya tenemos, pero aun
estamos caminando solos en un mundo donde la sociedad debe apropiarse del
sistema, sentir que esto es de la gente. (Principio republicano, participativo y
social).
Dr. Hugo Chamorro
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REVISTA JUDICIAL – JUNIO 2.012 – EJEMPLAR Nº 1 Página 23
LA MOTIVACION EN LOS JUECES
Por la Dra. Mónica Silvia Cantero 6
El tema de la motivación, está presente en cada actividad académica
que ofrece la Escuela Judicial. A mi modo de entender la motivación tiene su
punto de partida en la detección de las necesidades (académicas) que en cada
fuero o materia se va presentando. Pero también, está muy relacionada con la
vocación de servicio de las personas que participan de esa actividad académica,
porque un tema puede estar presente a través de los conflictos que la sociedad
plantea al poder judicial, pero, si sus integrantes no tienen verdadero interés de
tratarlos, no habrá oferta académica suficiente en cantidad ni calidad.
Y sin duda alguna, la motivación se dificulta a la hora de organizar
alguna actividad académica dirigida a los jueces.
Es que, por un lado, es cierto que en la actualidad ya un gran número
de ellos accedieron a sus cargos luego de pasar el concurso de antecedentes y
oposición a sus cargos de los respectivos Consejos de la Magistratura, pero, sin
intentar entrar a analizar el tema de la selección de los jueces, no se puede dejar
de señalar que de conformidad al modo de evaluación de los Consejos de la
Magistraturas y las disposiciones de las reglamentaciones internas de los
poderes judiciales, no encontramos claramente definido el perfil del juez que
persiguen.
La única conclusión inevitable de todo ello es que, el derecho se
encuentra inmerso en un cambio permanente, y tal vez allí encontremos el
primer presupuesto de la capacitación de los jueces: debe ser permanente.
6 Directora de la Escuela Judicial de la Provincia de Formosa. -
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REVISTA JUDICIAL – JUNIO 2.012 – EJEMPLAR Nº 1 Página 24
Sin duda el punto más conflictivo es si la capacitación de los jueces
puede disponerse como obligatorio, o si solo debería contar con el sentido de
responsabilidad de cada uno de ellos para que decidan cuando y con qué tema
participaran.
La obligatoriedad, en el caso que nos ocupa, conlleva algunos
problemas. Por ejemplo, no puede afirmar que algo es realmente obligatorio si
su incumplimiento no trae aparejada ninguna sanción. Por el momento, no
tengo ni la jerarquía ni la experiencia suficiente (no he sido juez) por ello, sólo
me compete dejar en claro que la obligatoriedad, no puede formar parte o ser un
elemento de la motivación.
Muchas veces suelen confundirse cuando en realidad, si nos fijamos
bien, motivar según la Real Academia Española significa: “Disponer del ánimo
de alguien para que proceda de un determinado modo”, es decir traduciendo
esto a los cursos de capacitación, significa convencerlo que vaya o dicho de otro
modo lograr que asista voluntariamente.
Esta última palabra es la que más claramente nos da la pauta de que
la motivación y obligatoriedad son conceptos opuestos.
Si un curso tiene carácter obligatorio para sus destinatarios, ¿Qué
sentido tiene entrar a analizar si cuenta con suficiente motivación, si la
concurrencia ya está garantizada? Y en este caso, el que asiste obligado,
difícilmente encontrará atractiva la oferta porque hubiera optado por estar en
otro lugar en ese momento.
Para finalizar este sencillo trabajo, solo me resta mencionar una idea
que podría ayudar a la hora de ofrecer capacitación a nuestros jueces. Y es que
especialmente en estos momentos donde se nos anuncia la creación de una Red
de Escuelas Judiciales de las Provincias Argentinas, podríamos pensar en
pasarnos los datos de los lugares (si son turísticos mucho mejor porque no nos
faltan) con que contamos y que podrían servir para que se realicen allí diferentes
cursos de capacitación para jueces. Los datos cobrarían especial utilidad si se
obtienen de provincias contiguas, como en el caso de la mía (Formosa serian los
sitios ofrecidos por Chaco y Corrientes). Puede ser hoteles, cabañas o alquiler de
casa de fin de semana que en nuestra zona suelen ofrecerse.
A esta idea, podemos sumar otra que hace tiempo viene mencionándose en
las Reuniones de Directores y Responsables de las Escuelas Judiciales, cual es la de
confeccionar una lista de capacitadores de las distintas provincias.
Dra. Mónica Cantero
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REVISTA JUDICIAL – JUNIO 2.012 – EJEMPLAR Nº 1 Página 25
ASIGNACION UNIVERSAL PARA
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
Por la Lic. Marta G. Portillo 7
El presente trabajo fue presentado como trabajo final del curso, con tutoría,
"Mujeres y Derechos Humanos"8 organizado por la Dirección Nacional de
Formación en Derechos Humanos de la Subsecretaría de Promoción de
Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de
la Nación, que se desarrolló el último trimestre del año próximo pasado. El
proyecto tiene su génesis en la actividad que se desarrolla en la Oficina de
Violencia Familiar dependiente del Excmo. Tribunal de Familia del Poder
Judicial de la provincia de Formosa.
