reflexiones sobre seguridad y defensa nacional … · el estado y el gobierno: su interdependencia...

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REFLEXIONES SOBRE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

COLEGIO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOSUNIDOS POR EL SALVADOR

2017

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© Colegio de Altos Estudios Estratégicos 2017

Título Original Reflexiones sobre Seguridad y Defensa Nacional

Director CAEE Cnel. Inf. DEM Roberto Artiga Chicas

Editor Daniel López Fuentes

Diagramación Alexandra Eunice Sermeño Amaya

Autores:Cnel. Inf. DEM. Roberto Artiga Chicas Cnel. Cab. DEM. Fredi Antonio Sánchez Urías Cnel. Inf. DEM Jaime Enrique Guerrero MulatoCnel. Ing. DEM José Camilo Benítez Hidalgo Cnel. Inf. DEM Manuel de Jesús Barquero ElíasCnel. Trans DEM Mario Ernesto Córdova ArriolaTcnel. Art. DEM Herbert Oswaldo Vides Lucha Licda. Teresa Leonor Alfaro SifontesLicda. Ana María Corleto PerdomoLic. Carlos Orlando Martínez MartínezPrimera ediciónISBN 978-99961-81-01-6 200 ejemplaresCAEE Km. 51/2 Carretera a Santa Tecla, Alameda Manuel Enrique Araujo y Avenida de la Revolución. Tel. 2250-0135 ext. 1100.Página web: caee.edu.svCorreo electrónico: [email protected]

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355.03 R332 Reflexiones Sobre Seguridad y Defensa Nacional / Roberto, Artiga Chicas…[et al.]. --1a ed. -- San Salvador, El Salv. : Colegio de Altos sv Estudios Estratégicos, 2017. 249 p. ; 25 cm. ISBN 978-99961-81-01-6 1. El Salvador-Seguridad Nacional. 2. Defensa civil. I. Artiga Chicas, Roberto, 1960-coaut. II. Título.

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ÍNDICE

PREFACIO................................................................................. 7

PRÓLOGO................................................................................. 9

EL ESTADO Y EL GOBIERNO: SU INTERDEPENDENCIA CON LA SEGURIDAD NACIONAL. Cnel. Inf. DEM Jaime Enrique Guerrero Mulato........................................................... 11

LOS INTERESES Y OBJETIVOS NACIONALES EN EL SALVADOR: ¿CUÁL DEBE SER EL PROCEDIMIENTO PARA SU FORMULACIÓN? Tcnel. Art. DEM Herbert Oswaldo Vides Lucha................................................................. 27

¿CÓMO LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO CONCU-RREN PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS NACIONALESEN EL SALVADOR? Cnel. Trans DEM Mario Ernesto Córdova Arriola.......................................................................... 57

¿CÓMO SE FORMULAN LOS INTERESES NACIONALES EN EL SALVADOR? Licda. Ana María Corleto Perdomo........ 75

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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA DE LAS POLÍTICAS PÚBLI-CAS EN LA SEGURIDAD NACIONAL DE EL SALVADOR Lic. Carlos Orlando Martínez Martínez.................................... 87

EL CIBERESPACIO Y LA SEGURIDAD NACIONAL EN EL SALVADOR Cnel. Inf. DEM. Roberto Artiga Chicas........ 113

LA CIBERSEGURIDAD Y SU INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD NACIONAL Cnel. Inf. DEM Manuel de Jesús Barquero Elías................................................................. 155

FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR EN OPERACIO-NES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ INTERNACIO-NAL Y OPERACIONES MULTINACIONALES: IMPOR-TANCIA DEL FACTOR CULTURAL Cnel. Ing. DEM José Camilo Benítez Hidalgo............................................................ 189

EL ISLAM Y EL ISLAM POLÍTICO ¿ES EL ISLAM E ISLAM POLÍTICO UNA AMENAZA A LA DEMOCRACIA? Cnel. Cab. DEM. Fredi Antonio Sánchez Urías........................ 211

LA RELACIÓN ENTRE LA ECONOMÍA FORMAL E INFORMAL EN EL LAVADO DE ACTIVOS Licda. Teresa Leonor Alfaro Sifontes.............................................................. 233

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PRÓLOGO

El Colegio de Altos Estudios Estratégicos se fundó como resultado de los Acuerdos de Paz, permitiéndoles a los actores y líderes políticos, económicos y sociales salvadoreños tener un espacio de debate, donde las ideas fluyeran libremente, sin ataduras, ni ataques partidarios o de otra índole todo gracias a los valores de apertura que el CAEE mantiene. De ahí la publicación de este libro titulado Reflexiones sobre Seguridad y Defensa Nacional, el cual aborda desde la perspectiva académica e interinstitucional una diversidad de temas que germinan gracias a los conceptos de Defensa Nacional, Seguridad Nacional y Desarrollo Nacional, permitiéndole al lector empaparse de estos contenidos trascendentales para los lideres estratégicos que el CAEE forma gracias a sus cursos y demás actividades curriculares y científicas. Fomentan-do que todos los líderes nacionales tengan una visión de país común que le dé un rumbo a El Salvador.

El cuerpo capitular de este libro está construido bajo el razonamiento de-ductivo, es decir se parte de lo general a lo particular dándole al lector una perspectiva de análisis amplia y argumentativa sobre la conceptualización de la Seguridad Nacional favoreciendo que esta obra fomente el debate y a la vez sirva de fuente académica para construir conocimientos y generar aprendiza-jes significativos.

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PREFACIO

Este libro Reflexiones sobre Seguridad y Defensa Nacional, es un estudio completo sobre los temas que el Colegio de Altos Estudios Estratégicos im-parte en su malla curricular, por lo tanto en el primer capítulo aborda los conceptos de Estado y Gobierno, ambos interrelacionados con la Seguridad Nacional, así mismo en el segundo se explica el procedimiento para determi-nar los Intereses y Objetivos Nacionales, lo cual está conectado con el tercero que responde a la pregunta de cómo en El Salvador se alcanzan los Objetivos Nacionales, a la vez en el cuarto se manifiestan los pasos para formular los Interés Nacionales propiamente en El Salvador y de esta manera en el quinto se aborda la dimensión estratégica de las políticas públicas en la Seguridad Nacional de El Salvador.A partir del sexto capítulo los tópicos giran en torno a las nuevas amenazas a la Seguridad Nacional, por ejemplo como el ciberespacio y las ciberamenazas afectan la Seguridad Nacional en el país, también está el capítulo que aborda la labor de la Fuerza Armada de El Salvador en operaciones de Mantenimien-to de la Paz, pero enfocado en la importancia del factor cultural, así también se estudia el concepto de Islam y cómo algunos grupos tratan de relacionarlo con una amenaza a la democracia, por último se analiza la relación entre la economía formal e informal en el lavado de activos en el país. Por tanto cada uno de estos capítulos puede ser estudiado de forma individual o colectiva y así tener una visión de la producción científica y académica del CAEE.

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EL ESTADO Y EL GOBIERNO: SU INTERDEPENDENCIA CON LA SEGURIDAD NACIONAL

Cnel. Inf. DEM Jaime Enrique Guerrero Mulato

RESUMEN

El Estado asume la responsabilidad de garantizar la seguridad del colectivo, dentro del mismo el Gobierno garantiza las condiciones adecuadas para ma-terializar esa responsabilidad ya que este está organizado con el fin de admi-nistrar la seguridad que procura al Estado, el Gobierno y los ciudadanos. Esta dialéctica será la que observaremos durante el desarrollo del trabajo buscando la razón fundamental de estos conceptos con la finalidad de mostrar académi-camente su interdependencia. Por lo anterior se analiza el origen del Estado y del Gobierno su entendimiento técnico jurídico, la evolución del concepto de Seguridad Nacional y como está garantiza las aspiraciones e intereses entre otros, de acuerdo a los objetivos nacionales de algunos países de centro y América del sur.

Palabras claveEstado, Gobierno, nación, intereses nacionales, bien común, Seguridad Na-cional.

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ABSTRACT

The State assumes the responsibility to guarantee the security of the collec-tive, within the same the Government guarantees the adequate conditions to materialize this responsibility since it is organized in order to administer the security that it seeks to the State, the Government and the citizens. This dia-lectic will be the one that we will observe during the development of the work searching for the fundamental reason of these concepts with the purpose of showing academically their interdependence. The foregoing analyzes the origin of the State and the Government’s technical legal understanding, the evolution of the concept of National Security and how it guarantees aspira-tions and interests among others, according to the national objectives of some countries of Central and South America.

KeywordsState, Government, nation, national interests, common good, National Secu-rity.

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El contenido se estructurara partiendo desde un marco teórico en donde se establecen las percepciones básicas de Estado, Gobierno y Seguridad Nacio-nal, claves para alcanzar el propósito de establecer la interdependencia de estos conceptos a partir de sus enfoques e interpretaciones doctrinarias, fina-lizando con algunas conclusiones. El objeto es aportar juicios de valor a fin de demostrar que las categorías: Estado, Gobierno y Seguridad Nacional son necesarias y básicas para las subsistencias de los mismos, apoyando nuestra investigación, se citan ejemplos, doctrinas, otros elementos que facilitan la comprensión de los términos, permitiendo demostrar la tesis planteada de la vinculación entre los mismo.

Como introducción; A lo largo de la historia el hombre ha dado mucha impor-tancia a la seguridad, tanto en lo personal, familiar, así como de sus bienes, por lo que esto los obligo a crear sistemas que le permitieron poseer un grado de seguridad satisfactorio llevando a cabo actividades en un ambiente estable y con el menor número de amenazas posibles.

A medida que los grupos humanos organizados se fueron asentando en terri-torios y estos definidos como propios y delimitados en su extensión, se crea también la necesidad de su protección y de asegurar en ellos la libertad y el desarrollo de la vida de cada uno de sus miembros.

En épocas muy remotas se percibe una forma de seguridad territorial como parte de la naturaleza de todo núcleo social desde su forma primitiva hasta los modernos bloques políticos conformados por estado o Gobiernos que en su esencia los obligan imperativamente que orienten sus esfuerzos hacia la bús-queda de la Seguridad no como un fin último a alcanzar sino como un medio para llegar al bienestar de sus comunidades o el “Bien Común” del cual se parte definiéndolo como; Es un fin abstracto, que considera la satisfacción de aquellas condiciones de orden espiritual y material que la sociedad o el grupo de personas que conforman un Estado, han decidido que satisfacen sus ambi-ciones personales y sociales (CALEN, 2013).

Es decir, que el Estado como una institución políticamente organizada, se rige por los fines que le impone la Constitución para que se le garantice a la

EL ESTADO Y EL GOBIERNO: SU INTERDEPENDENCIA...

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sociedad, el orden, la justicia, el respeto y la libertad, como principios de la convivencia pacífica. Los elementos que constituyen el Estado, tradicional-mente han sido la población, el territorio y el Gobierno, pero ahora recobran mayor valor cuando se integran con otros, como la soberanía, que al servicio de esa sociedad políticamente organizada, con el deseo de incrementar la tec-nología, mantener la integridad territorial y fomentar ciertos principios para la protección de la cultura y los recursos, en beneficio del desarrollo econó-mico y social (CALEN, 2013).

Partiendo que los Estados y las Naciones son distintas formas de organización política de grupos humanos, y por ello son de distinta naturaleza. Un “Estado” es un ente formado por tres cosas básicas: población, Gobierno y territorio. Por otro lado, se considera “Nación” a un grupo de personas que comparten una misma cultura, tradiciones, idiosincrasia y otras características comunes entre todos sus integrantes, de acuerdo a Cabanellas de Torres Diccionario Jurídico Elemental lo describen; “Pueblo que se rige con independencia. Te-rritorio, dominio o país que pertenece a un soberano. La Hacienda pública o fisco nacional. La cosa pública. Origen general del Derecho. Sociedad jurí-dicamente organizada, capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior y afirmar su personalidad y responsabilidad frente a las similares exteriores” (CUEVAS, Undécima edición, 1993.).

La descripción anterior se podría determinar que es una base conceptual téc-nica-jurídica, pero afirma la existencia de una responsabilidad que conlleva a garantizar una estabilidad para su población. Así mismo es el conjunto de los poderes públicos; acepción en que se asimila con Gobierno, del cual se diferencia en cuanto éste constituye la imagen personal de aquél, su Órgano Ejecutivo.

El “Estado” se conforma por diversos grupos humanos, y en la mayoría de las veces sus intereses no tienen nada en común, ya que son divisiones puramente políticas, se integran por varias “Naciones” o “grupos étnicos”.

Estos grupos, que es prácticamente lo mismo que una “Nación”, solo que es un grupo más reducido, aislado, y por lo general su forma de Gobierno es

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autóctona, es decir, son completamente interdependientes (CUEVAS, Undé-cima edición, 1993.)

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresamente, la Socie-dad Internacional existen 192 “Estados” asimismo reconoce que esos “Esta-dos” son libres y soberanos. Existen poco más de 200 “Naciones” en el mun-do, muchas de ellas repartidas en tres o más “Estados”. Un ejemplo puede ser la nación Kurda, la cual se extiende por parte de Irak, Turquía, Siria, Irán y Azerbaiyán. A esta zona se le llama “Kurdistán”.

Hay “Estados” que son independientes y reconocidos por la ONU, como el Vaticano, la máxima autoridad del Vaticano y jefe de Estado del mismo es el sumo pontífice, por lo que puede considerarse la única teocracia de Europa. El papa delega las funciones de Gobierno en el secretario de Estado. Además de ser el sumo pontífice de la Iglesia católica, y el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, es también (para los que profesan la religión católica romana), el vicario de Cristo sobre la tierra y el sucesor de Pedro. Pero que no forman parte de la ONU, y hasta hace poco Suiza estaba en las mismas condiciones pero a partir del 10 septiembre 2002, se integró al Sistema de Naciones Uni-das.

Existen actualmente 69 “Naciones” que pugnan por tener su propio “Estado”, ya que coexisten dentro de un “Estado” pero desean su independencia. Un ejemplo claro es el País Vasco, en España. Los euskeras o vascuences (lengua no indoeuropea de la península Ibérica, y una de las pocas de Europa, junto al finés, estonio, el húngaro y maltés, que no pertenece al tronco lingüístico indoeuropeo) buscan su independencia del Reino de España, pero el Gobier-no no ha cedido (ONU, 2016); por ello coexiste un grupo Terrorista llamado ETA, que pugna por la liberación del pueblo vasco. Hay muchos casos como este: IRA en Irlanda; Hammas en Palestina; o grupos terroristas de Cachemi-ra, en Rusia.

Como los casos anteriores podrimos citar una lista de algunos “Estados” no reconocidos que son insólitos, pero existen; Tíbet, Abjasia, Aborígenes de Australia, Acheh, Ahwazi, Albaneses en Macedonia.


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Entonces se podrá seguir afirmando con relación a las definiciones de Estado en la que se cita la doctrina técnica jurídica, dar una definición de estado y, sobre todo hacerlo en pocas líneas ofrece dificultades insuperables, porque se trata de un concepto muy discutido. Por ello es prefiere limitarlo a decir que según Adolfo Posada, el Estado “Es una organización social constituida por un territorio propio, con fuerza para para mantenerse en el e imponer un poder supremo de ordenamiento y de imperio, poder ejercido por aquel elemento social que en cada momento asume la mayor fuerza política” y agregando esta cita que son grupos de individuos establecidos sobre un territorio deter-minado establecidos sobre un territorio determinado y sujetos a la autoridad de un mismo Gobierno (Posada, 2003).

La investigación orienta a llevar una comprensión del Estado y Gobierno de este podrimos mencionar que El Gobierno se encarga del poder ejecutivo del Estado, esto quiere decir que se ocupa de que las leyes se respeten. Por otra parte, también encuentra entre sus responsabilidades la gestión de cuestiones públicas como por ejemplo; El sistema educativo, la salud, el medioambiente o las relaciones internacionales con otros territorios. El Gobierno queda cons-tituido por dos figuras fundamentales: el Presidente y los ministros que diri-gen asuntos específicos como Cultura, Igualdad o Economía (Posada, 2003).

Para poder entender un poco más sobre Gobierno se cita algunas considera-ciones en torno al concepto y sus funciones; El Gobierno puede ser entendido para varios autores como el órgano colegiado formado por un Presidente o Primer Ministro y unos Ministros, al que la Constitución o la norma fun-damental de un Estado le atribuye el Poder Ejecutivo. Constituye una parte del Estado, cuyo objetivo directo es lograr el cumplimiento de los fines del mismo, es el centro desde el cual se ejerce el poder político sobre la sociedad (Rodríguez Suárez & García Domínguez, 2012), Otra acepción del término es la que lo concibe como dirección general del país, poder gubernamental, que lleva a cabo además de las funciones ejecutiva-administrativas del aparato estatal, las funciones legislativas (Rodríguez Suárez & García Domínguez, 2012).

El Gobierno es tan sólo una de las piezas que componen el gran todo esta-

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tal. Su condición de parte de la organización política de la sociedad, aunque sea una parte especialmente poderosa, queda de manifiesto cuando el poder ejecutivo entra en conflicto con otros poderes. De su forma depende la cons-titución de los distintos órganos estatales, por lo que le corresponde un papel central, el de supremo conductor o director del Estado.

Respecto a sus funciones concretas, Hague, Harrop y Breslin han distinguido cinco funciones principales: 1) ejercer la dirección general de la política na-cional; 2) supervisar la implementación de las políticas públicas; 3) movilizar el consenso y el apoyo para el éxito de esas políticas; 4) asumir los aspectos ceremoniales del liderazgo y 5) ejercer el liderazgo en situaciones de crisis, es decir, el ejercicio de poderes efectivos en situaciones de emergencia (Ro-dríguez Suárez & García Domínguez, 2012).

Si bien es cierto que se trata de aclarar conceptos, las funciones citadas an-teriormente nos servirán para evaluar las amenazas pertinentes que enfrenta un Estado y el Gobierno que lo administra, el termino de Amenaza no se estudiara a profundidad sino que su observación solo nos servirá para hacer notar el nivel de responsabilidad que posee estos en el marco de la defensa y la garantía de la seguridad de los gobernados. En consecuencia se citara algunos conceptos que se refieren a la etimología de la palabra “Seguridad” la razón de su existencia de su significación y de su forma a la luz de algunos conocedores de la problemática en la garantía a favor de los regidos por un Estado o Gobierno.

Al comprender; los conceptos expuestos representan apenas una síntesis espe-cíficamente orientada hacia la consecución del objetivo propuesto, sumando a esto la tesis relativo a la comprensión del concepto de Seguridad Nacional, que es de tanta magnitud e importancia que bien ha merecido publicaciones de escuelas de acuerdo a su aplicación en el quehacer de gobernar de sus países.

El trabajo desde su planteamiento propone establecer los vínculos o relacio-nes, de los conceptos que nos ocupan, por tal se plantea y despeja el alcancey contenido estratégico-político de la Seguridad Nacional.


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Para ello someramente se establecen algunos orígenes de la necesidad básica de proveer seguridad al componente “Población” de un estado o nación ta-les como; Sus Objetivos Nacionales; no constituye un problema simple, que puede ser resuelto en una sola instancia. Es menester, por el contrario, todo un proceso de elaboración intelectual, que nos lleve desde las raíces cultu-rales donde éstos se originan hasta su declaración formal al máximo nivel de la Política del Estado. (Arizaga, 2004). Sus Intereses y Aspiraciones del Hombre. Es un hecho indudable que todos poseen intereses que se identifican con nuestras necesidades básicas, tanto de la vida vegetativa, cuanto, princi-palmente, de la vida social o de relación. En otras palabras, un conjunto de sentimientos, creencias, convicciones y decisiones convergen para la confor-mación de intereses que se traducen en aspiraciones de la vida. Según Eugene Stanley, los intereses y aspiraciones del hombre, que constituyen a su juicio las motivaciones básicas del comportamiento humano, pueden resumirse en las siguientes; Nivel de vida satisfactorio, Sensación razonable de seguridad, Sentido de participación, Oportunidades creadoras, Integración social y Espi-ritualidad en la vida (que es la representación del sentido de la vida; la plena realización espiritual) (Arizaga, 2004).

Dentro de la amplia escala de acciones y medidas que contribuyen a crear una “situación o estado ideal de seguridad”, se proyecta una problemática que adquiere características particulares en función de los factores; antagónicos, presiones, tensiones que atentan contra esa misma seguridad, sea en el plano individual, social o nacional (CAEE, 2003).

“El término “seguridad” indica un estado o sensación que produce la percep-ción de ausencia de amenazas que coloque en riesgo la existencia, la propie-dad, los intereses, los valores o el particular modo de ser de quien percibe” Saint-Pierre (2007).

Conforme se verá oportunamente, los procedimientos del Estado y de las ac-ciones que promueve, con repercusiones directas o indirectas en la Seguridad Nacional, además de ser prácticamente inagotables, cualitativa y cuantitati-vamente, varían de acuerdo a los factores, razones o motivos que crean “inse-guridad”, en cada caso particular.

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Los factores de inseguridad pueden ser de orden material, cultural o moral; Materiales; vale la pena mencionar la escasez o la falta de recursos naturales, las deficiencias de industrialización y las dificultades financieras, que crean incompatibilidad entre los medios disponibles para la acción protectora o ase-guradora y los elementos a proteger.

Culturales, conviene destacar la ignorancia en los diversos sectores, en cuan-to a la participación inteligente y activa del ciudadano en los procesos político y cultural de su propio País.

Morales, es indispensable tener muy en cuenta que es en el campo moral y espiritual donde radica la crisis profunda del mundo contemporáneo, causa principal de la inseguridad generalizada entre las naciones y dentro de las propias comunidades nacionales. No olvidando los impulsores de las oposi-ciones sobre ideologías, históricas, de expansión territorial y las de carácter espiritual (CAEE, 2003).

En forma general pero citando concepto de valor consecuentes a la investiga-ción que nos ocupa se plantearon las causa por la que los Estados o Gobiernos en diferentes países se ven obligados a aplicar su visión propia de Seguridad Nacional o en el marco de sus alianzas en la comunidad internacional.

El concepto se ha evolucionado de acuerdo las características históricas de la época, del momento y las amenazas potenciales que se desarrollan orienta-das siempre a las garantías que a través de las acciones de los Estados debe proporcionar a sus gobernados para salvaguardar sus interese o aspiraciones materializados en sus objetivos nacionales, por la tanto se ve someramente estos conceptos de Seguridad, para ello se usa algunas referencias del trabajo desarrollado por los Colegios de Seguridad y Defensa a nivel de Iberoamérica 2013 ( Colegio de Defensa del Uruguay, 2013).

Seguridad Alimentaria y Nutricional; que inicialmente en la década de los 70´s refería al acceso físico y económico a la alimentación, pero que comenzó a ser ampliamente difundido y reconocido como un derecho humano a partir de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, momento en el cuál co-


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mienza su resemantización para incluir el reconocimiento de pautas cultura-les y la inocuidad, entre otros aspectos (CALEN, 2013).

Seguridad Humana; pretende referenciar esa ampliación del concepto desde determinado marco ideológico que condensaba nociones de seguridad eco-nómica, alimentaria, ambiental, personal, política, jurídica, etc. desde una perspectiva securitaria. Dicho concepto permitió una conceptualización más amplia para abarcar la naturaleza de los mecanismos institucionales que per-mitirían alcanzar (en tanto medio y fin de un estado óptimo de seguridad (CALEN, 2013).

Seguridad Democrática; que“se sustenta en la supremacía y el fortalecimiento del poder civil, el balance razonable de fuerzas, la seguridad de las personas y de sus bienes, la supe-

ración de la pobreza y de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violen-

cia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad, el tráfico de armas” (CALEN, 2013).

En esa coyuntura, el ámbito del Sistema Interamericano, dio nacimiento al concepto de Seguridad Multidimensional. Se trata de un nuevo enfoque que fue introducido en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, realizada en Bridgetown, Barbados, del 2 al 4 de junio de 2002, pretendiendo erigirse como síntesis de los conceptos de Seguridad Humana y Seguridad Democrática. La Asamblea sostuvo como eje central del concepto que:

“las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el Hemis-ferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional y que el concep-to y enfoque tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas

y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales” (CALEN, 2013).

Seguridad Hemisférica; genéricamente expresiva de la seguridad en el ámbito del hemisferio occidental, tenía la intención de poner en acto:

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“un sistema de interacciones interestatales que, coordinando políticas gubernamentales, evita, previene y contiene las amenazas a los intereses

nacionales de las repúblicas latinoamericanas, y evita que las percepciones que de estas amenazas tienen los diversos estados, se transformen en tensio-

nes, crisis o confrontaciones” (CALEN, 2013).

Si bien es cierto existe una gama amplia de valorizaciones de seguridad las anteriores llenan las perspectivas para demostrar nuestra teoría. En conse-cuencia se establecen las percepciones de Seguridad Nacional de Organismos Internacionales y de países de Iberoamérica.

Para las Naciones Unidas (ONU) la seguridad es; “La situación en la que un Estado se considera resguardado contra agresiones militares, presiones polí-ticas o coerciones económicas significativas, obteniendo con ello, libertad de acción para proseguir con su desarrollo y progreso” (CALEN, 2013).

Es notable que la definición de las Naciones Unidas, responsabiliza el res-guardo del Estado para proseguir con su desarrollo y progreso.

En El Salvador La Ley de la Defensa Nacional, define a la Seguridad Nacio-nal como:

“Un conjunto de acciones permanentes que el Estado propicia para crear las condiciones que superen situaciones de conflictos internacionales,

perturbaciones a la tranquilidad pública, catástrofes naturales y aquellas vulnerabilidades que limitan al desarrollo nacional y pongan en peligro el

logro de los Objetivos Nacionales” (Ley de la Defensa Nacional, 2002).

Para el Estado Plurinacional De Bolivia la seguridad Nacional; es el grado relativo de garantía que, a través de acciones políticas, económicas, psicoso-ciales y militares, un Estado puede proporcionar, en una determinada época, a la Nación que jurisdiccional, para la consecución y salvaguarda de los Obje-tivos Nacionales, a pesar de los antagonismos, internos o externos, existentes o previsibles (CALEN, 2013).


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República de Chile la Seguridad nacional: Es una condición alcanzada por un país como consecuencia del desarrollo armónico de su poder nacional y de haber adoptado previsiones y acciones tendientes a atenuar o eliminar sus vulnerabilidades, de modo de asegurar el logro de los objetivos nacionales y resguardar los intereses nacionales en relación con riesgos, amenazas o inter-ferencias importantes, tanto externas como internas, con pleno respeto a la normativa legal y reglamentaria (CALEN, 2013).

Si bien es cierto se ha llevado a identificar sobre los conceptos que nos ocu-pan como elementos de análisis, inicialmente se plantea el concepto de Esta-do, estableciendo a modo de cierre algunos aspectos que son esenciales.

Incluye un territorio, en el cual se asienta una o varias naciones, pudiendo ser multinacional. Cabe aclarar que pueden existir naciones sin Estado, pero no a la inversa, Es el encargado de administrar los asuntos comunes de la comu-nidad a la cual pertenece, tarea que realiza por medio de una burocracia espe-cializada que es conducida por el Gobierno, asegura las condiciones básicas para que la sociedad se reproduzca, dando marcos institucionales de manera de regular los conflictos y las condiciones en las cuales se desenvuelve la acu-mulación de capital, se encarga de “normalizar” a la población de su territorio mediante la regulación de la misma en tanto organismos biológicos. Es decir, normaliza cuerpos mediante políticas sanitarias que abarcan desde lo físico a lo mental. Lo sano y lo insano quedan delimitados por su accionar, por lo cual delimita los espacio sociales de lo aceptable (INCaP).

Desde el Estado, con sus diferentes políticas, se desarrollan argumentacio-nes y construcciones de sentidos, metáforas e imágenes que interpelan a la sociedad creando sentido e historia. Se puede decir en cierta forma, que las intervenciones estatales se pueden deducir de las metáforas que se emplean para legitimar su actuar (INCaP).

Como ha quedado expuesto Estado no equivale a Gobierno, pues dentro de aquel se encuentra esencialmente la burocracia, que más allá de las coyuntu-ras políticas, permanece en su puesto. Entonces El Gobierno de una sociedad puede organizarse de diferentes maneras, pudiéndose establecer una dicoto-

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mía entre aquellos que contemplan división de poderes como las repúblicas, y aquellos que concentran todo el poder en la cima, como puede ser una mo-narquía pura o algún otro tipo de Gobierno basado en la decisión de un único líder o un grupo de ellos (INCaP).

Aristóteles dividió a las formas de Gobierno en tres tipos puros, que se carac-terizaban por ocuparse del bien común, y sus tres desviaciones, que surgían a partir de que se privilegiaba el interés particular de una persona o un grupo en detrimento del resto de la comunidad (INCaP).

Por tanto, en buena medida, la legitimidad del gobernante va a descansar en su disposición a cumplir con su juramento, a la vez que en su voluntad de privilegiar el interés colectivo de garantizar estabilidad, seguridad y perma-nencia del estado y sus componentes de por encima de lo particular.

En conclusión, la diferencia entre estos dos términos es que el Estado es el “todo” y el Gobierno es una parte de él. El Gobierno se encarga de llevar a cabo el poder ejecutivo del propio Estado, es decir, es una institución que representa uno de los tres poderes que posee el Estado. Para entenderlo mejor con un ejemplo, se puede decir que el Estado sería la manera de organizar la nación y el Gobierno sería el presidente de esta nación y su grupo de minis-tros (Rodriguez, Garcia, Garcia, 2012).

Por lo anterior es ineludible la responsabilidad que de estos conceptos anali-zados, los cuáles por naturaleza o creación mantienen una interdependencia entre sí, para mantener y garantizar la seguridad del colectivo, con la presen-cia de rasgos y categorías que de hecho caracterizan o tipifican a la Seguridad Nacional.La Seguridad Nacional no debe considerarse como un fin en sí mismo, sino una condición para que se logre el Bien Común, en donde la persona es el centro y el objeto de esa seguridad como parte del conglomerado nacional, y que el respeto a los Derechos Humanos y la garantía de la satisfacción de sus necesidades básicas como persona, deben formar parte del conjunto de aspi-raciones nacionales que se deben garantizar y que constituyen imperativos para lograr el Desarrollo Nacional (CALEN, 2013).


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BIBLIOGRAFÍA

Arizaga, A. (2004). Lectura de interés. Seguridad Nacional y Objetivos na-cionales. El Salvador: CAEE.

CAEE. (2003). Manual de la planificación de la Seguridad Nacional. MD 100-30-3. San Salvador, el Salvador.

CALEN. (2013). Conceptos de Seguridad y Defensa de los Países Iberoame-ricanos. Uruguay: Ministerio de Defensa Nacional.

Colegio de Defensa del Uruguay. (2013). Conceptos de Seguridad y Defen-sa de los países Iberoamericanos.

CUEVAS, G. C. (Undécima edición, 1993.). Diccionario Jurídico Elemental. En G. C. CUEVAS, Diccionario Jurídico Elemental (pág. 341). Barcelona: EDITORIAL HELIASTA S.R.L.

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Posada, A. (2003). Teoría y práctica política en la España del S.XIX. En A. Posada, Teoría y práctica política en la España del siglo XIX (pág. 646). Valencia: Servei de Publicacions.

Rodríguez Suárez, M., & García Domínguez, C. y. (junio de 2012). Contri-buciones a las Ciencias Sociales. Obtenido de La Diferencia Técnica- Jurí-dica entre Estado y Gobierno: www.eumed.net/rev/cccss/20/

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LOS INTERESES Y OBJETIVOS NACIONALES EN EL SALVADOR: ¿CUÁL DEBE SER EL

PROCEDIMIENTO PARA SU FORMULACIÓN?

Tcnel. Art. DEM Herbert Oswaldo Vides Lucha

RESUMEN

La formulación de los objetivos nacionales, se realiza a través de un proceso desde la identificación de los intereses hasta su concretización en objetivos nacionales actuales en los planes de Gobierno, es así como para establecer los intereses y objetivos nacionales en el Desarrollo Nacional, se realiza un méto-do secuencial y lógico, que inicia con las necesidades de todos los miembros de la sociedad. Una vez identificados y a través de una reflexión de país, tanto de la sociedad en su conjunto como de las autoridades públicas, se convierten en aspiraciones nacionales, es así como al formular las aspiraciones en metas que se propone alcanzar un Estado de manera oficial, se redactan los objetivos nacionales, que pueden ser de mediano y largo plazo. Los Objetivos Naciona-les de Seguridad, están orientados a garantizar los Objetivos Nacionales Per-manentes y Actuales de Desarrollo, ante amenazas o riesgos que obstaculizan su logro. Se establecen como metas idóneas y factibles de lograr para superar dichos obstáculos, a través de un análisis que permita determinar el Objetivo de Seguridad.

Palabras ClaveObjetivos Nacionales, Intereses Nacionales, Desarrollo Nacional, Seguridad Nacional, Visión de país, Acuerdo de Nación.

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ABSTRACT

The formulation of the national objectives is carried out through a process from the identification of the interests to their concretization in current national objectives in the government plans, thus to establish the national interests and objectives in the national Development, is realized A sequential and logical method, which begins with the needs of all members of society. Once identified and through a reflection of the country, both the society as a whole and the public authorities, become national aspirations, this is how in formulating the aspirations in goals that it is proposed to reach a State in an official way, National goals, which can be of medium and long term. The National Security Objectives are oriented to guarantee the Permanent and Current National Development Objectives, in the face of threats or risks that hinder their achievement. They are established as ideal and feasible goals to achieve to overcome these obstacles, through an analysis that allows to determine the Security Objective.

KeywordsNational Objectives, National Interests, National Development, National Security, Country Vision, National Agreement.

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El título de este ensayo se denominó: “Los intereses y objetivos nacionales en El Salvador. ¿Cuál debe ser el procedimiento para su formulación?” y se consideró que debía aclararse a través de una investigación cuál debe ser para El Salvador el procedimiento a utilizarse, basados en diferentes doctrinas y autores, que explican sobre el tema en particular. La mayoría de autores pro-vienen de los EE.UU. y Europa, que retoman la escuela realista de las rela-ciones internacionales en la que los conflictos y amenazas se generan en ese ámbito entre Estados, y en la actualidad también, con actores que representan amenazas transnacionales y en muchos de esos casos se desarrollan conflictos asimétricos. Así también, es de hacer notar que la mayoría de autores de esas regiones, no llegan a formular objetivos nacionales, solamente formulan en el nivel político, intereses nacionales.

En esa realidad teórica doctrinaria, se encuentra El Salvador y muchos otros países de similares perfiles, en donde su marco teórico, también han sido in-fluenciado por la escuela realista de Morgenthau, pero también por la escuela idealista de Woodrow Wilson. Escuelas que su orientación se mantiene en la política exterior, pero no consideran de manera específica, el desarrollo nacional que le permite el Bienestar y Progreso, solamente cuando se define el interés nacional para protegerlos, en cualquier parte del mundo donde se vean afectados.

Sin embargo en este trabajo se le dio la importancia al binomio de Seguridad Nacional y Desarrollo Nacional, como ámbitos interdependientes y que la búsqueda de objetivos nacionales de desarrollo cobra una importancia rele-vante, sino mayor, de igual valor con respecto a los objetivos nacionales de seguridad.

Por las razones anteriores, el trabajo tuvo el objetivo general de “determi-nar el procedimiento para formular los intereses y objetivos nacionales en El Salvador” y se estructuró en tres aspectos importantes: el primer aspecto versó sobre los intereses y objetivos nacionales en la búsqueda del Desarrollo Nacional, cuya finalidad fue la de identificar las formas en que los Estados buscan materializar el desarrollo nacional a través del logro de los intereses y objetivos nacionales; el segundo, relacionó a los intereses y objetivos nacio-

LOS INTERESES Y OBJETIVOS NACIONALES EN EL SAL...

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nales para la Seguridad Nacional, teniendo como propósito la de examinar las diferentes maneras en que los Estados buscan proteger sus intereses y ob-jetivos nacionales; y el tercer aspecto fue la propuesta de procedimiento para formular los intereses y objetivos nacionales de El Salvador, que aunque no tiene nada de especial, era necesario recalcarlo y colocarlo, en su justa ubica-ción, siendo su orientación la de determinar el procedimiento para formular los intereses y objetivos nacionales de El Salvador.

No se pretende que con este ensayo se agoten otros puntos de vista al respec-to, pero que sirva de base para mejorarlo y desarrollar un procedimiento más acabado.

Los intereses y objetivos nacionales en la búsqueda del Desarrollo NacionalEl Desarrollo Nacional es el concepto a través del cual se pueden dirigir los esfuerzos nacionales hacia la búsqueda del Bien Común, ya que esta condi-ción de bienestar igualitario siempre se está tratando de lograr.

Los intereses, aspiraciones y objetivos nacionales deben estar enfocados a este fin de la sociedad. Sin embargo el tan ansiado bienestar puede ser obsta-culizado por factores que se oponen con intensión o sin ella y que no permiten su logro. Debido a lo anterior se necesita a la Seguridad Nacional para que a través de su empleo se garanticen dichos objetivos.

El Desarrollo Nacional como la Seguridad Nacional son conceptos interde-pendientes entre sí. A un mayor Desarrollo se necesita una mayor seguridad para garantizar ese desarrollo, y a una mayor seguridad se necesita un de-sarrollo tal que permita adquirir las capacidades necesarias para una eficaz seguridad y garantía.

El Desarrollo Nacional, plantea objetivos nacionales que se orientan al bien común, progreso y bienestar general de un Estado.

En ese orden de ideas la Comisión Nacional de Desarrollo, en su documento inicial publicado como Bases para el Plan de Nación, (1998, p.15) concibe el desarrollo como:

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Un proceso amplio de carácter social, político, cultural y económico; un proceso participativo cuya sostenibilidad se basa en crecimiento económi-

co vigoroso y equilibrado; un proceso que promueve la realización plena de todos los salvadoreños y bienestar material y anímico; un proceso que

despliegue, en todos los sectores, la capacidad de producir, expandir y usar adecuadamente la riqueza material y cultural; un proceso que desarrolle el desafío de calidad y el espíritu de excelencia, en el marco de políticas

equilibradas en el orden poblacional y en el orden territorial; un proceso que trascienda el horizonte del presente, vinculando su efectividad con la

salvaguarda de los derechos de las generaciones futuras.

Este concepto de la Comisión Nacional de Desarrollo, establece que el desa-rrollo se materializa a través de procesos integrales (económico, social, polí-tico y cultural) que deben satisfacer las necesidades materiales y espirituales de los salvadoreños, así como que trascienda en el presente para que se ga-ranticen los derechos ciudadanos en el futuro. Así también que aunque no lo expresa explícitamente, para el logro de los procesos mencionados, necesita establecer objetivos nacionales que permitan su logro o materialización.

Para el Comando de Doctrina y Educación Militar (CODEM), el desarrollo nacional está constituido de una manera integral, que busca también el bien-estar general y en el Manual de la Planificación de la Seguridad Nacional (2003, p. 3), publicado por el Colegio de Altos Estudios Estratégicos (CAEE), y define al desarrollo nacional como:

El Desarrollo Nacional es un proceso que busca el fortalecimiento global del Poder Nacional para mejorar las condiciones de vida de la población en general; es un objetivo que pretende construir una sociedad en la que todos

sus miembros pueden disfrutar del bien común. Refleja un nivel de vida aceptable, adecuado y digno para toda la población, significa progreso;

desarrollo económico, social, político y cultural.

Por otro lado, la necesidad de protegerse y sobrevivir, ha sido una constante en la humanidad, desde las tribus, clanes hasta llegar a los Estados, todos han


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seguido esa constante en cuanto a su protección y supervivencia.

La humanidad, en su evolución relacionada a la organización social y políti-ca, conforme fue supliendo las necesidades de grupo, fueron también apare-ciendo otras necesidades que deberían ser llenadas. Es así como, las personas individualmente, le dan valor a algo que les parece importante y necesario para su desarrollo personal y que lo configura como un interés personal, y que se convierte en una aspiración a lograr ya sea por su esfuerzo personal o a través del grupo social a que pertenece; así también los grupos sociales buscan algo común, que como grupo les satisface y llena su necesidad, que también se denomina como el interés de grupo. Cuando este interés pasa a ser consciente y posee la voluntad como grupo para conseguirlo, se convierte en una aspiración del grupo social.

Los grupos sociales estructuran una nación, a través de fuerzas que lo unen, como el lenguaje, la historia, religión, costumbres, y que después se convier-ten en un Estado, con la finalidad de buscar la satisfacción de las necesidades de seguridad y prosperidad, así como otras necesidades que en el tiempo van surgiendo. Éstas necesidades conforman el interés nacional, las cuales con-juntamente con la interpretación del grupo dirigente de la nación, se traduce en aspiraciones nacionales.

Estas aspiraciones, son reflexivas y motivan a su logro por el grupo nacio-nal. Son el motor de la búsqueda y satisfacción de los intereses nacionales y son protocolizadas y redactadas en objetivos, los cuales deben de lograrse y mantenerse, porque le son necesarios para su supervivencia y progreso como nación.

De lo antes descrito se puede afirmar que en El Estado, como organización moderna, las personas buscan satisfacer sus necesidades, desde las básicas individuales hasta las de grupo y que estas necesidades, junto a todas las ne-cesidades diferentes de otros grupos que conforman la sociedad, es el deber del Estado establecerlas como metas a lograr y mantenerlas, denominándose, objetivos nacionales.Los Estados poseen sus metas o fines más altos que orienta su vida y evolu-

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ción, dándole así la razón de ser de ese conglomerado social y político, siendo su fin último: la búsqueda del Bien Común.

Radbruch, Gustavo en su obra Filosofía del Derecho, 1944 citado por Abelar-do Torré, en su obra Introducción al Derecho (s/f, p. 481) complementa sobre el propósito legítimo de un Estado y dice que en cuanto a los fines del Estado, éstos pueden ser de dos categorías; los Estados que se basan en la tendencia o fines personalistas y los que se basan en las tendencias o fines transpersona-listas. Para los primeros:

El valor supremo lo constituyen la personalidad humana y, el Estado, debe tender a garantizar la libertad y dignidad del hombre, en su más amplia y cabal realización. Pertenecen a esta tendencia el Liberalismo, Socialismo,

la democracia cristiana y otros de tendencias intervencionistas moderadas.

Más adelante se refiere a los transpersonalistas considerando que:

El transpersonalismo es el denominador común de las corrientes que sos-tienen que el individuo sólo encarna un valor en cuanto es parte del Estado

o en cuanto es instrumento para la realización de los valores culturales. Tiende en general a representar al Estado en un organismo cuyas partes – los individuos - carecen de individualidad, y solamente representan ingre-

dientes o medios puestos al servicio del todo al que pertenecen: La finalidad suprema es propender al acrecimiento del poder del Estado.

En el caso de El Salvador, indudablemente pertenece a los fines de tendencia personalistas y así lo establece el artículo 1° de la Constitución de la Repúbli-ca de El Salvador (1983). Lo que lleva a concluir que los fines del Estado bus-can, regulando las relaciones entre los miembros de la sociedad, condiciones ideales en la que se espera que la persona humana se desarrolle plenamente y supla sus anhelos y necesidades; siendo esta finalidad conocida como la búsqueda del Bien Común.

Estas condiciones ideales del hombre, que son permanentes, se proyectan a la comunidad nacional a través de intereses y aspiraciones en la búsqueda del


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Bien Común.

En esta primera parte se profundiza en los intereses y objetivos nacionales de desarrollo, para dejar a la siguiente los intereses y objetivos de seguridad.

Para una mejor comprensión de la metodología, se debe iniciar comprendien-do lo que significan intereses nacionales. Los Intereses Nacionales. Spykman, 1952, citado por Littuma (1975, p. 132), dice:

…expresan una relación entre el grupo nacional y lo que cree indispensable, en el tiempo y en el espacio, para su determinación en condiciones existen-ciales adecuadas como grupo. Constituye uno de los imperativos de mayor relevancia en la vida de cualquier Estado, porque representa el verdadero

estímulo que impulsa la nación hacia el futuro.

La Academia de Guerra del Ejército de Chile, establece en su texto sobre Se-guridad Nacional que los intereses de los grupos sociales en un país son los más difíciles de concretar por las diferentes categorías que presentan (1984 p. 35). En cualquier país, y El Salvador no es la excepción. Los intereses de los grupos sociales son distintos y variados dependiendo de sus necesidades y entorno, pero pueden agruparse buscando los intereses comunes, y debería ser más simple de lograr en un país tan pequeño geográficamente como El Salvador.

Morgenthau, Hans J. 1962, citado por Roskin, Michael G. (1995, p. 26), men-ciona que los intereses de un país se clasifican en vitales y secundarios, En cuanto a los intereses nacionales vitales de un país dice: “son relativamente fáciles de definir: la seguridad como una nación libre e independiente y la protección de las instituciones, los individuos y los valores fundamentales” y acerca de los intereses secundarios menciona, son aquellos: “sobre los cua-les se puede llegar a un acuerdo, son más difíciles de definir. Normalmente están distanciados de sus fronteras y no representan amenaza a su sobera-nía”.

Littuma (1975, p. 133) también clasifica a los intereses nacionales en vitales

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y opcionales, los primeros los considera como de carácter imperativo su lo-gro, ya que de no alcanzarse el país corre el peligro como Estado “involución social o desintegración”; en cuanto a los objetivos opcionales establece que pueden no lograrse y no constituirían una amenaza a: “la sobrevivencia y a la evolución a la comunidad”.

La clasificación de los intereses nacionales establecida tanto por Morgenthau como por Littuma, nos indica que los intereses reflejan una prioridad para la permanencia de un Estado, separarlos dependerá de la orientación que se está buscando: la Seguridad o el Desarrollo Nacional. Nuestro país, así como mu-chos países de América Latina, sigue con el proceso antes mencionado, hasta la formulación de los objetivos nacionales.

Como un paso posterior a los intereses nacionales, surgen las aspiraciones nacionales como resultado de la reflexión y de la consciencia colectiva, tanto de los dirigentes políticos de un país, como de la aceptación consciente de toda la sociedad.

Los intereses de los diferentes grupos de la sociedad vienen a ser los intereses nacionales cuando la autoridad política los agrupa, y cuando de una manera reflexiva los toma como importantes para la vida nacional y a través de un proceso de toma de consciencia nacional se convierten en aspiraciones, los cuales constituyen a los intereses de gran significancia, que se reconocen como necesarios para la vida y el desarrollo del país, y que por esa razón los intereses nacionales pasan a denominarse como aspiraciones nacionales. Li-ttuma (1975, p. 131-132), define a las aspiraciones como el resultado de los intereses nacionales en la comprensión consiente de todos los ciudadanos y que buscan la sobre vivencia y prosperidad del país.

