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SET. 2915

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INFORME COMPLEMENTARIO AL SOLICITADO POR LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO

El Presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, mediante Oficio No 0125-2016-2017-CCR/CR de 13 de setiembre de 2016, solicitó a esta Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 228/2016-PE, que propone la "Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de Reactivación Económica y Formalización, Seguridad Ciudadana, Lucha Contra la Corrupción, Agua y Saneamiento y Reorganización de Petroperú S.A."; que solamente pasó para estudio de la Comisión de Constitución y Reglamento, mediante Decreto del 12 de setiembre de 2016.

Sin embargo, además de la opinión sobre artículos específicos de la consulta, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera ha incluido su opinión sobre la materia de su ámbito de competencia considerados en el Plan de Trabajo de la Comisión que fuera aprobado por unanimidad y adicionalmente se pronuncia sobre los aspectos económicos del resto de artículos del Proyecto de Ley N° 228/2016-PE, que propone la "Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de Reactivación Económica y Formalización, Seguridad Ciudadana, Lucha Contra la Corrupción, Agua y Saneamiento y Reorganización de Petroperú S.A.".

Por tratarse de una propuesta legislativa que proviene del Poder Ejecutivo, es de aplicación lo señalado en el Artículo 105° de la Constitución Política del Estado, por lo que se puede conferir a este proyecto de ley el carácter de urgente, tal como establece el literal a) del artículo 76° del Reglamento del Congreso.

El Ministro de Economía y Finanzas y el Primer Ministro se presentaron ante el Pleno de la Comisión el 15 de setiembre de 2016, sustentando respectivamente la materia económica y el resto de propuestas materia del presente Informe.

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Carro dt Céllihrilit y :Zt.lirnotir. Informe Complementario sobre el Proyecto de Ley N° 228/2016-PE, por el que se propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de Reactivación Económica y Formalización, Seguridad Ciudadana, Lucha Contra la Corrupción, Agua y Saneamiento y Reorganización de Petroperú S.A.

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1. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley propone que el Congreso delegue en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de Reactivación Económica y Formalización, Seguridad Ciudadana, Lucha Contra la Corrupción, Agua y Saneamiento y Reorganización de Petroperú S.A. por el plazo de ciento veinte (120) días calendario contados a partir de la vigencia de la misma, en los términos a que hace referencia el artículo 104 de la Constitución Política del Perú.

El objetivo de la propuesta es impulsar la reactivación y formalización económica, establecer las bases de un país más moderno, competitivo y que genere igualdad de oportunidades de desarrollo a los ciudadanos; un Estado eficiente en los servicios que presta, simplifique los trámites y procedimientos administrativos, y

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que cierre la brecha de infraestructura; combatir la inseguridad ciudadana y la corrupción; dar acceso universal a los servicios de agua y desagüe; asegurar la operatividad y modernización del Oleoducto Nor Peruano y Petroperú.

La propuesta plantea delegar facultades al Poder Ejecutivo, entre otros, e - los siguientes aspectos, agrupados en cinco grandes ejes:

Eje 1: Reactivación Económica y Formalización

Tiene como objetivo ampliar la base tributaria, reactivar la economía y facilitar la formalización, para lo cual se:

• Reducirá el IGV de 18% a 17% (un punto porcentual). • Elevará la tasa del Impuesto a la Renta empresarial para las medianas y

grandes empresas (elevará canon de Gobiernos Regionales y Locales) • Disminuirá la tasa del Impuesto a la Renta para las Mypes, tendrán un régimen

especial donde se pagará menos impuestos y se simplificará pagos. • Permitirá que las personas naturales deduzcan sus gastos de salud y viviE.1-

del impuesto a la renta. • Simplificará, estandarizará y optimizará los procedimientos administrativos en

el Estado y se buscará eliminar continuamente las barreras burocráticas. • Formalizará la minería a pequeña escala, se facilitaran los procedimientos • Destrabará los proyectos de inversión (pública y privada) y cerrará la brecha

de infraestructura. • Mejorará las reglas fiscales para evitar que se paralice inversión de gobiernos

regionales y el control del déficit fiscal sea efectivo. • Reformará el SNIP. • Reestructurará y descentralizará Proinversión para incrementar inve

privada en infraestructura social (APP y Obras por Impuestos). • Creará el Sistema Nacional de Abastecimiento Público para mejorar calicac y

precios de compras estatales. • Desarrollará infraestructura deportiva para los Juegos Panamericanos de Lima

2019.

Eje 2: Seguridad Ciudadana

Tiene como objetivo combatir la inseguridad ciudadana a fin de garantizar la protección de todos los ciudadanos, para lo cual se:

• Mejorará las herramientas legales contra el crimen e impondrá sanciones penales efectivas, con mayor severidad en las penas y acumulación de ellas.

• Declarará en Emergencia y reestructurará el Sistema Nacional Penitenciario (SNP). Se reducirá hacinamiento: extraditará reos extranjeros, mayor infraestructura, y resocialización (penas por servicios comunitarios).

• Modificará la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para incrementar participación de autoridades locales y regionales.

• Compartirá la competencia de Seguridad Ciudadana con los Gobiernos Locales y Regionales, previa coordinación con el Mininter y la PNP. También se tomaran medidas en caso de incumplimiento de las funciones o acuerdos que se adoptan al interior de los Consejos de Seguridad Ciudadana.

• Formulará una política pública para la prevención del delito. Los programas y las acciones de los tres niveles de gobierno estarán orientados a frenar la generación de eventos delictivos y transformar las causas que los ocasionan.

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• Modernizará la estructura organizacional del Ministerio del Interior y la PNP, para incentivar la especialización profesional, modificar las modalidades de servicio, el régimen disciplinario y la carrera policial.

• Fortalecerá el sistema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, dándole a la UIF mayores facultades para compartir información con los entes involucrados, y autorizándole que levante el secreto bancario y reserva tributaria con permiso de un juez especial.

Eje 3: Lucha Contra la Corrupción

Tiene como objetivo un país honesto, transparente y libre de corrupción, para lo cual se:

• Creará la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales, para garantizar, el derecho (administrativo) al acceso a la información.

• Implementará mecanismos de protección e incentivos para los ciudadanos para combatir la corrupción. Además, se inhabilitará a los condenados por delito contra la administración pública.

• Creará la Procuraduría General del Estado, que tendrá autonomía funcional, técnica y administrativa. El Procurador se escogerá por concurso público.

Eje 4: Agua y Saneamiento

Tiene como objetivo proveer de agua a cerca de 4 millones y saneamiento a casi 9 millones de peruanos, para lo cual se:

• Fortalecerá las capacidades técnicas del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).

• Concesionará a través del Ministerio de Vivienda proyectos para la construcción, operación y mantenimiento de saneamiento y reúno de agua residual tratada y subproductos del tratamiento.

• Mejorará normatividad en materia de Gestión Integral de Residuos Sólidos para reducir la brecha de infraestructura de disposición final de residuos.

• Simplificará los procedimientos para la ejecución de proyectos en saneamiento, para reducir costos y acortar plazos.

• Creará el Fondo de Inversiones Agua Segura para financiar programas, proyectos y estudios para mejorar, ampliar y desarrollar sistemas de agua potable.

Eje 5: Reorganización de Petroperú

Tiene como objetivo mejorar la gestión del oleoducto y Petroperú, para lo cual se:

❖ Garantizará la operación segura del Oleoducto Norperuano: reparación, mantenimiento, operación y calidad de gestión.

❖ Reestructurará la organización de Petroperú, que deberá rendir cuentas y operar con iguales estándares de calidad de empresas privadas similares.

II. MARCO NORMATIVO

3.1 Constitución Política del Perú "Artículo 104°.- El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia especifica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa. No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente. Los

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decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley. El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo."