1. FUNDAMENTACION
La Revolución Francesa se presentó como el momento inaugural de las
formas políticas propias de la sociedad moderna los ideales y aspiraciones
libertarias no alcanzaron de la misma forma a varones y mujeres como tampoco
se dio de igual forma en América Latina. Recién hacia el siglo siguiente en
América latina y el Caribe comienza a preocuparse por los derechos de las
mujeres, con las incipientes reuniones, encuentros y desencuentros que se
fueron realizando hasta que llega a la agenda pública y los derechos de las
7 Responsable de la Oficina de Violencia Intrafamiliar del Poder Judicial de la Provincia de
Formosa.
8 Curso aprobado e inscripto en el Libro de Actas Nº 1, Folio 241, Número de
certificado 6075.
Doctrina
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mujeres pasa a ser una cuestión de Estado, se empiezan a diseñar políticas
públicas orientadas a la mujer. Si bien debe tenerse en cuenta el rol
preponderante que tiene la mujer en la década del 90. Ante el modelo de la
Globalización, la pauperización de la población, la pérdida de trabajo, las
privatizaciones, la tercerización de servicios, donde ese modelo hegemónico del
“varón proveedor de la familia” se modifica y es “la mujer” la que sale a trabajar
(si bien siempre trabajó en el ámbito privado) lo hace en la esfera pública, era
más fácil la inserción de la mujer en el mercado laboral, si bien la retribución
económica distaba entre el hombre y la mujer, ésta con su salario ayudaba a
solventar los gastos de la familia. Esta gran eclosión y cambio que sufre la
familia, con la salida de la mujer de la casa, el cambio de roles, llevó a una
reorganización, ver a la mujer desde otro lugar no ya desde el de ama de casa.
En ese nuevo aspecto surgieron nuevas cuestiones sociales como ser la
violencia. Siempre existió pero ahora si la hizo visible, de la invisibilidad y de la
insensibilidad pasó a la ver la luz, a ser un tema de políticas públicas, al decir de
la Dra. Eva Giberti “la violencia es la pandemia del nuevo siglo” es una cuestión
de salud pública que debe ser abordada y que nuestro país a través de la Ley
26.485 está dándole una solución a la temática.
En el quehacer diario concurren a la Oficina de Violencia Doméstica de
la Ciudad de Formosa, mujeres víctimas de violencia que han denunciado su
problemática en los Juzgados Penales, Juzgados de Paz, de Familia, etc., en
algunos casos llegan a tener cuatro expedientes de violencia familiar todos hacia
el mismo concubino y/o cónyuge.
Se dan dos situaciones puntuales: a) mujeres jóvenes con hijos
menores –en la primera infancia- a cargo, es decir con niños menores de 5
años, en su mayoría se trata de familias numerosas con más de tres y menos de
siete hijos, sin vivienda propia por lo cual deben abonar el pago de alquileres o
que viven en casas muy precarias –tipo rancho, de chapa de cartón, o de chapa
de cartón y materiales de plásticos-; b) mujeres en edad avanzada que
vivieron en concubinato.
Que de la entrevista surge que por “falta de trabajo”, “tener hijos
pequeños”, “no contar con la ayuda de su familia de origen” vencida la medida
judicial en algunos casos, en otro antes que finalice el término de duración de la
medida cautelar, ya reingresaron los cónyuges/ concubinos al hogar familiar. El
detonante de ello o la causa principal se identifica que es la falta de recursos
Lic. Marta G. Portillo
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REVISTA JUDICIAL – JUNIO 2.012 – EJEMPLAR Nº 1 Página 27
económicos de la mujer, o lo que percibe a través de los Planes Sociales resulta
irrisorio para la manutención de sus hijos menores. Cabe aclarar que la mayoría
son mujeres jóvenes, con familia numerosa, sin capacitación, sin escolarización o
en algunos casos con escolarización primaria incompleta y ante la necesidad
acceden que los señores reingresen. En muchos casos son ellas las que deben
salir a trabajar, (trabajos informales; en negro, de baja paga, etc.) y no tienen
quien cuide a los niños. Lo que hace un círculo vicioso quiere salir de la
situación de violencia pero no tiene recursos con los cuáles hacer frente a ello
que es la reorganización de la familia, delegar el cuidado de sus hijos en
personas mayores vecinas o en los hijos mayores. En el caso b) no quieren ser
carga para sus hijos que ya tienen sus familias, o deben esperar que se le
otorgue algún plan social, o seguir realizando trabajos informales mientras su
salud lo permita.
Las investigaciones sobre factores asociados a salir, quedarse o retornar
a una relación de violencia señalan que el acceso de las mujeres a ingresos y
recursos económicos influyen de forma significativa la decisión de muchas
mujeres de permanecer, marcharse o regresar a una relación de maltrato
(Kalmus & Straus, 1982, Strube & Barbour, 1983; Aguirre, 1985, Elisberg,
1999, OPS, 2003). El análisis de diversas investigaciones en el área de violencia
contra las mujeres indica que, en términos generales, un nivel socioeconómico
alto, ofrece cierta protección contra el riesgo de violencia física en la pareja. Por
el contrario, la violencia física afecta a las mujeres de todos los grupos
socioeconómicos, pero aquellas que viven en la pobreza están afectadas en forma
desproporcionada. (OPS, 2003).
