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Relatoría de la Mesa 1
El futuro del AICM: elementos y condiciones para el debate.
Fecha: 26 de noviembre de 2015.
Hora: 9:30 – 12:00 hrs.
Moderador: Miguel Ángel Cancino.
Pablo Trivelli
“Grandes Proyectos Urbanos como instrumento de intervención pública en
las ciudades”
A lo largo de su ponencia, el Dr. Pablo Trivelli habló de diferentes puntos que forman
parte de la construcción de la idea del “espacio público” en las ciudades. En ese
sentido, Trivelli recuperó distintos planteamientos de la manera en la que se han
urbanizado las ciudades latinoamericanas, su papel en la vida de las múltiples
naciones, el impacto económico que ellas suponen, así como el desarrollo de lo
público dentro de las mismas. Una vez establecidos los puntos sobre las
consideraciones que el “espacio público” debería reconocer, el doctor compartió el
caso del Portal Bicentenario en Santiago de Chile como ejemplo de un proyecto
urbano de intervención pública.
De acuerdo a lo señalado por el doctor Trivelli, la urbanización ha alcanzado niveles
del orden del 76% de la población en América Latina y del orden del 90% en los
países del cono sur. Esta urbanización no se distribuye homogéneamente en el
territorio sino que se concentra en una pocas grandes ciudades. Según se
estableció en la ponencia, en el año 2000 existían 52 ciudades con más de un millón
de habitantes, mismas que concentran un tercio de la población total y un 43% de
la población urbana de América Latina. De este modo, quedó evidenciado que los
índices de primacía son impresionantes, además del hecho de que es en estas
grandes ciudades donde se concentran los problemas y las oportunidades, donde
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se enfoca la atención sobre el buen gobierno, los desafíos de la cosa pública y la
concentración territorial del crecimiento económico. Igualmente, se quedó
evidenciado que es en estos espacios donde suelen emprenderse los proyectos
urbanos de mayor impacto impulsados por la administración pública.
Por otro lado, se mencionó que en la actualidad las Naciones Unidas y los
principales organismos multinacionales, como el Banco Mundial y el BID, han
incorporado a su agenda de trabajo el tema de las ciudades como algo ineludible,
necesario y urgente. Es decir, se percibe a las ciudades como motores de la
economía, como fuentes de oportunidad de transformación y desarrollo de todo
orden: mayor posibilidad de llegar a la población con servicios básicos, fomento de
empleos productivos, políticas sociales en toda su diversidad, especialmente de
combate a la pobreza y la desnutrición infantil, la educación, el cambio cultural, la
democratización en la convivencia ciudadana y la gobernabilidad.
Asimismo, el ponente hizo hincapié en el rol fundamental que han desempeñado las
ciudades en la actualidad con respecto a la creación de riqueza de las naciones
como consecuencia de la concentración de actividad económica en los espacios de
los grandes conglomerados urbanos. Señaló que una fracción creciente de PIB se
genera en las grandes ciudades y se espera que esta tendencia se acentúe en la
medida que las actividades más dinámicas se localizan en áreas urbanas de mayor
envergadura buscando las ventajas de las economías de aglomeración, la dotación
de infraestructura y de servicios de apoyo a las empresas (especialmente del
terciario moderno), centros académicos y focos de innovación tecnológica, los
contactos con el mundo, pero sobre todo, mano de obra calificada en mercados
laborales fluidos y diversificados, así como la presencia del poder político,
especialmente del Poder Ejecutivo que, según él, sigue siendo el actor económico
principal en todas las naciones latinoamericanas.
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De este modo, el doctor puntualizó que esto es un aliciente que invita a superar la
visión parcial de la cuestión urbana y la gestión de las ciudades como algo
restringido a la planificación física, los servicios básicos y fenómenos de carácter
local. En ese sentido, reafirmó que se vuelve necesario entender que las ciudades
hacen una contribución determinante en la creación de riqueza, a fin de reconocer
explícitamente el rol económico que les corresponde y dotar a los gobiernos de las
ciudades con los recursos y facultades necesarios para que puedan atender
integralmente los requisitos de esta función, tanto en el interés de las ciudades
mismas, como de la nación.
Aunado a esto, el ponente marcó que la experiencia internacional sobre el desarrollo
urbano ha dejado cada vez más claro que eficiencia, competitividad, calidad de vida,
equidad y sustentabilidad ambiental son requisitos que van muy de la mano y que
una ciudad cualquiera difícilmente podrá ser competitiva a escala global si no ha
logrado avanzar simultáneamente en todos estos frentes. Así, Trivelli enfatizó que
han quedado atrás los tiempos en que las ventajas competitivas podían fundarse en
la explotación sistemática de un vasto contingente de mano de obra barata o en la
degradación del medio ambiente.
