La abogada canario-venezolana Alba-nia Oyarzun denuncia que la obliga-ción de acreditar 48.000 euros en unacuenta bancaria o un contrato de tra-bajo por parte de los retornados paraque sus cónyuges venezolanos puedanrecibir el permiso de residencia en Es-paña atenta contra el derecho a la fa-milia de los afectados. Para la aboga-da, lo único que se debería exigir es “lasimple vinculación por un acta de ma-trimonio”, como sucedía antes.

Muchos profesionales retornados deVenezuela llegan a España sin sus títulosacadémicos apostillados, porque salie-ron corriendo del país y porque aposti-llar documentos en Venezuela se havuelto muy caro y penoso. La falta deapostilla impide la homologación de lostítulos en España y lastra las posiblida-des laborales de los retornados. Muchos

titulados universitarios han optado porpresentarse por libre a las pruebas de laESO, el bachillerato o las CompetenciasClave del INEM. Por otro lado, la parali-zación desde junio del año pasado delcanje del carné de conducir por el mo-delo de autoimpresión elegido por Ve-nezuela también merma la inserción la-boral del colectivo.

El canje del carné de conducir está paralizado desde haceun año por el modelo de autoimpresión elegido por Caracas

Muchos profesionales intentan sacarpor libre la ESO o el bachiller al no poderhomologar sus títulos universitarios

María Fernanda Ruiz habla a los presentes durante unareunión de la Asociación de Pensionados en Galicia (Apejuveg).

S U P L E M E N T O E S P E C I A L D E E S P A Ñ A E X T E R I O R - JUL IO DE 2019

RETORNAD SLos retornados de Venezuela acumulan ya 52mensualidades sin cobrar la pensión de ese país

Las restricciones a laresidencia de loscónyuges atentan contrael derecho a la familia

El pago desde enero del complememento amínimos por la Seguridad Social ha venidoa paliar la grave situación del colectivo

La nueva tasa de cambio del bolívar dejó elmontante de las pensiones en seis euros almes y facilitó que España las completase

Los jueces allanaron el camino al dar larazón a cientos de afectados que acudierona ellos para reclamar este beneficio

El representante del presidente encargado de Venezuela ante España, Antonio Ecarri, toma la palabra durante una asambleade la Asociación de Pensionados en Madrid. A su derecha, Pedro M. Ontiveros, presidente de la agrupación y de la federación estatal.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS ESPAÑOLES QUE HAN REGRESADO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA

RETORNADOSJULIO DE 20192

La grave situación política y económicaque atraviesa Venezuela ha disparado elnúmero de los españoles retornados deeste país. Los procedentes de allí fueron,con mucho, el colectivo más numerosoentre los españoles que regresaron a Espa-ña el año pasado. Del total de los 83.728españoles que volvieron a nuestro país en2018 (de los que solo 31.438 habían naci-do en España: el resto eran personas connacionalidad española no nacidas en Es-paña, es decir, básicamente hijos de espa-ñoles), 18.132 vinieron de Venezuela, loque supone más de uno de cada cinco, se-gún la Estadística de Migraciones (EM) delInstituto Nacional de Estadística (INE).Después de Venezuela, los países desdelos que llegaron más retornados fueronEcuador (6.399, el 7,64%) y Reino Unido(5,.465, el 6,52%).Este considerable aumento del retorno

de Venezuela hay que situarlo dentro delenorme éxodo de venezolanos que se vie-ne produciendo en los últimos años, a me-dida que la situación en Venezuela seagrava cada vez más. A 1 de enero de esteaño había ya prácticamente 134.000 vene-zolanos en España, un 47% más que unaño antes.Pero la situación de muchos de estos es-

pañoles retornados de Venezuela tampo-co es buena en España, especialmente lade los pensionistas y jubilados a los queCaracas dejó de pagar -sin explicaciónninguna- su pensión en diciembre de 2015y que no tenían otros ingresos o tenían so-lo los de su exigua pensión española en elcaso de que hubieran llegado a cotizaraquí antes de emigrar a Venezuela.En este sentido, el pago por la Seguri-

dad Social desde enero de este año delcomplemento a mínimos por residencia a4.827 pensionistas y jubilados de Vene-zuela en España a los que les había sidoretirado en enero de 2016 ha venido a pa-liar la grave situación económica y socialde estas personas.

Convenio BilateralPor el complemento a mínimos por resi-

dencia, contemplado en el Convenio Bila-teral de Seguridad Social firmado por Es-paña y Venezuela en 1998 y en vigor des-de 1999, la Seguridad Social española pa-ga a estos pensionistas la diferencia quehaya entre la suma de sus pensiones espa-ñola y venezolana (si disfrutan de las dos)y la pensión mínima en España, que en2019 es de 835 euros al mes si se tienecónyuge a cargo. Este complemento les había sido retira-

do porque, con el tipo de cambio fijo (eldólar diez) existente hasta hace poco en-tre el bolívar soberano (como se llama

ahora la moneda) y el dólar/euro, y con lainflación disparada en Venezuela (2018 secerró con un 4.000%), las pensiones (im-pagadas, en cualquier caso) llegaron a te-ner un importe teórico de más de 20.000euros al año, muy por encima, por su-puesto, de la cuantía de la pensión mínmaen España. Por lo mismo, también se lesnegó durante tres años el acceso a unapensión no contributiva o asistencial, aun-que algunos pensionistas consiguieron elcomplemento a mínimos o algún tipo depensión vía judicial, al reconocer los jue-ces lo que no reconocía la Administra-ción: que los pensionistas no cobrabanrealmente la pensión venezolana, cual-quiera que fuese su montante nominal, y

que no se vive de pensiones reconocidas,sino abonadas. En todo caso, como expli-ca Pedro Manuel Ontiveros, presidente dela Federación de Asociaciones de Pensio-nados y Jubilados de Venezuela en Espa-ña (Fapejuves) y de la agrupación de Ma-drid, los afectados nunca hubieran llega-do a cobrar esos 20.000 euros, porque “laProvidencia Administrativa Nº 19 de Ve-nezuela establecía que el monto máximoque podía cobrar un pensionista del Insti-tuto Venezolano de los Seguros Sociales(IVSS) en el exterior era de 2.000 dólares,equivalente a unos 1.620 euros, indepen-dientemente de lo que se disparase elcontrol de cambio”.En enero del año pasado, el Gobierno

de Venezuela estableció un nuevo tipo decambio flotante por medio de subasta dia-rias -el llamado DICOM-, que supuso queel montante de su pensón se redujerabruscamente de los 1.360 euros que co-braron en el último pago efectivo, corres-pondiente a diciembre de 2015, a apenas6 euros. El Banco de España aceptó elnuevo tipo en agosto, por lo que ya no ha-bía razón para seguir negando el comple-mento a mínimos a los pensionistas que,sumadas la pensión venezolana y la espa-ñola, no alcanzaban el importe de la pen-sión mínima en España.Caracas había pagado sus pensiones

con prontitud y regularidad hasta 2015,pero en agosto de ese año dejó de hacerloa los jubilados que cobraban del CentroNacional de Comercio Exterior (CENCO-