No basta con existir una necesidad común o ser indispensable, sino también es necesario que se desee alcanzar y esté arraigada en la conciencia de la nación, tanto en la clase dirigente como en la clase dirigida. Debe existir una armonía y un entendimiento social y político con el objeto en que coincida lo que la sociedad juzga como que pertenece al Bien Común y el Interés Público con las metas establecida por la autoridad política.


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La influencia de modas sociales, no acordes a la realidad y al carácter nacio-nal, permite la creación artificial de una necesidad que no corresponda a los ideales de conlleva a producir desajustes que dividen a una gran mayoría de la sociedad y crean frustraciones.

Se puede afirmar que la Constitución o un Plan de Nación, debe contener los intereses y aspiraciones de la nación y no las tendencias mundiales actuales o los intereses de una minoría, redactadas oficialmente como las metas del Estado que se conoce como objetivos nacionales.

Así como ha venido desarrollándose la tecnología de la comunicación, co-nocer lo que está sucediendo en la parte más alejada del mundo en relación a El Salvador o las ideas de otras personas o grupos sociales, cada vez tarda menos tiempo; y es así que la sociedad salvadoreña está siendo influenciada, cada vez con mayor intensidad, de intereses y aspiraciones de otros pueblos y éstos en muchos casos, son retomados como propios, en El Salvador, sin saber si corresponden a los intereses y aspiraciones del país. Escrigas Rodrí-guez (2010 p. 56), coincide con el anterior planteamiento y menciona que los intereses nacionales reciben influencia de la situación mundial, ya sea para la seguridad o el desarrollo.Sin embargo, pueden existir intereses nacionales no percibidos por la pobla-ción, y por lo tanto que no han sido transformados en aspiraciones nacionales, pero habiendo sido identificados por los dirigentes políticos de un Estado, éstos están en la obligación de generar consciencia para que la sociedad haga suyos tales intereses, al comprender la necesidad y beneficios que obtendrán al ser alcanzados.

Según Littuma (1975, p. 136), tres son las motivaciones básicas o fuentes a partir de las cuales se agrupan a los intereses y aspiraciones de las sociedades: la conservación, el equilibrio y el progreso. Para Claudio Collados (Collados, 1991, citado por Ortega Prado, 1975 p. 30-32) los intereses están agrupados en: permanencia del Estado, bienestar nacional y concordia internacional. Los Intereses y Aspiraciones Nacionales al ser interpretadas por el gobierno de un Estado, en el accionar de su política nacional y mediante de un proceso

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de análisis, formulan los objetivos nacionales. Estos se consideran que son de dos clases: Permanentes y Actuales.

La Ley de la Defensa Nacional de El Salvador (2002), en el artículo 4.- ordi-nal 7º, define a los objetivos nacionales como: “Metas que el Estado Salvado-reño se propone alcanzar al interpretar los intereses y aspiraciones nacionales. Pueden ser permanentes y actuales”.En cambio Escuti, Julio C. da una definición de Objetivos Nacionales (2010 p.14)

Son la expresión formal, concreta y oficial de los intereses y aspiraciones nacionales, constituidos por situaciones existenciales y condiciones reales, actuales, que se busca preservar como condiciones favorables o benéficas; o por situaciones o condiciones futuras ideales posibles, que la ciudadanía

busca alcanzar; o por valores o principios altamente apreciados por la mayoría de la ciudadanía, que también busca conservar y cautelar. Estos

objetivos deben orientar las actividades políticas del Estado y los esfuerzos ciudadanos tras sus logros, como una forma concreta de promover y lograr

el Bien Común de la nación.

Así también, la Academia de Guerra de Chile, dice que constituyen: “las me-tas definitivas o ideales que la nación desea alcanzar en la forma más com-pleta a través de su existencia y es la manifestación concreta del fin último y esencial de la sociedad jurídicamente organizada (Estado), el bienestar y la seguridad” (1984 p. 35).

Relacionando las definiciones anteriores que provienen de Chile, con la de-finición de la Ley de la Defensa Nacional, se concluye que todas consideran a los objetivos nacionales como fines o metas que deben alcanzar para lograr un beneficio superior, y que implícitamente se deduce, que para formular los objetivos nacionales ha existido previamente, un proceso lógico y amplio de interpretación de las necesidades de la población para que éstas hayan sido identificadas como intereses del conglomerado nacional y como una reflexión consciente tanto de la población como de la clase política del país.Además estos objetivos se clasifican por su temporalidad y en la Ley de la


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Defensa Nacional de El Salvador, los clasifica como objetivos nacionales per-manentes y objetivos nacionales actuales.

Se denominan objetivos nacionales permanentes, también llamados funda-mentales por Littuma (1975), y son aquellos objetivos que tienen un sentido fundamental de sobrevivencia de la comunidad nacional, comprendiendo en dicha sobrevivencia las aspiraciones básicas de independencia, soberanía, in-tegridad territorial, progreso material, cultural, preservación de los valores morales y espirituales.

Un Estado debe considerar además, los intereses y aspiraciones, y otros fac-tores que inciden en la formulación de los mismos, como lo son: un estudio relativo de la realidad histórico-cultural del país y su previsión futura; un estudio relativo de la realidad histórica internacional y su previsión futura; y las condicionantes de orden geográfico o geopolítico, tanto nacional como de carácter mundial (Academia de Guerra. 1984 p. 49).

Los objetivos nacionales permanentes se definen como: “Lo que queremos” y su característica, de permanencia, se debe a que se mantienen vigentes por un tiempo relativamente largo, mientras no cambien las concepciones culturales y necesidades del conglomerado, respecto a las realidades del país y de su en-torno internacional. Además, estos Objetivos tienen también la característica de ser conceptuales.

Para orientar el logro de los objetivos nacionales permanentes, por parte del Gobierno, se debe formular otras metas u objetivos más concisos y que sean factibles de alcanzar con los medios que el Estado posee (Poder Nacional) en una determinada coyuntura. A estos objetivos se denominan objetivos nacio-nales actuales u objetivos políticos. Estos objetivos, se refieren a los objeti-vos nacionales permanentes todavía no logrados, pero que cuya conquista o mantención puede considerarse al alcance del poder nacional, efectivamente disponible en una época determinada; y se definen como: “Lo que podemos”.

Los objetivos nacionales actuales, pueden ubicarse en la Seguridad Nacional o en el Desarrollo Nacional, por lo que existirán objetivos nacionales actuales

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de Seguridad y objetivos nacionales actuales de Desarrollo.

Los Objetivos de Desarrollo y de Seguridad, deberá traducirse en metas a ser alcanzadas en cada uno de los Campos del Poder, con su correspondiente estrategia.

La formulación de los objetivos nacionales, se realiza a través de una me-todología que conlleva un proceso largo desde la identificación de los inte-reses hasta su concretización en objetivos nacionales actuales en los planes de Gobierno y su continua búsqueda del logro de los objetivos nacionales permanentes.

En resumen, como se ha descrito, en los párrafos anteriores, para establecer los intereses y objetivos nacionales en el Desarrollo nacional, se denota un proceso o método secuencial y lógico, que inicia con las necesidades de las personas individualmente en una sociedad, de allí a las necesidades de grupo, entendiéndose como los intereses individuales a los intereses de grupo y lue-go a los intereses nacionales. Una vez identificados y a través de una reflexión de país, tanto de la sociedad en su conjunto como de las autoridades públi-cas, se convierten en aspiraciones nacionales. Al formular las aspiraciones en metas que se propone alcanzar un Estado de manera oficial, se redactan los objetivos nacionales, que pueden ser de mayor temporalidad o de actualidad (objetivos nacionales permanentes y objetivos nacionales actuales).

La Comisión Nacional de Desarrollo (1998, p. 7), establece que para conti-nuar con el proceso de transición hacia la democratización del país se requie-re:

Tomar plena consciencia nacional de que el proceso es un todo, porque el país es un todo y porque el destino nacional es un todo. Asumir el proceso como un proyecto compartido por todos los sectores y fuerzas nacionales,

sin cuyo concurso nunca saldremos de la fragmentación y la improvisación.

En esta declaración de la Comisión Nacional de Desarrollo, se expresa el pro-ceso que debe incluir a todos los salvadoreños para alcanzar: “lo que el país


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necesita” (1998, p. 17), y de esa manera, que el país siga un rumbo hacia su bienestar y progreso.

Morales Herrera, Oscar (1995, p. 8) menciona en el Cuaderno de Trabajo, publicado por el CAEE, sobre sobre los objetivos nacionales que:

Una sociedad subdesarrollada impide el logro de los objetivos nacionales. El desarrollo es una condición necesaria para que los objetivos nacionales

permanentes adquieran su máxima expresión. El Salvador es un país sub-desarrollado por lo que superar el subdesarrollo debe ser un imperativo de

política nacional.

Los intereses y objetivos nacionales para la Seguridad Nacional

La Seguridad Nacional, es un concepto que busca lograr una situación en la que los objetivos nacionales, puedan alcanzarse, neutralizando, enfrentando y superando los obstáculos con voluntad o sin voluntad que impidan el logro de los objetivos nacionales.

La Seguridad Nacional para lograr con su cometido de garantizar los objeti-vos nacionales, establece objetivos nacionales actuales o de seguridad, orien-tados a proteger aquellas metas que han sido o pueden ser obstaculizadas. No todos los Estados llaman a esas metas objetivos nacionales, sino que los denominan simplemente intereses nacionales.La Seguridad Nacional se orienta a proteger el patrimonio, representado en los objetivos nacionales permanentes y actuales de desarrollo que conducen al bien común, determinando metas que el Estado debe lograr para la supe-ración y neutralización de las amenazas y riesgos que ponen en peligro los objetivos nacionales mencionados.

Un ejemplo claro, en la vida nación de El Salvador, se encuentra cuando se formularon los objetivos nacional en la primera constitución del Estado de El Salvador (1824) como parte de la República Federal de Centroamérica, en el artículo 1° establece (redacción original): “El Estado és y siempre será libre

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é independiente de España y de México y de cualquier potencia ó gobierno extranjero, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona”. Este objetivo nacional estaba acorde a la situación política, social, económica y cultural de la época: Era un imperativo para los intereses del conglomerado que se había independizado de España y luego de los intereses del Imperio Mexicano, el objetivo de mantener la soberanía y sin ataduras con otro Es-tado, dicho objetivo estaba orientado a la preservación de El Salvador como Estado independiente y no como parte de otro, es decir se formuló un objetivo nacional permanente orientado a la conservación, o sea orientado a la seguri-dad nacional (la Independencia de Centroamérica de España ocurrió en 1821, pero México, también independiente constituyó un efímero imperio que por acuerdos y por la fuerza quiso anexionar al recién independiente Reino de Guatemala, ahora conocido como Centroamérica).

En la actualidad, El Salvador cuenta con un marco doctrinal legal sobre la se-guridad nacional, que está redactado principalmente en la Ley de la Defensa Nacional (2002), y en el artículo 4.- ordinal 1º, de la mencionada ley se define lo que se deberá entender por seguridad nacional en El Salvador, como:

Conjunto de acciones permanentes que el Estado propicia para crear las condiciones que superan situaciones de conflictos internacionales, pertur-

baciones a la tranquilidad pública, catástrofes naturales y aquellas vulnera-bilidades que limiten el desarrollo nacional y pongan en peligro el logro de

los Objetivos Nacionales.

Las amenazas y riesgos que obstaculizan o se oponen a los objetivos nacio-nales son: antagonismos, presiones, amenazas desarrolladas por actores con voluntad o riesgos producidos por factores adversos sin voluntad. Los riesgos y las amenazas pueden ser actuales, potenciales e identificados en escenarios futuros. De acuerdo a la definición de seguridad que da la Ley de la Defensa Nacional de El Salvador, los obstáculos o factores de inseguridad afectan des-de el exterior, representados por otros Estados con objetivos contrapuestos a los de El Salvador (relaciones internacionales); de actores internos o externo que actúan en el país, con suficiente poder para afectar a las instituciones que mantienen el orden; y de aquellos factores adversos que constituidos por


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fenómenos naturales con una fuerza tal que generan situaciones de riesgo de desastres.

Los objetivos nacionales actuales de seguridad u objetivos de seguridad, son establecidos como metas para superar dichos obstáculos, a través de un análi-sis que permita evaluar la amenaza o el riesgo, para luego establecer el obje-tivo idóneo y factible como objetivo de seguridad.

Para el CAEE (CODEM, 2003, p. 8) la seguridad nacional está orientada a enfrentar los obstáculos o factores de inseguridad, a través de diferentes fun-ciones del Estado, y estableciendo metas para enfrentarlos, así:

La Seguridad Nacional en El Salvador está orientada a enfrentar y superar los graves problemas que ponen en riesgo o amenazan los Objetivos Na-

cionales, pueden originarse desde el exterior o en el interior, dando lugar a que la Seguridad Nacional actúe en esos dos ámbitos. Entre los problemas o

factores de inseguridad que han afectado y afectan al país, hasta el mo-mento, se pueden señalar a los antagonismos y amenazas originados desde el exterior y cuya solución o superación se cumple, a través de la Defensa Nacional y/o la Diplomacia. Los problemas que se originan en el interior

del país son de diversa índole: entre ellos, el que más amenaza los Objeti-vos Nacionales es la inseguridad pública, lo cual se convierte en amenaza

cuando rebasa la capacidad de las instituciones responsables. Así mismo el incremento del tráfico y consumo de drogas, la escalada de hechos delicti-

vos; especialmente el secuestro, perturban en el presente, la tranquilidad pública y crean un clima de desconfianza e inseguridad, lo cual obstaculiza el logro de los Objetivos Nacionales. Dentro del ámbito interno, también se

pueden señalar aquellos desastres, producidos por fenómenos naturales y antrópicos, ante la vulnerabilidad social y ambiental existente.

Estos objetivos de seguridad, son denominados en otros países, simplemente como el interés nacional, en singular. Son las metas establecidas para proteger los objetivos nacionales, pero solamente en las relaciones internacionales y según el ordenamiento jurídico existente en otros Estados, por ejemplo: los EE.UU. y Europa.

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La clasificación de los intereses nacionales en vitales y opcionales o secunda-rios, Escrigas Rodríguez (2010, p. 42) los amplía como vitales, estratégicos y otros intereses, y citando al Ministerio de Defensa de España, en el Libro Blanco de la Defensa (2000), y menciona que para la seguridad nacional, la relevancia a los intereses nacionales vitales de España, son de gran signifi-cancia:

Los intereses vitales son los que afectan a la supervivencia de España como nación: «Aquellos que España está dispuesta a proteger y, llegado el caso, a defender ante cualquier riesgo o amenaza por afectar a su supervivencia

como nación. Su defensa es, por tanto, irrenunciable y exige subordinar a ella la de cualquier otro interés. Los intereses vitales son, en realidad,

los elementos constitutivos del Estado que deben preservarse de cualquier agresión: el territorio peninsular y extrapeninsular con sus accesos aéreos

y marítimos, la población, el ordenamiento constitucional, la soberanía y la independencia».

En ese orden de ideas, cuando estos países mencionados, se refieren al interés nacional, están hablando de que un interés de ese país se encuentra afectado por el interés de otro y que debe ser apoyado por todo el poder nacional para superar el obstáculo que se ha presentado.

Estos conceptos los aclara en mejor forma Ortega Prado (2011 p. 36), cuando explica este fenómeno en las relaciones internacionales y por lo tanto en la política exterior de los Estados:

Como se aprecia, los intereses u objetivos nacionales son la meta por alcanzar en la política exterior de los Estados y por sobre las diferentes

interpretaciones teóricas y definiciones, lo importante pasa por responderse por qué los Estados cumplen determinados roles internacionales o hacen

ciertas actividades vinculantes o disociadores. Los objetivos nacionales son las bases fundamentales sobre las que se estructura y construye el futuro

del Estado y constituyen el referente de la política exterior, pero no el único, otras variables también - según las circunstancias – serán vitales para las


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decisiones que adopten las autoridades que representan al Estado…

Así también, Herrero de Castro (2010, p. 29 y 30) menciona que la protec-ción y defensa del interés nacional - que llamamos en El Salvador objetivo nacional afectado - debe conllevar a una planificación e implementación del mismo y dice: “En definitiva se trata de un proceso secuencial y continuo de planificación y toma de decisiones”, y más adelante explica, que debe existir una planificación de seguridad nacional para definir cuál es el interés nacional que se va buscar lograr para enfrentar y neutralizar la amenaza determinada (2010, p. 34), que en nuestro caso particular sería, definir cuál es objetivo na-cional de seguridad que se va a establecer para garantizar o proteger el o los objetivos nacionales afectados.

El Ministerio de Defensa de España en su Libro Blanco de la Defensa (2000) citado por Escrigas Rodríguez (2010, p. 42), recoge un aspecto importante sobre la determinación de los intereses afectados y aquel que servirá de meta para proteger el afectado: “identificar un interés nacional de seguridad en una situación determinada y la valoración de su importancia en relación con otros intereses calibrarán el esfuerzo que se debe realizar en su salvaguarda y fundamentarán las líneas de acción”. En la aseveración anterior está mani-festando la forma de como formular el objetivo de seguridad para enfrentar un actor con voluntad o superar un riesgo, y que su logro permita garantizar el o los objetivos nacionales afectados.

Para El Salvador, los objetivos de seguridad son objetivos nacionales actuales que se generan cuando un factor de inseguridad (amenazas o riesgos) afecta a los objetivos nacionales permanentes y/o los objetivos nacionales actuales de desarrollo, o sea obstaculizan la búsqueda del Desarrollo Nacional que implícitamente está orientado al bienestar y el progreso.

De acuerdo a donde se ubique el factor de inseguridad (externamente o in-ternamente) o donde El Salvador, con su poder nacional pueda enfrentarlo, superarlo o disminuirlo (externamente o internamente), así es la función del Estado que deberá utilizarse. De ese modo cuando las amenazas provengan del ámbito internacional, será la Defensa Nacional, la que deberá enfrentarla.

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Es indispensable aclarar, que para El Salvador la Defensa Nacional no sólo se refiere al ámbito militar, sino que es un concepto integral en donde toda la estructura del Estado para la Defensa Nacional (campos de acción diplomáti-co, económico, interno y militar) intervienen coordinadamente para cumplir con esa función del Estado y la ley de la Defensa Nacional, considera tales aspectos (2002).

En la planificación de la Defensa Nacional (CODEM, 2003, p. 14), cuando se establece la Apreciación de Seguridad Exterior, se determinan las amenazas a el país, estableciendo el objetivo en oposición (adversario) y el objetivo nacional afectado (objetivo nacional permanente u objetivo nacional actual de desarrollo); a partir de dicha amenaza se establece la solución política me-diante la formulación de un objetivo nacional de seguridad (interés nacional), que enfrentará a la amenaza planteada. Es decir, que el objetivo nacional ac-tual de seguridad se conforma al establecer la solución a la amenaza existente, después de un proceso de análisis y evaluación de la capacidad nacional y del adversario.

En cuanto a la seguridad interna, cuando los factores de inseguridad se gene-ren al interior del país o amenazas transnacionales, que debido a la capacidad del poder nacional, sólo se pueda enfrentar dentro del territorio nacional, la actuación del Estado se desarrolla en el ámbito interno o de la seguridad in-terna.

Es importante aclarar que la seguridad pública, busca garantizar los derechos de los ciudadanos dentro del territorio ante cualquier amenaza a ellos, contan-do con instituciones creadas para tal fin como la Policía Nacional Civil y el ordenamiento jurídico establecido en el país. Cuando el actor perturbador a la seguridad pública cuente con o potencialmente pueda generar, un poder de tal magnitud que las instituciones dentro de la seguridad pública no sean capaces de contrarrestarlos, se convierte en una amenaza a la seguridad nacional (es-pecíficamente a la seguridad interior), por lo que el Estado debe utilizar todo el poder para neutralizarlo o disminuirlo; sin embargo en la actualidad no existe en El Salvador una legislación que coordine o establezca un sistema de


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seguridad pública, que tenga atribuciones de enfrentar ese tipo de amenaza, aunque por Decreto Ejecutivo se cuenta con un Consejo Nacional de Seguri-dad Ciudadana y Convivencia ( 2014).

En la planificación de seguridad pública (CODEM, 2003, p. 26 ) considera en la apreciación de seguridad pública, que cuando objetivos nacionales son afectados o pueden ser afectados por un actor con una capacidad que ha su-perado la capacidad integral de las instituciones relacionadas a la seguridad pública, se conforma una amenaza a la seguridad nacional (seguridad interna) y debe establecerse una solución política a dicha amenaza, formulándose el objetivo nacional actual de seguridad o de seguridad pública (interés nacio-nal) en ese ámbito y que neutralizará a dicha amenaza.Internamente se producen riesgos de desastres originados por fenómenos na-turales o antrópicos, que también obstaculizan los objetivos nacionales per-manentes y/o objetivos nacionales actuales de desarrollo. El Salvador se en-cuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, en la Placa del Caribe y muy cerca de la juntura entre ésta placa y la Placa de Cocos, por lo que está en constante riesgo de sufrir erupciones volcánicas, terremotos y tsunamis (maremotos). Así también está ubicado en el istmo centroamericano entre los Océanos Pacífico y cerca del Atlántico, específicamente en la Zona Tropical, por lo que es vulnerable a los huracanes, tormentas tropicales y sequías que se generan en esa área, así como también a epidemias por vectores que se producen en el clima tropical.

La situación antes descrita del país, aunado a poseer una extensión territorial pequeña, hace que los fenómenos naturales afecten a casi o la totalidad del país cuando se producen.En la planificación de Emergencia Nacional (CODEM, 2003, p. 37), ahora de Protección Civil, que se encuentra en La Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (2005), se determina en la apreciación de emer-gencia nacional, él o los objetivos nacionales afectados por la materialización de una amenaza producida por un fenómeno natural o antrópico, e incluso biológicos, por las epidemias, y el riesgo de desastre de la mayor magnitud re-gistrada o que pudiera ocurrir de acuerdo a las probabilidades reales o futuras.Con base al riesgo determinado, se establece para cada uno un objetivo na-

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cional actual de seguridad u objetivo de emergencia nacional, que establecerá el Sistema de Protección Civil las acciones preventivas y de respuesta para mitigar los efectos de la amenaza.

La formulación de los objetivos nacionales en la seguridad, parten de los intereses y aspiraciones nacionales establecidos y formulados en objetivos nacionales permanentes (lo que se quiere lograr) buscando el bienestar y prosperidad, y así determinan aquellas metas u objetivos nacionales actuales de desarrollo que van a materializar dichos objetivos nacionales permanentes, pero cuando se producen o se detectan o se presumen amenazas o riesgos a dichos objetivos, mediante un análisis del entorno y escenarios futuros tanto internacional como nacional y de una evaluación de las capacidades nacio-nales y de los actores internacionales o de perturbación interna y/o transna-cional, se determinan los objetivos nacionales afectados y sus efectos al país de materializarse las amenazas o riesgos y se establece para cada problema nacional la solución a nivel político representado en un objetivo nacional ac-tual de seguridad u objetivo de seguridad (interés nacional), en cada función del Estado que sea idónea su participación.

Procedimiento para formular los intereses y objetivos nacionales de El Salvador

El procedimiento para formular los intereses y objetivos nacionales en El Salvador debe realizarse utilizando un método secuencial y lógico. Ya que el procedimiento para la formulación de los objetivos nacionales tiene una se-cuencia lógica: se inicia con la identificación de las necesidades de los grupos sociales, las cuales se convierten en intereses cuando estos grupos los deter-mina como indispensables para su existencia y bienestar, y al reflexionar y proyectarse en su conciencia de grupo se convierten en aspiraciones a lograr, los cuales pueden agrupar a varios intereses; luego al consolidar los intereses nacionales de los diferentes grupos sociales el estamento político nacional los confirma como intereses nacionales y pasan a ser parte de la conciencia na-cional convirtiéndose en aspiraciones nacionales, que al redactarse de manera oficial, se declaran como los objetivos nacionales permanentes.Y así, estos objetivos nacionales constituyen el norte que guía las decisiones


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políticas, que al relacionarla con las capacidades nacionales (poder nacional), en un momento determinado un gobierno establece los objetivos nacionales actuales. De esa manera se desarrolla un proceso que sigue una secuencia ló-gica. Peo al presentarse obstáculos o factores de inseguridad (riesgos y ame-nazas) se deben establecer otras metas, que serían también objetivos nacio-nales actuales, en este caso de seguridad, para evitar que dichas amenazas o riesgos impidan alcanzar los objetivos nacionales que representan el bienestar y el progreso nacional.

Todo lo anteriormente descrito es esencialmente teórico, pero sirve como una guía para adaptarlo a la realidad de El Salvador y de cualquier país, que pre-sente similares características.

Debe existir una determinación del estamento político de identificar y deter-minar los objetivos nacionales en un plan de nación o de acuerdo nacional, que contenga metas que representen las aspiraciones de toda la sociedad, que sean claras y que busquen el Bien Común.

La sociedad en su conjunto debe estar consciente que debe ser un proceso que conlleve un período de tiempo de mediano plazo, sin que se pierda el impulso inicial y quede solamente en buenos deseos. Además, que los resultados que se obtenga deben ser aceptados y puestos en ejecución, por todos los Gobier-nos, hasta su logro y continuidad en su búsqueda; comprometiéndose a no cambiarlos, a menos que se realice un nuevo proceso porque haya la situación histórica cultual del país sea diferente y se considere que es una necesidad vital.

Debe ser auténticamente nacional, para asegurarse la menor influencia de modas de otros países con distintas realidades o la imposición de corrientes externas de acotes internacionales dominantes.

Al inicio del procedimiento, el estamento político en conjunto con actores importantes de la sociedad, políticos, intelectuales, centros de estudios, etc.; deben determinar de la realidad nacional, aquellas necesidades que reflejen intereses y aspiraciones de grupos sociales, con poder o sin ellos, o sea grupos

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que representen mayorías, pero también de aquellos que son minorías. De esta inclusión de la sociedad, existe la probabilidad de que no quede ningún sector o minoría fuera del análisis.

Una vez obtenidas tanto los intereses y definiendo las aspiraciones, a través de encuestas y procesos científicos que determinen la validez que existe una consciencia de la importancia de la obtención o protección de los intereses nacionales (integración de los intereses de los diferentes grupos, en los casos que se pueda integrar); se procedería a la formulación oficial de los objetivos nacionales, redactándose de una manera clara que permita el entendimiento de la sociedad en su conjunto, en un documento oficial, que podría ser un Plan de Nación o Acuerdo Nacional. Es decir, que se formularán los objetivos nacionales permanentes, que es la representación en metas de lo que el país desea para su beneficio y desarrollo.

Este documento debe contener plazos para lograr aquellas metas que con la capacidad pueda lograrse por el Gobierno que tenga el privilegio de iniciarlo, promoviendo las reformas necesarias tanto en la Constitución o leyes secun-darias.

Ejemplo de lo anterior se presentó con la Constitución de 1950 (Castella-nos, Juan Mario.2002, p. 204) después de la interpretación de intereses y aspiraciones nacionales, aunque quizás no de toda la población, en aquella época, hace una reflexión de dicha Constitución: “La Constitución de 1950 pretendió integrar la totalidad de las demandas inmediatas de los trabaja-dores a la legalidad del sistema político y social imperante”. Por lo anterior, Castellanos, Juan Mario (2002, p. 205) citando al Dr. Reynaldo Galindo Pohl, como el principal artífice de dicha Constitución y en calidad de Presidente de la Asamblea Constituyente que la elaboró, en su discurso inaugural de dicha Asamblea, menciona que el Dr. Galindo Pohl denominó al Estado de El Salvador, en esa oportunidad, como: “el Estado Promotor del bien público”.

Estas metas que se aprecien pueda ejecutarse en el corto y mediano plazo deben plasmarse en un Plan de Gobierno y constituirán los objetivos nacio-nales actuales de desarrollo, y será cada gobierno quiénes buscarán lograrlos


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o mantenerlos, cada uno con su estilo particular. En otras palabras, debe-rán existir gobiernos cuya orientación serán los objetivos nacionales. Tarea bastante difícil, porque en la realidad cada gobernante quiere ser diferente y mejor que el anterior, por lo que el proceso debe ser continuo a través de los diferentes grupos de la sociedad que participaron en el Plan Nacional o Acuerdo Nacional. Una Ley que obligue al ejecutivo a informar sobre los logros de los objetivos nacionales permanente establecidos, a través de un informe ejecutivo, es un buen recurso que no tan fácil se puede eludir.Hasta aquí llegaría el proceso de formular los intereses y objetivos nacionales en El Salvador, pero como siempre van a existir problemas, con voluntad y sin ella que se opondrán u obstaculizarán a dichos objetivos y a que se lo-gren, deberán establecerse otros objetivos nacionales actuales, que se deberán orientar a garantizar el logro de aquellos, a pesar de las amenazas y riesgos que se presenten.

Para el establecimiento de estos objetivos de seguridad, deben existir estruc-turas de análisis y planificación que identifiquen las amenazas o riesgos y propongan a la autoridad política las metas que, con la anticipación necesaria deban buscar también lograrse y permitir de esa manera que los objetivos nacionales permanentes y actuales de desarrollo puedan alcanzarse.

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Conclusiones

La necesidad de la existencia de intereses y objetivos en un Estado se debe a que todo país debe tener un rumbo que permita proporcionarle el bienestar y progreso a su población, pero también de garantizar que este progreso y bien-estar no serán obstaculizados y permitir su logro.

La identificación de los intereses de las personas y de los grupos así como de las aspiraciones de éstos y luego que después de interpretarlas, se conviertan en intereses y aspiraciones nacionales, es un proceso lógico y metodológico, que necesita la participación de muchos actores nacionales, y no sólo del estamento político o del Gobierno, a fin de que esa participación legitime el proceso y se vuelva duradero en el tiempo y con voluntad de que se cumpla en el futuro.

La redacción oficial de los objetivos nacionales a partir de la interpretación de los intereses y aspiraciones nacionales, es una tarea importante y más la puesta en un Plan de Nación o Acuerdo Nacional para su cumplimiento por cada uno de los Gobiernos en el Órgano Ejecutivo.

Es necesaria una legislación que obligue al cumplimiento y de un informe que permita el seguimiento de la sociedad.

Sin embargo, el establecimiento de los objetivos nacionales de seguridad, no es tan abierta a todo el público, por razones de avalar el logro de garantizar los objetivos nacionales permanentes y de desarrollo, ante actores con voluntad y poder de oponerse que no deben contar con la información de ese nivel.


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¿CÓMO LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO CONCURREN PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS NACIONALES EN

EL SALVADOR?

Cnel. Trans DEM Mario Ernesto Córdova Arriola

RESUMEN

Es de recalcar que los problemas de El Salvador han tenido en toda su histo-ria y en la actualidad, un enlace común y es el hecho de no haber realizado una previsión adecuada que utilice los recursos nacionales en forma integral que permita obtener los efectos deseados en pro de la sociedad, por tanto es necesario entender que la Seguridad Nacional y el Desarrollo Nacional son un binomio inseparable en la vida de cualquier país y requiere que estos actos estén presentes en las acciones de la población y sus gobernantes.

Palabras ClaveDefensa Nacional, Seguridad Nacional, Desarrollo Nacional.

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ABSTRACT

It should be emphasized that the problems of El Salvador have in all their his-tory and at present a common link and is the fact of not having made adequate provision that uses the national resources in a comprehensive way that allows obtaining the desired effects in pro Of society, therefore it is necessary to un-derstand that National Security and National Development are an inseparable binomial in the life of any country and requires that these acts be present in the actions of the population and its rulers.

KeywordsNational Defense, National Security and National Development.

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Para poner en contexto el desarrollo del presente estudio, el binomio de segu-ridad y desarrollo se mantienen unidos, necesariamente, se empezará mante-niendo lo que algunos estudiosos de las relaciones internacionales marcan un hito histórico el inicio del proceso de globalización, el eje de la geopolítica mundial cambió, se desplazó del Atlántico hacia el Pacífico. Era algo que en la práctica se estaba produciendo, fundamentalmente a partir del llamado “milagro japonés” en la década del sesenta y el ulterior desarrollo de países de la zona asiática como Corea del Sur, Singapur, Taiwán, entre otros, así tam-bién el descomunal surgimiento y poderío de China; incluyendo, además, el despegue de economías como Tailandia y Vietnam. Sin olvidar los dos países anglosajones, Australia y Nueva Zelanda (Popa, 2015).

Sumado al colapso de la Unión Soviética como un verdadero cambio de era, el mundo ya hacia fines de la década de 1980 estaba dominando por el unipo-larismo estratégico de los Estados Unidos. Uno de los grandes debates de hoy en relaciones internacionales se vincula con el carácter, duración y viabilidad de un dominio económico de occidente.

Sin embargo y tal como varios analistas lo han indicado, sería simplista seña-lar que el mundo está hoy dominado por una sola potencia con poder global y total. Por tal razón se explica brevemente las principales tendencias de este cada vez más complejo mundo actual: inicialmente, se observa efectivamente un gran centro de poder estratégico que domina el sistema internacional. Esta-dos Unidos ocupa indiscutiblemente ese rol. Seguido de Japón, reino Unido, Rusia, Alemania y Francia y posteriormente China, por su gasto en defensa y su relación de la fuerza (Nye, 2008).

En El Salvador después de la firma de los Acuerdos de Paz, cada vez que se utiliza la palabra seguridad, la sociedad en general hace referencia a la Fuerza Armada o la policía, la Seguridad Nacional, no es responsabilidad únicamen-te del Gobierno, ni trabajo sólo de policías y militares; es una responsabilidad de todos los salvadoreños. Todos son responsables de definir lo que se quiere proteger y el grado de garantía que quiere tener, así como también de definir un proyecto nacional que establezca las metas sobre el tipo de sociedad y la calidad de vida que se desea alcanzar (Lucha, 2016); desconociendo que es

¿CÓMO LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO CONCURRE...

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mucho más que eso, el concepto seguridad y desarrollo involucra a todos los miembros de la sociedad y sus recursos, a lo que en este artículo se denomi-nara Poder Nacional este no se limita a los actores, como Fuerza Armada o elementos del orden público, es muchos más pero los autores conllevan defi-nir varios términos iniciando por el mismo seguridad, que proviene del latín sucurus, y quiere decir “libre de riesgo”. (Real Academia Española, 2016). “Es de importancia trascendental que se diferencien las diferentes formas de seguridad que existen, sin embargo, en México dicha delimitación resulta ser en extremo difícil en específico con seguridad nacional y seguridad pública” (Yanez, 2016) al igual que en El Salvador.Tomando a nivel local el concepto de la Defensa Nacional y la Seguridad Nacional. la Defensa Nacional se define como “El conjunto de recursos y ac-tividades que en forma coordinada desarrolla el Estado permanentemente en todos los Campos de Acción, para hacer frente a una amenaza a la soberanía nacional y la integridad del territorio” (Asamblea Legislativa de El Salva-dor, 1983). Este concepto desde el punto de vista amplio se entiende que la sociedad organizada debería de realizar acciones desde tiempos de paz, para fortalecer y reforzar el desarrollo nacional por medio de gestiones que in-crementen el desarrollo humano económico y social volviéndolo productivo para poder extender la preparación, el adiestramiento y el equipamiento de sus Fuerzas Armadas para cumplirle a la sociedad, su mandato constitucional, en general es asegurar mantener el estado en su normal actividad comercial y cotidiana.

El Binomio seguridad y desarrollo permite afirmar que cuando un grupo so-cial que habita en una región denominada territorio en este caso se constituye el Estado Salvadoreño con población y que mantiene su determinación en tiempo y espacio por el cumplimento de las leyes o la denominación de so-beranía (Asamblea Legislativa de El Salvador, 1983) por medio de las con-diciones favorables, y que impulse a la nación hacia un futuro prometedor y estable, uno de los principales limitantes en El Salvador es que solamente existe legislación para la Defensa Nacional, no así para el Desarrollo Nacio-nal siendo esta una necesidad real para que pueda estar cimentado el estado de derecho e igualdad.El concepto abstracto del bien común establecido en la Constitución de la

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República es en esencia la manera en que los gobernantes o legisladores crea-dores de la carta magna orientan como objetivos nacionales estableciéndo-los como metas a alcanzar para la población en general y el conglomerado, asumiendo estas aspiraciones como vitales de la colectividad y que en con-secuencia no es posible establecer plazos sino más bien busca unificar los esfuerzos.

En la historia de El Salvador, la Seguridad Nacional se ha llevado a cabo de manera reactiva, porque no ha existido un conciencia de la necesidad de la articulación de un sistema de prevención y acción coordinada ante los riesgos y amenazas que ha enfrentado el país, sin embargo en la actualidad, existen esfuerzos para sistematizarla, pero en la práctica vuelven a ser reactivos por la falta de continuidad, entre los diferentes gobiernos y por la poca importancia que se le da aún dentro de un mismo gobierno (Lucha, 2016).

Si se desglosa la seguridad, se verá que el concepto es tan amplio que se lo-graría enumerar varios componentes que muchas veces tienden a confundir, ¿Pensar entonces que existe seguridad económica, seguridad aduanal, seguri-dad jurídica, seguridad de infraestructuras críticas, seguridad anti-delincuen-cial, seguridad social, seguridad de tránsito? y muchas más, sin embargo se asegura que el binomio seguridad y desarrollo es más un fin que un medio y que han sido durante muchos años un elemento que ha generado prosperi-dad y plusvalía a las naciones que lo han aplicado; principios normativos de desarrollo e inclusión que poco a poco van desapareciendo con las actuales tendencias, notando que persisten la pobreza extrema en los países menos desarrollados (PMD) lejos de ser erradicada se expandirá, y de 334 millones de personas que la sufrían en el año 2000 pasaron a ser 471 millones en 2015. Este es uno de los hallazgos del Informe sobre Países Menos Desarrollados (PMD) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro-llo (Unctad).

Desafortunadamente, las perspectivas de éxito son desconsoladoras: sólo once de los cincuenta Países Menos Desarrollados están en vías de reducir en dos tercios la tasa de mortalidad de los menores de cinco años; sólo once podrán bajar a la mitad el porcentaje de población que sufre hambre y ape-


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nas siete están en camino de reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso a agua potable según el informe de la conferencia de la ONU sobre comercio y desarrollo (ONU, 2014).

Dados sus muy bajos ingresos y tasas de ahorro, no hay modo de que los PMD puedan salir de la pobreza por ellos mismos si dependen únicamente de los recursos domésticos; pero muchas veces hay que ver y plantear que la seguridad en sí, es el medio de protección contra las amenazas y la adminis-tración de riesgos por eso en el CAEE imparten de forma modular los cursos de Defensa Nacional y Seguridad y Desarrollo Nacional, donde enseñan a administrar los riesgos por medio de herramientas de análisis para estructurar mapas conceptuales de la seguridad misma en la que identifican amenazas, establecen vulnerabilidades definen las tendencias, establecen mapas de ries-gos determinando las de mayor, mediano y menor riesgo para lograr determi-nar con certeza que sucederá de forma prospectiva tanto en la elaboración de escenarios posibles como la soluciones a problemas ya existentes que dejan claro los ámbitos de actuación de la sociedad, ejemplo, Carmen Elena Esca-lón Calderón dijo:

No puede dejarse a un lado entonces, que el desarrollo político del país ha estado de la mano con el desarrollo del sistema de partidos políticos , ya

que no se puede ignorar el papel central que cumplen éstos en dar forma a la cultura cívica de una sociedad, su capacidad de modificar, acentuar o impedir el desarrollo de valores asociados con la democracia es innegable

ya que uno de los indicadores más seguros para verificar el desarrollo de una democracia es estudiar el desarrollo de los partidos políticos que la

conforman. (Calderon, 2003).

Tampoco ha mejorado lo suficiente el panorama de la deuda; mientras que la mayoría de los desembolsos de la ayuda vienen en forma de donaciones, los préstamos han estado creciendo en un 27% anual, llegando a ser total más del 65 % DEL PIB en El Salvador (Banco Central de Reserva de El Salva-dor, 2015). El Termino Desarrollo posee un significado aunque simple es por demás interesante y se interpreta según la RAE como la Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse, desde el punto de vista económico se hace refe-

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rencia a “Evolución de una economía hacia mejores niveles de vida” (Real Academia Española, 2016).

Manteniendo la ilación sobre la conexión que existe entre seguridad y desa-rrollo no se concibe la existencia o logro de ella misma sin la otra, es decir son como hermanas gemelas que obligan a ir caminando de la mano guiados por la Geopolítica que aplicada efectivamente sirve para la Seguridad y el Desarrollo Nacional, considerando su planteamiento histórico y dinámico.

Se estipula que los Estados experimentan la necesidad de crecer y expandirse para desarrollarse, es de hacer notar que la similitud de ambos términos no los coloca al grado de sinónimos, ya que poseen diferencias marcadas, en especial en cuanto a que el crecimiento involucra no solo la “expansión terri-torial, económica, comercial o cultural sino también al aumento cuantitativo y cualitativo de la capacidad y cultura del Estado” (Ministerio de la Defensa Nacional, Manual de Planificacion de la Defensa Nacional, 2003); para ello, se utilizan algunas leyes geopolíticas que tratan de explicar el crecimiento de los Estados de las cuales se pueden deducir motivos y causas del crecimiento de los éstos.

El desarrollo humano y el desarrollo económico están vinculados de manera indisoluble. En términos generales, el desarrollo humano es el principal obje-tivo del desarrollo económico. Al mismo tiempo, el desarrollo económico es esencial para el desarrollo humano (ONU, 2014). Al buscar formas de como el desarrollo propicia el bienestar es que se ve un aporte como el de Basil Liddell Hart puede analizarse desde la percepción de la idea “lo moral y lo material están en relación de tres a uno” (Hart, 1946) como significado de la confianza que los políticos deben de poseer con relación fundamental de lo que hacen con lo que los conceptos teóricos que proporciona la Geopolítica, encaminado a la Seguridad Nacional.

Para ello se puede analizar algunas leyes promulgadas por pensadores geopo-líticos para la expansión de los estados, lo cual sería un nuevo escrito, sin embargo en ellas se establecen elementos esenciales para el análisis de dife-rentes aspectos tanto históricos como coyunturales, pudiendo argumentar que


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“en estrategia, el camino que da más vueltas suele ser el camino más corto” (Hart, 1946).

La influencia de los diferentes fenómenos que se involucran en la vida del Es-tado, considerando elementos históricos, geográficos, culturales e idiosincra-sia entre otros, su análisis e interpretación proporcionan al conductor político insumos para reconocer en el momento coyuntural aspectos relativos a la vida del Estado, normas de conducta de la población, resultados de la aplicación de decisiones políticas adoptadas en determinado momento histórico y los resultados de las mismas a fin de evaluar la posibilidad de implementarlas nuevamente o eliminarlas como posible solución a los problemas afrontados.

Entonces al comprender como el estado requiere de estos elementos (seguri-dad y desarrollo) y en esta búsqueda resulta fácil cuando se ve al estado como un ser vivo, utilizando conceptos geopolíticos de aplicación práctica y senci-lla, mismos que al interpretarse adecuadamente son una herramienta de gran valor para la conducción del país, la visualización que ellos proporcionan permite evaluar los fenómenos que se presentan en la vida del Estado y que al considerarlos en forma acertada a la luz de las leyes geopolíticas permite a los analistas y planificadores al más alto nivel elaborar diagnósticos de situación política del país, aspecto que les ofrece dilucidar una idea clara y actualizada de la realidad nacional para elevar las observaciones y recomendaciones per-tinentes orientadas a la previsión y solución de problemas y a la adopción de políticas de seguridad y desarrollo.

Entonces el Estado al ser analizado presenta características y peculiaridades, similares a las de los seres vivos, con fortalezas y debilidades, con potencia-lidades capaces de ser desarrolladas para elevar el Poder Nacional, necesario para la consecución de metas orientadas al logro de beneficios para la pobla-ción, protección ante amenazas de índole interno y externo y aprovechamien-to de oportunidades para el desarrollo del país, lo que involucra directa o in-directamente la determinación de medidas imprescindibles para la seguridad del Estado.

El Texto de Estudio TE-158 Seguridad Nacional salvadoreño, establece que

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los objetivos nacionales se originan de los intereses y aspiraciones naciona-les, conocidos también como Objetivos Naturales (1988), los cuales, deben ser interpretados a partir del conocimiento de las necesidades vitales de la na-ción, de los ideales de la sociedad y de la conciencia que dichas necesidades pertenecen al Bien Común (Lucha, 2016).

Entonces se plantea una pregunta básica ¿Hasta qué punto se puede descuidar la seguridad y el desarrollo por un país o dejarlo a la deriva nacional? Las personas se enfrentan a la vida cotidiana, en la cual el Estado posee según la Constitución de la República, la obligación de asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social” (Asamblea Legislativa de El Salvador, 1983).

Es necesario considerar que la influencia de la Geografía en la sociedad hu-mana, demuestra que es necesario la seguridad y el desarrollo de una nación lo cual fue expuesta varios miles de años y que el desarrollo de las civiliza-ciones y la seguridad por sus ejércitos se establecieran antes de que fueran formuladas las doctrinas geopolíticas. Aristóteles, por ejemplo, creía que el pueblo y su entorno eran inseparables y que se veía afectado tanto por cir-cunstancias geográficas como por instituciones políticas.

A nivel internacional algunos casos de ausencia de seguridad nacional o se-guridad ciudadana o seguridad publica según el país en análisis, hace llegar a un extremo como sucedido el del 13 de noviembre de 2015 en Paris Francia, en el que siendo uno de los países llamados desarrollados se dio lugar al ata-que realizado por integrantes del Estado Islámico en la capital francesa con explosivos de peróxido de nitrógeno en el Estadio de Saint Denis, la sala de espectáculos Bataclan, un restaurante, un bar y un transitado boulevard dejan-do 130 personas fallecidas y más de 300 heridos en donde también siete de los ocho terroristas perdieron la vida (Rangel, 2016).

Otro ejemplo mundial es lo sucedido el 2 de abril de 2015 militantes del mo-vimiento Yihadistas islámico somalí Al Shabab tomaron como rehenes a más de 500 estudiantes siempre en Kenia en una universidad local otras 147 per-sonas murieron durante el asedio que duro un poco de más de 16 horas (Ran-


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gel, 2016), al retornar a la realidad nacional de El Salvador se observa que los esfuerzos para desarrollo y seguridad van encaminando, teniendo como principal problema real el financiamiento, sin embargo la disponibilidad y las actuaciones represivas se han incrementado, sabiendo que no solo conlleva este tipo de acciones si no las de tipo preventivas que anticipan las posibles aristas que deben de ser resueltas en un futuro muy cercano.

A nivel nacional los problemas que se originan desde el interior del país son de diversa naturaleza, pudiendo estos ser generados por la inseguridad públi-ca y enfrentados por las instituciones de Seguridad Pública (CODEM, 2003, pp.8). Cuando estos problemas rebasan la capacidad de las instituciones res-ponsables de mantener dicha seguridad, se convierte en un problema de Se-guridad Nacional, y debe ser enfrentado con todo el Poder Nacional. Es así como el incremento del tráfico y consumo de drogas y el incremento de deli-tos cometidos por pandillas con carácter transnacional y con ramificaciones en el crimen organizado y el narcotráfico, perturban en el presente, la tran-quilidad pública, crean un clima de inseguridad y superan la capacidad de las instituciones de seguridad, por lo que obstaculizan el logro de los Objetivos Nacionales y deben ser considerados como asunto de Seguridad Nacional (Lucha, 2016).