Aunque tener ingresos, trabajo y acceso a recursos financieros no
asegura la prevención o terminación de la violencia o la protección de las
mujeres, se ha demostrado que la independencia económica y el acceso y
acumulación de recursos es un factor importante no sólo en la valoración que
hacen las mujeres de los riesgos ante la violencia, sino en las estrategias que
utilizan para enfrentar la violencia en la pareja. En otras palabras, aunque el
acceso a dinero y otros bienes no es suficiente para asegurar el uso de
estrategias efectivas para disminuir o eliminar la violencia en la vida de todas
las mujeres, es sin duda un recurso importante y a veces imprescindible en su
repertorio.
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También es importante señalar que no todas las mujeres tienen la misma
oportunidad o posibilidad para acceder a recursos económicos pues la opresión y
el discrimen contra las mujeres por razón de género al igual que por razón de
raza/etnia, impedimentos físicos o mentales, orientación sexual, nivel educativo,
falta de capacitación, y sobre todo las secuelas del daño ocasionado por el
victimario hacen que muchas mujeres estén en desventaja a la hora de buscar y
retener un trabajo y acceder a bienes que les aseguren su independencia
económica.
2. PROYECTO
Implementación de un Subsidio por parte del Estado para las mujeres
víctimas de violencia familiar en situación de vulnerabilidad social. Debiendo
articularse con los organismos del Estado para la atención inmediata a la
víctima, siendo necesario que el Estado la asista durante y después de la
denuncia para así hacer real los tratados internacionales.
3. OBJETIVO GENERAL: Implementar la asistencia económica por
parte del Estado a través de subsidios a las mujeres víctimas de violencia
doméstica en situaciones de vulnerabilidad social hasta que logren insertarse en
el mercado laboral.
4. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Creación de un fondo específico a través del Ministerio de
Acción Social de la Nación destinado a la asistencia inmediata a mujeres
víctimas de violencia doméstica.
Elaborar los informes de riesgos y articular con los organismos
pertinentes la asistencia inmediata a la víctima.
Trabajar en red con los Institutos Provinciales de la Vivienda
para que brinden inmediata asistencia a la mujer víctima y sus hijos, siendo
prioridad el otorgamiento de vivienda a la misma.
Realizar seguimiento de control sobre el destino otorgado al
subsidio con rendición de cuentas.
Capacitación laboral obligatoria para que la mujer tendiente a
la reinserción de la misma al mercado laboral.
Lic. Marta G. Portillo
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5. POBLACION OBJETIVO:
La población destinataria son las mujeres víctimas de violencia familiar
en situación de vulnerabilidad social (ya sea vulnerabilidad económica, social
y/o económica y social) de la provincia de Formosa que concurren a la Oficina
de Violencia Familiar del Poder Judicial a denunciar los hechos de violencia del
cual son víctima.
6. RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y ECONOMICOS
* Detectada la situación de vulnerabilidad social a través de los equipos
técnicos del Poder Judicial se dará inmediata intervención al área habilitada al
efecto, por lo cual los recursos humanos y materiales para la detección se
contará con los profesionales del Poder Judicial.
* Recursos económicos se obtendrán a través de los convenios de
cooperación de las Naciones Unidas, que asisten y brinden asistencia económica
para la implementación de Oficinas de Violencia Doméstica en el país (Convenio
marco entre la CSJN y UNICEF).
7. BIBLIOGRAFIA:
- Consenso de Brasilia,
- Consenso de Quito,
-Resolución Nº 54/4 del Consenso de Brasilia sobre el empoderamiento económico de
la mujer.
- Convención de Belem Do Pará.
- Ley Nacional 26485 y su reglamentación.
-Ley Provincial Nº 1160/95 y su modificatoria 1191/96.
- “Prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres”, material elaborado
por la Subsecretaría de promoción de Derechos Humanos. 2011.
- VALLE FERRER, Diana; “ESPACIOS DE LIBERTAD: Mujeres, violencia
doméstica y resistencia”. Ed. Espacio. 2011.
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REVISTA JUDICIAL – JUNIO 2.012 – EJEMPLAR Nº 1 Página 30
UNA MIRADA SOBRE EL TRABAJO
JUDICIAL “EMPRESARIAL”
Por el Dr. Oscar Alejandro, Blanco9
El Poder Judicial y su funcionamiento como “Empresa”
La Organización, en este caso el Poder Judicial, está compuesto por
personas del entramado social en general, por lo que se dan por reproducidas
muchas de las condiciones, problemas y situaciones de la vida social cotidiana.
Es un sistema abierto, dinámico e interactivo, responde a su entorno y en
general está determinado por las condiciones que le impone el medio.
Enfoque Organizacional y Estructura
Es importante determinar “hacia donde se dirige” la Organización. En el
caso del Poder Judicial debe determinarse en principio una división fundamental
entre el planeamiento del trabajo jurisdiccional y del trabajo administrativo; y
dentro del área administrativa las directrices planteadas por cada sub-área
específica.
