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Índice I.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 83

Situación de la economía y el empleo 83 Situación política y social 87 Respuestas de UGT: Propuestas, diálogo y movilización sostenida 90

II.- LA ACCIÓN A DESARROLLAR: SITUAR EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO EN EL CENTRO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 95

Objetivo 1. Un desarrollo global más justo y sostenible y una Europa social y solidaria 95

1.- Los desafíos globales de la agenda internacional: Hacia un nuevo contrato social global 96 2.- Consolidar una Europa social, solidaria y sostenible 100 3.- Defender el modelo social europeo en la UE y en el mundo 104 4.- Reforzar la acción internacional de la Unión General de Trabajadores 105

Objetivo 2. Por un nuevo modelo productivo 107 1.- La formación para el empleo, esencial en el cambio de modelo 109 2.- La investigación, el desarrollo y la innovación como base de la recuperación económica de España 112 3.- Por una industria competitiva y moderna 115 4.- Una política energética que asegure el suministro, la eficiencia económica y el respeto al medio ambiente 116 5.- Políticas medioambientales para un cambio del modelo productivo 119 6.- Transformar el sector económico de servicios 124 7.- Mejorar la regulación y supervisión del sistema financiero 125 8.- El fortalecimiento del sector primario como elemento clave en el compromiso con el desarrollo rural sostenible 126 9.- Las administraciones públicas como impulsoras del desarrollo territorial 128

Objetivo 3. Defender el empleo, la estabilidad, la igualdad y los derechos 130 1.- Más empleo y de mayor calidad: Elevar la estabilidad y reducir la segmentación laboral 132 2.- Reforzamiento de los derechos constitucionales ligados al trabajo 136 3.- Promover la igualdad y luchar contra la discriminación en el mercado de trabajo 137 4.- Hacia unas mejores condiciones de salud y seguridad en el trabajo 153 5.- Mejorar la gestión de las políticas de empleo y garantizar la protección a la población desempleada 159 6.- Las reestructuraciones empresariales como instrumento de adaptación a los cambios económicos 163 7.- Regular las nuevas formas de organización del trabajo 165 8.- Fomentar y proteger el autoempleo y la economía social 166 9.- Hacia la igualdad de derechos en el servicio del hogar familiar 168

10.- Luchar contra la economía sumergida para asegurar los derechos laborales y la protección social 169 11.- Incorporar a los y las profesionales 170

Objetivo 4. Impulsar la cohesión económica, social y territorial. Los servicios públicos 171

1.- Más y mejor política de cohesión económica, social y territorial 173 2.- Los servicios públicos esenciales, pieza angular del Estado de Bienestar 177 3.- Reforzar la protección social y la Seguridad Social y garantizar un sistema público de pensiones con futuro 194 4.- Hacia la universalidad de los servicios sociales y la reparación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia 199 5.- Hacia la atención integral de las familias 202 6.- Por una cultura integradora y fuente de empleo y riqueza 203 7.- Por unas políticas de consumo reforzadas y adaptadas a los nuevos hábitos 204 8.- Una política fiscal más activa, justa y redistributiva 206 9.- Promover un suelo de gasto social 208 10.- Promover alianzas sociales para impulsar la defensa del Estado de Bienestar 209

Objetivo 5. Diálogo social, negociación colectiva y participación institucional 210 1.- Reforzar el diálogo social como instrumento de legitimación y participación democrática en la acción pública 212 2.- Ampliar la protección y defender la regulación de la negociación colectiva en la Unión Europea y en España 217 3.- Potenciar la coordinación y gestión sindical 222 4.- Una política salarial para el crecimiento, el empleo y la reducción de desigualdades 224 5.- Reforzar los derechos colectivos y la participación en la empresa 227 6.- Impulsar los mecanismos de solución autónoma de conflictos y las instituciones laborales 228 7.- Fortalecer la participación institucional de los interlocutores sociales 231 8.- La responsabilidad social de las empresas como pieza estratégica del progreso social 233

III.- COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN 237 IV.- POLÍTICAS ORGANIZATIVAS 239

Hacer evolucionar la organización para ser más eficaces en la defensa de los trabajadores y trabajadoras 239 1.- Situación de los sindicatos en España 239 2.- Afiliación 243 3.- Representación 246 4.- Consolidar el Sindicato como Organización 254 5.- Fortalecer el Sindicato como Institución 278 6.- Comunicación 280

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I.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA

Situación de la economía y el empleo La crisis: origen y evolución

La crisis económica de origen financiero iniciada en el verano de 2007 en Esta-dos Unidos y propagada mundialmente en el otoño de 2008, tuvo las mayores consecuencias sobre la actividad productiva en la primera mitad de 2009. En España, además, se añadió la ruptura del patrón de crecimiento, basado en el sector de la construcción e inmobiliario.

El recurso de los instrumentos de política económica que tratan de combatir una crisis de demanda como la vivida, permitió una cierta recuperación que se hizo patente en la primera mitad de 2010, para truncarse a partir de ese momento.

Claramente la retirada temprana de los estímulos fiscales tuvo repercusiones diferentes, según el nivel alcanzado de recuperación en unas y otras econo-mías. Mientras en el conjunto de la Eurozona, la tasa de crecimiento del PIB sí se situaba en niveles anteriores a la crisis, en España, cuando cambia la orien-tación de la política económica, apenas se habían alcanzado niveles positivos de variación del PIB.

Con la aplicación inicial de políticas expansivas en 2008 y 2009 aumentó el porcentaje de déficit y los niveles de deuda pública de los países de la Unión Europea. Los países con mayores problemas (Grecia, Irlanda y Portugal, a los que se les unen España e Italia) no son los únicos que tienen dificultades para ajustar los niveles de déficit: el Reino Unido y Francia se encuentran también con dificultades para cumplir con los criterios establecidos en el Pacto de Esta-bilidad y Crecimiento. La incertidumbre sobre la intervención (por parte de la troika: Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Banco Central Eu-ropeo) o rescate de las economías con mayores necesidades, no contribuye tampoco a la recuperación de la actividad económica.

La crisis del euro, o la crisis de la deuda, como se ha llamado a la segunda parte de la crisis, no hace sino reflejar el error en el cambio de políticas lleva-das a cabo: la retirada temprana de las políticas expansivas unido a la inefica-cia de las soluciones planteadas para el sistema financiero, provocaron que la

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desconfianza se asentara en los mercados financieros internacionales, casti-gando con mayor fuerza a las economías que no habían alcanzado la recupe-ración. La dificultad de financiarse para estas economías ha llevado a la espiral de la deuda pública: la necesidad de endeudarse para pagar la deuda, pero no para generar actividad económica y empleo. El recuerdo de la crisis de la deu-da latinoamericana, de finales de los años ochenta, es cada vez más cercano.

La recaída sufrida a finales de 2011 confirma una nueva etapa recesiva en el año 2012. La previsión para el cierre de 2012 augura una caída de alrededor del 0,5 por ciento en la Zona Euro, un estancamiento de la principal locomoto-ra, Alemania (con un crecimiento de apenas el 0,7 por ciento), y un hundimien-to de economías como la española (del 1,5 por ciento según la mayoría de las previsiones, aunque sólo del 0,5 por ciento según el Gobierno) o la italiana (que podría caer hasta un 2,5 por ciento).

En definitiva, la reducción del déficit ha pasado a ser el único objetivo de políti-ca económica para Europa. Un hecho que en el caso de España, entre otros países, impide la recuperación de la economía y del empleo.

El estímulo a la actividad económica se presenta como la única alternativa tan-to para recuperar la economía y el empleo como para lograr los objetivos de déficit. Ha de ser prioritaria la recuperación de la actividad económica, espe-cialmente en los sectores que tienen más posibilidades de crecimiento futuro y de capacidad de aportar valor añadido, porque el cambio del modelo productivo no se puede demorar más. Y para lograrlo hacen falta políticas consensuadas, que permitan crecer de forma sostenida, duradera y equilibrada, apostando por la calidad del trabajo en un consolidado Estado de Bienestar.

El Estado del Bienestar es una necesidad para que el crecimiento económico se base en la solidaridad, en la equidad y en la justicia social. Destruir el Esta-do del Bienestar es sentar las bases de una sociedad más desigual, con mayor riesgo de pobreza, con una mayor precarización, y con menores posibilidades de recuperación y crecimiento a largo plazo.

El efecto de la crisis sobre el mercado de trabajo

Es en el mercado de trabajo donde mayor repercusión ha tenido la crisis eco-nómica. La falta de actividad económica ha provocado la destrucción de más de 3 millones de puestos de trabajo, en un primer lugar, los relacionados con el sector de la construcción (que ha perdido 1,3 millones de ocupados) y todas las

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ramas adyacentes (de la industria y de los servicios, de carácter inmobiliario). En esos primeros momentos de la crisis, la pérdida de empleo se concentró especialmente en los trabajadores y trabajadoras temporales (con 1,5 millones de temporales menos que al comienzo de la crisis). A medida que el deterioro de la actividad se extendía al conjunto de la economía, la destrucción de em-pleo alcanzó también a trabajadores y trabajadoras de todos los sectores eco-nómicos, de toda cualificación y tipo de contrato: la reducción del número de asalariados y asalariadas con contrato indefinido ha sido de casi 1 millón, es-pecialmente concentrada esta pérdida en la última etapa. El recorte más re-ciente, con un claro interés privatizador, en esta última etapa, se visualiza y se concreta en la pérdida de empleo en el sector público, con un gran impacto no sólo en el empleo, sino también en el Estado de Bienestar.

Al inicio de la crisis también se agudizó la pérdida de empleos por cuenta pro-pia (más de medio millón), que sin embargo han remontado en la última etapa, como única salida hacia el empleo para buena parte de los trabajadores y tra-bajadoras, que ven cómo la economía no es capaz de generar puestos de tra-bajo.

La pérdida de empleo, unida a la falta de actividad económica, provoca que la tasa de paro se dispare por encima del 25 por ciento: la cuarta parte de la po-blación con capacidad y deseo de trabajar no puede hacerlo. El drama del des-empleo afecta, sobre todo, a los 1.740.00 hogares donde ninguno de sus miembros tiene empleo.

La evolución de la población, con un cambio en el saldo migratorio, pone de manifiesto el envejecimiento de la sociedad: cae la población joven y aumenta la población de más edad, lo cual se termina reflejando en el mercado de traba-jo. No solo abandonan nuestro país inmigrantes que ya no encuentran trabajo, también salen trabajadores y trabajadoras nacionales jóvenes, cualificados o no, en busca de oportunidades en un mundo globalizado. Esta pérdida de capi-tal humano terminará por dificultar aún más la recuperación económica y el necesario cambio de modelo productivo.

Así como el crecimiento en determinados sectores impulsó la incorporación de los de menor edad al mercado de trabajo, son los que primero han resultado expulsados del mismo. Hay que construir una economía basada en actividades productivas que aporten valor añadido, que generen estabilidad y favorezcan

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un crecimiento no basado en los vaivenes de los mercados financieros y las burbujas que los facilitan e incentivan.

Con todo, el avance del número de parados y paradas de larga duración de-muestra la falta de estímulos a la actividad y hace necesaria una revisión y búsqueda de fórmulas de protección social ante la profundidad y dilatación de la crisis en el tiempo.

Con este panorama, se han impuesto reformas laborales, todas ellas con el objetivo manifestado de favorecer la creación de empleo estable y romper la fuerte diferenciación entre empleo indefinido y empleo temporal que aún existe en nuestro país. Ninguna de ellas ha tenido resultados positivos ni sobre este objetivo, ni sobre la creación de empleo, porque no son las modificaciones le-gislativas las que permitirán la recuperación del empleo, sino la reactivación de la economía, mediante el flujo de recursos financieros a las empresas y familias y el cambio de las políticas públicas para la transformación del modelo produc-tivo y el impulso de la actividad económica. Al contrario, la profunda reforma impuesta por el Partido Popular, nada más alcanzar el gobierno, ha desequili-brado y devaluado aún más el mercado de trabajo, determinando peores con-diciones de trabajo para los que mantienen el empleo, es decir, disminuyendo la calidad del empleo, sin mostrar ningún signo de favorecer la generación de nuevos puestos de trabajo.

La desigualdad, en todos los ámbitos, está creciendo en nuestra sociedad: entre los que más y menos tienen; entre los que tienen y no tienen trabajo; entre los que ven devaluadas de manera sustancial sus condiciones de trabajo y los que pueden mantenerlas intactas; entre quienes aún pueden acceder a un Estado de Bienestar cada vez más disminuido y quienes han sido expulsados. En definitiva, no solo es la desigualdad que provoca la crisis: es el miedo a la desigualdad que sobreviene.

Por eso, las políticas de lucha contra la crisis no están favoreciendo la recupe-ración de la economía y el empleo, y ahondan más esta brecha, esta desigual-dad entre los que siguen obteniendo beneficios y los que cada vez tienen me-nos posibilidades de recuperación. El Estado de Bienestar es, por tanto, aún más importante: la creación de empleo y la protección de los desempleados y desempleadas, la garantía de las pensiones, los servicios sociales, la atención a las personas dependientes y la seguridad de una sanidad y educación de

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calidad para todos los ciudadanos, es fundamental para lograr un crecimiento duradero, sostenido y equilibrado, con una mayor cohesión social.

Éstos son los problemas que la política económica debe establecer como prio-ridades.

Porque la realidad no ha hecho otra cosa sino demostrar el fracaso de las polí-ticas de ajuste, que relegan a un segundo plano los objetivos de crecimiento económico, de creación de empleo y cohesión social.

Situación política y social La evolución y situación económica ha determinado en gran medida la situa-ción social y política actual. El giro regresivo de las políticas económicas inicia-das en mayo de 2010, impuesto desde Europa pero aplicado sumisamente por los sucesivos gobiernos, ha derivado, como se ha explicado, en un agrava-miento de la crisis económica que se ha transformado en una crisis social y política, que amenaza con afectar a algunas de las bases de nuestro modelo democrático de convivencia.

El inicio de la IX Legislatura de la democracia (2008-2011), supuso la continua-ción de la etapa anterior, en la que se había recuperado la importancia y valor del diálogo social como instrumento necesario e idóneo para alcanzar el triple objetivo de mejorar la competitividad, el empleo estable y la cohesión social, y que había dado como resultado más de veinte acuerdos con avances significa-tivos, tanto en la mejora de la protección social y de los derechos de los traba-jadores y trabajadoras, como en las relaciones colectivas de trabajo y en las posibilidades de intervención sindical. A tal efecto, el 29 de julio de 2008, Go-bierno, organizaciones empresariales -CEOE y CEPYME-, y sindicales -CCOO y UGT-, firmaron la Declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social.

En el marco de este diálogo social, las negociaciones que se iniciaron, partien-do de las propuestas del gobierno en relación a diversos ámbitos de las rela-ciones laborales, pusieron de manifiesto las discrepantes posiciones entre las organizaciones sindicales y empresariales, impidiendo estos últimos con sus planteamientos maximalistas alcanzar cualquier acuerdo.

En esta situación, el Gobierno llevó a cabo el drástico cambio de rumbo de su política económica en mayo en 2010, al situar la reducción del déficit público

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como objetivo único, renunciando a los instrumentos de reactivación, y acome-tiendo recortes de gasto que cargaban el ajuste en empleados y empleadas públicos, asalariados y asalariadas en general y pensionistas. Una nueva estra-tegia promovida y diseñada a la medida de Alemania, que fue cercenando la capacidad de reactivación y de salida de la crisis de nuestra economía, y que constituiría la tónica habitual de la actuación del Gobierno hasta finalizar la legislatura que tuvo como colofón la reforma exprés y sin referéndum de nues-tra Constitución. Una reforma pactada entre PSOE y PP en el verano de 2011, para elevar a la categoría de principio fundamental la adecuación de las Admi-nistraciones Públicas al principio de estabilidad presupuestaria, limitando el déficit estructural y el volumen de deuda pública, e incluso dando prioridad absoluta a los créditos para satisfacer los intereses y capital de la deuda públi-ca de las Administraciones, contraída mayoritariamente con las entidades fi-nancieras.

Asimismo, el Gobierno fue dando cobertura a los planteamientos empresariales y respondiendo a sus exigencias y a las de los mercados, imponiendo vía real decreto ley reformas laborales tan gravemente lesivas para los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que determinaron la convocatoria por UGT y CCOO de una Huelga General para el 29 de septiembre de 2010, con amplio respaldo social, y la presentación de una iniciativa legislativa popular, a fin de revertir dicha reforma laboral.

La firma, en febrero de 2011, por el Gobierno, CEOE y CEPYME, CCOO y UGT, del Acuerdo Social y Económico, para el crecimiento, el empleo y la ga-rantía de las pensiones (ASE), sobre la reforma del Sistema Público de Pen-siones, las Políticas Activas de Empleo y otras medidas de índole laboral, la Política Industrial, Energética y de Innovación, las cuestiones relativas a la Función Pública y a los criterios básicos para la reforma de la negociación co-lectiva, dio un nuevo aliento al diálogo social.

Sin embargo, el Gobierno no tardó en utilizar de nuevo la vía legislativa de ur-gencia, cerrando su legislatura con otros Reales Decretos-leyes, sobre medi-das urgentes para la reforma de la negociación colectiva, que debilitaba la po-sición y los derechos de los trabajadores y trabajadoras (7/2011) y, posterior-mente, sobre promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa PREPARA (10/2011). El resul-tado final es la precarización del empleo, la reducción de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y el ahondar en un modelo económico inservible.

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La llegada al poder del Partido Popular tras las elecciones del 20 de noviembre de 2011, constituyó un nuevo punto de inflexión en la deriva de nuestra situa-ción socioeconómica. Alentado por la troika comunitaria, el nuevo Ejecutivo asumió una política económica cuyo único horizonte ha sido la reducción del déficit con los criterios y ritmos exageradamente exigentes fijados por Europa. Para ello, ha aplicado un aluvión de recortes presupuestarios y de derechos laborales y sociales sin parangón en nuestra etapa democrática: recorte de inversiones (infraestructuras, I+D+i); recorte de prestaciones sociales (desem-pleo, dependencia); recorte en los servicios públicos esenciales, señaladamen-te en la sanidad y en la educación (acompañados en estos dos casos de pro-puestas de reforma que promueven su desmantelamiento); recortes salariales a las empleadas y empleados públicos y al conjunto de trabajadores y trabaja-doras de empresas privadas sostenidas con fondos públicos; subidas de im-puestos; ruptura legal del marco laboral y del sistema de negociación colectiva; y sucesivas reformas del sector financiero, que han supuesto una estratosférica transferencia de rentas públicas a los bancos; por citar algunas de las actua-ciones más lesivas.

Todo ello, además, implementado de forma indisimuladamente autoritaria, a golpe de real decreto ley, sin voluntad de buscar acuerdos con otras fuerzas políticas, y despreciando el diálogo social con los interlocutores sociales. Una forma de gobernar que ha promovido la desunión y el enfrentamiento, centrada en el cálculo partidista más que en el interés general, y que está produciendo una involución de nuestro modelo económico y social, eliminando así, unos derechos conseguidos durante los últimos treinta años de democracia. En su-ma, despreciando la voluntad y la opinión de los ciudadanos.

El Gobierno del Partido Popular ha utilizado la crisis y sus devastadores efectos en los ciudadanos, para acometer ideológicamente los recortes de derechos contenidos en su ideario político máximo. De hecho, está aplicando unilateral-mente un verdadero programa oculto no refrendado por las urnas, que contra-viene todos sus compromisos electorales con quienes le otorgaron su confian-za en las pasadas elecciones generales. Un programa, en este sentido, sin legitimidad social y democrática.

Todo ello está generando fracturas en la cohesión democrática y en la convi-vencia pacífica de nuestro país que resultan muy preocupantes, provocando una creciente desafección de la ciudadanía respecto de las instituciones y re-presentantes políticos, lo que constituye un escenario propicio para el surgi-

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miento de posiciones populistas y antidemocráticas. Y que, en el ámbito de las relaciones bipartitas en las empresas y los sectores, ha derivado en una radica-lización de las posiciones de la patronal y en un grave estancamiento de la negociación colectiva.

Este es el escenario en el que se inscribirá la actuación de nuestra organiza-ción a partir de ahora.

Respuestas de UGT: Propuestas, diálogo y moviliza-ción sostenida Frente a la evolución y situación descrita, UGT ha respondido con las líneas de actuación que desde siempre constituyen sus señas de identidad: propuestas razonadas y realistas; apuesta permanente por el diálogo y la concertación; y contestación y movilización social. Todo ello en el marco de la unidad de acción con la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, en todos aquellos ámbi-tos donde ha sido posible, y buscando acuerdos y sinergias con otras organi-zaciones para la construcción de espacios reivindicativos comunes, que refuer-cen la posibilidad de alcanzar los objetivos perseguidos por UGT. Y debe se-guir siendo así.

Desde el inicio de la crisis UGT ha presentado propuestas alternativas a las políticas practicadas. Los hechos han demostrado que las políticas de ajuste indiscriminado no conseguirán más que ahondar en la espiral de pobreza: sin crecimiento económico es imposible recuperar el empleo, y las cuentas no se equilibran porque se ahogan los ingresos. No se puede crecer a partir de recor-tes. Como no se puede crecer desde el desequilibrio y la desigualdad, sin un Estado de Bienestar que proteja y favorezca la cohesión social.

Por eso nuestra organización propone políticas que ponen el acento en la re-cuperación de la actividad económica, en el mantenimiento y creación de em-pleo, y en el reforzamiento del Estado de Bienestar, sin olvidarnos de la protec-ción y el desarrollo de los servicios públicos. Ello, lejos de desatender la nece-saria consolidación fiscal, es la vía para alcanzarla, reforzando simultáneamen-te la cohesión social. Una vía alternativa y posible, que compatibiliza las nece-sidades de la población con la reducción de los desajustes fiscales.

En esta estrategia alternativa destacan cuatro líneas de actuación básicas y complementarias: el cambio de modelo productivo, potenciando las actividades

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de mayor proyección y aporte de valor añadido; la puesta en marcha de políti-cas de estímulo al crecimiento y la inversión, de forma coordinada con la UE; una reforma fiscal integral, que aumente los recursos públicos y reparta de forma más justa los sacrificios que ha impuesto la crisis, de tal manera que pague más el que más tiene; y una reforma financiera, que restituya el crédito a las familias y empresas en condiciones aceptables, apostando por la creación de una Banca Pública.

Todas ellas se integran en la propuesta de un Pacto por el Empleo que integre a las fuerzas políticas y a los interlocutores sociales, acorde con la situación de especial gravedad del país. Un Pacto que hemos ofrecido a todos los gobier-nos, en unidad de acción con CCOO, y que no ha sido aceptado, pero que seguiremos ofreciendo.

Nuestra disposición al diálogo se ha hecho siempre evidente, y en la etapa reciente ha cristalizado, siempre que ha encontrado receptividad en los interlo-cutores, en acuerdos trascendentes. Hay que destacar, en el ámbito tripartito, el Acuerdo Social y Económico de febrero de 2011, en el que se consensuó la reforma del sistema de pensiones, y en el ámbito bipartito, el II Acuerdo para la Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2012-2014, que posteriormente fue dinamitado por el Gobierno del Partido Popular con su reforma laboral y de la negociación colectiva.

Pero, ante la constante imposición de recortes de derechos laborales y socia-les, y la ausencia de voluntad negociadora (desprecio evidente del diálogo en el caso del Gobierno del Partido Popular), UGT ha defendido las reivindicacio-nes de los trabajadores y trabajadoras y del conjunto de la ciudadanía con con-tundencia cuando ha sido preciso. La deriva de las políticas realizadas ha lle-vado a la puesta en marcha de un proceso de movilizaciones continuo y cre-ciente, que ha tenido hitos muy relevantes, entre los cuales cabe reseñar por su relevancia la Huelga General del 29 de septiembre de 2010, contra la refor-ma laboral del Gobierno del PSOE, y las del 29 de marzo y del 14 de noviem-bre de 2012, contra la nueva reforma laboral del Gobierno del Partido Popular y contra los recortes de derechos de libertades, laborales y sociales y las políti-cas económicas aplicadas por este mismo Gobierno, respectivamente. Esta última Huelga en el marco de la Jornada de Acción y Solidaridad Europea pro-movida por la CES a nivel europeo.

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Este proceso de movilización sostenida, catalizadora de las reivindicaciones y necesidades del conjunto de la ciudadanía, persigue el cambio de la política económica practicada y la reversión de las regresivas medidas adoptadas, constituye un objetivo esencial para UGT en la próxima etapa. Y para ello, pa-ralelamente a este proceso de movilizaciones, UGT defiende la convocatoria por parte del Gobierno de Mariano Rajoy de un referéndum, para que los ciu-dadanos y las ciudadanas puedan pronunciarse sobre las políticas aplicadas, en desarrollo del artículo 92.1 de la Constitución Española, que avala esta ini-ciativa cuando concurren circunstancias de especial trascendencia.

Esta petición se inscribe en la visión estratégica de UGT para frenar plantea-mientos políticos de corte populista y comportamientos de responsables públi-cos en todos los ámbitos, caracterizados por la falta de transparencia, para lo cual es necesario profundizar en nuestro estado social y democrático de dere-cho. En definitiva, más democracia y más participación de los ciudadanos y ciudadanas, lo que debe pasar, entre otras cuestiones, por la reforma de la Ley Electoral, desarrollar un modelo de estado federal y la promoción de mayores dosis de democracia directa, otorgando un papel más relevante a la consulta a la ciudadanía a través de referéndum.

En un escenario de ausencia de diálogo social, la organización debe desarrollar una intensa actividad sindical reivindicativa, en conexión con la contestación ciudadana de oposición a las políticas promovidas por el Partido Popular, que guarden relación con los planteamientos y objetivos establecidos en nuestras normas de organización, funcionamiento y de acción sindical aprobadas por el congreso del sindicato. A este respecto, UGT procederá:

- Al cuestionamiento de la constitucionalidad o de la legalidad de las decisio-nes contrarias al ordenamiento jurídico, y restrictivas de los derechos de la clase trabajadora y de la ciudadanía en general, promoviendo las acciones legales ante las instancias judiciales o de otro tipo oportunas.

- A la denuncia permanente en las instancias internacionales de las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas contrarias a los tratados y normas internacionales, de acuerdo, en su caso, con el movimiento sindical internacional.

- A la denuncia permanente de las políticas lesivas, y de los poderes públi-cos en general, ante las instancias y medios de comunicación social.

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- Al ejercicio de las acciones de movilización y protesta, a través de los dere-chos y libertades públicas de reunión, manifestación y huelga, y del impulso de los mecanismos de solución no judicial de conflictos, en todos los as-pectos de la vida política, social, económica y cultural.

- Constituyendo alianzas con el movimiento sindical y con las organizaciones sociales que confluyan en sus reivindicaciones con los fines perseguidos por el sindicato.

- Impulsando la acción sindical en las redes sociales y a través de las nue-vas tecnologías de la información y comunicación.

- Promoviendo acciones colectivas para la formulación de alternativas a las políticas públicas, mediante los instrumentos legales para dar cobertura a la iniciativa ciudadana y su participación en la toma de las decisiones que les afectan.-

- A la defensa de los intereses económicos y sociales que son propios al sindicato, en cuantos organismos de participación institucional se tenga presencia.

- A la contestación de las políticas públicas y a la intransigencia patronal en las empresas, mediante la acción sindical de protesta de la representación legal y sindical de los trabajadores y trabajadoras.

- A la intensificación de los contactos con todos los partidos, particularmente en la órbita de la izquierda política.

- A la profundización de las relaciones con las distintas entidades y asocia-ciones representativas de intereses sectoriales, de acuerdo con las Fede-raciones Estatales.

- A la elaboración de documentos, informes y planes sindicales, sobre los temas que interesan al movimiento sindical, en apoyo y como argumenta-ción de las propuestas sindicales.

- A la realización de una intensa campaña divulgativa del valor del sindica-lismo y del trabajo en un estado social y democrático de derecho, en todos los estamentos sociales.

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II.- LA ACCIÓN A DESARROLLAR: SITUAR EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO EN EL CENTRO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo 1. Un desarrollo global más justo y sosteni-ble y una Europa social y solidaria La crisis que estamos atravesando es una crisis de sistema y ha acabado con el mito de un sistema financiero global auto-controlado, a partir del cual las autoridades políticas nacionales e internacionales únicamente tendrían que mantener con las instituciones financieras unas relaciones neutras para lograr que reinara entre ellas una sana competencia. El precio de esta ilusión ha teni-do consecuencias dramáticas. Porque esta crisis es tan seria como la Gran Depresión de los años 30. Como entonces, la actual crisis ha comenzado sien-do financiera, para trasladarse inmediatamente a la economía real. Además, las soluciones ensayadas han ahondado en unas desastrosas consecuencias sociales y económicas, convirtiendo las medidas en profundamente injustas. Sus raíces sociales se entroncan en un modelo que, a lo largo de más de trein-ta años, ha ido creando desigualdades crecientes y una menor capacidad de consumo y que ha terminado con créditos incontrolados y unas deudas gigan-tescas, fundamentalmente privadas. Significa, por lo tanto, el fin de un modelo de desarrollo.

En este sentido, uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos es a la incompatibilidad entre el poder que ha adquirido el sistema financiero y la legitimidad democrática sobre la que se fundan los regímenes políticos. La política debe retomar su primacía y no permitir que el sistema financiero dicte a la política las reglas y las medidas que más le convienen.

En el ámbito de la UE, además de un problema de endeudamiento público (de-rivado de ayudas directas o indirectas por parte de los Estados para salvar el sistema financiero) y, sobre todo, privado, y de los deplorables balances de los bancos, la UE tiene un problema de crecimiento. A corto plazo, porque si no crece es imposible crear empleo, tener ingresos fiscales y cotizaciones socia-les, pagar sus deudas privadas y reducir sus deudas públicas; y, a medio plazo,

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porque es imprescindible tener un horizonte acorde con su crecimiento poten-cial para que los países tengan futuro.

La crisis ha puesto sobre el tapete todas las cuestiones fundamentales que estaban sin solventar desde hace sesenta años en la zona euro, como su men-guante crecimiento económico, el impacto de la financiarización internacional del capitalismo sobre la pervivencia del modelo social europeo, la falta de un proyecto de desarrollo económico y de crecimiento para el conjunto de la Unión, la inexistencia de recursos propios para realizar una política de solidari-dad y de transferencia de recursos hacia las zonas más atrasadas de la Unión, las profundas disparidades entre países y la creación de un sistema monetario incompleto. Una de las debilidades de la zona euro es tener una política mone-taria sin tener una política fiscal común. La complementariedad entre las dos es imprescindible para salir de la crisis.

De aquí se deriva la errónea respuesta europea a la crisis desarrollada desde 2007, que ha incrementado los problemas en los países más afectados y, cada vez más, de la zona euro en su conjunto; y ha aumentado la disparidad, las diferencias económicas, entre los 17 países integrantes de la unión monetaria. En términos sociales, ello se ha traducido en profundos retrocesos: en los ele-vados índices de paro, en el profundo debilitamiento de la negociación colectiva y del derecho del trabajo, en el recorte de los sistemas de pensiones, en el exponencial incremento del desempleo juvenil, el aumento de las desigualda-des y en los recortes en factores esenciales para el desarrollo del futuro como la sanidad o la educación.

1.- Los desafíos globales de la agenda internacional: Hacia un nuevo contrato social global

A diferencia con la de 1929, en la crisis actual incide la sobre-explotación de la naturaleza: el cambio climático, el aumento del precio de la energía, la escasez de algunos alimentos y la especulación con los precios de los mismos, son algunas muestras de ello. Pretender una salida de la crisis siguiendo las pautas del productivismo "fordista" chocaría hoy con un nuevo incremento del precio de los alimentos y del petróleo, y el agravamiento de la deriva climática.

Los aspectos financieros, sociales, económicos, laborales y ecológicos de la crisis están vinculados de forma tan inseparable que ninguna solución parcial, en uno o en otro sentido, sería eficaz. Por eso, UGT trabajará para:

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Desarrollar un nuevo Contrato Social, a nivel mundial, que contemple:

- Un paradigma tecnológico ahorrador de recursos, intensivo en em-pleos, fundado en formas de trabajo cualificadas, con la implicación negociada de los trabajadores y trabajadoras.

- Un régimen de acumulación que distribuya más justamente los incre-mentos de la productividad a los trabajadores y trabajadoras, mediante, entre otras cosas, la reducción del tiempo de trabajo, una demanda de inversiones verdes y la promoción de servicios comunes.

- El “Programa de Empleos Verdes” propugnado por la CSI, que debe in-troducirse en las agendas sindicales.

- Un modo de regulación fundado en relaciones estables entre capital y trabajo, el desarrollo de la economía social y una planificación me-dioambiental incitativa, a través de eco-tasas y de otras formas de promoción.

- Una configuración internacional fundada sobre la cooperación entre las “viejas” y la “nuevas” potencias económicas y políticas para el estable-cimiento de reglas comunes a nivel mundial en el campo económico- social laboral, fiscal y medioambiental.

- Unos Tratados de Libre Comercio justos, con cláusulas de garantía de cumplimiento de derechos laborales, civiles y sociales.

Impulsar una nueva gobernanza internacional y el control del Sistema Fi-nanciero Internacional, mediante:

- La defensa del papel de los organismos multilaterales, en particular las Naciones Unidas y sus diversas agencias, principio que debe hacerse compatible con el surgimiento de otros organismos como el G-20.

- La reforma de las Instituciones Financieras Internacionales, ajustando su papel a funciones tasadas y estrictamente operativas y dando cabi-da dentro de las mismas a la OIT y a los interlocutores sociales.

- La reforma del Sistema Financiero Internacional, siempre aplazada, poniéndolo al servicio de la economía real.

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- La promoción de un nuevo Bretton Woods para garantizar que no se producirán quiebras en base a la especulación sobre la deuda sobera-na de los países.

- La separación de los bancos de depósito de los bancos de inversión.

- La eliminación de los paraísos fiscales, que sustraen a las arcas de los Estados cantidades ingentes de impuestos, básicos para el sosteni-miento de los servicios sociales fundamentales, así como la puesta en marcha de herramientas coordinadas para combatir las bolsas interna-cionales de fraude fiscal.

- El establecimiento de una autoridad dotada de poderes legales para obligar a los bancos a realizar actuaciones preventivas cuando su si-tuación financiera se degrada.

- Reformular la regulación de las agencias de calificación, dotándolas de transparencia y evitando que respondan a intereses particulares, lo que precisa de un efectivo control por parte de los organismos financieros internacionales.

- La eliminación de las stock options de los banqueros y de sus contratos blindados, poniendo límites a sus retribuciones.

- El establecimiento de un impuesto internacional sobre transacciones fi-nancieras internacionales

Luchar contra las desigualdades en el mundo:

- Poniendo en práctica el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT, de 2009, y estableciendo un Plan de Empleo Juvenil en el mundo.

- Instaurando sistemas fiscales más justos que cumplan el principio de progresividad.

- Extendiendo los derechos fundamentales de libertad de organización sindical, de negociación colectiva y de huelga.

- Combatiendo el trabajo precario e informal, que tanto afecta a los y las jóvenes de nuestra sociedad, y poniendo en práctica políticas laborales que acaben con las desigualdades.

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- Combatiendo, hasta conseguir su erradicación, las redes internaciona-les que trafican con seres humanos para su explotación sexual o labo-ral.

- Erradicando el trabajo infantil.

- Promoviendo la mejora de la regulación de los flujos migratorios, evi-tando la migración irregular, asegurando la portabilidad de las pensio-nes y otros derechos y la participación política en las sociedades de acogida.

- Generando una estrategia global sindical de apoyo y afiliación de los trabajadores y trabajadoras migrantes en los países de acogida me-diante la articulación de una cooperación sostenida entre los sindicatos de los países emisores y receptores.

Reforzar el papel internacional del movimiento sindical, mediante:

- La lucha por un nuevo modelo de desarrollo.

- La consolidación de Nuevas Alianzas de Progreso, inspiradas en el Fo-ro Progresista Mundial del que forma parte la CSI.

- Una mayor presencia sindical en las instituciones y foros internaciona-les.

- La reforma de las Organizaciones Internacionales más relacionadas con el mundo del trabajo, la economía y el comercio (OIT, OMC, FMI, BM, OCDE).

- Una estrategia de la CSI orientada a reforzar el papel de la OIT y evitar los intentos de debilitarla.

- Una equiparación del carácter vinculante de los convenios de la OIT con las normas de la OMC, estableciendo normas sociales y medioam-bientales en el comercio mundial y la globalización.

- La realización de campañas mundiales, en particular a favor de la ne-gociación colectiva, en un contexto en el que existe una clara ofensiva sobre la misma con el objetivo de debilitarla, cuando no eliminarla.

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- La creación, en el ámbito de la CSI y, en colaboración con los centros de estudio de las organizaciones miembros, de un instituto de Investi-gación para todo lo relacionado con la estrategia sindical para un nue-vo modelo económico social, laboral y ecológico a nivel mundial. Un instrumento que sea capaz de realizar análisis proponiendo alternativas y sobre su concreción práctica en la acción sindical directa.

- El incremento de la formación sindical en sinergia con las organizacio-nes miembro, de las políticas de cooperación al desarrollo y de los convenios con instituciones y programas específicos financiados por entidades supranacionales.

- El incremento de la sindicalización de trabajadores y trabajadoras es-pecialmente de los más vulnerables

2.- Consolidar una Europa social, solidaria y sostenible En el contexto de crisis actual, la Unión Europea ha mostrado su incapacidad para adoptar medidas suficientes y en tiempo real. Ello es consecuencia del conservadurismo ideológico que rechaza la intervención pública para relanzar la economía, del limitado mandato del Banco Central Europeo (BCE) que no tiene entre sus funciones la del crecimiento y el empleo y de una arquitectura institucional de poder tremendamente lenta e inoperante.

Los servicios públicos, conocidos como servicios de interés general en la ter-minología europea, constituyen una parte importante del sistema económico y social de cada Estado miembro y permitiendo la realización de los intereses colectivos, constituyen un pilar de la cohesión social y económica de la Unión.

La Estrategia de Lisboa, en lugar de homogeneizar el desarrollo de los distintos países miembros, lo que ha hecho es ampliar las diferencias. Es una construc-ción europea que no tiene mecanismos de distribución. Y tampoco tiene una política económica, energética, de innovación, de educación que fomente un desarrollo menos asimétrico que el impuesto por el modelo alemán de cons-trucción europea.

Por todo ello, la salida de la crisis del euro requiere medidas decididas: a corto plazo para evitar que, o bien la UE entre en un largo período de estancamiento económico y los países del Sur, especialmente, vayan sufriendo una degrada-ción económica y social insoportable, o bien algunos países se vean abocados

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a la salida del euro o incluso que éste estalle y, con él, la Unión Europea; a medio plazo, es preciso un profundo cambio en la construcción europea, para dotarla de una concepción más solidaria y simétrica.

En coherencia con ello, la actuación de UGT en el ámbito europeo debe guiar-se por unos objetivos estratégicos, dirigidos a lograr más Europa pero, también, otra Europa:

- Una Europa con una moneda única que sea verdaderamente de todos y que, por tanto, se inscriba dentro de una unión política.

- Una Europa Federal, en la que estén repartidas las competencias entre la Federación y los Estados, y que se creen y refuercen las instancias demo-cráticas acordes con ello.

- Una Unión Europea más simétrica, que desarrolle políticas comunes orien-tadas al crecimiento de todos los países de la Unión, evitando el dumping social.

- Una Unión que no se guíe por el ordo-liberalismo de las reglas por encima de la política, y que se plantee como objetivo central la salvaguarda del Modelo Social Europeo.

- Un mayor equilibrio entre Unión Monetaria, Unión Económica y Unión So-cial.

- Una Unión Europea con una única voz en el concierto internacional.

- Una Unión Europea más democrática, reforzando el papel del Parlamento Europeo.

El logro de estos objetivos precisa de un conjunto de actuaciones de calado, dirigidas en esencia a poner las bases para completar el desarrollo del euro como moneda única.

Por un lado, a corto plazo es imprescindible:

- Que el BCE, directamente, respalde la deuda pública de todos los países.

- Que la UE cambie radicalmente la política de austeridad por otra que con-duzca rápidamente al crecimiento sostenible y al empleo.

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- Que se sanee el sistema bancario, recapitalizando los bancos directamente y sin el respaldo de los Estados, tanto de los países centrales como de los periféricos, mediante el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE).

- Que, una vez saneado, el sistema bancario pueda comenzar a proveer de créditos a empresas y particulares. El coste del saneamiento debe correr, principalmente por los acreedores y accionistas nacionales y extranjeros, antes de recurrir al dinero de los contribuyentes por la vía de los Estados.

Por otro lado, a medio plazo resulta a su vez ineludible:

- Modificar el mandato del Banco Central Europeo (BCE) para que no sea solo el garante de la estabilidad de precios sino también de la estabilidad financiera y que tenga también por mandato el crecimiento y el empleo, la competencia de prestar directamente a los Estados y ser el avalista de úl-timo recurso de estos.

- Crear una Unión Bancaria y una Unión Presupuestaria Europea.

- Configurar un Tesoro europeo con un presupuesto a la altura de una unidad federal, con ingresos propios derivados de impuestos comunitarios, inclu-yendo los impuestos a las transacciones financieras y las emisiones de CO2.

- Cambiar el actual Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, que condiciona toda posibilidad de desarrollo futuro, que empobrece a las po-blaciones y desmantela los servicios públicos.

- Establecer que las inversiones públicas de futuro no sean tenidas en cuen-ta como factores de cómputo del déficit en los Presupuestos.

- Mutualizar las deudas públicas en un poderoso mercado financiero de obli-gaciones comunes (eurobonos).

- Construir una gobernanza económica cooperativa entre los ámbitos comu-nitarios y nacionales, con la consiguiente cesión de soberanía.

- Plantear Proyectos Comunes de Desarrollo en el seno de la Unión Econó-mica, especialmente en el campo de las iniciativas vinculadas a la poten-ciación de la política industrial y al cambio del modelo productivo impulsor de empleos verdes y de un desarrollo industrial sostenible como respuesta

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a los desafíos climáticos, energéticos y alimentarios (transportes, reconver-sión de edificios, energías renovables, servicios a la comunidad, etc.).

- Fortalecer los mecanismos de responsabilidad social de las empresas, espe-cialmente en los procesos de reestructuraciones basadas en el diálogo social.

- Desarrollar un sistema europeo de vigilancia de las importaciones.

- Potenciar los instrumentos de la UE en materia de I+D+i, el Banco Europeo de inversiones, las políticas de formación continua, el FSE, el Fondo Euro-peo para la Adaptación a la Globalización, etc., para ayudar al desarrollo y la renovación de la industria europea.

- Establecer un Tratado sobre la Europa Social, en el que figuren temas como:

Un Protocolo de Progreso Social.

Un marco europeo de negociación colectiva y de relaciones laborales.

Una Estrategia Común Europea sobre Seguridad y Salud Laboral que regule un contenido general de condiciones de trabajo.

Un Plan de cambio del modelo productivo basado en una “transición justa”, como han señalado tanto la CES como la CSI.

La igualdad laboral, incluidos los salarios, entre todos los trabajadores y trabajadoras, sin discriminaciones por razón de sexo, origen, nacionali-dad, discapacidad, edad o cualquier otra condición social y/o personal.

Un empleo para todos.

Una sociedad solidaria.

Un techo para todos.

La erradicación del analfabetismo.

Solidaridad con los países menos desarrollados, con una ayuda pública al desarrollo superior al 1% del PIB.

Unos TLC justos con cláusulas de garantía de cumplimiento de dere-chos laborales, civiles y sociales.

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3.- Defender el modelo social europeo en la UE y en el mundo El modelo neoliberal imperante en el mundo ya venía haciendo mella en la UE antes de la crisis. De un lado, por las transformaciones en el capitalismo, que comenzaron con el abandono del objetivo del pleno empleo y su sustitución por la lucha contra la inflación, y que siguieron con la desconexión entre salarios y productividad, y entre crecimiento de la riqueza y redistribución de la misma, culminando con la disociación entre ingresos y gastos. Un proceso en el que tuvieron un papel clave las privatizaciones, las rebajas de impuestos directos, el ataque a los servicios públicos esenciales y el recorte de las prestaciones sociales.

Por otro lado, la concepción alemana de la gobernanza europea, que prima el gobierno por las reglas y no por el debate político, ha dado lugar a un BCE que sólo se preocupa de la estabilidad de precios, una Unión Económica y Moneta-ria que sólo es monetaria y un Presupuesto absolutamente raquítico.

La consecuencia de todo ello ha sido una UE cada vez más asimétrica y la generación de profundas desigualdades tanto en la distribución primaria directa de la renta (pérdida de participación de los salarios en la distribución de la ren-ta) como en la indirecta (salario diferido a través de las prestaciones sociales) y, en último término, un deterioro y estancamiento del modelo social europeo. Por eso, para que este modelo social pueda seguir siendo una referencia uni-versal, será necesario construir un modelo de unidad europea más coherente.

Por otra parte la UE, pese a haber unificado teóricamente su política exterior con el Tratado de Lisboa, no es capaz de actuar con un sola voz en conflictos internacionales o en instancias supranacionales como el G20, en el que un tercio de sus componentes son Estados miembros de la UE; o de unir sus vo-tos en el FMI, organismo en el que EEUU tiene el 17,5% de las cuotas de capi-tal y por lo tanto de los votos, mientras que las cuotas del conjunto de los paí-ses de la UE representan el 30%. La UE tiene pues que avanzar en la cons-trucción de una acción exterior unitaria.

La CES se ha centrado, especialmente, en construir discurso y alternativas desde el ámbito social. Pero, como ahora se está demostrando con la crisis esto es insuficiente, la dimensión social no es más que el producto de la con-cepción y de la estructura con la que se construye la Unión.

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Por ello desde UGT vamos a trabajar para:

- Contribuir en la elaboración de un discurso de la CES referido al modelo global de construcción europea.

- Reclamar la actuación conjunta de todos los Estados miembros de la UE en los foros y organismos internacionales, como recoge el Tratado de Lisboa.

- Defender una política de desarrollo sostenible que incorpore las dimensio-nes social, laboral, política, financiera, económica y medio ambiental en el mundo, contribuyendo a la elaboración de un discurso de la CES en esta materia.

- Configurar un marco igualitario y solidario para la libre circulación de traba-jadores y trabajadoras de la Unión Europea y para la migración de terceros países.

- Dotar a la Confederación Europea de Sindicatos de una política exterior mucho más articulada y eficiente.

4.- Reforzar la acción internacional de la Unión General de Trabajadores

La UE en su conjunto, y especialmente algunos países miembros se halla en un encrucijada decisiva, hasta el punto de que se puede afirmar que la UE será muy diferente después de esta crisis. Por ello, nuestra acción exterior se tiene que centrar en mayor medida que nunca en el espacio europeo, sin olvidar la evolución de la OIT y los intentos por debilitarla.

Por otro lado, las necesidades de ayuda que tiene el movimiento sindical en otras partes del mundo -especialmente en América Latina y el Sur del Medite-rráneo- no han decrecido, por lo que seguirá siendo muy importante mantener la cooperación al desarrollo, aún con la enorme reducción de las aportaciones gubernamentales que se ha producido.

Para incidir en estos espacios de actuación prioritarios UGT se propone:

- Incrementar la orientación, coordinación y formación de los y las responsa-bles de la organización implicados en actividades de carácter internacional,

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implementando un plan específico de formación, en colaboración con la Secretaría de Formación Confederal y las Federaciones Estatales.

- Profundizar en la política en vigor orientada a la presencia de responsables de UGT en distintos organismos y responsabilidades internacionales, en el ámbito sindical e institucional.

- Dar una mayor visibilidad dentro de la organización a la dimensión exterior de nuestra acción sindical, implicando a más personas, generando espacios comunes de trabajo y de intercambio de información y potenciando la coordi-nación de la política sindical internacional con todas las estructuras, espe-cialmente con las Federaciones Estatales para la acción sindical en este ám-bito, y con atención prioritaria a Europa, América Latina y el Mediterráneo.

- Favorecer la vinculación y el trabajo conjunto de organismos confederales -como la Fundación Francisco Largo Caballero, ISCOD, Escuela Julián Bes-teiro- con organismos equivalentes de la CES y de la CSI.

- Reforzar el papel del ISCOD como instrumento fundamental de política internacional de toda la Confederación. En particular, reforzar la coopera-ción del ISCOD con la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo de la CSI y en el seno de las Federaciones Sindicales Internacionales, mantener el compromiso de la organización de destinar, al menos, el 0,7% de la cuota de los afiliados y afiliadas a proyectos y programas de cooperación al desa-rrollo y llevar a cabo un esfuerzo especial para buscar nuevas fuentes de financiación.

