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REPÚBLICA ARGENTINA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN DESAGRABACIÓN PLENARIO MERCOSUR Honorable Senado de la Nación Julio de 2012 Solicitada por la señora senadora Laura Montero

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REPÚBLICA ARGENTINA

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DESAGRABACIÓN PLENARIO MERCOSUR

Honorable Senado de la Nación

Julio de 2012

Solicitada por la señora senadora Laura Montero

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Sra. Montero. - Voy a presentar a la gente que nos acompaña, pero quiero decir que esto no es mérito mío como organizadora, sino de la doctora Silvina Barón, porque ella tomó la iniciativa. Es un trabajo que ustedes vienen haciendo desde hace bastante tiempo, que después voy a pedir que relates todos los antecedentes. Lo que sí creo útil es que desde el Senado de la Nación recojamos estas iniciativas que surgen sobre todo de los sectores académicos, porque tenemos que lograr el perfeccionamiento del sistema institucional y, particularmente, ahora del Mercosur.

Agradezco muchísimo esta iniciativa que surgió del ámbito académico, no de mi parte, y cuando consulté al senador Adolfo Rodríguez Saá para que me acompañara, dijimos que generemos este ámbito para poder dar estos debates con mayor profundidad y darle una mirada más técnica y especializada, que es lo que necesitamos a veces para abordar desde la política los problemas que se van presentando. Voy a dar una simple referencia -porque no soy muy buena- de los currículum.

- Se da lectura de los currículum vitae de la doctora

Silvina Barón Knoll, de la doctora Sandra Negro, y

del doctor Alejandro Perotti.

Sra. Montero. – Estamos en buenas manos para enfrentar este debate e iniciativa. Voy a dejar a la doctora Silvina Barón Knoll que haga el relato inicial y la charla introductoria para que después nosotros podamos aportar a su planteo. Sra. Barón Knoll. – En primer lugar, quiero agradecer profundamente a la senadora Laura Montero esta invitación para trasladar estas Jornadas de Integración Regional, que nacieron hace dos años en el ámbito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. En realidad, en Buenos Aires advertimos -y en algunas otras provincias del interior, como Córdoba y la ciudad de Rosario- que el abordaje de la integración regional desde el Derecho está presente como materia en los espacios curriculares. A pesar de que Mendoza tiene un lugar estratégico en lo que hace a la geopolítica del bloque y de tener cinco facultades de Derecho, el abordaje de la materia no está presente. Es una deuda pendiente y un desafío que tenemos que afrontar, que ya está en proceso y lo estamos planteando. De allí, la necesidad de crear algún espacio de reflexión y discusión de esta problemática que comenzara con muy buenos frutos en 2010, luego continuando en 2011 -en 2010 con motivo de los bicentenarios-, y hoy esta III Jornada de Integración Regional que se la propone como continuación de aquellas y que uno tiene el gusto de manifestar que siempre han sido honrados estos encuentros con la participación de destacados juristas, profesionales, estudiosos de la materia a nivel nacional, internacional y local. Hoy me siento muy gustosa y también debo agradecer la participación del resto de los integrantes de este panel, el doctor Adolfo Rodríguez Saá, el doctor Alejandro Perotti y la doctora Sandra Negro, quienes generosamente han aceptado esta invitación a integrar este panel para propiciar en este importante recinto de la Honorable Cámara de Senadores, y con la presencia de ustedes, un verdadero espacio para generar aportes y una mirada crítica y constructiva de este proceso a la luz de los últimos acontecimientos. Cuando de algún modo definimos el tema de la jornada denominarlo “Mercosur. Temas de su agenda actual”, nada más actual hoy para abrir este espacio de reflexión y

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discusión que lo acontecido la semana pasada en Mendoza con el desarrollo de la Cumbre 43 del Consejo del Mercado Común, y la reunión o Cumbre de presidentas o jefas de Estado. En el marco de todas estas consideraciones, el tema que me toca compartir con ustedes tiene que ver con un abordaje general de los aspectos jurídicos-institucionales del Mercosur, y ante lo acontecido, lo he denominado “Aspectos jurídicos-institucionales a la luz de la última cumbre de presidentes”. Permítanme una aclaración preliminar para contarles desde dónde me posiciono en el abordaje de todos estos temas. Creo firmemente en los procesos de integración, y de algún modo, esta creencia me anima a encarar con bastante optimismo estas reflexiones y a mirar el Mercosur con un sentido positivo, a pesar de sus crisis, estancamientos, sus francas debilidades, aclarando que tengo el acento en lo jurídico institucional por la especialidad que uno tiene. El Mercosur puede ser mirado desde distintas posiciones.

Ocupando palabras del chileno Felipe Herrera, en el año 67, decía que no debe causar desaliento la comprobación de que el avance hacia la integración no se realiza en una línea continua de progreso. Los procesos históricos aun cuando se produzcan de acuerdo con una tendencia irreversible se manifiestan en formas de avances, estancamientos e, incluso, retroceso. Estoy convencida de ello porque entiendo que no hay destino de grandeza en soledad. Esto parte de la misma naturaleza humana. Estamos llamados a vivir en comunidad, integrados, interrelacionados. Si bien hace 200 años porque es propicia una reflexión con motivo de nuestros bicentenarios, hablándolo con una mirada de continente, los Estados debían diferenciarse para desarrollarse individualmente y ponían en valor esto del Estado-Nación y el poderío nacional. Hoy hay un nuevo escenario internacional y un cambio de paradigma del Estado. Porque ese Estado que hace 200 años necesitaba diferenciarse para su desarrollo, hoy planea su crecimiento a partir de una concepción diferente. Entonces, podríamos diferenciarlo en tres aspectos: fácticamente, el Estado deja de considerarse autosuficiente en tanto su subsistencia y desarrollo depende de la de los demás; axiológicamente, el valor fundamental es el bien común regional como condición de alcanzar el bien común nacional; y, normativamente, esta integración se concreta por medio de tratados que son más fuertes y ejecutorios que los clásicos tratados de Derecho Internacional, pues de estos tratados surgen organismos o entidades supranacionales que actúan con verdadero imperio, no solo sobre los Estados miembros, sino también sobre sus habitantes. Entidades supranacionales que tienen capacidad jurígena, capacidad creadora del Derecho, capacidad de emanar normas de Derecho Público y Derecho Privado que se aplican directamente no solo sobre los Estados partes, sino también sobre nosotros, sus habitantes.

En primer lugar, advertimos que el concepto del fenómeno de la integración aparece íntimamente vinculado a una reconsideración del concepto de soberanía. No voy a hablar para que no genere algún resquemor de un nuevo concepto de soberanía, pero sí de una reconsideración de este concepto, porque ya no reviste ese carácter absoluto que le atribuía la doctrina clásica del Derecho Público.

En segundo lugar, la integración supone un estadio superior al de la mera cooperación. La cooperación se caracteriza por la puesta en marcha de organizaciones fundadas en el respeto absoluto de estas soberanías nacionales y se manejan en su

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funcionamiento con la regla de la unanimidad a la hora de tomar decisiones. Los Estados buscan lograr concertar políticas conjuntas a través de acuerdos, que en ese marco quedan sujetos a la buena o mala voluntad en torno a su cumplimiento. Mientras estamos hablando de integración -y de algún modo voy a ir remarcando este concepto cada tanto-, estamos haciendo referencia también a relaciones entre los Estados que, nacidas también de tratados, son tratados más fuertes y ejecutorios que dan origen a estas organizaciones con la capacidad jurígena que recién aludíamos, con esta capacidad de dictar estas normas que se aplican con una característica prevalente, con una aplicación inmediata que goza de estas características por sobre el ordenamiento jurídico de los Estados en el ámbito donde la transferencia o la cesión de competencias se ha operado. En esos dominios, prima esta norma que emana de estos organismos de carácter supraestatal u organismos comunitarios o supranacionales.

El destacado catedrático español, quien nos honró con su presencia en la I Jornada de Integración Regional, en 2010, en Mendoza, caracteriza a la integración con determinados rasgos que muy brevemente los compartimos.

En primer lugar, está diciendo que la organización ejerce poderes propios, del mismo tipo, que los que resultan de las funciones superiores del Estado.

En los órganos formados por representantes de los estados, las deliberaciones pueden realizarse según las reglas de la mayoría. Los órganos están formados por personas que no son representantes de los estados y que, sin embargo, participan con el poder de decisión.

Los poderes de la organización se ejercen inmediatamente sin pasar por el filtro que suponen los gobiernos nacionales. Lo que significan que pueden modificar e impactar directamente en los ordenamientos jurídicos nacionales. Estas organizaciones se encuentran sometidas a un orden jurídico muy desarrollado cuya salvaguarda le compete, nada más y nada menos, que a un tribunal de justicia, a un tribunal de justicia con función jurisdiccional independiente con vocación o funcionamiento de permanencia. En concordancia con esto que venimos exponiendo, para ir teniendo este marco teórico bien claro de referencia, decimos también que en estos procesos de integración conviven dentro del mismo proceso rasgos o elementos supranacionales con rasgos o elementos intergubernamentales que no están ajenos a él. Si tuviéramos que hacer en algún punto una mirada concreta sobre el estado institucional del Mercosur, no dudaríamos en decir que no ha superado el nivel de intergubernamentalidad, ahora, si miramos comparativamente a la Unión Europea, tampoco podríamos decir que ella presenta en todos sus organismos los rasgos netamente supranacionales.

¿Por qué? Porque, en definitiva, en estos procesos conviven organismos que presentan rasgos supranacionales y conviven organismos que presentan rasgos intergubernamentales. A modo comparativo, tenemos en la Unión Europea un Consejo que está integrado por funcionarios que representan a los estados, pero a la par tenemos una Comisión que es el órgano que representa directamente los intereses comunitarios, independientemente de los estados. Asimismo, tenemos algo tan importante como el Tribunal de Justicia de Luxemburgo que justamente tiene a su cargo la importante función de salvaguardar el ordenamiento jurídico comunitario. En efecto, velar por su constitucionalidad, velar por una interpretación y por una aplicación uniforme de la

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norma comunitaria y resolver en ese marco las controversias que se susciten entre los estados parte, entre los mismos órganos comunitarios y entre los ciudadanos, es decir, dirimiendo controversias. Y, de algún modo, con todo esto brindando, como Tribunal, seguridad jurídica al proceso iniciado. Con esto que estamos hablando, de rasgos supranacionales y de rasgos intergubernamentales. Y creo que hay cuatro elementos claros que ayudan a definir esa supranacionalidad. Evidentemente, en el concepto de supranacionalidad subyace claramente la cesión o transferencia de competencias, sino no podemos hablar de supranacionalidad. Competencia –y esto da para otra jornada y para otro abordaje– que compromete, entiendo, no sólo competencias propias de la órbita nacional sino que, en un estado federal como el nuestro, compromete también o puede comprometer algunas competencias provinciales. Obviamente, la integración impacta en el orden interno del reparto del poder y en un estado federal puede involucrar a ambas esferas. De allí la importancia de que la provincia esté presente y no ajena de estos procesos de integración. Pero, insisto, es un tema que daría para otra jornada, el hablar de qué modo impacta la integración en un estado federal y cuáles serían los mecanismos para salvaguardar el federalismo dentro de un proceso de integración. Estos cuatro aspectos que, de algún modo, van definiendo la supranacionalidad, ya que se define a partir de esta cesión de competencias, giran en torno a cuatro cuestiones: en primer lugar, ¿quién decide? Es decir, la estructura política propia de la organización; en segundo término, cómo decide. Reitero, quién decide y cómo lo hace. En esto hago alusión a las reglas de funcionamiento que escapan al control de los estados miembros de la organización. En tercer lugar, el control sobre lo decidido, es decir, en manos de una estructura jurisdiccional independiente pero que es propia de él, y, en cuarto lugar, los efectos de lo decidido, es decir, si son obligatorias o no, si son de aplicación inmediata o no, si tienen una aplicación prevalente o no, sobre los estados miembros y sus habitantes.

Si nosotros lo “traspolamos” en cuanto a la supranacionalidad ¿qué vamos a decir? Y, bueno, sí, tiene que haber órganos comunitarios. Y esto en el marco de lo teórico lo podemos ir comparando o hacer entrar en contraste con lo que acontece en el Mercosur. ¿Tenemos algún órgano que vele directamente por los intereses del proceso? La respuesta está clara: los órganos que el Mercosur presenta desde su nacimiento, allá por el año 91 con la firma del tratado de Asunción –la estructura que luego se define con el Protocolo de Ouro Preto en el 94–, no establecen un órgano que vele directamente por los intereses comunitarios.

Entonces, quién decide, cómo lo hace, reglas de funcionamiento, ¿funcionan las mayorías? Sabemos que no, que, por el artículo 20 del Tratado de Asunción y por el artículo 37 del Protocolo de Ouro Preto, las decisiones son tomadas por consenso y con la presencia de todos los estados parte: quién decide, cómo decide y el control de lo decidido. ¿Tenemos un Tribunal de Justicia independiente y permanente con función jurisdiccional? No. Tenemos sí –podría decir yo siempre con esta mirada positiva– un sistema de solución de controversias que mucho más avanzado –ya con el Protocolo de Olivos– pone en funcionamiento al TPR, al Tribunal Permanente de Revisión, que, evidentemente, es superador de la estructura anterior pero que no es un tribunal de Justicia al que, de algún modo, aspiramos para que brinde de modo permanente la seguridad jurídica que necesitamos para el proceso.

