proceso legislativo - tribunal electoral del poder ... · poder judicial de la federación a...

PROCESO LEGISLATIVO

1) Si en una acción de inconstitucionalidad se plantea una violación al artículo 16

constitucional, en relación con disposiciones de una Constitución Estatal y sus leyes

ordinarias, como se da en el presente caso, es dable analizar dicha violación siempre

que ésta sea de tal naturaleza que pueda trascender de manera fundamental a la

validez de la disposición impugnada (AI 11/98).

2) La interpretación de las leyes en forma posterior a su emisión, no sólo compete al

Poder Judicial de la Federación a través de la jurisprudencia, sino también al órgano

legislativo correspondiente, siempre y cuando se guarden los mismos requisitos que

se observan para la expedición de la ley (AI 13/2001).

3) Por lo que se refiere al requisito de la motivación de leyes, se satisface cuando éstas

se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas y que

dicha motivación puede desprenderse de la totalidad del procedimiento legislativo y no

únicamente de la exposición de motivos, iniciativa o dictámenes, considerando que

todos los actos que integran el procedimiento legislativo están plenamente vinculados

entre sí y forman una unidad en su conjunto y, en segundo lugar, que se debe atender

a una relación social que el legislador considere prudente regular (AI 20/2002).

4) El principio de la certeza en la materia electoral está asegurado, entre otros, por el

requisito formal de su promulgación y publicación sin mediar el plazo de 90 días a que

alude el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal. Sin

embargo, el mencionado principio tiene dos excepciones (AI 29/2005):

a) que las modificaciones legislativas no sean de naturaleza trascendental para el

proceso electoral;

b) si la modificación a las leyes electorales se hace indispensable por una

declaración de invalidez que hubiese hecho la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, y ya haya iniciado el proceso electoral.

5) El proceso legislativo deberá respetar las siguientes reglas (AI 52/2006, 107/2008,

126/2008, 9/2005, 129/2005, 42/2009):

a) El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas

las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad

e igualdad. En otras palabras, es necesario que se respeten los cauces que

permitan tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias, expresar y

defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga

relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras, así

como a las que regulan el objeto y desarrollo de los debates.

b) El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las

reglas de votación establecidas.

c) Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas.

El cumplimiento de los anteriores criterios siempre debe evaluarse a la vista del

procedimiento legislativo en su integridad, puesto que, de lo que se trata, es

precisamente de determinar si la existencia de ciertas irregularidades procedimentales

impacta o no en la calidad democrática de la decisión final.

6) La proximidad del proceso electoral de la entidad, y la regla establecida en el artículo

105 de la Constitución Federal, en la que se señala que las reformas en materia

electoral deben promulgarse y publicarse noventa días antes del inicio del proceso en

el que se pretendan aplicar, no pueden invocarse como justificación para dejar se

observar el proceso legislativo pertinente (AI 52/2006, 107/2008, 126/2008).

7) Un error del legislador, de precisar debidamente la norma, no puede ser subsanado

con una fe de erratas (AI 55/2006).

8) Las violaciones cometidas en el procedimiento legislativo, son irrelevantes si no

trascienden de manera fundamental a la norma (AI 69/2008).

9) La iniciativa de ley o decreto, como causa eficiente que pone en marcha el mecanismo

de creación de la norma general para satisfacer y atender las necesidades que

requieran cierta forma de regulación, fija de alguna manera el debate parlamentario en

la propuesta contenida en la misma, sin que ello signifique que la discusión no pueda

abordar otros temas que por razón de su íntima vinculación con la del proyecto, deban

regularse también para ajustarlos a la nueva normatividad. Por virtud de la potestad

legislativa que tienen los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de ley o

decreto contenido en la iniciativa, pueden cambiar la propuesta dándole un enfoque

diverso al tema parlamentario de que se trate, porque ni de la Constitución Local, ni de

la legislación secundaria sobre el tema, se desprende que exista una prohibición hacia

la legislatura estatal para cambiar las razones o motivos que dieron origen al proyecto

de ley o decreto, si no que, por el contrario, lo permite (AI 24/2011).

JURISPRUDENCIAS: NO EXPEDIENTE: 6/97 ESTADO: Oaxaca

ACTOR: PRD

ÓRGANO LEGISLATIVO EMISOR DE LA NORMA IMPUGNADA:

Congreso del Estado de Oaxaca

NORMA Y ARÍCULOS IMPUGNADOS:

Reformas a la Constitución Política de Oaxaca y las reformas al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca

ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS:

13, 16, 17, párrafo tercero, 40, 41, 71, 72, 94, 95, fracciones III, IV y V, 99, 100, párrafo sexto, 116, fracciones III y IV, incisos c) y h), 120, 128 y 133

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Es procedente la acción de inconstitucionalidad promovida por Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, en contra de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución.

Es parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad que se resuelve, por las razones expuestas en los considerandos séptimo al décimo primero de este fallo.

Se declara la invalidez del artículo 42-A, inciso e), del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, reformado mediante Decreto Número 205, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el nueve de octubre del año en curso, para efectos de que no se aplique antes ni durante el proceso electoral de mil novecientos noventa y ocho, que habrá de tener lugar en el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en términos de lo expuesto en el último considerando de este fallo.

Con la salvedad anterior, se reconoce la validez de las disposiciones señaladas en el resultando primero de esta resolución.

MINISTRO PONENTE

Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas

VOTOS PARTICULARES

No.

OPINION DE LA SALA SUPERIOR

No se solicitó.

RESUMEN

El promovente aduce contravención al principio de legalidad instituido en el artículo 16

constitucional y, consecuentemente, transgresión a los artículos 41, párrafo primero, 71,

72, 116 y 133 de la Carta Magna, ya que el proceso legislativo que culminó con los

decretos impugnados, se encuentra viciado por no haberse llevado conforme a los

lineamientos que establecen los artículos 72, en relación con el 35, 37, fracciones I y V y

55 del Reglamento Interior del Congreso y 2o., 51 a 58 y 164 de la Constitución, ambos

del Estado de Oaxaca, ya que las iniciativas de reforma de las disposiciones impugnadas

se turnaron extraoficialmente a los integrantes de la Comisión de Estudios

Constitucionales y a la de Administración de Justicia del Congreso Estatal, sin la

existencia de convocatoria por escrito a sus miembros para las sesiones de trabajo, sin la

elaboración de una acta ni de una minuta de trabajo de las actividades de las comisiones

e, incluso, sin la entrega a los propios diputados de los textos de las iniciativas ni de los

dictámenes para su análisis, conocimiento y respectiva votación; además, la presentación

de los dictámenes para votación ante el Pleno se hizo sin convocatoria previa, y sólo una

de las iniciativas se dictamina y el resto de las propuestas presentadas ni siquiera se

mencionan dentro del dictamen; también se aduce que se decretaron ilegítimamente

recesos con duración discrecional y al arbitrio de los integrantes de la mesa directiva y,

posteriormente, al reanudarse la sesión respectiva en la madrugada del veintinueve de

septiembre último, se procede a la votación de la reforma sin que exista la certeza de la

existencia del quórum respectivo. Todo lo anterior, continúa la parte actora, sin dispensa

de los trámites y formalidades legislativas que en todo caso debieron darse.

También alega que se viola el artículo 116, fracción IV, constitucional, en relación con el

artículo segundo transitorio del decreto por el que se reformó la Constitución Federal,

publicado en agosto de mil novecientos noventa y seis, en virtud del cual debían

adecuarse los marcos constitucional y reglamentarios en materia electoral de todas las

entidades federativas, conforme a los principios instituidos en la Carta Fundamental, en

un lapso que no excediera de seis meses, el que venció el veintitrés de febrero del año en

curso, por lo que los decretos que contienen las disposiciones impugnadas transgreden

las disposiciones constitucionales de referencia, al no haberse cumplido dentro del plazo

con la reforma estatal electoral correspondiente. Además, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 164 de la Constitución Local, existe la obligación de incorporar

inmediatamente las modificaciones o adiciones que procedan cuando haya reformas a la

Constitución General, lo que incumplió la parte demandada.

Además de que no se apreció transgresión a la legislación estatal respecto a las

cuestiones planteadas con relación al procedimiento legislativo del que emanan las

disposiciones impugnadas, tampoco se aprecia ni se demuestra que dichas cuestiones,

aun siendo aspectos inherentes a ese procedimiento legislativo y que eventualmente

podrían afectarlo, puedan o hayan trascendido de manera fundamental a los decretos

combatidos, en cuanto a su contenido.

Respecto del otro concepto de invalidez en el que se aduce que la reforma a la

Constitución Estatal no se hizo dentro del plazo de seis meses a que se refiere el artículo

segundo transitorio del decreto por el que se reformó la Constitución Federal, publicado el

veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, debe desestimarse.

Es así, porque el plazo para adecuar el marco constitucional y legal de las entidades

federativas, en términos del párrafo del artículo transitorio transcrito, debió efectuarse

dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del decreto de reforma

constitucional de referencia (conforme al artículo primero transitorio de dicho decreto, la

reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el veintitrés de agosto

de mil novecientos noventa y seis).

En primer lugar, y con independencia del tiempo que haya transcurrido, resalta que al

constituir la violación alegada una transgresión al plazo máximo otorgado para proceder a

la adecuación normativa de la legislación local, es evidente que la nulidad que en su caso

llegare a decretarse no podría reparar el vicio que se le atribuye, precisamente por el

hecho de ya haber transcurrido el plazo en que debió llevarse a cabo la reforma

respectiva, lo que evidentemente haría incongruente el fallo que en este sentido se

emitiera.

En segundo lugar, no debe perderse de vista que las normas transitorias únicamente

tienen como fin el establecer los lineamientos provisionales o transitorios que permitan la

eficacia de la norma materia de la reforma, en concordancia con las circunstancias de

modo, tiempo o lugar, de tal manera que sean congruentes con la realidad imperante.

Así las cosas, se concluye que el plazo de seis meses se otorga con el fin de adecuar la

reforma con la situación del momento y la propia de las entidades federativas, a efecto de

lograr un ambiente propicio para que se pueda desahogar y llevar a cabo oportunamente

todo lo necesario para una reforma integral en materia electoral y acorde con sus

calendarios electorales.

En estas condiciones, si se incumple con dicho plazo, al no hacerse la adecuación

normativa en la Constitución y legislación ordinaria de la entidad, no debe estimarse

suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la norma combatida, pues en la especie

no se transgreden los dispositivos fundamentales, sino, en todo caso, una regla transitoria

que en el caso no contiene una disposición fundamental, pues sólo prevé una obligación

de carácter circunstancial, cuyo incumplimiento sólo trasciende al plazo máximo

establecido para hacer la reforma estatal respectiva, pero que en el caso no trasciende ni

vicia los principios rectores que la propia Carta Fundamental tutela en materia electoral.

Por tanto, y como del propio texto de la norma transitoria aludida se desprende, al ser el

fin de ésta el que se haga la adecuación de la normatividad estatal acorde al artículo 116

de la Constitución Federal, aun cuando la reforma constitucional local que se combate se

haya completado con posterioridad a esta fecha, es el caso que esto por sí mismo no

implica transgresión al contenido sustancial de la Carta Magna y, finalmente, aunque sea

tardío, lo que importa es que se lleve a cabo dicha reforma estatal, que es el objetivo de la

norma transitoria.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al

formular su opinión concluyó lo siguiente: No se solicitó opinión.

JURISPRUDENCIAS: NO EXPEDIENTE: 9/97 ESTADO: Chihuahua

ACTOR: Diputados del Congreso del Estado de Chihuahua


Congreso del Estado de Chihuahua


Decreto 618/97 VII P.E., mediante el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua


7o., 16, 41 y 116

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Es procedente la acción de inconstitucionalidad promovida por los diputados integrantes del Congreso del Estado de Chihuahua, en contra de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución.

Es parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad que se resuelve, por las razones expuestas en los considerandos séptimo al décimo sexto de este fallo.

Se declara la invalidez del artículo 13, inciso g), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, reformado y ratificado mediante decretos números 618/97 VII P.E. y 655/97 I P.O., ambos publicados el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y siete en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa, por las razones y para los efectos precisados en el considerando décimo segundo de esta resolución.

CUARTO.- Con la salvedad anterior, se reconoce la validez de las disposiciones señaladas en el resultando primero de este fallo.

MINISTRO PONENTE

Humberto Román Palacios

VOTOS PARTICULARES

No.

OPINION DE LA SALA No se solicitó.

SUPERIOR

RESUMEN

Los promoventes aducen que el decreto impugnado 618/97, que contiene la reforma a la

Ley Electoral del Estado de Chihuahua, incumple y contraviene el artículo 116, fracción

IV, de la Constitución Federal, en virtud de que es una normatividad secundaria que

tiende a reglamentar disposiciones de la Constitución Estatal, concretamente como

consecuencia directa de la reforma que sufrió esta última mediante decreto 603/97,

expedido por el Congreso del Estado y publicado el tres de septiembre del año en curso;

pero el proceso legislativo de dicha reforma no ha concluido y, por tanto, no ha surtido

efectos, dado que se sometió a referéndum derogatorio en términos del artículo 202 de la

propia Constitución del Estado de Chihuahua y a la fecha no ha sido resuelto para

determinar si son ratificadas o derogadas total o parcialmente las reformas de la

Constitución Local, de las que emanan las disposiciones secundarias que ahora se

combaten y de ahí la invalidez e ineficacia de estas últimas, además de que, como

consecuencia de lo anterior, el decreto combatido no reúne los requisitos mínimos para

ser considerado como una ley, pues, siendo de carácter secundario, es el caso que no

tiene norma superior que reglamentar.

Además, que el decreto impugnado transgrede lo dispuesto por el artículo 116, fracción

IV, de la Constitución Federal, ya que este dispositivo fundamental impone que la

legislación estatal se rija por determinados principios que deberán estar contenidos en ley,

pero es el caso que el aludido decreto que reforma la Ley Electoral estatal se encuentra

viciado en su proceso legislativo, lo que impide considerar que el cuerpo de normas

reformado pueda tener el carácter de ley material y formalmente hablando, precisamente

porque no se cumplió con todos los requisitos formales que para tal efecto se requieren.

Según la Corte, es infundado el primer concepto de invalidez precisado con el inciso a) en

el considerando que antecede, toda vez que el referéndum planteado respecto de la

reforma a la Constitución del Estado de Chihuahua, no impide que surta sus efectos y

entre en vigor dicha reforma, ni que dé lugar a su invalidez hasta en tanto se sustancie y

resuelva ese referéndum y, por consecuencia, la reforma a la legislación secundaria que

tiende a ajustarse a los lineamientos de la Constitución Local tampoco pierde su eficacia

ni deja de entrar en vigor.

El "referéndum" es una institución política mediante la cual el pueblo o el cuerpo electoral

opina, aprueba o rechaza una decisión de sus representantes elegidos para asambleas

constituyentes o legislativas; es una manifestación de la democracia constitucional, en la

cual, mediante la ampliación del sufragio y el libre acceso a los cargos públicos, la

totalidad del pueblo organizado en cuerpo electoral participa en el proceso del poder, lo

que hace indirectamente al elegir a sus representantes y directamente por medio del

referéndum y el plebiscito.

Conforme a la naturaleza jurídica de esta participación popular en la formación de la ley,

puede considerársele como un acto de ratificación, de aprobación o de decisión.

Se le ha considerado también como un acto decisorio autónomo que, sumado al de los

representantes de origen, da lugar a la disposición legal, la cual, según una parte de la

doctrina, sólo adquiere validez cuando ha sido sometida a la votación popular y aprobada

por ella; los representantes formulan la ley, pero ad referendum, es decir, a reserva de lo

que el cuerpo electoral resuelva, constituyéndose el voto popular en condición suspensiva

a que se somete la validez y eficacia de la ley.

De acuerdo a la legislación local, la solicitud de referéndum es de carácter derogatorio,

total o parcial, que debe promoverse a instancia de parte dentro del plazo legal y ante la

autoridad precisados, y que las reformas o adiciones quedarán ratificadas en caso de que

más del cincuenta por ciento de los ciudadanos que participen en el referéndum se

pronuncien a favor de ellas.

Destaca de las normas transcritas que no existe disposición expresa que suspenda o

sujete la vigencia o validez de las normas reformadas, a la resolución del referéndum.

En la especie, se cuestiona si las reformas a la Constitución del Estado de Chihuahua en

materia electoral, a que se refiere el decreto 603/97 publicado en el Periódico Oficial del

Estado el tres de septiembre de mil novecientos noventa y siete, pueden cobrar vigencia y

eficacia, en virtud de que se solicitó el referéndum en términos del citado artículo 202

antes transcrito, el cual está pendiente de resolverse en definitiva y si, por consecuencia,

las reformas a la Ley Electoral del Estado que ahora se impugnan y que reglamentan las

de la Constitución sujetas a referéndum, pueden igualmente y por las mismas razones

cobrar vigencia y eficacia.

Debe aclararse que no es la reforma a la Constitución Estatal lo que se impugna en esta

acción, sino la correlativa a la Ley Electoral estatal, pero de la que se cuestiona su validez

y eficacia en virtud de que las normas constitucionales están sujetas a referéndum.

Es cierto que una parte de la doctrina ha considerado que el referéndum condiciona la

validez de la disposición legal, hasta en tanto sea sometida a la votación popular y

aprobada por ella; sin embargo, debe aclararse que esto atiende al referéndum calificado

como obligatorio, en el que es un requisito sine quan non, sin el que la norma no puede

adquirir validez. Dicho de otra manera, sólo en aquellos casos en que se haya sometido a

la votación popular y sea aprobada, la norma entonces entrará a la vida jurídica.

En el caso de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, no se introduce el

referéndum obligatorio, sino el voluntario, de tal manera que no opera como requisito

indispensable para la validez de las normas, sino sólo cuando se solicite procederá

someter la norma a votación popular, la que con una mayoría simple superior al cincuenta

por ciento de los participantes que estén de acuerdo procederá su ratificación, o bien, de

estar en desacuerdo procederá su derogación, sea parcial o total.

En estas condiciones, el artículo 202 de la Constitución Estatal no introduce la institución

de mérito como un sistema obligatorio para la validez de las normas, sino de carácter

voluntario.

Por otro lado, respecto de este sistema voluntario, condicionado a la solicitud de la parte

legitimada (diez por ciento, cuando menos, de los chihuahuenses inscritos en el padrón

electoral debidamente identificados), la validez de las normas no depende,

originariamente, de que se agote y resuelva el referéndum.

Esto es así, en virtud de que no existe disposición legal que suspenda o condicione la

validez de las normas emitidas por el órgano legislativo que hayan sido publicadas y que

eventualmente entren en vigor, y que hayan cumplido con las etapas esenciales del

proceso legislativo, no debe perderse de vista que el sistema adoptado por la legislación

estatal es el voluntario, no el obligatorio.

En segundo lugar, el plazo que se tiene para solicitar el referéndum es de cuarenta y

cinco días contados a partir del siguiente al de su publicación, de tal manera que existiría

incertidumbre en cuanto a la validez de la norma, en tanto que habría que esperar que

transcurriera el plazo de referencia para que, de no hacerse la solicitud, pudiera cobrar

vigencia y eficacia, lo que contraría nuestro sistema jurídico mexicano en cuanto a la

precisión de la certidumbre del inicio de vigencia de las disposiciones legales.

En tercer lugar, el propio artículo 202 de la Constitución Estatal dispone que si en el

referéndum la opinión respecto de la norma es desfavorable, deberá ser derogada; la

derogación supone que previamente la norma tuvo plena validez, pero que, por una

disposición posterior, el órgano legislativo procede a dejarla sin efectos, sea en forma total

o parcial. No puede entenderse la derogación sin reconocer que previamente la

disposición tenía validez, por lo que se deduce que la derogación de una norma tiene

como antecedente la validez de la propia norma.

Además, los Estados son soberanos en cuanto a su régimen interior, acorde con los

artículos 124 y 133 de la Constitución Federal, por lo que, si éstos no condicionaron en su

marco legislativo la validez de las normas al referéndum, es claro que no debe

considerarse así, además de que es una cuestión de gran trascendencia y que la

Constitución Estatal lo pudo establecer en forma precisa, y si esto no lo prevé así, no es

dable darle mayores alcances de los que le reconoce el propio ordenamiento.




ACTOR: Partido del Comité de Defensa Popular del Estado

de Chihuahua




Decreto No. 618/97 VII P.E., el cual contiene diversas reformas a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua


13, 14, 16, 105, fracción II, penúltimo párrafo, 116, fracción II y 124

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Es procedente pero infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido del Comité de Defensa Popular del Estado de Chihuahua.

Se reconoce la validez de las disposiciones impugnadas, precisadas en el resultando primero de esta resolución.

MINISTRO PONENTE

Mariano Azuela Güitron

VOTOS PARTICULARES

No.


No se solicitó.

RESUMEN

La parte actora sostiene que el Decreto 618/97 viola lo dispuesto por los artículos 14 y

116 de la Constitución Federal, en virtud de que los Poderes de los Estados deben

sujetarse a su Constitución conforme a las formalidades esenciales del procedimiento y a

las leyes expedidas con anterioridad al hecho y, en el caso se incumple con tales

mandamientos, pues la ley impugnada infringe lo dispuesto por el artículo 51, fracción VII,

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, ya que el dictamen

correspondiente no fue aprobado y presentado, previamente, a la secretaría del Congreso

Local, siendo que el citado dispositivo legal impone la obligación a los presidentes de las

comisiones legislativas de turnar a la secretaría del Congreso los dictámenes aprobados

por la propia comisión, previamente a que se ponga a consideración del Pleno para su

discusión; violación que se demuestra con el Decreto 604/97 expedido por la Diputación

Permanente del Congreso Local, en el que se convocó a un séptimo periodo

extraordinario de sesiones, a fin de analizar el dictamen correspondiente a las iniciativas

de reforma a la Ley Electoral del Estado, pero sin que precise si el dictamen emitido por la

comisión haya sido aprobado y presentado, previamente, ante la secretaría del Congreso

Local. Además de que no se siguieron las formalidades del proceso legislativo respectivo,

concretamente lo dispuesto por el artículo 68, fracción I, de la citada Constitución Estatal,

que dispone que los diputados podrán formular iniciativas de ley pero cumpliendo con los

requisitos señalados por el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal,

que ordena que dichas iniciativas deberán contener la exposición de motivos que las

fundamenten y el articulado que propongan, por lo que si, como en el caso, las iniciativas

propuestas carecen del primer elemento, el Congreso no está facultado para

dictaminarlas.

Las violaciones que señala el promovente, con independencia de que sean fundadas o

no, no puede estimarse que trasciendan al contenido mismo de la norma que provoque su

invalidez o inconstitucionalidad, debido a que la aprobación de la comisión y turno previo

a la secretaría del Congreso antes de que se ponga a consideración del Pleno el

dictamen, el que se haya sesionado en día distinto de los autorizados, el que la iniciativa

no haya señalado su motivación y el que no se hayan dado los requisitos legales para

citar a audiencia extraordinaria, son cuestiones que no significan que el decreto aprobado

tenga vicios que lo afecten de fondo. Por otro lado, debe destacarse que de cualquier

manera la norma fue aprobada por el Pleno, por lo que, aun de haberse llevado a cabo el

procedimiento en los términos que señala la parte actora, sin prejuzgar si le asiste la

razón o no, en nada hubiera cambiado el sentido de la norma.