- Defender que, a semejanza del Convenio Iberoamericano sobre Coordina-ción de Seguridad Social, operativo en España y Portugal, más países eu-ropeos se comprometan en convenios similares. Asimismo, participar y rea-lizar el seguimiento del Convenio Iberoamericano sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Apoyar el trabajo de la CES y coordinar con ella el seguimiento a propues-tas de directivas u otras decisiones normativas, en el sentido de que se ga-rantice siempre la igualdad en las condiciones de trabajo y el respeto a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y trabajadoras.

- Apoyar el trabajo de las Agrupaciones de Técnicos y Cuadros, Profesiona-les y Directivos (ATCs) de las Federaciones Nacionales y Uniones Territo-

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riales, fomentando su Unión UTC (Unión de Técnicos y Cuadros), con el fin de reforzar la defensa de este colectivo en la acción Internacional.

- En relación a la Cooperación al Desarrollo seguir reivindicando el concepto de Trabajo Decente, el cual se refiere a un trabajo productivo para hombres y mujeres en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad huma-na. Además garantiza la igualdad de trato y oportunidades para todas las personas.

- Propiciar un debate sobre la protección de los trabajadores y trabajadoras autónomos en la CES, en el Parlamento Europeo y en otras instancias de la UE.

- Seguir reivindicando dentro de los órganos decisorios de la CES el estable-cimiento de un salario mínimo de referencia en la Unión Europea.

- Insistir en la necesidad de que la UE defina el concepto de “trabajador”.

Objetivo 2. Por un nuevo modelo productivo Antes de la crisis, UGT venía defendiendo la necesidad de un cambio de mode-lo productivo que modificara el patrón de crecimiento de la economía, por ser inadecuado en un contexto globalizado, donde prima la competitividad. La crisis actual ha puesto de manifiesto sus debilidades y su incapacidad para el mante-nimiento de la actividad y del empleo, convirtiéndose dicho cambio de modelo en imprescindible para la salida de la crisis.

Para UGT, el nuevo modelo productivo debería sustentarse en actividades que den solidez al crecimiento, estabilidad al volumen y calidad del empleo y apor-ten valor añadido e innovación. De acuerdo con ello, es preciso que se aborde una reconfiguración de la composición sectorial de la economía, en la que to-dos los sectores han de adaptar su dimensión en función de sus fortalezas y ventajas competitivas y estratégicas.

Nuestro país precisa diseñar un marco de formación para el empleo en compe-tencias profesionales acordes a las nuevas demandas del mercado de trabajo, que será una herramienta clave para combatir el desempleo, especialmente entre sectores desfavorecidos. En la sociedad del conocimiento y de la tecno-logía, es necesario contar con profesionales cualificados y capaces de adquirir nuevas competencias en función de los cambios de los sistemas productivos y

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la sociedad del bienestar. Es necesario poner todos los esfuerzos para ayudar a los trabajadores y trabajadoras ocupados a mejorar su cualificación a la vez que las empresas son beneficiadas al mejorar su competitividad. Es imprescin-dible preparar tanto a las personas desempleadas como a las que no han teni-do ocupación anterior para que se reincorporen al empleo, teniendo en cuenta aquellas profesiones más solicitadas en el sistema productivo, con indepen-dencia de cuál sea el sector de origen del demandante de empleo.

Es necesario disponer de programas específicos de formación y cualificación para las personas trabajadoras desempleadas sin cualificación que no hayan tenido una ocupación anterior.

La industria, con los servicios asociados a la misma, es la rama productiva donde se obtienen mayores incrementos de productividad, la pieza clave para aplicar y difundir los avances en investigación y desarrollo, así como elemento capital para la competitividad exterior vía exportaciones. Asimismo, es en el sector industrial donde puede generarse más estabilidad y mejores condiciones de trabajo, es decir, más calidad de la ocupación. Hablamos de la industria del siglo XXI, moderna, preparada, innovadora, respetuosa y comprometida con la eficiencia, la excelencia, la calidad del trabajo y con la sociedad en todos sus ámbitos, sostenible desde su vertiente económica, medioambiental y social.

Para modernizar y fortalecer el aparato productivo, e introducir procesos relacio-nados con la sociedad de la información, es necesaria una estrategia continua de desarrollo industrial. El progreso hacia un sistema productivo más proclive hacia la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) se cortocircuita por falta de compromiso de quienes deberían ser sus principales promotores.

UGT propone un enfoque del desarrollo sostenible que se inspira en tres pilares básicos: afrontar el reto del cambio climático, hacer un uso eficiente de los recur-sos (y proteger la biodiversidad), y asegurar la transición justa del proceso de cambio. Una economía eficiente en el uso de los recursos debe tender a crear productos y bienes de consumo de larga durabilidad, fabricados con materiales no peligrosos y reciclables, ahorrar energía, agua y materias primas, y utilizar las mejores técnicas disponibles que produzcan la menor contaminación.

El desarrollo rural puede suponer una nueva oportunidad de empleo para las áreas rurales que han quedado fuera del desarrollo económico convencional. Integrar el desafío medioambiental y adecuar el espacio institucional y político

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europeo son ejes imprescindibles también para el objetivo del cambio de mode-lo productivo.

El sistema financiero debe recuperar el papel que le corresponde como inter-mediario en el desarrollo de la actividad económica, potenciando la inversión productiva y la creación de empleo, y dejando atrás las actividades especulati-vas, especialmente graves cuando exceden a la propia economía financiera e implican a la economía real.

Las Administraciones Públicas, como impulsoras del desarrollo territorial, han de fundamentar su papel en conseguir que el cambio de modelo sea un objeti-vo estratégico de país. Este objetivo debe ir más allá de las limitaciones de carácter presupuestario, y requiere una estrecha colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. En este objetivo estratégico deben incluir-se la educación, la formación, la innovación y el sistema de protección social.

1.- La formación para el empleo, esencial en el cambio de modelo

Para UGT la formación es una herramienta fundamental para ayudar al mante-nimiento del puesto de trabajo o para conseguir uno nuevo, especialmente en un sector productivo distinto del de origen. La crisis económica se traduce en una reducción brutal de las disponibilidades de puestos de trabajo, con una mayor competencia para conseguir nuevos empleos, en lo que tienen ventaja quienes poseen mayor formación y cualificación profesional. Por otra parte, la esperada recuperación económica se realizará sin duda con una importante reestructuración de los sectores productivos, y la aparición de nuevos trabajos, para los que será necesario disponer de nuevas competencias profesionales, sociales y personales. Por eso UGT propone:

- Establecer una verdadera política integral de formación profesional, com-prendiendo la reglada y la formación para el empleo, determinada por un organismo administrativo que asuma todas las competencias en la ordena-ción de la formación profesional. Debe tener rango suficiente para coordi-nar a las Comunidades Autónomas (Conferencias Sectoriales de Educa-ción y de Empleo) y a los Ministerios afectados, apoyándose en el Consejo General de Formación Profesional, donde participa UGT.

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- Culminar el desarrollo del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profe-sionales, procediendo a su actualización, para avanzar en la adaptación de títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad, con uni-dades de competencia intercambiables, y que permita asimismo el recono-cimiento de las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral y la carrera profesional de los trabajadores y trabajadoras.

- Potenciar la reincorporación de personas adultas al Sistema de Formación Profesional mediante el establecimiento de un sistema de Reconocimiento de Competencias Clave para la reincorporación a la enseñanza secundaria obligatoria (ESO) o a la formación profesional, y para el acceso a certifica-dos de profesionalidad de niveles 2 y 3.

- Garantizar que el sistema educativo esté preparado para afrontar de mane-ra urgente y adecuada la “reinserción educativa” de jóvenes que vuelven al sistema tras haber perdido el empleo y con la intención de obtener una titu-lación que les permita el acceso a puestos de trabajo distintos de los que desempeñaron. Para ello, es de vital importancia la ampliación de plazas en formación profesional.

- Impulsar un nuevo modelo de formación para el empleo para seguir avan-zando en la definición de un sistema integrado y coherente tanto para tra-bajadores y trabajadoras, ocupados y ocupadas como para población des-empleada, así como para establecer un marco estable de participación de las iniciativas financiadas con la Cuota de formación profesional.

- Establecer el Servicio Integrado de Información y Orientación Profesional que garantice la información y la orientación profesional a lo largo de toda la vida, el acceso a los diferentes recursos formativos y de acreditación previstos en el Subsistema de formación para el empleo, y oferte itinerarios personalizados de formación para la inserción laboral.

- Generalizar las convocatorias del sistema de reconocimiento, evaluación y acreditación de la experiencia laboral y de la formación adquirida a través de vías no formales. Se ha de estimular la utilización de los permisos indi-viduales de formación para poder acudir a estas convocatorias, y facilitar las convocatorias para plantillas de empresas, en particular las afectadas por expedientes de regulación de empleo. UGT preparará a sus delegados y delegadas para actuar como agentes informadores para el reconocimien-

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to, con los conocimientos acreditados suficientes para estimular a los traba-jadores y trabajadoras a participar en los procedimientos de reconocimiento de competencias profesionales, y para acompañarles hasta su conclusión.

- Crear una Red de Centros de Nuevas Oportunidades. Estos centros estarían especializados en la atención a personas adultas, para el reconocimiento de competencias profesionales de nivel 1, o de competencias básicas para la reincorporación a la enseñanza secundaria obligatoria, a la formación profe-sional de grado medio o para el acceso a certificados de profesionalidad de niveles 2 y 3. Esta red estaría constituida por centros de educación de per-sonas adultas, centros integrados, centros de referencia nacional, centros de formación profesional y otros centros autorizados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, así como sus equivalentes en el ámbito autonómico.

- Impulsar la utilización de las casas del pueblo de UGT como centros de nuevas oportunidades autorizados por la administración competente, como espacios de aprendizaje permanente de competencias básicas para prepa-rar y orientar a los trabajadores y trabajadoras con bajos niveles de cualifi-cación para la obtención y reconocimiento de cualificaciones profesionales de nivel 1. Estos centros deberán estar autorizados para el reconocimiento de competencias.

- Desarrollar una modalidad de formación profesional dual, en la empresa y en el centro educativo, en todos sectores productivos, empresas y áreas geográficas en los que sea posible. Los currículos deben ser adaptados, y el control del centro de formación o educativo sobre el proceso de forma-ción y la evaluación debe ser garantizado. Las modalidades formativas del contrato de aprendizaje podrían ser utilizadas para esta nueva modalidad dual, estableciendo cautelas en cuanto a asegurar que la formación vincu-lada a certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional sea completada y acreditada en el ámbito de la duración del contrato, bajo con-trol del centro educativo. Al mismo tiempo reclamamos para la representa-ción legal de los trabajadores el papel de seguimiento y control de las con-diciones laborales del alumnado de formación dual en la empresa.

- Recuperar los remanentes de los presupuestos de formación profesional para el Empleo. En coherencia con el carácter finalista de los fondos pro-cedentes de la cuota de formación profesional, debe procederse a su reanualización, en iniciativas de formación profesional para el empleo.

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- Defender el derecho de los trabajadores y trabajadoras a la cualificación y recualificación profesional, a la vez que se plantea cambios para mejorar su participación en el sistema de Formación Profesional para el Empleo. En este marco, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) y la Es-cuela Julián Besteiro (EJB) son instrumentos a proteger, necesarios para seguir prestando este servicio a trabajadores y trabajadoras y afiliados y afiliadas.

- Mejorar la calidad de los Planes de UGT. Para ello es necesario incluir de modo progresivo acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de las Cualificaciones en nuestros planes de formación, que sean certificables, con unidades de competencias intercambiables y acumulativas, para obte-ner certificados de profesionalidad y títulos de formación profesional.

- Potenciar y rentabilizar la participación de UGT en los órganos de partici-pación, coordinando a sus representantes en el Consejo General de For-mación Profesional, Consejo Escolar del Estado y consejos sociales de los centros de referencia nacional, o sus equivalentes de ámbito autonómico.

- Potenciar el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), como refe-rente de UGT para la formación de los trabajadores y trabajadoras. Para ello, IFES se adaptará a la estructura organizativa de UGT, e impulsará de manera permanente la necesaria colaboración con otras entidades de nuestra organización que desarrollen funciones similares, relacionadas con la formación profesional para el empleo y demás actividades formativas ne-cesarias para la cualificación profesional en todos los niveles. Asimismo es imprescindible un compromiso de responsabilidad para la implicación efec-tiva de todos los organismos de UGT en la utilización de IFES para la eje-cución de Planes, subvencionados o no, de formación para el empleo, lo que requiere ampliar la formación existente en lo que concierne al ámbito específico sectorial.

2.- La investigación, el desarrollo y la innovación como base de la recuperación económica de España

UGT apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación, como factores imprescindibles para salir de la crisis. Nuestro potencial económico futuro de-pende de ello. Por lo tanto, esta salida debe hacerse potenciando un modelo productivo de mayor competitividad y productividad, basado en el apoyo al

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desarrollo de la investigación y la innovación en todos los sectores, tanto de producción como de servicios, con puestos de trabajo estables, bien remunera-dos y con derechos. Y todo ello exige un mayor esfuerzo público y privado en Investigación, Desarrollo e Innovación.

Para esto es fundamental que nos marquemos los siguientes objetivos:

- Apostar estratégicamente como eje fundamental, al margen de la coyuntura o ciclos económicos y políticos, por la inversión en investigación, desarrollo e innovación del país, incrementando la inversión para que se aproxime a la media de la UE-15. Para que España avance hacia un modelo productivo más eficiente, deben darse pasos en la incorporación de las nuevas tecno-logías y nuevos sistemas de organización del trabajo. Para esto las empre-sas necesitan estabilidad y seguridad jurídica en las políticas que desde las administraciones se adopten.

- Impulsar actuaciones que apoyen la transferencia de conocimiento y la cooperación público-privada. Para aspirar a la recuperación económica de España a través de una economía más competitiva, sostenible e incluyen-te, es necesaria una aproximación de la investigación, el desarrollo y la in-novación (I+D+i) y los sectores productivos, así como poner en marcha las estructuras que promuevan un entorno de negocio más favorable a la inno-vación y el desarrollo tecnológico, que facilite el acceso a la inversión pri-vada y aborde los principales retos sociales.

- El Gobierno español debe impulsar y potenciar el esfuerzo inversor del sector empresarial para hacer frente a los nuevos desafíos tecnológicos. En el ámbito del diálogo social, dentro del terreno de la competitividad e in-novación, se instrumentarán compromisos de las empresas por la innova-ción y el desarrollo tecnológico.

- Encuadrar en el marco del diálogo social las estructuras y las dinámicas que permitan optimizar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) con delimitación de funciones, simplificando los instrumentos de fomento, estableciendo mecanismos de control y evaluación que mejoren la eficien-cia de las inversiones, no sólo desde el punto de vista económico, sino también desde el retorno social de las mismas. Con tal objeto, es necesario iniciar un debate profundo sobre cómo debe redistribuirse el retorno social de la innovación en el seno de la empresa y en la sociedad.

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- Aprovechar la nueva Ley de la Ciencia (Ley 14/2011) para promover en España un mercado laboral para los investigadores e investigadoras que sea atractivo y favorezca su estabilidad laboral y dignidad profesional al ob-jeto de conjugar, de manera equilibrada, el rendimiento y la productividad con el bienestar social.

- Igualmente, deben adoptarse las iniciativas legislativas pertinentes para el reconocimiento de las patentes de trabajador y trabajadora, en forma similar al sistema vigente en Alemania, donde las invenciones o mejoras producidas por una persona o un equipo de personas se patentan o registran a nombre de la o las personas autoras y generan un rendimiento económico, en forma de porcentaje sobre el beneficio generado para dichas personas.

- Dar continuidad al Plan Nacional de I+D+i, debatiendo su contenido dentro del diálogo social, como herramienta para avanzar hacia un modelo producti-vo más eficiente y con la incorporación de nuevas tecnologías, al margen de la coyuntura o ciclos económicos y políticos, con estabilidad presupuestaria que le permita finalizar todo el proceso. Está demostrado el efecto positivo de la inversión en I+D+i sobre la economía, principalmente tanto en la inversión directa en las empresas, como en formación y educación en I+D+i sobre el capital humano, que acaba por acceder a puestos de trabajo con mayor es-pecialización, mejorando el tejido empresarial de nuestro país, aportando rentabilidad, competitividad y productividad a nuestra economía.

- Concienciar a la representación sindical y empresarial de la necesidad que tienen ambos de negociar los procesos innovadores que se producen en el seno de las empresas, para lograr un mayor desarrollo sostenible en el tiempo y una mejor evolución económica y laboral de las mismas.

- Potenciar una industria de tecnologías de la información y la comunicación (las TIC) dirigida hacia la pequeña y mediana empresa (PYME), sobre todo, en materia de incorporación de las mismas en los procesos de negocio. Impulsar las transacciones electrónicas y el comercio electrónico, en gene-ral en condiciones de seguridad jurídica.

- Promover la alfabetización digital de las personas empleadas y desem-pleadas en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.

- El servicio universal es la herramienta que como organización sindical po-seemos para lograr el justo equilibrio entre los legítimos intereses mercanti-

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les de las empresas y la defensa y garantía de una sociedad basada en la equidad y cohesión territorial. Debemos velar para que los ciudadanos y ciudadanas tengan garantizado un acceso generalizado y asequible a in-ternet, a nuevos servicios digitales, y a la denominada sociedad de la in-formación, de forma que impulsemos el servicio universal y sea eliminado cualquier indicio de brecha digital, como el precio, la localización geográfica periférica, analfabetismo tecnológico o por motivo de edad y/o género, ya que este nuevo fenómeno quiebra la cohesión social.

- Regular legalmente cuáles son las atribuciones de vigilancia de la actividad laboral en manos del empresariado, y cuáles los derechos constitucionales y legales que debieran proteger a la población trabajadora, por la utilización de los aparatos e instrumentos informáticos en el lugar de trabajo. Los pro-cesos de innovación deben mejorar la conexión con las políticas educati-vas, especialmente con la formación profesional reglada y universitaria, así como con las políticas de formación para el empleo. Por ello es básico im-pulsar una coordinación eficaz entre las instituciones: administraciones pú-blicas, universidades, empresas y organizaciones internacionales.

3.- Por una industria competitiva y moderna

Como la crisis ha evidenciado en los países de nuestro entorno, la creación de riqueza y empleo recae en la industria. En el modelo productivo propugnado por UGT, la industria ha de jugar un papel preponderante, ya que responde a todos los requerimientos exigidos a las actividades productivas.

En consecuencia, la industria ha de aumentar su peso en la composición del PIB, teniendo en cuenta que en su entorno se han desarrollado unos servicios imprescindibles para ella - “servindustria”- y que las relaciones intersectoriales se han hecho más complejas, debiéndose interpretar los sectores en términos de la cadena de valor.

Por ello, UGT propone que las medidas que se adopten en materia de política industrial se rijan por los siguientes criterios:

- Integrar las medidas de apoyo a la industria en el marco de la política eco-nómica, a través de los Presupuestos Generales del Estado. Las políticas públicas deberían prestar especial atención a la consecución de un sector industrial sólido, fuerte y diversificado, capaz de hacer frente a los retos presentes y futuros.

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- Fortalecer los instrumentos básicos de competitividad y modernización de la industria adaptados a las peculiaridades de cada uno de los sectores in-dustriales, con objetivos claros, concretos, cuantificados, delimitados en el tiempo y evaluables

- Realizar una coordinación adecuada. En el diseño de esta política se debe incluir el reparto de papeles entre los distintos agentes con una correcta coordinación de las medidas adoptadas por las distintas administraciones públicas que tienen competencia en materia de industria (Administración Central, Comunidades Autónomas, Administración Local y Unión Europea), sin menoscabo de las competencias de cada administración. Para ello se potenciarán y apoyarán todas las iniciativas que propicien el asociacionis-mo empresarial, a las pequeñas y medianas empresas acceso a la finan-ciación, modernización, a la gran distribución y a la exportación.

- Impulsar el diálogo social, que sirva de base a la definición y puesta en marcha de la política industrial, a través de instrumentos tripartitos con vo-cación de permanencia, tanto de carácter general como sectorial. Dichos instrumentos han de actuar en una doble dirección: a corto plazo, para con-tribuir a paliar los efectos de la crisis, y a largo plazo, para llevar a cabo las reformas necesarias, articulando mecanismos de prevención-anticipación para dotar a la industria de la fortaleza necesaria.

- Aumentar los esfuerzos para mejorar las actividades industriales, promo-viendo la formación, la cualificación y el capital tecnológico, conectando a las empresas con los centros de investigación y promoviendo la cultura de la innovación.

4.- Una política energética que asegure el suministro, la efi-ciencia económica y el respeto al medio ambiente

La energía es un elemento esencial del desarrollo económico y social de cual-quier país y tiene repercusiones directas sobre los sectores económicos y so-bre los estándares de calidad de vida y desarrollo humano. Resulta imprescin-dible que desde los poderes públicos se planifique, programe y regule una polí-tica energética como servicio estratégico, esencial para la comunidad, que de-termine la universalidad de los suministros, la garantía del sistema, la viabilidad económica, la cohesión territorial y social y la preservación del medio ambiente, o lo que es lo mismo, un modelo energético sostenible.

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Con este fin las medidas de política energética que nuestro país necesita de-ben desarrollarse en torno a los siguientes ejes:

- Abordar una auténtica reforma que permita disponer, en el contexto de la política europea, de un marco energético estable, predecible y sostenible, en lo ambiental y en lo económico, arbitrando soluciones eficientes para controlar los costes de la energía.

- Reducir la altísima dependencia de materias primas para usos energéticos, de las que importamos más del 80%. Y aproximarnos en un tiempo razo-nable a la media europea del 56%.

- Alcanzar un mix energético para el año 2020 equilibrado y diversificado entre las diferentes fuentes de energía primaria. Es necesario el desarrollo de una política activa y sostenida en el tiempo que defina la participación de todos los modelos de generación energética existentes. Este modelo debe hacer compatibles el cumplimiento de los objetivos de fomento del ahorro y eficiencia energética y el desarrollo de las energías renovables; con las exigencias derivadas de la necesidad de garantizar una estructura económica competitiva.

Relacionado con lo anterior, apoyar el desarrollo de los sistemas de planifi-cación y de gestión, asegurando el acceso universal a servicios energéticos de calidad, desacoplando el crecimiento/desarrollo socioeconómico de la intensidad en consumo energético y en emisiones de gases de efecto in-vernadero, y potenciando el uso de fuentes autóctonas (como el carbón, mini hidráulicas, biomasa y el resto de energías renovables) para disminuir la alta dependencia energética exterior. La hibridación podría aportar, junto a la captura y enterramiento de CO2, una solución parcial importante al problema. Para ello se ha de incrementar el esfuerzo institucional y presu-puestario en I+D+i, para poner freno al enorme coste social que soportan las comarcas mineras, por lo que UGT apuesta por el papel de futuro que debe jugar el sector del carbón apoyado por nuevas tecnologías y la bio-masa.

- Desarrollar las infraestructuras y las interconexiones internacionales de energía para garantizar el suministro e intercambio energético. Las redes de transporte y almacenamiento de gas y electricidad, así como la obliga-ción legal de asistir al sistema, deben estar bajo control público.

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- Mejorar la capacidad de gestionar nuestra producción de energía (sobera-nía energética) mediante, por una parte, la participación de pequeños pro-ductores y, por otra, una eficiente participación de capital público-privado en entidades con arraigo nacional que facilite su integración futura en so-ciedades europeas de nacionalidad mixta, todo ello en el marco de la nece-saria armonización energética en la Unión Europea. En tal sentido se de-ben adoptar políticas fiscales que incentiven la inversión en sectores estra-tégicos.

- Reforzar las políticas de ahorro y eficiencia energética. Es imprescindible que los planes de ahorro y eficiencia energética contribuyan a asegurar el abastecimiento al país y, por tanto, se debe garantizar el acceso a la ener-gía a toda la ciudadanía y al conjunto de la industria en condiciones homo-géneas de calidad y precios. Fomentar medidas de ahorro energético, prin-cipalmente en sectores como el transporte, la construcción y el doméstico, tiene que conllevar necesariamente criterios de sostenibilidad del sistema, potenciando el máximo aprovechamiento de los recursos energéticos pro-pios mediante su adecuada explotación, e introduciendo medidas correcto-ras que incentiven la explotación y el consumo eficiente y penalicen el des-pilfarro.

- Tener en cuenta la renta de los usuarios y usuarias, garantizando el acceso a la energía de los más desfavorecidos a un precio asequible.

- Revisar los sistemas de fijación de precios de los distintos tipos de energía con el fin de alcanzar un nivel competitivo, que conjugue los intereses de productores y consumidores y no suponga una rémora al desarrollo de los sectores productivos.

En el caso concreto de los grandes consumidores de energía eléctrica es necesario pasar de un sistema de fijación de precios marginalista y con tari-fas reguladas a la contratación a largo plazo, no indexada a mercado, que, junto a una flexibilización del modelo de gestión de demanda, contribuya a paliar la volatilidad de precios.

- Fijar objetivos vinculantes y obligatorios que permitan, por una parte, cumplir la meta propuesta por la UE en cuanto a la cuota de energías renovables, y por otra, invertir, investigar y generar empleo de calidad en estas actividades, aprovechando el potencial técnico existente y su alto valor añadido.

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- Exigir a las Administraciones la implantación de la generación de la energía distribuida, con la adecuada regulación normativa y la financiación que po-tencie el desarrollo de la misma, ya que supone evitar pérdidas de energía eléctrica en las redes de Alta, una reducción de la necesidad de inversio-nes económicas en transportes y distribución, y la potenciación y desarrollo del medio rural.

- Se han de realizar los esfuerzos necesarios para que se garanticen los nive-les de seguridad de las centrales nucleares. En el supuesto de pretender aumentar la programada vida útil de las actuales instalaciones nucleares, la misma estará condicionada a que reúnan la viabilidad necesaria, adopten las medidas técnicas y de seguridad pertinentes, garantizándose el cumplimien-to de las mismas, y reviertan los excedentes empresariales en I+D+i en me-jorar las diferentes tecnologías energéticas existentes y desarrollar renova-bles gestionables, debiendo pasar las centrales nucleares a titularidad públi-ca. Desde UGT exigimos la urgente construcción y puesta en marcha del Almacén Temporal Centralizado de Residuos Nucleares.

5.- Políticas medioambientales para un cambio del modelo productivo

Nuestro sistema productivo tiene un amplio margen para avanzar hacia una economía baja en emisiones de carbono, aumentando su competitividad en los distintos sectores productivos. Esta trasformación debe abordarse aplicando los principios de una transición justa en la triple dimensión: social, ambiental y económica.

Para ello, UGT propone:

- Apostar por los yacimientos de empleos verdes, que son aquellos que redu-cen el impacto ambiental de las empresas y los sectores económicos hasta alcanzar niveles sostenibles. La economía verde promueve tanto la transfor-mación de sectores tradicionales como el desarrollo de nuevos sectores, ge-nerando en ambos casos empleos de mayor valor añadido y calidad.

- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el año 2020, al menos, entre un 25% y un 40%, respecto de los niveles de 1990, y entre un 80% y un 95% para 2050, actuando especialmente sobre los sec-tores que no están sujetos al sistema de comercio de derechos de emisión

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(sectores difusos: edificación y residencial, transporte, residuos, etc.) y que presentan un importante margen de mejora en eficiencia energética y, por tanto, en reducción de emisiones.

- Promover un acuerdo multilateral de cambio climático, vinculante, global y ambicioso, que incluya un mecanismo de transición justa, con el objetivo de garantizar el empleo, la justicia social y el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras.

- Fortalecer las mesas de diálogo social en este ámbito a través de: la mejora de la información aportada por la Administración General del Estado a las sesiones de trabajo correcto; el desarrollo de indicadores de seguimiento de los impactos ambientales, económicos, sociales y laborales; y una adecua-ción de la frecuencia de las reuniones de trabajo para facilitar la identificación de manera precisa y anticipada y la concreción de propuestas sobre las con-secuencias y oportunidades que pueden derivarse de la aplicación de los compromisos de España en el marco del Post-Kioto para la economía espa-ñola en relación con la competitividad, el empleo y la cohesión social.

- Desarrollar una estrategia de Sostenibilidad Urbana y Accesibilidad a nivel nacional, que permita una racionalización del transporte público, de manera que constituya una base sólida en la reducción de emisiones de CO2, conso-lidando los planes de reducción y mitigación de gases de efecto invernadero.

- Proponer objetivos y medidas concretas de mejora medioambiental a tra-vés de la negociación colectiva, para que la protección del medio ambiente forme parte de la gestión integral de las empresas.

- Impulsar a través de la negociación colectiva, planes de transportes colec-tivos para las empresas, centros de trabajo, o polígonos industriales.

- Potenciar la figura del Delegado/a de medio ambiente formándole y dotán-dole de derechos y competencias a través de la negociación colectiva, y exigir el desarrollo de una normativa que regule esta figura de representa-ción sindical.

- Favorecer la participación de las personas trabajadoras en los sistemas de Gestión Medioambiental (ISO 14001 o EMAS).

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- Facilitar el acceso a la información medioambiental de la empresa a la re-presentación de los trabajadores.

- Facilitar formación y competencias en materia de medio ambiente al perso-nal de la empresa y a sus representantes sindicales, contemplando la posi-bilidad de la creación de una Comisión de medio ambiente para promover las acciones conjuntas y la máxima participación.

- Promover intervenciones que contribuyan a concienciar a la sociedad, y especialmente a las y los jóvenes, acerca de su compromiso con el medio ambiente a través de la participación y el desarrollo de actitudes positivas en materia medioambiental.

- Defender políticas de gestión del agua que promuevan el equilibrio territo-rial, el ahorro y la reutilización del agua, el desarrollo de nuevas tecnologías y el uso racional de los recursos.

- Garantizar el acceso al agua como un derecho humano. Por lo tanto, nues-tro país debe seguir manteniendo su consideración como servicio esencial para la comunidad, bajo tutela pública, garantizando el abastecimiento, ca-lidad y saneamiento del mismo.

- Rechazar la gestión del agua para usos que den prioridad al beneficio eco-nómico respecto a la garantía del derecho al agua y a la funcionalidad am-biental del recurso.

- Diseñar planes de actuación en infraestructuras, que mejoren la red de abastecimiento y saneamiento y la regulación de pérdidas, creando y po-tenciando la necesaria red de depuración de aguas residuales, al objeto de dar cumplimiento a la Directiva Marco de Aguas (2000/60/CE), y cumplien-do con el objetivo de repercusión de costes y generación de empleo.

- Fomentar planes de ahorro y eficiencia energética y de uso de materias primas y agua en las empresas, así como planes de movilidad sostenible de los trabajadores y las trabajadoras.

- Establecer medidas concretas de reducción de residuos en origen, a través de los programas de prevención que contempla la Ley de Residuos, para reforzar la prevención y reutilización como pilares básicos de la jerarquía de residuos (reducir, reutilizar, reparar y reciclar).

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- Reforzar los sistemas de recogida selectiva para facilitar la gestión de resi-duos a través de la valorización material (reciclaje y compostaje). En este sentido, apoyar el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) co-mo una alternativa a los actuales Sistemas Integrados de Gestión (SIG).

- Consolidar infraestructuras de tratamiento y gestión de residuos en el conjunto del Estado, tuteladas públicamente, que garanticen la gestión de los residuos de la forma más sostenible posible, respetando el criterio de proximidad, de forma que se eviten desplazamientos innecesarios de residuos por todo el país. Los residuos deben tratarse como norma general donde se generan.

- Fortalecer la coordinación entre administraciones competentes en política de residuos a fin de integrar, simplificar y armonizar la normativa y los pro-cedimientos administrativos de los distintos niveles en materia de genera-ción y gestión de residuos (autorización, inspección y sanción, entre otros), especialmente respecto a los peligrosos.

- Apoyar los incentivos a las inversiones medioambientales tendentes a la prevención y reducción de residuos, así como la aplicación de medidas fis-cales, establecidas con criterios de cohesión social y territorial, que permi-tan hacer efectivo el principio de quien contamina paga. Hay que trabajar por la implantación de medidas de fiscalidad ambiental que contribuyan a la minimización de la contaminación ambiental y al uso eficiente de los recur-sos naturales, y que funcionen como un elemento disuasorio de hábitos y conductas perjudiciales para el medio ambiente.

- Incluir indicadores relativos al empleo y necesidades de formación de los trabajadores y las trabajadoras del sector residuos en los Planes y Progra-mas de Gestión de Residuos.

- Apoyar una regulación internacional homogénea con relación a los siste-mas de evaluación y posible autorización de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), así como una reglamentación en materia de coexis-tencia basada en el principio de precaución, garantizando el mantenimiento de la agricultura sostenible no transgénica.

UGT apuesta por un desarrollo costero integrado y sostenible, que compatibili-ce el desarrollo de actividades económicas con mantenimiento y generación de empleo estable y de calidad y la conservación del ecosistema. Para ello propo-nemos que:

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- Se asegure el disfrute libre del litoral, facilitando el acceso sin barreras e impidiendo la privatización del mismo.

- Se garantice la protección del litoral frente a procesos de urbanización des-controlada.

- Se establezcan zonas marítimo-terrestres y zonas de servidumbre que velen por la seguridad ciudadana, garantizando la integridad física de las personas y de sus bienes, frente a los efectos derivados del cambio climático.

UGT apoya el cumplimiento de los compromisos de España en el marco del Plan Estratégico del Convenio de Diversidad Biológica y de la Estrategia Euro-pea de Biodiversidad. Es necesario transformar la actividad económica para garantizar el equilibrio de nuestro ecosistema, y para ello proponemos:

- Desarrollar y aplicar los planes sectoriales del Plan Estratégico del Patri-monio Natural y la Biodiversidad, asegurando la integración eficaz de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en todas las políticas sectoriales (energía, turismo, agricultura, pesca, transporte e industria).

- Aprovechar las oportunidades de dicho Plan para la transformación y gene-ración de empleo de calidad.

- Aplicar políticas de prevención y extinción de incendios forestales, integra-das en los planes de aprovechamiento y gestión sostenible de los bosques, y que incluyan criterios adecuados de protección y restauración de las ma-sas forestales. Para ello, es necesario fortalecer la creación de empleo fo-restal estable y de calidad, que cubra las labores de prevención, detección y extinción de los incendios forestales. Este nicho de empleo es un factor importante de cohesión social y territorial en el mundo rural.

- Impulsar la utilización de instrumentos de certificación forestal que garanticen el origen y producción sostenible de los productos forestales y en cuyo sis-tema de gestión se impliquen activamente los trabajadores y trabajadoras.

- Impulsar la Red de Reservas de la Biosfera, que constituyen verdaderos laboratorios de experiencias de modelos de gestión integrada, participativa y sostenible del patrimonio y los recursos naturales.

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6.- Transformar el sector económico de servicios

El principal rasgo del sector servicios es su enorme heterogeneidad, ya que engloba a una amplia gama de actividades, desde comercio y hostelería, servi-cios personales, transportes, servicios financieros y de seguros, a servicios básicos en los que se basa el estado de bienestar, como son la educación, la sanidad o los servicios sociales.

Muchas de las actividades de servicios pueden ser prestadas tanto por el sec-tor público como el sector privado, por lo que las relaciones entre todos los agentes implicados son de gran complejidad, más si tenemos en cuenta los intereses económicos y políticos que hay detrás de muchas de las medidas que se han tomado en los últimos tiempos y que han arrinconado el papel del sector público.

Por todo ello, dada su importancia, UGT defiende la transformación del sector servicios actuando en los siguientes puntos:

- Llevar a cabo una reestructuración integral del sector turístico, cambiando el modelo que se ha venido desarrollando en nuestro país (basado en el sol, la playa y el ocio a bajos precios) y que da evidentes síntomas de agotamiento, y sustituirlo por otro en el que prime un turismo de calidad, de alto valor aña-dido, desestacionalizado, que haga uso eficiente y eficaz de las nuevas tec-nologías, y que apueste por la formación de sus trabajadores y trabajadoras y la mejora de las condiciones laborales. Es necesario potenciar elementos como el patrimonio cultural e histórico de nuestro país, el paisaje, la biodiver-sidad o la gastronomía. Se trata de revalorizar el patrimonio paisajístico, cul-tural y de servicios para atraer una demanda más exigente y de calidad, y evitar la alta estacionalidad que sufre el sector. Para ello se ha de lograr una mayor implicación de las Administraciones Públicas, que apoyen el cambio de modelo turístico y favorezcan su reconversión, estableciendo un plan in-tegral que implique a las administraciones en todos los niveles.

- En el ámbito del comercio, UGT propone vigilar y extremar las cautelas ante los efectos y repercusiones sobre los derechos de los trabajadores y trabaja-doras de las medidas implementadas de mayor liberalización de horarios y rebajas, así como sobre las consecuencias en la conciliación de la vida per-sonal, familiar y laboral. UGT exigirá un análisis periódico de los efectos de estas medidas liberalizadoras sobre los trabajadores y las trabajadoras.

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- Defender que las Administraciones Públicas presten con garantía y calidad los servicios básicos y fundamentales que demanda el Estado del Bienes-tar e materia de servicios de atención a las personas.

- Impedir la externalización de los servicios sociales, que deben ser provistos directamente por el sector público. En el caso de que el sector privado preste los servicios, las Administraciones Públicas deberán seguir unos cri-terios de asignación basados en el respeto a los derechos, el cumplimiento de las normas laborales, fiscales y de igualdad y no discriminación, así co-mo los estándares de calidad, diversificación, cobertura y accesibilidad que garanticen su adecuación a las necesidades que cubren. Se priorizarán a aquellas empresas que, además, sigan una política de Responsabilidad Social Empresarial acorde con lo que venimos defendiendo desde el sindi-cato.

7.- Mejorar la regulación y supervisión del sistema financiero

UGT defiende dejar atrás la autorregulación imperante en las últimas décadas que tan nocivos efectos ha causado a la sociedad, recuperando un sistema financiero fiable y eficiente, que asegure el acceso a la financiación en condi-ciones adecuadas, y que esté al servicio de la inversión productiva y la crea-ción de empleo. Consideramos que una mayor y mejor regulación y supervisión del sistema financiero permitiría acrecentar su estabilidad, eliminando los epi-sodios de crisis más o menos graves que de forma periódica se vienen produ-ciendo desde que comenzara el proceso de desregulación en los años ochenta del siglo pasado.

No se puede obviar que cualquier control del sistema financiero ha de enmar-carse en el ámbito internacional, dado su carácter global.

Por ello, UGT propone:

- Crear un mecanismo de control eficiente que impida la contabilidad “creati-va”, la asunción de riesgos y endeudamientos excesivos de las entidades, que controle las políticas retributivas de los gestores y extienda el marco regulatorio a todas las entidades, a los paraísos fiscales y a los mercados denominados Over The Counter (OTC), cuya negociación se realiza fuera de las bolsas.

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- Establecer un sistema efectivo de regulación y supervisión que habrá de ser público y coordinado a nivel internacional, con poder sancionador para aquellas entidades que no cumplan con la nueva regulación.

Cualquier medida que incida en la regulación y supervisión del sistema fi-nanciero habrá de ser objeto de información y consulta con los interlocuto-res sociales.

- Incrementar la protección y seguridad de los ciudadanos y ciudadanas frente a las instituciones y entidades financieras, especialmente es dos ca-sos: aquellos que no poseen conocimientos financieros, y quienes tienen dificultades para pagar su hipoteca; para los que sería necesario implantar un sistema de apoyo público.

- Condicionar todo tipo de ayudas al sistema bancario al incremento de su inversión y del flujo de crédito para actividades productivas y de inversión de empresas y familias, sin que implique un coste adicional para el contri-buyente.

- Constituir una comisión de investigación parlamentaria que se ocupe de depurar responsabilidades contraídas en las crisis de las instituciones fi-nancieras españolas y en las actuaciones llevadas a cabo por sus respon-sables y por los encargados de su supervisión, sin perjuicio de las actua-ciones que se establezcan desde el ámbito judicial.

- Crear una banca pública potente y eficaz a partir del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las estructuras y posiciones que tiene el Estado en las enti-dades nacionalizadas, con el fin de restablecer el normal funcionamiento del sistema bancario y que desempeñe un papel activo en el desarrollo de la economía real.

8.- El fortalecimiento del sector primario como elemento clave en el compromiso con el desarrollo rural sostenible

El medio rural en España constituye el 90% del territorio, y agrupa aproxima-damente al 20% de la población. Estos datos constituyen por sí mismos una justificación para potenciar el fortalecimiento del sector primario.

Además, este sector está demostrando su eficacia en la situación actual, por lo que debemos apoyar una política agrícola a nivel nacional y europeo como uno

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de los instrumentos de salida de la situación de crisis. Proponemos un desarro-llo rural sostenible con medidas como:

- Potenciar las actividades agrarias y ganaderas, la industria agrícola y ga-nadera, la forestación y la diversificación del sector.

- Desarrollar los nuevos yacimientos de empleo en el mundo rural, como el turismo, la agricultura ecológica o las energías alternativas, estimulando además del empleo rural, el espíritu empresarial emprendedor e innovador.

- Mejorar las condiciones de vida y de trabajo en el sector.

- Fomentar el compromiso con el desarrollo rural como factor de cohesión, a través de la coordinación de las iniciativas estatales, con las autonómicas y locales.

- Fomentar estrategias de conservación del patrimonio natural, favoreciendo la biodiversidad.

- Potenciar políticas de infraestructuras públicas en el medio rural, a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y la actividad económica.

- Fomentar el desarrollo rural integral y equilibrado, mediante la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como disminuir las desigual-dades con el medio urbano.

- Promocionar políticas que garanticen la calidad de los alimentos.

- Dinamizar las zonas rurales, con medidas que faciliten el relevo generacio-nal y la instalación de jóvenes, así como su permanencia.

- Potenciar el apoyo a las zonas más desfavorecidas y a los sectores agra-rios con mayores dificultades.

- Apoyar la obtención de una renta más justa para los agricultores y ganaderos.

- Fomentar la realización de inversiones suplementarias en investigación, innovación y modernización en el mundo rural.

- Defender una cadena alimentaria más competitiva y equilibrada, que esta-blezca mecanismos de control de precios, de márgenes, de mercados, que

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incluyan la trazabilidad y prácticas comerciales que eviten la especulación, y que posibiliten el mantenimiento de las explotaciones nacionales provee-doras de materia prima y unas condiciones sociolaborales dignas en toda la cadena alimentaria.

- Mejorar la formación y profesionalización del sector.

- Poner en valor las herramientas que existen a escala nacional, como la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, la Custodia del Territorio, los Contratos Territoriales o el Turismo de Naturaleza, con gran potencial para contribuir al desarrollo económico y al medio ambiente.

- Defender una Política Agrícola Común con mayor equidad social y equili-brio territorial, y lograr una agricultura europea más competitiva y sosteni-ble, incluyendo en la misma a los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena y estableciendo como uno de los principales objetivos el manteni-miento y la creación de empleo estable y de calidad.

- Apostar por una dotación adecuada del presupuesto nacional y europeo para seguir potenciando el sector primario, garantizando que los recursos llegan a los que efectivamente están ocupados en el medio rural, mante-niendo el patrimonio natural y creando riqueza.

9.- Las administraciones públicas como impulsoras del desa-rrollo territorial

Las políticas públicas resultan imprescindibles para impulsar el desarrollo re-gional, la actividad económica, el cambio de modelo productivo y la creación de empleo y para que las políticas que aumentan las desigualdades y la pobreza no rompan definitivamente la cohesión social.

Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales tienen un papel clave en el aprovechamiento y el impulso de sus potencialidades en el territorio.

Por eso, en cuanto a las Administraciones Públicas, UGT propone:

- Potenciar un sistema de financiación de las Administraciones Públicas (Au-tonómicas y Locales) que garantice los recursos necesarios para ejercer las competencias propias de cada Administración. El régimen legal sobre financiación debe fundamentarse en los principios de autonomía, suficien-

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cia financiera y corresponsabilidad fiscal, y basarse en los principios de igualdad, cohesión social y solidaridad.

Para ello, es necesario modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ya que su articulado frena el desarrollo del mandato constitucional a las Administraciones Púbicas, pri-mando el objetivo de estabilidad presupuestaria, a través de la “regla del gasto”, y limitando el papel de las Administraciones, al expropiar las funcio-nes de cohesión social y equilibrio territorial que le son propias en favor de un exclusivo criterio financiero.

- Impulsar la modernización de las Administraciones, sin pérdidas de empleo y de derechos, adaptando los puestos de trabajo a las necesidades de la ciudadanía.

- Participar en todos los organismos de gestión y planificación de la forma-ción de las Administraciones Públicas, y establecer la obligación de cotiza-ción de todos los empleados y empleadas públicos al actual sistema de formación profesional, incluidos los de MUFACE, MUGEJU e ISFAS.

- Impulsar la modernización, eficiencia y eficacia de las Administraciones Públicas, fomentando la mejora de la calidad de los servicios prestados al conjunto de la ciudadanía.

- Contribuir al crecimiento económico, justo y adecuado, en el territorio es-pañol.

- Impulsar la transparencia de las Administraciones.

- Potenciar mecanismos de compensación y armonización del desarrollo regional y sectorial, para alcanzar un equilibrio económico y social justo en todo el territorio.

- Apostar por una definición clara de las competencias de las Administraciones Públicas que mantenga el equilibrio competencial entre estas. Defender la supresión de las posibles duplicidades, de forma racionalizada, pero sin eli-minar los servicios públicos. Y velar para que el desarrollo legislativo no lleve a cabo de forma encubierta un proceso recentralizador de competencias.

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- Acompañar la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local con un gran pacto político que comprometa a todas las Administraciones en base a las competencias determinadas en los Estatutos de Autonomía, incrementando la distribución de ingresos del Estado y de las Comunidades Autónomas hacia las Entidades Locales para garantizar y mejorar la ejecución y pres-tación de sus competencias.

- Abordar una nueva Ley de Financiación Local y acometer una reforma financiera que garanticen la suficiencia de recursos para las Entidades Lo-cales. Esto implica necesariamente que las Comunidades Autónomas cumplan el mandato constitucional de contribuir a la financiación de los Ayuntamientos, mediante la participación en los ingresos autonómicos, y que abonen las obligaciones.

- Redefinir las competencias de las Corporaciones Locales, que han asumi-do durante años programas y actuaciones sobre materias más allá de sus competencias, garantizando la prestación efectiva de los servicios esencia-les, como es el caso de las mancomunidades de municipios que, en mu-chos de los casos, vertebran productiva y socialmente el territorio e impul-san las economías locales.

- Potenciar que las Administraciones Públicas contribuyan al cambio de mo-delo productivo y a la sostenibilidad del desarrollo económico y social.

Objetivo 3. Defender el empleo, la estabilidad, la igualdad y los derechos La defensa del empleo siempre ha sido un objetivo prioritario para UGT, urgen-te en tiempos de crisis económica, cuando la destrucción de puestos de trabajo es constante. La difícil situación económica se ve acompañada de una política de recortes en los derechos laborales y sociales, individuales y colectivos, sin precedentes, que están afectando considerablemente la toma de decisiones y su plasmación normativa, y que están teniendo especial incidencia en el sector público, con un grave perjuicio no solo para los trabajadores y trabajadoras del mismo, sino para el propio estado del bienestar. Atravesamos, pues, una etapa complicada, no solo para nuestro país, que algunos están intentando aprove-char para que se implanten medidas que nos hagan retroceder décadas en los derechos alcanzados con tanto empeño.

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UGT considera que la reactivación de la economía y del empleo, puede y debe simultanearse con la protección de los derechos laborales y sociales, tanto en el plano europeo como en el nacional. La Unión Europea (UE) debe seguir siendo una región del mundo económicamente avanzado en la que se apliquen los instrumentos legales de los que se ha dotado para proteger esos derechos.

En nuestro país, se debe realizar un esfuerzo para detener la dolorosa sangría que se viene produciendo en el empleo, y salir de la crisis de forma solidaria -porque no todo vale a la hora de adoptar medidas para esa salida-, sentando las bases de un crecimiento futuro más equilibrado, duradero, sostenible y so-cialmente más justo.

Desde nuestra firme apuesta por la mejora de la gestión de las políticas de empleo, reforzando y potenciando los servicios públicos de empleo, primando éstos ante cualquier alternativa privada de intermediación, como son las agen-cias privadas de colocación, apostando por mejorar la calidad que estos servi-cios prestan a la ciudadanía, y evitando de este modo que el paro se convierta en un negocio, debemos promover una adecuada protección de los desem-pleados y desempleadas. El mantenimiento y la recuperación del empleo, de-ben sustentarse en el principio irrenunciable de la estabilidad y la defensa de toda una serie de derechos, algunos fundamentales, conseguidos con tanto ahínco y lentamente mejorados para la clase trabajadora.

