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En la ciudad de Corrientes, a los tres días del mes de junio del año dos mil

veinte, encontrándose reunidos en el Salón de Acuerdos de la Excma. Cámara

de Apelaciones en lo Civil y Comercial, los Señores Jueces de la misma, Dres.

Analía Inés Durand De Cassís, Alejandro Rafael Retegui, Luz Gabriela

Masferrer, Rosana Magán de Jantus, Claudia Kirchhof, Andrea Fabiana

Palomeque Albornoz, Silvia Patricia Alvarez Marasco y Maria Beatriz Benitez de

Rios Brisco con la Presidencia de la Dra. María Eugenia Sierra de Desimoni,

asistidos de la Secretaria autorizante, tomaron en consideración el Expte. N°

ACC3/19 “SALA I SOLICITA LLAMAR A PLENARIO”. Que, conforme al Acuerdo

Nº 04 de este tribunal, de fecha 16/03/2020 cuya copia obra agregada a fs.

29/30 las constancias de autos, corresponde que emitan voto por la mayoría la

Dra. Analía Inés Durand De Cassis, y por la minoría la Dra. Luz Gabriela

Masferrer. Por el mismo Acuerdo se fijaron las siguientes

C U E S T I O N E S:

1.- ¿Puede el Juez de oficio, disponer medidas para averiguar la existencia de

una relación de consumo? 2.- ¿Puede inferirse de la calidad de las partes, y de

las circunstancias del caso, la existencia de una relación de consumo? 3.- ¿Es

el proceso ejecutivo la vía idónea para la ejecución de los pagarés emitido en

las operaciones financieras y de créditos para el consumo? 4.- Comprobada la

existencia de una relación de consumo, ¿puede integrarse el pagaré con otros

documentos para dar cumplimiento al art. 36 de la Ley 24240?

La Señora Vocal Dra. Analía Inés Durand De Cassís por la mayoría dijo :

I.- Los antecedentes fácticos de esta convocatoria se produjeron en Sala

I, en la que se interviene como vocal titular. En la misma se tramitan los

recursos deducidos respecto de las ejecuciones de títulos de comercio.

La cuestión presenta diversas situaciones que se han ido resolviendo

teniendo como sustento un criterio que propicia al análisis de la relación de

consumo, en el ámbito mercantil en particular en relación a los papeles de

comercio, el pagaré, y en un proceso ejecutivo.

La receptividad de tal pauta interpretativa y sus diversas variables, ha

tenido una aceptación dispar en la primera instancia, lo que ha generado

pronunciamientos divergentes en las soluciones halladas, circunstancia que

determinó la conveniencia de solicitar esta convocatoria, para unificar

jurisprudencia fijando la doctrina aplicable y así evitar sentencias

contradictorias, art. 27bis del CPCC.

Las preguntas formuladas tienen una íntima conexión con dos temas

centrales que se hallan vinculados a esta temática. Por un lado, la abstracción

cambiaria y por el otro el de la relación de consumo. Y es en la conjugación de

las mismas en donde se deben situar los interrogantes formulados. Ellas

determinan el marco teórico dentro del cual se deben desarrollar las

argumentaciones de este plenario.

II.- El punto de partida se hará desde una perspectiva constitucional, y

qué mejor para ello que hacer referencia a las ideas que desarrolla Amaya

cuando sostiene, en la introducción del Capítulo V de su obra, en referencia al

control de convencionalidad. Dice así, “La lucha del constitucionalismo por la

limitación del poder y el reconocimiento y vigencia de los derechos del ser

humano aspira – en su largo derrotero, desde el siglo XVII – a la integración de

un derecho universal o ius comune universalis, que se fundan en los valores

que emanan de la dignidad humana a través de su denominación moderna de

derechos humanos...”. (Conf. Amaya, Jorge Alejandro, Control de

Constitucionalidad, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2015 pág. 355)

Es necesario comenzar desde dicho punto de vista, en el ámbito del

derecho constitucional para arribar al derecho privado – civil y comercial - y en

particular detenernos en la figura de la relación de consumo - proveedor-

consumidor/usuario - y del denominado “pagaré de consumo”, para observar

como la “constitucionalización” del derecho privado ha impregnado sus

instituciones, a partir de la reforma constitucional de 1994 de un modo

pausado, pero permanente, para arribar a la reforma integral de los códigos

civil y comercial con la sanción de uno unificado – Código Civil y Comercial de

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la Nación –ley 26.994/2015.

III.- El estado social y democrático de derecho alcanzado, con

diferentes regímenes y matices en gran número de los países del universo, ha

tenido y tiene embates frecuentes, mas uno de los que dejó una marca

indeleble fue el de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la cual se ha

transitado decididamente el camino de la internacionalización de los derechos,

con la transformación de la Sociedad de Naciones en Naciones Unidas y del

surgimiento, en lo que nuestra región refiere de la OEA, (Organización de

Estados Americanos). Es decir, los organismos internacionales y los tribunales

internacionales, que cumplen un rol trascendente a la hora de la interpretación

y aplicación del derecho, en aquellos países que como el nuestro han

incorporado las convenciones y tratados, a su sistema jurídico.

Esto es así en nuestro país a partir de la reforma constitucional del año

1994, por la cual se les ha dado jerarquía constitucional a los tratados

mencionados en el art. 75 inc.22 de la misma. Esta dimensión supranacional

hace que los tribunales argentinos tengan una doble fuente normativa,

produciéndose la necesidad de congeniar al momento de la interpretación la

jurisprudencia nacional con la internacional. (Conf. Amaya, Jorge A. (2015),

obra y edición citadas, pág. 356).

La consolidación expresa de esa corriente de interpretación se produjo

con la reforma constitucional ya mencionada. Al respecto existe una profusa

producción doctrinaria y jurisprudencial – principalmente del SCJN, como último

interprete de la CN - que ha ido formando un bloque de antecedentes, que

sirven al intérprete cotidiano de la constitución -el juez - que tiene los conflictos

comunes del ciudadano, judicializados. No debe perderse de vista que el

sistema jurídico argentino prevé un control difuso de constitucionalidad, que

hace que cada juez de la argentina, tanto en el ámbito nacional como

provincial, resulte ser un intérprete de la Carta Magna.

Esta norma específica, artículo 75 inc. 22, tiene como es de suponer,

una íntima relación con otras normas vertebrales consagradas en la parte

general de la constitución, que son los arts.42, 27 y 31, que refieren a los

consumidores y usuarios, a la supremacía constitucional y los tratados

internacionales, como así también con los incisos 18 y 19 de dicha norma, en

cuanto consagran la “cláusula del progreso” y la “nueva cláusula del progreso”,

estableciendo las grandes directrices a que deben propender las leyes que

dicta el Congreso de la Nación.

Es que la CN viene a resultar el “techo ideológico” al que debe

subordinarse la totalidad del sistema jurídico. El principio de supremacía

constitucional, es indicativo de que las instituciones del derecho privado son las

que deben adaptarse a los principios que sustentan la Carta Magna, debiendo

guardar coherencia con dicho principio.

Esta reforma, tan trascendente ha implicado acuerdos y equilibrios en

muchos puntos cruciales, habiendo en algún caso derivado en el legislador, el

dictado de las llamadas “leyes de desarrollo constitucional”, para completar

otros temas trascendentes de la misma como ser, la ley general ambiental, la

de “defensa del consumidor”, entre otras.

La reforma constitucional de año 1994 ha sido entonces, la más

importante que registra nuestra Carta de Derechos, y ha incorporado junto a las

garantías clásicas un nuevo conjunto de derechos y garantías reafirmando el

Estado Social y Democrático de Derecho, sin desmerecimiento de las otras.

Son los llamados derechos de participación y los de incidencia colectiva.

IV.- No viene al caso hablar del modelo económico que quiere seguirse

en el país - la CN no lo define - pero lo que sí debe darse por sabido es que el

rumbo que se tome debe tener un rostro humano, enmarcado en ese conjunto

de derechos, garantías y obligaciones.

La buena acogida de los derechos y garantías consagrados en el art. 42

- defensa del consumidor - se debe en cierta medida a que fueron vistos como

medidas a adoptar para solucionar las fallas de mercado, y compensar la

debilidad de los usuarios y consumidores en esa estructura. Ello explica el

crecimiento del derecho del consumo, como una rama autónoma y especifica.

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Su incorporación, a través de la norma mencionada, ha significado una

novedad institucional, en cuanto introduce la noción de “mercado”, anticipada

de alguna manera por leyes como la de defensa de la competencia, del

consumidor, y de Reforma del Estado, viniendo así a complementar la mirada

individual de la época, que trasunta el inc.)18° del art.75 CN. Se contempló en

el plano normativo, el conflicto de la desigualdad, como fenómeno social. (Conf.

Tarzia, Verónica en Gargarella, R. & Guidi, S. (2016) Comentarios de la

Constitución de la Nación Argentina, T.II, Capítulo 11, Buenos Aires, La Ley,

págs.795/ 822).

En ese marco teórico debe entenderse que el Código Unificado y sus

leyes complementarias, es una ley reglamentaria de la CN, y en particular de

ese nuevo conjunto de derechos y garantías a que se ha hecho referencia.

Se interpreta que es ese el criterio que ha prevalecido en la reforma,

pues en la presentación de la misma se hace referencia a la

“constitucionalización” del derecho privado. Comunicabilidad de principios entre

lo público y lo privado, pero ello no significa más que “poner en línea”,

-expresión utilizada por Dalla Vía – (Conf. Dalla Vía Alberto & García Lema,

A.M., Estudios Constitucionales sobre el Código Civil y Comercial, (2016), T.I,

Santa Fe Rubinzal Culzoni, págs.46)-, al derecho privado con el derecho

constitucional. Así presentado el tema, aparece como una necesidad esta

adecuación, a los fines de dar coherencia a nuestro sistema jurídico.

Sostiene García Lema que, al ubicarse la constitucionalización del

derecho privado en el primer artículo, se está reconociendo la supremacía de la

constitución y la existencia del programa que ella contiene, y que la legislación

civil y comercial debe respetar y llevar adelante (Conf. Dalla Vía Alberto &

García Lema, A.M., (2016), obra y edición citadas pág.106).

Es que el código unificado fue diseñado para resolver, casos, conflictos,

con pluralidad de fuentes para su resolución. En el art.2° se establecen las

reglas de interpretación aplicables, haciéndose referencia a todo el

ordenamiento, lo cual permite superar la interpretación exegética, únicamente.

En la actualidad el juez se halla facultado para recurrir a las fuentes disponibles

en el sistema.

V.- Así vista, la función del juez es claramente interpretativa, basada en

un juicio de ponderación, con base en los principios de armonización,

complementariedad y pleno significado de todas las disposiciones. Mosset

Iturraspe, sostenía en el año 2011, analizando ya el tema de la reforma de los

códigos, que había que hablar de un “dialogo de fuentes”, expresión originada

en la doctrina alemana, y que refiere al intercambio de mensajes entre el micro

y el macrosistema; es decir, la constitución y tratados por un lado y por otra

parte el código y las leyes privatistas, priorizando la jerarquía señalada.

Se puede decir que la “constitucionalización del derecho privado” se ha

instalado en nuestro ordenamiento jurídico. Es una realidad incontrastable, que

el paradigma protectorio, a que se hace referencia en la exposición de motivos

del código, que caracteriza al derecho de los consumidores, se expande de

modo transversal a las relaciones jurídicas que establece el ciudadano.

También es cierto que, con un código con la característica de contener

normas de textura abierta -directrices- como normas específicas sobre las

diferentes relaciones jurídicas que regula, significa un gran desafío para los

sistemas judiciales, y en particular para la judicatura, pues trae como

consecuencia un mayor margen de interpretación, y por tanto del desarrollo del

activismo judicial, sin que ello implique desvirtuar la finalidad de los diversos

institutos jurídicos a aplicar, para lograr así, en términos del Código

Iberoamericano de Ética Judicial, realizar la justicia por medio del derecho,

orientándose en las esferas de discrecionalidad que le ofrece el derecho, por

consideraciones de justicia y equidad (arts. 35 y 38).

Es sabido que el ejercicio del activismo judicial que propician normas de

textura abierta, como las de referencia, genera diversas tensiones dada la

“dificultad contramayoritaria” que posee la judicatura en su designación, lo que

señala un camino y toda una interpretación, tanto contraria como a favor de su

ejercicio.

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Hay una tensión permanente entre democracia, que implica división de

poderes y constitución.

Viene al caso mencionar la distinción realizada por Waldron, entre lo

que es “control judicial” de “supremacía judicial”. Lo que el autor quiere señalar

con ello, desde una visión crítica, es que esas funciones pueden traer

aparejado el ejercicio por los jueces de funciones propiamente legislativas. Ello

no debería ser así concluye, pues genera un auténtico problema en la

consideración de lo que es un estado de derecho (Conf. Waldron Jeremy–

Contra el gobierno de los jueces – S. XXI editores – Bs. As. 2018 – págs.

132/140). La referencia tiene sustento porque la función interpretativa involucra

la facultad de los jueces

Esta es una intuición siempre presente en la toma de decisiones de los

jueces argentinos; hasta donde se puede inmiscuir en la interpretación de la

Ley.

En respuesta a esta posición, ha surgido la corriente propiciada por

Elster y Ackerman, quienes sostienen una concepción “dualista” de la

democracia. Los “momentos constitucionales”, en donde hay decisión del

pueblo, y los “momentos corrientes”, referidas a decisiones del gobierno que

ocurren diariamente.

La distinción, es de suma importancia, para establecer los deberes del

órgano que debe ejercer el control. Si bien, pensado para el ejercicio del control

de constitucional, dicha perspectiva deviene aplicable en la interpretación que

estamos realizando, por su analogía.

Este enfoque se realiza de manera tal que el juez constitucional

preserve las decisiones políticas tomadas en los “momentos constitucionales”

para que no sean erosionadas por las decisiones políticas de los “momentos

corrientes” (Conf. Amaya Jorge Alejandro – Control de Constitucionalidad –

2da. Ed. Actualizada – Astrea 2017 – Bs. As., pág.217).

Los momentos constitucionales son a título ejemplificativo, el dictado de

la constitución, sus reformas etc.… (Conf. Amaya Jorge Alejandro, ob, edic,

citadas págs. 210/239).

En el caso, podemos identificar el “momento constitucional” con el

principio consagrado en el art.42 de la CN, referido a los derechos y

procedimientos de protección al consumidor.

Sin embargo, hoy se está trabajando en un “momento corriente” porque

se examina un vasto cuerpo normativo que tutelan los derechos del consumidor

en las relaciones que se dan en el mercado. El mecanismo legal que se utiliza

en esta oportunidad es el fallo plenario, que implica otorgar fuerza de doctrina

legal a lo decidido, para luego ser aplicado a los casos suspendidos y a los

futuros análogos.

Este mecanismo permite alcanzar cierta previsibilidad en las decisiones,

lo que a su vez genera mayor seguridad jurídica. Lo decidido vendrá a resultar

un precedente de tipo horizontal y vertical a la vez, dado que es de obligatorio

seguimiento tanto para las salas de la cámara, como para los jueces de

primera instancia del fuero y jurisdicción.

Si bien es cierto que el mismo mantendrá su vigencia mientras no lo

revoque el STJ o se dieren nuevas circunstancias que aconsejen su revisión,

sus efectos beneficiosos son innegables (Conf. González Bertomeu, Juan “¡Sin

precedentes!”, JA II 2009, suplemento N° 9).

Lo que sucede es que cuando una relación negocial se encuentra

atravesada por distintos regímenes jurídicos, es necesario realizar una

“interpretación sistemática”, entendida como aquella que requiere de una

mirada integradora del sistema jurídico en donde se halla inserto el caso, no

solo de la aséptica subsunción del mismo en la norma aislada. Es la injerencia

de los principios y valores en el quehacer judicial, con una interpretación

finalista, que en un inicio se circunscribió a los temas de derecho constitucional,

pero que luego atravesó todos los casos, todo el sistema jurídico (Conf. Marí,

Enrique -La interpretación de la ley, Facultad de derecho de la UBA, para

Eudeba, Bs.As. 2014).

Recorriendo ese camino, se cuenta también con una herramienta

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epistemológica, muy importante, que es la “argumentación jurídica” que

permitirá justificar la decisión, la que adquirirá así mayor legitimidad

contrarrestando de ese modo la dificultad contramayoritaria de origen con la

que cargan los jueces.

Debe concluirse entonces que en ese momento interpretativo corriente,

con los recursos señalados el juez cuenta con facultades para resolver los

casos, no solo reconocidas en los códigos procesales, sino también en leyes

sustantivas, como es el caso de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC), y

con esa herramienta podrá indagar en la relación causal, realizando inferencias

y solicitando la presentación de los antecedentes de la relación subyacente,

con la finalidad de cumplir los objetivos que prevé el art.36 de la LDC. Es decir,

una indagación acotada a tales objetivos.

VI.- Con este renovado marco jurídico, se ha comenzado a transitar un

camino diferente a partir de la sanción del Código unificado. Más allá que hay

un largo trayecto por recorrer para ir afianzando o corrigiendo el rumbo en la

interpretación y aplicación de aquellas figuras novedosas, o que han tomado un

nuevo impulso a partir de su incorporación en el código, como es la relación de

consumo.

El código unificado, consagra otros paradigmas, mencionados en la

presentación del proyecto, que hoy tienen plena vigencia: diálogo de fuentes;

constitucionalización del derecho privado; derecho colectivo; tutela de la

persona humana; la familia en su contexto multicultural; sociabilidad en el

ejercicio de los derechos; el paradigma protectorio; derecho del consumidor;

paradigma no discriminatorio; nuevo paradigma en materia de bienes;

seguridad jurídica en la actividad económica; la responsabilidad civil como

sistema; derecho internacional privado y la obra de la codificación.

Como se advertirá la separación tajante entre ambas esferas – lo

público y lo privado - que alguna vez hubo ya no es factible sostenerla, se ha

diluido normativamente, al sancionarse un código con estas características.

En relación a los derechos de los consumidores, se puede decir que,

luego de más cuatro años de vigencia del código unificado, se ha producido

una profusa doctrina y jurisprudencia, que permiten contemplar de alguna

manera el conflicto de la desigualdad, como fenómeno social, por lo que se

perfila como una rama del derecho que va adquiriendo cierta autonomía, pues

atraviesa todo el sistema de derecho privado y servicios públicos.

Por lo tanto, en cuanto a este especifico tema, hay que detenerse en

una de las figuras más controversiales que ha surgido en tal esfera como es el

“pagaré de consumo”, entendido como aquel documento típicamente comercial

utilizado para instrumentar una relación negocial denominada de “consumo”, en

la cual aparecen involucrados distintas calidades de sujetos, proveedores y

consumidores.

VII.- Continuando con el desarrollo del tema se señala que varias fueron

las cuestiones que se suscitaron en relación a este tema, que llevaron al

tribunal a pronunciarse en cada una de ellas, advirtiendo la diversidad de

criterios en la instancia de grado las que aún perduran, lo que da cuenta de la

conveniencia de realizar este plenario.

Inicialmente ha sido la cuestión de competencia, cuando el demandado

no residía en el lugar fijado para el cumplimiento de la obligación. Supuestos en

los cuales, dando prevalencia a la ley especial, LDC, con sus notas tuitivas y de

orden público, por sobre la ley especial del pagaré, se disponía la competencia

-para la ejecución- del juez del domicilio del deudor.