Ante estas realidades ¿Qué puede hacer la sociedad y el Estado? Es necesario dejar de hacer acciones mediáticas que resuelvan lo cotidiano, si no se debe de hacer un abordaje holístico que no obedezca a cambios de ideología po-líticas si no que den respuesta a las necesidades reales de los salvadoreños, dejando las ataduras de cuál es el mejor o peor, que conlleve sesgos o errores voluntarios a un grupo determinado, aplicando un método de solución de pro-blemas permitiría a construir un plan aterrizado centrado en las necesidades de la población salvadoreña, sustentado en los territorios actuales basado en la legislación actual o futura necesaria para construirlo.

Para esto es necesario gestionar los recursos necesarios para construir e im-plementar un programa basado en resultados, con acciones en tiempo real y con indicadores fáciles de verificar si se cumple o no principalmente por la ciudadanía, sin llegar a pensar “En las sociedades hiperprotegidas e hiper-

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tecnificadas la seguridad se convierte a la vez en una obsesión y una ficción” (Galindo, 2016).Según el Señor General de División José del Carmen Marín Arista, Fundador del CAEN Perú:

“Nosotros los de cultura, podremos saber lo que es la Defensa Nacional, pero ¿podrá entender lo que es la Defensa Nacional un hombre pobre, sin

trabajo que vive en una casa de esteras, sin techo, sin piso, con los hijos enfermos y él sin trabajo?...no, él no podrá entender la Defensa Nacional

porque no tiene nada que defender. El bienestar condiciona la seguridad y por eso los planes de desarrollo y defensa deben ser concebidos y realiza-

dos simultáneamente y coordinadamente, de ninguna manera ni separados ni sucesivamente” (Popa, 2015).

Es en ese sentido es imperativo e imprescindible la búsqueda de los mecanis-mos pertinentes que respondan a las necesidades básicas y prioritarias de toda la sociedad salvadoreña para que se integre y proponga una estrategia o plan nacional con visión de nación cuyo espíritu refleje el interés y sentir de todos los sectores de la sociedad sin exclusión social, sin ataduras de ningún tipo y con una visión en relación al futuro de todo el país, remembrando aquella comisión que se creó con el nombre de Comisión Nacional de Desarrollo (CND) luego de los Acuerdos de Paz en El Salvador, la que tenía como tarea principal la de presentar un instrumento de trabajo con visión compartida sobre los desafíos, obstáculos y metas de lo que El Salvador debe superar y alcanzar para lograr su desarrollo nacional que dio resultados parciales debi-do a que no se le dio continuidad pero igual formuló y propició la discusión y puesta en marcha de la ley de seguridad nacional que no se implementó.A pesar de eso la comisión fue creada por el presidente en turno en el año de 1997, con el mandato de elaborar, un Plan de Nación, la idea era: constituir una comisión tan plural, tan distinguida y tan concertadora, que la visión y el rumbo que propusiera para el país tuvieran validez, independiente de quien ganara elecciones y asumiera el gobierno en los próximos años (LUERS, 2009).

Tomando en cuenta lo anterior, la Comisión que se pudiera conformar, deberá


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de ser de consulta y muy propositiva. Promovedora de un enfoque territorial nacional, basado en su condición geográfica y en los recursos disponibles, en la vocación y el potencial nacional, en la inclusión y participación de su población y en la organización político-administrativa, presentando todo ello en propuestas en forma plataformas regionales de desarrollo, desafíos que demandan grandes esfuerzos y compromisos, grandes cambios y transforma-ciones y voluntad de los diversos sectores de la sociedad.

En tal sentido, la Comisión Nacional de Desarrollo, debe guiarse en cinco ámbitos de acción en los que los salvadoreños deben asumir compromisos claros y concretos. Estos son: el ámbito político, el ámbito educativo y cultu-ral, el ámbito socioeconómico, participación ciudadana y ámbito institucional (Comisión Nacional de Desarrollo, 1998).

Entonces se afirma que la seguridad y desarrollo debe poseer por parte de es-calón político estratégico una visión geopolítica complementada por platafor-mas regionales y que sirve de base para el Plan de Nación, debiendo superar obstáculos y limitaciones que van más allá de la buena intención y voluntad, debiendo ser tomadas con optimismo, aunque sin ingenuidad. El apoyo de los actores de la sociedad, empresa privada así como de políticos, economistas, organizaciones sociales operantes en este momento actual en El Salvador se hacen imprescindibles e ineludible para ponderar los alcances, obstáculos y peligros propios de una iniciativa encaminada a propiciar un proceso de seguridad y desarrollo que articulará armónicamente factores económicos, territoriales, ambientales, políticos, éticos, sociales y culturales, con el objeto de dar respuesta a las necesidades y problemas que demanda de la sociedad y en país en general.

En la actualidad, no se cuenta con organismos que permitan cumplir la finali-dad de la Seguridad y el Desarrollo Nacional, esto porque por decreto ejecu-tivo N°65 de fecha 2 de septiembre de 1992 se crea el Consejo de Seguridad Nacional, pero en la actualidad no funciona y sus funciones son velar por la Seguridad Nacional en general vigilando la seguridad interna y externa del país y reformas posteriores a través del Decreto Ejecutivo No. 29 (24 de agos-to de 2004) y el Decreto Ejecutivo No. 1 (12 de enero de 2005), hechas por

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los presidentes en turno, quienes realizaron modificaciones principalmente en la estructura de la asesoría incluyendo al Ministro de Hacienda, al señor Jefe del Estado Mayor Conjunto y al Director General de la Policía Nacional Civil; algo mucho más importante que estableció una Secretaría Permanente del Consejo de Seguridad Nacional, en lugar de los comités de crisis (Lucha, 2016).

Otra consideración histórica es que luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 y por recomendaciones de la Misión de la ONU en El Salvador (MI-NUSAL) y con la finalidad de procurar la armonía social y conservar la paz y tranquilidad interior y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad, se creó el Consejo Nacional de Seguridad Pública, por Decreto Ejecutivo No 1 (8 enero de 1996).

La misión de este Consejo (CNSP), fue la de servir como órgano consultivo y de asesoría al Presidente de la República en materia de seguridad pública, en ella se establecía que debería recomendar políticas de seguridad pública y otras funciones relacionadas con la misma. Esta organización nunca funcionó con ese propósito, desarrollando solo actividades de prevención en la juven-tud, como canchas deportivas y eventos deportivos (Comisión Nacional de Desarrollo, 1998).

En la actualidad existe el Consejo de Seguridad Ciudadana ante el incremento de la violencia de las pandillas, el actual Gobierno, según consta en el Decreto Ejecutivo No. 62, de fecha 29 de septiembre de 2014, el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, cuyo objetivo es la de promover y concertar el diá-logo sobre las políticas públicas que tengan relación con la justicia, seguridad ciudadana y convivencia, así como dar seguimiento a dichas políticas. Dicho Consejo se ha conformado con políticos, organizaciones sociales y económi-cas, Ministerio Público (Fiscalía y Procuraduría para los Derechos Humanos) representantes Organismos Internacionales y líderes religiosos, para controlar la violencia, en donde El Salvador es uno de los países que tiene más altas tasas de homicidios, mayores a 10 por 100,000 habitantes (PNUD. Informe Regional 2013-2014, pp. 17).


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Este Consejo, después de un tiempo de estudio, ha elaborado la propuesta de-nominada “Plan: El Salvador Seguro”, en donde se plantea cinco ejes y ciento veinticuatro acciones prioritarias (CNSCC, 2015).

Como conclusión es necesario entender que la Seguridad Nacional y el Desa-rrollo Nacional son un binomio inseparable, indisoluble e imprescindibles en la vida de cualquier país, El Salvador no es la excepción y requiere que estos actos estén presentes en las acciones de la población y sus manifestaciones y así generar y ampliar con mucho dinamismo la manera de actuar de forma reactiva y no necesariamente sistematizada, en consecuencia los problemas que el país ha tenido en toda su historia y en la actualidad no se ha realizado una previsión adecuada que utilice los recursos nacionales en forma integral que permita obtener los efectos deseados.

Muchos de los logros en la Seguridad y en el Desarrollo Nacional, que el país ha experimentado, han sido producto de iniciativas y sacrificios de personas o de alguna institución en particular, que en forma improvisada han podido salvar situaciones o disminuir los efectos de algunos problemas o han apro-vechado alguna oportunidad para el país y muy pocas veces como producto de un proceso previsto.Es necesario poseer una organización del Estado que se encargue de dar se-guimiento y principalmente planificación que obligue a las demás institucio-nes del Estado a cumplir con su planeamiento estratégico.

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¿CÓMO SE FORMULAN LOS INTERESES NACIONALES EN EL SALVADOR?

Licda. Ana María Corleto Perdomo

RESUMEN

En la siguiente investigación es pertinente referirse al tema de la formulación de los intereses nacionales, como uno de los grandes pivotes sobre los cuales se sostienen las decisiones políticas que adoptan los gobiernos para la conse-cución de sus planes de desarrollo, es por ello, que referirse a la interrogante para determinar que tales mecanismos, sean estos focalizados o difusos, lo-grarán el resultado deseado del bien común y el Desarrollo Nacional. Por eso se propone que sean dos los criterios que se utilicen para dicha determina-ción: uno de naturaleza jurídica y otro de naturaleza sociológica.

El anterior planteamiento conlleva a la idea de que no solamente los mecanis-mos focalizados son para la formulación de los objetivos nacionales, sino que pueden existir otros mecanismos que de forma difusa logren resultados simi-lares, aunque no de forma sistematizada, como es lo más recomendable; tales como los medios de comunicación, tanques de pensamiento, organizaciones de estudios jurídicos, universidades, entre otros.

El criterio jurídico se constituye como derechos fundamentales de las perso-nas y la voluntad democrática representada en la mayoría no puede vulnerar los derechos de las minorías consagrados en las constituciones como derechos fundamentales. El Estado salvadoreño, a través de su sistema político y social permitee la formulación de los intereses nacionales de forma deliberativa, se encuentra en el camino correcto para lograr la consecución del bien común, y en definitiva a un mayor Desarrollo Nacional.

Palabras claveDemocracia deliberativa, toma de decisiones, intereses nacionales.

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ABSTRACT

In the following investigation, it is pertinent to refer to the topic of the for-mulation of national interests as one of the great pivots on which the politi-cal decisions that governments adopt in order to achieve their development plans are supported. To the question to determine that such mechanisms, whether these are focused or diffuse, will achieve the desired result of the common good and national development. That is why it is proposed that two criteria be used for this determination: one of a legal nature and another of a sociological nature.

The previous approach leads to the idea that not only the mechanisms targe-ted are for the formulation of the national objectives, but there may be other mechanisms that in a diffuse way achieve similar results, although not in a systematic way, as is most advisable; Such as the media, think tanks, legal research organizations, universities, among others.

The legal criterion is constituted as fundamental rights of the people and the democratic will represented in the majority can not violate the rights of the minorities consecrated in the constitutions like fundamental rights. The Sal-vadoran State, through its political and social system allows the formulation of national interests in a deliberative way, is on the right path to achieve the common good, and ultimately to further national development.

KeywordsDeliberative democracy, decision making, national interests.

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El objetivo del presente ensayo es examinar si en El Salvador la falta de deliberación informada en el proceso político y, por consiguiente, en la toma efectiva de decisiones gubernamentales, produce un detrimento en el desa-rrollo económico y social del país.

En ese sentido, a partir de la caracterización de la democracia deliberativa en contraste con otros paradigmas de la democracia y, por otro lado, de la conceptualización de los Derechos Humanos como sustrato jurídico y axio-lógico de la deliberación política y social, se concluirá que la adopción de una cultura política que promueva la democracia deliberativa en El Salvador es la vía que mejor contribuirá a la construcción de un consenso básico entre las principales fuerzas sociales y políticas que posibilite el desarrollo social en beneficio de la mayoría de la población del país.

A manera de introducción, puede mencionarse que, a lo largo de la historia del pensamiento político, los paradigmas o modelos de democracia han sido diversos, por un lado, según la concepción liberal de la democracia, esta se hace efectiva exclusivamente bajo la forma de compromisos entre intereses individuales, es decir, la preeminencia del consenso de la mayoría. Por otro lado, bajo el paradigma republicano, “la formación democrática de la vo-luntad se efectúa en la forma de un entendimiento ético-político” (Bobbio, 1986), a través del establecimiento de una norma fundamental por encima de las leyes emanadas de los parlamentos que establece los procedimientos válidos de toma de decisiones.Ambos paradigmas de la democracia se basan en la representación política, concepto que ha tenido detractores como Rousseau, que en su célebre frase “la soberanía no puede ser representada” y por tanto“el pueblo inglés cree ser libre: está muy equivocado; lo es solamente durante la elección de los miembros del Parlamento; pero tan pronto como son elegidos, vuelve a ser esclavo” (Bobbio, 1986)

Esta crítica ha perdurado hasta nuestros días, y hay quienes han pretendido proponer la democracia directa como solución a ese problema. No obstante, antes de propugnar las aparentes virtudes de la democracia directa, es de ha-cer notar que no existe tal cosa como “la voluntad del pueblo” lo que existe

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es la multiplicidad de opiniones de los habitantes de una Nación, pero estas no se pueden articular en una única e incuestionable voluntad. (Campoamor, 2008).

Sin embargo, existe un tercer modelo para entender la democracia como mo-delo de toma de decisiones, que es el modelo de democracia deliberativa, explicado por el sociólogo y filósofo alemán Jürgen Habermas, quien en su extensa obra se ha referido, entre otras cosas a conceptos claves para entender la gobernanza en el mundo moderno.

Según Habermas, la democracia deliberativa tiene como presupuesto princi-pal un “ordenamiento jurídico cimentado en la pluralidad, el respeto a los principios constitucionales y el seguimiento de los procedimientos institucio-nalizados de comunicación”, asimismo, para dicho autor, la idea democracia se cimienta sobre la base de la legitimación del poder político por consenso, la noción de autonomía ciudadana que permite la participación política, el ideal de la capacidad de diálogo y racionalidad discursiva para los acuerdos consensuados (Domínguez, 2013).

Cabe mencionar al respecto que los autores que han estudiado la obra de Habermas coinciden en que, para dicho autor, la democracia deliberativa es “una forma política que aspira a convertirse en modelo normativo de la po-lítica contemporánea” (Domínguez, 2013).

Es decir, Habermas no se limita ni pretende realizar una concepción descrip-tiva o meramente académica sobre la democracia, sino que persigue indicar o proponer un conjunto de normas ético-políticas que puedan contribuir a la construcción de dicho concepto desde la praxis misma de la democracia.

Habiéndose referido una noción de democracia deliberativa, es pertinente re-ferirse al tema de la formulación de los intereses nacionales, como uno de los grandes pivotes sobre los cuales se sostienen las decisiones políticas que adoptan los gobiernos para la consecución de sus planes de desarrollo. Sobre este punto, se utilizará la herramienta de comparación descriptiva entre los mecanismos empleados por Colombia y por El Salvador para realizar tal de-

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terminación, y luego pasar a un análisis valorativo sobre los mismos.

En el caso de Colombia, existe un mecanismo en el que los esfuerzos para determinar los objetivos nacionales se concentran en un proceso claramente definido e institucionalizado, a través de la promulgación de la Ley 52 de 1994, por medio de la cual se estableció la Ley Orgánica del Plan de Desarro-llo (Congreso de Colombia, 1994).

Según las disposiciones contenidas en la Ley antes citada, Colombia debe for-mular al inicio de cada período presidencial un Plan Nacional de Desarrollo y ha previsto un proceso en el cual intervienen además de las instancias pre-sidenciales, la participación crucial de un Consejo Nacional de Planeación, el cual está integrado por 4 representantes de las máximas autoridades admi-nistrativas de las entidades territoriales, cuatro procedentes de los diversos sectores económicos, cuatro de los diversos sectores sociales y profesionales, dos en representación de la academia y el sector cultural, uno proveniente del sector ecológico, uno del sector comunitario y cinco en representación de los indígenas, de las minorías étnicas y de las organizaciones de empoderamiento de las mujeres. Cabe mencionar que la mitad de los miembros del Consejo se renuevan, de forma alternada, cada cuatro años, lo que dota de cierta perma-nencia y continuidad a su trabajo.

El Consejo Nacional de Planeación colombiano tiene la facultad de organi-zar y coordinar una amplia discusión sobre el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que le presente el Presidente de la República, emitir su opinión y efectuar recomendaciones, finalmente, dicho proyecto avalado por el referido Consejo debe someterse a aprobación del Congreso de la República.

En el caso de El Salvador no existe un mecanismo jurídico o institucional de carácter permanente que tenga por finalidad la formulación de los objetivos e intereses nacionales, sino que los diversos gobiernos han formulado diversos planes de gobierno al asumir el mandato presidencial, con una visión particu-lar de los objetivos e intereses nacionales. Se observa, en ese mismo orden de ideas, que existe una dispersión en la formulación de los intereses nacionales, ya que estos que responden primordialmente a la visión del partido político


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que asume la presidencia en el período constitucional de que se trate.

Como ejemplo, para el período presidencial 2014-2019 se cuenta con un Plan Quinquenal de Desarrollo, que se enfoca bajo la visión de alcanzar un El Salvador productivo, educado y seguro. Dicho Plan contempla un capí-tulo dedicado a la transformación del Estado, planeación del desarrollo y participación ciudadana, en el cual se afirma la intención de

“Recuperar plenamente la capacidad planificadora del Estado [...] que integre en el ciclo de la planificación tanto a las instituciones del Órgano

Ejecutivo como a la ciudadanía”, y luego se afirma que para ello “impulsar la construcción del Sistema Nacional de Planeación, descentralizado y par-ticipativo, que estará conformado por un conjunto de procesos, entidades e

instrumentos que garanticen la interacción de los diferentes actores sociales e interinstitucionales para coordinar la planificación del desarrollo” (Se-

cretaría Técnica y de Planificación. Gobierno de El Salvador, 2015).

Por otro lado, debe mencionarse que se cuenta desde septiembre de 2013 con una Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública que, si bien no contempla aspectos de incidencia sustancial de dicha participación en la adopción de políticas públicas, es un punto de partida para alcanzarlo.

Además de la mencionada política, se cuenta en El Salvador con otros me-canismos de índole participativa los cuales se encuentran desperdigados en diversas normativas, tales como la Ley de Acceso a la Información Pública y el proyecto de Ley Especial para la Prevención, Rehabilitación y Retiro de Miembros de Maras y Pandillas, actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa, entre otras.

Aunado a lo anterior, puede afirmarse que además de los mecanismos legales antes mencionados, existen otros elementos de democracia deliberativa que intervienen en el proceso político de El Salvador, tales como los medios de comunicación, tanques de pensamiento, organizaciones de estudios jurídicos, universidades, entre otros. En tal sentido, los diversos actores sociales en el

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proceso político y en la toma de decisiones gubernamentales pueden jugar un papel preponderante en la definición de los intereses nacionales.

En este orden de ideas, conviene regresar a los planteamientos de la demo-cracia deliberativa de Habermas, específicamente a su noción de la esfera pública en las sociedades contemporáneas, la cual concibe como una “red ex-traordinariamente compleja que se ramifica espacialmente en una pluralidad de espacios internacionales, nacionales, regionales, municipales y subcultu-rales que se solapan unos con otros” (Marín, 2010).

El anterior planteamiento sobre la esfera pública en la democracia delibera-tiva conlleva a la idea de que no solamente mecanismos focalizados para la formulación de los objetivos nacionales, como el ya descrito en el ejemplo de Colombia, satisfacen los criterios de la democracia deliberativa, sino que pueden existir otros mecanismos que de forma difusa logren resultados simi-lares, aunque no de forma sistematizada, como es lo más recomendable.

Pero resulta necesario ahora referirse a la interrogante de cuál constituiría el criterio para determinar que tales mecanismos, sean estos focalizados o difu-sos, lograrán el resultado deseado del bien común y el desarrollo nacional. El presente ensayo propone que sean dos los criterios que se utilicen para dicha determinación: uno de naturaleza jurídica y otro de naturaleza sociológica.

El criterio jurídico antes acotado se constituye en el examen de respeto y garantía de los Derechos Humanos en la acción de gobierno, y en particular aspectos relacionados con la integridad de la administración pública como presupuesto para la consecución del resto de derechos fundamentales de las personas, que comprende criterios de eficiencia, transparencia y probidad en el abordaje de los asuntos públicos por parte de las diversas instancias guber-namentales.

De las ideas de Habermas también puede extraerse el principio de que “la voluntad democrática representada en la mayoría no puede vulnerar los derechos de las minorías consagrados en las constituciones como derechos fundamentales” (Domínguez, 2013). Este principio se ha consolidado en la


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mayoría de los Estados modernos, incluyendo El Salvador, a través del con-trol de constitucionalidad de las leyes por parte de los Tribunales Constitu-cionales.

Sin embargo, el presupuesto axiológico del respeto a los derechos humanos, aún y especialmente por parte de los legisladores, se ve condicionado también por el avance del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, en virtud del cual se ha concebido el llamado “control de convencionalidad de las leyes”, el cual ha sido definido como el necesario examen de compa-tibilidad que se realiza en sede jurisdiccional en relación con las actuaciones de agentes estatales, en general, respecto de los diversos instrumentos inter-nacionales de Derechos Humanos, y en particular, respecto de la Conven-ción Americana de Derechos Humanos, en el ámbito interamericano (Sagües, 2010).

Por otro lado, se propone un criterio de naturaleza sociológica que comple-menta a lo antes mencionado y que estriba en la existencia de mayores niveles de involucramiento de la sociedad civil organizada en los distintos mecanis-mos de participación ciudadana establecidos por el ordenamiento jurídico. Sobre el punto anterior, Habermas sostiene que “para que exista una de-mocracia fuerte, capaz de expresarse en instituciones participativas e inclu-yentes, es necesaria la existencia de una ciudadanía y una opinión pública competente en los asuntos públicos” (Domínguez, 2013).

De lo anterior se colige que para que la actuación de los poderes públicos responda a los intereses nacionales, no basta con la promulgación de leyes por parte de la Asamblea Legislativa, en ejercicio del principio democrático del voto de la mayoría, tampoco basta con el examen de constitucionalidad y convencionalidad de las leyes que puedan realizar los jueces y tribunales nacionales o internacionales, respectivamente, sino que es imperativo que la ciudadanía se involucre, de forma activa e informada, a través de diversos mecanismos de participación, para lograr la formulación exitosa de los intere-ses nacionales, esquivando de esa manera los intereses sectoriales partidarios o económicos que puedan influir negativamente en las decisiones políticas en detrimento de la mayoría de la población.

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Solamente constatados y verificados los criterios anteriores podrá afirmar-se que el Estado Salvadoreño, a través de su sistema político y social que permita la formulación de los intereses nacionales de forma deliberativa, se encuentra en el camino correcto para lograr la consecución del bien común, y en definitiva a un mayor desarrollo nacional. A partir de todo lo anteriormente manifestado, puede concluirse que la de-mocracia deliberativa a que se refiere Habermas, como presupuesto básico para la toma de decisiones en beneficio de la mayoría de la población, para que pueda brindar los resultados esperados, debe ser complementada con un mecanismo institucionalizado de planificación con carácter permanente, que permita traducir, de forma sistemática e inteligible, las necesidades plantea-das por la población y convertirlas en políticas y estrategias concretas que marquen la ruta hacia el desarrollo.

A más dos años de haber iniciado el quinquenio presidencial actual, aún no se ha emitido alguna Ley o proyecto que ponga en funcionamiento el Sistema Nacional de Planeación o Planificación, según la denominación que se ha utilizado más recientemente (CEPAL, 2016). Sin embargo, el hecho de que la implementación de un sistema de tal naturaleza sea un tema que se encuentre en las discusiones gubernamentales, constituye un paso significativo para El Salvador.


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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA SEGURIDAD NACIONAL DE EL SALVADOR

Lic. Carlos Orlando Martínez Martínez

RESUMEN

La Seguridad Nacional es un Derecho y un Deber de todos los ciudadanos cuya responsabilidad reside en el gobernante a través de la formulación de Políticas Públicas tendentes a garantizar los Intereses Nacionales. El objeto del presente ensayo es demostrar el vínculo estratégico entre la eficacia de las Políticas Públicas con la Seguridad Nacional. Con ese objetivo se realizó una investigación bibliográfica que sustentara objetivamente el argumento inicial, desarrollando antecedentes históricos luego el desarrollo conceptual entre Políticas Públicas y Planificación Estratégica de la Seguridad Nacional.

Palabras ClaveSeguridad Nacional, formulación de Políticas Públicas, Intereses Nacionales, Planificación Estratégica.

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ABSTRACT

National Security is a right and a duty of all citizens whose responsibility resides in the ruler through the formulation of Public Policies aimed at gua-ranteeing National Interests. The objective of this essay is to demonstrate the strategic link between the effectiveness of Public Policies and National Security. With this objective a bibliographical research was carried out that objectively supported the initial argument, developing historical antecedents then the conceptual development between Public Policies and Strategic Plan-ning of National Security.

KeywordsNational Security, formulation of Public Policies, National Interests, Strate-gic Planning.

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La tesis a desarrollar en este artículo explica como en la medida en que las Politices Publicas se elaboren constructivistamente en función de los Obje-tivos Nacionales se fortalecerá el Poder Nacional y por lo tanto la Seguridad Nacional de El Salvador, es decir, formulando las políticas partir de los re-sultados de la práctica del ejercicio del poder, para posteriormente confrontar resultados con los niveles de gobernabilidad.

Para sustentar esta tesis se inicia con la Constitución que define a El Salvador como un Estado soberano, que la soberanía reside en el pueblo y que lo ejer-ce, según la Constitución. Según la Ciencia Política y las Ciencias Sociales en general el poder es inherente a la naturaleza humana, el cual constituye fun-damento de organizaciones que se estructuran históricamente en el país. El Estado considerado como la máxima estructura de poder se organiza, ordena y manda a todos sus miembros quienes por un acuerdo de voluntades, tiene que sacrificar, pues no puede existir en forma aislada parte de sus libertades en beneficio de la convivencia colectiva. (Rouseau, 2000). En este sentido, la Constitución de la República es el documento en el cual el legislador cons-tituyente describe la Estructura Política y Administrativa del Estado que se compromete a cumplir y hacer cumplir buscando el Bien Común de todos los ciudadanos en el contexto de un Estado de Derecho. (Rodas, 2016). De esta manera, las políticas públicas constituyen el mecanismo legal por medio de las cuales el gobernante planifica y ejecuta las estrategias con las que busca el bienestar de todos los ciudadanos. Formular e implementar políticas es la esencia de la actividad del estado. Si aceptamos una interpretación no especí-fica del término “políticas públicas”, como la propuesta por Mayntz (1979), quedan cubiertas todas las variaciones empíricas de programas de acción, encomendados a las burocracias públicas para su ejecución, desde leyes o planes y programas en su sentido más estrecho hasta expresiones más genera-les de intención política, que sólo se convierten en programas elaborados de acción en el curso de su implementación. El término comprendería entonces grados muy diferentes de articulación de objetivos y especificación de regu-laciones normativas (Oszlak, 2000).

En el caso de El Salvador, la historización de la formulación de las Políticas Públicas en los últimos cincuenta años por los diferentes gobernantes ha sido

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA DE LAS POLÍTICAS PÚBLIC...

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causa y consecuencia de la situación infraestructural heredada por las condi-ciones mundiales que dejó la Segunda Guerra Mundial en todas las econo-mías y que no fue sino hasta que en 1950 se inicia un nuevo periodo político con el Teniente Coronel Oscar Osorio cuando se promulgó la constitución de 1950 en la cual se plasmaban nuevos principios constitucionales que se con-vertirían en fuente de ley de Políticas Públicas totalmente innovadoras como la legalización de sindicatos de trabajadores industriales y ley de control de granos, pero lo más importante fue que promovía cambios socioeconómicos antes de que fuesen a ocasionar una alteración del orden político establecido.

Dicho marco constitucional permitía políticas públicas que proporcionaron una cierta modernización socioeconómica a El Salvador que se puede decir que duro hasta 1969-70, lo cual se manifestó con el conflicto con Honduras y la ruptura del Mercado Común Centroamericano que en alguna medida había producido bienestar socioeconómico durante 20 años, pues se construyeron la carretera del Litoral, Puertos Marítimos, viviendas mínimas y de clase me-dia, puentes, escuelas con el innovador sistema de la Televisión Educativa, reformas en el Código Laboral, fue un periodo de mucha bonanza en la pro-ducción del café y el algodón.

En este contexto socioeconómico la formulación de Políticas Publicas no re-presentaba mayor dificultad para la clase gobernante así como su eficacia y eficiencia en el contexto de la Seguridad Nacional pues las amenazas del orden interno no eran muy trascendentes, la delincuencia era mínima, las ne-cesidades sociales se cubrían con políticas de compensación social que el pre-supuesto de la nación lo cubría sin mayor dificultad pues la población deman-dante de necesidades sociales era también relativamente reducida tanto en la ciudad como el campo, por tal razón, el sector salud, viviendo y educación no requería de muchos recursos materiales ni económicos, de la misma manera que las amenazas de orden externo eran cubiertas por la misma inercia orien-tada a neutralizar amenazas mundiales surgidas de la Guerra Fría. El fin de la Segunda Guerra Mundial permitió el auge de los precios de varios productos agrícolas, al recuperarse la economía. Sin embargo, esta tendencia no fue constante y a mediados de 1950, los precios tendieron a la baja. Centroaméri-ca sufrió un deterioro de los términos de intercambio con los países industria-

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lizados, es decir, los artículos que se compraban, en su mayoría manufacturas, aumentaban de precio, mientras que los precios de los productos agrícolas, tendían a bajar. De esta forma, el intercambio comercial era desfavorable para los países del istmo porque tenían que exportar más para importar lo mismo. Ante esta realidad, se pensó que el camino más viable para Centroamérica era industrializarse para no seguir dependiendo de las manufacturas que se importaban del exterior.

El proceso de integración económica centroamericana comenzó en 1960 con la firma, en Managua, del Tratado General de Integración Económica Centro-americana. Los países firmantes fueron Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Costa Rica, por razones de intereses comerciales y de su visión particular del programa, se adhirió hasta 1963, ¿Cuánto contribuyó la integra-ción en el crecimiento económico de la región? Es difícil de medir. A veces, se exagera la importancia de la integración en el crecimiento económico que experimentó Centroamérica durante la década de 1960. Por otra parte, no hay duda de que dicha expansión económica se vio favorecida por los buenos precios de los productos tradicionales de exportación: café, algodón, caña de azúcar y banano” (Ministerio de Educación , 2009).

Esta etapa de la historia de El Salvador, se explica en el marco teórico de la práctica de la política en países en vías de desarrollo con economías depen-dientes de las decisiones en los países e instituciones financieras internaciona-les mundiales, sin embargo, la formulación de las política públicas ha sufrido un giro cualitativo por la razón que se tiene que considerar el dinamismo del Sistema Internacional en el contexto del Nuevo Orden Mundial, por lo tanto, como bien lo afirma (Astorga, 2009) .

“Cuando se habla de política pública se hace alusión a los procesos, de-cisiones, resultados, pero sin que ello excluya conflictos entre intereses presentes en cada momento, tensiones entre diferentes definiciones del

problema a resolver, entre diferentes racionalidades organizativas de acción y entre diferentes perspectivas evaluadoras, estamos pues ante un panorama lleno de poderes en conflicto, enfrentándose y colaborando ante opiniones y

cursos de acción específicos”.


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En ningún momento de la historia de la humanidad, desde el surgimiento del hombre como “animal político” la sociedades organizadas la clase política ha desarrollado su actividad sin haberse formulado sus principios ideológicos y sus intereses materiales que orientan su práctica en el ejercicio del poder y en los procesos de toma de decisiones, por lo tanto, de esta se manera se ha acudido a la formulación de políticas en el nivel político-estratégico tanto nacional como internacional, lo cual permitirá el logro de los Objetivos Na-cionales y como consecuencia el logro de intereses nacionales en un contexto de democracia plena con amplia participación política en el proceso demo-crático de asumir el Poder Político así como en el proceso de participación de toma de decisiones. Como acertadamente lo afirma (Oliva, 2012) el cual afirma que:

“ya se ha señalado, la participación ciudadana en el proceso de gestión de políticas públicas es un elemento fundamental para la legitimización de las

instituciones públicas democráticas. Si bien es cierto que la sociedad actual es muy dinámica, debido entre otros factores a las innovaciones tecnológi-

cas que han facilitado la comunicación en red, además de ser cada vez más reflexiva y crítica, también lo es que se debe avanzar hacia la instituciona-

lización formal que rebase las coyunturas transitorias en las que normal-mente se configura. Por lo tanto, la constitución de marcos jurídicos que

propicien las iniciativas ciudadanas de democracia participativa son una condición sine qua non para su buen desarrollo y formalización”.

En este sentido, el marco normativo y axiológico del comportamiento huma-no siempre ha reconocido múltiples estímulos, entre los cuales la búsqueda del interés colectivo no ha sido precisamente el dominante. No obstante, la actividad humana, desarrollada a través de organizaciones, exige un continuo compromiso entre los fines individuales y los fines colectivos que dan sentido a la acción organizacional. De aquí que la política y administración hayan sido vistas como esferas analítica e ideológicamente distinguibles, aunque empíricamente inseparables (Oszlak, 2000).

Toda gestión de la Administración Pública tiene que ser evaluada en base a resultados y la rendición de cuentas al público ciudadano, de la manera que se

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están invirtiendo sus impuestos y los resultados de las Políticas Públicas im-plementadas. Según Joint Committee Standard Education (Ysa, 2010) citado por (Perez, 2010) la evaluación consiste en “recoger y analizar sistemática-mente una información para poder determinar el valor o mérito de una inter-vención”. Para el caso de las políticas públicas, Xavier Ballart (Ysa, 2010) la define como “producción de información que sirva a los gestores públicos para tener una idea sobre la calidad de los servicios que están produciendo, en función de lo que se estime como valor”. Para Ballart (Ysa, 2010), la eva-luación, como técnica, busca producir información útil a las administraciones públicas, para mejorar tres aspectos fundamentales: a) los procesos de deci-sión y planificación, b) el funcionamiento y la gestión de las operaciones dia-rias y c) los resultados finales en relación con los recursos invertidos (Perez, 2010). En el caso del periodo histórico analizado, en El Salvador no había en esa época la práctica de rendición de cuentas, sin embargo los resultados em-píricos se sentían por el ciudadano el cual les daba en consenso o el rechazo y la historia da el testimonio.

Considerando que toda política pública es un proceso decisional el cual debe tener un carácter estratégico en el sentido de que la decisión que el gobernan-te tome tiene un resultado eminentemente pragmático orientado con el Bien Común que caracteriza al Buen Gobierno, de lo contrario dichos proyectos estarán condenados al fracaso político, económico y social y sin el recono-cimiento del Sistema Internacional, el cual es sumamente importante pues mucho depende ello para su financiamiento con fines, metas y objetivos que posean viabilidad, factibilidad pero más importante aún el consenso del Pu-blico Ciudadano con transparencia política, es decir que no sean utilizados en un futuro con fines electoreros.

En el mismo orden de ideas se habla de la Gestión Pública que son conflic-tivos en la clase política, competitivos en la esfera de lo político, pero que tiene que ser considerado por todo buen gobernante con habilidades políticas. También tiene considerados los fines y estrategias para resolver los problemas que la sociedad demanda de la Administración Publica que pretende ejercer el poder no solo para los que lo eligieron sino para todo el pueblo que ahora tiene bajo su responsabilidad, por tal razón, sus decisiones políticas en orden


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deben estar en el contexto de la formulación de Políticas Públicas Estratégi-cas en el marco de la Seguridad Nacional.A manera de ejemplo, si se considera que la delincuencia ciudadana es una Amenaza a la Seguridad Nacional, la formulación de Políticas Publicas para resolver dicha amenaza tiene que haber responsabilidad del Estado por la resolución a través de un proceso gestión política de consenso con fines y ob-jetivos viables y factibles. Por lo tanto Gestión y Políticas como las dos caras de la misma moneda para lograr el mismo fin estratégico.

“El Gobierno debería ser un buen garantizador de resultados en térmi-nos de objetivos, calidades, costos, plazos, cobertura, la prioridad por lo

tanto debe estar en los resultados a obtener y luego definir la mejor forma de lograrlo y los actores mejor equipados para ejecutarlo. Por ello, para obtener resultados relevantes es necesario focalizarse en tareas y progra-

mas que puedan efectivamente realizarse en el plazo que se va a gobernar, Es fundamental que el Gobierno tenga la voluntad y se dota de los meca-

nismos apropiados para comprender efectivamente las necesidades sociales de la comunidad en su conjunto y de los distintos usuarios de los servicios gubernamentales. Así podrá definir las prioridades y realizar las acciones

necesarias en función del bien común. Esto exige atender legítimas necesi-dades de los gobernados, atendiéndolos de manera eficiente, facilitando la

movilización de recursos públicos y fortaleciendo su capacitación” (Teoria, politica y gestión pública, 2010).

Es necesario tener en mente una apreciación estratégica del ámbito regional y mundial, porque también se debe tomar en consideración que cuando un gobernante formula las Políticas Públicas, estas deben responder al contexto histórico nacional y a la situación social, económica, política y militar inter-nacional. Esta ha sido una de las etapas tal vez menos estudiadas puesto que desde sus comienzos y hasta inicios de los años 1970 la investigación en el campo de las ciencias políticas estuvo centrada en la decisión y las etapas que la anteceden (Martin, 2014).

La corriente dominante en aquellos años sostenía que para lograr un buen resultado solo era necesario mejorar la calidad analítica e informativa de la

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decisión (esto es, los modelos causales implícitos en ellas). Este énfasis en lo decisional se basaba en la clásica dicotomía entre política y administración, donde la política era el espacio de la decisión mientras que la administración era el espacio de la aplicación. Detrás de esta dicotomía existían dos impor-tantes supuestos. Es así como se hace necesario considerar brevemente, en el ámbito internacional, considerando el caso analizado prevalecía la Guerra Fría, la cual fue un conflicto de orden mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos países en el transcurso del siglo XX se instalaron en la cúspide del poder, alcanzando ambos la categoría de superpotencias. Tradi-cionalmente se considera, que este peculiar conflicto tuvo su punto de partida tras la Segunda Guerra Mundial, una vez que los dos principales vencedores no lograron compatibilizar sus tan disímiles puntos de vista respecto de los destinos que habrían de seguir los territorios que habían sido asolados por la guerra.

En el orden económico surgieron nuevos organismos financieros mundiales, modelos económicos, sustitución de importaciones, lo cual vino a influir en los aspectos que los gobernantes consideraban en la formulación de sus po-líticas públicas. En el contexto nacional y durante el periodo de Guerra Fría, El Salvador estaba siendo amenazado por la insipiente penetración ideoló-gica marxista-leninista en diferentes centros de estudio superior académico, organizaciones obreras, sindicatos y ONG apoyados por la Iglesia con la in-terpretación de la Teología de la Liberación, que recién se había gestado en Perú y Brasil, todo lo cual formaba como la superestructura ideológica social, política, religiosa de las organizaciones obrero y campesinos en el país. Sin embargo aun cuando se encontraban en periodo de gestación ya podían ser identificadas y considerando que el resto de la región como Cuba, Nicara-gua y Guatemala, ya habían desarrollado considerablemente hasta llegar a la toma del poder político por medio de la revolución armada o de la Guerra de Guerrillas repitiendo modelos marxistas, maoístas leninistas y en la región “cheguevaristas” que de alguna manera habían logrado resultados favorables a sus interés.

De cualquier manera y en la época que fuese, las políticas públicas tienen que ser planificadas en base a Objetivos Nacionales, es así como, Carlos Matus,


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citado por (Martin, 2014) colaborador y funcionario del presidente Salvador Allende, quien cuenta con varios textos sobre planificación, produciendo muy valiosos aportes a la materia, ligando a la tarea de planificar con el horizon-te de sentido que la política le imprime. Matus describió a “la planificación como una dinámica de cálculo que precede y preside la acción, que no cesa nunca, que es un proceso continuo que acompaña la realidad cambiante” (Matus, 1989).

El termino planificación hace referencia a la construcción continua y comple-ja de vías de acción, que pueden ser expresadas en planes, programas o pro-yectos. Uno de los primeros desafíos que se encuentran al tratar el tema plani-ficación, es ligar este proceso a la realidad posible y viable, y no simplemente a la formulación y análisis de Políticas Públicas, “ideales” o “expresiones de deseo”, que solo podrían materializarse cuando mucho, redactadas en un tex-to, pero que nada aportará para transformar la realidad social (Oszlak, 2000).En todo caso, pues, de lo que se trata es de una planificación dinámica la cual considera de manera seria todas las dimensiones de cada momento de su operativización en la realidad y en estar considerando, revisando, adaptando al momento histórico la viabilidad y factibilidad de las estrategias que ope-rativizaran los objetivos como acertadamente lo dice Matus en Planificación, Libertad y Conflicto dice:

“Quien realmente planifica es quien tiene la capacidad de tomar decisiones y por eso es que la planificación situacional pone el énfasis en el momen-to de la acción y usa la exploración sobre el futuro como un recurso para

darle racionalidad a la acción, pero no se queda en la mera exploración del futuro, ni separa tajantemente la planificación de la gerencia en la acción. La planificación no es un mero cálculo, sino el cálculo que precede y pre-

side la acción. En consecuencia, cálculo y acción son inseparables y recu-rrentes. Esta es otra limitación que tiene la planificación tradicional, que ha

trazado límites muy artificiales entre quienes planifican y quienes ejecutan. Los organismos viables, en el término cibernético de la palabra, jamás

pueden especializar tajantemente la funciones de planificación y ejecución, y si bien las combinan en distintas dosis es innegable que permanentemente

articulan tales funciones”(Matus, 2000).

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Por otra parte, el público ciudadano tiene el derecho y el deber de estar bien informado de la formulación de la Políticas Publicas no solo `por el hecho de haber dado su voto en los procesos electorales sino también por tiene el dere-cho de exigir la eficiencia de tales políticas para realizar a la persona humana en cuanto tal, considerando que la Seguridad Nacional es un derecho y un deber de todos los ciudadanos. El gobernante tiene la responsabilidad demo-crática de responder ante las necesidades de Seguridad Nacional de todos los habitantes y por lo tanto formular Políticas eficientes y equitativas orientadas a resolver los problemas de todos los sectores de todo el colectivo para el cual ejerce el poder. Retomando a Subirats en Análisis de Políticas Públicas y Eficacia de la Administración menciona lo siguiente:

“Pero, en general, podríamos plantearnos el por qué unos problemas llegan a formar parte del programa de acción de los poderes públicos y otros no. En principio, podemos imaginar que una de las causas esenciales será la

limitación de recursos, tanto económicos como humanos, pero puede tam-bién derivar de la falta de legislación sobre el tema que autorice la acción,

la falta de voluntad política, de adecuada “presión” por parte de los medios de comunicación o de los sectores implicados, etc. Por tanto, nos encontra-mos ante una cierta competencia entre cuestiones o temas planteados, ante la cual los poderes públicos establecerán prioridades, otorgando status de “problema público” a determinados temas y no a otros. En líneas genera-les, podría afirmarse que un nuevo tema resulta susceptible de convertirse

en “problema público” y, por tanto, llegar a formar parte del programa de actuación, Si el tema o cuestión ha alcanzado proporciones de “crisis”

y, por tanto, no puede continuar siendo ignorado. Una lectura detallada de muchas exposiciones de motivos de las leyes podría reafirmarnos en lo expuesto. Otra posibilidad es que el tema plantee claras posibilidades de

agravamiento en el futuro, con lo que se pretende anticiparse a la previsible situación de crisis”(Subirats, 1994).

Por lo anteriormente es que la planificación tiene que ser entendida como un “continuo”, planificar no es construir determinadas líneas de acción en un momento determinado, sino que implica un proceso constante, que acompa-ña al desarrollo de la acción pública. Los desarrollos sobre la planificación


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aplicados al Estado, fueron realizados intensamente sobre todo durante los años de posguerra hasta la década de los 1980, principalmente por los paí-ses socialistas y algunos países europeos para su reconstrucción luego de la guerra. Las corrientes de pensamiento sobre planificación de estas décadas, tuvieron su impacto en América Latina, generando un conjunto de teorías y experiencias que conforman lo que se ha llamado “planificación normativa”, cuya característica principal ha sido la de pensar que la realidad puede ser abordada “desde fuera”, como una “cosa estática”, plausible de modificación sin conflictos.

De esta manera, en la práctica política de El Salvador la correlación y el es-pectro político, social y militar internacional y regional, los Estados Unidos tenían que dar la respuesta de proteger sus propias fronteras, es decir América Latina pero especialmente Centroamérica que es considerado como su tras-patio geopolítico e implementar medidas tales como Doctrina de la Seguridad Nacional y apoyo económico a los presupuestos de gobiernos amigos a fin de realizar obras de infraestructura social y económicas que deslegitimaran el discurso ideológico marxista-leninista y desarticularan cualquier intento de formación de células armadas.

Dentro de las estrategias de contención hacia el avance de la URSS, se im-plementaron dos categorías de doctrinas para garantizar la “seguridad” o “protección de Latinoamericana”: La primera estaba enfocada en las estra-tegias diseñadas para conservar la hegemonía política; y la segunda, buscaba la asistencia económica hacia el territorio latinoamericano, considerado para Estados Unidos como su “patio trasero” para la consecución de sus intereses regionales en el contexto de la confrontación Este-Oeste, en contraposición con Europa Occidental, Japón y Eurasia, regiones contiguas al kremlin y de mucho interés geopolítico y geoestratégico.

La seguridad nacional y regional se concebía desde esta perspectiva como una forma de evitar la injerencia política de la URSS y la ideología socialista en América latina, la cual amenazaba las bases del capitalismo estadounidense y su crecimiento como potencia económica, política y militar, Dentro de las estrategias políticas-militares implementadas por EE.UU. después de la Se-

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gunda Guerra Mundial con el objetivo de contener el avance soviético pueden mencionarse: la creación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR); la fundación de la Organización de Estados Americanos (OEA); la creación de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN); la imple-mentación estratégica de modificación ideológica de las masas poblacionales a través de la creación de una diversidad de corrientes religiosas cristianas que protegiesen el statu quo, y no afrontase a la visión expansionista estadou-nidense como lo hizo la Teología de la Liberación, corriente de pensamiento crítico que había proliferado dentro de la Iglesia Católica, la cual instituyó en las comunidades de base (Elias, 2014).