Para conocer el enfoque de cada área debe establecerse la tarea específica de
cada persona, cómo repercute cada tarea en el logro específico y cómo la
interacción de los individuos se refleja en mejores o peores resultados. Es
importante determinar qué variables afectan a la Organización, desde el punto
de vista Cultural, Político, Económico, del Gobierno, Social, Tecnológico, etc.
En la estructura Organizacional Judicial se produce una pirámide donde
algunos mandan y otros obedecen y es importante establecer los ámbitos de
9 Director de Bibliotecas e Informática Jurisprudencial “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”.
Dr. Oscar Alejandro Blanco
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mando y de trabajo de cada individuo y en qué medida ésta obediencia da lugar
a “participación en la autoridad”. En la estructura organizacional no hay
democracia. Una vez que la “cabeza” de la organización ha determinado “hacia
donde se dirige” la organización, debe establecerse una estructura en que los
individuos puedan “aportar” en la medida de sus conocimientos y aptitudes. Es
por eso que la figura del “Jefe” tanto para áreas Jurisdiccionales como
Administrativas, toma fundamental importancia en cuanto a su desempeño
como “guía de trabajo”, dado que allí deberá desempeñar su capacidad como
conductor de grupo y como director del trabajo en general, con todas las
características que el desempeño de cada área exija.
Para qué sirve la estructura
Divide el trabajo en puestos y departamentos.
Asigna tareas y responsabilidades asociadas a los puestos de cada individuo
Coordina las diversas tareas.
Reúne puestos en “unidades” para fines específicos.
Establece relaciones entre individuos de distintos grupos y departamentos,
delimitando las tareas y estableciendo recorridos administrativos necesarios
para el logro de los fines.
Establece las líneas de autoridad y consecuentes responsabilidades.
Asigna y utiliza los recursos organizacionales.
Misión de Trabajo
La “misión” de la Organización es hacer el trabajo de la mejor manera
posible, rápidamente y con los menores conflictos posibles. Para ello se busca
“optimizar” los recursos con que se cuenten en cada área.
En esa búsqueda de optimización, los recursos humanos deben ser
“intercambiables”, por eso debe estar “todo escrito”, el método de trabajo
perfectamente determinado y establecidos claramente los fines a lograr y las
herramientas a utilizar para cada tarea.
Es cierto que con la capacitación actual es difícil el intercambio de
personal entre áreas, pero debería tenderse a que cualquier persona, con las
herramientas escritas adecuadas, pueda desempeñarse en las distintas áreas, sin
que los fines organizacionales se vean seriamente afectados. Esta es la llamada
“burocracia organizacional”.
Dentro de esta burocracia, es fundamental el Mecanismo de
Coordinación que tiende a la Normalización de habilidades: Todas los trabajos
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en la Organización tienden a que las personas se estandaricen en sus tareas y en
los procesos, como así en las habilidades “normales” que se requieren. De este
modo se busca tender al intercambio de personas sin que se afecte el fin
propuesto. La Informática y los procesos automatizados consiguen en parte esta
estandarización, y facilitan que cualquier persona con conocimientos básicos de
la herramienta informática, pueda llevar eficientemente la parte del proceso
digital que le competa para el logro del fin establecido.
Es inevitable referirnos a la Digitalización y Gestión Judicial basada en
herramientas informáticas y aunque el presente trabajo se dirige simplemente a
clarificar la Organización Judicial y los Factores de problemática, debo señalar
que hoy día “todos” los puestos de trabajo de la Organización deben tener
conocimientos suficientes en la tarea informática, que le permitan exprimir las
posibilidades de trabajo al máximo, con la consiguiente celeridad y eficiencia de
los procesos, tan requeridos tanto desde el trabajo jurisdiccional como desde el
administrativo.
La Organización Poder Judicial y sus facetas culturales sobresalientes.
Debe identificarse el sistema de significados compartido dentro de la
organización, que determina en mayor grado, cómo actúan los empleados.
Existe siempre una puja entre la Cultura Social y la Cultura Organizacional,
pero puede identificarse cómo actúan los empleados ante situaciones puntuales,
lo que nos da la pauta de sus inclinaciones y desempeño laboral.
En general son comunes las siguientes características:
Identidad de los miembros: Hay empleados identificados con el “Poder
Judicial” en mayor o menor medida y debe lograrse el mayor sentimiento
posible de adhesión a las tareas realizadas, mediante la participación en el
desarrollo de las tareas y hasta en las decisiones de trabajo diario, tendiendo
siempre a lograr que el empleado sienta el trabajo como una “realización propia”
que lo identifique y diferencie.
Énfasis de grupo: Es importante la “unión” del grupo, pero una cohesión
demasiado importante puede ir en detrimento de las funciones gerenciales, es
decir, del jefe inmediato. El jefe debe ser un hábil conductor y las decisiones
fundamentales deben recaer siempre en su persona, señalando la importancia de
la participación gerencial y consiguiendo que los empleados se unan en apoyo de
la jefatura fundamentalmente.
