PROPUESTAS EMPRESARIALES A LOS

PARTIDOS POLÍTICOS QUE CONCURREN A LAS

ELECCIONES LOCALES DE 24 DE MAYO DE 2015

Provincia de Málaga

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INTRODUCCIÓN

El próximo 24 de mayo de 2015 se celebrarán comicios en los 103 municipios malagueños; unos resultados que, igualmente, darán lugar a la conformación de la Diputación Provincial, de especial trascendencia para los municipios menos poblados.

Estamos, pues, ante el segundo gran acto de este “año electoral en

Andalucía”, tras el que quedará conformada en nuestra comunidad autónoma la responsabilidad para los próximos cuatro ejercicios en la gestión diaria de lo público (sólo a la espera de la convocatoria de la cita electoral para el ámbito estatal, de la que derivará el diseño de las grandes políticas de Estado).

Ya con ocasión de las elecciones al Parlamento de Andalucía,

celebradas el pasado 22 de marzo, la Confederación de Empresarios de Málaga, en su legítimo derecho a participar y desde una posición de total independencia y lealtad institucional, y de manera coordinada con la Confederación de Empresarios de Andalucía, expuso cuáles son las principales necesidades empresariales a considerar para, desde lo público, facilitar el correcto desarrollo y el día a día de las empresas malagueñas.

Unas demandas empresariales que marcaban como OBJETIVO la

competitividad y el atractivo de Andalucía (y dentro de ella, de la provincia de Málaga), y que fijaban como REFERENTE principal para la toma de decisiones de política económica a los sectores privados y a las empresas, como vía para poder crear empleo.

Un objetivo y un referente que, bajo el lema CREAR EMPRESA ES

CREAR EMPLEO, mantienen plena vigencia para los ámbitos locales, sobre la base de la necesaria interacción eficiente entre ciudadanos, empresas e instituciones, lo que, en última instancia, dependerá del establecimiento de un marco institucional adecuado para posibilitar y promover dichas relaciones.

Un marco que debe atender a una realidad que pone en contacto a

ciudadanos y empresas que, cada vez más, se manejan en entornos

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globales y conectados, con 103 realidades administrativas locales, que, además, presentan sensibles diferencias. Así, por ejemplo:

El 35% de la población malagueña reside en la capital. Otro 35% viven en las ciudades malagueñas de más de 50.000

habitantes (Marbella, Vélez-Málaga, Mijas, Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena y Estepona).

En Málaga existe un grupo de ciudades medias (unos 8 municipios con más de 20.000 y menos de 50.000 habitantes) donde reside el 15,3% de la población.

Mientras que un 8,4% de la población malagueña reside en pequeñas localidades (74 municipios con menos de 5.000 habitantes).

No obstante, conviene recordar que la nueva legislación local,

requiere determinadas obligaciones de estabilidad presupuestaria que abren el debate tanto a la supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio, como a modelos de fusión con municipios colindantes, cuestiones que evidentemente pueden incidir en el modelo territorial actual.

En definitiva, un referente, un objetivo y una realidad que, para el

ámbito local, hacen que las demandas empresariales pivoten en dos planteamientos centrales: “Desregulación” y “Desafectación”1:

La “desregulación” y la agilización es fundamental, si bien es

cierto que la competencia local no radica tanto en la regulación, como, sobre todo, en la efectiva aplicación de la misma.

En relación con la “desafectación”, incidir en la plena eficacia

de la denominada reforma local, que obliga a los ayuntamientos a dejar de ejercer aquellas competencias para las que carece de título competencial y presupuesto propio,

1 Que tienen amparo legal tanto en la legislación nacional (Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local), como en la legislación autonómica (Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas).

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siendo una oportunidad para incrementar la capacidad productiva local de la iniciativa privada.

Para incidir sobre estas ideas-fuerza, no hay más que recordar

cuestiones de los ámbitos competenciales propios municipales, con especial atención sobre su incidencia en la actividad productiva (tercera idea-fuerza: la “Promoción”). Participación institucional

En todo caso, las cuestiones relativas a desregulación, desafectación y promoción, suponen elementos que inciden sobre la capacidad de generación de actividad económica empresarial, siendo imprescindible un marco estable, definido y homogéneo de participación de las organizaciones empresariales más representativas, que a día de hoy es tremendamente heterogéneo, estando en la voluntad unilateral de cada corporación ejercer o no está acción en función de criterios particulares.

Es imprescindible que se mantenga el criterio de la máxima

representatividad. En el orden social, la teoría de la representación, requiere de organizaciones políticas y sociales representativas, que generen confianza y continuidad en el diálogo; que sean legítimas representantes; que respondan democráticamente antes sus representados.