2.2 Reglamento del Congreso de la Republica: artículos 74 (inciso e), 76 (inciso d), 81 (inciso f) y 90.

2.3 TUO del Código Tributario (D.S.133-2013-EF). 2.4 TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al

Consumo (D.S. 055-99-EF). 2.5 TUO de la Ley del Impuesto a la Renta (D.S. 179-2004-EF) 2.6 Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal 2.7 Decreto Legislativo 1091 - Decreto Legislativo que Promueve los Servicios;

Especializados en Elaboración de Estudios de Preinversión y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, y que Modifica la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

2.8 Decreto Legislativo 674 (27.09.1991). Modificado por Decreto Ley Ir 25570 (23.06.1992), Decreto Ley N° 26120 (30.12.1992), Ley NI° 26418 (11.01.1995) y Decreto Legislativo N° 844 (13.09. 1996).

2.9 Decreto Legislativo 1224. Antecedentes: Ley N° 26885 •• Ley CIE,

Incentivos a las Concesiones de Obras de Infraestructura y de Servicios Públicos (04.12.1997), Decreto Legislativo 839 - Ley de Promoción de la Inversión Privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos (21.08.1996).

2.10 Decreto Legislativo 1238 que modifica la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado.

2.11 Ley 30296 - Ley que Promueve la Reactivación de la Economía. Antecedentes: Decreto Legislativo 1011 (11.05.2008), Decreto Legislativo 757 (13.11.1991) que aprueba Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. Decreto Legislativo 662 (02.09.1991) que, aprueba Régimen de Estabilidad Jurídica a la Inversión Extranjera.

2.12 Ley de Descentralización Fiscal 2.13 Marco Macroeconómico Multianual Revisado 2017-2019 2.14 Acuerdo Nacional, entre otras.

III. ANÁLISIS

En las últimas décadas la gestión estatal cada vez se ha convertido más compleja en un contexto de continuo cambio, lo cual determina muchas veces la necesidad de enfrentar algunos problemas urgentes de manera rápida y flexible. Asimismo, la especialización de algunas materias, como por ejemplo las tributarias, permite que se desarrollen al amparo de la delegación de facultades, medidas previamente diseñadas, analizadas y evaluadas que tienden a ser más eficaces' que en otras condiciones, pues se complementan con la armonización de normas de menor rango (decretos supremos, resoluciones, etc.) y evitar situaciones (efusión y evasión) que pueden perjudicar al Estado.

Al amparo del artículo 104 de la Constitución, el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la

Ver José Ramón Montero Gibert, "El Control Parlamentario", Tecnos, 1984, Madrid.

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materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa. No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente (reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República). Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley. El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo, es decir el Congreso ejerce el control sobre la legislación delegada pudiendo derogarla o modificarla en caso el o los decretos legislativos contravengan la Constitución Política o excedan el marco de la delegación de facultades otorgado por el Congreso. 5

La delegación de facultades fue considerada en nuestra Constitución de 1979 en su artículo 188 y continuada por el artículo 104 de la Constitución de 1993, siendo utilizada en distintas magnitudes.

En cuanto a la delegación solicitada, se analizará la propuesta por cada uno de los ejes temáticos restantes no remitidos en la solicitud de la Comisión de Constitución y Reglamento contenidos en la formula legislativa que tienen contenido económico o puede sustentarse desde el punto de vista de la economía institucional:


Se implementará el Sistema Nacional de Abastecimiento Público-SNAP y designar a órgano rector, a fin de articularlo con los otros sistemas relacionados con el gasto público, sistematizar la información, ejecutar la gestión estratégica del abastecimiento, contribuir a la transparencia y ejercitar la simplificación administrativa con el aprovechamiento intensivo de TIC's. El SNAP estará conformado por tres fases:

❖ Fase de requisición: se enfoca en la determinación y programación del abastecimiento en bienes, servicios y obras, a través de la utilización de un catálogo de bienes, servicios y obras, así como un registro de proveedores;

❖ Fase de obtención: Está referida a las acciones conducentes a incrementar la propiedad estatal a través de diferentes procedimientos (contrataciones del estado y disposición de bienes inmuebles); y

❖ Fase de utilización: Involucra las acciones relacionadas con la recepción, uso, custodia, preservación, transporte, entrega, asignación, seguridad, mantenimiento y disposición final de los bienes de propiedad o posesión estatal para el cumplimiento de los servicios públicos.

Finalmente, se busca desarrollar la infraestructura deportiva para los Juegos Panamericanos de Lima 2019.


Mejorar el marco normativo penal, procesal penal y de ejecución penal (artículo 2 numeral 2 inciso a)

En relación al eje referido, el Poder Ejecutivo solicita facultades para mejorar el marco normativo penal, procesal penal y de ejecución penal, a fin de dotar de herramientas legales a los agentes encargados de hacer cumplir la ley y a los



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operadores de justicia en su lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común, feminicidio y afectaciones a la infraestructura e instalaciones de hidrocarburos.

Para ello propone modificar, entre otros, el artículo 317 del Código Penal que tipifica el delito de asociación ilícita para delinquir, a fin de incorporar en el dpo penal la figura de "organización criminal". Asimismo, plantea incorporar el delito relacionado al tráfico de sangre; de otro lado, criminaliza el tráficc de armas sin la correspondiente licencia; incorpora la tipificación de la figura de "banda criminal" con el objetivo que por el solo hecho de reunirse y planificar sus delitos las organizaciones criminales puedan ser pasibles de juzgamiento y posterior sanción penal.

En relación a la violencia de género, en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Contra Toda Forma de Discriminación Hacia la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Convención Belem do Pará, el proyecto piar tea modificar el artículo 108-B del Código Penal incorporando como agravante del delito de feminicidio, el que los hijos e hijas de la víctima hayan presenciE'do dicho acto delictivo, de manera tal que se reafirme la prioridad del bien jurídico protegido y la atención al bienestar integral de los niños y niñas que se ven involucrados en este contexto.

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Adicionalmente, con relación a los actos delictivos contra distintas instalaciones y medios de transporte de hidrocarburos en nuestro país, el proyecto incide en que se ha identificado la actuación de organizaciones criminales dedicadas a robar petróleo, dañar infraestructura de propiedad del Estado y de privados, agrediendo a empleados y contratistas de las empresas a fin de cometer estos hechos delictivos, los que tienen como principales destinos la minería ilegal, el comerci ilegal de hidrocarburos, la producción de combustible adulterado, el quemado de harina de pescado e inclusive el narcotráfico, por lo que se requiere imponer sanciones penales para erradicar dichos ilícitos.

Fortalecimiento y mejoras en el marco normativo penal y en la gestión del Sistema Nacional Penitenciario (artículo 2 numeral 2 inciso b)

A fin evitar que el Sistema Nacional Penitenciario sea un foco de la delincuencia se pretende reducir el hacinamiento y mejorar la infraestructura penitenciaria, así como cumplir con los objetivos de resocialización, estableciendo un procedimiento para que para los condenados que no representen un peligro para la sociedad puedan solicitar al juez la conversión de su sentencia efectiva por „ina de prestación de servicios a la comunidad. En ese sentido, como parte del fortalecimiento y mejoras en el marco normativo penal y en la gestión del Sistema Nacional Penitenciario se plantea:

Declarar en estado de emergencia el Sistema Nacional Penitenciario, con el propósito de mejorar de las condiciones de hacinamiento y cumplir con los objetivos constitucionales de resocialización.

❖ Establecer un procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad menores de cuatro años. Los condenados pueden solicitar al juez la



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conversión de su sentencia efectiva por una de prestación de servicios a la comunidad, siempre que reúnan las siguientes características: que se encuentren condenados a menos de 4 años de pena privativa de libertad, que se trate de delincuentes primarios, que el condenado no sea reincidente ni habitual, que este obtenga informe favorable de su tratamiento, y no hayan sido objeto de revocatorias de una pena alternativa a la privativa de libertad.

•:• Modificar la Ley 29499 - Ley de Vigilancia Electrónica Personal. Actualmente hay un desfase normativo toda vez que la Ley 29499 acoge una regulación bajo el modelo procesal mixto propio del Código de Procedimientos Penales. Sin embargo, en la mayor parte del territorio nacional se encuentra vigente el Nuevo Código Procesal Penal, siendo necesario modificar la Ley de Vigilancia Electrónica para incorporar el vigente modelo procesal.