En este sentido, para UGT no es posible concebir el empleo sin que se garanti-ce la igualdad de trato y no discriminación en el mismo y en las condiciones de trabajo, la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y muje-res, un tratamiento de la inmigración y de la emigración de trabajadores espa-ñoles que garantice la protección de sus derechos, el desarrollo permanente de las competencias y la cualificación profesional, la mejora de las condiciones de trabajo como aspecto esencial para la salvaguarda de la salud y seguridad, la protección de la maternidad y la paternidad, el empleo público de calidad, la consideración debida de trabajadores y trabajadoras preservando los derechos humanos y la libertad de expresión, y la intimidad e integridad física y moral en el puesto de trabajo.

El empleo con derechos es compatible y además, necesario para permitir a las empresas mejorar su posición en el mercado y su productividad. También lo es adaptarse internamente a las circunstancias cambiantes, con un adecuado equilibrio entre empresas y trabajadores, utilizando instrumentos de informa-

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ción y análisis para favorecer esa adecuada adaptación a los cambios producti-vos y el seguimiento de lo pactado en la negociación colectiva.

Es fundamental, desplegar una acción sindical que abarque los más distintos ámbitos, teniendo presente que las pequeñas y medianas empresas (PYMES), las trabajadoras y los trabajadores autónomos, y las empresas de economía social tienen una gran relevancia, y deben constituir también, en coherencia, objetivos que requieren una mayor y más intensa participación y representación.

Igualmente, es preciso contemplar la especificidad de la actividad económica del tercer sector, que ha experimentado, en nuestro país, un importante desa-rrollo y que debido al carácter no lucrativo de su actividad, se sitúa entre, el papel de proveedora de servicios de las administraciones, y el de la actividad económica de empresas prestadoras de los mismos. Por eso, reivindicando el papel de las administraciones a la hora de garantizar derechos y prestaciones a la ciudadanía, debemos velar porque el personal de estas empresas tenga condiciones laborales equiparadas a las del resto de la población trabajadora que desarrolla las mismas actividades que otras empresas del mismo sector.

De modo paralelo, la crisis actual ha elevado el papel del voluntariado en la concienciación de la sociedad y coparticipación en la toma de algunas decisio-nes relativas al ámbito de la prestación de servicios esenciales del estado del bienestar que cubren derechos constitucionales. Pero ésta es una responsabi-lidad indelegable del Estado, que en modo alguno puede ser sustituida con la coartada de la falta de presupuestos o políticas públicas específicas. Como sindicato debemos velar para que dichas actuaciones, ejercidas en el marco del voluntariado, no se utilicen de manera espuria para la sustitución de traba-jadores y trabajadoras del mercado laboral.

1.- Más empleo y de mayor calidad: Elevar la estabilidad y reducir la segmentación laboral

La crisis económica y financiera, ha convertido el empleo en un bien escaso que es necesario mantener, incrementar y salvaguardar de los continuos pro-cesos que se vienen realizando para aumentar su precarización.

Amparándose en la falacia de que es la normativa laboral, que rige nuestras relaciones de trabajo, la que obstaculiza la creación de empleo, por ser rígida y desfasada, se han efectuado cambios legislativos que alientan la cultura em-

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presarial de la temporalidad, facilitan y abaratan los despidos, ahondan en la precariedad, generalizándola, y eliminan de golpe derechos y garantías de protección de los trabajadores y las trabajadoras, que se habían ido consi-guiendo paulatinamente.

En este sentido, las reformas impuestas en 2012 con el más absoluto despre-cio al diálogo social, a los interlocutores sociales y a la propia autonomía de los negociadores, han supuesto la mayor agresión al derecho del trabajo, desde la promulgación del Estatuto de los Trabajadores en 1980. Se trata de medidas tan restrictivas, que desfiguran nuestro sistema de relaciones laborales y las bases en las que se asienta, comunes al derecho europeo y a los convenios y pactos internacionales ratificados por España, con el claro e inmediato objetivo de dotar a al empresariado de un poder desmesurado que rompe el equilibrio que trata de establecer la normativa laboral ante la desigual posición de la que parten el empresariado y la población trabajadora.

Las consecuencias extraordinariamente negativas sobre los derechos, la clase trabajadora y las instituciones colectivas del derecho del trabajo, su ineficacia e inutilidad para resolver los problemas del paro y la temporalidad, así como su inoperancia para acabar con la continua pérdida de empleo y el incesante au-mento de los despidos, evidencian la urgencia y necesidad de revertir estas reformas.

El camino para la recuperación y el crecimiento del empleo no se encuentra en suprimir y recortar derechos, y en convertir a la parte débil de la relación laboral en más débil todavía. Desde UGT venimos manteniendo, desde hace años, que es imprescindible llevar a cabo un cambio de modelo productivo que se aleje del modelo económico de baja productividad y débil competitividad, por otro más eficiente, que pueda competir en los mercados internacionales en calidad e innovación.

Siendo el empleo un objetivo prioritario con varias metas como son: mantener el existente, impulsar la creación de más empleo e incrementar la calidad del mismo en diversos aspectos, resulta imprescindible para conseguirlas:

- Llevar a cabo actuaciones tendentes a la reversión de las últimas reformas laborales, especialmente en relación a las medidas más regresivas e injustas.

- Rehacer el modelo de autonomía de las partes y recuperar la capacidad normativa de los convenios.

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- Impulsar una contratación indefinida, estable y con derechos.

- Fomentar el uso de la modalidad de contrato fijo-discontinuo, en aquellos sectores con ciclos estacionales de producción, para mejorar la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras de dichos sectores, reclamando, asimismo, una mejora de su protección social, mediante la flexibilización de la normativa de acceso a las prestaciones por desempleo y la mejora de la consideración de sus periodos cotizados a efectos de procurarles mayores garantías en el acceso la pensión de jubilación, o prestaciones de incapa-cidad permanente.

- Luchar contra las prácticas abusivas en la contratación, como es el caso del denominado contrato indefinido de apoyo a los emprendedores.

- Garantizar una contratación temporal causal y excepcional en un mercado de trabajo en el que la regla debe ser, que todas las empresas cubran sus necesidades laborales mediante contratos de carácter indefinido. Incluyen-do a las empresas contratistas y subcontratistas.

- Mantener el principio de contratación en el exterior, siempre que lo permita la situación nacional de empleo, mejorando, en su caso, los procedimientos de contratación en origen y garantizar la igualdad de condiciones de trabajo y protección social tanto para la población inmigrante como para los traba-jadores comunitarios que ejercen el derecho a la libre circulación.

- Reducir la segmentación del mercado de trabajo, fomentada por un marco legal desigual y que permite condiciones de trabajo distintas en función de cada vez más variables: edad, sexo, nacionalidad, modalidad contractual, tamaño de la empresa.

- Reducir la tasa de temporalidad en el ámbito privado y en el de las Admi-nistraciones Públicas, y en este caso tanto en el empleo público como en los contratos administrativos celebrados por la Administración, determinan-do en los pliegos un porcentaje máximo de precariedad durante la duración del contrato e introduciendo factores en la valoración de las ofertas que fa-vorezcan la estabilidad en el empleo y la incorporación de colectivos con al-tas tasas de desempleo

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- Mejorar y adecuar el sistema de cualificación de los trabajadores y trabaja-doras por medio de programas de formación que se adecuen a las nuevas tecnologías y a las nuevas necesidades de los sistemas de producción.

- Potenciar la formación de todas y todos los trabajadores, las políticas de corresponsabilidad en la conciliación de la vida personal y familiar y el resto de derechos laborales, que redunde en un aumento de la calidad del em-pleo.

- Garantizar las políticas de igualdad de trato en materia laboral y de protec-ción social.

- Reforzar la presencia y el papel sindical en los supuestos de extinción de contratos, individuales y colectivos, a efectos de garantizar la efectiva exis-tencia de una causa de despido.

- Buscar y promover nuevos yacimientos de empleo, que sirvan verdadera-mente para crear empleo, sobre todo en las zonas rurales, de forma que se potencie el desarrollo endógeno. Impulsar el empleo en los territorios, ya que la actual situación, hace que la dimensión local sea una estrategia para crear empleo y para mejorar la situación de muchos trabajadores y trabaja-doras y de la economía en general.

- Contar con una Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) que dis-ponga de los recursos necesarios y cuente con un plan de acción que per-mita la utilización eficaz de los medios existentes para cumplir las funciones que la ley establece.

Para conseguir estos objetivos se deben utilizar todos los instrumentos a nues-tro alcance especialmente:

- La negociación colectiva articulada, núcleo esencial de la acción sindical.

- El diálogo social, confederal y sectorial, y la concertación autonómica y local, herramientas preferibles, por las que seguimos apostando como me-jor mecanismo para el buen funcionamiento de las relaciones laborales.

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2.- Reforzamiento de los derechos constitucionales ligados al trabajo

El Tratado de Lisboa estableció un nuevo marco regulador en esta materia, reconociendo explícitamente los valores de la UE, con el objetivo de garantizar una base de derechos sociales fundamentales aplicables a todos, y en particu-lar, a los trabajadores y trabajadoras, tanto locales, como desplazados, migran-tes o extranjeros

En ese sentido, UGT instará al Gobierno de España a que ratifique la Carta Social Europea revisada de 1996, a día de hoy está pendiente de ratificación, lo que permitiría formalizar a las organizaciones sindicales, entre otras, reclama-ciones colectivas por vulneración de derechos ante el Comité Europeo de De-rechos Sociales.

Además, del derecho al trabajo, las personas cuentan con toda una serie de derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, dignidad, honor, igualdad de trato y oportunidades y en general, todos los que como ciudadanos y ciudadanas mantienen también en el puesto de trabajo, que como conse-cuencia de los cambios en la organización del trabajo y la legislación laboral, están siendo gravemente vulnerados.

Por eso, son objetivos estratégicos para la UGT: evitar que se vulneren los derechos fundamentales de la población asalariada como consecuencia de una exigencia de empleabilidad abusiva y de un mal ejercicio del derecho a la liber-tad de empresa defender el respeto de los derechos constitucionales de los sindicatos y de la representación de los trabajadores, por todos los poderes públicos.

Para el logro de los anteriores objetivos, es necesario un conjunto de actuacio-nes dirigidas a sentar las bases del desarrollo de los derechos constitucionales individuales y sociales de los trabajadores y trabajadoras como ciudadanos:

Intensificar los derechos de asamblea, información y libertad de expresión de los trabajadores y trabajadoras en las empresas y centros de trabajo, evitando que se criminalice la legítima protesta y el desacuerdo.

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Garantizar la protección y regulación del ejercicio de los derechos fundamenta-les de defensa colectiva de la población trabajadora, incluidos los ejercitados en caso de conflicto de intereses.

Insistir en el reconocimiento y establecimiento de condiciones sociales que tiendan al pleno empleo, al progreso social y a la protección y mejora de la calidad medioambiental, respetando las negociaciones entre los interlocutores sociales.

Impulsar el establecimiento de sanciones en el ámbito correspondiente, inclu-yendo el penal, para los supuestos en los que se vulneren derechos relativos a la defensa del empleo y la seguridad y salud de las personas en el trabajo.

Defender el empleo público para preservar el derecho al trabajo de los trabaja-dores y trabajadoras del sector público, el reconocimiento al valor del desem-peño de sus funciones y de su profesionalidad, y mantener además, los dere-chos sociales de los ciudadanos y ciudadanas, así como del Estado del Bienes-tar.

Intensificar la acción sindical en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras con especiales dificultades de inserción en el ámbito laboral, y sobre todo en la pequeña y mediana empresa, respecto a las transformaciones empresariales y reestructuraciones, las trabajadoras y los trabajadores autó-nomos y autónomos económicamente dependientes, jóvenes, personas de más edad, personas con discapacidad, inmigrantes y colectivos en riesgo de exclu-sión social.

Defender la consideración debida a la dignidad de la persona impidiendo con-ductas que puedan vulnerar el derecho a la intimidad, al honor y a la imagen de los trabajadores y trabajadoras.

3.- Promover la igualdad y luchar contra la discriminación en el mercado de trabajo

En tiempo de crisis crecen la desigualdad y la discriminación, entre otras, por razón de sexo, origen, enfermedad, nacionalidad, personas afectadas por VIH/SIDA, edad, orientación sexual, discapacidad o religión. Medidas y normas adoptadas en los últimos tiempos, con la excusa de mitigar los efectos de la crisis, partiendo de que desigualdad, falta de oportunidades y discriminación no son un problema colectivo, han provocado, directa o indirectamente, el retroce-

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so y/o la desaparición de instrumentos cuyo fin era favorecer la igualdad de trato y oportunidades en el mercado de trabajo y en la sociedad.

Por eso UGT pide:

- Priorizar la defensa del derecho a la igualdad de trato y oportunidades y la no discriminación.

- Una ley integral para la igualdad de trato y de oportunidades y la no discri-minación, para todas las personas con independencia de sus circunstan-cias personales y/o sociales y que garantice la igualdad en los ámbitos tan-to público como privado.

- La igualdad de trato y de oportunidades en el acceso y permanencia en el sistema educativo, y asegurar la formación inicial y continua del profesora-do en esta materia, en todas las etapas del currículo escolar.

- La igualdad y no discriminación en la carrera laboral, en los procesos de selección, contratación, condiciones de trabajo, clasificación profesional, formación, promoción profesional y remuneración salarial.

- La igualdad en el acceso a las políticas activas y oportunidades de empleo, con independencia de las circunstancias personales y/o sociales de traba-jadores y trabajadoras, tanto desempleados como ocupados.

- Extender la protección por desempleo a quienes trabajan en el servicio del hogar familiar y mejorar las condiciones de acceso para quienes desempe-ñan un trabajo autónomo, así como adoptar medidas correctoras que ga-ranticen la protección social y/o la prestación de desempleo para aquellas personas con periodos de cotización insuficientes o que hayan agotado ta-les prestaciones.

La reciente reforma laboral, entre otras normas, ha provocado un retroceso en materia de igualdad de trato y de oportunidades en los centros de trabajo.

Es necesario que la negociación colectiva mantenga su papel impulsor de la igualdad y de garante de derechos, que posibiliten y consoliden la igualdad real y efectiva, a través de las siguientes medidas:

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- La determinación por la negociación colectiva estatal de mínimos exigibles y la imposibilidad de la inaplicación de los convenios de ámbito inferior, en esta materia.

- Los mecanismos de seguimiento y control de la negociación colectiva sean también sensibles a las necesidades derivadas de la igualdad de trato y oportunidades. Para ello debe contarse con la capacidad y recursos nece-sarios.

- El fomento de la contratación estable y con derechos, frente a determina-das modalidades contractuales que implican la precarización de las condi-ciones de trabajo y/o protección social.

- La igualdad de trato y no discriminación debe también materializarse en los supuestos de extinción, suspensión, modificación sustancial de las condi-ciones de trabajo y movilidad geográfica, de forma que, la selección de tra-bajadores y trabajadoras, de los puestos de trabajo y grupos profesionales o niveles afectados, no sea discriminatoria, o induzca al abandono de la empresa, o sea incompatible con derechos reconocidos.

- Resulta imprescindible velar para que las modificaciones individuales de las condiciones de trabajo que no sean consultadas con la representación legal de los trabajadores, no eliminen medidas que garantizan la igualdad de un colectivo reducido de trabajadores y trabajadoras.

- Establecer protocolos contra todas las formas de acoso, que actúen como instrumentos para prevenir estas conductas, en el lugar de trabajo y prote-jan a sus víctimas.

Igualdad entre mujeres y hombres

El acceso de las mujeres al mercado laboral en nuestro país es ya una realidad incuestionable, aunque este importante avance no ha supuesto un asentamien-to de la igualdad por razón de género, real y efectivo. Las mujeres tienen mayo-res dificultades en el empleo y esta situación se está agravando por el deterioro actual del mercado de trabajo, que las penaliza por el rol que siguen desempe-ñando en las tareas de cuidados familiares, lo que repercute en sus carreras laborales y de protección social. Los recortes en derechos laborales y sociales, facilitan el abandono del empleo por las mujeres, reduciendo así su capacidad de decisión y participación social, política y económica.

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Por ello, UGT propone las siguientes líneas de actuación y medidas concretas:

- Exigir a las Administraciones Públicas la elaboración de estadísticas oficia-les desagregadas por sexo, en todos los ámbitos y todos los niveles.

- Establecer como prioridad la mejora en el acceso y la permanencia de las mujeres en el empleo, con el objetivo de conseguir un mercado laboral más igualitario, equilibrado, justo y equitativo, a través de:

Denunciar todas las actuaciones que sean discriminatorias por razón de sexo, en la contratación, las remuneraciones, la promoción, la for-mación, la clasificación profesional o el ejercicio de cualquier derecho contemplado en la legislación.

Defender el valor de la prueba estadística como medio de prueba legal en los procesos judiciales relacionados con la discriminación por razón de sexo y solicitar indemnizaciones compensatorias y disuasorias en es-tos casos.

Apoyar y promover la empleabilidad de mujeres en los puestos de tra-bajo donde están infrarrepresentadas, en el campo de las nuevas tec-nologías y en los trabajos emergentes en el nuevo modelo productivo.

Impulsar la incorporación y promoción de las mujeres en el nuevo mo-delo productivo, facilitando la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras, y promover actuaciones en rela-ción con los mensajes e imágenes que se transmiten a la sociedad, con el objetivo de erradicar roles sexistas.

- Proteger los derechos vinculados a la maternidad y paternidad, e incremen-tar la corresponsabilidad en la conciliación de la vida laboral, familiar y per-sonal, a través de:

Incrementar el permiso de paternidad a cuatro semanas, tendiendo a la equiparación con el permiso de maternidad, para avanzar en la corres-ponsabilidad de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, in-troduciendo además, en la negociación colectiva, medidas que incenti-ven la asunción de estas responsabilidades por parte de los trabajado-res varones.

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Equiparar la duración y reserva de puesto de trabajo en las exceden-cias por cuidado familiar, con los supuestos por guarda legal e incenti-var la alternancia entre mujeres y hombres para este tipo de reduccio-nes de jornada y excedencias.

Elevar a 12 años la edad máxima del menor que permite reducir la jor-nada por cuidado de hijos e hijas.

Insistir en la necesidad de reforzar y adaptar una red pública de servi-cios y prestaciones profesionales de calidad, que atiendan las necesi-dades de educación, atención y cuidado de niños y niñas y de perso-nas dependientes, así como, la equiparación en la cotización de quie-nes se acojan a una reducción de jornada por cuidado de familiares a los supuestos de reducción de jornada para el cuidado de menores afectados de cáncer u otra enfermedad grave.

Eliminar la desigualdad retributiva, las discriminaciones en la promo-ción y la formación, así como las referencias por razón de sexo en la clasificación profesional, para incrementar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Arbitrar medidas que eliminen la discriminación en el acceso a la pro-tección social, desempleo y pensiones, de aquellas personas que han accedido al mercado laboral con contratos a tiempo parcial, u otro tipo de contratación precaria, o que hayan hecho uso de períodos no retri-buidos para dedicarse al cuidado de hijos o familiares dependientes, así como, favorecer la reincorporación al mercado laboral de estos úl-timos.

- Reivindicar políticas activas de empleo para mejorar el acceso, la perma-nencia, la promoción y la cualificación profesional de las mujeres, espe-cialmente en sectores profesionales donde estén infrarrepresentadas.

- Combatir la violencia contra las mujeres, especialmente la violencia sexual, para lo cual es necesario:

Trabajar para erradicar una de las formas más graves de violencia de género, aquella que hace que muchas mujeres, por circunstancias personales, sociales o económicas se vean abocadas a ejercer la prostitución, la cual, lejos de poder considerarse una relación laboral,

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supone una flagrante violación de los derechos humanos. Así como, trabajar para eliminar la “trata de mujeres” con fines de explotación se-xual y laboral, reivindicando la abolición de la prostitución y la inserción laboral de las mujeres prostituidas. Asimismo, defender la legislación actual, tanto en lo que se refiera a la interrupción voluntaria del emba-razo regulada por la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud se-xual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que garantiza la protección de la salud y la seguridad jurídica de las muje-res y de los profesionales que las atienden, como respecto a la violen-cia de género, regulada por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem-bre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que supone la protección integral de las mujeres víctimas de la violen-cia machista.

- Abordar la igualdad en el ámbito laboral a través de la negociación colecti-va, mediante la implantación de medidas y planes de igualdad, extendién-dolas a todo el tejido empresarial. Para ello, UGT defiende:

Impulsar planes y medidas de igualdad con diagnósticos que nos per-mitan conocer la realidad de las empresas y que incluyan disposiciones que garanticen el seguimiento, control y evaluación de su puesta en práctica.

Garantizar mecanismos objetivos, neutros y transparentes que asegu-ren la ausencia de discriminación en el acceso y permanencia en el empleo.

Impulsar planes de igualdad en las empresas de menos de 250 traba-jadores, así como la negociación, implementación y seguimiento de los mismos en las Administraciones Públicas.

Impulsar el registro y difusión de los planes de igualdad negociados, para garantizar que se conviertan en norma de obligado cumplimiento.

Incrementar la supervisión por parte de la autoridad laboral competen-te, de los controles de los convenios colectivos respecto a la introduc-ción de medidas de igualdad de género, así como del seguimiento por parte de la Inspección de Trabajo, de la puesta en marcha de los pla-nes de igualdad y de la imposición de sanciones en caso de incumpli-miento.

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Velar por el cumplimiento de los derechos de conciliación de la vida la-boral, personal y familiar, así como de las condiciones necesarias para garantizar el disfrute de los mismos.

Contribuir a eliminar las causas que originan la discriminación retributi-va, estableciendo estrategias que contribuyan a su erradicación, así como promover la formación y reciclaje de las trabajadoras para posibi-litar la promoción en la relación laboral.

Incidir a través de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Co-lectivos (CCNCC), para que se exploten y hagan públicos los datos es-tadísticos recogidos en la Hoja de Registro de los convenios referidos a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

- Incrementar y mejorar la participación de las mujeres en el sindicato, como vía para consolidar las políticas de género. Por ello, UGT se compromete a:

Avanzar y consolidar la representación equilibrada de hombres y muje-res, en consonancia con la realidad afiliativa, en todos los órganos de dirección, decisión y control, y a todos los niveles, incluida la represen-tación legal de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas y en las mesas de negociación.

Mantener los instrumentos de los que nos hemos venido dotando, co-mo la “Evaluación de género” y la “Carta Sindical por la Igualdad”, que serán presentadas al Comité Confederal bienalmente, con el fin de im-plementar y analizar las políticas adoptadas por nuestra organización, avalando las estructuras de igualdad, y abordando la composición de la afiliación, las políticas de igualdad en la negociación colectiva y el gra-do de representación de las mujeres en los procesos de toma de deci-siones.

Priorizar el empleo en igualdad de las personas jóvenes

La población joven está sufriendo con especial intensidad la crisis económica con unos elevadísimos niveles de precariedad, una impensable tasa de paro y menos oportunidades para emanciparse. La difícil inserción de los y las jóvenes deriva de la degradación de las condiciones de acceso al mundo del trabajo, acrecentadas en épocas de dificultades económicas como la actual. Unas con-diciones precarias que sobre todo vienen definidas por el aumento del desem-

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pleo, la temporalidad en los tipos de contrato y los bajos salarios, y que impli-can pérdida de derechos laborales y de protección social en un escenario que ni satisface ni cubre sus expectativas profesionales y vitales.

Y por si esto no fuera suficiente, cada vez son más las personas jóvenes cuali-ficadas (con formación técnica o universitaria) que, dada la situación de nuestro mercado de trabajo, no tienen otra opción que emigrar a otros países europeos para encontrar un trabajo con unas condiciones que ahora mismo es imposible encontrar aquí. Trabajar en el extranjero se está convirtiendo en una salida de emergencia para las personas jóvenes, con la consecuente pérdida de talento.

Para mejorar su inserción y mejorar sus condiciones de acceso al mundo del trabajo, es necesario:

- Exigir una inserción en condiciones de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, ajustando su formación, cualificación, capacitación y ap-titudes al puesto de trabajo.

- Promover la permanencia en el puesto de trabajo en igualdad de condicio-nes. Esto supone la corrección de discriminaciones salariales, en primer lu-gar, manteniendo el principio de igual retribución para trabajo de igual va-lor, y en segundo lugar, ajustar las vacantes a la causalidad de la contrata-ción, de manera que se aplique a los trabajadores y trabajadoras jóvenes el principio de estabilidad en el empleo estructural, siendo imprescindible in-corporar en la negociación colectiva el control sobre los puestos de trabajo ocupados con contrataciones temporales con el objetivo de erradicar la temporalidad no justificada.

- Revisar los contratos de trabajo dirigidos a jóvenes, para que no se preca-ricen más sus condiciones laborales.

- Priorizar el uso de la contratación indefinida, ya que en el caso de la juven-tud, el deterioro de este tipo de contrato se traduce en un encadenamiento de contratos temporales, de tal manera que la inserción laboral de las per-sonas jóvenes en el mercado laboral se produce casi exclusivamente por esta vía de precariedad.

- Vigilar el desfase entre la cualificación y las funciones desempeñadas en la empresa. Hay jóvenes con una formación superior que realizan empleos de

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inferior categoría y retribución salarial, que como efecto rebote provoca que jóvenes con menor cualificación queden fuera del mercado laboral.

- Potenciar el papel de la formación como herramienta eficaz en el proceso de búsqueda de empleo, desarrollando las TIC como herramienta de for-mación e información.

- Conseguir vincular la adquisición de experiencia, al marco de las relaciones laborales, sin que se utilice el sistema de becas como mecanismo de inser-ción laboral para los y las jóvenes que ya están en posesión de un título superior.

- Velar por la oferta de prácticas en empresas o instituciones públicas desti-nadas a jóvenes que aún se encuentran en periodo de formación, siempre y cuando estas se encuentren reguladas y respeten los derechos laborales de las personas jóvenes en prácticas. Fomentar el sistema dual de forma-ción profesional, de manera que se combine la adquisición de conocimien-tos en el centro educativo y en la empresa, con la que el alumno mantiene una relación laboral.

- Hacer un seguimiento del cumplimiento del Estatuto del Becario, para que las empresas no lo utilicen para la obtención de mano de obra barata y una mejora en aquellos puntos que puedan ser más beneficiosos para los y las jóvenes.

- Desarrollar acciones de orientación laboral específica para las personas jóvenes, atendiendo a las necesidades concretas que plantean, facilitando y potenciando iniciativas emprendedoras desde su inicio hasta la creación y el seguimiento de dichas iniciativas.

- Promover y exigir una dotación de presupuesto económico suficiente para llevar a cabo las escuelas taller y casas de oficio, y los demás planes con-cretos y específicos que se ejecuten en cada Comunidad Autónoma, y que traten de sectores emergentes que pueden ser una vía para crear empleo y sirvan como herramienta de cualificación y formación de las personas jóve-nes desempleadas.

- Velar porque toda persona joven pueda tener acceso a la enseñanza uni-versitaria y a la formación profesional, a través de becas o ayudas al estu-dio, en función de su renta.

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Migrar con derechos

La regulación y el impacto en la sociedad de los movimientos migratorios, de entrada en España, o de salida de emigrantes hacia el exterior, y las necesida-des específicas de los migrantes, requieren una intervención política integral, eficaz y coordinada que garantice la seguridad jurídica de las personas inmi-grantes y de la emigración española que se desplaza al exterior. Por eso UGT pide:

- Un tratamiento integral de las políticas de regulación de los flujos migrato-rios, con la creación de un organismo que, basado en la coordinación entre todas las Administraciones competentes, estatal y territoriales, gestione los flujos migratorios de entrada y salida de España, garantizando los derechos de las personas migrantes.

- Que se mantengan y, en su caso, mejoren los mecanismos de regulación de los flujos migratorios laborales, establecidos en el marco del diálogo so-cial y basados en la situación nacional del empleo, perfeccionando el catá-logo de ocupaciones de difícil cobertura, estableciendo un contenido míni-mo para los certificados negativos de los servicios públicos de empleo, y trasladando al nivel autonómico, el modelo de participación y seguimiento de los procedimientos de contratación en el exterior de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.

- Una revisión de los tipos de contratos utilizados en la contratación en ori-gen, a fin de asegurar que se permita la integración e inserción laboral, la igualdad de derechos, y la estabilidad administrativa de los trabajadores y trabajadoras migrantes durante toda la vigencia de su autorización.

- Un mayor control del contenido de las ofertas de empleo y de los procesos de selección en el exterior, para garantizar el respeto a los derechos de to-da la clase trabajadora, en particular, del principio de igualdad de trato y de oportunidades.

- Una actualización de las infracciones y sanciones en materia de movimien-tos migratorios en el ámbito penal y laboral adaptados a la evolución de los flujos migratorios y las necesidades de la población migrante.

- Que la libre circulación de trabajadores, así como de personas en la Unión Europea asegure la igualdad de condiciones de trabajo de las personas

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desplazadas, promoviendo, en el caso de los comités de empresa euro-peos, el cumplimiento del convenio colectivo y la igualdad de las condicio-nes de trabajo y seguridad social.

- Que en el desplazamiento de la los trabajadores y trabajadoras en el en-torno europeo para la prestación de servicios y en el empleo de la pobla-ción extranjera no comunitarias en situación irregular, la responsabilidad de toda la cadena de contratistas y subcontratistas sea solidaria y efectiva.

- Que se siga defendiendo frente a interpretaciones restrictivas, la libre circu-lación de trabajadores, y de sus familias, en especial de quienes están en una situación precaria y/o con salarios más bajos, como un elemento esen-cial de la cohesión social europea.

- Extender la eficacia de la negociación colectiva a todos los trabajadores y trabajadoras con independencia de su procedencia nacional, del lugar de su contratación, o de su dependencia empresarial.

- Asegurar que la empresa que presta servicios, sea de la UE o extracomuni-taria, ha cumplido con los trámites y obligaciones derivadas del desplaza-miento.

- Reforzar el papel de la representación de los trabajadores, a nivel nacional y en los comités de empresa europeos, solicitando información sobre con-tratación y/o subcontratación en el exterior y desplazamiento de trabajado-res y trabajadoras al extranjero

- Analizar, en la suspensión y extinción de contratos o modificación de con-diciones de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, los criterios para designar a los trabajadores afectados y com-probar si esta selección se ha hecho con criterios directa o indirectamente discriminatorios

- Defender la igualdad de derechos de la población residente, identificando y denunciando aquellas normas y/o prácticas en cualquier ámbito, que de forma directa o indirecta produzcan discriminaciones o coloquen a la pobla-ción de nacionalidad u origen extranjera y otros colectivos, en una situación de desventaja.

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- Agilizar los procedimientos de homologación de títulos y convalidación de estudios para favorecer la movilidad funcional de la población extranjera, así como de las trabajadoras y trabajadores españoles retornados, y fo-mentar la participación en el reconocimiento de la experiencia profesional y la obtención de certificados de profesionalidad.

- Defender el derecho de voto de la población residente de nacionalidad extranjera.

- Fomentar una educación integradora e intercultural, y defender el derecho a la educación de las y los menores extranjeros, sea cual sea su situación administrativa.

- Aplicar las medidas incluidas en la “Estrategia nacional e integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de in-tolerancia”, aprobada en el año 2011.

- Exigir un ejercicio de corresponsabilidad al conjunto de administraciones, instituciones, y agentes para prevenir y/o combatir la aparición de situacio-nes de xenofobia o rechazo hacia las personas inmigrantes en los centros de trabajo, o a escala vecinal en pueblos, barrios y ciudades, así como los mensajes que utilizan la presencia de población extranjera y la utilizan co-mo excusa para limitar sus derechos y/o recortar derechos del conjunto de la población.

- Defender el reconocimiento de los derechos fundamentales para las perso-nas carentes de autorización para residir en España, entre ellos, la asisten-cia sanitaria.

- Arbitrar medidas para evitar que las personas desempleadas, puedan que-darse sin autorización para residir en España y por lo tanto, en situación administrativa irregular.

- Difundir a través de las administraciones competentes, las posibilidades de empleo en la UE y en países extracomunitarios, controlando las condicio-nes de trabajo ofrecidas por las empresas y promoviendo la firma de con-tratos en España, para garantizar la seguridad y los derechos de los y las emigrantes.

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- Que las oficinas consulares y embajadas españolas en el exterior, propor-cionen a la población migrante que llegue a inscribirse en las mismas, la in-formación básica de acogida en el país; así como una información adecua-da sobre trámites, documentos y pasos a seguir, una vez en España. Igualmente, a los españoles y españolas que pretendan retornar que evite la desprotección y/o el riesgo de exclusión social de las personas retorna-das y/o de sus familias.

- Mantener la asistencia a las y los emigrantes españoles de mayor edad y sin recursos, en los países no pertenecientes a la UE, en forma de presta-ciones económicas, y facilitando su acceso a la asistencia sanitaria del país de emigración.

- Que las administraciones públicas faciliten el acceso a la emigración espa-ñola a las distintas prestaciones de su competencia, sin exigir el tiempo de residencia y/o empadronamiento previo.

- Resolver las dificultades que ha generado en el derecho a voto de las y los emigrantes españoles, el cambio de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de julio, del Régimen Electoral General, realizada por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero.

Trabajadores y trabajadoras de más de 45 años.

Pese a que muchas veces no reciben una atención mediática acorde con su relevancia, lo cierto es que la cifra de personas desempleadas mayores de 45 años (más de millón y medio) es dramática, triplicando incluso la de los y las jóvenes. Las principales causas de esta situación, además de las dificultades económicas, son los prejuicios del empresariado y la menor formación compa-rada de este grupo de trabajadores y trabajadoras. Además, más de la mitad de los desempleados y desempleadas son de larga duración (más de un año en el desempleo), cifra que está creciendo conforme se enquista la crisis de forma alarmante.

También hay que tener en cuenta para encontrar soluciones rápidas, que mu-chos de estos trabajadores y trabajadoras mayores llevan en paro más de dos años, y están viendo como sus prestaciones se han agotado y están en el um-bral de la pobreza. Desde nuestra organización es primordial encontrar medios que ayuden a solucionar los dramas que están viviendo, tomando medidas preventivas antes de que se encuentren en situación de desempleo. Además

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de reforzar el papel que estas personas trabajadoras tienen en el mercado de trabajo, haciéndolas más visibles para las empresas, de modo que se favorez-ca su contratación.

El Gobierno del Partido Popular ha aprobado una serie de medidas regresivas que cargan el peso del ajuste especialmente en estos trabajadores y trabajado-ras con especiales dificultades de reinserción laboral, recortando de las presta-ciones por desempleo y endureciendo las condiciones de acceso al mercado laboral. Por ello, debemos seguir con nuestras reivindicaciones para que las prestaciones por desempleo se restituyan a partir de los 45 años, tal y como estaba estipulado antes de la última reforma laboral regresiva e impuesta.

UGT rechaza estas actuaciones y propone como medidas alternativas:

- Incluir en la evaluación del desempeño laboral aspectos tales como las capacidades y saberes no formales.

- Diseñar planes específicos de formación como medida positiva para com-pensar el uso habitual de la edad como factor de discriminación en el acce-so a la formación continua. En el caso de realización de cursos será nece-sario prestar mayor atención a las capacidades de los trabajadores y traba-jadoras y a la implantación de metodologías adaptadas a sus necesidades y circunstancias.

- Desarrollar planes de carrera específicos para las personas de más edad.

- Adaptar la jornada laboral.

- Diseñar planes de gestión del conocimiento que incorporen competencias asociadas a la edad y la experiencia.

- Seleccionar personas desempleadas mayores de 45 años que posean los conocimientos, habilidades y experiencia profesional necesarios para transmitir adecuadamente las competencias adquiridas a los y las jóvenes que se incorporen a las empresas. Estos profesionales deberían recibir un curso de “formador de formadores”, que facilite las técnicas necesarias pa-ra la citada transmisión.

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- Elaborar y difundir campañas de comunicación a la sociedad, resaltando la importancia de que las personas con experiencia, sigan trabajando y con-tribuyendo a la Seguridad Social.

- Establecer incentivos para las empresas que mantengan y contraten en sus plantillas a trabajadores y trabajadoras de más de 50 años.

- Mejorar la tipología y la orientación de las políticas activas de empleo diri-gidas a las personas desempleadas de más edad, incrementando el es-fuerzo en las actuaciones de formación/empleo. Promover y facilitar la acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, así como diseñar planes de empleo público en sectores emergentes.

- Establecer como criterio de preferencia para acceder a las convocatorias de asignación de cursos de las entidades colaboradoras, el hecho de que se supere un porcentaje mínimo de contratación de parados y paradas ma-yores de 45 años.

Igualdad de derechos para las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad tienen importantes dificultades de integración en el mercado laboral, ya que unido a múltiples discriminaciones, existe un cuestionamiento permanente de sus capacidades. Son personas con dificulta-des añadidas ya que, en algunos casos, encuentran mayores obstáculos en el acceso a su formación y a un empleo de calidad. Lejos de alcanzar la integra-ción laboral en el mercado de trabajo ordinario, asistimos a un retroceso a favor de su contratación en centros especiales de empleo (CEE). Se hace imprescin-dible reactivar las políticas activas de empleo específicas para ellas junto con medidas de acción positivas, de cara a disminuir la tasa de desempleo y de inactividad laboral.

Para ello, desde UGT consideramos necesario:

- Reivindicar la normalización de las condiciones laborales de las personas con discapacidad y la modernización de la regulación de los CEE, y demás fórmulas de empleo protegido, a las características de las relaciones labo-rales actuales.

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- Actuar en la consecución de entornos laborales accesibles, para lograr la integración laboral de las personas con discapacidad en el mercado ordina-rio en condiciones de igualdad y no discriminación, y su transición desde el empleo protegido.

- Velar para que su contratación se realice en las mismas condiciones que el resto de trabajadores y trabajadoras, promoviendo , a través de la negocia-ción colectiva, cláusulas que favorezcan su contratación, su desarrollo pro-fesional y personal, y cuantos ajustes razonables sean necesarios para conseguirlo, reclamando el cumplimiento de la cuota de reserva no inferior al 2% en las empresas de más de 50 personas en plantilla; asegurando que el uso de medidas alternativas sea excepcional y favoreciendo el trán-sito al mercado ordinario; y reivindicando la adopción de medidas para fo-mentar la contratación de bienes y servicios provenientes del empleo pro-tegido.

- Velar porque los CEE cumplan su función social, y que los trabajadores y trabajadoras empleados en ellos, tengan una efectiva representación y sus derechos sean garantizados.

- Requerir a las Administraciones Públicas a implementar políticas hacia la igualdad e integración, a modificar el contrato de formación eliminando la exención del límite de edad para estas personas trabajadoras y a reforzar la vigilancia en el cumplimiento legal de contratación y en el uso excepcio-nal de medidas alternativas.

- Exigir la adecuación de los SPE a sus necesidades específicas, y coordinar el registro de demandantes de empleo con discapacidad entre los servicios de empleo y los CEE.

Desterrar las desigualdades por orientación sexual e identidad de género.

A pesar de los avances conseguidos en los últimos años en derechos sociales, con el fin de alcanzar una igualdad jurídica efectiva, lo cierto es que queda camino por recorrer, puesto que en este ámbito laboral siguen existiendo de-sigualdades. Por ello, se hace necesario dirigir nuestra labor sindical a:

- Combatir las discriminaciones directas e indirectas por orientación sexual e identidad de género, actuando especialmente en los centros de trabajo pa-ra combatir la homofobia y erradicar todo tipo de acoso y discriminación.

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- Impulsar campañas de sensibilización, y contribuyendo a visibilizar en la sociedad a los trabajadores y trabajadoras con otra identidad de género, defendiendo su dignidad.

- Impulsar la equiparación de derechos en el ámbito laboral y mecanismos para impedir que las actuaciones empresariales encubran discriminaciones directas o indirectas.

Contra la discriminación y estigmatización en el trabajo de las personas afectadas por VIH/SIDA.

Las trabajadoras y trabajadores afectados de VIH y el sida, son un grupo donde la discriminación se hace más evidente y cuyas consecuencias son más inme-diatas: la total expulsión del mercado laboral, debido al componente marginal que lleva aparejada la enfermedad que padecen. Más allá de los preceptos constitucionales de igualdad efectiva, no existe en nuestro país una normativa específica, dificultando los objetivos de igualdad en el ámbito laboral. Por ello, UGT debe:

- Instar a las Administraciones Públicas a la realización de políticas específi-cas, garantes de una igualdad plena de acceso a los servicios sanitarios, legales y sociales, brindándoles una protección laboral, social y económica.

- Plantear que en todas las políticas de igualdad que se desarrollen, se aborden de forma específica aquellas dirigidas a los trabajadores y trabaja-doras, con problemas de salud.

- Combatir la discriminación que se realiza en el momento de la contratación y a través de la negociación colectiva incluir cláusulas en las que se reco-nozca el derecho a recibir tratamiento, a mantener su puesto de trabajo y a adaptar horarios y puestos. Asimismo, denunciar cualquier prueba de de-tección de VIH y sida.

4.- Hacia unas mejores condiciones de salud y seguridad en el trabajo

UGT potenciará su política de salud laboral, impulsando el conjunto de conoci-mientos y actuaciones que tengan por finalidad la prevención, protección y promoción de la salud mediante la mejora de las condiciones de trabajo.

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Los daños que provocan los accidentes de trabajo, las enfermedades profesio-nales y las relacionadas con el trabajo, y en ellas, de manera especial las pato-logías derivadas de los riesgos psicosociales, aumentan considerablemente la posibilidad de la clase trabajadora de caer en la pobreza y exclusión social, por lo que debe ser una prioridad irrenunciable la acción sindical encaminada a la prevención de los riesgos laborales, sin que sea admisible que las administra-ciones públicas y las empresas, principales responsables estas últimas de la salud y seguridad de las personas que trabajan en las mismas, se escondan tras la situación económica para relegarla a un segundo lugar.

Es necesaria y obligada la participación de los trabajadores y trabajadoras en la empresa pública y privada en todo lo relacionado con la salud y seguridad, fomentando la participación a través de las secciones sindicales y la represen-tación unitaria y/o los delegados y delegadas de prevención, que han de estar bien informados y formados y con plena colaboración con los comités de segu-ridad y salud, cobrando especial relevancia el apoyo y asesoramiento técnico a nuestra afiliación

Para mejorar la situación de partida en materia de salud y seguridad laboral, es necesario:

- Tener un conocimiento actualizado de nuestra representación y el registro de las actas de delegados y delegadas de prevención ante la autoridad la-boral competente para ejercerla con las máximas garantías para trabajado-res y trabajadoras, y delegados y delegadas. E incidir en su información y formación, prestando especial atención a los nuevos riesgos, y potenciando el análisis realizado desde el observatorio de riesgos psicosociales de UGT como instrumento al servicio de la acción sindical en esta materia.

- Incluir en los convenios colectivos, en lo que afecta al absentismo, cláusu-las que optimicen y desarrollen las normas de prevención de riesgos labo-rales, evitando la persecución de quienes causen baja por enfermedad o accidente laboral.

- Negociar políticas preventivas que mejoren la salud y seguridad de los trabajadores y de las trabajadoras estableciendo el marco general a corto, medio y largo plazo. Contribuir a la negociación de una nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2020, trasladando el contenido de la futura Estrategia Europea, e incorporando los objetivos que

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han quedado pendientes de desarrollo en la Estrategia Española de Segu-ridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, y otros demandados por UGT.

- Participar institucionalmente a través de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) en coordinación con los diferentes agentes (Administración General, CCAA, patronal, sindicatos), favoreciendo el desarrollo, aplicación, seguimiento e implantación de las diferentes normas aprobadas.

- Promover la continuidad y adecuación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (FPRL), a la realidad actual, para llevar con las má-ximas garantías y equidad, la prevención de riesgos laborales en el seno de las empresas.

- Seguir incidiendo en el desarrollo de campañas de la Inspección de Traba-jo, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, incluyendo como elemento preventivo la denuncia, incluso penal. Dar continuidad a las rela-ciones con la Fiscalía, Judicatura e Inspección de Trabajo, para favorecer el intercambio fluido de información en la lucha contra la siniestralidad.

- Reforzar los protocolos de actuación existentes, con la Fiscalía de Sala de Coordinación de la siniestralidad laboral, en aras a erradicar conductas que presuntamente atenten contra los derechos de los trabajadores y trabajado-ras, y las condiciones de trabajo.

- Trasladar a la sociedad y a las instituciones la importancia de analizar las contingencias profesionales, tanto los accidentes de trabajo como las enfer-medades, profesionales o las provocadas por el trabajo, que siguen produ-ciendo una infradeclaración y un fraude de graves consecuencias para las personas trabajadoras, prestando especial atención a la declaración sin baja. Demandar la inclusión en los protocolos médicos de la anamnesis de origen laboral previa a la calificación de la contingencia, para, a través del diagnós-tico, acercarnos a la realidad de la patología relacionada con el trabajo.

- Abogar por la especialidad de medicina del trabajo, dentro del sistema pú-blico de salud.

- Avanzar hacia una inclusión en el ámbito de protección de las normas de pre-vención de riesgos laborales, de la actividad del servicio del hogar familiar.

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- Potenciar la acción preventiva, la información y formación hacia trabajado-res y trabajadoras especialmente expuestos a la incidencia de los riesgos psicosociales derivados de la situación de inestabilidad laboral (jóvenes, inmigrantes, mujeres…), así como a las trabajadoras y los trabajadores au-tónomos.

- Demandar a las empresas el cumplimiento del principio de precaución en el caso de los trabajos con nanomateriales, así como con productos químicos y biológicos o con cualquier otro producto, que sea sospechoso de poder causar daño a los trabajadores y a las trabajadoras, y fomentar la investi-gación en nuevos riesgos, substancias y mezclas químicas, incidiendo es-pecialmente en aquellos productos susceptibles de causar cáncer, poten-ciando su sustitución y si fuera posible su erradicación.

- Fomentar la correcta gestión en las situaciones de embarazo y lactancia de las trabajadoras en las empresas previamente a la solicitud de la prestación de riesgo en el embarazo y la lactancia.

- Potenciar la creación de un fondo de compensación que ayude a paliar la situación de las personas trabajadoras y sus familiares, de quienes se han visto, o pueden verse afectados en su trabajo, por la exposición al amianto, con consecuencias nefastas para su salud.

- Fomentar el desarrollo de herramientas en el seno de las empresas que permitan la evaluación de riesgos ergonómicos y psicosociales con conse-cuencias sobre la salud de las personas a largo plazo y con dificultad de prueba del nexo entre la patología sufrida y el trabajo desarrollado.

Una solución rápida y eficaz podría consistir en que los sistemas autonómi-cos de solución de conflictos “prestaran” los listados de árbitros “acorda-dos” entre las asociaciones empresariales y sindicales más representativas y que constituyen la base de los arbitrajes que se acuerdan en el sistema de cada CCAA para llevar a cabo el nombramiento de la comisión instructo-ra prevista en algunos procedimientos derivados de los riesgos psicosocia-les, como pueden ser los casos de violencia en el trabajo, creados para la solución de estos.

- Instar a la administración a la publicación de los datos estadísticos de los accidentes de tráfico laborales en jornada de trabajo e in itínere; y al análi-sis de la problemática derivada de los mismos.

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- Demandar la elaboración de un modelo general de Plan de Movilidad en los centros de trabajo, que facilite el desplazamiento de los trabajadores y tra-bajadoras, de cara a la mejora de la seguridad y la salud de los mismos. Y exigir la información y formación específica de las personas implicadas en la prevención de riesgos laborarles en la empresa.

Con el fin de conseguir una gestión trasparente de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS), proponemos:

- El desarrollo de un compromiso político para la mejora del servicio y la atención de las personas accidentadas o afectadas por enfermedades pro-fesionales y relacionadas con el trabajo, y la participación de los trabajado-res y trabajadoras, y supervisión de la Seguridad Social sobre los fondos públicos que éstas gestionan.

- El poder que han adquirido las MATEPSS desde su creación, usado en demasiadas ocasiones en clave puramente económica, las ha convertido en gestoras de una parte importante del sistema. De ahí la necesidad de reforzar la coordinación y especialización de nuestros representantes en las Juntas Directivas, Comisiones de Control y Seguimiento y Comisiones de Prestaciones Especiales, de cara a la realización de acciones conjuntas para potenciar la igualdad de trato, a todos los trabajadores y trabajadoras, con independencia de la mutua a la que esté asociada su empresa, y la ca-lidad de la atención recibida, de cara a fomentar la mejora de la trasparen-cia, la buena atención y la necesaria ayuda a quienes han sufrido un acci-dente de trabajo o una enfermedad profesional y a sus familias.

- Hay que estar alerta en la redacción de la nueva normativa de mutuas y su posterior aplicación.

- Velar por el acceso a las prestaciones de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia de las trabajadoras, impidiendo la aplicación de un criterio puramente económico sobre el criterio preventivo. Impulsar la unificación de estos criterios por parte de las mutuas para evitar de-sigualdades, y potenciar la relación con los servicios de prevención para la mejora del flujo de información, así como la gestión individualizada de cada caso.