A las asociaciones empresariales su capacidad representativa no

se la concede un gobierno, una administración, o un partido político. La capacidad representativa viene dada por el propio marco legal, político y social; y hasta en tanto éste no se modifique, esa capacidad representativa es irrenunciable, como se señala en nuestra Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Por todo ello, adquiere una importancia extraordinaria la

interlocución con las organizaciones territoriales miembros de CEM, organizaciones más representativas, de carácter intersectorial, en cada municipio, que contribuyen a vertebrar territorial y sectorialmente la representación empresarial local en cada territorio y que deben tener una comunicación necesaria tanto con sus interlocutores provinciales,

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la Diputación Provincial, como con los entes administrativos locales que existan en su ámbito territorial.

Organizaciones que representan a todos los tipos empresariales,

sea cual sea su tamaño, forma jurídica o ámbito de actividad, y que, por tanto, deben ser los interlocutores de las distintas administraciones y entes públicos locales.

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CALENDARIO DE FECHAS ELECCIONES MUNICIPALES 2015 Publicación en BOE de los Decretos de convocatoria de

Elecciones Municipales y a Juntas Generales: 31 marzo 2015 Constitución Juntas Electorales: 3 abril 2015 Inicio de la presentación de candidaturas: 15 abril 2015 Final presentación candidaturas: 20 abril 2015 Proclamación de las candidaturas: 27 abril 2015 Inicio de la campaña electoral: 8 mayo 2015 Final de la campaña electoral: 22 mayo 2015 Primer día para solicitar el voto por correo: 31 marzo 2015 Ultimo día para solicitar el voto por correo: 14 mayo 2015 Día de la votación: 24 mayo 2015

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PRIORIDADES EMPRESARIALES

A. Seguridad jurídica y unidad de mercado. Las administraciones públicas son responsables de generar un

entorno adecuado para que la iniciativa privada pueda desarrollarse, y asuma riesgos para crear riqueza y empleo.

En España coexisten diferentes niveles competenciales –AGE,

CCAA y CCLL- a los que se superpone el ámbito comunitario. Para evitar mermas en la competitividad de nuestras empresas, esta pluralidad de niveles competenciales requiere de las necesarias dosis de cohesión y coherencia que garanticen la seguridad jurídica y la unidad de mercado, de forma que se potencie la capacidad de inversión en las ciudades y los pueblos de Andalucía.

Así, se precisan voluntades que profundicen en políticas de

cohesión que, sobre la base del diálogo entre administraciones, sitúen la colaboración institucional y la búsqueda del consenso como vías de ajuste de posibles disfunciones, al tiempo que se eliminan duplicidades y se refuerza la coordinación en materia regulatoria y se trabaja en una mayor armonización y homogeneización de criterios de tramitación.

B. Mejora de la regulación

La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA) tiene entre sus funciones la de informar los anteproyectos de ley y proyectos normativos que incidan sobre las actividades económicas, afecten a la competencia efectiva o la unidad de mercado en la Comunidad Autónoma andaluza, de forma que se puedan hacer compatibles estos objetivos con los intereses generales perseguidos por la normativa, sobre la base de la aplicación de los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión, transparencia y eficacia.

Esta labor consultiva es un importante instrumento que ayuda a mejorar la calidad regulatoria con la que cuentan las entidades locales, que podrán solicitar la emisión de este informe a la ADCA en

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relación con sus propuestas normativas. La previa valoración de estas cuestiones contribuirá a que la normativa que se apruebe elija, entre las diversas opciones posibles, aquella regulación que, sobre la base de la defensa de los intereses generales, sea más idónea para el desarrollo de la actividad económica y el empleo, por lo que se hace necesario que las entidades locales ejerzan esta potestad de solicitud de informe ante la ADCA. C. Eficiencia administrativa.

Las administraciones locales deben buscar siempre la estabilidad

financiera a través de una política presupuestaria saludable y equilibrada que descanse, por un lado, en no asumir el ejercicio de competencias que no son propias del ámbito local (salvo delegación expresa de la administración competente en los términos que marca la legislación vigente), abriendo la vía a su ejercicio por parte de la iniciativa privada cuando aquel no puede ser asumido directamente por la administración competente.

Y, por otro, en el rigor y la eficiencia en la gestión de lo público.