De lo expuesto se concluye que los vicios del proceso legislativo no trascendieron de

modo fundamental en las disposiciones combatidas y, por tanto, no ha lugar a entrar a su

análisis en la presente vía constitucional.



JURISPRUDENCIAS: NO EXPEDIENTE: 3/98 ESTADO: Zacatecas

ACTOR: PRD


Congreso del Estado de Zacatecas


El decreto mediante el cual se dispone y determina la división geográfica de los 18 distritos electorales uninominales del Estado de Zacatecas


14, 16, 41, primer párrafo y 105, fracción II, penúltimo párrafo

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Es procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido de la Revolución Democrática.

Se declara la invalidez del decreto impugnado, precisado en el resultando primero de esta resolución.

Requiérase a las autoridades demandadas para

que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, procedan a dar cumplimiento a la presente resolución conforme a los lineamientos dados en el último considerando de este fallo.

MINISTRO PONENTE

Sergio Salvador Aguirre Anguiano

VOTOS PARTICULARES

No.


No se solicitó.

RESUMEN

La parte actora aduce violación al principio de legalidad que consagra el artículo 14 de la

Constitución Federal, ya que la Legislatura del Estado de Zacatecas infringió lo dispuesto

por los artículos 64, 66, fracción II, 68, 70, 98 y 99 del Reglamento Interior del Poder

Legislativo del Estado, al no citar ni sesionar las Comisiones de Puntos Constitucionales y

de Asuntos Electorales, y el 5o. de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del citado

Estado, al no declarar recinto oficial el comedor de las instalaciones de la legislatura, por

tratarse de un lugar distinto al habitual que lo es el salón de sesiones.

Las violaciones formales atribuidas se hacen consistir en que no se convocó a las

Comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos Electorales, ni éstas sesionaron, y

tampoco se declaró recinto oficial el comedor de las instalaciones de la legislatura, siendo

que es lugar distinto del salón de sesiones en que habitualmente se realiza la labor

legislativa.

Tales violaciones, con independencia de que sean fundadas o infundadas, no puede

estimarse que trasciendan al contenido mismo de la norma que pudiera provocar su

invalidez o inconstitucionalidad, toda vez que los vicios atribuidos no afectaron la decisión

final del Pleno del Congreso Estatal, por el que se aprobó en lo general y en lo particular

el decreto impugnado.

En efecto, por una parte, con independencia de que se haya o no convocado a las

comisiones y de que éstas hayan sesionado, y sin prejuzgar sobre la obligación de llevar

a cabo dichas formalidades, es el caso que de cualquier manera les fue turnado para su

estudio y dictamen el oficio por el que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas

somete a la consideración de la legislatura el proyecto de distritación electoral, como se

desprende del anexo siete que la propia legislatura anexa a su contestación de demanda,

consistente en el dictamen de fecha veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y

siete, que emiten las Comisiones Legislativas de Puntos Constitucionales y de Asuntos

Electorales referente al proyecto de distritación electoral emitido por el Instituto Electoral

del Estado de Zacatecas; por lo que, aun cuando formal y materialmente no se hubiera

procedido con las formalidades señaladas por la actora, lo cierto es que las referidas

comisiones tomaron conocimiento del asunto y elaboraron el dictamen requerido, con lo

que, en todo caso, se subsanan las omisiones atribuidas.

No pasa desapercibido que dicho dictamen aparece suscrito únicamente por el presidente

y un secretario de cada comisión; sin embargo, debe destacarse que éstas se conforman

por un presidente y dos secretarios, y pueden dictaminar por mayoría, según se

desprende de los artículos 62 y 70 del Reglamento Interior del Poder Legislativo del

Estado de Zacatecas

Respecto del lugar en que se dice se celebró la sesión, cabe decir que igualmente resulta

irrelevante, ya que además de que se reconoce que se suspendió la sesión por el

desorden suscitado en el salón de sesiones y que continuó en un lugar distinto pero

dentro del propio Congreso, lo cierto es que de cualquier manera el decreto fue aprobado

por el Pleno, por existir quórum legal, según se desprende del acta de sesión ordinaria de

la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Zacatecas, celebrada el veintidós de

diciembre de mil novecientos noventa y siete, que la propia legislatura adjunta a su

contestación de demanda como anexo cuatro.

Todo lo anterior, aunado a que de cualquier manera la norma fue aprobada por el Pleno,

por lo que aun de haberse llevado a cabo el procedimiento en los términos que señala la

parte actora, sin prejuzgar si le asiste la razón o no, en nada hubiera cambiado el

contenido del decreto.



JURISPRUDENCIAS: NO EXPEDIENTE: 11/98 ESTADO: Coahuila

ACTOR: PRD


Congreso del Estado de Coahuila


artículos 9o. y 42 del Código Electoral del Estado de Coahuila; artículos 27, 33, 35, 67, 124 y 132 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y del Decreto No. 237 por el que se reforman, adicionan o derogan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Coahuila


1o., 4o., 14, 16, 41, 54 y 105 fracción II penúltimo párrafo

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Es parcialmente procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad promovida

por el Partido de la Revolución Democrática.

Se sobresee respecto de los actos atribuidos al secretario de Gobierno y director del Periódico Oficial del Gobierno, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Se reconoce la validez de las disposiciones impugnadas precisadas en el primer resultando de esta sentencia.

MINISTRO PONENTE

Mariano Azuela Güitrón

VOTOS PARTICULARES

No.


SUP-AES-2/99. No se pronunció sobre el particular.

RESUMEN

El promovente señala que se viola lo dispuesto por los artículos 14, 16, 41, primer párrafo,

y 116, fracción I, de la Constitución Federal, toda vez que el Congreso Estatal no observó

el procedimiento legislativo correspondiente para la emisión del Decreto 237, por el que

se reformó el Código Electoral del Estado, ya que su reforma se hizo simultáneamente a

la de la Constitución Estatal, y siendo aquél reglamentario de dicha Constitución, debió

primero entrar en vigor la reforma de esta última y desplegar todos sus efectos, para

después adecuar la legislación secundaria, pues para ello debía concluir el procedimiento

legislativo que incluye la promulgación o veto del Ejecutivo y su publicación.

Del análisis del concepto de invalidez expuesto, en el que se alega que la Legislatura

Estatal no respetó el procedimiento legislativo que debió seguirse para la aprobación y

emisión de la reforma al Código Electoral del Estado, se advierte que no se contravienen

las disposiciones contenidas en el artículo 116, fracción I, constitucional, en tanto que en

este precepto fundamental no se regulan cuestiones inherentes al procedimiento

legislativo que deben seguir las Legislaturas Estatales para la aprobación de las leyes

locales y, del mismo modo, no se aprecia que con el procedimiento legislativo impugnado

se transgreda de alguna manera alguno de los principios constitucionales antes

precisados, además de que en el concepto de invalidez no se señala expresamente

afectación a alguno de dichos principios.

En el concepto de invalidez únicamente se aduce que la legislatura no observó el

procedimiento legislativo previsto en la Constitución Estatal y sus leyes reglamentarias, en

virtud de que se hizo una reforma a la Constitución Estatal y simultáneamente al Código

Electoral de la entidad, sin haber dejado que la primera entrara en vigor y surtiera todos

sus efectos antes de llevar a cabo la segunda que es reglamentaria de la primera. De esto

se sigue que no existe planteamiento alguno por violación a la garantía de audiencia o de

no retroactividad de las leyes.

Además, las garantías contenidas en el artículo 14 constitucional atañen únicamente a las

personas y, en el caso, los vicios del procedimiento legislativo que se atribuyen al decreto

impugnado, no guardan relación alguna con la posible afectación de los gobernados en

sus respectivas garantías.

Si en una acción de inconstitucionalidad se plantea una violación al artículo 16

constitucional, en relación con disposiciones de una Constitución Estatal y sus leyes

ordinarias, como se da en el presente caso, es dable analizar dicha violación siempre que

ésta sea de tal naturaleza que pueda trascender de manera fundamental a la validez de la

disposición impugnada.

Este criterio permite valorar en cada caso, previamente, si la violación indirecta alegada

puede o no trascender de manera fundamental a la validez de la disposición impugnada,

de tal manera que debe realizarse un examen preliminar de la violación a fin de establecer

si puede tener esa trascendencia que implique la validez de la disposición lo que, a su

vez, autoriza a declarar improcedentes aquellos conceptos que planteen violaciones

indirectas cuando éstas no trasciendan en la forma apuntada. Así, con independencia de

que la violación argüida sea fundada o no, del examen preliminar que se realice se

determinará si debe o no pasarse a su estudio.

La Corte notó que simultáneamente con la reforma a la Constitución Estatal se emitió y

publicó también la reforma al Código Electoral, disposiciones de este último que

reglamentan cuestiones de los preceptos reformados de la citada Constitución, con lo

cual, aduce la parte actora, no se dio oportunidad para que entrara en vigor plenamente y

surtiera sus efectos la reforma constitucional antes de que se hiciera la reforma al Código

Electoral que la viene a reglamentar. Al respecto, y de un examen preliminar, puede

decirse que tal violación, fundada o no, no trasciende de manera fundamental a la validez

de los artículos 9o. y 42. del Código Electoral impugnados que justifique su análisis.

Por una parte, es cierto que ambas reformas se hicieron y publicaron simultáneamente;

sin embargo, no existe disposición que lo impida. Por otra, si la reforma al código es para

reglamentar a su vez las disposiciones reformadas de la Constitución Local y, al respecto,

no se aduce incongruencia o contradicción alguna entre ambas reformas, debe decirse

que no existe o no se advierte la inconveniencia de que ambas se hayan dado en la

misma sesión y publicado en la misma fecha y, por el contrario, se destaca que forman

parte de una reforma electoral integral, por lo que no puede alegarse la necesidad de que

una se hiciera primero que la otra. Finalmente, si bien se dice que el Ejecutivo podía

ejercer su derecho de veto en contra de la reforma constitucional, por lo que debía

esperarse a que entrara en vigor y surtiera sus efectos plenos para llevar a cabo la

reforma al código y su publicación, lo cierto es que, con independencia de que tal

planteamiento resulte o no fundado, es el caso que en el evento de que el Ejecutivo

hubiera vetado la reforma constitucional, entonces también lo pudo haber hecho al mismo

tiempo con relación a la reforma al código, destacándose que no existe antecedente

alguno que demuestre que el Ejecutivo haya vetado la reforma constitucional, supuesto

ante el cual sí se justificaría analizar la cuestión planteada.

Por lo tanto, si en el caso concreto no se aprecia que el vicio atribuido al procedimiento

legislativo pudiera trascender de manera fundamental a la validez del Código Electoral del

Estado de Coahuila que ahora se combate, resulta innecesario proceder al análisis de la

violación indirecta planteada, pues aun de resultar fundada resultaría inoperante, ya que

no sería suficiente para afectar la validez de la norma.


formular su opinión concluyó lo siguiente: No se pronunció sobre el particular.

JURISPRUDENCIAS: NO EXPEDIENTE: 11/99 ESTADO: San Luis Potosí

ACTOR: Partido Político "Conciencia Popular"


Congreso del Estado de San Luis Potosí


Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí


1o.; 105, fracción II, inciso f); 115, fracción VIII; y, 116, fracciones II y IV, incisos b) y f)

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad promovida por el partido político Conciencia Popular, en contra del Decreto Número 366 publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, por el que se expide la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y se abroga la anterior publicada en el propio Periódico Oficial el veinticinco de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad respecto de los artículos 166 al 170 y 172 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, por las razones expuestas en el considerando octavo de esta resolución.

Se reconoce la validez del decreto impugnado y de los artículos 35, fracción VII, inciso a), 171, fracciones I, V, incisos a), b), c) y sus cuatro últimos párrafos, y VI, y tercero transitorio de la

Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, por las razones expuestas en los considerandos sexto, séptimo, décimo segundo y décimo cuarto de este fallo.

Se declara la invalidez del artículo 171, fracciones II, III y IV de manera total, y V, primer párrafo, sólo en la parte que dice: "Posteriormente, y exceptuando al partido político que haya obtenido diputaciones de representación proporcional conforme a lo dispuesto por las fracciones II, III y IV de este artículo ... que quedaren por asignar ...", de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, en términos del considerando décimo segundo de esta ejecutoria.

MINISTRO PONENTE

Juan Díaz Romero

VOTOS PARTICULARES

No.


SUP-AES-8/99.

RESUMEN

El promovente plantea que se transgredió el artículo 71 de la Constitución Política del

Estado de San Luis Potosí, pues el decreto impugnado no contiene las firmas del

presidente y secretario del Congreso, y no contiene la leyenda que diga que el Congreso

lo ha decretado, y el gobernador tampoco cumplió con las formalidades que le

corresponden.

Según la Corte, si el decreto que contiene la ley impugnada establece que éste fue

enviado al gobernador por el Congreso Local o por la legislatura respectiva para los fines

apuntados y en él se precisa que fueron estampadas las rúbricas del gobernador y del

secretario general de Gobierno, a juicio de la Suprema Corte el decreto en cita cumple

con la finalidad que tales formalidades persiguen, en la inteligencia de que, si bien es

cierto que el artículo 71 de la Constitución Estatal dispone que formalmente el decreto

debe referirse al Congreso y que en el caso concreto se alude a la legislatura, también lo

es que este término se entiende como sinónimo del de Congreso, como lo admite el

artículo 116, fracción II, de la Constitución Federal, que también utiliza la expresión

"Legislatura de los Estados", de modo que al no citarse literal o exactamente la expresión

formal requerida, no se afecta la validez del decreto, pues ambas identifican plenamente

al órgano legislativo que emitió la ley.



JURISPRUDENCIAS: NO EXPEDIENTE: 13/2001 ESTADO: Nuevo León

ACTOR: Diputados Integrantes de la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León


Congreso del Estado de Nuevo León


Decreto Número 36 de observancia general, emitida el 24 de enero de 2001 por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León


1o., 14 y 16

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Es procedente pero infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por los diputados integrantes de la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León.

Se reconoce la validez del Decreto Número 36 (Treinta y Seis), emitido por el Congreso del Estado de Nuevo León el veinticuatro de enero de dos mil uno, y publicado en el Periódico Oficial de la entidad el treinta y uno del mismo mes y año.

MINISTRO PONENTE

Juan Díaz Romero

VOTOS PARTICULARES

No.


No se solicitó.

RESUMEN

El promovente aduce que el decreto impugnado es violatorio de los artículos 1o., 14 y 16

de la Constitución General de la República, por lo siguiente:

1. Que la actividad interpretativa desplegada por el Congreso Local, en relación al término

"interés" a que se refiere el artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del

Congreso del Estado de Nuevo León, viola los principios de legalidad y seguridad jurídica,

por virtud de que la facultad que el artículo 63, fracción I, de la Constitución Política de

esa entidad, en relación con el artículo 2o. del citado reglamento, otorga a la Legislatura

Local para interpretar las leyes relativas a la administración y gobierno interior del Estado,

es la denominada interpretación legislativa, que realiza el mismo legislador con el fin de

fijar el sentido de las leyes que ha dictado, la cual sólo puede hacerse en el texto mismo

de la ley y no en decreto diverso, o sea, no con posterioridad a la emisión de la norma

general, ya que este último tipo de interpretación sólo compete al Poder Judicial de la

Federación conforme con lo dispuesto en los artículos 103 y 105 de la Constitución

General de la República.

2. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento para el Gobierno

Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, en el caso de que un diputado se excuse

de conocer de un asunto turnado a la comisión a la que pertenece, únicamente se debe

designar al diputado que deba sustituirlo, pero no como se hizo en el decreto impugnado,

de calificar esa excusa, ya que debe ser aceptada de plano.

3. Que el artículo único transitorio del decreto cuya invalidez se demanda, señala que éste

entrará en vigor al momento de su aprobación, no obstante que el artículo 78 de la

Constitución Local señala que toda ley obliga desde el día de su publicación, salvo que la

ley disponga otra cosa, debiéndose entender esto último, conforme al artículo 4o. del

Código Civil del Estado, que la publicación haya sido anterior a la fecha de su entrada en

vigor; y en el caso, el decreto se aplicó el veintinueve de enero de dos mil uno, al

desecharse la excusa presentada por tres diputados, o sea, antes de su publicación en el

Periódico Oficial.

Por cuanto hace a la violación alegada consistente en la indebida fundamentación y

motivación del decreto impugnado, si bien la exigencia de fundamentación y motivación

de los actos de autoridad que se traduce en la garantía de legalidad establecida por el

artículo 16 constitucional, abarca a todo acto de autoridad, sea ésta legislativa, ejecutiva o

judicial, en la medida en que todas ellas deben actuar, por igual, dentro de un marco

jurídico de "legalidad", debe sin embargo aclararse que respecto de la existencia de los

requisitos aludidos, la Suprema Corte ha considerado que tratándose de actos de

autoridades legislativas (leyes), dichos requisitos de fundamentación y motivación se

satisfacen siempre que ellas actúen dentro de los límites de las atribuciones que la

Constitución correspondiente les confiera, y que las leyes respectivas que emitan se

refieran a relaciones sociales que reclamen ser jurídicamente reguladas, sin que ello

implique, en modo alguno, que todas y cada una de las disposiciones que den cuerpo a

esas leyes deban ser necesariamente materia de una motivación específica sobre cada

aspecto jurídico que regula.

La interpretación a que se refiere el precepto de la Constitución Local en comento, es la

que la doctrina denomina interpretación legislativa, por ser el propio legislador el que

interpreta el contenido de las normas generales por él expedidas, de tal suerte que es el

único que puede determinar en forma auténtica cuál fue su voluntad.

Esta función interpretativa sólo puede reflejarse a través de leyes o decretos, con el objeto

de que adquieran la misma calidad de aquellas que interpreta, esto es, generalidad,

abstracción e impersonalidad y, por tanto, debe guardar los mismos requisitos que para la

formación de leyes deben observarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73

de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, que a la letra dice:

"Artículo 73. En la interpretación, modificación o reforma de las leyes o decretos se

guardarán los mismos requisitos que deben observarse en su formación."

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63, fracción I y 73 de la Constitución Política

del Estado de Nuevo León antes reproducidos, la interpretación legislativa que en ellos se

contempla debe contenerse en una ley o decreto, pero no necesariamente, como en

forma incorrecta lo argumentan los promoventes, en el mismo ordenamiento legal que

interpreta, sino en uno diverso, pudiendo ser posterior, ya que si se hiciera en la misma

norma, no se estaría en presencia de una interpretación, sino de una modificación de la

propia norma.

Conforme a lo ya expuesto, y contrariamente a lo argumentado por los promoventes de

esta acción de inconstitucionalidad, la interpretación de las leyes en forma posterior a su

emisión, no sólo compete al Poder Judicial de la Federación a través de la jurisprudencia,

sino también al órgano legislativo correspondiente, siempre y cuando se guarden los

mismos requisitos que se observan para la expedición de la ley. De donde resulta

infundado el primer concepto de invalidez esgrimido en la demanda de acción de

inconstitucionalidad.

Por otra parte, el hecho de que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del

Congreso Local haya consultado al Pleno del mismo, en relación con la excusa de tres de

sus integrantes, no le impide formular el dictamen del decreto impugnado, como

incorrectamente lo consideran los promoventes de esta acción de inconstitucionalidad,

toda vez que tal circunstancia no constituye una violación que trascienda al decreto

controvertido, ya que a la citada comisión legislativa únicamente compete el formular el

dictamen respectivo, pero no lo aprueba, sino que esto último es facultad exclusiva del

Pleno del Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el ya transcrito

artículo 63, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, así como en

los artículos 65, 66 y 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo

León y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo

León.

Por otra parte, argumenta la accionante que la Comisión de Legislación y Puntos

Constitucionales estaba impedida para formular el dictamen del que emanó el decreto

impugnado, por virtud de que no se encontraba debidamente integrada en términos del

artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, dada la

excusa de tres de los diputados que la integran, los cuales no fueron sustituidos.

De las pruebas documentales aportadas en esta acción de inconstitucionalidad por los

promoventes, se advierte que mediante escrito de fecha diecinueve de enero de dos mil

uno (foja ciento noventa y dos de autos), los diputados Abraham Colunga Flores, Pedro

Vázquez González y Héctor H. Gutiérrez de la Garza, presentaron ante el presidente de la

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, excusa para participar en la discusión

y resolución del dictamen relativo a la reforma de la Constitución Política del Estado de

Nuevo León, en materia municipal; excusa que fue reiterada en escrito de fecha veintiséis

del mismo mes y año (fojas doscientos noventa y cuatro y doscientos noventa y cinco del

expediente).

Ahora bien, independientemente del curso que a dicha excusa le haya dado la comisión

legislativa correspondiente o el Pleno del Congreso del Estado, cabe precisar que tal

excusa no se presentó para el efecto de que los diputados signantes se abstuvieran de

participar en la discusión y aprobación del dictamen relativo a la interpretación del artículo

45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, que

dio origen al decreto impugnado en esta acción de inconstitucionalidad, sino para no

participar en la discusión y resolución del dictamen relativo a la reforma de la Constitución

Política del Estado de Nuevo León, en materia municipal; por tanto, la citada comisión no

se encontraba desintegrada como incorrectamente lo argumentan los accionantes, por lo

que en la especie no existieron, por este motivo, los vicios en el procedimiento legislativo

invocados en la demanda, con independencia de que, como se dijo con antelación, las

comisiones legislativas sólo formulan los dictámenes que les son encomendados y la

decisión se encuentra a cargo de la asamblea de la Legislatura Local.

Por último, los promoventes de esta acción de inconstitucionalidad argumentaron que el

artículo único transitorio del decreto impugnado prevé que éste entrará en vigor al

momento de su aprobación, lo cual ocurrió el veinticuatro de enero de dos mil uno, no

obstante que el artículo 78 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, señala

que toda ley obliga desde el momento de su publicación, siendo el caso que el decreto fue

aplicado antes del treinta y uno del citado mes y año, fecha en que se publicó el Periódico

Oficial de la entidad.

Del estudio de los conceptos de invalidez se advierte que en ellos sólo se argumentaron

contravenciones a los artículos 14 y 16 constitucionales, pero no se expresó

manifestación alguna tendente a demostrar la contravención del decreto impugnado con

el artículo 1o. de la Constitución Federal, sin que la Suprema Corte advierta alguna

contradicción entre la norma impugnada y el citado precepto constitucional, que pudiera

constituir materia para suplir la deficiencia de los conceptos de invalidez planteados por

los promoventes, en términos del artículo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I

y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


formular su opinión concluyó lo siguiente: No se solicitó.