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Los efectos de lo decidido nos hace plantearnos lo siguiente: ¿las normas que emanan de estos órganos están teniendo aplicación inmediata en nuestros estados o tienen que pasar por el filtro de los parlamentos nacionales para ser incorporadas como normas y regir sobre nosotros y en todas nuestras relaciones? Fíjense que no quiero ir concluyendo con todo esto, pero sí me interesa que vayamos generando un ejercicio de reflexión para ir contrastando nuestra realidad y, de algún modo, el proceso en el que estamos inmersos, porque creo que es fundamental, a la hora de salvaguardar el proceso, ponernos de acuerdo en qué proceso queremos, cómo lo encaramos para seguir y también si queremos fortalecerlo. Porque claramente está que si queremos darle sentencia de muerte no nos vamos a ocupar de su fortalecimiento, y seguiremos debilitando sus estructuras y no cumpliendo con los acuerdos. Si, por el contrario, creemos en la integración y queremos que este proceso continúe es nuestra obligación –y cuando digo “nuestra” hablo de los operadores del derecho– de dotarlo de instrumentos y de herramientas que, de algún modo, den vigor a las decisiones políticas que puedan ser encaminadas para su fortalecimiento y para su crecimiento. O sea, en esto también queda en claro algo: en estos procesos de integración hay una voluntad política de inicio que los pone en marcha, pero luego tenemos que poner el acento en los instrumentos que, de algún modo, pueden llegar a ser útiles para dinamizar y hacer efectiva esa decisión política de continuar en el proceso, sino nos quedamos en puras declaraciones ideales o en objetivos que, en definitiva, no se concretan. Incluso, con nuestras acciones, de algún modo, pareciera demostrarse lo contrario de lo que se está persiguiendo.

En el marco de todas estas consideraciones, la adhesión a estos procesos de integración generan –o suponen–, como les decía hace un rato, un gran impacto en el orden interno del poder. ¿Por qué? Porque normalmente nos vamos a encontrar con que existen dos ordenamientos jurídicos de distinto origen con vocación de ser aplicados dentro de un mismo ámbito territorial; y esto, evidentemente, genera conflictos y, además, provoca impactos. Esto ha quedado evidente tanto en el modelo constitucional de 1853/60 y, luego, con el cambio que tiene nuestra Constitución con la reforma de 1994.

¿Por qué? Por tres aspectos: primero, se rompe el monopolio estatal de producción de normas con valor y fuerza de ley, porque se permite que estas normas puedan ser emanadas por otros sujetos; segundo, se aumenta o se incrementa el número y la tipología de normas con valor de ley que el Estado puede utilizar y, tercero, de algún modo, se alteran los principios tradicionales de relación entre normas que se daban antes en función del principio de la jerarquía y que en lo sucesivo se comparte con el principio de la competencia.

Ahora bien, a la luz de todas estas consideraciones que nos hemos permitido compartir con ustedes, en primer lugar, surge una conclusión: estamos en este estado de intergubernamentalidad que no nos permite consolidar institucionalmente al bloque. Les diría yo que tenemos dos hitos importantísimos acontecidos en cuanto a la estructura en estos últimos años, por un lado, el Tribunal Permanente de Revisión, es decir, por el lado de la Justicia y la creación del Parlamento del Mercosur, el Parlasur, un órgano político de representación de los pueblos, no de los estados; por otro lado, el TPR, como un órgano que decide con independencia, cuyas decisiones son acatadas sin responder a las instrucciones de los estados.

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Entonces, vuelvo a poner el acento positivo: ¿es la Corte o el Tribunal al que aspiramos? No. ¿El Parlamento hoy, en su funcionamiento y en su integración, es el Parlamento al que aspiramos? No. Sin embargo, creo que son dos hitos institucionales por los que, ad intra, hacia el interior del bloque, si queremos la supervivencia del Mercosur, debemos encargarnos de defenderlo y de apuntalarlo con mucho ahínco. Ya que su creación, de algún modo, está constituida por dos mensajes bien claros hacia la comunidad internacional del Mercosur ad extra, hacia afuera. Fíjense el acento hacia el Parlamento, el acento en el TPR. Estas instituciones que se están presentando –sobre todo hoy el Parlamento– con fuertes debilidades en lo que hace a su conformación y a su funcionamiento, pero por las que debemos trabajar muy fuertemente para su verdadera consolidación si creemos en estos procesos de integración.

Ustedes saben también que en cuanto a la conformación del Parlasur, el único país dentro de los países miembros del Mercosur que ha elegido por voto directo, valga la redundancia, directamente a sus parlamentarios, es el Paraguay. Los otros países estamos en deuda, y justo Paraguay hoy se encuentra suspendido desde la última reunión la semana pasada en Mendoza.

Todo esto lo voy dejando abierto para, luego, realizar el posterior debate. Insisto, la idea de lo acontecido en la última cumbre no es generar conclusiones anticipadas porque, por la cercanía y por la inmediatez de lo acontecido, es difícil medir el alcance, el impacto, y las consecuencias jurídicas de todas estas decisiones que brevemente comentaremos, pero que, sin lugar a duda, generan un terreno fértil para la discusión, porque están quienes apoyan esas medidas, quienes las critican. Y está también el abordaje de todas estas medidas frente al paraguas normativo para, de algún modo, ver la legalidad o no de las mismas.

A la luz de todo esto que venimos hablando ¿qué es lo que la Cumbre nos dejó? Hay un documento que, incluso, puede quedar a disposición. Podemos dejarlo para que se distribuya si se hace alguna impresión o si dejan sus correos. En efecto, podríamos decir que allí se encuentran, podríamos decir, sintetizados todos los puntos abordados en la 43° Reunión Ordinaria del Consejo Mercado Común, sin embargo, hay algunos temas sobresalientes que merecen ser destacados.

La primera es, por supuesto, la suspensión de Paraguay ante lo acontecido en dicho país: la destitución de su presidente, Lugo. Una suspensión que adoptan los otros tres estados miembros: Argentina, Brasil y Uruguay, en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático, señalando, como cumplida la condición para esta suspensión, la ruptura del orden constitucional.

Primer aspecto a considerar: creo que todos estamos de acuerdo en que el orden constitucional se puede romper no solamente por un golpe militar, sino que pueden haber, obviamente, golpes institucionales o parlamentarios; y que, de algún modo, todos vamos a estar de acuerdo en que uno de los fines de la integración es, además del afianzamiento de la paz, además del desarrollo y el crecimiento de los pueblos, por cierto, el fortalecimiento de sus democracias. Pero esta decisión de suspensión, que según la propia declaración y los mismos presidentes intenta no tomar medidas económicas que comprometan o afecten directamente al pueblo paraguayo, se plantea —esto sí me animo a concluirlo— estrictamente como una decisión política. Es decir, la pregunta es: ante lo acontecido en Paraguay, ¿la decisión que se adoptó es legal, es económica, es política? Es una decisión, yo diría, absolutamente de naturaleza política.

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Es una decisión de naturaleza política que, de algún modo, propicia una segunda decisión, que es la de incorporar a Venezuela —que estaba con su proceso en trámite— como estado miembro. Entonces, una decisión política se está encontrando fuertemente motivada por una decisión económica.

Sin querer hacer juicios de valor sobre la postura política adoptada, sí me corresponde, como estudiosa y como comprometida con los procesos de integración desde el abordaje jurídico, decir que esta decisión de incorporar a Venezuela deja pagando al artículo 20 del Tratado de Asunción y al artículo 37 del Protocolo de Ouro Preto, que, como les comentaba hace un rato, señalan que las decisiones deben ser tomadas con la presencia de todos los estados parte. Ahora bien, Paraguay no podía estar presente no por una autoexclusión, sino por una suspensión forzosa y temporal.

Entonces, la mirada desde lo jurídico: ¿es válida esta decisión, o adolece de ilegalidad formal y de ilegalidad material? Esto lo dejo realmente abierto para la discusión.

Cuando aludo a la ilegalidad formal —entiendo que no todos son abogados, entonces quiero hacerlo más asequible— y a la ilegalidad material, me estoy refiriendo a dos aspectos. La formal es: ¿se dio realmente cumplimiento al Protocolo de Ushuaia? ¿Se realizaron previamente las consultas con el estado afectado para poder proceder de conformidad con el artículo 5° de dicho Protocolo, que habilita a tomar distintas medidas, entre ellas, la suspensión de un estado junto con la imposibilidad de participar y deliberar en sus órganos y, por lo tanto, limitar su derecho de voz y de voto? Este es, de algún modo, el planteo hacia la legalidad formal.

En cuanto a la legalidad o ilegalidad material —estarán quienes pueden considerar otra cosa—: ¿se dio o no ruptura del orden democrático en Paraguay? También con un signo de interrogación, porque, insisto, no estoy concluyendo, sino que estoy dejando líneas para, luego, al final de la participación de todo el panel, abrir el debate.

Entonces, estas medidas, evidentemente, son o adheridas o fuertemente criticadas de acuerdo a la respuesta a estos interrogantes.

Hay, por supuesto, otros temas que la Cumbre nos dejó. En Mendoza se estuvo desarrollando fuertemente, con alta participación, la Cumbre Social, orientada —les diría— a promover las políticas de inclusión, la participación ciudadana; con mucha participación de organizaciones civiles. La verdad que, como mendocina, quiero compartir esto con ustedes, porque tuve la oportunidad de participar en muchas de las reuniones y, de algún modo, el resultado fue la sorpresa respecto de algunos resultados. Podríamos decir, por otro lado, la admiración de la participación por el otro. Distintas lecturas.

Otra cuestión que la Cumbre nos dejó: ustedes saben que el tema de las restricciones arancelarias —no lo quiero desarrollar porque va a ser abordado en el panel— ha afectado fuertemente —hablo por Mendoza— a los productores locales y a la economía provincial. Esto de qué hacer cuando están estos camiones parados en las aduanas con los productos en fresco y hay que tramitar estas licencias no automáticas que, por ahí, demoran 60 días o más. Aparentemente, dentro de lo que la Cumbre nos dejó, habría un acuerdo entre nuestra presidenta y la presidenta de Brasil. Pero —soy una operadora del derecho que cuestiona— los acuerdos tienen que estar escritos. Porque, si no, estas buenas decisiones quedan libradas a la buena o mala voluntad en

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cuanto a su cumplimiento, y los perjudicados directos de esta medida son nuestros productores y la economía, en este caso, de la provincia. Esto tiene un alcance a nivel nacional, pero lo hablo desde la mirada de Mendoza.

¿Cómo seguimos —con esto quiero ir concluyendo—? Creo que deberíamos retomar los objetivos que persigue el Mercosur, pero, obviamente, en este nuevo escenario, que no es este el escenario de 1991, circunstancias en las que nació. Retomando estos objetivos, debemos planificar un crecimiento en tres direcciones. En primer lugar, un crecimiento inteligente: una economía basada en el conocimiento y en la información, con innovación tecnológica. En segundo término, un crecimiento sostenible: una economía, si se permite, más verde y competitiva. En tercera instancia, un crecimiento integrador: una economía con cohesión social, con políticas inclusivas y con trabajo. Esto en cuanto a los objetivos que movilizan desde lo económico y atendiendo al desarrollo del Mercosur.

Por supuesto, superar las asimetrías. Ahora, normalmente, siempre nos vamos a las asimetrías económicas. La primera que yo me planteo es la asimetría de cómo encarar el proceso, cómo seguimos. Fíjense que uno vuelve al punto inicial de la voluntad política como motor de estos procesos. Y luego la responsabilidad del derecho de dar instrumentos para hacer efectivos esos objetivos y esos fines que se persiguen.

El fortalecimiento institucional —esto, por supuesto, lo va a compartir el doctor Rodríguez Saá con ustedes—: la presencia, la creación de un tribunal de justicia que brinde seguridad jurídica. No es posible crecer como comunidad sin aquellas instituciones y aquellos instrumentos que den certeza y seguridad jurídica al proceso. Que se permita el acceso a la justicia ante la afectación de esos derechos. Si no, hay una cuenta pendiente de no acceso a la justicia del bloque.

Entonces, es el fortalecimiento institucional en el ámbito de la justicia el fortalecimiento institucional en el ámbito del Parlasur. Poner realmente en discusión el modo de integración para llegar a un verdadero funcionamiento de un órgano que tiene nada más y nada menos que el cumplimiento de una función consultiva de alto alcance y de representación política de los pueblos, no de los estados.

En esto estamos teniendo una cuenta pendiente. El tema es: ¿uno quiere saldar esa cuenta pendiente? Y, por supuesto, la transparencia de la actuación de los órganos del bloque.

Creo que hay más aspectos para poder seguir concluyendo, pero me permito estos cuatro o cinco puntos como para decir: tenemos mucho para trabajar. Los que creemos en estos procesos tenemos una tarea importante, además de generar y sumar a aquellos otros que no están tan convencidos de ello.