El ponente expuso que el rol ascendente de las ciudades en la vida de las naciones
ha crecido más rápido que la modernización y la adecuación de las formas de su
gobierno. Esto ha quedado expresado parcialmente en la debilidad del régimen
municipal; en la ausencia de gobiernos metropolitanos; en la difusa delimitación de
atribuciones, responsabilidades y recursos entre los diferentes niveles territoriales
de gobierno; en la baja jerarquía que tienen las instituciones del Gobierno Central
encargadas del desarrollo urbano-regional; en la baja prioridad que tienen estas
materias en los programas de gobierno; en la ausencia de políticas de desarrollo
urbano, cualquiera sea su acepción o contenido; y en la precaria o nula elaboración
ideológica sobre la cuestión urbana, que refleja el desinterés de los partidos
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políticos, así como también en la privatización de servicios y redes con la
consecuente pérdida de control sobre el desarrollo urbano.
Por lo anterior, dijo Trivelli que la responsabilidad política sobre las ciudades sigue
estando ineludiblemente en manos de las instituciones públicas, porque los
espacios públicos definen la esencia y la naturaleza misma de las ciudades. Esto
hace referencia no sólo a una cuestión física de parques, plazas y vías de
comunicación, sino también a aspectos funcionales, sociales, legales,
institucionales y políticos, incluyendo también aspectos éticos que tienen relación
con la conciencia colectiva y los principios conductores de la convivencia ciudadana.
Trivelli estableció durante su ponencia que la mayor parte del espacio urbano y de
las edificaciones tiene un carácter privado, que la dinámica económica de las
ciudades y su desarrollo comercial se articulan en torno a la operatoria del mercado,
que la iniciativa privada a través de la persecución de intereses materiales va dando
forma a la estructura física de las ciudades e impulsando su desarrollo económico.
Sin embargo, concluyó que no es menos cierto que la suma de los intereses
particulares no hace la ciudad ni define la esencia de su naturaleza. Además, agregó
que el mecanismo de mercado presenta en el contexto urbano, limitantes
estructurales al régimen de competencia que hacen inevitable e ineludible una
presencia activa del Estado para garantizar un buen funcionamiento y un
desempeño eficiente y competitivo en lo económico, equitativo en lo social,
sustentable en lo ambiental y amable desde una perspectiva humana.
Una vez establecidos estos puntos, el ponente declaró que la cosa pública se
expresa en una diversidad de aspectos que dan origen y están en la base
conceptual de los proyectos urbanos, y que en ese sentido lo público no se reduce
a lo estatal, sino a una infinidad de expresiones comunitarias que dicen relación con
el bien común y el destino común de sus habitantes. En función de esto, Trivelli
describe siete formas de ordenar el “espacio público”.
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En primer lugar, reconoció que la naturaleza de las ciudades se define en los
“espacios públicos”, cuya expresión física es inminente en parques, plazas,
avenidas y calles, así como también en bienes nacionales de uso público. Hay, sin
embargo, espacios que en términos jurídicos formen parte de propiedad privada,
pero que juegan una función pública de encuentro, de servicio, o de promoción de
intereses colectivos de la comunidad urbana, como lo son los centros comerciales.
En segundo lugar, el ponente hizo mención del “espacio público” que se expresa en
lo social a través de infinidad de manifestaciones de la cultura urbana y otras
expresiones de convivencia ciudadana. Señaló algunos ejemplos como las formas
de solidaridad a nivel vecinal o cuando hay necesidad de ayuda por catástrofes, la
celebración de fiestas locales, nacionales o religiosas, los eventos deportivos, así
como la actividad política que requieren el uso de los espacios públicos para su
expresión. Para Trivelli, estas manifestaciones constituyen el origen de valores que
refuerzan la identidad y le dan carácter a muchas ciudades. En ese sentido, expresó
que muchas de estas actividades se producen en busca de retornos económicos
para las ciudades.
En tercer lugar, colocó a los “espacios públicos” como sitios de intervención que se
van estructurando a través de los servicios públicos. El autor los describió como
fundamentales para la ciudad, su existencia, su operatoria y su organización interna.
De esta manera, los servicios públicos urbanos quedaron señalados por el ponente
como aquellos que se caracterizan por sus cualidades económicas de bienes
públicos. Lo mismo por su impacto social como monopolios naturales, como
instrumentos de organización del espacio, así como por la distribución territorial de
las oportunidades urbanas. Trivelli recalcó que en la actualidad, se han privatizado
muchos de estos servicios, aunque ello nos les priva de su connotación “pública”, ni
tampoco exime al Estado de garantizar en último término su buen funcionamiento y
cobertura universal.
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En el cuarto punto, se estableció que el “espacio público” también se define en
función de ciertos términos legales que consisten en la creación y la aplicación de
una amplia normativa urbana. A partir de ésta se regulan diferentes aspectos del
crecimiento y la operatoria de las ciudades. De acuerdo al autor de la ponencia, la
internalización de dichas normas como consecuencia de su legitimidad y su
aceptación para una sana convivencia ciudadana las hacen muchas veces poco
perceptibles, y su modificación significa un cambio en las reglas del juego. Por esta
razón, recalcó Trivelli, los proyectos urbanos que ponen énfasis en los cambios
normativos suelen generar debates y tensiones en la ciudadanía, en parte también
porque las normas establecen límites a la iniciativa privada y al potencial inmobiliario
de los terrenos, cuyo cambio puede dar origen a la generación de grandes fortunas.