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- Promover la erradicación de las malas prácticas realizadas por algunas mutuas de cara a la gestión de las contingencias profesionales, derivándo-las en contingencia común.

- Velar por el justo cumplimiento de la gestión de la incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes.

- Instar la compensación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras, causados por la gestión de la IT por contingencias comunes por la mutua y las relativas al artículo 20.4 del ET, de control del absentismo mediante la negociación colectiva, o mediante acuerdos a nivel de empresa.

- Favorecer la información, formación y asesoramiento a los y las represen-tantes de UGT en los órganos de participación, así como a delegados, de-legadas, trabajadoras y trabajadores.

- Participación de los trabajadores y trabajadoras de forma vinculante al 50% en las decisiones de contratación, renovación o revocación de la Mutua que asista a la plantilla en cada empresa.

- Las drogodependencias deben ser tratadas como una cuestión de salud, las distintas administraciones y las empresas, deben implantar políticas y planes de prevención para evitarlas.

- Analizar, y en su caso solicitar, la modificación de aquellas condiciones de trabajo que favorezcan conductas de uso y consumo de sustancias como alcohol, tabaco, fármacos y otras drogas.

- Promover la información y formación a nuestros y nuestras representantes, sobre prevención en la adicción de sustancias psicoactivas. Fomentar el desarrollo del protocolo de intervención y prevención de las drogodepen-dencias en el ámbito laboral, elaborado por nuestra organización. Este pro-tocolo siempre será consensuado, voluntario y asegurará en todo momen-to, la confidencialidad de los datos.

- Velar por el cumplimiento de la ley antitabaco, y por el buen funcionamiento del Observatorio del Tabaquismo.

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- Instar a la derogación legislativa del art. 52 d), y del 54.2, f) (ET), a fin de que las drogodependencias, afecten o no al trabajo, no puedan ser causa directa o indirecta de despido o sanción disciplinaria.

5.- Mejorar la gestión de las políticas de empleo y garantizar la protección a la población desempleada

Con una tasa de desempleo que ya sobrepasa el 26%, nuestro sistema de protección por desempleo, deja sin protección a más de 1.977.000 de desem-pleados y desempleadas de los registrados en las oficinas de empleo, con una cobertura que va disminuyendo de forma alarmante. Y a ello se han unido las últimas medidas introducidas por el Gobierno en esta materia, que van a pro-vocar una reducción drástica tanto en el número de personas beneficiarias de las prestaciones, como de la calidad de la protección por desempleo.

Las medidas económicas impulsadas por el Gobierno del Partido Popular, ba-sadas en la reducción del gasto, también han hecho mella en los servicios pú-blicos de empleo, que cuentan con menos personal para atender a las perso-nas en situación de desempleo, y que se va incrementando sistemáticamente, pasando de una ratio de 1 empleado por cada 158 desempleados en 2007, a más de 240 desempleados por empleado en 2012.

UGT manifiesta su total oposición a este recorte de derechos y a las medidas que castigan de forma dramática al núcleo de la población que está sufriendo con más virulencia los efectos de la crisis económica. La reducción de la cuan-tía de las prestaciones por desempleo y el endurecimiento de los criterios para acceder a las mismas, para las nuevas personas perceptoras, tan sólo deva-lúan más las condiciones de vida de estos trabajadores y trabajadoras y ele-van el número de personas en situación de pobreza.

La crisis económica y financiera ha sido el escenario de nuestro mercado de trabajo en los últimos años, que ha tenido en el incremento del paro una de sus consecuencias más devastadoras. Ahora más que nunca es necesaria una política de empleo concertada con los agentes económicos y sociales con el objetivo de implantar medidas y actuaciones encaminadas a reforzar y potenciar los servicios públicos de empleo, mejorar la gestión de las políticas de empleo así como garantizar la protección a las personas en situación de desempleo.

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En este contexto, en materia de protección por desempleo, UGT apuesta por:

- Exigir al Gobierno la universalidad del sistema de protección por desem-pleo, especialmente en este periodo de crisis.

- Evitar que los colectivos con más necesidades, como son las personas que han agotado todas sus prestaciones, con cargas familiares, y con todos los miembros del hogar en paro, se queden sin ningún tipo de prestación o ayuda, para seguir subsistiendo.

- Recuperar los criterios de acceso a la Renta Activa de Inserción, prote-giendo por tanto a los desempleados y desempleadas de larga duración e incluyendo colectivos como, los que agotan la Renta Agraria.

- Reclamar un sistema de protección por desempleo para las trabajadoras y los trabajadores del hogar familiar.

- Desarrollar unas adecuadas políticas de inserción en el mercado de traba-jo, incrementando aquellos programas de políticas activas que impliquen la creación de puestos de trabajo y que, por tanto, favorezcan la actividad económica. (corporaciones locales, organismos de la Administración del Estado, adecuación de los programas de Escuelas Taller y Casas de Ofi-cios a las necesidades reales del mercado de trabajo, entidades sin ánimo de lucro, etc.).

- Impulsar la creación de instrumentos que combinen la prestación por des-empleo, con la realización de políticas activas de empleo que impliquen la creación de puestos de trabajo y favorezcan la actividad económica, de forma que se consiga un empleo antes de agotar las prestaciones por des-empleo.

- Desarrollar medidas y ayudas reales que faciliten la creación de empleo, con especial incidencia en la economía social, como la del trabajo autóno-mo y la creación de cooperativas y sociedades anónimas laborales.

- Crear un Observatorio del mercado de trabajo, capaz de detectar carencias y necesidades de determinados sectores en el territorio. Facilitar, a través de Talleres de creación de empresas, el contacto de desempleados y des-empleadas con determinadas características profesionales para su posible conversión en empresas.

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Año tras año, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), se han reduci-do considerablemente las partidas presupuestarias destinadas a las políticas activas de empleo, mientras el número de personas en situación de desempleo se ha incrementado hasta cifras impensables. Desde UGT consideramos que esta práctica no hace sino incrementar las dificultades de las personas trabaja-doras desempleadas obstaculizando, aún más si cabe, su incorporación al mercado de trabajo. Por ello UGT propone que al menos el 50% del importe que se obtenga anualmente como consecuencia de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, se destine a la dotación de políticas activas de empleo.

En este sentido, en materia de gestión de las políticas activas de empleo, UGT propone:

- Reclamar unas políticas activas de empleo eficaces y eficientes, adaptadas al territorio, poniendo especial atención a los colectivos más afectados por la crisis: las personas en situación de desempleo de larga duración que ya han agotado la prestación por desempleo, la población joven con baja cua-lificación profesional, las personas mayores de 45 años o aquellas que pro-vienen de sectores en crisis, y negociando con los interlocutores sociales el catálogo común de servicios y los fondos de políticas activas de empleo a aplicar en cada servicio público autonómico de empleo.

- Lograr que las políticas activas de empleo sean aún más eficaces para la mejora de la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras, tanto en desempleo, como con ocupación.

- Demandar la puesta en marcha de planes de empleo desde lo público, en los que se combinen acciones de empleo y formación.

En relación a los servicios públicos de empleo, UGT propone:

- Instar la adecuación de las plantillas de los servicios públicos de empleo, al volumen real de personas demandantes de empleo registradas en las oficinas de empleo, para garantizar y cubrir las necesidades de todos los desempleados y desempleadas en materia de información, formación e intermediación, garantizando la confección y realización de itinerarios pro-fesionales pactados, bajo la tutela y responsabilidad del servicio público de empleo.

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- Exigir al Gobierno un servicio de empleo público, transparente y gratuito, que garantice la igualdad en el acceso a los servicios y al empleo, a todos los trabajadores y trabajadoras, así como el derecho de las personas de-mandantes de empleo, a recibir información, orientación, formación y otras políticas activas de empleo de calidad.

- Desarrollar el sistema integrado de información y orientación profesional y el sistema de reconocimiento de la experiencia laboral, así como desarro-llar el sistema integrado de información y orientación profesional y el siste-ma de reconocimiento de la experiencia laboral, así como demandar la adecuada formación y especialización del personal de las oficinas de em-pleo, adaptándolos a los diversos colectivos que figuran inscritos en las mismas.

- Plantear la necesidad de que se amplíe el universo de atención a las per-sonas ocupadas en empresas con riesgo de pérdida de empleo. Esta aten-ción podría darse directamente por los servicios públicos de empleo, o a través de entidades colaboradoras que tengan convenios con los mismos, bajo la tutela, vigilancia y dirección de los servicios públicos de empleo, y en el que se haga constar como uno de los colectivos a atender la pobla-ción ocupada, que esté en empresas en crisis y por lo tanto, en riesgo de perder su puesto de trabajo.

- Demandar la prevalencia de los servicios públicos de empleo por encima de las agencias privadas de colocación con o sin ánimo de lucro, y exigir el cumplimiento por parte de los servicios públicos de empleo, de controlar e inspeccionar que las actuaciones en materia de intermediación de las agencias privadas de colocación, respeten los principios constitucionales de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y no discriminación.

- UGT exigirá, que en los órganos de representación en los servicios públi-cos de empleo, se facilite la información necesaria sobre las solicitudes de autorización, presentadas por las agencias de colocación y la memoria de actividades que tienen por obligación presentar anualmente estas agen-cias, en especial, de las agencias consideradas como entidades colabora-doras de los servicios públicos de empleo.

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6.- Las reestructuraciones empresariales como instrumento de adaptación a los cambios económicos El éxito de las respuestas a los desafíos planteados por la crisis económica, la austeridad impuesta, la globalización, el cambio climático, las tendencias de-mográficas, el aumento de las desigualdades y la rápida evolución tecnológica y organizativa que afecta a la sociedad en general y al lugar de trabajo en par-ticular, está relacionado con una adecuada anticipación al cambio y a las con-secuencias sociales que puedan derivarse.

El diálogo social, la negociación y la participación, junto con los derechos de información y consulta, son instrumentos fundamentales para conciliar la pro-moción de la cohesión social y de la recuperación, con el mantenimiento y la creación de empleo.

Para la UGT son objetivos fundamentales en materia de restructuraciones:

- Mejorar las capacidades de los trabajadores y trabajadoras para su adap-tación a la demanda del mercado laboral a corto y largo plazo, a fin de anti-ciparse al cambio mediante una formación más adecuada.

- Equilibrar las consecuencias del cambio entre los trabajadores y trabajado-ras, y los dirigentes y directivos empresariales.

- Fomentar y ampliar la información, consulta y participación de la represen-tación de los trabajadores, especialmente en los procesos de restructura-ción que permita la adaptación al cambio.

- Instar la revisión de la legislación existente de modo que refleje la realidad económica y permita paliar las consecuencias negativas de las reestructu-raciones, deslocalizaciones, fusiones, adquisiciones y absorciones, no solo para los propios trabajadores y trabajadoras, sino para los diferentes secto-res de la economía que están directa o indirectamente expuestos a las consecuencias de las reestructuraciones.

- Garantizar un marco jurídico adecuado en el que la negociación colectiva desempeñe un papel fundamental, impulsando las medidas de flexibilidad in-terna antes que la flexibilidad externa en los convenios colectivos, y estable-ciendo sistemas adecuados de información, consulta y participación, de for-ma que reflejen las necesidades y la realidad de las empresas y sectores.

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- Tener en cuenta las repercusiones que los cambios económicos y sociales tienen sobre el conjunto de una región o territorio, y la situación específica de las pequeñas y medianas empresas, tomando en consideración su es-pecial situación en zonas o sectores en reestructuración.

En cuanto a la normativa concursal, se requiere instar su revisión para:

- Mejorar los derechos de participación de los sindicatos y de la representa-ción de los trabajadores, para intervenir en todos los trámites y fases del concurso y garantizar, en los casos de declaración de concurso, la conti-nuidad de la actividad de la concursada.

- Devolver a los juzgados de lo social la competencia en materia de acciones individuales interpuestas en la extinción de contrato a instancias de los tra-bajadores y trabajadoras, por incumplimiento empresariales, entre otros, por falta o retraso continuado en el abono de los salarios.

- Dotar de ejecución inmediata a los créditos de los trabajadores y trabajado-ras en contraposición con otros acreedores públicos o privados.

- Dar respuesta a los concursos presentados en relación con una empresa integrante en un grupo de empresas.

Los Administradores concursales, de la empresa concursada, deben ser funcionarios, que promuevan que el procedimiento de reestructuraciones empresariales sea ágil y rápido, para facilitar la viabilidad de la empresa y favorecer los intereses de acreedores y trabajadores, pues la duración en el tiempo de la situación concursal puede incrementar la situación de crisis de la empresa. Debe otorgarse absoluta prioridad de cobro a la totalidad de las deudas salariales y a las indemnizatorias de los trabajadores y trabaja-doras, sin límite alguno (como ocurre hasta ahora). Debe ser delito el apro-piarse de la cartera de clientes de una empresa en concurso. De éste mo-do, si alguien con algún vínculo con la empresa concursada constituye otra empresa que gestiona una actividad y una cartera de clientes similar a la que tenía la concursada, que se pueda actuar penal y civilmente contra esa o esas personas.

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7.- Regular las nuevas formas de organización del trabajo La organización del trabajo y las empresas han sufrido grandes transformaciones a lo largo de los últimos años. Las uniones de empresas, conformando los de-nominados “grupos de empresa”, han dado paso a una forma de toma de deci-siones por parte del empresariado, que también afecta a las relaciones laborales.

De la misma manera, la externalización de determinadas funciones y activida-des empresariales de la empresa principal, “outsourcing”, produciendo la nece-saria readaptación o ajuste a otras actividades productivas, implica un coste que, en algunos casos, puede ser cuantioso pero sobre todo, cuando se trata de trabajadores y trabajadoras, supone costes sociales y humanos inherentes a una situación que puede ser de desempleo. Asimismo, la introducción de nue-vos métodos de trabajo basados en las nuevas tecnologías de la comunicación e información, modifican también la organización del trabajo.

Por otro lado, las sucesiones de empresas pueden ser una vía de respuesta a la descentralización, por eso hay que proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y exigir la responsabilidad de la empresa en la sucesión y con anterioridad a la misma, y regular adecuadamente, legal y convencionalmente, cuando se produce una transmisión de empresa y las consecuencias que para el contrato de trabajo se derivan de ese cambio.

Todas las formas de organización del trabajo tienen algo en común de manera inicial: se introducen rápidamente, son cambiantes, y carecen de una regula-ción necesaria desde el punto de vista laboral y sindical. Existen algunos pro-nunciamientos jurisprudenciales, acuerdos, tanto nacionales como internacio-nales, y reformas normativas, que tratan de recoger tal situación, pero en oca-siones es insuficiente, como es el caso de la regulación del trabajo a distancia, referida al teletrabajo.

Por ello, la actuación de UGT en el ámbito del empleo y la organización del trabajo debe tener en cuenta los siguientes objetivos, con carácter general:

- El mantenimiento del empleo y de los derechos laborales debe ser la priori-dad, potenciando los mecanismos de intervención del sindicato en la em-presa respecto a cualquier cambio o decisión que implique tanto societarios como en la organización del trabajo.

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- La necesidad de promover cambios legislativos que incluyan en el concep-to de que se trate, por ejemplo: grupo de empresas o teletrabajo, la reali-dad de la formulación de esa forma de organización empresarial, teniendo en cuenta en el último caso, los acuerdos firmados a nivel internacional y nacional.

- Las nuevas formas de organización del trabajo, como el teletrabajo, deben estar reguladas dentro del marco de la negociación colectiva, rechazando la precariedad en estos tipos de actividad y además contando con la repre-sentación legal propia dentro de los órganos de representación legal de los trabajadores y trabajadoras.

- La promoción de acuerdos convencionales que tengan en cuenta el marco de las relaciones laborales de las nuevas formas de organización del traba-jo, determinando con claridad los derechos y obligaciones de los trabajado-res y trabajadoras, así como sus derechos sindicales, o cuestiones relati-vas y específicas a la forma de organización del trabajo de que se trate, priorizando el mantenimiento del empleo y su creación.

8.- Fomentar y proteger el autoempleo y la economía social

Autónomos y empresas de economía social siguen manteniendo el empleo de forma mucho más estable que el resto de empresas tradicionales. Esta realidad demuestra la necesidad de seguir apoyando este tipo de iniciativas, aún más en esta época de escaso crecimiento económico.

La escasez de crédito es el principal problema de estos colectivos. Particular-mente la crisis de las Cajas de Ahorros ha reducido las posibilidades de acceso a la financiación. El sector público debe dar respuesta urgente a esta situación y al tiempo ofrecer un sistema eficaz de asesoría y gestión, evitando las dupli-cidades e ineficiencias actualmente existentes. Además, es primordial que se incentive y favorezca la creación y mantenimiento del empleo autónomo, ya que se están destruyendo cada año miles de empresas de este tipo. Por ello, UGT propone:

- Avanzar en una política integral de las administraciones públicas que per-mita abordar un desarrollo y mantenimiento adecuado de las empresas de economía social, y trabajadoras y trabajadores autónomos, como fórmulas de empleo estable y como modelos de participación económica y distribu-ción de la riqueza.

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Estas políticas deben contemplar una alternativa real a la falta de financia-ción privada actualmente existente a través de la puesta en marcha de Fondos de Promoción Pública, de avales y pequeños créditos, así como un sistema de asistencia técnica que permita abordar con mayor seguridad los proyectos de autoempleo.

Las diferentes reformas del sistema financiero que se han acometido, han demostrado ser ineficaces para impulsar mecanismos específicos que acerquen el crédito a las trabajadoras y los trabajadores autónomos. Por eso, los instrumentos propuestos deben canalizarse a través de una banca pública creada a partir de los bancos intervenidos por el Banco de España (BDE) y del actual Instituto de Crédito Oficial (ICO).

También deberán contemplar un sistema fiscal adaptado a la realidad de las empresas de contenido social y a la actividad de las personas físicas, y distribuyendo adecuadamente la carga fiscal con respecto a las grandes empresas.

- Reforzar la acción sindical para organizar y defender los intereses colecti-vos de las trabajadoras y los trabajadores autónomos económicamente de-pendientes (TRADE), para que, en ningún caso, esta figura sea utilizada como alternativa a la relación laboral, aplicando en la práctica los derechos reconocidos en el Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA), homologando su protección social al resto de la población trabajadora y, en particular, vigi-lando la necesaria coordinación de las empresas en materia de prevención de riesgos laborales.

- Desarrollar los Acuerdos colectivos de Interés Profesional (AIP) para los TRADE y potenciar la conciliación y el arbitraje en los casos de conflictos provenientes del trabajo, tanto de carácter individual como colectivo.

- Instar a la Administración de la Seguridad Social, a que presente un infor-me exhaustivo de la evolución de las personas cotizantes y beneficiarias de la prestación por cese de actividad de los trabajadores y trabajadoras autó-nomos, incluidos los socios de cooperativas, con el fin de tomar las medi-das necesarias para que esta prestación cubra realmente los casos de ne-cesidad en el trabajo autónomo y que no quede a la simple interpretación de las entidades gestoras: las MATEPSS.

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- Recuperar las bonificaciones al empleo de las trabajadoras autónomas que se reincorporan tras la maternidad, suprimidas por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presu-puestaria y de fomento de la competitividad. Incentivar el empleo, tanto asalariado como autónomo, entre las y los jóvenes titulados universitarios o de Formación Profesional.

9.- Hacia la igualdad de derechos en el servicio del hogar familiar

Es preciso continuar avanzando en la equiparación de derechos de las perso-nas trabajadoras del servicio del hogar familiar, el control de condiciones de trabajo, el reconocimiento de la experiencia profesional y la incorporación de estos trabajadores y trabajadoras a UGT. Por eso, el sindicato abogará por:

- Una evaluación periódica de la situación del sector en materia de empleo, condiciones de trabajo y protección social.

- Estudiar el establecimiento de un sistema de protección de desempleo en el servicio del hogar familiar y la viabilidad de la desaparición del desisti-miento, como fórmula de extinción del contrato.

- Avanzar en la inclusión de esta actividad en la Ley 31/1995, de 8 de no-viembre, de prevención de riesgos laborales, analizando las condiciones de seguridad y salud, los riesgos y, en su caso, impulsando la elabora-ción de un modelo de plan de prevención incluyendo en las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, los datos de esta actividad.

- Fomentar nuevos sistemas de control por parte de la ITSS, compatibles con los derechos constitucionales, así como incluir el servicio del hogar fa-miliar como actividad programada de control, en materia de prevención de riesgos laborales, y elaborar planes específicos por parte de la ITSS para la vigilancia y control de las condiciones de trabajo.

- Adecuar la normativa en materia de extranjería a la nueva regulación del servicio del hogar familiar, para garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras no comunitarios.

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- Promover el reconocimiento de la experiencia profesional en el empleo doméstico por la vía de la experiencia laboral, a través de las convocatorias correspondientes y la obtención del certificado de profesionalidad.

- Que los servicios públicos de empleo sean el lugar de encuentro de la de-manda y la oferta en esta actividad.

- Fomentar la afiliación a UGT de trabajadores y trabajadoras del servicio del hogar familiar, proporcionando una información y una atención jurídica in-tegral, adecuada al hecho de que se trata de un trabajo desempeñado ma-yoritariamente por mujeres y con una alta presencia de trabajadores y tra-bajadoras inmigrantes sometidos a la normativa de extranjería.

- Difundir entre los trabajadores y trabajadoras que acudan a UGT, la posibi-lidad de constituir cooperativas de trabajo asociado como fórmula de orga-nizar en común la prestación de servicios en el hogar familiar.

10.- Luchar contra la economía sumergida para asegurar los derechos laborales y la protección social

La economía sumergida es un cajón de sastre que incluye la violación de dere-chos laborales, la evasión de impuestos, la búsqueda de la competitividad a bajo coste, la informalidad laboral y la desregulación de las condiciones labora-les, que debe combatirse desde los poderes públicos y con la colaboración de las organizaciones sindicales, por el deterioro económico, social y laboral que implica. La lucha contra la economía sumergida ha de tener como centro la protección de los trabajadores y trabajadoras y la persecución de un fraude que tiene entre otras repercusiones, impacto fiscal, en materia de seguridad social y que favorece el dumping social. Por ello, UGT plantea:

- Impulsar medidas coordinadas para el afloramiento de la economía sumer-gida, incidiendo en las actuaciones de control e inspección laboral, de ma-nera coordinada con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y con la colaboración de las organizaciones sindicales.

- Endurecer las infracciones penales, administrativas y de orden social, en paralelo con una posible condonación o atenuación de las medidas sancio-nadoras, en caso de colaborar con las instituciones públicas.

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- Desarrollar de manera específica las medidas de control en determinados sectores de actividad y en el caso de las personas más vulnerables al abu-so empresarial, como la población extranjera no comunitaria.

- Continuar con el desarrollo de los Planes integrados de la ITSS, el Obser-vatorio contra el Fraude, el Plan de acción sobre empresas ficticias, el Plan integral de prevención y corrección del fraude fiscal, laboral y a la Seguri-dad Social, estableciendo una coordinación eficaz entre todas las autorida-des competentes para asegurar el control de conductas que tienen conse-cuencias directas en los trabajadores y en las trabajadoras, y que merman sus derechos e incluso incurren en prácticas delictivas.

- Reclamar la aprobación del pendiente “Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral”.

- Reclamar la existencia de un dispositivo real, y un protocolo de coordina-ción entre las distintas administraciones que permita la detección, recupe-ración y atención para las víctimas de trata de seres humanos, sea con fi-nes de explotación sexual o laboral, en este último caso con una implica-ción más directa y eficaz de la ITSS.

- Potenciar medidas para prevenir y erradicar la trata de personas, entre ellas, reclamar la colaboración con las Autoridades de los países de origen y tránsito de redes de trata, a fin de conseguir la erradicación de este co-mercio, así como de un dispositivo eficaz y un protocolo de coordinación entre Administraciones que permita la detección, recuperación y atención integral, a nivel social, personal, familiar y legal, especialmente en el caso de personas en situación administrativa irregular, de las víctimas de trata de seres humanos, con fines de explotación sexual o laboral, en este último caso, con una implicación directa de la ITSS.

11.- Incorporar a los y las profesionales

La preservación de nuestro modelo social nos obliga a adecuarnos acelerada-mente a una economía globalizada y supercompetitiva. Para ello es imprescindi-ble una profunda recualificación laboral, tecnológica y organizativa de nuestro modelo económico y, en paralelo, una actualización de nuestro modelo sindical. Dicha economía, basada en el conocimiento, la experiencia y el valor añadido, concita importantes, crecientes y progresivos cambios en la configuración de la población ocupada y en el modelo organizativo de las empresas, con transferen-

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cias de responsabilidades fragmentadas de gestión, y la extensión del concepto de “profesionalismo” como marcas identitarias de los nuevos perfiles laborales.

La mayoría de las actividades que se realizan en sociedades modernas desa-rrolladas, en las que el conocimiento es una parte esencial de sus procesos económicos, sociales y culturales, se ejercen con criterios profesionales. Ha habido, en definitiva, una expansión generalizada de estos desempeños profe-sionales. Todo esto, está produciendo un número creciente de asalariados y asalariadas que reclaman la condición de profesionales, con titulaciones y es-pecializaciones cada vez más diferentes, que se van alejando del estrecho abanico de profesiones que, como tales, se identificaban hasta hace no dema-siados años.

Además, los conocimientos de los y las profesionales se integran cada vez más en el conjunto de las organizaciones –empresas- de manera tal, que el uso es-pecífico del conocimiento es cada vez más fragmentario. Por esas mismas razo-nes el ejercicio de la profesión ha ido perdiendo carácter liberal y transformándo-se en una relación subordinada, lo que conlleva la asalarización, pero en contra-partida al reforzamiento identitario del o la profesional; identidad profesional que es causa y efecto de una tendencia a la asociación y a la defensa corporativa de sus intereses, su rechazo a estrategias de acción colectiva y, en sentido contra-rio, su vinculación mayor con el esfuerzo personal y la meritocracia.

Por todo ello, UGT debe adecuar nuestra estructura para darles identidad y visibilidad, espacio en la vida orgánica y presencia en la acción sindical, a tra-vés de las Agrupaciones de Técnicos y Cuadros, Profesionales y Directivos (ATCs) de las Federaciones Estatales y Uniones Territoriales y de su Unión de Técnicos y Cuadros, (UTC) haciendo que sientan las estructuras del sindicato tan suyas como cualquier otro colectivo, y a su vez, luchar contra la individuali-zación de las relaciones laborales, recuperando la dimensión reguladora y pro-tectora del convenio, garantizando la igualdad, y atendiendo adecuadamente a la diversidad y a la representación de los y las profesionales.

Objetivo 4. Impulsar la cohesión económica, social y territorial. Los servicios públicos El Estado debe garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad, ve-lando, como preceptúa la Constitución, por el establecimiento de un equilibrio económico y social, adecuado y justo que garantice la cohesión y la convergen-

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cia entre las diversas partes del territorio español, para lo cual deberá garantizar-se la suficiencia financiera de todas las Administraciones Publicas, sobre todo incrementando la participación de las Administraciones Locales hacia el 25% de los ingresos totales, como administración más cercanas a la ciudadanía.

En este sentido, la política fiscal es la principal herramienta para una distribu-ción justa y equitativa de la renta tanto en la asignación del gasto como en la obtención de recursos, con la finalidad de que las Administraciones Públicas puedan atender a las obligaciones derivadas de sus competencias, conforme al principio de autonomía financiera. La política fiscal adquiere en la actualidad una gran trascendencia por la necesidad imperiosa de acometer una reforma en profundidad del sistema impositivo para que sea más justo y redistributivo, y por la necesidad de promover un suelo de gasto social, que se vea reflejado en la Constitución y que haga contrapeso a la rigidez de los principios de estabili-dad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Los servicios públicos deben ser garantes de la protección que el Estado debe dispensar a las personas siendo pieza esencial del Estado de Bienestar. En tal sentido, se articulan propuestas para el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad, así como de la justicia como garante del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

Además, cabe destacar la trascendencia que para nuestro sistema productivo deben tener las políticas de infraestructuras públicas, y el diseño de un sistema de transporte sostenible. También se incluye en este apartado el reconocimien-to del derecho a una vivienda digna.

Uno de los mayores retos y objetivos de cualquier sociedad avanzada debe ser el de reforzar la protección social y la Seguridad Social, así como los servicios sociales y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y exten-der la protección hacia las familias.

La cohesión económica, social y territorial pasa, igualmente, por el reconoci-miento del valor de una cultura que integre y sea fuente de empleo, y por la necesaria atención a las políticas de consumo, en un contexto en que el sindi-cato debe promover alianzas sociales para el fortalecimiento y defensa del Estado de Bienestar.

Las trabajadoras y los trabajadores, así como, las ciudadanas y los ciudadanos son los principales perjudicados de los desequilibrios territoriales existentes en

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todos los niveles de nuestro Estado, dado que al encontrarse con dificultades de desarrollo económico y social en su entorno, ven sustancialmente alterada su calidad de vida y su igualdad de oportunidades con respecto a otros ciuda-danos y ciudadanas que residen en otros territorios. UGT debe continuar desempeñando un papel esencial en la vertebración del modelo territorial ac-tuando sobre los desequilibrios territoriales que se produzcan entre territorios y en el interior de los mismos. A nuestro juicio abordar la cohesión territorial es tratar al fin y al cabo, sobre el desarrollo económico, el bienestar social, el ac-ceso a los servicios públicos esenciales, oportunidades de empleo, sostenibili-dad medioambiental, infraestructuras, despoblación, es decir, materias direc-tamente relacionadas con nuestra razón de ser en la defensa de los derechos y los intereses de los trabajadores y las trabajadoras.

Exigir respeto al sindicato y a los derechos constitucionales que defiende.

1.- Más y mejor política de cohesión económica, social y te-rritorial

Ahora más que nunca, en una situación de plena crisis, es necesario un mayor esfuerzo del sindicato para velar por la cohesión en todos sus ámbitos y a to-dos los niveles, que contribuya a paliar los efectos de la crisis con medidas de empleo y crecimiento económico.

Teniendo en cuenta las diferentes singularidades territoriales, así como el re-conocimiento a la ultraperificidad como hecho diferencial en el marco jurídico europeo.

UGT no es un sindicato corporativo. Tenemos unos principios ideológicos y servimos a un modelo de sociedad en el que creemos. Ninguna de las dos cosas puede hacerse sin un mecanismo de concurrencia de las diferentes vi-siones sectoriales y territoriales. Pero para que la defensa de ese modelo de sociedad sea potente ante las instituciones y estructuras de la sociedad, debe-mos tener una organización que lo represente, potente en su configuración y fuertemente respaldada.

Los recortes presupuestarios han afectado a todas las administraciones públi-cas, y están amenazando la prestación de servicios públicos de calidad en aras a una mayor privatización, poniendo en peligro el Estado de Bienestar y la cohesión en toda su amplitud. Los planes de ajustes, como mecanismos de

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reducción del déficit público, están provocando un grave deterioro del Estado del Bienestar y la privatización de servicios esenciales como sanidad, educa-ción y servicios sociales, sin que las empresas adjudicatarias reúnan los están-dares de calidad necesarios para garantizar la prestación de esos servicios a la ciudadanía. A través de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públi-cas y la Calidad de los Servicios, mediante la concertación social se promove-rán medidas para incluir en los programas nacionales que promuevan la acredi-tación de las empresas para cumplir los estándares de calidad, la fijación de los criterios para ser incluidos en los pliegos de prescripciones técnicas y adminis-trativas, así como también un programa específico de mejoras y estabilidad en el empleo público de las diferentes administraciones.

La existencia de ineficiencias y duplicidades derivadas de imperfecciones en el desarrollo de nuestro modelo territorial, no puede servir de coartada para aco-meter el recorte de servicios públicos, la supresión de unidades administrativas esenciales o el desmantelamiento del sector público en toda su dimensión. Al contrario, UGT apuesta por desarrollar nuestro modelo territorial teniendo como principio rector irrenunciable el de cohesión, como característica imprescindible de un modelo de desarrollo económico y social de un país avanzado. Porque dos son los principios esenciales del modelo social de nuestro Estado de las Autonomías: la vertebración del Estado y la cohesión social y territorial.

Además de las actuaciones en políticas sectoriales y horizontales específicas que componen el núcleo de la cohesión territorial e interpersonal, y que se desarrollan específicamente más adelante (sanidad, educación, infraestructu-ras, transporte, vivienda), es preciso incidir en las siguientes cuestiones en el ámbito estatal y territorial imprescindibles para reforzar y ampliar las bases de nuestra cohesión:

- Priorizar el principio de cohesión en la elaboración de los Presupuestos Públicos: desarrollando un nuevo modelo de financiación autonómica o fe-deral el caso de prosperar un cambio del modelo territorial de nuestro país.

- Potenciar la suficiencia y la sostenibilidad presupuestaria de todas las ad-ministraciones públicas.

- Acordar y ponderar las variables de distribución que han de hacer justo el modelo de financiación de las diferentes Administraciones Públicas ordina-

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lidad y eficiencia, así como un mecanismo de evaluación de los resultados del mismo, que lo hagan transparente.

- Asegurar la asignación equitativa de los recursos públicos y la ejecución del gasto conforme a los principios de eficiencia y economía.

- Desarrollar los instrumentos de fiscalización y control sobre el gasto público por parte del Estado y las instituciones competentes.

- Mejorar los mecanismos y criterios de distribución de la inversión del Esta-do en cada Comunidad Autónoma, asegurando que cada una de ellas reci-ban las inversiones necesarias para su desarrollo de forma satisfactoria, cumpliendo, además, con las disposiciones estatutarias respectivas.

- Promover la unidad del sistema fiscal, reequilibrando esfuerzos en un ejer-cicio de fortalecimiento de la progresividad fiscal.

- Promover una equitativa distribución de la riqueza favorecedora de los equilibrios territoriales, generando oportunidades equitativas de vida y tra-bajo en todas las regiones.

- Evaluar los planes económicos financieros y de reequilibrio presentados por las distintas administraciones.

- Establecer, a través del diálogo social, mecanismo de coordinación de las políticas públicas sectoriales de todas las Administraciones Públicas.

- Velar porque la Administración General del Estado satisfaga los compromi-sos adquiridos con las CC.AA.

- Impulsar el cambio de modelo productivo, propugnado por UGT.

- Defender un Estado de Bienestar integrado y velar por la racionalización de los servicios públicos, su universalidad, gratuidad y calidad.

- Promover una estrategia integradora y solidaria territorialmente de las polí-ticas de empleo.

Por otro lado, la política de cohesión europea ha tenido también un papel clave en el desarrollo regional y en la cohesión territorial, ejerciendo un efecto palan-ca en las políticas nacionales. Pero el período presupuestario europeo 2007-

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2013 se ha visto tocado de lleno por la crisis. Desde el 2008 los programas operativos han visto progresivamente peligrar sus actuaciones, marcados prin-cipalmente por problemas de cofinanciación debido a las restricciones presu-puestarias, que han obligado a realizar reprogramaciones y modificaciones.

Con todo, la política de cohesión ha resultado ser un instrumento eficaz para responder de manera flexible a los desafíos socioeconómicos derivados de la crisis.

Por ello, debemos seguir defendiendo esta política en el próximo período 2014-2020.

En este contexto, debemos defender una política de cohesión europea que:

- Nos permita alcanzar la cohesión económica, social y territorial, y la solida-ridad entre los Estados miembros, objetivos que recoge el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, poniendo especial atención a las regiones ul-traperiféricas.

- Reduzca las disparidades entre los niveles de desarrollo de las regiones y las prepare para afrontar los desafíos a corto y medio plazo.

- Recoja un enfoque integrado del uso de los fondos estructurales, que esta-blezca una mayor coordinación y sinergias con el resto de políticas euro-peas, sin llegar a subordinar unas políticas a otras, sino coordinarlas y complementarlas.

- Cuente con una financiación accesible y suficiente

- Revise los porcentajes de cofinanciación.

- Mantenga regímenes transitorios para consolidar y aumentar el nivel de desarrollo alcanzado.

- Invierta en ámbitos clave como alimentación, energía, medio ambiente, infraestructuras, educación, empleo, industria, investigación, desarrollo e innovación.

- Promueva a través del Fondo Social Europeo medidas que generen em-pleo de calidad.

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- Tenga en cuenta en la asignación de fondos las características específicas de cada región (costeras, montañosas, ultraperiféricas, con baja densidad de población, fronterizas, etc.).

- Contemple otros indicadores (tasas de desempleo, tasas de desempleo juvenil, gasto social en % PIB, gasto social por habitante, etc.) para deter-minar la elegibilidad de las regiones, aunque el PIB debe seguir siendo el criterio principal.

- Fomente el desarrollo regional y rural.

- Se aplique de forma eficiente.

- Sea más flexible y simplificada.

- Mantenga el cumplimiento de los principios horizontales de medio am-biente y de igualdad de oportunidades y de trato en toda la programación europea.

- Refuerce la participación de los agentes sociales en la programación euro-pea en defensa de la política de cohesión: en todo el proceso, (desde el di-seño hasta el seguimiento y la evaluación), en todos los Fondos europeos (FSE, FEDER, FEADER, FEP y Fondo de Cohesión), y en toda la progra-mación (marcos nacionales, programas regionales y plurirregionales, etc.), para la defensa de la calidad de las actuaciones.

2.- Los servicios públicos esenciales, pieza angular del Esta-do de Bienestar

Poner en valor el empleo público: EMPLEO PÚBLICO DE CALIDAD

La crisis se está utilizando como coartada para desmantelar los servicios públi-cos y promover el desprestigio profesional de las personas que trabajan en el sector público desde todo punto de vista. Alentados por las exigencias euro-peas y las presiones de grupos económicos de interés, los gobiernos conser-vadores de España y de la mayoría de las Administraciones Públicas están imponiendo cambios normativos y presupuestarios que propician la mercantili-zación de los servicios públicos, un fuerte recorte del empleo público y el dete-rioro de sus condiciones laborales.

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Al mismo tiempo, se está produciendo un ataque a las organizaciones sindica-les con el objetivo de debilitar la capacidad de respuesta de la clase trabajado-ra, que en las administraciones públicas se refleja en un menosprecio al ejerci-cio constitucional de la libertad sindical en este ámbito y un marco presupuesta-rio cada vez más austero y reaccionario en lo social. La devaluación de los contenidos del Estatuto Básico del Empleado Público, rompiendo su proyección de futuro y el consenso que hizo posible su elaboración, está en esta lógica.

Por todo ello, dentro del necesario cambio de las políticas practicadas, UGT defenderá la reactivación y potenciación de los servicios públicos como un elemento clave para el bienestar de la ciudadanía, desarrollando actuaciones encaminadas a:

- Exigir una financiación adecuada, que garantice el desarrollo y potencia-ción de los servicios públicos.

- Reivindicar el valor del trabajo de las empleadas y los empleados públicos como esencia de unos servicios públicos de calidad, igualitarios y garantis-tas al servicio de la ciudadanía.

- Detener el impacto negativo de la reforma laboral en las administraciones públicas.

- Defender una negociación colectiva equilibrada y responsable en los secto-res públicos de gestión privada, reivindicando el valor del diálogo social y la autonomía colectiva de los agentes sociales para modular la complejidad y diversidad de temas afectados.

- Exigir la posibilidad de que los sindicatos representativos puedan evacuar consulta a las Juntas Consultivas de Contratación Nacional y Autonómicas, como elemento necesario y responsable ante la externalización o prórroga de los servicios públicos gestionados por empresas privadas.

La educación, motor de desarrollo y garantía de equidad social

El derecho constitucional a la educación se ha visto también perjudicado por las medidas de recortes impuestas por el actual Gobierno central, al conjunto de las administraciones autonómicas. Las fortalezas que presentaba el sistema educativo, profesionales y de infraestructuras, están siendo objetivo prioritario de estos recortes que afectarán con toda probabilidad a la calidad de la educa-

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ción prestada a las personas, especialmente a las condiciones formativas de las personas jóvenes que se incorporarán al mercado laboral.

Por otra parte, las debilidades del sistema educativo detectadas con anteriori-dad a la crisis (fracaso escolar, cualificación profesional deficiente, formación profesional insuficiente, oferta formativa inadecuada, etc.) siguen existiendo en la actualidad, y las medidas que el Gobierno está adoptando sólo conducen a un agravamiento de las mismas.

Las medidas educativas puestas en marcha por el Gobierno de la Nación, vía Reales Decretos y a través de las propuestas de la propia LOMCE, sin consul-ta, sin negociación, ni información en los órganos institucionales, están que-brando el principio de la igualdad de oportunidades y la compensación de las desigualdades de origen, conduciendo a una educación de calidad para unos pocos, cuyo nivel socioeconómico es elevado, y una educación básica bajo mínimos para la mayoría de las personas.

Como país tenemos el reto de cambiar el modelo económico y productivo, y esto no puede hacerse sin una mejora del sistema educativo en su conjunto, apostando por el desarrollo prioritario de la red pública, en particular, sin olvi-darnos de la importancia y trascendencia de participación en esta labor tienen los centros donde se imparte la formación profesional, las universidades y cen-tros de educación superior.

UGT apuesta y defiende una educación pública, con acceso gratuito, inclusiva, laica, crítica, democrática, coeducadora, científica y de calidad, con carácter de servicio público, como garantía del acceso al conocimiento y a la promoción profesional, así como para la corrección de las desigualdades. Para ello, pro-ponemos:

- Impulsar la dimensión social de la educación, exigiendo un sistema educa-tivo democrático y con participación de las familias y del conjunto de la so-ciedad en la vida educativa de los centros; un sistema educativo que garan-tice la igualdad de oportunidades y la cohesión social

- Defender y reivindicar una educación integradora e intercultural, que tenga como objetivo la construcción de una sociedad de convivencia democráti-ca, cumpliendo con el derecho a una educación pública, y de calidad, a lo largo de la vida de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, especialmente, por falta de recursos económicos o sociales, sea cual sea

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su situación administrativa. Rechazar políticas educativas que utilicen el proceso de admisión del alumnado como método de selección y segrega-ción, máxime cuando este se camufla bajo el eufemismo de la libertad de elección para los y las desiguales y en la irresponsabilidad de la Adminis-tración en la planificación de la red de centros educativos. Oponernos a la utilización de financiación pública de centros donde el adoctrinamiento mo-ral en cualquier confesión religiosa vaya en contra de los valores constitu-cionales y exigir la denuncia del concordato con la Iglesia católica, con la consiguiente supresión de la Religión del currículum y la remisión de las enseñanzas religiosas a los centros de culto.

- Potenciar con garantías la suficiencia financiera del sistema educativo, la financiación vía impuestos, con los criterios de progresividad, solidaridad y justicia característicos de los sistemas tributarios avanzados. Ello requiere de una reforma fiscal integral, centrada en los principios fundamentales an-tes enunciados, y que garantice la suficiencia financiera y el equilibrio pre-supuestario para el sistema educativo. El modelo de financiación educativa requiere una nueva definición consensuada, actuando como elemento de coordinación, cohesión, equidad y universalidad del sistema educativo, que garantice la suficiencia de los recursos para atender la demanda educativa del conjunto del sistema y en cada una de las CCAA. Para ello se promove-rá la elaboración de una Ley orgánica de financiación del sistema educativo que, con carácter básico, establezca un mínimo adecuado de inversión pa-ra garantizar la oferta formativa, incrementándose hasta alcanzar la media europea y con el objetivo de alcanzar la inversión del PIB en educación de los países más avanzados.

- Impulsar un Pacto Social y Político por la Educación, con el consenso y participación de los interlocutores sociales y la comunidad educativa, que garantice, al menos, la lealtad institucional entre las diferentes Administra-ciones educativas, la financiación suficiente y el compromiso de ambas re-des educativas con una enseñanza con acceso gratuito, participativa, de-mocrática e integradora.

- Promover una mayor autonomía en la gestión de los centros docentes, que dé respuesta a las nuevas exigencias sociales, pedagógicas y didácticas.

- Exigir una aportación presupuestaria suficiente para garantizar la equidad e inclusión social en la educación a través del sistema de becas y ayudas al

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estudio, a los servicios complementarios de transporte y comedor escolar y al material escolar, prestando una atención preferente al alumnado que se encuentre en peligro de exclusión por bajo nivel socioeconómico familiar o por discapacidad. Establecer los servicios de atención psicopedagógica desde el inicio de la escolarización y los servicios de información y orienta-ción educativa y profesional en la enseñanza obligatoria y postobligatoria.

- Defender e impulsar medidas que favorezcan la formación social, afectiva e integral, la convivencia escolar y la educación para la ciudadanía. UGT de-fiende la asignatura Educación para la Ciudadanía, cuyos contenidos estén basados en los valores consensuados, en los organismos internacionales y en el conocimiento de las leyes e instituciones democráticas, promoviendo una educación que forme a las y los estudiantes como personas y como ciudadanas y ciudadanos activos, críticos, tolerantes y respetuosos, fomen-tando la cultura y participando plenamente en la construcción de un mundo más sostenible y solidario, capaz de resolver sus conflictos de manera pa-cífica y no violenta.

- Promover y avanzar en programas de prevención de violencia de género y la formación en buenos tratos e igualdad de género, en un marco general de la escuela coeducadora.

Por ello exigimos el respeto del principio de igualdad reconocido en la legis-lación y la retirada de cualquier tipo de subvención a los centros educativos que segregan por sexo.

- Potenciar el aprendizaje de lenguas extranjeras y el uso de las tecnologías de la información y comunicación como medios de trabajo en las áreas de conocimiento de los distintos niveles educativos.

- Potenciar las enseñanzas artísticas como un bien esencial en la educación integral de nuestros niños y niñas, y de las personas jóvenes, y como vía para el conocimiento y el desarrollo personal y profesional.

- Incrementar la implantación de la cobertura pública y con acceso gratuito en toda la etapa Educación Infantil (0-6 años) fomentando y preservando la unidad de la misma, así como su carácter educativo y no asistencial. Para ello, es necesario, especialmente, un esfuerzo en el primer ciclo (0 a 3 años), en la perspectiva de la universalización de la demanda en el mismo. Este esfuerzo es necesario para potenciar el desarrollo individual y la con-

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ciliación de la vida familiar y personal, posibilitando, especialmente a las mujeres, el acceso al trabajo que consideramos tendría un impacto positivo en relación con la creación de empleo y, consecuentemente con el fortale-cimiento del sistema de pensiones.

- Impulsar la elaboración de un plan de apoyo y refuerzo para reducir el abandono escolar temprano.

- Posibilitar que todos los itinerarios que se puedan seguir en las diferentes etapas educativas tengan una continuidad en el sistema educativo.

- Promover el reconocimiento del esfuerzo realizado por el alumno o alumna a lo largo de todo el curso, con el procedimiento de la evaluación continua, como garante del aprendizaje.

- Potenciar la Formación Profesional, un instrumento que ha demostrado su utilidad para aumentar las posibilidades de acceso y permanencia en el mercado de trabajo. Para ello, deben establecerse mecanismos para seguir avanzando en la integración de los diferentes subsistemas de FP. Incre-mentar las ofertas de las diferentes modalidades de Formación Profesional, así como las de reconocimiento y acreditación de las competencias profe-sionales adquiridas desde la experiencia laboral y la formación no formal.

- Impulsar la I+D+i mediante el incremento de los presupuestos destinados a la investigación hasta alcanzar, al menos, la media europea. Fomentar la colaboración entre centros de formación profesional de grado superior con las universidades y la vinculación de ambos con la empresa, mediante la realización de prácticas en las que los estudiantes puedan desarrollar en la práctica los conocimientos teóricos adquiridos.

- Apostar en el ámbito universitario por la interrelación entre educación y empleo, favoreciendo la creación de espacios comunes de gestión; fomen-tando los Consejos Sociales de las universidades como foros de debate y participación al servicio de la sociedad y no de las empresas; y promovien-do la relación entre la universidad y la empresa, así como la responsabili-dad social corporativa de las propias Universidades.

- Reclamar que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) pro-porcione el acceso a través de los medios telemáticos a los materiales nece-sarios tanto para su ingreso como para su desarrollo formativo completo.

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- Solicitar la aprobación de medidas para el reconocimiento social de la labor docente y para la formación de su desarrollo personal y profesional; en es-pecial es necesario acordar el marco básico del Estatuto Docente.

- Promover la aprobación del Estatuto del Personal Docente e Investigador de las Universidades Públicas Españolas.