Cierro con lo mismo con lo que abrí: no hay destino de grandeza en soledad. (Aplausos). Sr. Rodríguez Saá. — Yo también soy un apasionado de la integración. Me parece que los problemas del Mercosur, que tienen mucho de la necesidad de la decisión política de impulsarlo, se solucionan con más Mercosur. Cada vez que Europa tiene una crisis, apuestan a más Europa, no a menos Europa. Lo estamos viendo con todo el problema económico y social que tienen en este momento: la Comunidad Europea apuesta a más Europa. Nosotros tenemos que apostar a más Mercosur. Y creo que, entre los muchos déficit que tenemos, hay un déficit de decisión política.

En una oportunidad, leyendo sentencias del Tribunal de Luxemburgo, vi una que

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me llamó mucho la atención y me provocó una reflexión. Ante un problema de controles fitosanitarios, la Aduana francesa no dejaba pasar lácteos alemanes. La Corte de Luxemburgo resuelve diciendo que los lácteos fabricados en Alemania, autorizados por el Ministerio de Salud de dicho país, que eran consumidos por los alemanes y que nos les hacía mal, los podían consumir también los franceses. En consecuencia, dejaba pasar los lácteos.

Tal vez, el fallo puede parecer muy simple y muy sencillo, pero el Tribunal de Luxemburgo estaba dando la solución a conflictos que la política, ni en la comisión ni en el parlamento, podía solucionar. Porque los productores alemanes y los productores franceses tenían intereses económicos que excedían la conveniencia del bien común y priorizaban los intereses particulares de cada uno de ellos. Entonces, el fallo del Tribunal de Luxemburgo permitía solucionar este conflicto.

Creo que tenemos que mirar desde esta visión la importancia que tendría una corte suprema del Mercosur, funcionando para dirimir muchos de los conflictos que las cancillerías, los presidentes y los parlamentos no pueden resolver o no tienen voluntad política para hacerlo. En este sentido, creo que hay muchos avances, muchos retrocesos y crisis. Pero voy a tratar de dar un pequeño enfoque político.

El Parlamento del Mercosur trata de encontrar su camino y de aumentar su competencia, que es casi nula. ¿Qué puede hacer? Resoluciones, declaraciones o debatir un problema; pero no tiene la fuerza. Igual que pasaba con el Parlamento Europeo, que, poco a poco, fue adquiriendo competencias para avanzar en el proceso de integración.

El Parlamento del Mercosur tenía dos o tres problemas políticos importantes a resolver, y esto paralizaba toda la actividad. El primer problema era cómo debía ser la representación de cada uno de los países. Brasil sostenía la proporcionalidad atenuada, que es el mismo principio que utiliza Europa para determinar la representación de cada país. En el caso nuestro, Brasil supera amplísimamente, en economía, en población, etcétera, a Argentina, a Uruguay y a Paraguay, que quiere tener más representación, que necesita tener más representación. Pero tampoco es justo que un país tenga el predominio, porque entonces perdemos el espíritu de integración.

Después de muchísimo debate, primero aprobamos un acuerdo político que establecía una dimensión parlamentaria, que trataba el tema de la proporcionalidad atenuada y la ampliación y consolidación de competencias del Parlamento. El Parlamento Europeo, por ejemplo, con respecto al presupuesto, puede aprobarlo o rechazarlo, nada más. No puede alterarlo, pero tiene la facultad de aprobarlo o rechazarlo. Si empezamos a tener una dimensión de esta naturaleza, se van a empezar a generar las normas del derecho de la región, que no van a necesitar la convalidación de los parlamentos nacionales. Y una dimensión judicial, que era la superación del Protocolo de Olivos, creando una corte suprema independiente y autónoma. Esto se aprobó en abril de 2010.

En diciembre de 2010, el Consejo del Mercado Común dictó la resolución aprobando este acuerdo político. Quiere decir que el Consejo ha aceptado que el Parlamento tenga más facultades; aceptó el principio de la proporcionalidad, que nos permite que los países podamos elegir los parlamentarios a través del voto directo. Falta que cada país dicte sus normas internas. Esto tiene que ver con una enorme discusión que tenemos acá sobre cómo elegimos: ¿en una lista única y, entonces, Buenos Aires se queda con todos los cargos, o en una lista federal? Los únicos cargos que se eligen en

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distrito único son los de presidente y vicepresidente. Los senadores y diputados nacionales los elegimos cada provincia, aunque integran un órgano nacional. Entonces, ¿creamos una nueva y única jurisdicción para los parlamentarios del Mercosur, o elegimos a los parlamentarios, como es el caso de los diputados y los senadores, por provincias? Esta es la discusión que tenemos los argentinos. Los uruguayos tienen otra discusión y lo brasileños, otra. Los paraguayos ya lo tienen resuelto.

. Existe una posición intermedia. Yo tengo un proyecto que sostiene la posición de las provincias; los parlamentarios de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, y de Capital Federal proponen el distrito único. Laura Montero, senadora por Mendoza, propone un proyecto intermedio, que es hacerlo por regiones. Este es el debate que tenemos que dar. Pero tenemos que abrir el camino para que los parlamentarios del Mercosur sean elegidos en forma directa.

Con respecto a la corte suprema, las cortes nacionales han tenido varios pronunciamientos y han avanzado bastante en el tema. El Parlamento del Mercosur apoyó, en alguna medida, con declaraciones, este trabajo que van realizando las cortes supremas. Ante el acuerdo político, presentamos un proyecto de recomendación creando una corte suprema del Mercosur, en la que trabajó muchísimo Perotti, el senador Eric Salum y yo, que somos los autores.

Este proyecto, en primer lugar, determina que se llama “Corte Suprema del Mercosur”, que es un órgano independiente, autónomo y autárquico; y que sus miembros establecen las formas de elegir a sus integrantes, siendo uno por país. Asimismo, contempla que, cuando sea un número par, se designe uno más, que lo elegirá la propia corte entre los propuestos por las cortes supremas de cada país, para lograr el desempate. En este caso, optamos por el sistema de que los miembros de la corte fueran seleccionados por las cortes supremas de cada país, buscando personas de máxima idoneidad, de mayor prestigio, y presentar una terna a cada uno de los países miembros. De esa terna, se tiene que elegir un titular y un suplente, por el procedimiento que cada país tiene —en el caso de Argentina, lo designa el presidente con acuerdo del Senado—, en base a esta terna que seleccionó la Corte Suprema.

El Protocolo Constitutivo de la Corte Suprema fue aprobado por el Parlamento del Mercosur el 13 diciembre de 2011.

Los miembros de la corte, como dije, tienen todas las características de independencia. Acá vale la pena hacer una reflexión. Nos cuesta muchísimo asumirlo y creo que la pasión latinoamericana nos lo hace más difícil, pero hay un buen modelo, que es el modelo de integración europeo, que a nosotros no nos cuesta tanto mirarlo, aceptarlo, estudiarlo y copiar las cosas buenas que tiene. Los parlamentarios son elegidos por los países, pero son parlamentarios europeos. Luego no actúan por países, sino por familias políticas. No hay una directa relación entre la decisión y el país que los ha elegido; hay, más vale, una afinidad ideológica. Y todo se maneja con mayorías especiales.

Otro tema que trató el acuerdo político fue que se debían modificar en los reglamentos las mayorías especiales. Usted hizo varias veces referencia a cómo se toma la decisión. Es todo un sistema de mayorías que impide que las decisiones importantes o trascendentes las pueda tomar un solo país o la alianza circunstancial de dos países. Es un sistema un poco más complejo, que nos da seguridad a todos de que existe realmente una mayoría importante para tomar una decisión importante.

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La recomendación tiene que ser aprobada por el Consejo del Mercado Común para que sea una norma del Mercosur. Seguramente, las cortes supremas lo están analizando o están elaborando su propio proyecto, o tal vez el Consejo del Mercado Común elabore el suyo propio. Lo importante de esto es que es un paso. Tenemos un instrumento.

Debo aclarar, además, que en el Parlamento estuvo estudiándose en la comisión durante más de un año. La norma se aprobó por unanimidad y no hubo absolutamente ninguna modificación, ni una coma, lo cual no sé si es bueno o malo. Creo que el significado es que todos vemos la necesidad de que exista una norma.

Me parece que es interesante analizar que se crean varias acciones con respecto a la competencia que tiene la corte, las cuales puedo desarrollar un poco, pero, por el auditorio que tenemos, me parece que con sólo mencionarlas vamos a tener una dimensión de lo que se trata: una acción de nulidad; una acción por omisión: cuando los órganos no toman la decisión que están obligados a tomar; una acción por incumplimiento; una función arbitral: las partes, los contratantes, los estados, los organismos pueden pedir un arbitraje y la corte actúa como árbitro; y una función laboral, para el tratamiento de los problemas laborales que se puedan suscitar entre el personal del Mercosur por cuestiones laborales o, también, cuestiones previsionales, porque empieza a plantearse la cuestión de qué jubilación tienen los empleados del Mercosur, qué derechos laborales tienen, cuáles son las salarios, cómo es la estabilidad, etcétera. Tal vez, en la dimensión del Mercosur sea poco importante, pero lo que es importante es que nos hace reflexionar sobre la necesidad de creación de normas supranacionales.

Cuando en una oportunidad en el Parlamento se trató un problema de un brote de aftosa que se había producido en Inglaterra, con mucha inteligencia, la delegación brasilera presentó un proyecto para que el Mercosur tomara medidas con respecto a Inglaterra, como suele ser a la recíproca cuando en cualquier país nuestro hay un brote de aftosa: inmediatamente, la Comunidad Europa toma medidas. Por supuesto, Inglaterra inmediatamente extinguió el foco, controló la situación y no hubo posibilidad de ninguna acción. Pero esto nos permitió crear una comisión y empezamos a avanzar. ¿Y qué descubrimos? Que el Mercosur tiene fondos importantes, yo diría enormes, para combatir la aftosa.

¿Hay un combate regional? Sí, hay un combate regional. Pero el Senasa de cada país actúa dentro de la jurisdicción de cada país. Entonces, ahí termina lo regional, porque no se compatibilizan las fechas de vacunación. Entonces, no podemos transportar el ganado en pie de Paraguay a la Argentina, porque no coinciden las fechas de vacunación, ya que no es el mismo tipo de vacuna; entonces, los animales no están inmunizados de la misma forma.

Si uno se pone a pensar en la producción de proteínas que hace el Mercosur, advierte que somos —si unimos todo el Mercosur— los principales productores de soja, de maíz, de trigo, de carne, de pescado, etcétera; o, por lo menos, somos importantísimos en el mercado, como región. Individualmente, nosotros, los argentinos, nos creíamos que éramos campeones del mundo. No somos más campeones del mundo. Nos ha superado Brasil, por ejemplo, en las carnes, y también Uruguay; y va camino a superarnos Paraguay. Pero no importa, porque tenemos potencial, y una circunstancia momentánea no nos impide mirar hacia el futuro.

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Entonces, ahí está la dimensión regional. ¿Por qué no tener normas que nos obliguen a tener una sanidad animal común y que el organismo responsable esté integrado por los Senasa de los cuatro países? Que tengamos, por ejemplo —en este caso es fácil verlo—, en el tema de la aftosa, una sola norma y que nos rijamos todos por ella; y que los inspectores no sean inspectores de esas normas para un país, sino que lo sean del Mercosur. Que podamos nosotros establecer acciones para controlar que en Paraguay o en otro país se controle determinado foco, y que ellos también tengan la posibilidad de controlar.

Creo que ese es el espíritu de la región. Ese es el espíritu que debe tener el Mercosur. Me parece que no lo logramos porque pretendemos que nuestra soberanía esté por encima de la soberanía de los otros. Si queremos tener una región, tenemos que ceder a que las normas y los organismos supranacionales, regionales existan.

Europa, en este sentido, en muchísimos años, ha avanzado una enormidad. Yo formo parte del EuroLat, que es un organismo parlamentario, que lo integran el Parlamento Europeo, 125 representantes del Parlamento Europeo y 125 representantes de los Parlamentos regionales de Latinoamérica. Está el Parlatino, el Parlasur, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Andino; es decir, completamos 125 representantes. Particularmente, soy representante por el Mercosur. Entonces, ahí tengo una dimensión. ¿Yo cuando estoy mirando lo que estamos tratando tengo que hacerlo como argentino o tengo que hacerlo, si soy representante del Mercosur, como Mercosur? Yo creo que tengo que mirarlo como Mercosur.

Entonces, la primera vez que fuimos, el presidente del Parlamento Europeo dijo una cosa de la que me sorprendí casi ingenuamente. El presidente del Parlamento Europeo al hablar de los problemas de la desertificación y demás dijo que el Mato Grosso, que la selva, no era de Brasil sino que era del mundo. Lo dijo, nada más, pero lo dijo. Luego advertí eso y la verdad es que yo tendría que haber dicho: “No, espere, nosotros pensamos que es de Brasil”. No lo hice porque la verdad es que no estaba espiritualmente preparado o no me imaginaba que eso iba a suceder, pero eso es lo que sucede. Entonces, cómo puede ser que las pequeñeces nuestras de las barreras arancelarias y de las pequeñas cosas no nos deje ver el mundo; cómo puede ser que el árbol no nos deje ver el bosque.