❖ Modificar la Ley 30219 - Ley que regula el proceso para el cumplimiento de penas en el país de origen de extranjeros. Se pretende optimizar los canales pr'ocedimentales y fortalecer la articulación bilateral, regulando de forma precisa las etapas y formalidades que deben cumplirse para concretizar el cumplimiento de la pena impuesta en el país de origen del condenado.

❖ Modificar el proceso de extradición a fin de reducir los trámites, plazos y establecer responsabilidades para los funcionarios que participan en el proceso de extradición. Asimismo, se pretende establecer mecanismos de atención oportuna conforme a lo establecido en la normatividad internacional, así como contribuir en la disminución del hacinamiento en los establecimientos penitenciarios.

❖ Modificar las normas sobre tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal. Se propone reformar el Decreto Legislativo 1204, que modifica el Código de los Niños y Adolescentes, a fin de adecuarlo a los parámetros internacionales de protección de los derechos humanos. Cárceles productivas. El Ejecutivo pretende mejorar tanto la articulación entre los distintos niveles e instituciones como la cobertura de los servicios de tratamiento de la población penitenciaria, así como impulsar la participación de la población penitenciaria de las entidades públicas y privadas en todas las etapas del tratamiento.

Reestructurar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y de Cooperación entre la PNP y Gobiernos Regionales y Locales en materia de seguridad ciudadana (artículo 2 numeral 2 inciso c).

Entre las tareas urgentes en materia de seguridad ciudadana se encuentra mejorar la coordinación, interacción, colaboración, complementación y evitar duplicidades de actividades y funciones entre los entes involucrados en la lucha contra la delincuencia, para lo cual se ha priorizado:

❖ Modificar la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana con la finalidad de precisar las responsabilidades que deben asumir los alcaldes distritales y provinciales, así como los gobernadores regionales en relación a la ejecución, implementación y seguimiento de los planes de seguridad ciudadana, así como coordinar acciones y establecer la obligación de presentar en forma periódica su opinión institucional sobre el desempeño de la labor de los Jefes Policiales dentro de su jurisdicción. Máxime si se considera que no se tiene definido qué sucede en caso de incumplimiento de las funciones o acuerdos que se adoptan

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al interior de los Consejos de Seguridad Ciudadana, sean distritales, provinciales o regionales.

• Regular la forma de coordinación entre el Ministerio del Interior y la PNP con los Gobiernos Subnacionales en materia de Seguridad Ciudadana como competencia compartida.

• Emitir las normas necesarias en el marco del artículo 197 de la Constitución, de tal manera que se determine claramente la forma de colaboración de la PNP con los Gobiernos Locales y evitar duplicidad de funciones o actividades.

•:• Regular la participación de las entidades públicas y pr-vadas en la preservación, mantenimiento y restablecimiento del orden interno y orden público.

• Delimitar el rol que tiene el Ministerio del Interior en su calidad de ente rector de la seguridad ciudadana, así como establecer la exclusividad de la PNP en su función policial. Asimismo, se pretende generar un marco normativo para la contribución eficaz de la sociedad organizada y la ciudadanía en general en la vigilancia de una adecuada atención por parte de las autoridades policiales, pues no existe una norma con rango de ley que estandarice la participación del serenazgo en materia de seguridad ciudadana.

Mejoras al marco normativo para la prevención social de la delincuencia (artículo 2 numeral 2 inciso d).

• Formular una política pública de prevención social del delito, en la cual deben estar involucradas las diferentes entidades del Estado y las organizaciones sociales. Los programas y las acciones de los tres niveles de gobierno deben estar orientados a frenar la generación de eventos delictivos, así como transformar las causas que los ocasionan.

• Promover el uso del sistema bancario y financiero (bancarización) en lugar de la circulación de efectivo, por los riesgos que esto conlleva.

Reforma del Ministerio del Interior y de recursos humanos y coordinación en entidades involucradas en lucha contra la delincuencia (artículo 2 romeral 2 inciso e).

El fortalecimiento institucional del Ministerio del Interior tiene como objeto mejorar sus servicios en el orden interno y seguridad ciudadana, para lo cual se tiene previsto:

• Desarrollar una nueva estructura organizacional en el Ministerio del Interior y la PNP que permita disminuir los índices de criminalidad y mejorar los servicios que se brindan al ciudadano a nivel nacional. Dichos cambios están relacionados con la gestión de los recursos humanos, a fin que se mejore sustancialmente la atención de los administrados, en especial al personal policial.

• Crear una unidad orgánica en el Ministerio del Interior que se encargue de la interacción entre el Ministerio del Interior, PNP y las rondas campesinas, así como la creación de un órgano encargado del seguimiento de casos y atención de víctimas, facilitando información y cautelando la oportunidad y eficacia de las acciones policiales.

• Reformular en la organización del Ministerio del Interior la ampliación de las atribuciones de los órganos encargados de investigar casos de corrupción, así

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como modificar su estructura separando con claridad la etapa de indagación o investigación del eventual juzgamiento. Se regulará la figura del usuario encubierto, y otras figuras que permitan detectar e investigar casos de corrupción creando un mecanismo que coadyuve con una evaluación permanente del personal del Sector Interior de manera preventiva.

• Modificar el marco normativo de la PNP en lo referente a la estructura organizacional, especialización profesional, modalidades de servicio, régimen disciplinario, carrera policial y salud, con la finalidad de contar con una Policía moderna que responda a los retos que enfrenta el país, sobretodo en la reducción de la delincuencia y mejora de los servicios policiales a la ciudadanía, sin dejar de lado la lucha contra la corrupción.

• Mejorar la eficiencia de la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado articulando a todos los operadores del Sistema de Justicia en base a normas claras y coherentes que eleven la eficiencia del sistema y ayuden a recuperar la confianza de la ciudadanía. Sin transgredir sus competencias constitucionales y legales del Ministerio del Interior, la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Fortalecimiento de seguridad fronteriza y política migratoria interna (artículo 2 numeral 2 inciso f).

En la actualidad es necesario contar con un control migratorio eficaz para el ingreso de ciudadanos extranjeros al territorio nacional, así como regular adecuadamente su permanencia en el país. Se requiere:

•:• Precisar el marco normativo sobre el estado migratorio de aproximadamente 250,000 personas con visas de turistas vencidas y que requieren regularizar su situación jurídica en el país.

• Agilizar los procedimientos para facilitar el ingreso al país de las delegaciones de los países participantes el próximo evento internacional del Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).


La corrupción involucra una amplia gama de actividades ilícitas (malversación de fondos, nepotismo, fraude, entre otras) que involucra tanto a organizaciones públicas y privadas, siendo algo complejo y pocas veces entendido. Enrique Ghersi2 en un breve ensayo, refiere "advertir ello resulta capital para entender la lógica de los sistemas corruptos. Todos nos preocupamos por el problema, pero creemos que lo que ocurre es que, como somos demasiados corruptos, no funciona el sistema, no funciona la democracia y no funciona la ley; cuando es exactamente al revés. Como no funciona el estado de derecho, como no funciona el sistema institucional, se produce la corrupción como una alternativa para que la gente pueda desarrollar sus diferentes actividades económicas. La corrupción es pues, desde mi punto de vista, un efecto y no una causa. Es un efecto del alto

costo de la legalidad..."

2 Ver Enrique Ghersi," Economía de la Corrupción", Cedice.

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En el mismo sentido, Frederic Boehm3 señala "la lucha contra la corrupción no es un objetivo en sí misma. La corrupción es un obstáculo para el uso eficiente y eficaz de los recursos, y un riesgo para el desarrollo económico y las estructuras democráticas. Los más afectados, en forma directa o indirecta, son los pobres y los más vulnerables".

En consecuencia, con el objetivo de tener un país más honesto, transparente y libre de corrupción, se plantea:

Crear la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales (artículo 2 numeral 3 inciso a)

Existe la necesidad pública de generar mecanismos administrativos que brinden efectividad y garantía al derecho (administrativo) al acceso a la información.