En este contexto nacional y regional, la clase política gobernante no tuvo dificultades para desarrollar políticas públicas que favorecieron a un amplio sector de la población rural y de la ciudad en materia de salud, vivienda, educación e infraestructura vial y portuaria que respondía perfectamente a las estrategias económicas del modelo de sustitución de importaciones de los países de la periferia y que contaban con el aval de la CEPAL. Razón por la cual dicha época posterior a la Segunda Guerra Mundial es recordada como mucha bonanza económica, con posiciones favorables en el Mercado Mun-dial del Café, algodón y caña de azúcar, que facilitaba la generación empleo de mano de obra no calificada que propiciaba unas tasas ingresos y consumo de la canasta básica de la población en forma moderada y que mantenías al país con índices bajos de Pobreza Extrema y niveles aceptables de Pobreza Relativa en la clase baja, pero altos niveles de analfabetismo y reducida espe-ranza de vida debido a la precarias Políticas de Salud y escolaridad pues no se consideraban necesarios en el modelos agro exportador vigente. Por otra par-te, los medios de comunicación social eran muy elementales comparados con la actualidad y no permitía el conocimiento objetivo por parte de la población como instrumento de análisis para que la población formule sus propuestas de demandas sociales (Elias, 2014).

Gobernar en países subdesarrollados en el siglo XXI depende de la capacidad directiva de los gobiernos, los cual se puede interpretar como que la legalidad y legitimidad de los gobiernos estaría resuelta, pero lo que está resuelta y de-mostrada es la capacidad directiva lo cual se va a demostrar en el transcurso


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de su gestión de gobierno, para lo cual se hace uso del enfoque de los niveles de gobernabilidad que se demuestren durante el mismo periodo y últimamen-te es el enfoque de la gobernanza, términos acuñados por el Banco Mundial y el PNUD (Elias, 2014).

La implementación de las políticas públicas especialmente del orden socioe-conómico tienen que ser sometidas a una evaluación de sus resultados por parte del público ciudadano que en este caso es el que las ha demandado como necesidades sociales y que es el receptor de los resultado en cuanto a eficacia y eficiencia de las mismas. En dicha respuesta se verifica el nivel de cumplimiento de la dimensión estratégico de lo implementado es decir, la viabilidad y factibilidad de los proyectos y posteriormente su eficiencia y eficacia en el marco de la gobernabilidad y la gobernanza (Elias, 2014).Es debido a la complejidad de las demandas y problemas sociales, caracte-rística de las sociedades actuales, y a la multiplicad e interdependencias de sus causas que la manera de solucionarlas involucra a más actores además del gobierno. Esta confluencia de actores en un ámbito de gobierno supone una fragmentación de los lugares de poder, es decir, las relaciones que se estable-cen se dan en un mismo plano y de manera igualitaria entre diferentes grupos (Elias, 2014).

Esta transición muestra, en un primer paso, a un Estado que todavía tiene una preeminencia en la mayoría de los sectores de la política pública, sin embargo el Estado está consciente de que los lugares de toma de decisión se encuentran más dispersos y se necesita una mayor flexibilidad en los mecanismos que usa y gran rapidez para adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno. El Estado necesita una actitud de liderazgo, fuera y dentro de las estructuras burocráticas, para reducir los efectos secundarios de la fragmentación (Elias, 2014).

Actualmente El Salvador avanza a un escenario donde se acepta que la go-bernanza es un modelo de interacción entre el Estado y la sociedad y que el punto que diferencia al gobierno de la gobernanza es el grado de apertura de las comunidades de política y la participación de actores no gubernamentales. Mientras que en el gobierno los lugares de toma de decisión se encuentran

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situados en estructuras jerárquicas intergubernamentales, en la gobernanza estos se desplazan al sector privado o a redes horizontales mixtas (Badillo, 2011).

Sin embargo, la historia debido a su carácter dinámico no se detiene: la po-blación crece, se desarrollan nuevos sistemas de comunicación masivos como la radio y la televisión la privatización de la educación media y educación universitaria, los inicios de migración fuera de las fronteras patrias en busca de nuevas oportunidades sociales. En Centroamérica ocurre la ruptura del Mercado Común Centroamericano que trae como consecuencia que los pro-ductores e inversionistas locales asumieran estrategias de protección de sus capitales patrimoniales.

De esta manera, se adentra cronológicamente en lo que se le puede denomi-nar “época contemporánea” de la práctica Política Nacional para emplear un concepto con mayor extensión pues discursivamente servirá posteriormente para desarrollar dentro del mismo, conceptos tales como: los Objetivos Na-cionales, Seguridad Nacional, Planificación Estratégica y otros. Periodo que en el orden temporal se puede partir con la Firma de los Acuerdos de Paz hasta nuestros días, en el cual la práctica política interna sufrió un cambio cualitativo evidente por diferentes razones.

Es necesario considerar que el devenir histórico internacional había sufrido un cambio cualitativo drástico que inicia con la Caída del Muro de Berlín y toda sus consecuencias geopolíticas lo cual no es objeto del presente estudio pero que determinó la nueva práctica política interna y externa de El Salvador con nuevos socios mundiales pues se encontraban determinados por lo que se denomino: el Nuevo Orden Internacional, el proceso de Globalización de las economías domésticas que tenían que acomodarse al Sistema Internacio-nal, que podría ser como la materialización de la “pax americana” referida por Ibizate (Ibizate, 1997). Pero principalmente y para lo que concierne al presente estudio, es el surgimiento de “Nuevas Amenazas” a nivel mundial tanto en el Oriente, en el Medio Oriente, pero, fundamentalmente interesa en el Continente Americano.


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En este orden de ideas, interesa conocer este contexto, por la razón de que son amenazas que eran desconocidas en las décadas anteriores, como: la mi-gración de indocumentados hacia los Estados Unidos, la Narco Actividad y la consolidación de gobiernos de izquierda en América Latina. Retomando a (Godet, 2007), los hombres tienen la memoria corta desconocen lo que es el largo plazo y sus enseñanzas.

La historia no se repite pero los comportamientos se reproducen. Con el co-rrer del tiempo, los hombres conservan inquietantes similitudes de compor-tamiento que les conducen, colocados ante situaciones comparables, a reac-cionar de manera casi idéntica y, en consecuencia, de una manera previsible. De este modo, es como nos encontramos en el pasado innumerables lecciones olvidadas, ricas en enseñanzas con respecto al futuro: los ciclos de escasez y de abundancia relacionados con las anticipaciones sobre la fijación de pre-cios, la sucesión de largos periodos de inflación seguidos de otros de defla-ción, o la todavía inquietante coincidencia entre las evoluciones demográficas y la expansión o el declive económico y político del país, testimoniando esta realidad.

En parecidas condiciones se ha venido conformado la situación actual regio-nal y determinando la coyuntura social, económica, política y militar que con el transcurrir del tiempo ha venido estructurándose, para el caso, el fenómeno de las pandillas o maras que ha cobrado la categoría de amenaza a la Seguri-dad Nacional, trascendiendo la Seguridad Interna.

La sociedad salvadoreña se encuentra afectada por elevados niveles de vio-lencia, criminalidad y miedo que restringen la libertad de las personas, afec-tando su calidad de vida y la convivencia armónica, limitando sus opciones de desarrollo humano y erosionando el Estado de Derecho y la democracia (Plan El Salvador Seguro, 2015). Debido a que no se les ha prestado la atención adecuada en el nivel político estratégico con una planificación de seguridad eficaz y eficiente, han evolucionado y desarrollar cualitativa y cuantitativa-mente hasta llegar a convertirse en una amenaza a la Seguridad Nacional con capacidades que se ubican de amenaza que desborda el control por parte de las autoridades correspondientes.

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En el ámbito estrictamente social, la Planificación Estratégica de los últimos años refleja resultados que evidencian que no se pensó en una proyección prospectiva de la Seguridad Nacional y el Desarrollo, considerando que el Desarrollo socio-económico de una sociedad es la base para la consolidación de una infraestructura social y económica sólida en los siguientes veinte o treinta años, lo cual se materializará en una expresión económica del poder nacional fuerte con capacidad de resistir cualquier amenaza ya sea externa regional o interna de Seguridad Pública.

La configuración de marcos de escenarios futuros para configurar un proceso de planeación en prospectiva es función del buen gobernante que ejerce el poder en el marco de la satisfacción de las necesidades de toda la población que conforma el Estado y que constitucionalmente tiene la responsabilidad ineludible de proporcionar Seguridad Nacional como un derecho de todos y para todos. Las amenazas tradicionales han y están constantemente evolucio-nando con el surgimiento de nuevos actores y aun los mismos con objetivos e intereses cualitativamente diferentes a causados por la misma dinámica del Sistema Internacional y la Globalización, por tal razón, aun cuando las ame-nazas posean el mismo nombre, pero en la práctica son totalmente diferentes.

Estas amenazas de orden externo con países vecinos con intereses antagóni-cos, terrorismo internacional, pobreza relativa y extrema, ataques a la segu-ridad cibernética del Estado, desastres de origen natural, la corrupción, mo-vimientos sociales con tendencias políticas. Con todas estas amenazas que pueden evolucionar hasta el grado de afectar el logro de los Objetivos e Inte-reses Nacionales, consideradas en prospectivas es necesario que el buen go-bernante planifique en prospectiva la metodología integrada de la Prospectiva estratégica busca una situación deseada para la organización en el entorno que la rodea, teniendo en cuenta sus características y competencias propias.En este orden de ideas se tiene que el objetivo es proponer las acciones es-tratégicas apoyándose en las características de la organización, su entorno general y también los posibles competidores o adversarios. Un escenario es un conjunto formado por la descripción de una posible situación futura así como la serie de sucesos que conducen a ella. A menudo se suele describir erróneamente como escenario cualquier juego de hipótesis. No obstante hay


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que tener en cuenta que las hipótesis de un escenario deben cumplir simultá-neamente las condiciones de pertinencia, coherencia, verosimilitud, impor-tancia y transparencia.

Este método consiste en representar los futuros posibles, así como el camino que conduce a éstos, buscando las tendencias más fuertes y los puntos de rup-tura que se puedan producir en la organización, en sus rivales y en el entorno general. El método construye una serie de escenarios. Éstos pueden ser de ca-rácter exploratorio o anticipativo. En el primero de los casos se parte de pro-pensiones pasadas o presentes que conducen a futuros creíbles. El segundo aglutina aquellos escenarios construidos a partir de imágenes alternativas del futuro. Igualmente, estos escenarios exploratorios o de anticipación pueden ser tendenciales o contrastados, según se tengan en cuenta las posibilidades más probables o más extremas. La aplicación de este método se compone de diversas fases y etapas que se detallan a continuación. Sin embargo, la aplica-ción del método es modular y no tienen por qué seguirse todos y cada uno de los pasos que lo componen, dependiendo del conocimiento que se posea del sistema, el tiempo disponible o los objetivos fijados (Castro Torres & Ortiz Pales, 2007).

Es de esta manera, que en la práctica política nacional es necesario lograr consenso político en el logro de recursos es decir en el Campo de Acción Eco-nómico, que en consenso con los otros Campos de Acción del Poder Nacional eviten la materialización de cualquier amenaza considerada en prospectiva, incierta o evolucionada. Lo importante es que se ha logrado unidad y con-ciencia nacional en fortalecer la expresión psicosocial del Poder Nacional y en común acuerdo para proteger el logro de los Objetivos Nacionales, y por lo tanto existe voluntad política, social, religiosa, etc. Para apoyar al Campo de Acción Militar que materializará la neutralización de cualquier amenaza en un escenario de futuro que se presente como fenómeno de la globalización, la incertidumbre, y la complejidad.

“Dentro del sistema a estudiar, que abarca el campo de la conflictividad, la búsqueda de futuros posibles es muy amplia. Esto se debe principalmente a que la conflictividad está condicionada por un número muy alto de factores

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que se relacionan entre sí y con otros campos de estudio. No obstante, mere-ce la pena hacer una serie de reflexiones sobre las causas que en un futuro

pueden provocar la aparición de escenarios de enfrentamientos. Algunos de los factores de conflictividad posibles son los siguientes: lucha ideológica,

circunstancias económicas, desequilibrio tecnológico, explosión demográfi-ca, nacionalismos, delincuencia organizada, terrorismo, integrismos reli-

giosos, lucha por las materias primas, lucha por el agua, etc. De entre todos ellos, y teniendo en cuenta que todos los escenarios de conflicto se encuen-tran entrelazados, se podrían aventurar tres grandes bloques en los que se

desarrollarían los futuros enfrentamientos. El primero de ellos sería de tipo ideológico, el segundo se basaría en la necesidad de materias primas y el

tercero pasaría por los problemas medioambientales. El posible enemigo o fuerzas en presencia a neutralizar tendrán un eminente carácter asimétrico debido a no poder enfrentar la suficiente potencia de combate frente a una

coalición abrumadoramente superior en tecnología. No obstante existirá la posibilidad de que en determinadas ocasiones se intente quebrar esta

superioridad tecnológica mediante el empleo de técnicas de guerra no con-vencional o la amenaza de armas de destrucción masiva. Este tipo de armas son especialmente efectivas sobre las concentraciones de unidades o abaste-cimientos que se podrían encontrar en las zonas de comunicaciones previas a su despliegue en los teatros o áreas de operaciones. La Prospectiva, como instrumento de reflexión sobre los futuribles y la determinación de las accio-

nes de configuración para llegar a ellos, debe sumergirse en las lecciones derivadas de la teoría de la complejidad y del caos y soltar el lastre mental

que acompaña al paradigma newtoniano” (Torres, 2007).

En este contexto se puede comprender la importancia de incorporar en un análisis de la planificación estratégica de Políticas Publicas a futuros incier-tos, elementos teorices que ayudan a dimensionar la complementariedad es-tructural y dinámica de las amenazas a la Seguridad Nacional, en este caso se trata de aspectos de la Complejidad como teoría Epistemológica usada recientemente en la reflexiones futuristas. La Complejidad es una forma de analizar, de reflexionar sobre determinados aspectos de la naturaleza, la so-ciedad y el pensamiento, los cuales presentan ciertas características que los clasifican como sistemas de comportamiento complejo.


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Los sistemas de comportamiento complejo necesitan para ser determinados de un programa que medirá el grado de complejidad por la cantidad de in-formación que contengan en términos matemáticos, por el número de bits o longitud del programa. Característica esencial de estos sistemas es el hecho de que constituyen colectivos en los que surgen propiedades al constituirse éstos que no presentaban sus elementos aisladamente a éstas se les llama pro-piedades emergentes” (Gonzalez, 2009).

Por todo lo que antecede, se puede entender que para materializar una pla-nificación estratégica nacional de Políticas Públicas en el contexto de la Se-guridad Nacional, es necesario el fortalecimiento de Poder Nacional, que garantiza la Seguridad Nacional. Pero todo lo anterior ocurriría si las Polí-ticas Públicas hubiesen sido formuladas con una proyección de prospectiva de hipótesis de amenazas, “pensando escenarios” a los Objetivos Nacionales Permanentes desde veinte años atrás por lo menos. Lo dice Sergio Bitar de la siguiente manera:

“La esencia del liderazgo es primero construir futuro. El segundo es mos-trar que, para ser efectivo, un proceso de cambio debe ser participativo,

fundarse en una reflexión colectiva de los distintos sectores políticos y sociales, partidos, regiones, expertos, hombres y mujeres. Hacerlo partici-

pativo mejora la calidad de los resultados y ayuda a acrecentar el respaldo político y social para dar conducción al país. Tercero, la prospectiva y el

debate de estrategias contribuyen a la convergencia de posiciones políticas y crean un espacio de entendimiento que ayuda a construir consensos y a

disminuir divisiones y disputas. Cuarto, para hacer viables las políticas, y conseguir que sean percibidas positivamente por la gente, es conveniente

que se comprendan como parte de un programa con objetivos estratégi-cos, que las acciones gubernamentales se enmarquen en una visión que les otorgue un sentido. Acciones sin dirección pierden permanencia y eficacia, dirección sin acciones es sólo un sueño y fuente de frustración. Todos estos

argumentos son persuasivos para los políticos y la política”(Paz, 2015).

Es así como, en la actualidad, la planeación de Políticas Públicas debe in-corporar en el proceso de formulación las diferentes situaciones mundiales

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en todos los ámbitos y regiones, tales como los el Narcotráfico, la nueva co-rrelación geopolítica entre las grandes potencias, el Cambio Climático, la si-tuación en el Medio Oriente, es decir una Apreciación Estrategia Mundial y actualizada abierta a los posibles nuevos escenarios que acontecen en todo el planeta pero especialmente en la región. Así, los escenarios que se presentan a continuación y están pensados a partir de las capacidades de los principales actores así como de la evolución de su intencionalidad o antagonismo luego de tal vez haber como actores de apoyo, es decir hay que estar pensando y planificando en prospectiva nuevos escenarios. El mercado representa el escenario tendencial, denominado “más de los mismo”: más mercado, más competencia, más concentración del capital, más pobreza, entre otros. El es-cenario catastrófico es comandado por el crimen organizado, que lidera a la delincuencia producto de la incompetencia, la corrupción y la impunidad; es la confrontación global. El escenario deseado es el ideal, donde la sociedad es el eje de la transformación, centrada en el individuo responsable, en colabo-ración con otros autores (Godet, 2007).

El ser humano se reencuentra con la naturaleza debido a una cultura y educa-ción basada en los derechos universales y el cuidado del medio ambiente. To-dos juntos y a tiempo, es el escenario factible para el 2050, donde el eje rector es la gobernanza global que integra, además de todos los niveles de gobierno local, estatal, regional y mundial, a organizaciones locales y supranacionales; así como a individuos reconocidos por su compromiso social en favor de toda la sociedad. El fortalecimiento de las instituciones y una economía más equi-tativa reduce la desigualdad, la exclusión y disminuye de manera significativa la delincuencia (Paz, 2015).

De esta manera, como se plantea en la formulación de la tesis a demostrar al inicio del presente análisis, que dice: En la medida en que las Politices Publi-cas se elaboren constructivistamente en función de los Objetivos Nacionales se fortalecerá el Poder Nacional y por lo tanto la Seguridad Nacional de El Salvador, es decir, formulando las políticas partir de los resultados de la prác-tica del ejercicio del poder, para posteriormente confrontar resultados con los niveles de gobernabilidad. Se ha retomado inicialmente una breve historiza-ción de las Políticas Públicas durante el periodo de pos Segunda Guerra Mun-


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dial , la influencia en las práctica política interna, para demostrar la manera en que el contexto internacional ha sido siempre determinante en ejercicio del poder político en El Salvador pero especialmente se podía apreciar que en esa época no era necesario de mucho rigor en la Planeación Estratégica de las Políticas Públicas, pero que cincuenta años después, y luego de un con-flicto armado externo y otro interno que han impactado en el país en orden de lo político, económico, social, militar, se hace indispensable que la clase gobernante incorpore elementos integrales que expliquen la complejidad de la realidad nacional y ser considerados en la formulación de los Objetivos Nacionales, para generar Políticas Públicas en prospectiva pensando nuevos escenarios (Godet, 2007).

De la misma manera que el objetivo del presente estudio se formuló que dice “analizar el vínculo estratégico existente entre la formulación eficiente de las Políticas Públicas de El Salvador con los niveles de gobernabilidad en el país en el contexto de la Seguridad Nacional”, lo cual se tenido presente en el desarrollo del tema que al inicio se hizo en su dimensión histórica y luego en la presente realidad política, social y económica.

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EL CIBERESPACIO Y LA SEGURIDAD NACIONAL EN EL SALVADOR

Cnel. Inf. DEM. Roberto Artiga Chicas

RESUMEN

La apertura de una nueva era digital, abre paralelamente al acceso y transfe-rencia de informacion y comunicación rapida. Es por ello, que surge la in-terrogante ¿Esta preparado el Estado Salvadoreño para afrontar todo lo que implica el ciberespacio? A partir de lo anterior, la seguridad nacional de El Salvador no está preparada para enfrentar las ciberamenazas; ya que no cuen-ta con la capacidad financiera, estructura, y conocimiento para responder ante posibles ataque al Estado con todas sus instituciones del gobierno mismo. Prueba de ello son las agresiones y ataques constantes de los que han sido objeto las redes de servicios públicos, esto exige desarrollar operaciones de reconocimiento y de planificación por parte de las autoridades del gobierno, para evitar vulnerabilidades, futuros ataques virtuales y proteger la informa-ción pública. En el artículo se trata de evaluar la Infraestructura Crítica que se necesita proteger contra un posible ciberataque en contra del Estado de El Salvador; así como conocer las principales infraestructuras críticas tomando en cuenta que contribuyen al desarrollo nacional y al crecimiento económico del país.Actualmente los principales actores de amenazas en ese sentido, son grupos de hackers, espías, grupos fácticos, empresas, gobiernos antagónicos y otros, cuyas motivaciones son diversas en el ámbito de la generación de inestabi-lidad tanto politica, económica y social de un país. En El Salvador, existen normativas muy específicas sobre ciberseguridad, las cuales están contenidas según la naturaleza de cada institución pública o privada, que representa al-gún nivel de vulnerabilidad ante tales amenazas a la información. La investi-gacion concluye afirmando que el Estado Salvadoreño necesita sincronizar la Seguridad Nacional con este quinto dominio llamado ciberespacio.

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Palabras Clave

Ciberespacio, Ciberamenazas, Ciberdelito, Ciberseguridad, Hacker, Infraes-tructura Crítica, ciberataques, Estado Salvadoreño.

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ABSTRACT

The opening of a new digital age, opens parallel to the access and transfer of information and fast communication. Therefore, the question arises: Is the Salvadoran State prepared to deal with all that cyberspace implies? Based on the above, the national security of El Salvador is not prepared to face cyber threats; since it does not have the financial capacity, structure, and knowledge to respond to possible attacks on the State with all its government institutions. Proof of this are the constant attacks and attacks that have been the object of public service networks, this requires the development of reconnaissance and planning operations by government authorities to avoid vulnerabilities, future virtual attacks and protect public information. The article tries to evaluate the Critical Infrastructure that needs to be protected against a possible cyber attack against the State of El Salvador; As well as to know the main critical infrastructures considering that contribute to the national development and economic growth of the country.

Now, the main threat actors in this sense are groups of hackers, spies, factual groups, companies, antagonistic governments and others, whose motivations are diverse in generating political, economic and social instability in a coun-try. In El Salvador, there are very specific regulations on cyber security, which are contained per the nature of each public or private institution, which repre-sents some level of vulnerability to such threats to information. The research concludes by stating that the Salvadoran State needs to synchronize National Security with this fifth domain called cyberspace.

Keywords

Cyberspace, Cyberthreat, Cybercrime, Cybersecurity, Hacker, Critical Infras-tructure, Cyberattacks, Salvadoran State.

EL CIBERESPACIO Y LA SEGURIDAD NACIONAL...

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En un periodo corto de tiempo suceden cosas extrañas en el entorno nacio-nal, hay cortes y sobrecargas de energía en sectores del país que destruyen elementos importantes en las principales plantas potabilizadoras de agua los cuales requerirán semanas para volverlos a poner en línea; estas fallas suce-den al mismo tiempo que inexplicablemente las compuertas de las presas hi-droeléctricas se activan dejando salir grandes cantidades de agua que inundan las cosechas que estaban a punto de ser recolectadas afectando el 60 % de las tierras cultivables, casi al mismo tiempo cientos de usuarios de la banca reciben sus Estados de cuentas en donde reflejan pagos o compras realizadas en diferentes partes del mundo.

Para agravar más la situación el sistema de radar principal y control aéreo del aeropuerto nacional arroja datos erróneos al personal de la torre de control, provocando el mayor desastre aéreo hasta la fecha en donde dos aeronaves chocan en vuelo con decenas de muertos como resultado de ese accidente; y si esto fuera poco los sistemas de telefonía celular y de comunicaciones pú-blicos y privados dejan de funcionar en su totalidad. Generando un caos sin precedentes al perder por completo el Estado su capacidad de coordinación y articulación de respuesta para solventar estos problemas. Al pasar los días el gobierno se da cuenta por informes de organizaciones internacionales que la causa de tales eventos ha sido una serie de accesos no autorizados a sistemas informáticos, una agencia menciona que en su gran mayoría se ha recibido un ataque a los sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Acquisi-tion) que controlan los procesos en los centros hidroeléctricos, distribución de agua, controladores aéreos entre otros. Accesos que, tras una manipulación de datos, cambio de programación y otros que van surgiendo como resultado del peor incidente en el ciberespacio sufrido hasta la fecha en el país. Lo peor de todo, la identidad y ubicación geográfica de donde proviene el ataque y quie-nes son los autores del mismo sigue siendo un total misterio. Por supuesto que este es un escenario probable que pudiese llegar a suceder y que de alguna forma afecte la capacidad de funcionamiento de este País.

De la misma forma resulta paradójico que hace más de 30 años este término de ciberespacio o lo que sucede en ese entorno no era conocido en la escala global, mucho menos nacional. Cuando en 1984 se comienza a utilizar el

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término ciberespacio se da inicio a un desarrollo sin precedentes en las Tec-nologías de Informática y Comunicaciones (TIC), en el cual las ficciones con la realidad han llegado a converger en determinados momentos. Aun en la ac-tualidad se sigue refiriéndose al ciberespacio como algo puramente abstracto y que no tiene realidad propia y que es de difícil comprensión, por lo tanto, se cataloga de cualquier manera y de acuerdo a la interpretación que el ente po-lítico o especialistas en la materia le asignen. En cualquier caso, lo que sucede o deja de suceder en ese mundo desconocido y en El Salvador de no tomar las medidas necesarias para actuar en ese medio, puede verse frente a algo que se convertirá en un serio peligro para la Seguridad Nacional.

En el caso específico de El Salvador, la Ley de la Defensa Nacional del 2002 establece que la Seguridad Nacional:

Es un conjunto de acciones permanentes que el Estado propicia para crear las condiciones que superan situaciones de conflictos internacionales,

perturbaciones a la tranquilidad pública, catástrofes naturales y aquellas vulnerabilidades que limiten el Desarrollo Nacional y pongan en peligro el

logro de los Objetivos Nacionales (Asamblea Legislativa, 1998).

Por consiguiente, el Estado debe de realizar acciones permanentes en todos los ámbitos incluyendo (aunque se desconozca su naturaleza real en este mo-mento) el ciberespacio a efecto de salvaguardar los intereses y objetivos na-cionales que velan por la permanencia del Estado, el bienestar nacional y la concordia internacional. Por otro lado, la Seguridad propiamente dicha se convierte en una percepción de la realidad que nos envuelve, ya que casi siempre los individuos o sociedades en general se hacen siempre la misma pregunta ¿qué tan seguros nos sentimos ante las amenazas que tenemos? Y en el caso del ciberespacio al desconocer lo que es ese entorno por completo, la sensación de seguridad es muy incierta.

En caso de llegar a suceder una situación de catástrofe nacional como la “fic-ción” anteriormente descrita lleva a plantear una serie de interrogantes a efec-to de tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias para afrontar esos riesgos y amenazas: ¿Qué es en realidad el ciberespacio y cuáles son


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sus características principales? ¿Cuáles son las amenazas en este entorno que puedan afectar las infraestructuras estratégicas y críticas, y por ende afectar la Seguridad Nacional? ¿Cómo se mide la afectación de los Objetivos Nacio-nales? ¿Qué preocupa? ¿Cuáles son los tipos de ataques y atacantes? ¿Qué acciones se deben de tomar? ¿Qué tipo de organización se requiere y el marco legal necesario? ¿Quiénes son los responsables de proteger? En fin, la lista de cuestionamientos podría seguir y seguir, especialmente cuando se desconoce por completo a que se enfrentan y que es lo que se puede hacer o no hacer en ese entorno de actuación “nuevo”.

El presente artículo se orienta a describir una posible respuesta a esas interro-gantes antes planteadas sobre el ciberespacio, tomando en consideración la afectación a la Seguridad Nacional de El Salvador, esto con el objeto de esta-blecer una idea de cómo académicamente llegar a materializar una adecuada Política y Estrategia de Ciberseguridad, tomando en consideración que en El Salvador no se posee aún una Estrategia De Seguridad Nacional que oriente los esfuerzos del Estado a contrarrestar cualquier tipo de amenazas; no se tie-ne tampoco una organización acorde permanente que esté dando seguimiento y prevea el accionar futuro, ni tampoco el marco legal y/o normativa corres-pondiente nacional e internacional (tratados y acuerdos ratificados) que guíe el actuar de estas organizaciones.

¿Qué es el ciberespacio? y ¿Cuáles son sus características principales?

Buscando una definición ampliamente aceptada en El Salvador dentro de al-gún tipo de legislación nacional sobre el tema (la cual no existe hasta el mo-mento), o algún diccionario académico de uso regular en las escuelas nacio-nales; no se encuentra una definición adecuada, por no decirlo existente sobre lo que es el ciberespacio. La real academia española define como “Ámbito artificial creado por medios informáticos”; por otro lado, el diccionario Me-rriam-Webster da otra aproximación “el mundo en línea de las redes informá-ticas y de internet”. Se puede seguir buscando definiciones de ciberespacio y la mayor parte se refiere a ese espacio artificial y abstracto (casi siempre relacionado a internet) el cual ha sido creado por las personas.

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Allí es donde radica un serio problema cuando orientan el enfoque hacia la Seguridad Nacional, ya que, al ser un espacio artificial y abstracto, no se percibe o no se tiene una concientización sobre lo que es y representa para el funcionamiento adecuado del Estado; y, por ende, no se capta si está seguro en ese ambiente. Esto debido a que tradicionalmente se está acostumbrado a interactuar en entornos creados por la naturaleza o creados con poca par-ticipación humana, dejando por fuera al ciberespacio y que muy a pesar del grado de penetración de los medios tecnológicos y las TIC, sigue sin tomar conciencia sobre los riesgos y amenazas en ese entorno.

Un enfoque militarista sobre el ciberespacio lo estableció en el 2010 William J. Lynn III, Deputy Secretary of Defense de USA, quien publicó un artículo en la prestigiosa revista The Economist, donde expuso los cinco principios básicos de la estrategia de la guerra del futuro: siendo la primera en donde “El ciberespacio debe ser reconocido como un territorio de dominio igual que la tierra, mar y aire” (Lynn III, 2010) y de allí otros países de la Unión Europea adoptaron el mismo concepto del quinto entorno de actuación en donde se pueden desarrollar operaciones militares. Por tanto muchas de las estrategias nacionales de ciberseguridad que se fueron desarrollando, decantaron en es-trategias militares que generaron la creación de Comandos de Ciberdefensa o con nombres similares y otras organizaciones orientadas a desarrollar accio-nes dentro de la denominada “ciberguerra”.

Por otro lado, cuando se incluye en esta ecuación, la cual se pretende definir como ciberespacio, surge una pregunta al respecto ¿Quién ejerce soberanía sobre el ciberespacio? Pues si se considera a este entorno como parte del “glo-bal Commons” que de acuerdo al derecho internacional establece que “son aquellos espacios que no forman parte de ningún Estado concreto y sobre los que, por tanto, ningún Estado puede ejercer derechos soberanos” (Nebrera, 2015), ya que existe la creencia de que el ciberespacio se considera como de dominio público; pero por otro lado se sabe que, si bien es cierto los medios que se utilizan para intercambiar o transmitir los datos y las comunicaciones (cables u ondas) cruzan áreas que se catalogan dentro del global Commons.


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Estos medios son propiedad de alguna corporación o de un País en particular (Saravia, 2016). Pero además pueden ser utilizados y mejorados por cualquie-ra que disponga la tecnología y conocimientos adecuados.

Otro aspecto que se determina en los Global Commons, es lo concerniente a soberanía, pues otro aspecto es lo siguiente que: “La característica común a todos ellos, aparte del hecho de no estar bajo la soberanía de ninguna nación concreta, es que constituyen los espacios de tránsito de bienes, servicios e in-formación” (wikispaces, 2016). ¿Quién ejerce soberanía en el ciberespacio? En El Salvador la Constitución de la República establece que la “soberanía reside en el pueblo” . Pero la soberanía dentro de tantas definiciones que en-contradas se puede emplear la siguiente:

“La independencia internacional de un Estado combinada con el derecho y el poder que le asiste para regular sus asuntos internos sin imposiciones

exteriores… y que esa soberanía tiene tres elementos importantes el primero es el Territorio donde el Estado protege los espacios donde ejerce juris-

dicción, el otro es el aspecto Funcional que es la capacidad de ejercer con autonomía y efectividad su acción de gobierno; y por último la Identidad

donde están los recursos intangibles que cohesionan a la población en torno a sus valores, historia, cultura, derechos y deberes legales, sistema econó-

mico, etc.” (Alsedo, 2010).

Y si el Estado salvadoreño no tiene los medios y capacidad de ejercer su Po-der Nacional en ese entorno, entonces difícilmente ejercerá soberanía sobre el mismo. Otra aproximación para definir el ciberespacio lo hace el Departa-mento de Defensa de los Estados Unidos (país que tiene los medios suficien-tes y adecuados para ejercer “soberanía” en el ciberespacio) en su Diccionario de términos militares en donde establecen que es:

1 Constitución de la República Art. 83 “El Salvador es un Estado soberano. La soberanía resi-de en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de la constitución”

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“La independencia internacional de un Estado combinada con el derecho y el poder que le asiste para regular sus asuntos internos sin imposiciones

exteriores… y que esa soberanía tiene tres elementos importantes el primero es el Territorio donde el Estado protege los espacios donde ejerce juris-

dicción, el otro es el aspecto Funcional que es la capacidad de ejercer con autonomía y efectividad su acción de gobierno; y por último la Identidad

donde están los recursos intangibles que cohesionan a la población en torno a sus valores, historia, cultura, derechos y deberes legales, sistema econó-

mico, etc.” (Alsedo, 2010).

Y si el Estado salvadoreño no tiene los medios y capacidad de ejercer su Po-der Nacional en ese entorno, entonces difícilmente ejercerá soberanía sobre el mismo. Otra aproximación para definir el ciberespacio lo hace el Departa-mento de Defensa de los Estados Unidos (país que tiene los medios suficien-tes y adecuados para ejercer “soberanía” en el ciberespacio) en su Diccionario de términos militares en donde establecen que es:

“Un dominio creado por la interacción de tres diferentes componentes el hardware, el virtual y el cognitivo” (The Joint Staff, 2001), en donde “La

realidad física del ciberespacio está compuesta por la red de infraestructu-ras interdependientes de tecnología de la información. Esto incluye todo el

hardware de sistemas de telecomunicación e informáticos, desde los routers, fibra óptica y cables transatlánticos, torres de telefonía celular, y los saté-lites, a las computadoras, los teléfonos inteligentes, y, en definitiva, cual-

quier dispositivo que contiene procesadores integrados. De la misma forma también tiene un componente virtual que abarca el software, firmware, y de datos de la información residente en el hardware. Esto incluye los sistemas operativos, las aplicaciones y los datos almacenados en el disco duro o la

memoria de un sistema informático; y el tercer componente cognitivo que el ser humano. Mientras que otros dominios son únicamente parte del entorno físico, el ciberespacio como el único dominio hecho por el hombre, se forma

y se utiliza por los seres humano y son las personas que interactúan con el entorno virtual y entre sí” (Trujillo, 2014).


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Aunque la definición anterior menciona en un punto el uso de internet, no amplía o establece la importancia de este canal de comunicaciones, sin el cual no existiría probablemente el ciberespacio. Entonces si el ciberespacio es otro dominio de actuación en donde se ejercer “soberanía”, no puede limitarse al concepto abstracto de éste, como se pretende visualizar en tantas definiciones, que por regla general se “cree” que el ciberespacio es el sinónimo de internet.

De esta forma se adoptara una definición más amplia y que es utilizada en el Colegio de Altos Estudios Estratégicos de El Salvador (en adelante CAEE) para las clases, investigaciones y demás actividades y que, en el presente ar-tículo, cuando se refiera a ciberespacio será en éstos términos:

“El ciberespacio es el conjunto de medios y procedimientos basados en las Tecnologías de la Información y Comunicación, configurados para la

prestación de servicios. Y está constituido por hardware, software, Internet, servicios de información y sistemas de control que garantizan la provisión

de aquellos servicios esenciales para la actividad socioeconómica de cual-quier nación, y en especial aquellos ligados a sus infraestructuras críticas”

(Villalba, 2011).Ya no está limitándose solamente a ese ámbito artificial o mundo en línea des-crito en las definiciones de Webster y de la RAE, sino que a un sistema forma-do por componentes claramente establecidos y donde se identifica claramente una capa lógica, una capa física y una capa social. En donde internet juega un rol muy importante ya que es la carretera de múltiples vías para conectarse y comunicarse entre esos servicios de información establecidos; pero que hay otros componentes de los cuales hay que prestar la atención adecuada a efecto de formular las políticas y estrategias de ciberseguridad.

¿Qué características tiene este entorno?

Si bien es cierto es sumamente problemático el construir una definición am-pliamente aceptada de lo que es el ciberespacio, el CAEE al utilizar y ajustar a su enfoque particular la que establece Sanz Villalba (Villalba, 2011), también busca darles una descripción más adecuada a las características de ese en-torno. Se sabe que hay una gran infinidad de características diferenciadoras;

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pero como se mencionaba anteriormente, el CAEE utiliza las siguientes para tomar un poco más de conciencia sobre los riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional en el ciberespacio.

La primer característica principal que establece es la de que No Hay Fronteras Físicas y ese concepto de frontera está en un cambio siempre continuo, ya que, de acuerdo al planteamiento de los Doctores García, Beltrán y Núñez en su artículo sobre “Una Aproximación al Concepto de Frontera Virtual” (2010) (Jiménez, 2016), hay que tomar en cuenta varios aspectos para el estableci-miento de las fronteras, aspectos que van desde la dimensión histórica, de espacio cultural, de aspectos normativos hasta lo que conlleva a demarcar la dimensión económica, material y humana. El ciberespacio presenta la faceta de tener esa característica que engloba lo que determina una frontera física; pero al profundizar en su análisis, se ve ese aspecto intangible del canal de comunicaciones llamado internet, en el cual según García Jiménez (2010):

“El espacio aparece como un concepto infinito y el tiempo como infinitesimal, es decir que por un lado se comprime infinitamente hasta llegar al

tamaño infinitesimal (todo está al alcance de la mano) y, al mismo tiempo, se expande infinitamente (hay una infinidad potencial de interacciones e informaciones posibles que crece exponencialmente)” (Jiménez, 2016).

Con el establecimiento del Ciberespacio surge la diferenciación entre una frontera física o tradicional y el otro tipo de frontera que es la virtual. La tradicional como se conoce en sus diferentes modalidades es palpable, está demarcada en el ámbito terrestre, marítimo, aéreo y espacial, además puede ser fácilmente identificable utilizando sistemas de posicionamiento global u otros métodos de medición. La segunda característica es sobre la Frontera Virtual, ya que con el Ciberespacio todo está al alcance de la mano y en el momento que sucede; por ejemplo, el recién terremoto de ecuador del 2016, el terremoto y Tsunami en Japón en el 2011, o los atentados terroristas en Bél-gica el 2016. Estos son ejemplos de que en el ciberespacio no es necesario un medio de transporte terrestre, aéreo o marítimo, ni mucho menos de pasaporte para viajar a cualquier parte del mundo y enterarse o influir en algún evento que esté sucediendo. Es así como ese desaparecimiento de fronteras físicas,


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tiene una consecuencia que es el del aparecimiento de comunidades virtuales relacionadas a las redes sociales, que llegan en algunos casos a ser más nume-rosas que la mayoría de los 193 Estados reconocidos y que forman parte de las Naciones Unidas (Organización de Naciones Unidas, 2016).

El Salvador no es inmune a este tipo de creación de comunidades virtuales que como se mencionaba anteriormente asemejan a los componentes de una nación y si le agregan el componente territorial “virtual”, pues se convertiría en un Ciber Estado. La penetración de Internet en El Salvador al 2015 con una población de alrededor de 6.1 millones de habitantes era del 47.2%, una cantidad de 2.9 millones de usuarios de las redes sociales y con una tasa de crecimiento del 2000 al 2015 del 71.5% muy por encima de otros países de la región (Melgar, 2016). Y si a esto le suma que el 80 % del software que se utiliza es pirata, los riesgos que existen ante las amenazas en el ciberespacio son sumamente elevados.

Una tercera característica es la Pérdida de Identidad o Agrupación por Afi-nidades que se da en las redes sociales o cualquier comunidad virtual que se crea y organiza; la creación de grupos o seguidores en cualquiera de estos sistemas de comunicación y organización social, presentan un serio reto al control del Estado y el establecimiento de normativas para el funcionamiento de las denominadas “redes sociales”.

La cuarta característica muy interesante que es la del Uso de un Lenguaje Común y Diferenciado del resto de otros grupos, el uso de abreviaturas no catalogadas en ningún diccionario, esta característica la describe ampliamen-te Vaqueiro en su artículo sobre Ciberlenguaje Juvenil en las Redes Sociales

“Entre las regularidades discursivas generales se encuentran: la adecua-ción lingüística, la competencia comunicativa (en especial, la pragmática y tecnológica), el registro coloquial (la variedad coloquial escrita), la nueva

oralidad, la construcción de la imagen, los participantes y las temáticas. El discurso es acción” (Vaqueiro, 2016).

La quinta característica que se enfoca y representa una particularidad muy

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importante dentro del ciberespacio es el Uso de Monedas y Transacciones Económicas Diferentes a las anteriormente establecidas. Si bien es cierto se llevan a cabo las consideradas normales como pago por medio de tarjetas de créditos, transacciones bancarias, uso de medios como PayPal (Paypal, 2016) que permite “crear una forma fácil y segura de pagar y recibir pagos por me-dio de internet sin compartir información financiera. Estos datos bancarios estarán a salvo gracias a un sistema de encriptación automática y a avanza-dos sistemas contra el fraude” (computerhoy, 2016).

Estos medios permiten emplear las monedas en curso legal u otro tipo de me-dios tradicionales de intercambio monetario; pero es el uso de Bitcoin el que hace al ciberespacio único en su forma de efectuar transacciones financieras sin la intervención de bancos, gobiernos u otro medio de control establecido en tratados internacionales y legislación local.

Bitcoin por ende es:

“una moneda que no depende de ningún órgano central, ya sea este un banco, un Estado o una institución política. Lo que su intercambio sea de los más seguros en el mundo, ya que se basa en que todos y cada uno de

los usuarios que tiene el programa Bitcoin en su ordenador compartiendo datos” (Qué es bitcoin, 2016).

Esto representa un serio riesgo al no tener un control adecuado se puede pres-tar para comprar y vender prácticamente cualquier cosa, y al utilizar sitios web no indexados o colocados de tal forma que no se puedan accesar tan fá-cilmente y se encuentren en la internet profunda o Deep Web en inglés, hacen posible que Estados, organizaciones o simples individuos puedan representar amenazas hacia la Seguridad Nacional de cualquier Estado.

El hablar de individuos, organizaciones o Estados, plantea la sexta caracte-rística más significativa del ciberespacio y esta es la Asimetría, es un Dejá vu de David contra Goliat, donde el más pequeño y menos preparado vence al rival más organizado, equipado, y con gran cantidad de recursos. De esta forma un simple individuo puede causar serios problemas a una organización


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u otro Estado. Y un Estado u Organización puede emplear a un individuo o grupo pequeño para causar serios daños a su adversario sin llegar a verse in-volucrado directamente en ese hecho, por lo tanto, el determinar la fuente de origen de un ciberataque y vincularla a un Estado en particular es sumamente complicada y difícil de establecer.

¿Qué es lo preocupante? ¿Cuáles son los tipos de ataques y atacantes?

Para una persona o para la sociedad en general, es difícil identificar un pro-blema o peligro si no se ve o percibe. Diferente es cuando se ubica frente a frente con algo que pueda colocar en riesgo o amenazar la integridad física o en una mayor magnitud aspectos fundamentales y necesarios para el ade-cuado funcionamiento del Estado. Un dato importante es el crecimiento de usuarios que tienen acceso a internet, ya que, en el 2002 solo 1.9 personas de cada 100 contaban con ese recurso, al 2013 la cantidad de usuarios se incrementó a 23 por cada 100 habitantes (KNOEMA, 2015). En el 2016 en una serie de preguntas a los estudiantes del Curso de Seguridad y Desarrollo Nacional en el CAEE, sobre ¿Quiénes tienen acceso a internet en sus casas? ¿Quiénes tienen o utilizan Smartphones? ¿Quiénes comparten información en las redes sociales? ¿Quiénes llevan trabajo a casa o llevan sus propios equipos al trabajo? ¿Quiénes comparten la computadora en casa o la red doméstica de internet con sus hijos o familiares?; la respuesta es del 100%, todos los alumnos tienen esas prácticas y todos los alumnos tienen acceso a internet. Pero solo 3 de cada 10 toma medidas de seguridad como compra de antivirus, utilización de contraseñas adecuadas, etc. Por lo que los riesgos a que se ven confrontados es muchísimo más grave; y si se toma en cuenta que esta es una práctica casi normal en El Salvador, la concientización sobre la seguridad en el ciberespacio es bastante deficiente.

Ante esto el gobierno de El Salvador ha implementado también una iniciati-va para establecer una red de gobierno electrónico (Ministerios, autónomas, semi autónomas y otras dependencias gubernamentales) la cual se ubica den-tro de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y del Caribe, en donde muchas de las transacciones y tramites serán llevados a cabo en línea; esto abre la posibilidad de fortalecer la relación gobierno-ciudadano, gobier-

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no-empresa, gobierno-gobierno y gobierno-empleado. Al establecer este ni-vel de interconexión y no existir los adecuados sistemas de protección que van desde el marco legal hasta las organizaciones que se crean para proteger los componentes del ciberespacio, la vulnerabilidad a los ataques que se lle-van a cabo en ese dominio crece exponencialmente.