Me salgo del tema técnico, ustedes son especialistas así que no voy a hablar de los detalles de la Corte Suprema. Sí creo que les puedo transmitir algunas cosas importantes para reflexionar. El Mercosur está diseñado para los empresarios. Por eso quedamos trabados, porque se expresan los intereses de los empresarios y no de los pueblos.

Yo me acuerdo que cuando me dieron el pasaporte, arriba del pasaporte decía: “Mercosur”. En esa época yo iba a veranear a Punta del Este, entonces pensé: “Qué lindo, ahora voy a pasar a Uruguay sin ningún problema”. Pero no, cada vez que paso a Uruguay tengo que llenar dos papelitos y somos maltratados en la fila todos los ciudadanos, yo también. Cuando uno viaja a Europa, la primera entrada tiene que hacerla por Migraciones y luego circula por todos los países sin aduanas, sin migraciones; es decir, circula como un ciudadano que está en Europa. Esta es una gran diferencia. Ni contarles que entre las fronteras entre Paraguay y la Argentina, entre Asunción y Formosa, hay quince controles aduaneros y de migraciones. Quince. Quince veces tienen que mostrar los papelitos, porque el N°2 desconfía del N°1; el N°3

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desconfía del N°2, y nosotros desconfiamos de los quince. (Risas). Esta es la verdad. Entonces, fíjense ustedes lo que pasa si aplicamos lo de los lácteos. Si uno se

enferma en Brasil, va a concurrir al hospital, al sanatorio, a la clínica para que lo trate un médico, y ese médico de Brasil forma parte del Mercosur, tiene título del Mercosur. Incluso, podemos controlar sus estudios universitarios para saber si la calidad educativa es equivalente a la nuestra o a la de Uruguay o a la de Paraguay. Entonces, ¿no podríamos tener un convenio para que los títulos valgan? Yo sé que esto horroriza, pero nos horroriza mal porque un chico del primario o del secundario en un mundo globalizado vive otro mundo que el que vivíamos nosotros. Es decir, es totalmente diferente, y nosotros le ponemos barreras, controles y estructuras que no les permite crecer.

Debemos aspirar al Mercosur de los pueblos, al libre tránsito, a la libre circulación de mercadería y a tener una aduana común. Al respecto, estamos avanzando pero a pasos muy lentos. Es decir, son temas que seguramente con toda precisión el doctor Perotti nos va a transmitir. Los títulos universitarios y secundarios nos permitirían a los argentinos tener otro perfil. ¿Cuántos ingenieros necesita Brasil en los próximos diez años? ¿150.000 ingenieros? ¿No nos podríamos preparar nosotros para preparar a los líderes? Sí, los podemos preparar. Nuestras universidades están en condiciones de prepararlos. ¿Tenemos jóvenes que quieren estudiar? Sí, tenemos los jóvenes que quieren estudiar. ¿Qué necesitamos? Tener la decisión política y la dimensión de lo que estamos tratando.

Por último, quiero hacer una breve reflexión respecto de Venezuela. A mí me costó mucho votar en el Senado el acuerdo con Venezuela; la verdad es que me costó mucho votar a favor, por razones creo que fundadas. Finalmente voté a favor, pero estaba con un dilema interior respecto de cómo había votado.

En el Parlamento del Mercosur, la Delegación Venezolana, que ya había firmado, porque se había firmado con los presidentes el acuerdo para que ingresara Venezuela ––faltaba la aprobación de los países, salvo la Argentina y Uruguay que lo había aprobado–– se sentaba con voz pero sin voto.

Al principio hubo grandes discusiones, porque había un sector de parlamentarios uruguayos que tenían una muy fuerte discrepancia con Venezuela, y el oficialismo venezolano hacía alarde de la política del presidente Chávez. Entonces, se producían debates, discusiones y gritos que llamaban la atención.

Poco a poco fui advirtiendo que, más allá de sus representantes y más allá de las personas, nosotros teníamos sentado allí a otro país y que Venezuela necesita de los alimentos que provee todo el Mercosur y nosotros necesitamos de la energía que tiene Venezuela. Entonces, como países complementarios, más allá de los circunstanciales gobiernos, parecería que es conveniente que Venezuela esté. Ahora bien, discrepo que opinemos sobre el procedimiento de destitución del presidente paraguayo por no oír al acusado, pero resulta que nosotros decidimos motu proprio suspender a Paraguay sin escucharlo e incorporar a Venezuela pasando por encima de Paraguay.

Entonces, a mí me parece que acá tenemos una incoherencia. Si yo hoy pudiera, le pediría a Paraguay que apruebe a Venezuela porque nos conviene a todos, dado que el mercado va a ser más grande, las posibilidades van a ser más grandes, más allá de los personajes. Pero lo debemos cumplir aferrándonos al Derecho, a la Constitución, a la ley.

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En este lugar, creo que corresponde que finalice mi discurso diciendo que una Corte Suprema significa dar seguridad jurídica a los pueblos, a las partes, a los Estados, a los que están fuera de la región, a todos. La Corte, cuya recomendación fue aprobada, también establece que la competencia de la Corte es exclusiva para los problemas del Mercosur. Ningún miembro del Mercosur puede ir a buscar otro tribunal. Por ejemplo, ante el conflicto con las papeleras, no podríamos haber recurrido a la Corte de La Haya. Yo no sé si Paraguay ahora no está buscando ir a la Corte de La Haya para discutir el tema. Si tuviéramos la Corte, esto lo discutiríamos allí. Va a ser nuestra decisión; vamos a lavar nuestros sucios dentro del Mercosur.

Me parece que estamos hablando de temas importantes. Seguridad jurídica, porque es lo que asegura a los inversores, a todos los ciudadanos, asegura la libertad, los derechos humanos y la democracia. Es decir, son valores que tenemos que apreciar enormemente y para ello tenemos que tener una custodia, y tener un Tribunal Supremo que lo resuelva me parece que es bueno.

Voy a terminar con lo que empecé, igual que la doctora. Para los problemas del Mercosur, hay que pensar en más Mercosur. Este es el momento para reflexionar. Tenemos que aprovechar esta crisis para fortalecer al Mercosur, para animarnos a dar los pasos que no se dan, para romper los papelitos que no sé para qué colecciona Uruguay y la Argentina, porque cuando necesitábamos saber si Yabrán había ido o no al Uruguay, nunca se encontró el papelito. Entonces, ¿para qué sirve el papelito que llenamos con tanto esmero? Se llenan piezas de papelitos, y es imposible localizarlos porque el tránsito es enorme.

Entonces, me parece a mí que son todas barreras que justifican burocracias. Yo entiendo que las oficinas de Migraciones perderían algunos empleados, pero podrían transformarse en empleados más útiles para cada uno de los países. Esto no va en contra de los empleados de Migraciones, porque es una necesidad superar esa barrera para que podamos transitar libremente y ejercer nuestra profesión y oficio.

Fíjense que sobre la aceptación de inmigrantes, de trabajadores, en el Tratado del Mercosur los requisitos son superiores a los requisitos que tiene la Argentina. Entonces, un senador del Mercosur tiene menos posibilidades de radicarse en la Argentina por el Tratado del Mercosur que un ciudadano que no es del Mercosur. Esto está mal. Cuando tenemos el derecho regional comunitario, se aplica la norma del derecho comunitario o la más favorable para el ciudadano. Si un ciudadano portugués está viviendo en Alemania, elige el derecho que más le conviene cuando hay una disputa. Ese es el beneficio que tiene el ciudadano. Si no, se transforma solamente en un beneficio para algunos negocios o para algunos empresarios, que también es bueno que lo tengan y que también lo tenemos que defender, pero no es lo exclusivo ni lo excluyente.

Dije que iba a finalizar, entonces, ahora finalizo. A los problemas del Mercosur, más Mercosur. Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Montero. –– La verdad es que estoy cada vez más contenta de estar llevando a cabo estas jornadas porque me parece que vamos a poder sacar muchísimas conclusiones, y muy útiles, con este cruce de la mirada académica y de la mirada política ––y a veces pragmática–– basada sobre hechos concretos.

Voy a ir retomando los puntos más sobresalientes que expresó cada uno de los oradores anteriores, fundamentalmente, la frase de inicio, es decir, “no hay destino de grandeza en soledad”.

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Adolfo estaba diciendo y Silvina nos pidió que más o menos mencionáramos cuáles eran las distintas iniciativas que había para llegar a esa elección. Creo que nos vamos a poner de acuerdo, Adolfo, porque el principio que queremos defender es un principio federal. O sea, queremos que estén representadas las provincias, más allá de las distintas corrientes políticas, que veremos cómo se hace la integración de esas listas. Por supuesto queremos que esa integración de las listas de parlamentarios a futuro que haya que elegir para el Mercosur sea con una fuerte representación de las provincias en un sentido federal. ¿Por qué digo esto? Y lo uno a otro de los problemas que tenemos de la integración, porque así como tenemos asimetrías entre los países también las hay dentro de cada país, que son las que a veces han puesto trabas operativas.

Entonces, es necesario que la visión de cada una de las provincias con sus particularidades económicas, sociales, culturales, esté reflejada en el parlamento del Mercosur para posiblemente viabilizar los problemas que surgen de las distintas asimetrías que tenemos en los procesos de integración.

Yo conté el caso del sector vitivinícola con el sector de Río Grande. Es bueno que esté en la discusión política del parlamento con los representantes de cada una de esas regiones –si es que están– poder discutir estas cosas. Porque ¿qué pasaría si armáramos un sistema nacional donde en la lista los que quedan seleccionados son todos de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué pasa con las otras problemáticas regionales? Por lo tanto, creo que en función a cada problema una solución con un instrumento que sea adecuado para dar los resultados a los problemas que se tienen que abordar. Por eso entiendo que la mirada tiene que ser federal, fundamentalmente para que nosotros podamos de esta manera integrar las distintas regiones con una dinámica distinta, tratando de vencer las asimetrías y provocar procesos de integración inteligentes; y lo llevo a un ejemplo concreto de armado de redes productivas.

Más adelante veremos todas las trabas que hay. Hasta ahora el sistema se basa en trabas. Yo contaba el cupo de los vinos, pero ¿qué pasa si nosotros pensamos en esta asociación de redes productivas donde después el rol del Mercosur como entidad institucional y política, que va a dictar reglas de juego, trata una serie de estrategias de apoyo a esa formación de redes productivas? Allí se podría estar hablando de la integración energética para dar viabilidad a un proceso de autoabastecimiento regional, potenciando todos nuestros recursos productivos. Se podría estar hablando de un sistema logístico que potenciara todo el corredor bioceánico y la vinculación entre el Atlántico y el Pacífico para poder salir a todos los destinos. Se podría estar hablando de un sistema de financiamiento conjunto a los sectores productivos. Se podría estar hablando de un sistema de intercambio científico–tecnológico de recursos humanos. Se podría estar hablando de un sistema de estímulo a la innovación. Se podría estar hablando de un sistema organizado de promoción para el desarrollo de inversiones conjunto. Se podría estar hablando de un banco que avalara todo este tipo de cosas, y romperíamos un montón de déficit que hay a través de pensarnos de una manera mucho más inteligente y no desde las trabas, sino de un proceso de creación inteligente para buscar una asociación efectiva que pueda ir a abordar estos desafíos que tenemos.

Entonces, por eso digo que el Parlamento tiene que ser pensado en un ámbito de representación federal, justamente porque tiene todas estas connotaciones, que son las trabas que actualmente tenemos. Y lo he llevado a estos ejemplos concretos para que se pueda visualizar mejor.

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El último tema que quiero tratar con respecto a la situación del parlamento hoy es el siguiente. El Parlamento tiene su protocolo, que es bastante reglamentarista y que podríamos haber seguido. Y si hubiéramos seguido, seguramente estaríamos funcionando como un órgano legislativo de peso que pudiera estar dirimiendo y sobre todo legislando para dar normas de funcionamiento básicas para ser respetadas por todos. Estamos lejos de eso. O sea, estamos sinceramente lejos de eso. En primera instancia, no hemos logrado esas representaciones democráticas. O sea, ya se nos vencieron los términos. Esperemos que ya para 2013, como dijo la presidenta, por lo menos en la Argentina tengamos estas elecciones. No hemos logrado funcionar con una dinámica. Por otro lado, cuando hemos logrado funcionar, vamos y sacamos resoluciones. No sacamos leyes, sacamos resoluciones que tienen una validez de una declaración política. Pero no es una norma que después tenga que ser acatada por todos los países miembros. Por lo tanto, yo creo que nosotros debemos llegar a esta sanción de normas.