Dr. Oscar Alejandro Blanco
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Enfoque de personas: Debe conseguirse un “enfoque laboral” tal que
determine la necesidad de un menor control, a sabiendas que el empleado
cumple con la tarea encomendada. Las herramientas digitales e informáticas,
bien diseñadas, consiguen esto adecuadamente, y en la medida que se avance en
ello podrán lograrse indicadores de trabajo más simples y eficaces.
Integración de unidades: Adecuado nivel integrativo entre las diferentes
áreas, fundamentado en un mayor conocimiento general de las tareas que
cumple “el otro”. Es importante que en el desarrollo previo de los procesos
participen la mayor parte de los distintos estamentos judiciales, para conseguir
luego una mayor integración de las unidades, que conocen así los distintos
procesos judiciales-administrativos.
Control: Seguimiento de los niveles gerenciales (jefaturas) con
evaluaciones e informes a corto plazo. Informes Estadísticos Informáticos
directos y de fácil consulta, que deben ser diseñados a medida de cada proceso y
deben ser consultables desde cualquier puesto gerencial.
Tolerancia a riesgos: Concientización a nivel empleados y a nivel
jefaturas, de que los cambios siempre pueden generar beneficios, por lo cual
deben prestarse oídos a las diferentes propuestas sin intentar acallarlas.
Criterios de recompensas: Establecer un criterio de recompensas para
empleados siempre genera un mejor desempeño laboral general.
Tolerancia a conflictos: Los conflictos deben resolverse con un criterio de
objetividad que se mantenga en el tiempo, evitándose la presión cultural
organizacional y teniendo siempre como mira el fin último propuesto.
Funcionamiento de la “Empresa Judicial”
El Gerenciamiento
El gerenciamiento (jefaturas) tiene que ver con la eficiencia y eficacia.
Mejores medios para mejores logros. Con eficacia y eficiencia se trata de
conseguir mejores resultados positivos, es decir con una economía de servicios
mayor. Este gerenciamiento busca que cada jefe establezca como parámetros
constantes la eficiencia y eficacia, y en pro de estos principios básicos diseñe la
estructura aplicable en su área, tal que produzca los mejores resultados con la
mayor economía.
Es importante para cada puesto gerencial:
Planificación
Organización
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Dirección
Control
La Motivación
En general en el empleo público se deja de lado la “motivación” del
empleado y no suelen atenderse los aspectos relacionados íntimamente con cada
agente. Sin embargo es importante rescatar la idea de que si el empleado “está
mejor” en todo aspecto laboral, trabajará también mejor y conseguirá mayores
logros. El problema básico reside en que los resultados a nivel del Poder
Judicial, no son “medibles” fácilmente; pero sin embargo, es fácil determinar
“qué se necesita” para que el empleado esté mejor. Así resulta importante
acercar al individuo todo aquello que pueda lograrse para su confort y
comodidad en el trabajo, aspecto básico que repercute primariamente al acercar
un ámbito amigable, cómodo y apreciable, que consiga vencer la primer barrera
que cualquier individuo crea al trasladarse de su ámbito individual privado, al
laboral público.
Problemas Actuales
En la identificación de los problemas que conspiren contra la eficiencia y la
eficacia en cada área, debemos enfrentar en principio los grandes problemas
actuales que están en toda organización:
Estrés.
Factores Sociales.
Discriminación.
Acoso Sexual.
Luego surgen los problemas específicos de cada área, relacionados con los
procesos, procedimientos, métodos de trabajos arraigados y a veces inoperantes,
falta de infraestructura adecuada, deficiente uso de la estructura actual, falta de
herramientas o diseño de procesos complicados o imprecisos, etc.
Estos son los problemas que deben identificarse con el concurso de cada
empleado y cada jefe de la organización y que no se solucionan con la aparición
de las herramientas digitales e informáticas, sino que éstas deben estar bien
dirigidas, bien diseñadas, bien utilizadas y mantener su habilidad y modernidad
en el tiempo. Es muy importante “poner la oreja” antes de desarrollar cada
proceso de trabajo, informático o no, dado que la experiencia de los empleados
puede siempre traer aparejado una mejor implementación de las tareas y logrará
también la “identificación” del mismo con la empresa.
Dr. Oscar Alejandro Blanco
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En el proceso suele aparecer también la “Resistencia a los cambios” que
debe ser reducida mediante la necesaria educación y comunicación, participación
de jefes y empleados en programas adecuados diseñados al efecto, facilitación y
apoyo de los niveles superiores para el plan que se diseñe, negociación con
partes en conflicto ante situaciones puntuales, manipulación e influencia directa,
y a veces mediante métodos de decisión e implementación directa en función de
los desarrollos y procesos decididos por los máximos dirigentes judiciales.
En los cambios que la Administración de Justicia actual nos presenta,
tallará fuertemente la apertura de pensamiento y decisiones de fondo que cada
“Gerente judicial” presente para el trabajo y diseño de procesos en su área
específica, teniendo presente el gran avance que la herramienta digital nos
presenta como logro en este siglo.
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Texto del Fallo:
FALLO Nº 3.825-TOMO 2012
FORMOSA, 21 de mayo de dos mil doce.