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) ha trabajado este tema en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, en consecuencia el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ya tiene en estudio esta propuesta, que tendría que concordarse con la Ley No 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales, cuyo objeto sea garantizar a nivel administrativo la eficacia del derecho al acceso a la información, así como crear un sistema de sanciones para aquellos funcionarios que entorpezcan la entrega o sean renuentes a entregarla.

Dentro de las funciones de la citada Autoridad se encontrará la de administrar y supervisar el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, regulado actualmente por la Ley 29733 y su Reglamento.

Implementar mecanismos de protección e incentivos para los ciudadanos para combatir la corrupción. Además, se inhabilitará a los condenados por delito contra la administración pública (artículo 2 numeral 3 inciso b).

Coincidimos con el Poder Ejecutivo en la necesidad de focalizar las acciones del Estado en los escenarios o procedimientos con mayor riesgo de corrupción, acudiendo a la posición privilegiada de fiscalización que mantienen los usuarios de la administración pública. La protección debida del denunciante, así como el establecimiento de incentivos lograrán optimizar los canales de denuncia, contribuyendo a la eficiencia del sistema anti-corrupción.

Por tanto, es pertinente establecer mecanismos de denuncia que permitan el anonimato de la fuente, medidas de protección para los denunciantes y establecer incentivos, para que, por ejemplo, en el trámite de procesos administrativos de licencias o contrataciones (donde se advierte la mayor cantidad de casos de corrupción), lleven a cabo la denuncia de los mismos.

Respecto a la creación del registro de sanciones impuestas a los abogados a nivel nacional, el Poder Ejecutivo señala la necesidad pública de generar mecanismos de transparencia en la calidad ética y profesional de los abogados y abogadas en el mercado; refiriendo que las sanciones a la fecha no cuentan con mecanismos de difusión masiva que permitan a los potenciales justiciables tomar una decisión adecuada. Propone que éstos sean de libre acceso y la ciudadanía tenga a su

3 Ver Frederic Boemh y Johann Graft, "Corrupción y Anticorrupción: Una perspectiva Neo-

institucional", Revista de Economía Institucional, Volumen II, No 21, Segundo Semestre/2009, p.p. 45-72.

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"Decenio de las personas con discapaciclad en el Perú' "Año de la consolidación de. Mar de Grau"

disposición información sobre las sanciones que se les haya impuesto a los abogados en sede jurisdiccional, a fin de que tomen una decisión adecuada al momento de optar por su contratación. A tales efectos propone analizar los Código de Ética de la Abogacía y la Ley de creación del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, Ley N° 28948.

Al respecto, coincidimos con esta preocupación, pero las normas que se expidan vía Decreto legislativo no deben limitarse al registro de sanciones impuestas a los abogados a nivel nacional sino también a otros profesionales como ingenieros, médicos, etc. y consideramos que se revise y modifique la Ley de creación del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, Ley N° 28948, que en la práctica no cumple su rol deontológico con la idea de tener una norma más general.

En cuanto a modificar el Código Penal a fin de restringir que condenados por delitos contra la administración pública ingresen al Sector Público, el Poder Ejecutivo señala que la aplicación de inhabilitaciones como parte de una condena penal requiere, conforme al principio de legalidad, que dicha sanción se encuentre expresamente prevista en el tipo penal. A la fecha, ningún delito contra la administración pública conlleva la sanción de no poder trabajar, temporalmente, en el sector público.

Crear la Procuraduría General del Estado, que tendrá autonomía funcional, técnica y administrativa. El Procurador se escogerá por concurso público (artículo 2 numeral 3 inciso c).

La nueva Procuraduría General del Estado sería un Organismo Público Técnico Especializado con autonomía funcional, técnica y administrativa; la cual contaría con la conformación de un Consejo Directivo compuesto por representantes de organismos constitucionalmente autónomos, así como por la designación del Procurador General de Estado y de los procuradores a través de un concurso público de selección, los cuales tendrán dependencia de la Procuraduría y no de la entidad en la que brindan servicios. En resumen el Sistema de Defensa Jurídica del Estado tendría las siguientes características:

o La Procuraduría General del Estado será el ente rector de dicho Sistema; se establecerá un Consejo Directivo como órgano máximo de la Procuraduría General, el mismo que estará integrado por miembros designados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de la Magistratura;

o Se establecerán mecanismos de selección, transparentes y meritocráticos para el cargo de Procurador General del Estado, a través de la realización de concurso público; y

o Se establecerá mecanismos de selección, transparentes y meritocráticos, así como de evaluación permanente de los procuradores públicos, designados previo concurso público.


La gestión y la prestación de los servicios de saneamiento son de necesidad pública y de preferente interés nacional, según el artículo 3 de la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, cuya finalidad es promover el acceso


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"Decenio de las personas con Ci$.-.ac scidad en e terú" "Aio de la cg>nsolidvlión del Ma c G;au"

ECONO IN U

CONGRESO REPÚBLICA

universal de la población a los servicios de saneamiento sostenibles y de calidad, proteger su salud y el ambiente, la cual comprende a todos los sistemas y actividades que integran los servicios de saneamiento, la prestación de los mis -nos y la ejecución de obras para su realización. Así también para efectos de garantizar la prestación de un servicio de saneamiento, bajo un enfoque integral y de sostenibilidad, es necesario garantizar y mejorar los servicios vinculados con la gestión de los residuos sólidos.

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible, acordados en Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), establecen como Objetivo .: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, lo que incluye que para el año 2030 se logren, entre otras, las siguiente metas: el acceso universal y equitativo al agua potable, el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados, a la mejora de la calidad del agua, al aumento sustancial de la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores, la reducción de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad, así como apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.

Según la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos - ENAPRES, al 2015, a nivel nacional, en el ámbito urbano, el 94.0% de la población tiene acceso a servicios de agua y el 87.7% a servicios de alcantarillado sanitario adecuado. En el ámbito rural, la cobertura en agua llega al 68.4%, mientras que en alcantarillado sanitario o disposición sanitaria de excretas la cobertura alcanza al 22.1%.

De acuerdo con el Plan de Inversiones del Sector Saneamiento de Alcance Nacional (PISSAN) 2014-2021, aprobado por Resolución Ministerial N° 336-2014- VIVIENDA, se ha cuantificado un total S/ 53.5 mil millones de soles para las inversiones en saneamiento; de los cuales S/ 43.3 mil millones de soles corresponden a las necesidades de ampliación de cobertura de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales.

El acceso al agua potable es considerado por el Tribunal Constitucional corno 1111

derecho constitucional no enumerado. El derecho al agua potable supondría, primariamente, un derecho de naturaleza positiva o prestacional, cuya concretización correspondería promover fundamentalmente al Estado. Su condición de recurso natural esencial lo convierte en un elemento básico para el mantenimiento y desarrollo no sólo de la existencia y la calidad de vida del ser humano, sino de otros derechos tan elementales como la salud, el trabajo y el medio ambiente, resultando prácticamente imposible imaginar que sin la presencia del líquido elemento, el individuo pueda ver satisfechas sus necesidades elementales y aun aquellas otras que, sin serlo, permiten la mejora y aprovechamiento de sus condiciones de existencia.

El Estado se encuentra en la obligación de garantizar al ciudadano, cuando menos, tres aspectos esenciales del servicio de agua y saneamiento: el acceso, la calidad y la suficiencia. Una parte importante de la población aún no cuenta con los servicios de agua potable y saneamiento, que impliquen además una gestión integral de los residuos sólidos. Por ello, se propone implementar medidas que aseguren la ampliación y mejora de los servicios de saneamiento bajo un enfoque integral y de sostenibilidad, entre las cuales se encuentran las siguientes:

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ECONOMÍA. BANCA. FIN NZAS INTELIGENCIA FIN NCIERA •

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú' "Arlo de la consolidación del Mar de Grau"

neo

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Fortalecer las capacidades técnicas del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento -OTASS.

❖ Otorgar el rol concedente al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) respecto a proyectos para la construcción, operación y mantenimiento de saneamiento y reúso de agua residual tratada y subproductos del tratamiento, y contratos de gestión.