Ya casi para terminar, una cuestión que a mí me parece bastante relevante que se da con el ejemplo de lo que ha pasado en esta última sesión, y que justamente pone dónde está el Mercosur, cuál es su rol y cómo debería estar funcionando en determinados momentos. En esta cumbre del Mercosur –que creo que dejó gusto a muy poco y que tampoco se abocó a los temas que se tenía que abocar–, recuerdo que el gran planteo era cómo nos íbamos a defender de la crisis, que se nos venía el mundo encima –para mí no es tan así–. De esto, ¿ustedes vieron alguna declaración? Yo sinceramente lo único que vi fue una pelea entre la secretaria de Comercio Exterior brasilera con la Argentina, y fue lo que salió en el diario. Tuve la posibilidad de tener una reunión previa y debo decir que Tatiana Prazeres, secretaria de Comercio Exterior brasilera, tenía muy buena predisposición, pero evidentemente no pudieron llegar a ningún resultado. Así que dejó gusto a muy poco. Pero nosotros previamente acá habíamos hecho una sesión para hacer una declaración con respecto a lo que había pasado en Paraguay. Es decir, no estábamos de acuerdo con el procedimiento, con no dar la instancia de un juicio justo, de un derecho a defensa. Pero pusimos en el proyecto de comunicación, que votamos ese lunes, que diéramos la posibilidad a los parlamentarios del Mercosur, dentro de un ámbito de discusión política, de avanzar con el proceso para tratar la problemática de Paraguay, pero siguiendo con el fortalecimiento de las relaciones del Mercosur.

Debo decir que desafortunadamente ayer tuve que plantear una acción de privilegio, que por suerte fue acompañada por el senador Rodríguez Saá, porque se nos había bajado la delegación diciendo que se había suspendido la sesión programada para el lunes del parlamento del Mercosur siendo que en principio se habían empezado los trámites para que fuera toda la delegación. No sabemos quién graciosamente puede tomar semejante decisión, pero no puede haber semejante intromisión del Poder Ejecutivo, avasallando el régimen institucional y además los derechos y las responsabilidades que tenemos los parlamentarios del Mercosur. Puse este ejemplo para poner en valor lo que a mí criterio significa el parlamento del Mercosur. El parlamento del Mercosur debe perfeccionarse, porque lo que se previó cuando se dio la instancia de formación del Mercosur fue casi un sistema republicano de pesos y contrapesos con todas sus instituciones previstas, y hoy están funcionando mal.

Entonces, estos son nuestros futuros desafíos. Cierro diciendo que estoy totalmente de acuerdo con Adolfo en que para dar las

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respuestas al Mercosur tenemos que insistir con más Mercosur, con mucho más funcionamiento de las instituciones del Mercosur, y que además nadie puede deslindarse de sus responsabilidades. Porque somos artífices de nuestro propio destino. Yo tendré que cumplir, tratando de hacer visibles las cosas que están pasando en el parlamento argentino, mi responsabilidad. Si no, estaré fracasando en mi misión y en este destino colectivo, que creo que es imprescindible abordar, porque evidentemente en soledad no se llega a ningún lado.

Muchas gracias (Aplausos.). Sr. Perotti. – Buenas tardes.

Yo soy muy democrático, pero el tiempo es tirano, así que me voy a autorregular. No quisiera hacer algo de protocolo, pero tengo que agradecer, porque es de buen nacido ser agradecido, a la profesora Silvina Barón Knoll. Digo esto, primero, por la honra de invitarme; segundo, por invitarme a la casa del federalismo, ya que soy un hombre del interior y amo el Senado de la Nación; y tercero por la honra de convidarme a participar en un panel con dos senadores de la Nación y en compañía de la profesora Sandra Negro.

Por otra parte, quisiera destacar algunas cuestiones. Primero, felicitar y declarar mi orgullo público al senador Rodríguez Saá y al parlamentario Eric Salum. Ustedes podrán pensar que se presentó el proyecto de corte, pero déjenme decirles que ese año que estuvo analizándose en el Senado no estuvo durmiendo en un cajón; fueron arduas negociaciones. Y aquí hay que destacar la férrea defensa que hizo el parlamentario Eric Salum, porque como paraguayo entendió algo que es muy simple y que nosotros enseñamos en la universidad: hay un día en que un rico es igual a un pobre y un país grande es igual a un país rico, y ese día es cuando se está frente a un juez. Porque ahí no gana Brasil aunque tenga el Producto Bruto Interno cien veces mayor que Uruguay, sino que gana Brasil si tiene derecho.

Entonces, la única forma que tenía Paraguay de saber que no le van a vender de nuevo espejitos de colores sobre la libre circulación de mercaderías, como le vendimos en el año 91 con el Tratado de Asunción, es frente a una corte de justicia, permanente, jurisdiccional y autónoma. Entonces, la negociación del protocolo de la corte fue una negociación muy ardua. Y eso acredita a que el parlamento del Mercosur ha venido a colocar en la agenda temas que el Mercosur clásico no trata, que son los temas institucionales en serio, no si la Secretaría saca fotocopias y le decimos que nos haga algunos trabajitos. Hablar del Mercosur en serio, y esto implica derechos para los ciudadanos. El órgano que reconoce o garantiza los derechos de los ciudadanos son los jueces, nos guste o no. Pero hasta que alguien invente un sistema mejor que los republicanos, el que garantiza los derechos de las personas son los jueces.

Cuando hablamos del Mercosur no tenemos que pensar en el presidente Mujica, la presidente Vilma, la presidente Cristina o el presidente –entre comillas– Franco o el presidente Lugo, tenemos que pensar en personas de carne y hueso. Si el señor de Paraguay no le vende al señor argentino, si el alumno brasileño no viene a estudiar a Uruguay; el Mercosur existe. Entonces, el Mercosur es gente de carne y hueso. Y cuando hablamos de restricciones, es un señor que no puede vender sus aceitunas, y ese señor, por ejemplo Nucete, tiene que despedir gente que queda sin trabajo. El Mercosur es de carne y hueso también.

En segundo lugar, también felicito a la senadora Montero por lo siguiente. Acá

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no se difundió mucho en los medios, pero hace dos semanas hubo una audiencia pública en el Senado federal brasileño sobre las restricciones argentinas, no sobre el Mercosur, sino sobre las restricciones. Y al día siguiente el Senado brasileño, que convocó a legisladores brasileños en su sede Rio Grande do Sul, llevó a legisladores argentinos. Y la senadora Montero, que no es parte del oficialismo, fue –y perdonen el criollismo– a poner la cara por la Argentina, a tener que explicarle a los brasileños por qué restringimos, a veces tener que explicar algo que es inexplicable o injustificable. Así que mis felicitaciones.

Esto de la libre circulación de las mercaderías en el Mercosur es como el Derecho Penal. ¿Existe el derecho a la vida? Obviamente que existe. ¿Existen los homicidios prohibidos por el Código Penal? Existe. Va a seguir existiendo el derecho a la vida, van a seguir existiendo los homicidios. Va a seguir existiendo la libre circulación de mercaderías, pregonada por el Tratado de Asunción y van a seguir existiendo barreras. Pero barreras también hay en Europa. Hay que saber convivir con las barreras. El día que no haya barreras en la frontera es porque no hay comercio. Las barreras son como la fiebre, quieren decir que algo pasa.

El problema del Mercosur, que no lo tienen los europeos, a pesar de que tienen barreras, es que no sabemos cómo solucionarlo. Entonces, las restricciones al Mercosur son como un estornudo. Si uno no toma un antigripal, ese estornudo se transforma en un resfrío. Si sigo sin tratarme, ese resfrío se transforma en una pulmonía, y si sigo sin tratarme voy a ir a contar las llaves con San Pedro. Eso está pasando en el Mercosur: teníamos pequeños problemas que al no tratarlos se hicieron grandes. Y ahora ya empieza la ley del talión, porque esto lo podemos ver hasta en el barrio donde vivimos. Si yo no compro, no me van a comprar. Es imposible querer que el mundo me compre soja, ganado, valor agregado, semillas y yo no comprarle nada al mundo. Eso no es de recibo.

Entonces, si yo trabo, tarde o temprano me van a trabar. Y van a terminar pagando el costo sectores industriales que dan valor agregado y que tienen posibilidad de competir. Y en un mundo donde sobra la oferta, donde no puedo garantizar previsibilidad en las entregas, sucede lo que ocurre actualmente. Siguiendo con el ejemplo de las aceitunas, el señor que compra aceitunas en Brasil va a empezar a buscar las aceitunas que vienen de Grecia o de Italia. ¿Por qué? Porque el señor de Italia o de Grecia me puede dar previsibilidad en las entregas.

Lamentablemente nuestro país desde hace un par de tiempo ha tenido una política restrictiva de las importaciones y de las exportaciones. Son varias las medidas, pero dos son las que han concitado la atención de la prensa y de los empresarios. En primer lugar, las famosas licencias no automáticas de importación. Para que ustedes tengan una idea, todos los productos susceptibles del comercio se colocan en un nomenclador, que tiene nueve mil posiciones; o sea, hay nueve mil productos susceptibles del comercio, así se clasifican.

La Argentina había comenzado a aplicar, sobre esas nueve mil, seiscientas posiciones que requerían una licencia. ¿Qué es una licencia? Es un permiso para poder importar. Pero claro, hay un acuerdo de la OMS que establece cómo es el procedimiento para obtener la licencia y el plazo máximo que tiene el país para concederme o no la licencia. Pero como somos criollos y vivimos mucho de la viveza criolla, inventamos un pedido previo; es decir, antes de pedir la licencia nos exigían un procedimiento previo,

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que es lo que se denomina en la jerga empresarial: inscripción para poder pedir licencia, que esto podía demorar de dos a tres meses.

Una vez aceptada mi inscripción –tenía que presentar unos papeles con ciertos requisitos– viene el pedido formal de licencia, donde tengo que declarar a quién le compro, cuánto le compro, en qué barco va a venir, cuándo más o menos va a venir. Una vez que pido esa licencia, duerme el sueño de los inmortales porque depende de la discrecionalidad de un funcionario que esa licencia salga o no. ¿Qué ha pasado en la práctica? Las empresas prefieren no pelearse con el Estado, es decir, no ir a juicio. Uno va al abogado como cuando uno va al odontólogo, es decir, cuando ya no puede más del dolor de muela. ¿Qué ha pasado? No ha habido posibilidad de que las empresas soporten los altos costos, porque no tener aprobada una licencia implica tener la mercadería en la Aduana esperando que den la licencia. Es como comprar un auto 0 kilómetro, lo pongo en un garaje; y cuando lo quiero ir a sacar, no me dan la autorización y estoy pagando todos los días un día más de garaje. Entonces, las empresas han ido a la justicia. La justicia ha estado a la altura de los tiempos y todas las presentaciones judiciales han salido a favor de medidas cautelares concediendo la importación sin licencia.

Con el cambio de año hemos universalizado esta especie de mecanismo parancelario a través de un nuevo artilugio, que son las famosas DJAI, que se refieren a productos. Pero ya inventamos los espejos en servicio, que son las DJAS, declaraciones juradas anticipadas. Básicamente, ¿qué significa esto? Esto se aplica para todo lo que yo quiero traer del mundo. Antes de poder pagar la importación, tengo que entrar en una base de datos de la AFIP y cargar ciertos datos sobre el producto. Datos como quién me va a vender, en qué plazo, cómo le voy a pagar, qué cantidad le voy a pagar, domicilio del comprador, domicilio del vendedor, qué cantidad voy a traer, en qué barco lo voy a traer, cuál es el país de origen, cuál es el país de procedencia, cuándo va a llegar la mercadería.

Con esa información, la AFIP la pone a disposición de todos los organismos del Estado que quieran participar. Por lo general, los organismos son ANMAT, SEDRONAR y la famosa Secretaría de Comercio Interior. Esos organismos tienen diez días para oponerse o no. Es decir, para aprobar esa compra futura del importador o no aprobarla, que se denomina “observarla”. Por lo general, en el 99 por ciento de los casos de las observaciones, más o menos estamos hablando de un 50 a 60 por ciento de DJAI observadas. Las observaciones casi en todos los casos provienen de la Secretaría de Comercio Interior. A mí me aparece en la página, cuando yo hago el seguimiento de la DJAI que solicito, una leyenda que dice “observada” y el organismo que la observa. Pero no tengo reglamentado cómo levantar esa observación, qué plazo tienen para contestarme; es decir, es una prohibición de facto, porque no está reglamentada ni regulada. Y se ha creado en los hechos una especie de procedimiento que no está reglado ni tiene base legal, por el cual a cambio de una información que la empresa presenta, a veces información reservada, como lista de precios, evolución de los precios, listas de importaciones, lista de exportaciones, proveedores, son temas delicados, en ocasiones se destraba eso.

En la siguiente diapositiva observamos qué es la fotografía de lo que está pasando. ¿Qué se puede hacer? Porque mi intervención era qué puede hacer el exportador, y ya vamos a ver por qué me refiero al exportador de afuera que no puede

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traer productos aquí y no me refiero al importador. Empecemos por el día uno del Mercosur, que es el Tratado de Asunción, en su artículo 1°. Muchos podrían decir que el Tratado de Asunción se hizo en la década del 90, con el neoliberalismo, etcétera. Señores: el Tratado de Roma, que creó la comunidad económica europea, en el año 57, en materia de libre circulación de mercaderías no se ha modificado. Y miren si los europeos han atravesado crisis en estos más de cincuenta años.