Luego, se avanzó en el examen del título en relación al negocio

subyacente, no obstante, sus características de autonomía, literalidad y

abstracción. Ello porque los jueces infiriendo que la creación del pagaré fue en

el marco de una relación de consumo, determinaron que resultaba aplicable al

caso la ley 24240 LDC, específicamente el art.36. Para lo cual, tuvieron en

cuenta las calidades de los sujetos involucrados en el pagaré particularmente la

del beneficiario- acreedor.

Este ha sido el punto de inflexión o clave de bóveda, pues el tribunal se

expidió -con voto de la que suscribe - Expte. Nº 122225 (J.C.C. N° 4)

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caratulado: “CARSA S.A. C/ RAMIREZ JOSE LUIS S/ PROCESO

EJECUTIVO”; venido a la Sala I de la Excma. Cámara Civil y Comercial de

Corrientes capital, por el recurso de apelación interpuesto por la demandada,

José Luís Ramírez Morel, contra la Sentencia Nº 91 de fecha 02-III-17.

En esa ocasión se ha tenido oportunidad de señalar argumentos,

criterios, que son sustanciales para el desarrollo del tema que se analiza.,

respecto de la sentencia de primera instancia que, rechazó tales argumentos,

sosteniendo que el pagaré fue librado conforme el régimen del DL 5965/63.

Así se dijo, para el tratamiento de una temática que se viene

presentando en la praxis judicial, en relación al uso dado al pagaré, como un

instrumento que se suscribe para garantizar una operación de consumo; es

decir una doble registración, el contrato de consumo o compra de mercaderías

para uso personal, por un lado, más el pagaré, por otro. Es lo que se ha dado

en denominar el “pagaré de consumo”.

Con el advenimiento del Código Unificado, en donde se le dedica un

Capítulo específico al tema, en la Sección de los contratos, arts.1092/1122, se

ratifica de alguna manera la política diseñada en la CN, art.42 en donde los

consumidores son uno de los grupos de personas, que por su situación de

vulnerabilidad tienen un trato específico no solo en la manda constitucional sino

que también se ha regulado por ley especial, N° 24.240 (LDC), y ahora también

en la norma general.

Normativa que coexiste con la regulación de los títulos valores, en este

caso un pagaré, que se caracteriza por su abstracción cambiara, siendo una de

sus consecuencias más relevantes, que puede recurrirse para su cobro al juicio

ejecutivo, litis de conocimiento abreviado que no propicia la revisión causal

como principio general, dado que los títulos-valores tienen determinados

caracteres – abstracción, literalidad y autonomía - que le otorgan un valor de

circulación, y por lo tanto de percepción, diferenciado de otros instrumentos

utilizados para los negocios jurídicos.

En la actualidad son esas dos normativas las que se ponen en pugna,

la de la abstracción cambiaria que impide la consideración de la relación causal

por un lado y por el otro la consumeril, con su nota de orden público, y

evidentemente de carácter tuitivo.

Se sostuvo que están en pugna porque el pagaré es utilizado en las

relaciones de consumo, no habiéndose adoptado medidas específicas al

respecto, como por ejemplo el derecho comunitario europeo, en donde no está

permitido el uso de estos instrumentos cartulares -como el que se analiza- en

las relaciones de consumo.

Esta temática ha venido requiriendo interpretaciones de la

jurisprudencia, generándose corrientes de pensamiento disímiles. En tal

sentido resulta esclarecedora la nota de Saux Edgardo, comentando el Plenario

de la Cámara Civil y Comercial de Azul, Pcia. de Bs.As, publicada en LL, del

27/3/017 denominada, “El pagaré de consumo: una figura no legislada y

controversial”.

Porque allí ya no se está ante la determinación de la competencia

territorial, vista como una de los aspectos protectorios que brinda la legislación

al consumidor; sino ante el análisis de la habilidad del pagaré, librado en el

marco de una relación de consumo.

VIII.- Así la cuestión, se advirtió la conveniencia de adoptar un criterio

con referencia a esta situación que se presenta con frecuencia. Es que, el juez

no puede desentenderse de la realidad que lo circunda y que se presenta en el

litigio. La tarea vital que tiene el mismo implica no solo darles sentido a los

textos legales, sino que su finalidad también debe ser establecida. Una

finalidad valiosa y justa (ver Caso Ocampo de la SCBA del 6/4/2016, con voto

del Dr. Lázari, citado en el parágrafo II del voto del Dr. Louge Emiliozzi del

Plenario de la Cam. Civ. y Com. de Azul del 9/3/2017 -LL 27/3/2017; Ciuro

Caldani, Miguel A. “El Juez en el cambio histórico”, L.L., T.2001-D-pág.1150)

En dicho plenario se había formulado el siguiente interrogante ¿Resulta

viable la integración dentro del mismo proceso ejecutivo del "pagaré de

consumo" con documentación adicional al mismo, de modo de tener por

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cumplimentados los requisitos exigidos por el régimen de protección al

consumidor plasmados en el art.36 de la ley 24.240 y así resulte hábil como

título ejecutivo? Acerca del tema se han suscitado tres posiciones.

Una más estricta que se opone categóricamente a la incorporación de

las reglas del consumidor en el juicio ejecutivo, por lo que si el pagaré reúne los

requisitos del decreto – ley 5965/63 es suficiente para despachar la ejecución.

Otra más flexible que no solo acepta la incorporación de estas reglas,

sino que además permite la inferencia de la existencia de una relación de

consumo atendiendo a la calidad de la parte, sin el agregado de ningún tipo de

documentación adicional. Pero, si advierte que subyace una relación de

consumo el título, a los efectos de la ejecución, es declarado inhábil.

Un criterio intermedio, entre estas dos posturas extremas, sostenido por

la mayoría de la Cámara Civil y Comercial de Azul, que se expidió en plenario,

permite dentro del mismo proceso ejecutivo y antes del dictado de la sentencia

de primera instancia, la integración del título con documentación adicional.

Criterio que es compartido por las siguientes razones.

En primer lugar, porque esta solución consagra el principio protectorio

del consumidor y permite a su vez que el título valor conserve su ámbito de

pertenencia, es decir, la finalidad para la que fue creado.

En segundo lugar, porque no existe regulación expresa de un

instrumento que contemple las relaciones de consumo, como sería por ejemplo

“el pagaré de consumo”, lo que lleva en la práctica a utilizar ese papel de

comercio para instrumentar las relaciones con particulares en la adquisición de

un bien o de un servicio de consumo financiado, desvirtuándose con ello la

finalidad propia de los títulos de crédito. Esta falta de regulación expresa podría

generar una vulneración del derecho de información del consumidor

colocándolo en una situación de debilidad fáctica y jurídica que no puede ser

soslayada.

Ante este panorama, se consideró como pertinente la solución que se

propicia, pues por un lado se respeta la protección del consumidor, si lo

hubiere, sin decretar la inhabilidad del pagaré. Deberá tenerse presente que la

cristalización de la relación causal en el mismo papel es de imposible

cumplimiento y conduciría a la abolición de la cartular como título de crédito,

decretándose sin más la eliminación del régimen cambiario y de la vía

ejecutiva, dejando al pagaré sin función como cartular. Por otro, también se

protege al pagaré como título de crédito y dentro del juicio ejecutivo,

rescatando la protección del crédito, pero a la vez circunscribiéndolo a su

ámbito propio, las relaciones comerciales.

Guiarse solo por la “abstracción” de los mismos sería desconocer la

realidad negocial que han tenido estos instrumentos de crédito, creados en

principio para las relaciones entre comerciantes y para su comercio, al extender

su uso a relaciones en que una de las partes es un usuario o consumidor.

Fenómeno que se conoce con el nombre de “comercialización del derecho

civil”, institutos propios del comercio aplicados a las relaciones de consumo,

con un débil contralor de las autoridades de aplicación y fiscalización, llámese

BCRA o Registro de Personas Jurídicas, o AFIP.

Por lo que, esta interpretación implica una armonización de fuentes, que

no desnaturaliza el juicio ejecutivo, sino que “armoniza” las reglas y principios

del derecho cambiario con las reglas del consumo ante la presencia de

elementos “serios y adecuadamente justificados” que permitan determinar la

existencia de una relación de consumo. Lo que requiere de un examen

meditado por parte del juzgador, a efectos de determinar ya no la competencia

sino la habilidad o inhabilidad del título.

IX.- La armonización de fuentes contemplada en los arts.1 y 2 del CU,

es lo que la doctrina y jurisprudencia más tradicional ha llamado la

“interpretación sistemática”, entendida como aquella que requiere de una

mirada integradora del sistema jurídico en donde se halla inserto el caso, no

solo de la aséptica subsunción del mismo en la norma aislada. Es la injerencia

de los principios y valores en el quehacer judicial, con una interpretación

finalista, que en un inicio se circunscribió a los temas de derecho constitucional,

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pero que luego atravesó todo el sistema jurídico (Conf. Marí, Enrique, La

interpretación de la ley, Facultad de derecho de la UBA, para Eudeba, Bs.As.

2014).

Analizando el art.1 del CU dice Rabbi-Baldi Cabanillas, que se distingue

entre derecho y ley para resolver el “caso” y este viene a ser el supuesto de

hecho de la norma. Los mismos deben ser resueltos conforme un “sistema de

fuentes”, en donde la ley si bien sigue siendo la principal fuente formal, como

los tratados asumen la estructura normativa de los principios, la tarea de

desentrañar los casos regidos por el código asume una dimensión ponderativa

o valorativa, que trasciende la metodología deductiva (Conf. Renato Rabbi

Baldi Cabanillas, C.Civ.Com. Nación Comentado, director: Rivera, Julio –

Medina, Graciela, T.I, coment. Art. 1, pág. 58/61, LL, 2015, Bs.As. ,1reimpr.;

Prieto Sanchíz, Luis: “Constitucionalismo y Democracia” –Nuevos Paradigmas

de la Teoría del Derecho, Univ. de Castilla La Mancha – Toledo, España 2002).

Debe recordarse que el CC ya hacía referencia, en otra redacción

acorde con la época de su sanción, en el art.16 a la interpretación expresando:

“Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu

de la ley, se atenderá… a los principios generales del derecho, tendiendo en

consideración las circunstancias del caso.”, norma directriz de textura abierta

que generó una muy rica doctrina y jurisprudencia (Conf. Llambías, JJ CC

Anotado, T.I, Abeledo Perrot, Bs.As. 1982).

X.- La interpretación que se propició en esa ocasión, y que se sostiene

en esta, pretende encontrar una vía sustancial y procesal adecuada, para la

operatividad de tales títulos. Si bien se advirtió que la misma implica la

admisión de un “título complejo e integrado con aptitud ejecutiva”, con cobijo en

el art.101 y concordantes del DL 5965/63; en los arts.523 y concordantes del

C.P.C local y arts.1/4, 36, 37, 53 y concordantes de la LDC. También es una

manera de acentuar el deber de colaboración del proveedor trayendo todas las

pruebas que obren en su poder.

Como sostiene el autor Saux, se presenta un complejo panorama

hermenéutico que requiere de una meditada labor judicial, lo que ya se ha

dicho, y es en tal sendero que se propone esta solución.

Con referencia a la misma, este autor ha dicho: “Es cierto que la

integración causal en materia de procesos ejecutivos es excepcional, por

cuanto en principio desvirtúa el sentido de la cambial, y su designio

instrumental de lubricante – o acelerador - del tráfico negocial de rango

mercantil.” “Pero nos parece, y coincidimos en ello con la mayoría en el

Plenario, que en el supuesto (no legislado todavía) del denominado pagaré de

consumo, esta integración causal permite mantener la vía ejecutiva cuando el

ejecutante acredita cabalmente haber dado cumplimiento a los recaudos

tuitivos (del ejecutado) que consigna el art.36 de la LDC, evitándose de tal

modo una consecuencia que es tan disvaliosa como la que se quiere evitar, a)

el abuso por parte de los proveedores de bienes y servicios mediante la doble

documentación del negocio causal; el mutuo, o el alquiler y los pagarés

correspondientes al vencimiento de cada cuota; y b) el incumplimiento

sistemático por parte de los consumidores del pago de las obligaciones

asumidas en el negocio jurídico consumerista, al ser conocedores de la

ineficacia jurídica de los pagarés de marras, y además la consecuente

retracción del crédito que tal extremo generaría, en tal caso, en su perjuicio”.

Estos son algunos de los diversos aspectos que presenta la

problemática, que se han tenido en cuenta para proponer la solución que se

auspició, que se consolidó con el paso del tiempo, atendiendo a la multiplicidad

de casos que arribaron al tribunal, y que se propone en esta ocasión a la

consideración de los pares de la cámara.

XI.- Visto así el tema y existiendo la posibilidad de que se trate de un

supuesto de una relación cambiaria que involucre derechos del consumidor es

que se sostuvo en aquel precedente, la revocación de la recurrida en todas sus

partes, debiendo el juez tan pronto recibiera el expediente, requiriera a la firma

comercial actora adjunte los documentos base del negocio jurídico reflejado en

el título traído a ejecutar, asegurando la bilateralidad, para luego expedirse

Provincia de CorrientesPoder Judicial

acerca de la habilidad del mismo, teniendo en cuenta además las

disposiciones referidas al consumidor.

La disidencia que refleja dicha sentencia, ha sido resuelta en favor del

criterio expuesto, y es el que prevalece en la actualidad como se ha dicho

precedentemente, en la actividad tribunalicia correntina, en referencia a

diversos supuestos.

Este criterio ha requerido como presupuesto que el juez efectúe

“inferencias”, las que pueden realizarse al inicio porque el título contiene una

indicación que permite vincularlo a un contrato o relación de consumo; por

ejemplo, las calidades de los sujetos involucrados; o bien, previo requerimiento

de la documental que instrumenta la relación causal, lo que generalmente, es

de oficio.

Pues es una de las características de la relación de consumo en el

juicio ejecutivo, lo no presentación del demandado en la instancia inicial. Por

ello el juez con sustento en ese marco normativo señalado anteriormente y

teniendo presente las notas protectorias y de orden público, que caracterizan

esta relación jurídica, se encuentra facultado, legitimado para actuar de esa

manera.

Una breve consideración merece el término “inferencia” utilizado en uno

de los interrogantes formulados por el plenario que se convoca, para despejar

toda duda que pudiera quedar y su posible vinculación con el conocimiento

privado del juez, que puede derivar en un decisionismo errático, y no en un

activismo judicial responsable.

En todos los sistemas probatorios hay un camino, un “iter” que recorrer,

dado que la prueba se presenta de manera dinámica, y al concluir el recorrido

previsto, se fijan los hechos que se consideran ocurridos. Las presunciones

también se hallan sujetas a ese recorrido, resultando así una prueba

compuesta de diferentes elementos, que llevan por vía de “inferencia” a la

conclusión presuncional (Conf. Falcón Enrique Tratado de la Prueba – T.2,

págs. 745/770, 2° Edic. Actualizada, Astrea, Bs. As. 2009,).

Por lo tanto, se puede decir que inferir en realidad implica obtener una

presunción, partiendo para ello de indicios que se sostienen en hechos reales,

probados, precisos y concordantes.

Los indicios (rastros, huellas o vestigios) son las premisas del

razonamiento inductivo. No aspiran a demostrar la verdad, sino la probabilidad

lógica prevaleciente, como sostiene el autor que se sigue y son juzgados por la

regla de la sana crítica.

Por consiguiente, las inferencias o presunciones se obtienen en

algunas oportunidades sin ser necesario agregar documental adicional de la

relación subyacente, sino que se logra, analizando la calidad de las partes, en

particular del ACREEDOR (beneficiario del título), uno de los indicios a partir

del cual se puede saber si la operación tiene como destinatario al “consumidor”.

El consumidor (librador del pagaré) presenta un perfil muy definido, es

un comprador de productos o tomador de un préstamo para su consumo, o de

su grupo familiar.

En cambio, el acreedor - proveedor (beneficiario) puede adquirir

distintas fisonomías según sea el tipo de crédito u operación para el consumo.

Así, se puede distinguir tres tipos: a) el que otorga el propio proveedor del bien

o servicio (empresa de electrodoméstico, vestimenta, concesionaria, etc...); b)

el que puede otorgar cualquier tercero (prestadores en general, físicas o entes

colectivos); y c) el que conceden las entidades financieras o las entidades

bancarias o cooperativas de crédito y consumo cuyo objeto social esté

vinculado al consumo (Conf. Stiglitz, Gabriel – Hernández, Carlos A., Directores

“Tratado de Derecho del Consumidor”, T.II, Contratos de Consumo. Créditos y

Sobreendeudamiento, La Ley Buenos Aires 2015, pág.281 y sgtes).

En relación a los cuales, se ha ido generando una serie de supuestos

que permite concluir que el juez puede realizar inferencias, obtener

presunciones, atendiendo a las circunstancias que se viene señalando y como

derivación de ello, puede requerir la presentación de la documentación de la

relación causal, un mutuo, una factura, en el caso de la adquisición de

Provincia de CorrientesPoder Judicial

electrodomésticos, un plan cerrado para la adquisición de un automotor, etc.

Son algunos de los supuestos más vistos.

Se ha dicho que los proveedores reúnen un perfil multifacético. Pueden

presentarse en el mercado bajo diversas figuras, que requieren diferente

actividad de parte de la jurisdicción. Así tenemos a las entidades financieras, y

a las entidades bancarias, por un lado, cuya actividad están reguladas por el

BCRA. Por el otro, otras entidades que adoptan diversas formas del derecho

societario y/o cooperativo que si bien, reconocen un control débil de Estado

(por ejemplo, control administrativo), no están sujetas al control y

reglamentación del BCRA, por el objeto social destinadas a realizar. Estas

pueden asumir la forma de Sociedad Comandita Simple (S.C.S.), Sociedad de

Capital e Industria (S.C.I.), Sociedad Colectiva (S.C.), etc...

Algunos de los casos vistos se mencionan a título ejemplificativo. Expte

Nº 170.634/16, Res. N°216/18, CARSA SA c/ BRITEZ FERNANDO S/

PROCESO EJECUTIVO; Expte. N° 166.640, Res. N° 09/019, FINANPRO SRL

C/ BIOTTI LORENA CAROLINA S7 PROCESO EJECUTIVO; Expte. N°

172.654, Res. N° 216/019, FARMACIA DE LA ESQUINA S.C.S. C/ ALMIRON

MIRTA SUSANA S7 PROCESO EJECUTIVO; Expte. Nº 159.006, Res. N°

251/019, COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO

BICENTENARIA LTADA C/ DE LIMA SANDRO S/ PROCESO EJECUTIVO’’.

Particular consideración corresponder realizar sobre las “personas

humanas”, vistas como proveedores, quienes utilizan el pagaré como

mecanismo para operar. Sin embargo, su actuación no es difundida en el

mercado.

En relación a ellas, no hay restricción para realizar la inferencia, o,

solicitar la agregación de la documentación que dé cuenta de la relación

subyacente, porque el art.2 de la LDC es una “norma de autorización” que

habilita la averiguación de la relación respecto de cualquier agente. Es decir,

personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada, que, en forma

profesional, intervenga en la cadena de producción, comercialización y

consumo.

Lo relevante es la forma de actuar “profesional”, que puede presentar

una amplia variedad de roles.

Esta característica ha sido relacionada con la “habitualidad”, entendida

como una actividad económica frecuente, regular, reiterada. Un elemento más

indiciario para la determinación como agente económico, es decir, aquel que

realiza una actividad en un mercado determinado como “oferente” de productos

o servicios financieros.