Una actuación pública local que, bajo los principios de eficiencia, transparencia, coordinación, estabilidad y sostenibilidad financiera, apueste por la simplificación y la agilización de los procedimientos administrativos locales (generalización del silencio administrativo positivo, obligación de resolución motivada, potenciación del uso de tecnologías TIC), así como por la agilización de los sistemas de pagos a terceros.

D. Haciendas locales. La estabilidad financiera de las corporaciones locales debe

lograrse al tiempo que se revisan los tributos locales que afectan al ejercicio de la actividad económica (IAE, IBI, Tasa de Basura, etc.) que en conjunto debieran revisarse para que éstos sean más justos y proporcionales al volumen de actividad y que, en todo caso, se vean reducidos para los primeros años de la actividad.

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Asimismo, es importante actuar para reducir la morosidad de las corporaciones locales a la hora de atender sus compromisos con proveedores y suministradores privados.

E. Desarrollo empresarial. Las administraciones locales deben comprometerse con el

desarrollo del potencial empresarial de sus territorios, a través de la mejora en las condiciones para el ejercicio de las actividades productivas; una actitud proactiva de promoción de las iniciativas empresariales y de atracción de nuevas industrias o proyectos empresariales que actúen como motor de crecimiento e impulso de las economías locales; complementado con medidas concretas desde el ámbito local en la lucha contra la economía irregular.

Entre otras cuestiones, se debe apostar por: Aprovechar sinergias derivada de la presencia de empresas o

industrias tractoras en la localidad.

Asegurar la planificación adecuada del suelo industrial municipal, que permita disponer de suelo en condiciones adecuadas y a precios razonables y competitivos, listo para su uso a medida que sea demandado.

Impulsar actuaciones de mejora de la eficiencia energética en

edificios y para atender los desarrollos urbanos futuros.

Potenciar la rehabilitación de los cascos históricos y la regeneración integral de barrios.

Una mayor transparencia en la gestión urbanística, reducir el

margen de discrecionalidad en el proceso urbanístico, y aumentar la flexibilidad en el desarrollo de los planeamientos.

Favorecer el transporte y reparto de mercancías dentro de

los centros urbanos.

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Impulso a políticas de promoción del transporte colectivo urbano y metropolitano.

Afianzamiento de los criterios objetivos de la determinación

de las zonas de gran afluencia turística. Búsqueda de sinergias entre los sectores turismo y comercio.

F. Vertebración territorial. Ligado al correcto desarrollo de las competencias locales, es

igualmente importante aludir a la necesidad de implicar a todos los territorios malagueños con el desarrollo del conjunto de la economía provincial, de forma que se estimule el mercado interior y el desarrollo equilibrado de todos los territorios de la provincia, para poder así superar nuestros propios desequilibrios internos y poner freno a localismos disfuncionales o ineficientes.

G. Competencia

Unido a la necesaria estabilidad presupuestaria de las Corporaciones Locales y a la firme voluntad de generar empleo, a través del desarrollo de la actividad empresarial en cada territorio, es necesario que los entes administrativos y las figuras empresariales públicas dejen de ejercer una función de “competencia desleal”, ofreciendo la prestación de servicios de actividades ajenas a la función pública en sectores tales como el ocio y el deporte, la salud, la educación, formación no reglada, construcción, etc…. sectores en los que existe una oferta privada que no puede competir con una oferta pública “subvencionada”, lo cual supone una barrera insalvable de su capacidad productiva en determinados municipios.

La garantía del desarrollo de determinados derechos no es incompatible con que la prestación de los mismos se realice por la iniciativa privada.

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En definitiva, los Ayuntamientos desarrollan una labor de servicio público necesaria y muy importante que favorece las señas de identidad y de arraigo entre los ciudadanos. Pero los Ayuntamientos también tienen que evolucionar en el tiempo, adaptándose a las demandas sociales, tanto en medios humanos como en recursos de toda clase, y abriéndose a la colaboración con el mundo empresarial, fuente de empleo y riqueza de cualquier territorio.

La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local define el municipio como “la entidad local básica de la organización territorial del Estado”, de ahí que por esta naturaleza de cercanía al ciudadano y a los empresarios en concreto, deban establecerse especiales relaciones de colaboración común. La misma Ley indica que el municipio “tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines” y que sus elementos son “el territorio, la población y la organización”; pues bien, en virtud de sus competencias, en el ámbito de su territorio y para un mejor servicio a la población, se puede y debe mejorar la organización del mismo con criterios de optimización de recursos y eficiencia, aspectos éstos en los que las organizaciones empresariales podemos aportar criterios contrastados por nuestra experiencia diaria en el mercado.