Por último, sobre este punto, Trivelli hizo hincapié en que la normativa urbana es la
que le da orden y sentido al espacio urbano ya que regula a la propiedad privada.
En quinto lugar, quedó señalada la toma de decisiones sobre lo público. Es decir, el
ponente esclareció que es precisa la creación de “espacios públicos” en el ámbito
de la vida política de las ciudades a la par de la elaboración de normas de
convivencia ciudadana. En ese sentido, es fundamental incluir en ese rubro el
político-institucional que se establece para el gobierno de las ciudades. El ponente
aclaró que el interés público no sólo abarca los espacios que jurídicamente están
bajo un régimen de propiedad fiscal, sino también aquellos de propiedad privada,
en la medida que la regulación de su uso y desarrollo afecta la vida de la ciudad y
el interés colectivo. Enfatizó en que el fomento del bien común resulta primordial
para el desarrollo de las ciudades y requiere una acción pública coherente en
términos intersectoriales y territoriales.
En sexto lugar, Trivelli detalló que los “espacios públicos” de concertación para la
elaboración de un proyecto común de ciudad resultan fundamentales para el logro
de una movilización amplia de recursos y de voluntades. La participación y el
fomento a una vida cívica más activa, son fundamentales para alcanzar una mayor
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identidad y para estimular un buen gobierno, que tenga como contraparte una
ciudadanía plena. En ese sentido, el ponente mencionó que se hace cada día más
evidente que la potencia económica de intangibles como identidad, adhesión,
confianza, seguridad, esperanzas, ilusiones, resultan fundamentales para la
movilización de recursos y energías, al igual que para la promoción económica y
social de las ciudades.
Trivelli concluyó este punto aclarando que la presencia de lo público en la ciudad
significa un desafío de liderazgo, así como de una capacidad de conducción pública
de los procesos políticos y sociales que enmarcan la dinámica del mercado y la
iniciativa del sector privado.
Y por último, en séptimo lugar, el ponente estableció como un “espacio público”
fundamental a la convivencia ciudadana, misma que define los aspectos éticos de
la ciudad y que por su propia naturaleza tiene un carácter de orientación matriz de
los espacios públicos y el bien común. Para Trivelli, los grandes proyectos urbanos
impulsados desde instituciones del Estado se deben inspirar en objetivos de
fomento del bien común, la calidad de vida, la promoción humana, el desarrollo
productivo, así como la necesidad de otorgar a las ciudades un carácter más
orgánico, que resulta imposible de lograr a través de la suma de decisiones
atomizadas por la vía de adiciones marginales a través del mercado. Requieren,
según él, una visión de ciudad y unos planteamientos consensuados sobre los
cursos de acción a seguir.
Finalmente, Trivelli procedió a la descripción y explicación del caso del Portal
Bicentenario en Santiago de Chile, proyecto de reconversión urbana de un
aeropuerto de 245 hectáreas a 5 kilómetros del centro de Santiago, Chile, que
constituye un claro ejemplo de la aplicación de los planteamientos antes expuestos.
Se trata pues, de un proyecto de Estado, integrado por diferentes profesionales de
instancias locales y nacionales.
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De acuerdo a lo señalado por Trivelli, el Portal Bicentenario consiste en la
reconversión urbana e integración a la ciudad de un terreno que por sus
dimensiones y localización permitiría desarrollar un proyecto de alto impacto en la
ciudad, pensado a su vez como un proyecto con importantes huellas a futuro. Su
planteamiento se inspiró en dos líneas políticas impulsadas por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo buscando: por un lado, la Reforma Urbana, que pretende
favorecer el desarrollo de terrenos con obsolescencia funcional en esquemas de
mayor densidad, así como mejores espacios y servicios públicos, especialmente en
zonas céntricas; y por otro lado, generar un modelo de ciudad reconocible en el
marco de la conmemoración del bicentenario de la independencia nacional.
De este modo, el ponente esclareció que las prioridades del proyecto están
delimitadas por brindar calidad de espacios públicos, servicios públicos y
equipamientos comunitarios, a través de la inversión en infraestructura y servicios,
hecho que servirá como instrumento para romper, además, con las tendencias de
segregación socio-económica que afectan al desarrollo del sector. En ese sentido,
Trivelli recalcó que los parques y espacios públicos constituyen los elementos
estructuradores del proyecto. Se consideró un parque central de 50 hectáreas de
carácter intercomunal o metropolitano, y un conjunto de parques laterales de
carácter vecinal que suman 20 hectáreas, lo que constituye un privilegio para los
futuros residentes del proyecto y del entorno inmediato, así como un aporte de
mejoramiento ambiental para la ciudad en su conjunto.