Entonces la filosofía política en el momento en que se negoció el Tratado de Asunción no justifica los incumplimientos. De una vez por todas el hecho de que seamos latinoamericanos no nos exime de cumplir las reglas. Porque hay cosas que los latinoamericanos cumplimos, por ejemplo, cuando vamos a tomar un avión. Sabemos que si no estamos en Ezeiza a tal hora, el avión se va. Entonces, cuando nos duele y sabemos que la consecuencia del incumplimiento trae sanciones, cumplimos. Entonces, hay que empezar a cumplir lo que ya está.

Acá no se trata de modificar el Mercosur. Obviamente que comparto la idea desde ya de crear una corte de justicia del Mercosur, pero hoy lo que está pasando es que los productos no pueden salir. El Tratado de Asunción dice que se van a eliminar a tal fecha, 1° de enero de 1999, dos tipos de barreras, que son las que yo tengo que pagar para salir o entrar, las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias. ¿Qué es una barrera no arancelaria? Es cualquier medida, de cualquier naturaleza, adoptada por cualquier autoridad pública que me dificulta el ingreso o el egreso de mercadería de un país del Mercosur hacia otro país del Mercosur.

O sea, puede ser desde una prohibición absoluta, por ejemplo, la Argentina prohíbe la importación de neumáticos remoldeados hasta –les pongo el ejemplo más absurdo– piensen ustedes que mañana el señor que trabaja en la Aduana de Paso de los Libres, se olvidó de barrer y quedó un granito de arena, que hace más difícil el paso del camión. ¿Dificulta? Sí, dificulta. Bueno, entre esos dos extremos, todo lo que está adentro es una medida prohibida por el Tratado de Asunción. O sea que las licencias o las DJAIS caen de cajón.

Lo único que los países pueden restringir es cuando –así está en el Tratado de Asunción, que remite al Tratado de Montevideo– el país dice voy a defender la salud pública, la moralidad pública, la salud de los animales, vegetales y personas, o regular el comercio del material nuclear o material cultural, o regular el comercio de material precioso –minerales, metales–; el resto está prohibido.

Volvemos al comienzo. Esto es como el derecho penal, que exista el derecho no significa que ese derecho no se viole. Ahora bien, está en la gente protestar o no protestar. Aquí muchas veces pretendemos echarle la culpa al Mercosur de lo que hacen los gobiernos. Esta es una culpa compartida, porque si el que tiene derecho a reclamar no lo hace, no le pidamos todo al gobierno.

La Aduana va a seguir existiendo. Las barreras siempre van a estar. Pero entonces, ¿qué se puede hacer? Los abogados decimos que no existe técnicamente un derecho si no tengo una herramienta para hacer valer ese derecho. Fíjense que en la Constitución Nacional la parte dogmática son declaraciones, derechos y garantías; es decir, los derechos que tengo como ciudadano argentino y las garantías procesales que tengo para hacer valer esos derechos. Es la parte nuclear y fundamental de la Constitución.

El Mercosur tiene también una especie de garantías. ¿Qué puede hacer con las

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licencias o las DJAI? Estamos hablando acá del Mercosur, y éste crea derechos. Muchas de esas normas, como el Tratado de Asunción, están vigentes. Y se suele aplicar por los tribunales, más de lo que uno llega a pensar. Piensen ustedes que anualmente hay trescientas sentencias de jueces de distintas instancias en los cuatro países que mencionan normas del Mercosur; a veces las aplican bien, otras pésimo, pero hay un Mercosur judicial. ¿Qué puede hacer entonces? ¿Qué puede hacer un importador que no puede traer productos de Paraguay? que es un problema que tenemos con textiles, por ejemplo. ¿Qué puede hacer un importador? Obviamente, ir a la justicia Argentina ante el juzgado con competencia ante la autoridad que no le concede la licencia, en el caso argentino por ejemplo el juzgado contencioso administrativo de turno, y pedir que en base al Tratado de Asunción se le exima de licencias.

Obviamente, no hay un sistema del Mercosur, porque el protocolo de Olivos está pensado para demandas entre países. Entonces, no es lógico que yo vaya a la cancillería Argentina para que la República Argentina se autodenuncie en el Mercosur. No me garantiza nada el sistema clásico del Mercosur. Entonces tengo que ir ante el juez nacional. Lo que sucede es que el importador sigue viviendo en la Argentina. Entonces, estas empresas tienen temor a las represalias. Además, a veces las empresas no tienen todo en regla y saben que ante una inspección no van a poder cumplir con todos los requisitos. El importador prefiere soportar la restricción. Pero siempre que tenemos una operación de comercio exterior tenemos un señor que vende y un señor que compra: el importador y el exportador. El exportador queda preso, porque el señor afectado que es el importador en la Argentina, en este caso, no actúa tal vez, por temor porque no quiere pelearse con el Estado. ¿Qué es lo que puede hacer este exportador paraguayo, siguiendo con el ejemplo? Primero puede plantear su caso en la cancillería de su país. Eso está previsto en el Protocolo de Olivos. Pero es una solución política muy delicada, sobre todo cuando el problema es entre países grandes y pequeños. El país pequeño no quiere pelear con el país grande, porque si se pelea por los textiles, la energía nunca va a ir de Paraguay a Uruguay. O, en el caso uruguayo-argentino, Pluna no podría viajar a Tierra del Fuego; entre los países el tamaño también importa. Cuando la pelea es desigual la solución del Protocolo de Olivos para la pelea de países no es políticamente agresiva para los países pequeños. Por eso es que cuando estaba el presidente Lugo o el propio presidente Mujica han venido a Buenos Aires a pedir que le liberen las licencias. Teniendo derecho a protestar, prefieren no pelear porque saben que las represalias pueden ser por otro sector. Otra opción que tiene el exportador es que la cancillería, sin llegar a un juicio contra la Argentina, plantee esto en la Comisión de Comercio que se reúne todos los meses en el marco del Mercosur. Una de los temas de agenda de la Comisión de Comercio son las consultas que un país le hace al otro. Entonces, cuando sabemos que un país está violando el derecho del Mercosur, antes de acusarlo le pedimos que nos explique cuál es la base legal para aplicar aquella medida que haya aplicado. Esto va en consulta y la Comisión hace el seguimiento, el país consultado responde y así sucesivamente. De hecho, el tema de licencias, pero a la inversa del ejemplo, es decir, un tema de licencia con Paraguay que Argentina planteó en la Comisión de Comercio. Otra opción interesante es en el Tratado de Asunción cuando dice que los estados no van a crear restricciones, y las restricciones son cualquier medida que

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dificulte el ingreso o el egreso y cualquier medida unilateral de un Estado, está creando obligaciones a los estados. Y siempre que hay un obligado, en derecho, hay un facultado. Es como el imán que no tiene un positivo sin un negativo; en derecho no hay una obligación sin un derecho. Entonces, cuando el Tratado de Asunción obliga a los países alguien le da derecho a reclamar cuando los países hacen eso que no pueden hacer. Y así como le da derecho al importador que no puede importar, también le da derecho al exportador. Entonces, el exportador de otro país del Mercosur –sigamos con el ejemplo del textilero paraguayo–, invocando el Tratado del Asunción que en la Argentina, además de ser ley, tiene, por la Constitución Nacional, jerarquía superior a las leyes, lo único que me puede impedir aplicar el Tratado de Asunción es que se declare inconstitucional, cosa que no va a pasar; cabe que invoque el Tratado de Asunción y acredito que tengo ese derecho y un perjuicio, puedo invocarlo ante un juez. Ese exportador de Paraguay lo puede hacer, pero también estoy pensando en el exportador mendocino que no puede exportar sus aceitunas porque Brasil no le da la licencia. También puede ir directamente al juez brasileño. Necesita, simplemente, darle un poder a un abogado del país. Las normas del Mercosur, para garantizar la igualdad entre los ciudadanos ha eliminado y prohibido la excepción de arraigo, que es cada vez que voy a demandar en una jurisdicción, por ejemplo esto sucede en algunas provincias argentinas. Por ejemplo: soy entrerriano y quiero demandar a un jujeño. Si no tengo bienes en Jujuy, el abogado del jujeño va a decir “señor juez: dígale a ese entrerriano que si no tiene bienes acá, ¿con qué me va a pagar? Que me garantice de alguna manera. Que traiga un aval bancario o haga una hipoteca. Está prohibido por razones de nacionalidad exigir arraigo. Entonces, puede venir un señor de Brasil, que vive en el Amazonas, a 10 mil kilómetros de Buenos Aires a demandar a un argentino, y no tiene que garantizar nada.

Es también posible lo siguiente: tengo un juicio, un señor demanda al Estado y hasta puedo crear un caso. El exportador y el importador tienen que hacer un convenio para hacer la compra venta internacional. Las normas del Mercosur le permiten a estas dos partes elegir qué juez va a intervenir si hay un problema entre ellos. Pueden elegir. Se hace una compra venta entre nosotros la jurisdicción va a ser tal. Para inventar el caso, suponemos la jurisdicción se pone en Paraguay, esta es una regla entre los dos. El paraguayo quiere vender los productos, el argentino dice que no lo puede pagar porque no obtuvo la licencia, el paraguayo va a decir que está violando el contrato comercial, pagame y del problema quejate en tu país. El argentino le dice no te pago. Entonces, hacemos un juicio en Paraguay. La defensa del argentino será licencias que exige el Estado argentino. ¿El paraguayo viola el tratado argentino? ¿Qué podemos hacer? Señor juez del Paraguay pregúntele al Tribunal del Mercosur. Entonces, a través de una opinión consultiva que es un mecanismo que permite a cualquier juez, de cualquier jurisdicción, de cualquier país dirigirse al Tribunal del Mercosur para que el tribunal lo interprete tal o cual acto de un Estado parte viola o no el tratado internacional. Fíjense cómo un juez paraguayo, en un juicio entre particulares puede encausar o llevar el caso al Tribunal del Mercosur para que el Tribunal del Mercosur diga si las medidas argentinas o las licencias son compatibles con los tratados. En tema de licencias, la jurisprudencia de los tribunales argentinos ya es unánime, han reconocido que violan las normas de la OMC. Todavía no se han alegado violaciones a las normas del Mercosur porque esa es otra cuestión que tenemos en

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nuestros países, el derecho del Mercosur es desconocido por los abogados y por los jueces, ni hablar. Entonces, los abogados que litigan en el fuero aduanero o en el Comercio Internacional alegan normas de la OMC, cuando mucho más beneficiosas son las normas del Mercosur, pero es por desconocimiento. El tema de DEJAI ha empezado a dar los primeros pasos a favor de algunos y en contra de otros sobre si la DEJAI se exige o no se exige. Pero si las licencias violan el ordenamiento, las DEJAI violan todos los derechos. No sólo el derecho internacional sino las constituciones de los estados. Para culminar voy a expresar tres o cuatro conclusiones. Primero: no hay ninguna posibilidad de que el proceso se consolide si no judicializamos los conflictos comerciales. Acá empiezo a hacer defensa de los servicios de abogados que vendo. Pero en ningún proceso de integración las controversias se arreglan entre presidentes. Los presidentes están para adoptar otras decisiones estratégicas, no para decidir si la papa entra o si los zapatos entran. La diplomacia presidencial no es eficaz y es anti federal y anti democrática. Lo único que puede mover a los presidentes son las grandes empresas. Pero los pequeños productores regionales no tienen acceso a la Casa Rosada. Entonces, es antidemocrática y antifederal. Tercero, cualquier afectado puede ir a los tribunales nacionales. Siempre que uno litigue e invoque normas del Mercosur, tiene que tener un link directo de presentación judicial que es: “pregúntenle al tribunal del Mercosur”. Porque todos los fallos que hoy citaba el senador Adolfo Rodríguez Saá y los principales fallos del derecho europeo se hacía porque el tribunal de justicia respondía preguntas de los jueces. Preguntas muy simples. Alguno de mis alumnos recordará el caso Costa contra AM fue el principal caso europeo. ¿Saben cuál era la suma de dinero? Seis dólares. Y, finalmente, quiero decir algo sobre lo que pasó o no pasó en la Cumbre de Mendoza a pedido de Cristina. Punto 1: la situación de Paraguay que no creo que sea considerado un golpe de Estado, sino un quiebre institucional, del orden democrático. Porque si bien el juicio político está reglado en la Constitución paraguaya, también lo está el debido proceso y el derecho de defensa. Con respecto al tema del Parlamento del Mercosur y los legisladores paraguayos, adelanto que creo que la resolución de los presidentes de los estados parte del Mercosur no obliga al Parlamento del Mercosur. Y me parece que los anteojos se ve a Paraguay como Estado a su suspensión en los fueros decisorios no es el mismo con el que hay que mirar a los representantes paraguayos en el Parlamento del Mercosur. Porque los parlamentarios uruguayos no representan a los gobiernos. De hecho, ni siquiera los demás parlamentarios representan a los gobiernos, sino que representan a los pueblos, esto está en el protocolo. Y, además, no tienen instrucción ni mandato de ningún gobierno.