Más de 100.000 pequeños y medianos empresarios y autónomos conforman nuestro tejido productivo en la provincia, y esperan de nuestras iniciativas y capacidad de interlocución institucional las bases que permitan una recuperación económica real.

Seguidamente enumeramos, sin ánimo exhaustivo, una serie de medidas que, de adoptarse sin complejos, significarán un decidido impulso de las actividades empresariales en unos momentos en que, dada la aguda crisis económica que se sigue padeciendo, pueden significar un positivo cambio de rumbo de las iniciativas productivas y de servicios en la provincia.

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PROPUESTAS EMPRESARIALES 1.-SIMPLIFICACIÓN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

Existe un sentimiento empresarial y ciudadano unánime acerca

de la necesidad de mejorar la coordinación entre los diversos niveles de la Administración Pública, e incluso dentro de una misma Administración. Esta situación demanda una mejor coordinación de procedimientos administrativos y la puesta en común, entre las Administraciones, de las informaciones de carácter público relativas al funcionamiento de las empresas y que ya obran en su poder.

En relación con las obligaciones de información, debe tenerse en cuenta el coste producido por las mismas en las empresas y el retraso que producen, dada la repetición continuada de demandas de la misma o similar información. Esta falta de fluidez puede ser en muchos casos más costosa, en términos de productividad, que el propio mayor coste de una obligación de información. Piénsese en inversiones que se derivan a otros municipios, en aquellas que tardan más en materializarse, en la opinión adversa que se genera, etc.

Existe una preocupación generalizada en el mundo empresarial

acerca de la dinámica de creación de nuevas normas reglamentarias que implican simultáneamente un aumento de las obligaciones de información, que puede ser superior al ejercicio de racionalización de las obligaciones de información existentes, especialmente en los niveles autonómico y local.

Es necesario revisar, por parte de los organismos de la Administración local, las obligaciones de información requeridas a las pymes y autónomos y reformar las distintas disposiciones que establecen la obligatoriedad de determinados requisitos cuando puedan sustituirse por la presentación, comprobación o archivo electrónico de la documentación.

Convendría establecer de forma progresiva, pero mediante un calendario de cumplimiento obligatorio, el sistema de presentación única de la información por parte de la empresa, estando obligada la

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Administración, con posterioridad a ese momento, a localizar la información en sus propios registros si esto fuera necesario.

Debe generalizarse el uso de la denominada declaración

responsable. Se recomienda extender a todos aquellos procedimientos a los que sea posible esta iniciativa. La progresiva implantación de este principio debe reducir la intervención previa de las Administraciones Públicas –entre éstas, la Local- y potenciará en cambio el control a posteriori, reduciendo considerablemente las actuales obligaciones de información que se imponen a las empresas. Esta generalización de la declaración responsable debería acompañarse de una extensión paralela del conocido “análisis de riesgo” en todas las actividades verificadoras e inspectoras de las Administraciones Públicas, de tal manera que se reduzca la frecuencia de las mismas a las empresas cumplidoras, que constituyen la gran mayoría del colectivo empresarial en España.

Según estudios del Banco Mundial que clasifican las economías nacionales en función de la facilidad que ofrecen para realizar negocios e impulsar la creación de empresas, España no ocupa lugar alguno entre los primeros. Son 10 los indicadores que miden la normativa empresarial con los requisitos para la creación de una empresa, la agilidad en la obtención de licencias, la flexibilidad en el empleo de los trabajadores, la rapidez en los registros mercantiles y de la propiedad, la protección de los inversores y la fiscalidad de la empresa, entre otros. Aunque no se tienen en cuenta, sin embargo, aspectos como la calidad de infraestructuras, la proximidad del país a grandes mercados o las condiciones macroeconómicas.

Más de 60 trámites administrativos son necesarios para crear una empresa, y el tiempo que transcurre desde la solicitud de una licencia de apertura a su concesión se cuenta, en determinados casos, en muchos meses. Sin embargo, se empieza a tributar a las distintas Administraciones antes de que la empresa ingrese un solo euro, extremo este que demuestra el gran interés de las Administraciones por recaudar, y la escasa motivación en facilitar las cosas al ciudadano que inicia la aventura empresarial. Notable contradicción que perjudica la generación de riqueza.

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Según el Banco Mundial en su Informe 2014, se tardan 13 días en poner en marcha un negocio en España, y aunque la situación ha mejorado sustancialmente respecto a ejercicios anteriores, aún es necesario profundizar en las reformas para aligerar los pasos burocráticos y legales necesarios para la creación de una empresa. La media de días de los países de la OCDE para apertura de un negocio son 9. También en España También se exige mayor capital, los costes son mayores y son necesarios un mayor número de procedimientos para poder crear una empresa que en el resto de la OCDE.