❖ Fortalecer el regulador, estableciendo mayores funciones en el ámbito normativo, fiscalizador y regulador, entre ellas, (i) la regulación en los Valores Máximos Admisibles (VMAs), Aguas Subterráneas y Rol de Regulador en los Contratos de Concesión y/o de Gestión; (ii) la regulación de los operadores 13 urbanos mayores a 20 mil habitantes y (iii) la regulación incrementa) y supervisión, verificación de sostenibilidad de los servicios, calidad de agua, fijación de cuotas iniciales y unidades independientes de operación.

❖ Optimizar el marco regulatorio en materia de Gestión Integral de Residuos Sólidos con la finalidad de reducir la brecha de infraestructura de disposición final de residuos, mejorar los mecanismos de financiación por la prestación del servicio de tratamiento de residuos sólidos así como minimizar la generación de los residuos y lograr un reaprovechamiento eficiente de los mismos; así como categorizar y mejorar la Gestión Ambiental de los proyectos de Agua y Saneamiento y la actualización y/o recategorización de la normativa de residuos sólidos, de modo que satisfagan las necesidades básicas de la población, permitan una adecuada comercialización y no generen impactos ambientales de carácter significativo.

❖ Simplificar para la ejecución de proyectos en saneamiento con el objeto de simplificar los procedimientos y reducir costos para la ejecución de los citados proyectos, acortando su plazo de ejecución.

❖ Generar mecanismos con el objetivo de apoyar la ejecución de la política del sector, mediante el financiamiento de programas, proyectos y estudios para el mejoramiento, ampliación y desarrollo de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.

❖ Agilizar el procedimiento de expropiación de terrenos para la ejecución de proyectos de saneamiento.

De esta manera, se busca asegurar el acceso a los servicios de agua y desagüe para todos los peruanos, logrando la igualdad de oportunidades; siendo un objetivo fundamental que todos los peruanos tengan acceso en su hogar a agua de calidad las 24 horas del día, los siete días de la semana. Eso significa atender a 3.7 millones de peruanos que hoy no cuentan con este servicio en sus hogares, así como facilitar el acceso a sistemas de alcantarillado a 8.7 millones de peruanos que no cuentan con este servicio

Este aspecto del pedido de facultades es muy importante por cuanto el Poder Ejecutivo expedirá normas que permitan mejorar los servicios de agua y desagüe a nivel nacional, Cabe precisar que con mucha frecuencia se reciben quejas por parte de la administración de estos servicios, como en el caso de Lima de SEDAPAL, sobre todo en el cobro de los servicios públicos, que muchas veces no hay equidad con el consumo de agua y los trámites administrativos para los reclamos son totalmente engorrosos.

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CONGRESO

REPÚBLICA

Sin embargo es pertinente precisar que las normas no implicarán modificaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Vivienda y Construcción o del Ministerio del Ambiente, por el tema del tratamiento de los residuos sólidos.


Garantizar la operación segura del Oleoducto Norperuano: reparación, mantenimiento, operación y calidad de gestión (artículo 2 numeral 5 inciso a).

Los derrames de petróleo crudo ha sido un problema recurrente en las diferentes zonas por donde pasa el Oleoducto Nor Peruano, con el consiguiente daño a la población, a la economía de la Petroperú, y a los gobiernos regionales que 1.4 dependen del canon y sobrecanon por la explotación de petróleo.

Estos hechos ocurren por las pésimas condiciones de estas instalaciones, debido a que lo largo de los 40 años de operación (desde 1976) y transporte del crudo, no ha tenido una gestión y mantenimiento adecuado. Si bien se han producido derrames de petróleo por cuestiones de deterioro de su infraestructura, también se ha verificado que ocurre por el robo y posterior traslado hacia actividades ilícitas.

Reestructurar la organización de Petroperú, que deberá rendir cuentas y operar con iguales estándares de calidad de empresas privadas similares (artículo 2 numeral 5 inciso b).

También se requiere establecer mecanismos que permitan incorporar una cultura de prevención en las entidades a cargo del Oleoducto Nor Peruano, para lo cual se requiere dotarlas de herramientas (técnicas, financieras, administrativas, entre otras) que faciliten dicha labor. Para tal efecto, se propone continuar con el mejoramiento de la gestión de Petroperú y la restructuración de la organización de forma tal que se garantice la eficiencia y optimización del personal, la transparencia en la toma de decisiones y se faciliten los regímenes de contrataciones de bienes y servicios para acelerar el desarrollo de proyectos propios de la empresa.

En tal sentido es pertinente que el Poder Ejecutivo vía Decreto Legislativo fortalezca el marco normativo de las entidades involucradas en la administración y operación de las mismas para obtener mayor eficiencia y eficacia.

Sin embargo, es necesario precisar que las facultades otorgadas que las entidades no se pondrán a la venta con el fin de aclarar dudas al respecto.

IV. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Los problemas nacionales son numerosos y variados; se presentan simultáneamente y en conjunto. Debido a esta característica esos problemas son, como se estila decir ahora, "totalidades integradas" cuyas partes mantiene entre sí estrechas relaciones, por lo que no se les puede abordar ni analizar por separado.


En esta parte se analizan las siguientes propuestas:

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CONGRESO REPÚBLICA

ECONOMiA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FIN4NCIERA

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú"

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

Formalizar la minería a pequeña escala y facilitación de los procedimientos

La minería informal e ilegal (no se acogió a proceso de formalización, trabaja en áreas protegidas, usa maquinaria ilegal, etc.), operan sin contar con la concesión del Estado, lo cual impide una adecuada fiscalización de sus actividades que resultan ser altamente contaminantes, como sucede con el caso del departamento de Madre de Dios donde once distritos han sido declarados en emergencia por la contaminación.

Diversos analistas estiman que los mineros artesanales ascienden a 300 mil en todo el Perú, de los cuales unos 70 mil han iniciado el proceso de formalización, pero muy pocos lo han logrado. Este problema afecta principalmente a los 15 departamentos de Madre de Dios, Puno, Cusco, Ucayali, Piura, y Huánuco; aunque está extendida en todo el país.

Las acciones de formalización de la actividad minera, tendrán los siguientes beneficios netos:

❖ Incrementar la recaudación de impuestos derivados de la formalización de las actividades mineras de pequeña escala y artesanal.

❖ Mejorar las condiciones de salud de trabajadores y poblaciones de las zonas de influencia de las actividades mineras.

❖ Disminuir la contaminación ambiental y mitigar sus costos de remediación. ❖ Menor explotación de niños y adolescentes y trata de personas. • Mejores condiciones de trabajo en la zona de influencia. • Posibilitar el desarrollo de las zonas de influencia, mediante la inversión

complementaria.

Mejorar las reglas fiscales para evitar que se paralice inversión de gobiernos regionales y el control del déficit fiscal sea efectivo.

En los últimos cinco años de gobierno hubo un deterioro de 5.3% del PBI al pasarse de un superávit de 2.0% del PBI a un déficit anualizado de 3.3% en el 2016, en un contexto donde se mantuvieron los gastos de capital, pero decrecieron los ingresos en 2.6% del PBI y los gastos corrientes aumentaron en un nivel similar. Esta situación no fue adecuadamente prevista por reglas fiscales actuales, requiriéndose un cambio para hacer más transparente la situación fiscal.

Los beneficios netos de los cambios de las reglas macro fiscales propuestas, serán los siguientes:

❖ Simplificar las reglas fiscales de manera que sean más transparentes, monitoreables y cumplibles en los tres niveles de gobierno.

• Facilitar el cumplimiento de las reglas fiscales. • Asegurar la complementariedad entre inversión pública y mantenimiento. • Minimizar volatilidad del Gasto Público al fijarse límites en el déficit y gasto

público. ❖ Fortalecer la capacidad contracíclica al crearse el Fondo de Inversión en

Infraestructura que complementa el Fondo de Estabilización Fiscal.

Reformar el Sistema Nacional de Inversión Pública.

Se pretende corregir las deficiencias detectadas en el SNIP, para lo cual se mejorará: programación; priorización; formulación, evaluación y viabilidad; y lineamientos de política.