Por lo general se cree que las amenazas en el ciberespacio son solamente:

“los virus que son programas diseñados a efecto de copiarse a sí mismos con la intención de infectar otros archivos o ficheros, el código dañino

conocido también como código malicioso o malware que es capaz de rea-lizar un proceso no autorizado sobre un sistema, las bombas lógicas que se activa al cumplir ciertas condiciones de acceso o fecha, los troyanos

que son programas que se ven como no dañinos pero en realidad permiten intrusiones y borrado de datos y los gusanos que son similares a los virus

pero se diferencia en la forma que actúa este es el caso del famoso gusano Stutnext” (Bejarano, 2013)

Pero estos son solamente algunas de las herramientas o medios que utilizan los atacantes. Y estos agresores son los que se ubican o trabajan en diferentes entornos que pueden afectar la Seguridad Nacional, ya sean estos ataques pa-trocinados por Estados, servicios de inteligencia estratégica, terroristas o ex-tremistas político/ideológico, delincuencia organizada, hasta individuos que por curiosidad o algún tipo de reto efectúan acciones de intrusión o de otro tipo. Innotec, empresa especializada en seguridad del Grupo Entelgy, analiza las ciberamenazas más frecuentes de 2013:

“Ciberespionaje industrial es el robo de información a empresas con el fin de acceder a sus datos más valiosos (propiedad intelectual, desarrollos

tecnológicos, estrategias de actuación, bases de datos de clientes, etc.); Ciberespionaje gubernamental: robo de información a organismos guber-namentales como la operación Octubre Rojo en la que se infiltraron en las redes de comunicaciones diplomáticas, gubernamentales alrededor de 40 países; Ciberataques a infraestructuras críticas: accesos no autorizados

para manipular, alterar datos que provoquen daños debido a mal funciona-


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miento de los sistemas de agua, luz, transporte, salud, etc.; Cibermercena-rios o grupos de hackers con conocimientos avanzados, contratados para desarrollar ataques dirigidos contra un objetivo concreto, con el objetivo de conseguir la información deseada; Ciberdelincuencia contra servicios

financieros, y muy especialmente, los denominados troyanos bancarios, diseñados para el robo de datos de tarjetas de crédito y cada vez más, cen-

trados en los dispositivos móviles, Ciberdelincuentes aislados que venden la información obtenida al mejor postor. Ciberdelincuentes organizados o

mafias que han trasladado al mundo virtual sus acciones en el mundo real. Infección a través de páginas web. En 2013 se detuvo al autor de Blackole,

un exploit-kit (paquete que contiene programas maliciosos) que permitía explotar vulnerabilidades de webs legítimas e infectar a los usuarios que

accedían a dichas páginas, millones en todo el mundo. Ciberhacktivistas: personas o grupos que, movidos por alguna ideología, intentan socavar la estructura del oponente, ejemplo de Anonymous. Cibersabotaje que busca

dañar la reputación de una organización y por ende su funcionamiento. Y la lista de amenazas ira creciendo con el paso del tiempo, por lo que al des-

conocer cuales y de qué tipo podrían ser; lo más conveniente es desarrollar capacidades para poder enfrentarlas en mejores condiciones que las actua-

les para enfrentar las ya existentes o conocidas” (abc.es, 2016).

Todas estas amenazas pueden tener efectos diversos y perturbar en distintas formas el normal funcionamiento de las diferentes organizaciones guberna-mentales, privadas y de diferente índole; pero el gran reto para un Estado es el de establecer un parámetro de medición a efecto de determinar ¿Cuándo una acción en el ciberespacio afecta a la Seguridad Nacional? Pues al fin de cuentas establecer el origen de los ataques o intrusiones es sumamente difícil; pero el efecto de esas acciones se puede medir con el objeto de determinar en primer lugar ¿Cuándo se produce una alteración del orden constitucional? y en segunda instancia ¿Cuándo hay una afectación significativa a la paz inter-na, estos dos planteamientos pueden determinar un parámetro más adecuado y aceptable para establecer cuando un ataque o intrusión es o no una amenaza a los Objetivos o Intereses Nacionales del Estado Salvadoreño. Pero a manera de ejemplo, si en una casa no se tienen detectores de humo para alerta tempra-na de incendios, ni mecanismos de control sobre los mismos como aspersores

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automáticos, cierre de conductos de ventilación, etc. Lo que queda después es apagar el fuego como sea; pero de que se apaga se apaga. De la misma forma en El Salvador al carecer de un sistema adecuado de alerta, de prevención y de control, se está abierto completamente a cualquier tipo de atacante y ataques que se puedan suscitar; y lo que queda al igual que el fuego, es el solucionar el problema, pero ya después que ha causado los destrozos correspondientes.

A esto le suma otra característica muy peculiar y de carácter endémico en El Salvador, y este es el que se genera por el uso de software adquirido sin licen-cia, ya que, de acuerdo al estudio realizado por Business Software Alliance en el 2013 el 80% del software utilizado es pirata, esto significa que, de cada 10 computadoras, 8 tienen en uso software adquirido ilegalmente, arrojando a las compañías productoras de software pérdidas económicas de cerca de los 72 millones de dólares al año. El Salvador se coloca en el 4º lugar del “ran-king” latinoamericano en uso de software pirata, detrás de Nicaragua con el 82%, Paraguay con el 84% y en primer lugar Venezuela con el 88% (Business Software Alliance, 2016). En este caso el uso masivo de programas ilegales o sin licencia, conlleva uno de los más grandes riesgos de seguridad al no con-tar con las actualizaciones correspondientes para enfrentar las temibles ame-nazas denominadas exploit de día cero en donde “tiene lugar el mismo día en que se descubre una debilidad en el software. En ese momento, el ataque se produce antes de que el creador del software encuentre una solución al pro-blema” (Kaspersky, 2016), y otro tipo de respaldo técnico del fabricante. Las vulnerabilidades son significativas en este punto siendo un caldo de cultivo idóneo para que puedan ser utilizados como computadoras zombies, acceso no autorizado, manipulación o secuestro de datos, etc.

¿Qué proteger?

“Quien defiende todo, no defiende nada” decía Federico II, y si se establece que el ciberespacio tiene cinco componentes principales hardware, software, servicios de información, sistemas de control e Internet, lo difícil es determi-nar qué es lo hay que proteger y cómo hacerlo de una forma más eficiente. Allí radica uno de los problemas principales en el tema de la Ciberseguridad, ya que, de forma individual se debe de salvaguardar todos los accesos hacia


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y desde los sistemas lógicos, físicos y sociales; sin embargo, el atacante solo debe de encontrar un punto de entrada en todo ese entorno y poder realizar cualquier tipo de acción que desee o tenga la capacidad de llevar a cabo. Por lo tanto, es necesario el establecer ¿Cuál es el principal objetivo de los hac-kers?; y considerando que lo que se mueve en el ciberespacio son bytes en un conjunto ordenado de bites y estos son el componente principal de los “da-tos”. Por lo tanto, los datos se convierten en el principal objetivo a defender y a atacar; allí surgen dos términos de uso muy común que son el ciberataque y la ciberdefensa, no necesariamente relacionados al concepto tradicional de ataque o defensa que se describe en la doctrina de la guerra tradicional librada en la tierra – mar – aire - espacio.

De acuerdo a lo descrito por Chamorro y Villalba:

“Hasta fechas recientes, la ciberseguridad respondía a la exigencia de tutelar la información (Information Security), lo que determinaba un en-foque legislativo destinado a sancionar los accesos, usos, revelaciones, o daños ilícitos no autorizados. Sin embargo, en la actualidad, la evolución

conduce hacia la gestión de riesgos del ciberespacio (Information Assuran-ce), en la que los riesgos para la seguridad se encuentran vinculados al uso, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información o datos, y los

sistemas y procesos utilizados. Hoy la ciberseguridad requiere de ambos enfoques, diferentes pero complementarios” (Villalba F. C., 2010).

Tomando en consideración lo planteado anteriormente se establece que los datos son el objetivo principal a proteger y estos datos son los que se encuen-tran en toda aquella instalación o infraestructura crítica, y que su afectación o mal funcionamiento puede impactar en la estabilidad, tranquilidad y normal desarrollo del país, así como la relación del Estado salvadoreño con la comu-nidad internacional. Pero esos datos se encuentran en diferentes áreas, desde el sector gubernamental, pasando por las organizaciones internacionales radi-cadas en El Salvador, empresa privada, individuos, etc. Pero si se considera aquellas áreas cuyo adecuado y normal funcionamiento depende la estabili-dad y/o permanencia del Estado, el bienestar nacional y una conveniente y adecuada relación de convivencia internacional.

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En el mismo sentido, un área que no ha sido establecida aún en El Salvador es la de establecer cuales son el tipo de infraestructuras que son vitales para la Seguridad Nacional del país. Estas se deberían de clasificar al igual que en otros países de la forma siguiente: las Infraestructuras estratégicas: que son instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la infor-mación sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales y las infraestructuras críticas: que son aquellas infraestructuras estratégicas cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales (salud, energía, sistemas tributarios, transporte, agua, en-tre otros) (Boletín Oficial del Estado España, 2011).

Sin embargo en El Salvador todavía no se clasifican de esta forma las infraes-tructuras, considerando los parámetros establecidos por la Unión Europea (Boletín Oficial del Estado España, 2011) o por el Departamento de Home-land Security de los Estados Unidos, en donde agrupan en diferentes secto-res aquellos componentes que son parte de esa infraestructura estratégica y sus componentes que son parte también de esa infraestructura crítica. Estos sectores que comprenden: facilidades TIC del gobierno y empresa privada, sector de energía, agua, salud, comunicaciones, comercio, sector financiero, transporte, servicios de emergencia, seguridad pública y la Defensa Nacional (DHS, 2016).

Algunos ejemplos de estas infraestructuras estratégicas en El Salvador com-prenden: los sistemas de producción, distribución nacional e interconexión centroamericana de energía eléctrica de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del rio Lempa (CEL), los centros de captación, purificación, bombeo y dis-tribución del sistema nacional de acueductos y alcantarillados (ANDA), El sistema de control y comunicaciones de la Comisión Ejecutiva Portuaria Au-tónoma (CEPA), Todos los sistemas de manejo de datos relacionados a identi-ficación de personas del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el registro de propiedades desde intelectuales, catastrales, de comercio por el Centro Nacional de Registros (CNR), todos los sistemas de comunicacio-nes privados (CLARO, TIGO, DIGICEL, MOVISTAR, SALNET, etc.) y los sistemas de comunicaciones estratégicas del Estado, especialmente los de la


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Fuerza Armada.2

De la misma forma, a pesar de que se cuenta con esos elementos de infraes-tructuras vitales para el funcionamiento del Estado, no se cuenta con una organización centralizada o una planificación estratégica que contemple lo que debe ser protegido y que acciones se deben de realizar en caso de ser ata-cados a efecto de defender esas instalaciones que pueden resultar afectadas. A nivel del órgano Ejecutivo que tiene como misión fundamental la Seguridad Nacional, cuentan con la Dirección de Innovación Tecnológica e Informática de la Presidencia de la República. La cual asesora sobre el uso de las TIC, velando por la seguridad e infraestructura de los equipos y de la información, articulando esfuerzos con las instituciones del Órgano Ejecutivo para la con-secución de proyectos que se alineen a las actividades de la Presidencia. Esta Dirección no coordina esfuerzos con otras Organizaciones Gubernamentales, No Gubernamentales, Publicas, Privadas, Nacionales o Internacionales. De la misma forma no se cuenta aún con otro tipo de organismo que diseñe y ejecute una estrategia adecuada de ciberseguridad y tampoco se tienen fun-cionando Centros de Respuesta a Incidentes Informáticos que protejan esas infraestructuras estratégicas y criticas del Estado o cualquier otra acción in-trusiva en contra de los datos que deben de ser protegidos (Itiges, 2016).

¿Cómo hay que protegerse?

Un adagio popular da la guía para encontrar la respuesta a esta interrogante “Si copias la idea de una persona se llama PLAGIO, si copias las ideas de varias personas se llama INSPIRACIÓN”. Esos refranes provenientes de la sabiduría popular, dando como resultado el que no hay ninguna necesidad de inventar la rueda en lo que a ciberespacio respecta. Muchos Estados, Or-ganizaciones e individuos ya han recorrido el camino que en El Salvador se necesita trazar para desarrollar los medios de protección necesarios en el ciberespacio.

Para mayor información puede visitar los siguientes sitios web Estatales de El Salvador: http://www.cel.gob.sv/,-http://www.anda.gob.sv/,-http://cepaweb.cepa.gob.sv/RedSV/,-ht-tp://www.rnpn.gob.sv/,-http://www.cnr.gob.sv/

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¿Que enseña lo mencionado anteriormente? Pues en definitiva a los países como este, el cual posee un incipiente desarrollo tecnológico, y que existe una indiferencia marcada por el estamento político y por qué no decirlo también, por la ciudadanía en general sobre lo que es el ciberespacio. No queda más que seguir en un inicio la hoja de ruta exitosa trazada por otros Estados que tienen ya un nivel de desarrollo organizacional, legal, así como de investiga-ción y desarrollo adecuados para enfrentar las amenazas actuales y prepararse en mejor forma para enfrentar las amenazas futuras.

Pero a pesar de que se puede aprender de otros, efectuar acuerdos de coopera-ción, firmar tratados, asistir a un sinfín de conferencias y escribir ríos de tinta al respecto; es responsabilidad de los gobernantes el definir qué camino es el que deberán de seguir, una ruta complicadísima con una disyuntiva a esco-ger entre lo reactivo o lo proactivo. Este dilema clásico para los gobernantes implica el tomar decisiones menos políticas (algo muy difícil por supuesto) e inclinarse por soluciones más técnicas, ya que el ciberespacio no tiene muy buena relación con las decisiones que toman algunos políticos.

Para reforzar lo anterior es aplicable el siguiente ejemplo: lo que sucedió con la acción desarrollada por Tariq Tayyib Mohamed Bouazizi, quien por medio de su acción de protesta personal causó la reacción política denominada la primavera árabe (Navarro, 2011). Por otro lado, se corre el riesgo de caer como lo menciona Carrasco que “en la era de la información, que, de forma paradójica, se toman decisiones utilizando muy poca información, sin reali-zar un análisis crítico o sin contrastarla; más que una era de información es una era de datos” (Carrasco, 2014). Tomando en cuenta lo mencionado por Carrasco, la tendencia a tomar decisiones coyunturales, sin ver el horizonte estratégico es un común denominador en muchas de las leyes creadas, orga-nizaciones que se anuncian con bombo y platillo y otras acciones llevadas a cabo por el Estado, en general, para apagar un fuego o querer solucionar un problema mediático que afecta intereses que no son siempre relacionados al Interés Nacional u Objetivos Nacionales.

¿Trazar una ruta reactiva o proactiva? esa es la interrogante más crítica a responder. No limitarse a estar actuando en base a reacciones tomadas a pro-


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blemas que van surgiendo en el camino, por tal razón hay que aprender de aquellos que han iniciado ese recorrido y se están preparando para afrontar las amenazas que surgen a diario en ese entorno. Por el momento El Salva-dor “NO” dispone de una estructura gubernamental o en combinación con la empresa privada para afrontar este tipo de amenazas, ni con el marco le-gal adecuado. Por ejemplo, se cita la misión que rige el funcionamiento de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones SIGET, máxima organización gubernamental que tiene que ver con lo pertinente a comunicaciones, esta misión solo le da funciones reguladoras, y su visión es también solamente la de regular los servicios TIC (SIGET, 2016).

De la misma forma, siempre a nivel del órgano Ejecutivo que tiene la respon-sabilidad fundamental de la Seguridad Nacional, cuentan con la Dirección de Innovación Tecnológica e Informática de la Presidencia de la República (Iti-ges, 2016), la cual asesora sobre el uso de las TIC, velando por la seguridad e infraestructura de los equipos y de la información, articulando esfuerzos con las instituciones del Órgano Ejecutivo para la consecución de proyectos que se alineen a las actividades de la Presidencia. Esta Dirección no coordina esfuerzos con otras Organizaciones Gubernamentales, No Gubernamentales, Publicas, Privadas, Nacionales o Internacionales.

Ante esto se puede buscar en toda la orgánica del Estado Salvadoreño las responsabilidades de los diferentes Ministerios, organismos Autónomos, Se-miautónomos, Instituciones, etc. Sin encontrar en alguno de ellos quien es el encargado de planificar, coordinar o al menos defender de estos riesgos y amenazas; en ese sentido queda mucho camino que recorrer y se necesita aprender de esos países que ya tienen desde sus Políticas y estrategias de ci-berseguridad, hasta las organizaciones que están involucradas en todo lo con-cerniente a la defensa de los Intereses y Objetivos Nacionales que se pueden ver afectados por las acciones provenientes desde el ciberespacio.

Por consiguiente, si bien es cierto en El Salvador no hay acciones coordina-das u organizaciones que ya se están realizando en otros países como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, España y otros en la Unión Europea y el mundo (la rueda ya fue inventada en esos lugares). Los cuales cuentan con

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los medios adecuados para defender el quinto dominio o que cuentan con legislación, organización y recursos para contrarrestar los riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional; riesgos y amenazas que provienen del ciberespacio. A manera de ejemplo se menciona que en El Salvador se vuelve al paradigma de la “Polis Griega” cuando se refiere a las acciones que se debería de es-tar tomando para enfrentar las ciberamenazas o prepararse a reaccionar ante cualquier situación que se presente en el ciberespacio. La “Polis Salvadore-ña” en donde cada organización gubernamental, no gubernamental, nacional e internacional, empresa privada y ciudadanos. Todos levantan murallas al igual que esas ciudades Estado para resguardarse de los riesgos y amenazas proveniente del entono ciber; pero si bien es cierto esas murallas defienden parcialmente a determinada organización, siempre existirá un punto débil donde los atacantes lograran penetrar y después seguir con las siguientes polis hasta tomar el control de todo.

¿Quiénes son los responsables?

En caso de suceder algún tipo de acontecimiento, por regla general en un sistema reactivo, que no dispone de procedimientos claramente establecidos para incidentes informáticos, lo que se buscan son culpables y después si queda tiempo las soluciones (patrón de la cultura organizacional en el entorno salvadoreño). Pero al carecer de un entorno adecuado en el que se vislumbre un horizonte en el mediano y largo plazo para la búsqueda de soluciones; hay que partir de la premisa en que se requiere contar no solamente con el marco legal correspondiente, una organización, recursos humanos, materiales y financieros. Si no que se requiere contar con una “ciber-concientización” a efecto de que todos reconozcan y tomen un nivel de responsabilidad y cono-cimiento de la problemática ante las vulnerabilidades en el ciberespacio.

Buscando una analogía con el entorno del ciberespacio y cómo se comportan las diversas organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, empresa privada y demás estructuras organizacionales dentro del entorno del ciberes-pacio en El Salvador. Se puede relacionar referidas organizaciones a la “polis” griega en donde “Cada una de estas ciudades-Estado se consideraba como una especie de nación separada e independiente y denominaba «extranjeros»

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a los habitantes de las demás polis”. Algunas de las características de estas Polis como una extensión territorial reducida, independencia económica e independencia política pueden dar la idea del comportamiento de las organi-zaciones que tiene el país en este momento que independientemente del tema ciberespacio; actúan en todo ámbito como esas “polis” griegas presentando, por lo tanto un serio problema de coordinación y articulación de acciones para proteger al Estado salvadoreño de las amenazas que se presentan en el ciberespacio.

En El Salvador la responsabilidad principal en el marco de la Seguridad Na-cional, corresponde a los Órganos de Gobierno, Ministerio Público y demás Instituciones permanentes al servicio del Estado; pero los que participan en los procesos de planificación y ejecución de las estrategias de ciberseguri-dad son todos los sectores de la misma sociedad inclusive organizaciones internacionales, ya sean gubernamentales o privadas. Por lo tanto, la creación del marco legal, organizacional, y demás elementos necesarios; involucra el construir un esquema que, a la vez de complicado, será sumamente complejo y el aprender a manejar la complejidad es algo que el aparato gubernamental nunca ha estado muy bien preparado que se diga, esto debido al sin fin de inte-reses y agendas particulares que prevalecen al momento de tomar decisiones.

Por ende, al final del día, las decisiones son eminentemente políticas y de-jan de lado en muchas ocasiones los resultados de estudios, análisis, y otros documentos en donde equipos multidisciplinarios recomiendan las medidas adecuadas a tomar; pero que por lo general no son políticamente viables, o no satisfacen los intereses políticos de las organizaciones. El entorno se man-tiene similar al de las “polis” que se describían anteriormente, en donde cada estructura indistintamente de la función que desempeñe; se mantiene aislada creando sus propios sistemas de defensa, en esfuerzos que consumen recursos que pueden ser aprovechados con otras organizaciones. En el S.XXI en donde la globalización crea una serie de nuevos paradigmas sobre gobernanza y go-bernabilidad, ya no es posible estar desconectados o actuando separadamente. El ciberespacio es un nuevo entorno que afecta transversalmente a los demás que ya se conocen de tierra – mar – aire – espacio, es por lo tanto una necesi-dad imperiosa el de crear nuevos patrones de comportamiento colectivo y que

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a la vez sirvan para proteger antes las amenazas crecientes en ese para algu-nos considerado como “global Commons” y para otros considerado como un quinto dominio de actuación.

La pregunta se mantiene entonces ¿Quién está a cargo en El Salvador? Segui-rán actuando como siempre, o se creara algo nuevo tomando en consideración la experiencia de los países que ya cuentan con estrategias de ciberseguridad y sus correspondientes organizaciones, marco legal, etc. Hay que remontarse al pasado reciente en 1963 cuando el control de las comunicaciones era res-ponsabilidad única del Estado, cuando funcionaba solamente la Administra-ción Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL):

“tendrá el control exclusivo del espectro electromagnético, de acuerdo a los adelantos técnicos, a los tratados o convenios internacionales ratifica-

dos por El Salvador; su utilización en el territorio nacional, se regulará de conformidad a esta ley y a los reglamentos que se dicten para los servicios

de telecomunicaciones” (Asamblea Legislativa, 1963).

El monopolio estatal era evidente y no existía otro ente regulador del espectro electromagnético, por lo que, las ventajas y desventajas de ese modelo de control estatal son evidentes tomando en cuenta sus características centraliza-doras, burocráticas y de difícil capacidad de transformación y modernización de un campo que requiere la participación del ente privado. Fue hasta 1996 cuando se privatizan las telecomunicaciones y se crea un ente gubernamental diferente al anterior para regular los procesos de funcionamiento. Es así como surge la Superintendencia General de Telecomunicaciones (SIGET)3,

3 Ley de Creación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, SI-GET, así como una primera Ley de Telecomunicaciones (Decreto Legislativo No. 807, Diario Oficial No.189, Tomo 333, 9/10/1996); la cual fue derogada y sustituida en el año 1997, por la actual Ley de Telecomunicaciones (Decreto Legislativo No. 142. Diario Oficial No. 218, Tomo 337, 21/11/1997)

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a la cual se le asignan las responsabilidades de representar oficialmente a El Salvador ante las diversas organizaciones a las que está suscrito el país, tales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Comisión de Telecomunicaciones Centroamericanas (COMTELCA), la Comisión Intera-mericana de Telecomunicaciones (CITEL) y el Foro Latinoamericano de En-tes Reguladores de Telecomunicaciones (REGULATEL).

La SIGET a pesar de que se han realizado varias reformas a su ley de crea-ción hasta la del Decreto Legislativo No. 086 del 18 de agosto de 2012, Dia-rio Oficial N° 154, Tomo 396 del 22 de agosto de 2012. Como se describió en párrafos anteriores, sus funciones son estrictamente de regulación y de ejercer cierto grado de control y coordinación entre los que prestan diferen-tes servicios de comunicaciones, sin considerar la inclusión de regulación de internet, ya que esta se encuentra como parte de las comunicaciones telefóni-cas. Atribuciones tales como aplicar tratados, aprobar tarifas, dictar normas y estándares técnicos, informar a las autoridades sobre acciones que atenten a la libre competencia, publicar información estadística, establecer – mantener y fomentar relaciones de cooperación, representar al país ante organismos internacionales; pero nada que la convierta en el ente rector de las comuni-caciones en El Salvador. Por otro lado, a la fecha no se cuenta con una ley que regule directa y efectivamente el ciberespacio ni el uso que se le da a este medio para la transmisión de datos.

A pesar de que los Estados miembros de la OEA aprobaron en el 2004 la Es-trategia Interamericana Integral para Combatir las Amenazas a la seguridad cibernética en la resolución AG/RES. 2004 (XXXIV-O/04), proporcionando un mandato que permite a la Secretaría del CICTE trabajar en asuntos de Seguridad Cibernética en coordinación con los Ministerios de Seguridad de los países miembros. Y tomando como referencia datos obtenidos del obser-vatorio de la ciberseguridad en América Latina y el Caribe (Observatorio de Ciberseguridad de América latina y el Caribe, 2016), en el 2016 El Salva-dor adolece del marco legal, la o las organizaciones adecuadas y la política o estrategia de ciberseguridad que brinde en cierta medida las condiciones necesarias de enfrentar las amenazas en ese entorno representado por el cibe-respacio.

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Si bien es cierto se está trabajando en ese sentido, de parte de algunas institu-ciones del gobierno y empresa privada. La falta de regulaciones y conciencia sobre la ciberseguridad, hace que el trabajo se desarrolle en una forma dia-metralmente opuesta a la velocidad a que se desarrollan los eventos en ese quinto dominio al que se refieren los militares. En este país, a pesar de que las iniciativas a nivel internacional sobre legislación en el área del ciberespacio dan en el 2001 con el Convenio sobre la Ciberdelincuencia en Budapest o en otros años siempre relacionado al mismo entorno.

Ya en 1997 al decretar el Código Penal se hacen referencias a delitos en for-ma general que también se utilicen “medios electrónicos”4 . Es hasta el 2006 que se da uno de los primeros pasos en ese sentido al señalar directamente el delito informático cuando se decreta la ley especial contra actos del terroris-mo (Asamblea Legislativa El salvador, 21 de septiembre del 2006), en donde en su Artículo 12 establece una pena de prisión a quien “utilizare equipos, medios, programas, redes informáticas o cualquier otra aplicación informá-tica para interceptar, interferir, desviar, alterar, dañar, inutilizar o destruir datos… de servicios públicos, sociales, administrativos, de emergencia o de Seguridad Nacional…”

Otro ejemplo es el de la Ley contra delitos informáticos que se comenzó a gestar en el 2010, cuando el entonces Diputado Douglas Avilés presentó una noción para dar inicio al estudio para que se llevaran a cabo reformas a la ley penal de ese entonces; en ese momento no se propuso una creación de ley so-bre ciberespacio o delitos informáticos; sino que, solamente reformas aisladas en diferentes componentes de la legislación penal. Y así fue transcurriendo el tiempo y generándose un debate continuo por muchos años en la Asam-blea Legislativa dentro de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. El 2012 se genera otra discusión alrededor de como castigar las actividades delincuenciales que se cometen en el ciberespacio; pero no se llegó a ninguna propuesta en concreto.

4 Para mayor referencia puede consultar el Código Penal de El Salvador, decreto 103 de abril de 1997, Artículos 172, 185, 186, 190, 208 No.2, 216, 222 No. 2, 228, 230, 231 y 302.


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Para el 2013 sigue la discusión política y que a pesar de haber tenido ya ataques de tipo de denegación de servicio (que son los más evidentes) a los sitios web de Casa Presidencial, Policía Nacional Civil en el 2011, y el 2012 las del Ministerio de Trabajo, Asamblea Legislativa y la del Presidente de ése Órgano de Gobierno (Morán, 2013).

Así ha evolucionado la discusión sobre una nueva ley, y en octubre del 2014 se crea un equipo interinstitucional conformado por: El Ministerio de Justi-cia y Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República, la Superinten-dencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, las empresas privadas de telecomunicaciones CLARO, DIGICEL, RED-INTELFON, TELEMOVIL y TELEFONICA. Equipo que revisa la propuesta final de redacción del ante-proyecto de ley presentando su recomendación en marzo del 2015; sin em-bargo, a pesar de dicha revisión continuó otro proceso de consultas con la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico, la Asociación Ban-caria Salvadoreña, la Cámara Americana de Comercio de El Salvador, De-partamento de Asuntos Jurídicos de Casa Presidencial, Consejo Nacional de Publicidad, La Prensa Gráfica. Y es así que, en febrero del 2016, después de seis años de consultas, estudios, y vueltas a consultar y a estudiar, se aprueba e acuerdo al decreto 260 la “LEY ESPECIAL CONTRA LOS DELITOS IN-FORMATICOS Y CONEXOS (LDIC)”

A pesar de que esta ley fue aprobada el 2016, estos casos de iniciativas de ley y/o creación de normativas relacionadas al ciberespacio son señalados por FUSADES en el 2015, como un error que se ha venido cometiendo al no enfocar o tomar la importancia que tiene el ciberespacio, generando una multiplicidad de normativas relacionadas a ese entorno:

“Se considera problemático que el Anteproyecto de la LDIC incluya delitos que están tipificados en el Código Penal, en el caso que se realicen por me-dio de las TIC, puesto que ello podría derivar en una duplicidad de tipifica-ción, falta de proporcionalidad en las penas y una regulación diferenciada

para una conducta similar” (FUSADES, 2015).

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El enfoque unilateral hacia la seguridad pública que se le da a la ley sobre “delitos informáticos”, si bien es cierto es un primer paso para elaborar el entramado jurídico, organizacional tan necesario para contrarrestar o tipifi-car algunas formas nuevas de delito a nivel nacional. Se queda corta en su enfoque estratégico de manejo en el mediano y largo plazo al dejar fuera en su Articulado, considerandos y definiciones que puedan ser utilizadas como referencia no solamente en la persecución del delito, sino que también para la futura conformación de políticas y estrategias en este sentido. De la misma forma, el encajonar en la seguridad pública algo que afecta todos los espacios de actuación nacional e internacional, se genera un paradigma peligroso en el que las ciberactividades orientadas a amenazar los objetivos nacionales o interés nacional del Estado, no son consideradas. Por otro lado, a pesar de ha-berse reunido una serie de organizaciones gubernamentales, no gubernamen-tales y privadas en el estudio de esta ley. Solamente se enfocaron al estudio de la ley de delitos informáticos, habiendo perdido una valiosa oportunidad para generar la creación de una normativa que diera pie a una política más amplia sobre el accionar multisectorial en el ciberespacio.

¿Cuál es la hoja de ruta a trazar para establecer las políticas y estrategias de ciberseguridad más adecuadas a las necesidades salvadoreñas?

Es difícil el trazar una ruta considerando el marco legal actual, por lo tanto, en primer lugar, si se va a desarrollar una Política y Estrategia para el Ciberes-pacio, lo más lógico es establecer una definición de lo que es el Ciberespacio. Para este fin se adopta la siguiente:

El ciberespacio es el conjunto de medios y procedimientos basados en las TIC, configurados para la prestación de servicios esenciales y el intercam-

bio de datos de las actividades políticas, económicas, sociales y militares de El Salvador. Y está constituido por hardware, software, Internet, servicios

de información y sistemas de control.

Son cinco los componentes que lo integran, así como cuatro los campos de acción en los cuales se organiza y articula el poder nacional de este país y que ahora en el S.XXI se ven afectados por igual en cualquier situación que afecte


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el normal funcionamiento en el ciberespacio. De la misma forma se han esta-blecido definiciones en el entorno académico del CAEE que son similares a las utilizadas por otros países, ya que se considera importante que, si se va a enfrentar una amenaza que es de carácter global, es recomendable el adoptar definiciones o al menos conceptos similares cuando se refiere a ciberconflic-to, ciberguerra, ciberataque, ciberdefensa, infraestructura critica, delito in-formático, dato informático, sistema informático, etc. Como por ejemplo la taxonomía de soluciones de ciberseguridad empleada por INCIBE y las de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Incibe, 2016).

Así mismo, de nuevo se ven confrontados a la analogía de “para que vamos a inventar la rueda si está ya existe”, pues se puede decir que la respuesta a esto debería de ser sumamente fácil, y que con solo el adaptar lo que otros países ya están haciendo al respecto, se tiene asegurado el éxito en ese senti-do. Bueno, la realidad es muy diferente pues El Salvador no ha dado grandes avances en lo concerniente a este punto, una muestra son los casi seis años que la Asamblea Legislativa tardó en aprobar una ley contra delitos informá-ticos. Y si a esto le suman las demás resoluciones dadas por diferentes orga-nismos internacionales, así como tratados internacionales efectuados sobre el ciberespacio, cibercrimen, etc. Por ejemplo desde el 2004 año en que la OEA aprueba la Estrategia Interamericana Integral para Combatir las Amenazas a la seguridad cibernética en la resolución AG/RES. 2004 (XXXIV-O/04). También como efecto de esta resolución donde se involucran también otras tres organizaciones CICTE, CITEL y REJMA a efecto de asesorar a las di-ferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales sobre los as-pectos pertinentes al ciberespacio (AG/RES, 2016).

Es así como, El Salvador continúa sin lograr ese grado de concientización especialmente en el estamento político, para dar inicio a procesos transfor-madores y de modernización orientados al ciberespacio. Es así que a la fecha no se han realizado ningún tipo de pronunciamiento o adhesión a los mismos por medio de ratificaciones siguiendo los procesos constitucionales vigentes de este país. Por consiguiente, se ha llegado a determinar que no hay continui-dad en las iniciativas no solamente de ley, sino que la creación de un proceso político y estratégico que genere el impulso necesario para la creación del

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marco legal, organizacional y de diferente índole orientado a contrarrestar las amenazas cibernéticas.

Ejemplos a seguir sobre procesos de creación de sistemas de Ciberseguridad existen bastante en otros países, así como los desarrollados en forma con-junta por una serie de organismos internacionales mundiales y regionales. En ese sentido el Global Cybersecurity Index (ITU, Global Cybersecurity Index, 2016) determina el estado de ciberseguridad en los diferentes países del mundo, también la guía establecida por la ITU ayuda a comprender mejor el gran problema de Seguridad Nacional en el ciberespacio y que servirán de soporte para utilizar adecuadamente la caja de herramientas para desarrollar o mejorar las estrategias nacionales de Ciberseguridad implementada, por la misma organización (ITU, Estrategia Nacional, 2016). Esto, aunado a las re-soluciones de la OEA y otros organismos que trabajan en esta área, da una pauta sobre lo que debe de tratar de implementarse en El Salvador. Esta lista de comprobación elaborada por la ITU en el Telecom World 2014 celebrado en Doha, consta de cinco puntos: medidas legales, medidas técnicas, medidas orgánicas, capacitación y cooperación. Estos puntos se dividen en 17 ítems que se convertirán en una lista de comprobación para determinar cómo está el país y marcar el punto de partida para llegar a crear el Sistema de Cibersegu-ridad Nacional con todos sus componentes y afrontar en una mejor condición las amenazas en el ciberespacio.

Ese punto de partida de establecer adonde se está en este momento, será la elaboración del diagnóstico adecuado. Diagnóstico que deberá de valerse de varias herramientas y procesos desarrollados por esas organizaciones inter-nacionales y países amigos. Lo primero que se hará es analizar los datos pre-sentados sobre ciberseguridad de la ITU en el perfil de El Salvador (ITU, Cyberwellness Profile, 2016), y se contrastará con un diagnostico a elaborar en otra investigación que se está llevando a cabo en el CAEE, tomando como referencia los procesos para establecer las Estrategias de Ciberseguridad y los sistemas que conllevan estas estrategias, los cuales han sido efectuados ya por España, Colombia y Chile.

Una referencia muy importante en esa ruta a trazar y que se está utilizando en


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el CAEE son las:

“orientaciones y líneas de acción de aplicación general para la implemen-tación y evaluación de diversas actividades tendientes a minimizar los ries-

gos y amenazas del ciberespacio en el país, las cuales se deberán implemen-tar tanto respecto del sector público como del privado”

(Comite interministerial sobre ciberseguridad, Chile, 2016).

Materializadas en Las Bases para una Política de Ciberseguridad realizado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en conjunto con el Minis-terio de Defensa de Chile. Otros documentos que sirven como referencia son los Lineamientos de Política para Ciberseguridad y Ciberdefensa de Colom-bia que “busca generar lineamientos de política en ciberseguridad y ciber-defensa orientados a desarrollar una estrategia nacional que contrarreste el incremento de las amenazas informáticas” (Gobierno de Colombia, Linea-mientos de política para la Ciberseguridad y Ciberdefensa, 2016) y la Agenda Estratégica de Innovación en Ciberseguridad de Colombia “que nos orientan sobre los vectores de desarrollo en este campo” (Gobierno de Colombia, Que es un nodo de ciberseguridad, 2016).

Por último, para desarrollar la estrategia de Ciberseguridad salvadoreña, debe de tomar ejemplo dentro de la gran diversidad de estrategias de seguridad cibernética que se encuentra en el repositorio de la ITU (ITU, Repositorio de Estrategias Nacionales, 2016) y en el Centro de Ciberdefensa Cooperativa de la OTAN (NATO Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence, 2016). Esto con el objeto de acomodar la estrategia ciber al proceso político, eco-nómico, social y militar de desarrollo del poder nacional salvadoreño y estar en mejor forma de defender los intereses y objetivos nacionales que se vean afectados por las acciones provenientes del ciberespacio.

Elaborar el diagnóstico correspondiente, generar la concientización en todos los ámbitos, desarrollar las políticas y estrategias para alcanzar los objetivos, crear y sostener las organizaciones y darle la continuidad, así como, el nivel de importancia que merece a esta estrategia. Este es el modelo que se está recomendando desde el ambiente académico del CAEE, además de las inves-

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tigaciones que conduzcan a generar la teoría y después del análisis debido, la doctrina necesaria para seguir adelante en el proceso de la creación de una estrategia de ciberseguridad más robusta y acorde a las capacidades y necesi-dades que posee El Salvador.


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CONCLUSIONES

El presente artículo no se refiere al ciberespacio en el ámbito de ciberguerra o aspectos relacionados a las características intrínsecas de la guerra tradicional tal y como la conocen y estudian los militares. Existe una tendencia a utilizar términos que se emplean en las acciones armadas; pero el ciberespacio es un campo o dominio que afecta transversalmente a otros entornos de actuación de manera colateral tierra-mar-aire-espacio. Por lo que, dentro de la dinámica de los conflictos, estas acciones de intrusión, ataque, o de cualquier índole que se oriente a afectar positiva o negativamente dentro del ciberespacio y que de acuerdo a lo planteado por (López, 2012), los conflictos se manejan en seis fases diferentes, desde la primera que es la paz, siguiendo con la paz inestable, pasando a él tensionamiento entre los involucrados, decantándose en crisis que puede llegar a un conflicto armado y de allí convertirse en una guerra. Las ciberacciones llámense como se llamen, pueden emplearse en cualquier fase de esta dinámica y que a diferencia del ambiente de una guerra convencional o no convencional en donde se emplean medios cinéticos. Las ciberacciones como en este artículo se ha denominado se pueden llevar a cabo en cada una de las etapas de un conflicto, sin llegar a declaraciones de guerra, atribuciones que conlleven represalias y ser prácticamente anónimas en pro-cedencia o accionar de cualquier Estado, organización o individuos.

A pesar de que el término ciberespacio se viene utilizando desde 1984 como producto de la novela de William Gibson, 32 años después en el 2016 en El Salvador todavía se desconoce que es el ciberespacio y los riesgos y amena-zas que se encuentran en ese entorno. La percepción general es tomar como sinónimo de ciberespacio a internet, todo esto tomando en cuenta que, a pesar del constante crecimiento en la penetración de internet en el país, uso de redes sociales, Smartphone, computadoras personales, tablets, laptops y cualquier otro equipo que tenga circuitos y procesadores integrados y que también corra programas que se conecten por cualquier medio entre ellos. Por ejemplo, del crecimiento de usuarios de internet que del año 2000 era apenas de 40,000 y se expande en quince años a 2.9 millones de usuarios registrados (Internet World Stats, 2016); y la cantidad de servidores conectados a la WWW que eran alrededor de 4,000 en el 2003 hasta llegar a un poco más de 24,000 en

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el 2012 (Index Mundi, 2016) Otro aspecto crítico en la concientización hacia lo que es el ciberespacio, las amenazas y que debemos de hacer al respecto se muestra con el alto índice de piratería en software, ya que 8 de cada 10 com-putadoras corren programas piratas (Index Mundi, 2016). Dejando un campo fértil para todos los que quieran utilizar esas computadoras para que los que deseen llevar a cabo cualquier tipo de intrusiones, o uso al margen de la ley de esos sistemas.

Las organizaciones internacionales ONU (mundial), OEA (Continental) y SICA (centroamericana-regional) respectivamente, tienen resoluciones, normativas, estructuras que se orientan a educar, capacitar, estructurar y/o coordinar los aspectos relacionados al ciberespacio. A nivel nacional en El Salvador, se carece de una organización adecuada, ya sea civil o militar que se encargue del diseño de políticas y estrategias de ciberseguridad, así como las diferentes normativas y/o regulaciones que administren organizaciones para atender asuntos específicamente en el ciberespacio. Y para proteger esa infraestructura estratégica y critica se deben de crear las políticas y estrategias necesarias para crear el marco legal, las organizaciones y recursos necesarios a efecto de crear los sistemas que nos den la prevención y alerta temprana, de-tecten esas intrusiones, se tenga la capacidad de reaccionar ante estos eventos y lo más importante manejar las crisis que se presenten.

El decreto Legislativo No 948 del año 2002 donde se instituye la Ley de Defensa Nacional de El Salvador, crea también la definición de Seguridad Nacional como el “Conjunto de acciones permanentes que el Estado propi-cia para crear las condiciones que superan situaciones de conflictos inter-nacionales, perturbaciones a la tranquilidad pública, catástrofes naturales y aquellas vulnerabilidades que limiten el desarrollo nacional y pongan en peligro el logro de los Objetivos Nacionales”. En este sentido y orientado al ciberespacio, se carecen de acciones permanentes en ese sentido y no se cuen-ta además con un sistema de medición o determinación cuando algo afecta la Seguridad Nacional, al no contar con el entramado legal y organizacional adecuado para enfrentar las amenazas que se presenten.

Este colegio establece dos situaciones para medir el grado de afectación y de-


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terminar si amenazan o no la Seguridad Nacional, estas son: en primer lugar ¿cuándo se produce una alteración del orden constitucional? y en segunda lugar ¿cuándo hay una afectación significativa a la paz interna? Estos dos planteamientos pueden determinar un parámetro más adecuado y aceptable para establecer cuando un ataque o intrusión es o no una amenaza a los Obje-tivos o Intereses Nacionales de nuestro país. Y puede tener un efecto negativo en la permanencia del Estado, el bienestar nacional y en la concordia inter-nacional.

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LA CIBERSEGURIDAD Y SU INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD NACIONAL

Cnel. Inf. DEM Manuel de Jesús Barquero Elías

RESUMEN

Entre algunos hechos relevantes en el devenir histórico que cambiaron el rumbo del mundo, se encuentra la caída del Muro de Berlín que ha formado parte de los momentos más importantes de la historia del S.XX y que mantu-vo dividido a Berlín por casi tres décadas y el fenómeno de la Globalización, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, donde el tiempo y espacio se mide en segundos y las fronteras han dejado de ser un obstáculo para su fines.

Ambos son eventos que han reorientado algunos conceptos tradicionales pro-pios de los Estados, encontrando entre estos, el termino de Seguridad Na-cional, el cual es parte esencial del presente trabajo que integrado con el de Ciberseguridad se convierten en un binomio perfecto para su discusión; en consonancia con estos preceptos, se requiere confirmar la tesis planteada: La Ciberseguridad como responsable de contrarrestar toda amenaza al territo-rio ciberespacial, se convierte en un componente de la Seguridad Nacional, por tanto es necesario determinar su conceptualización y su interrelación, los avances en el proceso de formación de la legislación internacional y nacional, como también conocer la importancia que un país cuente con una estrategia de Ciberseguridad.

Palabras ClaveCiberseguridad, ciberterrorismo, Seguridad Nacional

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ABSTRACT

Among some important facts in the historical evolution that changed the cour-se of the world, is the fall of the Berlin Wall that has been part of the most important moments of the history of the XXI century and kept divided Berlin for almost three decades and The phenomenon of globalization, which has made the world an increasingly interconnected place where time and space is measured in seconds and borders have ceased to be an obstacle to their ends.

Both are events that have reoriented some traditional concepts of the States, finding among them, the term of National Security, which is an essential part of the present work that integrated with the one of cybersecurity become a perfect binomial for its discussion; In line with these precepts, it is neces-sary to confirm the thesis: Cybersecurity as responsible for counteracting any threat to cyberspace, becomes a component of National Security, therefore it is necessary to determine its conceptualization and interrelation, progress in the Process of formation of international and national legislation, as well as knowing the importance that a country has a strategy of Cybersecurity.

KeywordsCybersecurity, cyberterrorism, National Security

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Conceptualización de términos relacionados a la Ciberseguridad

Fragmentando el tema principal en cada uno de sus componentes, se retoma la evolución que ha tenido el término seguridad, donde escudriñando diferen-tes diccionarios del habla hispana se encuentra como la cualidad de seguro, es decir, sentirse libre y exento de todo peligro, daño o riesgo (Real Acade-mia Española, 2014). Homologando el concepto de seguridad con un ejemplo doméstico, es cuando el dueño de la casa se ausenta de la misma para ir al trabajo, posee la percepción de seguridad cuando ha tomado las medidas ne-cesarias para proteger su vivienda (defensas en puertas y ventanas, cámaras de seguridad, alambre rasor en su perímetro, etc), tendrá la certeza de que todas las medidas tomadas le impedirán a particulares ingresen a la vivienda para despojarle de sus bienes.

En consonancia con la seguridad, si se incorpora el termino nacional, ya va orientado a la nación y encaminado al conjunto de los habitantes de un de-terminado país administrado por un mismo gobierno, relacionado otras veces al conglomerado de personas que tienen el mismo origen, idioma y tradición en común, que se encuentran dentro de un determinado territorio (Real Aca-demia Española, 2014). Dicho en forma diferente, el concepto de Seguridad Nacional es aplicable exclusivamente al Estado, que dentro de sus funciones se encuentra la capacidad y habilidad para garantizar el control interno y ex-terno del país, la confianza de los habitantes, la legitimidad y el prestigio ante otros países, la seguridad jurídica y las instituciones que rigen al Estado.

Luego de recordar los términos de seguridad y Seguridad Nacional, es per-tinente referirse a la evolución que ha tenido la Seguridad Nacional, encon-trando que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ya se encontraba vigente, pero relacionado íntimamente con la Defensa Nacional hasta consi-derarse como sinónimos, en ambos casos al Estado le correspondía garanti-zar la seguridad mediante la defensa del Estado, siendo las Fuerzas Armadas las únicas garantes de la Seguridad Nacional, excluyendo la participación de cualquier otra institución del Estado.

Tras el fin de la Guerra Fría y como consecuencia del caminar apresurado de

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la Globalización, las amenazas dejan de poseer un carácter puramente militar, ampliándose el concepto de seguridad a los problemas transnacionales en su mayoría, tales como el crimen organizado, el terrorismo, la degradación del medio ambiente, la disputa por los recursos naturales, los flujos incontrola-dos de refugiados, la inmigración no regulada, la pobreza y el hambre se han convertido en riesgos para la humanidad de una importancia similar a la de la tradicional defensa militar. Por ello, algunos consideran que es preciso am-pliar el concepto de seguridad de manera multisectorial y a distintos niveles, y consideran que la territorialidad y la defensa militar no deben ostentar la predominancia. (Instituto Español de Estudios Estrategicos, 2011).