Además, de acuerdo a lo descrito por el ponente, el proyecto contempla el desarrollo
de un centro cívico, una vialidad troncal que conecta con las comunas vecinas y
permite una circulación vehicular que mejora la conectividad urbana del sector, así
como una red de ciclovías y circuitos peatonales que cubre la totalidad del proyecto.
Asimismo, el modelo de gestión del proyecto advierte la administración y la
adecuada mantención de los espacios públicos en el tiempo, a fin de mantenerlo y
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evitar su deterioro. Se ha estudiado también la alternativa de transporte público
masivo y el acceso a autopistas concesionadas de carácter metropolitano y regional
compatibles con la vida residencial, que otorguen a su vez un desarrollo integral del
proyecto.
Por otra parte, se mencionó también que como imagen objetivo del proyecto se
busca considerar una proporción de uso de suelo residencial/no residencial similar
a la que tiene la ciudad en su conjunto, con los ajustes y adaptaciones en la
diversidad funcional que se requiera. Según Trivelli, esto se ha incorporado en la
normativa desarrollada para el proyecto, considerando especialmente un espacio
destinado a un recinto ferial y centro de convenciones de jerarquía metropolitana,
así como la posibilidad del impulso de un campus universitario, un gran complejo
recreativo deportivo y el desarrollo de un gran centro comercial (con una
planificación flexible capaz de resguardar y fomentar la imagen del proyecto).
Casi para terminar, se estipuló en la ponencia que la planificación y gestión pública
de este proyecto no pretende sustituir el rol que le corresponde a la iniciativa privada
en el sector inmobiliario. Lo que se busca es que el Estado ejerza un rol conductor
en las etapas de diseño y planificación, otorgando mejores oportunidades de
negocio al sector inmobiliario a través de la licitación de terrenos con una dotación
de infraestructura, equipamiento y servicios públicos. Así, esta modalidad de gestión
contempla una venta de terrenos escalonada en el tiempo, que permitirá recuperar
para el Estado la valorización de la tierra que el éxito del mismo proyecto vaya
generando.
En cuanto a la participación ciudadana, Trivelli recalcó que se puso especial énfasis
en este tema; desde la concepción misma del proyecto que convocó a un concurso
internacional de ideal y propuestas, hasta el proceso de elaboración del Plan
Maestro que abarca desde aspectos urbanos e inmobiliarios, estudios de mercado
y tendencias de localización, estudios de vialidad y transporte, análisis de impacto
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y medidas de mitigación, aspectos ambientales, marco regulatorio y modelo de
gestión, plan de promoción, difusión y marketing, evaluación social, económica y
financiera, y estrategia de implementación. La elaboración de este plan, según
comentó el ponente, implicó un diálogo permanente con las autoridades locales,
consultas con las organizaciones comunitarias, debates con parlamentarios,
profesionales, instituciones educativas, medios de comunicación, etc.
Finalmente, Pablo Trivelli concluyó su participación declarando la importancia del
Portal Bicentenario como un símbolo de esperanza pues es un proyecto que se
concentra en reconocer lo público para la construcción de la ciudad, así como en
brindar calidad de vida a su población.
Margarita Martínez Fisher
“Coyuntura y Perspectivas de Desarrollo Urbano respecto del futuro del
AICM”
Margarita Martínez comenzó su intervención afirmando que en la ciudad se ha
debilitado lo público frente a lo privado. Particularmente, comentó que la ciudad de
México es hoy “la ciudad negocio”, donde no existe prácticamente ninguna otra
consideración para la toma de decisiones que no sea la maximización de la utilidad
desde el punto de vista de los partidos. Consideró que la dinámica urbana del
Distrito Federal está enmarcada en un contexto de “urbanismo concesionario”, como
el que planteó Coulomb, donde los proyectos se están realizando, a partir de una
priorización del capital de riesgo; siendo los concesionarios, no el Estado, quien es
principalmente responsable de las definiciones y decisiones. Señaló que
eventualmente, la gravedad de este modelo de urbanismo concesionario es que si
hay ganancias serán privadas, pero que si hay pérdidas eventualmente se hacen
públicas. Mencionó como un ejemplo claro de esto el Corredor Chapultepec, y a
esto, añadió que los símbolos y logotipos de la ciudad también hablan mucho de lo
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que pasa: aseveró que la reducción de la ciudad de México a la marca CDMX nos
da idea de lo que está pasando.
La diputada recalcó que no es ausencia del Estado, sino un Estado que está
pagando favores a partir de un pacto explícito para violar la Ley. Señaló que existen
-tanto a nivel nacional como en la ciudad de México- empresarios, familias, grupos
de interés económico que financian campañas, para después lograr tener
gobernantes que les favorezcan mediante concesiones para la obtención de
ganancias. Señaló que desde el punto de vista de los ciudadanos, tenemos esta
perspectiva de que la ciudad está repartida como pastel entre diferentes intereses.