VISTOS: Estos autos caratulados: "DR. VILLAMAYOR, RAMON
ANTONIO S/RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CAUSA:
“B.H.M. S/ HOMICIDIO ART. 84 C.P.A.", Expte. Nº 121 – Fº 118 – Año
2.011 del registro de la Secretaría de Recursos del Excmo. Superior
Tribunal de Justicia, venidos al Acuerdo para resolver conforme lo
dispuesto por Presidencia, y; CONSIDERANDO: I. Que se encuentra el
expediente en Acuerdo a los fines de resolver lo peticionado por el
abogado Ramón Villamayor –como letrado defensor del señor HMB- a fs.
01/04 y que se refiere al pedido de declaración de inconstitucionalidad
del artículo 26 inciso 2º del Código Procesal Penal de la Provincia de
Formosa en tanto, según sus palabras, viola principios fundamentales de
la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales incorporados a ella
como son la garantía de imparcialidad y la del Juez natural. II. Que el
recurrente solicitó en el expediente principal caratulado: “B.H.M.
s/Homicidio –artículo 84 2do. párrafo del CPA” (fs. 402) la declaración de
inconstitucionalidad del artículo 26 inciso 2º del rito penal, en tanto
establece la competencia del juez de menores para investigar y juzgar a
los menores que no hayan cumplido dieciocho años de edad al tiempo
de la comisión de delitos, con el objeto de apartar a la magistrada
interviniente, considerando que su permanencia para el juzgamiento de
la causa afecta el principio de inviolabilidad de la defensa en juicio, el
principio de imparcialidad y el del juez natural de la causa. Que a fs.
404/404 vta. la señora Juez de Menores de la Segunda Circunscripción
Judicial resuelve no hacer lugar al pedido de inconstitucionalidad.
Apelada que fuera tal decisión la Excma. Cámara Primera en lo Criminal
confirma el decisorio de la baja instancia (Conf. Fallo Nº 10.094-Tomo
2011 a fs. 416/417). III. Que en dicha oportunidad los fundamentos
Dr. Fabián Perelli- Dr. Claudio Benitez
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dados por la Cámara fueron: a) que si bien se dispuso por Acordada Nº
2447/06 del Superior Tribunal de Justicia la remisión de la causa criminal
al juez que sigue en orden de turno al momento de la elevación a juicio
en las circunscripciones judiciales donde funciona más de un juzgado de
instrucción y correccional, ello no puede ser asimilado al presente caso
en virtud de que esa situación no se da en autos, dado que en la
segunda circunscripción donde se planteó la inconstitucionalidad sólo
existe un juez de menores; b) que la existencia de dos juzgados de
menores en la primera circunscripción judicial “torna de plena validez
constitucional a la norma contenida en el artículo 26 del Código Procesal
Penal Provincial”; c) que independientemente de las distintas realidades
estructurales de las tres circunscripciones judiciales en nuestra provincia,
la inconstitucionalidad no se exhibe como la mejor forma de proteger los
derechos invocados por el apelante, pudiendo tener solución el planteo
por la vía de las normas de la recusación del artículo 48 del Código
Procesal Criminal. IV. Que contra dicho resolutorio la defensa interpuso
el recurso de inconstitucionalidad que aquí se analiza, reiterando el
fundamento de que la competencia para investigar y juzgar de la
magistrada del fuero de menores, establecida en el artículo 26 inciso 2º
del rito viola la garantía de imparcialidad del juez, manifestación directa
del proceso acusatorio y de las garantías del debido proceso y de
defensa en juicio, citando en abono de su postura doctrina,
jurisprudencia nacional e internacional e instrumentos de derecho
internacional convencional. La defensa entiende que resulta ilógica la
postura de que una norma sea compatible con la constitución nacional
en una parte del territorio argentino e inconstitucional en otra. Que en lo
que se refiere a las normas de recusación, la defensa indica que solo es
una solución práctica y que se puede llegar al mismo resultado mediante
la declaración de inconstitucionalidad. Que finalmente y de manera clara
señala que un magistrado que intervino como juez de instrucción ya ha
formado una opinión mínima sobre la culpabilidad que en el hecho le
cupo a quien es perseguido penalmente y que ese temor de parcialidad
es causa suficiente para su apartamiento. V. Que a fs. 14/17 del
presente incidente consta el dictamen del Procurador general, quien se
NOTA A FALLO
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expide por el rechazo de la inconstitucionalidad solicitada entendiendo,
después de estudiados argumentos, que el instituto de la recusación
cumple adecuadamente la misión de salvaguarda de las garantías
constitucionales puestas en juego. VI. Que puesta a estudio la causa se
desprende con claridad que la cuestión a dilucidar aquí versa sobre la
garantía de imparcialidad: si la juez de menores ve comprometida su
imparcialidad al juzgar en una causa que previamente instruyó o si por el
contrario ello no es así. La parte recurrente entiende que la
imparcialidad se ve comprometida y los magistrados actuantes –Juez de
Menores y Cámara de Apelaciones- entienden que no. VII. Que la cita de
precedentes realizada por el recurrente de fallos de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y de Tribunales Internacionales ya fueron seguidos