Por lo tanto, es factible indagar respecto de las personar físicas, aunque

su accionar no sea ostensible, público y así se obtienen datos objetivos, por

ejemplo, relacionados con su situación impositiva, tanto a nivel nacional como

provincial, el número de casos que tiene en el sistema jurídico, entre otros.

Pero, en uno u otro supuesto siempre es el juez, quien en definitiva

debe analizar en el caso concreto, si el título de crédito fue librado como

garantía del pago de un crédito u operación para el consumo, en base a toda la

información que pueda serle de utilidad, sea que surja del título, o, de

documentaciones adicionales solicitadas.

XII.- En la LDC, además de los arts.36 y 37, se halla el art.53, en donde

se consagra el principio procesal general de colaboración que debe conducir el

accionar del acreedor-proveedor, cuando expresa en su parte pertinente... “Lo

proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de pruebas que

obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando

la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el

juicio”.

En el proceso debe respetarse el derecho de defensa y el principio de

bilateralidad, por lo tanto, hasta el dictado de la sentencia de primera instancia

puede acompañarse la documental adicional, dado que, hasta ese momento

procesal, conforme el art.531 del CPCC, el juez puede analizar la habilidad del

título.

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Es sabido que el juzgador tiene tres momentos para analizar la

habilidad del título y el último de ellos es el indicado precedentemente. Es decir

que, en ese momento, si ya no lo ha hecho antes, el juez debe determinar la

vinculación de la documental adjuntada con el pagaré calificado de consumo,

para establecer su habilidad o inhabilidad.

En ello se traduce en concreto esa integración normativa de los

microsistemas en pugna. En dicha ocasión se advertirá la vinculación con el

tipo de negocio, es decir, con la factura, en el caso de compra de

electrodoméstico u otros artículos de consumo personal, solicitud de préstamo,

en el supuesto de una operación de crédito, etc.., así como con las

modalidades de contratación, indicación del monto financiado, de las tasas de

intereses, ya sean compensatorios y/o moratorios, afín del control judicial de su

devengamiento. En definitiva, si se cumplieron los estándares informativos

mínimos del art.36 LDC.

Y en ese análisis el juzgador debe dar prevalencia a las normas

generales protectorias del consumidor, que atraviesan transversalmente todo el

sistema jurídico. Ello no significa generar una situación desequilibrada por un

exceso de protección, que lo lleve a no pagar su deuda -pues no es ello el fin

querido-; sino equilibrar la relación y que el acreedor perciba su crédito en

términos razonables, y dentro del marco del juicio ejecutivo. Pues, no se

pretende excluir la relación sustentada inicialmente en un pagaré del ámbito de

este juicio abreviado.

Por eso, esa finalidad tuitiva no se agota con el control meramente

formal de la documentación adicional, en relación a las previsiones del art.36

de la LDC. Lo que se exige es una verificación de la correspondencia de ella

con los títulos base de reclamo. El control de la pertinencia del pagaré con el

negocio jurídico subyacente al que accede.

En la práctica este “control de pertinencia”, permitió conocer las

condiciones del crédito (plazo, cantidad de cuotas, precio de contado y final

financiado, intereses, recargo por gastos, sanciones por mora), y posibilitó al

tribunal, por ejemplo, morigerar los intereses moratorios o punitorios, al

considerarlos “abusivos o excesivos” en relación los del mercado financiero;

verificar si hubo capitalización y/ o liquidación de intereses no devengados.

De esta manera no se debilita el pagaré como papel de comercio

facilitador del crédito, pero tampoco se ignora su uso en éste ámbito o sector

de la población, que reúne un perfil muy específico, visto como un fenómeno

mundial, dado la difusión masiva de propagandas que incentivan en las

personas la adquisición de bienes, superando su real capacidad adquisitiva,

generándose una situación de sobreendeudamiento, que le resulta dificultoso

afrontar, la que produce como primer reacción que ya no se presente al

proceso.

XIII.- En síntesis, se debe concluir indicando que la figura central del

tema de la convocatoria es el “consumidor”, figura que ha originado la relación

denominada de “consumo” desplegada en el mercado donde las operaciones

económicas que allí se desenvuelven son de producción, comercialización y de

consumo. Las dos primeras son de índole profesional, desarrolladas por el

“proveedor” en sus diversas manifestaciones y en la última, interviene el

profano, el “consumidor”, por lo que necesita de una regulación que asegure su

correcto funcionamiento. (Conf. Santarelli, Fulvio para la obra LDC, directores

Picasso – Vázquez Ferreyra, La Ley Buenos Aires 2009, T.I, 1era edición

pág.28 y sgtes.).

Esta normativa constituye, además, un modo de regulación del

mercado en una sociedad industrializada, tecnológica y de consumo,

estableciendo determinadas reglas que buscan nivelar la vinculación del

profano (consumidor) con el profesional o proveedor. El consumidor tiene una

debilidad propia, sustentada en el deseo de superación cualitativa que

evoluciona velozmente y que se traduce en un mayor y permanente consumo

que, invade su capacidad de pago, terminando por ser gobernado más por ese

anhelo consumista, que por decisiones presupuestarias en términos de utilidad

y conveniencia. Todo ello influye en las tres esferas señaladas

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precedentemente.

La utilización generalizada de un “papel de comercio”, como es el

pagaré, para instrumentar operaciones de consumo, hace que el sistema

cartular ya no esté limitado al ámbito del derecho comercial, donde se originó y

se desarrolló, sino más bien atravesado por una serie de leyes que hacen que

aquellos principios cambiarios se relativicen.

La situación planteada, los diversos puntos de vista analizados, y los

argumentos desarrollados, hacen que se formule esta propuesta de

interpretación armonizadora que compatibiliza ambos regímenes.

XIV.- Por todo lo expuesto voto por la afirmativa, a las cuestiones

sometidas a plenario.

El Sr. Vocal Alejandro R. Retegui dijo:

1.- Además de compartir los fundamentos constitucionales y jurídicos de la

Dra. Durand De Cassis, creo oportuno agregar algunas consideraciones

adicionales, que complementan su enfoque a la hora de hacer efectivas las

normas protectorias del consumidor a los pagarés emitidos en créditos para el

consumo.

2.- Primero señalaré determinadas características relevantes del mercado

de crédito para consumo. Expondré los rasgos más importantes de los

proveedores y de los consumidores, haciendo foco en las limitaciones que

tienen los consumidores al momento de tomar una decisión financiera

infrecuente, y en la relación asimétrica que ello trae aparejada. Luego analizaré

las herramientas legales e institucionales con que contamos para hacer

efectiva la protección del consumidor. Finalmente, responderé los interrogantes

del presente Plenario.

1. El mercado de crédito para consumo

1.- El mercado de crédito para consumo está conformado por los

proveedores de crédito que actúan profesionalmente, y por los consumidores

que son los tomadores del financiamiento para destinarlo a la satisfacción de

sus necesidades personales, familiares o de su grupo social (art. 1º, Ley

24.240).

2.- Veamos algunas características relevantes al momento de aplicar la Ley

24.240 a las operaciones de crédito para consumo.

1.1. Los proveedores de crédito

En nuestro país, los proveedores de crédito para consumo pueden agruparse

en dos sectores bien definidos: regulados y desregulados.

1.- En primer lugar, tenemos las entidades financieras regidas por la Ley

21.526: son los bancos y compañías financieras autorizados a funcionar como

tales por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que intermedian

entre la oferta y demanda de recursos financieros (arts. 1º y 2º). Las

operatorias de las entidades financieras se encuentran reguladas por las

reglamentaciones que dicta el BCRA y son supervisadas por este (art. 4º).

Con relación a los consumidores, la carta orgánica del BCRA establece que el

organismo debe proveer a la protección de los derechos de los usuarios

financieros (art. 4º, inc. h, Ley 24.144). A tal fin, fue estableciendo una serie de

normas sobre “Protección de los Usuarios de Servicios Financieros”

(Comunicación “A” 5388 y sus modificaciones) para la aplicación de la Ley

24.240 al conjunto de las entidades reguladas.

Así, el sector bancario se encuentra regulado y supervisado por el Banco

Central, y cuenta con herramientas para proteger a los consumidores

financieros.

2.- En segundo lugar, se encuentran las empresas financieras

desreguladas, que hacen oferta al público indeterminado de sus servicios

financieros para el consumo, actuando en una región o en todo el país, y que

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se rigen por la legislación común (código de fondo y legislación

complementaria).

En el grupo desregulado, las empresas que ofrecen financiamiento para la

adquisición de bienes y servicios para consumo son: las financieras, las

cadenas de supermercados, las casas de electrodomésticos y de artículos del

hogar, los comercios y concesionarios de automóviles y motos, las redes de

farmacias, las cooperativas de crédito, etc.

Los jugadores de este segmento hacen una amplia comunicación de sus

servicios financieros a consumidores indeterminados, utilizando técnicas de

venta, mediante publicidad, prospectos, circulares y otros medios de difusión

(Capítulo III, Título I, Ley 24.240).

Las operatorias financieras del segmento extrabancario están regidas por la

legislación común, y no existe una supervisión estatal específica sobre las

mismas. Por lo que, la protección de los consumidores financieros se efectúa

por los entes estatales nacionales y provinciales con competencia general en la

aplicación de la Ley 24.240; y en su caso, por el Poder Judicial.

Para cerrar el panorama del mercado de crédito, dentro del conjunto

desregulado, encontramos una subespecie: los prestadores particulares que no

hacen oferta al público de sus servicios financieros, pero que son habitualistas

en la concesión de préstamos.

3.- Debemos destacar que la proliferación del segmento financiero

desregulado se explica, en parte, por el tamaño pequeño que posee el sistema

financiero regulado, que representa un promedio de créditos al sector privado

que apenas alcanza el 14,6 % del PBI de a fines de 2018. También es

consecuencia de la alta informalidad del mercado del trabajo que impide a las

personas acceder al mercado bancario.

4.- Por último, debemos tener presente en el análisis que los proveedores

del mercado de crédito cuentan con profesionales especializados en finanzas,

contabilidad, derecho, marketing y análisis de riesgo crediticio, que les ayudan

a maximizar sus beneficios. Es decir que se encuentran altamente asesorados

en materias específicas de la actividad financiera por consultores calificados.

1.2. Los consumidores de servicios financieros

1.- Los consumidores de servicios financieros son, primordialmente,

personas humanas (art. 1º, Ley 24.240).

2.- En la generalidad de los casos, los consumidores financieros son

personas que por su nivel de ingresos carecen de capacidad de ahorro. Para

adquirir determinados bienes y servicios de consumo necesitan de alguien que

les provea de financiamiento.

Aquellas personas que califican crediticiamente, acceden a los préstamos

otorgados por las entidades financieras reguladas, que ofrecen -normalmente-

condiciones más favorables; y las que no, necesariamente deben acudir al

mercado extrabancario.

3.- Cuando se actúa como consumidor, debemos tener presente que la

toma de una decisión financiera exhibe algunas limitaciones importantes, que

pueden llevar a equivocaciones y perjuicios no buscados.

Desde hace más de treinta años los psicólogos y economistas del

comportamiento vienen registrando en sus investigaciones una serie de

limitaciones que exhiben las personas al decidir. Esas limitaciones inciden en la

racionalidad, para sopesar adecuadamente las alternativas y calcular las

ganancias y pérdidas esperadas; en la fuerza de voluntad y autocontrol para

resistir tentaciones; y en la persecución del propio interés (Jolls, Christine y

otros: “A Behavioral Approach to Law and Economics”, Revista de Derecho de

la Universidad de Stanford, Vol. Nº 50, p. 1473, 1998,

www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers; cf. los sesgos y heurísticas

descritos por Kahneman, Daniel: Pensar Rápido, Pensar Despacio, p. 147 y

ss., 3º ed., Debate, Bs.As., 2013). En algunos casos, los individuos toman

decisiones inferiores a su propio bienestar, decisiones que cambiarían si

contaran con toda la información, o si tuvieran habilidades cognoscitivas

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ilimitadas y no les faltara autocontrol (Thaler, Richard y Sunstein, Cass. R:

“Libertian Paternalism is not an oximoron”, p. 9, Escuela de Derecho,

Universidad de Chicago, Derecho Público y Teoría del Derecho, Papel de

Trabajo Nº 43, 2003).

Las limitaciones que exhiben las personas concretas al momento de elegir nos

alejan del estándar del hombre económico racional (“homo economicus”), quien

siempre toma las mejores decisiones, maximizando sus intereses y con

preferencias estables (Becker, Gary: The Economics approach to human

behavior, p. 14, The University of Chicago Press, 1976).

Este hombre ideal no solo es el presupuesto de muchos conceptos de las

ciencias económicas, sino también de nuestro derecho. Por ejemplo, del

hombre perfectamente racional y atento a sus intereses, se deriva el viejo

axioma que lo acordado es ley para las partes (“lex contractus, pacta sunt

servanda”; arts. 958, 959 y 960, Cód.Civ. y Com.; arts. 1137, 1197 y ccds.,

Cód.Civil derogado). El acuerdo es lo que mejor satisface los intereses de los

contratantes, y por tanto debe respetarse a rajatabla; aun cuando sea

perjudicial para una de las partes.

Pero el comportamiento de los consumidores de carne y hueso está lejos del

ideal racional. Por las limitaciones que apuntamos, existe una alta probabilidad

que las personas se equivoquen al tomar una decisión financiera y terminen

dentro de un contrato que no promueva su bienestar. En definitiva, los

consumidores son incautos en ocasión de decidir. Y las limitaciones se

acentúan cuando las elecciones son infrecuentes, tales como sacar un

préstamo para comprar una casa, adquirir un vehículo, costear un tratamiento

médico, celebrar alguna fiesta familiar (boda, bautismo, quince años), pagar un

viaje de estudiantes, etc.

Por tanto, hay que asumir que las personas se equivocan asiduamente en sus

decisiones financieras: no hacen lo que es bueno para ellas. Y esas

equivocaciones aumentan en el caso de decisiones poco usuales.

1.3. La cancha inclinada

1.- De lo que llevamos dicho es fácil concluir que la cancha está inclinada a

favor de los profesionales del crédito, que cuentan con ingentes recursos y

asesoramiento calificado, frente a los consumidores incautos, poco informados,

con necesidades apremiantes y problemas de autocontrol para resistir ofertas

injustas. Es como un partido en el que juegan el Fútbol Club Barcelona contra

cualquier equipo del “Torneo Federal A” de nuestra liga. Sabemos cómo

terminará el encuentro, debido a las diferencias reales de información,

formación y recursos económicos.

En esta relación asimétrica debemos apuntar algunas características

adicionales.

2.- En primer lugar, el proveedor no le ayudará al consumidor a tomar la

mejor opción, la más óptima para su bienestar personal. Antes bien tratará de

maximizar sus beneficios, explotando las limitaciones del consumidor incauto

(Akerlof, George A. y Shiller, Robert J.: La economía de la manipulación, pos.

316, Deusto, Barcelona, 2016).

3.- En segundo lugar, el contexto en el cual el consumidor se decide no es

el más adecuado para sus intereses reales. El proveedor, a través de la

publicidad, reitera una y otra vez con lo fácil que es sacar un préstamo, con

mínimos requisitos, en el acto, de manera instantánea, a sola firma, que el

efectivo se lo lleva ya; poniendo énfasis en la gratificación presente. De esta

manera, se distrae al consumidor de las desfavorables secuelas de una

decisión financiera que puede ser, a la postre, errónea. Todos conocemos las

consecuencias económicas y familiares que se sufren cuando el préstamo

tomado se torna insostenible. Ello sucede porque la forma en cómo se enmarca

la decisión influye considerablemente en ella (Thaler, Richard H. y Sunstein,

Cass R.: Un pequeño empujón, pos. 661, Yale University Press, Penguin

Random House, Barcelona, 2018; Kahneman, Daniel: Pensar Rápido, Pensar

Despacio, p. 473 y ss., 3º ed., Debate, Bs.As., 2013).

4.- En tercer lugar, en el escenario económico actual, los sectores de

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recursos medios y bajos están enfrentando problemas concretos para hacer

frente a sus deudas por la pérdida del poder adquisitivo del salario y las

elevadas tasas de interés. La mora del sistema financiero para el segmento de

consumo para hogares era a diciembre de 2019 del 5,5 %, aproximadamente,

de la cartera total de préstamos, cuando hace unos años era solo del 1,8 %.

Ello marca un empeoramiento de la situación financiera de las familias (BCRA,

Informe de Política Monetaria, febrero 2020, en

http://bcra.gob.ar/Pdfs/PoliticaMonetaria/).

Como señala Shiller, las personas, al igual que las empresas y los gobiernos,

tienen a menudo problemas para comprender del todo —al menos antes de

que aparezca una crisis— que cuando se endeudan mucho quedan

apalancadas por la financiación externa, “de modo que cualquier otro problema

que podría ser poco importante queda magnificado por la deuda”; y si “la deuda

crece demasiado en relación con los recursos, se produce un exceso de deuda,

que impide cualquier forma de acción positiva”. La gente se siente atada por su

deuda. Y en ese contexto, los prestamistas pueden entrar en juego, con la

esperanza de sacar algún beneficio, y a veces con pocos miramientos hacia los

intereses reales de la parte endeudada (Shiller, Robert J.: Las finanzas en una

sociedad justa, pos. 371, Deusto, Barcelona, 2012).

5.- Ante este panorama, ¿qué se puede hacer?

2. El marco legal e institucional

1.- La Ley 24.240 y el Código Civil y Comercial de la Nación contienen

algunas herramientas para emparejar, aunque no del todo, la cancha inclinada:

preeminencia normativa, requisitos de la oferta, recaudos de la publicidad,

extensión de las garantías, condiciones de los servicios técnicos, cláusulas

abusivas, orden público, etc.

2.- Desde el punto de vista normativo, cuando existe una relación de

consumo las disposiciones de la Ley 24.240 tienen aplicación preeminente ante

los demás preceptos de otros cuerpos legales (art. 3º, Ley 24.240); y en caso

de duda, dice la Corte Suprema, respecto a la forma en que deben ser

articuladas con las demás normas “debería primar la más favorable para el

consumidor, como expresión del favor debilis” (CSJN, Fallos: 342:1004). Así

también, nuestro tribunal cimero sostuvo que las cláusulas generales

predispuestas de un contrato de adhesión, en el que el acuerdo de voluntades

fue instrumentado en un formulario pre impreso, deben ser interpretadas en el

sentido más favorable a la parte más débil de la relación jurídica, que es el

consumidor, de conformidad con el art. 3 de la Ley 24.240 (CSJN, Fallos:

331:748; 329:4403). En ese orden, ya había señalado que la ley 24.240 de

Defensa del Consumidor fue sancionada por el Congreso, dentro de las

facultades otorgadas por el art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional llenando

un vacío existente en la legislación argentina, “pues otorga una mayor

protección a la parte más débil en las relaciones comerciales -los

consumidores- recomponiendo, con un sentido ético de justicia y de solidaridad

social, el equilibrio que deben tener los vínculos entre comerciantes y usuarios,

que se veían afectados ante las situaciones abusivas que se presentaban en la

vida cotidiana” (CSJN, Fallos: 324:4349).

3.- Específicamente, en los contratos de crédito para el consumo, el art. 36

de la Ley 24.240 establece algunos contenidos mínimos para detallar la

operación financiera, con el objetivo de que el consumidor preste un

“consentimiento informado”; y prohíbe el desplazamiento de la competencia de

los tribunales que corresponden al domicilio real del consumidor.