La necesidad de modificar el concepto recae porque la seguridad y las amena-zas para un Estado dejan de ser puramente castrenses, acogiendo acá amena-zas de diferentes ámbitos sean estas, propiciadas por el actuar de la naturaleza o administradas por la humanidad, viéndose exigidos los Estados de ampliar el concepto en discusión, donde ahora las amenazas son transnacionales y se involucran los diferentes componentes del Estado y la sociedad misma, perdiendo los militares la hegemonía en la responsabilidad absoluta de la Seguridad Nacional, sin menospreciar por supuesto la participación oportuna y certera en cualesquiera de las amenazas que enfrente el Estado. (Instituto Español de Estudios Estrategicos, 2011).

Dentro del estudio del concepto de seguridad pueden distinguirse dos co-rrientes. La primera es defendida por aquellos que aceptando la inclusión de nuevos factores, siguen considerando al Estado como el objeto fundamental de la seguridad. Los conceptos de Seguridad Común, Seguridad Integral y Seguridad con fines defensivo, forman parte de este catálogo, tomando ma-yor protagonismo la Seguridad Cooperativa. La segunda corriente de pensa-miento parte de la idea genérica que se ha dado demasiada importancia a los Estados y que por consiguiente es preciso volver a pensar el significado real del término seguridad. Se trata de utilizar un discurso alternativo en el que los individuos y/o grupos sociales ocupen el centro de atracción. Tomando mayor relevancia la Seguridad Humana. (Instituto Español de Estudios Estrategicos, 2011).

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En el caso de El Salvador, a pesar que para algunos sectores de la sociedad, hablar de Seguridad Nacional es referirse a una responsabilidad de la Institu-ción Armada y orientada directamente con la defensa del territorio nacional ante la agresión de otro país o la defensa de la Soberanía Nacional. Esto a pesar de contar con una definición de Seguridad Nacional ambiciosa, el cual absorbe no solo la seguridad militar sino abraza también a la Seguridad Públi-ca y Protección Civil como componentes de la misma y no determina como responsable únicamente al componente militar, encontrándose en la Ley de la Defensa Nacional de la manera siguiente: “Acciones que el Estado propicia para crear las condiciones que superan situaciones de conflictos internacio-nales, perturbaciones a la tranquilidad pública, catástrofes naturales y aque-llas vulnerabilidades que limiten el desarrollo nacional y pongan en peligro el logro de los objetivos nacionales” (Ministerio de la Defensa Nacional , 2002).

Ahora bien, otro aspecto a tratar va orientado a la conceptualización de la Ci-berseguridad, no sin antes referirse al Ciberespacio conocido como el quinto dominio (además del terrestre, marítimo, aéreo y el espacial), considerado como un mundo virtual por sus características de interacción, ya que se en-cuentra conformado a través de los diferentes medios y equipos de comuni-cación virtual, con la capacidad de enviar y recibir información de carácter digital, al mismo tiempo los seres humanos interactúan a través de videos llamadas y conferencias virtuales desde diferentes puntos del mundo demos-trando su capacidad de unir a las sociedades, actividades que lo hacen dife-rente al mundo real por las características de comunicación que muestran sus elementos y facilitan la comunicación instantánea, por la capacidad de sus componentes y diseños dinámicos (Enrique F. C. 2013).

Entre los cuales se pueden describir el hardware, que es el conjunto de ele-mentos que conforma las partes físicas de una computadora, asimismo se determina el software, como la parte lógica intangible, que permite el funcio-namiento del equipo informático por medio de los diferentes programas, de igual forma el internet, es considerado la red de redes que permite desarrollar las interconexiones entre los diferentes ordenadores, a través de cables, fibra óptica, satélites y redes eléctricas, que conforman el ciberespacio que para


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constituirse necesita de los servicios de información, que son las diferentes formas de brindar ascenso a la información desde diferentes perspectivas y ubicaciones mundiales sumamente relativas al usuario colectivo e individual, para complementar el ciberespacio son necesarios los sistemas de control, que regulan su propia dirección de control sobre el sistema, con el fin de detectar usuarios ajenos propiamente dichos de la información fundamental, que pueda ser de interés a otras instituciones o usuarios (Enrique F. C, 2013).

Es preciso contar con la triada para interactuar en el territorio virtual o cibe-respacio, esta se encuentra estructurada por el conocimiento, la tecnología y el internet, ya sea para interactuar a favor o en contra en este espacio virtual. Dentro del primero, referido al conocimiento que las personas deben poseer, no solo de saber navegar o chatear por medio del internet, sino en conocer la parte técnica para realizar un ciberdelito, ciberataque o una ciberdefensa, según sea el caso, ya que no podría hacerlo una persona común; la tecnología, materializado por el hardware y software necesarios para poder realizar sus intenciones y como el tercer elemento el internet y como el canal de comuni-cación en el ciberespacio, para orientar sus esfuerzos hacia el objetivo.

Incrustado a lo anterior se ve que los ciberdelitos más frecuentes cometidos a través del espacio virtual se encuentran: el encubrimiento de identidad, sus-titución de la identidad, robos de información, pornografía infantil, hasta de-sarrollarse actos de mayor complejidad como las ciberamenazas y que atañen de alguna manera a la Seguridad Nacional como los son, el ciberespionaje, ciberterrorismo, estos por citar algunos ejemplos y concientizar que en la actualidad, el Ciberespacio no solo comparte las bondades para el buen fun-cionamiento, crecimiento o desarrollo de un país, sino también se presta para realizar actividades ilícitas (Enrique F. C, 2013).

Encontrándose acá un abanico de ciberamenazas que pueden desestabilizar el desarrollo de cualquier Estado del mundo físico, de igual manera dentro de los actores que realizan estas ciberamenazas se encuentran los Estados anta-gónicos, terroristas, sectores políticos, crimen organizado, particulares con conocimiento en las Tecnologías de Información y Comunicaciones (Enrique F. C, 2013).

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En este sentido, la adecuada protección del ciberespacio resulta clave para generar confianza en las ventajas que ofrece esta nueva modalidad para re-lacionarse entre las personas. En esta perspectiva, la Ciberseguridad se ha orientado en dos sentidos. El primero, enfocado a la

“protección de la información (Information Security) donde solamente se trataba de proteger la información a accesos, usos, revelaciones, interrup-

ciones, modificaciones o destrucciones no permitidas, sin embargo, este enfoque está evolucionando hacia la gestión de riesgos del ciberespacio

(Information Assurance) donde la Ciberseguridad consiste en la aplicación de un proceso de análisis y gestión de los riesgos relacionados con el uso,

procesamiento, almacenamiento y transmisión de información o datos y los sistemas y procesos usados basándose en los estándares internacionalmente

aceptados” (Bejarano, 2011).

Despues de ver las ciberamenazas encontradas en el entorno del Ciberespa-cio, es preciso mencionar la necesidad de contar con una forma para con-trarrestar las intenciones del enemigo virtual en el campo de batalla digital, apareciendo entonces un nuevo afijo para el lexema ciber, donde se encuentra con la Ciberseguridad, que para uno de los estudiosos sobre el tema como lo es María José Caro Bejarano, lo define como el “conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, segu-ros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la orga-nización y los usuarios en el ciberentorno” (Bejarano,2011).

Los activos de la organización son los dispositivos informáticos conectados, los usuarios, los servicios/aplicaciones, los sistemas de comunicaciones, la comunicación multimedia, y la totalidad de la información transmitida y/o almacenada en el ciberentorno. La Ciberseguridad garantiza que se alcancen y mantengan las propiedades de seguridad de los activos de la organización y los usuarios contra los riesgos de seguridad correspondientes en el ciberen-torno (Bejarano, 2011).


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Incidencia de la Ciberseguridad en la Seguridad Nacional

Habiendo ahondado en la conceptualización de términos, es asequible ex-plorar la incidencia que tiene la Ciberseguridad en la Seguridad Nacional, para el cual es procedente retomar la Seguridad Nacional como un concepto ampliado, que no solamente abraza la seguridad militar, sino que también los ámbitos económico, político y social, con énfasis a la seguridad de la persona como parte del conglomerado social, de igual manera establecer que la responsabilidad no es únicamente de un sector o un ministerio sino de los diferentes componentes que conforman un Estado. Entendido la conceptuali-zación anterior, se resume lo concerniente a la Ciberseguridad como la mane-ra o medida para contrarrestar las amenazas a un Estado en el Ciberespacio.Ya embobinados ambos términos, se concluye que un descuido o poca im-portancia por parte del Estado al Ciberespacio podría verse afectada su Se-guridad Nacional, por ejemplo al recibir el Estado un ataque cibernético a los proveedores de servicios públicos y privados o los usuarios de la banca entre otros, podría cambiar el rumbo y comportamiento laboral y social de la población de un país, ahora si estos son de mayor magnitud, podría verse amenazada la Seguridad Nacional, actuando el Internet como el canal de co-municación en el Ciberespacio.

En consonancia con los términos expuestos, se encuentra que la rápida evo-lución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) estos aumenta a la velocidad, capacidad, agilidad, eficiencia y utilidad de las redes y sistemas actuales, tanto en el ámbito civil como militar. Estas tecnologías están cambiando el modo en el que las personas interactúan entre si y también con su entorno. Esta continúa y acelerada evolución de las TIC ha propiciado que los ataques sean cada vez más sofisticados y numerosos, dando lugar a un Ciberespacio cada vez más hostil, obligando a los responsables de la Ciber-seguridad a disponer de medios técnicos y humanos vanguardistas para poder hacer frente a las amenazas y sus posibles impactos (Enrique F. C, 2013).

Los ciberataques en su mayoría van orientados a objetivos que se clasifican en tres grandes grupos, siendo los Gobiernos, Sector Privado, se incluyen a los operadores de Infraestructuras Criticas y a los ciudadanos. Ahora bien,

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las principales amenazas relacionadas con el Ciberespacio se pueden clasifi-car en dos grandes grupos que son las amenazas contra la información y las amenazas contra la infraestructura. Dentro de las amenazas contra la informa-ción, son aquellas cuya materialización provocan una perdida, manipulación, publicación o uso inadecuado de información; espionaje, robo y publicación de información clasificada o sensible, robo de identidad digital, fraude, entre otras (Enrique F. C, 2013).

Las amenazas contra la infraestructura TIC son aquellas cuya materialización pueden provocar la interrupción temporal, parcial o total de determinados servicios o sistemas, ataque contra infraestructuras críticas, ataques contra la redes y sistemas, ataques contra servicios de internet, malware, etc. (Enrique F. C, 2013).

Dentro de la autoría los ciberataques pueden clasificarse en las siguientes ca-tegorías: ataques patrocinados por Estados, el ataque a parte del Ciberespacio de Estonia en 2007, que supuso la inutilización temporal de muchas de las infraestructuras criticas del país báltico, y el ciberataque de Rusia a Georgia en 2008 como paso previo a la invasión terrestre; ataques patrocinados por or-ganizaciones privadas tienen como objetivo los secretos industriales de otras organizaciones o gobiernos; Terrorismo, extremismo político e ideológico los terroristas y grupos extremistas utilizan el Ciberespacio para planificar sus acciones, publicitarlas y reclutar adeptos para ejecutarlas; ataques de crimen organizado estos han comenzado a trasladar sus acciones al ciberespacio, ex-plotando las posibilidades de anonimato que este ofrece; Hacktivismo se han convertido en una de las mayores amenazas para los gobiernos y organismos; ataques de perfil bajo, son ejecutados normalmente, por personas con cierto conocimientos TIC que les permiten llevar a cabo ciberataques de naturaleza muy heterogénea y por motivación, fundamentalmente, personal (Enrique F. C, 2013).

Ahora vale la pena, referirse a la Ciberseguridad en El Salvador, esta tiene una fuerte incidencia dentro de la Seguridad Nacional, debido a ese avance permanente que tienen las TIC, y que son miles de salvadoreños que se en-cuentran conectados a una computadora o dispositivos a toda hora del día,


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incrementándose las vulnerabilidades y por ende las posibilidades de las ame-nazas por parte de la ciberdelincuencia. Si estas vulnerabilidades se elevan en los niveles más altos (estratégicos), tanto a nivel gobierno, empresa privada y otras organizaciones de alto nivel, en su mayoría desconocen las conse-cuencias de una amenaza o ataque cibernético, por tal razón no le brindan importancia al tema. En las instituciones y empresas no consideran dentro de sus planillas de personal a expertos o especialistas en seguridad de sistemas informáticos, de igual manera prefieren adquirir algún equipo tangible como computadoras, impresoras, que gastar parte del presupuesto en la adquisición de un software (intangible) para proteger la información y evitar el hurto de la misma.

Dentro de lo planteado anteriormente no escapan las instituciones respon-sables de velar por la Seguridad Nacional, citando dentro de otras el Minis-terio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de la Defensa Nacional, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud, Fiscalía de la Republica, etc, y que además están expuestos a un cibe-rataque y donde les puedan extraer o modificar la información confidencial o secreta de sus instituciones, pudiendo afectar en menor o mayor magnitud a la Seguridad Nacional. Para una mejor comprensión de lo planteado en los párrafos anteriores, se citan algunos ejemplos con casos hipotéticos:

En primer lugar en el sistema de salud pública, que se han hecho esfuerzos por modernizar los registros en cuanto a ingresar en el sistema informático los nombres de sus pacientes que se encuentran por diferentes enfermedades y por ende diferentes medicamentos dentro de la red hospitalaria, que pasaría si hubiera un hacker, una persona o institución con intenciones de dañar o restar credibilidad a la red hospitalaria y logra modificar su sistema informá-tico, alterando las recetas o medicamentos contrarios a los que necesitan los pacientes, ocasionando tal vez la muerte a muchos de ellos; agravándose aún más si alguno de los pacientes fuera una figura política, funcionario público o persona distinguida en el ámbito económico o social.

Un segundo ejemplo, que pasaría si en alguna de estas instituciones que paga los salarios a sus empleados por medio de cuentas electrónicas, se realizara

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un ciberataque en la fecha de pago, donde fuera modificada la planilla de salarios del personal, esto traería un caos dentro de los empleados y peor aún si dicha información de salarios fuera bloqueada y el dinero a cancelar fuera transferido a una cuenta de terceras personas, agrupación u organizaciones al margen de la ley.

Además un tercer ejemplo, si en una institución de jerarquía vertical como la Fuerza Armada, un hacker o ciberenemigo lograra filtrar el sistema infor-mático y enviara en nombre de alguno de los miembros del Alto Mando, una orden al comandante de una unidad militar que debería cumplir en el menor tiempo posible y esta al ser cumplida conlleve consecuencias colosales para la Institución Armada o para el Estado mismo, o más preocupante aún, que durante un vuelo rutinario de una aeronave de la Fuerza Aérea, el hacker o ciberenemigo lograra interferir los controles de la aeronave y la llevara a su destrucción dentro de un poblado, las consecuencias serían fatales para la Institución Castrense.

Con los anteriores casos hipotéticos se pretende ejemplarizar, los resultados negativos de no tomar las medidas de Ciberseguridad necesarias sobre las Tecnologías de Información y comunicaciones.

Legislación sobre Ciberseguridad en el ámbito Internacional y nacionalEn el ámbito internacional, al hacer un recorrido por la legislación universal relacionada al tema, se encuentra que cuando se dan los primeros destellos sobre las TIC, ya se encontraban vigentes las convenciones y protocolos, mo-tivo por el cual no existe a la fecha, norma alguna en el derecho internacional humanitario que dicte algo sobre la guerra informática; sin dejar a un lado, que el derecho humanitario es aplicable cuando los ataques implican el daño a bienes bajo protección o a personas, convirtiéndose dichos ataques en objeto de incumbencia del “Ius in bello” (Carlini, 2016).

En el caso de los bienes protegidos, son incluidos debido a que un ataque que provocara una descomposición de los sistemas que le aseguran, podría desatar una fuerza destructiva que causaría evidentes daños a la población ci-vil, aunque los ataques informáticos neutralizan tales objetivos de una forma


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bastante segura; se podría destacar las centrales de energía nuclear, represas, diques e incluso objetivos militares. También cuentan como bienes protegi-dos el agua potable, la cosechas, los productos alimenticios y el ganado; o sea, bienes que, dada su ausencia, causen hambre a la población, así como daños al medio ambiente.

Posteriormente como resultado de los ciberataques contra sistemas de infor-mación del gobierno de Estonia en 2007, en represalia por el traslado en Ta-llin del monumento a los soldados soviéticos caídos durante la Segunda Gue-rra Mundial desde el centro de la ciudad hasta el cementerio militar, la OTAN decidió establecer en Tallin, el Centro de Excelencia para la Ciberdefensa Cooperativa de la OTAN. Dicho centro convocó a un Grupo Internacional de Expertos en diferentes áreas de la defensa y Ciberseguridad, creando el Manual de Tallin, el cual intenta ser una herramienta para los juristas que quieran tener una visión global de los desafíos jurídicos internacionales rela-cionados con la conflictividad en el ciberespacio (Sánchez, 2015).

Los objetivos que pretendía alcanzar este manual eran, primero interpretar por primera vez, las normas existentes a los ciberataques, segundo unir el mundo ciber con el jurídico en su análisis y sus comprensiones mutuas y por último valorar la capacidad de los Estados de buscar el consenso sobre los límites éticos y jurídicos en el ciberespacio, especialmente en lo que respecta a la agresión armada y el empleo de la fuerza (Sánchez, 2015).

En consonancia con lo expuesto anteriormente, se realiza a continuación un recorrido por la legislación existente sobre el Ciber, en el Continente Euro-peo, donde cuentan con el Consejo de Europa, como organización destinada a promover la cooperación entre los Estados Europeos, ésta ha sido la primera organización internacional en adoptar un tratado para la lucha contra los deli-tos en internet. El Convenio del Consejo de Europa sobre Ciberdelincuencia (Convenio de Budapest) entró en vigor el 1 de julio de 2004 y fue ratificado por 35 Estados miembros (la mayoría perteneciente a la UE) y por otros como los Estados Unidos (Sánchez, 2015).

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Se trata del primer tratado internacional en hacer frente a los delitos informá-ticos y los delitos en Internet mediante la armonización de leyes nacionales, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación entre las naciones. Incluye aspectos legales como la jurisdicción y la extradición; también establece medidas de coordinación como la asistencia mutua para establecer un contacto permanente entre todas las autoridades competentes de los Estados firmantes.

En el caso de la Unión Europea, donde en mayo de 2010, la Comisión Eu-ropea presentó una comunicación titulada Una Agenda Digital para Europa. Esta constituye uno de los siete pilares de la Estrategia Europa 2020, para fijar objetivos que permitan el crecimiento de la Unión Europea hasta el 2020. El fin que persigue es proponer explotar mejor el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación para favorecer la innovación, el creci-miento económico y el progreso. Entre las acciones que presenta destacan la propuesta de establecer normas en materia de jurisdicción en el ciberespacio a nivel europeo e internacional y la de medidas para combatir los ciberataques (Sánchez, 2015).

La UE en la Decisión Marco del Consejo de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, señala una serie de delitos que darán lugar a la entrega, en virtud de una orden de detención europea, siempre que estén castigados en el Estado miembro emisor con una pena o una medida de seguridad privativas de liber-tad de un máximo de al menos tres años. Entre esta serie se encuentran los delitos de alta tecnología, en particular delito informático (Sánchez, 2015).

También en el ámbito de la UE se han desarrollado numerosos instrumentos para la regulación de las nuevas tecnologías y su afectación a los derechos individuales, como por ejemplo el Convenio 108/81 del Consejo, de 28 enero, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal o la Directiva 95/46CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de los datos personales de las personas físicas y a la libre circulación de estos datos (Cus-sac, 2010).


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Más recientemente la Unión Europea, ha creado una serie de Directivas con la finalidad de armonizar los ordenamientos europeos en materia de servicios de la sociedad de la información, los cuales aunque son de valiosa importancia, son de aplicabilidad únicamente para los países de la región europea.

Dentro de la normativa internacional de importancia y aplicabilidad al Conti-nente Americano, se encuentra dentro de las Naciones Unidas (NNUU), algu-nas resoluciones como las siguientes: Resoluciones de la Asamblea General 55/63 (2000) y 56/121 (2001). A través de estas resoluciones se invita a los Estados Miembros a que tomen en cuenta las medidas propuestas, al elaborar leyes y políticas nacionales, para combatir la utilización de la tecnología de la información con fines delictivos (Sánchez, 2015); Las resoluciones de la Asamblea General 57/239 (2002) para la creación de una cultura global de Ciberseguridad. A través de esta resolución se exhorta a crear la citada cultura teniendo en cuenta los principios de: conciencia, responsabilidad, respuesta ética, democracia, evaluación de riesgos, diseño y puesta en práctica de la seguridad, gestión de la seguridad y reevaluación. (Sánchez, 2015); Por úl-timo la resolución de la Asamblea General 58/199 (2004) para la protección de las infraestructuras de información. Se persigue estimular el desarrollo de normas de conducta en el ciberespacio que sirvan para la promoción del desarrollo socioeconómico y el suministro de bienes y servicios esenciales, la gestión de sus asuntos y el intercambio de información (Sánchez, 2015).

Analizando la regulación legal internacional referente a la Ciberseguridad, se encuentra la existencia de esfuerzos colosales por parte de los países desarro-llados para resguardar lo relacionado con las TIC, siendo de aplicación para un país o una región, careciendo en la actualidad de una ley de aplicación universal, ya que aún existen diferencias entre los Estados en cuanto la con-ceptualización y aplicación de los preceptos legales (Sánchez, 2015).

Para países en vías de desarrollo, especialmente para el continente america-no, son mínimos los esfuerzos por garantizar la Ciberseguridad, en algunos casos por falta de conocimiento o incredulidad a los efectos de las amenazas cibernéticas, falta de voluntad o apatía por tomar las medidas necesarias para contrarrestar las amenazas cibernéticas, y en otras por falta de asignación de

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recursos sean estos humanos, materiales y financieros.

La normativa internacional existente, algunas veces no abarca su campo de aplicación a países en vías de desarrollo con el caso de El Salvador, en otras, contradice la constitución y legislación interna de los Estados y algunas veces no se tiene disponibilidad de los recursos necesarios para su aplicación.

En el ámbito nacional, la legislación existente en el país para proteger lo re-lacionado a las TIC, de las ciberamenazas es incipiente, esto para evitar decir nula, y la existente se encuentra dispersa en diversas leyes, como es el caso del Código Penal, para el cual hay que extender sus términos para su aplica-ción, siendo la siguiente:

En el capítulo II de los delitos relativos a la intimidad, violación de comuni-caciones privadas y en su art. 184 expresa que el:

“Con el fin de descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, se apoderare de comunicación escrita, soporte informático o cualquier otro

documento o efecto personal que no le esté dirigido o se apodere de datos reservados de carácter personal o familiar de otro, registrados en ficheros, soportes informáticos o de cualquier otro tipo de archivo o registro públi-co o privado, será sancionado con multa de cincuenta a cien días multa”

(Asamblea Legislativa, 1997).

Sobre la Violación agravada de comunicaciones en el art. 185 se expresa que:

“Si los hechos descritos en el artículo anterior se realizaren por las perso-nas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, archi-vos o registros, se impondrá, además de la pena de multa, inhabilitación del

respectivo cargo o empleo público de seis meses a dos años” (Asamblea Legislativa, 1997).

Relativo a la captación de comunicaciones el art. 186 expone que:

“El que con el fin de vulnerar la intimidad de otro, interceptare, impidiere o


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interrumpiere una comunicación telegráfica o telefónica o utilizare instru-mentos o artificios técnicos de escucha, transmisión o grabación del sonido, la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, será sancionado con prisión de seis meses a un año y multa de cincuenta a cien días multa o Si

difundiere o revelare a terceros los datos reservados que hubieren sido des-cubiertos, a que se refiere el inciso anterior, la sanción será de prisión de

seis meses a un año y multa de cien a ciento cincuenta días multa” (Asamblea Legislativa, 1997)

Otra normativa en donde se considera algunas medidas para contrarrestar el empleo ilícito de las redes informáticas es la Ley Especial contra actos de terrorismo, de donde se retoman los artículos que se detallan a continuación:Sobre los delitos informáticos el art. 12 expresa que será sancionado con pena de prisión hasta quince años, el que para facilitare la comisión de cualquiera de los delitos previstos en dicha Ley, por ejemplo: Utilizare equipos, medios, programas, redes informáticas o cualquier otra aplicación informática para in-terceptar, interferir, desviar, alterar, dañar, inutilizar o destruir datos, informa-ción, documentos electrónicos, soportes informáticos, programas o sistemas de información y de comunicaciones o telemáticos, de servicios públicos, sociales, administrativos, de emergencia de seguridad nacional, de entidades nacionales, internacionales o de otro país (Asamblea Legislativa, Ley Espe-cial contra actos de Terrorismo, 2006).

Como tercer cuerpo legal esta la Ley Especial contra delitos informáticos y conexos, la cual provee la seguridad cibernética de donde se extraen dos artículos que en forma escueta y alargando su campo de aplicación podrían ser empleados para perseguir y sancionar las ciberamenazas a la Seguridad Nacional.

Siendo los siguientes Interferencia del Sistema Informático, en el art. 6 se menciona que:

“El que intencionalmente y por cualquier medio interfiera o altere el funcio-namiento de un sistema informático, de forma temporal o permanente, será

sancionado con prisión de tres a cinco años. Se considerará agravada la

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interferencia o alteración, si ésta recayera en programas o sistemas infor-máticos públicos o en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de salud, de comunicaciones, de provisión y transporte de ener-gía, de medios de transporte u otros de servicio público, o destinados a la

prestación de servicios financieros, la sanción de prisión será de tres a seis años” (Asamblea Legislativa, Ley Especial Contra Delitos Informáticos y

Conexos, 2016).

Este artículo da un valioso aporte, ya que cede una protección especial a los activos de información que sean de carácter público, dentro del cual cabe contemplar la información referente a la Seguridad Nacional.

Sobre el Espionaje Informático el art. 12 expone que “el que con fines inde-bidos obtenga datos, información reservada o confidencial contenidas en un sistema que utilice las Tecnologías de la Información y la Comunicación o en cualquiera de sus componentes, será sancionado con prisión de cinco a ocho años”. Si alguna de las conductas descritas en el inciso anterior se cometie-ren con el fin de obtener beneficio para sí o para otro, se pusiere en peligro la seguridad del Estado, la confiabilidad de la operación de las instituciones afectadas, resultare algún daño para las personas naturales o jurídicas como consecuencia de la revelación de la información de carácter reservada, con-fidencial o sujeta a secreto bancario, la sanción será de seis a diez años de prisión. (Asamblea Legislativa, Ley Especial Contra Delitos Informáticos y Conexos, 2016).

En este artículo existe un mayor acercamiento a la protección de la informa-ción propia de la Seguridad Nacional, válgase considerar la planificación en sus diferentes ámbitos, o sea el único dentro de la legislación interna de El Salvador que se acerca al fortalecimiento legal de la Ciberseguridad Nacio-nal, buscando proteger los sistemas informáticos del Estado.

Para ir concluyendo en lo referente a Ciberseguridad en el ámbito nacional, se establece la importancia que el Estado cuente con una normativa específica sobre Ciberseguridad, para proteger a las instituciones públicos y privados, la sociedad y el Estado mismo, de aquellos comportamientos ilícitos de los


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denominados hackers, y que se dedican a robar información, bases de datos, violar los códigos de seguridad, robos de identidad, estafas, entre otros; has-ta aquellos considerados como ciberenemigos que orientan sus esfuerzos al espionaje estatal o efectuar ciberataques a los sistemas informáticos de las dependencias del Estado, con énfasis muchas veces a la Institución Armada. De igual manera crear acuerdos internacionales o regionales a fin de perseguir el delito cuando este provenga de un país diferente.En lo referente a las Instalaciones críticas, en la actualidad, es preocupación de los Estados, la protección de la infraestructura critica, ya que estas son parte importante en el desarrollo de un país. Hablar de este término, es refe-rirse a las infraestructuras, las cuales son necesarias para el funcionamiento normal de los servicios básicos o suministros que al ser interrumpidos afectan incalculablemente a la población en general. Para mayor comprensión de este apartado se retoma la definición de Infraestructura Critica establecida en la Ley 8/2011 de España, y considerada en la revista especializada Documento Análisis, La protección de las infraestructuras críticas, de María José Caro Bejarano, de la siguiente manera: “Conjunto de recursos, servicios, tecnolo-gías de la información y redes, que en el caso de sufrir un ataque, causarían gran impacto en la sociedad, tanto física como económica, de los ciudadanos o el buen funcionamiento del Gobierno de la Nación”. Este impacto se mide según algunos criterios, que determinan la criticidad de una infraestructura, de los cuales se han establecido tres, 1) el número potencial de víctimas, 2) el impacto económico y 3) el impacto público. (Bejarano, 2011).La citada Ley tiene como objetivos primordiales, establecer las estrategias y las estructuras adecuadas que permitan dirigir y coordinar las actuaciones de los distintos órganos de la Administración Pública en materia de protección de Infraestructuras Críticas, previa identificación y designación de las mis-mas, impulsando, además, la colaboración e implicación de los organismos gestores y propietarios de dichas infraestructuras, a fin de optimizar el grado de protección de éstas contra ataques deliberados de todo tipo. Asimismo, la Ley regula las especiales obligaciones que deben asumir tanto las adminis-traciones públicas como los operadores privados de aquellas infraestructuras que se determinen como Infraestructuras Críticas (Bejarano, 2011).De acuerdo al fin primordial de la Ley 08/2011 y su reglamento, mencionado también por el Analista Caro Bejarano, es el establecimiento de una serie de

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medidas en materia de protección de infraestructuras críticas que proporcio-nen un soporte adecuado sobre el que se asiente una eficaz coordinación de las administraciones públicas y de las entidades y organismos gestores o pro-pietarios de infraestructuras que presten servicios esenciales para la sociedad, con el fin de lograr una mejor seguridad global. Estos servicios se asientan en 12 sectores estratégicos, subdivididos a su vez en subsectores, ámbitos y seg-mentos: Administración, Alimentación, Energía, Espacio, Sistema Financie-ro y Tributario (por ejemplo, banca, valores e inversiones), Agua (embalses, almacenamiento, tratamiento y redes), Industria Nuclear, Industria Química, Instalaciones de Investigación, Salud, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Transporte (aeropuertos, puertos, instalaciones intermoda-les, ferrocarriles y redes de transporte público, sistemas de control del tráfico) (Bejarano, 2011).

Viene entonces la reflexión, sobre el interés que deben tener los Estados para implementar sistemas de seguridad que garanticen su continuidad, pero no solo orientar esfuerzos a la seguridad física, ya que existen nuevas amenazas que aparecen cada vez con más fuerza, siendo estos los ciberataques como una incursión generalizada en el Internet junto al progresivo desarrollo de las TIC que ha colaborado al incremento agigantado de las amenazas de índole virtual intangibles, pero no por ello menos peligrosas.

Concatenando lo anteriormente expuesto, es de valioso interés señalar aque-llas que podrían establecerse como infraestructura crítica en El Salvador y los avances en la protección de las mismas.

Inicialmente vale la pena mencionar, que en la realidad salvadoreña el desa-rrollo se especifica que los procesos de sistematización y tecnología de las principales infraestructuras críticas públicas, aun se operan de forma mecáni-ca, lo que implica menor probabilidad de recibir ciberamenazas.

En cuanto a la Infraestructura critica en El Salvador, que puede ser objeto de algún ataque cibernético son aquellas que tienen conexión a un sistema de red por computadora u ordenador y con acceso a internet, ya que esta es la prin-cipal herramienta para llevar o ejecutar este tipo de acciones.


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En consonancia, la Infraestructura Critica en El Salvador, que amerita ser protegida por el Estado por estar sujetas de amenazas mediante cualquier ciberataque, se pueden mencionar dentro de otras: los sistemas de transaccio-nes bancarias, sistemas o almacenadores de datos del Sistema del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), Software de almacenamiento de datos de la Oficina de Inteligencia del Estado, datos personales y profesiona-les de funcionarios público, Sistema de recaudación fiscal, Cuentas patrimo-niales del Banco Central de Reserva, base de datos e información reservada de cuentas bancarias nacionales e internacionales, sistema de cámaras de vi-deo vigilancia, sistemas de información y controladores de vuelo, servidores de telefonías. De igual manera se cita a la empresa privada, con énfasis en aquellas de renombre y que haya interés por parte de actores con diferente intencionalidad.

La ventaja actual de algunas instituciones proveedoras de principales servi-cios, tales como ANDA, CEL, y sus generadores eléctricas, puertos maríti-mos, entre otros, aún continúan operándose de forma mecánica, o sea a través de switches de encendido o apagado en forma manual, que no son conectados a sistemas remotos de control por medio de redes o la internet, o sea la mayor parte de la Infraestructura Critica vulnerable de ciberataques se encuentran en las TIC, donde el Estado debe orientar sus políticas.

De igual manera, la Fuerza Armada posee infraestructura crítica que puede ser objeto de un ciberataque, dentro de las cuales se mencionan los sistemas de registro en el Hospital Militar, registro del personal activo y pensionado en el IPSFA, las dependencias del Ministerio de la Defensa Nacional, con énfasis en planillas salariales, sistema de Registro de Armas; las dependen-cias del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, especialmente en los registros o archivo de los planes de guerra y sus anexos, sistema del registro de personal de alta, planificación e informes de Inteligencia, el sistema de comunicaciones (SICOMFA), entre otros.

Cabe mencionar el desarrollo agigantado que tienen las TIC, en la actualidad, el incremento de efectivo y experiencia que están alcanzando los hackers y ci-berdelincuentes, y por parte de los entes receptores de los ciberataques, existe

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falta de conocimiento en algunos casos, falta de voluntad y preocupación por la protección de las redes informáticas y los sistemas de comunicación en otros, la falta de presupuesto para dichos fines, y la inexistencia de una ley contundente para prevenir y combatir a los actores de los ciberataques.Para contrarrestar los ciberataques a la Seguridad de información o a la In-fraestructura Critica, es necesario que los Estados cuenten con un Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad en Tecnologías de la Información (CERT). Cada Estado implementa sus políticas sobre la seguridad de acuerdo a su situación y sus necesidades. Ahora bien, antes de ahondar en el tema, se define el CERT, como una organización, equipo, unidad o capacidad de un organismo de ofrecer servicios y soporte a un colectivo determinado denomi-nado “comunidad” para prevenir, gestionar y responder a los incidentes de seguridad de la información que puedan surgir (Centro Criptologico Nacio-nal, 2011).

La Ciberseguridad es una responsabilidad del Estado, dentro de las cuales se encuentra la protección de la Infraestructura Critica, que para cumplir con dicha función requiere la conformación de un CERT, que cumpla con las características necesarias no solo para su buen funcionamiento, sino también para alcanzar resultados positivos. Como un ejemplo de las funciones impul-sadas por los gobiernos, se menciona la de España, encontrada en el borrador de la Guía de Seguridad (CCN-STIC- 810) creada por el Centro Cristológico Nacional del Ministerio de Defensa de España que establece en su apartado 10. Lo siguiente:

“La mayoría de las iniciativas impulsadas por los gobiernos en materia de estrategia nacional de seguridad de la información (como la Estrategia Es-pañola de Seguridad aprobada por el Consejo de Ministros del 24 de junio 2011) presentan una serie de ejes estratégicos análogos, que acaban por configurar un consenso común de los objetivos que persiguen: Coordinar actuaciones centralizadas ante usos nocivos y/o ilícitos de las TIC, abordan-do los siguientes aspectos: a) Reducción de vulnerabilidades y amenazas de los sistemas. b) Protección contra delitos informáticos. c) Capacidades de prevención, detección, análisis y respuesta temprana ante incidentes”(Centro Criptologico Nacional, 2011).


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“Proteger toda la infraestructura crítica de la información, de la cual depen-de el correcto funcionamiento del país; Fomentar la confianza y la seguridad de las redes de telecomunicaciones y de la información que por ellas circula; Divulgar el valor de la seguridad como elemento esencial de una Sociedad de la Información integradora; Comunicar y promocionar las mejores prácticas en seguridad informática para la prevención y respuesta ante incidentes y Fomentar iniciativas que garanticen la estabilidad y la continuidad de las redes” (Centro Criptologico Nacional, 2011).

El Salvador, no se encuentra aislado del uso indiscriminado de la TIC, quien para los distintos sectores (ciudadanos, sector público- privado y gobiernos) son una valiosa herramienta para facilitar las transacciones comerciales, in-teracción en las diferentes áreas con cualquier parte del mundo, incremen-tándose a la vez las posibilidades de recibir las ciberamenazas, teniendo que establecer como una actividad prioritaria la prevención, detección, respuesta, mitigación y recuperación en caso de desastre.

En la actualidad se pueden contemplar dos tipos de amenazas que deben con-siderarse para la protección de la información; la primera orientado a la debi-lidad de los sistemas donde se encuentra almacenada la información, teniendo como resultado la pérdida de esta, vulnerabilidad que puede ser solventada implementando infraestructuras que permitan alta disponibilidad de los sis-temas informáticos. El segundo tipo de amenazas va orientado con el uso in-debido o no autorizado de la información que se puede hacer por parte de las personas encargadas de la manipulación de la información o por entes o per-sonas externas, siendo el más reciente el caso “Panamá Papers” (ICIJ, 2016).

Dentro los objetivos de un CERT, se encuentran: minimizar y controlar los daños resultantes de incidentes, proporcionar una respuesta eficaz y la recu-peración de los servicios, asimismo trabajar para evitar futuros incidentes.Una posible organización de un CERT en El Salvador podría contar con los departamentos básicos, tales como el de Reactivos, uno de Proactivos y otro de Administración de la Seguridad, con una sección de Administración y Lo-gística, asistida con el personal necesario de acuerdo a las necesidades. Pu-

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diendo tener como misión la de proveer servicios reactivos, proactivos y de administración de seguridad informáticas a los diferentes componentes orgá-nicos de la institución u organismo.

Se considera que en El Salvador, hay desconocimiento en lo concerniente a la Ciberseguridad, por lo tanto no perciben los efectos de un ciberataque a las TIC ya sea del Estado, del sector público-privado o la ciudadanía en general, además de la falta de voluntad para resguardar las redes informáticas o la infraestructura crítica y por lo tanto poca conciencia por crear los CERT que integre a personas, software, conocimientos y equipos que reciban informes sobre incidentes de seguridad, analice las situaciones y responda a las amena-zas que vulneran la seguridad de la infraestructura dentro de las dependencias gubernamentales o privadas del país.

Para ahondar en el tema se estudiaron las estrategias sobre Ciberseguridad de diferentes países, entre los cuales se encuentra Estados Unidos de América, Reino Unido, Canadá, Francia, Estonia, Australia y España.

Las estrategias sobre Ciberseguridad de los países arriba mencionados pre-sentan algunas características y similitudes dignas de analizar y readecuar a una posible estrategia de Ciberseguridad en El Salvador.

Dentro de las características, se encuentran que las estrategias corresponden a países desarrollados, países que por su desarrollo tecnológico son los que más ciberamenazas han recibido en los últimos años, ganando experiencia para contrarrestarlos. Dentro de las similitudes en las estrategias, se encuen-tran: diseños de programas de reducción de riesgos del uso del ciberespacio, formación y concientización sobre el ciberespacio, cooperación nacional e internacional, creación de mecanismos de coordinación y repuesta ante inci-dentes, la prevención, desarrollo del marco normativo y legal universal regio-nal e individual.

Dentro de las observaciones que se hacen a las estrategias estudiadas, se en-cuentra inicialmente que no existe una legislación armonizada (universal) que permita contrarrestar las ciberamenazas en su conjunto, por lo que los países


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en forma particular realizan esfuerzos para fortalecer las capacidades de inte-ligencia y respuesta ante incidentes y amenazas, en igual manera estos países cuentan con la asignación presupuestaria suficiente para ejecutar las acciones de defensa del ciberespacio.Los países que han sido analizados centralizan las responsabilidades de la Ciberseguridad en una oficina de planificación, coordinación y seguimiento, fortaleciéndose con esto, las capacidades de monitoreo, y alerta temprana, se crea o fortalecen los equipos de respuesta antes incidentes, por considerarlos mejor posicionados para resolver el problema de las nuevas amenazas de for-ma más eficientes, se fortalecen las capacidades de inteligencia del Estado, se declara como necesidad estratégica la formación y concientización de los ser-vidores públicos, empresas y ciudadanos, para hacer frente a los ciberataques.Estos países establecen principios comunes de actuación, diseñan líneas de acción para alcanzar como Estado las capacidades necesarias de Ciberseguri-dad, creando las estructuras de decisión y coordinación, además del impulso del desarrollo de los sistemas de alerta y prevención adecuados que le permi-tan disponer de una visión en conjunto, lo que les permite dar una respuesta integrada a las ciberamenazas.

Si se relaciona con El Salvador, se identifica que no se cuenta con los obje-tivos, medios, legislación y procedimientos adecuados para detectar y con-trarrestar estas ciberamenazas, siendo necesario que los diferentes sectores tomen conciencia de la necesidad de contar con una estrategia de Cibersegu-ridad como parte de la Seguridad Nacional, que administre y conduzca los esfuerzos de los entes responsables de prevenir y combatir las ciberamenazas.Siempre refiriéndonos a El Salvador, se establece la necesidad de diseñar y aprobar una estrategia de Ciberseguridad que considere las políticas necesa-rias para disuadir, prevenir y contrarrestar las amenazas a las TIC, involu-crando por supuesto a todas las instituciones y organismos del Estado, para desarrollar un trabajo integrado, buscando alcanzar un objetivo en común.Dentro de los aspectos que deben ser considerados en la elaboración de una estrategia de Ciberseguridad en El Salvador se encuentran:

Primero Crear un ente coordinador de la Ciberseguridad a nivel nacional, siendo el responsable de regular lo relacionado con la Ciberseguridad, desde

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su planificación, coordinación, ejecución y seguimiento. (Wamala, 2011).

Segundo es necesario Crear una agencia (Centro Focal Nacional de Ciberse-guridad), ya que será el responsable de dar seguimiento al cumplimiento de las estrategias y políticas de Ciberseguridad, el cual por su especialización podría estar inmersa en la estructura de la Superintendencia General de Elec-tricidad y Telecomunicaciones (SIGET), ya que es el ente regulador de las telecomunicaciones. Pudiendo conformar esta agencia las dependencias otras dependencias del Estado y sector privado. (Wamala, 2011).

Tercero Fortalecer el marco legal, pues no es suficiente la recién aprobada Ley Especial Contra Delitos Informáticos y Conexos, ya que es frágil en cuanto no abarca y sanciona aquellos delitos que son producto de los ciberataques a las TIC, por el cual se requiere robustecer dicha ley o crear una nueva que sea más abarcadora en cuanto su campo de aplicación, ampliación en su abanico de ciberamenazas y contar con penas más severas (Wamala, 2011).

Cuarto Crear un Equipo de Respuesta de Incidentes. El cual debe de ser di-señado en armonía con el sector público- privado, o independiente, a fin de dar seguimiento a las políticas de Ciberseguridad y que tenga la capacidad de poder manejar cualquier incidente que requiera una respuesta a nivel nacio-nal. (Wamala, 2011).

Quinto Crear conciencia sobre la Ciberseguridad. Generar programas educa-cionales con el propósito de crear y fortalecer una cultura de Ciberseguridad a nivel nacional.

Sexto Diseñar y ejecutar un programa de entrenamiento sobre Ciberseguri-dad. Girar políticas para el entrenamiento y preparación de profesionales es-pecializados en Ciberseguridad.

Séptimo Cooperación internacional. Siendo las ciberamenazas con destino a cualquier Estado del mundo y viceversa, los hacker o ciberdelincuentes ubicados en un determinado Estado, se requiere de convenios o tratados para realizar un trabajo conjunto entre los diferentes Estados. (Wamala, 2011).


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Al hacer una comparación de la Ciberseguridad entre los países de la Región Centroamericana se observa que de acuerdo al Observatorio de la Cibersegu-ridad en América Latina, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su informe Ciberseguridad 2016, titulado Ciberseguridad ¿Estamos preparados en Amé-rica Latina y el Caribe? presenta un análisis sobre la situación actual sobre Ciberseguridad en los países de América Latina, dentro del cual hace referen-cia a los países de la región centroamericana.

El Salvador de acuerdo al informe, el principal organismo nacional encargado de la seguridad cibernética, es el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, quien en la actualidad desarrolla una estrategia de seguridad cibernética den-tro del marco de la Seguridad Nacional. El país tiene un CSIRT nacional, el salCERT que responde a los ataques cibernéticos y coordina con otros equi-pos de respuestas regionales.

La Asamblea Legislativa, ha promulgado leyes sobre protección de datos y acceso a la información pública que establecen normas para la transparencia y la libertad de información, así como la protección de la información personal de los ciudadanos. La División de Ciberdelito de la Policía Nacional Civil investiga delitos cibernéticos en el país y se ha asociado con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para llevar a cabo ejercicios de construcción de capacidad (Observatorio de la Ciberseguridad en América Latina y el Caribe, 2016).

El Salvador posee una tasa de penetración de internet de 30%, la mayor parte de la sociedad salvadoreña generalmente no es consciente de la seguridad cibernética. A la fecha no se han realizado campañas de sensibilización en el país. Las universidades actualmente no tienen la capacidad de oferta de opor-tunidades de educación en seguridad cibernética pero el gobierno está tratan-do de construir este tipo de programas (Observatorio de la Ciberseguridad en América Latina y el Caribe, 2016).

Guatemala no tiene una estrategia nacional de seguridad cibernética expresa.

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Su principal entidad de seguridad cibernética es el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática nacional, el CSIRT-gt, un equipo ad hoc que históricamente ha operado bajo el Ministerio de Defensa. Con la asisten-cia ofrecida por el CSIRT-gt, las fuerzas del orden tienen una cierta capaci-dad para investigar ataques y delincuencia cibernéticas, pero las autoridades manifiestan que hasta que no se cuente con una legislación integral sobre delincuencia cibernética, el sistema judicial tendrá dificultades para procesar los casos eficazmente (Observatorio de la Ciberseguridad en América Latina y el Caribe, 2016).

Los operadores de la Infraestructura Crítica Nacional han desplegado algunas medidas de seguridad y software que cumplen con la norma ISO 27000 y otras normas internacionales. La tasa de penetración de Internet en el país es del 23% y que su población es en gran parte rural, es inconsistente la asimila-ción de una mentalidad de seguridad cibernética en la sociedad.

Los miembros del Congreso han trabajado para abordar este tema mediante la formación del Frente Parlamentario de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que además de promover la legislación contra la delin-cuencia cibernética, tiene como objetivo promover la conciencia de seguridad cibernética y mejorar las normas y mejores prácticas en el sector privado y la sociedad civil (Observatorio de la Ciberseguridad en América Latina y el Caribe, 2016).

Existe una universidad técnica y varias empresas privadas ofrecen títulos y certificaciones en seguridad de la información. Además hay una serie de pro-fesionales con certificación CISSP (“Certified Information Systems Security Professional” en inglés) (Observatorio de la Ciberseguridad en América La-tina y el Caribe, 2016).