EX), adscrito al Ministerio de Finanzas yconocido antes como Comisión Nacionalde Administración de Divisas (CADIVI), al inutilizar la aplicación informática me-diante la que tenían que solicitar su pen-sión, y unos meses después, en diciembre,también a los pensionistas que cobrabandel IVSS, a los que se les pagaba por elBanco Santander. Esto significa que hastaeste mes de julio son ya 52 los pagos sinabonarse a los pensionistas y 56 a los jubi-lados.

9.600 afectadosSegún datos de la Fapejuves, los dam-

nificados en España son actualmenteunos 9.600, el 85% pensionistas y el restojubilados. La mayoría reside en Canarias(más de 4.000), Galicia (más de 3.000),Asturias, Cataluña y Madrid. En todo elmundo hay unos 16.700, porque Vene-zuela también tiene firmados conveniossemejantes en materia de Seguridad So-cial con otros cinco países: Italia, Portu-gal, Chile, Uruguay y Ecuador. Caracasdejó de pagar las pensiones a todos losvenezolanos en el exterior.Con todo, es difícil cuantificar el núme-

ro exacto de afectados, porque los Consu-lados han dejado de ofrecer cifras oficia-les. “Por activa y por pasiva le hemos soli-citado al Consulado de Venezuela en Vigoque nos diera la cifra de los retornados as-turianos que tienen ellos, pero es imposi-ble. La última vez que nos la dijeron fuehace dos o tres años: entre Galicia y Astu-

Asamblea de la Asociación de Pensionados y Jubilados Venezolanos en Madrid.

El nuevo tipo de cambio entre el bolívar y el euro redujo la cuantía a 6 euros al mes y facilitó que España volviera a completarlas

l FÉLIX CABALLERO l VIGO

Caracas no paga a los pensionistasdesde diciembre de 2015. Son ya 52 lasmensualidades que les deben. EnEspaña hay unos 9.600 afectados,pero el problema es global: todos lospensionistas en el exterior han dejadode cobrar, a pesar de los conveniosbilaterales en Seguridad Socialfirmados con seis países: España,Italia, Portugal, Chile, Uruguay yEcuador, que cubren a 16.700 personas

El complemento a mínimos alivia el drama social de losretornados por el impago de las pensiones de Venezuela

RETORNADOSJULIO DE 2019 3

rias había aproximadamente unos 4.000 re-tornados. Hoy será algo mayor porque últi-mamente ha habido una tasa alta de retor-no de gallegos”, señala Sergio Primiani,presidente de la Asociación de los Pensio-nistas Retornados de Venezuela (Asopeve)en Asturias. Por su parte, María FernandaRuiz, presidenta de la Asociación de Pen-sionados y Jubilados de Venezuela en Ga-licia (Apejuveg), apunta: “Mucha gente yano va ni a hacer la fe de vida para que lemanden la pensión. La haces en 2016 y note llega. La haces en 2017 y tampoco te lle-ga. La haces en 2018 y sigue sin llegarte.Pues en 2019 ya no la haces. Perdimos laesperanza. Y en el propio Consulado aquíen Vigo no te hacen una carta, no te sellan,sino que te dicen: ‘Déjame la copia del DNIy te puedes ir’. No hay un control estricto”.Y Manuel Pérez, presidente de la Asocia-ción Amigos de Venezuela en Vigo y de laFederación de Venezolanos en Galicia (Fe-vega), señala: “El 99% de las personas queestán aquí, por no decir el 100%, son opo-sitores al régimen dictatorial de Venezuela.Entonces, nuestra relación con el Consula-do es casi nula”.El Gobierno venezolano no les ha dado

nunca una explicación oficial sobre el im-pago de las pensiones, a pesar de habérse-la requerido muchas veces. “Es un gobier-no dictatorial y como tal no da explicacio-nes a nadie, hace lo que quiere y ya está”,tercia Mary Fernández, encargada del gru-po de pensionados y jubilados de Vene-zuela en Canarias de la Unión Canario-Ve-nezolana (UCVE).En noviembre de 2017, el presidente Ni-

colás Maduro fue entrevistado por el pe-riodista Jordi Évole en el programa ‘Salva-dos’, de la cadena española de televisiónLa Sexta, y explicó que su Gobierno no pa-gaba las pensiones porque había habido“una bajada abrupta y dramática de los in-gresos en divisas del país” y habían “tenidoque reconfigurar el presupuesto exterior”,pero que se comprometía a resolver elasunto ese mes de diciembre, lo que, evi-dentemente, no sucedió.“Eso fue una burla más, como todas las

del Gobierno de Venezuela, porque mien-ten descaradamente”, afirma María Fernan-da. “Casi nadie se lo creyó. Algún pensio-nado inocente o con esperanza nos llama-ba y nos decía: ‘Miren, que el presidentedijo…’. Y nosotros les contestábamos: ‘Elpresidente dice tantas cosas…”. El impago de las pensiones ha provoca-

do un auténtico drama social en el colecti-vo, que en su inmensa mayoría no teníaotro ingreso y se ha visto obligado a vivirde las ayudas de instituciones benéficascomo el Banco de Alimentos, Cáritas yCruz Roja, así como de sus hijos, que tam-bién atraviesan una difícil situación econó-mica fruto de su propio proceso migrato-rio. “Se han pasado mil y una penalidades”,subraya Mary Fernández, como demandasde los bancos, desahucios, depresionesprofundas, accidentes cerebrovasculares oictus sobrevenidos e incluso muertes. “Unode los pensionados murió porque se echóa morir de la tristeza”, apunta María Fer-nanda. Todos pensaban que venían a Espa-ña a disfrutar de su jubilación y llevan añossubsistiendo como pueden.

Manifestación en Vigo del colectivo de pensionistas de Venezuela para reclamar el pago de sus pensiones.