En cuanto a la competencia del juicio ejecutivo, la Corte Suprema ha declarado

que la Ley 24.240 se aplica a las operaciones de crédito para consumo, y por

tanto, resulta competente el juez del domicilio real del consumidor (CSJN,

“Compañía Financiera Argentina S.A. c/Monzón, Mariela Claudia s/ejecutivo”, y

“Productos Financieros S.A. c/ Ahumada Ana Laura s/cobro ejecutivo”, ambas

del 10/12/2013; cf. CNApel.Com., Plenario, “Autoconvocatoria a Plenario

s/Competencia del Fuero Comercial en los supuestos de Ejecución de Títulos

Provincia de CorrientesPoder Judicial

Cambiarios”, 29/06/2011). Precisó que la declaración de incompetencia de

oficio en los supuestos en que deviene aplicable el artículo 36 de la ley 24.240

encuentra sustento en el carácter de orden público que reviste dicha norma

(CSJN, en autos Comp. 577,1. XLVII). Además agregó que no obsta a la

declaración de incompetencia “el estado procesal de la causa -libramiento de

mandamiento de ejecución y embargo decretado- pues la conducta procesal se

vincula estrechamente con la efectiva aplicación del artículo 36 mencionado,

que posee una finalidad tuitiva del derecho de defensa en juicio del

consumidor” (CSJN, “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/Giménez, Juan

Walter y otro s/ ejecutivo”, 26/12/2017, del dictamen del Procurador que la

Corte hace suyo).

4.- Desde el punto de vista institucional, en relación con los entes estatales

encargados de la protección del consumidor en el mercado de crédito, la

actuación de las entidades bancarias se encuentra supervisada por el BCRA

(www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Usuarios_Financieros).

En cambio, las empresas financieras y prestadores particulares extrabancarios

no tienen una supervisión estatal específica. Solo contamos con las oficinas

provinciales y municipales de defensa del consumidor, que poseen una

competencia genérica para todos los reclamos de los consumidores.

No es lo que sucede en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, como

consecuencia de la crisis 2008/2009, se creó la “Oficina para la Protección Financiera

del Consumidor” (CFPB, siglas en inglés), que es una agencia gubernamental que

busca asegurar que los bancos, prestamistas y otras compañías financieras traten al

consumidor de manera justa (www.consumerfinance.gov). La CFPB ayuda a los

consumidores con herramientas que les permiten tomar mejores decisiones financieras;

promueve acciones legales contra prácticas predatorias y conductas ilegales en los

mercados de crédito; e impulsa la educación financiera para evitar que los

consumidores caigan en problemas financieros. Sus normas reglamentan amplios

aspectos de los mercados de crédito (www.consumerfinance.gov/policy-

compliance/rulemaking/regulations/).

En Costa Rica, con carácter de organización no gubernamental, los bancos crearon la

“Oficina del Consumidor Financiero” para resolver jurídicamente las disputas de los

consumidores con las entidades financieras afiliadas y promover la educación

financiera entre la población (www.ocf.fi.cr).

La falta de una supervisión efectiva del sector extrabancario puede constituir un

dejar hacer (“laissez faire”) que no permite alcanzar adecuadamente los

objetivos de la Ley 24.240. Pareciera que subyace la noción liberal clásica de

que la mejor forma de regular los mercados financieros es dejar que se regulen

ellos mismos.

5.- Como puede advertirse, las herramientas legales e institucionales de

protección del consumidor financiero son cuanto menos escasas: un artículo -el

36- específico en la Ley 24.240, y la ausencia de una supervisión estatal

concreta y especializada para el sector extrabancario.

No obstante ello, la interpretación integradora que los tribunales han hecho de

las normas y principios constitucionales, de la Ley 24.240 y del Código Civil y

Comercial nos permite desarrollar una labor fecunda.

3. La relación de consumo en los procesos ejecutivos

Nuestra tarea de aplicar las normas y principios protectorios comienza ante el

impago de los consumidores, esto es, cuando el crédito está en mora. A partir

de allí se despliega la tarea integradora de los distintos cuerpos legales. Esta

integración tiene como causa una regulación que no tipifica específicamente la

figura del pagaré de consumo; figura que ha surgido en la jurisprudencia como

un concepto híbrido en el que confluyen el Decreto Ley 5965/63 y la Ley

24.240.

3.1. La calidad de las partes

1.- La primera aproximación al conflicto ocurre con la promoción de la

demanda ejecutiva. Allí el magistrado debe examinar si estamos o no ante una

relación de consumo. La calidad y las circunstancias personales de las partes

Provincia de CorrientesPoder Judicial

permiten advertir su existencia. Si la respuesta es afirmativa debe aplicar las

normas de la Ley 24.240 a las operaciones de crédito para consumo y por tanto

al pagaré que la documenta. Caso contrario, el reclamo se sustanciará por el

juicio ejecutivo clásico.

Teniendo en cuenta las realidades del mercado de crédito descriptos

anteriormente, en la Sala I fuimos considerando proveedores, según el art. 2º

de la Ley 24.240, a las entidades financieras reguladas (Inter. Nº 59/19), y a las

empresas que ofrecen financiamiento a un público indeterminado y que son

conocidas por su actuar profesional en el mercado de crédito. Dijimos que en

estos casos la relación de consumo se perfilaba con nitidez (Sentencia Nº

60/17; Inter. Nº 218/18; Inter. Nº 249/18; Inter. Nº 22/19; Sentencia Nº 9/19;

Inter. Nº 251/19; Inter. Nº 216/19; entre muchos otros).

2.- Este sendero no estuvo exento de dificultades. Los inconvenientes se

presentaron, por su opacidad, cuando tuvimos que calificar como proveedores

de crédito a los prestadores particulares, y encuadrarlos en una relación de

consumo.

Ante su resistencia por reconocerse como tales, escudándose en la abstracción

cambiaria de los títulos ejecutados, se fueron tomando algunos hechos que

indicaban una actuación profesional: la cantidad de pagarés sellados ante la

Dirección General de Rentas de la Provincia; la cantidad de juicios iniciados

ante los tribunales de esta circunscripción judicial; la inscripción como

proveedores de servicios ante la Dirección General de Rentas de la Provincia y

ante la Administración Federal de Ingresos Públicos; entre otros aspectos

(Inter. Nº 311/19; Inter. Nº 320/19).

3.- Resumiendo, de la calidad de las partes es posible calificar la relación

de consumo, sobre todo teniendo presente la forma de actuación del actor en el

mercado de crédito. En los supuestos de prestadores particulares, se exigirán

recaudos adicionales.

3.2. La actuación de oficio

1.- Si de entrada la inferencia de la relación de consumo -por la forma de

actuación profesional del actor en el mercado de crédito- es sencilla, los jueces

deben dar el próximo paso: pedir la integración del pagaré con la

documentación de la operación de crédito para verificar los datos del art. 36 de

la Ley 24.240.

En la Sala I hemos venido reafirmando este proceder de los tribunales de

primera instancia, siempre y cuando la inferencia sobre la existencia de una

relación de consumo sea robusta (Sentencia Nº 43/18; Inter. Nº 174/18, 176/18,

177/18; entre muchos otros).

2.- Ahora bien, qué sucede si la inferencia no es rápida, pues presenta

otras aristas. Ante ello, los jueces deben indagar, a pedido del demandado o de

oficio, los presupuestos fácticos que habilitan la aplicación de la Ley 24.240.

Para ello cuentan con los elementos de convicción ofrecidos por las partes, y

con las facultades previstas en los arts. 34 y 36 del CPCC.

3.- La actuación de oficio del juez encuentra sustento en el carácter de

orden público que reviste la Ley 24.240 (CSJN, en autos Comp. 577,1. XLVII).

Es que el sistema de protección del consumidor se basa en la idea de que el

consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, tanto

en la capacidad de negociación como en el nivel de información, y que el

objetivo legal no podría alcanzarse si los consumidores tuvieran que hacer

frente a la obligación de plantear por si mismos la violación de las normas

protectorias; máxime que, en litigios cuya cuantía es a menudo escasa, los

honorarios del abogado pueden resultar superiores a los intereses en juego, lo

cual puede disuadir al consumidor de defenderse (Tribunal de Justicia de la

Unión Europea, “Océano Grupo Editorial S.A.” y “Salvat Editores S.A.”,

apartado 26, 27/06/2000, en https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/). La

facultad de actuar de oficio “reconocida al juez se ha considerado necesaria

para garantizar al consumidor una protección efectiva, habida cuenta en

particular del riesgo no desdeñable de que este ignore sus derechos o

encuentre dificultades para ejercitarlos” (Tribunal de Justicia de la Unión

Provincia de CorrientesPoder Judicial

Europea, “Codifi S.A.”, 21/11/2002, apartado 33, en

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/).

4.- La actuación de oficio se encuadra en un dispositivo procesal abreviado,

cuyo objetivo es el ágil recupero del crédito; y por tanto, debe desarrollarse

dentro del marco cognoscitivo limitado del juicio ejecutivo (CJSN, Competencia

N° 623.XLV, "Compañía Financiera Argentina S.A. c/ Monzón, Mariela Claudia

s/ ejecutivo”, 10/12/2013). En otras palabras, la indagación de la existencia de

una relación de consumo no debería llevar a una ordinarización del proceso; ni

tampoco a la dilación del ejecutivo como consecuencia de la conducta procesal

de las partes.

5.- No obstante la actuación de oficio, las partes -como auxiliares de

justicia- deben prestar colaboración al magistrado para calificar correctamente

la presencia de una relación de consumo como base de la emisión de un

pagaré. Entiendo que el actor es quien se encuentra en mejores condiciones de

probar que la operación de crédito fue celebrada con otro proveedor, y no con

un consumidor. Ese deber de colaboración emana del art. 53, tercer párrafo, de

la Ley 24.240.

Además, de acuerdo a las normas tributarias nacionales, los particulares deben

indagar la condición de la otra parte contratante ante la Administración Federal

de Ingresos Públicos, a efectos de emitir la documentación impositiva que

corresponda; esto es, si se trata de un consumidor final, responsable inscripto,

monotributista, exento, etc. Con lo cual, la debida diligencia que se debe

observar en las normas impositivas coloca al actor en mejores condiciones de

probar el carácter de la relación.

6.- En definitiva, corresponde a los jueces apreciar, a pedido de parte o de

oficio, la existencia de una relación de consumo como un medio para alcanzar

la protección de la Ley 24.240.

3.3. El pagaré de consumo

1.- El pagaré emitido en el marco de una operación de crédito para el

consumo resulta alcanzado por las normas de la Ley 24.240. A los recaudos del

Decreto Ley 5965/63 se deben sumar los exigidos por el art. 36 de la Ley

24.240. Con lo cual, el pagaré por si o con la documentación aneja de la

operación subyacente deben contener expresamente los contenidos del

mentado art. 36.

La ley exige que el proveedor divulgue el costo financiero del préstamo (precio

del bien adquirido, tasa nominal anual, tasa efectiva anual, costo financiero

total) con el fin de que el consumidor sepa las condiciones del préstamo que

está aceptando y en virtud del cual se libra el pagaré.

La exposición de las condiciones del mutuo, que da origen al pagaré, nos

permite examinar la concordancia entre la operación subyacente y el título

ejecutivo, y detectar la existencia de prácticas abusivas.

2.- El pagaré debe reflejar fielmente la operación de crédito subyacente.

Esa vinculación debe ser analizada por el Juez, en las oportunidades que

marca la ley procesal para examinar el título que se trae a ejecución (Sala I,

Sentencia Nº 15/19).

La ausencia de ligazón entre el pagaré y el mutuo trae aparejada la inhabilidad

del título ejecutivo y el rechazo de la ejecución (Sala I, Inter. Nº 382/19). Al

mismo resultado llegamos si falta la inclusión de los datos de la operación

subyacente.

3.- En cuanto a las cláusulas abusivas, la información que previene el art.

36 nos ha permitido a los magistrados tratar de emparejar la cancha. Así se ha

podido morigerar los intereses desproporcionados (Sala I, Sentencia Nº 16/19,

17/19, 18/19, 22/19, 23/19, 24/19; entre muchas otras); evitar la capitalización

encubierta de los intereses del mutuo en el importe del pagaré (Sala I, Inter. Nº

12/19, 13/19, 20/19, 21/19, 22/19; entre muchos otros); vedar el cobro de

intereses ya percibidos o no devengados (Sala I, Inter. Nº 2/19, 3/19, 6/19,

7/19, 11/19; entre muchos otros), etc.

Sin la divulgación de las condiciones del crédito no se podría indagar la

Provincia de CorrientesPoder Judicial

aplicación de la Ley 24.240 en las operaciones crediticias.

4.- La integración del pagaré con documentación aneja del crédito es la

doctrina jurisprudencial que se va imponiendo en los tribunales del país

(Cámara de Apelaciones Departamental de Azul, Plenario, “HSBC Bank

Argentina c/Pardo, Cristian Daniel”, 9/3/2017; Sala I de esta Cámara de

Apelaciones, a partir del precedente “CARSA c/Ramírez, José Luis”, Sentencia

Nº 60, 18/10/2017; Suprema Corte Buenos Aires, “Asociación Mutual Asís

c/Cubillas, María Ester s/cobro ejecutivo”, 14/08/2019) y es el criterio que

hemos adoptado en la Sala I.

El art. 36 no estipula cuál es la documentación que instrumenta el crédito y

que se integra con el pagaré. Simplemente prescribe que los datos que exige

la norma deben consignarse “en el documento que corresponda”. Así, la

documentación podría ser, por ejemplo: el contrato de préstamo, la solicitud o

formulario del préstamo, la factura impositiva o documento equivalente de la

operación, los recibos de amortización del préstamo, la factura o tique de

adquisición del bien o servicio, las notas de débito u otros documentos de

relación con los clientes (Cf. punto 3.2. de las normas sobre “Tasas de interés

en las operaciones de crédito” del BCRA). Esta enumeración es simplemente

ejemplificativa.

5.- Por último, una pequeña nota. La integración del título ejecutivo con

otros documentos no es extraña al Decreto Ley 5965/63. Nótese que en

algunos casos la cambial necesita de otros documentos para habilitar su

ejecución (hoja de prolongación en los endosos -art.14; aval por documento por

separado -art. 33; etc.).

3.4. La vía del juicio ejecutivo

1.- Cerrando las consideraciones, el pagaré emitido en el marco de una

relación de consumo puede ser ejecutado por el carril del proceso ejecutivo. El

pagaré sigue siendo un título ejecutivo pero reconfigurado por la Ley 24.240.

Claro que le estamos pidiendo al proceso abreviado una elevación de sus

miras. Ello permite a los jueces equilibrar una relación asimétrica, a la vez que

conservar un proceso que ha desmotrado sus virtudes a lo largo de tantos años

(agilidad, sencillez, economía procesal, etc.) para el desarrollo del crédito.

2.- La tendencia jurisprudencial de permitir la ejecución de los pagarés de

consumo, integrados con la documentación del negocio de crédito subyacente,

por la vía del proceso ejecutivo fue adoptada por la Sala I a partir del

precedente “CARSA c/Ramírez, José Luis”, Sentencia Nº 60, 18/10/2017, con

el voto en mayoría de las Dras. Durand De Cassis y Sierra de Desimoni, y es el

criterio que prevalece en la actualidad.

4. Reflexiones finales

1.- Concluyendo, podemos decir que:

· La mayoría de los proveedores de créditos son empresas

financieras desreguladas con escasa supervisión estatal y con una legislación

de fondo poco específica. Esta circunstancia puede favorecer la existencia de

prácticas abusivas en los contratos de crédito para el consumo.

· El consumidor exhibe algunas limitaciones a la hora de tomar un

crédito que pueden llevarlo a equivocarse. La persona puede estar actuando de

manera incauta, poco previsora.

· La relación asimétrica, por recursos económicos, información y

formación, entre proveedores y consumidores constituye el basamento de la

actuación de oficio de los magistrados para alcanzar los propósitos de

protección del consumidor de la Ley 24.240.

2.- Como señala Shiller: “ debemos tener en cuenta la revolución en

economía y finanzas conductuales que han tenido lugar a lo largo de las

últimas décadas. Eso significa que debemos limar las aristas de nuestro

sistema financiero; es decir, los aspectos que pueden provocar problemas

cuando la gente se equivoca. Significa, asimismo, que a las personas hay que

Provincia de CorrientesPoder Judicial

contarles la verdad sobre los contratos financieros a los que se comprometen, y

sobre las posibilidades de que éstos los perjudiquen en el futuro, de manera

que puedan asumir totalmente sus emociones y sus deseos antes de firmarlos”

(Shiller, Robert J., Las finanzas en una sociedad justa, pos. 372, Deusto,

Barcelona, 2012).

3.- Cierro mis consideraciones, celebrando la realización del Plenario y

agradeciendo a mis estimadas colegas la valiosa dedicación que han puesto

para el mismo. Espero que sea útil para afianzar la seguridad jurídica en el

ejercicio práctico de magistrados y abogados, y alcanzar la protección del más

débil en las relaciones financieras de consumo.

4.- En virtud de lo expuesto precedentemente, voto por la afirmativa a las

cuatro preguntas formuladas en el Plenario.

Las Señoras Vocales Dras. ROSANA MAGÁN DE JANTUS, CLAUDIA

KIRCHHOF, ANDREA FABIANA PALOMEQUE ALBORNOZ, SILVIA

PATRICIA ALVAREZ MARASCO Y MARIA BEATRIZ BENITEZ DE RIOS

BRISCO votan por la afirmativa.

La Señora Vocal Dra. LUZ GABRIELA MASFERRER por la minoría dijo:

Habiéndose declarado admisible el llamado a Plenario decidido por

Acuerdo de Cámara N.º 10 a pedido de la Sala I, vienen a mi consideración las

cuestiones a resolver dispuestas por resolución N.º 5 de la Presidencia de esta

Cámara.

Previo al análisis de cada una, estimo apropiado señalar que las

diferentes cuestiones dispuestas a modo de preguntas deberán ser analizadas

en el contexto en el que han sido planteadas y con los límites del pedido de

Plenario que refiere a “la aplicación de la ley de defensa del Consumidor N.º

24240, en el trámite del proceso ejecutivo al pagaré”.

Hago esta aclaración, primero, para dejar sentado que la Sala en la que

me desempeño (Sala II) no trata este tipo de cuestiones, toda vez que dirime

procesos ordinarios y sumarios, dejando en claro que, siendo diferente el límite

cognocitivo de éstos, la interpretación que ahora se me pide respecto de

algunas cuestiones puede diferir de la realizada en los procesos de

conocimiento regularmente sometidos a mi consideración.

Segundo, -y por la misma razón- para responder a cada interrogante

que se me plantea habré de tener en cuenta, como dato fáctico, la

identificación de los expedientes de Sala I en los que se ha fundado el pedido

de esa Sala -que llevan como actores del proceso a una sociedad de

responsabilidad limitada y a una persona humana y como demandados a

personas humanas-, toda vez que no me constan otras situaciones de hecho

que se plantean a consideración en las mismas, excepto la suscitada en la

causa: “ROCA EMPRENDIMIENTOS S.R.L. c/LEON ALDO PEDRO

S/PROCESO EJECUTIVO” Expte N.º 147817, en la que había sido sorteada

para segundo voto y tuviera a la vista, previo al pedido de decisión en pleno. En

dichas actuaciones se hallaba pendiente de decisión un recurso de apelación

deducido en subsidio de revocatoria, articulado respecto de un auto simple del

juez, en el cual, a fin de determinar la procedencia de la vía ejecutiva iniciada,

previo a todo trámite, en uso de facultades establecidas por el art. 34 inc. 5

CPC y con fundamento en lo prescripto por la ley 24240, requirió a la actora

acompañe la documentación original que acredite el negocio causal de la

obligación a fin de integrar el título traído a ejecutar; y una vez recurrido por la

parte, en ejercicio de facultades ordenatorias, dispuso libramiento de oficios a

Dirección General de Rentas de la Provincia y AFIP a fin de que se remita alta

de ingresos brutos, listado de pagarés sellados a favor de la actora y

constancia de inscripción impositiva. Ello sitúa –al parecer- a los interrogantes

planteados, en la etapa inicial del proceso ejecutivo, sin perjuicio de que

también quepa efectuar alguna consideración respecto de la habilidad del título

en la etapa decisoria, atento a la amplitud de los términos de la tercera

pregunta.