JURISPRUDENCIAS: NO EXPEDIENTE: 26/2001 y su acumulada 27/2001

ESTADO: Colima

ACTOR: Diputados Integrantes de la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Colima, PRD

ÓRGANO LEGISLATIVO EMISOR DE LA NORMA

Congreso del Estado de Colima

IMPUGNADA:


Decreto Número 129 emitido por el H. Congreso del Estado de Colima con todos sus transitorios, así como las disposiciones legales que en virtud de éste se reformaron y adicionaron, por el que se reforman y adicionan diversos ordenamientos cuya invalidez se reclama, a saber: Artículo 133 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados; artículo 93 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado; artículos 7o. y 11 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; se adiciona el artículo 7o. bis de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; y se adicionan los artículos 152, 312 y 314 del Código Electoral, todos estos ordenamientos legales del Estado de Colima


14, 16, 40, 41, 49, 116 y 133

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Son procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diversos diputados integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Colima y por el Partido de la Revolución Democrática, en las que se impugna el Decreto 129, por medio del cual se reforman, entre otros, los artículos 152, 312 y 314 del Código Electoral del Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de junio de dos mil uno.. Se declara la invalidez del artículo 312, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de Colima, únicamente en las partes que dice: "... Si el Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Magistrado la persona que de cada una de las ternas, designe el Supremo Tribunal. ..." y "... Si el Congreso no resuelve en ese plazo o si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que de esta terna, designe el Supremo Tribunal.", en los términos del considerando quinto de esta resolución.

Se reconoce la validez de los artículos 152 y 314 del Código Electoral del Estado de Colima, en términos del considerando sexto de este fallo.

MINISTRO PONENTE

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia

VOTOS PARTICULARES

No.


SUP-AES-10/2001 acum. No se pronunció sobre el particular.

RESUMEN

Los actores aducen violaciones al procedimiento legislativo, consistentes en:

a) La iniciativa correspondiente fue sometida a la aprobación del Congreso sin el previo

estudio y dictamen de la comisión respectiva y sin que se hayan dispensado estos

trámites en términos de los artículos 48 de la Constitución Política del Estado de Colima y

86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y sin haberse razonado ni justificado la

importancia o la urgencia que ameritara la dispensa de tales trámites;

b) El orden del día fue circulado a los integrantes del Congreso al momento de iniciarse la

sesión respectiva, conjuntamente con los expedientes que fueron sometidos a su

aprobación, lo cual limita el derecho que asiste a los diputados para participar en la

discusión y ejercer su voto razonado en los asuntos a tratarse conforme lo establece el

artículo 22, fracciones IV y VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;

c) No les fue entregada a cada uno de los diputados la copia de la iniciativa en la sesión

anterior a su discusión, acorde con lo previsto por el artículo 71 del Reglamento de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo; y

d) La iniciativa presentada inicialmente por el titular del Ejecutivo fue rechazada por

acuerdo económico en sesión de cinco de junio del año dos mil uno, por lo que se

propuso como reforma constitucional y, posteriormente, de igual forma fue rechazada en

sesión iniciada el doce y concluida el catorce de junio de dos mil uno, por lo que en

términos de lo previsto en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, no se

podía volver a proponer la iniciativa desechada en el mismo periodo de sesiones.

En primer lugar debe señalarse que, contrariamente a lo aducido por los promoventes, la

iniciativa del decreto que contiene, entre otras, las adiciones al Código Electoral del

Estado de Colima, sí fue sometida al estudio de la comisión respectiva, la cual elaboró el

dictamen correspondiente como se advierte de las constancias que obran en el

expediente.

Por otra parte, tampoco es verdad que se haya limitado el derecho de los diputados a

participar en la discusión del asunto y de ejercer su voto, porque supuestamente no se les

entregó copia de la iniciativa en la sesión anterior a su discusión, toda vez que como se

desprende de las documentales que obran en autos (fojas quinientos cuarenta y ocho)

desde la sesión número catorce celebrada el día cinco de junio del año dos mil uno, los

diputados del Congreso Local tenían conocimiento del dictamen relativo a las iniciativas

del decreto por el que se reformaron diversas disposiciones legales de la entidad, cuya

discusión y aprobación es el mismo que se llevó a cabo en sesión de quince de junio de

dos mil uno, pues si bien en la citada sesión de cinco de junio de dos mil uno, a solicitud

del diputado Marcelino Bravo Sandoval se retiró del orden del día el dictamen mencionado

"... por virtud de ser necesario llevar a cabo un análisis más profundo del documento y

poder alcanzar consensos con los distintos grupos parlamentarios ..." (folios ciento

cuarenta y ocho a ciento cincuenta y seis, y cuatrocientos sesenta y dos a cuatrocientos

setenta y dos de autos), del cotejo con el dictamen finalmente aprobado ambos coinciden

en todas y cada una de sus partes, es decir, no sufrió modificación alguna, de lo que se

concluye que los documentos respectivos les fueron proporcionados oportunamente y, por

ende, no se les limitó su derecho a participar en su discusión ni a ejercer su voto

razonado.

A mayor abundamiento, debe señalarse que hay violaciones de carácter formal que

pueden trascender de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que

provoquen su invalidez o inconstitucionalidad, pero hay otros casos en los que la falta de

apego a alguna de las disposiciones que rigen el proceso legislativo no resulta grave y,

por ende, no afecta su validez.

Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el quórum necesario o

cuando no haya sido aprobada por los votos necesarios, en cuyo caso la violación formal

afectará de modo fundamental la validez de la norma, provocando su nulidad.

En cambio cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el trámite para el estudio de

las iniciativas, o la iniciativa no se hubiera turnado a la comisión a la que corresponde su

estudio, ello carece de relevancia jurídica si, finalmente, se cumple con el fin último

buscado por el proceso legislativo, esto es, que la ley se apruebe por el número de

diputados que la Constitución Local exige, pues, cuando esto sucede, los vicios que se

pudieron haber cometido no trascienden de modo fundamental a la norma.

Por tanto, aun considerando que en el caso concreto no se hubiera entregado a los

diputados copia del dictamen respectivo en la sesión anterior a su discusión, de cualquier

manera tal iniciativa fue sometida a estudio y análisis del Pleno del Congreso Estatal,

siendo aprobado por una mayoría de catorce votos de los diputados que estuvieron

presentes en la sesión de quince de junio de dos mil uno (fojas cuatrocientos setenta y

tres del expediente); de ahí que, aun cuando materialmente no se hubiera procedido con

las formalidades señaladas por los citados promoventes, lo cierto es que, como se dijo,

por lo menos la mayoría de los diputados que votaron a favor del decreto que contiene,

entre otros, las adiciones a los artículos 152, 312 y 314 del Código Electoral de la entidad,

conocían el contenido del mismo, por lo que, en todo caso, con la aprobación de la ley se

purgaron los vicios formales anteriores, pues no debe perderse de vista que el

procedimiento legislativo simplemente es un cauce que permite llegar con un proyecto al

Pleno del Congreso, para su votación.

Desde otro aspecto, tampoco asiste razón a los promoventes al señalar que como había

sido rechazada la iniciativa de reformas en las sesiones de cinco y doce de junio de dos

mil uno, ello impedía que se presentara de nueva cuenta a discusión dicha iniciativa

durante el mismo periodo de sesiones, conforme lo establece el artículo 88 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo.

Ahora bien, es verdad que en el caso el dictamen relativo a la iniciativa presentada por el

Ejecutivo del Estado para reformar diversas disposiciones legales del Estado de Colima,

entre las que se encuentran las normas combatidas se incluyó en el orden del día de la

sesión ordinaria número catorce de fecha cinco de junio de dos mil uno; sin embargo,

dicho documento, según se advierte del acta de la referida sesión, nunca fue leído ni

sometido a discusión alguna, toda vez que a propuesta del diputado Marcelino Bravo

Sandoval se retiró para ser discutido en una sesión posterior es decir, solamente se

pospuso la discusión de la iniciativa, pero no se desechó.

Entonces, si conforme a lo antes expuesto, el dictamen relativo a las iniciativas contenidas

en el decreto impugnado no fue sujeto de lectura ni de discusión y, por ende, no fue

desechado, no puede decirse que se infringió el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Colima, por el hecho de haberse incluido para su lectura y

discusión en la sesión de quince de junio de dos mil uno en la que, como antes se dijo,

fue aprobado por una mayoría de catorce votos de los diputados presentes a dicha

sesión, y publicado en el Periódico Oficial de la entidad al día siguiente.

Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que en la diversa sesión de doce de junio de

dos mil uno y concluida el catorce del mismo mes y año se haya presentado un dictamen

relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la

Constitución Local, pues aun cuando coincida con el contenido del decreto impugnado en

algunos aspectos, se trata de documentos distintos.

En efecto, como ha quedado asentado el decreto que ahora se reclama fue presentado

por el Ejecutivo Estatal para reformar diversas disposiciones legales para el Estado de

Colima, sometido al estudio de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos

Constitucionales, cuyo dictamen fue presentado para su discusión en la sesión de fecha

cinco de junio de dos mil uno, el cual si bien fue retirado del orden del día por el

presidente de la citada comisión no sufrió modificación alguna, siendo presentado

nuevamente por dicha comisión en la sesión de quince de junio de dos mil uno, en la que

fue discutido y aprobado, ordenándose su publicación al día siguiente en el Periódico

Oficial de la entidad (folios veintinueve a cincuenta y ocho, y ciento uno a ciento cincuenta

y seis de autos).

En tanto que la iniciativa de reformas a la Constitución del Estado se presentó por los

coordinadores de los grupos parlamentarios de los Partidos Políticos Acción Nacional,

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, iniciativa que se propuso en

la sesión de ocho de junio de dos mil uno, instruyéndose su turno a la comisión

correspondiente, la cual en diversa sesión de doce de junio de dos mil uno presentó el

dictamen respectivo, siendo retirado también del orden del día (folios cincuenta y nueve a

cien y ciento cincuenta y siete a ciento sesenta y seis de autos).

Con lo antes relacionado, queda claro que por la circunstancia de que se haya presentado

un dictamen relativo a reformar diversos artículos de la Constitución Local y el cual guarda

algunas semejanzas con el decreto combatido, no conlleva a determinar que en la

discusión, aprobación y publicación de este último se haya inobservado lo previsto en el

citado artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

Atento todo lo considerado, procede declarar parcialmente fundadas las presentes

acciones de inconstitucionalidad y, por tanto, únicamente declarar la invalidez del artículo

312, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de Colima, únicamente en las

partes que dice "... Si el Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo

de Magistrado la persona que de cada una de las ternas, designe el Supremo Tribunal. ..."

y "... Si el Congreso no resuelve en ese plazo o si esta segunda terna fuera rechazada,

ocupará el cargo la persona que de esta terna, designe el Supremo Tribunal.", y

reconocer la validez del Decreto 129 en cuanto a las violaciones procesales examinadas.



JURISPRUDENCIAS: P./J. 94/2001

EXPEDIENTE: 25/2001

ESTADO: Hidalgo

ACTOR: Diputados Integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Hidalgo


Congreso Libre y Soberano de Hidalgo


Decreto Número 215 con todos sus transitorios, en virtud del cual se reforman y derogan diversos artículos de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el Decreto Número 216 que contiene la Ley Electoral del Estado de Hidalgo


14, 40 y 41, primer párrafo, en relación con los artículos 105, fracción II y 133

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Es procedente pero infundada la acción de inconstitucionalidad. Se reconoce la validez del Decreto 215 por medio del cual se reformaron y derogaron diversos artículos de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del Decreto 216 que contiene la Ley Electoral, ambas del Estado de Hidalgo, en cuanto a las violaciones procesales examinadas.

MINISTRO PONENTE

Mariano Azuela Güitrón

VOTOS PARTICULARES No


SUP-AES-9/2001. No se pronunció.

RUBRO DE LA JURISPRUDENCIA

VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA.

RESUMEN

Los promoventes señalaron en sus conceptos de agravio:

a) Que la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales no

realizó el estudio y no elaboró el dictamen relativo a las iniciativas del decreto que

contiene la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, por lo que se propuso la integración de

una comisión especial sobre la Ley Electoral del Estado de Hidalgo.

b) Que conforme al artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Hidalgo, las comisiones especiales sólo podrán integrarse cuando la urgencia o

importancia del asunto lo ameriten y que en el caso no se razonó o justificó la importancia

o urgencia del asunto que motivó la creación de la comisión especial.

c) Que, en consecuencia, el dictamen en cuestión no fue presentado por el órgano

legislativo legalmente facultado para ello, de lo que deriva la ilegalidad de las actuaciones

de la comisión especial ya que, en todo caso, se debió requerir a la Primera Comisión

Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales la presentación del dictamen

relativo y, en caso de no emitirlo, retirar de los trabajos legislativos a esta comisión para,

posteriormente, crear la comisión especial y, al no haberse hecho así, se contraviene el

artículo 14 de la Constitución General de la República.

Los conceptos de invalidez antes sintetizados son infundados, en atención a las

consideraciones siguientes:

En primer lugar, debe señalarse que hay violaciones de carácter formal que pueden

trascender de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen su

invalidez o inconstitucionalidad, pero hay otros casos en los que la falta de apego a

alguna de las disposiciones que rigen el proceso legislativo no trasciende al contenido

mismo de la norma y, por ende, no afecta su validez.

Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el quórum necesario o

sin el número de votos requeridos por la ley, en cuyo caso la violación formal trascendería

de modo fundamental en el contenido de la norma, provocando su invalidez.

En cambio cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el trámite para el estudio de

las iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa

no fue dictaminada por la comisión a la que le correspondía su estudio, sino por otra, ello

carece de relevancia jurídica si se cumple con el fin último buscado por la iniciativa, esto

es, que haya sido aprobada por el Pleno del órgano legislativo y publicada oficialmente.

En este supuesto, los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma

con la que culminó el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tiende a

facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley por el Pleno del

Congreso, por lo que si éste aprueba la ley, cumpliendo con las formalidades

trascendentes para ello, su determinación no podrá verse alterada por irregularidades de

carácter secundario.

Por tanto, aun considerando que en el caso concreto el dictamen que contiene el decreto

de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, no hubiera sido presentado o elaborado por la

Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, sino por una

comisión especial, de cualquier manera tal iniciativa fue sometida a estudio y análisis del

Pleno del Congreso Estatal, siendo aprobada por dieciséis votos de los dieciocho

diputados presentes en la sesión de nueve de mayo de dos mil uno (fojas quinientas ocho

a quinientas veintiuna del cuaderno correspondiente a las pruebas presentadas por los

promoventes) y publicado oficialmente, por lo que aun cuando materialmente no se

hubiera procedido con las formalidades señaladas por los citados promoventes, lo cierto

es que, como se dijo, la mayoría de los diputados presentes en la sesión respectiva

aprobaron el decreto que contiene la Ley Electoral de la entidad, con lo que, en todo caso,

se subsanó la omisión, pues no debe perderse de vista que el procedimiento legislativo

simplemente es un cauce que permite llegar con un proyecto al Pleno del Congreso para

su análisis, discusión y votación.

Ahora bien, con independencia de lo anterior, debe señalarse que, contrariamente a lo

aducido por los diputados promoventes, la Primera Comisión Permanente de Legislación

y Puntos Constitucionales sí realizó el estudio y elaboró el dictamen relativo a las

iniciativas del decreto que contiene la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, como se

advierte de las fojas doscientas catorce a trescientas setenta del cuaderno

correspondiente a las pruebas presentadas por el Congreso de la citada entidad.

Por otra parte, tampoco asiste razón a los promoventes al señalar que se debió razonar y

justificar la importancia o la urgencia del asunto para la creación de una comisión

especial, toda vez que, conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, no se requieren tales requisitos para la creación

de una comisión especial, sino que basta que la urgencia o importancia del asunto lo

ameriten, para que ésta sea designada, lo que implica que si el cuerpo legislativo decide

la creación de una comisión de esa naturaleza, lo hace precisamente porque estima que

se presentan las causas que lo justifican.

Por otro lado, tampoco asiste razón a los promoventes al señalar que al no presentarse el

dictamen respectivo, debió requerirse de nueva cuenta a la Primera Comisión

Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales la presentación del dictamen y de

no hacerlo, entonces sí procedía la designación de una comisión especial.

Lo anterior es así, en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Hidalgo, en ninguno de sus artículos prevé tal formalidad, antes bien, como se señaló

anteriormente, la referida ley orgánica establece que basta con que la urgencia o

importancia del asunto lo ameriten, para que se designe una comisión especial.


formular su opinión concluyó lo siguiente: Que se abstiene de emitir opinión en la

presente acción de inconstitucionalidad, toda vez que esa Sala Superior es un órgano

jurisdiccional especializado en materia electoral, por lo que la opinión que externe en

acciones de inconstitucionalidad en esta materia, debe circunscribirse a las cuestiones

propias de tal rama del derecho, inmersas en el problema jurídico planteado a través de la

citada acción y en los conceptos de invalidez propuestos, se alegan cuestiones que no

involucran alguna de naturaleza eminentemente electoral, ya que éstos versan sobre

temas relativos a violaciones en el proceso legislativo de los citados Decretos 215 y 216,

emitidos por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Hidalgo.

JURISPRUDENCIAS: NO EXPEDIENTE: 20/2002 y sus acumuladas 21/2002 y 22/2002

ESTADO: Colima

ACTOR: Asociación por la Democracia Colimense, PRD, PT




artículos 62, primer párrafo y 220, primer párrafo

del Código Electoral del Estado de Colima


1o., primero y tercer párrafos, 4o., 9o., 35, fracción III, 41, primer párrafo y fracciones I y II, así como 116, fracción IV, incisos f), g) y h)

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Se reconoce la validez del artículo 62, párrafo primero, del Código Electoral del Estado de Colima, contenido en el Decreto 237.

Se declara la invalidez del artículo 220, primer párrafo, del Código Electoral del Estado de Colima, contenido en el decreto citado en el punto resolutivo que antecede.

MINISTRO PONENTE

José Vicente Aguinaco Alemán

VOTOS PARTICULARES

No


SUP-AES-8/2002. No se pronunció sobre el

particular.

RESUMEN

El Partido de la Revolución Democrática refiere que la reforma del numeral impugnado no

se justifica en el correspondiente dictamen.

En el caso concreto, la fundamentación de la reforma impugnada se encuentra

debidamente satisfecha, atendiendo a que el Congreso demandado, emisor de las

normas impugnadas, está facultado para emitir leyes, de conformidad con lo dispuesto por

el artículo 33, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Colima.

Por lo que se refiere al requisito de la motivación, la Suprema Corte ha sustentado que

tratándose de leyes, se satisface cuando éstas se refieren a relaciones sociales que

reclaman ser jurídicamente reguladas y que dicha motivación puede desprenderse de la

totalidad del procedimiento legislativo y no únicamente de la exposición de motivos,

iniciativa o dictámenes, considerando que todos los actos que integran el procedimiento

legislativo están plenamente vinculados entre sí y forman una unidad en su conjunto y, en

segundo lugar, que se debe atender a una relación social que el legislador considere

prudente regular.

En este orden de ideas, si en el caso concreto la referida reforma del artículo 62, primer

párrafo, del Código Electoral del Estado de Colima impugnado, deriva de un proceso

legislativo, es de estimar que el requisito de motivación se encuentra implícito en dicho

proceso al haberse llevado a cabo para que el cuerpo legislativo efectuara reformas al

Código Estatal Electoral. Por tanto, resulta infundado el concepto de invalidez materia de

estudio.

Aunado a lo anterior, resulta conveniente precisar que la Suprema Corte ha sustentado

que para estimar cumplido el requisito de la motivación no es necesario que todas y cada

una de las disposiciones que la integren sean materia de una motivación específica, como

se pretende respecto del artículo 62, primer párrafo, del Código Electoral del Estado de

Colima.



JURISPRUDENCIAS: NO EXPEDIENTE: 31/2002 ESTADO: Morelos

ACTOR: PRD

ÓRGANO LEGISLATIVO Congreso del Estado de Morelos

EMISOR DE LA NORMA IMPUGNADA:


artículo 22 del Código Electoral para el Estado de Morelos


1o., 13, 14, 16, 35, 36, 40, 41, primer párrafo, 54, 105, fracción II, cuarto párrafo, 116, fracciones II y IV, incisos b) y e), 120, 124 y 133

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido de la Revolución Democrática.

Se declara la invalidez de las reformas a la fracción IV del artículo 22 del Código Electoral para el Estado de Morelos, publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad, el veintisiete de septiembre de dos mil dos, en términos y para los efectos señalados en el considerando séptimo de esta ejecutoria.

Requiérase al Congreso del Estado de Morelos para que, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a dar cumplimiento a la presente resolución conforme a los lineamientos dados en la parte considerativa de este fallo.

MINISTRO PONENTE

Juan Díaz Romero

VOTOS PARTICULARES

No


SUP-AES-15/2002. No se pronunció al respecto.

RESUMEN

El partido promovente alega que para modificar el artículo 22 del Código Electoral para el

Estado de Morelos, en lo que se refiere a la supresión de la fracción IV y la modificación

de la fracción V, el Congreso Local no respetó el procedimiento legislativo previsto en los

artículos 42, fracción II y 43 de la Constitución Local, en cuanto prevén que el derecho de

iniciar leyes corresponde, entre otros, a los diputados, así como que la iniciativa de

reformas legales pasará a la comisión respectiva; y es el caso que en la iniciativa de

reformas de diversos preceptos del citado código, en ninguna de sus partes contiene una

propuesta para modificar el referido precepto legal, por lo que no se cumplió con el debido

proceso legal que consagra el artículo 14 de la Constitución Federal. Además, que en

ninguna parte de la iniciativa, del dictamen, de la sesión de comisiones, ni del Pleno de la

Legislatura, se motiva o se hace una explicación del porqué habría de modificarse el

artículo 22 del Código Electoral para el Estado de Morelos, con lo que se violó el artículo

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que todo

acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado.

Según la Corte, las circunstancias de que el dictamen de la Comisión de Puntos

Constitucionales y Legislación mencionada y el Pleno del Congreso Local hayan

modificado los términos en que se presentó la iniciativa de reformas, entre otros, del

artículo 22 del Código Electoral para el Estado de Morelos, no implica conculcación

alguna a la Constitución Federal, toda vez que la iniciativa de ley sólo constituye la causa

eficiente de poner en marcha el procedimiento legislativo que culmina con la creación de

una norma general, pero su contenido de ninguna forma vincula el dictamen que al efecto

llegue a presentar la comisión encargada de su análisis, ni mucho menos condiciona el

sentido de la discusión y de la votación que al respecto emita el Pleno del Congreso

Estatal, dado que éste puede aprobar o no esa iniciativa, o bien, modificarla y aprobar un

texto diverso.