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos están conribuyendocon ayudas asistenciales a paliar la grave situación padecida por los españolesretornados de Venezuela debido al impago de sus pensiones contributivaslabradas allá. En este sentido, es de destacar el esfuerzo de Canarias, Galicia oAsturias, comunidades con un mayor número de afectados. En Galicia, la Xunta destina este año 1,2 millones de euros dentro de un planpara animar el retorno hasta 2020 de 20.000 gallegos del exterior. El objetivoes que seis de cada diez sean menores de 45 años. A la ya conocida ayuda alemigrante retornado, consistente en un pago único anual de más de mil euros(fluctúa dependiendo de una serie de factores), se suma este año otra de mileuros por hijo hasta el segundo y 1.500 a partir del tercero. También existeuna ayuda para el retornado emprendedor, pero hay que montar el negocioprimero. Los menores de 65 años también pueden pedir la Renta deInclusión Social de Galicia (RISGA). Los ayuntamientos tienen algunasayudas puntuales, pero en algunos casos, como en Vigo, se exige estarempadronado desde tres años antes. “Al que quiere retornar, España le tiende una mano, y la Comunidad

gallega, dos. Son bastante solidarios, no me puedo quejar”, afirma MaríaFernanda Ruiz, presidenta de la Asociación de Pensionados y Jubilados deVenezuela en Galicia (Apejuveg). “Retorné con mis padres y este país me harecibido con los brazos abiertos. Mi hija estudió aquí con becas, como todoel mundo. Claro, hay que cumplir con las normas del país, pero tienessanidad, educación, becas, discapacidad reconocida a los mayores… Existencosas que hay que mejorar, pero también hay que reconocer que España es unpaís donde como español retornas y tienes mucha ayuda, y Galicia yo diríaque es una de las comunidades pioneras en esto. Se ha hecho un esfuerzomuy grande por ayudar a los gallegos retornados”.En Asturias, la Asociación de los Pensionistas Retornados de Venezuela

(Asopeve) consiguió el acceso del colectivo desde febrero de 2017 al SalarioSocial Básico concedido por el Principado y a otras ayudas de losayuntamientos. Para ello tuvieron que demostrar que Venezuela no lespagaba la pensión, y lo solucionaron enviando cada uno de los afectados “unacarta al Consulado de Venezuela en Vigo reclamando el pago de la pensión, ycon eso quedaba demostrado que los pensionistas habían iniciado una acciónde reclamo. Y la gente fue recuperando poco a poco”, explica SergioPrimiani, presidente de la agrupación. “Antes, cuando un pensionistaretornado venezolano iba al Ayuntamiento a solicitar una ayuda,automáticamente le era denegada porque figuraba que cobraba una pensiónde veinte mil euros al año”.En Canarias aconteció otro tanto, según explica Mary Fernández,

encargada del grupo de pensionados y jubilados de Venezuela en Canarias dela Unión Canario-Venezolana (UCVE). “Nos tocó recorrer todas lasinstituciones que hay en la Comunidad, empezando por la FECAM[Federación Canaria de Municipios], para que cayeran en conciencia de quelas estábamos pasando muy infelices y que necesitábamos ayuda de algunaíndole, porque en ese momento no se podía ni siquiera acceder a la ayuda delos trabajadores sociales. Estaba contemplada la ayuda para los retornadoscanarios y la RAI (Renta Activa de Inserción) a nivel estatal, pero no lasayudas puntuales. Y unos meses después empezó a moverse esto a través delos trabajadores sociales: ayudas de alimentos y más tarde de pago de alquiler,luz y agua, de arreglos dentales, de cambios de gafas… Poco a poco hemos idologrando que se trate a los canarios retornados como canarios que son ytengan los mismos beneficios que los canarios que nunca salieron de aquí. ElGobierno canario concede también la PCI [Pensión Canaria de Inserción] apersonas en situación de desamparo que no han llegado a los 65 años y nopueden acceder a la pensión no contributiva o la ayuda por ancianidad, perotardan mucho en concederla, porque hay muy pocos trabajadores socialesque la tramitan”.Mary Fernández formula una queja sobre la actitud de algunos

trabajadores sociales en Canarias que tal vez pueda extenderse a otras partesde España: “Hay trabajadores sociales excelentes, pero otros son bastantedéspotas, y hay muchísima xenofobia con el canario retornado. Es algo quehablé a su debido tiempo con sus superiores y hemos presentadoinnumerables quejas con nombre y apellido del trabajador. Porque el canarioretornado tiene los mismos derechos que el que no ha salido nunca de aquí;es igualmente canario. Me parece muy importante que se cree conciencia anivel gubernamental, dando ciertos cursos de humanidad a los trabajadoressociales”.A estas ayudas hay que sumar la pensión asistencial por ancianidad a los

españoles retornados de Venezuela reconocida por el Ministerio deTrabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través de la Secretaría deEstado Migraciones, en septiembre del año pasado, hasta que cumplan losrequisitos para acceder a las pensiones no contributivas que gestionan lascomunidades autónomas, entre ellos tener 10 años de residencia ennuestro país, dos de los cuales deben ser inmediatamente anteriores a lasolicitud de la prestación.La medida beneficia a unos 300 españoles retornados de Venezuela, que

comenzaron a recibir la prestación asistencial antes del final del año conefectos retroactivos desde principios del mismo. El Ministerio calculaba uncoste cercano a los 1,5 millones de euros.

Las ayudas asistenciales de las comunidades autónomasy los ayuntamientos han contribuido a mejorar la situación

RETORNADOSJULIO DE 20194

Los mayores ingresados en residencias lle-garon a temer que los echaran. “No los podí-an echar, pero les mandaban cartas exigién-doles el pago, porque cobran un porcentajede la pensión. Lo resolvimos con la Xunta deGalicia, que nos dijo que hiciéramos casoomiso, que era solo un procedimiento admi-nistrativo, pero la gente se angustiaba”, expli-ca la presidenta de la Apejuveg.Fue entonces cuando los afectados deci-

dieron unir esfuerzos para luchar juntos,dando lugar a las asociaciones de pensionis-tas y jubilados de Venezuela en España, dis-tribuidas por todo el país y agrupadas enuna federación estatal, la Fapejuves, desdenoviembre de 2016, cuando se firmó la ‘De-claración de Madrid’, hoja de ruta del colec-tivo. La Federación integra a nueve asocia-ciones de Andalucía, Aragón, Asturias, Ca-narias, Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco(donde están también los afectados de Can-tabria, La Rioja y Navarra, dependientes to-dos del Consulado de Bilbao) y Valencia.Las asociaciones comenzaron a realizar