La Sanidad, servicio público fundamental y pilar del Estado de Bienestar

El Sistema Nacional de Salud (SNS) ha estado permanentemente en la encru-cijada de dos modelos sanitarios diferentes y discordantes, en cuya pugna ca-da avance del modelo privado ha supuesto un retroceso del modelo público. Ha soportado la contradicción entre sus ventajas objetivas (como la eficiencia, al financiarse con un porcentaje del PIB inferior al de la mayoría de los países desarrollados; el aprecio de la ciudadanía, por ser una expresión igualitaria de la protección social; y el reconocimiento internacional de su calidad); y las obje-ciones de sus detractores (como la denostación de la gestión pública directa de los servicios sanitarios, procedentes de un entorno defensor del mercado; la consideración de la sanidad pública como insostenible por su gasto creciente; y el deterioro de los servicios de salud por las restricciones presupuestarias). En este contexto:

- UGT rechaza las políticas neoliberales que, en la actualidad, han culmina-do un cambio de modelo sanitario que retrocede en la cobertura, y compar-timenta la cartera de servicios en cuatro grupos (común básica, sin copago; común suplementaria -prestación farmacéutica, ortoprotésica, productos dietéticos y transporte sanitario no urgente- con copago; común de servi-cios accesorios, con copago; y complementaria de las CCAA) para ampliar e introducir nuevas aportaciones económicas de los usuarios y excluir a grupos de población (en especial a la población inmigrante en situación irregular).

- UGT defiende la naturaleza pública del SNS como garantía para su soste-nibilidad, cohesión y financiación adecuada, y como expresión de los prin-cipios de universalidad, equidad, solidaridad, accesibilidad y participación.

- Las administraciones públicas sanitarias deberán orientar sus actuaciones a la promoción y educación de la salud, la prevención de las enfermeda-des, el control de los riesgos para la salud, la asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de la salud y la rehabilitación funcional y reinserción

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social del paciente. Asimismo, la salud pública adquiere una dimensión transversal y comunitaria que debe estar presente en todas las políticas que puedan influir directa o indirectamente en la salud de la población, afrontando los desequilibrios territoriales mediante la planificación, gestión y evaluación de sus actuaciones en todo el Estado.

- El acceso universal a la asistencia sanitaria en condiciones de equidad es uno de los determinantes sociales de la salud más importantes. En cum-plimiento de la Ley General de Salud Pública, UGT promoverá el estable-cimiento del dispositivo, administrativo, técnico y profesional, necesario pa-ra el desarrollo de la actuación sanitaria en la salud laboral, a todos los ni-veles en el SNS, de forma que integre la competencia que hoy asumen las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Se-guridad Social.

- El sistema sanitario público, como pilar del Estado de Bienestar e instru-mento de redistribución social, requiere que su financiación, gestión, provi-sión y producción sean públicas, de forma que pueda afrontar los desafíos que para los principios del sistema supone la coexistencia con modelos de provisión privada de prestaciones sanitarias financiados con fondos públi-cos. Para ello, deberá promoverse una normativa que determine la natura-leza, principios, objetivos, modelo de financiación, participación, estructura organizativa y mecanismos de coordinación y cohesión del SNS.

- En cuanto a la prestación sociosanitaria, es necesario el desarrollo norma-tivo que favorezca la adecuada coordinación entre el sistema sanitario y el sistema de atención social, eficaz, eficiente y de calidad.

- UGT defiende la concepción integral del SNS, que incluya todos los subsis-temas de prestaciones sanitarias públicas existentes, entre otros, el mutua-lismo administrativo y las entidades colaboradoras, cuyas estrategias sani-tarias y servicios deben orientarse a la superación de los desequilibrios te-rritoriales y sociales. UGT defiende la prestación de la cobertura sanitara por el SNS sin que esta pueda ser externalizada a otros subsistemas, como las Mutuas.

- Por consiguiente, UGT defiende la cobertura sanitaria pública, única y uni-versal, y el acceso gratuito a las prestaciones y servicios de asistencia sa-nitaria en el momento del uso y defiende una respuesta sindical y social pa-

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ra la retirada de las medidas de ruptura, privatización y desmantelamiento del SNS.

- UGT promoverá que la Administración pública sanitaria ejerza, plenamente y con los medios necesarios, las funciones de inspección de centros, pres-taciones y servicios sanitarios, tanto en el ámbito público, como en el priva-do, con planes específicos de inspección para la asistencia sanitaria que se preste fuera de los centros propios, ya sea en centros privados concerta-dos, entidades colaboradoras de la Seguridad Social o mediante cualquier otra forma de colaboración o externalización.

- UGT instará la modificación y la derogación de la normativa sobre las di-versas formas de gestión y sobre la colaboración público-privada para la fi-nanciación de la construcción y gestión de centros sanitarios, con el fin de eliminar dichas prácticas de gestión y la participación de las empresas pri-vadas en la prestación de la sanidad pública.

- UGT aboga porque los edificios y equipamientos afectos a fines de asisten-cia sanitaria y servicios sociales de la Seguridad Social mantengan esta condición en el SNS y su titularidad original, y rechaza cualquier entrega patrimonial de los mismos.

El modelo de financiación sanitaria requiere una nueva definición consensuada, actuando como elemento de coordinación, cohesión, equidad y universalidad del SNS, que garantice la suficiencia de los recursos para atender a los servi-cios de asistencia sanitaria en el conjunto del SNS y en cada una de las CCAA. En este sentido, es necesario desarrollar un sistema de información económica sanitaria potente y transparente, que permita conocer la distribución y la ges-tión de los fondos, la ejecución final de las distintas partidas y el destino presu-puestario real, así como evaluar las diferentes formas de gestión en el ámbito de la sanidad pública. Para ello, UGT apuesta por:

- La financiación vía impuestos, con los criterios de progresividad, solidari-dad y justicia característicos de los sistemas tributarios avanzados. Ello re-quiere de una reforma fiscal integral, centrada en los principios fundamen-tales antes enunciados, y que garantice la suficiencia financiera y el equili-brio presupuestario para el SNS.

- Recuperar el carácter finalista de la financiación sanitaria.

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- Desarrollar reglamentariamente el Fondo de Cohesión en relación con sus fines de cohesión sanitaria, equidad, solidaridad y corrección de desigual-dades, así como la correspondiente ampliación presupuestaria.

- El SNS como sistema de redistribución social.

A este respecto, el gasto sanitario público debe aproximarse, en porcentaje sobre el PIB, al promedio de la UE de los 15.

- UGT rechaza el copago/repago en el momento del uso de las prestaciones sanitarias y su utilización como factor moderador de la demanda y meca-nismo de financiación, porque penaliza a las personas enfermas y aumenta las desigualdades sociales. Es un elemento de discriminación que empeora la salud de la población y encarece la asistencia sanitaria.

- UGT apuesta por una sanidad en el contexto de la defensa del Estado de Bienestar y de los servicios públicos. Del diálogo, la negociación y el con-senso sobre estos ámbitos deben surgir el conjunto de propuestas y reco-mendaciones sobre el sistema sanitario que, promoviendo el debate políti-co territorial y parlamentario, posibiliten un Pacto por la Sanidad y un cam-bio normativo que garantice la sostenibilidad del SNS y su preservación como instrumento de cohesión social y modelo público a todos los niveles.

- El SNS constituye uno de los sectores productivos más dinámicos y gene-radores de empleo del país, es un sector estratégico de la economía espa-ñola con alto valor añadido, concentra conocimiento e innovación y genera igualdad, seguridad y riqueza social. Asegurar la suficiencia de profesiona-les es parte de la planificación de sus recursos humanos y debe ser un ob-jetivo prioritario.

- UGT propugna que las Administraciones Públicas promuevan el fortaleci-miento del modelo de participación social en todos los niveles territoriales con competencias en el SNS, según lo establecido en la Ley de Cohesión y Calidad en el SNS y la Ley General de Sanidad y originado en la Seguridad Social.

- UGT defenderá la necesidad de desarrollar reglamentariamente las funcio-nes establecidas para la Alta Inspección, como elemento de cohesión, con el fin de garantizar y asegurar la verificación del cumplimiento de las com-petencias estatales y de las comunidades autónomas en materia de sani-

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dad y de atención sanitaria del SNS, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, en los estatutos de autonomía y en las leyes.

La justicia como garante de derechos

En un contexto de crisis económica generalizada, la justicia no es ajena a estos recortes, pero precisamente por ello debemos insistir en que la justicia no es un gasto, sino una inversión, y que es imprescindible una justicia garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas en general y de las condiciones y derechos de la clase trabajadora en particular, para afrontar con garantías una salida solidaria de la crisis y que no permita erosionar las bases de nuestra cohesión social y nuestros cimientos democráticos.

Porque esta coyuntura de crisis económica e institucional está siendo aprove-chada por el Gobierno del Partido Popular para impulsar medidas legislativas y económicas cuyo verdadero objetivo es el desmantelamiento del Poder Judi-cial, atacando la independencia de sus Jueces, la imparcialidad de sus Fiscales y mermando los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras.

Frente a esta situación, UGT apuesta por un proyecto articulado y coherente en materia de Justicia para nuestro país, en base a las siguientes líneas de actuación:

- UGT rechazará toda reforma legislativa que revise o implante el sistema de tasas judiciales en la Administración de justicia, o que no reconozca a los trabajadores y a las trabajadoras, así como a sus representantes el benefi-cio de justicia gratuita, porque constituye un ataque al Estado de Bienestar, disuade a los ciudadanos y ciudadanas (especialmente a las rentas inferio-res) de poder litigar en defensa de sus derechos, genera desigualdades y afecta al derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, UGT rechaza igualmente el establecimiento de costas de procedimiento en primera instancia del orden contencioso-administrativo en base a la aplica-ción del “principio de vencimiento”.

- La agilización de los procedimientos y la adecuación de los recursos mate-riales y humanos son retos urgentes de la justicia en España. Los ciudada-nos y ciudadanas tienen derecho a recibir una respuesta motivada y en un tiempo razonable a las pretensiones que formulan ante los Tribunales.

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Ello obliga también a que las quejas y reclamaciones ciudadanas sobre el funcionamiento de la justicia sean resueltas mediante instrumentos ágiles, objetivos, y al margen de intereses corporativos. Igualmente el lenguaje uti-lizado por la Administración de Justicia y los distintos operadores jurídicos debe ser claro y entendible.

En este sentido, es preciso desarrollar la Carta de Derechos de los Ciuda-danos ante la justicia, que aboga por una justicia más abierta, con partici-pación institucional de la sociedad, capaz de dar servicio a sus ciudadanos y sus ciudadanas con mayor agilidad, calidad y eficacia, incorporando mé-todos de organización e instrumentos procesales más modernos y avanza-dos, con una mayor coordinación entre los operadores jurídicos.

- Desde UGT impulsaremos la implantación de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información, como fórmula de conseguir una Justicia más ágil y más cercana, y así hacer más efectivos los derechos y libertades de los trabajadores y trabajadoras.

- Se hace necesaria una adecuación de la planta y la demarcación judicial, conjugando los principios de facilidad de acceso con la mejora de eficiencia de la Administración, todo ello sin merma del derecho a la tutela judicial efectiva del ciudadano o ciudadana, sin coste adicional en los desplaza-mientos y teniendo presente los derechos de los trabajadores y trabajado-ras de la Administración de Justicia.

- El sindicato y su reconocimiento constitucional debería ser tenido en cuenta en la prestación del servicio público de la Administración de Justicia de manera integral, además de su responsabilidad especial en los procedi-mientos laborales o de personal desarrollados en el orden social, la juris-dicción contencioso-administrativa, o ante los juzgados mercantiles en ma-teria concursal. Dicha relevancia debería ser tomada en consideración igualmente tanto en lo que concierne a la defensa ante los tribunales de los intereses colectivos y particulares, como en la participación y consulta so-bre los distintos aspectos relacionados con la organización y actividades del Poder Judicial, y con la tarea de impartir justicia.

- UGT defiende que dentro del orden penal, la fase de preparación o investi-gadora corresponda al Ministerio Fiscal, todo ello bajo los principios de im-

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parcialidad e igualdad entre partes y bajo la supervisión de una autoridad judicial (el Juez de Garantías o Libertades).

- Desde UGT exigiremos el impulso de mecanismos de solución extrajudicial de conflictos: ámbito personal y familiar, consumo, entre la Administración y sus ciudadanos y ciudadanas, etc.

- La persecución y clarificación de los crímenes del franquismo y la restitu-ción del honor de las víctimas es un deber moral a conseguir por el Estado democrático.

- UGT defiende una justicia que no legisle a golpe de titular ni de emergencia social. Defenderemos el derecho a reunión, manifestación y huelga como derechos fundamentales recogidos en la Constitución.

Hacia un transporte sostenible

El transporte constituye un sector que interesa a las políticas energética y me-dioambiental, puesto que representa un elevado consumo energético de origen fósil y una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto inverna-dero, ruido y otros contaminantes que deterioran la calidad del aire urbano y la salud pública.

Los desplazamientos al centro de trabajo suponen una parte muy significativa de los viajes personales que se realizan en automóvil de baja ocupación y para distancias cortas, con un coste económico elevado (energético, ambiental, sa-nitario, productivos) y aumento del riesgo de sufrir estrés y accidentes in itínere.

Igualmente, el transporte está íntimamente ligado a las infraestructuras públi-cas y, dada su repercusión medioambiental y energética, se sitúa como un sector básico para el cambio de modelo productivo y determinante para influir sobre el grado de cohesión económica, social y territorial, objetivo del presente capítulo, y con interés específico en el ámbito laboral.

UGT defiende un sistema de movilidad sostenible que reduzca la accidentabili-dad viaria, incremente la eficiencia energética, reduzca las emisiones y evite la exclusión social y laboral facilitando la accesibilidad al transporte. Los trabaja-dores y trabajadoras podemos y debemos jugar un papel muy importante en la promoción y difusión de pautas de movilidad sostenible, y en este sentido pro-ponemos:

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- Aprobar una Ley de Movilidad Sostenible como marco legal básico que establezca políticas de movilidad dirigidas a fomentar los medios de trans-porte más eficientes, menos contaminantes y más racionales conforme a los criterios de uso del suelo, y que garanticen la accesibilidad de todas las personas. Exigimos el abaratamiento de los precios o gratuidad de todo ti-po de abonos de transporte para el colectivo de personas jubiladas y pen-sionistas con pensiones reducidas. Asimismo, exigimos la adecuación y mejora de todos los medios de transporte y edificios públicos, con accesos fáciles y adaptados a la hora de su utilización (movilidad reducida, visión deficiente, etc.).

- Extender la implantación de planes de movilidad urbana sostenible y, den-tro de éstos, planes de transporte a las empresas o áreas de actividad, ne-gociados en el marco del diálogo social con participación de los y las repre-sentantes de los trabajadores y trabajadoras. Fomentar la figura del gestor o gestora de movilidad para mejorar la eficacia de estos planes.

- Difundir la conducción eficiente de vehículos a través de la formación de conductores y conductoras, e impulsar el uso del coche compartido entre trabajadores y trabajadoras, garantizando aparcamiento preferente respec-to al coche de uso privado.

- Incentivar modos de transporte alternativos al centro de trabajo, planifican-do razonablemente carriles bici y aparcamientos.

- Reforzar el control público de los Servicios de transporte gestionados me-diante el sistema concesional, de forma y manera que no solo se controle el ejercicio de la gestión sino también el respeto a la negociación colectiva para evitar el dumping socio-laboral.

Las infraestructuras públicas, claves para la cohesión y el cambio de mo-delo productivo

Las infraestructuras son el conjunto de bienes que sustentan el tejido producti-vo y aportan valor añadido y competitividad a un territorio, al facilitar los inter-cambios de bienes y servicios y la actividad social durante largos períodos de tiempo. Son, en definitiva, un elemento esencial de desarrollo, solidaridad y cohesión territorial, imprescindible para articular la actividad económica.

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A pesar de haber acortado en términos generales el diferencial cuantitativo de infraestructuras por habitante, con los países de la Eurozona, aún mantenemos déficits en el terreno de la información y comunicación, equipamiento social, en el acercamiento energético de nuestro país al resto de Europa, incluso en la cohesión territorial y social, para favorecer la competitividad no sólo de las re-giones, sino también del país.

En el reciente período de crisis económica, las infraestructuras han sido uno de los sistemas que más han sufrido sus consecuencias y los efectos de una con-cepción de las mismas ajena a su contenido esencial para el desarrollo, la cohesión y el bienestar ciudadano, lastrando las capacidades de crecimiento equilibrado del país. Por ello es esencial reforzar el papel de la inversión públi-ca en infraestructuras en nuestro país, como instrumento reductor de desigual-dades territoriales y generador de una actividad económica más estable, me-nos sujeta a las fluctuaciones en el empleo.

La crisis nos ha enseñado, en definitiva, que para lograr un desarrollo coheren-te del Estado es necesario mantener un esfuerzo inversor constante, tanto en nuevas infraestructuras como en el mantenimiento de las existentes, así como una gestión racional de las mismas.

Por ello, la posición de UGT en esta materia pasa por:

- La defensa de un sistema integrado de infraestructuras y servicios del transporte, con una permanente coordinación entre las administraciones competentes, al ser su planificación y realización el instrumento más ade-cuado para luchar contra los desequilibrios territoriales.

- La apertura urgente de un amplio debate social sobre el modelo de planifi-cación estratégica de las actuaciones públicas en materia de infraestructu-ras.

- Creación del Observatorio Sectorial de Infraestructuras y Servicios del Transporte.

- El Estado deberá atender la particularidad de las empresas que realizan un esfuerzo inversión en las infraestructuras de telecomunicaciones, aportan-do I+D+i en formación y cualificación de su plantilla, para que se vean re-compensadas por sus esfuerzos, que revierten en el desarrollo de nuestra economía y nos conducen a la economía del conocimiento.

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- La atención prioritaria de la inversión pública en infraestructuras y servicios del transporte en el conjunto del gasto público.

- Asegurar a toda la ciudadanía el mismo derecho de acceso a los diferentes modos de transporte, bien para las personas, bien para mercancías, bajo criterios de accesibilidad, sostenibilidad y justicia social.

- La creación de suelo industrial de calidad, competitivo y de uso especiali-zado, erradicando su utilización especulativa, y con ello, por extensión la deslocalización regional de empresas.

El derecho a una vivienda digna

La crisis económica y el incremento del desempleo que sufre nuestro país han cambiado radicalmente las causas que dificultan a la ciudadanía para acceder a una vivienda. Actualmente el sobreendeudamiento y sus consecuencias (mi-les de ejecuciones hipotecarias, desahucios y la restricción extrema del crédito) es lo que impide a la clase trabajadora disfrutar del derecho a una vivienda digna. A ello se une la continua merma de las dotaciones presupuestarias, y por tanto de ayudas e inversiones dedicadas a la política de vivienda.

Ante esta preocupante situación, UGT propondrá:

- La incorporación al ordenamiento jurídico del derecho a una vivienda digna y adecuada cuando se carezca de recursos, de manera que se pueda invo-car ante los poderes públicos y ejercitarse ante los tribunales de justicia. En consecuencia la protección del derecho exigiría su conversión en derecho subjetivo, ante situaciones de necesidad. A este derecho tendrán acceso todos los ciudadanos y ciudadanas en igualdad de trato y oportunidades y sin ningún tipo de discriminación.

- La recuperación de la financiación y ayudas de los planes de vivienda, en particular aquellas destinadas a las familias y colectivos más vulnerables y a las personas jóvenes para facilitar su emancipación.

- El fomento del alquiler, como medida imprescindible ante la restricción del crédito hipotecario, la pérdida de poder adquisitivo de la población asala-riada y el incremento del desempleo. Se exigirá que los activos tóxicos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Ban-

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caria (Sareb) o “banco malo”, con participación y capital público, sirvan pa-ra crear un parque público de vivienda en alquiler.

- La restitución del derecho de las personas extranjeras residentes regulares a las ayudas públicas en materia de vivienda con las mismas condiciones y requisitos que las personas de nacionalidad española.

- La acción de lucha contra los desahucios debe ser mucho más eficaz y comprometer al Gobierno Central, entidades bancarias, Comunidades Au-tónomas y Ayuntamientos, para, mediante un Plan Integral de ayuda a po-ner fin a los mismos.

Por ello se ha de modificar el actual ordenamiento jurídico, sobre todo la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil en lo referente a la dación en pa-go, a la paralización de los desahucios, al alquiler social y a su aplicación retroactiva, de manera que evite que el incremento de las ejecuciones hipo-tecarias provoque la exclusión social de la población trabajadora y demás ciudadanos y ciudadanas afectados. En los casos en que estas sean inevi-tables, se promoverán los mecanismos necesarios para que estas perso-nas puedan permanecer en su domicilio o acceder a otra vivienda en régi-men de alquiler a precios asumibles a su nivel de renta. UGT defiende una respuesta sindical y social para dar una respuesta más activa ante este problema social que es un fiel reflejo de los desequilibrios de fuerzas del vigente sistema hipotecario, en donde el deudor o deudora es la parte más débil al asumir casi en exclusiva, las consecuencias de una asunción de riesgos imprudente por parte de las propias entidades financieras.

Asimismo, se han de adoptar cuantas medidas institucionales sean preci-sas en aras a evitar el sobreendeudamiento futuro y la prevención ante nuevas burbujas inmobiliarias, corrigiendo los abusos normativos que se han puesto de manifiesto con el estallido de la crisis que estamos viviendo.

- Una vigilancia estricta por parte del Banco de España en la formalización de las hipotecas inmobiliarias para evitar que se incluyan o ejecuten cláu-sulas abusivas.

- La regulación de la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, impidiendo su especulación, velando por su sostenibilidad y por la conser-vación del entorno, así como por el equilibrio de sus usos alternativos.

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- Una estrategia pública de rehabilitación que establezca una mayor cone-xión entre las políticas urbanística, de vivienda y de suelo, para conformar una gestión pública más racional de la organización del espacio, prestando atención a la recuperación de conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y la renovación de viviendas y edificios existentes. Articulación de los mecanismos necesarios que den participación a los agentes sociales en la definición de prioridades, objetivos, programas y medios para tener oportunidad a una vivienda accesible y digna, por parte de las diferentes administraciones afectadas.

3.- Reforzar la protección social y la Seguridad Social y ga-rantizar un sistema público de pensiones con futuro

Ante el riesgo de que los efectos de la crisis económica deriven en decisiones políticas que impliquen un debilitamiento de nuestro sistema público de pensio-nes, desde UGT mantendremos una posición firme en defensa de nuestro ac-tual modelo de Seguridad Social, sin abandonar nuestras demandas para la consolidación y mejora del sistema. Para lo cual, se propone:

- Potenciar e impulsar el proceso de concertación articulado por el Pacto de Toledo. Cualquier posible revisión de nuestro sistema de pensiones debe realizarse a través de medidas oportunas, racionales y socialmente justas desde el consenso político y social, y con la participación de los interlocuto-res sociales.

- Rechazar cualquier modificación que pudiera afectar a la actual estructura básica de nuestro modelo de pensiones. La adaptación y adecuación del sistema de Seguridad Social a las nuevas realidades económicas, demo-gráficas y sociales, deberá garantizar la estructura básica de nuestro mode-lo público, de reparto y solidario, sostén imprescindible de nuestro Estado de Bienestar, manteniendo y desarrollando un sistema de pensiones sufi-ciente, justo y sostenible a medio y largo plazo.

- Actuar y participar ante las reformas que sobre el sistema se promuevan en el futuro, con la orientación de lograr cuatro objetivos fundamentales e indi-sociables: posibilitar la viabilidad y sostenibilidad financiera de nuestro sis-tema, mejorar los principios de solidaridad y suficiencia de las pensiones, mantener el poder adquisitivo de las pensiones y extender su intensidad protectora.

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En cuanto a la financiación, proponemos:

- Asegurar la suficiencia financiera del sistema de pensiones, mediante el incremento de las aportaciones públicas, la no reducción, cuando menos, del actual nivel de cotizaciones sociales y, de ser necesario, el desarrollo de fuentes adicionales y complementarias de financiación pública.

- Exigir el cumplimiento de la separación efectiva de las fuentes de finan-ciación.

- Defender y garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pen-siones.

- Promover que las cotizaciones sociales a la Seguridad Social del conjunto de trabajadores y trabajadoras se equiparen a los salarios y a los rendi-mientos reales de la actividad profesional, y rechazar cualquier reducción de las cotizaciones sociales que pudiera poner en riesgo nuestra protección social.

- Defender y promover que la cobertura de la asistencia sanitaria sea asumi-da por el Sistema Nacional de Salud.

- Defender y promover una gestión trasparente y prudente del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Su gestión debe desarrollarse dando a co-nocer en todo momento su situación real y previsión de evolución futura. Además, es necesario promover una inversión prudente que garantice una rentabilidad acorde con sus inversiones, sin asumir riesgos innecesarios, y permita garantizar su viabilidad para que pueda seguir desarrollando su papel como estabilizador del sistema de pensiones ante ciclos económicos adversos.

Asimismo, se reclamará la dotación obligatoria al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, siempre que la situación financiera del sistema lo per-mita.

- Avanzar en el modelo de Agencia Única de la Seguridad Social, con crite-rios de inclusión del conjunto de entidades gestoras, que permitirá garanti-zar el modelo público, solidario y de reparto que desde el sindicato venimos defendiendo. Además, permitirá centralizar la gestión del sistema, aprove-chando y optimizando los recursos de forma que se mejore la eficiencia y

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eficacia del sistema que redundará en un mejor servicio para la población trabajadora, pensionistas y para la ciudadanía en general.

- Tendremos que estar vigilantes para evitar cualquier intento de privatización o externalización de las tareas y de los servicios que se presten, y asegurar los puestos de trabajo y la generación de oferta de empleo público.

En cuanto a la protección del Sistema proponemos:

- Mejorar y extender la intensidad protectora de la Seguridad Social, sin que las dificultades económicas sirvan de excusa para reprimir o imposibilitar las aspiraciones de nuestra organización de progresar en la mejora y ex-tensión de la protección social en España.

- Incrementar las pensiones mínimas por encima de la inflación, y con mayor intensidad en aquellos hogares con personas a cargo y en aquellos otros constituidos por una persona sola. Con el fin de evitar crear más pobreza a las personas que perciben pensiones más vulnerables y a las más desfa-vorecidas, es necesaria una mejora del poder adquisitivo de las pensiones, que alcance a todas las pensiones mínimas, incluidas las no contributivas y las del SOVI, así como a las prestaciones de protección familiar. Impulsan-do, también, en esta dirección, las ayudas que en ejercicio de su compe-tencia puedan establecer como complemento las Comunidades Autóno-mas, en beneficio de los pensionistas residentes en ellas.

- Impulsar los cambios normativos oportunos para reorganizar y redefinir la gestión de la prestación económica de la Incapacidad Temporal (IT) desde una perspectiva global y transversal. Priorizar los objetivos de la prestación por incapacidad temporal, que han de ser: la recuperación de la salud del trabajador o trabajadora, su protección mientras permanezca en dicha si-tuación y su reinserción laboral. Las actuales estrategias para reducir la IT priorizan la vuelta al puesto de trabajo sobre los restantes objetivos; por lo que se criminaliza al trabajador o trabajadora, se limita su protección (prin-cipalmente la económica) y se recortan los periodos necesarios para la re-cuperación de su salud. Un sistema que garantice una prestación sanitaria adecuada y de calidad permitirá una reinserción laboral más temprana, así como una protección económica suficiente evitará perjuicios innecesarios a los trabajadores y a las trabajadoras por el simple hecho de caer enfermos. Los posibles abusos deben controlarse con medidas eficaces y diagnósti-

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cos adecuados. Por ello, entre otras cuestiones, demandaremos que se in-corpore a la prestación, la protección de los tres primeros días de baja, el fortalecimiento de los procesos de impugnación y revisión de las altas, y en los casos de las enfermedades crónicas en general y especialmente las de-rivadas de sucesivos procesos de Incapacidad Temporal, se proporcione a quienes las padezcan un tratamiento rápido y satisfactorio.

- Apostar por que la Seguridad Social, y más concretamente el Instituto Na-cional de la Seguridad Social, dirija sus estrategias hacia la recuperación progresiva de la gestión total y directa de la prestación de Incapacidad Temporal, lo que aportará al sistema eficiencia y ecuanimidad. Lo mismo cabría argumentar respecto al mutualismo administrativo y las entidades colaboradoras, cuyas prestaciones sanitarias deberían estar integradas en el Sistema Nacional de Salud. Asimismo, ante el incremento de las compe-tencias que han venido adquiriendo las Mutuas (patronales) de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales desde su creación y la gestión realizada por las mismas. Desde UGT exigimos la recuperación de las competencias y funciones en exclusiva para el Sistema de la Seguridad Social y el Sistema Nacional de Salud.

- Solicitar la puesta en marcha de una política social seria y coherente de protección a las familias, que mejore su cobertura. Es necesario mejorar su protección y sus prestaciones, ampliando su alcance a todos los miembros de la familia, atendiendo a la intensidad de las cargas soportadas, a la ca-rencia de recursos económicos suficientes y a las nuevas tipologías familia-res, como en especial, a las familias monoparentales.

- Demandar la aplicación de la reforma del Sistema contenida en la Ley so-bre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, fruto del consenso de todos los interlocutores sociales en el Acuer-do Social y Económico de febrero de 2011.

- Promover la inclusión de medidas que corrijan o disminuyan el impacto negativo que en las carreras de cotización conlleva el trabajo a tiempo parcial y/o la atención a las responsabilidades familiares o las necesidades educativas. La importancia que la nueva configuración de la pensión de ju-bilación otorga a las carreras de cotización de la población trabajadora ha-ce necesario que el sistema tienda a reconocer como efectivamente cotiza-dos determinados periodos relacionados con la maternidad, paternidad,

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cuidado de familiares, cuidado de familiares dependientes, periodos de formación, etc., tanto a efectos de determinar la edad de jubilación como a efectos del cálculo de la pensión. De la misma manera, se impulsará el cumplimiento de la Recomendación 7ª contenida en el Informe de evalua-ción y reforma del Pacto de Toledo de diciembre de 2010, sobre el derecho del ciudadano o ciudadana, a recibir información sobre su carrera de coti-zación y su futura pensión de jubilación que están generando si mantienen la media de cotizaciones hasta la edad ordinaria de jubilación.

- Potenciar la fórmula de la jubilación flexible -cuando se llevan ya cotiza-dos una serie de años-, y de la prolongación voluntaria de la vida laboral –mejorando sustancialmente sus incentivos- para que cada trabajador o trabajadora, incluyendo en igualdad de condiciones a las empleadas y empleados públicos, tenga libertad a la hora de planificar su acceso a la jubilación.

- Promover la apertura del procedimiento establecido normativamente para la anticipación de la edad de jubilación o la aplicación de coeficientes re-ductores de la edad en aquellos colectivos de trabajadores y trabajadoras que realicen actividades penosas y de alto riesgo, respecto de aquellas ac-tividades laborales, en las escalas, categorías o especialidades que se ajusten a lo establecido en la norma.

- Exigir que se atienda especialmente al impacto de las desigualdades de género en materia de Seguridad Social. La eliminación de la discriminación salarial, de las diferencias en los periodos cotizados y de las desigualdades en el importe de las pensiones medias, entre hombres y mujeres, son tres elementos básicos sobre los que orientar las estrategias sindicales para contribuir a una protección social en igualdad.

- Potenciar la mejora en el acceso y en la protección dispensada por las prestaciones de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural.

- Demandar la necesaria aplicación de la ampliación de la prestación por paternidad.

- Plantear una reformulación integral de la pensión de viudedad, atendiendo a dos aspectos fundamentales: los nuevos modelos familiares y la protec-ción de aquellas situaciones de verdadera necesidad.

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- Promover que la protección a las trabajadoras y trabajadores agrarios por cuenta ajena, y a las empleadas y empleados del hogar, recientemente in-corporados al Régimen General a través de sistemas especiales, tienda hacia la total equiparación con respecto a la dispensada en el Régimen General de la Seguridad Social.

- Exigir que se recupere la obligación de cotizar al Régimen General de la Seguridad Social por las personas que participen en programas de forma-ción vinculados a estudios universitarios, que incluyan la realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades.

- Tender a la equiparación de todos y cada uno de los derechos y obligacio-nes de las empleadas y empleados públicos con los sujetos al Régimen General de la Seguridad Social.

4.- Hacia la universalidad de los servicios sociales y la reparación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia

Los servicios sociales son un ámbito de protección social que configura el Cuarto Pilar del Estado de Bienestar, a través del cual se pretende instaurar un sistema desarrollado de derechos sociales, sin que todavía hoy tengamos ga-rantizado los principios de igualdad y universalidad. Se han convertido en un instrumento imprescindible a la hora de analizar el grado de desarrollo de una sociedad, abarcando desde las políticas y derechos sociales, incluido el siste-ma de atención a la dependencia, hasta las políticas de inclusión social.

Por ello, UGT propone:

- Una ley reguladora de los servicios sociales, respetando las competencias autonómicas, que configure el papel del Estado de bienestar y reconozca como derecho subjetivo de protección social universal a los servicios socia-les, regulando las prestaciones básicas con una red de servicios en todo el Estado, coordinada y gestionada por las Comunidades Autónomas.

- Configurar un sistema público de servicios sociales profesionalizados y de calidad.

- Instar a las Administraciones Públicas a configurar políticas de inclusión social y un sistema público de servicios sociales que garanticen recursos

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en prestaciones sociales, económicas y protección jurídica, con especial atención a que la protección de las personas mayores se desarrolle en tér-minos de justicia, solidaridad e igualdad.

- Garantizar una renta, configurada como un derecho subjetivo, que contri-buya a reducir los índices de pobreza, asegure unos recursos mínimos, fa-vorezca la incorporación sociolaboral y esté condicionada a la carencia de ingresos suficientes y al requerimiento de apoyos económicos para evitar el deterioro social.

Para UGT, la aprobación de la Ley de Dependencia, marcó un hito en nuestro modelo de protección, configurando nuevos derechos sociales para atender íntegramente a las personas que necesitan cuidados de larga duración. En la situación económica actual, existe un claro intento de desmantelamiento de esta incipiente red de ayuda, recortando derechos y aminorando la intensidad de la protección, sustituyendo así una ley de derechos por una meramente asistencial.

En este sentido, UGT reivindica:

- Garantizar la Ley de Dependencia, como derecho subjetivo en la atención y cuidados de forma integral e integrada, priorizando la prestación de servi-cios de calidad, que conviertan en excepcional y motivada las prestaciones económicas vinculadas a servicios y a personas cuidadoras no profesiona-les, regulando las condiciones de atención, los requisitos de acceso al ser-vicio y prestaciones universales y públicas.

- Incrementar la intensidad y la calidad de servicios, la compatibilidad entre determinadas prestaciones, para garantizar una protección eficaz, y adap-tada a las necesidades de las personas dependientes y sus familias, y que estas sean revisables. Establecer criterios suficientemente homogéneos en todos los territorios para eliminar las diferencias en la implantación y cober-tura del SAAD.

- Establecer un único procedimiento de resolución de los expedientes, resol-viendo los programas individuales de atención de forma justificada; expo-niendo la causa por la que se ofrece un tipo de prestación en función de las circunstancias personales de la persona solicitante; reduciendo tiempos de resolución y elevando la efectividad de la prestación; y restableciendo la re-troactividad para todo tipo de prestaciones.

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- Analizar financieramente la sostenibilidad económica de la Ley y los niveles de protección del Sistema.

- Instar a la creación por parte de las Administraciones Autonómicas de una memoria anual en la que se refleje el crédito presupuestario recibido por la Administración General del Estado, dónde se ha invertido, y que los créditos otorgados tengan carácter finalista, especificando la cantidad de dinero que ha aportado la Administración Autonómica y a qué recursos los ha destinado.

- Acordar un marco de cooperación interadministrativa que fije criterios de reparto de créditos a las Comunidades Autónomas por la Administración General del Estado prevaleciendo: población valorada como dependiente; que la prestación otorgada sea en forma de servicios; creación y restaura-ción de infraestructura; y cumplimiento de acuerdos.

- Configurar una red de utilización pública que integre servicios públicos y privados y desarrollar su sistema de acreditación.

- Establecer los estándares esenciales de calidad para cada uno de los ser-vicios del catálogo, debiendo estar desarrollados y aplicados en todos los territorios.

- Desarrollar un empleo de calidad, de tal forma que todas las entidades proveedoras de servicios para que reúnan los requisitos de acreditación deban garantizar que los y las profesionales que realizan la actividad labo-ral en sus centros de trabajo reúnen los requisitos de cualificación profesio-nal y formación conforme a su categoría profesional que vayan a desarro-llar, poniendo los medios suficientes para que se tenga la cualificación pro-fesional en los plazos fijados por la norma.

- Reforzar el papel del Comité Consultivo e instar su creación en los ámbitos autonómicos.

- Instar a la Administración General del Estado al impulso del diálogo social en esta materia.

- Reformar el Consejo Territorial, en la toma de acuerdos necesarios para desarrollar la Ley.

- Desarrollar un sistema de coordinación sociosanitaria.

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5.- Hacia la atención integral de las familias

La concepción de familia que defiende UGT se basa en la igualdad sea cual sea su composición, y los poderes públicos deben asegurar su protección so-cial, económica y jurídica desde una perspectiva amplia, que afecte a todas las políticas y en todos los ámbitos. Para ello es preciso:

- Demandar la inclusión de los aspectos referidos a la protección a la familia de manera horizontal en el conjunto de políticas y medidas públicas.

- Exigir la defensa de todos los modelos de familia e instar a la inmediata supresión de los impedimentos sociales y legislativos que lo dificultan.

- Impulsar la creación de registros de parejas de hecho en todos los ayunta-mientos para lograr el reconocimiento jurídico, social y económico, en igualdad, de todos los modelos de familia.

- Demandar una protección adicional a las familias monoparentales y a las que tengan menores recursos económicos, garantizando ayudas económi-cas en vivienda, transporte, educación y material escolar, y prestaciones de servicios.

- Impulsar la creación de una renta básica de subsistencia que garantice los recursos mínimos de los ciudadanos y ciudadanas, para atender las nece-sidades básicas.

En el momento actual, estamos asistiendo a una desvinculación de los poderes públicos en las políticas específicas a las familias y en concreto a la población infantil y las personas mayores, donde las políticas de recortes sociales se ceban especialmente incrementando en estos dos grupos de población los indicadores de pobreza. Por ello es necesario:

- Promover la protección a la infancia velando por la instauración de una educación universal, gratuita y de calidad y laica, con acceso a transporte y comedor escolar.

- Impulsar medidas que garanticen una autentica conciliación de la vida labo-ral, personal y familiar. Para ello es imprescindible:

- Ampliar la red de escuelas de titularidad pública de 0-3 años, con una co-bertura suficiente de plazas.

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- Demandar una red de escuelas infantiles en zonas rurales y municipios pequeños con una cobertura suficiente.

- Velar por la suficiencia económica de las personas mayores reivindicando unas pensiones dignas y debidamente actualizadas, impidiendo la pérdida de poder adquisitivo e incrementando las pensiones más bajas.

- Reforzar una protección integral de las personas mayores, contemplando los ámbitos de salud, vivienda, cultura y ocio.

- Demandar una protección de su salud mediante una adecuada cobertura sociosanitaria y dotada de profesionales especialistas en geriatría y medi-cina preventiva, junto con el fomento del envejecimiento activo en aras a la promoción de la autonomía personal y la prevención de la dependencia.

- Reforzar la protección jurídica de los mayores, a través de la justicia gratuita.

- Crear espacios de interlocución social y participación.

- Garantizar el mantenimiento de su vivienda habitual.

6.- Por una cultura integradora y fuente de empleo y riqueza

La cultura forma parte de la historia y de la práctica sindical de UGT. El com-promiso de UGT con la cultura implica compromiso con sus creadores y crea-doras, y con los trabajadores y trabajadoras como partícipes y protagonistas. Según datos de Ministerio de Cultura, el sector de las industrias culturales re-presenta el 4% de nuestro PIB y emplea a cerca de 800.000 personas. La ren-tabilidad social, cultural y económica de este sector es una realidad contrasta-da. Es preciso, por tanto, mantener, renovar e incrementar la acción conjunta del movimiento sindical con las organizaciones sociales y los creadores y crea-doras, que posibilite el acceso a una cultura sin restricciones. Las propuestas que plantea UGT en el ámbito de la acción cultural son las siguientes:

- Profundizar la actividad cultural de las Casas del Pueblo, como lugares de encuentro cultural de los trabajadores y trabajadoras, potenciando el deba-te y el intercambio de experiencias, reclamando de los poderes públicos to-dos aquellos convenios que posibiliten la dotación de estos espacios de encuentro, intercambio de ideas y generación de prácticas culturales.

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- Defender el libro y la lectura como actividad e instrumento liberador y por-tador de valores culturales, fomentando la creación de más bibliotecas li-bres y facilitando el acceso a las nuevas tecnologías en las Casas del Pue-blo para toda nuestra afiliación.

- Desarrollar viajes culturales y encuentros que permita el intercambio de experiencias culturales con los sindicatos más próximos a nuestro entorno (Europa, América Latina y Norte de África), que desemboquen en progra-mas de acción cultural conjuntos en beneficio de la clase trabajadora.

- Potenciar la actividad cultural y de investigación histórica de la Fundación Francisco Largo Caballero, como institución depositaria de la historia de la Unión General de Trabajadores y del movimiento sindical español, para re-cuperar la memoria del sindicato.

- Consolidar a la Escuela Julián Besteiro como un espacio permanente de encuentro cultural de la organización, abriéndola a nuevas formas de desa-rrollo educativo y cultural, como la preparación de pruebas libres para la ESO en base al voluntariado del profesorado afiliado a UGT.

- Garantizar y proteger las condiciones laborales para fortalecer la creación cultural. UGT promoverá la creación del Estatuto social del artista y de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, y promoverá su participación en los organismos y sociedades de gestión que defiendan sus intereses.

7.- Por unas políticas de consumo reforzadas y adaptadas a los nuevos hábitos

Desde UGT, apostamos por la recuperación de la actividad económica como medio imprescindible para generar recursos financieros para el Estado, lo que pasa por la reactivación del consumo y la inversión generadores de empleo. Pero, además, como destinatarios finales de bienes y servicios, los consumido-res debemos ser conscientes de nuestra capacidad de presión frente a los mercados a través de un consumo consciente y responsable, orientado hacia el respeto a la naturaleza y al resto de los conciudadanos. Por ello, UGT:

- Solicitará a los poderes públicos la puesta en marcha de una política en consumo seria, coherente, con información fiable acerca de los distintos productos y servicios, dirigida a la protección de la ciudadanía, debiéndose incidir en el control y sanción de la publicidad engañosa, con especial men-

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ción a los servicios financieros, y de cuantas prácticas vulneren la compe-tencia en los mercados y generen riesgos a las personas, exigiendo una in-formación completa de los bienes y servicios que adquieran los trabajado-res y trabajadoras en su vertiente de consumidores.

- Impulsará los cambios normativos necesarios con el objeto de reorganizar y redefinir el consumo y sus nuevos hábitos, mediante políticas globales, teniendo las políticas de consumo carácter transversal dentro de las Admi-nistraciones Públicas, exigiendo de éstas una mayor implicación y coordi-nación.

- Solicitará la puesta en marcha de una política específica y diferenciada en materia de consumo. No se puede seguir manteniendo las políticas de con-sumo dependiendo del sólo y exclusivo Ministerio de Sanidad, limitando es-ta materia al ámbito sanitario, el consumo es algo más. UGT aboga por una política singularizada en consumo, con poder ejecutivo, y más si tenemos en cuenta el volumen de reclamaciones (más de un millón), y los sectores económicos afectados (telecomunicaciones, bancos, seguros, compañías suministradoras de luz, agua, gas, etc.).

- Apoyará las reformas legislativas necesarias para adaptar a la realidad del comercio electrónico, cada vez más importante, para asegurar a través de la atención telefónica o electrónica las reclamaciones de las personas con-sumidoras con total seguridad jurídica.

- Defenderá la presencia institucional de los interlocutores sociales en los órganos de representación de los Consejos de Consumidores, tanto en el Estado, como hasta completar la representación en el conjunto de las Co-munidades Autónomas y Entidades Locales.

- Impulsará la mejora y defensa de la atención a toda la afiliación en su ver-tiente de consumidores y usuarios, mediante la suscripción de acuerdos de colaboración con las asociaciones de consumidores más adecuadas que presten asesoramiento y defensa en las reclamaciones relacionadas con este ámbito. Dentro de los servicios que el sindicato pueda prestar a sus afiliados y afiliadas debería incluirse la información, formación y defensa ju-rídica en materias de consumo.

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8.- Una política fiscal más activa, justa y redistributiva La política fiscal es uno de los instrumentos esenciales de intervención pública en la economía, en todos los niveles territoriales y administrativos. Las actua-ciones de ingreso y gasto público influyen decisivamente sobre el modelo eco-nómico y de sociedad del país, y reflejan la apuesta por el mismo que hacen los poderes públicos. No sólo tiene un papel determinante como motor de cre-cimiento económico y creación de empleo, sino que constituye la principal he-rramienta para lograr una redistribución justa y equitativa de la renta y hacer nuestra sociedad más cohesionada y equitativa, condiciones indispensables para el progreso social y económico de un país.

En este sentido, es preciso reafirmar el papel de los impuestos como instru-mento esencial para cumplir esos objetivos, una función que se ha venido ero-sionando gravemente en las últimas décadas, de modo que en la actualidad el sistema tributario español no logra resultados satisfactorios ni en términos re-caudatorios ni de equidad, ni de redistribución de la renta.

Para ello, UGT propone:

- Por el lado de los gastos, se precisa una dotación de cuantía adecuada y su correcta asignación y gestión, con dos destinos prioritarios: de un lado, las inversiones en partidas que activen selectivamente el crecimiento eco-nómico, especialmente las que incentiven las actividades de mayor proyec-ción y promuevan empleos más productivos y estables; de otro, la preser-vación y reforzamiento del sistema de protección social y la prestación de servicios públicos de calidad.

- Por el lado de los ingresos, un sistema tributario potente en términos re-caudatorios, en el que rentas iguales paguen lo mismo y que proporcional-mente paguen más quienes de más recursos económicos dispongan. En suma, un sistema basado en los principios de suficiencia, equidad y pro-gresividad, tal y como recoge la Constitución, que permita financiar ade-cuadamente las políticas de gasto y que alcance niveles satisfactorios de igualdad y justicia económica.

Actualmente, los ingresos obtenidos son insuficientes para financiar un modelo de desarrollo económico y un estado de bienestar como el que defiende UGT.

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Los sucesivos cambios realizados han configurado un modelo cada vez más inequitativo y regresivo con disfunciones, rompiendo los principios constitucio-nales mencionados. Por eso es precisa una reforma integral de nuestro sistema fiscal, que tenga como objetivos la mejora de los principios antes enunciados, y que contemple modificaciones que reequilibren el peso de cada una de las figuras tributarias. En particular, son actuaciones necesarias:

- La reintroducción de las rentas del capital en la tarifa general del IRPF.

- La revisión de los mecanismos de tributación de las rentas empresariales de profesionales y autónomos, para acercarla más a la realidad de sus in-gresos.

- La modificación del Impuesto sobre Sociedades para aproximar el tipo efecti-vo que pagan las empresas al nominal y asegurar una aportación mínima.

- La recuperación del impuesto sobre sucesiones.

- La reintroducción total del impuesto de patrimonio.

- La introducción de impuestos sobre la riqueza y sobre nuevos hechos imponi-bles que pongan de relieve capacidades de pago extraordinarias (bienes de lu-jo, grandes beneficios, operaciones especulativas y plusvalías de capital).

- La eliminación de instrumentos financieros y societarios que sirven para eludir legalmente el pago de impuestos sin contrapartidas positivas (como las SICAV).

Además, y en el marco de esa reforma integral, es preciso situar la lucha contra el fraude fiscal en el centro de la actuación política. Porque esta es la principal fuente de inequidad e insuficiencia de nuestro sistema de ingresos públicos, y supone un lastre intolerable de insolidaridad e injusticia. Para ello, es necesario:

- Potenciar los recursos materiales y humanos de las distintas administracio-nes tributarias, y promover una organización más eficaz de las mismas, que potencie la cooperación y coordinación.

- Aumentar la visualización social de la función de los impuestos, poniendo de relieve la relación directa existente entre las políticas de gasto y las de ingreso.

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El sindicato se compromete a poner en el centro de sus reivindicaciones esta cuestión, promoviendo una norma de comportamiento basada en la to-lerancia cero con este tipo de conductas en todas sus expresiones, e ins-tando a los poderes públicos a que actúen en consecuencia.

- Incrementar los grados de evaluación de la política fiscal en sus dos ver-tientes (gasto e ingreso), para evitar despilfarros, malos usos e ineficiencias en su ejecución, así como calibrar su eficacia en el logro de los objetivos planteados. Ello requiere la creación de instrumentos de fiscalización transparentes y de amplia y cualificada representación, que superen el ám-bito del conflicto partidista.

Los instrumentos de la política fiscal deben atender a las particularidades de nuestro modelo territorial, de modo que cada Administración contribuya al cum-plimiento de los principios y objetivos referidos, coordinando e integrando sus políticas en un sistema que, preservando la autonomía de sus competencias, sea coherente y garantice la cohesión intra e interterritorial.