En consecuencia, no existía la obligación por parte de la comisión dictaminadora

correspondiente o alguno de sus integrantes, de formular nueva iniciativa de reforma al

artículo 22 del Código Electoral para el Estado de Morelos, en atención al sentido en que

fue aprobado, toda vez que, como ya se dijo, la comisión cuenta con facultades para

analizar y, en su caso, modificar las iniciativas de ley que se sometan a su consideración;

por tanto, no se conculca el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

En relación con el concepto de invalidez esgrimido por la promovente de la acción, en el

sentido de que en ninguna parte de la iniciativa, del dictamen, de la sesión de comisiones,

ni del Pleno de la legislatura, se motiva o se hace una explicación del porqué habría de

modificarse el artículo 22 del Código Electoral para el Estado de Morelos, con lo que se

violó el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que

establece que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, resulta

infundado el argumento de la actora, en virtud de que la reforma al artículo 22 del Código

Electoral para el Estado de Morelos no carece, por una parte, de fundamentación legal,

pues la actuación de la autoridad emisora se constriñó a la competencia que

expresamente le confiere el artículo 40, fracciones II y VI, de la Constitución Política del

Estado de Morelos, en el que se faculta al Congreso del Estado, respectivamente, a

"expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el

gobierno y administración interior del Estado" y a "legislar sobre todo aquello que la

Constitución General de la República no encomiende expresamente al Congreso de la

Unión" y, en el caso, las reformas al Código Electoral para el Estado de Morelos

corresponden, en exclusiva, al Congreso Local, en términos de los artículos 116 y 124 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otro lado, contra lo que argumenta la promovente, la norma general impugnada no

carece de motivación, dado que se refiere a relaciones sociales que reclaman ser

jurídicamente reguladas, ya que de conformidad con el artículo 1o. del propio Código

Electoral: "Este código es de orden público y tiene por objeto reglamentar la función

estatal de preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales

ordinarios y extraordinarios que se celebran para elegir gobernador, diputados al

Congreso del Estado y miembros de los Ayuntamientos. Establece el marco jurídico que

garantiza la efectividad del sufragio y, con ello, la vigencia de las instituciones

republicanas y democráticas, a través del libre ejercicio de los derechos políticos de los

ciudadanos; la realización, la organización, función y prerrogativas de los partidos

políticos, así como las formas específicas de su intervención en los procesos electorales

del Estado.".


formular su opinión concluyó lo siguiente: No se pronunció al respecto.

JURISPRUDENCIAS: NO EXPEDIENTE: 23/2003 ESTADO: Sonora

ACTOR: Diputados Integrantes de la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Sonora


Congreso del Estado de Sonora


Ley 151 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora


14, 16 y 105, fracción II, penúltimo párrafo

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad promovida por diversos diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Sonora en contra del decreto que contiene la Ley 151 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

Se declara la invalidez del decreto que contiene la Ley 151 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución.

MINISTRO PONENTE

Juan N. Silva Meza

VOTOS PARTICULARES

No.



RESUMEN

Los promoventes aducen las siguientes violaciones al procedimiento legislativo:

a) Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 163 de la Constitución Política del

Estado de Sonora, para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de esa Norma

Fundamental, se requiere que hayan sido aprobadas por las dos terceras partes de los

miembros del Congreso y por la mayoría del número total de los Ayuntamientos del

Estado.

b) Que si bien, en el acuerdo de quince de septiembre de dos mil tres, el Congreso del

Estado hizo constar que la Ley 151 fue aprobada por treinta y ocho Ayuntamientos de la

entidad, con lo que se cumpliría con el requisito establecido por el artículo 163 de la

Constitución Política Local, del análisis a los oficios y actas de Cabildo remitidas al

Congreso, para tener por aprobadas las reformas a la Constitución, concretamente por lo

que se refiere a los Ayuntamientos de Arivechi, Altar, Bavispe, Banjamín Hill,

Bacadéhuachi, Carbó, Quiriego y Rosario, existen varias inconsistencias que impiden que

se tengan como válidamente aprobadas dichas reformas constitucionales, por lo que no

se cuenta con el número de votos aprobatorios de los Ayuntamientos, como lo requiere la

Constitución Estatal.

c) Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 79 y 82 de la Constitución del

Estado de Sonora, corresponde al gobernador y secretario de Gobierno promulgar y

refrendar, entre otros, las leyes, decretos y reglamentos, respectivamente, requisitos sin

los cuales no pueden surtir efectos legales; sin embargo, en el caso, la Ley 151 que

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de

Sonora, se publicó sin que previamente se hayan cumplido con esas formalidades.

De las constancias que obran en autos se deduce que el Congreso del Estado de Sonora

tuvo por aprobadas las reformas a la Constitución de la entidad, al considerar que treinta y

ocho de los setenta y dos Municipios que integran el Estado dieron contestación

aprobatoria; sin embargo, como puede observarse también, respecto de los

Ayuntamientos de Arivechi, Altar, Benjamín Hill, Bacadéhuachi, Carbó, Quiriego y

Rosario, no existe constancia de que efectivamente hayan aprobado las citadas reformas

a la Constitución Local, lo cual, al ser un requisito fundamental para que las adiciones o

reformas lleguen a ser parte de la Constitución, es necesario que dicha aprobación conste

de manera fehaciente y no inferirse con base en indicios, esto es, debe ser clara y no

dejar a duda que lo manifestado por ellos es la plena aprobación de tales reformas o

adiciones, al ser un requisito fundamental para que formen parte de la Constitución.

En consecuencia, si de los treinta y ocho Ayuntamientos que computó el Congreso del

Estado de Sonora para tener aprobadas las reformas a la Constitución del Estado, en

siete no existe una afirmación fehaciente, resulta claro que dicho Congreso incurrió en

una violación formal que trasciende de modo fundamental al decreto impugnado al no

haberse acreditado que se aprobó por la mayoría del total de los Ayuntamientos que

conforman el Estado de Sonora, los cuales son parte integrante del órgano reformador

local en términos de lo establecido por el artículo 163 de la Norma Fundamental Estatal, lo

que lleva necesariamente a declarar la invalidez de la Ley Número 151 que reforma,

deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora,

publicada en el Boletín Oficial de la entidad el veintitrés de octubre de dos mil tres, al

transgredir los principios de seguridad jurídica y de legalidad contenidos en los artículos

14 y 16 de la Constitución Federal.

En el entendido de que si posteriormente a la publicación de la citada Ley 151, el

Congreso hubiera recibido contestación del resto de los Ayuntamientos en los que conste

de manera fehaciente que la hayan aprobado, dicho órgano legislativo estará en aptitud

de declarar que fueron aprobadas las reformas constitucionales requeridas.

De igual forma, debe precisarse que respecto a los Ayuntamientos de Arivechi, Altar,

Benjamín Hill, Bacadéhuachi, Carbó, Quiriego y Rosario, podrá solicitarles que

manifiesten, mediante acta de Cabildo en la que debe constar, en forma expresa y sin

lugar a dudas, si aprobaron o no la citada reforma constitucional.

Así las cosas, al haberse declarado la invalidez del decreto impugnado por los motivos

antes expuesto, resulta innecesario ocuparse de los restantes conceptos de invalidez,

inclusive el relativo a que las reformas constitucionales impugnadas se emitieron dentro

del plazo que prohíbe el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no tener ningún fin práctico, toda vez que,

según se advierte de la copia certificada del Decreto Número cinco que convoca a

elecciones extraordinarias en el Municipio de Granados, concretamente del artículo

segundo, base segunda (fojas ciento treinta y dos a ciento treinta y ocho de autos), que

dichos comicios se llevaron a cabo el treinta de noviembre de dos mil tres.


formular su opinión concluyó lo siguiente: no son objeto de opinión los argumentos

vertidos en los conceptos de invalidez, toda vez que dichos argumentos no forman parte

propiamente del derecho electoral sino que, por una parte, pertenecen al ámbito

jurisdiccional del derecho constitucional y, por otra, se trata de omisiones de la

adecuación al marco jurídico ordinario de la entidad.

TESIS: P. XLIX/2008, L/2008, LI/2008

EXPEDIENTE: 9/2005 ESTADO: Aguascalientes

ACTOR: PRI


Congreso del Estado de Aguascalientes


Decreto número 34 del Congreso del Estado de Aguascalientes mediante el cual se reforma el artículo 17, párrafos primero y tercero, fracción I, de la Constitución Política del Estado, así como el artículo único transitorio del mencionado decreto


14, 16, 41, 52, 53, 54 y 116, fracción II, último párrafo

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Es procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad 9/2005, promovida por el Partido Revolucionario Institucional.

Se reconoce la validez del Decreto Número 34 del Congreso del Estado de Aguascalientes mediante el cual se reformó el artículo 17, párrafos primero y tercero, fracción I, de la Constitución Política del Estado, así como del artículo único transitorio del mencionado decreto.

MINISTRO PONENTE

José Ramón Cossío Díaz

VOTOS PARTICULARES

No



RUBRO DE LA TESIS

FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO.

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL.

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL QUE SE APROBÓ LA REFORMA AL ARTÍCULO 17, PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LAS VIOLACIONES PROCEDIMENTALES ADVERTIDAS NO TIENEN UN IMPACTO INVALIDANTE DE AQUÉLLA.

RESUMEN

Cuando en una acción de inconstitucionalidad se analicen los conceptos de invalidez

relativos a violaciones a las formalidades del procedimiento legislativo, dicho estudio debe

partir de la consideración de las premisas básicas en las que se asienta la democracia

liberal representativa como modelo de Estado, que es precisamente el acogido por la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 39, 40 y 41. A

partir de ahí, debe vigilarse el cumplimiento de dos principios en el ejercicio de la

evaluación del potencial invalidatorio de dichas irregularidades procedimentales: el de

economía procesal, que apunta a la necesidad de no reponer innecesariamente etapas

procedimentales cuando ello no redundaría en un cambio sustancial de la voluntad

parlamentaria expresada y, por tanto, a no otorgar efecto invalidatorio a todas y cada una

de las irregularidades procedimentales identificables en un caso concreto, y el de equidad

en la deliberación parlamentaria, que apunta, por el contrario, a la necesidad de no

considerar automáticamente irrelevantes todas las infracciones procedimentales

producidas en una tramitación parlamentaria que culmina con la aprobación de una norma

mediante una votación que respeta las previsiones legales al respecto.

Para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo aducidas en una acción de

inconstitucionalidad infringen las garantías de debido proceso y legalidad contenidas en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y provocan la invalidez de la

norma emitida, o si por el contrario no tienen relevancia invalidatoria de esta última, por no

llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión, es necesario evaluar el

cumplimiento de los siguientes estándares: 1) El procedimiento legislativo debe respetar

el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación

parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad, es decir, resulta necesario que se

respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las minorías

parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo

cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras y a

las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates; 2) El procedimiento deliberativo

debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas; y, 3)

Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas. El

cumplimiento de los criterios anteriores siempre debe evaluarse a la vista del

procedimiento legislativo en su integridad, pues se busca determinar si la existencia de

ciertas irregularidades procedimentales impacta o no en la calidad democrática de la

decisión final. Así, estos criterios no pueden proyectarse por su propia naturaleza sobre

cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el desarrollo del procedimiento legislativo,

pues su función es ayudar a determinar la relevancia última de cada actuación a la luz de

los principios que otorgan verdadero sentido a la existencia de una normativa que

discipline su desarrollo. Además, los criterios enunciados siempre deben aplicarse sin

perder de vista que la regulación del procedimiento legislativo raramente es única e

invariable, sino que incluye ajustes y modalidades que responden a la necesidad de

atender a las vicisitudes presentadas en el desarrollo de los trabajos parlamentarios,

como por ejemplo, la entrada en receso de las Cámaras o la necesidad de tramitar ciertas

iniciativas con extrema urgencia, circunstancias que se presentan habitualmente. En este

contexto, la evaluación del cumplimiento de los estándares enunciados debe hacerse

cargo de las particularidades de cada caso concreto, sin que ello pueda desembocar en

su final desatención.


formular su opinión concluyó lo siguiente: No se pronunció al respecto.

JURISPRUDENCIAS: P./J. 97/2006, 98/2006

EXPEDIENTE: 29/2005

ESTADO: Colima

ACTOR: Procurador General de la República


Poder Legislativo del Estado de Colima


los Decretos 244, que reforma diversos artículos de la Constitución Política; 245, que reforma diversos preceptos del Código Electoral y del Código Penal y 246, en que se aprueba la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, todos del Estado de Colima y de los artículos 61, último párrafo y 205 Bis-7 del Código Electoral de Colima


16, 22, primer párrafo, 31, fracción IV, 105, fracción II, penúltimo párrafo y 133

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Se declara la invalidez de los artículos 61, último párrafo, y 205 Bis-7 del Código Electoral del Estado de Colima. Se reconoce la validez de los artículos transitorios de los Decretos 244 y 245, así como la del artículo primero transitorio del Decreto 246.

MINISTRO PONENTE


VOTOS PARTICULARES

No




MATERIA ELECTORAL. LA MULTA ESTABLECIDA POR LOS ARTÍCULOS 61, ÚLTIMO PÁRRAFO, Y 205 BIS-7, DEL CÓDIGO RELATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE AGOSTO DE 2005, TRANSGREDE EL NUMERAL 22, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO.

RESUMEN

El principio de certeza en materia electoral contenido en el artículo 41, fracción III, primer

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que al

iniciar el proceso electoral los participantes conozcan las reglas fundamentales que

integrarán el marco legal del procedimiento que permitirá a los ciudadanos acceder al

ejercicio del poder público, con la seguridad de que previamente tanto los partidos

políticos como las minorías parlamentarias, e incluso el Procurador General de la

República, tuvieron la oportunidad de inconformarse con las modificaciones legislativas de

último momento, las cuales podrían haber trastocado alguno de los derechos que por

disposición constitucional asisten a los mencionados institutos políticos, a sus candidatos

o a los mismos electores. Sin embargo, el mencionado principio tiene como excepciones:

a) que las citadas modificaciones legislativas no sean de naturaleza trascendental para el

proceso electoral, pues si su carácter es accesorio o de aplicación contingente, la falta de

cumplimiento del requisito formal de su promulgación y publicación sin mediar el plazo de

90 días a que alude el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución

Federal no producirá su invalidez, pues aun en el supuesto de que rompieran con la

regularidad constitucional por diversos motivos, su reparación bien podría ordenarse sin

dañar alguno de los actos esenciales del proceso electoral, aunque éste ya hubiera

comenzado; y b) si la modificación a las leyes electorales se hace indispensable por una

declaración de invalidez que hubiese hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y

ya haya iniciado el proceso electoral, pues en tal caso la creación de nuevas normas tiene

como sustento posteriores circunstancias fácticas que demandan la generación de

disposiciones jurídicas complementarias, o la reforma de las existentes, para garantizar el

pleno ejercicio de los derechos políticos de los participantes, pues sería igualmente ilógico

que por la exigencia de un requisito formal, el trabajo parlamentario quedara inmovilizado

cuando los propios acontecimientos exigen su intervención, siempre que se atiendan y

preserven los principios rectores de la materia electoral.


formular su opinión concluyó lo siguiente: no son motivo de opinión especializada las

cuestiones planteadas en los conceptos de invalidez.

JURISPRUDENCIAS: NO EXPEDIENTE: 34/2005 ESTADO: Querétaro

ACTOR: PT


Congreso del Estado de Querétaro


Artículos 64, 154, 156, 157, 159, 160 y 215, todos de la Ley Electoral del Estado de Querétaro

ARTÍCULOS 14, 16, 40, 41, 54, 116 y 133

CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS:

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Es parcialmente procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad. Se sobresee respecto de los actos señalados en el considerando cuarto de esta ejecutoria, que fueron reclamados al presidente de la mesa directiva de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Querétaro.

Se reconoce la validez de los artículos 64, 154, 156, 157, 159, 160 y 215 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, reformados mediante decreto publicado el treinta de septiembre de dos mil cinco en el Periódico Oficial de la entidad.

MINISTRO PONENTE

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia

VOTOS PARTICULARES

Sí, Ministros Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz; voto de minoría de los Ministros José Fernando Franco González Salas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea


SUP-AES-18/2005. No se emitió.

RESUMEN

El partido actor reclamó violaciones al procedimiento legislativo, consistentes en la

instalación ilegal de la sesión en la que se realizó la aprobación del dictamen por el que

se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de

Querétaro, violando las etapas procedimentales a las que por ley está sujeto.

La Corte determinó que procede sobreseer en este procedimiento por lo que hace a dicho

planteamiento.

En efecto, al tratarse de la impugnación de actos concretos y no de normas generales

que, además, se reclaman en específico del presidente de la mesa directiva del

Congreso, es claro que se surte respecto de ellos la causal de improcedencia prevista en

la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo

105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicable a la especie

por disposición del diverso artículo 65 de este mismo ordenamiento, en relación con el

artículo 105, fracción II, constitucional.

Ello, tanto porque dicho funcionario legislativo no se encuentra legitimado pasivamente

para acudir a un procedimiento de acción de inconstitucionalidad, como porque se trata de

la impugnación de actos concretos que, de conformidad con el primer párrafo de la

referida fracción II del artículo 105 constitucional, no pueden ser reclamados en este tipo

de procedimientos.

Por tanto, con fundamento en la fracción II del artículo 20 de la ley reglamentaria de la

materia, aplicable al caso por disposición del diverso artículo 65 de esta misma ley,

procede sobreseer por lo que respecta a dichos actos, sin perjuicio de que se puedan

tener como motivos de impugnación de las normas reclamadas.


formular su opinión concluyó lo siguiente: Se abstiene de emitir una opinión, ya que

no se trata de cuestiones estrictamente vinculadas a la materia electoral.

JURISPRUDENCIAS: P./J. 84/2006

EXPEDIENTE: 36/2005

ESTADO: Distrito Federal

ACTOR: Partido Político Alternativa Socialdemócrata y Campesina


Asamblea Legislativa del Distrito Federal


artículo séptimo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral del Distrito Federal


39, fracciones I y II, 41, 116, fracción IV, incisos b) y h), y 130

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Es procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad. Se reconoce la validez del artículo séptimo transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral del Distrito Federal".

MINISTRO PONENTE

José de Jesús Gudiño Pelayo

VOTOS PARTICULARES

No




PROPAGANDA ELECTORAL IMPRESA. EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 19 DE OCTUBRE DE 2005, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL.

RESUMEN

El Partido Político Alternativa Socialdemócrata y Campesina arguye que el artículo

séptimo transitorio no distingue cuáles, entre las siete "disposiciones" que contiene el

artículo 151, son las que entrarán en vigor hasta el dos mil nueve, no obstante que en

virtud del decreto de reformas y adiciones al Código Electoral del Distrito Federal de

diecinueve de octubre de dos mil cinco, sólo se adicionó un mandato al segundo párrafo

del artículo 151: "... Se prohíbe la utilización de plásticos para la elaboración de

propaganda impresa por tratarse de material de lenta degradación."

Así, en opinión de la accionante, la redacción de la regla transitoria genera incertidumbre

entre sus destinatarios y los operadores jurídicos, pues al referirse a las "disposiciones

contenidas en el artículo 151" se suscita la duda en cuanto a qué normas habrán de

aplicarse sólo hasta el año dos mil nueve, esto es, si sólo la adicionada mediante el

decreto de diecinueve de octubre de dos mil cinco o todas las comprendidas en los cinco

párrafos del precepto (que, según se ha visto, contiene siete reglas).

Así, se estaría frente a un artículo transitorio que estaría difiriendo la vigencia de todas las

reglas (siete, según se vio) contenidas en el artículo 151 hasta el año dos mil nueve,

dejando un periodo de vacatio legis de más de tres años.

Ahora bien, a pesar de que la norma de tránsito impugnada emplea una voz -

"disposiciones"- que ordinariamente se utiliza para designar mandatos, reglas o

prevenciones legales -así, en plural-, lo cierto es que los trabajos legislativos muestran

que el séptimo transitorio debe leerse en una forma semejante a ésta: "La adición al

artículo 151 entrará en vigor al inicio del proceso electoral de 2009."

Esto es perfectamente comprensible, si se distingue entre la aprobación de una reforma

como acto jurídico y como documento, se ve con claridad que, por un lado, está la

voluntad del órgano legislativo de emitir una determinada norma -la aprobación de una

reforma, como acto jurídico- y, por otro, la exteriorización de dicha voluntad a través de un

documento -en el caso, el decreto de reforma de diecinueve de octubre de dos mil cinco-,

los que, en principio, tendrían que ser coincidentes, porque las palabras empleadas en

éste se amoldarán a la voluntad manifiesta.

Pero si las palabras empleadas en el documento en que se plasma el acto jurídico de

aprobar una reforma o adición no se adecuan plenamente a éste, porque su significado

dista de ser el que corresponde con la realidad, es válido indagar qué fue lo que en

verdad quiso plasmarse al usar tales expresiones. Una de las formas con que cuentan los

intérpretes en lo general y los tribunales en lo particular para lograr ese fin, es,

justamente, el de la exégesis, mediante la cual los trabajos legislativos sirven para dotar

de sentido a los textos legales, cuando la interpretación gramatical no es suficiente. Y si la

interpretación así obtenida es la que adquiere el sentido más natural y a la vez menos

defectuoso en la ejecución, no puede si no aceptarse como válida.

Así las cosas, es de concluir que, rectamente interpretado, el artículo séptimo transitorio

contiene una regla de tránsito exclusivamente destinada a la porción adicionada al

segundo párrafo del artículo 151, de modo tal que la prevención consistente en que "... Se

prohíbe la utilización de plásticos para la elaboración de propaganda impresa por tratarse

de material de lenta degradación", sólo cobrará vigencia hasta el inicio del proceso

electoral de dos mil nueve; norma transitoria que en nada alcanza a las seis reglas

restantes que compendia el artículo 151, las que, por lo mismo, deben reputarse

plenamente vigentes hasta en tanto el órgano legislativo no las modifique.

Éste es el único entendimiento aceptable que cabe predicar del séptimo transitorio y que

permite evitar las consecuencias absurdas de suponer que la Asamblea Legislativa del

Distrito Federal, sin que mediara iniciativa alguna y sin ninguna razón expuesta en el

debate parlamentario, decidió modificar el ámbito de validez temporal de las reglas

contenidas en el artículo 151 vigente al momento de la reforma; de variar el objeto del

decreto de diecinueve de octubre de dos mil cinco respecto del artículo mencionado, que

no fue sino el de incorporarle una nueva regla y no el de afectar la vigencia de las en él

contenidas con antelación, y de alterar la naturaleza transitoria del artículo impugnado

destinado a establecer las condiciones de entrada en vigor de una norma y no a reformar

o modificar normas preexistentes.

De lo expuesto hasta el momento, se sigue que el artículo séptimo transitorio, pese a la

deficiencia de su redacción, no viola al artículo 116, fracción IV, inciso b), constitucional,

que establece al de certeza como un principio rector de la materia electoral, pues la regla

allí contenida es clara en cuanto a que, de entre las siete prevenciones contenidas en el

artículo 151, sólo la de la prohibición de usar materiales plásticos en la elaboración de

propaganda electoral impresa cobrará vigor hasta el año dos mil nueve.


formular su opinión concluyó lo siguiente: versa sobre cuestiones jurídicas

pertenecientes al ámbito del derecho común, no propios de la materia electoral.