Conviene llamar la atención sobre el hecho de que el empresario comienza a tributar por el simple hecho de asumir el riesgo de poner en marcha un proyecto. A continuación, tributa por los posibles beneficios que a medio plazo pueda alcanzar. Y, finalmente, tributa de nuevo por las plusvalías generadas por ese proyecto, en caso de una posible transmisión. Es decir, se penaliza fiscalmente y de forma permanente la actividad empresarial, sin tener en cuenta que el empresario lo que más valora en sus inversiones es el factor tiempo; éste tiene un gran coste para el empresario, mientras que para las Administraciones, como la municipal, el tiempo es en numerosas ocasiones una secuencia más del proceso administrativo, sin más relevancia que el mero cómputo de plazos. Para el empresario el gran enemigo de un proyecto es el tiempo mal gestionado. Qué duda cabe que el excesivo tiempo que se toman algunas Administraciones “quebranta” la ilusión y desalienta el espíritu emprendedor.

Todo lo anterior explica que las organizaciones empresariales, como es el caso de CEM, alentemos un nuevo espíritu de racionalidad y simplificación administrativa.

En definitiva, CEM y sus Organizaciones empresariales, tanto locales como sectoriales, proponen una mayor coordinación de las distintas áreas municipales en todo el proceso de tramitación de licencias, tanto urbanísticas como de apertura de establecimientos. La concesión de estas licencias requiere de un esfuerzo añadido de las correspondientes Gerencias de Urbanismo, Áreas de Comercio, Movilidad, Medio Ambiente, etc.

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2.- ECONOMÍA Y TRIBUTOS MUNICIPALES.

En los últimos años, CEM y sus organizaciones miembros han mantenido una estrecha colaboración, principalmente de tipo tributario, con las distintas Áreas de Economía y Hacienda de los Ayuntamientos de la provincia. CEM considera que es necesario estudiar de forma conjunta con los Ayuntamientos las modificaciones de carácter tributario que afectan al ejercicio de la actividad económica y comercial, de tal modo que la presión fiscal no constituya un obstáculo al desarrollo empresarial.

Es preciso potenciar las pertinentes Oficinas Centrales de Presupuestos, en aquellos municipios donde sea posible, entendiendo que deben realizar un riguroso seguimiento de los presupuestos municipales, evaluando el grado de cumplimiento de los proyectos, formulando propuestas de interés.

En general, CEM y sus organizaciones miembros, sostienen que la economía municipal debe regirse por los principios que inspiran la reducción de los gastos corrientes y el incremento de las inversiones públicas productivas y de infraestructuras.

Asimismo, la participación de la iniciativa privada en algunos servicios municipales representaría un importante avance en su gestión y modernidad.

Los principales Ayuntamientos de la provincia, además de elaborar una Memoria Económica anual, deberían desarrollar planes municipales de racionalización del gasto público aplicables a todas las áreas municipales.

En este mismo sentido, cuantificar con exactitud los costes de los servicios municipales parece de todo punto imprescindible para optar por la eficiencia de estos servicios, y con ellos los relacionados con las prestaciones de servicios no universales, que deben ser financiados con tasas. Es importante conocer qué subvenciones públicas tienen determinados servicios que se utilizan sólo por una parte de los ciudadanos, para que éstos también sean conscientes del esfuerzo público que se realiza.

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Proponemos, asimismo, la coordinación por el organismo municipal correspondiente del estudio de la fiscalidad local, el coste de los servicios, las alternativas fiscales, la descentralización, etc.

Ha sido motivo de preocupación el muy generalizado endeudamiento municipal en nuestra provincia. Aunque pueda obedecer en parte, al insuficiente modelo de financiación local, principalmente, debe controlarse con rigor, impidiendo su crecimiento progresivo y, en todo caso, arbitrando las medidas pertinentes para su reducción.

Algunos Ayuntamientos de la provincia han presentado en los últimos años un alto índice de morosidad con las pequeñas y medianas empresas proveedoras, causando graves perjuicios, cuando no el cierre, por su desmesurada tardanza en el pago de las obligaciones contraídas, contribuyendo así a las secuelas de paro y destrucción de empresas que tantas consecuencias negativas deparan a cada localidad.