Y, en tercer lugar está el ingreso de Venezuela. Tengo mi posición con respecto al ingreso de Venezuela. Creo que le hace bien al proceso de integración. Cuantos más países seamos en el Mercosur, cumpliendo mínimos requisitos, más se licúa el poder de los grandes y menos diferencias va a haber entre los grandes que hay en el Mercosur y el resto.

Pero, obviamente, no estoy de acuerdo desde el punto de vista jurídico, en cuanto a la aprobación por los presidentes. Los presidentes, por más presidentes que sean, no tienen la facultad de modificar el Tratado de Asunción que exige la decisión unánime de

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todos los países. Y la suspensión de un país no significa la expulsión. Paraguay sigue siendo miembro del Mercosur con todos los derechos que eso implica. Lo que hay que debatir es qué pasará con las normas del Mercosur, ya aprobadas en las reuniones de las cuales el Paraguay no ha participado. Muchas gracias. Sra. Montero. – Muchas gracias Alejandro Perotti.

Le damos la palabra a la doctora Sandra Negro. Sra. Negro. – Buenas tardes a todos. Quería hacer un agradecimiento público a la doctora Silvina Barón que tuvo la iniciativa de la reunión y agradecer el hecho de que la misma se realizara gracias a que la iniciativa también fue recogida por la senadora Montero. Creo que es una buena ocasión. A veces los tiempos coinciden fortuitamente para reflexionar acerca de algunos temas de gran actualidad. Creo que esta reunión tiene la virtud de la inmediatez respecto de los últimos acontecimientos. Así que nos va a poder dar también una oportunidad, como lo habrán visto, de escuchar todas las intervenciones precedentes que nos permiten reflexionar respecto de aspectos jurídicos y de aspectos políticos. Justamente en la medida en que han visto la composición de la mesa y las intervenciones anteriores de los senadores y profesores quedan plasmadas las inquietudes severas que presenta el Mercosur y también algunas de las que podrían ser solucionadas brindándonos los atisbos de soluciones. No sólo hay que dejar inquietudes, sino que también debemos reflexionar sobre posibles vías para encaminar un proceso.

Estas palabras las quiero unir a una suerte de consideración preliminar sobre mi intervención. Reflexionando acerca de cómo marcha la integración y no sólo en el Mercosur, diría que son tiempos difíciles para la integración en casi todos los procesos en curso en el mundo. Los motivos son muy diversos pero ciertamente es un tiempo que empezó a opacar algunos de los elementos que parecían más auspiciosos y optimistas. De alguna manera, esos elementos se han replicado en los distintos procesos y, entonces, hoy observamos que los problemas acucian al modelo de integración europeo, en el sentido de ser esta integración la que más riesgos ha corrido en el último tiempo. Y no estoy hablando de la crisis financiera internacional o de los embates en el terreno económico o los problemas de algunas de las economías de los países involucrados, sino de los riesgos que se derivan de un proceso que ha pasado muy rápidamente de tener quince estados miembros en el año 1995 a contar con veintisiete estados miembros el año que viene, aunque está sujeto a una aprobación, pero muy probablemente se mantenga una decisión ya tomada para que el año que viene haya veintiocho con el ingreso de Croacia.

En este punto diría que la integración europea ha pasado los riesgos de tener que ajustar una estructura inicialmente diseñada para una participación más acotada de un número más extenso de miembros. Desde ese lado también podríamos tomar algunos elementos que uno podría mirar en forma positiva. Es decir, cómo podríamos hacer una adecuación desde el punto de vista de las estructuras a un proceso de ampliación sucesiva de miembros. Esto lo voy a retomar hacia el fin de lo que será mi intervención, viendo lo que está sucediendo en UNASUR y MERCOSUR. Quería dejar esta consideración preliminar porque va unida a problemas que han tenido en la región otros procesos que nos son más cercanos. La misma Comunidad Andina a partir del escenario que le propone a esa misma comunidad una suerte de fragmentación de voluntades a partir de los tratados de libre comercio que fueron suscriptos por algunos de esos países

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y que produjeron algo que todavía la Comunidad Andina no ha terminado de superar; que es la estabilidad de fragmentación en el relacionamiento externo de los cuatro integrantes que quedaron después de que Venezuela decidiera su partida, su retiro, pero que en realidad propone a la Comunidad Andina, que es una comunidad que viene desde el año 1969, un escenario distinto. La Comunidad Andina hoy cuenta con cuatro miembros que, en realidad, dos de ellos tienen tratados de libre comercio firmados en forma separada y están en un proceso de ajustarse internamente a ese problema. Quizás uno de los síntomas más importantes es la dificultad que tienen, desde el punto de vista institucional para nombrar un nuevo secretario de la Comunidad. Ya llevan más de un año y medio tratando de lograr el consenso entre los cuatro para definir quién va a ser el secretario general de esa comunidad. Este entre otros problemas.

Si miramos la suerte en América Central, también es un tiempo difícil que se abrió hace, prácticamente, dos años y medio en los que algunas de las iniciativas que en Centroamérica han prosperado favorablemente como pueden ser las iniciativas vinculadas al SISCA que han tenido resultados positivos, no ha estado acompañado de tantos resultados positivos en los otros capítulos, sobre todo en el económico en el cual los resultados han sido muy propicios hasta el año 2007 y, después, empezaron a retrotraerse en parte porque también se han erigido trabas al comercio entre distintos Estados, en parte porque también han afrontado problemas derivados de decidir ampliaciones y de sumar nuevos miembros.

En esa coyuntura es que para el año 2008 también tenemos un contexto internacional no del todo favorable para empezar a pensar o para poner en un lugar a la UNASUR. El año 2008 es el año también de la parálisis severa, de un detenimiento de las negociaciones –en julio de 2008 fue–, cuando los trabajos de la Ronda de Dhoja se paralizaron ante la falta de acuerdo en Ginebra en julio de ese año. En ese marco es que las iniciativas que en nuestra región se habían iniciado para los años 2000 a inicios del nuevo Siglo por parte, sobre todo con el fuerte impulso de Brasil, y de algunos participantes de la política exterior de Brasil, nos excede un poco el tratamiento del tema hoy, pero la política de Brasil según los distintos gobiernos, ha marcado lo que se suele llamar los pragmáticos institucionalistas y, por otro lado, otros sostenedores que ocupan otros cargos públicos que tienen una visión más liberalista del comercio. Pero una de estas dos partes eran las que habían intentado el primer proyecto que, de alguna manera, completara una integración a nivel Sudamericano que fue la Asociación de Libre Comercio de Sudamérica.

Algunos de ustedes quizá recordarán que ALCSA fue una iniciativa llevada adelante con dificultades que, en algún momento, el MERCOSUR miró con preocupación, sobre todo cuando se estaban renegociando algunos de los acuerdos que habían vencido en el marco de la ALADI, entonces Brasil traía esta propuesta de ALCSA como una propuesta nueva para la región esa propuesta de ALCSA nunca fue abandonada completamente, aún cuando no prosperó. A la respuesta a esta propuesta del ALCSA vendrá una segunda etapa que será aquella que, en definitiva se va a plasmar con un nombre propio que, en definitiva, va a ser la Comunidad Sudamericana de Naciones.

Esa Comunidad Sudamericana de Naciones a partir del año 2004 con cumbres sucesivas en el 2005 y 2006 va a prosperar rápidamente en cuanto a la idea de que toda la América del Sud tenga un ámbito propio que, en principio no va a establecer mejores

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relaciones en términos de comercio y liberalización de los mercados, sino que va a estar motivada por otros objetivos. En la Comunidad Sudamericana de Naciones vamos a tener objetivos generales y específicos. Esto va a ser replicado en el tratado que se va a firmar en junio de 2008 cuando se decida conformar la UNASUR. Al momento de conformar la UNASUR lo primero que se decide es que va a ser la Unión de Naciones del Sur. Se utiliza la palabra naciones en la sigla porque se quiere dejar en claro que las naciones están conformadas por los pueblos y se está por encima de los estados. Lo inmediato de la integración no es una integración desde los estados, aunque se reconoce que estos son agentes de la construcción pero, en realidad, es una integración que va a ir más allá de los propios estados.

Después, se abandona la palabra sud y se utiliza sur por considerar que el término sud estaba más vinculado a un anglicismo dentro de nuestra lengua.

Entonces, así queda conformado este tratado que propone algunas cuestiones bien diferentes. Lo primero que propone este tratado es que, como objetivo general va a propender a una integración política, social, cultural y, por último menciona económica. Al revés de lo que venía sucediendo con anterioridad no está el término económico en primer término. Si uno recurre a algunos de los documentos preparatorios, va a encontrar que allí se menciona, desde el punto de vista de las etapas de integración económica que la UNASUR debería tender a una zona de libre comercio. En coincidencia con lo que había sido la originaria propuestas ALCSA que les había traído como un elemento antecedente para consideración.

Quizás el elemento más rico de ese tratado está en los objetivos específicos que están enunciados en el artículo 2 y que son 21. Son muchos los objetivos específicos que tiene el proceso desde la integración energética a una integración que propenda a observar el desarrollo sostenible en la región. Es decir, UNASUR, introduce lo que algunos denominan objetivos no económicos de los procesos de integración pero en un rol que pasa a ser superior al mismo objetivo económico.

UNASUR es consciente de que existen procesos de integración subregional a nivel de los mismos países que la constituyen. Tiene dos realidades concretas que son enunciadas dentro del mismo texto del tratado. Por un lado, la Comunidad Andina de Naciones y, por otro lado, el MERCOSUR. En realidad en muchos puntos este tratado al igual al que les voy a referir, nos deja planteada la cuestión y no nos trae el procedimiento para resolverlo. Tiempo transcurrido después también veremos que no ha habido demasiado avance en las propuestas de vías para la solución. Efectivamente el Tratado UNASUR menciona que existe el MERCOSUR y la CAN y lo que dice es que se espera que conforme evolucione UNASUR y conforme evolucionen los procesos de integración subregional se alcanzará una convergencia. No explica cómo, no explica los tiempos y no explica si, en realidad, son figuras compatibles con la misma UNASUR. Tampoco explica si ambos procesos tienen la misma naturaleza, porque este es el punto. Si uno hace un estudio comparativo de CAN y de MERCOSUR, no va a encontrar una absoluta identidad en cuanto a los objetivos económicos y no económicos del proceso; va a encontrar algunas diferencias. Y, si sólo se restringe al objetivo económico, también habrá diferencias bastante notables, más allá de los últimos elementos que cada uno de estos procesos han tenido lugar desde el punto de vista de imponer una nueva filosofía, una nueva forma de entender el proceso.

Entonces, en realidad el tratado no nos soluciona el problema de cómo convivir

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con los esquemas anteriores. Reconoce la existencia de los mismos. No proporcionaría las alternativas para establecer un diálogo fundado. El diálogo va a darse entre los mismos estados al ser componentes de forma simultánea de procesos de integración subregional y de procesos más amplios. Uno podría pensar aquí que este modelo responde, esto se dijo y en alguno de los instrumentos preparatorios consta, a que la UNASUR pretende dejar atrás lo que había sido la preponderancia de la teoría del regionalismo abierto en el sentido estricto de entender que el proceso se iba a estar abierto y se iba a extender a todos sin más, tratando de crear mejores condiciones para la liberalización del comercio. Como este no es el objetivo principal, esto es claro que UNASUR propone trabajar sobre los otros objetivos. Pero no dice qué hacer con los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos precedentes. El segundo elemento es desde la estructura institucional. Uno de los grandes problemas que suelen darse muchas veces, cuando se proponen distintos esquemas de integración en forma simultánea con los mismos intérpretes, con los mismos estados y los mismos receptores que somos nosotros, todas las personas, como le señalaba el doctor Perotti, en realidad las personas de nuestros países vivimos en un ámbito que hoy es MERCOSUR, UNASUR y ALADI, esta multiplicidad de siglas no llega al famoso fenómeno tantas veces atacado para el esquema africano que es el de tener bloques traslapados o solapados que están actuando en forma simultánea.

Entonces, la pregunta es qué hacemos con la estructura institucional, porque este también es un desafío para nuestros países que, en el Tratado del MERCOSUR, habían dicho que teníamos una institucionalidad provisoria y luego la reveremos, volveremos a estudiarla; en el Tratado de la Comunidad Andina habían apostado por una integración replicando el modelo europeo, con un modelo bastante avanzado para la época que volvieron a mirar en el año 96. ¿Cuál fue la decisión para la UNASUR? Fue un modelo basado en lo intergubernamental, siguiendo la línea del MERCOSUR, sin reconocer que este modelo estaba pensado en forma provisoria. ¿Qué tiene hoy el MERCOSUR? Hoy tiene un consejo de jefes y jefas de Estado, se introduce la cuestión de género. En esto, si se quiere, el tratado trae una diferencia. En general, esto, a los estudiantes, les resulta simpático porque hay jefes y jefas de Estado en el gobierno, hay un Consejo de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores, hay un Consejo de Delegados y Delegadas y, en el artículo 17, se menciona que en el futuro se contará con un Parlasur, un parlamento aplicable a la UNASUR y una secretaría general y no se dice más nada.