En Honduras no hay una política nacional de seguridad cibernética o un equi-po de respuesta a incidentes. Las partes interesadas de la Infraestructura Crí-tica Nacional están implementando tecnologías de seguridad y normas inter-nacionales, incluyendo ISACA, ISO 27002 e ITIL (“Information Technology Infrastructure Library” en inglés), para proteger mejor los activos nacionales.


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Honduras carece de un marco legislativo para la seguridad de las TIC; su legislatura está actualmente llevando a cabo reformas al código penal que introducirían leyes contra la delincuencia cibernética. La Dirección Nacional de Información Criminal de la Policía Nacional es la única entidad del país responsable de investigar los delitos cibernéticos, pero carece de un labora-torio forense digital o estadísticas nacionales sobre delincuencia cibernética (Observatorio de la Ciberseguridad en América Latina y el Caribe, 2016).

El Gobierno de Honduras ha promulgado una legislación parcial respecto a la privacidad, la protección de datos y la protección de la libertad de expresión. Con un bajo nivel de penetración de Internet (18%) y altos niveles de violen-cia relacionada con pandillas. Hay empresas internacionales de TI y algunas universidades ofrecen cursos y capacitación en seguridad cibernética para los estudiantes y empleados hondureños (Observatorio de la Ciberseguridad en América Latina y el Caribe, 2016).

En Nicaragua el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT) trabaja en el desarrollo de políticas nacionales y el aumento de la conciencia de seguridad cibernética, mientras que la Comisión de Gobierno Electrónico de Nicaragua (GOBeNIC) adelanta programas de gobierno electrónico y fa-cilita la discusión entre el gobierno y las industrias de infraestructura crítica. Hasta la fecha, Nicaragua no ha desarrollado una estrategia o política de segu-ridad cibernética nacional y el país no tiene un CSIRT formal para responder a incidentes cibernéticos.

El Código Penal de Nicaragua contiene cláusulas para judicializar la delin-cuencia cibernética y en 2012 la Asamblea Nacional sancionó la Ley de Pro-tección de Datos nº 787. Si bien no hay una oficina formal de investigación de delincuencia cibernética, la División de Crímenes Especiales y la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional manejan rutinariamente los casos de evidencia electrónica. La Policía Nacional también cuenta con un Laboratorio Central de Criminalística, que les proporciona análisis forense digital a las otras divisiones (Observatorio de la Ciberseguridad en América Latina y el Caribe, 2016).

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Un estudio realizado en 2014 por la empresa de software de antivirus ESET mostró que al menos el 50% de todas las empresas nicaragüenses han sido objeto de un ataque cibernético. Si bien las empresas en general aplican los estándares de seguridad, a menudo no capacitan a los empleados en seguri-dad cibernética; sin embargo un número de universidades ofrecen cursos y capacitación especializada en el tema (Observatorio de la Ciberseguridad en América Latina y el Caribe, 2016).

De esta manera es sabido que a nivel de la región centroamericana ningún país cuenta con estrategias de Ciberseguridad, sin embargo en este Informe Ciberseguridad 2016, El Salvador se encuentra a la vanguardia con los países vecinos (Guatemala, Honduras, Nicaragua) siendo el único país que desarro-lla una estrategia de seguridad informática (Aunque no se ha divulgado la propuesta completa), la cual es administrada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, de igual manera posee, de acuerdo al informe arriba seña-lado, un CSIRT nacional, que responde a los ataques cibernéticos y coordina con otros equipos de respuesta regionales. Cuenta con una ley recién apro-bada sobre delincuencia informática (Ley Especial de Delitos Informáticos y Conexos).

Se considera que las autoridades de los países de la región centroamerica-na no han alcanzado el grado de conciencia necesaria sobre la importancia que tiene la Ciberseguridad informática dentro de la Seguridad Nacional, los Estados no hacen esfuerzos por realizar campañas de sensibilización y sola-mente Guatemala y Honduras, consideran estudios en universidades y apoyo de la empresa privada en el área de seguridad cibernética, los países todavía carecen de políticas para abordar de manera proactiva su seguridad ciberné-tica, asimismo no cuentan con la legislación específica para proteger las TIC. Dicho de otra manera, se encuentran en la génesis en cuanto a la Cibersegu-ridad, siendo el momento oportuno para integrarse y formular una legislación regional sobre Ciberseguridad en conjunto.

Hablar de Ciberseguridad es hablar de la Seguridad Nacional de un Estado, y de no prestarle la atención debida podría causar estragos en los diferentes ámbitos de la seguridad de igual o mayor magnitud que un ataque o evento


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terrorista en el territorio físico.

El ciberespacio es un territorio desconocido por los diferentes sectores (Go-bierno, sector público-privado, ciudadanía) de los Estados, donde se carece de voluntad política, apatía, poco interés por invertir en hardware, software y en todo lo concerniente para la resguardar las TIC, carencia de un presu-puesto para su funcionamiento, sobre todo falta de diseño de estrategias de Ciberseguridad, falta de creación de un Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad en Tecnologías de la Información (CERT), pocos esfuerzos en la educación y en la concientización de la ciudadanía sobre el tema.

Como se advirtió al inicio del trabajo, el concepto de seguridad ha ido evolu-cionando desde su origen, pasando por sus diferentes facetas hasta alcanzar en la actualidad diversas concepciones de acuerdo a las diferentes corrientes existentes, entre otras se citan: Seguridad Colectiva, Seguridad Cooperativa, Seguridad Común, Seguridad Humana, estableciéndose nuevos conceptos como Hard/ Soft Power.

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FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR EN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ INTERNACIONAL Y OPERACIO-

NES MULTINACIONALES: IMPORTANCIA DEL FACTOR CULTURAL

Cnel. Ing. DEM José Camilo Benítez Hidalgo

RESUMEN

El factor cultural es importante en todos ámbitos de la vida, ya que permite interactuar de mejor manera con otras personas, pues provee conocimientos sobre las tradiciones, costumbres, formas de actuar que facilitan la interac-ción y acuerdos o negociaciones efectivas; por esa razón este conocimiento se vuelve imperativo en al ámbito militar, porque permite a los comandantes, en todos los niveles, adquirir previamente los conocimientos en los aspectos y factores culturales existentes en una nación o Estado con la finalidad de obtener o alcanzar el objetivo trazado.

Palabras ClaveCultura, Factor cultural, Operaciones de mantenimiento de paz, Operaciones multinacionales, Conciencia cultural.

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ABSTRACT

The cultural factor is important in all areas of life, since it allows better in-teraction with other people, because it provides knowledge about traditions, customs, ways of acting that facilitate interaction and effective agreements or negotiations; For that reason, this knowledge becomes imperative in the mi-litary field, because it allows commanders, at all levels, to acquire previously the knowledge in the aspects and cultural factors existing in a nation or State with the purpose of obtaining or reaching the outlined objective.

KeywordsCulture, Cultural factor, Peace Keeping Operations, Multinational operations, Cultural awereness.

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La Fuerza Armada de El Salvador posee experiencia en la participación de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y Operaciones de Coalición de acuerdo a la política exterior y según acuerdos y tratados establecidos con otros estados u organismos tales como la ONU, OTAN, Estados Unidos, Chi-le y España. Por ejemplo el Estado Salvadoreño legalizó su participación a través del Decreto Legislativo N° 547, de fecha 14 de noviembre de 2013, publicado en el Diario Oficial N° 229, Tomo N° 401, del 6 de diciembre del mismo año, en donde se emite la Ley Especial Transitoria para la Aplicación de la Resolución 1542 (2004), del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con relación al establecimiento de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, MINUSTAH, este decreto autorizaba hasta el 15 de octubre de 2014 la contribución mediante la aportación de un contingente, equipo y otros recursos necesarios de la Fuerza Armada de El Salvador, en forma combinada con el Ejército de Chile, en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, MINUSTAH. (Asamblea Legislativa, 2014).

Con respecto a la participación en MINUSMA I (MALI), el artículo 2 de la ley especial transitoria para la aplicación de la resolución 2100 (2013), del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativa al establecimiento de la misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en Mali, MINUSMA, para prestar apoyo al proceso político y llevar a cabo tareas de estabilización relacionadas con la seguridad de la Republica de Mali, contenida en el Decreto Legislativo No 94 de fecha 26 de agosto del 2015; determina que el contingente salvadoreño apoyara con los siguientes medios: una (1) Unidad Aérea, compuesta por un contingente de efectivos militares de la Fuerza Armada de El Salvador; tres (3) aeronaves tipo helicóp-tero modelo Hughes MD500E de la Fuerza Aérea Salvadoreña.

Es conveniente establecer el marco legal tanto externo como interno en ám-bito nacional e institucional, que da pie a la participación de la Fuerza Ar-mada en Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Iniciando con el marco que establece la ONU la resolución del Consejo de Seguridad, que crea la fuerza de paz y, en donde se establece la misión (mandato). Siendo la única autoridad bajo la cual dichas fuerzas pueden operar según art. 43. De la carta de la ONU. Con respecto al marco legal interno nacional que está basado en

FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR EN OPERACIONES...

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la Constitución de la Republica de El Salvador, en los Art. 157 que establece que el Sr Presidente de la Republica es el Comandante General de la Fuerza Armada y el Art 168 que determina las obligaciones y responsabilidades del Presidente de la Republica los siguientes ordinales:

1º Cumplir y hacer cumplir la Constitución, Tratados, Leyes y demás dispo-siciones legales.

4º Celebrar tratados y convenios internacionales.

11º Organizar, mantener y conducir la Fuerza Armada.

Referente al marco interno institucional esta la Ley de la Defensa Nacional que en el art. 2 Inciso 3º establece que uno de los objetivos de la Defensa Nacional es de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad interna-cional.

En el caso de la FAES esta experiencia fue acumulada a través de la participa-ción de contingentes y observadores militares en diferentes partes del mundo de las cuales podemos mencionar: Operación Iraquí Freedom, Afganistán, Líbano (FINUL), Haití (MINUSTAH/SALCON), Mali (MINUSMA), Sudan (UNMISS), Costa de Marfil (UNOCI), Sahara Occidental (MINURSO).

La Fuerza Armada de El Salvador, para desarrollar estas actividades en apoyo a la comunidad internacional ha desplegado parte de sus fuerzas de la siguien-te manera:

1.- Con la ONU, Contingentes en Líbano (FINUL) 52 elementos desde el año 2008 hasta la fecha, Haití (MINUSTAH/SALCON) 34 elementos desde el 2013 hasta la fecha, Mali (MINUSMA) 90 elementos desde el 2014 a la fecha, Iraq Batallón Cuscatlán 350 elementos en cada una de las once rotacio-nes desde el 2003 hasta el 2010. Así como observadores en Liberia 2 elemen-tos, Sudan (UNMISS) 3 elementos, Costa de Marfil (UNOCI) 3 elementos, Haití 1 elemento y Sahara Occidental (MINURSO) 3 elementos.

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2.- Con la OTAN el contingente en Afganistán (13 elementos), el cual finalizo su misión en mayo de 2014. (Ministerio de la Defensa Nacional, 2015).

Por lo tanto, esta investigación se orienta a determinar la importancia que reviste el factor cultural en la participación de la Fuerza Armada en las Opera-ciones de Mantenimiento de la Paz Internacional y las Operaciones Multina-cionales. Ante esto es preciso establecer una conceptualización sobre las ope-raciones de Mantenimiento de la Paz y de las Operaciones Multinacionales.

En ambas situaciones están involucrados personal militar de diferentes países que comparten intereses comunes para conformar alianzas, coaliciones ya sea bajo la supervisión de organismos internacionales o con otros países.

Las Operaciones de Paz son uno de los medios utilizados por las Naciones Unidas para mantener la paz y la seguridad internacionales. Dichas activida-des están integradas por fuerzas internacionales bajo el mando de Naciones Unidas y contribuyen a apoyar la vigilancia y resolver conflictos entre países hostiles y/o entre comunidades hostiles dentro de un mismo país. El postu-lado fundamental para el desarrollo de una Operación de Mantenimiento de Paz, se denomina principio de consentimiento. Así mismo, la formación de fuerzas de mantenimiento de paz, esta prescrita en la carta de la ONU, al ex-presar que su objetivo principal es mantener la paz y seguridad internacional.

La resolución del consejo de seguridad, crea la fuerza de paz, en donde se establece la misión (mandato). Siendo la única autoridad bajo la cual dichas fuerzas pueden operar según art. 43 de la carta de la ONU. También, se en-tiende que las operaciones de mantenimiento de la paz son especialmente útiles para recordar a las partes en conflicto que la comunidad internacional está pendiente de sus actos y de la legalidad de los mismos.

Por otra parte, hay que dejar constancia de que las operaciones de Manteni-miento de la Paz de Naciones Unidas no se basan en el principio de enviar fuerzas que luchen para poner fin a un conflicto, sino más bien, ser parte de la premisa básica de que una presencia imparcial de efectivos de fuerzas de paz de Naciones Unidas en la región donde se desarrolla un conflicto, hace


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que las partes implicadas procuren arreglar pacífica y negociadamente sus controversias.

De acuerdo con la Publicación Conjunta 1 de la Doctrina para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos define a las operaciones multinacionales de la siguiente forma: “Operaciones realizadas por las fuerzas de dos o más na-ciones”. Estas operaciones pueden ejecutarse bajo la estructura de una alianza o una coalición y también pueden realizarse bajo la supervisión de la ONU. Existen otros términos que son aceptados para referirse a las operaciones multinacionales estos son: alianza, bilateral, combinado, coalición, multila-teral. (Publicación Conjunta 1, 2009).

Ante estos términos se hace necesario definir cada uno, por tanto, tenemos en primer lugar que una Alianza

“Es una relación resultante de un acuerdo formal entre dos o más naciones que tienen intereses y objetivos en común muy amplios y de largo alcance, generalmente son suscritos mediante tratados; como ejemplo tenemos a la OTAN. Las operaciones realizadas con unidades provenientes de dos o más estados aliados se denominan como operaciones combinadas”. (Publicación Conjunta 1, 2009).

Mientras que una Coalición “Es una relación ad hoc resultante entre dos o más naciones para realizar una acción conjunta para una sola ocasión o para una cooperación más duradera en un área de interés común y con ob-jetivos específicos. Las operaciones realizadas por dos o más miembros de la coalición se denominan operaciones de coalición” (Publicación Conjunta 1, 2009).

Bajo la misma lógica de ideas es necesario centrarse en los factores cultura-les, psicológicos, religiosos, económicos, tecnológicos, de idioma y sobera-nía que deben ser considerados seriamente ya que afectan directamente en la planificación y ejecución de las Operaciones de Mantenimiento de Paz y Operaciones Multinacionales. A manera de ejemplo en lo relacionado al aspecto religioso el mes del Ramadán que es una actividad de mucha tras-

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cendencia para el mundo musulmán, pero es quizá hasta desconocido por muchos integrantes de las fuerzas militares de otros países; lo cual conlleva a cometer faltas de forma involuntaria significando esto una ofensa para los musulmanes. Para evitar cometer este tipo de faltas es conveniente impartir charlas, conferencias al personal integrante de los contingentes relacionadas a las costumbres y preceptos básicos del islam.

El idioma es una barrera muy condicionante ya que se requiere de personal intérpretes o traductores que muy a menudo no poseen un dominio completo del idioma; esta aseveración se sustenta en el caso de los contingentes salva-doreños que participaron en la Operación Iraquí Freedom; se comprobó que el personal iraquí no manejaba al cien por cierto el castellano lo cual dificul-taba la comunicación oral y escrita entre los miembros del contingente y los iraquíes. Esto creaba cierta desconfianza al realizar las coordinaciones entre el personal del contingente y las autoridades iraquíes en los diferentes niveles de la planificación y conducción; debido a que no se estaba seguro si la tra-ducción había transmitido exactamente lo dicho en castellano.

Además del idioma es necesario tener en cuenta la diversidad cultural y el choque que puede ocurrir; por ejemplo, la Fuerza Armada de El Salvador ha participado en diferentes partes del mundo (África, Asia y el caribe) juntamen-te con otros Estados y organismos internacionales. en el Líbano (FINUL), 52 elementos, Haití (SALCON), 34 elementos, Mali (MINUSMA), 90 elemen-tos, Sudan (UNMISS), 3 Observadores Militares, Costa de Marfil (UNOCI), 3 Observadores Militares, Mali (MINUSMA), 1 Observador Militar como Staff y Sahara Occidental (MINURSO), 3 Observadores Militares. (Ministe-rio de la Defensa Nacional, 2015). Esto demuestra la diversidad cultural a la que sus miembros se han enfrentado, debido a la cultura que poseen los habi-tantes de cada uno de esos países a los cuales se va a apoyar y también porque no decirlo con cada uno de los integrantes de las fuerzas multinacionales y organismos internacionales.

Ante esto se vuelve necesario determinar el concepto de cultura, para enten-der más acertadamente su importancia en el desarrollo de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y Operaciones Multinacionales. La concepción más


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básica del término cultura “Es un conjunto de conocimientos, ideas, tradicio-nes y costumbres que caracterizan a un pueblo, clase social, época, etc. Es un vocablo proveniente del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre”. (Grimson 2008) Por consiguiente, se puede decir que la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada.

Al referirse al concepto cultura se hace como una forma conjunta y amplia de conocimientos relacionados a un ámbito específico, ya que se puede referir a la cultura desde una perspectiva personal, gremial o colectiva, así como también a una concepción relacionada a una universalización de valores com-partidos por una comunidad.

Grimson (2008) pone el relieve en que hay diferentes y múltiples culturas siendo el denominador común que la humanidad es un ente cultural. Esto se enlaza con la participación internacional de la Fuerza Armada de El Salvador, en las operaciones de mantenimiento de la paz y multinacionales; ya que ha sido participe en la planificación, coordinación y ejecución en donde se invo-lucran miembros de diferentes y múltiples culturas. Como ejemplo se puede citar el siguiente: El Batallón Cuscatlán IV en el año 2005 formaba parte de la División Centro Sur cuyo Comando (Comandante y Estado Mayor) eran oficiales polacos. Así mismo el Cuscatlán IV tuvo su sede en el Campamento Charly ubicado en Al Hila, lugar donde albergaba personal militar de Mon-golia, Polonia, Estados Unidos, Rumania, denotándose a simple vista la di-versidad cultural del entorno tanto interno como externo. En esta diversidad de idiomas (castellano, mongol, rumano, polaco e inglés) la comunicación interna tanto oficial como particular se realizaban en inglés y en ámbito ex-terno con la población y autoridades iraquíes en árabe; por lo tanto el servicio administrativo de traducción e interpretación necesitaba contar con intérpre-tes de los idiomas inglés y árabe. Esta variedad cultural no fue obstáculo para mantener relaciones de trabajo profesionales entre los militares y población iraquí, manteniendo siempre una convivencia armónica y de respeto mutuo.

Otro aspecto importante es el que plantea Raúl Barrera Luna en su ensayo titulado El concepto de la Cultura: definiciones, debates y usos sociales, en

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donde cita a Boas “para comprender una cultura resulta necesario compren-der a los otros en sus propios términos sin proyectar nuestras propias cate-gorías”; volviéndose de suma trascendencia la consideración de este aspecto en la participación de operaciones de paz y de coalición. Lo anterior hace reflexionar sobre las diferencias culturales existentes debido a que se tienen creencias, valores y suposiciones muy diferentes sobre la realidad que varían de país a país o de región a región.

A manera de explicación uno de los ejemplos más gráficos que pueden ex-plicar este apartado es la utilización de los perros por parte de las unidades americanas durante la Segunda Guerra del Golfo (1991), ya que el personal militar estadounidense emplearon los perros con doble finalidad para la bús-queda de personas o para encontrar explosivos o municiones, pero para los árabes el perro es un animal impío y sucio lo cual representa en la cultura árabe un grave insulto ingresar a sus viviendas con un perro (Alfaro, 2016).

Otro ejemplo que puede mencionarse con respecto al choque cultural que se vivió en el Batallón Cuscatlán IV en Iraq es el siguiente: una tradición o costumbre en la población iraquí es que un hombre tome de la mano a otro hombre, este acto significa amistad, respeto y simpatía, caso contrario en la cultura salvadoreña no se acostumbra a tomar de la mano a otro hombre ya que esto significa falta de masculinidad u hombría. Por lo tanto es de suma importancia impartir al personal militar dentro de las fases de preparación, conocimientos culturales, valores, costumbres y tradiciones de la población que está dentro del territorio en cual se va operar.

Al tener una noción de la complejidad de la cultura y los choques culturales que pueden surgir en las Operaciones de Paz y multinacionales, es necesario analizar a continuación la conceptualización que sobre la verdad tienen varios ciudadanos alrededor del mundo: “para un alemán y un finlandés la verdad es la verdad. En Japón y Gran Bretaña todo está bien si no se desequilibra la situación, mientras que en China no hay verdad absoluta y en Italia la verdad es negociable”. (Lewis, 2007), por tal razón se examina en este ejemplo lo si-guiente, que el concepto de la verdad tiene diferentes concepciones, ya que lo que para unos podría ser correcto para otros no lo es, en otras palabras nadie


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tiene ni es dueño de la verdad absoluta.

“También existen percepciones muy diferentes en cuanto a los contratos y ética de una cultura a otra”…para los suizos, alemanes y los estadouniden-ses e ingleses son muy cuidadosos con los contratos y creen que una firma cierra cualquier negocio, los japonenses dan por sentado que un contrato es un punto de inicio que puede modificarse a medida cambian las situaciones, pero los latinos firman un contrato para evitar una discusión creyendo que es un formalismo que probablemente no hay que cumplir (Lewis, 2007).

Debido a que existen alrededor del mundo cientos de culturas tanto naciona-les como regionales el británico Richard Donald Lewis quien es un experto en comunicación intercultural categorizó las culturas por sus características en tres grandes grupos: activo lineal, multiactivo y reactivo. (Lewis, 2007).

Es así como las personas consideradas como activos lineales se caracterizan por ser planificadores y orientados a la tarea, hacen una cosa a la vez enfoca-dos a fechas límites, son lógicos y la planificación es muy importante en sus acciones. Tienen problemas a la hora de interactuar con personas de otros gru-pos ya que les gusta tenerlo todo bajo control, seguir todo al pie dela letra y por sus fríos modales de interactuar. Dentro esta categoría está los alemanes, suecos, suizos y holandeses (Lewis, 2007).

Por otro lado, están los multiactivos: les gusta hablar mucho, y son orientados a las personas, frecuentemente no siguen los horarios o llegar a tiempo a las reuniones. Son muy flexibles y no reparan mucho si las reuniones se alargan, son considerados personas con mucha energía y carga emocional en su accio-nar llegando a ser a veces impulsivos. Son multitareas es decir que ejecutan varias tareas a la vez dependiendo de la urgencia o interés que representan estas. Consideran a las relaciones humanas muy importantes en su lugar de trabajo. En este grupo tenemos a los hispanos, grecolatinos y en menor medi-da los árabes y africanos (Lewis, 2007).

Por ultimo están los reactivos, quienes se caracterizan por ser introverti-dos, orientados a escuchar a los demás y sobre todo respetuosos; escuchan

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muy atentamente a su interlocutor si llegar a interrumpir constantemente, frecuentemente hablan en monólogos expresando sus ideas en voz pasiva. Las relaciones humanas son de mucha importancia valorando la cortesía y la consideración. La persistencia en el trabajo y la búsqueda de la armonía son fundamentales para estas personas. En esta categoría tenemos a los países asiáticos, sobresaliendo China, Japón y Vietnam (Lewis, 2007).

Para una mejor explicación a continuación se presenta en Grafico 1, el Mo-delo triangular elaborado por Lewis para una mejor comprensión de estas categorías.

Grafico 1: Tipos culturales del modelo de Lewis obtenido de http://media.tumblr.com/7a2ce1eb9a84e2ef7e43d1a8506750b6/tumblr_inline_mspm3j-ToiA1qz4rgp.jpg

Al observar este triángulo se puede ver que los reactivos están representados por el círculo amarillo, los activos lineales por el azul y los multiactivos en círculo rojo. Al observar detenidamente en este modelo se verá que surgen otras subcategorías tales como: Multiactivos- lineales: Bélgica, Francia, Is-


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rael entre otros, Multiactivos-reactivos: India, Pakistán, Bulgaria entre otros y Lineal-activo-reactivo: Canadá, Finlandia, Singapur.

Según Lewis esta categorización cultural es obvia y conveniente porque per-mitirá predecir una conducta o reacción cultural, comprender porque las per-sonas hacen lo que hacen o porque actúan de esa manera no ofender a las personas que tienen otras culturas y buscar cierto grado de unidad o acerca-miento.

A continuación, se presenta la tabla ilustrativa 1 que contiene algunos facto-res de comparación tales como: tiempo, liderazgo, comunicación y trabajo en equipo en cada una de las categorías planteadas por Lewis.

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Tabla Ilustrativa 1: Factores de comparación según Lewis.

A través de esta Tabla se analiza que es dificultosa la interrelación entre las diferentes categorías (Activo Lineal, Multiactivo y Reactivo) debido a que cada quien posee sus respectivas concepciones con respecto a cada uno de los factores presentados. Esto exige tener un conocimiento cultural previo que permita conocer a la persona, organización, países con el propósito de esta-blecer buenas relaciones tanto personales, de trabajo y porque no decirlo tam-bién internacionales y tratar de predecir su comportamiento y poder afrontar la situación con suficiente solvencia.


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Entonces se entiende que existe dificultad en cuanto a la interacción entre cada una de las categorías, tal es el caso que la interacción entre un Lineal Activo y un Multiactivo; podría considerarse como difícil, ya que el primero está orientado a la tarea, es altamente organizado y planificador; mientras que el segundo está orientado a la persona, es locuaz. Mientras que la interacción entre un Lineal Activo y un Reactivo se podría considerar como satisfactoria debido a que el reactivo es introvertido, respetuoso y posee buenos hábitos para escuchar, por último con respecto a la interacción entre un Reactivo y un Multiactivo podría ser considerada como una pérdida de tiempo.

También es necesario conocer como otras personas de diferentes nacionalida-des actúan o se desenvuelven en reuniones o negociaciones, es decir que po-siciones adoptan, como negocian, conducen una conversación y trabajan en equipo. Para este efecto Lewis propone los patrones de comunicación durante las reuniones o negociaciones, esto es por medio de los siguientes diagramas, de los cuales se toman de ejemplo los de un estadounidense y un español. (Lewis, 2007). Estos diagramas indican el rango de la conversación, los blo-ques grises para marcar un obstáculo potencial.

Grafico 2: Patrón de comunicación de los americanos obtenido en www.tra-bajo-murcia.com/negocian-un-ingles-un-frances-y-un-espanol/

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Grafico 3: Patrón de comunicación de los españoles obtenido en www.traba-jo-murcia.com/negocian-un-ingles-un-frances-y-un-espanol/

El factor cultural es de suma importancia en todos ámbitos de la vida, ya que permite poder interactuar de mejor manera con otras personas, pues provee conocimientos básicos sobre las tradiciones, costumbres, formas de actuar que facilitaran la interacción para llegar a acuerdos o negociaciones efec-tivas. Este conocimiento se vuelve imperativo en el ámbito militar, tal y como lo establece la siguiente cita: “Así, aquellos líderes que tienen un mejor conocimiento cultural” es imprescindible y de mucha importancia para los comandantes en todos los niveles adquirir previamente los conocimientos en todos los aspectos y factores culturales existentes en una nación o estado con la finalidad de obtener o alcanzar el estado final deseado u objetivo trazado (Alfaro, 2016).

En la doctrina militar estadounidense se encuentra terminología relacionada con la cuestión cultural aplicable al desarrollo de empresas bélicas, esto como resultado de las lecciones aprendidas durante la participación del gigante norteamericano en conflictos asimétricos después de la caída del muro de Berlín o finalización de la guerra fría. Dentro de estos conceptos tenemos el de “Cultural Awereness” o en castellano “Conciencia Cultural”, “Cross-Cul-tural” “Awareness” o “Conciencia Transcultural” y el de “Comprenhensive Approach” o “Aproximación Global o Integral”.


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El Cultural Awareness o Conciencia Cultural se define como “El conocimien-to del terreno cultural para las operaciones militares y las conexiones entre la cultura y la guerra”, (Andrés, 2014) esto implica la comprensión de la necesidad de considerar la dimensión cultural en las operaciones militares, la concienciación de que los factores culturales son importantes en toda situa-ción dada y un determinado nivel de conocimiento de la cultura objeto (la del otro).

El Cross-Cultural Awareness se entiende como la capacidad de tomar con-ciencia de los diferentes valores culturales, creencias y percepciones ajenos desde la conciencia y proyección de los propios. El prefijo “cross” incide precisamente en la necesidad de un diálogo entre la cultura propia y la ajena, apuntando a la necesidad de proyectar nuestra cultural de manera comprensi-ble y respetuosa hacia el otro (así como de acercarnos de manera respetuosa a la cultural objeto), convirtiendo así el contacto cultural en puente de entendi-miento y limitando, por ende, su potencial de confrontación (Andrés, 2014).

El “enfoque integral” (Comprehensive Approach), que pretende encontrar pautas comunes que permitan una mejor cooperación entre los distintos ac-tores en presencia, que a menudo responde a objetivos, intereses y culturas organizativas diferentes. El enfoque integral pretende que todos los actores participantes concierten sus estrategias y acciones desde el primer momento y al más alto nivel, compartiendo objetivos y planeamiento para evitar que la gestión de la crisis pueda verse afectada por factores como la divergencia de prioridades, la falta de realismo en los objetivos, la duplicación en las activi-dades o el enfrentamiento entre estrategias.

El conocimiento profundo del factor demográfico y cultural constituye hoy una necesidad palpable en todos los niveles de conducción de las operacio-nes de paz, en un contexto donde éstas requieren de un mayor compromiso temporal, de un mayor multilateralismo y de una respuesta más integral o comprehensive approach (Citpax, 2009).

En efecto, desde distintos sectores civiles y militares recientemente se viene haciendo hincapié en la insuficiente formación por parte de los actores de paz

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y seguridad en aspectos que tienen que ver con el conocimiento de la cultura local donde operan. Esta carencia, que se manifiesta a nivel del personal des-plegado sobre el terreno, también se reproduce en el nivel superior estratégico e institucional.

Dentro de las conclusiones y recomendaciones elaboradas en el Seminario de Militares en misión de paz y población civil, la incorporación de un en-foque cultural en la actuación exterior de las fuerzas armadas, contenidas en el Documento CITpax nº 10 Octubre de 2009. Determina algunas soluciones prácticas con respecto a la concienciación cultural o cultural awareness:

En primer lugar, está la de realzar la figura del soldado raso o “cabo estratégi-co”, a partir de una formación integral, que refuerce su capacidad de relación intercultural y transcultural en el terreno. La formación debe incidir en el re-fuerzo de las capacidades del soldado para coadyuvar a la resolución de con-flictos, a través del dominio de diversas técnicas de mediación, negociación y diálogo intercultural. Se vuelve imperativo el adiestramiento relacionado al conocimiento y asimilación de aspectos básicos relacionados a la cultura, costumbres y tradiciones de la población que habita en el espacio geográfico en el que se desarrollara la empresa bélica (Citpax, 2009).

En segundo lugar, está el desarrollar capacidades de inteligencia para el mejor conocimiento del adversario, desde el punto de vista etnográfico y antropoló-gico, así como del entorno operativo en el que se desenvuelve (Citpax, 2009).Como tercer punto está el desarrollar fórmulas para incluir mejor los datos de que se dispone acerca del factor demográfico y cultural a nivel operacional, estratégico y táctico. En todos los niveles de la conducción militar debe ser considerado el estudio y análisis de todo lo relacionado con las actividades de índole demográficas y culturales, esto permitirá adquirir una mejor asimi-lación y aplicación de procedimientos, acciones dentro de la coordinación, planificación y ejecución de las operaciones (Citpax, 2009).

Así mismo en cuarto lugar está el promover la interoperabilidad cultural den-tro de las misiones multinacionales enviadas por las propias organizaciones internacionales, y en las relaciones entre las fuerzas militares y agencias ci-


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viles, que cuentan con estructuras y procedimientos muy diferentes. Ya que en las operaciones de mantenimiento de la paz y multinacionales interactúan organizaciones civiles y militares de varios países, es conveniente establecer adecuados canales de comunicación, coordinación y sobre todo unidad de acción que oriente los esfuerzos a la consecución de los objetivos trazados; tomando muy en cuenta los factores culturales de todos y cada uno de los involucrados (Citpax, 2009).

Como quinta conclusión esta exigir mayor exhaustividad y rigor en la co-municación con la población local. La comunicación debe fraguarse sobre la base del respeto a la diversidad cultural y la tolerancia, con la única limitación de no amparar actitudes, tradiciones, prácticas o valores que estén en contra-dicción flagrante con el derecho internacional y con los estándares internacio-nales de derechos humanos. Para la ejecución de una adecuada comunicación debe existir una adecuada política de comunicación estratégica que permita explotar nuestros éxitos y disminuir el accionar del enemigo o adversario. Así mismo, es necesario organizar un adecuado servicio de traducción e inter-pretación dentro del apoyo de personal y administrativo brindado a la unidad militar (Citpax, 2009).

Además, en sexto lugar esta evitar caer en el etnocentrismo cultural o creer que alguno o todos los aspectos de la cultura propia son superiores a los de otras culturas. Esto degrada la capacidad de análisis y de juicio sobre realida-des diferentes a la propia. Desde la organización y conformación de la unidad militar que participara en la misión de operación de paz o multinacional, debe hacerse hincapié que la cultura propia no es superior a la cultura de los habi-tantes que residen en el área geográfica en donde se desarrollara el apoyo. Al contrario el esfuerzo debe orientarse a aceptar y respetar la cultura del otro (Citpax, 2009).

Por último, se debe hacer un esfuerzo por ser conscientes de la propia cultura. Esto es, se debe conocer qué aspectos de la cultura propia pueden resultar chocantes ante una cultura extranjera y ser fuente de conflicto (Citpax, 2009).Ante esta serie de conclusiones contenidas en el Documento CITpax nº 10 octubre de 2009 se observa la importancia que un profundo conocimiento

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de una sociedad tiene cabida en los tres niveles de conducción de conflictos: estratégico, operacional y táctico. En el nivel estratégico, el apoyo a ciertos líderes, etnias o religiones determinadas podrían producir rechazos en la so-ciedad en general y alargar la solución de la crisis. A nivel operacional, la fal-ta de apreciación de los aspectos culturales, podrían conducir a implementar líneas de acción que podrían exacerbar la insurgencia; y a nivel táctico si se desconocen los usos y las costumbres las consecuencias podrían acarrear la afiliación de la población a grupos terroristas, el odio a todo lo occidental, la pérdida de confianza y la frustración entre los ciudadanos.

Pero no sólo este aspecto cultural es relevante en operaciones militares; es también significativo a la hora de interaccionar con otras agencias y orga-nizaciones internacionales presentes en el teatro de operaciones y con las instituciones locales. La conciencia intercultural y la comunicación son de vital importancia para las agencias a la hora de coordinarse y de llegar a metas comunes.Las operaciones recientes, en particular Irak y Afganistán, han mostrado la crudeza de los errores relacionados con la falta de apreciación cultural, en todos los niveles de conducción; por ejemplo, en el nivel estratégico, las po-líticas equivocadas fomentaron la crisis, como la falta de percepción en la aplicación de la orden de “de-baathificación” en Irak (2003), desconociendo que reforzaría el poder descentralizado tribal, fomentado la insurgencia.

Así también en el nivel operacional, se fomentaban los mensajes propagan-dísticos por radio, cuando la cultura iraquí tiene otros medios más eficaces de transmisión, como la calle, los cafés, etc.

Y en el nivel táctico, los errores hacen peligrar vidas, como desconocer que el gesto de “alto” al alzar una mano con la palma hacia el receptor, es entendido como un saludo en Irak. También se han dado casos de persecuciones por evi-tar hacer fuego y restringir el uso de la fuerza (medida loable), que han resul-tado desastrosas por entrar el pelotón persecutor con sus armas en un templo.A manera de conclusión el factor cultural en todo el sentido de la palabra, específicamente en el conocimiento de profundo en lo relacionado a las cos-tumbres, creencias, valores son de suma importancia ya que pueden influir


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en la planificación y ejecución en todos los niveles de la conducción militar, en el desarrollo de las empresas bélicas referente a las operaciones de paz u operaciones de coalición.

Así mismo conocer cuáles son las particularidades de cada una de las cul-turas con el propósito de saber cuáles son patrones de comunicación, como negocian, cuál es su comportamiento cuando ejercen el liderazgo y como di-rigen los equipos de trabajo. Esto para estar entendidos claramente cuál será nuestra estrategia de negociación o aproximación para lograr los objetivos planteados.Es conveniente que la Fuerza Armada de El Salvador incluya en la prepara-ción del personal de sus contingentes, educación y adiestramiento en todos los niveles en lo relacionado al factor cultural para aplicar la conciencia cultu-ral y evitar estereotipos. Que el personal integrante conozca sus obligaciones por las que se tienen que regir los soldados, el respeto a las costumbres del país, la sensibilización, la religión, cultura, tradiciones.

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EL ISLAM Y EL ISLAM POLÍTICO ¿ES EL ISLAM E ISLAM POLÍTICO UNA AMENAZA A LA DEMOCRACIA?

Cnel. Cab. DEM. Fredi Antonio Sánchez Urías

RESUMEN

Como tesis argumentativa de este ensayo se sostiene que al contextualizar al Islam y el Islam político se tendrá una visión holística sobre sus fundamentos conceptuales e ideológicos, por tanto se podrá determinar si son movimientos que amenazan a la democracia o solo es una conglomeración religiosa.

Palabras ClaveIslam, Islam politico, terrorismo, Conglomerado religioso, Estado Islamico.

ABSTRACT

The argumentative thesis of this essay argues that contextualizing Islam and political Islam will have a holistic view of its conceptual and ideological foundations, therefore, it will be possible to determine if they are movements that threaten democracy or is only a religious conglomeration.

KeywordsIslam, Political Islam, Terrorism, Religious Conglomerate, Islamic State.

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En los últimos años se ha observado la facilidad con la que personas o Insti-tuciones, han vinculado actos violentos terroristas en contra de la población civil en la mayoría de los casos, con el Islam; hecho que amerita la búsqueda de esa asociación remitiéndonos a las definiciones académicas que esto mere-ce. Razón por la cual existe la expectativa que este trabajo aporte en beneficio para la Comunidad Académica de la Fuerza Armada y todos aquellos que, por sus ocupaciones se ven envueltos en temas de Seguridad Nacional.

En primer lugar se usan algunas definiciones que se utilizarán en el desarrollo del presente ensayo; en segundo lugar, se argumentará sobre lo planteado y tercero concluirá sobre lo bosquejado.

Se inicia con la representación de que el Islam, de acuerdo al diccionario de la lengua española, lo constituye el conjunto de hombres y pueblos que siguen el islam; de igual forma define el Islamismo como un conjunto de creencias y preceptos morales que constituyen la religión de Mahoma (RAE, 2016).

De igual forma se toma en cuenta lo que académicamente se define como Ideología, así conceptualmente es la rama de la filosofía que trata el origen y la clasificación de las ideas. En otro sentido, un modo de manifestarse, a tra-vés de las ideas. Sin embargo, de acuerdo al concepto utilizado en sociología que se puede calificar de difuso y que se puede categorizar de la siguiente manera: primero reúne metáforas e imágenes a las cuales la sociedad respon-de de acuerdo a sus expectativas, segundo es un concepto no solo cognitivo sino que lleva intrínsecamente la parte emocional, tercero se identifica con momentos específicos que relaciona frustraciones y cuarto está relacionado a grupos sociales y las relaciones entre ellos (Fine y Sandtroms, 2007).

La ascensión del islam es quizás el más asombroso acontecimiento de la hu-manidad. Surge de una tierra y un pueblo, hasta entonces insignificante, y se propaga, en cuestión de un siglo, por la mitad de la Tierra sacudiendo grandes imperios, destronando religiones establecidas, remodelando el espíritu de las naciones, y construyendo el mundo del islam (Martínez, 2011).

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Inicialmente, se puntualiza que el Islam es una conglomeración religiosa, por ende es una religión en su esencia y se define como una religión monoteís-ta que tuvo su origen en las enseñanzas del profeta Mahoma (570-632) en Arabia, las cuales se encuentran en el Corán su libro sagrado; se identifica por respetar cinco columnas fundamentales: profesión de la fe, oración ritual, ayuno, peregrinación y limosna.

Dicho de otra manera los cinco pilares del Islam son la esencia misma de la vida de un musulmán: El testimonio de fe, la Oración, dar el Zakat (Ayuda a los pobres), ayunar durante el mes del Ramadán y la peregrinación a la Meca una vez en la vida para aquellos que tengan las posibilidades de hacerlo (Is-lam Religioso, 2008).

Al respecto a los aspectos más concretos de la religión musulmana, hay que señalar que el libro sagrado que constituye un manual con una sola interpre-tación, no tanto por su contenido, como por el principio de la religión mu-sulmana que deja libertad a cada cual para interpretar sus mensajes según su criterio (Navarro, 2011).

De igual manera se habla que el islam político podría asociarse con la idea de influir en la esfera política utilizando la religión, argumentando ante los Estados de sus respectivos países la desigualdad económica, social y política de sus habitantes, lo cual corresponde a los grupos sociales.

La ideología, en la práctica, de hecho interpreta las frustraciones sociales, políticas y económicas de la sociedad (Fine y Sandtroms, 2007) y las utiliza como medio de reivindicación social, económica, política y que en algunos casos utiliza el terror como método o lógica, y que podría asociarse a grupos insurgentes o terroristas respectivamente ante la falta de respuestas adecuadas del Estado (Mark, 2007).

Los contextos geográficos y realidades sociales, políticas y económicas influ-yen en la manera de abordar los diferentes temas o respuestas a las realidades, por ejemplo los hermanos musulmanes que tienen su origen en Egipto, y que cuentan con ramificaciones en otros países; sus respuestas difieren depen-

EL ISLAM Y EL ISLAM POLÍTICO ¿ES EL ISLAM E ISLA...

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diendo del país, los sirios y jordanos adaptan diferentes respuestas a las reali-dades sociológicas en donde residen (Ayoob, 2007).

Es así como Diversos Grupos terroristas de diversas áreas geográficas y quie-nes se adjudican el derecho de expresarse en nombre del Islam, podrían ad-vertir el uso del terror como lógica y fin último de sus acciones como un método de reivindicar la desigualdad entre occidente y sus sistemas políticos y el Islam. Hecho que guarda estrecha relación con la época colonial y sus conquistas. La religión, la radicalización del islamismo, se convierte en un método político cuando señala a un enemigo y se actúa contra él (Martínez, 2011). No se debe olvidar la estrecha relación de la época entre los sistemas políticos y la religión. El islam, como conglomeración religiosa parece haber asociado la religión con una manera de vida, que no eliminó las diferencias étnicas y tribales, al parecer relacionó la religión con la política, siendo que su génesis no fue pacífica. (Mansur, 2005).

De esa misma forma cobra relevancia la siguiente pregunta ¿Es el Islam, el Islam Político una ideología política que abandonó la teoría del movimiento social y que hace uso del terror como método o como lógica, o es una cons-trucción religiosa? Términos que se definirán a continuación.

El uso del terror como lógica se entiende como la usanza de la violencia en contra de la población generalmente civil, y que se ha convertido en una for-ma habitual de imponer la voluntad o lograr dominación política, territorial. etc. No se puede ignorar que históricamente se ha creído que el uso del terror, podría justificar injusticias en contra de las minorías por parte de los Estados es moralmente correcto y políticamente eficaz (Crenshaw, 2007).

La utilización del terror como método se entiende como el uso del mismo (terror) con los fines descritos en el párrafo anterior, pero como técnica para lograr un objetivo político de forma selectiva. Generalmente es usada por movimientos insurgentes y que como sostiene Mao, es a efecto de formar un gobierno paralelo (Mark, 2007).

De igual manera, se sostiene que: El Islamismo político como un todo, no

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es una ideología que utilice el terror ni como método (grupos insurgentes), ni como lógica (grupos terroristas). Lo anterior se establece, dada la falta de evidencias, por lo tanto el Islam político como tal no constituye una amenaza a la democracia, ya de que el hecho de ser político no significa que sea radical y utilice el terror o la violencia.

Asma Afsarudim, escribe sobre los conceptos de “Estado Islámico” y “Go-bierno Islámico”, los cuales considera como la piedra angular de aquellos que se adhieren al Islam Político; por lo anteriormente descrito se relaciona que una gran mayoría de islamistas concuerdan que esos conceptos fueron parte de las primeras manifestaciones del Islam, específicamente a las prácticas del Profeta Mohamed en el año 632 A.C y es en donde se considera fue acuñado el término de Estado Islámico o califatos que por primera vez, y que fue uti-lizado por su sucesor Ar. Rashidun, en el periodo 632-661 AC (Afsarudim, 2007).

Cabe la interrogante: ¿Cómo dichos conceptos han vuelto a tomar vigencia en la actualidad? La parte Suni el 90% de la población ha establecido “Estado Islámico” y la Chiita el 10% de la población musulmana “Gobierno Islámi-co”, lo cual ha sido encontrado en los escrito de Ayatollah Khomeini en l989 (Afsarudim, 2007). Por tanto dicho concepto se mantiene actual dado que el libro sagrado, deja libertad a cada cual para interpretar sus mensajes según su criterio (Navarro, 2011).

El sector chií es el más extremista, pero pese a las diferencias con el sector suní más moderado, poseen rasgos comunes, como el defender el modelo teo-crático de gobierno, aunque difieran en quién debe ser líder religioso en cada caso. Ambas facciones consideran la religión musulmana como la verdadera, por lo que resulta comprensible que en ambas tendencias se considere que ésta debería extenderse a todo el mundo para el bien de la humanidad, lo que también profesan las demás religiones mayoritarias (Navarro, 2011).

De la misma manera se puede deliberar si: ¿Son los sistemas políticos faci-litadores o inhibidores de actos terroristas o insurgentes? Naturalmente que existen sistemas políticos y económicos que podría ser facilitadores o inhibi-


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dores del terrorismo. Así mismo, existen académicos y líderes políticos que han manifestado que las democracias difícilmente van a la guerra entre ellos. Si eso es cierto se podría aseverar que el avance de las democracias estaría introduciendo a un nuevo mundo lleno de paz. Dicha hipótesis de acuerdo a quienes manifiestan que esta aseveración da origen a algunas preguntas tales como ¿Qué significa esto? ¿Es esto verídico? Si lo anterior es verídico ¿que implica para las relaciones internacionales? ¿Podría la realización de demo-cracias introducir a los países hacia una era de paz? (Russet, 1996). Solo cabe recordar los diferentes conflictos que se han librado en las últimas décadas con el objetivo de establecer la democracia tales como Irak y Afganistán, en años recientes.