Continuó, diciendo que actualmente a nivel mundial impera un urbanismo por
proyecto, en donde se da un abandono intencional de la función estatal de la
planeación urbana regional a largo plazo, porque es más fácil no tener normas que
constriñan esta posibilidad de desarrollo económico. Como ejemplo, mencionó el
caso de proyectos en Cuajimalpa que se han desarrollado por la falta de
actualización y aplicación del Programa Delegacional de Cuajimalpa.
Pasó luego al tema del contexto social que rodea la discusión en torno a lo que
puede pasar con los terrenos del Aeropuerto. Comentó que existe una perspectiva
de ciudadano indefenso contra los abusos de la autoridad, enfrentándose a un
entramado burocrático, que lo ha orillado a buscar el apoyo de abogados de manera
independiente. Agregó que estamos ante un contexto de irritación social, expresada
en redes sociales y movilizaciones; así como una baja participación electoral lo que
se refleja en una asamblea legislativa sin mayoría, completamente fragmentada.
Luego, Martínez expresó su perspectiva acerca de cómo percibe la Asamblea
Legislativa del DF al gobierno de la ciudad y la sociedad capitalina. Comentó que el
GDF se ve como un gobierno fragmentado con un discurso poco claro, lleno de
reacomodos y liderazgos diversos con intereses diversos: económicos y
aspiraciones políticas, no hay un mecanismo de gestión. Dijo algo similar de la
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sociedad: fragmentada, con diferentes perspectivas, diversos discursos e intereses,
y nuevos actores emergentes; entre los cuales hay un sector empresarial bien
organizado. Agregó que existe conflicto en todos los ámbitos, y consideró que el
origen de este caos es este pacto social para favorecer intereses privados. Señaló
que hace falta un pacto entre actores económicos, políticos, sociales para resolver
la situación.
Aunado a esto, dijo que hay una falta de estado de derecho, derivado de la
impunidad y la corrupción. Refirió particularmente al incumplimiento de la norma 26
que tenía como perspectiva la promoción social de vivienda; misma que ha sido
violada absolutamente. Por otro lado mencionó las implicaciones de la
judicialización de la planeación urbana, como en el caso de Cerro de Maika, en
donde un juez obliga a SEDUVI a darle un certificado de uso de suelo a terrenos
que tienen uso de suelo de área verde y que incluso están en la declaratoria del
bosque de Chapultepec de 1994. Con todo esto, Martínez planteó los siguientes
cuestionamientos: ¿Es posible un nuevo pacto social en materia urbana en el DF?,
¿Qué hacer para que exista un estado en función del Bien Común, una visión
humana en la que se priorice a las personas, después los intereses, exista
honestidad y trasparencia, una visión a largo plazo, visión técnica y participación,
diálogo y conciliación?
Martínez prosiguió destacando la existencia de una gran diversidad de discursos
que permean el debate urbano: la prevención de riesgos y visión de seguridad
humana, la conservación patrimonial (INAH- INBA), protección medio ambiente
(Barrancas), Derecho a la ciudad, derecho de los pueblos originarios, movilidad,
agua, entre otros. Señaló que el común denominador es que todos apuntan a que
el modelo de desarrollo urbano actual no puede seguir así (menciona el literal
#Asíno en contra del corredor Chapultepec).
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Posteriormente, la diputada pasó al tema del AICM preguntándose cómo es que la
discusión del aeropuerto encaja en el contexto de otros megaproyectos y temas
territoriales de largo alcance, tal como las ZODES, desarrollo de vialidades
(deprimido Mixcoac), Tren Suburbano, y co-inversiones publico privadas (Corredor
Chapultepec). Concretamente, cuestionó el planteamiento político que está
diciendo: “hay que decidir si sigue funcionando o no”, y preguntó: ¿Realmente
podemos decidir como ciudad que el AICM siga funcionando?
Con relación a esto último, Martínez se expresó sobre la declaración de Salomón
Chertorivski respecto la utilización de los terrenos del AICM hecha en un periódico
local, en donde el Secretario asegura que será decisión del Gobierno del Distrito
Federal. Ella discrepó de esta afirmación al señalar que el artículo 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicta que es facultad de la
ALDF legislar en materia de planeación del desarrollo urbano y ambiental en
desarrollo, por lo que la decisión sobre que va a pasar con los terrenos del AICM no
corresponde solamente al GDF, sino que también atañe a la Asamblea. Lo mismo
sucede para el caso del corredor Chapultepec. En otras palabras, Martínez enfatizó
que el GDF debe considerar a la ALDF en la toma de decisiones sobre la ciudad.