9.- Promover un suelo de gasto social

La reforma constitucional sobre los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública, y en general, la adecuación de las Administraciones Públicas al principio de estabilidad presupuestaria que introduce, no puede derivar en el desmantelamiento de los sistemas de protección social. Por eso, debe ligarse al reconocimiento constitucional de un suelo de gasto social que permita en el futuro el mantenimiento de niveles de protección suficientes en sanidad, edu-cación, dependencia, servicios sociales, protección por desempleo y pensio-nes, de manera que España pueda progresivamente converger con los niveles europeos de protección social más elevados. Este suelo de gasto social no debe verse afectado por las reglas de limitación del déficit público estructural y las medidas que de ello se deriven, para que pueda garantizar niveles suficien-tes de prestaciones sociales básicas y de servicios públicos esenciales para toda la ciudadanía.

Se trata, en la práctica, de limitar los efectos profundamente dañinos y perversos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que en todo caso debería retirarse.

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Para determinar el gasto social, UGT propone:

- Por un lado, establecer un valor mínimo de partida en cada tipo de gasto social, a partir de un año base de cálculo, y determinar su incremento anual en función de parámetros objetivos.

- Por otro, establecer mecanismos que permitan ir ajustando cada año la intensidad del gasto social en comparación con la UE.Y, por último, fijar las prestaciones o servicios básicos que no puedan verse afectados por recor-tes presupuestarios.

- En todo caso, y más allá de estos criterios de evolución futura, para alcan-zar la imprescindible convergencia social con Europa, UGT propone:

- Que el gasto social continúe aumentando, y recupere la senda de conver-gencia con los países centrales de la UE, de forma que en los próximos cuatro años se reduzca a la mitad el actual diferencial social.

- Establecer objetivos concretos de convergencia por tipo de gasto social, fijando prioridades en relación con la velocidad e intensidad con la que de-bería alcanzarse la convergencia en cada una de ellas.

10.- Promover alianzas sociales para impulsar la defensa del Estado de Bienestar

La situación actual de recortes de derechos, presupuestos y servicios en la política pública, especialmente en las áreas de los servicios del Estado de Bie-nestar, salud, educación, servicios sociales, dependencia y los que están en situación de amenaza permanente como las prestaciones por desempleo o el sistema público de pensiones, requiere abordar la defensa de los mismos no como una cuestión parcial o puntual sino como lo que es, la defensa de nuestro modelo social. Para ello, UGT propone:

- Promover alianzas con sectores amplios de la sociedad, especialmente organizaciones, asociaciones o plataformas ciudadanas que agrupan a dis-tintos colectivos con intereses compartidos por el sindicato, para la defensa de nuestro Estado de Bienestar y sus servicios públicos y darle carácter es-tratégico para nuestra organización.

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Estas alianzas, han de ser respetuosas en todo momento con la particular posición que nos confiere el hecho de ser organización sindical más repre-sentativa, y por tanto basadas en el mutuo respeto del papel que cada or-ganización tiene atribuido en la vertebración social de este país.

- Impulsar con estos actores espacios de diálogo sobre la base de intereses compartidos que conduzcan, en su caso, a la elaboración de propuestas consensuadas, a dialogo social y a movilizaciones conjuntas cuando sea necesario.

- Realizar una labor pedagógica de defensa del Estado de Bienestar y los servicios públicos, en tanto que servicios pertenecientes al conjunto de la población, únicas garantías del ejercicio de derechos fundamentales bási-cos como la sanidad, la educación o la protección ante las situaciones de desempleo.

Objetivo 5. Diálogo social, negociación colectiva y participación institucional UGT ha demostrado a lo largo de su historia su firme compromiso con el diálo-go social como instrumento especialmente idóneo para hacer frente a proble-mas económicos y sociales, de forma que se puede situar dentro de los nuevos métodos de gestión del poder, de la nueva “gobernanza”.

Pero bajo la denominación genérica de diálogo social existe una realidad de enorme complejidad. No existe en España una definición formal ni única de diálogo social, dándose esta denominación a cualquier proceso en el que parti-cipen los interlocutores sociales más representativos –aunque cada vez más otros agentes reclaman su participación en tales procesos–, incluidas las mo-dalidades institucionalizadas.

De la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que consi-dera diálogo social “todo tipo de negociaciones y consultas –incluso el mero intercambio de información– entre representantes del Gobierno, los empleado-res y los trabajadores sobre temas de interés común relativos a las políticas económicas y sociales”, se desprende que su existencia va más allá de la ne-gociación y el acuerdo.

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La denominación “diálogo social” se viene aplicando también a las conversa-ciones mantenidas con carácter bipartito por las organizaciones empresariales y sindicales, incluida la negociación colectiva, cuando ésta tiene una regula-ción específica establecida en las Leyes.

Por tanto, diálogo social y negociación colectiva constituyen mecanismos dife-renciados de interlocución, a los que son de aplicación reglas específicas, que deben desarrollarse conforme a los principios que informan la distribución de cometidos entre los distintos organismos del sindicato de acuerdo a los estatu-tos y normas aprobadas por el Congreso, que delimitan la competencia exclu-siva que ejercen las Federaciones en la negociación colectiva, sin perjuicio de la aplicación de las orientaciones generales que definen la política del sindicato a nivel confederal.

Sin perjuicio de la autonomía y libertad de actuación que corresponde a las organizaciones actoras e impulsoras del diálogo social, y de las obligaciones constitucionales y legales que el ordenamiento atribuye a los poderes públicos, el diálogo social es un principio básico de los tratados de la Unión Europea, y un principio conformador de la Constitución española, que hace factible la con-vivencia y la participación de los interlocutores sociales en la adopción de las decisiones y políticas públicas que les conciernen, y que legitiman la acción pública en un Estado de Derecho.

El desarrollo de la negociación colectiva cuenta con sus propios retos, en parti-cular los relacionados con la diversidad de organización de las empresas y con la necesidad de reforzar y extender una regulación colectiva efectiva y de cali-dad a todas y todos los trabajadores, una tarea que ha cobrado especiales dificultades tras la reforma laboral y de la negociación colectiva impuesta por el Gobierno del Partido Popular, que promueve la individualización de las relacio-nes laborales y amplía las capacidades de decisión unilateral del empresario de modo exagerado.

Dicha negociación colectiva, y especialmente la determinación de los salarios, está cada vez más estrechamente ligada a la dinámica existente en el conjunto de la Unión Europea, fundamentalmente en los países de la zona euro, por lo que es de extrema importancia reforzar la coordinación de la negociación co-lectiva en este ámbito, para ofrecer respuestas coherentes y unitarias a los problemas que, de forma común, afectan a las trabajadoras y los trabajadores europeos, reforzando el principio de solidaridad que debe acompañar a la ar-

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monización de los derechos económicos y sociales de las trabajadoras y los trabajadores europeos.

En particular, será preciso avanzar en la coordinación de los criterios de determi-nación salarial en el ámbito europeo, como parte de una estrategia de política económica diferente a la aplicada en la reciente etapa de crisis, que promueve la devaluación salarial como vía esencial para obtener ganancias de competitividad, y que está empobreciendo a los países que la practican y estrangulando las ca-pacidades de crecimiento económico y creación de empleo en Europa.

De manera complementaria, hay que insistir en el reforzamiento del ámbito y de las facultades asociadas a nuestra capacidad representativa, que constituye la esencia de nuestra actividad. Una representación que deber estar al servicio de los intereses que la justifican y, por tanto, con capacidad, en el caso de la participación institucional, para incidir no sólo en la definición de las políticas o en la aportación de observaciones a las normas, sino en el seguimiento de la ejecución de tales políticas y en la evaluación de las mismas.

1.- Reforzar el diálogo social como instrumento de legitima-ción y participación democrática en la acción pública

Como se ha dicho, el diálogo social constituye un instrumento fundamental de los sindicatos para promover la defensa de los intereses económicos y sociales de la clase trabajadora y de la sociedad en su conjunto, y hacer realidad y efec-tivo el derecho a incidir en la vida política, económica, social y cultural, así co-mo para el establecimiento de una sociedad democrática.

La evolución a lo largo de los años del diálogo social ha supuesto un enrique-cimiento de las materias abordadas. También se ha producido una diversifica-ción de los ámbitos en que se tratan las distintas materias dadas, entre otros elementos, la creciente transferencia de competencias en materia social y em-pleo hacia las Comunidades Autónomas.

Sin embargo, hay que constatar que el diálogo social en la actual legislatura política es inexistente. El Gobierno del Partido Popular, amparándose en su mayoría absoluta parlamentaria, no sólo ha ninguneado este mecanismo de-mocrático esencial, sino que ha incumplido los más elementales mandatos legales de consulta e información. Incluso ha despreciado importantes acuer-dos alcanzados por los interlocutores sociales, como el II Acuerdo para el Em-

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pleo y la Negociación Colectiva, que ha quedado muy debilitado con la aproba-ción de la contrarreforma laboral, que, a juicio, también, de prestigiosos juristas, ha incluido algunos artículos claramente inconstitucionales.

UGT rechaza este comportamiento del Gobierno, y considera que la sociedad española no puede permitirse renunciar a uno de los instrumentos más valiosos para el avance social y económico, por lo que reafirmamos nuestra apuesta decidida por el diálogo social. En este sentido, el sindicato defenderá propues-tas homogéneas en cualquier proceso negociador que se lleve a cabo.

Para ello resulta imprescindible definir con claridad los ámbitos de actuación de los distintos Organismos, así como los objetivos, criterios y procedimientos de coordinación interna, tanto en los contenidos como en la participación en los procesos. En este sentido:

- El diálogo social es un instrumento de primera magnitud para promover niveles adecuados de cohesión territorial y social. Con este objetivo, cuan-do las materias a abordar en el diálogo social sean de carácter transversal, corresponderá a la Comisión Ejecutiva Confederal fijar las orientaciones y propuestas, que deben ser compartidas en cualquier ámbito territorial, así como coordinar el desarrollo y ejecución de las mismas, que corresponderá a las Uniones Territoriales.

- Del mismo modo, el diálogo social de contenido sectorial será competencia de las Federaciones Estatales, las cuales determinarán en su ámbito los mecanismos de coordinación con sus estructuras territoriales. En esta tarea dispondrán del apoyo solidario de los distintos organismos del sindicato a través de la puesta en común de los recursos que sean precisos para la mejora de las condiciones de trabajo en los ámbitos sectoriales, de la com-petencia de cada Federación, y de las de carácter común, definidas confe-deralmente para cualquier ámbito del Estado.

Este modelo de funcionamiento conlleva la realización de un importante esfuer-zo interno de coordinación:

- En el diseño y definición de objetivos, criterios y estrategias.

- En la creación y constitución de instrumentos de diálogo social.

- En la intervención y coordinación de las estructuras sindicales implicadas.

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- En el conocimiento y validación de lo acordado. En este contexto, no puede obviarse que, en muchos casos, la aplicación de lo pactado tiene un com-ponente sectorial, por lo que las Federaciones Estatales no pueden perma-necer al margen de los procesos y de sus resultados.

- En el seguimiento y evaluación de las medidas y actuaciones acordadas en los ámbitos de diálogo y concertación social.

A partir de la coordinación y articulación de las iniciativas de diálogo en los distintos ámbitos expresados en los objetivos del presente Programa de Ac-ción, UGT promoverá las siguientes actuaciones en esta materia:

En el ámbito europeo

Se debe exigir a la Comisión Europea una actitud activa a favor del diálogo social, por exigencias de la normativa y del proceso de integración económica europea, a la vez que respetuosa con el importante papel que el diálogo social desempeña en los ámbitos nacionales. No es admisible una gobernanza eco-nómica que desconozca los valores del modelo social europeo, el cual lejos de verse como un obstáculo o desventaja competitiva para la Unión, constituye un principio esencial del Tratado.

Por ello:

- En conjunción con los planteamientos de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en el 12 Congreso, se deben mejorar las condiciones la-borales de la clase trabajadora y luchar contra el dumping social a través de una armonización al alza de los derechos sociales, y trabajar en el pleno reconocimiento del derecho de huelga y de la facultad de organizar accio-nes de solidaridad en apoyo de temas transnacionales.

- Es preciso responder a los intentos de las instituciones europeas, y en particular de la Comisión, de obstaculizar los acuerdos nacionales de diálo-go social alegando razones de gobernanza económica.

- Mediante la acción de la CES, se debe trabajar en la creación de una sala de lo laboral específica en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de un Sistema de Solución de Conflictos Laborales de dimensión europea, así como un registro oficial de acuerdos sectoriales y acuerdos colectivos de empresas de ámbito europeo.

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La acción de la CES precisa de la construcción de una visión sindical unitaria en relación con todas las políticas de la Unión Europea, del desarrollo de estra-tegias conjuntas en los niveles intersectorial, sectorial, europeo y nacional, así como en los comités de empresa europeos; del fortalecimiento de los derechos de información, consulta y participación, y del desarrollo y coordinación de ac-ciones sindicales comunes y conjuntas, incluidas manifestaciones y huelgas.

En el ámbito estatal

El diálogo social en España debe dotarse de garantías que aseguren su efecti-vidad, mediante de un marco jurídico de obligado cumplimiento para los pode-res públicos y para las organizaciones sindicales y empresariales más repre-sentativas, independientemente de las circunstancias de cada coyuntura histó-rica. Las reglas definidoras del diálogo social deberán instrumentarse a través de los mecanismos que regulen la participación institucional o de marcos de regulación específicos.

En concreto, UGT a nivel confederal promoverá la renovación y revalorización del diálogo y la concertación social para:

- Abordar de forma prioritaria una negociación en torno a un pacto por la competitividad, el empleo y la cohesión social que incorpore las reformas estructurales y su desarrollo legislativo.

- Exigir al Gobierno el estricto cumplimiento del derecho constitucional a la consulta preceptiva a las organizaciones sindicales ante cualquier reforma legal o desarrollo legislativo con incidencia no solo en el empleo y en las re-laciones laborales, sino también en el resto de políticas, sociales, económi-cas y financieras.

- Exigir más información y consulta en las iniciativas legislativas del Go-bierno y en su desarrollo, en materia fiscal, de infraestructuras, servicios públicos y de interés general, y respecto a los Presupuestos Generales del Estado.

- Revalorizar y consolidar los organismos de participación institucional de sindicatos y organizaciones empresariales y, en su caso, de otras organi-zaciones y entidades sociales; organismos donde se sustenta, hasta ahora, el diálogo social institucional.

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En el ámbito territorial

El diálogo social constituye un valioso instrumento de partida para el impulso de la cohesión económica, social y territorial, tal y como se desarrolla en el Objetivo 4 de este Programa de Acción.

El diálogo social debe extenderse al ámbito de las distintas Administraciones territoriales, partiendo de la realidad del reparto constitucional de competencias entre ellas, de la existencia de competencias propias o exclusivas de cada Ad-ministración y de competencias compartidas en buen número de materias.

Las bases que defenderá UGT para reforzar el diálogo social en el Estado de las Autonomías son:

- Apostar por un Estado descentralizado que refuerce su capacidad de im-pulsar políticas públicas en sus diferentes niveles, de forma coordinada y coherente con criterios de solidaridad, cohesión económica, social y territo-rial.

- Reforzar los elementos de coordinación interterritorial entre la Administra-ción General del Estado y de las Comunidades Autónomas.

- Desarrollar la cooperación entre Administraciones, partiendo del principio de lealtad institucional entre todas ellas y sus ámbitos competenciales, para conseguir una gestión más eficiente y mejor servicio a la ciudadanía.

- Establecer criterios comunes en materia fiscal para evitar una competencia a la baja entre Comunidades Autónomas, con la consiguiente reducción de ingresos públicos, y avanzar en los criterios de corresponsabilidad fiscal.

- Clarificar las competencias y responsabilidades de las Administraciones locales en materia de política social, con la dotación financiera suficiente. Revisar la organización del Estado en la Administración local, a los efectos de garantizar la prestación del servicio público y la garantía de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.

En el sector público

La situación de crisis económica golpea de modo especial todo lo relacionado con la función pública y el sostenimiento de servicios públicos de interés gene-ral. En este sentido es rechazable el abuso que los últimos gobiernos han he-

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cho en la aplicación de la posibilidad legal de suspensión o modificación del cumplimiento de convenios, pactos y acuerdos, con carácter excepcional y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, convirtiendo lo excepcional en habitual. Esta acti-tud de los diferentes gobiernos se traduce en un cuestionamiento intolerable del derecho a la negociación colectiva en el sector público. Por eso:

- Es preciso impulsar la intervención sindical como un elemento clave para la defensa del empleo y las condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas, así como para una garantía en la prestación de los servicios con criterios de calidad y de rentabilidad social en los distintos segmentos del sector público.

2.- Ampliar la protección y defender la regulación de la nego-ciación colectiva en la Unión Europea y en España

Nuestra acción sindical se integra plenamente con la apuesta por un espacio de diálogo social en el ámbito europeo, mediante el impulso de la negociación colectiva y la participación de la población trabajadora, a lo que aspira la Con-federación Europea de Sindicatos (CES) conforme a las resoluciones del 12 Congreso. En este sentido, UGT seguirá promoviendo el establecimiento de un marco europeo de negociación colectiva y un auténtico ámbito de concertación entre los interlocutores sociales y las instituciones europeas pertinentes.

En los últimos años, los Acuerdos Estatales de Negociación Colectiva han sido un instrumento válido para informar los procesos negociales, que permitió dar una respuesta adecuada a su estructura y vertebración, y en materia de flexibi-lidad interna negociada y flexibilidad salarial.

La reforma laboral impuesta por el Gobierno del Partido Popular ha significado el desprecio y la práctica vulneración de las previsiones del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC II) dando lugar a un incremento de los despidos, de la precariedad laboral y de la devaluación salarial. El sindicato ha venido exigiendo el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo y denunciando su vulneración por parte de las organizaciones empre-sariales, al no ajustar su comportamiento y acciones a lo pactado, y por obviar del Acuerdo las materias que podrían incidir favorablemente en la actividad empresarial y en el empleo, entre otras, la flexibilidad interna negociada. El sindicato realizará un seguimiento y evaluación de los resultados del Acuerdo,

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y propondrá al resto de los firmantes la necesidad de revisar los términos de lo pactado ante los efectos de las reformas normativas que han afectado a la validez y eficacia de lo acordado.

UGT planteará a los otros interlocutores sociales que en los Acuerdos Intercon-federales de Negociación Colectiva que se puedan establecer, se dé cumpli-miento a las reglas de buena fe en la aplicación de lo pactado; que de manera efectiva las partes firmantes ajusten sus comportamientos a los criterios, orien-taciones y recomendaciones contenidas en los Acuerdos; y que, en todo caso, se respete la autonomía colectiva de las organizaciones sectoriales.

Por otro lado, desde 2008 se constata una creciente y preocupante situación de estancamiento y bloqueo de la negociación de muchos convenios, más acusa-da conforme se ha ido agrandando la crisis, y que encuentra un caldo de cultivo propicio para enquistarse en el marco negocial que ha instaurado la reforma laboral del Gobierno del PP, que fomenta la imposición de los empresarios frente a la cultura del diálogo y acuerdo hasta ahora imperante.

En este contexto, la negociación colectiva debe tener como objetivo básico el fortalecimiento de la participación efectiva de la representación sindical y colec-tiva en las decisiones de la empresa, superando el estrecho margen de los derechos actuales de información, consulta o negociación de la legislación vigente.

Para ello, UGT apuesta por las siguientes líneas generales de actuación en materia de negociación colectiva, que precisan del acuerdo del conjunto de la organización, dado su carácter básico de orientaciones y recomendaciones a nivel confederal, para dar una respuesta homogénea a los temas de naturaleza transversal y de aplicación intersectorial:

- Las Federaciones Estatales son las que articulan y vertebran el mapa de la negociación colectiva. El convenio colectivo sectorial determinará las con-diciones de trabajo, así como la estructura y distribución de las materias de negociación colectiva entre los ámbitos estatal, autonómico y/o provincial, y las reglas que han de resolver, en su caso, los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito.

- En la negociación colectiva en las administraciones públicas, es preciso desarrollar en la Mesa General de las Administraciones Públicas la estruc-tura de negociación que deriva del EBEP (Estatuto Básico del Empleado

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Público), cuestión que debe servir para racionalizar la actual estructura de negociación colectiva, es decir, además de un cambio de actitud por parte del actual Gobierno, es preciso desarrollar la estructura que la permita.

- A nivel confederal, la organización deberá establecer los criterios y las re-comendaciones generales sobre acción sindical y negociación colectiva, que servirán de orientación a los responsables de la negociación por parte del sindicato en los convenios y los acuerdos.

- Las posiciones comunes sobre propuestas para la negociación deberán comprender los aspectos de carácter general a incluir en los convenios co-lectivos, y los apartados que deban desarrollarse a través de la articulación de la negociación por los ámbitos de negociación.

- Estos planteamientos se desarrollarán a través de la unidad de acción con la Confederación Sindical de Comisiones Obreras en todos aquéllos ámbi-tos donde sea posible.

- La negociación colectiva debe tener como fundamento primordial la protec-ción del empleo, lo que incluye el mantenimiento del empleo, la creación de puestos de trabajo y el empleo de calidad. Han de constituir estos objetivos aspectos centrales de los convenios o acuerdos de determinación de con-diciones de trabajo.

- Las Federaciones Estatales, a través de la negociación colectiva sectorial deberán determinar las condiciones económicas, técnicas, organizativas o de producción que permitan el mantenimiento y la creación de empleo, así como la recuperación y mejora de las condiciones de trabajo.

- El sindicato promoverá el impulso y mejora de los procesos de administra-ción y gestión de los convenios, pactos y acuerdos colectivos a través del fortalecimiento de los órganos de gobierno como son, entre otros, las comi-siones paritarias de representación de las partes negociadoras.

- Asimismo, el principio de ordenación general de la negociación colectiva es que todo convenio de empresa debe estar sujeto a las estipulaciones reali-zadas por el convenio sectorial de referencia.

- El convenio sectorial debe cumplir el papel de desarrollo y adaptación en el sector de los mínimos legales garantizados, de manera que ninguna perso-

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na trabajadora o colectivo de trabajadores quede sin el amparo del conve-nio, cualquiera que fuese el tamaño de la empresa.

En particular, el convenio sectorial debe tener el protagonismo en la am-pliación y concreción de las normas legales que habilitan a la negociación colectiva para la regulación de las condiciones de trabajo.

Por tanto, el convenio de sector deberá tener el objetivo de tratar con am-plitud e integridad todas las cuestiones y materias que son susceptibles de negociación, con independencia de que sus normas fuesen de obligado cumplimiento en el sector, o lo fuesen solo en la medida en que no se es-tablezca una regulación diferenciada en ámbitos inferiores conforme a la ley.

- La negociación colectiva debe atender a los distintos mecanismos que definen la descentralización productiva para garantizar la extensión de la acción protectora de los trabajadores y trabajadoras en los casos de priva-tización, sucesiones empresariales, subcontrataciones, subrogaciones, ex-ternalizaciones de los servicios, deslocalizaciones, empresas de servicios, industrias auxiliares, grupos empresariales y traslados del personal.

- En los procesos de consulta, información, participación y negociación se tomará en consideración la situación general del grupo o de la agrupación de empresas.

- Debe adecuarse el ámbito funcional de los convenios a las nuevas activi-dades empresariales a través de la ampliación del marco de partida y no por la segregación de los convenios en ámbitos diferenciados. Esta debe ser una regla general en la negociación colectiva.

- Asimismo, debe exigirse que se aplique el convenio correspondiente a la actividad productiva, sea cual fuere el tipo de empresa en la que se desa-rrolle el trabajo, sin merma de los derechos laborales y en evitación de prácticas de competencia desleal.

- En la negociación colectiva se debe mejorar la definición del ámbito perso-nal del convenio o acuerdo. El objetivo debe ser el de evitar la individuali-zación de las relaciones laborales e impulsar la dimensión reguladora y protectora del convenio, garantizando la igualdad, atendiendo a la diversi-dad de los distintos grupos y colectivos, corrigiendo las desigualdades.

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- Se debe prestar especial atención a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), con el objetivo de impedir las desigualdades y proteger las con-diciones de trabajo.

- El sindicalismo de clase que representa UGT debe ofrecer respuestas ade-cuadas para combatir el auge de organizaciones de corte corporativo que pueden convertirse en un nuevo factor de fragmentación del mercado labo-ral y de descohesión del conjunto de la clase trabajadora. Por ello, UGT apuesta por dotar a nuestras secciones sindicales, sectores y federaciones de capacidad para dar respuesta y atender a las aspiraciones laborales de los colectivos profesionales.

- Para que la igualdad efectiva entre mujeres y hombres sea un derecho real y efectivo e informe la práctica de la negociación colectiva y la acción de los interlocutores económicos y sociales y la de los agentes públicos y pri-vados, la negociación colectiva debe tener entre sus orientaciones esencia-les, además de los objetivos relacionados con el empleo y con la igualdad de trato y oportunidades, la de ser un cauce principal para garantizar el de-recho a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Para ello, re-cogerá medidas que tengan por finalidad el fomento del reparto equilibrado de la asunción de responsabilidades familiares entre mujeres y hombres y el incentivo para que los hombres trabajadores hagan un mayor ejercicio de los derechos de conciliación de esas obligaciones con el trabajo, así como medidas a favor de la flexibilización de horarios, jornadas y adaptaciones de jornada a favor de los trabajadores y trabajadoras, y el reconocimiento de derechos económicos o de la atención de servicios con cargo al conve-nio que permitan la conciliación. Es preciso tratar los problemas de acoso laboral y de género en el lugar de trabajo, a través de los sistemas de Re-solución Extrajudicial de Conflictos Laborales.

- Por otro lado, la nueva regulación en materia de ultractividad hace que sea imprescindible alcanzar acuerdos estatales que garanticen la negociación colectiva articulada en todos los sectores, evitando así que puedan produ-cirse vacíos de cobertura y establecer mecanismos de Resolución Extraju-dicial de conflictos laborales, en la línea de evitar un arbitraje obligatorio e impuesto.

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3.- Potenciar la coordinación y gestión sindical

La ordenación y vertebración de la estructura de la negociación colectiva por las Federaciones Estatales contribuye a la defensa y definición del mapa sindi-cal. La reciente reforma laboral ha supuesto un ataque directo a la negociación colectiva sectorial, al dar prioridad aplicativa a los convenios de empresa, lo que dificulta la tarea realizada para homogeneizar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores y de las trabajadoras de un sector.

Para tratar de paliar los efectos negativos que pudieran derivarse de ello, se hace necesario que las Federaciones incrementen la coordinación y supervi-sión de las negociaciones llevadas a cabo en las empresas, para evitar que se produzca un empeoramiento de las condiciones.

En caso de que el convenio de empresa no regule determinadas materias, la regulación aplicable será la establecida en el ámbito sectorial.

Incluso el convenio colectivo de ámbito superior a la empresa, primordialmente el convenio sectorial estatal podría disponer de normas orientativas sobre la definición de las situaciones económicas que podrían justificar una determinada inaplicación salarial, con la finalidad de establecer una adecuada vertebración del sector correspondiente, incluida la necesidad de regular el marco adecuado para la recuperación de las condiciones salariales y la actuación de las comi-siones paritarias y los mecanismos de solución extrajudicial de conflictos.

Precisamente desde un modelo de participación y gestión sindical amplia, las comisiones paritarias deben tener un importante protagonismo, por lo que el reconocimiento de las mismas como institución de mediación y de gestión de las materias objeto de aplicación del convenio colectivo en el sector y la em-presa, inclusive en el caso de no existir representación sindical y/o unitaria, debe ser definitivo.

La crisis económica ha afectado de manera alarmante al empleo por lo que es necesario utilizar mecanismos adecuados para el mantenimiento del mismo y, cuando sea posible, su recuperación en los términos establecidos por la nego-ciación colectiva a nivel sectorial estatal. Los mecanismos de flexibilidad interna de las empresas son preferibles a los mecanismos de flexibilidad externa por lo que es necesario aumentar las capacidades de información, consulta y nego-ciación de la representación legal de la plantilla, para que estos mecanismos se conviertan en los garantes del mantenimiento del empleo. El convenio colectivo

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sectorial estatal determinará las condiciones que permitan fortalecer los dere-chos de información y consulta en las empresas del sector con la finalidad de anticipación a los cambios.

UGT desarrollará acciones pertinentes dirigidas a:

- Reforzar la negociación colectiva con la finalidad de extender la cobertura a los colectivos que aún carecen de ella y centrar la defensa de los dere-chos laborales a través de la acción sindical en la empresa.

- Mejorar la eficacia personal en la definición del ámbito y en el seguimiento de su aplicación.

- Luchar contra la individualización de las relaciones laborales recuperando la dimensión reguladora y protectora del convenio, garantizando la igual-dad, atendiendo adecuadamente a la diversidad y a la representación de los distintos grupos y colectivos, y corrigiendo las desigualdades.

- Asegurar la aplicación del convenio colectivo correspondiente a aquellas personas contratadas en otros países para prestar servicios en empresas ubicadas en España.

- Velar por una participación directa en las mesas negociadoras de represen-tantes de todos los grupos y colectivos de trabajadores y trabajadoras.

- Desarrollar un seguimiento periódico de la negociación colectiva.

En cuanto a la apertura de nuevos ámbitos de negociación, ya surjan por la aparición de nuevas actividades como de la segregación de ámbitos incluidos en otros convenios, la autorización de un nuevo ámbito corresponderá a las Federaciones Estatales, o a la CEC cuando afecte a actividades adscritas a más de una Federación. En cualquier caso se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- Que afecte a un número suficiente de trabajadores y trabajadoras.

- Que incluya actividades consideradas homogéneas.

- Que no suponga un empeoramiento de las condiciones aplicables.

- Que la parte empresarial acredite un nivel de representatividad suficiente.

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4.- Una política salarial para el crecimiento, el empleo y la re-ducción de desigualdades La política salarial es un aspecto fundamental en la acción sindical para contri-buir a la recuperación de la economía y el empleo, la reducción de la desigual-dad salarial en todos sus frentes (género, edad, nacionalidad…) y la mejora de la calidad del empleo.

La competitividad de la economía no puede basarse en bajos costes salariales sino en la formación de los trabajadores y trabajadoras, el empleo de calidad, salarios dignos y mayor igualdad, así como en una búsqueda empresarial de calidad, diseño e innovación e incorporación de nuevas tecnologías y atención al medio ambiente. Sólo las economías que contemplen estos factores serán productivas y podrán competir y sobrevivir en el largo plazo.

El objetivo de nuestra política salarial es lograr crecimientos de los salarios que permitan, al menos, mantener el poder de compra y que contribuyan simul-táneamente a un incremento de los costes laborales unitarios compatible con los beneficios de las empresas que revierta en un mayor esfuerzo inversor ge-nerador de más empleo y de mayor calidad.

Para lograrlo es necesario:

- Desarrollar un modelo de determinación de los salarios que tenga en cuen-ta la evolución de los precios, el reparto de la productividad, la situación de las empresas y sectores y las cláusulas de garantía referenciadas al IPC, sin perjuicio de la promoción de las mejoras del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras cuando concurran las circunstancias que lo justifiquen, que contribuya a la recuperación e impulso de la economía y con ello al empleo de calidad y a la reducción de la desigualdad.

- Integrar en el conjunto de acuerdos sobre materia salarial la definición de estructura salarial, conceptos fijos y variables, así como sus factores de re-distribución y transferencia de renta respecto de futuros incrementos de productividad.

- Evitar y eliminar la discriminación salarial en cualquier circunstancia perso-nal y/o social, tomando como base el principio de igual retribución por tra-bajo de igual valor.

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- Abordar la solución de otros tipos de desigualdad salarial que se derivan de nuevas formas de precariedad laboral, especialmente en un contexto de crisis. Es preciso prestar especial atención a la desigualdad en la externali-zación de trabajos y en los empleos a tiempo parcial.

- Incluir en todos los convenios sectoriales salarios mínimos garantizados, de modo que se establezca un suelo retributivo acorde con la dispersión de retribuciones del sector correspondiente, reduciendo de esta forma el aba-nico salarial existente.

En lo que concierne al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y dado que la me-jora de su poder de compra contribuye al fortalecimiento de la cohesión social, la crisis económica no puede servir como excusa para congelarlo o reducirlo, por lo que debemos trabajar para:

- Alcanzar el objetivo de un salario mínimo del 60% del salario medio, en desarrollo de las recomendaciones de la Carta Social Europea.

- Introducir legalmente su revalorización automática, para que al menos esta renta laboral mínima no sufra pérdidas de poder adquisitivo.

En lo relativo al Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) se debe:

- Establecer un método de actualización de su importe que mantenga el valor real del indicador en el transcurso del tiempo, a través de una cláusu-la de actualización similar a la aplicada a las pensiones públicas.

- La Previsión Social Complementaria, entendida como el conjunto de ins-trumentos, no sustitutorios del sistema público de pensiones, diseñados para mantener el poder adquisitivo de la población trabajadora en situa-ciones de cese de su actividad laboral, constituye parte de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras que han tenido acceso a la misma. Por lo tanto dichos complementos se dotarán de las aportaciones de salario diferido mediante el establecimiento de acuerdos en el ámbito de la ne-gociación colectiva.

- Elegir los instrumentos financieros más adecuados a la situación concreta de cada ámbito de negociación, dando máxima relevancia a su naturaleza colectiva.

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- Mantener la vigencia de los acuerdos que suponen mejoras de la acción protectora de la Seguridad Social.

En relación a los colectivos de empleados y empleadas públicas, reactivar los compromisos existentes y la extensión de éstos a los colectivos aún sin Previ-sión Social Complementaria.

UGT planteará la reformulación, de manera consensuada por los interlocutores sociales y apoyado por la Administración, de un nuevo modelo de Previsión Social Complementaria, donde se potencien los aspectos colectivos y sociales, cuyo origen sea la negociación colectiva y donde se priorice la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Serían necesarias determinadas reformas legislativas para desarrollar una reglamentación específica para los Planes y Fondos de Pensiones de Empleo buscando un tratamiento fiscal ade-cuado y progresivo que facilite los planes colectivos sobre los individuales.

El buen fin de los acuerdos alcanzados necesita de una gestión ágil y eficaz donde la participación de nuestros representantes es fundamental, y que entre otros aspectos ha de procurar:

- Adecuar la composición de las comisiones de control a los nuevos requeri-mientos legales.

- Utilizar los derechos de voto de las participaciones societarias pertenecien-tes a los fondos de pensiones.

- Que las Comisiones de Control informen anualmente de la utilización de criterios de Inversión Socialmente Responsable en los procesos de selec-ción de títulos de su cartera de activos.

- Buscar una senda de rentabilización a medio y largo plazo en las inversio-nes financieras, huyendo de movimientos especulativos.

- Mejorar la información y formación de las personas que representan a UGT en las comisiones de control, y difundir la utilización de los servicios propios del sindicato que se dedican al asesoramiento y gestión de las prestacio-nes complementarias.

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5.- Reforzar los derechos colectivos y la participación en la empresa Los derechos de información y consulta son uno de los pilares del Derecho social de la UE. En España, el artículo 129.2 de la Constitución obliga a los poderes públicos a promover, eficazmente, las diversas formas de participación en la empresa. No en vano los derechos de información, consulta y participa-ción se sitúan dentro de las herramientas necesarias para la lucha contra la desregulación y defensa de las condiciones de trabajo.

UGT considera que se deben realizar todas las acciones tendentes a evitar que se excluya a los sindicatos de la evolución y desarrollo de la empresa, siendo necesario:

- Avanzar en la mejora de las actuales formas de participación en la empresa y grupos de empresa, reforzando los derechos de información, consulta y negociación. Ello requiere de recursos humanos y económicos suficientes para asegurar su actividad y eficacia en el desarrollo de sus objetivos.

- Acometer políticas de anticipación a los posibles cambios que se derivan del incremento de la competencia global, tanto de los procesos de concen-tración empresarial, segregación de actividades, contratación transnacional o amenazas de deslocalización.

- Obtener un conocimiento de la situación de las empresas por parte de las organizaciones y representantes sindicales que abarque tanto la perspecti-va sectorial como la proyección económica y laboral.

- Reforzar las comisiones paritarias o mixtas de los convenios colectivos, incluyendo la definición de sus competencias y procedimientos de actua-ción, y dotándolas de recursos materiales y crédito horario específico para el ejercicio de su actividad.

- Garantizar los derechos de los trabajadores/as a la información y la consul-ta, sea cual sea la forma jurídica de la empresa. La información y la consul-ta deben tratar sobre las decisiones estratégicas de la empresa, la situa-ción, la estructura y la posible evolución del empleo y sobre todas las even-tuales medidas de anticipación previstas, así como sobre decisiones sus-ceptibles de causar cambios importantes en la organización del trabajo o la relación contractual.

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- Mejorar los derechos de información, consulta y participación en las situa-ciones de reestructuración y cambio de propietarios de las empresas para permitir a los trabajadores y las trabajadoras tener una “voz” adecuada y a los sindicatos tener la oportunidad de negociar soluciones justas para los trabajadores y las trabajadoras.

- Promover reformas para permitir que todas las formas legales de las em-presas estén sujetas a normas vinculantes sobre la participación de los tra-bajadores y las trabajadoras en los órganos societarios y sobre la informa-ción y consulta con los representantes de los trabajadores y las trabajado-ras, dotándonos de los mecanismos de representación que mejor nos per-mitan garantizar estos objetivos.

- Establecer sanciones más estrictas en caso de infracción de las normas existentes sobre información, consulta y participación.

- Mejorar y aumentar el papel que los Comités de empresa europeos juegan en el desarrollo del diálogo social, siendo la fuente de información básica sobre las tendencias industriales y sectoriales.

6.- Impulsar los mecanismos de solución autónoma de con-flictos y las instituciones laborales La consolidación del sistema de solución de conflictos se ha visto cuestionada por recientes reformas legales y recortes presupuestarios. Para evitar que se desvirtúen la mediación y el arbitraje como fórmulas de diálogo, comunicación y compromiso, y se utilicen para legitimar decisiones empresariales no negocia-das, es necesario asegurar el papel de la autonomía de los interlocutores so-ciales en la definición y gestión de los conflictos colectivos y el respaldo de los poderes públicos a la gestión desarrollada por los diferentes sistemas de solu-ción de conflictos.

El sindicato debe defender el papel del sistema en el conjunto de las relaciones laborales con actuaciones tendentes a:

- Potenciar la negociación y las soluciones equilibradas y con garantías en conflictos de iniciativa empresarial para modificar, inaplicar o renegociar lo pactado. Las reformas legislativas sobre estas cuestiones deben ser inter-pretadas bajo los principios de la fuerza vinculante de los convenios, del

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deber de negociar de buena fe y de la libre autonomía colectiva sin injeren-cias públicas injustificadas.

- Propugnar que las instituciones de solución autónoma de conflictos, tanto de nivel estatal como de comunidad autónoma, cuenten con el apoyo ma-terial y financiero prestado hasta ahora por los poderes públicos que ase-guren el correcto desarrollo de la importante labor que realizan.

- Desarrollar y aplicar las previsiones del V Acuerdo para la Solución Autó-noma de Conflictos (ASAC) vigente, en particular la previsión que persigue extender su ámbito de aplicación a sectores y entidades que no estaban adheridos al Acuerdo anterior. Trasladar sus principios a nivel autonómico para asegurar la coherencia y armonización del sistema.

- Extender, con las adaptaciones necesarias, los procedimientos de media-ción y arbitraje a las relaciones profesionales del autónomo dependiente y al empleo público. En este último caso, si procede, diseñando mecanismos e instrumentos específicos.

- Vincular solución de conflictos y gestión de la negociación colectiva, en particular reforzando el trabajo de las comisiones paritarias de los conve-nios, como instrumentos preventivos de la conflictividad, mejorando la apli-cación de lo pactado en la negociación colectiva.

Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social

Con la actual legislación laboral, es más apremiante la necesidad de contar con instrumentos de control, de vigilancia y seguimiento del cumplimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, incluyendo la capacidad de inter-vención sindical. Esto supone, por un lado, mejorar los medios humanos y tec-nológicos y, por otro, estar presentes en la decisión de los objetivos, la evalua-ción de los resultados y las medidas de mejora y ajuste para el futuro. Por eso es necesario:

- Incrementar sus actuaciones, su presencia en los centros de trabajo y su labor de asesoramiento, desde la participación de los trabajadores y las trabajadoras y sus representantes por su calidad de conocedores de la realidad.

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- Preparar campañas informativas para aumentar la percepción general de que su labor cumple con un fin legítimo. Ello supone:

- Superar el contenido estrictamente sancionador de la Inspección mediante la promoción y divulgación de la normativa laboral.

- Difundir sus competencias, mejorar la comunicación y facilitar el acceso a la información de sus actuaciones.

- Insistir en una auténtica regulación encaminada a prevenir y controlar el fraude y la economía sumergida.

- Establecer garantías suficientes para coordinar y concordar los servicios en los diferentes territorios compartiendo el mismo modelo.

- Mejorar la cualificación técnica de los equipos humanos, y también las he-rramientas de la información y comunicación.

Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC)

La reforma laboral de 2012 ha supuesto un retroceso, ignorando además la opinión de las organizaciones que participan en este órgano consultivo, a las que no se les sometió a consulta los cambios. UGT defiende:

- Rechazar e impugnar la imposición del arbitraje administrativo obligatorio y las resoluciones impuestas, que consideramos inconstitucional puesto que atenta contra la autonomía colectiva, tanto en el ámbito de la CCNCC como en el de los organismos equivalentes de las Comunidades Autónomas, y de cualesquiera resoluciones vinculantes de análoga naturaleza impuestas pa-ra la inaplicación de las condiciones pactadas en los convenios colectivos. En congruencia, los distintos organismos sindicales combatirán las iniciati-vas dirigidas a tal arbitraje obligatorio o resoluciones impuestas.

- Revalorizar esta institución laboral, equilibrando la aportación de la repre-sentación de los trabajadores y de las empresas. En su actual concepción se elimina la cualidad consultiva y se amplía la de ejecución administrativa.

- Convertir a la CCNCC en un auténtico Observatorio de la negociación co-lectiva, con actuaciones amplias, que no se limiten a estudios y trabajos “a posteriori”. Para asegurar un conocimiento integral de la negociación colec-tiva que resulte verdaderamente útil para las organizaciones empresariales

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y sindicales, se precisa fomentar su composición bipartita y dotarlo de fi-nanciación propia.

- Coordinar y evaluar el funcionamiento de las instituciones tripartitas vincu-ladas a la negociación colectiva (Comisiones Consultivas o Consejos de Relaciones Laborales) y definir criterios confederales de actuación.

7.- Fortalecer la participación institucional de los interlocuto-res sociales

El derecho de participación institucional forma parte del contenido esencial u orgánico del derecho fundamental de libertad sindical y, por tanto, su regula-ción solo podrá ser por ley. Además, se debe tener en cuenta la singular posi-ción que ocupamos las organizaciones sindicales en la Constitución y el expre-so mandato a que sea una ley la que establezca las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos pú-blicos cuya función afecte directamente a la calidad de vida o al bienestar ge-neral, lo que incluye ámbitos más allá de lo socio-laboral, como el económico.

Por otro lado estamos asistiendo a una devaluación del dialogo social institu-cional, bien por incomparecencia o dimisión del Gobierno en esta función, bien por la supresión de ámbitos de participación institucional, especialmente en algunos territorios, o bien directamente por no dotarla de medios, no convocar a los organismos o no proporcionar la información necesaria. De todo ello se resiente la calidad de nuestra democracia. Por todo ello, UGT, se propone:

- Defender un marco de participación de los interlocutores sociales en las políticas públicas mediante una ley específica, de acuerdo con las funcio-nes y el papel que les encomienda la Constitución.

Esta ley debería poder aglutinar, en primer lugar, la dispersión normativa que existe en esta materia, y que no responde al mandato constitucional de reserva de ley para el desarrollo de los derechos fundamentales.

Asimismo, debería ampliar el ámbito material de acción más allá del socio-laboral, adentrándose en el económico, y resolver definitivamente la cues-tión del derecho a una compensación económica para ejercer esta función.

Finalmente, la ley debería abordar: sujetos legitimados y criterios de repre-sentatividad; identificación de los ámbitos de la participación institucional;

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contenido; procesos de consulta y diálogo social; derechos y deberes en el ejercicio de la participación; instrumentación y patrimonio sindical acumulado.

- Plantear una regulación específica para desarrollar las funciones institucio-nales de las organizaciones sindicales, también dentro del encargo consti-tucional.

- Crear un Observatorio para el seguimiento y análisis de las medidas y políticas públicas adoptadas por las AAPP, y evaluar su incidencia sobre la cohesión social y territorial, especialmente las relacionadas con las prestaciones sociales, servicios y empleo público y espacios de participa-ción social.

- Exigir al Gobierno el estricto cumplimiento del derecho constitucional a la consulta preceptiva a las organizaciones sindicales ante cualquier reforma legal o desarrollo legislativo con incidencia no solo en el empleo y en las re-laciones laborales, sino también en el resto de políticas.

- Comprometer más información y consulta en las iniciativas legislativas del Gobierno y en su desarrollo en materia fiscal, infraestructuras, servicios públicos y de interés general, y respecto a los Presupuestos Generales del Estado.

- Revalorizar y consolidar los organismos de participación institucional de sindicatos y organizaciones empresariales y, en su caso, de otras organi-zaciones y entidades sociales; organismos donde se sustenta, hasta ahora, el diálogo social institucional.

- Mejorar la coordinación y los criterios de nuestra participación institucional.

- Potenciar la formación de nuestros representantes institucionales para proporcionarles herramientas adecuadas para el ejercicio de su función.

- Llevar a cabo las acciones correspondientes en defensa del derecho fun-damental de libertad sindical, desarrollando las medidas legales e institu-cionales adecuadas.

- Combatir, desde todos los frentes (jurídico, sindical, institucional y político) la política de restricción y laminación de los espacios de participación y los derechos de intervención de las organizaciones sindicales que están lle-

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vando a cabo los Gobiernos de España y de algunas Comunidades Autó-nomas.

- Establecer de forma coordinada medidas sólidas, tanto jurídicas como de presión, para defender a los representantes de UGT y a la organización de los ataques y conductas antisindicales.

8.- La responsabilidad social de las empresas como pieza es-tratégica del progreso social

Los principales factores de la crisis son los que han estado directamente rela-cionados con la no observancia de principios básicos de la responsabilidad social de las empresas (RSE), anteponiendo la maximización del beneficio a toda costa a cualquier otro compromiso, utilizando la falta de transparencia en la gestión como herramienta y alejándose progresivamente de los criterios fun-damentales de la RSE: buen gobierno, impactos sociales y medioambientales.

Las estrategias basadas en la RSE e integradas de forma coherente en la ges-tión empresarial, está constatado que pueden contribuir de modo positivo en su funcionamiento y desempeño, destacando entre otras: la fidelización del perso-nal a la empresa y de su clientela, la mejora de la motivación y de la productivi-dad en el trabajo, el aumento de la cualificación y capacidades de los emplea-dos y de las empleadas, el fomento de un clima de confianza y transparencia en las relaciones laborales, el mayor potencial de innovación o la mejora de la competitividad.

La no superación de la crisis no puede ser excusa para hacer desaparecer o reducir los avances producidos en RSE en estos años sino, por el contrario, para establecer las bases de un funcionamiento futuro apoyado en el cambio de modelo productivo, que permita un considerable aumento de la competitivi-dad más acorde con un crecimiento sostenible.

Para ello es esencial abordar un decidido impulso que promocione y fomente las prácticas y acciones de RSE enmarcadas en una estrategia compartida de progreso social, cuyos resultados sean sostenibles, basado en aspectos que incrementen el crecimiento económico a través de mejoras en la competitividad empresarial que no suponga menoscabo en las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras, así como en la creación de empleo, la cohesión social y

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el respeto al medio ambiente. La empresa sostenible identifica e incorpora la RSE, dentro del modelo de gestión, como parte de la estrategia empresarial.

En este sentido:

- Las empresas deben empezar su responsabilidad social desde dentro, con sus trabajadores y trabajadoras, cumpliendo con las leyes y convenios de la OIT y desarrollando en sus prácticas el concepto de “Trabajo decente”.