ESTADO: Oaxaca

ACTOR: Convergencia, PRD


Congreso del Estado de Oaxaca


artículos 25, 29, segundo párrafo, 33, fracción V, 59, fracciones VI, XXVIII y XXIX, 67 y 79, fracción XXI; se adicionan las fracciones XII y XIII al artículo 81 y los párrafos tercero y cuarto a la fracción I del artículo 113, recorriéndose en su orden los subsecuentes párrafos; se derogan los artículos 40 y 108, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca


14, 16, 35, fracciones I y II; 36, fracciones III, IV y V; 38, 39, 40, 41, primer y segundo párrafo, fracción I, primer y segundo párrafos, 115, párrafo primero, fracción I, párrafos primero y segundo; 116, segundo párrafo, fracción II, párrafo primero, fracción IV, inciso a); 128 y 133

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Resultan procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos Convergencia y de la Revolución Democrática en contra de los artículos 25, Apartado A, fracción I de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, así como de los Transitorios Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Décimo del Decreto 317, publicado en el Periódico Oficial de la Entidad el veintiocho de septiembre de dos mil seis.

Se reconoce la validez del artículo 25, Apartado A, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, en términos del considerando sexto de esta resolución.

Se declara la invalidez de los artículos Transitorios Primero única y exclusivamente en la parte que se relaciona con el artículo 25, Apartado A, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Décimo del Decreto 317 publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de septiembre de dos mil seis, en términos del considerando Séptimo de este fallo.

MINISTRO PONENTE

Juan N. Silva Meza

VOTOS PARTICULARES

No



RESUMEN

El Partido el Partido de la Revolución Democrática aduce que se violaron las formalidades

esenciales del procedimiento legislativo dado que por las condiciones de inestabilidad e

ingobernabilidad que se vive en el Estado de Oaxaca, los Poderes estatales no ejercen

sus atribuciones normal y plenamente, ya que no cuentan con recintos oficiales, ni

cuentan con domicilio o lugar cierto y determinado en donde se les encuentre, de ahí que

carezca de validez la supuesta expedición y publicación del decreto que se combate, pues

si bien existen diversos decretos en los que señalaron distintos domicilios como recinto

oficial del Congreso, en la fecha en que supuestamente se aprobó el decreto combatido

no existió recinto oficial que se haya habilitado.

Por otra parte, se señala que otro vicio en la conformación del decreto que se reclama es

el relativo a que los actos de aprobación, promulgación e inicio de vigencia se hicieron en

un mismo día lo cual es violatorio del principio de legalidad.

Se estiman infundados los conceptos de invalidez antes sintetizados, en la medida que si

bien en la publicación en el Periódico Oficial de la Entidad el decreto que se reclama,

aparece la leyenda "DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL

ESTADO.- San Raymundo Jalpan, Centro, Oaxaca, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006"

esto es, sin referir domicilio alguno en concreto, ello de forma alguna trae como

consecuencia la invalidez del Decreto en cuestión.

Ahora, si bien es verdad que conforme a los preceptos antes señalados se establece una

formalidad expresa para la determinación del recinto oficial del órgano legislativo, la

misma fue cumplida, dado que mediante Decreto 238, publicado en el Periódico Oficial del

Estado de Oaxaca, (fojas trescientos dieciocho del cuaderno de pruebas) se advierte que

el Congreso del Estado declaró como recinto oficial el edificio ubicado en la calle 14

Oriente s/n, Paraje las Salinas, Municipio de San Raymundo Jalpan, Centro, Oaxaca,

domicilio que coincide con el señalado en el acta de sesión de veintiocho de septiembre

de dos mil seis en la que se aprobó el Decreto combatido, como se advierte de la foja

quince del cuaderno de pruebas, domicilio que es conurbado de la ciudad de Oaxaca, con

lo que se acredita que contrariamente a lo manifestado por los partidos promoventes, el

Congreso del Estado sí contaba con un recinto oficial al momento en que aprobó el

Decreto cuestionado.

Tampoco asiste razón al partido de la Revolución Democrática al señalar que también se

violan las reglas del procedimiento legislativo, por el hecho de que el decreto reclamado

se haya publicado y decretado su entrada en vigor el mismo día en que fue publicado.



JURISPRUDENCIAS: P./J. 32/2007, 33/2007, 34/2007, 35/2007

EXPEDIENTE: 52/2006 y sus acumuladas 53/2006 y 54/2006

ESTADO: Baja California

ACTOR: Diputados de la Décimo Octava Legislatura del Estado de Baja California


Congreso del Estado de Baja California


La reforma a los artículos 6, 20, 22, 37, 52, 53, 59, 74, 81, 82, 87, 89, 92, 93, 94, 105, 112, 119, 122,

131, 144, 158, 161, 162, 170, 196 bis 279, 282, 284, 291, 294, 309, 310, 315, 317, 320, 346, 411, 464, 478, 482, 483 y adición a los artículos 89 bis, 89 ter, 89 quáter, 281 bis y 282 ter, todos de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California; así mismo, la reforma a los artículos 343, 345, 346, 347, 348, 351 y 355, incluyendo la derogación del artículo 350, todos del Código Penal para el Estado de Baja California


14, 16, 35, 39, 40, 41, 105, fracción II, inciso d), 116, fracción IV, inciso a) y 133

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Son procedentes y fundadas las acciones de inconstitucionalidad. Se declara la invalidez del Decreto Número 253, de doce de octubre de dos mil seis, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales y del Código Penal del Estado de Baja California, por violaciones graves al proceso legislativo.

MINISTRO PONENTE

Sergio A. Valls Hernández

VOTOS PARTICULARES

No




ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS VIOLACIONES PROCESALES DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS.

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. CONDICIONES PARA QUE PUEDA ACTUALIZARSE LA URGENCIA EN LA APROBACIÓN DE LEYES Y DECRETOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).

LEYES ELECTORALES. EL PLAZO EN QUE DEBEN PROMULGARSE Y PUBLICARSE, Y DURANTE EL CUAL NO PODRÁ HABER MODIFICACIONES SUSTANCIALES A LAS MISMAS, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO JUSTIFICA LA URGENCIA EN SU APROBACIÓN POR EL ÓRGANO LEGISLATIVO QUE ELUDA EL PROCEDIMIENTO QUE DEBA CUMPLIRSE.

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES Y CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL

DECRETO POR EL QUE SE REFORMARON DICHOS CUERPOS LEGALES FUE EMITIDO VIOLANDO LOS VALORES DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA (DECRETO 253 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 16 DE OCTUBRE DE 2006).

RESUMEN

Los actores aducen violaciones al procedimiento legislativo que dio origen al Decreto

Número 253, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el dieciséis de octubre de dos

mil seis, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos preceptos de la Ley de

Instituciones y Procesos Electorales y del Código Penal, ambos de dicha entidad

federativa, concretamente, por considerar que se incurrió en las siguientes violaciones

procedimentales:

a) La iniciativa de reforma a los ordenamientos citados, se presentó con dispensa de

trámite, dentro de los asuntos generales, vulnerando, de manera evidente, el derecho de

los promoventes para llevar a cabo el estudio, deliberación y discusión, amplia y

exhaustiva, de la misma, acciones que era necesario realizar, por tratarse de la materia

electoral, en la que se requiere de amplia participación social.

b) El procedimiento legislativo que se llevó a cabo para aprobar la reforma impugnada,

contraviene el principio de legalidad contemplado en los artículos 14 y 16 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las autoridades

tienen la obligación de fundar y motivar la causa legal del procedimiento.

c) El procedimiento legislativo fue irregular, al aprobarse una dispensa de trámite bajo el

imperio ilegal de una mayoría legislativa, que coartó el derecho de las minorías, obligando

a la Asamblea a la votación y aprobación de una reforma en materia electoral y penal que

se contiene en diversos artículos, de implicación trascendental para la vida social, la cual

fue resultado de una votación de trece diputados a favor y doce en contra.

Uno de los elementos esenciales de la democracia en nuestro sistema de gobierno es la

deliberación pública, esto es, los ciudadanos, a través de sus representantes, sólo pueden

tomar decisiones colectivas después de haber tenido la oportunidad de participar en un

debate abierto a todos, durante el cual hayan podido equilibrarse las razones a favor y en

contra de las diversas propuestas, pues sólo de esta manera puede tener lugar la

democracia, en tanto esta forma de gobierno se basa en el principio de igual

consideración y respeto a todas las opiniones, corrientes e ideas cuya expresión

culminatoria se da en la regla del acatamiento a la mayoría.

Por tanto, en un Estado democrático, la Constitución impone ciertos requisitos de

publicidad y participación, para la creación, reforma, modificación o supresión de las

normas, sin los cuales no pueden éstas considerarse válidas, de modo que, para lograr el

respeto de los principios de democracia y representatividad que consagra la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo reviste importancia el contenido de las

leyes sino, además, la forma en que son creadas o reformadas, en virtud de que las

formalidades esenciales del procedimiento legislativo resguardan o aseguran el

cumplimiento de los principios democráticos.

Para determinar si, en un caso concreto, las violaciones al procedimiento legislativo

redundan en violación a las garantías de debido proceso y legalidad, consagradas en el

artículo 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de la Constitución Federal y provocan la

invalidez de la norma emitida o si, por el contrario, no tienen relevancia invalidatoria, por

no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión, es necesario evaluar

el cumplimiento de los siguientes estándares:

1.El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las

fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad.

En otras palabras, es necesario que se respeten los cauces que permitan tanto a las

mayorías como a las minorías parlamentarias, expresar y defender su opinión en un

contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y

quórum en el seno de las Cámaras, así como a las que regulan el objeto y desarrollo de

los debates.

2.El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de

votación establecidas.

3.Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas.

El cumplimiento de los anteriores criterios siempre debe evaluarse a la vista del

procedimiento legislativo en su integridad, puesto que, de lo que se trata, es precisamente

de determinar si la existencia de ciertas irregularidades procedimentales impacta o no en

la calidad democrática de la decisión final. Los anteriores criterios, en otras palabras, no

pueden proyectarse, por su propia naturaleza, sobre cada una de las actuaciones que se

lleven a cabo en el desarrollo del procedimiento legislativo, puesto que su función es

precisamente ayudar a determinar la relevancia última de cada una de estas actuaciones,

a la luz de los principios que otorgan verdadero sentido a la existencia de una normativa

que discipline su desarrollo.

De conformidad con todo lo anteriormente precisado, la Suprema Corte considera que, en

la especie, no se cumple con el primero de los estándares mencionados, toda vez que el

procedimiento legislativo iniciado con motivo de la reforma contenida en el Decreto

Número 253, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el dieciséis

de octubre de dos mil seis, no respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas

políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad y equidad, como se

demostrará a continuación.

En el presente caso, la modulación del desarrollo de los trabajos parlamentarios, en razón

de la "premura" o "urgencia", impuestas, al parecer, por la "necesidad" de aprobar una

reforma en materia electoral, noventa días antes de la celebración de las elecciones en el

Estado, como lo dispone el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, constitucional, no

puede llevar a un desconocimiento de la participación de las minorías que, por

consiguiente, afecte la deliberación o el debate que en todo órgano legislativo debe haber

y que, precisamente, es lo que sostiene nuestra democracia representativa.

En estas condiciones, el análisis del acta descrita y la lectura de la versión estenográfica

de la sesión de doce de octubre de dos mil seis, permiten concluir que, en el caso que nos

ocupa, la aceleración o dispensa de ciertos trámites preparatorios a la discusión plenaria

sí impidió que las distintas fuerzas políticas estuvieran en posibilidad de conocer la

iniciativa planteada -al haber sido presentada el mismo día en que fue discutida- y, por

ende, de debatir sobre ella con verdadero conocimiento de su contenido y alcance. Lo

anterior, porque, como se relató, el mismo día en que se presentó, fue que se discutió,

esto es, no se conoció previamente por los demás integrantes del Congreso,

dispensándose, por la mayoría, el que fuera dictaminada por las Comisiones

correspondientes; de ahí que no sea posible considerar que una norma general, producto

de un procedimiento tan acelerado para su aprobación, pueda ser resultado del debate

democrático que debe existir en todo órgano legislativo, máxime cuando, en el caso, no

se justifica la supuesta urgencia, al amparo de la cual podría sostenerse su aprobación,

sin el cumplimiento de algunos trámites.

La propia votación con la que fue aprobada la ley impugnada (trece votos a favor, doce en

contra), nos da la pauta de que, a final de cuentas, fue aprobada, porque existe una

mayoría parlamentaria, que logró imponerse, no por el simple hecho de ser la fuerza

mayoritaria, la que, en todo caso, dada su naturaleza, eventualmente llegará a imponerse,

sino porque, partiendo de esa circunstancia, hizo uso de un mecanismo legal -la supuesta

urgencia para aprobar la norma y, por ende, la dispensa en su trámite- que, de ninguna

manera, fue instituido para tales fines, sino únicamente para casos excepcionales que,

razonablemente, justifiquen tal urgencia, pero en los que, de cualquier modo, siempre

deberá atenderse a los principios democráticos que deben regir todo debate

parlamentario.

La irregularidad descrita resulta más patente cuando, como en el caso, se trata de normas

generales bajo las cuales se llevará a cabo el proceso electoral en el Estado de Baja

California, las que, por ende, inciden totalmente en el sistema democrático mexicano, de

ahí que sea aún más grave su aprobación, sin el debido debate de las fuerzas

representativas.

Por lo tanto, la Suprema Corte concluye que, de una evaluación global del procedimiento

que condujo a la aprobación del decreto de reforma impugnado, se advierte la existencia

de violaciones procedimentales con un impacto invalidante sobre el decreto impugnado.


formular su opinión concluyó lo siguiente: En relación con las violaciones al

procedimiento legislativo de reforma, se estima, este argumento no requiere opinión

especializada de la Sala Superior, en razón de que no encuadra exclusivamente en el

campo del derecho electoral, sino que pertenece a la ciencia del derecho, en general y del

derecho constitucional, en lo particular.


ACTOR: Convergencia




Decreto Legislativo No. 656-06 I P.O. de Chihuahua, La fe de erratas al Decreto Legislativo No. 656-06 I P.O.


14, 16, 40, 41, primer párrafo, 105, fracción II, penúltimo párrafo, 116, segundo párrafo, numeral IV, inciso b)

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad.

Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad, respecto de las normas generales contenidas en el Decreto Legislativo No. 656-06 I P. O., por medio del cual se reforma la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, publicadas en el Folleto Anexo al Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, número ochenta y seis, de fecha veintiocho de octubre de dos mil seis.

Se reconoce la validez de la fe de erratas al Decreto Legislativo No. 656-06 I P. O. realizada a los artículos 54, en todos sus incisos; 90, en los tres incisos del numeral 3; 95, inciso a); 178, inciso d) y fracciones III y IV; 39, segundo párrafo, en la porción normativa "las herramientas"; 56, numeral 6; 95, último párrafo, en la porción normativa "síndico"; 101, inciso d); 117, en la porción normativa "numeral"; 182; 221, en la porción normativa "250"; 168, y 178, inciso d), publicada en el periódico oficial número noventa, de fecha once de noviembre de dos mil seis.

Se declara la invalidez de la fe de erratas al Decreto Legislativo No. 656-06 I P. O. realizada a los artículos 86, numeral 3; 87, numeral 6; 128,

numeral 1, inciso c); 240, numeral 2, y 245, numeral 7, en los términos precisados en el último considerando, publicada en el periódico oficial número noventa, de fecha once de noviembre de dos mil seis.

MINISTRO PONENTE

Genaro David Góngora Pimentel

VOTOS PARTICULARES

No.


SUP-AES-67/2006.

RESUMEN

El promovente aduce la violación al procedimiento legislativo, debido a la falta de

oportunidad en la expedición.

Según la Corte, en el caso de algunas modificaciones contenidas en la fé de erratas,

estas deben considerarse válidas, pues exclusivamente se trata de cambios tipográficos

que no trastocan la voluntad del legislador.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el error del legislador, de precisar debidamente

la sanción, no puede ser subsanado con una fe de erratas, pues el Presidente del

Congreso del Estado carece de competencia para legislar, aun a manera de aclaración de

la ley, en virtud de que las disposiciones legales se encuentran revestidas de

formalidades esenciales en torno al procedimiento que debe observarse para su creación,

o bien, para su modificación y reforma.

Algunos cambios, al no haber seguido el procedimiento establecido para la modificación

de una ley, constituyen una trasgresión a la voluntad del legislador que aprobó el

mencionado Decreto que reforma diversas disposiciones en materia electoral, se

trastocan los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y

16 constitucionales y, en consecuencia, debe declararse la invalidez de los cambios antes

señalados de la fe de erratas. A mayor abundamiento, al vicio anterior, debe agregarse el

que dichas modificaciones se realizaron dentro del plazo de noventa días previos al inicio

del proceso electoral a que alude el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Constitución

Federal.


formular su opinión concluyó lo siguiente: las disposiciones modificadas mediante el

Decreto impugnado, no se emitieron con la anticipación constitucional exigida y en

consecuencia, las modificaciones mencionadas no deben aplicarse antes ni durante el

proceso electoral que tendrá lugar en el Estado de Chihuahua para el dos mil siete, sin

perjuicio de que puedan aplicarse en procesos electorales ulteriores.

JURISPRUDENCIAS: NO EXPEDIENTE: 141/2007

ESTADO: Chiapas

ACTOR: Procurador General de la República


Congreso del Estado de Chiapas


Decreto 151, en virtud del cual se reformó el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Contraloría de la Legalidad Electoral de Chiapas


105, fracción II, penúltimo párrafo, y 133

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Es procedente e infundada la presente acción de inconstitucionalidad.

Se reconoce la validez del artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Contraloría de la Legalidad Electoral del Estado de Chiapas, reformado por el Decreto Número 151 publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintiocho de febrero de dos mil siete.

MINISTRO PONENTE

Margarita Beatriz Luna Ramos

VOTOS PARTICULARES

No


SUP-AG-7/2007. Es concordante.

RESUMEN

El procurador general de la República solicita se declare la inaplicabilidad de la

modificación contenida en el Decreto 151 que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica

de la Contraloría de la Legalidad Electoral de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial de

la entidad el veintiocho de febrero del año en curso, por haberse promulgado y publicado

en contravención de los artículos 105, fracción II, penúltimo párrafo, y 133 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que, en concepto del

accionante, el decreto combatido fue publicado con posterioridad al comienzo del proceso

electoral estatal con lo que se violentan las previsiones constitucionales de que: i) las

leyes electorales, federales o locales, sean promulgadas y publicadas cuando menos

noventa días antes del inicio del proceso en que vayan a aplicarse, y ii) que durante el

mismo no hayan modificaciones legales sustanciales.

De la interpretación de los posibles alcances de la aplicación de la reforma al artículo 4o.

de la Ley de la Contraloría de la Legalidad Electoral del Estado de Chiapas, la Corte no

encontró alguna posibilidad de que quienes participan en este momento en el proceso

para la renovación del Poder Legislativo y de los Ayuntamientos del mismo Estado,

resientan una afectación que pudiera reflejarse en los resultados de las elecciones, o en

las fases previas a ellas, en virtud de que la norma tildada de inconstitucional sólo

modifica el ámbito interior de organización de dicho organismo conforme a los propósitos

del legislador local, que fueron en el sentido de colocar al pleno de la contraloría

mencionada en la expectativa de nombrar a su presidente sin atender obligatoriamente a

una regla de alternancia establecida con anterioridad, y con la posibilidad de extender su

mandato por otro lapso igual.

De esta manera, igualmente se advierte que si el nuevo método de designación llegara a

tener por resultado evitar el returno de asuntos con motivo de la elección del presidente, o

si esto no fuera así, porque el pleno decidiera elegir a un contralor distinto del que había

venido desempeñando la presidencia al amparo de la ley derogada y, por tanto, hubiera

necesidad de la sustitución de la ponencia no obstante la reforma en cuestión, la

realización de tales supuestos en cualquier caso no representan una modificación a las

normas fundamentales que rigen los comicios, porque los contralores ponentes no son

quienes discrecionalmente regulan la integración de los expedientes, sino que su

actuación debe ceñirse a lo dispuesto en la ley, con independencia de la persona que

encarne el cargo.

Las características de la reforma impugnada hacen que su impacto no vaya más allá del

funcionamiento interior del órgano que tiene atribuciones para la investigación, a petición

de los interesados, de las violaciones a las leyes electorales locales, como la finalidad de

controlar, vigilar y fiscalizar las finanzas de los partidos políticos y los gastos de las

precampañas y campañas de los mismos, según establece el artículo 19 de la

Constitución Política del Estado de Chiapas, pues el mecanismo legal para la elección de

su presidente y el tiempo que deba durar en el encargo, son aspectos que no redundan

en una alteración de las prerrogativas de los partidos, ni en los derechos de los

ciudadanos para acceder al poder público, si se toma en cuenta que cualquiera que fuera

la persona que representara la Contraloría de la Legalidad Electoral, tendría las mismas

obligaciones que a ese servicio público confiere la ley.

Además, no se aprecia que con la reforma cuestionada se propicie un atentado a las

bases o reglas o a algún otro elemento rector del proceso electoral, ni se otorga o suprime

algún derecho u obligación de hacer, no hacer o de dar, para cualquiera de los

participantes o de las autoridades electorales, ya que en los procedimientos instaurados

ante la Contraloría de la Legalidad Electoral del Estado de Chiapas se sabrá en todo

momento que los expedientes se encuentran en poder de un contralor determinado y que

con motivo de la elección del presidente sólo podría ocurrir que el mismo asunto tuviera

un cambio de ponente, pero sin que ello implique que el órgano deje de resolver de

manera colegiada como anteriormente ocurría.


formular su opinión concluyó lo siguiente: en el decreto reclamado no se varían las

facultades de la Contraloría de la Legalidad Electoral, contenidas primordialmente en el

artículo 8o. de la Ley Orgánica de la Contraloría de la Legalidad Electoral, ni las

conferidas al Pleno del órgano (artículo 10), ni tampoco las atribuidas al presidente de la

contraloría o a alguno de los integrantes de su estructura, ni propiamente de las reglas

que condicionan su funcionamiento para el desempeño ordinario de sus tareas.

Por el contrario, como se dijo, la única modificación real es en el sentido de permitir la

reelección del contralor electoral que ejerce la función de la presidencia, por un solo

periodo inmediato adicional de dos años más, disposición que no reviste la naturaleza de

lo esencial o fundamental para los efectos del artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta de que sólo

tiene efectos limitados en la organización de dicho órgano, que comparado con el régimen

preexistente, permite la reelección del presidente en los términos anotados, con lo cual no

se trastocan ni el funcionamiento del organismo, ni por supuesto, las atribuciones del

Pleno y del resto de sus órganos.