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CONGRESO

REPÚBLICA

"Decenio de las personas con di:capacidad en e Perú"

"Ario de la imnsolidedó.. del Itia `d Grau"

Los beneficios netos que se obtendrían de la reforma son los siguientes:

• Cerrar la brecha de infraestructura del país. • Fortalecer las capacidades para mejorar la visión territorial de proyectos

estratégicos. • Mejorar la calidad de los proyectos con la capacitación de las unidades

formuladoras y el valor agregado de los evaluadores.

• Reducir el tiempo del proceso • Desarrollar un sistema de seguimiento de los proyectos.

• Prever los recursos para la operación y el mantenimiento de los proyectos.

Crear el sistema nacional de abastecimiento público con una visión sistémica e integral, promoviendo una gestión ágil y eficiente de la cadena de abastecimiento en el sector público.

La problemática de las compras del Estado ha motivado que el Poder Ejecutivo haya determinado hacer más transparente y menos engorroso el proceso de contrataciones públicas y evitar posibles actos de corrupción, a la vez que se obtienen importantes ahorros en las distintas dependencias estatales.

Actualmente existen 2,706 entidades públicas del Estado que contratan por S/. 32,750 millones a través de 92825 procesos de selección, 90,001 órdenes de compra y 1950 exoneraciones que realizaron transacciones con unos 39,346 proveedores (tercera parte de hace ocho años). Las contrataciones se distribuyen en bienes 30.3%, servicios 38.8% y obras 30.9%.

Las compras mediante el procedimiento clásico alcanzaron los S/. 23,828.9 millones, de los cuales S/. 8,490.3 millones fueron por licitación pública, S/. 6,807.5 millones por concurso público, S/. 1711.4 millones por Adjudicación Directa Pública, S/. 2902.9 millones por Adjudicación Directa Selectiva, S/. 3,916.8 millones por Adjudicación de Menor Cuantía. Adicionalmente, las adquisiciones por Subasta Inversa sumaron S/. 830.1 millones, mientras que las de Convenio Marco fueron por S/. 1,358.3 y las exoneraciones llegaron a Si..2191.5 millones.

Petroperú tiene un régimen especial de compras registrando en el 2015 operaciones por S/. 721.2 millones, de los cuales 65.6% son realizadas por adjudicación directa. Hay otros regímenes que hacen adquisiciones por S/. 3,820 millones (S/. 2068.6 millones por convenios, S/. 952.2 millones por contratos internaciones y S/. 792 por normas especiales).

Se busca la estandarización y articulación de todas las actividades del abastecimiento, para ayudar a regular y supervisar el uso de los recursos públicos. Se logrará maximizar el rendimiento de los recursos asignados, en un proceso de mejora continua de sus once Procesos Técnicos, que son sus instrumentos o herramientas de gestión: Catalogación, Registro de Proveedores, Registro de Información, Programación del Abastecimiento, Adquisición, Recuperación de Bienes, Almacenamiento, Distribución, Mantenimiento, Seguridad del Abastecimiento, y Disposición Final, así como su interrelación con tos otros Sistemas Administrativos.

La implementación de las propuestas tendrían las siguientes implicancias

económicas:



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ECONOMIA, BANCA, E I NrtNZAS E INTELIGENCIA FIN NCI ERA

"Decenio de las personas con discapacic ad en el Perú' "Año de la consolidación de' Mar de Grau"

• Ahorrar recursos públicos y otorgar mayor valor agregado y racionalidad a los recursos del Estado.

• Implementar las mejores prácticas internacionales con un enfoque integral de los componentes de gestión, modernización tecnológica y política pública, para racionalizar los recursos disponibles

• Facilitar la fiscalización. • Mejorar supervisión de la SUNAT. • Reducir costos de transacción y aprovechar economías de escala. • Uniformizar los bienes y servicios que contrata el Estado. • Facilitar supervisión de procesos. • Fomentar la participación de la Micro y Pequeña empresa • Mayor transparencia. • Mayor concordancia con el presupuesto asignado. • Evitar que se cargue en el precio de la venta o de la obra el costo financiero

de la garantía, pues ese costo se traslada. • Impedir que vuelvan a participar proveedores con problemas para contratar

con el Estado. • Menor corrupción.

Desarrollo de infraestructura deportiva para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 (artículo 2 numeral 1 inciso h).

Los juegos Panamericanos son los segundos en importancia después de las Olimpiadas. En el 2019 Lima será la sede de este importante evento.

De acuerdo con estimaciones del Buró de Convenciones y Visitantes, a través de su presidente Carlos Canales Anchorena, a los Juegos Panamericanos de Lima en el 2019 vendrían unos 11 mil deportistas, entrenadores y dirigentes de los distintos países del continente. Esperándose, al menos unos 100 mil visitantes para ver las competencias deportivas, que dejarían en conjunto a la ciudad unos US$ 600 millones.

Sin embargo, según refiere el experto, lo importante de este tipo de eventos es la infraestructura deportiva que quedaría para la ciudad de Lima. También serán importantes los ingresos que ingresarían por los Juegos Parapanamericanos. Siendo relevante la aceleración de otras inversiones turísticas (por ejemplo, ampliación y construcción de hoteles y restaurantes).

Los beneficios netos se pueden resumir en:

• Fomentar el deporte, en especial de disciplinas poco desarrolladas, al construir instalaciones para el desenvolvimiento de deportes de 52 disciplinas deportivas.

• Generar ingresos por turismo deportivo (US$900 millones) a la ciudad de Lima e indirectamente a otras ciudades.

• Permitir la oportunidad de realizar periódicamente juegos sudamericanos y nacionales, así como de uso de sus instalaciones por parte de instituciones educativas.

❖ Alquiler de instalaciones para otros tipos de eventos.


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CONGRESO REPÚBLICA

"Decenio de las personas con disca acidad en e I Perú''; "Año de la consolidació i del Mar dr Grau"


De acuerdo con el Latinobarómetro4 Informe 2016, la delincuencia constituye el problema más importante del país (52%), encontrándose 50% de la población preocupada de ser víctima de un delito por violencia, lo cual es coherente con el hecho que 39% ha reportado ser víctima de un delito.

La violencia considerada más dañina para la sociedad, según el reporte del Latinobarómetro Informe 2016, es la que violencia intrafamiliar contra la mujer (63%) y los niños (60%) a nivel latinoamericano. En el. caso del Perú, dichos indicadores fueron de 60% y 58%, respectivamente.

El costo de la delincuencia en el Perú, según un estudio' de Naciones Unidas, para el Perú, indicaba que era de 0.4% del PBI, de los cuales 0.3% del P131 representaban el gasto de las familias que habían sido víctimas de la delincue1ca organizada (83% de ese gasto fue en prevención) y el restante 0.1% en el gasto público asignado. Sin embargo, el estudio no incluyó el gasto de las empresas, ni de los gobiernos locales. En el 2010, hubo una investigación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que el costo de la delincuencia ascendía a US$25.5 mil millones considerando los gastos de las víctimas, recursos para enfrentados y gastos de los atacantes.

En cuanto al contenido económico de las medidas de seguridad ciudadana, al menos se verifican los siguientes beneficios netos:

• Mejorar la competitividad empresarial al reducirse gastos en seguros, contratación de empresas de seguridad para las empresas y funcionarios, transporte de caudales, e infraestructura de seguridad (paredes, cercos, rejas, circuitos electrónicos y eléctricos, etc.).

• Incrementar el ingreso disponible de las familias al reducirse gasto de infraestructura de seguridad, arbitrios (menor contribución por serenan° I, entre otros.

• Reducir gastos del Estado, tales como: personal policial y pertrechos policiales; gastos de serenazgo; gastos judiciales, del Ministerio Público, y sistema penitenciario), entre otros.

• Reducir costos en materia de salud (hospitalización por ataques, usos de drogas, etc.)

• Mejora de la competitividad empresarial debido al combate del contrabando, falsificación, piratería, y subvaluación. Fortalecerá la lucha contra la corrupción a través de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.


En el 2015, el Perú ocupaba el puesto 88 entre 167 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, siendo superado a nivel latinoamericano por Uruguay, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Panarn¿i, Brasil, y Colombia.