movilizaciones de todo tipo para denun-ciar su situación, presionar a Caracas apagar y demandar de las Administracio-nes españolas medidas paliativas, comola devolución del complemento a míni-mos y el acceso a pensiones no contribu-tivas y ayudas asistenciales de los ayunta-mientos. Se multiplicaron así las manifes-taciones públicas y las entrevistas con lasautoridades. Paralelamente se asesoró yrespaldó a los afectados que dedicieronacudir a la Justicia para solicitar el com-plemento a mínimos o una pensión nocontributiva, celebrándose cientos de jui-cios. También se recurrió a los principalesorganismos internacionales, como la Or-ganización de Naciones Unidas (ONU), laOrganización de Estados Americanos(OEA), la Unión de Naciones Suramerica-nas (Unasur), la Organización Internacio-nal del Trabajo (OIT), el Parlamento Lati-no y el Parlamento Europeo.En abril de 2018, la Fapejuves le envió una

carta a Maduro que no les fue contestada y dela que, siguiéndola a través de internet, handescubierto que “todavía está en tránsito des-pués de un año y pico”, según explica Primia-ni. “Cambien lo de ‘en tránsito’ y pongan me-jor ‘rechazada’ o ‘no entregada’, porque esode ‘en tránsito’ no se lo cree nadie”.

Los pensionistas no esperan ya nada deMaduro, y ponen sus esperanzas en un hi-potético nuevo Gobierno del líder opositorJuan Guaidó, presidente de la AsambleaNacional de Venezuela y reconocido porEspaña y otros 18 países europeos comopresidente encargado de Venezuela. “Laúnica solución para que podamos resolvernuestro problema y los problemas de Vene-zuela en general es que haya un cambio degobierno en tres pasos: sustitución del go-

bierno usurpador de Maduro; constituciónde un gobierno de transición; y llamado aelecciones generales”, afirma Ontiveros.

Carta a GuaidóEn enero, la Federación le hizo llegar a

Guaidó una carta a través de su representantediplomático ante España, Antonio Ecarri, de-nunciando la situación y reclamándole unaserie de medidas concretas. “Quedó muy re-ceptivo, pero claro, mientras no tenga el coa-

trol en Venezuela, es papel mojado”, lamentala presidenta de la pensionistas de Galicia.Por cierto que la comunidad venezolana quie-re que el Gobierno de Pedro Sánchez reco-nozca a Ecarri como embajador de Venezue-la en España y no solo como “representantepersonal” de Guaidó. “Eso ayudaría a toda lacomunidad venezolana”, señala Pérez.Los pensionistas siguen reclamando a Ca-

racas una pronta resolución del problema, in-corporados ahora “a las manifestaciones deprotesta que se organizan por la diáspora ve-nezolana en España por los problemas gene-rales del país, que incluyen el tema de la pen-sión como un problema grave dentro de losderechos humanos, porque el derecho a lapensión es un derecho constitucional en Ve-nezuela”, enfatiza Ontiveros.

Una protesta en Canarias para exigir el pago de las pensiones.Una de las movilizaciones de la Fapejuves desarrolladas en Madrid para forzar soluciones al problema.

En abril del año pasado, la Federaciónenvió una carta al presidente NicolásMaduro que nunca les fuecontestada y que, supuestamente,según han descubierto siguiéndolapor internet, “todavía está entránsito después de un año y pico, locual no se lo cree nadie”, afirmaSergio Primiani

Aunque el Gobierno venezolano es el único responsable delincumplimiento del Convenio Bilateral de Seguridad Social entreEspaña y Venezuela, los pensionistas de Venezuela en nuestro paísinsisten a la Administración española para que no deje de recordar a lavenezolana sus obligaciones en este sentido. “Queremos que elGobierno español fuerce al venezolano a una reunión y nos sentemos enuna mesa la Seguridad Social española, el Seguro Social venezolano y laFederación de Pensionados, a ver cómo podemos arreglar el pago deesta deuda, porque son muchos millones. Seguramente habrá quenegociar y perder una parte, pero es preferible perder una parte aperderlo todo”, afirma el presidente de la Asociación de los PensionistasRetornados de Venezuela en Asturias, Sergio Primiani.Los pensionistas retornados de Venezuela tienen también otra

petición -mejor, propuesta- para el Gobierno español: “Pedimos que a

las personas de más de 65 años con una experiencia profesional deingenieros, médicos, psicólogos, sociólogos, etc., les permitan haceralgún tipo de trabajo”, señala Pedro Manuel Ontiveros, presidente de laFapejuves. “No queremos ser una carga para el Gobierno español, sinoprestar nuestra contribución. Queremos que se tome en consideraciónla posibilidad de establecer programas donde el venezolano secomprometa a prestar una ayuda real y reciba algún tipo de prestación,una especie de fondo humanitario en el que pueda prestar unacontraprestación; una especie de bolsa de trabajo para poder cumpliruna función laboral y no ser una carga. A lo mejor no podemos trabajarocho horas diarias, pero sí tres o cuatro, o participar en los programassociales que tienen las comunidades autónomas”. (Ontiveros). Esto lespermitiría completar el tiempo de cotización en España que la ley exigepara poder optar a una pensión contributiva.

Los pensionistas reclaman una reunión con Venezuela a tresbandas y una bolsa de trabajo para mayores de 65 años

Imagen de una reunión de miembros de la junta directiva de la Asopeve en Asturias.

En la decisión de la Seguridad Social dedevolver el complemento a mínimos a lospensionistas que trabajaron en Venezuelaresultó decisivo el nuevo tipo de cambiodel bolívar con el euro, que redujo el im-porte mensual de las pensiones venezola-nas de estas personas a apenas seis euros,pero tampoco se debe despreciar la pre-sión que supusieron las cientos de deman-das judiciales presentadas en toda Españapor este motivo con el apoyo de las aso-ciaciones de afectadados. La gran mayoríafueron ganadas. Los jueces reconocierontambién el derecho de los demandantes acobrar el complemento con carácter retro-activo. “Fueron dos logros muy importan-tes”, subraya Sergio Primiani, presidentede la Asociación de Pensionistas Retorna-dos de Venezuela en Asturias (Asopeve-Asturias).En esta lucha judicial, Galicia ha sido una

de las comunidades más punteras. Soloaquí se han ganado más de 200 demandas,según María Fernanda Ruiz, presidenta dela Asociación de Pensionados y Jubiladosde Venezuela en Galicia (Apejuveg), cuyopadre, Serafín Ruiz, fue el primero que ga-nó un juicio en Vigo. El juez falló a su favoren junio de 2017, cuando tenía 89 años. Antes de marchar a Venezuela, con 16 o

17 años, trabajó en Santander -su ciudadnatal- repartiendo en bicicleta, sin saber sisu jefe lo tenía cotizando a la SeguridadSocial. Dejó de trabajar porque tuvo que ira hacer el Servicio Militar a Ferrol y luegoemigró con su familia a Venezuela. “En1990 se jubiló y una tía mía le dijo: ‘Sabes

que España y Venezuela acaban de firmarun acuerdo de seguridad social. Tú quetrabajaste allá a lo mejor cotizaste”, expli-ca María Fernanda.