JURISPRUDENCIAS: NO EXPEDIENTE: 158/2007 y sus acumuladas 159/2007, 160/2007, 161/2007 y 162/2007

ESTADO: Coahuila

ACTOR: PT, Convergencia, Cardenista Coahuilense, PRD y Alternativa Socialdemócrata


Legislatura del Estado de Coahuila


Decreto 340, por medio del cual se modifican y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; Decreto 341, por el que se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Coahuila y de la Ley del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana


1°, 5°, 14, 16, 17, 35 fracciones I, II y III; 36, fracciones III, IV y V; 38, 39, 40, 41, 52, 54, fracción IV; 114, 115, 116, fracciones I y IV, bases b), c), e), f), i); 128 y 133

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Se desestima la acción de inconstitucionalidad respecto de los artículos 140, de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza y 35, fracciones IV, VI, VII y X, de la Ley del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila, en virtud de que las respectivas propuestas de declarar su invalidez no fueron aprobadas por la mayoría de cuando menos ocho votos a que se

refieren los artículos 105, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 72, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de dicho precepto constitucional.

Se reconoce la validez de los artículos 33, párrafo primero, 35, fracción VI y segundo transitorio, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, reformados mediante Decreto número trescientos cuarenta, publicado en el Periódico Oficial de esa Entidad, el dos de agosto de dos mil siete; de los artículos 16, segundo párrafo, 23, 24, fracción III, 25, fracción I, 26, fracciones I y III, 35, 36, 42, 46, fracción I y último párrafo, 48, 49, 51, fracción XIII, 56, fracciones I y XI, 65, fracciones VII y VIII, 144, último párrafo y la derogación de los diversos 224 a 228, de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza y de los artículos 34, fracciones II, III y IV y 42, fracción XII, de la Ley del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila.

Se declara la invalidez de los artículos 158-K, fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 15, fracción IX y 46, fracción III, de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

MINISTRO PONENTE


VOTOS PARTICULARES

No


SUP-AG-20/2007. No se pronunció sobre el particular.

RESUMEN

Los promoventes de la acción argumentaron en el primer concepto de invalidez que los

Decretos cuya invalidez demandan violan los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal,

ya que para su aprobación no se tomaron en cuenta las discusiones y resultados de los

foros de consulta ciudadana a que convocó el propio Congreso Local para la reforma

electoral que finalmente aprobó, lo que evidencia la falta de motivación de dichos

Decretos; y porque además, el Congreso del Estado de Coahuila emitió de manera

simultánea el Decreto trescientos cuarenta y uno de reformas a las leyes electorales, junto

con el Decreto trescientos cuarenta de reformas a la Constitución Estatal, lo que implica

una violación al procedimiento legislativo, pues no se dio oportunidad a que concluyera el

procedimiento de la reforma constitucional para que, con posterioridad, se aprobara y

emitiera la reforma a la legislación electoral.

Según la Corte, en el caso, no se cometió violación alguna en el procedimiento que

culminó con la emisión de los Decretos cuya invalidez se demanda, pues en primer

término, las disposiciones transcritas no prevén como obligación o como fase del

procedimiento de reformas, que el Congreso del Estado tome en cuenta las propuestas

realizadas en foros de consulta ciudadana, como lo son, por ejemplo, a los que convocó el

Congreso del Estado para la realización de la reforma electoral que nos ocupa; y, por el

contrario, el Poder Legislativo demandado respetó las fases que de esos procedimientos

se prevén en la Constitución Local.

En efecto, de la lectura a las pruebas documentales remitidas por la autoridad demandada

Poder Legislativo del Estado de Coahuila, se desprende que por lo que hace a la reforma

constitucional, se respetó el procedimiento establecido en los artículos 196 y 197, de la

Constitución Política del Estado de Coahuila; esto es así, porque la iniciativa

correspondiente fue suscrita por los diputados integrantes de la Comisión Especial para la

Reforma Electoral del Estado; asimismo, se dieron dos lecturas a la citada iniciativa con

un intervalo de diez días, esto el veintiséis de junio y nueve de julio de dos mil siete;

posteriormente, se elaboró dictamen por la Comisión de Gobernación y Puntos

Constitucionales, al cual se le dieron dos lecturas con un intervalo de seis días, el once y

dieciocho de julio de dos mil siete; luego se llevó a cabo la discusión del citado dictamen,

el cual fue aprobado por más de las dos terceras partes de los diputados presentes en la

sesión; se ordenó la publicación del expediente y se turnó a los ayuntamientos de la

Entidad para su aprobación, teniendo como consecuencia la discusión y aprobación de un

nuevo dictamen que contenía el punto de vista de los ayuntamientos, los cuales

estuvieron de acuerdo con la reforma constitucional y, finalmente, el Congreso de

Coahuila declaró la aprobación de la reforma constitucional.

En cuanto a la modificación de las diversas leyes secundarias en materia electoral, se

observaron las reglas previstas en los artículos 59 y 62, de la Constitución Política del

Estado de Coahuila, esto es, la iniciativa fue presentada por los integrantes de la

Comisión Especial para la Reforma Electoral del Estado, dándosele dos lecturas en

sesiones diferentes, es decir, el once y dieciocho de julio de dos mil siete y,

posteriormente, fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la

cual elaboró un dictamen que fue puesto a discusión del Pleno del Congreso del Estado

en sesión de primero de agosto de dos mil siete, siendo aprobado por veintinueve votos a

favor, ordenándose la expedición del decreto respectivo y su envío al Poder Ejecutivo de

la Entidad.


formular su opinión concluyó lo siguiente: El concepto de invalidez en el que se aduce

falta de motivación de los Decretos impugnados y violaciones al procedimiento legislativo

que antecedió a éstos, son argumentos que no requieren opinión especializada, en razón

de que no encuadran en el campo exclusivo del derecho electoral, ubicándose en todo

caso, en el ámbito de la ciencia del derecho, en general, y del derecho constitucional, en

lo particular.


ESTADO: Guerrero

ACTOR: PT, Convergencia, PAN


Congreso del Estado de Guerrero


Decreto número 559 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero


1°, 5°, 6°, 14, 16, 17, 35, 39, 40, 41, 52, 54, 76, 105, 114, 115, 116 y 133, así como el artículo Sexto Transitorio del decreto que reforma los artículos 6°, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Federal

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido del Trabajo, Convergencia y el Partido Acción Nacional.

Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad respecto del Acuerdo Parlamentario por el que se declaran válidas las reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en los términos contenidos en el Decreto número 559.

Se reconoce la validez Decreto 559 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política; de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales, con excepción de su artículo Vigésimo Transitorio, inciso j); del Decreto 572 por medio del cual se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral; del Decreto 573 que reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre; del Decreto 574 que

reforma, adiciona y deroga disposiciones del Código Penal; del Decreto 575 que reforma, adiciona y deroga disposiciones del Código Penal; y del Decreto 576 que reforma el segundo párrafo del Código de Procedimientos Penales, todos del Estado de Guerrero.

Se declara la invalidez del artículo Vigésimo Transitorio, inciso j) de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, que dice: "j) La elección de Gobernador se llevará a cabo el primer domingo de Febrero de 2011", en los términos del último considerando de este fallo.

MINISTRO PONENTE


VOTOS PARTICULARES

No


SUP-AG-3/2008 acum., SUP-AG-6/2008. No se pronunció sobre el particular.

RESUMEN

Señalan el Partido del Trabajo y Convergencia, que la parte considerativa del Decreto 559

no es congruente con el articulado que fundamenta, particularmente por cuanto hace a los

artículos 36, 98, fracción III y 37 bis, fracción VI, lo que genera incertidumbre y va en

contra del principio de certeza que debe existir en materia electoral.

Según la Corte, en el dictamen presentado por la Comisión de Estudios Constitucionales y

Jurídicos al Pleno del Congreso Local, se estimó conveniente establecer un plazo de

separación del cargo de noventa días para los servidores públicos que manejen y

ejecuten recursos públicos y/o programas de gobierno y un plazo de cuarenta y cinco días

tratándose de representantes populares, a efecto de ser elegibles como diputados locales;

y se estimó asimismo conveniente establecer un límite del cinco por ciento a la

sobrerrepresentación de los partidos políticos en el Congreso Local.

Se advierte, de igual modo, que el Pleno del Congreso, al aprobar el Decreto respectivo,

determinó establecer un plazo de separación del cargo de sesenta días para efectos de la

elegibilidad de los servidores públicos para el cargo de diputados locales, y un límite del

ocho por ciento a la sobrerrepresentación de los partidos políticos en el Congreso.

Estas diferencias entre el dictamen rendido por la Comisión de Estudios Constitucionales

y Jurídicos, y las reformas aprobadas por el Pleno del Congreso, no se traducen en una

incongruencia entre la parte considerativa del decreto y su articulado que genere falta de

certeza o inseguridad jurídica.

Esto es así, pues de la manera en que está estructurado el Decreto 559, publicado en el

Periódico Oficial del Estado el veintiocho de diciembre de dos mil siete, se advierte que

contiene una parte considerativa en la que se relatan los antecedentes del proceso

legislativo y una parte en la que se contiene el texto mismo de los artículos reformados.

En la parte considerativa, se hace una transcripción íntegra del dictamen emitido por la

Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos y, posteriormente, se relata que en

sesiones de dieciocho y veinte de diciembre de dos mil siete, dicho dictamen recibió

primera y segunda lectura, sometiéndose para discusión y aprobación en sesión de

veintiuno de diciembre siguiente.

Por tanto, no existe riesgo de confusión alguno, pues es evidente que las consideraciones

que los promoventes estiman incongruentes con el texto de los artículos reformados

forman parte del dictamen sometido a la discusión del Pleno de la legislatura local, el cual

fue aprobado con modificaciones en la sesión correspondiente, por lo que no hay duda

alguna de que el nuevo texto de la Constitución reformada es el contenido en el Decreto

mismo, y no en su parte considerativa en la que sólo se relatan los antecedentes

legislativos que le dieron origen.

Convergencia argumenta, en el sexto concepto de invalidez de su acción de

inconstitucionalidad, que el Decreto 559 es violatorio del artículo 16 de la Constitución

Federal, ya que, en términos de los artículos 57, fracción I, y 132 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Guerrero, la comisión del Congreso a la que se le turne

una iniciativa por ser de su competencia, debe ser la misma que elabore el proyecto de

decreto y lo turne a la Plenaria, lo cual no ocurrió en la especie, pues si bien la iniciativa

de ley fue turnada a la Comisión de Justicia, fue la Comisión de Estudios Constitucionales

y Jurídicos la que elaboró el dictamen y lo turnó al Pleno.

El concepto de invalidez resulta infundado, pues de autos se advierte que la iniciativa de

reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero fue turnada el

diez de diciembre de dos mil siete a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos,

para su dictamen.

De igual modo, se advierte que fue la citada Comisión la que, con fecha diecisiete de

diciembre de dos mil siete, presentó el dictamen correspondiente, suscrito por los

diputados Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, José Luis Ramírez Mendoza y Arturo Álvarez

Angli, quienes son integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, de

conformidad con el Artículo Primero del Acuerdo por el que se designan las comisiones y

comités ordinarios de la Quincuagésima Octava Legislatura al Honorable Congreso del

Estado Libre y Soberano de Guerrero, cuyas copias certificadas obran en el expediente.

Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, fracción I, de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, la citada Comisión de Estudios

Constitucionales y Jurídicos es competente para elaborar dictámenes tratándose de

iniciativas de reformas a la Constitución Local.

Convergencia argumenta que el Decreto 559 viola el artículo 16 de la Constitución

Federal, ya que el dictamen correspondiente no fue entregado con la anticipación de

cuarenta y ocho horas que prevé el artículo 33, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, además de que en el caso no quedó acreditado que existiera acuerdo de la

Comisión para no cumplir con dicho plazo, ni habría justificación alguna para reducirlo, por

tratarse de una reforma que involucra cuestiones fundamentales.

Es infundado el concepto de invalidez en comento, pues si bien es cierto que el Dictamen

con proyecto de Decreto 559 no se distribuyó con la anticipación de cuarenta y ocho

horas que señalan los artículos 34, fracción V, 135 y 136 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo (en este aspecto se corrige el error del promovente en la cita de los preceptos

violados, ya que el artículo 33 que invoca no contiene fracción V, además de que se

refiere a las atribuciones de los Vicepresidentes de la Mesas Directivas), la inobservancia

del plazo aludido sólo tiene por efecto que se dé primera y segunda lectura al dictamen

correspondiente y de ninguna manera impide que el asunto pueda ser abordado en la

sesión plenaria.

El Partido Acción Nacional argumenta que, en términos del artículo 30, fracción III, de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo local, correspondía a la Comisión de Gobierno acordar

el orden del día de la sesión, lo cual en la especie no aconteció, por lo que la inclusión del

Dictamen con proyecto de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado

de Guerrero en el orden del día se realizó unilateralmente por el Presidente de la Mesa

Directiva.

Es infundado dicho concepto de invalidez, toda vez que el Presidente de la Mesa Directiva

no fijó unilateralmente el orden del día de la sesión de veintiocho de diciembre de dos mil

siete, sino que sometió el proyecto relativo a la consideración del Pleno, quedando

aprobado por mayoría de treinta y nueve votos a favor y cinco votos en contra.

Al respecto, cabe señalar que en autos no obra constancia alguna de que la Comisión de

Gobierno haya formulado el proyecto de orden del día relativo, como lo prevé el artículo

30, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; sin embargo, la formulación del

proyecto de orden del día es un acto que no trasciende al derecho a la participación de

todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, pues éste se respeta desde

el momento en que el proyecto correspondiente es sometido a la consideración del Pleno,

cuyos miembros pueden expresar y defender su opinión al respecto en un contexto de

deliberación pública.

Convergencia aduce que la Comisión de Justicia, mediante convocatoria de su Presidente

de fecha veinte de diciembre de dos mil siete, convocó a sesión de trabajo que debía

llevarse a cabo el veintiséis de diciembre de dos mil siete, precisando que en la misma se

discutiría la iniciativa de Código Electoral del Estado de Guerrero.

En virtud de que en la fecha señalada no se reunió el quórum necesario, el Presidente de

la Comisión convocó para una nueva sesión de trabajo a verificarse el veintiocho de

diciembre de dos mil siete, fecha en la que al no existir quórum nuevamente, se tuvo por

no verificada la sesión.

Por tanto, al no haber sesionado la Comisión de Justicia, no pudo válidamente presentar

los dictámenes correspondientes a las iniciativas de Código Electoral, Código Penal,

Código de Procedimientos Penales, Ley Orgánica del Tribunal Electoral, Ley de Sistemas

de Medios de Impugnación en Materia Electoral y Ley Orgánica del Municipio Libre, todas

del Estado de Guerrero, los que, no obstante, fueron aprobados como Ley 571 y Decretos

572 a 576.

Es infundado el concepto de invalidez aludido, pues para acreditar su dicho,

Convergencia exhibe una Minuta de la Sesión de Trabajo de la Comisión de Justicia

celebrada el día veintiséis de diciembre de dos mil siete y una Minuta de la Sesión de

Trabajo de la Comisión de Justicia celebrada el día veintiocho de diciembre de dos mil

siete, ninguna de las cuales ostenta firma ni sello alguno, por lo que carecen de todo valor

probatorio.

Asimismo, de lo dispuesto en los artículos 48, 85 y 87 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Guerrero, se advierte, en lo que aquí interesa, que las

comisiones se integrarán por cinco diputados; que sesionarán por lo menos una vez cada

dos meses previa convocatoria de su Presidente o de su Secretario; que dichas sesiones

podrán ser públicas o privadas; que a las sesiones asistirán sus miembros y cualquier

diputado que desee hacerlo; y que los dictámenes que emitan las comisiones deberán

presentarse firmados por la mayoría de sus integrantes.

En el caso, más allá de que hayan existido las supuestas sesiones de la Comisión de

Justicia en las que no se reunió el quórum necesario, lo cierto es que obran en autos

copias certificadas del Dictamen con proyecto de Ley 571, así como los Dictámenes con

proyecto de Decretos 572 a 576, los cuales fueron firmados por tres diputados, que

constituyen la mayoría de la Comisión de Justicia, lo que resulta suficiente para su

validez.

Convergencia señala que si bien la sesión de veintiocho de diciembre de dos mil siete, en

la que se aprobó la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales concluyó a las

veintiuna horas con seis minutos, el Presidente de la Mesa Directiva remitió dicha ley al

Gobernador del Estado, la cual se recibió en la Secretaría Particular del Ejecutivo a las

veinte horas con quince minutos.

Lo anterior no entraña una violación al procedimiento legislativo, pues como ha quedado

establecido a lo largo del presente considerando, la Ley 571 de Instituciones y

Procedimientos Electorales fue aprobada en el marco de un procedimiento legislativo en

el que se respetaron los estándares de participación y deliberación pública, correcta

aplicación de las reglas de votación y publicidad.

Además, el hecho de que la ley impugnada haya sido remitida al Ejecutivo local para su

publicación antes de que concluyera la sesión respectiva, muy probablemente obedeció al

hecho de que la referida ley fue la primera en aprobarse durante dicha sesión, después de

lo cual se procedió a la discusión y aprobación de los Decretos 572 a 576.


formular su opinión concluyó lo siguiente: Los conceptos de invalidez que se refieren

a violaciones al procedimiento legislativo no requieren de opinión especializada de la Sala

Superior, en razón de que son temas que pertenecen a la ciencia del derecho en general

y al derecho constitucional. No obstante, se hace notar que la Suprema Corte de Justicia

de la Nación ha sustentado la tesis de jurisprudencia de rubro "VIOLACIONES DE

CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO

TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA".

JURISPRUDENCIAS: P./J. 49/2009, 50/2009, 51/2009, 52/2009, 53/2009, 54/2009, 55/2009, 56/209, 57/2009, 58/2009, 59/2009

EXPEDIENTE: 61/2008 y sus acumuladas 62/2008, 63/2008, 64/2008 Y 65/2008

ESTADO: Federal

ACTOR: Convergencia, del Trabajo, Nueva Alianza, Alternativa Socialdemócrata y Campesina y Verde Ecologista de México


Congreso de la Unión


Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales


6; 9; 13; 14; 16; 25; 26; 28; 35 fracciones I, II y III; 39; 40; 41, fracciones I; II; III y V; 65; 66; 70, párrafo Tercero; 71; 72; 73; 116; 124; 133 y 135

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Son procedentes y parcialmente fundadas, las acciones de inconstitucionalidad. Se reconoce la validez del Decreto. Se declara la invalidez de las fracciones II y III, inciso d), párrafo 1, del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, únicamente en la porción normativa, contenida en ambas fracciones, que a la letra dice: "con el doble del precio comercial de dicho tiempo".

MINISTRO PONENTE

José Fernando Franco González Salas

VOTOS PARTICULARES

No


SUP-AG-12/2008, SUP-AG-13/2008 y SUP-AG-14/2008. Es parcialmente concordante.

RUBRO DE LA PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 78, PÁRRAFO 1,

JURISPRUDENCIA INCISO C), FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, AL REGULAR EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO POR SUS ACTIVIDADES, SE APEGA A LO PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

PARTIDOS POLÍTICOS. LA DELEGACIÓN DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE AL LEGISLADOR ORDINARIO RESPECTO DE LOS REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA SU CREACIÓN, DEBE ATENDER A LOS PRINCIPIOS QUE DERIVAN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO 6, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES RESTRINGE LA FACULTAD QUE AQUÉLLOS TIENEN EN EL ÁMBITO DE SU VIDA INTERNA PARA ESTABLECER REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LA LEY PARA LA REFORMA DEL ESTADO NO LE RESULTA APLICABLE.

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CIUDADANAS O NO PARTIDARIAS. EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO 1, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES ES CONSTITUCIONAL.

COALICIONES PARTIDARIAS. EL ARTÍCULO 95, PÁRRAFOS 9 Y 10, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES NO TRANSGREDE LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICA.

COALICIONES PARTIDARIAS. EL ARTÍCULO 95, PÁRRAFOS 9 Y 10, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE CERTEZA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 41 CONSTITUCIONAL.

COALICIONES PARTIDARIAS. EL ARTÍCULO 96, PÁRRAFO 5, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES TRANSGREDE EL DERECHO A VOTAR Y LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA Y OBJETIVIDAD ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

RADIO Y TELEVISIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 56, PÁRRAFO 1, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES SE

APEGA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AL REGULAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS QUE CORRESPONDEN EN ESOS MEDIOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y A LAS COALICIONES.

RADIO Y TELEVISIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 49, PÁRRAFO 4, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES AL REGULAR LA CONTRATACIÓN DE PROPAGANDA EN ESOS MEDIOS NO CONTRAVIENE LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y EXPRESIÓN.

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CIUDADANAS O NO PARTIDARIAS. AL NO EXISTIR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ALGUNA BASE NORMATIVA EXPRESA EN RELACIÓN CON AQUÉLLAS, EL LEGISLADOR ORDINARIO FEDERAL NO PUEDE REGULARLAS.

RESUMEN

Los partido actores alegaban que la norma adoptada vulneró los artículos 14 párrafo

segundo, 16, párrafo primero y 41 fracción I, párrafo segundo y fracción V, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque en el procedimiento que

debió seguir, no se observaron las formalidades que la propia Constitución y la Ley para

la Reforma del Estado establecen, en virtud de que todo procedimiento ha de estar

supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas, mismas

que deberán desarrollarse con estricto apego, vulnerando los principios de certeza, de

legalidad y de seguridad jurídica, y por ende, que no se cumpla con la garantía contenida

en el artículo 14 constitucional.

Además, sostenían que en la aprobación y promulgación del Decreto que contiene el

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, existen vicios de carácter

formal porque si bien las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Gobernación;

Radio, Televisión y Cinematografía; y Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores

manifiestan haber turnado Iniciativa con Proyecto de Decreto suscrita por legisladores de

diversos grupos parlamentarios integrantes de la LX Legislatura del Congreso de la Unión,

es falso que los partidos políticos y grupos parlamentarios representados en la Comisión

Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión

hayan arribado a un amplio consenso.

Según la Corte, dentro de proceso de creación de leyes cobra importancia lo dispuesto en

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que por lo que

atañe al trámite en la Cámara de Senadores, dispone que una vez constituida la Cámara

de Senadores, el Presidente de la Mesa Directiva citará para la sesión del Congreso

General correspondiente a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del

primer año de ejercicio legislativo; cumplido lo anterior, hará la designación de las

comisiones de cortesía que estime procedentes para la ceremonia de la sesión del

Congreso General; que antes del inicio de cada año legislativo subsecuente, la Cámara

de Senadores realizará, dentro de los 10 días anteriores a la apertura de sesiones, una

junta previa para elegir a la Mesa Directiva (se integra por un Presidente, tres

vicepresidentes y cuatro secretarios, electos por mayoría absoluta de los senadores

presentes y en votación por cédula).

Después de un análisis de la normatividad y los hechos que transcurrieron durante el

proceso legislativo la Corte sostuvo que en el caso se cumplió con el marco

constitucional, legal y reglamentario para la creación de leyes.


formular su opinión concluyó lo siguiente: No emitió opinión

JURISPRUDENCIAS: NO EXPEDIENTE: 69/2008 ESTADO: Veracruz

ACTOR: Convergencia


Congreso del Estado de Veracruz


artículos 120, fracción VIII, 123 fracciones XXXIX y XXXIX Bis, y 129, primer párrafo, del Código Electoral para el Estado de Veracruz


14, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 49, 108, 116, y 133

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad.