Es válido también relacionar el concepto de Guerra Fría y algunos de sus antecedentes en forma sucinta; dicho conflicto tuvo su origen en una confron-tación política y militar y de potencias que crearon una bipolaridad mundial (EEUU-URSS) la era de oponentes con acciones militares, basados en dos sistemas políticos y económicos que dieron origen a un conflicto ideológico sin precedentes, materializados en alianzas que dieron comienzo a un mundo bipolar. Al finalizar dicha época se cree que el conflicto ideológico ha alcan-zado su finalización. Se prevé de igual forma que se está en la era del mundo multipolar, al considerar el término de la guerra fría en la década de los no-ventas y la aparición de nuevos potencias económicas como China, Alemania y su influencia en el mundo.

En años reciente se logra vislumbrar despojos de esa confrontación ideológi-ca y la búsqueda por su hegemonía tradicional se vislumbra nuevamente con la conformación de nuevos actores, cabe mencionar el Estado Islámico. Con base a lo anterior se puede inferir que las causas políticas, sociales y económi-cas que fueron utilizados por la ideología de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial subyacen en la actualidad.

La visión entre los estados democráticos de mantener la paz internacional ha sido evocada por innumerables pensadores en épocas diferentes, por ejemplo Emanuel Kant y su postulado de la “paz perpetua” y su significado. Es de inferir que se refería a las amenazas tradicionales como los conflictos entre

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Estados.

Continuando con el apartado de los sistemas políticos, y en el mismo orden de ideas, es importante considerar la importancia de incluir el concepto de Democracia Política, la cual se define por Guillent y Vincent de la siguiente manera “es aquella en que, siendo la libertad de un estado natural del hom-bre, el Estado no debe crearla, sino que se ha de limitar a permitir que pueda ejercerse sin inconveniente”. Los gobiernos juegan un papel importante en este aspecto (Guillent y Vincent, 2007). Entendiéndose lo anterior que los sistemas democráticos favorecen las libertades individuales y se convierten en inhibidores del terrorismo.

Con la base de lo anterior podría inferirse, de forma inicial que los sistemas políticos en que se desarrollan los diversos sistemas políticos y económicos podrían influir positiva o negativamente en el progreso de una ideología que abrace el terror como método o como lógica. De acuerdo a Thomas A. Mark terror es a menudo confundido con terrorismo, para él, el terror es una herra-mienta, un arma designada para fomentar miedo y la destrucción de un obje-tivo, a través de la creación de un estado paralelo, por otra parte el terrorismo utiliza el terror y lo utiliza como un fin (Mark, 2007).

De igual forma es importante incluir un recordatorio de la comprensión del área política del Islam, la cual se remonta a la época del profeta Mohamed, en donde se relaciona al profeta con una guía de origen divino, se dice que ante su fallecimiento y la falta del nombramiento de su sucesor fue el conglome-rado de seguidores, que mediante acto de consenso se acordó nombrar a su sucesor, ¿fue éste un acto político? Será el lector quien construirá su conclu-sión al respecto.

La construcción Ideológica se elabora mediante es el uso de una ideología, que se identifica con las frustraciones sociales, políticas y económicas, ha fa-cilitado el nacimiento de ideas radicales, como la concepción de purgar a las sociedades que de una u otra forma son diferentes a las de ellos. De igual ma-nera la teoría abstracta interpreta la dificultad de llevar a la práctica la teoría, realidad que hace una diferencia de aproximación dependiendo del contexto


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en que grupos se desarrollan, vale decir que no todos ven en su entorno la ne-cesidad de reivindicar a través de la violencia sus frustraciones. La ideología radical no es parte del Islam, al no adoptar en su totalidad el uso del terror como método o como lógica.

¿Qué significa el 9/11 en este contexto? Muchas discusiones han cobrado notabilidad después de los ataques a las torres gemelas de Nueva York, co-múnmente conocido como 9/11, siendo la primera discusión sobre si el Islam es político, segundo que es monolíticamente violento y tercero que la relación entre religión y política es inherente en el Islam (Ayoob, 2007). Con la base de lo anterior diferentes debates pueden construirse.

Dicho hecho acentuó la percepción que el Islam Político es una amenaza para el occidente, y aquellos conocidos pensadores como Samuel Huntington, quien en 1992 escribió sobre “El choque de las Civilizaciones”, y expresa-ba que en una causa principal de los nuevos conflictos posterior a la guerra fría, serían las identidades culturales y religiosas, lo anterior cobró relevan-cia, creando una especie de verdad que hacía posible concebir un ataque de una civilización contra otra. Huntington cree que mientras que la edad de la ideología había terminado, el mundo había vuelto a un estado normal; “No se trata de defender la conveniencia de conflictos entre civilizaciones. Es para establecer hipótesis sucesivamente descriptiva en cuanto a lo que el futuro puede ser”. (Huntington, 1993).

Continuando lo anterior ¿Qué significa dicho acto terrorista en los Estados Unidos de América para la Comunidad Internacional? Es común relacionar el hecho preponderante que los Estados Unidos han desarrollado en la comuni-dad internacional, y se ha inferido que esta nación es la cabeza dominante de la Cultura occidental en la actualidad y su papel hegemónico en las últimas décadas, sin descartar su papel en la paz en Europa en los conflictos mundia-les y su transformación posterior a dichos conflictos.

Con la base de lo anterior también surge la siguiente interrogante, ¿si los grupos armados vinculados o que pregonan su adherencia al Islam, general-mente se han organizado a efecto de destituir un gobierno establecido? O ¿la

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separación del mismo a través de hechos subversivos o terroristas que han originado un conflicto armado? Si fuera el caso de insurgencia cabria recordar a Mao quien establece que el centro de gravedad de la insurgencia es el apoyo popular (Mark, 2007) ¿Estaría la Comunidad Internacional enfrentándonos a una nueva insurgencia?

Por otra parte, Si se entiende lo anterior como el uso sistemático del terror en forma metodológica, deliberada y sostenida en el tiempo; también iden-tificada con ciertos valores, creencias. Porque los actores que utilizan actos terroristas para influenciar ciertos segmentos de la sociedad en donde se de-sarrolla. ¿Estaríamos presenciando el uso del terror en la Comunidad Islámi-ca? ¿Grupos terroristas estarían amenazando los sistemas democráticos? La respuesta es sí, grupos terroristas hacen uso del terror amenazan los sistemas democráticos; la Comunidad Islámica como un todo no hace uso del terror.

David Bukay plasma que es válida la pregunta ¿Si el Islam es compatible con la Democracia? Dicho escritor, quien se desempeña como profesor en la Uni-versidad de Haifa, Jerusalén, y quien apoya la tesis de Samuel Huntington; pregona que hay una extensa literatura que argumenta que el Islam posee mu-chos ingredientes para enriquecer el estado moderno. Muchos intelectuales musulmanes intentan probar que el Islam consagra los valores democráticos. Pero en lugar de dirigir el debate, a menudo solo lo siguen (Bukay, 2007).

En este contexto algunos investigadores occidentales apoyan la afirmación de que la democracia parlamentaria islamista y las elecciones representativas no sólo son compatibles con la ley islámica, pero que el Islam en realidad fomenta la democracia (Esposito, 2007). Entre los defensores más conocidos de la idea de que el Islam es compatible y que alienta la democracia es John L. Esposito, director fundador de la Alwaleed bin Talal Centro para el En-tendimiento Musulmán-Cristiano en la Universidad de Georgetown y autor o editor de más de treinta libros sobre el Islam y los movimientos islamistas.John L. Esposito, y sus varios coautores construyen sus argumentos tales como: “la democracia tiene muchos y variados significados”, “todas las cul-turas moldearán un modelo independiente del gobierno democrático” y “no puede desarrollar una democracia religiosa”. Sostiene que “los movimientos


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islámicos han interiorizado el discurso democrático a través de los concep-tos de la shura [consulta], Ifma [consenso], y Ijtihad [sentencia interpretativa independiente]” y llega a la conclusión de que la democracia ya existe en el mundo musulmán, “si la palabra democracia se utiliza o no” (Bukay, 2007).

El fin de las hostilidades ideológicas originadas por potencias que también podría interpretarse como el rendimiento de unos de los poderes enfrentados a los valores económicos, políticos y de libertad, a tal grado que países go-bernados por gobiernos autocráticos serian gobernados por sistemas políticos democráticos.

Por otra parte de acuerdo a Mohammed Ayoob, seguidores del Islam político sugieren que “el Islam es un cuerpo de fe que reconoce la política como un ordenamiento de la sociedad” (Ayoob, 2007) Guilian Denoeux define el Islam político como una forma de instrumentalización del Islam por individuos, grupos u organizaciones que persiguen objetivos políticos (Ayoob, 2007).

De igual representación, se establece que se pueden encontrar respuestas a la sociedad presente pensando en el futuro, haciendo referencia a la tradición que enmarca el Islam. Por otra parte By John L. Esposito and John O. Voll, expresan que hablar del islamismo y democracia resulta sumamente comple-jo, para algunos el Islamismo es incompatible con el sistema democrático y para otros el Islamismo necesita del sistema democrático para su realización (Bukay, 2007).Para algunos países islámicos donde la población se considera en su mayoría seguidores del Islam, la religión como tal apoya el sistema democrático, ya que, el estado como tal no se considera islámico y existe me-dios de expresión y selección de sus representantes en las votaciones.

Retomando lo anterior se puede preguntar, si los argumentos de Esposito son verdaderos, entonces ¿por qué la democracia no es fácilmente evidente en el Medio Oriente? Freedom House (ONG), que promueve democracia, libertad política, y derechos humanos, con sede en Washington DC), clasifica regu-larmente a los países árabes como entre los menos democráticos en cualquier lugar. Esposito adopta la creencia que la academia y las normas occidentales son intrínsecamente sesgadas y arremeten contra los dos estudiosos que pasan

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tales juicios sin experiencia con los movimientos islámicos y los que tienen un “sesgo secular hacia el Islam” (Ayoob, 2007).

En años recientes algunas sociedades islámicas han apoyado el derrocamien-to de sistemas establecidos con muchos años en el poder, entre ellos podemos mencionar Egipto, Túnez y Libia. Sin embargo en algunos países con mayo-rías islámicas se observa que la estructura del Estado es y ha sido secular en su estructura, independientemente que la religión oficial sea el Islam.

De esa misma forma, algunos islamistas en las últimas décadas han conside-rado que la democracia es un concepto impuesto por occidente; existe tam-bién el contra argumento que se advierte en la política exterior de algunos países occidentales, que han mantenido la proposición que las democracias como tales difícilmente no van a la guerra (Brown, Jones, Miller, 1996); y que conservan la obligación moral de expandir el sistema democrático donde a su juicio no existe, aunque para ello hayan iniciados guerras.

El Islamismo político es una ideología pacífica que a través de la religión o teología relaciona las necesidades y frustraciones de la sociedad con el entor-no político, y parafraseando Mohammed Ayoob nuevamente, a los seguidores del Islam les podrirá resultar obvio la comprensión más básica del Islamismo político, y sostener que el Islam como un cuerpo de fe tiene algo importante que decir acerca de cómo la política y la sociedad debe ser ordenado en la mundo musulmán contemporáneo, e implementado en cierta medida. (Ayoob, 2007).

Además, el Islam político no establece el uso de la violencia, ni predica la instrumentalización del Islam por individuos o grupos buscando alcanzar ob-jetivos políticos, no tiene en cuenta la ubicación geográfica, las condiciones sociales, políticas y económicas desiguales o iguales identificados en algunas sociedades musulmanas.

El Islam político, no coincide con los individuos que llega al poder tratando de construir un nuevo Estado fuerte y radical, individuos con la talla patrióti-ca tienen la tendencia a mezclar ideología y radicalización con el Islam políti-


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co, esto hace que la sociedad pierda la dirección de escritura y pretendan crear una sociedad con ideas radicales sobre el comportamiento social e individual, probablemente debido a la falta de conocimiento de las reglas del Islam o porque la ideología radical y la creencia de la expansión del Islam está en sus mentes (Ayoob, 2007).

¿Hay que ver al Islam como el enemigo del sistema democrático? No. No hay que ver el Islam político como un enemigo; la esencia del Islamismo es pacífica. Hace énfasis en una buena relación con los seres humanos en todo el mundo, estas concepciones no son radicales y el objetivo principal es mante-ner la identidad islámica, las tradiciones y la práctica.

El problema surge de aquellos individuos o grupos sociales que abandonan la teoría social y que aceptan como verdadero la adopción del terror como ló-gica (Mark, 2007), denominándose grupos terroristas, en el mundo islámico son los que pretenden utilizar la religión como método político equivocado, y que consiste en crear o generar el terrorismo; esos individuos o grupos que pretenden transformar las sociedades y la política, ya sea a través de medios constitucionales o religiones, creando extremistas transnacionales para crear acciones radicales y terroristas.

Es un hecho que parte del mundo musulmán sostiene que todo el mundo de-bería ser musulmán, es una realidad, y desearían llevarlo a cabo de un modo pacífico y religioso. Esta forma de la expansión islámica, no tiene que ser visto como una amenaza, la razón es que, otras religiones también, quieren llevar a cabo la misma misión especial en la civilización occidental; de hecho, lo que los seguidores están haciendo es mantener su misión de ampliar su mensaje a todo el mundo y mantener su identidad en especial con la civiliza-ción occidental. En algunos países como los Estados Unidos, podrían adver-tirse hechos religiosos que manifiestan intereses con la política, y viceversa la política interesada en denominaciones religiosas, especialmente el sector evangélico, lo anterior cuando se desarrollan las campañas que dan origen a las elecciones de funcionarios en los diferentes niveles de la estructura polí-tica de dicho país.

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Grupos de Islamistas preconizan la necesidad de dignificar sus acciones ante grupos de musulmanes que, al parecer de los primeros no siguen las tradicio-nes del Islam; éstos hablan de la edad de oro del Islam que puede ser encon-trada en el pasado, y su deseo intrínseco es que se vuelva a la pureza de la religión (Ayoob, 2007), de igual forma ven la relación con occidente como una relación entre pares y no de subordinación.

En el ámbito internacional, el argumento anterior de las relaciones de pares o de subordinación no es compartido en la generalidad de los islamistas, hecho referido a las relaciones internacionales de sus Estados; sin embargo, el hecho de la dignificación de su sociedad sí es compartido por la mayoría de ellos; causa muy bien encontrada a efecto de crear inquietudes al respecto.

De igual manera, el hecho de utilizar la religión para organizar a la gente con fuerte contenido de movimiento social y que construyen el razonamiento que divide a las sociedades y los coloca en contra de otras sociedades es real; este tipo de fundamentalistas cree que otras sociedades diferentes a las suyas, son las que tiene que ser vistas como un enemigos, pero estos no son parte de la verdadera fundamentación del Islam político.

Grupos como Al Qaeda y su figura emblemática representada en Osama Bin Laden y otros con ideologías radicales, que poseen la intención de destruir no sólo la sociedad occidental y Estados Unidos, sino instaurar la hegemonía del mundo musulmán real son las que en nombre del Islam, justifican su actua-ción en nombre de la religión.

También cabe mencionar el salafismo que se conoce como una ideología que propugna la instauración de un orden islámico universal que recupere las esencias del islam, hoy en día corrompidas. El salafismo actualiza la belige-rancia del islam de los primeros tiempos del islam (Veloso, 2011).

¿Qué es el Yihad en este contexto? De igual manera se considera que la Yihad bélica es una corriente, que sostiene que ésta es un pilar del Islam y el método de liberación de la Umma o comunidad de creyentes. Parte de una justifica-ción doctrinal de la Yihad y de una visión estratégica de su aplicación. Por


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ello, se pueden distinguir tres tipos y tiempos del Yihadismo: el revoluciona-rio de los años 1970, el internacionalista en el año 1985, y el global del 2001. En este sentido Aiman-Zawahiri quien mejor ilustra la trayectoria del islamis-mo armado y su evolución de la lucha contra el enemigo próximo al combate contra el enemigo lejano, de la revolución a la globalización. (Veloso, 2011)Por otra parte, la concepción occidental tradicionalmente pensaría que el Is-lam Político es un movimiento complejo y que está circunscrito a las fron-teras en donde se encuentra, la gran mayoría de actividades que se originan son pacíficas y dentro de los límites constitucionales que los rigen; por otra parte existen grupos terroristas con capacidades transnacionales y que si de-sarrollan actividades terroristas en nombre el Islam y que constituye el Yihad (Ayoob, 2007).

Siguiendo la idea se interpreta que la naturaleza de la vinculación organizati-va de las redes Yihadistas con organizaciones como Al-Qaeda, posee caracte-rísticas singulares, ha contado desde sus orígenes con un organigrama interno compuesto por diversos niveles de liderazgo y funciones especializadas, pero han combinado esa jerarquía con elevadas dosis de flexibilidad, pragmatismo y apoyo en redes sociales. Al mismo tiempo, el carácter transnacional de la ideología Yihadistas ha hecho posible que distintos individuos de distintos procedencias cooperen de manera simultánea. La dirección estratégica de las organizaciones se caracterizan por dejar un elevado grado de autonomía (Enamorado, 2011).

Para el escritor español Manuel R Torres, Al-Qaeda y sus asociados evolu-cionaron a un movimiento global de grupos Yihadistas y que son grupos te-rroristas, acota el termino de violencia a sus acciones y establece que ningún hecho de violencia será suficiente y que dicha acción es utilizada para destruir lo que ellos consideran sus enemigos y son realizados para causar terror entre la población civil.

Dicho escritor establece también la importancia o la relación entre las accio-nes y el objetivo propagandísticos de los mismos, lo enfoca no como un he-cho aislado sino con un fuerte contenido estratégico, el cual busca aumentar la adherencia de futuros miembros a estos grupos, lo cual ha sido observado a

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través de los diferentes sitios a través del uso de espacios virtuales.

La propaganda que transmite contenidos es creada a través de los diferentes medios, videos, medios escritos, espacios virtuales, etc., estos medios ayudan a crear identidad entre aquellos que de una u otra forma se identifican con las razones que ellos promueven, hecho que ha sido completamente explotada con la era de la globalización, hecho innegable en los últimos años (Torres, 2007).

No se descarta en la transmisión de contenidos y la utilización de símbolos, que se adelantan previo a los atentados, y que la audiencia podría interpretar; hecho que se relaciona al uso de símbolos en los movimientos con motiva-ciones ideológicas. En este caso si podríamos estar refiriéndonos a grupos terroristas identificados con el Islam y que si son dueños de una construcción ideológica (Torres, 2007).

También, Torres clarifica que los hechos insidiosos son diversos y pueden categorizarse en muertes, heridos, secuestrados, y todos tienen un mensaje, por otra parte expresa que para el año 2005 se identificaron un total de 4,500 grupos dedicados al uso de las redes sociales y cuyo único objetivo era pro-pagar la ideología terrorista lo cual ha hecho posible romper con las barreras geográficas.

De igual forma hace una diferencia entre aquellos que realizan acciones de hecho y aquellos que solo apoyan las campañas de propaganda y que se iden-tifican moral, dialécticamente, los cuales se identifican con los hechos violen-tos. Sin embargo, tanto en líderes como practicantes existen algunos que no realizan acciones de hecho pero si es claro que son personas de la Organiza-ción (Torres, 2007).

En este punto es importante comprender el número de militantes que pueden llegar a tener estos grupos terroristas, así pues analistas y funcionarios de Es-tados Unidos calculan que inicialmente había 10,000 combatientes, incluidos los que el estado islámico liberó de las cárceles y partidarios sunís que se han unido al grupo a medida que avanza en Irak. Cabe recordar que muchos Sunís


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fueron miembros de las fuerzas de Sadam Hussein, quienes en su mayoría fueron excluidos del proceso político de ese país. En la actualidad podrían reunir entre 20,0000 y 30,000 entre Irak y Siria (Karadsheh, 2014).

El adolescente Hamad al-Tamini, de solo 18 años, expresa que estudiaba reli-gión en Riyhadh antes de recibir las influencias de los Yihadistas y ser reclu-tado a través de internet. No se puede negar que dichos reclutamientos hayan sido posibles, en virtud de los medios sociales e invocar el nombre del Islam; sin embargo ISIS es descrita como una agrupación terrorista. Hay muchas nacionalidades, de Noruega, Estados Unidos, Canadá, Somalia, Corea, Chi-na, Turkmenistán, Tayiquistán, entre otras nacionalidades (Karadsheh, 2014).A efecto de concluir esta sección cabe reflexionar que la Yihad, pretende al-canzar objetivos políticos. El análisis de la propaganda Yihadistas demuestra con abundantes datos empíricos la existencia de objetivos, estrategias y ar-gumentaciones bien estructuradas en la comunicación de Al Qaeda y de otras organizaciones asociadas (Torres, 2009).

En conclusión, el islam es una religión en su esencia y se considera una re-ligión monoteísta que tuvo su origen en las enseñanzas del profeta Mahoma (570-632) en Arabia, las cuales se encuentran en el Corán; se identifica por respetar cinco columnas fundamentales: la profesión de la fe, la oración ri-tual, el ayuno, la peregrinación y la limosna.

Por otra parte se habla del islam político que podría asociarse con la idea de influir a través de la religión en la esfera política. La ideología que de hecho interpreta las frustraciones sociales, políticas y económicas de la sociedad y las utiliza como medio de reivindicación social; el terrorismo podría aso-ciarse a lo mencionado en cuanto que si el Islam Político es una ideología, pero no necesariamente está vinculada a grupos terroristas, ya que los grupos sociales que se desligan de sus fines y abrazan el terror como lógica o método dejan de serlo.

De esa misma forma el Islam y el Islam Político no es una ideología política que abandonó la teoría del movimiento social y que hacen uso del terror como método o como lógica, por lo tanto el Islam es una construcción religiosa.

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Grupos terroristas, quienes se adjudican el derecho de expresarse en nombre del Islam, pueden hacer uso del terror como lógica y fin último de sus accio-nes, utilizarlo como un método de reivindicar la desigualdad entre occidente y sus sistemas políticos y el Islam. Hecho que guarda estrecha relación con la época colonial y sus conquistas, no puede olvidar la estrecha relación de esa época entre los sistemas políticos y la religión.

El uso del terror como lógica se entiende como el uso de la violencia desme-dida o medida en contra de la población generalmente civil, y que se ha con-vertido en una forma habitual de imponer la voluntad, o lograr dominación política, territorial, etc. No se debe ignorar que en la historia se ha creído que el uso del terror, con causas de reclamar injusticias en contra de las mino-rías por parte de los Estados es moralmente correcto y políticamente eficaz (Crenshaw, 2007).

La utilización del terror como método es entendido como el uso del mismo (terror) con los mismos fines descritos en el párrafo anterior, pero como técni-ca para lograr un objetivo político de forma selectiva. Generalmente es usada por movimientos insurgentes que como sostiene Mao, es a efecto de formar un gobierno paralelo.

Si se concluye que el Islam en una conglomeración religiosa; de igual forma que el Islam Político es una ideología que como un todo no pregona o adopta el uso del terror; así mismo grupos denominados radicales, que evocan el Is-lam han adoptado el uso del terror como lógica, que los convierte en terroris-tas, y que atentan con los sistemas democráticos, al suplantar al Estado, crear Estados paralelos e ignorar los intereses y objetivos nacionales de las áreas o países en donde se encuentran.

En años recientes se han conocidos hechos sociales que han evolucionado a actos políticos a través del uso de los medios de comunicación social, dicho de mejor manera a través del uso de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones), especialmente utilizada por sectores de la sociedad con un fuerte componente de la juventud. Estos acontecimientos han generado un debate sobre realidades complejas en el ejercicio de sistemas políticos, y está


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relacionado a lo que aconteció en Túnez y Egipto en el 2010, la llamada pri-mavera Árabe. La primavera árabe se puede describir como el uso de medios abiertos para el debate público.

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LA RELACIÓN ENTRE LA ECONOMÍA FORMAL E INFORMAL EN EL LAVADO DE ACTIVOS

Licda. Teresa Leonor Alfaro Sifontes

RESUMEN

En la actualidad el lavado de activos se ha convertido en una actividad trans-nacional que se genera entre la economía formal e informal, por lo que esta investigación consiste en hacer un breve recuento de los antecedentes del lavado de activos y definir qué se entiende por éste, resumiendo los esfuer-zos para su tipificación penal y regulación; identificar cuál es el proceso o etapas mediante los cuales se lleva a cabo el lavado de activos; y finalmente determinar cuáles son las características o peculiaridades propias del lavado de activos en los sectores económicos formal e informal, y su impacto en la región centroamericana y nuestro país.

Es por eso, que el lavado de dinero implica tres etapas distintas como es la colocación, estratificación e inversión o integración; sin embargo la impor-tancia de tipificar como delito grave es de identificar, incautar y decomisar el producto de estos. Sin embargo, han nacido en el transcurso de la lucha por combatir contra el lavado de activos instituciones como ONU, OEA, FATF, GAFI, CICAD, PNUFID, UIF, entre otras.

Se concluye que las prácticas preventivas del lavado de dinero tienen su apli-cación principalmente en la economía informal no así en el sector formal, ya que se considera un ámbito más atractivo para el lavado de dinero, por la fácil colocación de fondos ilegales, la falta de controles gubernamentales, y no figuran como base impositiva.

Palabras claveLavado de activos, economía formal e informal, crimen transnacional.

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ABSTRACT

At present, money laundering has become a transnational activity that is ge-nerated between the formal and informal economy, so this research consists of a brief account of the history of money laundering and define what is un-derstood by the latter, Summarizing the efforts for its criminalization and regulation; Identify the process or stages through which money laundering is carried out; And finally determine the characteristics or peculiarities of mo-ney laundering in the formal and informal economic sectors and their impact on the Central American region and our country.

That is why, money laundering involves three different stages such as place-ment, stratification and investment or integration; However the importance of criminalizing is to identify, seize and confiscate the product of these. Howe-ver, they were born in the course of the fight against money laundering insti-tutions such as UN, OAS, FATF, FATF, CICAD, UNDCP, FIU, among others.

It is concluded that the preventive practices of money laundering are mainly applied in the informal economy, but not in the formal sector, since it is con-sidered a more attractive area for money laundering, easy placement of illegal funds, lack of Government controls, and are not included as a tax base.

KeywordsMoney laundering, formal and informal economy, transnational crime.

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El lavado de activos provenientes de delitos graves es una actividad transna-cional que requiere ser atendida desde dos puntos de vista: primero, como una forma de detectar y combatir los delitos de los cuales provienen estos fondos ilegales, atacándolos desde sus ganancias; y segundo, como una actividad grave en sí, que desestabiliza los mercados y pone en peligro las economías de los países.

La comunidad internacional hace grandes esfuerzos para que los Estados es-tablezcan medidas efectivas contra esta actividad delincuencial, y realiza un monitoreo constante de la implementación de éstas y de sus resultados. Sin embargo las dinámicas de este delito son distintas dependiendo del ámbito en el cual se mueven los capitales ilegales, ya que el control de movimientos en el sector económico formal dista mucho del control del sector informal.

El objetivo general del presente trabajo consistirá por lo tanto en analizar la dinámica que se genera entre la economía formal e informal en el lavado de activos. Para tales efectos, los objetivos específicos consistirán en hacer un breve recuento de los antecedentes del lavado de activos y definir qué se entiende por éste, resumiendo los esfuerzos para su tipificación penal y regu-lación; identificar cuál es el proceso o etapas mediante los cuales se lleva a cabo el lavado de activos; y finalmente determinar cuáles son las característi-cas o peculiaridades propias del lavado de activos en los sectores económicos formal e informal, y su impacto en la región centroamericana y El Salvador.

Con este análisis se pretende comprobar la tesis que el sector informal es más propicio para el lavado de activos debido a sus características y el bajo de nivel de control que se puede aplicar sobre las actividades de dicho sector.

Antecedentes y definición del lavado de activos

El lavado de dinero ha requerido de su tipificación en el marco de actividades de crimen transnacional cada vez más sofisticadas, siendo el primer esfuerzo para su combate internacional en 1988 mediante la suscripción de la “Con-vención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópi-cas”, conocida como la “Convención de Viena de 1988”, vigente desde 1990,

LA RELACIÓN ENTRE LA ECONOMÍA FORMAL E INF...

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la cual ha sido firmada y ratificada por 136 países de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la totalidad de miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Esta convención tipificó el lavado de dinero limitándose a las ganancias de los delitos de tráfico de drogas y estupefacientes. Posterior a ello, se dieron diversas iniciativas para la tipificación de este delito en las distintas áreas del mundo. Se destaca entre éstos, a finales de los años 1980´s, en el marco de la Reunión Cumbre Económica de París de los Jefes de Estado de las Siete Mayores Naciones Industrializadas (G-7) la creación de la FATF (Finantial Action Task Force) o GAFI por sus siglas en francés (Groupe d’Action Fi-nanciére), al que posteriormente se unieron numerosos países, y cuya labor consiste en llevar a cabo esfuerzos para prevenir la utilización de los sistemas bancarios y financieros para actividades de lavado de dinero, y mejorar la cooperación judicial multilateral.

Asimismo, en el marco de la OEA, se creó en 1986 la Comisión Interameri-cana Contra el Abuso de Drogas, (CICAD) que se encargó de la creación en 1992 de un “Reglamento Modelo sobre Delitos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos”. Posteriormente, en 1995, en el marco de la Cumbre de las Américas, se señaló la importancia de tipificar como deli-to el lavado de dinero producto de los delitos graves y de identificar, incautar y decomisar el producto de estos delitos.

El Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) desarrolló igualmente una legislación modelo sobre el tema. Finalmente, con el objeto de adecuar sus legislaciones nacionales a la normativa internacional suscrita y los modelos recomendados, los países de Centroamérica y Panamá suscribieron en 1997, el “Convenio Centroamerica-no para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos”. (CICAD, 1999). Adicional a los esfuerzos anteriores, es importante también destacar la suscripción en el año 2000 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, que también adoptó medidas contra el blanqueo de

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dinero, y de la que El Salvador es parte. (ONU, 2000). Para el caso específico de nuestro país, la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, en su artículo 4 tipifica este delito de la siguiente manera:

“El que depositare, retirare, convirtiere o transfiriere fondos, bienes o de-rechos relacionados que procedan directa o indirectamente de actividades delictivas, para ocultar o encubrir su origen ilícito, o ayudar a eludir las

consecuencias jurídicas de sus actos a quien haya participado en la Comi-sión de dichas actividades delictivas, […]. Se entenderá también por lavado

de dinero y de activos, cualquier operación, transacción, acción u omisión encaminada a ocultar el origen ilícito y a legalizar bienes y valores prove-

nientes de actividades delictivas cometidas dentro o fuera del país” (Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, 1998).

Asimismo, dicha ley menciona en su artículo 5 las siguientes actividades que constituyen casos especiales de lavado de dinero y de activos:

a) Ocultar o disfrazar en cualquier forma la naturaleza, el origen, la ubica-ción, el destino el movimiento o la propiedad aparentemente legal de fondos, bienes o derechos relativos a ellos, que procedan directa o indirectamente de actividades delictivas; y b) Adquirir, poseer y utilizar fondos, bienes o derechos relacionados con los mismos, sabiendo que derivan de actividades delictivas con la finalidad de legitimarlos (Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, 1998).

Cabe mencionar que la ley no sólo abarca los fondos provenientes de delitos relacionados con drogas, ya que en su artículo 6 señala que es aplicable a “todo acto de encubrimiento y legalización de dinero o bienes procedentes de actividades delictivas” (Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, 1998). La ley también determina en su artículo 3 que la autoridad gubernamental principal responsable de la investigación de este delito es la Unidad de In-vestigación Financiera (UIF), que forma parte de la Fiscalía General de la República, y el artículo 2 establece el sometimiento al control de esta ley, de instituciones y actividades que incluyen a bancos, casas de cambio, bolsas de


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valores y productos, importaciones o exportaciones, emisores de tarjetas de crédito, instituciones de transferencias de fondos y de préstamos, agencias de viajes, de transporte aéreo, encomiendas, constructoras, industria hotelera, etc. Según el artículo 9, estas instituciones deben informar a la UIF, sobre las operaciones sospechosas que detecten, bajo los parámetros establecidos por la ley (Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, 1998).

La UIF, conocida en otros países como Unidad de Inteligencia Financiera, es una figura común a todas las legislaciones contra el lavado de dinero, siendo su papel cada vez más importante. Las funciones comunes que caracterizan a estas unidades son tres: 1) Ser el repositorio en el cual se centraliza la totali-dad de la información financiera requerida a las diversas entidades y la infor-mación considerada sospechosa, asegurando de esta manera la recolección de datos; 2) Analizar la información recibida con la finalidad de detectar opera-ciones financieras criminales, lo cual incluye tres niveles de análisis: táctico (recolección de la evidencia), operativo (procesamiento para desarrollar in-teligencia operativa que sirve de base para la persecución penal) y estratégi-co (para evaluar tendencias); y 3) Derivar la información sobre actividades sospechosas a las autoridades responsables de la persecución penal de este delito, para que tomen las acciones adecuadas. Asimismo se destaca la im-portancia de la cooperación internacional de estas unidades, debido a que el lavado de activos se caracteriza por ser un delito transnacional (Schott, 2006).

Proceso o etapas del lavado

El lavado de dinero implica tres etapas distintas, posterior a la producción o recolección de los activos ilegales, siendo la primera la colocación de los fondos, consistente en integrar los fondos ilegales a fondos legales. Esto pue-de llevarse a cabo mediante la estructuración de los fondos en pequeñas su-mas (conocido como “smurfing” o “trabajo de Pitufos”) (ControlCapital.net, 2013). La segunda etapa es la estratificación, durante la cual se dan opera-ciones sucesivas, con la finalidad de ocultar, transformar y dar una legalidad aparente a los fondos ilegales. Esta movilización múltiple tiene por objeto dificultar la labor de las autoridades para detectar los fondos. La tercera etapa es la de inversión o integración, durante la cual los fondos ilegales regresan

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a la economía con la apariencia de fondos legales, convirtiéndose en títulos valores, inmuebles, o negocios fachada (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2008).

Por otra parte debemos contrastar con lo anterior, las medidas preventivas de lavado de dinero, recomendadas por el GAFI y el Reglamento Modelo de la CICAD, y que requieren de la colaboración del sector privado. Estas medidas se pueden resumir en los siguientes puntos: 1) Principios y valores éticos, códigos de conducta; 2) Política de conozca a su cliente; 3) Control sobre operaciones de los clientes; 4) Registro de operaciones en efectivo de mayor cuantía; 5) Informe o notificación de operaciones sospechosas; 6) Política de conozca a su personal; 7) Programas de capacitación; 8) Verificación del programa de cumplimiento; 9) Colaboración con las autoridades (BID, 2008).Obviamente las anteriores medidas de control implican el involucramiento de las instituciones y empresas formales para permitir a los entes contralores llevar a cabo la labor de detección de transacciones sospechosas, y por lo tanto es necesario que las sumas ilegales pasen a través de estas instituciones, es decir por los canales de un sector económico formal y por lo tanto debi-damente supervisado, para lograr ser detectadas. Esto viene a contribuir a la tesis planteada que el sector formal supone mayores controles que el sector informal.

Las instituciones y empresas que se mencionan anteriormente se agrupan en: proveedores de datos públicos, de código abierto, agentes bursátiles y de va-lores, bancos y cooperativas de crédito, proveedores de servicios de internet, negocios de servicios de dinero y de transferencias bancarias, proveedores de tarjetas de crédito o débito, agencias de viajes, y también se utilizan las bases de datos de organismos gubernamentales (Realuyo, 2012). Como se dijo ante-riormente, la legislación salvadoreña establece la obligación de reportar tran-sacciones sospechosas a instituciones comprendidas en los rubros anteriores.

Efectos del lavado de dinero

Los efectos del flujo de capitales ilícitos constituyen amenazas en cuanto al hecho de los mismos actos delincuenciales que los producen, ya que éstos no


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habrían sido cometidos sin el incentivo financiero que implican. Se ha llegado a considerar que su gravedad dependerá por tanto de la gravedad del delito del cual provienen. Igualmente, se habla del alto costo económico del narcotrá-fico (uno de los grandes generadores de capitales ilegales) en los sistemas de salud, debido a la carga generada por la atención a casos de abuso de drogas (Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, [ONUDD], 2011).

Por otra parte, el efecto del lavado de dinero en las economías de los países es grave: las empresas ilegales, que operan con base a fondos procedentes del lavado de dinero, atentan contra la competitividad mediante prácticas preda-torias (Fiorentini, 1999). Estas empresas, suelen ser fachadas y sirven para integrar los fondos ilegales a fondos legales (etapa de integración), no incu-rren en los mismos costos que las empresas legales, y por tanto las colocan en una situación de desventaja competitiva. Asimismo, los efectos negativos a niveles macro y macroeconómicos se hacen sentir en las economías de los países, especialmente en aquellos en vías de desarrollo.

Entre los efectos nocivos del lavado de activos que cita la ONUDD, se en-cuentran los siguientes: 1) Se produce una distorsión en la distribución de las inversiones, debido a que los inversionistas legales buscan oportunidades que les generen un mejor rendimiento, mientras que los lavadores de activos se orientan a inversiones que quizás no son muy rentables, pero les permiten no ser detectados; 2) Se distorsionan los precios, especialmente en mercado de bienes raíces, en el que el valúo de los inmuebles puede no ser transpa-rente; 3) Se distorsionan los patrones de compra, importaciones y exporta-ciones, debido al consumo de bienes de lujo (vehículos, lanchas, joyas, etc.); 4) Se generan problemas relacionados con el patrón de exportaciones, y de la balanza comercial, debido al ingreso de divisas a los países; 5) Se genera competencia desleal, cuando se quiebran los patrones de precios, de los co-merciantes legales; 6) Se da un incremento de las desigualdades en la distri-bución de la riqueza, debido a que los lavadores de activos súbitamente van incrementado su patrimonio frente a personas que no tienen acceso a mayores recursos, lo cual puede generar que estas personas se vuelquen a participar a su vez en el crimen organizado para obtener ganancias; 7) Se produce una dis-

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torsión en las estadísticas y las finanzas que puede llevar a tomar decisiones erróneas; 8) Se socava la credibilidad de las instituciones públicas, debido a la desigualdad en la distribución de la riqueza, las decisiones erróneas tomadas en base a cifras alteradas por el flujo de dinero ilegal, y la misma corrupción en el sistema, generada por los lavadores de dinero, como en el caso del fi-nanciamiento de campañas electorales, y los pagos a funcionarios públicos (ONUDD, 2011). Schott distingue además, en el ámbito de la corrupción, el soborno a empleados bancarios, abogados, contadores, autoridades supervi-soras, policiales, fiscales y jueces (Schott, 2006).

En la región centroamericana, el estudio “Siguiendo la Ruta del Dinero en Centroamérica” considera que los capitales ilícitos han penetrado las econo-mías formal e informal, y la institucionalidad de los países, teniendo como efectos negativos los siguientes: 1) Pobreza, lento desarrollo y corrupción, ya que la criminalidad eleva los costos de producción de las empresas, generan-do desempleo; 2) Ingobernabilidad debido a la corrupción; c) Distorsión del mercado, debido a cuestiones de inseguridad por la violencia que generan, y el hecho que sus bajos costos atentan contra la competitividad; 3) Desalientan las actividades lícitas, ya que su posibilidad de generar riquezas rápidas atrae a muchas personas; 4) Provocan imprecisión en la balanza de pagos, debido a que generan discrepancias estadísticas y afectan el cálculo real del Producto Interno Bruto (La Red, 2012).

Características o peculiaridades en los sectores formal e informal

Hasta el momento se ha visto de manera general el delito de lavado de dinero, sus efectos en las economías, y las recomendaciones para prevenirlo. No obs-tante existen diferencias en su dinámica, dependiendo del sector económico por cuya vía se mueven los capitales generados de forma ilegal. Como se ha visto en los anteriores apartados, los controles institucionales son mayormen-te aplicables a los flujos que pasan a través de instituciones bancarias, empre-sas y otras entidades sometidas a supervisión y obligadas a generar reportes de actividades sospechosas conforme a la legislación nacional. Sin embargo, los flujos que se mueven vía el sector informal y el mercado negro o econo-mía subterránea, como también se le conoce, son más difíciles de detectar,


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tomando en cuenta que “es difícil separar las transacciones lícitas e ilícitas cuando la estructura comercial de producción y distribución de bienes y ser-vicios no financieros está dominada por pequeñas empresas independientes o particulares que trabajan por su cuenta” y que es más probable que el lavado de dinero prospere en el contexto de un sector ya difuso que resulta difícil de identificar (BID,2005).

Durante la presentación en la ciudad de Tegucigalpa del estudio “Siguiendo la Ruta del Dinero en Centroamérica”, anteriormente citado, el editor del mismo, señor Eduardo Stein, quien además es coordinador de la Red Centro-americana de Centros de Pensamiento e Incidencia (RED), destacó que todos los países -de la región- son vulnerables ante el delito del blanqueo de dine-ro en la medida en que tienen espacios de economía informal muy grandes. Asimismo indicó que en los países de la región, la economía informal “llega hasta la mitad de la economía y permite colar espacios de ilegalidad. En mu-chas oportunidades las empresas no existen y tampoco tienen una dirección física en donde operan.” A la vez, estimó que el monto de dinero proceden-te del crimen organizado, ronda en Centroamérica los US$12,000 millones. (ElHeraldo.hn, 2012). Por otra parte, según cifras mostradas en un reporte de Global Financial Integrity de inicios de 2011, Centroamérica mueve cada año US$14.000 millones de dinero ilegal, según la siguiente distribución: Costa Rica, US$4.359; Panamá, US$3.940 millones; Honduras, US$2.828 millo-nes; Guatemala, US$1.354 millones; El Salvador, US$1.027 millones; Nica-ragua, US$774 millones (Jaramillo y Reynolds, 2013).

De lo anterior se colige que la economía informal que caracteriza a nuestro país constituye un nicho para el lavado de dinero, en virtud a que micro y pe-queña empresa no están sujetas a los controles más rigurosos bajo los cuales se encuentran las empresas formales. Como ejemplo de ello podemos citar las ventas de hortalizas, cereales y carnes en los mercados, la venta al menudeo de productos de vestuario y accesorios diversos, que en muchas ocasiones se mezcla con la venta en el mercado negro de mercadería falsificada, las clási-cas “tiendas” salvadoreñas, y en general cualquier negocio pequeño que no presente facturación y no esté obligado a llevar una contabilidad formal.

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Otro punto a destacar en este ámbito del sector informal lo constituye el sis-tema de remesas familiares, que viene siendo un verdadero sector financiero, debido a los volúmenes de dinero que los salvadoreños en el exterior envían a sus familiares. Estas empresas podrían estar siendo utilizadas para disfra-zar todo un sistema de “smurfing” de la etapa de colocación de fondos. De hecho, el 6º Informe de Seguimiento del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) señala dentro de sus recomendaciones, criterios para vol-ver más riguroso el control de las remesadoras de fondos, que a la fecha son consideradas entidades no-bancarias, y por tanto, aún cuando están obligadas a reportar actividades sospechosas, no están reguladas bajo normas estrictas (GAFIC, 2013). Relacionado con este tema, podemos destacar el que se ha llegado a considerar como “el caso de lavado más grande del mundo” cometi-do por una empresa de transferencia de dinero por medio de Internet, con sede en Costa Rica, responsable de haber movilizado $6,000 millones (Univision.com, 2013).

En El Salvador, recientemente hemos visto cómo se empieza a desarrollar un nuevo sistema de pagos formal en el sector informal: el “Pago Listo” de “Tigo Money” de la empresa de telefonía Tigo, que permite el intercambio de dinero virtual de un teléfono móvil a otro (Tigo, 2013). Esta modalidad se encuentra considerada como un canal no bancario que plantea un “desafío a los controles” (Realuyo, 2012). Mediante este sistema, se permite el flujo de dinero entre teléfonos móviles, y se requiere la presentación de un documento de identidad, sólo de la persona que compra el servicio en la agencia, y del úl-timo destinatario que retira los fondos en efectivo. Con este funcionamiento, el control sobre los movimientos intermedios es mínimo y se limita a núme-ros de teléfono que pueden no ser propiedad de la persona registrada como dueña del número telefónico, además del hecho que permite mover pequeñas cantidades de dinero que podrían llegar a masificarse.

Con el anterior análisis, vemos cómo se confirma la tesis de que el sector in-formal genera condiciones más propicias para las actividades que de lavado de dinero en sus diversas etapas, ya que los controles sobre dicho sector son mucho menores que aquellos que se aplican al sector formal.


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El lavado de activos es un delito de carácter transnacional, muy complejo, que requiere para ser detectado y procesado penalmente, del trabajo armóni-co y la colaboración de una diversidad de entes públicos y privados, y de la cooperación internacional. El ocultamiento de las ganancias generadas por la comisión de diversos delitos graves y su posterior legitimación son del interés de las organizaciones criminales, en su esfuerzo por no ser atrapadas. Los capitales ilícitos se mueven velozmente a través de diferentes tipos de transferencias, que el mundo moderno no hace más que facilitar, y por ello, los organismos internacionales han venido promoviendo diversas recomen-daciones para una detección efectiva de estos capitales, que es el primer paso para su persecución.

Muchos esfuerzos a nivel internacional y nacional se han realizado para con-tar con un marco legal mundial y regional, y con instituciones dedicadas a la prevención de este delito, y la supervisión de los esfuerzos realizados en el marco de su combate. En el presente trabajo se ha tratado de proyectar una visión general sobre estos esfuerzos, en qué consiste el lavado de activos, sus distintas etapas, los efectos nocivos que conlleva, y las peculiaridades propias de los sectores formal e informal en la dinámica del lavado de dinero, tomando en cuenta algunos ejemplos propios de nuestro país. Ha quedado claro el grave efecto que el delito de lavado de activos tiene en las economías, la sociedad, y la gobernabilidad de los países, su incidencia en el Desarro-llo Nacional, la libre competencia, y la corrupción generalizada tanto en el sector público como en el privado. Igualmente se ha constatado cómo los controles establecidos por la normativa vigente sobre los flujos de dinero, y las prácticas preventivas del delito de lavado de dinero tienen su aplicación principalmente en la economía formal, cuyos flujos de dinero constituyen base impositiva y pasan por los canales de las instituciones financieras for-males. Asimismo hemos advertido que, por el contrario, el sector informal es un ámbito más atractivo para el lavado de dinero, en el sentido que se presta a las actividades propias de la etapa de colocación de fondos ilegales, por la falta de controles gubernamentales, ya que los ingresos del sector no figuran como base impositiva.

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Esto nos ha permitido comprobar por lo tanto, la tesis planteada al inicio de este trabajo, en cuanto a que el sector informal es más propicio para el lavado de activos debido a sus características y el bajo de nivel de control que se puede aplicar sobre las actividades de dicho sector y sus ganancias.

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COLEGIO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOSUNIDOS POR EL SALVADOR