Una sorpresa de “sacarse el sombrero”Pero él llevaba 50 años en Venuezuela y

no sabía cómo podía conocer si había co-tizado en España. No tenía ni DNI ni nú-mero de Seguridad Social, solo los nom-bres de sus padres y su acta literal, peroescribió a Santander a la Seguridad Social,a ver si parecía por algún lugar. “La sorpre-sa -que a mí me impresionó y tengo quesacarme el sombrero con España- es quellegó una carta a la casa diciendo que ha-bía cotizado casi tres años y podía por

convenio pedir jubilarse por España y porVenezuela. Firmó todo, lo mandó y le en-viaban de Santander todos los meses sucheque a Venezuela de 50, 60 o 70 euros(en dólares)”, señala su hija.Cuando retornó a España le concedie-

ron el complemento a mínimos por resi-dencia. Venezuela le mandaba 200 euros yEspaña le complementaba hasta la pensónmínima, pero cuando Venezuela empezó amandar 300, 400, 500 euros por la infla-ción, la Seguridad Social le quitó el com-plemento mínimos, pero durante cuatro ocinco años no tuvo ningún problema por-que con la pensión de Venezuela vivía. El problema se presentó en enero de

“2016 cuando Venezuela dejó de pagar.

“Claro, mi padre cobraba solo 50 o 60 eurosde la pensión española. Eso fue una trage-dia en casa. Mi madre es una persona disca-pacitada, muy mayor, y no había cómo man-tenerlos. Nos unimos un grupo de personasafectados y salió la Asociación de Pensiona-dos. Una abogada nacida en Venezuela nosayudó. Me enteré que se podía ir por vía ju-dicial. Se pidió el complemento por vía ad-ministrativa. Se lo negaron. Se volvió a pediry se lo volvieron a negar, y ya se abrió la víajudicial. Tuvimos suerte, porque el juicio sa-lió en dos meses y el juez dijo que con pen-siones reconocidas no se come, que los de-rechos humanos de una persona son conpensiones devengadas, e inmediatamentemi padre empezó a cobrar su complemen-to. Y gracias a Dios, la Seguridad Social nole recurrió”, relata María Fernanda.

Oficina itineranteA raíz del juicio ganado por Serafín, se

multiplicaron las reclamaciones judicialesen Galicia, y la Asociación de Pensionadosformó una oficina itinerante para informara los afectados. Pero los juzgados se de-clararon en huelga y se paralizó todo. “Fueuna lotería. Si tenías la suerte de que el jui-cio te tocara en el juzgado número 2, tar-daba un mes o dos, pero a algunos se loponían para dos años. Imagínate, con 90años de edad... Era otra tragedia. La mayo-ría esperó entre ocho meses y año y me-dio”, apunta la presidenta de la Apejuveg.Paradójicamente, la madre de María Fer-

nanda lo tuvo más fácil porque no trabajónunca en Venezuela. Eso le permitió dis-frutar, primero, de una pensión asistencialallí y luego, al volver a España y cumplir eltiempo mínimo de residencia que marca laley, una no contributiva aquí. “La suerteque tuvimos es que mi madre no trabajóen Venezuela y entonces no tenía pensión,y no le podían decir ‘usted tiene una pen-sión reconocida de 20.000 euros”, enfatizasu hija. “Gracias a Dios, como ella en Ve-nezuela fue ama de casa y tiene cero coti-zaciones, sí tenía derecho. Eso le pasó amuchos. Era mejor no haber trabajado enVenezuela y no haber tenido pensión, ypoder cobrar aquí lo que cobra cualquierespañol. Pero cualquier persona que hu-biese trabajado en Venezuela tenía la des-gracia de cargar con esa pensión millona-ria y de que le dijeran que por eso no teníaderecho a nada por España. Mi madre,gracias a que no trabajó en Venezuela,siempre pudo cobrar su pensión asisten-cial y ahora la no contributiva”.

Los afectados han ganado cientos de juiciosen toda España por el complemento a mínimos

Algunos nonagenarios han tenido que esperar dos años por la huelga de juzgados en Galicia

Asistentes a la II Asamblea General de Asopeve-Asturias, celebrada el 30 de enero, con el presidente Sergio Primiani y el resto de la junta en primer término.

“La suerte que tuvimos es que mimadre no trabajó en Venezuela yentonces no tenía pensión. Era mejorno haber trabajado allá y no habertenido pensión, y poder cobrar aquílo que cobra cualquier español,porque, de lo contrario, te decían quetenías una pensión millonaria y que,por lo tanto, por España no teníasderecho a nada”, explica MaríaFernanda Ruiz

l F. C. W. l VIGO

María Fernanda Ruiz, en la sede viguesa de la Apejuveg.

RETORNADOSJULIO DE 2019 5

RETORNADOSJULIO DE 20196

Albania Oyarzun es una abogada caraqueñaque vive y trabaja desde 2003 en Santa Cruzde Tenerife, donde abrió su propio despa-cho con el nombre de ‘Oyarzun & Asocia-dos’. Desde sus inicios colabora con la UniónCanario Venezolana (UCVE), habiéndoseconvertido en una referencia en la lucha porlos derechos de los emigrantes retornados einmigrantes latinoamericanos en España, es-pecialmente los provenientes de Venezuela.De especial utilidad para el colectivo es suespacio web en vídeo ‘Tentempié Legal’, ac-cesible en www.tuabogadoencanarias.com.

- ¿De dónde viene la obligación del retorna-do de acreditar medios económicos parapoder traer a su cónyuge no español?

- Una sentencia del Tribunal Supremo dejulio de 2017 exigte tener medios econó-micos para poder reagrupar tanto a cón-yuges como a hijos. Antes había una con-fusión entre los artículos 7 y 8 del Realdecreto ley 2.040/2007. El artículo 7 diceque para familiares de ciudadanos espa-ñoles no hay que acreditar medios eco-nómicos, y el 8, que el comunitario –co-mo el típico caso del italiano que vienecon su familia italiana- sí tiene que acre-ditarlos. El Tribunal Supremo resolvió es-ta confusión con una sentencia que diceque todos, sean comunitarios o españo-les, tienen que acreditar medios econó-micos para traer a su familia. El problemaempieza por ahí. Si tengo, 55 o 60 años,no puedo traer a mi esposa venezolana avivir conmigo a España, porque no estoytrabajando, no tengo una nómina ni in-gresos, y la gran mayoría de los retorna-dos a España de Venezuela no vienencon cuentas bancarias en euros paraacreditar.