En este sentido, la diputada comentó que desde la Asamblea, asumen su
responsabilidad en el debate en torno al nuevo Programa de Desarrollo Urbano,
favoreciendo la argumentación técnica y beneficiando el bien común con la intención
de consultar e incluir todas las voces; para finalmente lograr la armonización
legislativa en materia urbana. Insistió en que es necesario un mecanismo de
gestión, de determinación política y de ejecución de las decisiones, para rebasar la
idea de gestión fragmentada por liderazgos que cumplen con compromisos e
intereses particulares.
Concluyó diciendo que es necesario un nuevo pacto social que nos ponga a discutir
otra vez hacia donde queremos que vaya la ciudad, en el que se encuentren los
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diferentes actores sociales, políticos y económicos, los movimientos y el gobierno
federal. Sugirió que ese pacto puede ser representado por el nuevo Programa de
Desarrollo Urbano del DF, y si así lo determina el GDF, se podría tener un sustento
para una perspectiva de los terrenos del AICM.
Salomón Chertorivski
“La participación ciudadana en la planeación”
La intervención de Salomón Chertorivski se centró en expresar la postura del
Gobierno de la Ciudad de México con respecto al Proyecto del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México y sus implicaciones para la Ciudad de México.
Empezó presentando la página “gobernar es escuchar”
(www.laopiniondelaciudad.mx) como un canal de participación planteado por la
Ciudad de México. El Secretario comenzó diciendo que este proyecto representa
uno de los mayores desafíos para el Desarrollo Urbano de la ciudad, particularmente
por el terreno que dejará tras de sí el AICM. Con respecto a la propuesta alternativa
del aeropuerto planteada en Santa Lucía, reconoció su existencia, sin embargo,
señaló que ésta se inscribe en una polémica que excede al GDF por el momento,
dado a que aún no se cuenta con una decisión definitiva sobre lo que pasará con el
proyecto.
Enfatizó que la prioridad del Gobierno del Distrito Federal es escuchar
genuinamente la opinión de los distintos grupos sociales de la Ciudad: los colonos
afectados, los expertos, arquitectos, las empresas, los ciudadanos, las instituciones
académicas, entre otros. Agregó que una tarea central del GDF es preparar las
condiciones ante la eventualidad de una mudanza del aeropuerto, preparando a la
ciudadanía para estar bien informada y consciente, mediante la anticipación de las
repercusiones y necesidades que le surgirán en caso de que el Aeropuerto se
marche.
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Con respecto a la falta de definición, mencionó que tiene la instrucción del Jefe de
Gobierno de trabajar en conjunto con sus compañeros de gabinete para que se
analice la situación con la mayor profundidad, y se presente un primer planteamiento
para febrero de 2016. Mencionó que esta propuesta será la opinión de la ciudad, y
no del gobierno, respetando tanto las diferentes voces sobre el proyecto como las
funciones de la Asamblea Legislativa. En este sentido, planteó algunas de las
cuestiones a considerar, tales como, si le conviene o no a la Ciudad de México que
el Aeropuerto se vaya, qué pasa ahí, qué oportunidades se abren, que desafíos
conlleva y cómo estamos preparados para sacar el mayor provecho posible, sea
cual sea la definición. Mencionó que sobretodo, resulta relevante que este proyecto
beneficie al oriente de la Ciudad, ya que ha sido un área olvidada por décadas.
Chertorivski continuó, diciendo que es una oportunidad única el contar con un
terreno con las características del que dejaría el actual AICM: 710 hectáreas (o sea,
un área más grande que las tres secciones del Bosque de Chapultepec, más grande
que Ciudad Universitaria, más de dos veces la central de abastos), clavado en el
centro de la ciudad (a tan solo 5 km del zócalo capitalino) y por lo tanto, un polígono
privilegiado para la movilidad del norte, oriente y centro de la ciudad de México.
Señaló que nos hallamos en la antesala de una de las grandes deliberaciones que
va a redefinir nuestra ciudad y nuestro país; ya que este terreno puede representar
la oportunidad para construir una infraestructura que derive en equidad,
habitabilidad, empleos, desarrollo económico, reordenamiento urbano,
recuperación ecológica, rescate hídrico y lacustre; todo ello, sin que esto implique
un desplazamiento de los más pobres. En suma, afirmó que se trata de atisbar el
destino de la ciudad de México los siguientes 20, 30 y 40 años, a partir de la
definición de lo que se hará con el AICM. Aseveró que lo que decidamos en este
terreno definirá lo que queremos ser como ciudad, el hábitat de las siguientes dos
generaciones.
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A este respecto, recalcó que es la voluntad del Jefe de gobierno Miguel Ángel
Mancera hacer un ejercicio de imaginación urbana, social y económica; estudiar las
experiencias del mundo; escuchar todas voces y animar un debate público bien
informado acerca de las posibilidades que tiene un terreno de esas dimensiones y
características. Hizo hincapié en la deliberación pública, la información fidedigna, la
comparación con experiencias internacionales y la confianza en la participación de
los ciudadanos como elementos claves para el debate. Es por ello que la Secretaría
de Desarrollo Económico del D.F. con el propósito de escuchar todas las voces,
realizó dos grandes foros en torno a la transformación urbana: uno, enfocado a la
discusión urbanística y la comparación de casos; y otro, incorporando a las
empresas para conocer la tecnología y logística que han utilizado para reconvertir
a las ciudades en territorios de mejor movilidad más equitativos y sustentables.