Asimismo, advierto que las cuatro preguntas formuladas dan por

Provincia de CorrientesPoder Judicial

supuesta o sobreentendida la necesidad de establecer la existencia de una

relación de consumo en un juicio ejecutivo que tiene por título un pagaré, lo que

–a mi modo de ver- no resulta necesario; por lo que, adelanto que mi respuesta

a los cuatro interrogantes será negativa, por las razones que habré de exponer.

Previo a responder a cada una de las preguntas, cabe que formule

consideraciones generales que sustentarán mi posición contraria a que en un

juicio ejecutivo se determine la existencia de una relación de consumo. La

respuesta a cada una de aquellas, resultará por vía de consecuencia.

I- Como primera medida, considero que no puede soslayarse el tipo de

proceso en el cual la cuestión se plantea. No es éste un dato menor, ya que no

debe olvidarse que el proceso debe cumplir un rol de acompañamiento de la

legislación sustancial, no pudiendo desentenderse de los fines y objetivos de

aquélla. Por tal razón los códigos procesales diseñan diversos tipos de

procesos con características distintivas, acordes con la finalidad de la

normativa sustancial. Surge notoria así la diferencia entre los juicios ejecutivos

y los plenarios (ordinario, sumario, sumarísimo), pues los primeros no tienen

por objeto la declaración de derechos dudosos o controvertidos, sino hacer

efectivo, en sede judicial, el crédito documentado. (Fenocchietto, Carlos,

Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires,

Comentado, anotado y concordado. Legislación complementaria, Astrea,

Buenos Aires, 2009, p. 562).

Todo proceso persigue un resultado y tiene una finalidad. El proceso

judicial implica una actividad con un resultado y una finalidad. El resultado es la

sentencia y la finalidad es la aplicación del derecho material al caso concreto. Y

en atención a la finalidad de la pretensión se distingue entre procesos de

conocimiento, en los cuales se solicita el reconocimiento de un derecho o la

declaración de su existencia, y los procesos de ejecución, que se manifiestan

cuando se persigue la satisfacción de un crédito reconocido por sentencia o

que surge de un título al que la ley le reconoce ese efecto (Arazi, Roland.

Derecho Procesal Civil y Comercial, T I, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2012, pág.

190).

Aunque el proceso configura un fenómeno único, existen ciertas

circunstancias que obligan a regularlo con diferentes modalidades y efectos, y

una de ellas es la finalidad que se persigue mediante la pretensión que lo

origina, pudiendo distinguirse entre los procesos de declaración (de

conocimiento), de ejecución y cautelares. “Mediante los procesos de

conocimiento versan sobre un derecho discutido, en la base de todo proceso

de ejecución, por el contrario, se encuentra un derecho cierto o

presumiblemente cierto, cuya satisfacción se tiende a asegurar mediante el

empleo de la coacción” (Palacio, Lino. Derecho procesal Civil, T. I, Lexis Nexis,

Buenos Aires, 2005, p. 305, siguiendo a Carnelutti, Instituciones del proceso

civil, t. I, pág. 61).

El juicio ejecutivo, como exponente de los procesos de ejecución,

presupone la existencia de un crédito en virtud de la peculiar modalidad que

reviste el documento que lo comprueba, al haber sido investido de ejecutividad

por el legislador. De modo que “la eventual materia litigiosa no se halla

representada aquí por el derecho y sus connotaciones del ser, validez o

eficacia, sino y nada más que por la validez y eficacia del título (documento) en

cuya virtud se lo ha promovido... Su objetivo fundamental consiste en facilitar

una vía específica a los acreedores para lograr la rápida satisfacción de su

crédito en atención a las peculiares características que la ley reconoce a ciertos

papeles comerciales en virtud de las propias exigencias del tráfico mercantil”

(Donato, Jorge. Juicio Ejecutivo, Universidad, Buenos Aires, 2008, pág.49).

Y no puede dudarse de la vigencia del proceso ejecutivo en nuestro

régimen procesal, ya que se encuentra previsto en el Código Procesal Civil y

Comercial de la Provincia de Corrientes (Libro tercero, Título 2, arts. 520 a

594), separado de los procesos de conocimiento, con las características de un

proceso especial, de ejecución y de conocimiento restringido.

Provincia de CorrientesPoder Judicial

II- Juicio ejecutivo en la legislación argentina es el proceso especial,

sumario en sentido estricto y de ejecución, cuyo objeto consiste en una

pretensión tendiente a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación

documentada en alguno de los títulos extrajudiciales que, en razón de su forma

y contenido, autorizan a presumir certeza del derecho del acreedor (Palacio,

Lino. Derecho Procesal Civil, T VII, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005, pág.332).

La naturaleza especial del proceso deriva del hecho de hallarse

sometido a trámites específicos, distintos de los que corresponden al ordinario,

y la sumariedad está dada por la circunstancia de que, en tanto el conocimiento

judicial debe circunscribirse, en caso de oposición a la pretensión, a un número

limitado de defensas. Es que el proceso ejecutivo no configura vía idónea para

el examen y solución integral del conflicto suscitado a raíz del incumplimiento

de la obligación cuyo cobro persigue, de modo que la sentencia mediante la

cual culmina sólo adquiere, en principio, eficacia de cosa juzgada en sentido

formal.

La finalidad principal del juicio ejecutivo consiste en facilitar una vía

específica a los acreedores para lograr la rápida satisfacción del crédito, en

atención a las peculiares características que la ley reconoce a ciertos papeles

comerciales y a otros títulos, en virtud de las propias exigencias del tráfico

mercantil (CNCom., Sala B, 30-8-84, ED, 111-398). Los títulos ejecutivos tienen

como razón la tutela jurídica del crédito, otorgando al acreedor un instrumento

a fin de promover un juicio acelerado y obtener cuanto antes la satisfacción del

crédito. El procedimiento legal es de naturaleza documental y privilegiado

permitiéndole a su tenedor una sentencia inmediata, si bien respetando el

principio constitucional de defensa en juicio (sentencia de remate, art. 549), que

le abrirá las puertas a la ejecución propiamente dicha (cumplimiento de la

sentencia de remate, art. 557) (Fenocchietto, Carlos, Código Procesal Civil y

Comercial de la Provincia de Buenos Aires, Comentado, anotado y concordado.

Legislación complementaria, Astrea, Buenos Aires, 2009, p. 562).

Recuérdese que la finalidad de la pretensión ejecutiva no es obtener un

pronunciamiento acerca de un derecho discutido, como sí lo es en la pretensión

de conocimiento. Así como en los procesos de conocimiento, en la etapa

introductoria, rige el sistema de sustanciación, en los ejecutivos rige el sistema

inverso, el de individualización, es decir, indicación de la relación jurídica sobre

la que se funda la pretensión, con base en un título, art. 520, CPCC (Falcón,

Enrique M. Tratado de Derecho Procesal Civil, T V, Rubinzal Culzoni, Santa Fe,

2006, pág.158). Se prescinde aquí de la etapa de información respecto de los

hechos y se reduce el conocimiento a un título que sirve de punto de partida

para proceder en forma más o menos inmediata a satisfacer la pretensión del

acreedor (Falcón, Enrique M. Tratado de Derecho Procesal Civil, T V, Rubinzal

Culzoni, Santa Fe, 2006, pág.173).

En la pretensión ejecutiva se encuentra un derecho ya cierto o

presumiblemente cierto, que puede incidir en forma inmediata en la esfera

patrimonial del deudor, sin que resulte necesaria la previa provocación del

contradictorio; de manera que la mera interposición de la pretensión ejecutiva,

seguida del examen del título en que se fundamenta, es susceptible de

provocar la utilización de medidas coactivas sobre bienes del sujeto pasivo, sin

perjuicio de que éste en una ulterior etapa deduzca determinadas oposiciones

al progreso de la ejecución (Palacio, Lino. Derecho Procesal Civil, T VII, Lexis

Nexis, Buenos Aires, 2005, pág.221/222).

Así pues, el ámbito de conocimiento del proceso ejecutivo es

restringido, se limita a otorgar autonomía y suficiencia al título ejecutivo frente

al elemento causal de la relación jurídica. La jurisprudencia es conteste en

admitir que “la sentencia ejecutiva no declara el derecho creditorio, pues se

limita a controlar las condiciones de legalidad del título mediante una decisión

que manda llevar adelante la ejecución o la desestima” (CNCiv., Sala B,

23/11/95, LL, 1996-B, p.722, citada por Donato, Jorge. Juicio Ejecutivo,

Universidad, Buenos Aires, 2008, pág.68) Y también lo ha hecho

invariablemente la doctrina, señalando que, en definitiva la sentencia ejecutiva

no tiene por función declarar el derecho creditorio, sino controlar las

condiciones de legalidad del título, esto es, si el mismo resulta idóneo a los

Provincia de CorrientesPoder Judicial

fines perseguidos (Falcón, Enrique M. Tratado de Derecho Procesal Civil, T V,

Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, pág. 183).

La naturaleza del juicio ejecutivo, con un limitado ámbito cognoscitivo,

excluye todo aquello que va más allá de lo meramente extrínseco, pudiendo el

ejecutante oponer al progreso del juicio por vía de excepción, las deficiencias

formales del título; la controversia sobre lo sustancial, sobre la legitimidad de la

causa, quedará reservada para un juicio ordinario en el cual se posibilite un

amplio debate. Es claro que el objetivo del proceso ejecutivo es dotar al título

de fuerza ejecutoria.

Con las características enunciadas ha sido regulado el proceso

ejecutivo en nuestro ordenamiento procesal y en la mayoría de los Códigos de

procedimiento del país. Por tanto, al analizar el tema que nos ocupa, estas

especiales características del proceso ejecutivo -que marcan los límites del

contradictorio y de la potestad judicial- no pueden ser soslayadas. De lo

contrario, no se verá cumplida la finalidad perseguida por el legislador procesal

que ha diseñado al juicio ejecutivo con precisión y especificidad dentro del

marco general de institutos procesales, con el objeto de cumplir con la finalidad

prevista por la normativa sustancial que busca concretar la tutela del crédito.

III- Sabemos que el elemento que imprime a la pretensión ejecutiva la

certeza suficiente para abrir el proceso de ejecución es el título ejecutivo (nulla

executio sine titulo) y siguiendo a Carnelutti debemos decir que el título

ejecutivo es un documento que representa una declaración imperativa del juez

o de las partes, y como documento que acredita la existencia de un acto

jurídico determinado, es suficiente para que el acreedor, sin necesidad de

invocar los fundamentos de su derecho, obtenga los efectos que le son propios

a la interposición de la pretensión ejecutiva (Palacio, Lino. Derecho Procesal

Civil, T VII, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005, pág. 223 y 224).

Eje y motor del juicio ejecutivo lo constituye un presupuesto necesario:

el título ejecutivo (principio nulla executio sine titulo), al conceder la ley procesal

o sustancial en su caso, una particular certeza jurídica extrajudicial a los

créditos que cumplan los recaudos de exigibilidad y liquidez de una suma de

dinero, generalmente documentado. Como principio general, el título ejecutivo

-es decir, el derecho a demandar por vía ejecutiva- es suficiente y autónomo

del crédito pretendido, no siendo motivo del litigio investigar nada que no

conste en el mismo (Fenochietto, Carlos, Código Procesal Civil y Comercial de

la Provincia de Buenos Aires, Comentado, anotado y concordado. Legislación

complementaria, Astrea, Buenos Aires, 2009, p. 562).

Desde la doctrina procesalista se reconoce que “el título ejecutivo

moderno representa una simplificación impuesta por el interés general a la

rapidez de las ejecuciones en cuanto a que dispensa de la necesidad de un

nuevo conocimiento del juez dirigido a declarar la existencia actual de la acción

ejecutiva y permite al acreedor pedir directamente al órgano ejecutivo el acto

ejecutorio” (Falcón, Enrique M. Tratado de Derecho Procesal Civil, T V,

Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, pág. 173).

La idoneidad del instrumento debe juzgarse desde la visión que los

litigantes han propuesto dentro de este proceso que le sirve de marco, en

cuanto conforma el fundamento conceptual del proceso ejecutivo. Pero el título,

esto es la causa, razón o motivo del que surge el derecho al reclamo, y que en

el caso importa una prestación dineraria insatisfecha, debe asentarse

necesariamente en ese documento, que es a su vez la prueba de la obligación

y que, al reunir las condiciones extrínsecas hace suponer, salvo supuestos

especiales, su existencia y la obligación incumplida (Falcón, Enrique M. Tratado

de Derecho Procesal Civil, T V, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, pág. 187).

Así, las cuestiones que no atañen a las formalidades extrínsecas del título con

el que se promueve la ejecución sino a las relaciones causales subyacentes en

la génesis de la obligación, no pueden tener lugar dentro del estrecho marco

cognoscitivo que proporciona el juicio ejecutivo.

IV- Por otra parte, no debe perderse de vista que, si lo que se ejecuta

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es un título valor, lo que se ejercita en el proceso ejecutivo es una acción

cambiaria, vale decir, se pone en juego “el derecho o poder hacer valer ante un

órgano jurisdiccional y frente a una persona distinta, una pretensión jurídica,

que designamos cambiaria en razón de que tiene por título, exclusivo y

excluyente, una relación documental instrumentada en un papel de comercio

(letra de cambio, pagaré o cheque), según el derecho sustancial (dec.-ley

5965/63 y ley 24522)” (Gomez Leo, Osvaldo. Títulos valores y Títulos

cambiarios. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2018, p. 752).

Por imperativo legal, “el titular de una letra de cambio y un pagaré

dispone, en nuestro ordenamiento vigente, de un derecho subjetivo con

características particulares en cuanto emerge de un título crédito. Por definición

este derecho es literal y autónomo y se encuentra documentado en un título

constitutivo que responde a los caracteres de formal y completo. El primero de

estos caracteres resulta del artículo 1º del decreto-ley 5965/63 (Adla, XXIII-B,

936) en cuanto dispone una serie de recaudos formales que hacen a la

existencia de la letra, concluyendo el artículo 2º que al título al cual le falte

alguno de los requisitos enumerados en el artículo 1º no es letra de cambio,

salvo los casos de las suplencias legales que el mismo artículo menciona. Un

principio similar se registra en torno al pagaré en los artículos 101 y 102 del

decreto 5965/63. El carácter de completo se verifica en cuanto, tanto la letra de

cambio como el pagaré, se bastan a sí mismos y el derecho del portador

legitimado, como las obligaciones de cada uno de los firmantes, emerge de los

términos de la declaración cambiaria que resulta del título, no admitiéndose la

remisión a documentos complementarios” (Arduino, Augusto. “Las acciones

cambiarias”, LA LEY 27/03/2013).

El pagaré, al ser un título de crédito, se halla informado de los

caracteres esenciales de éstos desde que media una vinculación existencial

entre el derecho y el documento (carácter necesario), el derecho solo puede

ser reclamado y atendido en sus términos textuales, con exclusión de las

convenciones extrañas al documento, que han perdido toda relevancia jurídica

(carácter literal), y se considerará nacido de modo originario en cada

transmisión (carácter autónomo).

La doctrina especializada en títulos valores entiende que, si la relación

jurídica documentada en la letra de cambio es observada desde el punto de

vista activo, podemos percibir que en el proceso cambiario, su objeto se halla

circunscripto y limitado por los caracteres del derecho cartáceo y por los

documentales del título (necesidad, literalidad y completividad) cuyo cobro se

demanda, en tanto el acreedor no puede pretender más de lo que surge del

título ni recurrir a los otros elementos (actos o relaciones) que no sean los

documentales (Gomez Leo, Osvaldo. Títulos valores y títulos cambiarios,

Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2018, p. 753, citando a Ascarelli - Bonassi

Benucci, C, voz: “Cambiale”, t II, p.633).

Desde el punto de vista pasivo la relación jurídica documentada en el

título, dispensa una influencia aún mayor de los caracteres esenciales de la

cambial respecto de las defensas que el deudor puede oponer a la pretensión

del actor. En efecto: debido al carácter literal del derecho y al carácter completo

del documento, el deudor no podrá valerse de defensas y excepciones basadas

en medios probatorios extraños a aquel. Atento al carácter formal y a la aptitud

constitutiva de la letra de cambio base de la acción, tampoco será admisible el

argumento de que la relación documentada en ella no corresponde a la

situación real de las partes. Además, por el carácter autónomo del derecho

cambiario, el acreedor formula su pretensión con prescindencia de las

situaciones subjetivas de cada uno de los transmitentes del título, sin que el

deudor pueda esgrimir defensas fundamentadas en las relaciones personales

de los demás obligados pues ellas no se acumulan durante la circulación del

título. Por eso, el portador legitimado adquiere y ejerce un derecho originario,

no enervable por excepciones personales, sino por el deudor que le libró o

transmitió el título al actor del proceso, siempre y cuando este se desarrolle por

vía de juicio de conocimiento. Este carácter autónomo tiene su correlato, desde

el punto de vista del deudor, en la independencia de los vínculos obligacionales

de cada uno de los firmantes, que impide invocar defensas, excepciones,

falsedades, suposiciones y vicios en general que afecten a los demás firmantes

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del título (art. 7 y 8, LCA). Por último, teniendo en cuenta el carácter abstracto

del papel de comercio de que se trate, el deudor no podrá oponerle al actor las

defensas causales fundadas en la relación extracambiaria por la que se libró o

transmitió el título, en forma absoluta en el juicio ejecutivo, y en forma relativa

en el juicio ordinario (o de conocimiento), si ese actor es el sujeto que se

relaciona en forma directa e inmediata con él en el nexo cambiario y tiene

instrumentado en forma circunstanciada el hecho o acto limitativo o

modificatorio que opone como defensa, solo así podrá enervar la pretensión del

actor (Gomez Leo, Osvaldo. Títulos valores y títulos cambiarios, Abeledo

Perrot, Buenos Aires, 2018, p. 754).

Debe destacarse que la naturaleza cambiaria de la acción para hacer

valer en justicia la pretensión que se fundamenta, exclusiva y excluyentemente,

en la letra de cambio, atañe a su aspecto sustancial, con prescindencia de la

vía o procedimiento que el acreedor opte por utilizar. De allí que toda la

doctrina comercialista es conteste en sostener que toda acción fundada en la

letra de cambio es una acción cambiaria, sea o no, además, acción ejecutiva

(Rouillón. Adolfo. Código de Comercio comentado y anotado, T. V, La Ley,

Buenos Aires, 2006, pág. 205, citando a Cámara, Héctor. Letra de cambio y

vale o pagaré, Ediar. Buenos Aires, 1970, T.II, pág.162).