- ¿Cómo se acreditan esos medios?- Hay que presentar una cuenta banca-ria con más de 48.000 euros. Hay queacreditar 806,76 euros al mes, resultan-tes de sumar 537,84 euros por el cónyu-ge español -para los que se toma comoreferencia el IPRAEM (Indicador Públi-co de Renta de Efectos Múltiples)- y lamitad de esa cantidad -268,92 euros-por el otro, es decir, 9.681,12 eurosanuales, y multiplicarlos luego por cin-co, que son los años por los que ten vana dar la residencia.

- Existe la alternativa de presentar un contra-to de trabajo...

- Sí, con una nómina mínima de esos 800y pico euros que necesitamos, o ser au-tónomo y presentar un ingreso en el quela cantidad ganada en el primer mes seapor lo menos esa. Pero si presentas uncontrato que no sea indefinido, te lo pue-den negar por no tener garantías de quete lo vayan a renovar. Muchas veces enrecurso de alzada no te lo llegan a acep-tar. Se escudan en las sentencias consoli-dadadas del Supremo. ¿Qué hacen en-tonces con sus cónyuges los retornadosde 65 o 70 años que no tienen ni van aconseguir nunca un contrato de trabajoni medios económicos?

- También hay que hacerle al cónyuge un se-guro privado de salud.

- Sí, el retornado que no tiene un contra-to de trabajo y presenta la solicitud deresidencia como autónomo o aportandoesa cuenta bancaria con 48.000 euros tie-ne que sacar una póliza de seguros priva-da para su esposa. No la puede meter enla Seguridad Social.

- Parece una situación claramente discrimi-natoria...

- La Constitución no protege el dere-

cho a la familia del que viene retornadoa España. No tiene ningún derecho eneste sentido. Es un ciudadano de se-gunda. Es ridículo. Como ciudadanoespañol, no me puedes alejar de mi es-posa porque no disponga de medioseconómicos. Lo que me tienes que exi-gir es la simple vinculación por un actade matrimonio, que era lo que se pedíaantes. Esto ha sido a consecuencia dela crisis económica. Los artículos 7 y 8del real decreto los han malinterpreta-do a propósito en la Oficina de Extran-jería para que la gente tenga que apor-tar medios económicos y dar menostarjetas de residencia.

- ¿El cónyuge del retornado puede trabajaraunque no tenga la tarjeta de residencia?

- El régimen comunitario le permite tra-bajar desde el mismo momento en quesolicita la tarjeta, pero el problema esque si se la deniegan ya no puede tra-bajar.

- ¿Han transmitido sus quejas a las autori-dades españolas?

- Hemos tenido reuniones a través delas asociaciones de venezolanos conel delegado y el subdelegado del Go-bierno. Todo han sido buenas pala-bras, pero al final no hemos vistocambio. Hay recursos ante el TribunalConstitucional que aún están pen-dientes de resolverse y una sentenciade 2017 de un juez de lo contencioso-administrativo de Sevilla que dice quees absurdo que se tenga que pedirmedios económicos a un español pa-ra que su esposa sea residente en Es-paña, pero hasta que no haya un cam-bio de tendencia en el Supremo novamos a poder hacer nada.

l F. C. W. l VIGO l “Para pedir el permiso de residenciapara tu cónyuge no español hay quepresentar una cuenta bancaria con48.000 euros o un contrato de trabajo,o ser autónomo, pero si presentas uncontrato que no sea indefinido te lopueden negar. Muchas veces enrecursos de alzada no te lo llegan aaceptar”

“La Constitución no ampara el derecho del retornadoa la familia; es un ciudadano de segunda”

Albania Oyarzun, abogada experta en Extranjería que colabora con la Asociación Canario-Venezolana

“En mi país, a mi suegra le dieron la residencia. Y si mi esposano lograse trabajo, ¿a mí nunca me la darían? No es justo”María del Pilar Veiga García retornó de Venezuela el 30 de agostodel año pasado junto a su marido, Ezio Salvatore, de origen italiano peronacionalidad solo venezolana, y sus dos hijos, de 25 y 21 años, españolescomo su madre. Viven en Vigo. María del Pilar disfruta de la ayuda alretornado, pero no tiene empleo. El que sí consiguió trabajo hace menosde dos meses fue Enzio, a pesar de no tener todavía la tarjeta de residente.“En extranjería me dijeron que podía vivir en España mientras siguieracasado con una española y podía trabajar, pero que para que me diesen laresidencia necesito un ingreso de nómina familiar de mínimo 1.500 eurosy, sobre todo, que en esas nóminas aparezca mi esposa trabajando”,explica. “Por supuesto, el empresario tuvo serias dudas y llamó a susabogados”, señala cuando se le pregunta por la dificultad de encontrartrabajo sin tener la tarjeta de residencia.¿Qué panorama se le abre ahora? “Una, estoy esperando por medio de laXunta de Galicia, que interpuso un recurso en Madrid, y dos, que mi

esposa consiga trabajo y, con la nómina de los dos, introducir otra vez lasolicitud del permiso de residencia, pero por ahora solamente está minómina. Pudiera aparecer también la de mi hijo, pero hace falta que llegueel mes de julio, porque está a punto de ser contratado en una empresa. Mihija se vino con la beca para hacer un máster y solo le falta el TFM(Trabajo Fin de Máster) para terminar.Enzio quiere también solicitar la nacionalidad española cuando tengaderecho a ello. Ya ha hecho el curso para el examen para obtener lanacionalidad. “En los simulacros me equivoqué solo en una pregunta, o seaque por ese lado voy conociendo España”, apunta satisfecho.El padre de María Pilar, Luis Veiga Rodríguez, llegó a Venezuela en 1954 ymurió en 1990. Una vez allí trajo a su mujer, Pilar Juana García Varela, “Enmi país, a mi suegra le otorgaron la residencia y tuvo tres hijos, dos porSeguro Social. Y si mi esposa no consiguiese trabajo, ¿entonces Españanunca me daría la residencia? No me parece justo”, enfatiza Ezio. Ezio Salvatore con su mujer, Pilar Veiga.

Albania Oyarzun.