A pesar de los esfuerzos llevados a cabo para reducir este elevado nivel de deuda, a través de los Planes de pago a proveedores, aún es importante la cifra que deben los ayuntamientos de la provincia a las pymes y autónomos malagueños, y sólo 27 municipios de la provincia y la Mancomunidad de la Costa del Sol están abonando sus deudas antes de 30 días. Desde CEM debemos insistir en la necesidad de solucionar a la mayor brevedad posible esta delicada situación. 3.- ATRACCIÓN DE INVERSIONES.

Son muchas las iniciativas puestas en marcha en todo el mundo

para el fomento de las inversiones como fórmula de éxito para el desarrollo socioeconómico de distintos territorios. Las iniciativas han venido promoviéndose desde el ámbito público, pero en su desarrollo y puesta en funcionamiento han requerido de la implicación y participación directa de las organizaciones privadas.

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Málaga se concibe como un territorio emprendedor, las cifras de creación de empresas y altas de autónomos de los últimos 20 años así lo avalan. Es por ello que se hace necesario facilitar la creación de entornos creativos y favorables a la actividad empresarial, que faciliten la coordinación de los procesos derivados de la implantación de nuevas actividades productivas y las inversiones necesarias y sostenibles para el empleo y el territorio malagueño. Todo ello, con la aspiración última de fortalecer el liderazgo de Málaga como capital económica de Andalucía. 4.- CONFIANZA DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES EN LAS PYMES Y AUTÓNOMOS DE LA PROVINCIA.

CEM y sus organizaciones miembros consideran estratégica la confianza de los Ayuntamientos en las pymes y autónomos de la provincia, y la transmisión de esta confianza a la sociedad para que los ciudadanos perciban un amplio consenso sobre la figura empresarial como creadora de oportunidades, bienestar social, empleo, etc.

Esta confianza también debe incluir a las pymes y autónomos malagueños como eficientes ejecutores de obras públicas y prestadores de servicios en la provincia, en un plano de igualdad de condiciones a la hora de competir en las licitaciones públicas. De hecho, esta capacidad de nuestras empresas se reconoce en los Documentos Oficiales de Clasificación. 5.- MODIFICACIÓN DE LA ACTUAL ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS.

La diversidad y amplitud de servicios prestados por el Ayuntamiento de la ciudad de Málaga y también de otros municipios a lo largo de los años, ha configurado un entramado de organismos, empresas públicas, mixtas, fundaciones, consorcios, concesiones, etc. que reclaman una revisión y adecuación a lo establecido por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

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6.- IMPULSO A LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES Y PARQUES EMPRESARIALES.

El estado de carencias de los Polígonos Industriales y Parques Empresariales, principalmente en Málaga capital, resulta conocido por todos los ciudadanos gracias al esfuerzo conjunto de CEM y de APOMA –Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga y provincia- por buscar soluciones a sus demandas.

Hay que valorar muy positivamente que el Ayuntamiento de Málaga se haya mostrado sensible a las demandas planteadas en los últimos años por los empresarios en relación a diversos asuntos como la prostitución en el polígono Guadalhorce, o la implementación de una 'app' móvil gratuita que ofrece información de la oferta comercial de estos espacios.

Asimismo, debe destacarse el diálogo mantenido en su momento con el Consistorio a propósito del impacto del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga en determinadas áreas industriales.

CEM propuso hace años, y sigue vigente, un auténtico “plan de impulso” a los polígonos industriales de la ciudad en el que debe incluirse un plan integral de mejora –con sus correspondientes dotaciones presupuestarias- que acabe con la situación de necesidades acumuladas.

La provincia de Málaga en general, y la capital en concreto, necesitan un suelo industrial de calidad, con servicios que contribuyan a la competitividad de las empresas, y concentrar inversiones que, de otra forma, se dirigirán a otras provincias.

En opinión de CEM, deben desarrollarse actuaciones globales en todo el proceso de mejora de infraestructuras –accesos y comunicaciones viarias en general, alumbrado público, aparcamientos, seguridad ciudadana, etc.- y ha de acometerse por el Ayuntamiento de Málaga, la recepción de todos los polígonos sitos en el término municipal.

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Es muy conveniente además acometer una decidida potenciación del comercio minorista especializado y otras medidas concretas de relanzamiento económico en estos espacios.