El procedimiento para la toma de decisiones es un procedimiento basado en el consenso, debiéndose contar con un quórum de tres cuartas partes de la totalidad de los miembros con una dificultad que es extra frente al MERCOSUR, una decisión tomada, reuniendo el quórum, no obliga a los miembros que estuvieron ausentes. Estos miembros tendrán que ser notificados por la secretaría y deberán expedirse dependiendo de si se trata de una decisión o resolución que son las de jefes de gobierno y las de ministros en el plazo de 30 días. Y, si es del Consejo de Delegados, es en el plazo de 15 días. Lo que no dice el tratado y no está reglado es qué sucede si el Estado ausente, una vez que ha examinado, no estuviera de acuerdo. Tenemos, en este punto, un vacío porque no nos dice qué pasa; desde el punto de vista jurídico, en principio, el Estado no está obligado porque expresamente hace saber que estuvo ausente al momento de la decisión y después, dado que se lo ha notificado en forma fehaciente, se hace saber que no coincide, pero no hay vía de solución para traerlo al ámbito de UNASUR y para

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hacer obligatorias las normas que en este punto se llaman igual, decisiones o resoluciones, y las terceras se llaman distintas, que son las del Consejo de Delegados y Delegadas que son disposiciones.

Esa es la diferencia. La UNASUR tiene también personalidad jurídica internacional. En ese marco ha intentado empezar a construir una agenda externa UNASUR en algunos campos esta agenda externa ha prosperado. Por ejemplo, en los campos en los cuales se mueven los cinco consejos específicos creados que son: Consejo UNASUR en materia de Defensa; en materia de integración energética; otro de lucha contra el narcotráfico; uno en materia de educación, cultura, ciencia y tecnología y el de salud. La idea de estos consejos o de su funcionamiento es básicamente el de trabajar sobre algunos ámbitos a partir de la convocatoria de los ministros de cada área.

Si uno mira la actividad de UNASUR a través de estos consejos, va a ver grados de avance. Va a ver que, por ejemplo, algunas de las reuniones a nivel del Consejo de Jefes de Estado y de gobierno fueron ocasión propicia para debatir, por ejemplo el tema que acuciaba la relación bilateral como es el caso de la instalación de nuevas bases militares en Colombia. Eso se discutió en el marco de un Consejo de Jefes y Jefas de Estado. El Consejo de Seguridad de la UNASUR siguió tratando el tema y, si uno mira, el Consejo de Salud ha desarrollado distintas estrategias para enfrentar algunos temas delicados para la región, como es el alto costo de los medicamentos y las dificultades en el acceso y ha intentado diseñar una estrategia conjunta y un plan conjunto de compra de medicamentos. O sea que hay un buen diálogo entre los ministros de Salud de la región entre los distintos países.

En otros los logros son menos evidentes. La integración energética, en realidad, recoge buena parte de lo ya se venía haciendo desde la cumbre que se realizó en Isla Margarita en 2007. Se trabaja en torno a esto. El motor en este Consejo son las iniciativas que trae Venezuela en algunos aspectos. Y UNASUR desde el punto de vista político sí ha tenido algunos pronunciamientos que son bastante considerables desde el punto de vista de lo incisivos que han sido respecto de algunos conflictos. Les recuerdo en forma a nivel de la generalidad, sin entrar en los detalles, una actuación muy rápida. Tiene una capacidad de actuación muy rápida UNASUR. No parece demasiado explicable leyendo simplemente el texto del acuerdo. O sea, sí o sí hay voluntades políticas coincidentes a nivel de los jefes de Estado y de los ministros de Relaciones Exteriores, quizás a tono con los tiempos actuales. Lo cierto que en la crisis del presidente Correa en Ecuador, en a crisis en Bolivia que actuó como protagonista Evo Morales y los problemas con algunos territorios que producto de un referéndum no terminaban de aceptar y proclamaban una separación. Este tipo de cuestiones tuvieron rápida respuesta.

También hubo respuesta frente a los acontecimientos de la semana anterior. En este punto, nuevamente la oportunidad de esta iniciativa nos muestra una decisión del Consejo de Jefes y Jefas de la UNASUR en la cual se decide la suspensión de la República del Paraguay a raíz de los sucesos que son de público conocimiento. En realidad hay una frase de esa decisión que me parece que es interesante porque es una de las frases que más allá de mencionar la ruptura del orden democrático hace una alusión directa a las faltas en el debido proceso. Quizás agrega algo o puntualiza sobre la relación que se daría en términos de por qué UNASUR está tomando esta decisión. Claramente no señala aquí los efectos porque yo me atrevería a decir como lo dijo al

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principio la doctora Silvina Barón que las decisiones eran de todo político, pero tienen un efecto jurídico. Yo agregaría esto que me parece que es interesantísimo de ver porque creo que los efectos jurídicos son distintos en el ámbito de la UNASUR y del MERCOSUR. Son distintos porque la UNASUR no acaba de decidir que va a incorporar un nuevo miembro. La UNASUR tiene los miembros que tenía antes de tomar la decisión. No hay, desde el punto de vista del efecto jurídico para Paraguay, más allá de la suspensión que se está planteando, un efecto directo para ver luego si resulta oponible o no esta decisión que ha sido tomada en ocasión de un Consejo del Mercado Común que claramente la UNASUR no tenía lugar porque Venezuela ya está dentro del sistema.

Hay algunas cuestiones a la que uno tendría prestarle atención también. La UNASUR no nos presenta el conflicto de saber cómo nos vamos a comportar con órganos que tengan sede en Asunción. De hecho no tenemos órganos con sede en Asunción de UNASUR, pero sí los tenemos en MERCOSUR. El TPR tiene su sede en Asunción, les recuerdo que el Instituto de Servicios Sociales del MERCOSUR está instalado en Asunción.

Aquí queda el tema de cómo vamos a funcionar. La institucionalidad hay que mantenerla desde el MERCOSUR. Hay un tema de saber cómo funcionará en la práctica, porque hemos visto algunas dificultades severas para el funcionamiento en ocasión de las reuniones de la semana pasada. La institucionalidad ya formada es un problema. ¿Qué hacemos con las personas, los técnicos que trabajan en el Instituto de Servicios Sociales del MERCOSUR y qué hacemos con el TPR? De hecho tenemos que considerar que el árbitro de Paraguay está suspendido. ¿Sí? ¿No? Queda abierto el interrogante. En principio no podría hacer ejercicio de ese derecho. Les pregunto, si hoy llegara una controversia al TPR, tenemos un contexto. El efecto de la medida puedo tomar en paralelo la decisión tomada en la UNASUR y la decisión tomada en al ámbito del MERCOSUR lo que nos está mostrando es que tenemos una integración mucho más profunda desde el punto de vista económico y a partir de ahí sí podemos señalar qué relación o qué vinculación tenemos. Este episodio nos pone de cara a medir y sopesar las pertenencias que hay dentro de cada uno de los procesos, el de integración subregional y de integración más amplia como es la UNASUR.

En la UNASUR, los compromisos que se tienen en el marco de estos consejos al tener también una institucionalidad de este tipo, al tener un formato de este tipo en el cual yo planteé algunas de las dudas que se dan es un problema. Otro problema que nosotros tenemos y que quizá no se termina de avizorar en forma completa es que el MERCOSUR en su agenda eterna tiene compromisos suscriptos. Uno de esos compromisos es la base de la negociación biregional hoy con la Unión Europea. El Comité de Negociaciones Biregionales se vuelve a reunir en la semana muy próxima en julio. El marco jurídico de esa negociación es el acuerdo marco interregional que reúne a la Comunidad Europea y a sus estados miembros y al MERCOSUR y a sus estados parte. Con tres pilares: cooperación económica, diálogo político y el tema de la integración. Ese acuerdo, cuando no teníamos el protocolo de Ushuaia fue la pieza jurídica que, en ocasión de otro problema en Paraguay, junio de 1996, fue invocada cuando se empezó a buscar qué norma del MERCOSUR podía tener asiento para encontrar normas sobre orden democrático, en ese momento no lo teníamos, el Protocolo de Ushuaia es posterior, es del año 98. El acuerdo ya había sido firmado y ahí

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había un artículo primero sobre el cual se asienta toda la cooperación y la integración, es decir, los trabajos de los tres pilares que habla del respeto del orden democrático y de los derechos humanos y que indican en el artículo 35 de ese mismo acuerdo lo siguiente. Que se considerará violación grave pudiendo pedirse en forma inmediata el cese de las obligaciones para la paz de una de las partes considerando que la otra ha incurrido en acción grave si se incurriere en una violación del artículo 1°.

¿Qué es la violación del artículo 1°? El no respeto de los derechos humanos o el no respeto del orden democrático. ¿Es imputable la falta en un miembro al bloque? Este es un tema que, en realidad es complejo porque nosotros no tenemos definidos, dentro del MERCOSUR, los elementos que hacen a las delimitaciones de las competencias de cada bloque, concurrentes o reservadas a los Estados. Tenemos algunas dificultades para entender esto. Entonces, como el UNASUR no tiene suscripto ningún acuerdo en estos términos en los que exista cláusula democrática no tiene ese problema.

El último punto que les menciono es que nosotros, en el ámbito del MERCOSUR, tenemos hoy un instrumento a lo que algo se refirieron la semana pasada, pero que en realidad provoca algunos inconvenientes que es el Protocolo de Ushuaia 2 que es un protocolo que está hecho a imagen y semejanza del Protocolo de Guyana. Guyana es el protocolo que trae la cláusula democrática para el UNASUR. El Protocolo de Guyana sí está vigente, el Protocolo de Ushuaia trae algunas otras consideraciones. Cuando esté vigente entre todos, se dará por formalmente terminado el que tenemos actualmente vigente. Esto lo dice el Protocolo Ushuaia 2. Pero mientras no esté vigente podrán regir uno y otro. La entrada en vigencia no es sencilla, debe se aprobado por todos los procedimientos de cada uno de los Estados parte del Mercosur y allí estamos porque esta es una pieza jurídica lograda en la última cumbre del año 2011 y que se dio a publicidad en enero de 2012, o sea a inicios de este año. Nadie podría prever que se precipitarían los acontecimientos como se han dado. Ese es el otro tema.

Para concluir, me permito retomar algo que había iniciado al principio esta idea de que son tiempos difíciles para la integración. Creo que hay bastantes elementos para construir desde UNASUR o para agregar al proceso MERCOSUR que es por lo menos el proceso de integración profunda, está en términos del MERCOSUR. Parece ser la integración más sólida en la región a pesar de los numerosos inconvenientes que tiene, a pesar también de muchas actitudes que no son tomadas mirando al MERCOSUR, sino que son miradas desde los estados parte mirando sus realidades nacionales. Y un desafío que tiene el MERCOSUR este proceso que en realidad yo les planteo de alguna forma es más profundo, por lo menos en lo económico, y ha ido agregando objetivos no económicos tiene dos elementos más, que ha empezado a sumar miembros de la UNASUR o miembros de la región porque no sólo se acaba de poner fecha de ingreso de Venezuela, sino que en el mismo comunicado conjunto de los presidentes del Consejo del Mercado común se congratularon por el avance y la negociación con Ecuador. Se mencionó una reunión de abril de este año y se propicia que estas reuniones, de alguna manera, se aceleren de manera de tener rápidamente dentro del MERCOSUR a Ecuador. De ocurrir esto y de seguir sumando nuevos miembros habrá que ver cómo pueden convivir ambos sistemas si es que algunos de los objetivos del a UNASUR no terminan estando absolutamente encapsulados. Es decir, si el Consejo de Defensa del a UNASUR encuentra su propio espacio, probablemente en la UNASUR tengamos ese Consejo o el de integración energética como propias entidades. El

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problema es si vamos a poder explicar el conjunto de la UNASUR si no es que hay una readecuación desde el marco normativo.

Aquí termino. Muchas gracias a todos. Sra. Montero. – La verdad es que ha sido una tarde, para mi gusto, muy fructífera y provechosa y nos han dejado conceptos valiosísimos. Quiero decirles que en el Senado se levantan versiones taquigráficas y queda grabado, por lo cual se sube a la página. Todo el material disponible va a estar en la página de la Comisión de Economía Nacional e Inversión que presido. Van a estar los power point y las exposiciones. Esto se los digo porque vienen del ámbito académico y creo que nosotros estamos haciendo un proceso de interacción valioso entre lo académico y lo legislativo, sobre todo porque se mezclan las dos visiones. Está la visión de los aspectos técnicos más estudiados y perfeccionados y la visión que viene desde el ejercicio de la política que uno tiene que tratar de tomar algunas determinaciones. Por supuesto que en todo siempre conviene que estas decisiones sean con fundamento técnico, así que por eso les quiero agradecer muchísimo su aporte. También quiero felicitar a los expositores porque han cumplido con los plazos de exposición. Le agradezco a todos los presentes que van quedando, a veces es difícil sostener después de la jornada de trabajo continuidad en este tipo de exposiciones pero les agradezco la presencia. Como queda grabado, queda para su difusión. Muchas gracias.

– Fin de la grabación.