Uno de los problemas serios con los quese enfrentan los retornados de Venezuelaes el de la homologación de sus títulosacadémicos. Si siempre es un asunto largoy costoso, en su caso se agrava más por-que muchos vienen con los documentossin ‘apostillar’, es decir, sin la firma oficial.“El que salió en los últimos dos años lo hi-zo con lo puesto. Además, en Venezuelate piden por cada hoja que vayas a ‘aposti-llar’ 150 o 200 dólares; tienes que elegirentre comprar el pasaje para España o‘apostillar’ el título. Y luego el trámite bu-rocrático es muy difícil, si tienes que pe-dirlo a la Universidad, olvídate”, explicaMaría Fernanda Ruiz, presidenta de la Aso-ciación de Pensionados y Jubilados de Ve-nezuela en Galicia (Apejuveg).Manuel Pérez, presidente de la Federa-

ción de Venezolanos en Galicia (Fevega),abunda en la idea: “Certificar toda la do-cumentación en Venezuela es muy diíficl,porque no hay material o no hay sello, telo dilatan o te quieren cobrar cifras astro-nómicas para certificar o ‘apostillar’ todala documentación”.“Tenemos médicos, profesores, aboga-

dos...; gente muy preparada que al no po-der ‘apostillar’ los títulos, aquí no son na-die. Vas al INEM [el Servicio Público deEmpleo] a inscribirte y te ponen en el nivel1, de una persona sin estudios, porque nopuedes traer ni siquiera el título de bachi-ller, y muchos cursos que dan Cáritas yCruz Roja para trabajar de carretillero teexigen por lo menos bachiller”, afirma Ma-ría Fernanda. “Hay ingenieros dispuestos aser carretilleros y médicos cuidando per-sonas mayores que quieren hacer un cursode enfermería y, al no tener el título, nopueden”.Los que logran traer ‘apostillados’ los

documentos se enfrentan al problema aña-dido de que los plazos espera son muylargos. “Madrid tarda dos años en homolo-garte el título. El único título que se homo-loga rápido es el de bachiller, porque enGalicia lo hace la Xunta y tarda entre uno ytres meses”, señala la presidenta de laApejuveg.Algunos de los que no han podido traer

‘apostillado’ su título de bachillerato se es-tán presentando a las pruebas libres de laEducación Secundaria Obligatoria (ESO),para poder hacer por lo menos una For-mación Profesional (FP) de grado medio, ya las de bachiller. Y también a las de lasCompetencias Clave para obtener un Cer-tificado de Profesionalidad del INEM.

Pruebas de la ESOMónica Janeiro es una de esas perso-

nas que se han presentado a las pruebasde la ESO y las han aprobado. En Vene-

zuela estudió Informática en la Universi-dad y era profesora de esta materia en uncolegio de Secundaria. En marzo de 2016

regresó a Vigo, de donde era su padre,quien había emigrado a Venezuela en1958. Se vino sin el título de bachillerporque tuvieron que salir corriendo, y nopudo ‘apostillarlo’ después a través deuna tercera persona, porque -explica- so-lo puede hacerlo un familiar directo, y nole queda ninguno allá. La solución era“pagar en negro”, pero resultaba “muycostoso” e incluso podían “estafarla” yque la ‘apostilla’ fuese “falsa”. En sep-tiembre de 2018 se presentó a las prue-bas libres de la ESO junto a otros cuatrocompañeros y aprobaron tres. Mónicatiene, además, el Celga3, el Certificadode Estudios de Lengua Gallega que expi-de la Xunta. Su marido -titulado en Elec-

trónica, que estuvo 20 años trabajandoen seguridad de telecomunicaciones- sípudo apostillar su título de bachiller através de su madre, que se quedó allá.Los retornados en Venezuela quieren

que a este tipo de personas que tienenuna gran preparación pero no han traídocertifcados los documentos “se les dé al-gún tipo de reconocimiento que les per-mita trabajar en algún sitio, algún tipo deoportunidad, demostrando, claro, sus ap-tititudes con un examen”, explica MaríaFernanda.Manuel Pérez insiste en lo mismo: “Hay

que incorporar a toda esta masa de gentecon grado de estudio universitario supe-rior, porque son muchos años de trabajo”.

La imposibilidad de homologar sus títulos académicosfrena las posibilidades laborales de los retornados

La mayoría salieron corriendo sin ellos y no pueden autentif icarlos porque es caro, costoso y te pueden engañar

Una asamblea de la Asociación de Pensionados de Venezuela en Madrid. Mary Fernández (derecha) y otros directivos de la UCVE.

Algunos de los que no han podido traer ‘apostillado’ su título de bachiller se estánpresentando a las pruebas libres de la ESO, para poder hacer por lo menos una FPde grado medio, y a las de bachiller. Y también a las de las Competencias Clavepara obtener un Certificado de Profesionalidad del INEM

l F. C. W. l VIGO

El canje del carné de conducir es otro de los problemas conlos que tiene que lidiar el retornado de Venezuela. En 2008 seconsiguió el canje automático durante los seis primeros mesesposteriores al retorno, sin tener que examinarse. Pero desde juniodel año pasado el proceso está paralizado por las dificultades paraconfirmar la veracidad de las licencias provenientes de Venezuela.Al adoptar el Gobierno venezolano un modelo donde son losconductores quienes pueden imprimir sus carnet desde el hogar, laAdministración española decidió que el riesgo de falsificación erademasiado alto como para ignorarlo.Antonio Ecarri, representante diplomático en España del presidente

encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió el 12 de abril en Madridcon el director general de Tráfico, Pere Navarro, para buscar solucionesal problema. La cónsul general de Venezuela en Tenerife, MaríaElizabeth Seijo, se comprometió personalmente para solucionar

provisionalmente el asunto y durante un tiempo firmó ella misma lascartas. “Entraba al ordenador general del Instituto Nacional deTransporte Terrestre, veía la fecha de antigüedad del carné, y hacía unacarta y la firmaba. Eso no lo hicieron los cónsules en el resto de España”,destaca Mary Fernández, encargada del grupo de pensionistas yjubilados de Venezuela de la Unión Canario-Venezolana (UCVE).La imposibilidad legal de conducir que tienen estas personas en

España disminuye además sus posibilidades de acceso al mercado laboraly a la integración. La opción que les queda de apuntarse a unaautoescuela y examinarse es compleja, porque “muchos emigrantesretornados tienen una edad avanzada y además es costoso”económicamente, señala el presidente de la Asociación de Amigos deVenezuela en Vigo, Manuel Pérez, quien la considera, además, injusta,porque “en Venezuela llevan muchos años con la licencia y sabenconducir perfectamente”.

Urgen una solución al canje del carné de conducir, que lleva unaño paralizado por el incumplimiento del Gobierno venezolano

RETORNADOSJULIO DE 2019 7

Mónica Janeiro.