Conviene reseñar en este apartado, la inseguridad jurídica generada tras la publicación del Informe de Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundaciones del Río Guadalhorce y la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. Un Informe del que se podría cuestionar su rigor en base a las variables analizadas. No obstante, sí es cierto que desde APOMA se han venido reclamando diversas actuaciones (la terminación de las obras del proyecto de canalización y encauzamiento del curso bajo del Río Guadalhorce aprobado en 1999 y que tiene la consideración de actuación de interés general; la sustitución del puente de la Azucarera que cruza la antigua CN-340; así como la mejora y ampliación del canal de drenaje de su margen izquierdo, por el plus que para la seguridad de las personas implicaría, ya que su ejecución conllevaría que ningún terrenos situado en los referidos polígonos fuera inundable en un periodo de retorno de 200 años)

7.- CONTINUIDAD EN LA REVITALIZACIÓN DE LOS CENTROS HISTÓRICOS Y CONSOLIDACIÓN TURÍSTICA DE LA CAPITAL.

Respecto a Málaga capital, en los últimos años nuevos Museos han abierto sus puertas, añadiendo más atractivos culturales a los ya existentes: el Teatro Romano está a la vista de cuantos nos visitan, los trabajos en el edificio de la Aduana para abrir el Museo de Bellas Artes continúan, y otras realidades culturales –como es el Soho, entre la Alameda Principal y Muelle Heredia, y el río Guadalmedina y los jardines frente al puerto- se abren paso, pero queda mucho por hacer, como la recuperación de señas de identidad socioculturales, circuitos histórico-artísticos y un largo etcétera que favorecerá la vitalidad comercial y residencial del Centro Histórico de la ciudad, abriéndolo aún más a cuantos desean conocer la ciudad en la que nació el genial pintor Pablo Ruiz Picasso. La apertura del Museo Thyssen es otra realidad que contribuye a potenciar la atracción cultural de Málaga, reforzada ya por el Centro Pompidou y el Museo Estatal de Arte Ruso de San Petersburgo.

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Mantener el impulso de los Centros Comerciales Abiertos en los distintos municipios de nuestra provincia, puede significar un respaldo a la actividad empresarial y comercial, generadora de riqueza y empleo.

Asimismo, CEM entiende como muy positivos los resultados obtenidos hasta la fecha por el Foro de Turismo de Málaga Ciudad, en el que están representados todos los sectores que tienen relación con esta industria, y en el que existe un amplio consenso sobre las estrategias y proyectos necesarios para nuestra capital. 8.- MOVILIDAD.

La movilidad guarda una gran relación con la productividad de las ciudades, al facilitar o entorpecer el transporte de mercancías y personas. De hecho, los empresarios elegimos las áreas de inversión en función de sus accesos, comunicaciones, aparcamientos, etc. Los transportes públicos, las licencias de taxis, la carga y descarga de mercancías, son factores que inciden en la movilidad y deben ser objeto de atención prioritaria por los distintos Ayuntamientos.

Como ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga viene desarrollando un Plan de Movilidad Sostenible, que pretende resolver en los próximos años los problemas de vertebración territorial en toda el área metropolitana. Además de las distintas acciones públicas en materia de reducción de emisiones de CO2, nos preocupa la permeabilidad y eficiencia de los centros de actividad empresarial.

Se trataría de lograr la coexistencia armónica entre la movilidad y la sostenibilidad, concibiendo globalmente la accesibilidad entre las funciones urbanas de trabajo, residencia, turismo, recreo y comercio, a través de espacios urbanos contando con sistemas de transporte publico que no perjudiquen la actividad empresarial.

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9.- IMPULSO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

El uso por parte de los ciudadanos de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones es progresivamente acelerado. También en la empresa, éstas se convierten en un factor de competitividad de primer orden, por lo que los esfuerzos públicos por potenciar estas tecnologías generan beneficios sociales y empresariales de una importante magnitud.

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga, reúne un importante número de empresas de base tecnológica que se convierten, muchas de ellas, en referente regional y nacional y que pueden estimular la creación de otras empresas con las que mantener relaciones de colaboración. Asimismo, Málaga Valley representa una importante apuesta por situar Málaga en la agenda de grandes compañías que pueden elegir nuestro territorio como lugar de inversión. También Málaga ha logrado un posicionamiento indiscutible como Smart city. Todo este entramado de realidades debe ser asumido y respaldado por el Ayuntamiento de la capital para generar nuevas expectativas de progreso tecnológico que, sin duda, beneficiarán al mundo empresarial y que debe ir ligado al ecosistema empresarial tecnológico de Málaga.

Del mismo modo, en el resto de los municipios de la provincia corresponde a las distintas Administraciones Públicas y en concreto, a la Administración Local, favorecer el asentamiento de empresas en espacios dotados de las infraestructuras básicas y de telecomunicaciones necesarias para el desarrollo de su actividad. 10.- MEDIO AMBIENTE.