Se reconoce la validez de los artículos 123, fracciones XXXIX y XXXIX bis y 129 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

Se declara la invalidez del artículo 120, fracción VIII, del Código Electoral de Veracruz, en la porción normativa señalada en el considerando sexto del presente fallo.

MINISTRO PONENTE


VOTOS PARTICULARES

Sí, Ministro José Ramón Cossío Díaz


SUP-AG-15/2008. No se pronunció.

RESUMEN

El partido accionante hace valer que durante el procedimiento legislativo se cometieron

violaciones que dan lugar a la invalidación de las normas impugnadas, pues se vulneraron

el artículo 33, fracción V, de la Constitución local y como consecuencia de ello, el artículo

102, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de

Veracruz.

Las citadas violaciones se hacen consistir en que en la iniciativa presentada al Congreso

se omitió señalar la fundamentación constitucional que faculta a ese cuerpo colegiado

para legislar sobre la materia, no se incluyen antecedentes de la necesidad de la medida,

se omiten los elementos materiales y formales, así como las consideraciones de tiempo,

lugar, modo y demás circunstancias que den sustento a la propuesta.

En relación con este tema, la Suprema Corte ha considerado que las violaciones

cometidas en el procedimiento legislativo, son irrelevantes si no trascienden de manera

fundamental a la norma. En este sentido ha estimado trascendentes, aquellas tales como

la aprobación de una norma sin el quórum necesario o sin el número de votos requeridos,

sin embargo, cuando se trata de otras tales como que las comisiones no siguieron el

trámite para el estudio de las iniciativas, que la iniciativa no haya sido dictaminada por la

comisión a la que correspondía su estudio, sino por otra, resulta irrelevante, pues lo

importante es el cumplimiento del fin buscado por la iniciativa, esto es que haya sido

aprobada por el Pleno del órgano legislativo y publicada oficialmente.

Posteriormente, la Corte ha avanzado respecto de dicho criterio, en el sentido de que las

violaciones formales también son trascendentes cuando inciden en la calidad de la

decisión, tal es el caso, cuando la comisión de dichas irregularidades tiene como finalidad

impedir la participación de las minorías en el debate legislativo, pues con ello se vulneran

los valores de la democracia representativa.

Después de analizar los hechos que llevaron a la aprobación del decreto impugnado, la

Corte sostuvo que el procedimiento legislativo del Decreto de referencia fue seguido

dentro de cauces normales, en el que todos los grupos tuvieron la oportunidad de conocer

cabalmente el contenido de la iniciativa y expresar sus puntos de vista en relación con

ella, el hecho de que al haber sido presentada no se haya citado en el documento el

fundamento constitucional de competencia del Congreso del Estado, no es trascendente,

en tanto que cuenta con ella y no se trata de una violación que tenga impacto alguno para

la calidad democrática de la decisión del legislativo local. Por lo que el citado concepto de

invalidez deviene infundado.


formular su opinión concluyó lo siguiente: Que en lo relativo a los conceptos de

invalidez tendentes a demostrar los vicios en el procedimiento legislativo que dio origen al

decreto controvertido, no requieren opinión especializada de la Sala Superior, en razón de

que no son temas exclusivos del derecho electoral.



ESTADO: Colima

ACTOR: Diputados Integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Colima, PRD, PAN




Los decretos 353, 354 y 355


1°, 6°, 13, 14, 16, 17, 22, 35, 39, 40, 41, 99, 115, 116 y 133

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Es parcialmente procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Se sobresee respecto de la "Fe de Erratas al Decreto número 354 que al parecer fue publicada en el Periódico Oficial ‘El Estado de Colima’, o, en su caso, la que se llegue a publicar". Se declara la invalidez de los Decretos los Decretos Número 353, 354 y 355, publicados en el Periódico Oficial del Estado, el treinta y uno de agosto de dos mil ocho, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos preceptos del Código Electoral, la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el Código Penal, todos del Estado de Colima, en los términos del último considerando.

MINISTRO PONENTE


VOTOS PARTICULARES

No


SUP-OP-13/2008, SUP-OP-14/2008. No se pronunció.


DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA. PARA SU PROCEDENCIA DEBEN MOTIVARSE LAS RAZONES QUE LLEVAN A CALIFICAR UN ASUNTO COMO URGENTE.

DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA. SU FALTA DE MOTIVACIÓN NO SE CONVALIDA POR LA VOTACIÓN DE LA MAYORÍA O UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA.

RESUMEN

Los diputados integrantes del Congreso de Colima y el Partido Acción Nacional plantean

diversas violaciones al procedimiento legislativo que dio origen a los decretos

impugnados, alegando que el procedimiento legislativo que se llevó a cabo para aprobar

la reforma impugnada contraviene el principio de legalidad contemplado en los artículos

14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las

autoridades tienen la obligación de fundar y motivar la causa legal del procedimiento,

siendo que los órganos legislativos en cuyo seno se desarrolla el procedimiento legislativo

deben regirse también por las premisas políticas que derivan de los artículos 39, 40 y 41

de la Carta Magna, a fin de garantizar la participación de las minorías que intervienen en

los órganos legislativos. Los argumentos vertidos por los promoventes respecto al

proceso legislativo se dirigen a controvertir la calidad democrática del proceso legislativo

que dio origen a los decretos impugnados.

La Corte subrayó que la democracia representativa, por tanto, se basa en deliberación.

Sin embargo, ésta se debe entender condicionada a la toma de decisiones, que atiendan

realmente a la búsqueda del equilibrio en la oposición de intereses de los distintos grupos

representados, lo que sólo se puede lograr en el seno de una auténtica asamblea

deliberante.

Por tanto, en un Estado democrático la Constitución impone ciertos requisitos de

publicidad y participación para la creación, reforma, modificación o supresión de las

normas, sin los cuales no pueden éstas considerarse válidas.

De esta forma, para lograr el respeto a los principios de democracia y representatividad

que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo reviste

importancia el contenido de las leyes sino, además, la forma en que son creadas o

reformadas, en virtud de que las formalidades esenciales del procedimiento legislativo

resguardan o aseguran el cumplimiento de los principios democráticos.

Ahora bien, para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo redundan en

violación a los principios de legalidad y de debido proceso reconocidos en los artículos 14

y 16 de la Constitución Federal y, por tanto, provocan la invalidez de las normas emitidas,

la Suprema Corte, al resolver las acciones de inconstitucionalidad antes referidas,

consideró que las violaciones cometidas en el procedimiento legislativo son trascendentes

cuando inciden en la calidad de la decisión si no se satisfacen los siguientes parámetros:

1. El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las






los debates.

2. El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de


3. Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas.

Aunque la deliberación es clave para los procesos legislativo, en casos de urgencia se

puede llevar a cano el trámite de dispensa. Sin embargo, para ello no basta con la

aprobación de la moción de dispensa por la votación requerida, sino que es necesario que

se expongan las razones que llevan a calificar un asunto como urgente.

La relación medio-fin, esto es, que algunos hechos necesariamente generen la urgencia

en la aprobación de la iniciativa de ley o decreto de que se trate, pues, de no hacerse de

esta forma, ello traería consecuencias negativas para la sociedad.

Que tal condición de urgencia evidencie la necesidad de que se omitan ciertos trámites

parlamentarios, sin que en ningún caso ello se traduzca en afectación a principios o

valores democráticos.

En el caso concreto, como se ha mencionado, en la sesión en la que se aprobaron los

decretos impugnados se dispensaron los trámites de primera y segunda lectura, sin

haberse justificado la urgencia para ello, según consta del acta de la sesión.

Resulta entonces que la legislatura omitió llevar a cabo uno de los requisitos

indispensables para dispensar los trámites correspondientes: esgrimir los argumentos que

sustentaran su actuación. Ello imposibilita el análisis de los hechos que originan la

urgencia, así como la valoración de relación medio-fin entre las razones y la omisión de

etapas legislativas.

Por estas razones, debe concluirse que el Poder Legislativo del Estado de Colima no

cumplió con los principios democráticos que se han referido y que deben regir el debate

parlamentario, pues la dispensa de los trámites de lectura, en conjunto con el hecho de

que los dictámenes de las iniciativas impugnadas fueron entregados al inicio de la sesión

en que habrían de discutirse, impidió que las distintas fuerzas políticas estuvieran en

posibilidad de conocer la iniciativa planteada y, por ende, de debatir sobre ella con

verdadero conocimiento de su contenido y alcance.

De esta forma, se produjo un vicio material en las reformas que fueron aprobadas, pues

resulta claro que no existió el debate democrático necesario para el respeto a los

principios y valores establecidos en nuestra Carta Magna.


formular su opinión concluyó lo siguiente: Los argumentos tendentes a demostrar las

violaciones al proceso legislativo en las reformas impugnadas, no requieren de opinión

especializada, dado que no son temas exclusivos del Derecho Electoral, sino que

pertenecen a la Ciencia del Derecho en general y del Derecho Constitucional en lo

particular.



ESTADO: Durango

ACTOR: PAN, Diputados Integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Durango, PRD


Congreso del Estado de Durango


Decreto Número 187, por el que se reforman los artículos 25 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango.


1°, 14, 16, 39, 40, 41, 99, 115, 116, 133 y 135

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Es parcialmente procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Se sobresee respecto de la "Fe de Erratas al Decreto número 354 que al parecer fue publicada en el Periódico Oficial ‘El Estado de Colima’, o, en su caso, la que se llegue a publicar". Se declara la invalidez de los Decretos los Decretos Número 353, 354 y 355, publicados en el Periódico Oficial del Estado, el treinta y uno de agosto de dos mil ocho, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos preceptos del Código Electoral, la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el Código Penal, todos del Estado de Colima, en los términos del último considerando.

MINISTRO PONENTE

Sergio A. Valls Hernández

VOTOS PARTICULARES

No


SUP-OP-22/2008. No se pronunció.


PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚMERO 187, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 25 Y 120 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO. NO VULNERA LAS GARANTÍAS DE DEBIDO PROCESO Y LEGALIDAD, NI LOS PRINCIPIOS EN QUE SE FUNDA LA DEMOCRACIA

DELIBERATIVA.

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE DURANGO, AL CONFERIR LA ATRIBUCIÓN RELATIVA A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, NO CONTRAVIENE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA.

RESUMEN

Tanto el Partido Acción Nacional como los diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta

Legislatura del Congreso del Estado de Durango plantean violaciones al procedimiento de

reformas a la Constitución Política del Estado, que dio origen al Decreto impugnado.

Para determinar si, en un caso concreto, las violaciones al procedimiento legislativo

redundan en violación a las garantías de debido proceso y legalidad, consagradas en el

artículo 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de la Constitución Federal y provocan la

invalidez de la norma emitida o si, por el contrario, no tienen relevancia invalidatoria, por

no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión, es necesario evaluar

el cumplimiento de los siguientes estándares:







los debates.




En el caso, no existe vulneración a tales principios, ya que el hecho de que el mismo seis

de noviembre de dos mil ocho, se hubiesen llevado a cabo la primera y segunda lecturas,

la discusión y la aprobación del dictamen presentado, también ese día, por la Comisión de

Estudios Constitucionales, puesto que, por un lado, tal circunstancia no impidió el

cumplimiento de las formalidades del procedimiento establecidas en la propia ley local -

que, como se ha señalado, sólo exige que estas etapas se desarrollen en diferentes

sesiones y que los diputados cuenten, previo a la discusión, con copia del dictamen

respectivo-, sino que, por el contrario, se sujetó cabalmente a éstas y, por otro, tampoco

se vulneraron los principios en que se funda la democracia representativa,

fundamentalmente, el principio deliberativo, puesto que, tanto en el seno de la Comisión

como en el Pleno del Congreso, se dio oportunidad a que los diputados que quisieran

intervenir en el debate, lo hicieran, exponiendo sus puntos de vista a favor o en contra del

dictamen, aceptándose, incluso, algunas de las modificaciones propuestas por aquellos

que se manifestaron en contra del mismo, lo que demuestra que el órgano legislativo tuvo

suficiente tiempo para conocer dicha iniciativa realizar un debate sobre ella, en el que las

minorías participaron.

A este respecto, cabe señalar que el hecho de que hubieren persistido diferencias en

torno al tema de la duración de las campañas para la elección de Gobernador del Estado

y que, finalmente, por mayoría, se hubiese determinado aceptar la propuesta del

dictamen, no significa que hubiese existido un abuso por parte de esta mayoría y que la

minoría hubiese visto con ello atropellados sus derechos, como lo sostienen los

accionantes.

En este sentido, no puede sino concluirse que, habiendo contado con el quórum

legalmente requerido y habiendo otorgado igual consideración y respeto a todas las

opiniones, corrientes e ideas, cuya expresión culminatoria se dio en la regla del

acatamiento a la mayoría, en la especie, no se actualiza ninguna violación al

procedimiento de reformas a la Constitución Local, ni en sentido formal, como a lo largo

de este considerando se ha expresado, ni en sentido material, dado que, en el caso, como

también se ha demostrado, se cumplieron los principios democráticos, principalmente, el

relativo a la deliberación pública, que obliga al órgano legislativo a ser, antes que un

órgano decisorio, un órgano deliberante, en el que encuentren cauce de expresión las

opiniones de todos los grupos parlamentarios.

Por lo anterior, el solo hecho de que el dictamen presentado por la Comisión de Estudios

Constitucionales, en relación con las iniciativas de reforma a la Constitución Política del

Estado, hubiese sido aprobado por el Pleno del Congreso en un mismo día y durante la

noche, no conlleva, en sí mismo, que el Decreto Número 187, impugnado en la presente

acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas, hubiese sido el resultado de un

procedimiento viciado y, de ahí, que se hubieran violado principios democráticos, puesto

que, como se ha señalado, en el caso, no sólo se cumplieron los requisitos formales que

establece la ley, sino también los requisitos materiales que, en cierto sentido, quedan

resguardados con el establecimiento de los primeros.


formular su opinión concluyó lo siguiente: los agravios planteados por los

promoventes van encaminados a combatir violaciones al procedimiento legislativo de

reforma a la Constitución Local, que no requieren opinión especializada, pues no se trata

de temas exclusivos del derecho electoral, sino que pertenecen al derecho general y

constitucional, por ser planteamientos referentes a la presunta inobservancia de los

principios y reglas que rigen el debido procedimiento legislativo y que, en el caso,

concluye con la expedición del Decreto Número 187, por el que se reformaron los

artículos 25 y 120 de la Constitución Política del Estado de Durango.


ESTADO: Durango

ACTOR: Diputados Integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano se Durango, PRD




Ley Electoral para el Estado de Durango, contenida en el Decreto 192


1o., 14, 16, 17, 41, 115, 116, fracción IV, inciso h), y 133

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Son procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad. Se sobresee en las presentes acciones respecto de los artículos 86, 223, párrafo 3, 296, 297 y 298; y tercero transitorio, fracción V, de la Ley Electoral para el Estado de Durango, en los términos precisados en el considerando cuarto de esta resolución. Se reconoce la validez del decreto número 192 que contiene la Ley Electoral para el Estado de Durango. Se reconoce la validez de los artículos 24, párrafo 1; 28, párrafo 1, fracción VI; 29, párrafo 1; 39, párrafo quinto, 40, 41, párrafo 1, fracciones VII y XI; 42, 43, párrafo 2; 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 67; 76, párrafo 1; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 111; 211, párrafo 5; 217, párrafo 1, fracción I; 275, párrafo 1, fracción III; 290, párrafo 1, fracción I, inciso d); 291, párrafo 1, fracciones I, II y III; 295; 299 y 336, párrafo 2, fracción III, de la Ley Electoral para el Estado de Durango. Se declara la invalidez de los artículos 58, 87 y 291, párrafo 1, fracción IV, de la Ley Electoral para el Estado de Durango.

MINISTRO PONENTE

José Fernando Franco González Salas

VOTOS PARTICULARES

No


SUP-OP-21/2008. Es parcialmente concordante.

RESUMEN

Los diputados promoventes sostienen, en esencia, que en el procedimiento legislativo que

condujo a la aprobación del decreto 192, que contiene la Ley Electoral para el Estado de

Durango impugnada, se cometieron irregularidades que constituyen violaciones a los

principios de legalidad y de debido proceso, razón por la cual, aducen, se debe declarar la

invalidez de dicha ley.

El criterio central para determinar si las irregularidades son o no invalidantes, en caso de

que hayan existido, estriba en determinar si se afectan o no principios o valores centrales

de la dimensión deliberativa de la democracia representativa. Esto significa la necesidad

de resguardar, por ejemplo, el debido proceso, el respeto a los derechos de las minorías

parlamentarias, la libertad de expresión de los parlamentarios y el derecho al voto, de

forma tal que ningún actor sea excluido del proceso deliberativo.

Los parámetros de control no pueden ser sino objetivos. Así, esta Alta Corte

Constitucional no está en aptitud jurídica de juzgar, por ejemplo, si hubo o no, en la

comisión o en el pleno legislativo, un amplio o profundo debate o discusión.

El derecho parlamentario tiene características peculiares, porque rige el funcionamiento

de cuerpos esencialmente políticos como son los órganos legislativos, de forma tal que

tiene una flexibilidad que no se da en otras ramas del derecho. La Asamblea deliberante

es la que, finalmente, tiene la capacidad de decisión dentro del debido proceso, en el

entendido de que no se suscribe la tesis de la convalidación automática conforme a la

cual todos los vicios procedimentales, a la postre, se pueden purgar por decisión de la

mayoría.

En tal virtud, los parlamentos, como órganos políticos, a diferencia de los órganos

jurisdiccionales, están sujetos a exigencias diferentes de motivación o justificación.

Pues bien, haciendo una evaluación conjunta del procedimiento bajo escrutinio

constitucional, la Suprema Corte arriba a la conclusión de que no se cometieron

irregularidades en el procedimiento legislativo, en particular no se violaron los artículos

136 y 163 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, ya que, como se ha

mostrado, fue la propia comisión dictaminadora legislativa la que solicitó la dispensa de

segunda lectura y la asamblea legislativa determinó lo conducente, de conformidad con lo

dispuesto en el invocado artículo 136, así como se observaron las formalidades

establecidas en el artículo 163 relativas al regreso del dictamen a la referida comisión y su

presentación, nuevamente, al pleno, razón por la cual el procedimiento legislativo que

condujo a la aprobación del decreto impugnado es válido.

Es preciso señalar que no existe constancia en autos de que se haya impedido a diputado

alguno asistir a las sesiones de la comisión o del Pleno, o para expresar su punto de vista

o posicionamiento con respecto al proyecto de dictamen en la Comisión de Gobernación

ni con respecto al dictamen en el Pleno legislativo; ni que se les haya impedido votar,

pues, como se indicó, en las discusiones y deliberaciones las opiniones de los distintos

grupos parlamentarios, tanto mayoritarios como minoritarios, encontraron libre cauce de

expresión.



JURISPRUDENCIAS: NO EXPEDIENTE: 5/2009 ESTADO: Durango

ACTOR: Diputados de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Durango




artículo 52, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango contenida en el Decreto 241


14, 16, 41, 115 y 124


Se reconoce la validez del proceso legislativo del que derivó el Decreto 241 por el que se reformó el artículo 52, párrafos primero, segundo y entonces tercero, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, publicado en el Diario Oficial del Estado, número 48, tomo CCXIX, de catorce de diciembre de dos mil ocho.

Se reconoce la validez de la porción normativa del párrafo primero del artículo 52 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, reformado mediante Decreto 241, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango número 48, de catorce de diciembre de dos mil ocho, que indica: "En las faltas temporales por ausencia o licencia del Presidente Municipal que no excedan de quince días consecutivos, será cubierta por el primer regidor, o el que le siga en número"; y del párrafo segundo del propio artículo 52.

Se declara la invalidez de la porción normativa del párrafo primero del artículo 52 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, reformado mediante Decreto 241, publicado en el

Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango número 48 de catorce de diciembre de dos mil ocho, que dice: "Cuando las faltas temporales sean de más de quince días consecutivos, el Congreso del Estado designará un presidente provisional que cubra la vacante. La persona sobre la que recaiga este nombramiento deberá cubrir los requisitos previstos en el artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, a excepción de la fracción IV del mismo"; así como de la porción normativa del entonces párrafo tercero de ese numeral que indica "provisional o".

MINISTRO PONENTE

Olga Sánchez Cordero de García Villegas

VOTOS PARTICULARES

Sí, Ministros Luis María Aguilar Morales, Sergio Salvador Aguirre Anguiano


No se solicitó opinión.

RESUMEN

Los promoventes alegan que se violan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, con el decreto 241, por medio del cual se reformó el

artículo 52, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, toda vez que

carece de la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad y legislativo

debe contener, ya que, cualquier autoridad únicamente puede actuar en los términos en

que la propia ley determine, situación que en la especie se pasó por alto. Además, que el

Congreso del Estado de Durango, actúo violentando los límites de las atribuciones que las

Constituciones, tanto federal como local establecen, ya que para poder emitir una ley que

afecte al municipio, ésta debe ser en el sentido de fortalecerlo y en el caso concreto no

acontece así, pues no se justifica la relación social o el hecho que motiva la reforma en

comento.

Además, que al decretar la reforma al artículo 52, de la Ley Orgánica del Municipio Libre

del Estado de Durango, publicada en el periódico oficial de esa entidad, el catorce de

diciembre de dos mil ocho, el Congreso no cumplimentó lo establecido en los artículos 14,

16 y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque durante el

procedimiento legislativo de la reforma materia de la presente acción de

inconstitucionalidad, se observó un precipitado e instantáneo procedimiento de

aprobación del decreto en reforma, el cual careció de un trabajo legislativo previo; lo

anterior, ya que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, sostiene

el proceso a seguir para legislar, situación que, en la especie no aconteció pues se

presentó la propuesta en forma escueta, y fue aprobada precipitadamente por la mayoría

de los diputados pertenecientes al partido que ostenta la mayoría en ese Congreso,

quienes, debido a la manera sumaria de la reforma, no conocían el alcance de la misma.

Que la Constitución local, establece que, para el oportuno despacho de los asuntos

legislativos, el Congreso del Estado, deberá nombrar comisiones legislativas, las cuales

se encargarán de estudiar, analizar y dictaminar, las iniciativas de leyes y decretos de

reformas que les hayan sido turnadas por el Presidente del Congreso, e igualmente,

tienen la obligación de participar en las deliberaciones y discusiones de la Asamblea en la

forma prevista por la ley, en resumen, dichas comisiones se deberán integrar de tal

manera que reflejen la pluralidad política del Congreso.

de las constancias relativas al procedimiento legislativo de reforma al artículo 52, de la

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, impugnado en esta vía, que

obra en autos, si bien se respetó el derecho de participación de las fuerzas políticas, con

representación parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad; esto es, fueron

respetados los causes que permiten tanto a las mayorías como a las minorías

parlamentarias, expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública,

apegado a las reglas de integración y quórum, en el seno de la legislatura del Estado, así

como a las que regulan el objeto y desarrollo de los debates y que el procedimiento

deliberativo culminó con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas; lo

cierto es que no se respetó en su totalidad el procedimiento legal correspondiente.