La acción cambiaria, como pretensión, se refiere al "derecho

incorporado" al título, a la facultad sustancial de obtener el pago o el reembolso

del importe de la obligación cartular más los accesorios pertinentes (artículos

30, 52, 53 y 56, decreto-ley 5965/63) (Escuti, Ignacio A., "Títulos de crédito", 9ª

edición actualizada y ampliada, p. 298, Astrea, Buenos Aires, 2006). La acción

cambiaria no es más que la facultad de requerir la intervención del órgano

jurisdiccional para conseguir el pago de los obligados en virtud de un

documento cambiario. Se funda en forma exclusiva y excluyente en el papel de

comercio como título abstracto, formal y completo, que es además, un

documento constitutivo y dispositivo del derecho de crédito que en él se ha

representado. Será directa, contra el aceptante y sus avalistas; y de regreso,

contra todo otro obligado (Gomez Leo, Osvaldo. Tratado del pagaré cambiario,

Lexis nexis, T.1, Bs.As., 2002, pág.757).

La acción (cambiaria) en tanto potestad de demandar en justicia el

cumplimiento de la prestación documentada en un pagaré (o letra de cambio o

cheque común o cheque de pago diferido) respecto de todos los firmantes es

concedida por el derecho sustancial o de fondo o derecho cambiario (art. 51

decreto ley 5965/63) (Tellechea, Delinda Solange, "De los recursos por falta de

aceptación y por falta de pago", en "Código de Comercio, Comentado y

Anotado", Adolfo Rouillón (director), Daniel F. Alonso (coordinador), Buenos

Aires, La Ley, 2006-V, pág.163).

El derecho de cobrar el importe de un pagaré emerge del título mismo y

no del negocio originario de éste. Y si se persigue el cumplimiento de una

obligación emergente de documento cambiario, no es menester expresar el

origen de la deuda. En el ejercicio de la acción cambiaria directa el portador

legitimado puede elegir cualquier vía procesal, sea ejecutiva u ordinaria, pues

ello no modifica el fundamento de su pretensión, y siendo titular de un derecho

cartular, independiente del derecho nacido de la relación fundamental, puede

hacerla valer tanto en un proceso ejecutivo como en uno ordinario (Rouillón,

Adolfo. Código de Comercio comentado y anotado, T. V, La Ley, Buenos Aires,

2006, pág. 206). Incluso se ha sostenido, que la ejercitada dentro de un

proceso de conocimiento no pierde por ello las características propias

derivadas del hecho de fundarse en títulos valores, ya que la presunción de

autenticidad del título ejecutivo no se ve alterada por la sola circunstancia de

que se haya adoptado una forma procesal más amplia -juicio ordinario- para

obtener el cobro de los importes correspondientes. Y aun cuando la acción

cambiaria sea ejercida en el marco de un proceso ordinario, se ha expresado

que “el actor que invoque la causa del título valor no está obligado a

acreditarla, correspondiendo en su caso al demandado la prueba para enervar

la falta o vicio de la relación fundamental” (C2a Civ y Com. Paraná, sala II-

1997/07/18, LA LEY 2000-B-842, La Ley Litoral 1998-2-725).

Entonces, a modo de resumen de lo expuesto en los puntos

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precedentes, habré de decir que la propia naturaleza de la acción cambiaria

que se ejercita en el proceso ejecutivo torna innecesario todo análisis de la

relación jurídica subyacente al cauce documental. Si la acción cambiaria se

ejercita en base a un título (pagaré) que cumple con los recaudos legales

establecidos para los títulos de crédito, teniendo por causa petendi el vínculo

literal, autónomo y abstracto creado por la suscripción del título, y por petitium

la suma de dinero indicada en el litigio, no encuentro razones para determinar

-en tales casos- la existencia de una relación de consumo. No será una

relación de consumo la que estará bajo análisis cuando se ejercite una acción

cambiaria, sino el derecho documentado en un título que reviste naturaleza

jurídica cambiaria, así como las obligaciones cambiarias contenidas en él. En

consecuencia, si al juzgar un vínculo cambiario -formal y constituido en virtud

de la cartular- habrá que estar a la literalidad y a la autonomía del derecho

incorporado al título, carece de sentido toda referencia a la relación jurídica que

dio origen a la creación del documento, por ende, resulta irrelevante -en los

juicios ejecutivos basados en pagarés- determinar la existencia de una relación

de consumo.

V- Este razonamiento tiene respaldo legal en una normativa especial

que permanece vigente y debe ser aplicada con todo su vigor. Efectivamente,

el decreto ley 5965/63, ratificado por Ley 16478 contiene las normas

sustanciales que rigen en materia de letra de cambio y pagaré, previendo los

requisitos formales y esenciales conforme a la ley Uniforme de Ginebra, y

fijando los caracteres de incorporación, literalidad, autonomía, formalidad,

función de legitimación, completividad, promesa incondicionada de pago,

abstracción, solidaridad y acción ejecutiva.

Esta norma, lejos de haber sido derogada por la ley 26994, mantiene su

vigencia por disposición expresa (ver su artículo 5). La ley 26.994, al tiempo

que aprueba el Código Civil y Comercial, por medio del Anexo II modifica los

arts. 1°, 8°, 50 de la ley 24.240 y agrega un art. 40 bis; también introduce en el

Código un Título sobre "contratos de consumo" (arts. 1092 a 1122), que

modifica y complementa la LDC, y un capítulo completo (arts. 1815 a 1875)

sobre “títulos valores”, sin alterar los principios contenidos en la ley especial.

Aun cuando se interprete que el nuevo Código Civil y Comercial

establece un sistema de derecho privado, se reconoce la subsistencia de los

microsistemas jurídicos conformados por las leyes especiales. Los mismos

autores del proyecto establecieron que el CCC es un código respetuoso de los

microsistemas a los que no ha querido modificar “salvo cuando ello fuera

absolutamente necesario”; lo que ha llevado a considerar que el mismo

contiene un derecho supletorio del derecho privado, aplicable sólo cuando los

microsistemas normativos (que se mantienen vigentes conforme el art. 5 de la

ley 26994 lo dispone) no alcancen, sean insuficientes o no prevean (en caso de

laguna o vacío legal) las conductas en análisis (Barreiro, Marcelo “Apuntes

sobre la responsabilidad de los administradores en la ley 24 522 a la luz del

Código Civil y Comercial” en Revista de Derecho Privado y Comunitario,

Insolvencia 2, 2019- 3, pág. 19). Y en el tema que nos ocupa, el propio Código

en su art. 1834 establece el predominio de la disciplina particular por sobre la

general del CCC (Gomez Leo, Osvaldo. Tratado de Derecho Comercial y

Empresarial, T I, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016, pág.56).

Sabemos que en caso de conflicto entre una norma especial y una

norma general posterior (conflicto del criterio de especialidad y del criterio

cronológico) debe prevalecer el criterio de especialidad, en virtud del adagio lex

posterioris generalis non derogat priori speciali (ley posterior general no deroga

ley especial anterior), lo que hace primar al microsistema por sobre las reglas

del Código. Por el mismo principio, también deben primar las normas

cambiarias respecto de la Ley de Defensa del Consumidor aunque ésta sea

posterior, ya que la regla cronológica cede cuando la norma anterior es

especial.

Un claro ejemplo de esta interpretación se encuentra en fallos que

dirimen la relación de la Ley de seguros y la Ley de Defensa del Consumidor,

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resolviéndose que el plazo de prescripción de un año establecido en el artículo

58 de la ley de seguros no puede considerarse ampliado a tres años por

disposición del artículo 50 de la ley consumidor puesto que la primera es una

norma específica que debe prevalecer sobre la general (“Espinoza Martha

Roxana c/ HSBC Buenos Aires seguros S.A. s/ordinario”, CNCom Sala A, 18 de

octubre 2013). En igual sentido lo entendió la Corte al ponderar la aplicación de

la normativa del consumo frente a la ley de contratos de seguros haciendo

primar la especialidad de la norma asegurativa señalando que “no obsta a lo

dicho la modificación introducida por la ley 26.361 a la Ley de Defensa del

Consumidor, pues esta Corte ha considerado que una ley general posterior no

deroga ni modifica, implícita o tácitamente, la ley especial anterior, tal como

ocurre en el caso de la singularidad del régimen de los contratos de seguro

(M.1319.XLIV “Martínez de Costa, María Esther c. Vallejos, Hugo Manuel y

otros s/ daños y perjuicios”, fallada el 09/12/2009)” (CSJN, Buffoni, Osvaldo

Omar c. Castro, Ramiro Martín s/ daños y perjuicios, 08/04/2014, LA LEY

29/04/2014, 29/04/2014, 3- Cita Online: AR/JUR/6035/2014). Igual

temperamento es dable aplicar en la interpretación que nos ocupa, para

respaldar la prevalencia de la normativa cambiaria, siendo ésta la ley especial

que regula el microsistema de los títulos valores.

Entonces, la relación de tensión que se genera entre las normas

especiales y las disposiciones generales del Código o de la ley de defensa del

consumidor, debe resolverse dando preeminencia a la norma especial, en

razón de la finalidad específica de ésta y de los principios que la sustentan

(arts. 1 y 2 CCC).

En nuestro caso, tratándose de títulos valores, cabe destacar que lo

que inspiró al legislador para establecer la regulación especial, fue la necesidad

de certeza en la existencia del derecho de crédito al tiempo de su adquisición,

seguridad en la realización del crédito al tiempo que se torne exigible y rapidez

en las negociaciones que se realizan para concretar tal desplazamiento.

Entonces, convirtió al documento suscripto por el deudor en el soporte material

de su obligación, dando al tenedor (acreedor formal) la certidumbre de obtener

la prestación que encierra; en consecuencia, la transferencia del documento

sirve para la transferencia del crédito y aquel se acepta de buen grado por

todos como equivalente de la prestación misma (Gomez Leo, Osvaldo. Tratado

de Derecho Comercial y Empresario, T I, Abeledo Perrot, Bs.As., 2016, pág. 13,

citando a Langle). Así, las normas y principios especiales reemplazaron -con

ventajas- a los medios tradicionales de instrumentación y transmisión de las

obligaciones, permitiendo la realización de los valores que inspiraron tal

regulación y favoreciendo con ello a la circulación económica.

Se reafirma, de este modo, el valor jurídico de las disposiciones

cambiarias, así como el de sus principios específicos, basados en la literalidad,

autonomía y abstracción de los derechos incorporados, sumando una acción

especial para su cobro (la acción cambiaria).

VI- Tampoco advierto que la legislación especial cambiaria se encuentre

modificada por las normas de consumo, ni que los principios cartulares hayan

perdido eficacia frente a una relación de consumo.

Por relación de consumo debe entenderse el vínculo jurídico existente

entre un proveedor y un consumidor, que si tiene fuente en un contrato, será en

el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o

jurídica que actúe profesionalmente u ocasionalmente o con una empresa

proveedora de bienes o prestadora de servicios, teniendo por objeto la

adquisición, uso o goce de los bienes y servicios por parte de los consumidores

o usuarios para el uso personal, familiar o social. Así aparece hoy regulada en

el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1093 CCC).

La doctrina ha conceptualizado como consumidor a toda persona física

o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa

como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social

(Stiglitz, Rubén. Relaciones de consumo. Teoría general y nuevo orden

contractual. Contratos de consumo en el Código Civil y Comercial, en Tratado

de derecho del consumidor (Dir). Stiglitz – Hernández, T II, La Ley, Bs. As.

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2015, p. 6). Y en protección de éste, la Ley de Defensa del Consumidor se ha

ocupado de prever reglas tuitivas en materias determinadas, vigorizando el

deber de información y el carácter vinculante de la oferta dirigida a potenciales

consumidores indeterminados, sumando exigencias en la instrumentación de

los contratos de consumo, regulando garantías y responsabilidades impuestas

al empresario a fin de asegurar la adecuación y eficacia de los bienes y

servicios proveídos, así como deberes específicos en la etapa de ejecución de

los contratos de prestación de servicios. Esta normativa, también brindó pautas

interpretativas de cláusulas contractuales autorizando a declararlas ineficaces

cuando resulten abusivas y sentó por primera vez con base legal el principio de

la interpretación contractual favorable al consumidor, que la doctrina y

jurisprudencia -en base al artículo 7 del anterior Código de Comercio- venían

elaborando (Ley 24240, modificada por Ley 26361).

En ese camino protectorio y en defensa del derecho a la información del

consumidor, el art. 36 de la Ley 24240 –único artículo destinado al crédito para

consumo- establece recaudos a cumplir en la instrumentación de las

operaciones financieras para consumo y fija reglas de competencia para que el

consumidor pueda demandar o ser demandado. Sin embargo “esa norma está

lejos de sugerir la conclusión derogatoria del régimen de títulos valores y el

juicio ejecutivo” (Paolantonio, Martín. Monólogo de fuentes: el caso del pagaré

de consumo. LA LEY 20/05/2015, 20/05/2015, 1-LA LEY2015-C, 823, Cita

Online: AR/DOC/1267/2015) y la Ley de Defensa del Consumidor en ninguna

parte de su articulado ha modificado las características y condiciones legales

de los títulos cartulares, ni dispuso regla alguna que determine la invalidez del

pagaré cuando éste sea utilizado como promesa de pago en relaciones de

consumo. Tampoco se ha establecido ninguna regulación que refiera a lo que

cierta doctrina denomina “pagaré de consumo”, lo que obviamente debe ser

hecho por ley, siendo hasta hoy una aspiración de la doctrina consumeril poder

consagrarlo mediante una norma positiva (Ver Aicega, Valentina “El pagaré de

consumo en el Anteproyecto de Ley de Defensa del Consumidor”, Sup.

Especial Comentarios al Anteproyecto de LDC, 27/03/2019, 463, Cita Online:

AR/DOC/630/2019).

Respecto de las operaciones de crédito para el consumo, la primera

parte del art. 36 LDC determina pautas de contenido del instrumento (respecto

del bien o servicio que es objeto de la compra o contratación, el precio y sus

modalidades de cancelación, tasas de interés y costos de financiación), da

derecho al consumidor a demandar la nulidad del contrato o de una o más

cláusulas cuando se omitieran estas especificaciones y faculta al juez a

declarar la nulidad parcial e integrar el contrato si fuera necesario. Dicha norma

establece obligaciones de contenido contractual esencialmente vinculadas con

el cumplimiento de deberes de información en el plano precontractual y

contractual, sin embargo, nada regula respecto de los títulos valores, ni

establece disposición que modifique o derogue los principios cartulares

establecidos por la ley especial que los rige.

Se ha dicho que "el artículo 36 LDC no hace referencia alguna a los

títulos de crédito. Ciertamente no prohíbe librarlos con relación a las

operaciones financieras para consumo ni a las de crédito para el consumo. En

realidad, ni siquiera hace mención de índole alguna a tales títulos que se

utilizan, pacíficamente, desde hace siglos y son herramientas indispensables

del comercio. Pretender declararlos nulos sin otra argumentación que el texto

de dicha norma carece por completo de razonabilidad" (Drucaroff Aguiar,

Alejandro, “Ejecución de pagarés por entidades financieras”, L.L. 2015-A, 388).

La jurisprudencia ha sostenido que “se distorsionan los alcances del art.

36 LDC reformado por la ley 26361 cuando se lleva su interpretación a la

derogación tácita de los títulos valores por los derechos del consumidor, o se

pregona la extremaunción al pagaré de consumo, al reputarlo per se una

práctica abusiva del sector crediticio. Los datos que exige el art. 36 LDC deben

ser incluidos en el documento que corresponda, lo que no significa que el título

cambiario que respalde la operación deba tener detallada la relación que dio

lugar a su creación, conteniendo especificaciones que el art. 100 del decreto-

ley 5965/63 no exige y hasta serían incompatibles con su naturaleza de

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promesa de pago pura y simple, o se encuentre afectado en su habilidad

ejecutiva si no resulta completado o integrado extracartularmente, en desmedro

de su ínsita autonomía sin disposición expresa” (del voto del Dr. Guardiola, al

que adhiere el Dr. Mitarotonda – Mayoría, en Naldo Lombardi S.A. c/ Caporale

Sergio Daniel | cobro ejecutivo Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y

Comercial de Junín Fecha: 29-oct-2013, Cita: MJ-JU-M-82237-AR | MJJ82237).

En el crédito al consumo se da una relación directa entre el comerciante

y el consumidor, cuyos efectos se proyectan entre las partes intervinientes.

Pero, si en la instrumentación de tales créditos se utilizan títulos valores se

plasma en ellos una relación cartular que es independiente de la relación

subyacente y deben aplicarse a éstos las reglas y principios que los rigen

según su ley especial, sin que puedan verse alterados, suprimidos o derogados

por la normativa del consumo. Más aún, si se produce la circulación del título a

manos de terceros, en cuyo caso, además de los principios de literalidad y

autonomía, regirán plenamente las reglas de la abstracción cambiaria.

Recordemos que la razón jurídica por la cual quedan obligados quienes

suscriben un título de crédito, no surge de la relación fundamental que pueda

generarlo, sino de la declaración unilateral de voluntad que convierte al

firmante en obligado cambiario. Y es así porque la teoría de la declaración

documental reposa en base la declaración unilateral de voluntad, la teoría de la

creación y la protección del derecho del tercero portador de buena fe. “Se

entiende que la fuente de la obligación cambiaria es “la declaración

documental” que se concreta con el requisito formal y mínimo de la firma del

librador, que resulta en su virtualidad obligado cambiario, prescindiendo de la

relación extracambiaria que le pudo servir de causa y de que haya extendido,

voluntariamente o no, tal declaración documental” (Gomez Leo, Osvaldo –

Aicega, Valentina. “Abstracción cambiaria, Derecho de Consumo y

Competencia – Nota a Fallo”. Revista Argentina de Derecho Empresario –

Número 10, 30-09-2011, cita: IJ – L-432). Entonces, claramente, la declaración

cambiaria proveniente de una declaración unilateral de voluntad no encuadra

en el art. 36 LDC que refiere a los contratos (actos jurídicos bilaterales) de

crédito o financiación de consumo y al contenido obligacional de éstos.

Tampoco cabe interpretar que la regla de competencia prevista por la

segunda parte del art. 36 de la LDC implique una derogación tácita de la

normativa cambiaria o que hubiera modificado lo dispuesto por el decreto ley

5965/63 introduciendo en el derecho cambiario cuestiones referidas a las

relaciones de consumo. En ese sentido se expresa Paolantonio, en comentario

a Plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 2011-06-29.

Autoconvocatoria a plenario s/competencia del fuero comercial en los

supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados

derechos de consumidores (“Abstracción cambiaria, juicio ejecutivo y derecho

del consumidor”, LA LEY 03/08/2011, 03/08/2011, 8- LA LEY2011-D, 421, Cita

Online: AR/DOC/2489/2011). Inclusive, algunos votos que conformaron la

mayoría en el citado Plenario, dejaron a salvo que el examen meramente

extrínseco de la obligación instrumentada en el título al solo efecto de precisar

la concurrencia del presupuesto de hecho que habilita la aplicación del art. 36

de la ley 24.240 y determinar la competencia del tribunal, no implica, en modo

alguno, avanzar sobre aspectos causales o desvirtuar el limitado ámbito de

conocimiento del juicio ejecutivo, ni, por lo tanto, vulnerar la abstracción

procesal establecida por el art. 544 del CPCC (Voto de Monti y Tevez).