y adoptados por este Tribunal al momento del dictado de la Acordada Nº
2.447/06 por lo que solo cabe darlos por reproducidos en este lugar. Que
la citada reglamentación citaba los precedentes “Quiroga”, “Llerena” y
“Dieser” para fundamentar el pase del expediente del juez correccional
que investigaba al que seguía en el orden de subrogación para el
juzgamiento de la causa. Que en la presente causa la situación se ve
comprometida por el hecho de que en la segunda circunscripción judicial
no existe otro juez de menores, amén de que el fuero concreto no estaba
contemplado en la Acordada mencionada en el apartado anterior. Que
no obstante ello, la misma solución –el pase del expediente del juez que
investiga la causa al subrogante legal del mismo para su juzgamiento –
es la única que permite armonizar adecuadamente nuestro sistema
institucional y jurídico, sin caer en la innecesaria declaración de
inconstitucionalidad, sanción que debe reservarse como última ratio del
sistema. Y es que la posibilidad de ejercer el control de
constitucionalidad con posibilidad de declarar una inconstitucionalidad,
resulta en una obligación que debe ser llevada a cabo con sobriedad y
prudencia, y únicamente cuando la repugnancia de la norma con la
cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable; situación, como
ya señaláramos, no es el caso de autos. De lo contrario, se
desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está
fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actué destruyendo la
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función de los otros, sino que lo haga con la armonía que existe el
cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto
de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley
(Conf. CSJSta.Fe, AyS, T 202-P 07). Todo ello coronado por constituir la
declaración de inconstitucionalidad la última ratio del orden jurídico, a la
que solo cabe acudir cuando no exista otro modo de salvaguardar algún
derecho o garantía amparado por la Constitución (Conf. CSJN Fallos
312:2315; CSJSta Fe, AyS, T202-P07 y T136-P267; STJ Formosa Fallo
Nº 8137/07). VIII. Que debe quedar claramente establecido que el
problema no se relaciona con la rectitud personal de los jueces que
intervienen en la instrucción sino con el hecho de que la actividad
instructoria, en cuanto coloca a quien la lleva a cabo en contacto con el
acusado y con los hechos y datos de la causa, puede provocar en el
ánimo del instructor, incluso a pesar de sus mejores intenciones,
prejuicios e impresiones a favor o en contra del acusado con una
influencia decisiva al momento de dictar sentencia. Recuérdese que la
imparcialidad judicial tiene como objetivo lograr la plena confianza que
los Tribunales, ya sean unipersonales o pluripersonales, deben inspirar a
los ciudadanos en una sociedad democrática, y que estos cuenten con la
garantía de que el juez posee la suficiente objetividad de juicio como
para dictar una sentencia abstraído de todo condicionamiento
psicológico previo. IX. Que la otra solución que se contemplaba, de que
sea el instituto de la recusación la herramienta que permita corregir
sospechas de parcialidad, no resulta la adecuada dado que la misma
necesita del pedido de parte interesada o del mismo magistrado (Conf.
Artículos 48 y 51 del Código Procesal Penal) y, como ya dijo éste Alto
Cuerpo, el acabado respeto de las garantías constitucionales
fundamentales –entre las que se encuentran aquellas que aquí están
bajo examen –debe tener un primer vallado de protección desde la
misma organización judicial. En otras palabras: no solo respetar la
garantía de imparcialidad en su faz subjetiva sino también en su faz
objetiva (Conf. “Notas sobre la garantía de imparcialidad y su situación
en la justicia penal de Formosa” LL Litoral, Año 11–Numero 01-Febrero
2.007). X. Que por todos los argumentos esgrimidos en los
Nota a Fallo
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considerandos anteriores corresponde desestimar la acción de
inconstitucionalidad incoada por el abogado Ramón Villamayor, no
obstante lo cual, y en aras del respeto a la garantía de imparcialidad de
raigambre constitucional, disponer el pase del expediente de la juez de
menores que investigó la causa al subrogante legal de la misma para su
juzgamiento. Por ello, y con las opiniones concordantes de los Señores
Ministros, Dres. Eduardo Manuel Hang, Ariel Gustavo Coll y Guillermo
Horacio Alucín se forma la mayoría que prescribe el art. 25 de la ley 521
y sus modificatorias y artículo 126 del Reglamento Interno para la
Administración de Justicia, suscribiendo el presente las Señoras
Ministros Subrogantes, Dras. Vanessa Jenny Andrea Boonman y Telma
C. Bentancur sin emitir opinión personal, por lo que el EXCMO.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE: 1º) Rechazar la
acción de inconstitucionalidad incoada por el abogado Ramón
Villamayor. 2º) Disponer el pase del expediente principal de la juez de
menores que investigó la causa al subrogante legal de la misma para su
juzgamiento (Art. 43 inc. C, Ley Orgánica Judicial). 3º) Regístrese,
notifíquese y cúmplase. FDO: DR. EDUARDO MANUEL HANG-DR.
ARIEL GUSTAVO COLL-DR. GUILLERMO HORACIO ALUCIN-DRA.
VANESSA JENNY ANDREA BOONMAN-DRA. TELMA C.