El Plan de Retorno a España ‘Un país paravolver’, que el Gobierno español empezaráa implementar este próximo mes de sep-tiembre, recoge 50 medidas impulsadaspor 10 ministerios que en muchos casos re-quieren la cooperación institucional de co-munidades autónomas y ayuntamientos, asícomo el concurso de las asociaciones deemigrantes y retornados y de los agentessociales.Estas 50 medidas están agrupadas en

seis grandes categorías: apoyo para defi-nir proyecto profesional, ayuda para pla-nificar la vuelta e instalarse, creación deespacios para la participación, creacióndel ambiente positivo para el retorno,acompañamiento psicológico del procesomigratorio, y gestión colaborativa y eva-luación continua del plan.

Servicio de Mediación Laboral Entre las medidas que buscan propor-

cionar apoyo para definir proyecto profe-sional, la primera y sin duda una de lasmás relevantes es el Servicio de Media-ción Laboral. “La desconexión de las per-sonas que han emigrado con sus sectoresprofesionales en España se evidencia enla carencia de red de contactos,”, segúnreza el dossier del Plan de Retorno redac-tado por el Gobierno, “así como en el des-conocimiento del mercado laboral espa-ñol, de los canales de búsqueda más ade-cuados y de la forma más acertada parapresentar sus candidaturas”.Se prestará un asesoramiento personali-

zado, que guíe a las personas que deseanretornar en la búsqueda de oportunidadesen los sectores público, privado y para elemprendimiento. Para realizar la coordi-nación con los servicios autonómicos secreará un grupo de 20 personas especiali-zadas en la Secretaría de Estado de Migra-ciones.En la medida, que será puesta en mar-

cha previsiblemente en septiembre, estánimplicados la Secretaría de Estado de Mi-graciones, el Servicio Público de EmpleoEstatal y las comunidades autónomas.El presupuesto de este Servicio de Me-

diación Laboral es de 800.000 euros concargo a la convocatoria de colaboracióncon las administraciones públicas que rea-liza el Servicio Público de Empleo Estatal(SEP

‘Mentoring’ para el retornoLa segunda de las medidas del Plan, en-

caminada también a procurar apoyo paradefinir proyecto profesional, es la red de‘mentoring’ profesional para el retorno. Setrata de crear y dinamizar una red de ‘men-toring’ profesional formada por personasretornadas, que ayude a los emigrantes queestán en su proceso de vuelta a crear unared de contactos profesionales, que hanperdido tras años en el extranjero, y cono-cer las características de su sector, su locali-dad y cualquier otra información de interéspara el retorno y la instalación en España. Su presupuesto es de 50.000 euros anua-

les, a cargo de la Secretaría de Estado deMigraciones, que se implicará en la medida

junto a las asociaciones de emigrantes. Elcompromiso era que sea puesta en marchaya este mes de junio.

‘Networking’ de empresas y emigrantesLa tercera medida es el ‘networking’ entre

empresas y emigrantes. El objetivo es orga-nizar un encuentro anual de ‘networking’con empresas y emigrantes en el extranjero,de forma que estos se vinculen de nuevocon su sector profesional en España y aque-llas conozcan y convenzan a profesionalesen el exterior que deseen volver. A travésde diferentes dinámicas, estos espacios fa-cilitan el contacto de los profesionales conel mercado laboral español y el acceso a losprocesos de selección de las empresas par-

ticipantes. El presupuesto suma 20.000 eu-ros anuales, incluido en el presupuesto dela Secretaría de Estado de Migraciones. Lainiciativa será puesta en marcha previsible-mente en septiembre.En la implementación de la medida están

implicados la Secretaría de Estado de Mi-graciones, las oficinas económicas y comer-ciales del Ministerio de Industria en el exte-rior, empresas y asociaciones de emigran-tes y retornados.

Homologación de títulosLa mejora del proceso de homologa-

ción de títulos académicos constituye lacuarta medida. Lo que se persigue es agili-zar los plazos y reducir el coste del proce-so de homologación de títulos académi-cos para que deje de ser una barrera parael retorno. Se desarrollará un sistema degestión integral de los procedimientos dehomologación de títulos universitarios, asícomo la adquisición de los equipos nece-sarios de almacenamiento y escáneres. Enel Ministerio de Educación y FormaciónProfesional, en el ámbito de estudios nouniversitarios, se analizarán cuáles son lospaíses con un mayor flujo de posibles re-tornos, se mejorarán las aplicaciones in-formáticas y se reforzará el personal parael tratamiento de los datos.El Ministerio de Ciencia, Innovación y

Universidades dedicará al efecto 850.00 eu-ros, y el de Educación y Formación Profe-sional, 200.000. Se prevé que la medida seapuesta en marcha en enero de 2020 con elconcurso de la Secretaría General de Uni-versidades y el Ministerio de Educación.

Reconocimiento de competenciasLa quinta medida es el reconocimiento de

competencias profesionales adquiridas en elextranjero. Se definirá un catálogo de dichascompetencias, que serán reconocidas me-diante un procedimiento sencillo en el mar-co del Catálogo Nacional de CualificacionesProfesionales. Como en el caso de la medidaanterior, se analizarán los países con un ma-yor flujo de posibles retornos, se mejoraránlas aplicaciones informáticas y se reforzará elpersonal para el tratamiento de los datos. Se prevé que la medida sea puesta en

marcha en enero de 2020 por parte delSistema Nacional de Cualificaciones y For-mación Profesional. El presupuesto es de200.000 euros.

Es una de las principales medidas del Plan de Retorno a España que el Gobierno pondrá en marcha en septiembre

Esta acción se desarrolla en el marco del Programa de Comunicación de la OrdenESS/1613/2012 de 19 de julio de 2012 convocado por Resolución de fecha 13 de febrero de 2018de la Dirección General de Migraciones

El Servicio de Mediación Laboral ayudará a losretornados a conectarse con su sector profesional

S U P L E M E N T O E S P E C I A L D E E S P A Ñ A E X T E R I O R - JUL IO DE 2019

RETORNAD S

l REDACCIÓN l MADRID

Entre las medidas dirigidas a apoyar la definición del proyecto laboral enEspaña figuran también una red de ‘mentoring’ que ayude a los emigrantes acrear una red de contactos profesionales, un encuentro anual de ‘networking’con empresas y emigrantes en el extranjero, la mejora en el proceso dehomologación de los títulos académicos y el reconocimiento de lascompetencias profesionales adquiridas en el exterior

Presentación del Plan de Retorno en Alemania.