El art. 36 LDC en su segundo párrafo determina la competencia de los

tribunales para las relaciones de consumo según el domicilio real del

consumidor, regulando sobre un requisito de admisibilidad de la pretensión

procesal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en acción ejecutiva

entablada en una jurisdicción diferente al lugar de pago consignado en el título,

consideró de aplicación el art.36 de la Ley N°24.240 última parte, teniendo en

cuenta las particulares circunstancias del caso. Sin embargo, agregó que “la

conclusión a la que arriba dicho dictamen no invalida la naturaleza del título

base de la pretensión, ni la del juicio ejecutivo, en tanto la verificación de los

presupuestos fácticos que habilitan la aplicación del art. 36 in fine de la ley

24.240, texto según ley 26.361, además de limitarse a las circunstancias

personales de las partes, tiene como único propósito decidir sobre la

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competencia del tribunal, de modo que la abstracción cambiaría y los limites

cognoscitivos propios de estos procesos, a los fines de la viabilidad de la

acción, no resultan afectados (Competencia N° 623.XLV “Compañía Financiera

Argentina S.A. c. Monzón, Mariela Claudia s/ ejecutivo”, fallada en la fecha)”

(CS, 10/12/2013, "Productos Financieros SA c. Ahumada, Laura s/cobro

ejecutivo", La ley on line- AR/JUR/109557/2013). Vale decir que la misma Corte

señaló los límites del artículo 36 de la LDC en la ejecución de un título de

crédito, al que reconoce plenamente su naturaleza y características, como

también los límites cognoscitivos propios del proceso ejecutivo. Se ha dicho en

comentario a este fallo: "Debe resaltarse, no obstante, que el Alto Tribunal

aclaró que ello no era un obstáculo para seguirle reconociendo validez al título

que originó la ejecución, de modo que la ejecución cambiaria y los límites

cognoscitivos propios de los procesos ejecutivos no quedaban afectados por la

decisión" (Chamatropulos, Demetrio Alejandro, Estatuto del Consumidor, La

Ley-Thomson Reuters, 2016, t. I, p. 593).

VII- No desconozco que existe un sector de la doctrina y de la

jurisprudencia que con base en la relación de consumo, hace prevalecer en

todos los casos la normativa protectoria del consumidor por sobre la de los

títulos cartulares, utilizando una variada gama de argumentaciones, incluso de

tenor constitucional con basamento en lo preceptuado por el art. 42 C.N., o

exacerbando el carácter de orden público previsto en la ley 24240.

A mi modo de ver, los fundamentos de protección al consumidor

respaldados por el art. 42 C.N., así como la constitucionalización del derecho

privado impulsada a través de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial,

no resultan suficientes para desconocer lo regulado por la ley especial que rige

a los títulos valores y a las acciones cambiarias, ni para negar la vigencia de

los principios que informan el derecho cambiario.

Recordemos que, si bien con la reforma constitucional de 1994 recién

se reconoció rango constitucional a los derechos del consumidor, ello no ha

sido con el afán de constituirlo en un super derecho, en desmedro de otros

históricamente reconocidos. También tiene fundamento constitucional la “tutela

del crédito” -pilar fundamental del crecimiento económico del país- reconocida

por el art. 14 CN en tanto protege el ejercicio de toda industria lícita y la libertad

de comercio, en consonancia con los fines del preámbulo y los previstos en los

incisos 18 y 19 CN y edificada las bases del reconocimiento del derecho de

propiedad (art. 17 CN). En ese sentido, el derecho subjetivo cambiario que

fundamenta la pretensión del acreedor, es concedido a éste por el derecho de

fondo (ley cambiaria) dictado en uso de las facultades constitucionales del art.

75, inc. 12, CN (Gomez Leo, Osvaldo. Títulos valores y Títulos cambiarios.

Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2018, p. 754).

Vale decir, que estamos frente a dos valores constitucionales protegidos

(la tutela del consumidor y la tutela del crédito), frente a dos derechos

constitucionales expresamente reconocidos (derecho de ejercer el comercio y

derecho de consumo) y frente a dos legislaciones dictadas en virtud de

potestades constitucionales (Ley 24240 y decreto ley 5965/63, ratificado por ley

16748), a lo que debe sumarse la sanción del Código Civil y Comercial de la

Nación que ha reconocido en su articulado a la relación de consumo (art. 1093

y sgtes), pero que también ha incorporado un capítulo especial para los títulos

valores (Capítulo 6 del Título V del Libro III arts.1815 a 1875) y –un dato más

que relevante- la ley que dispuso su sanción, mantuvo vigente expresamente el

régimen especial de la letra de cambio y pagaré (decreto ley 5965/63).

De modo que, la cuestión no es tan sencilla como pintan algunas

interpretaciones, dando rango constitucional únicamente a los derechos de los

consumidores y proponiendo que a partir de lo normado por el artículo 42 CN y

por esa sola circunstancia, ya no rigen los principios de la legislación cambiaria.

Al respecto cabe destacar que existe autorizada doctrina que opina en

este sentido. Paolantonio afirma: “No desconocemos el concepto de

constitucionalización del Derecho Privado, claramente presente en el Código

Civil y Comercial. Pero también cabe recordar que el derecho de crédito tiene

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idéntica tutela, y no puede establecerse una preeminencia apriorística entre las

normas constitucionales en la materia. Así pues, más que recurrir a la

Constitución Nacional cual "cajón de sastre", corresponde acreditar de manera

cabal el conflicto normativo, y solucionarlo con los criterios aceptables para

preservar la integridad del ordenamiento jurídico (art. 2 del Código Civil y

Comercial). Si con ellos se desplaza una norma determinada, que así sea. Pero

—insistimos— debe justificarse esa solución más allá de la regla constitucional”

(Paolantonio, Martín. Monólogo de fuentes: el caso del pagaré de consumo. LA

LEY 20/05/2015, 20/05/2015, 1 - LA LEY2015-C, 823, Cita Online:

AR/DOC/1267/2015). Este autor manifiesta su desacuerdo con la

jurisprudencia y doctrina que pretende constituir al Derecho del Consumidor en

un "super sistema" capaz de barrer con el resto del orden jurídico aun cuando

pudieran establecerse soluciones de coordinación (el verdadero "diálogo de

fuentes") y expresamente señala que el desplazamiento normativo no puede

constituirse en un método interpretativo que termine por reducir cualquier

relación jurídica de Derecho Privado a un problema de subsunción en una

norma de la ley 24.240 y menos aún, recurrir al fácil expediente de la norma de

tutela de la Constitución Nacional para obtener un resultado análogo al

indicado (Paolantonio, Martín. Monólogo de fuentes: el caso del pagaré de

consumo. LA LEY 20/05/2015, 20/05/2015, 1 - LA LEY2015-C, 823, Cita Online:

AR/DOC/1267/2015).

La Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Ciudad

de Córdoba en Sentencia N°101 de 6-10-16 en autos: “MAS BENEFICIOS S.A.

C/ SANTILLAN, RODOLFO ANTONIO – EJECUTIVO POR COBRO DE

CHEQUES, LETRAS O PAGARES – RECURSO DE APELACION”- Expte. N°

2648111/36, también ha considerado que: “El microsistema que contiene la Ley

de Defensa del Consumidor se debe integrar en el macro sistema, como así lo

hace el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que regula tanto la

relación de consumo como los títulos cambiarios. Mas, de ningún modo puede

aquél fagocitar al macro sistema…salvo que se piense que el novel

ordenamiento sustancial nació desactualizado, al no regular en todos y cada

uno de los diversos supuestos por los que atraviesa “el consumidor”.

En línea similar se había manifestado el voto de la minoría en Plenario

de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Autoconvocatoria a

plenario s/competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de

títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores

-2011-06-29) - Dres. Uzal, Ballerini, Piaggi, Gómez Alonso de Díaz Cordero y

Vasallo- señalando que, “habilitar por obra de meras inferencias presuntivas la

atención de relaciones causales en el marco de ejecuciones de títulos

cambiarios violentaría gravemente principios elementales de derecho cambiario

y del ordenamiento ritual y, so pretexto de la sola invocación del derecho del

consumidor, se tendería a constituir una especie de "superderecho" al margen

de las relaciones económicas, con la sola y alegada presunción de abusos y

desmesuras”. En idéntico sentido, Illanes, Carlos L., en “Abstracción cambiaria

y defensa del consumidor”, DJ 8/5/2013).

Por otra parte, la tutela del art. 42 de la Constitución y del estatuto del

consumidor, tiene sentido si éste se encuentra en una situación de

vulnerabilidad o desigualdad ya que tiene por finalidad la protección del

consumidor ante el desequilibrio que pueda existir entre los contratantes

(Wajntraub, J. “Derechos Constitucionales de Usuarios y Consumidores.

Derechos Constitucionales del Consumidor” en Tratados de los Derechos

Constitucionales” Bs.As. Abeledo Perrot. T. III, p. 829/30; Lorenzetti, R.L.;

“Consumidores” Sta. Fe. Rubinzal Culzoni. 2003, p. 88/9). Por tanto “debe

tenerse presente cuando se hace merecedor de tal protección y cuando no. En

definitiva, un análisis realista y equilibrado, es el que permitirá la más razonable

y ponderada armonización de los intereses que están en este ámbito de las

relaciones que atienen a los consumidores” (Aparicio, J.M. “Protección Jurídica

del Consumidor” Biblioteca Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales

de Bs.As., Serie II. Obras. Num. 34. Bs.As. 2009 (separata), p.30/48), citados

por Sentencia N°101, 6-10-16, Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y

Comercial de la Ciudad de Córdoba, referenciada ut supra, Expte. N°

2648111/36).

Provincia de CorrientesPoder Judicial

De modo que no cabe pregonar una defensa del consumidor en

abstracto por el solo hecho de que se presuma la existencia de un consumidor

o una relación de consumo. La aplicación de la norma protectoria se justifica

cuando pueda advertirse un desequilibrio que deba ser restablecido mediante

el amparo del derecho. A tal efecto, deberá analizarse cada caso en concreto,

para verificar que efectivamente se trata de derechos de un consumidor y que

éstos se han visto vulnerados, lo que deberá ser objeto de comprobación. Lo

contrario llevaría a admitir que la sola presencia de un consumidor hace

presumir una conducta contraria a la ley de la contraparte, o un ejercicio

irregular de su derecho. Sostener una afirmación de esta naturaleza implica

presumir la mala fe de quien reclama, lo que resulta inadmisible en razón de

que la regla de la buena fe (lealtad) es la que debe primar en todas las

relaciones jurídicas y en las interpretaciones que se hagan de las mismas.

Además, el hecho de que el art. 65 de la ley 24240 haya establecido

que la ley es una norma de orden público, no puede servir de fundamento para

hacer prevalecer –en todos los casos y por esa sola razón- la normativa

protectoria del consumidor por encima de la de los títulos valores, modificando

o derogando las disposiciones especiales previstas para éstos en su régimen

legal (decreto ley 5965/63). Tampoco puede traer aparejado –sin más- la

nulidad de oficio de un título ejecutivo por incumplimiento de normas ajenas a

las especiales que los rigen.

Por otra parte, la declaración de orden público, expresada de manera

genérica en aquel cuerpo normativo, si bien indica un límite al ejercicio de

derechos individuales fundado en razones generales (protección del

consumidor), no implica sustituir a las partes en el reclamo de sus derechos. La

aplicación de esta norma tuitiva habrá de requerir siempre una acción positiva

del consumidor que se dice afectado. No cabe, entonces, aplicar de oficio la ley

de defensa del consumidor en los procesos ejecutivos interpretando dicha

normativa en favor de quienes aún no se han presentado al proceso a requerir

tal protección. Menos aún, si para realizar esta interpretación se recurre a

presunciones respecto de la calidad de consumidor del sujeto demandado. El

bien protegido esencialmente en la Ley citada es la tutela del consumidor, que

no deja de ser un interés privado, y deberá el juez restablecer el desequilibrio

contractual mediante las correcciones adecuadas, en la medida en que el

afectado solicite la protección de sus derechos vulnerados.

VIII- Según hemos mencionado, la primera parte del art. 36 LDC con su

detallada previsión, determina obligaciones a cumplirse en las operaciones de

crédito para el consumo respecto del contenido contractual, a efectos de

posibilitar el control judicial de las cláusulas pactadas en los contratos de

consumo.

A fin de verificar judicialmente el incumplimiento contractual o

precontractual, o de constatar las conductas abusivas que afecten los derechos

del consumidor, será necesario que el intérprete analice el contenido material

del vínculo, para lo cual, desde el punto de vista procesal, se requerirá de un

proceso judicial que permita un cierto grado de cognición y amplitud probatoria.

Por otra parte, dicho análisis será posible en la medida en que el consumidor

plantee oportunamente la afectación a su derecho a la luz de la normativa del

art. 36 LDC.

En un proceso ejecutivo -proceso especial de cognición restringida-

donde lo que se ejercita es una acción cambiaria, indudablemente no resulta

viable la discusión contractual, toda vez que no se juzgan aquí obligaciones

contractuales sino obligaciones cambiarias contenidas en el título. Recordemos

que “La obligación base de la ejecución es cambiaria, con prescindencia

objetiva de la causa o relación fundamental que originó el libramiento del papel

de comercio, de carácter literal, completo, que tiene funciones constitutivo-

dispositivas del derecho cartular en él documentado” (Gomez Leo – Aicega,

“Abstracción cambiaria, Derecho de Consumo y Competencia – Nota a Fallo”.

Revista Argentina de Derecho Empresario – Número 10, 30-09-2011, cita: IJ –

L-432).

Así, todas las cuestiones que derivan de la relación contractual en la

Provincia de CorrientesPoder Judicial

que puedan estar en tela de juicio derechos de consumidores amparados por el

art. 36, exceden el limitado marco de la acción cambiaria y, más aún, el del

proceso ejecutivo, por lo que habrán de proponerse y examinarse en un

proceso de conocimiento amplio, tanto en la postulación como en la prueba. De

esta afirmación se infiere –conforme a los fundamentos expresados- que el

proceso ejecutivo no es la vía idónea para que se traten cuestiones de

consumo, respondiendo entonces, de manera negativa, a la tercera pregunta

del plenario.

A modo de resumen, y teniendo en cuenta lo que se somete a

consideración en esta oportunidad, habré de decir que las reglas y principios

del derecho cambiario no han sido modificados, ni derogados, por las normas

del consumidor. Constituyendo el régimen cambiario un régimen especial,

resultan plenamente aplicables tales reglas y principios, sin que se vean

alterados por reglas que refieran a la relación de consumo. Cuando se ejercite

una acción cambiaria basada en el título, será irrelevante establecer la

existencia de una relación de consumo. Ésta habrá de debatirse en un proceso

que permita el análisis del contenido contractual, lo que no es propio de un

proceso ejecutivo, en el que se ejercita una acción cambiaria con las

limitaciones documentales que la caracterizan.

IX- Cierta doctrina, fundada en razones de celeridad, entiende que la

discusión sustancial de la relación de consumo debe darse en el juicio

ejecutivo, sosteniendo que se niegan derechos al consumidor si dicha

discusión se difiere al juicio ordinario posterior previsto por los ordenamientos

procesales para el debate de cuestiones causales.

No comparto esta posición -que implica desnaturalizar el proceso

ejecutivo- desde un doble fundamento. Por un lado, siendo notoria la diferencia

que existe entre los juicios ejecutivos y los plenarios (ordinario, sumario,

sumarísimo), cabe reafirmar que los primeros no tienen por objeto la

declaración de derechos dudosos o controvertidos, sino hacer efectivo, en sede

judicial, el crédito documentado. Ese es su límite y tal es su finalidad.

Por otro lado, bien se ha reconocido que la sumariedad de este juicio en

modo alguno contraría el principio de defensa, al permanecer abierta para la

parte ejecutada la vía ordinaria posterior, donde podrá plantear las cuestiones

que no puede hacer valer aquí (Fenochietto, Carlos, Código Procesal Civil y

Comercial de la Provincia de Buenos Aires, Comentado, anotado y concordado.

Legislación complementaria, Astrea, Buenos Aires, 2009, p. 563). Este es el

método que ha seguido el legislador procesal para preservar la ejecutividad de

este tipo de procesos, en un todo de acuerdo con la finalidad de la legislación

sustancial que regula títulos valores con especiales características y con la

función de dar rapidez y seguridad al recupero del crédito.

Esta regla procesal mantiene plena vigencia. La doctrina procesalista

ha considerado que la anticipación jurisdiccional no supone en modo alguno la

indefensión de aquellos que son alcanzados por la condena (art. 18 CN).

Solamente se los pospone, en función de determinadas circunstancias

fehacientes (medidas cautelares, procesos urgentes, juicio ejecutivo), el

conocimiento de la cuestión de fondo y en muchos casos con una garantía

especial (Falcón, Enrique M. Tratado de Derecho Procesal Civil, T V, Rubinzal

Culzoni, Santa Fe, 2006, pág. 789). Y refiriéndose -precisamente- al pagaré de

consumo, ha expresado que “No es violar el derecho de defensa postergar su

ejercicio para hacer valer en otro proceso lo que no se puede hacer valer en el

juicio ejecutivo. Esa postergación es una de las técnicas para la tutela judicial

efectiva…se trata de procedimientos diferenciados en los que la cognición

pierde amplitud (se fracciona) o pierde profundidad (se hace superficial)…

Respecto de lo que no se pudo conocer con amplitud y profundidad, la

sentencia final no produce cosa juzgada…Este enfoque permite la convivencia

del juicio ejecutivo basado en el pagaré —y sólo en él— y la consideración de

una hipotética relación subyacente de consumo en un juicio de conocimiento

posterior (o acaso simultáneo)” (Sosa, Toribio E. Juicio Ejecutivo, Pagaré de

consumo y Juicio Ejecutivo, LA LEY 11/09/2019, 6. Cita Online:

AR/DOC/2738/2019). También se ha dicho que “…la ley establece la manera

Provincia de CorrientesPoder Judicial

de conciliar la celeridad de la ejecución del título con el resguardo del derecho

de defensa, postergando el pleno ejercicio de éste en el tiempo al prever que

todas las defensas ajenas al trámite ejecutivo quedarán reservadas a un juicio

de conocimiento posterior, donde no operarán las restricciones a la acreditación

de los hechos que caracterizan la vía de análisis” (Camps, Carlos, Contratos de

Consumo, títulos ejecutivos y eficacia procesal, AR/DOC/1875/2017).

X- Ahora bien, al inicio de la exposición he señalado que los

interrogantes planteados en el marco del Plenario que nos convoca, nos sitúan

en la etapa inicial del proceso ejecutivo, por lo que se pide se analice la

existencia de la relación de consumo con el objeto de determinar la

competencia del tribunal o de examinar el título a los fines de despachar el

mandamiento de intimación de pago. Presumo que los sujetos procesales

tienen su domicilio fuera del asiento del tribunal, de lo contrario no se

justificaría la aplicación del art. 36 última parte de la LDC y por ende, la

interpretación consumeril.

En el camino de las respuestas, dejando sentado que -a mi modo de

ver- no es necesario establecer la existencia de una relación de consumo para

ejecutar un pagaré, me planteo como hipótesis la posibilidad de inferir tal

relación a partir de la calidad de las partes y de las circunstancias del caso, tal

como se ha expuesto la segunda pregunta. Y lo que encuentro en esa tarea

son más dudas que certezas, las que, por el contrario, afirman mi posición en

este punto.

Cabe decir que, si bien contamos con un importante antecedente

jurisprudencial que sentó criterio sobre el punto (el Plenario de la Cámara en lo

Comercial de la Capital que admitió la posibilidad de inferir de la calidad de las

partes la relación de consumo prescindiendo de la naturaleza cambiaria del

título) debe considerarse que el mismo se elaboró ante una realidad diferente

de la que se plantea en el presente. Digo esto porque la plataforma fáctica que

dio motivo a aquella decisión refería a ejecuciones de títulos cambiarios

dirigidas contra deudores residentes fuera de la jurisdicción del tribunal, en

casos donde los actores eran entidades financieras y los demandados eran

personas físicas. En igual sentido, en los Fallos de la Corte que hemos

mencionado precedentemente.