Los empresarios estamos altamente interesados en la preservación del Medio Ambiente, en la consideración de éste como valor capital de la vida social y económica y en cuantos proyectos se relacionan con la naturaleza, porque tienen notable influencia en el desarrollo personal y empresarial.

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CEM mantiene en la capital estrechas relaciones con la Agencia Municipal de la Energía, desarrollando seminarios de gestión y ahorro energético y proyectando otras iniciativas en esta dirección. De ahí que la colaboración Ayuntamientos-Organizaciones empresariales sea muy necesaria, al igual que la extensión de este trabajo común a otras Administraciones.

El uso de los recursos hídricos y el tratamiento de residuos son otros tantos asuntos que requieren de una decidida voluntad de cooperación mutua Ayuntamientos-asociaciones empresariales. Los posibles aspectos sancionadores y recaudatorios derivados de la normativa local, deben supeditarse a políticas eficientes y consensuadas con las asociaciones empresariales y entidades ciudadanas.

11.- LA CULTURA.

La provincia de Málaga es ya una realidad cultural de primer orden en el panorama regional y nacional. Sus monumentos, museos, actos culturales, exposiciones, gastronomía, festivales y otras manifestaciones de la creatividad la hacen muy atractiva tanto para los malagueños como para cuantos nos visitan, pero aún encierra potencialidades que deben encontrar un decidido apoyo municipal. La cultura es un factor de incidencia real y directa en el turismo y éste es creciente en las ciudades y proporciona beneficios cuantiosos y estratégicos en lo social y lo económico y contribuye de manera directa a romper con la estacionalidad. 12.- SEGURIDAD CIUDADANA.

La Policía Local y sus actuaciones en materia de seguridad ciudadana en general y de los comercios e industrias en particular, deben apoyarse en reuniones periódicas de sus responsables con las asociaciones empresariales, estableciendo un flujo continuado de información que reduzca sustancialmente las cifras de actos delictivos.

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CEM y sus organizaciones miembros se ofrecen a intervenir en las diferentes Escuelas de Policía Local de los distintos municipios de la provincia, para explicar determinadas necesidades empresariales y la realidad de zonas productivas, sensibilizando así a los agentes como servidores públicos de los contribuyentes. Se trata de dar a conocer la realidad comercial a los responsables de la seguridad local, para recuperar con eficacia el concepto de “policía de barrio”, vinculado estrechamente al tejido productivo de la zona. 13.- COLABORACIÓN INTERNACIONAL.

Sirva de ejemplo, la colaboración de la ciudad de Málaga con ciudades marroquíes como Tetuán, Tánger y Nador, que están resultando interesantes a la hora de facilitar al inversor y al empresario malagueño oportunidades de negocio, o la establecida en materia cultural con el Centro Georges Pompidou de París.

Sin olvidar el hermanamiento con las urbes de Mobile (Estados

Unidos), Passau (Alemania), Popayán (Colombia) y Zacatecas (México). Asimismo, cualesquiera otras iniciativas con otras ciudades

iberoamericanas, europeas y de otros ámbitos geográficos – la Universidad de Málaga ya cuenta con una oficina en Corea del Sur, por ejemplo- pueden tener una incidencia muy positiva en la economía malagueña.

Igualmente, numerosos municipios de la provincia mantienen destacadas iniciativas con la comunidad internacional residente, en especial en los municipios de la Costa del Sol, por lo que se trataría de aprovechar la colaboración con dichos grupos para favorecer también la inversión de capital extranjero.

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CONCLUSIONES

CEM y sus Organizaciones, tanto locales como sectoriales, proponen a las distintas formaciones políticas que concurren a las próximas elecciones municipales la colaboración estable y permanente con los distintos Ayuntamientos, en concreto con las Concejalías, Áreas y Organismos municipales que tengan relación con el desarrollo económico local.

Para llevar a efecto esta colaboración, deberán constituirse Mesas de Trabajo y de Participación Institucional bipartitas en las diferentes Áreas municipales para analizar de forma periódica los distintos asuntos que se derivan de la gestión municipal y que afectan al mundo empresarial. A título de ejemplo: concesión de licencias, gestión de tributos, tasas y precios públicos, modificación de Ordenanzas, simplificación de trámites administrativos, etc.

La etapa que se inicia representa una gran oportunidad para seguir vinculando institucionalmente a las Organizaciones empresariales con los proyectos municipales en aras de una mayor eficiencia, capacidad de gestión y mejora de los servicios. Debemos trabajar juntos desde la confianza y la lealtad, con el objetivo de propiciar, en el ámbito local, nuevas iniciativas empresariales que generen progreso económico y social.