4 Ver Corporación Latinobarómetro, Informe 2016, Santiago de Chile. Ver UNODC, "El Costo Económico de la Delincuencia Organizada en el Perú: Estudio Sobre los

costos directos que el crimen ocasiona al Estado y las Familias", Lima, 2011.

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ECONOMIA, BANCA. FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA CONGRESO

REPúBliicA "Decenio de las personas con discapaci lad en el Perú'


De acuerdo con un informe preparado por Diego Macera' el costo de la corrupción' en el Perú sería de 1.8% del PBI8 y según el World Economic Forum encarecería los costos en 10% de hacer negocios y en 25% la celebración de contratos. Si logrará erradicarse la corrupción podría incrementarse la inversión privada en 5% según el FMI y, según la Universidad de Londres, podría elevarse en 0.59% el PBI si aumentara en punto en el ranking del Índice de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Un punto importante en el manejo del Estado es la reducción significativa de la corrupción en el sector público. Existen estudios de Herzka que han determinado que la corrupción puede generarse en tres categorías: a nivel político o de funcionarios de atto rango, a través de venta de influencias en las compras del Estado, y trámites ante el sector público.

Desde una perspectiva de la economía institucional, los beneficios netos de implementar las propuestas de este eje, serían las siguientes:

❖ Fortalecer los incentivos para la honestidad y protección ciudadana. ❖ Mejorar la capacidad de las organizaciones (Estado, entidades públicas,

partidos políticos, empresas de negocios, etc.) para cumplir sus objetivos con transparencia.

Aumentar tos niveles de confianza entre las transacciones entre empresas y el Estado.

❖ Evitar que condenados por delitos de corrupción sean inhabilitados temporalmente en el servicio público nuevamente.

•:• Incrementar los costos del riesgo moral y reducir beneficios. • Hacer eficiente y transparente la defensa del Estado.


Respecto a los aspectos económicos de este Eje, debe resaltarse que los beneficios netos de la propuesta pueden resumirse en:

❖ Mayor inversión pública y privada que generaran puestos de trabajo en el desarrollo de las obras, impulsando la reactivación económica y el crecimiento del PBI.

❖ Mejorar la calidad de vida de cuatro (4) millones de peruanos que tendrán acceso al servicio de agua potable y otros nueve (9) millones recibirán servicios de saneamiento.

• Reducir los costos de las familias beneficiarias en la compra de agua, mejorando su capacidad adquisitiva y contribuyendo a la lucha contra la pobreza.

❖ Disminuir la incidencia de las enfermedades infecto contagiosas, especialmente en niños y adolescentes, con repercusiones favorables en la reducción de: la mortalidad y morbilidad infantil, gastos en salud de las familias, perdidas de horas hombre, gastos gubernamentales en servicios de salud, pudiendo reorientarse recursos a otras prioridades.

'Ver Diego Macera, ¿Cuál es el costo de la corrupción en el Perú?, "El Comercio", del 21.06.2015. 7 De acuerdo a estimaciones (S/. 10 mil millones) para el año 2013 dadas a conocer la Premier Ana Jara de un estudio de la PCM. 8 Posteriormente, Proética estima que es el doble.

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I NTELI NES ECONOMIA.

"Decenio de les personas con di! capeo dad en el Perú"

"Ario de la consolida :16n del Mar de reo"

• Mejorar el ambiente para el desarrollo de negocios, tales como: servicios turísticos, plantas productivas y parques industriales.


Finalmente, con relación a los aspectos económicos relacionados a la gestión del oleoducto y Petroperú, se debe tener en cuenta lo siguiente:

• Garantizar la operación segura del Oleoducto Norperuano (reparacón, mantenimiento, operación y calidad de gestión), permitirá:

O Asegurar los ingresos y sostenibilidad de Petroperú por la venta del petróleo que se traslada a través del mismo.

O Resguardar los ingresos por canon y sobrecanon de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

O Preservar el cuidado del medio ambiente y respetar las normas

relacionadas. O Tener un manejo eficiente del oleoducto para extender su servicio,

considerando su repercusión sobre el P81 de las regiones involucradas y en general de la actividad de hidrocarburos y de las exportaciones de dichos

productos. Reestructurar la organización de Petroperú, determinará: O Mejorar la eficiencia de los recursos del Estado, lo cual depende de la

eficiencia de la calidad de los servicios públicos que presta. El primer eje de una política de calidad es el fortalecimiento institucional,

O Mejorar los servicios públicos y sus productos implica que debe hacerse con iguales parámetros de calidad que ejecutan las organizaciones privadas que dan servicios similares. Ello implica que necesariamente se introduzcan técnicas de gestión.

O Gestionar adecuadamente los recursos humanos. Algunos analistas consideran que es una entidad sobrestimada en la plana gerencial, pudiéndose reorientar esos recursos hacia las actividades productivas.

V. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACION NACIONAL

La propuesta legislativa se realiza conforme a lo previsto por el segundo párrafo del numeral 4 del artículo 101 de la Constitución Política del Perú que establece que "no pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma constitucional, ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República"; y el artículo 101 de la misma norma constitucional, que establece que "el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa"; así como lo establecido en el inciso d) del numeral 1 del artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República, referido a los requisitos especiales para la presentación de las proposiciones de ley autoritativa de legislación delegada, y en el artículo 90 del mismo cuerpo legal, referido al procedimiento de control

sobre la legislación delegada.

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Imeligencia Financiera Teléfono: 311-7782 Telefax: 311778320

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ECONOMIA, BANCA. FIN INTELIGENCIA FIN •

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" "Ah° de la consolidación del Mar de Grau"

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CONGRESO

REPEIBLICA

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VI.. CONCLUSION

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Economía. Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, y en atención al pedido formulado por la Comisión de Constitución y Reglamento, mediante Oficio No 0125-2016-2017-CCR/CR, recomienda considerar en el análisis de Comisión de Constitución y Reglamento este informe complementario que sugiere en siguiente texto sustitutorio para los artículos relacionados del Proyecto de Ley N ° 228/2016-PE:

Artículo 2 numeral 1 literales b), c), d) y f)

1) Legislar en materia de reactivación económica y formalización a fin de:

b) Perfeccionar el marco legal del proceso de formalización y de lucha contra la minería ilegal para el desarrollo de operaciones mineras a pequeña escala, de manera sostenible y compatible con el medio ambiente y a través de un proceso ordenado y simplificado, con la presencia del Estado y promoviendo la descentralización.

c) Proponer un nuevo marco macro fiscal que afiance el compromiso con la sostenibilidad fiscal, minimice el sesgo pro-cíclico del gasto público a través de variables fiscales monitoreables, públicas y transparentes; impulse la complementariedad entre inversión pública y gasto en mantenimiento; permita la inversión en mega proyectos de infraestructura que impacte en la productividad; y alinee las Reglas Fiscales Subnacionales con los objetivos macro fiscales.

el) Reorganizar el sistema de inversión pública a fin de agilizar e incrementar la calidad de la inversión pública; reestructurar los procesos del sistema de inversión pública, vinculando la cartera de proyectos al desarrollo territorial o sectorial y priorizando el cierre de brechas de infraestructura; mejorar y simplificar la formulación y evaluación de proyectos, modificando las metodologías y parámetros asociados al nivel de servicios; y aprobar medidas para hacer más eficiente la ejecución de los proyectos, favoreciendo la descentralización.

f) Promover, reestructurar y regular el sistema nacional de abastecimiento público con una visión sistémica e integral, promoviendo una gestión ágil y eficiente de la cadena de abastecimiento en el sector público. Modificando el marco normativo del sistema de contrataciones del Estado y reorganizar la OSCE.

2) Legislar en materia de seguridad ciudadana a fin de:

a) Establecer precisiones y modificaciones normativas a la legislación penal, procesal penal y de ejecución penal, en particular en lo que respecta a beneficios penitenciarios y acumulación de penas, para contribuir con la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia común, la violencia contra las mujeres y hacia los integrantes del grupo familiar y las afectaciones a la infraestructura e instalaciones de hidrocarburos.