En nuestro caso, la identificación de los expedientes de Sala I en los

que se ha fundado el pedido de Plenario llevan como actores del proceso a una

sociedad de responsabilidad limitada y a una persona humana, y como

demandados a personas humanas, con lo cual el problema de la inferencia de

la calidad de proveedor del actor para deducir “a contrario” la calidad de

consumidor del demandado, persiste con grandes dificultades.

Por mi parte, considero que al pedirle al juez que realice esta inferencia

se lo pone en la situación de analizar si de la calidad de “sociedad” del sujeto

actor puede inferirse su calidad de proveedor. Adelanto que ello no surgirá de

su personalidad jurídica sino de su objeto social (arts, 2 y 11 inc. 3, Ley 19550),

por lo que en sociedades que tengan por objeto otorgar crédito sería factible la

inferencia; pero qué pasaría en las sociedades que tengan un objeto social

diferente? Estas también pueden recibir pagarés de personas humanas o

jurídicas que prometen un pago, y ante su incumplimiento ejercitar en un juicio

ejecutivo su derecho de cobro, sin ninguna necesidad de encasillarlas como

proveedor o descartar dicha categoría.

Tampoco el hecho de que el actor sea una “sociedad” permitirá

presumir que la contraparte es un consumidor, y ello – en rigor de verdad- ni

aun cuando el actor sea dador de crédito, ya que de esa sola circunstancia no

se derivará el destino que la contraparte le pudo haber dado al crédito, y

recordemos que es consumidor quien adquiere o utiliza bienes o servicios en

forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su

grupo familiar o social. A tal efecto será necesario producir prueba, cosa que

resultará inviable estando en la fase inicial del proceso.

La existencia de una persona humana como librador del pagaré de

ningún modo permitirá suponer que se trata de un consumidor, ya que un

Provincia de CorrientesPoder Judicial

sujeto físico puede, en su calidad de empresario individual, tomar un crédito

vinculado a su actividad comercial quedando fuera de la calidad de consumidor.

Además, las personas jurídicas pueden revestir el carácter de consumidor

cuando no destinen lo adquirido al circuito comercial al que se dedican. Todo

ello suma al desconcierto.

Tampoco advierto cuáles serían las “circunstancias del caso” que

podrían colaborar en la tarea presuntiva, a cuyo efecto, debe tenerse en cuenta

que, al iniciarse un juicio ejecutivo en base a un pagaré, lo que trae –y lo único

que debe traer- el actor al juicio, es el título, y de las constancias de éste

difícilmente puedan extraerse datos sobre la calidad de consumidor del

demandado o la relación de consumo, ya que no es frecuente que el

documento refleje la relación fundamental que dio causa al negocio subyacente

y no resulta exigible al portador del título que revele dicha circunstancia en su

escrito de demanda.

Entonces, el panorama descripto revela que la calidad de consumidor

no siempre podrá presumirse de la calidad de las partes, ya que no en todos

los casos se presentan las condiciones dadas en el Plenario de la Capital o en

otros fallos jurisprudenciales.

Por su parte, los datos que se traen al presente tampoco permiten

obtener, por vía de inferencia, la existencia de una relación de consumo, por lo

que, aún si sostuviera la opinión favorable a la presunción, no podría para esta

situación fáctica -donde los actores son una sociedad de responsabilidad

limitada y un sujeto físico y los demandados son sujetos físicos- extraerse una

conclusión o regla general que permita el encuadre en una relación de

consumo. Con esta conclusión y los fundamentos dados, expreso mi opinión

negativa a la segunda pregunta del plenario.

XI- Siguiendo con el razonamiento que venimos desarrollando, me

pregunto, qué debe hacer el juez cuando no puede inferir de la calidad de los

sujetos o de otras circunstancias del caso la existencia de una relación de

consumo? Se plantea la posibilidad de disponer medidas a tal efecto? Y allí

tenemos expresada la primera pregunta del Plenario.

Adelanto que no advierto razones que justifiquen el ejercicio de

medidas para establecer la existencia de una relación de consumo. Siguiendo a

la doctrina procesalista, cabe recordar que la finalidad de este tipo de medidas

a lo largo del proceso será la de aclarar dudas que se susciten en el estudio de

la causa orientado al dictado de la sentencia. No consisten en averiguación,

sino en verificación de lo que las partes habrán debido averiguar, conforme las

reglas que informan a cada tipo de proceso, toda vez que, en el ejercicio de la

facultad instructoria siempre debe respetarse la vigencia del principio

dispositivo, la garantía de defensa en juicio y el derecho de igualdad de partes.

Las facultades de los jueces para esclarecer la verdad de los hechos

controvertidos no pueden exceder los límites impuestos por otras reglas

vigentes; por ejemplo, la aportación de los hechos, que sigue siendo carga de

las partes; la necesidad de mantener la igualdad de los litigantes; la

observancia de las garantías procesales; los deberes de lealtad, probidad y

buena fe. El principio dispositivo sigue informando todo el sistema (Colombo –

Kiper, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. 1, LA LEY, Buenos

Aires, 2006, p.309). Aun cuando se conceda al magistrado el ejercicio de tales

facultades, nuestro proceso civil sigue respondiendo al sistema dispositivo, por

lo que corresponde a las partes determinar el alcance y contenido de la disputa

judicial; el tribunal queda limitado a la consideración de lo que los litigantes han

planteado ante él y no puede conceder a ninguno de ellos lo que no hayan

solicitado (Arazi – Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T I,

Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2007, p.147). Esta regla rige también para el

proceso ejecutivo, y tales facultades deben ser ejercidas de manera prudente y

siempre ajustadas a los límites del proceso en el cual las medidas se dictan.

Además, las medidas de esclarecimiento “nunca se han de dictar en beneficio

de ninguna de las partes” (Sentis Melendo, Santiago, La Prueba. Los grandes

temas del derecho probatorio, Ejea, Buenos Aires, 1978, p.176).

Provincia de CorrientesPoder Judicial

Entonces, dadas las características del juicio ejecutivo que ya hemos

señalado, no se advierte la necesidad de dictar este tipo de medidas para

determinar la existencia de una relación de consumo en este tipo de procesos,

donde no está en discusión la relación de consumo sino la relación cambiaria.

Una indagación sobre este dato, no solo desnaturaliza al proceso ejecutivo al

proponer el juez la averiguación de cuestiones que exceden el marco

cognoscitivo del proceso que se lleva adelante, sino que altera el principio de

igualdad de partes al requerirse a una de ellas (al ejecutante) que aporte

elementos que beneficiarán a la contraparte (el ejecutado).

Entiendo que este principio procesal, que entronca con la garantía de

defensa en juicio, debe ser respetado siempre, en todo tipo de procesos y aun

para el caso en que se considere que la relación de consumo es requisito de

admisibilidad de la pretensión ejecutiva. Es sabido que la ausencia de los

requisitos de admisibilidad de la pretensión autorizará a la parte contraria a

oponer determinadas defensas, pero no a que el juez civil indague sobre tales

circunstancias. El juez civil no es un inquisidor que averigua la existencia de

fuentes de pruebas o de presunciones; éstas deben ser suministradas por los

interesados mediante elementos brindados al proceso, bastando en el proceso

ejecutivo acompañar el título que es base de la ejecución.

Me pregunto cuál sería la decisión del juez si del resultado de la

indagación no surge dato que sea útil para tener por configurada la relación de

consumo. Debería hacer caso omiso a lo informado y de todos modos

despachar la ejecución? Lo que revelaría la inutilidad de la medida dispuesta.

O debería rechazar la ejecución por considerar que el título no es hábil? Si se

sigue esta última alternativa se estaría rechazando una ejecución tomando en

consideración constancias o circunstancias ajenas al título, lo que no resulta

admisible en el proceso ejecutivo.

Como bien sabemos, es presupuesto inexcusable del tipo de proceso

examinado la existencia de un título ejecutivo. “Los presupuestos sustanciales

se refieren a la necesidad de la existencia de un título ejecutivo anexo a la

demanda. Nos referimos a la legitimación de las partes y a la existencia

(verosimilitud) de un crédito dinerario, líquido y exigible. Reiteramos, no hay

juicio ejecutivo sin un título al cual la ley le concede ejecución” (Fenochietto,

Carlos, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires,

Comentado, anotado y concordado. Legislación complementaria, Astrea,

Buenos Aires, 2009, p. 563). Los requisitos intrínsecos de admisibilidad de la

pretensión deben determinarse sobre la base de las constancias que figuran en

el título respectivo y de los recaudos que, según la ley, condicionan su fuerza

ejecutiva (Palacio, Lino. Derecho Procesal Civil, T VII, Lexis Nexis, Buenos

Aires, 2005, pág.338). En virtud del principio de suficiencia, el título debe

bastarse a sí mismo, y también habrá que estar a las determinaciones del título

para analizar la legitimación procesal de las partes, con prescindencia de

quienes sean los verdaderos titulares de la relación jurídica documentada en él,

lo que sólo podrá ser objeto de debate en el proceso de conocimiento posterior

(Palacio, Lino. Derecho Procesal Civil, T VII, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005,

pág.340).

Sabemos que en el juicio ejecutivo, el magistrado tiene a su cargo el

examen del título conforme el art. 531 CPC, y si hallare que es de los

comprendidos en los arts. 523 y 524 o en otra disposición legal, y se

encuentran cumplidos los presupuestos procesales, librará mandamiento de

intimación de pago y embargo. Si comprueba que el título invocado por el actor

no es de los que el código u otras leyes consideran como ejecutivos, denegará

la ejecución o la declarará inhábil en razón de no documentar la existencia de

una obligación en dinero líquida y exigible o si alguna de las partes carece de

legitimación procesal. Este primer examen de habilidad del título debe

formularlo el juez en base a la cambial y a sus constancias, en razón del

mencionado principio de suficiencia. Según refiere la doctrina procesalista

respecto del título, “el mismo no solo ha de ser suficiente sino que debe

bastarse por sí mismo, es decir contener todos los elementos que se requieren

para el ejercicio de la pretensión ejecutiva” (Falcón, Enrique M. Tratado de

Derecho Procesal Civil, T V, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, pág.315). Y ello

Provincia de CorrientesPoder Judicial

es así porque los procesos de ejecución son documentales y revisten una serie

de requisitos específicos, no siendo necesaria la integración del título debido a

la evidencia de su contenido.

De modo que el juez está autorizado a rechazar la ejecución si el título

no presenta las características de ejecutividad exigidas por la ley sustancial

que rige al título –en nuestro caso el decreto ley 5965/63- o cuando carezca de

suma líquida y exigible o quien ejerza la acción no sea legítimo tenedor del

título; pero no podrá hacerlo basado en circunstancias ajenas a él, como serían

las derivadas de la relación de consumo.

XII- Según expresé precedentemente, el artículo 36 de la ley 24240 -en

su primera parte- refiere a la relación contractual que vincula a las partes pero

no modifica lo regulado por la ley especial cambiaria que sigue reconociendo a

la letra de cambio y al pagaré –por ende a los títulos cambiarios- todas sus

características y consagra una acción especial –la acción cambiaria- para

hacer efectivos los reclamos derivados del incumplimiento de las obligaciones

cartulares.

Distinta sería la situación si existiera regulado el “pagaré de consumo”

con características de título ejecutivo especial, como pretende cierta doctrina,

afirmando que es aquel que firma el consumidor dentro del marco de una

relación subyacente de crédito para el consumo, propiciando una derogación

genérica de la disciplina jurídica de los títulos valores cuando el sujeto pasivo

de la acción cambiaria pueda encasillarse como consumidor (Haddad, Andrés.

“De la abstracción y autonomía cambiaria a la relación de consumo”, publicado

en: RCCyC 2019 Cita Online: AR/DOC/3096/2019). Hay quienes pregonan la

muerte del juicio ejecutivo en manos del derecho del consumo (Reseña en

Rodríguez Junyent Santiago, en L.L.,5/9/2013 AR/DOC/2969/2013); otros,

invocando una valoración sistémica del ordenamiento y haciendo primar la

razonabilidad y el diálogo de fuentes, reconocen que aún sin una expresa

regulación legal, la creciente utilización en la práctica comercial del

denominado pagaré de consumo ha decantado en un paulatino reconocimiento

pretoriano y doctrinario, perfilando ciertas limitaciones para la pretensión de su

cobro por la vía judicial (Abad, Gabriel Oscar, “El derecho del consumidor de

solicitar la ordinarización del trámite en la ejecución del pagaré de consumo”,

Rubinzal Culzoni, Cita: RC D 617/2019).

Entiendo, sin embargo, que mientras el pagaré de consumo no esté

plasmado en una norma positiva que lo regule como una categoría jurídica

especial y se adapten las normas referidas a las acciones cambiarias conforme

al nuevo modelo legal que se diseñe, no cabe el rechazo de la ejecución o la

declaración de inhabilidad del título con fundamento en la relación de consumo.

Ello excede los límites de la relación cambiaria.

Se ha dicho que “Desestimar la ejecutividad (por vía de la declaración

incluso de oficio de la inhabilidad de título) de todo pagaré que "huela" a

consumo no deja de ser jurídicamente riesgoso, y, hasta si se quiere, arbitrario.

Y ello no es posicionarse en un criterio simplistamente favorecedor de los

poderosos (los proveedores u oferentes de los productos y servicios) frente a

los débiles (los consumidores de esos bienes y servicios), sino admitir que no

es razonable que el juez decida, unilateralmente, que esa cambial obedece a

un negocio jurídico consumerista causal y, por ende, declararla inhábil a nivel

ejecutivo (Saux, Edgardo. El pagaré de consumo, una figura no legislada y

controversial. LA LEY 27/03/2017, 5 • LA LEY 2017-B, 176, Cita Online:

AR/DOC/788/2017).

En el mismo sentido, tampoco habría razón para requerir la integración

del título con la documental que contenga el negocio causal, como se está

sosteniendo en fallos más recientes y que ha sido objeto de Plenario en la

ciudad de Azul en la Provincia de Buenos Aires. En una postura de

armonización normativa la mayoría en dicho Plenario ha mencionado que "la

protección del consumidor no debe llevarse al extremo de decretar la inhabilitad

del pagaré de consumo sin antes, y con carácter previo, permitir que se integre

el título con la documentación idónea que ilustra sobre las condiciones del

Provincia de CorrientesPoder Judicial

negocio jurídico causal, condiciones que por su especificidad y cantidad sería

imposible de hacerlas constar en el texto del pagaré, y que, además,

implicarían patentizar la causa en contraposición al principio de abstracción y

literalidad de la cambial” (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de

Azul, 9-mar-2017, HSBC Bank Argentina c/ Pardo Cristian Daniel, cita

microjuris: MJ-JU-M-103221-AR| MJJ103221 | MJJ103221). Y más

recientemente, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que –en un

caso donde una Asociación Mutual inició un juicio ejecutivo con base en un

pagaré y un formulario de “términos y condiciones” del contrato de mutuo-

estableció que el pagaré, cuando tiene su raíz en un vínculo jurídico alcanzado

por el art. 36 de la LDC, pueda ser integrado con los documentos que

instrumentan el negocio causal; integración que se impone como condición de

admisibilidad de la pretensión ejecutiva (SCBA, 14/08/2019, "Asociación Mutual

Asis c. Cubilla, María Ester s/ cobro ejecutivo". Cita online:

AR/JUR/26280/2019).

Considero que, en el juicio ejecutivo, donde se ejercita una acción

cambiaria, dar relevancia a la documentación que refiera a las condiciones de

contratación conforme al art. 36 de la ley 24240, lleva a una total

desnaturalización del proceso y de la acción. Reitero, en la acción cambiaria se

reclama el cumplimiento de una obligación cambiaria, por lo que toda cuestión

habrá de juzgarse conforme a las constancias documentales del título que es

base del reclamo. Ello es así, tanto si se la ejercita en proceso ordinario, como

en el ejecutivo. Entonces, carece de sentido, tanto que desde el actor se

traigan al proceso elementos referidos a la relación causal, como que el juez

las pida en el escrito inicial con la finalidad de “integrar el título”. Esta

conclusión responde a la pregunta formulada en cuarto término en este

Plenario.

A mi modo de ver, ni haciendo una lectura armonizadora de las normas

en conflicto –como es la que se propone desde ciertos tribunales- corresponde

a la judicatura admitir que en la especie estamos frente a "un título complejo e

integrado con aptitud ejecutiva". Esta expresión o alguna otra que quiera

asignársele, así como toda la argumentación que se haga en pos de un

reconocimiento legislativo, bien puede ser objeto de desarrollo doctrinario a los

fines de conmover la voluntad del legislador y lograr –por fin- que se consagre

una figura jurídica especial que contemple la problemática en cuestión. Pero,

en modo alguno, procede que, por vía de interpretación judicial, se creen

figuras jurídicas con requisitos que excedan los ya impuestos por la ley

sustancial que los regula, alterando así las reglas de juego dispuestas por la ley

adjetiva que, al determinarlas con características propias en cada proceso, no

hacen más que establecer las bases para el ejercicio de los derechos,

brindando seguridad jurídica. Menos aún, procede –relacionando con la

cuestión anterior- que a tal efecto se invoque la protección constitucional y el

régimen legal tuitivo de los consumidores, cuando en el proceso que se inicia ni

siquiera se sabe si existe como demandado, un consumidor.

En opinión que comparto, se ha sostenido que "habilitarse por obra de

meras inferencias presuntivas la atención de relaciones causales en el marco

de ejecuciones de títulos cambiarios —máxime en forma oficiosa—, violentaría

gravemente principios elementales de derecho cambiario y del ordenamiento

procesal, la sola invocación del derecho del consumidor, como invocación de

un "derecho superior" por sobre las relaciones económicas y las instituciones

jurídicas que gobiernan el derecho privado en sus diversas ramas" (Illanes,

Carlos L., Abstracción cambiaria y defensa del consumidor, DJ 8/5/2013).

Hasta aquí las razones por las cuales, frente a las preguntas planteadas

por el Plenario, mi posición es negativa. ASI VOTO.

Con lo que se dio por finalizado el presente Acuerdo dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A.

Por lo que resulta del Acuerdo N° 4 de este tribunal, de fecha 16/03/2020 cuya

copia obra agregada a fs. 29/30 (art. 27 bis Dto. Ley 26/00) los Señores

Camaristas establecen la siguiente

Provincia de CorrientesPoder Judicial

D O C T R I N A L E G A L:

I.- 1) En el juicio ejecutivo, el Juez de oficio puede disponer medidas para

comprobar la existencia de una relación de consumo vinculada al pagaré que

se trae a ejecutar. 2) La existencia de una relación de consumo puede inferirse

de la calidad de las partes y de las circunstancias del caso. 3) El proceso

ejecutivo es la vía idónea para la ejecución de un pagaré librado en las

operaciones financieras para consumo y en las de créditos para el consumo. 4)

El pagaré librado en una relación de consumo se integrará con la

documentación de la operación de crédito subyacente para verificar el

cumplimiento de la Ley 24240, la que deberá ser agregada en primera instancia

hasta el dictado de la sentencia.

II.- Regístrese, incorpórese al Libro de Acuerdos Plenarios y testimonio al

expediente, notifíquese.