- El trabajo decente puede ser sintetizado en cuatro objetivos estratégicos, tal como establece la Declaración sobre Justicia Social para una Globaliza-ción Equitativa adoptada por la OIT en 2008: 1.- promover el empleo creando un entorno institucional y económico sostenible, 2.- adoptar y am-pliar medidas de protección social (seguridad social y protección de las tra-bajadoras y los trabajadores) 3.- promover el diálogo social, incluyendo el tripartito, 4.- respetar, promover y aplicar las normas internacionales del trabajo, en particular los principios y derechos fundamentales en el trabajo. La igualdad de género y no discriminación deben considerarse cuestiones transversales en el marco de los objetivos estratégicos, objetivos que tie-nen validez para todos los trabajadores y las trabajadoras en la economía formal, en trabajos asalariados o autónomos; en el campo, industria y ofici-na; en sus casas o en la comunidad. Los cuatro objetivos o ejes estratégi-cos, integrándolos transversalmente, configuran un todo indivisible para que podamos hablar de trabajo decente: cada uno de ellos depende del resto e interactúa con el resto reforzándose mutuamente. El déficit en cual-quiera de esos ámbitos pone de manifiesto el déficit en trabajo decente.

- La RSE no concierne de forma exclusiva a las empresas, sino que deben tenerse en cuenta las opiniones e intereses de quienes se ven afectados por la actividad de la empresa. Las prácticas de RSE deben servir para for-talecer el diálogo y relaciones con las partes interesadas (trabajadores, clientes y consumidores, proveedores, sociedad civil de las comunidades donde desarrolla su actividad) que, a la vez, redundará en el refuerzo de la viabilidad y sostenibilidad de la actividad empresarial.

- La búsqueda de la transparencia, con la recuperación de los parámetros de certidumbre y credibilidad en la rendición de cuentas, es uno de los pilares fundamentales de la RSE. La generalización de la elaboración de informes

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que incluyan los aspectos sociales, laborales y medioambientales es defini-tiva para mejorar la información pública y la credibilidad de ésta.

- La representación legal de los trabajadores (RLT) trasladará opinión, para su conocimiento público de esta certidumbre, sobre la credibilidad de la aplicación de la RSE por parte de la empresa.

Dos son las líneas de actuación que las administraciones públicas deben desa-rrollar en materia de RSE a través del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las empresas:

- La RSE debe ser parte de su propia actividad, elaborando incluso sus pro-pias memorias de sostenibilidad y tomando en consideración sus criterios en las contrataciones públicas y en el seguimiento de sus proveedores, re-cuperando la cadena de valor de sus contrataciones y concesiones.

- Independientemente de su actividad regulatoria, deben ponerse en marcha políticas de estímulo y desarrollo para la sensibilización sobre las ventajas de la RSE en las empresas, sobre todo en la PYME.

En este ámbito, en la PYME se deberá dar cumplimiento al desarrollo del concepto de trabajo decente en sus cuatro elementos principales.

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III.- COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN Criterios a seguir a la hora de poner en marcha los objetivos del Programa de Acción en los títulos I y II. Criterios de seguimiento y evaluación

La puesta en marcha de los objetivos definidos en el Programa de Acción re-quiere de una acción concertada del Sindicato, bajo el impulso, coordinación y responsabilidad confederal, que permita la aplicación, seguimiento y evaluación de las medidas y acciones adoptadas por la Organización.

Por otra parte, la planificación de las actividades, especialmente las de carácter periódico, de carácter anual muchas de ellas, facilita en mayor grado el acierto en las propuestas y políticas sindicales, si se procede previamente a una eva-luación de las formuladas en el período temporal anterior para determinar su incidencia en la práctica, la necesidad de introducir modificaciones en las me-didas o sustituirlas por otras más adecuadas, siguiendo un ciclo temporal lógi-co: aprobación de las actuaciones, puesta en práctica, análisis de los resulta-dos y propuesta de acciones para su aprobación.

Para la coordinación y seguimiento del programa de acción se deberá hacer un diagnóstico sobre el empleo de los recursos limitados de los que dispone el Sindicato para el cumplimiento de los mandatos congresuales.

Atendiendo a todo ello, los principios que deben informar el desarrollo del Pro-grama de Acción son los siguientes:

- Iniciativa y responsabilidad de los órganos que componen la Confederación en el diseño, ejecución y aplicación de las acciones y programas de actua-ción sobre los objetivos del Programa.

- Coordinación de los planes y programas de los distintos ámbitos profesio-nales y territoriales en que se desarrolla la acción del Sindicato.

- Cooperación y solidaridad de las distintas estructuras del Sindicato, en el ámbito de sus respectivas competencias, para la consecución de los objeti-vos del Programa.

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- Priorización, temporalización y adaptación de los planes y programas de trabajo atendiendo a la evolución de las circunstancias de carácter políti-co, social y económico en el desarrollo de la legislatura. Asimismo, es preciso contar con un procedimiento de reacción inmediata del Sindicato, que permita disponer de las propuestas y alternativas sindicales, en el menor espacio de tiempo, ante las políticas o medidas que afecten a la clase trabajadora.

- Aprobación de mecanismos de evaluación y seguimiento de las políticas del Sindicato, para la valoración de las acciones emprendidas y de los re-sultados alcanzados. Los principios generales o marco general de la eva-luación se someterán a la aprobación del Comité Confederal.

- Desarrollo de jornadas confederales para la implementación de las medi-das y actuaciones del Programa.

- Utilización de las TIC para darle un mayor alcance a la información que en su momento se vaya a trasladar.

- El Congreso mandata a la CEC para que edite textos recopilatorios del conjunto de las propuestas aprobadas en el Programa de Acción para los siguientes grupos y colectivos: jóvenes, mujeres y técnicos, cuadros y directivos.

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IV.- POLÍTICAS ORGANIZATIVAS

Hacer evolucionar la organización para ser más efica-ces en la defensa de los trabajadores y trabajadoras

1.- Situación de los sindicatos en España La Constitución Española en su artículo 7 consagra el papel de los sindicatos de trabajadores como defensores y promotores de los intereses económicos y sociales que le son propios, creando así un sujeto de relevancia constitucional.

La Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985 desarrolló ese precepto consti-tucional y, a pesar de las significativas transformaciones que se han produci-do durante estos casi treinta años, es un instrumento para la realización de la acción sindical con una multitud de posibilidades que debemos seguir des-plegando.

El movimiento sindical en España se distingue por su alta representatividad, aunque adolece de una discreta tasa de afiliación. Además, la existencia de una acusada pluralidad sindical en algunos sectores deriva en ocasiones en una indeseada atomización.

La acción sindical, y en particular la negociación colectiva, de eficacia general, se realiza a costa de los recursos económicos y humanos de las organizacio-nes sindicales, que se mantienen principalmente gracias a las aportaciones de sus afiliados y afiliadas. El Sindicato debe avanzar en la consolidación de nues-tro modelo exigiendo las medidas necesarias para ello a las distintas adminis-traciones.

La Unión General de Trabajadores, como sindicato más representativo tiene presencia institucional y social en los principales organismos del país y en aquellos de ámbito europeo e internacional que así la contemplan, donde se deciden cuestiones laborales, económicas y sociales de gran calado, que afectan a la doble condición de trabajadores y trabajadoras y ciudadanos y ciudadanas.

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Hacer más sindicato, para mejorar la relación de fuerzas

La crisis económica que se inició en 2007 ha derivado en un conflicto social de duración imprevisible que obliga al Sindicato a planificar su actuación durante los próximos años sacando el máximo potencial de cada uno de sus recursos, estando obligados a hacer mucho más con mucho menos.

Es esencial fortalecer los aspectos fundamentales de lo que somos: un sindica-to. En consecuencia, la acción sindical y la organización en las empresas son las tareas prioritarias y ello pasa por fortalecer las estructuras que básicamente tienen la responsabilidad de ello, las Federaciones Regionales.

Por esta razón, las líneas básicas de actuación serán:

- Garantizar los derechos de los afiliados y las afiladas mediante la consolida-ción del catálogo de actuaciones incluidas en el Servicio Confederal Básico.

- Consolidar las líneas de trabajo, desarrolladas durante los últimos años, destinadas a mejorar nuestra gestión interna para hacer de UGT una orga-nización más eficiente.

- Incrementar la agilidad y elasticidad de nuestras estructuras para extender la actuación sindical hasta los trabajadores y las trabajadoras, grupos de trabajadores y trabajadoras o centros de trabajo que por diferentes razones tiene mayores dificultades para organizarse y defender sus derechos labo-rales.

- Ser una confederación sindical de clase y plural, con sentimiento de colec-tividad, nos coloca en una posición inmejorable para promover la afiliación a nuestro sindicato y fomentar el compromiso colectivo de los trabajadores y las trabajadoras.

La afiliación sindical en nuestro país es relativamente baja, como consecuencia de la eficacia general de los convenios colectivos y por la amplia variedad o pluralidad de organizaciones sindicales existentes, lo que dificulta, pero no impide, conseguir y mantener un sindicato más participado, con mayor afilia-ción y por tanto, más fuerte.

Nuestra presencia en los centros de trabajo es esencial, tanto para atender las demandas de la población trabajadora como para dar a conocer nuestras pro-

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puestas, fomentar la afiliación, confeccionar listas electorales y promover elec-ciones sindicales. Pero además:

- debemos tener en cuenta el entorno familiar y social de nuestros afiliados y afiliadas

- debemos tener presente la necesidad de modernizar y actualizar los forma-tos de difusión de nuestros mensajes para hacerlos más atractivos

- y debemos mejorar la participación de los afiliados y afiliadas a través de las nuevas tecnologías.

En definitiva y tras todo lo anterior, si queremos incrementar sustancialmente el nivel de afiliación y representación, así como aumentar en número y mejorar el funcionamiento de las secciones sindicales, debemos, profundizar en una serie de medidas organizativas y administrativas que nos permitan gestionar, con rigor y eficiencia, una organización compleja como es UGT.

La responsabilidad del correcto funcionamiento de los órganos de gestión no puede quedar difuminada. En aquellos casos en los que las comisiones ejecuti-vas están fiscalizadas por comités y/o congresos cuyo funcionamiento no cumple con lo estipulado en los estatutos y normas, serán los órganos superiores los responsables de garantizar la vida democrática del sindicato en este ámbito.

Hay que dar valor a las tareas de gestión, al día a día del sindicato (adminis-tración de la afiliación, gestión de la cuota sindical, visita a los centros de traba-jo), estableciendo una garantía básica de atención y prestación de servicios (de obligado cumplimiento) para el conjunto de la Confederación.

Los trabajadores y las trabajadoras nos eligen; apuestan, en nuestro caso, por UGT. Por tanto, es preciso conseguir una correcta primera toma de contacto con el solicitante o la solicitante de afiliación. La relación entre el sindicato y el trabajador o trabajadora debe ser profesional y humana, amable y rigurosa a la vez. La primera impresión es muy importante, y a veces definitiva.

Más adelante, la actividad cotidiana debe conllevar una buena gestión y resolu-ción de los problemas laborales particulares. Mediante el acercamiento a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras y la formación sindical se po-drán ir generando vínculos más estrechos con los afiliados y afiliadas, estable-ciendo una verdadera cultura de la participación y de la afiliación. Hay que ser

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capaces de transmitirles la importancia de poseer una cultura laboral y acción colectiva a través del sindicato, como medio esencial para lograr aquello que sus miembros están dispuestos a sostener y por lo que están dispuestos a luchar.

En este marco, la formación y cualificación sindical adquiere un valor especial-mente estratégico. Tener criterios y un juicio colectivo, de acuerdo con los valo-res de la Organización, sobre la realidad cambiante en la que opera el sindica-to, y elaborar las respuestas más adecuadas a cada situación, debe constituir una tarea esencial para una acción sindical transformadora y eficaz.

Todo ello (afiliación, participación, representación, formación) forma parte de las medidas a adoptar para la consolidación y refuerzo interno del sindicato, a las que hay que añadir la necesidad de continuar con la ofensiva ante los pode-res públicos a nivel nacional y europeo por el reconocimiento del sindicato co-mo institución vital en la ordenación de las relaciones laborales y en la cons-trucción de una sociedad más democrática, más igualitaria, más justa y más social.

Por todo ello, y para avanzar en el logro de nuestros objetivos, el Congreso encomienda a la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, que a través de sus organizaciones, Federaciones (FFEE) y Uniones (UU), trabajen coordinada-mente para desarrollar las tareas que el Congreso les encomienda.

Fortalecimiento de la base democrática del Sindicato El Sindicato mantiene como objetivo prioritario el crecimiento de la afiliación y de la base electoral. Sin embargo, en la actual situación, este objetivo no puede formularse al margen de la transformación social y laboral producida por la crisis económica, las suicidas políticas de ajuste, y lo que el Gobierno llama “reformas estructurales”, eufemismo tras el cual se esconde el desmantela-miento de las bases sobre las que se produjo el pacto constitucional, y en parti-cular la demolición de los principios en los que ha estado basado el derecho del trabajo.

Como consecuencia de todo eso, muchos trabajadores y trabajadoras están en los límites de la pobreza y la exclusión social, la mayoría tiene menos recursos económicos porque ha perdido su empleo o han rebajado su salario, paga im-puestos más altos, ha perdido servicios esenciales que ahora debe financiar de manera individual, ha perdido la mayoría de sus derechos laborales y se en-

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cuentra prácticamente sin capacidad de defensa ante las decisiones unilatera-les de las empresas y de los gobiernos.

La reforma laboral impuesta por el RD-ley 3/2012 primero, y por la Ley 3/2012 después, ha roto el equilibrio de nuestro modelo de relaciones laborales, permi-tiendo al empresariado una casi absoluta discrecionalidad de actuación, dificul-tando en consecuencia casi cualquier posibilidad de negociación y acuerdo con los trabajadores y trabajadoras que tenga en cuenta sus intereses, simplemen-te porque esa reforma del Gobierno del PP permite a los empresarios y empre-sarias ignorarlos.

La nueva situación nos obliga a intensificar nuestra presencia y actuación en los centros de trabajo para defender los derechos de nuestros afiliados y afilia-das, así como a una apuesta por la solidaridad y una mayor defensa del mode-lo sindical español, que no deja a nadie al margen de los beneficios de la ac-ción sindical.

2.- Afiliación Incentivar la afiliación es un objetivo de todos los miembros y estructuras del Sindicato. Las razones por las que un trabajador o trabajadora decida afiliarse a UGT pueden ser de carácter ideológico o práctico, pero en ambos casos hay una condición necesaria: que conozca y le interesen nuestras propuestas, que se sienta identificado o identificada con nuestras reivindicaciones y actuacio-nes, que sepa dónde estamos y cómo trabajamos, que quiera participar en el proyecto colectivo para el que existe UGT. Debemos ser capaces de aunar a las trabajadoras y los trabajadores en nuestra lucha y para ello, necesitamos mentalizarnos de que sólo una dinámica integradora puede fortalecernos.

Desde las áreas de Organización del Sindicato debe garantizarse al afiliado y afiliada el cumplimiento de los derechos y deberes que establecen los estatutos y normas, y disponer de los mecanismos administrativos y de gestión que per-miten hacer realidad de manera fluida y eficaz su pertenencia a la organización.

Objetivos para la acción:

1.-Transmitir lo que hacemos, hacer proselitismo utilizando para ello tanto la propia actividad del sindicato como las herramientas y servicios de los que dispone: desde nuestras sedes, secciones sindicales y representantes, promo-viendo elecciones sindicales, facilitando la participación en la negociación co-

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lectiva y dando a conocer sus resultados, facilitando la participación, con los servicios, y con los resultados de nuestra representación institucional.

2.- Establecer planes anuales de afiliación con objetivos concretos, y métodos de control y revisión en cuyo seguimiento deben estar implicados las comisio-nes ejecutivas y los comités.

Cada organización articulará planes de trabajo específicos para el fomento de la afiliación: Las comisiones ejecutivas federales establecerán objetivos con-cretos partiendo de un análisis previo de las fortalezas y debilidades de la afi-liación en sus respectivos ámbitos.

En la elaboración y ejecución de estos planes se incorporará a todas las áreas de la comisión ejecutiva, que evaluará su desarrollo y evolución con carácter mensual.

Los planes de afiliación contemplarán específicamente tres aspectos: gestión administrativa de la afiliación (con análisis de altas, bajas, rotaciones, y las causas de esos movimientos), el potencial afiliativo de las secciones sindicales, y el potencial de crecimiento de las tareas de asesoramiento sindical (presen-cial o a través de las nuevas tecnologías) y servicios jurídicos.

3.- Establecer por cada federación estatal un mínimo de tasa de afiliación por organismo en relación a la población asalariada correspondiente a su ámbito geográfico y organizativo, que sirva de referencia y estímulo para el crecimiento afiliativo. Cada federación estatal podrá coordinar con las UCA la manera de implementar los planes de afiliación en los territorios.

4.- Establecer, como prioridad de los planes de trabajo, estrategias para la incorporación al sindicato de nuestros delegados y delegadas y votantes no afiliados.

5.- Para la articulación de estos planes de trabajo será imprescindible disponer de los datos que configuran el Registro Confederal de Recursos, razón por la que es de obligado cumplimiento para el conjunto de la Organización su contri-bución al mantenimiento del mismo con una puntual, correcta, y eficiente actua-lización de los datos.

6.- Dotar de medios suficientes a los departamentos para facilitar su colabora-ción en las tareas de afiliación. Se deberá prestar especial atención, en la re-

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cogida de los datos de la ficha de afiliación para que se puedan extraer datos de edad, sexo, formación, categoría profesional, etc.

7.- Automatizar por parte de la CEC el protocolo de altas en el aplicativo de gestión informática (AGI), para una rápida incorporación plena de los afiliados y las afiliadas. El protocolo de altas comprende:

- Tramitación y registro de la solicitud con todos sus datos en el transcurso de un mes.

- Entrega al nuevo afiliado o afiliada de un paquete de información básica: carta de bienvenida federación y sector al que pertenece; dirección, teléfo-nos, correo electrónico y página web de contacto e información; régimen de cuotas y formas de pago; estatutos y normas; carta de servicios; régimen de los servicios jurídicos; convenio colectivo de referencia.

- Cobro de la primera cuota y entrega del carné en el plazo de un mes.

8.- Mantener actualizados los ficheros de UGT en el aplicativo único de gestión Interna de la afiliación y la representación sindical (AGI), ligado al cobro de la cuota, que permitirá al afiliado o afiliada justificar el estar al corriente de pago de la misma, poder acceder al uso de los servicios de la Confederación, y que le sean reconocidos sus derechos políticos de representación y voto en UGT y sus organizaciones.

9.- Hacer un seguimiento permanente de las bajas, los impagos y sus motivos. Trabajar para evitar la rotación en la afiliación con planes específicos.

10.- Informar periódicamente de forma personalizada, especialmente a través de las nuevas tecnologías.

11.- Mantener una política de “puertas abiertas”, con horarios de las sedes adaptados a las necesidades de cada ámbito y fórmulas de gestión, asesora-miento y consulta vía telefónica u online.

12.- En las UCAS, de acuerdo con las FFEE, se creara un Servició Básico de Atención a los afiliados y afiliadas, y a los delegados y delegadas que represen-tan a UGT para atender las necesidades que reclamen y será un canal de aten-ción constante acorde con la profesionalidad y diligencia que caracteriza a un sindicato con el saber hacer de UGT. Los trabajadores y trabajadoras que

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deseen afiliarse deben encontrar en nuestro Sindicato una respuesta cuidada y minuciosa a sus inquietudes. Se elaborará y facilitará una guía de servicios a disposición de toda la afiliación con el objetivo de dar a conocer con detalle todas las acciones y oportunidades que ofrece nuestro sindicato a sus integrantes.

Además, habría que contemplar:

- Contrarrestar la falta de amparo sindical en las pymes ofreciendo un trata-miento apropiado a los afiliados y afiliadas pertenecientes a estas empre-sas.

- Reconocer el derecho a la sindicación a todas las personas extranjeras con independencia de su situación administrativa.

- Eliminar obstáculos para la afiliación a los sindicatos.

- Ampliar el derecho a afiliarse al sindicato de su elección, para los miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

- Reconocer el derecho de sindicación para defender sus intereses, para los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

3.- Representación El modelo sindical español, basado en la representatividad obtenida en las elecciones sindicales, acumula un desfase progresivo respecto a la estructura empresarial y laboral a la que debería dar respuesta. La atomización empresa-rial, fomentada por las políticas de externalización y subcontratación, las fran-quicias, autónomos y autónomas dependientes, etc... Han dado lugar a una segmentación del mercado laboral en función de la posibilidad o imposibilidad legal de canalizar el derecho a la representación y negociación colectiva.

Las elecciones sindicales, donde se eligen los órganos de representación unita-ria, son la fórmula democrática que tienen los trabajadores y trabajadoras para elegir a sus representantes y participar, a través de ellos en la empresa y en las administraciones públicas.

El actual sistema de representatividad excluye a la inmensa mayoría de peque-ñas empresas con menos de seis trabajadores por lo que habrá que profundi-zar en fórmulas para que el sindicato pueda garantizar un mínimo de derechos

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de acción y competencias para organizar a los trabajadores y trabajadoras y asistirles en sus necesidades básicas.

Tras la última reforma laboral que prioriza la negociación colectiva en la empre-sa, en aquellos centros de menos de seis trabajadores, se hace más necesaria nuestra presencia sindical y la organización de los trabajadores y trabajadoras con fórmulas que garanticen su participación democrática. UGT debe explorar en su normativa interna nuevas fórmulas representativas que sean susceptibles de alcanzar, sobre todo, a trabajadoras y trabajadores infrarrepresentados co-mo medio de respuesta protectora y como instrumento de fortalecimiento de la base de representación y de afiliación.

El Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público re-gulan estos órganos de representación unitaria: delegados y delegadas de personal, comités de empresa y juntas de personal. La representación es ne-cesaria para que el sindicato pueda ejercer su actividad (negociación colectiva, representación institucional) y defender los derechos colectivos y los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos que aprovechar la legislación y nuestra condición de sindicato más representativo para promover elecciones sindicales y elegir representantes de UGT en el mayor número posible de cen-tros de trabajo.

Es necesario hacer de las elecciones sindicales una tarea fundamental para este sindicato, estableciendo una cultura de la representación. Las elecciones sindicales no se circunscriben a un periodo concreto, por lo que es necesario trabajar a corto, medio y largo plazo, con objetivos concretos, y planificando el trabajo en función de una estrategia determinada.

Para conseguir buenos resultados debemos dotarnos de una estructura organi-zativa adecuada, dotar de recursos económicos y humanos a las federaciones, hacer un exhaustivo control del proceso electoral, y ser extremadamente rigu-rosos y diligentes en la confección y puntual actualización de datos en el Fiche-ro de Representación Sindical de UGT (AGI).

Objetivos para la acción:

Para obtener buenos resultados en la realización de elecciones sindicales, utilizando eficientemente los recursos disponibles, es necesario un exhaustivo control de las distintas etapas del proceso electoral, y la activación de una serie de actuaciones que podríamos denominar protocolo de actuación electoral. La

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articulación de este protocolo tiene como eje central los comités electorales de cada ámbito, e implica a todas las estructuras organizativas en una serie de compromisos esenciales e ineludibles.

Los comités electorales son la pieza clave de la estrategia electoral. Se consti-tuirán en las tres mesas siguientes a la celebración del Congreso Confederal. Están compuestos por las secretarías de organización de las federaciones y uniones de cada ámbito organizativo y/o secretarías de elecciones, se reunirán de forma periódica y siempre que sea necesaria. Su funcionamiento será regu-lado por un reglamento.

La Confederación y las Federaciones Estatales deben:

- Establecer un porcentaje de la cuota confederal como apoyo económico a la realización de las tareas de implantación del sindicato en la pequeña empresa. Esta labor será llevada a cabo por los agentes sindicales.

- Acordar y fijar objetivos de acuerdo con las FFEE, según su situación en cada comunidad autónoma en los distintos niveles organizativos con res-pecto a la media de representatividad de la federación para corregir los desfases. Se actuará con criterios de recuperación para las organizaciones que no lleguen a la media de representación de su ámbito de referencia, y con criterios de crecimiento para las organizaciones más consolidadas. La CEC y las Federaciones estatales fijarán planes específicos de afiliación con las Uniones para implantarlos en los territorios.

Los objetivos electorales se plantearán con carácter trimestral para planificar la actividad electoral y evaluar posteriormente los resultados.

Se establecerán planes de trabajo que contemplen las renovaciones de los procesos, evaluando los resultados, analizando los problemas detectados y rediseñando la estrategia a seguir, así como, los desplazamientos que se pro-duzcan de procesos anteriores y el seguimiento a las empresas de nueva crea-ción. Igualmente se establecerá un Plan de Trabajo anual de visitas a nuestros representantes, y para aquellas empresas sin representación.

En los sectores emergentes (atención a la dependencia, servicios a la comuni-dad etc.) se dedicará una especial atención tanto a la afiliación como a la re-presentación de los trabajadores y trabajadoras.

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Administración de las elecciones

Una vez acordados los planes de trabajo electoral en cada uno de los organis-mos, y coordinados a través del correspondiente comité electoral, se realizarán las siguientes tareas:

- Obtener y mantener la documentación relacionada con las elecciones sin-dicales: censos, actas, resultados y delegados y delegadas.

- Organizar y coordinar la defensa jurídica: impugnaciones, laudos, recursos.

- Relación con la Administración del proceso electoral: seguimiento diario de la Oficina Pública de Registro (OPR), procurando que ésta funcione bien dotada y lleve al día los resultados; garantizar la independencia de los árbi-tros y establecer plazos razonables para la emisión de laudos.

- Control y seguimiento de los resultados: procurar que el acta con resulta-dos de UGT llegue bien cumplimentada (CNAE, convenio, etc.) a la OPR; registro de las actas en la OPR por fecha de votación, vigilando la atribu-ción de resultados al código de UGT; verificación periódica de resultados, debiendo cuadrar mensualmente nuestros resultados con los de la OPR; solicitar cada año, dentro de los dos primeros meses, la certificación de re-sultados del año anterior y la del último cuatrienio.

- Grabar diariamente, en su integridad, las actas computables de eleccio-nes sindicales en el sistema informático confederal (AGI). Esta tarea es esencial para la planificación, seguimiento y control de los procesos elec-torales por parte de todas y cada una de las estructuras organizativas del Sindicato.

Pautas de trabajo electoral

- Prestar especial atención a ciertas tareas electorales básicas:

- Cerrar con suficiente antelación las candidaturas, especialmente en las empresas donde tenemos presencia para asegurarla, garantizando el tra-bajo a varios meses vista. En el momento de cerrar la candidatura recoger los datos personales y laborales de los candidatos y las candidatas, lo que nos facilitará posteriormente la visita a los centros de trabajo y las tareas de apoyo a los delegados y delegadas elegidos.

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- Seguir todos los preavisos para tratar de elaborar una candidatura de UGT. Preavisar una elección sindical sólo cuando tengamos la candidatura ce-rrada. Presentar a las OPR los preavisos en el límite de plazo establecido, para evitar que otros se aprovechen de nuestro trabajo.

- Cuidar la confección de las listas electorales, cuya composición debe ser determinada democráticamente por los afiliados y afiliadas a los que repre-sentan. Tener en cuenta la obligación de establecer criterios para incorpo-rar mujeres, jóvenes, inmigrantes y personal perteneciente al grupo de téc-nicos y cuadros a las listas electorales, en puestos que les garanticen la elección para que, posteriormente, puedan formar parte de las mesas de negociación colectiva.

- Dar la máxima protección al candidato, o precandidato, en las elecciones sindicales, frente a las conductas antisindicales y particularmente ante el despido, evitando la vulneración del derecho de libertad sindical. Para ello, la Confederación impulsará las modificaciones normativas necesarias a fin de garantizar esta protección.

- Presentar siempre la candidatura como UGT, firmada y sellada por la fede-ración correspondiente (o en su defecto por la UCA), reproduciendo en las papeletas de votación exclusivamente el logotipo (descrito en el art. 1.3 de los Estatutos Confederales) de UGT, y solo una candidatura de UGT por proceso electoral, sabiendo que en caso de disputa, y para salvaguardar los intereses del conjunto de la organización, la CEC decidirá de forma in-mediata e inapelable.

- Acudir a los centros de trabajo el día de la votación, para defender la can-didatura de UGT, y, en todo caso, si no tenemos lista, para garantizar el co-rrecto desarrollo del procedimiento electoral.

- Planificar la localización de “empresas sin representación”, la preparación de candidaturas y la promoción de elecciones sindicales en las mismas, pa-ra ampliar la presencia del sindicato en los centros de trabajo.

- Hacer un seguimiento especial de las empresas o centros de trabajo donde habiéndose celebrado elecciones sindicales, UGT carece de representa-ción. Preparar con la suficiente antelación las tareas para procurar la pre-sentación de listas de UGT en estas empresas o centros de trabajo, y ase-gurarnos así la obtención de representación en la empresa.

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- Realizar una distribución más racional de las tareas electorales y de las visitas a las empresas o centros de trabajo. Las FFEE y las UU, en el mar-co del comité electoral, en cada ámbito territorial, establecerán un plan de trabajo para la ordenación y el reparto de estas tareas de implantación y expansión sindical. Ambas estructuras del sindicato garantizarán la visita a todas las empresas o centros de trabajo, la promoción y realización de elecciones sindicales en todos ellos y el apoyo a todos los representantes de UGT.

- Para realizar las tareas electorales de la manera más eficiente posible hay que hacer un esfuerzo adicional en el presupuesto para las EESS incre-mentando los recursos dedicados a los sectores y territorios más débiles.

Pautas de actuación para el apoyo a nuestros representantes en las empresas

- Visitar a los representantes de UGT en su centro de trabajo, al menos, una vez cada semestre, planificando las visitas y compatibilizándolas con la elaboración de candidaturas y la realización de elecciones sindicales. Estos contactos servirán para trasladar información, recoger sugerencias y procu-rar la afiliación al sindicato de los que aún no lo están, manteniendo vigente el Fichero de Representación Sindical de UGT (AGI). Además de las visitas presenciales será necesario establecer una comunicación fluida utilizando para ello las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación). Debere-mos facilitarles también una relación de contactos donde acudir en caso de necesidad.

- Ofrecer y facilitar a nuestros representantes el acceso a cursos de forma-ción, para que adquieran los conocimientos necesarios que les ayuden a desarrollar su labor sindical, con el objetivo de hacer de ellos miembros ac-tivos del sindicato.

- Convocar a nuestros delegados y delegadas a las actividades del sindicato. Las uniones deben organizar, en consonancia con su estructura organizati-va territorial y contando con las federaciones de su territorio, al menos, una asamblea general al año de carácter informativo, donde informen y sean in-formados de la marcha del sindicato, sirviendo a la vez para relacionarse e intercambiar experiencias.

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- Dar a nuestros delegados, delegadas y representantes derecho de acceso preferente a los servicios de asesoría del sindicato, para que puedan llevar a cabo en mejores condiciones sus tareas de representación y garantizan-do la máxima protección frente a las conductas antisindicales.

- Establecer un plan especial de actuación de prevención, que contemple, entre otras, medidas de formación, apoyo sindical y jurídico y la coordina-ción de sus tareas, mediante su inclusión en el Fichero de Representación Sindical de UGT (AGI).

- Los agentes sindicales realizarán las tareas de implantación del sindicato en la pequeña empresa. La gestión del fondo establecido, el reparto y los criterios generales de funcionamiento de estos agentes sindicales lo esta-blecerá una Comisión Confederal, compuesta por la CEC y las FFEE y una representación de las UCAS, que dotará al CEL del personal necesario pa-ra atender las EESS.

- La ejecución y control de las tareas de los agentes se realizará en la UCA (Por la CE y las FFEE) desarrollando, según las necesidades territoriales y sectoriales, las líneas maestras establecidas por el Comité Confederal e in-formando puntualmente de las actividades y de los resultados obtenidos.

- En línea con lo expuesto cobra mayor relevancia mantener el Programa de Agentes sindicales. Los organizadores y organizadoras sindicales deben visitar a nuestros delegados y delegadas para atender sus necesidades y garantizar, a través de ellos, nuestra presencia en los centros de trabajo y el nivel de representatividad de la Organización, en las renovaciones y en los nuevos procesos electorales.

- Optimizar el funcionamiento del programa, manteniendo a los y las agentes que han probado su capacidad de trabajo en esta difícil tarea. Garantizar, constantemente, a los organizadores y organizadoras la formación e infor-mación necesaria para que desarrollen su tarea correctamente.

- Para incrementar los resultados de esta labor es necesario definir las ta-reas complementarias de acción sindical que desarrollan junto a las EESS y el apoyo a los delegados y delegadas de la pequeña empresa. Nunca pueden sustituir a las comisiones ejecutivas en la representación del sindi-cato porque se difumina la eficacia del programa.

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- Las tareas encomendadas a estos agentes son, en sí mismas, de vital importancia para el Sindicato, de ahí la necesidad de concretarlas para no impedir su realización cargándoles de trabajo y de tareas que no les co-rresponde realizar y que son obligación de las comisiones ejecutivas.

Rebajar la conflictividad electoral y limitar sus efectos

- Procurar no empantanar el proceso electoral, evitando los litigios en mate-ria de elecciones sindicales que nos hacen gastar mucha energía y perder una cantidad importante de representantes, tanto en los procedimientos ar-bitrales como en los judiciales, quedando todos los años un buen número de delegados y delegadas anulados o fuera de cómputo para la negocia-ción colectiva, la representación institucional y la subvención por elecciones sindicales.

- Cumplir y exigir el cumplimiento del “Protocolo de Acuerdos sobre Eleccio-nes Sindicales”, pendiente de renovación, suscrito por UGT y Comisiones Obreras, como garantía de un proceso electoral más riguroso y coherente con los principios que inspiraron a los dos sindicatos la reforma de la nor-mativa electoral. En su caso, con los mismos criterios, se podrán suscribir acuerdos con otras organizaciones representativas en sectores y territorios.

- Renovar el compromiso, contraído por ambas confederaciones, de no impugnar ante la Jurisdicción Social los laudos arbitrales que sean promo-vidos por cualquiera de ellas, y limitar las impugnaciones a los temas de fondo, evitando hacerlo por aspectos formales cuando se tenga la certeza de que los procesos electorales han sido celebrados democráticamente.

- Mantener el buen funcionamiento de la institución arbitral, garante de resol-ver en primera instancia, a través de un procedimiento arbitral obligatorio, los litigios que se produzcan en el proceso electoral, evitando su judiciali-zación. Establecer una relación de cooperación con los árbitros.

- Procurar el prestigio de la institución arbitral, fijando plazos razonables para la emisión de los laudos, realizando un seguimiento periódico de las actua-ciones y procurar un entorno digno de trabajo en el que se ejecuten los cri-terios establecidos.

- Designar una persona en cada ámbito territorial para que lleve el control y seguimiento de las impugnaciones, laudos y recursos, y la relación con los

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árbitros. Para hacer frente a la conflictividad electoral, la Comisión Ejecuti-va Confederal establecerá un servicio que coordine las estrategias y las sentencias en conflictos electorales tanto en la fase arbitral como en la ju-dicial, procurando la unificación de la doctrina arbitral en esta materia.

Defender la libertad sindical

- Para defender a nuestra representación y al sindicato de las conductas lesivas al derecho fundamental de libertad sindical, junto a la exigencia de desarrollar medidas legales e institucionales para defender este derecho, el sindicato debe establecer estrategias sólidas tanto jurídicas como de pre-sión puntual para defender a la representación de UGT y a la organización, en definitiva, de los constantes ataques y conductas antisindicales que su-fren. Desde la Comisión Ejecutiva Confederal se coordinarán las actuacio-nes y estrategias jurídicas más adecuadas, que las llevarán a cabo los res-ponsables de los gabinetes jurídicos de la Organización, que informarán de los resultados obtenidos.

4.- Consolidar el Sindicato como Organización UGT necesita una estructura administrativa única para el conjunto de la confe-deración, profesional, eficiente, y con pautas de actuación transparentes. Esta estructura debe garantizar a todas las organizaciones de UGT, a sus afiliados y afiliadas, y a sus delegados y delegadas, el cumplimiento diligente de todas aquellas tareas que hacen efectiva su pertenencia a la Organización, y el cum-plimiento de sus derechos y obligaciones en igualdad de condiciones.

Este sistema de gestión común, al que denominamos Servicio Confederal de Gestión (SCG) debe aportar rigor, eficiencia y seguridad en la administración de las tareas esenciales del sindicato, y debe realizarse de manera conjunta y mancomunada entre uniones y federaciones. La imperiosa necesidad de efi-ciencia y seguridad en estas tareas de gestión básicas, hace imprescindible el compromiso de colaboración y reparto de funciones entre la estructura sectorial y la territorial, para evitar descoordinaciones, disfunciones o duplicidades.

Por otra parte, el sindicato debe desarrollar su estructura organizativa para llegar a los centros de trabajo. Para incrementar y consolidar nuestra presencia en estos centros hay que aprovechar los derechos sindicales y ampliarlos al máximo.

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Los trabajadores y trabajadoras afiliados han de organizarse dentro de las em-presas, cuando sea posible, a través de las secciones sindicales que garanti-cen el debate de sus propuestas de cara a la acción sindical y a la negociación colectiva en los foros y ocasiones adecuados. La constitución y funcionamiento de las secciones sindicales en las empresas y en los centros de trabajo es una tarea básica de las FFEE en la que deben colaborar todas las estructuras del sindicato.

Servicio Confederal de Gestión (SCG)

El SCG es la estructura de gestión administrativa de la Unión General de Tra-bajadores es única para el conjunto de la Organización (confederal) porque se desarrolla mancomunadamente entre uniones y federaciones. La totalidad del servicio se rige por criterios comunes, basados en la eficiencia, profesionalidad y rigor. La componen de forma mancomunada la CEC, las FFEE y las UCAS.

El Servicio Confederal de Gestión fijará en el ámbito Confederal los criterios que deben servir de orientación para la mancomunidad en los ámbitos inferiores.

El SCG es el encargado de realizar las tareas administrativas esenciales del Sindicato, las vinculadas directamente al catálogo de actuaciones esenciales que componen el Servicio Confederal Básico. La responsabilidad de que el SCG funcione correctamente recae en la CEC, que habilitará los medios para su implantación en los territorios, correspondiéndole la planificación, la adminis-tración y la dotación del personal necesario para estos fines.

El Comité Confederal, a propuesta de la CEC, dotará al SCG de un reglamento de funcionamiento donde se regulará la participación en sus órganos de direc-ción (FFEE y UCAS). El catálogo de servicios que la UGT habrá de prestar a sus afiliados y afiliadas a través del SCG será responsabilidad de la CEC y se detallará en el primer Comité Confederal que se celebre, para someterlo a su aprobación.

Afiliación

- Los nuevos afiliados y afiliadas recibirán en un plazo no superior al mes el carné de afiliado o afiliada y el recibo de cobro de la primera cuota sindical.

- Los nuevos afiliados o afiliadas deben recibir, en el mismo periodo, infor-mación sobre: federación y sector al que pertenece, datos básicos para re-

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cibir información y atención (dirección de los locales, teléfonos, correo elec-trónico, página web), régimen de cuotas y formas de pago; condiciones y forma de acceso a los servicios jurídicos; catálogo de servicios; convenio de referencia. También se les ofrecerá un curso básico de iniciación y co-nocimiento de UGT.

- Para garantizar los derechos de los afiliados y afiliadas es imprescindible tener actualizado su registro y datos en el fichero AGI, el cobro de la cuota y el justificante de pago de la misma, junto con información de las variacio-nes que anualmente se producen en el valor de la cuota. Cualquier baja o cuota impagada tendrá un seguimiento personalizado desde la federación correspondiente.

- Los afiliados y afiliadas serán informados puntualmente de cualquier varia-ción que se produzca sobre los servicios y todo lo referente a sus derechos y deberes.

- El Sindicato incorporará de pleno el uso de las nuevas tecnologías en su relación con el afiliado o afiliada, facilitándole información a través del telé-fono móvil y/o el correo electrónico que haya facilitado.

- Cada organización establecerá planes de crecimiento afiliativo, en los que tendrá carácter prioritario los miembros integrantes de las candidaturas electorales de UGT y los y las representantes electos. Estos planes con-templarán los objetivos programáticos de especial apertura y actuación respecto a mujeres, jóvenes, y aquellos colectivos emergentes que configu-ran la realidad laboral de cada ámbito.

Representación

- El comité electoral es la pieza clave para armonizar las tareas de las fede-raciones y las uniones en los procesos de elecciones sindicales, que re-quieren racionalizar al máximo los medios puestos a disposición de esta ta-rea y optimizarlos con planes de trabajo concretos acordados entre las fe-deraciones estatales y las UCAS.

Procesos electorales

- Actualización permanente de las bases de datos de los ficheros AGI y de la Seguridad Social.

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- Dar continuidad y cumplimiento a las resoluciones que establecen la crea-ción y actualización permanente de un Registro Confederal de Recursos, con una memoria de los mismos.

- Planes de trabajo anuales sobre renovaciones propias y de otros sindica-tos, nuevas elecciones y seguimiento de la representación.

- Planificación trimestral de objetivos electorales.

- Control y seguimiento de los resultados (altas, bajas, y sustituciones de delegados y delegadas).

- Protección a los candidatos y candidatas y a los delegados y delegadas.

- Estar presente en los actos electorales (proclamación de los censos, cons-titución de la mesa, votación, etc.) de todos los procesos.

- Elaborar estrategias específicas para los puntos de débil implantación elec-toral.

- Garantizar la participación de los afiliados y afiliadas en la elección de sus representantes y en los acuerdos que les afecten.

Apoyo a los delegados y delegadas

- Informar a los delegados y delegadas de los planteamientos estratégicos de la organización.

- Visitar los centros de trabajo con representación de UGT cada seis meses de forma ordinaria, y con la máxima prontitud cuando lo soliciten.

- Ofrecer y facilitar cursos de formación sindical a los delegados y delega-das.

- Convocar a los delegados y delegadas a las actividades del sindicato.

- Realizar, al menos, dos asambleas anuales de delegados y delegadas.

- Conseguir la afiliación de todos los delegados y delegadas.

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- Defender a los delegados y delegadas y candidatos y candidatas ante las agresiones que se produzcan en el ejercicio de la representación y procu-rarles su acceso preferente a los servicios jurídicos.

- Incluir en el Registro Confederal a los delegados y delegadas de preven-ción y facilitarles formación.

Coordinación organizativa.

- Las federaciones garantizarán, a través de las secciones sindicales, la participación de los afiliados y afiliadas y representantes electos de UGT en aquellos centros de trabajo y/o empresas en las que estén constituidas. Pa-ra garantizar el mismo nivel de participación, tanto en aquellos centros de trabajo en los que es difícil constituir una sección sindical, como en los que confluyen varias federaciones:

- Cuando no tengan medios suficientes para mantener una estructura territo-rial propia, las comisiones ejecutivas de las federaciones y de la UCA co-rrespondientes implantarán fórmulas organizativas de coordinación territo-rial en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

- Las federaciones estructurarán la Organización en las áreas de producción de bienes o de servicios en las que confluyen un elevado número de traba-jadores y trabajadoras, y de empresas, como son los aeropuertos, inter-cambiadores de transporte; grandes superficies comerciales, de servicios y ocio; polígonos industriales, complejos hospitalarios, universidades, etc…, la federación o federaciones con más implantación en cada caso, y el resto de federaciones, asumirán de manera conjunta las tareas sindicales nece-sarias para la obtención de delegados y delegadas y afiliados y afiliadas y para que se atiendan adecuadamente, con los medios que convenga en cada caso, para esta tarea se contará con la colaboración y coordinación de la UCA.

- Establecer fórmulas organizativas que nos permitan defender adecuada-mente los intereses de los trabajadores y trabajadoras en los grupos em-presariales intersectoriales, materializando de manera efectiva un nexo or-ganizativo entre la federación de la empresa principal y el resto de las em-presas del grupo.

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Servicio Confederal Administrativo (SCA)

Forma parte del SCG, y es el que recauda y distribuye los ingresos por cuota de la Confederación. Tiene en exclusiva la función de emitir la certificación de cuotas con las que se establece la representación en los congresos de todas las organizaciones y estructuras que componen UGT.

- Nuestro objetivo debe ser consolidar el SCA como un sistema de gestión único y de obligado cumplimiento para UGT, con una dirección mancomunada, lle-vado a cabo con profesionalidad, a salvo de los avatares políticos de la organi-zación, que trabaje con los criterios de actuación fijados en su Reglamento de funcionamiento. El sistema debe permitir hacer del afiliado o afiliada individual el centro de nuestra atención, identificando si se encuentra al corriente de su cuota sindical y haciéndole sujeto de derechos y obligaciones.

- Establecer un código básico de relaciones entre el sindicato y sus emplea-dos y empleadas, y en este marco de actuación fijar una política de recur-sos humanos. Deben saber para quién trabajan (qué intereses defienden) y respaldar las políticas de UGT y su ideario. Hay que favorecer su implica-ción y compromiso con los objetivos de afiliación y representación, de mo-do que sean conscientes de que su trato a los afiliados y afiliadas y dele-gados y delegadas influye directamente en el grado de satisfacción y fideli-dad de estos y en nuestras posibilidades de crecimiento.

Registro Confederal de Recursos

Entre las resoluciones del 40 Congreso Confederal figuraba el compromiso para el conjunto de la Organización de crear un Registro Confederal de Recur-sos, sustentado por registros federales y de uniones, con una relación de libe-rados y liberadas institucionales y de horas sindicales junto a los contratados y contratadas por la Organización para desarrollar tareas sindicales. Se estable-ció su conveniencia en base a la necesidad de disponer de un conocimiento cierto y compartido de los recursos disponibles, para su aprovechamiento efec-tivo conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia.

Esa necesidad es hoy más ineludible ante la reducción de los recursos institu-cionales destinados a apoyar el derecho fundamental a la libertad sindical. Tras las sucesivas congelaciones y reducciones, la partida presupuestaria del Minis-terio de Empleo destinada a las organizaciones sindicales en función de la re-presentatividad obtenida en las elecciones sindicales se sitúa en los niveles en los que se encontraba al comienzo de los años noventa.

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En el mismo sentido actúa el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medi-das para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitivi-dad, que entre los muchos recortes de derechos que incluye para el personal de las Administraciones Públicas, establece la reducción de créditos y permisos sindicales, y una nueva definición de las unidades electorales y centros de traba-jo. En la misma dirección han actuado muchas administraciones autonómicas.

Por tanto, el 41 Congreso se ratifica en la perentoria necesidad de completar el Registro Confederal de Recursos, e insta al conjunto de la Organización a dar cumplimiento al proyecto y comprometerse en su gestión diligente y eficaz:

- Los ficheros deberán ser actualizados constantemente reflejando cualquier tipo de variación que se produzca.

- Tanto las FFEE como las UU deberán asignar responsables para gestionar estos medios y evaluar la eficacia de esta gestión.

Código Ético de UGT

El Código Ético de UGT, que se dará a conocer a nuestros representantes, así como a los liberados y liberadas sindicales, será el instrumento básico que guíe el comportamiento de estos para evitar, entre otras cuestiones, la mala utiliza-ción de las horas sindicales y garantizar la buena imagen del Sindicato.

El crédito horario se obtiene con una finalidad concreta: posibilitar el ejercicio de las funciones representativas. Este derecho que tutela intereses individuales y colectivos (del conjunto de los trabajadores y trabajadoras y del sindicato) debe estar alejado de cualquier uso abusivo o conducta desleal.

Mejorar la identificación de los afiliados y afiliadas y la ges-tión de la cuota sindical

- En el plazo máximo de un mes se procederá al alta del afiliado/a, el cobro de la primera cuota y, junto con ella, la entrega del carné de afiliado. Este documento, que incorporará un código individual, servirá para identificar a los afiliados y afiliadas y la federación a la que pertenecen, ya que figurarán las siglas de la misma, conocer si se encuentran en plena posesión de sus derechos y que puedan ejercerlos.

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- Llevar a cabo el cobro y distribución de la cuota sindical con arreglo a pau-tas profesionales y atendiendo a los mismos criterios en todo el sindicato, según lo establecido en Reglamento del Servicio Confederal Administrativo y en el Reglamento de Cuotas.

- Será necesaria la integración en el AGI de todos los ficheros. Cualquier fichero fuera del AGI está excluido de la normativa legal, y por tanto no se considerará un fichero de UGT a todos los efectos.

- En el descuento en nómina, debe cumplirse y hacerse cumplir el Regla-mento de Funcionamiento del Servicio Confederal Administrativo y el Re-glamento de Cuotas. Las comisiones ejecutivas federales dan autorización expresa para el descuento en nómina solo a las secciones sindicales que estén constituidas y registradas en la federación como activas, debiendo cumplir los requisitos que recogen los citados reglamentos. Integrar en el Fichero de Afiliados de UGT (AGI) a todos los afiliados y afiliadas que pa-gan su cuota por descuento en nómina, con sus datos de pago mensual-mente actualizados.

- El Servicio Confederal Administrativo (SCA) y sus delegaciones deberán autofinanciarse a través de la capitalización de sus propios potenciales. En tanto se consolida su total autofinanciación, será sostenido económicamen-te por toda la organización, respetando criterios de proporcionalidad con los ingresos reales por cotizaciones de cada uno de los organismos con dere-cho a reparto de la cuota.