BENTANCUR.
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Nota a Fallo
LA GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD
EN EL PROCESO DE MENORES
Claudio René Benítez Eduardo Fabián N. Perelli10
El Superior Tribunal de Justicia de Formosa, en un avance en la
protección de la garantía de imparcialidad en el proceso penal, brindó solución a
un caso que no encontraba previsión legislativa. Y lo hizo acompañando tal
decisión de una serie de argumentos que merecen ser destacados por su
importancia.
Si bien es cierto que el más Alto Tribunal Provincial, mediante
Acordada y en el ejercicio de sus facultades para distribuir la competencia entre
los Jueces de una misma circunscripción judicial, estableció que en los casos de
delitos correccionales el juez que investiga no puede juzgar, a la par que
también instituyó un sistema de competencia cruzada en materia de recursos de
apelación de manera que la Cámara en lo Criminal que entiende en los recursos
que se plantean durante el trámite de una causa criminal no puede luego
constituirse en Tribunal de Juicio, tal reglamentación no alcanzaba al fuero
10 Secretarios Relatores del Excmo. Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa.
Nota a Fallo
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penal de menores, que además tiene la particularidad de que tanto en la Segunda
como en la Tercera Circunscripción Judicial tienen un solo Juzgado con
competencia en Menores.
En el caso bajo examen, la parte interesada entendió que tal situación
violaba derechos fundamentales del imputado menor al hacerle cargar al mismo
la falta de tribunales; es decir: el imputado no tendría la certeza de un juez
imparcial por realidades y situaciones propias de la organización del Poder
Judicial y ajenas a él.
Creemos que actualmente no hay dudas en cuanto a que la facultad de
investigar puesta en cabeza de los jueces, si bien no llega a destruir la
presunción de equilibrio que exige la composición de los roles y facultades de
las partes, al menos hace generar una duda más que razonable si se asume la
idea de que no se puede ser juez y parte; duda que, a fin de asegurar la
transparencia del proceso, debe ser atendida. Pues si bien el Estado obra
persiguiendo el bien común respetando los derechos humanos quienes
administran justicia son hombres, y como tales, deben ser preservados frente a
posibles condicionamientos de parcialidad.
El fallo enuncia las soluciones alternativas que se postularon para
resolver la cuestión, para finalmente señalar los motivos que llevaron a decantar
por aquella que establece que en los casos en que un menor debe ser juzgado
por la comisión de un delito, el juzgamiento debe quedar a cargo del juez de
instrucción y correccional que lo subrogue de acuerdo con las reglas de
subrogación establecidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial; decisión
jurisdiccional que si bien es aplicable a un proceso seguido en la segunda
circunscripción judicial, creemos que sin lugar a dudas habrá de actuar como
regla para casos análogos que eventualmente se susciten, tanto en la segunda
como en la tercera circunscripción judicial.
En el caso de la primera circunscripción judicial si bien se da la
particularidad de que existen un Juez de Menores con asiento en la ciudad de
Formosa y otro multifuero con competencia en materia de menores en la ciudad
de El Colorado, todo parece apuntar a que por razones de economía y celeridad
procesal debería aplicarse la misma regla ya fijada para el caso que nos ocupa,
evitándose así el desgaste y las dificultades que acarrearía trasladar el
enjuiciamiento de un menor de la ciudad de Formosa a la ciudad de El Colorado,
aunque a la inversa resulte inevitable al existir un solo Juzgado con
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competencia en materia de Menores en El Colorado, por lo menos hasta que se
ponga en funcionamiento el Juzgado de Instrucción y Correccional ya creado
por la Ley N° 521, conforme a su artículo 5 inciso c), habilitado legalmente para
subrogar al Juzgado de Menores, de acuerdo con el artículo 43 inciso c) de la
mencionada Ley Orgánica Judicial.
El problema no es menor, pues no solo que el Estado debe modificar el
sistema vigente para adecuarlo a las actuales exigencias del llamado “bloque
constitucional de garantías” que le asisten al imputado – lo que conlleva sin
lugar a dudas a una fuerte inversión en infraestructura – sino que requiere
también de los operadores diarios del derecho penal y procesal penal una nueva
visión frente a los roles que le competen tanto al juez como al órgano encargado
de la persecución penal. Conceptos que, además, sufren hoy el obligado peso de
la evolución de un Estado de Derecho hacia un Estado Constitucional de
Derecho.
Recuérdese que la imparcialidad judicial tiene como objetivo lograr la
plena confianza por parte de los ciudadanos en una sociedad democrática que los
tribunales -unipersonales o pluripersonales- poseen la suficiente objetividad de
juicio como para dictar una sentencia abstraído de todo condicionamiento
psicológico previo.
La legislación procesal penal de Formosa necesita seguir adecuándose y
orientándose al modelo procesal que nos señala la Corte Suprema de Justicia de
la Nación; esto es un diseño que en definitiva se ajuste como modelo adecuado
para la protección de las garantía procesales mínimas que debe asegurarse a
todo imputado. No es menor la tarea que le cabe a los operadores del derecho en
Formosa.
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Eventos del Poder Judicial
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