Inteligencia Izinariciera Teléfono: 311-7782 Telefax: 311778321

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CONGRESO

REPÚBLICA "Decenio de las persones con discepadded en ol Perú"

"Alío de la consolidación del lAbc dx (Itrio"

b) Declarar en emergencia y reestructurar el Sistema Nacional Penitenc- ario en lo que respecta a su organización, infraestructura y administración, incluyendo revisar el marco normativo para la inversión en infraestructura, administración, tratamiento y seguridad penitenciaria; reestructurar la política penitenciaria; optimizar los procedimientos de extradición y traslado de condenados; y modificar las normas sobre tratamiento del. adolescente en conflicto con la ley penal y mecanismos alternativos para el. cumplimiento de penas en general.

c) Reestructurar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, mejorando la articulación multisectorial e intergubernamental y la participación 22 ciudadana, así como la cooperación entre la Policía Nacional del Perú y los. Gobiernos Locales y Regionales.

d) Adoptar medidas de prevención social de la delincuencia y participación ciudadana.

e) Modificar la estructura organizacional y funcionamiento del Ministerio del Interior para mejorar la atención y prestación de servicios al ciudadano, así como contribuir a la erradicación de actos de corrupción dentro del sector; perfeccionar el marco normativo de la Policía Nacional del Perú en lo referente a la estructura organizacional, especialización profesional, régimen disciplinario, carrera policial y régimen de salud, así como en Lo que respecta a la articulación de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial para la lucha contra el crimen organizado y La delincuencia común.

f) Dictar normas necesarias para mejorar la política migratoria interna y externa, la Superintendencia Nacional de Migraciones, así corno la regulación de seguridad fronteriza.

3) Legislar en materia de lucha contra la corrupción a fin de:

a) Crear la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que garantice el derecho al acceso oportuno y transparente de la información pública, así como la protección de los datos personales; modificando el marco normativo de la actual Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

b) Aprobar medidas orientadas a la lucha contra la corrupción proveniente de cualquier persona, incluyendo medidas para facilitar la participación de los ciudadanos mediante mecanismos que permitan la oportuna y eficaz recepción de denuncias sobre actos de corrupción, mecanismos para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía, medidas para fortalecer la transparencia en el acceso a cargos públicos, así corno medidas para restringir la posibilidad de que las personas condenadas por delitos contra la administración pública trabajen como funcionarios públicos.

c) Reestructurar el Sistema de Defensa Jurídica del Estado.


Irteligencia Financiera Teléfono: 311-7782 Telefax: 311778322

SECRE

P/310.

(:ONGRESO

REPÚBLICA

ECONOMÍA, BANCA. FIN NZAS E IN I EILIGENCIA FIN'NCIERA

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" "Ano de la consolidación del Mar de Grau"

4) Legislar en materia de agua y saneamiento a fin de:

a) Establecer medidas que permitan fortalecer la rectoría en saneamiento, así como las funciones de las entidades prestadoras, del organismo regulador y de todas aquellas entidades que intervienen en la prestación de los servicios de saneamiento;

b) Crear programas de servicios facultativos;

c) Promover el acceso y ampliar la cobertura de los servicios de agua y saneamiento;

d) Modernizar, mejorar y fortalecer la gestión empresarial de las entidades prestadoras, la infraestructura y los servicios de saneamiento, así como el marco legal sobre gestión integral de los residuos sólidos, bajo un enfoque de sostenibilidad con la finalidad de asegurar su calidad y continuidad; y

e) Promover, facilitar, optimizar, ampliar y agilizar las inversiones públicas y público-privadas en servicios de saneamiento, incluyendo mecanismos con el objetivo de apoyar la ejecución de la política del sector y simplificar la ejecución de proyectos en saneamiento, así como agilizar el procedimiento de expropiación de terrenos para la ejecución de proyectos de saneamiento.

5) Reorganizar Petroperú y garantizar la confiabilidad en el abastecimiento de h-drocarburos a fin de: a) Garantizar la operación segura del Oleoducto Nor Peruano: reparación,

mantenimiento, operación y calidad de gestión. Creando un marco para el fortalecimiento institucional de las entidades involucradas en su administración y operación para garantizar su continua operatividad.

b) Modernizar la administración, gestión y organización de Petroperú, que deberá rendir cuentas y operar con iguales estándares de calidad de empresas privadas similares. Sin que ello involucre la venta de dicha entidad ni afecte el desarrollo de las inversiones productivas.

Lima, 22 de septiembre de 2016.

epd21 ME CEDES ARAOZ FERNÁNDEZ

- -

PERCY ALCALÁ MATEO VÍCTOR ANDRÉS 4 ÍA BELAUNDE VICEPRESIDENTE

Corrisicin de Economía, Banca, Finanzas e 2do. Piso Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, oficina 207-Lima, Perú Inteligencia Financiera Teléfono: 311-7782 Telefax: 311778323

23

.

L JORGE DEL CASTILLO GA EZ

TIT

',CARLO E MONTES DE OCA

ALBERTO QUINTANILLA CHACÓN TITULAR —

ClAki ROZAS BEJITRÁN ITULA

ACUÑA NUÑEZ

PERO

; ;

CONGRESO

REPÚBLICA "Decenio de les personas con discapacid d en e! Perú"


MIGUEL TORRES MORALES

LUIS GALARRETA VELARDE TITULAR

TITULAR

CECILIA CHACÓN DE VETTORI

ROLANDO REATEGUI FLORES TITULAR

TITULAR

24

KARLA SHAEFER CUCULIZA

LUCIO ÁVILA ROJAS TITULAR

TITULAR

OSIAS RAMIREZ GAMARRA

MARIA MELGAREJO PAUCAR TITULAR

TITULAR

e (0/1.~vsrl)

PALOMA NOCEDA CHANG 'TITULAR

ORACIO PACORI AMANI "TITULAR

TITULAR

TITULAR

GULLERMO MARTORELL SOBERO ACCESITARIO

FREDDY SARMIENTO BETANCOURT

PATRICIA DONAYRE PASQUEL.

ACCESITARIO ACCESITARIO



OLAECHEA AL rREZ CALkÉRON ACCESITARIO

ECONOMÍA, BANCA, FIN INTELIGENCIA FIN'

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" "Año de la consolidación del Mar de Grau"

t

eon

CONGRESO

F.EPUBUCA

MARIA ÚRSULA LETONA PEREYRA

LUIS LOPÉZ VILELA ACCESITARIO ACCESITARIO

ROY VENTURA ANGEL MODESTO FIGUEROA MINAYA ACCESITARIO ACCESITARIO

MÁRTIRES LIZANA SANCHEZ MIGUEL CASTRO GRÁNDEZ ACCESITARIO ACCESITARIO

MARIO MANTILLA MEDINA DANIEL SALAVERRY VILLA ACCESITARIO ACCESITARIO

JUAN CARLOS DEL ÁGUILA CÁRDENAS NELLY CUADROS CANDIA ACCESITARIO ACCESITARIO

MANUEL DAMMERT EGO AGUIRRE

MARCO ARANA ZEGARRA ACCESITARIO

ACCESITARIO

JORGE CASTRO BRAVO MARIO CANZIO ÁLVAREZ ACCESITARIO ACCESITARIO

25

GUIDO LOMBARDI ELIAS ACCESITARIO

JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN

MARISOL ESPINOZA CRUZ ACCESITARIO ACCESITARIO

Comisión de EcDnornia, Banca, Finanzas e 2do. Piso Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, oficina 207-Lima, Perú Intel gel- cia Financiera Teléfono: 311-7782 Telefax: 311778325

El PLAU

CONGRESO REPÚBLICA

ECON 0114 l'A, 111A INTELICi ;

"Decenio de las personas con d.sce paridad ,en e I Perú"

"Arlo de e consolidiielól ceJ Mar r;l!e,rau

MIGUEL ROMAN VALDIVIA EDMUNDO DEL ÁGUILA HERRERA ACCESITARIO

ACCESITARIO

MARITZA GARCIA JIMENEZ ACCESITARIO

26


Ir teligencia Financiera Teléfono: 311-7782 Telefax: 311778326

re bid - archivo digital de la legislación del perú · • elevará la tasa del impuesto a la...

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