Mejorar la obtención y el uso de los derechos sindicales

- Optimizar la utilización de los derechos sindicales generados por los más de 112.500 delegados y delegadas de UGT, garantizando su obtención, la distribución más racional de los mismos y el control de su uso.

- Adoptar, una vez ordenado el potencial de recursos y conocido con detalle la situación de la organización, las decisiones más adecuadas para su aprovechamiento.

- Regular la obtención y acumulación de las horas sindicales en la negocia-ción colectiva, y su uso y disfrute, en la Normativa Interna. Destinar parte de los derechos por horas sindicales al mantenimiento de la acción sindical

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fuera de los centros de trabajo, en tareas de implantación y extensión del sindicato.

- Conseguir un equilibrio entre los aspectos individuales y colectivos en el uso del crédito horario y entre las diversas funciones que deben o pueden atenderse con el mismo: actividad interna, solidaridad en su uso y una ma-yor eficacia en su gestión.

Mejorar la estructura del sindicato, acercándola a los trabaja-dores y las trabajadoras

- Desarrollar una estructura sindical próxima a los centros de trabajo, a los trabajadores y trabajadoras, donde cada organización tenga clara su posi-ción y función. Lograr un mayor grado de comunicación y coordinación en-tre las FFEE y UU en todos los ámbitos y a todos los niveles del sindicato.

- Fortalecer el ámbito básico de las organizaciones: sección sindical, comar-ca, isla y provincia. Adaptar las estructuras de las FFEE y de las UU en esos niveles.

- Las comisiones ejecutivas de las FFEE, junto a las comisiones ejecutivas de las UU implantarán fórmulas organizativas de coordinación territorial en aquellas FFEE que, en el ámbito de una Comunidad Autónoma, no tengan medios suficientes para mantener una estructura territorial propia.

- Capacitar a las personas dirigentes y cuadros de UGT a todos los niveles para que transmitan y lleven a cabo las políticas decididas democrática-mente por la Organización. Para ello en aras de mejorar la participación y el debate, y de promover una mayor implicación de los organismos de base del sindicato, estructuras sindicales y secciones sindicales, la CEC convo-cará anualmente una asamblea confederal consultiva que englobe a las di-ferentes estructuras y representantes de la Organización. Forman parte de la asamblea:

La CEC.

Las comisiones ejecutivas de la FFEE.

Un número de miembros de las comisiones ejecutivas de las UCAS de Comunidad Autónoma.

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Un número de miembros de las Federaciones Territoriales con un míni-mo de afiliados y afiliadas.

Un número de miembros de las Uniones Comarcales, Provinciales o de isla con un mínimo de afiliados y afiliadas.

Un número de miembros de los sindicatos provinciales, comarcales o de isla con un mínimo de afiliados y afiliadas.

Los responsables sectoriales estatales de las federaciones.

Un número de miembros de secciones sindicales a partir de un número determinado de afiliados y afiliadas.

Los y las agentes sindicales.

- Supeditados al lugar y el presupuesto, se tenderá a la participación del mayor número de cuadros en cada convocatoria, para que participen de primera mano de los planteamientos de las distintas políticas confederales y de los análisis que cada situación requiera.

Presencia activa del sindicato en los centros de trabajo

- Nuestros delegados y delegadas son la vanguardia de UGT, portadores de su imagen y sus propuestas ante los trabajadores y trabajadoras. Tenemos que apoyarlos y visitarlos periódicamente en los centros de trabajo. Lograr que todos ellos se afilien y fomentar su participación en las tareas sindica-les, haciéndoles miembros activos del sindicato.

- Lograr una mayor cercanía al centro de trabajo, preferentemente a través de secciones sindicales, para conocer las verdaderas demandas y aspira-ciones de los trabajadores y trabajadoras y ofrecer alternativas y soluciones a sus problemas, estableciendo estrategias para ayudar a aquellos o aque-llas más vulnerables: empleados y empleadas en micro y pequeñas empre-sas, y trabajadores y trabajadoras temporales y con empleo precario.

- Prestar especial atención a las empresas o centros de trabajo con mayoría de mujeres, jóvenes, e inmigrantes, siendo conveniente la incorporación a los equipos de extensión organizativa de representantes de estos grupos, para hacer más eficaz esta tarea.

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- Constituir y mantener secciones sindicales de UGT en todas las empresas o centros de trabajo en las que haya un mínimo de dos afiliados o afiliadas.

Nuevas fórmulas para mejorar la atención a los trabajadores y trabajadoras

- Simplificar la atención a las personas trabajadoras y afiliadas. La estructura organizativa interna de UGT es necesaria para el funcionamiento de la or-ganización, pero extraordinariamente compleja para cualquiera que no co-nozca el sindicato en profundidad. Sin embargo, esto no debe ser un obs-táculo para cualquier trabajador o trabajadora que acuda a la organización en busca de información o asesoramiento, porque añade problemas a sus problemas. Las oficinas de atención al afiliado o afiliada, puestas en fun-cionamiento por algunas organizaciones son una buena fórmula para sim-plificar y dar atención e información a nuestra afiliación.

- Diferenciar información y asesoramiento legal. La precarización de nuestro mercado laboral está creciendo espectacularmente, y muchos trabajadores y trabajadoras no tienen ni las más básicas nociones de una relación labo-ral (tipos de contrato, derechos básicos, conceptos de la nómina, etc…). Ese espacio de información, previo al asesoramiento legal especializado, es cada vez más amplio, y la organización debe explorar fórmulas de aten-ción que permitan atender necesidades básicas de información sin sobre-cargar los servicios jurídicos. Nuestra organización cuenta con sindicalistas con gran experiencia en estos campos que pueden ocupar estos espacios de servicio a los trabajadores y trabajadoras.

- Llegar a los que no vienen a nuestras sedes. El desarrollo de las nuevas tecnologías, y las nuevas fórmulas de trabajo implantadas por las grandes empresas, están generando una cultura de atención y asesoramiento remo-to (por teléfono, o a través de internet). El sindicato no puede quedar al margen de esa cultura, especialmente cuando nos estamos enfrentando al binomio precariedad-miedo que está dificultando enormemente nuestro tra-bajo en muchas empresas. No es una práctica antisindical directa, pero re-dunda en que los trabajadores y trabajadoras prefieren no relacionarse con el sindicato en su empresa y sí en su tiempo libre. La atención a los traba-jadores y trabajadoras a través de internet (webs, o redes sociales) o del teléfono debe ser una opción que debemos desarrollar.

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- Vincular acción sindical y afiliación. Es ineludible establecer mecanismos de coordinación entre las estructuras encargadas de la afiliación y las res-ponsables de la acción sindical directa en las empresas, de tal forma que la afiliación vaya de la mano de la actuación sindical.

Contrarrestar la falta de amparo sindical para los trabajado-res y trabajadoras de las pymes

La reforma laboral impuesta por el RD-ley 3/2012 primero, y por la Ley 3/2012 después ha supuesto una deslegalización de las relaciones laborales destina-da a dificultar las reclamaciones laborales por la vía legal y achicar el espacio de las organizaciones sindicales hasta límites incomprensibles.

La negociación colectiva en el ámbito sectorial estatal nos permitía negociar mecanismos de protección y mejora de las condiciones laborales de los traba-jadores y trabajadoras de las pequeñas y medianas y empresas, sorteando la imposibilidad legal de realizar elecciones sindicales en las empresas o centros de trabajo de menos de 6 trabajadores o trabajadoras, así como las dificultades que conlleva el trabajo sindical en estas empresas para los propios trabajado-res que deciden ejercer sus derechos legales de libertad sindical.

Sin embargo, la reforma laboral ha provocado una peligroso estrechamiento de los espacios de la negociación colectiva, y la parálisis de la negociación y el proceso de pérdida de vigencia de algunos convenios en vigor que no podrán ser renovados nos obliga a dar prioridad a los mecanismos de intervención sindical, y recuperar los convenios con nuestra capacidad de presencia y ac-tuación en las empresas por los mecanismos que nos ofrece la Ley Orgánica de Libertad sindical.

- Por este procedimiento podremos dar respuesta, además, a los problemas que plantea la reforma laboral al abrir ámbitos de negociación –por des-cuelgues de convenios sectoriales o por la decisión del empresario o em-presaria de abrir ámbitos de negociación propios- en pequeñas empresas sin representación sindical, mediante el procedimiento de negociar con una comisión de tres trabajadores o trabajadoras elegidos entre la plantilla. Al margen de que caben muchas dudas legales sobre el encaje de este pro-cedimiento, su desarrollo no está regulado ni articulado, generándose una falta de garantías democráticas que debemos combatir. Por tanto, nuestros objetivos son:

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- Constituir secciones sindicales en las empresas y centros de trabajo pe-queños, incluso con menos de 6 trabajadores o trabajadoras, y en aquellas otras en las que la jurisprudencia ha denegado el derecho a tener repre-sentación unitaria.

- Las federaciones iniciarán los procesos de constitución de secciones sindica-les sectoriales territoriales partiendo del análisis de las empresas de su ámbi-to en las que cuentan con trabajadores o trabajadoras afiliados. Aunque este tipo de secciones sindicales (sección sindical básica) forman parte de la liber-tad de organización que la LOLS reconoce a los sindicatos, su labor básica estaría centrada en fortalecer la información y el respaldo sindical a los afilia-dos y afiliadas que ya están comprometidos con la organización, en un hori-zonte de incremento de la afiliación en cada una de las empresas que nos permita alcanzar los niveles mínimos de afiliación necesarios para la consti-tución de la sección sindical de empresa o de centro de trabajo.

- La normativa interna, a través del Reglamento de Secciones Sindicales, establecerá los límites de actuación de las secciones sindicales ordinarias (orgánicas) como las de empresas pequeñas (secciones sindicales bási-cas), así como los mecanismos para la elección de órganos de funciona-miento, procedimientos de actuación, y coordinación e integración en las federaciones.

- Será conveniente la inscripción de estas secciones sindicales básicas en los registros que al efecto están habilitados en las Oficinas de Registro y Depósito de los Estatutos Sindicales, registros públicos que pueden certifi-car la existencia de la sección sindical, lo que nos garantizará herramientas de actuación ante los tribunales si, como consecuencia del ejercicio de sus legítimas competencias, se producen prácticas antisindicales contra los in-tegrantes de esas estructuras.

- Las federaciones y uniones establecerán planes de actuación específicos con estas secciones sindicales para realizar labores de información y ase-soramiento a los trabajadores y trabajadoras, acogiéndose al artículo 9.1.C de la LOLS que reconoce el derecho de acceso a los centros de trabajo de quienes ostenten cargos sindicales a nivel provincial, autonómico y estatal.

- De común acuerdo entre las áreas de organización y acción sindical, las federaciones estatales y las uniones establecerán como prioridad el apro-

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vechamiento de los márgenes que nos ofrece la negociación colectiva para establecer nuevos mecanismos de representación que nos permitan la ac-tuación sindical en las microempresas. Algunos de los mecanismos que deben ser objeto de consideración son los siguientes:

- Salud y seguridad: Los delegados y delegadas de prevención de riesgos laborales se eligen por y entre los representantes unitarios, pero se pueden articular otros mecanismos vía convenio colectivo, como atribuyendo las competencias de estos delegados a órganos específicos, creados por el propio convenio, con competencias extensibles –en términos y modalida-des que también deben acordarse- al conjunto de centros de trabajo inclui-dos en el ámbito de aplicación del convenio o acuerdo.

- Comisiones ad hoc de la reforma laboral: en las empresas sin representa-ción, las consultas o negociación que el empleador o empleadora quiera realizar, las puede llevar a cabo con una comisión de hasta tres trabajado-res o trabajadoras designados de entre las personas empleadas o de hasta tres personas designadas por los sindicatos representativos, si los trabaja-dores y trabajadoras delegan en ellos. Pero la norma también señala que “Sin perjuicio de los procedimientos específicos que puedan establecerse en la negociación colectiva….”. Debemos explorar la posibilidad de crear en los convenios representaciones específicas para estas cuestiones.

- Información y seguimiento de despidos colectivos: el art. 85.2 ET, dentro del posible contenido del convenio, establece la posibilidad de articular pro-cedimientos de información y seguimiento de los despidos objetivos en el ámbito correspondiente. Debemos considerar la posible inclusión en los convenios de la obligación de informar a la comisión paritaria o a una comi-sión específica de estos despidos, y permitir la existencia de representan-tes designados por los sindicatos firmantes que hagan labores de segui-miento de los mismos, con acceso a los centros de trabajo y comunicación con los trabajadores y trabajadoras.

- Igualdad: las obligaciones en materia de negociación colectiva, derivadas de la Ley de Igualdad, abren posibilidades de actuación en las empresas para dar cumplimiento a las obligaciones de éstas en materia de igualdad y prevención del acoso.

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- Los convenios colectivos pueden establecer formas de representación sin-dicalizada específica previstas o posibles legalmente en algunas materias. En primer lugar, reunir en unos mismos delegados o delegadas, de desig-nación sindical, todas o parte de las funciones específicas que se han enunciado en los párrafos previos, sin diferenciar necesariamente esas re-presentaciones específicas para que cada función se asumiese por una persona diferente. Su acceso a las empresas es una vía de actuación sin-dical y apoyo a los trabajadores y trabajadoras. La segunda oportunidad nace de las posibilidades que ofrece la comisión paritaria del convenio. Es-ta comisión es de obligada creación pero, conforme al artículo 85.3.e) ET, puede tener las funciones que el convenio le atribuya.

Para implantar estas herramientas y acciones el sindicato debe abordar pro-fundos cambios tanto en sus estatutos y normas como en la acción sindical y en la formación de sus cuadros y dirigentes, para adaptarnos a la situación que estamos atravesando y lo más importante para ser de utilidad a nuestros afilia-dos y afiliadas y a los trabajadores y trabajadoras, cada vez más necesitados de la protección del sindicato ante la pérdida masiva de derechos tanto colecti-vos como individuales.

Medidas organizativas a adoptar en relación con algunas or-ganizaciones y ciertos grupos de trabajadores y trabajadoras

- El 41 Congreso Confederal debe ser una oportunidad para avanzar en el equilibrio de mujeres y hombres en el conjunto de la Confederación.

- El conjunto de la Confederación establecerá una composición equilibrada en todos los niveles de nuestra Organización mediante las medidas de ac-ción positiva que se consideren oportunas, tomando como punto de partida la realidad afiliativa de mujeres y hombres y como objetivo la paridad, te-niendo especial consideración la presencia de mujeres en los ámbitos de negociación colectiva, de elecciones sindicales y de representación institu-cional.

- Asegurar la presencia de jóvenes en las estructuras de toma de decisiones del sindicato incorporándolos en las listas de las elecciones sindicales, en las mesas de negociación colectiva y en la representación institucional.

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- Promover la incorporación de los trabajadores y trabajadoras extranjeros a las listas de elecciones sindicales y mesas de negociación colectiva así como su participación activa en las estructuras de la organización.

- El desarrollo de las políticas concretas de promoción de intereses de los grupos que representan los departamentos confederales de Mujer Trabaja-dora, Juventud Trabajadora, Servicios Sociales y Migraciones debe asegu-rarse, a todos los niveles de la Organización, formando una red sindical que le dé soporte. De forma constante y homogénea, las organizaciones adaptarán las distintas fórmulas organizativas más adecuadas a su realidad funcional (constituyendo departamentos dependientes de cada comisión ejecutiva, asignando las tareas a una secretaría específica o con nuevas fórmulas acordadas) para que garanticen el tratamiento transversal, en sus ámbitos de responsabilidad, del conjunto de las políticas que la Comisión Ejecutiva Confederal realiza a través de los citados departamentos confe-derales.

- Organizar a las personas mayores en el sindicato para procurar su sufi-ciencia económica y promover su bienestar actuando sobre cuestiones co-mo pensiones, dependencia, salud, vivienda, cultura y ocio. La Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) es el instrumento organizativo más adecua-do para lograr dichas reivindicaciones.

- A la UJP están adscritos todos los afiliados y afiliadas de las federaciones que han adquirido la condición de jubilado o pensionista así como aquellos que, reuniendo dicha condición, se afilian por primera vez a UGT.

- La Unión de Técnicos y Cuadros seguirá profundizando en la implantación de esquemas organizativos aprobados por el Congreso Confederal y según el criterio establecido por las FFEE y las UCAS en función de la presencia creciente de estos colectivos en cada sector y territorio.

- La evolución de nuestro mercado laboral, más allá de las consecuencias de la crisis económica, muestra la consolidación de dos tendencias clave:

- La extensión del profesionalismo, más allá de las profesiones liberales clásicas. Los trabajadores y trabajadoras que han asumido su profesión como un componente identitario de su trabajo y de su lugar en la empresa están creciendo exponencialmente como consecuencia de la transforma-ción del sistema productivo; avala esa identidad el hecho de una cualifica-

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ción, en unos casos con respaldo académico y en otros por el desempeño especializado de su trabajo.

- Ese hecho está canalizando su expresión y reivindicación colectiva a través de plataformas y sindicatos de corte corporativo. Así se refleja en los resul-tados de elecciones sindicales, donde se observa un acelerado crecimiento de lo que llamamos terceras opciones, que vienen actuando como auténti-cas franquicias de entes sindicales menores, plataformas de independien-tes, etc. En ese piélago de organizaciones menores hay un número impor-tante con el denominativo genérico de “profesionales”, o amparadas en ese perfil de especificidad.

- La reforma de la legislación laboral acometida durante los dos últimos años ha abierto importantes vías legales que permitirían a los sindicatos corpora-tivos establecer un tercer colegio electoral para los técnicos y cuadros, así como formalizar convenios franja para determinados colectivos.

- El artículo 71 del ET señala expresamente que “Por convenio colectivo y en función de la composición profesional del sector de actividad productiva o de la empresa, podrá establecerse un nuevo colegio que se adapte a dicha composición”. Aunque no tenemos constancia de que se haya producido aún, lo cierto es que al amparo de éste artículo se puede incorporar en cualquier momento un tercer colegio electoral.

- En el mismo sentido, el artículo 87 del ET establece que “En los convenios dirigidos a un grupo de trabajadores con perfil profesional específico, esta-rán legitimados para negociar las secciones sindicales que hayan sido de-signadas mayoritariamente por sus representados a través de votación personal, libre, directa, y secreta”, lo que posibilita plenamente los indesea-dos convenios franja.

- Es necesario actuar ante esta nueva situación, evitando que se convierta en un nuevo factor de fragmentación del mercado laboral, buscando cau-ces más equilibrados para la representación y satisfacción de las aspira-ciones laborales de los colectivos profesionales. La situación precisa que dotemos a nuestras secciones sindicales, sectores, y federaciones de ca-pacidad de respuesta en esta cuestión.

- Cualquier individualización o fragmentación de los trabajadores y trabajado-ras redunda, de una u otra forma, en una pérdida de capacidad de actua-

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ción para el conjunto, en segregaciones excluyentes y en el debilitamiento de una cooperación equilibrada.

- Por tanto, adaptaremos nuestro trabajo en las empresas a la realidad exis-tente y en la que cobra fuerza el profesionalismo como elemento de identi-dad de una masa en constante crecimiento. Nuestras estructuras deben darles identidad y visibilidad, espacio en la vida orgánica, y presencia en la acción sindical.

- El profesionalismo tiene que sentir las secciones sindicales de UGT tan suyas como cualquier otro colectivo, canalizando su integración funcional (no orgánica) en la vida interna mediante la constitución de grupos especí-ficos o agrupaciones profesionales.

Avanzar en la cohesión interna

- Sin duda, el fortalecimiento de la Organización pasa necesariamente por aumentar la cohesión interna. Para ello, los órganos de dirección del Sin-dicato deben respetar las reglas de funcionamiento interno, cumpliendo y haciendo cumplir los Estatutos, la Normativa Interna y las resoluciones que tomen los correspondientes órganos del Sindicato en el marco de sus com-petencias.

- En UGT no tienen cabida las organizaciones (uniones y federaciones en los niveles provinciales, insulares y comarcales, principalmente) sin órganos de control democrático en funcionamiento, o que no funcionen conforme a lo establecido en los Estatutos y normas internas. Es para evitar estas si-tuaciones que, entre las tareas y competencias de las comisiones ejecuti-vas figura la de ejercer la facultad disciplinaria sobre los y las responsables de las estructuras organizativas de su ámbito cuando no se da cumplimien-to a las normas que rigen la vida interna de la organización y que garanti-zan su funcionamiento democrático.

- Los congresos de federaciones y uniones definirán las estructuras organi-zativas y de participación de su ámbito correspondiente. Si en alguno de esos ámbitos no fuera posible la constitución y mantenimiento de los co-rrespondientes órganos, así como los de control democrático, conforme a lo establecido en los estatutos y normas internas, serán las comisiones eje-cutivas del ámbito superior las que deberán responsabilizarse del funcio-

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namiento del sindicato en esas áreas que no pueden sostener estructuras democráticas. Éstas deben quedar definidas en los congresos.

- Materializar el principio de eficiencia en el uso de los recursos exige confi-gurar las comisiones ejecutivas atendiendo a su disponibilidad de recursos y a las necesidades concretas de cada ámbito, garantizando de forma prio-ritaria el cumplimiento de las tareas sindicales esenciales, es decir, la ac-ción sindical y los procesos organizativos.

- Las comisiones ejecutivas deben establecer procedimientos de trabajo que permitan la planificación, ejecución y evaluación de sus cometidos de forma clara y eficiente, optimizando la utilización de los recursos disponibles, y clarificando las competencias y responsabilidades del ámbito de cada se-cretaría que eviten duplicidades o vacíos de actuación.

Mantener actualizada la Clasificación por CNAE

- Para la ordenación de la actividad sindical en función de las especificidades del trabajo en cada sector productivo, y su estructuración en las diferentes federaciones que componen el Sindicato, utilizamos la Clasificación Nacio-nal de Actividades Económicas (CNAE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (2009) siguiendo directrices europeas. En los últimos años hemos conseguido la total adaptación de la organización a este criterio, al que debemos dar continuidad para mantener su actualización.

Formación sindical

Formación sindical, componente estratégico de la Organización

Las organizaciones sindicales se sitúan hoy en un mundo muy difícil, extrema-damente complejo, abierto, casi sin fronteras, donde imperan modelos econó-micos neoliberales, que buscan la competitividad en la desregulación laboral, en los menores costes laborales y en la rebaja del Estado de Bienestar.

Los profundos cambios tecnológicos, el desarrollo de una nueva fase del capi-talismo caracterizada por la mundialización, el predominio de los mercados financieros sobre el sistema productivo, los profundos cambios en la propiedad y la estructura de las empresas, en la organización del trabajo, la composición del universo del trabajo y las relaciones laborales implican un contexto cualitati-vamente nuevo en el que tiene que desarrollar su acción el sindicato.

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En este marco, la formación sindical, que ha sido siempre una seña de identi-dad de UGT, adquiere un valor especialmente estratégico.

La formación sindical es esencial para alcanzar los objetivos que se marque la organización, para que los afiliados y afiliadas se comprometan con la estrate-gia del sindicato, para lograr una identidad de valores y principios ideológicos, para incrementar la afiliación y conservarla, y para conseguir que nuestra orga-nización sea un referente para la clase trabajadora.

El reto pendiente consiste en hacer llegar la formación sindical a toda la organi-zación, afiliados, afiliadas y responsables sindicales, al objeto de transmitir las señas de identidad de UGT a todos sus miembros. UGT debe establecer como objetivos específicos mejorar las competencias de organización y gestión de dirigentes y representantes, así como la implantación de redes de aprendizaje organizacional que permitan la formación continua de delegados y delegadas y cuadros sindicales.

Estos objetivos requieren medidas adecuadas para desarrollar la formación sindical a todos los niveles, Confederal, UCAS y federaciones. El cuadro de medidas debe contemplar tanto la elaboración de contenidos, como la asigna-ción y coordinación de medios materiales y humanos, el establecimiento de fuentes estables de financiación, propias y ajenas, y la generación de un siste-ma de seguimiento y evaluación del impacto de la formación sobre las estructu-ras de la organización y sobre la acción sindical.

Propuestas en materia de formación sindical

La formación sindical responde a una orientación estratégica de UGT, que no es otra que preservar y transmitir sus principios y valores, y cualificar a sus afiliados y afiliadas, delegados y delegadas y cuadros para actuar en defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras.

La formación sindical abarca el conjunto de actividades formativas que capaci-tan a los miembros de UGT para afrontar con éxito la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras y la organización de los instrumentos que hagan posible la respuesta colectiva. El delegado o delegada y los cuadros con responsabilidad sindical del siglo XXI deben disponer de una sólida formación y permanente actualización de sus conocimientos para cumplir satisfactoriamen-te con sus responsabilidades. En definitiva la formación a lo largo de toda la vida debe impregnar también la estructura de UGT, en términos de capacita-

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ción del perfil profesional de un sindicalista, dinamizador de masas, organiza-dor o responsable político.

- La formación sindical debe dar lugar a una cultura de innovación en UGT que permita desarrollar nuevas formas de relación con los trabajadores y trabajadoras, de presión laboral y social, de funcionamiento de las seccio-nes sindicales, de influencia sobre las instituciones nacionales e internacio-nales, así como de estructuras y estrategias adecuadas para responder a esta nueva época sindical.

- La formación sindical debe dar respuesta a los distintos colectivos de la organización, afiliados y afiliadas, delegados y delegadas y miembros de comités de empresa, secciones sindicales, comités europeos, cuadros, di-rigentes, formadores y formadoras y los propios trabajadores y trabajadoras de la Organización. La formación deberá respetar criterios de solidaridad interna, facilitando la formación a aquellos compañeros/as que tienen más dificultades en el ejercicio de sus funciones sindicales.

- La formación sindical debe promover la identificación y la formación de las nuevas personas dirigentes. La formación ha de atender, por tanto, el objetivo de relevo generacional, asegurando el aprovechamiento de los conocimientos y de la experiencia de las personas que desempeñan las responsabilidades de cuadros y dirigentes sindicales. Se diseñarán cursos específicamente dirigidos a los cuadros que se incorporan por primera vez al sindicato.

- La formación sindical debe contribuir al fortalecimiento organizativo: au-mento de la afiliación, incremento de la representación sindical, desarrollo y fortalecimiento de las secciones sindicales y de los distintos órganos de responsabilidad, participación, y control del sindicato. En definitiva, que el referente sindical obtenga unos conocimientos sindicales que le permitan realizar la acción sindical precisa en cada momento.

- La formación sindical debe dotar a la Organización de un bagaje común y ho-mogéneo, un lenguaje propio, una cultura diferenciada y unas señas de identi-dad que refuercen la identificación de sus miembros con la Organización.

- La formación sindical se caracterizará por una metodología interactiva que permita conocer la realidad, que enseñe a valorar y juzgar, que aporte ins-trumentos para actuar y responder de acuerdo con las posiciones de la or-ganización a los problemas y realidades de ámbitos social, político y laboral.

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- UGT debe poner a disposición de todos sus miembros el acceso a una formación sindical de acuerdo con sus necesidades y su nivel de respon-sabilidad. A todos los afiliados y afiliadas se les debe ofrecer una formación sindical básica cuando se afilian. La formación más específica debe ser obligatoria para responsables sindicales, en un nivel creciente a medida que aumenta su responsabilidad política. De acuerdo con la especialización de los representantes sindicales y cuadros, se establecerán itinerarios que se cursarán en años sucesivos.

- Todos los afiliados y afiliadas deben recibir un argumentario por el que son miembros de UGT y no de otro Sindicato, así como disponer de la informa-ción básica que les ayude a comprometerse con la actividad sindical, y ad-quirir una cultura común que compartir con otros afiliados, así como familia-rizarse con la estrategia y políticas sindicales.

- El contenido básico de la formación para todos los afiliados y afiliadas de-bería incluir la historia de UGT, su estructura, elementos básicos de las re-soluciones congresuales, papel de representación y defensa legal de los trabajadores y trabajadoras... Los afiliados y afiliadas recibirán un folleto explicativo con el contenido básico de los cursos que deben recibir, dispo-nibles en versión presencial y teleformación. En la página web de UGT se creará un Rincón del Afiliado o Afiliada, donde se podrán recibir informa-ciones actualizadas, así como canalizar sugerencias para mejorar su rela-ción con el Sindicato.

- La formación sindical para delegados y delegadas y cuadros estará estruc-turada en itinerarios formativos, teniendo en cuenta los perfiles claves de los destinatarios y destinatarias, e identificando las competencias específi-cas a conseguir según el nivel de responsabilidad en la Organización.

- La formación sindical para delegados y delegadas deberá abarcar conoci-mientos específicos acerca de la normativa de comités de empresa y juntas de personal, convenios colectivos, regulación de deberes y derechos de los trabajadores y trabajadoras, sistemas salariales (nóminas y despidos), téc-nicas de comunicación, técnicas de negociación, ética sindical, etc... Estará disponible en modalidad presencial y teleformación.

- Se crearán equipos especializados en formación sindical a través de la formación de formadores y formadoras sindicales. Estos equipos actuarán

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como catalizadores y multiplicadores de la formación recibida, así como en la planificación de actividades formativas en los distintos niveles (Confede-ral, UCAS, federaciones). Su formación específica abarcará las técnicas de dinamización de grupo, programación, evaluación y seguimiento de los iti-nerarios de formación sindical.

- La especialización para cuadros sindicales se realizará a través de itinera-rios dentro de las siguientes áreas (ampliables según necesidades de la UGT):

Salud y seguridad laboral.

Protección social y fondos de pensiones.

Técnicas de trabajo en equipo y liderazgo.

Habilidades sociales: comunicación oral y escrita, técnicas para hablar en público, técnicas de negociación.

Legislación laboral y social europea.

Políticas económicas en ámbitos autonómico, estatal y europeo.

Mundialización de la economía.

Mundialización de las políticas de medio ambiente.

Aplicación de las nuevas tecnologías a las redes de trabajo sindical.

Estrategias de promoción de la afiliación.

Valoración de legislación y políticas sectoriales.

Políticas de igualdad.

Políticas activas de empleo.

Historia de los movimientos sociales.

- Los itinerarios pueden y deben cambiar para adaptarse a nuevas necesi-dades formativas y para recoger la experiencia de la formación sindical de

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UGT. En consecuencia se procederá a su revisión y siempre que sea ne-cesario, a su actualización al menos cada dos años.

- La formación para los cuadros de UGT es tanto un derecho como una obli-gación. Los cuadros de UGT deberán realizar la formación acorde con la especialización de su trabajo y el plan de su federación. La asunción de responsabilidades políticas en UGT a nivel de comunidades autónomas o de la confederación, tendrá como requisito de obligado cumplimiento cursar al menos los cursos previstos para su área de responsabilidad, en los pla-zos que se determinen.

- Los cuadros sindicales participarán asimismo en la impartición de la forma-ción sindical, para transmitir su experiencia, abarcando conocimientos, po-siciones del Sindicato, lenguaje y pedagogía, así como componentes vita-les en la actividad sindical, como la pasión e ilusión.

- Es necesario establecer un mecanismo estable de financiación de la activi-dad de formación sindical de la EJB, al margen de las posibles subvencio-nes, de forma solidaria entre todos los organismos de UGT, que garantice los medios básicos para su desarrollo. A efectos de reducir el coste de la forma-ción sindical, UGT utilizará sus medios propios (gabinetes, técnicos, jurídi-cos, de medio ambiente, de I+D+i, de orientación para el empleo, mujer....) y sus responsables y cuadros para transmitir sus conocimientos, participando sin coste como ponentes o monitores y monitoras en temas concretos.

- La Escuela Julián Besteiro (EJB) actuará como escuela superior de forma-ción Sindical, responsable de la organización y, en su caso, ejecución de los cursos de máximo nivel. Asumiría, asimismo, el diseño de la formación sindical, la generación de contenidos, materiales y metodologías adecua-das, y el programa de formación de formadores y formadoras. Al mismo tiempo la EJB se responsabilizará de la coordinación de los diferentes pla-nes de formación sindical de las UCAS y federaciones estatales, de la par-ticipación de UGT en las escuelas de formación de la CES y de los cursos con proyección internacional.

- La formación básica e intermedia para delegados y delegadas y cuadros sindicales es competencia de las escuelas de formación autonómicas, en las que se realizará la formación de afiliados y afiliadas, delegados, dele-gadas y cuadros intermedios (comarcales y provinciales). Los materiales

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utilizados serán producidos por la EJB en colaboración con las escuelas autonómicas y los equipos de las federaciones, con traducción en cuader-nos de formación sindical que se editarán y se pondrán en red a disposi-ción de afiliados y afiliadas, delegados, delegadas y cuadros.

- Las federaciones elaborarán un plan de formación sindical de acuerdo con sus necesidades específicas, marcándose objetivos que se revisarán anualmente. Asimismo nombrarán responsables en sus distintos niveles para realizar un seguimiento individualizado de la utilización de los créditos de formación, proponiendo a sus afiliados y afiliadas, delegados, delegadas y cuadros la realización de cursos, de acuerdo con la planificación general. En los planes de las federaciones se tendrán en consideración las necesi-dades específicas de los sectores que darán lugar a actividades de inicia-ción para afiliados y afiliadas, así como de preparación de delegados, dele-gadas y cuadros para el fortalecimiento organizativo y mejora de la acción sindical. Las actividades de formación podrían incluir jornadas para la ac-tualización de los cuadros de la federación.

- UGT dispondrá de un servicio confederal de evaluación del impacto de la formación sobre las estructuras de la Organización y la acción sindical. Este servicio contará con mecanismos de participación de las federacio-nes y uniones estatales, así como las uniones de comunidad autónoma, para detectar, diagnosticar y orientar las necesidades formativas, además de garantizar la configuración del plan de formación sindical y su buen funcionamiento.

5.- Fortalecer el Sindicato como Institución Hay que partir de la singular posición que ocupan las organizaciones sindicales en la Constitución y del mandato que en ella se establece para las mismas; el artículo 7 dice que "los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresa-riales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y so-ciales que les son propios" y el artículo 129.1 que "la ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de vida o al bienestar general".

Ese "bienestar o interés general" y los "intereses que le son propios" exige que el Estado deba proporcionar mecanismos y medios para que esa función se

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pueda llevar a cabo y que no recaiga, en lo referente a sus costes, exclusiva-mente en las cuotas que aportan los afiliados y afiliadas a los sindicatos.

Por otra parte, el derecho fundamental de libertad sindical (art. 28 CE) irradia sus efectos a aquellas actividades que forman parte su contenido esencial u orgánico, como por ejemplo el derecho de participación institucional y, por tan-to, su regulación según el Art. 53.1 CE deberá ser por ley igual que los otros derechos fundamentales.

Todo ello configura a los sindicatos, especialmente a los más representativos, como organizaciones esenciales en el sistema institucional español.

Objetivos para la acción:

Ley para el fortalecimiento de los sindicatos

- Desarrollar un sistema para el fortalecimiento de los sindicatos, que esté basado en un mecanismo estable, objetivo y transparente, regulado por ley, que compense por los costes asociados a las funciones de defensa, pro-moción y representación del interés general en actividades como la nego-ciación colectiva, las elecciones sindicales, el dialogo social, la representa-ción institucional nacional e internacional y la defensa de los derechos hu-manos fundamentales.

- Debería incluir asimismo la regulación de la participación institucional de los agentes sociales definiendo los ámbitos, los contenidos y los actores de la misma.

- En consonancia con todo lo dicho, se debería modificar la ley general de subvenciones para facilitar las condiciones más adecuadas para el desarro-llo de las funciones que les son propias a las organizaciones sindicales.

- Desarrollar más y mejor las tareas encomendadas a las organizaciones sindicales que la normativa define como más representativas.

- Estudiar si el canon de negociación colectiva -u otras fórmulas- pueden ser operativas para vincular los resultados de la negociación con la afiliación sindical.

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Desarrollo integral de la LOLS

- Perseguir y erradicar las conductas antisindicales, especialmente aquellas que se producen contra los trabajadores y trabajadoras candidatos en las elecciones a delegados de personal o miembros de comités y juntas de personal. En este sentido se deben ampliar sus garantías y crear una sec-ción especial en la Inspección de Trabajo.

- Proponer el establecimiento de una fiscalidad específica (exenciones y bonificaciones) para los sindicatos.

Patrimonio sindical acumulado

- Evaluación completa del patrimonio no destinado a las organizaciones sin-dicales y patronales.

- Culminar el proceso de devolución, proporcionar una dotación suficiente para su mantenimiento y agilizar los procedimientos de enajenación.

- Solicitar al Gobierno que articule fórmulas jurídicas y económicas que per-mitan una adecuada conservación y gestión del patrimonio que los agentes sociales tenemos cedido al amparo de la Ley 4/86.

6.- Comunicación La comunicación proyecta nuestra acción sindical interna y externamente. Su acción se extiende trasversalmente al conjunto de actividades del sindicato por lo que se convierte en una responsabilidad compartida por el conjunto de la organización.

La coordinación, la formación, el acceso y la relación con los medios de comuni-cación y nuestros propios medios, contribuyen a fijar posiciones ante los trabaja-dores y trabajadoras y la sociedad en general, favoreciendo de esa forma nues-tra presencia y crecimiento como sindicato mayoritario. De ahí la importancia de presentar mensajes homogéneos y coherentes con nuestras posiciones.

La comunicación interna es prioritaria para generar opinión entre nuestra afilia-ción y representación sindical, propiciando su participación en las propuestas sindicales. La comunicación externa es la proyección pública de nuestra ima-gen y nuestras propuestas. Para este objetivo es esencial la profesionalización

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de los equipos de comunicación, y la formación de las personas dirigentes y gabinetes técnicos.

Las redes sociales están permitiendo el acceso a públicos que se nutren esen-cialmente de información a través de estas tecnologías, y al mismo tiempo, ha-cen posible una mayor accesibilidad de toda la organización a la publicación de contenidos en nuestros medios en la red, posibilidad que UGT debe potenciar.

La crisis por la que actualmente atraviesan los medios de comunicación requie-re una especial atención. Los intereses económicos y políticos de los grandes medios de comunicación privados, y el desmantelamiento de los medios de comunicación públicos por parte de los gobiernos conservadores, están dibu-jando un panorama complicado para la proyección pública de nuestros mensa-jes. En consecuencia, la presencia y consistencia de nuestros medios propios adquiere un valor estratégico fundamental a la hora de asegurar la difusión de nuestros mensajes sin manipulaciones intencionadas.

Nuestros medios de comunicación (revistas, webs, WebTV, y los perfiles corpo-rativos en Facebook, Twitter, etc.,) deben estar al servicio de todo el ámbito que representan en nuestra organización, y por tanto al servicio de la comuni-cación externa e interna de todos los órganos de UGT bajo dicho ámbito, a los cuales se les debe facilitar el acceso a la administración compartida en aque-llos recursos y perfiles sociales que lo permitan.

En las comisiones ejecutivas de todos los niveles debe figurar un o una res-ponsable ejecutivo para la comunicación (con competencia única o conjunta con otras áreas de actuación), para asegurar el valor estratégico de la comuni-cación en la vida interna y la proyección externa de la organización.

En los planteamientos expuestos se basan nuestros objetivos:

Coordinación

- Buscar mecanismos de coordinación interna que permita mensajes homo-géneos e iniciativas conjuntas. Se trata de facilitar y mejorar la relación en-tre los equipos de comunicación, de mantener las herramientas de comuni-cación activas, de intercambiar experiencias, de analizar los acontecimien-tos previstos y elaborar planes de comunicación.

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La actual situación de crisis, que se puede prolongar durante varios años, nos obliga a reforzar los mecanismos de coordinación. Se organizarán reuniones de trabajo, al menos una por semestre, de responsables del área de comunicación del conjunto de UGT en su estructura confederal, territo-rial y de federaciones, poner en común información, propuestas, expectati-vas e iniciativas, y establecer y desarrollar planes de comunicación conjun-tos. Además, se realizarán reuniones a través de video conferencia con ca-rácter trimestral, y cuando la situación lo aconseje.

- La Oficina de la Marca seguirá, con todos sus medios, como instrumento de coordinación y de apoyo a todos los organismos del sindicato en la apli-cación correcta de la identidad corporativa de UGT. La Oficina de la Marca es para asegurar que el material de propaganda utilizado por UGT espe-cialmente en movilizaciones, y otros actos y actividades externas tengan una unidad de imagen.

- Mantener permanentemente actualizada la Agenda de la Comunicación de UGT, a la vez que se articulan procedimientos de participación para la me-jora continua de estos documentos.

- Articular los medios necesarios para la difusión y vigilancia de la aplicación del Manual de Comunicación y del Manual de Redes Sociales y Web TV que establecen los principios, criterios y procedimientos para ordenar la comunicación en el conjunto de la organización.

- Elaborar un manual de procedimientos de comunicación que identifique y plantee soluciones para momentos de crisis. Incluirá además procedimien-tos para contrarrestar las campañas antisindicales.

- Para fijar el discurso de la organización ante la opinión pública, sobre los temas relativos a la acción sindical, se prepararán con carácter al menos semanal documentos argumentativos a fin de ofrecer respuestas comunes y homogéneas a las cuestiones planteadas. Este trabajo será de utilidad a las personas que actúen como portavoces de la organización y que tengan que expresar sus posiciones en público. Los documentos tienen que ser sintéticos en la forma, susceptibles de lectura rápida, fácil manejo, contener argumentaciones claras, cifras, balance de ventajas e inconvenientes y preguntas y respuestas.

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- Al objeto de establecer una coordinación continua que permita generar líneas de comunicación y argumentos comunes y transversales, la CEC transmitirá en forma de sms, correos electrónicos y mensajes por otros sis-temas que se puedan utilizar, para fijar una posición determinada válida pa-ra toda la Organización en función de la situación coyuntural o estratégica.

Formación

- Las nuevas tecnologías es el campo donde la organización debe hacer un mayor esfuerzo para la formación de toda la organización, y en especial de los equipos y responsables de comunicación. Se programarán de manera periódica cursos, talleres o conferencias que contribuyan a un mayor cono-cimiento y una mejor utilización de las redes sociales.

- No obstante, el denominado gran público sigue acudiendo prioritariamente a los medios de comunicación masivos e inmediatos, como la radio y la te-levisión. La competencia creciente entre las cadenas de comunicación que utilizan la información según sus intereses empresariales y sus servidum-bres políticas y los cambios que se suceden en los medios públicos de co-municación, estatales o autonómicos, según el color político de sus dirigen-tes, están alterando la objetividad necesaria de los medios audiovisuales. En ese sentido se desarrollarán cursos, talleres y conferencias que ayuden a los equipos de comunicación y a sus responsables políticos a un conoci-miento actualizado de las tendencias en radio, televisión y comunicación digital on line. .

- La Comunicación, como recurso estratégico de la organización, requiere que los cuadros y dirigentes sindicales que desarrollan su actividad en los distintos ámbitos de acción sindical deban ser receptores prioritarios de las iniciativas en comunicación. Programaremos de manera periódica cursos, talleres o conferencias para cuadros y dirigentes sindicales. Estas iniciati-vas de formación se organizarán conjuntamente con las estructuras de formación del sindicato.

- Se organizarán sesiones de formación para los y las portavoces de la or-ganización que tiene que medirse a la experiencia de la prensa escrita y especialmente a su participación en la información televisiva y radiofónica. Se contará con profesionales especializados que articulen un plan de en-trenamiento para federaciones y territorios.

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- Se organizarán sesiones de formación en Web, WebTV, blog y redes socia-les para los y las dirigentes del Sindicato.

Relaciones con los medios de comunicación

- Planificar y coordinar nuestra relación y presencia en los medios de comu-nicación.

- Debemos saber anticipar o provocar los temas que nos interesa resaltar en el ámbito de la comunicación.

- Debemos fomentar una relación permanente y fluida con los y las profesio-nales de los medios de comunicación que incluya un interés sindical por su situación laboral y las dificultades de su trabajo en una crisis generalizada en los medios de comunicación con unos índices de precariedad laboral desconocidos hasta ahora.

- Dirigir a la prensa al organismo correspondiente a fin de que pueda dar la respuesta adecuada y evitar así que acudan a fuentes de otros sindicatos.

- La información que difunda la organización debe ser cierta, rigurosa y con datos objetivos que apoyen la validez de la misma.

- Fomentaremos la utilización de los nuevos formatos de información que sirven para trasladar nuestros mensajes tanto a los medios de comunica-ción convencionales como a las redes sociales. El uso de animaciones, in-fografías, gráficos, etc., por su impacto directo, deben ser incorporados a nuestras acciones de comunicación.

Apoyo a las campañas de afiliación

Las iniciativas que la organización desarrolle de bienvenida al afiliado o afiliada y en campañas de afiliación deben contar con propuestas de imagen, diseño, contenidos y planes de comunicación.

Medios de comunicación propios

- Los medios de comunicación propios, escritos, digitales y audiovisuales, deben estar al servicio de la política de comunicación de cada organiza-ción. La gestión de los mismos debe hacerse con criterios de profesionali-dad. Debemos analizar la potencialidad de cada uno de ellos y diseñar pla-

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nes de comunicación, priorizando aquellos más útiles para las necesidades de comunicación interna con la afiliación y la representación sindical. Es prioritario ampliar y actualizar las bases de datos de correos electrónicos, y números de teléfonos móviles de afiliados y afiliadas y delegados y delega-das, para potenciar la difusión de nuestras informaciones a través de la pla-taforma INFO UGT.

- Es obligación de los organismos del Sindicato proporcionar esa información a la base de datos Confederal y recabar aquellos datos de los que no dis-ponen a fin de completarla. Debemos realizar campañas de publicidad digi-tal aprovechando los bajos costes y su gran capacidad de penetración en la sociedad.

- El conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías de la información es la mejor herramienta para consolidar los medios de comunicación propios con un coste económico asumible. Tras la consolidación, en el conjunto de la organización, de las redes sociales, tenemos que desarrollar un plan coordinado para la implantación definitiva de la Sala de Prensa 2.0, un es-pacio destinado a proporcionar a periodistas y bloggers la información ne-cesaria para recoger las propuestas sindicales.

- La CEC coordinará las Webs y plataformas 2.0 de cada organismo y pro-moverá las acciones necesarias encaminadas a una mejor visualización de las mismas. Asimismo, fomentará la coordinación de las distintas webs y plataformas 2.0 dentro de cada organismo: uniones, federaciones, sindica-tos comarcales, secciones sindicales, etc. Pondrá a disposición de las per-sonas dirigentes del Sindicato un blog que dé cabida a las opiniones de los mismos.

- Potenciar el desarrollo de webs tv y optimizar los recursos y coordinación para mejorar las que tenemos que nos permitirán completar la información propia y difundir de forma más amplia las iniciativas sindicales. El trabajo en red para crear contenidos y una difusión plena de las webs tv es una ta-rea imprescindible de los y las responsables de comunicación.

- Los medios escritos propios de la organización deben ser objeto de una revisión en cuanto al número de publicaciones en el conjunto del Sindicato, su periodicidad, distribución, coste económico, fórmulas de financiación… etc. Fomentaremos la reconversión de los mismos en revistas y periódicos

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en formato digital lo que permitirá un ahorro sustancial en su distribución. Hay que asegurarse, con medidas objetivas, si estamos consiguiendo el fin de penetración planteado La CEC realizará un inventario de todas las pu-blicaciones (revistas, webs, WebTV, y los perfiles corporativos en Face-book, Twitter, etc.,) que se realizan en la Confederación, con el objeto de optimizar los escasos recursos y mejorar en su difusión, coordinación y co-nocimiento.

Archivos audiovisuales

- Continuar configurando el fondo audiovisual de UGT y ponerlo a disposi-ción del Sindicato. La colaboración de la Fundación Largo Caballero es esencial para completar este fondo documental. Fomentáremos la partici-pación de otras fundaciones o departamentos de comunicación, para que el fondo se nutra también de los archivos audiovisuales de federaciones y territorios.

- Establecer criterios homogéneos de clasificación y archivo. Los organis-mos de UGT proporcionarán a ese fondo el material fotográfico del que dispongan con esos criterios. Aprovechar plataformas como Flickr para in-tercambiar imágenes en archivos de calidad. Nutrir nuestros archivos con la aportación de documentación y fotos de nuestros afiliados y afiliadas, y para ello, es preciso habilitar un espacio en donde puedan compartir sus documentos.

Presencia internacional

- Fomentar la coordinación con los instrumentos de comunicación de las confederaciones sindicales internacionales. La actuación coordinada en ini-ciativas y movilizaciones con la Confederación Sindical Internacional (CSI) y La Confederación Europea de Sindicatos (CES), nos obliga a tener una coordinación más activa con los y las responsables de comunicación de las organizaciones sindicales internacionales participando en las reuniones que se convoquen. La coordinación con éstas se efectuará en colaboración con las estructuras internacionales del sindicato.

- Fomentar la participación en las revistas o boletines internacionales con información de la Organización.