Posteriormente, el Secretario recapituló algunas de los puntos relevantes que
emergieron de algunas de las discusiones, con respecto a los elementos
fundamentales de una transformación urbana derivada de la posible mudanza del
AICM. Específicamente señaló los siguientes puntos:
Antes de hacer propuestas concretas demasiados específicas, es
indispensable construir un consenso social y político sobre o que la ciudad
de México necesita. Una discusión de principios y propósitos, no un plan con
dibujos
El desarrollo conceptual del proyecto también debe ser consensuado.
La discusión pública debe nutrirse con la participación de todos; gobiernos,
fuerzas políticas, vecinos, empresas, especialistas, desarrolladores
inmobiliarios, ecologistas, etc. No podemos excluir a nadie, por eso la
construcción de la opinión de la ciudad tendrá que ser necesariamente un
trabajo arduo y cuidadoso en aproximaciones sucesivas.
La primera prioridad del consenso es la definición del espacio público, la
infraestructura y equipamiento urbano que precederán el cambio. Lo público
va por delante.
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Es imposible e irrealizable, como lo demuestran los ejemplos internacionales,
que empiece una intervención de esa magnitud con el concepto ya hecho, y
la asignación de predios ya predeterminada. Lo que debe buscarse en
principio son los ejes de arranque, los proyectos ancla.
Materializar las posibilidades de transformación urbana y mejoramiento de
las condiciones de vida de los habitantes del estado es una responsabilidad
del estado.
Las autoridades y gobiernos deben garantizar mediante todos los
mecanismos legales yd desde el comienzo, el liderazgo y la conducción
pública del proceso de decisión y de la posible transformación del actual
aeropuerto.
Por su escala y trascendencia no puede ser un proyecto asociado a una sola
empresa. Debe prevalecer el interés general y la diversificación de las
empresas involucradas, coordinadas por el Estado.
Todas propuesta debe estar precedida por un análisis de escala regional, es
decir de la evaluación del entorno al terreno, y no viceversa.
La discusión y decisión no pueden desvincularse de las necesidades de la
zona oriente de la Ciudad de México. Si algún sentido tiene ese proyecto, es
hacer una reivindicación social histórica.
Es indispensable desarrollar de forma urgente un conocimiento científico
preciso; un diagnostico técnico riguroso y comprehensivo. En este sentido,
menciono que el GDF está trabajando con los ingenieros de la UNAM y el
Lincoln Institute para la recuperación de plusvalías.
En el proyecto en un terreno de 710 ha., enclavado en el corazón de la
ciudad, se tiene que retomar la oportunidad de disparar una etapa
constructiva en el DF que devuelva la confianza colectiva en la capacidad de
modernización para el bienestar de las comunidades locales.
El beneficio colectivo surge de una combinación de infraestructura, usos,
espacios y configuraciones de propiedad, donde el acceso público tiene un
lugar único, pero no central ni excluyente.
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Todo lo anterior, lo resumió en cuatro principios rectores:
Equidad y cohesión social, sobre todo de la zona oriente con el poniente de
la Ciudad.
Desarrollo económico y empleo – sobre todo los relacionados con la actividad
de los aeropuertos.
Sustentabilidad y medio ambiente. – referido a la evaluación de la
contaminación en el terreno, así como la cuestión del agua en esta zona.
Transparencia ante la ciudadanía – Menciono la iniciación de 39 asambleas
en las colonias de influencia del proyecto.
Mencionó también la experiencia del aeropuerto de Tempelhoff en Alemania, para
enfatizar que la construcción de un aeropuerto no es un proyecto sino un proceso
que involucra necesariamente una decisión social.
Finalmente, presentó el Plan de Participación propuesto por el GDF y que tiene
como propósito involucrar a todos los actores, bajo las siguientes premisas: la
participación directa de la ciudadanía; respeto a los tiempos propios a la
participación social; inclusión del sector empresarial; inclusión de especialistas,
académicos y gremios; diálogo intergubernamental; y, la disponibilidad de
información y participación en línea.
Participación de los asistentes
Miguel Ángel Cancino cedió la palabra a los asistentes, conminando a
participaciones concisas y breves para hacer de esta ronda fructífera.
En la primera sesión de preguntas y comentarios se realizaron las siguientes
intervenciones: (a) un asistente (identificado como Joaquín) se dirigió a Chertorivski
para preguntar que va a pasar con un proyecto en donde el beneficiario va a ser el
AICM, dado que el terreno a desalojar pertenece al AICM y no a la ciudad; (b) Sofía
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Dolutskaya, quien preguntó a Chertorivski sobre qué proceso va a seguir la
información que se recabará en el portal que presentó, cómo se va a sintetizar y
que actores que se van a considerar; (c) Clara Reséndiz, vecina del Pueblo
Contadero en Cuajimalpa, mencionó el tema de la actualización del Programa
delegacional tocado por Martínez Fisher, comentando que se debe a la falta de
respeto a los proceso públicos; solicitó apoyo con ciertos asuntos específicos
(Mercado, hospital y reconocimiento de pueblos originarios en su delegación) para
finalmente, declarar que si las diferentes instancias de gobierno escucharan, no se
presentaría esta lucha social; (d) José Luis Martínez, de la organización del parque
reforma social, insistió en la importancia de que el cambio de uso de suelo solo sea
facultad de la asamblea legislativa para evitar arbitrariedades; y, por otro lado, refirió
una crítica a los 14 puntos planteados por Chertorivski en su ponencia, diciendo que
si realmente se escuchara a la ciudadanía, no se estarían llevando a cabo proyectos
como el deprimido de Mixcoac, el corredor Chapultepec y el NAICM, ya que a todos
estos se opone.
Después de esto, se dio pasó a la primera sesión de reacciones de los ponentes.
Martínez Fisher comentó, entre otras cosas, que la Reforma Política planteada viola
los derechos de los ciudadanos, al plantear que el constituyente fuera conformado
por personas designadas por el Presidente de la República; en ese sentido, propone
que haya un cambio de sentido en donde la ALDF sea quien se constituya como
órgano constituyente. Chertorivski respondió a varias cuestiones que le plantearon:
a Joaquín, le respondió que efectivamente el terreno es propiedad del gobierno
federal para uso aeroportuario, por lo tanto es necesario dialogar con ellos sobre los
usos de este terreno; a Sofía le respondió que se está creando un comité de
expertos que les ayude a decantar las opiniones y que posteriormente se presentará
un informe elaborado por distintas instancias del GDF (Secretaría de Obras, de
Movilidad, SEDUVI, SMA y SEDECO) en donde se plasmarán las opiniones y la
postura gubernamental sobre el AICM; a Clara le ofreció su apoyo; y con José Luis,
insistió que el objetivo del GDF es escuchar y estar abiertos a las distintas
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alternativas del proyecto, pero también a las distintas opiniones sobre el NAICM
(mencionando que hay tanto voces en contra como voces a favor).
Nuevamente, se abrió una segunda ronda de participación, en donde se realizaron
las siguientes intervenciones: (a) Sra. Ramírez, de Tacubaya: Mencionó algunas
situaciones que vive Tacubaya (cercanía a tren interurbano en Toluca, Ciudad
Pérdida, polígono de regeneración urbana) solicitando acompañamiento a la
diputada Margarita Martínez como su representante. Agregó que es necesario
traducir la oposición social a propuestas más trascendentes (refiriendo a una
radicalización del discurso de algunos participantes en las mesas del CONDUSE,
que considera que no es fructífera), (b) Ignacio Carrera, arquitecto, expresó su
preocupación por la descoordinación del discurso gubernamental, mencionando la
falta de coherencia entre el discurso de la SEDECO y la SEDUVI expresado en este
y otros seminarios recientes sobre la ciudad; agregó una crítica a la “forititis”,
alegando que estas discusiones no tienen ninguna utilidad para la toma de
decisiones; cerró su participación invitando a que los distintos niveles de gobierno
se pusieran de acuerdo para no terminar haciendo lo que el capital dice, (c) Antonio
Méndez Jaramillo, del Frente Amplio en Defensa de Cuajimalpa, se suscribió a lo
dicho por Ignacio Carrera, y expresó que lo que plantea Chertorivski sobre la
consulta pública eran mentiras, ya que la única interlocución del GDF con la
ciudadanía es por medio de los granaderos, (d) José Arías Chávez, comentó
brevemente a Trivelli que en México tampoco les gusta que los proyectos pasen por
las zonas ricas, y es por eso que le están haciendo el favor al oriente de la ciudad;
coincidió con Martínez Fisher sobre que una buena política debe comprender al
conjunto de la ciudad; se reconoció como miembro del Frente Amplio contra el
Aeropuerto y sostuvo su oposición al proyecto.
En la ronda final de reacciones, los ponentes fueron breves. A Trivelli, le pareció
fascinante esta oportunidad de ver a gente del parlamento, del ejecutivo y de la
comunidad que expresando sus intereses. Chertorivski coincidió con Pablo sobre
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tener espacios para el diálogo y contraste de ideas, y mencionó que escuchar no
significa coincidir en todo. Martínez juzgó que representa apertura por parte del
Gobierno; aun así, insistió en la fragmentación gubernamental y sugirió plantear una
metodología obligatoria para las consultas, para que éstas no sean sólo el producto
de una decisión de un funcionario. Con estos comentarios, finalizó la primera mesa
de la sesión.