En efecto, del acta de la Sesión Ordinaria de la Sexagésima Cuarta Legislatura del

Congreso del Estado de Durango, celebrada a las quince treinta y cinco horas del once de

diciembre de dos mil ocho (fojas 248 a 279 del expediente), al momento de someter a

consideración de la Asamblea el correspondiente dictamen de la Comisión de

Gobernación, referente a la norma impugnada, no se aprecia, que se haya dado la

primera lectura a tal documento, en acatamiento a los artículos 136 y 137, de la Ley

Orgánica del Congreso local que imponen dicha obligación.

Bajo ese contexto, resulta imperativo determinar, si la anterior violación procedimental,

tiene un impacto determinante en la emisión de la norma, que pueda llevar al extremo de

declarar su invalidez total.

Al efecto, este Tribunal ha sustentado el criterio de que para evaluar el potencial

invalidatorio de las irregularidades cometidas en el procedimiento de creación de leyes,

deben analizarse dos aspectos relevantes, a saber:

1.- Si se cumplió con el principio de economía procesal, que apunta a la necesidad de no

reponer innecesariamente etapas procedimentales cuando ello no redundaría en un

cambio sustancial de la voluntad parlamentaria expresada y, por tanto, a no otorgar efecto

invalidatorio a todas y cada una de las irregularidades procedimentales identificables en

un caso concreto, y

2.- Si se cumplió con el principio de equidad en la deliberación parlamentaria, que apunta,

por el contrario, a la necesidad de no considerar automáticamente irrelevantes todas las

infracciones procedimentales producidas en una tramitación parlamentaria que culmina

con la aprobación de una norma mediante una votación que respeta las previsiones

legales al respecto.

De acuerdo con lo anterior, la irregularidad detectada en el procedimiento legislativo de la

norma impugnada, consistente en la ausencia de la primera lectura del dictamen emitido

por la Comisión de Gobernación, no se estima trascendente para dar lugar a la invalidez

de aquélla.

En efecto, de la narración del proceso legislativo antes descrito, puede apreciarse que se

cumplió con el principio de deliberación parlamentaria, puesto que contó con un trabajo

legislativo previo al interior de la Comisión de Gobernación, ya que fue estudiada,

analizada, discutida y dictaminada, por lo que puede concluirse que esta etapa fue

apegada a lo establecido tanto en la Constitución Política del Estado libre y Soberano de

Durango, como en la Ley Orgánica del Congreso del mismo Estado, vigente en la época;

así también, al seno del Pleno legislativo, el dictamen presentado, fue objeto de un amplio

debate, en el cual participaron las diferentes fuerzas políticas representadas en el

Congreso del Estado de Durango, quienes opinaron en pro y en contra del dictamen y

posteriormente votado y aprobado por una mayoría suficiente para ello, todo esto, en

apego a la referida legislación y con conocimiento pleno del tema debatido.

En este sentido, y precisamente, en apego al principio de economía procesal que refiere

el precedente de este Pleno que sirve de sustento, no se advierte, en el caso concreto, la

necesidad de que a través de esta ejecutoria se determine reponer la etapa procesal que

se identificó como irregular en la expedición de la norma impugnada, puesto que, imponer

al Congreso local a través de esta ejecutoria que lleve a cabo la primera lectura del

dictamen correspondiente, en nada originaría un cambio sustancial en la voluntad

parlamentaria expresada por una mayoría suficientemente amplia en su aprobación (19

votos a favor, 10 en contra), por lo que no se está en el caso de conferir el carácter

invalidatorio a la irregularidad detectada.

En consecuencia, de una evaluación global del procedimiento que condujo a la

aprobación del decreto de reforma impugnado, no advierte la existencia de violaciones

procedimentales, con un impacto invalidante sobre el decreto impugnado que altere el

juego democrático del proceso legislativo y su decisión final, resultando infundado el

tercer concepto de invalidez expresado por los diputados integrantes de la Sexagésima

Cuarta Legislatura del Estado de Durango, promoventes de la presente acción de

inconstitucionalidad; por lo que procede reconocer la validez del procedimiento legislativo

correspondiente.

Los promoventes aducen también que el Decreto 241, por el cual se modificó el artículo

52, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, carece de la debida

fundamentación y motivación, ya que el Congreso de ese Estado, actuó violentando los

límites de las atribuciones que le confieren tanto la Constitución Federal como la

Constitución del Estado, en razón de que, para emitir una ley que afecte al municipio, ésta

debe ser en el sentido de fortalecerlo, lo cual no ocurre en el caso concreto.

Respecto a la motivación de la ley controvertida, también se cumple en el presente caso,

de acuerdo al contenido de la iniciativa de reforma al artículo 52, de la Ley Orgánica del

Municipio Libre del Estado de Durango, toda vez que, en ella se estableció que, en la

referida ley no existía la claridad suficiente respecto las ausencias y suplencias del

Presidente Municipal, por lo que se propuso la iniciativa, en virtud, de la necesidad de

especificar claramente los supuestos en que, serán cubiertas las ausencias de ese

integrante del ayuntamiento.

Según la Corte, tanto el Poder Legislativo, como el Ejecutivo, del Estado de Durango, al

momento de expedir el Decreto 241, por el que se reformó el artículo 52, de la Ley

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, fundamentaron y motivaron su

actuar; por ende, resultan infundados los argumentos aducidos por los promoventes de la

presente acción de inconstitucionalidad.



JURISPRUDENCIAS: NO EXPEDIENTE: 7/2009, 8/2009 y 9/2009

ESTADO: Veracruz

ACTOR: Convergencia, PAN, PRD


Congreso del Estado de Veracruz


Código Número 307 Electoral para el Estado de Veracruz


1o., 2o., 9o., 14, 16, 17, 26, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 99, 115, 116, 121 y 133

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Son procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad. Se sobresee en las acciones de inconstitucionalidad respecto de los artículos 244, fracción II, párrafo segundo, y 277, fracción I, del Código Número 307 Electoral del Estado de Veracruz. Se desestima la presente acción de inconstitucionalidad con relación al artículo 76 del Código Número 307 Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Se reconoce la validez de los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo quinto; 43, fracción II; 50,

párrafos tercero y cuarto; 99, fracción X, último párrafo; 116, fracción VIII; 183, fracción XI, párrafo primero; 183, fracción XI, inciso f); 185, hecha excepción de su fracción VI en las porciones normativas indicadas en el punto resolutivo Quinto de este fallo; 188, párrafo segundo; 244, fracción VI; 277, fracción II; y 308 del Código Número 307 Electoral del Estado de Veracruz. Se declara la invalidez de los artículos 74, en la porción normativa que prevé: "En caso de incumplimiento, se aplicará una multa administrativa al precandidato de cincuenta salarios mínimos vigentes en la capital del Estado, por parte de la autoridad municipal correspondiente, por el retiro de la misma"; 185, fracción VI, en las porciones normativas que prevén "El tercer día siguiente a aquel en que venzan los plazos para el registro de candidatos para Gobernador y Diputados a que se refiere el artículo 184 de este Código…"; "…sesión que…"; y "…se efectuará el quinto día siguiente al plazo señalado en el numeral antes referido;"; y 244, fracción X, incisos f) y g); todos del Código Número 307 Electoral del Estado de Veracruz.

MINISTRO PONENTE


VOTOS PARTICULARES

Sí, Ministro José Fernando Franco González Salas



RESUMEN

El Partido Convergencia argumenta que el Código Número 307 Electoral para el Estado

de Veracruz presenta vicios formales de validez, por tres razones centrales:

a) La iniciativa de ley presentada por el Gobernador del Estado no contiene expresamente

el fundamento constitucional que faculta al Congreso Local para legislar en materia

electoral, ni tampoco contiene los antecedentes y las circunstancias de tiempo, lugar y

modo que sustenten la propuesta, con lo cual, a su juicio, se ha perpetrado una violación

al artículo 102 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo.

b) El punto V de la iniciativa, que hace referencia a que el Gobernador realizó una amplia

consulta a organizaciones sociales, partidos políticos y especialistas a efecto de proponer

la ley, no se encuentra respaldado por pruebas que acrediten esos hechos.

c) Durante el procedimiento legislativo, el "mayoriteo" del Partido Revolucionario

Institucional generó que no se consideraran las posiciones de los Partidos Convergencia,

Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que para determinar si las

violaciones al procedimiento legislativo aducidas en una acción de inconstitucionalidad

infringen las garantías de debido proceso y legalidad contenidas en la Constitución

Política y provocan la invalidez de la norma emitida, o si por el contrario, no tienen

relevancia invalidatoria por no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la

decisión, es necesario evaluar el cumplimiento de los siguientes estándares:

1) El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las

fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad,

es decir, resulta necesario que se respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías

como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de

deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el

seno de las Cámaras y a las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates;

2) El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de

votación establecidas; y,

3) Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas.

Según la Corte, en el caso, de las documentales exhibidas por el Poder Legislativo del

Estado de Veracruz es posible deducir que el procedimiento legislativo tendente a aprobar

el código electoral de dicha entidad federativa se realizó en condiciones de regularidad

constitucional.



JURISPRUDENCIAS: NO EXPEDIENTE: 42/2009 y sus acumuladas 43/2009, 44/2009 y 46/2009

ESTADO: Puebla

ACTOR: PAN, Convergencia, PRD, Comité Directivo en el Estado de Puebla del Partido Convergencia


Congreso del Estado de Puebla


Decreto de la LVII Legislatura del Estado de Puebla por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en específico, los artículos 3, segundo párrafo y fracción III, inciso g), 4, fracción III, así

como el artículo Tercero Transitorio del propio Decreto


1, 14, 16, 28, 39, 40, 41, fracción V, 45, 115, 116, fracción IV, incisos a) y b), 120, 133 y 135


Se reconoce la validez del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Puebla, publicado el trece de abril de dos mil nueve en el Periódico Oficial de la entidad, en cuanto hace al procedimiento legislativo del que deriva.

Se reconoce la validez del artículo 3, párrafo segundo y fracción II, inciso g), de la de la Constitución Política del Estado de Puebla, al tenor de las interpretaciones conformes realizadas en el considerando Quinto de este fallo.

Se reconoce la validez del artículo 4, fracción III párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Puebla.

Se declara la invalidez del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Puebla, publicado el trece de abril de dos mil nueve en el Periódico Oficial de la entidad, la que surtirá plenos efectos a partir de la notificación por oficio de los resolutivos de este fallo al Congreso del Estado de Puebla.

MINISTRO PONENTE

Olga Sánchez Cordero de García Villegas

VOTOS PARTICULARES

Sí, Ministros José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas


SUP-OP-10/2009. No se pronunció sobre el particular.

RESUMEN

Temporalidad

El partido promovente señala que las modificaciones a la Constitución Política del Estado

de Puebla no cumplen con el artículo 116, fracción IV, de la Constitución General de la

República, toda vez que no se han expedido las leyes reglamentarias que garanticen que

la reforma de la Constitución local será puesta en práctica.

Sostiene también que el artículo tercero transitorio del Decreto impugnado es contrario al

texto y al espíritu del artículo Sexto Transitorio del Decreto de reforma a la Constitución

General de la República, publicado el trece de noviembre de dos mil siete, porque sin

fundamento constitucional o legal alguno posterga la entrada en vigor de la reforma local

hasta el año dos mil trece, no obstante las adecuaciones a las legislaciones locales

debieron realizarse dentro del término de un año improrrogable para efecto de que

entrasen en vigor en ese mismo plazo, en términos de cualquiera de los supuestos

establecidos en el referido artículo Sexto Transitorio, esto es, a partir del trece de

noviembre de dos mil siete –fecha en que se publicó la reforma constitucional– o cuando

terminase el proceso electoral local, pero en ambos casos los actos legislativos no sólo

debieron ser materializados en los actos legislativos formales y materiales, sino también

debieron entrar en vigor dentro del término impuesto por la Constitución General de la

República.

Además, estima que la reforma de la Constitución Política del Estado de Puebla tampoco

se realizó en el plazo previsto constitucionalmente para ello, ya que de acuerdo con el

procedimiento de los artículos 140 y 141 de la Constitución local, se dio vista a los

Municipios de la entidad para que aprobaran dicha reforma en el plazo de un mes, lo que

significa que tampoco cumplió en tiempo con el mandato de reformar la Constitución local,

violando el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal.

Por último, señala que el Congreso de la Unión, al aprobar la reforma constitucional, no

distinguió entre modificación de constituciones y leyes locales y entrada en vigor de

dichas adecuaciones legislativas, por lo que una implica a la otra, resultando

inconstitucional prorrogar la entrada en vigor de las reformas a través de una disposición

transitoria.

El órgano reformador de la Constitución Federal impuso a las legislaturas de los Estados,

así como al órgano legislativo del Distrito Federal, una atribución de cumplimiento

obligatorio, consistente en la adecuación de su legislación de contenido electoral al nuevo

texto fundamental, para lo cual estableció los siguientes requisitos:

Primero: La adecuación correspondiente debía llevarse a cabo, a más tardar, dentro del

año siguiente a partir de la entrada en vigor del Decreto de reformas.

Segundo: Que en la expedición de esta nueva legislación deberá observarse lo dispuesto

en el artículo 105, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, esto es, que debe expedirse cuando menos con noventa días de

anticipación al inicio del proceso electoral para el cual vaya a aplicarse la nueva

normatividad.

Tercero: Se establece la excepción al plazo genérico para emitir la reforma local

correspondiente –de un año a partir de la entrada en vigor de la reforma–, cuando en los

Estados que a la entrada en vigor del Decreto de reformas se hayan iniciado procesos

electorales o estén por iniciarlos.

Cuarto: Para este caso, se prevé que dichas entidades federativas realizarán sus

comicios conforme lo establezcan sus disposiciones constitucionales y legales vigentes.

Quinto: No obstante lo anterior, se les impone la obligación constitucional de que una vez

terminado el proceso electoral relativo deberán realizar las adecuaciones a su legislación

local a más tardar dentro del año siguiente.

Sexto: Se establece la regla de que el lapso de un año que se concede a las entidades

federativas para adecuar su legislación electoral, se contará a partir del día siguiente de la

conclusión del proceso electoral que haya iniciado o que estuviera por iniciarse al

momento de la entrada en vigor de la reforma a la Constitución Federal.

De acuerdo con los anteriores lineamientos, cobra relevancia para determinar el momento

a partir del cual, en el caso, el Estado de Puebla debía dar cumplimiento al mandato que

la Constitución Federal le impuso para adecuar su normativa local en materia electoral, si

a la fecha de entrada en vigor de la reforma a la Constitución Federal, publicada en el

Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, en la referida

entidad se estaba llevando a cabo un proceso electoral, o bien, se encontraba próxima su

realización.

Según la Corte, es válido concluir que en el caso del Estado de Puebla, el último proceso

electoral para renovar a los integrantes del Congreso y a los miembros de los

Ayuntamientos locales inició el quince de marzo de dos mil siete, con la sesión de

instalación del Instituto Electoral local, y concluyó el doce de agosto de dos mil ocho,

con la resolución definitiva a la impugnación de los resultados de la elección

extraordinaria del Municipio de General Felipe Ángeles.

Lo anterior se estima así, si se toma en cuenta que un proceso electoral ordinario es

aquél que se realiza en los plazos y términos previamente establecidos en la ley, en tanto

que el extraordinario constituye, precisamente, una cuestión excepcional, para el caso de

que cuando con base en el propio proceso electoral ordinario no se logre por cualquier

causa la elección de representantes populares, es decir, el extraordinario surge como una

consecuencia legal y necesaria del ordinario, en los casos en que por alguna de las

causas previstas por la ley no se haya logrado la designación de las personas que han de

fungir como representantes de la voluntad popular, por lo cual se estima que ambos tipos

de proceso guardan una estrecha vinculación que no permite disociarlos en ningún caso.

Es importante señalar que a la fecha de entrada en vigor del texto vigente de la

Constitución Federal, en el Estado de Puebla tenía verificativo un proceso electoral, por lo

que se ubica en el caso de excepción; de manera tal, que resultaba indispensable la

culminación de dicho proceso para establecer el momento del nacimiento de la obligación

constitucional a cargo de la entidad.

Luego, tomando en cuenta que al haberse determinado que la fecha en que culminó el

proceso electoral en el Estado de Puebla lo fue el doce de agosto de dos mil ocho,

entonces es válido concluir que el plazo correspondiente para llevar a cabo las

adecuaciones de la normatividad electoral del Estado de Puebla a la Constitución Federal

inició el trece de agosto de dos mil ocho y concluye el mismo día de dos mil nueve.

Bajo este contexto, cobra relevancia el hecho de que tanto a la fecha de inicio de las

presentes acciones de inconstitucionalidad acumuladas, como a la de emisión de esta

ejecutoria, el plazo constitucional otorgado al Estado de Puebla aún no ha culminado.

Así, tomando en cuenta esta circunstancia es que los argumentos de invalidez hechos

valer por los partidos Acción Nacional y Convergencia, resultan infundados.

En este sentido, si el Estado de Puebla expidió la reforma a su ley fundamental dentro del

plazo constitucional con el propósito de adecuarla al texto de la Constitución Federal

vigente, en materia electoral, como se dijo, no se actualiza la omisión absoluta alegada

por el partido político promovente.

Por otra parte, el hecho de que a la fecha de presentación de esta acción de

inconstitucionalidad y de la emisión de esta ejecutoria, el Estado de Puebla únicamente

haya expedido la reforma constitucional local, sin haber adecuado su legislación

secundaria en la materia, tampoco actualiza la omisión legislativa alegada, puesto que,

como ha quedado señalado aún se encuentra transcurriendo el plazo constitucional para

que la entidad federativa adecue su normatividad local.

También es de resaltar que aún y cuando el Estado de Puebla no hubiere emitido norma

alguna con la cual diera cumplimiento a su obligación constitucional de adecuar su

legislación al actual texto de la Constitución Federal en materia electoral, la presente

acción de inconstitucionalidad resultaría improcedente, puesto que, como lo ha

sustentado la mayoría de la Suprema Corte, en este medio de control constitucional sólo

procede contra normas generales que hayan sido promulgadas y publicadas en el

correspondiente medio oficial, por lo que no es posible impugnar una omisión legislativa

de carácter absoluto.

Violaciones al procedimiento

El partido promovente señala que el proceso legislativo a través de cual se reformó la

Constitución Política del Estado de Puebla, violó los artículos 16, primer párrafo (principio

de legalidad), 39, 40, 41, (principios de la democracia liberal representativa) 115, 116 y

124 (límites a la soberanía interna de los estados), porque las tres iniciativas que le dieron

origen, fueron dictaminadas por el grupo parlamentario de la mayoría y votadas al día

siguiente sin dar oportunidad para el estudio y análisis de las iniciativas, esto es,

excluyendo a la minoría parlamentaria de modo tajante la participación en el debate

público.

Para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo redundan en violación a los

principios de legalidad y de debido proceso reconocidos en los artículos 14 y 16 de la

Constitución Federal y, por tanto, provocan la invalidez de las normas emitidas, la

Suprema Corte, al resolver las acciones de inconstitucionalidad antes referidas, consideró

que las violaciones cometidas en el procedimiento legislativo son trascendentes cuando

inciden en la calidad de la decisión si no se satisfacen los siguientes parámetros:



En otras palabras, es necesario que se respeten los cauces que permitan, tanto a las




los debates.




Según la Corte, de las constancias de autos se advierte que sí fueron tomadas en cuenta

las iniciativas de reforma presentadas tanto por el Partido Acción Nacional como Nueva

Alianza, puesto que, en un primer momento, fueron recibidas y turnadas –al día siguiente

de su recepción, esto es, el veintiocho de octubre de dos mil ocho y veintinueve de enero

de dos mil nueve, respectivamente– a la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos

Constitucionales del Congreso local.

De igual forma, en un segundo momento, también fueron tomadas en cuenta las

mencionadas iniciativas por parte de la Comisión dictaminadora, puesto que las mismas

fueron discutidas al seno de la Comisión, como se advierte del propio dictamen, el cual,

fue aprobado por mayoría de cinco votos –cuatro Diputados del Partido Revolucionario

Institucional y uno del Partido de la Revolución Democrática–, en contra de los dos

emitidos por los representantes del Partido Acción Nacional; incluso, es de resaltar que en

el propio texto del Dictamen, se hizo constar el sentido del voto en contra de la propia

fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

Así, queda de manifiesto, que en el caso sí se llevo a cabo una deliberación al interior de

la Comisión dictaminadora, por lo cual, no se excluyeron de facto las iniciativas

presentadas, por los diferentes partidos políticos representados en el Congreso local, ni

se dictaminaron de manera nominal las iniciativas, por lo que no se actualiza la violación

aducida por el promovente de esta acción de inconstitucionalidad.

De igual forma, tampoco puede considerarse que con la emisión del Dictamen relativo se

haya vulnerado precepto fundamental alguno, puesto que con posterioridad dicho

instrumento se sometió a la consideración del Pleno Legislativo para su discusión y

posterior aprobación tanto en lo general como en lo particular.

Efectivamente, en el caso, tampoco se puede considerar que durante el proceso

legislativo que dio origen a la reforma impugnada se haya impedido la participación de las

diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado de Puebla, puesto

que, como puede observarse del acta de la versión estenográfica de la sesión plenaria

ordinaria celebrada el doce de febrero de dos mil nueve –fojas 177 a 264 del cuaderno

formado con las pruebas remitidas por el Congreso del Estado de Puebla–, los integrantes

de las diversas fracciones partidistas representadas en la Legislatura estatal hicieron uso

de su derecho a expresar lo que a su juicio correspondía con relación a las reformas

constitucionales materia del Dictamen legislativo, procediendo posteriormente a emitir su

voto.

Por otra parte, el argumento relativo a que en el caso no existió equidad en el tratamiento

de las iniciativas presentadas para reformar la Constitución Estatal, debido a la diferencia

temporal en su presentación y posterior dictamen, resulta igualmente infundado, puesto

que el orden normativo local aplicable –Constitución, Ley Orgánica del Poder Legislativo y

su Reglamento interior– no prevén plazo alguno para la emisión del Dictamen por parte de

la Comisión respectiva de las diferentes iniciativas de reforma; no obstante esto, no debe

perderse de vista que, como ya se señaló, todas las iniciativas presentadas en el caso,

fueron objeto del Dictamen legislativo cuya constitucionalidad controvierte el Partido

Acción Nacional.

En la misma tesitura, el hecho de que las reformas constitucionales estatales hayan sido

aprobadas con celeridad por parte del órgano legislativo, no implica violación alguna al

texto constitucional, puesto que a pesar de esa circunstancia, se tiene que todas las

fuerzas política tuvieron participación expresando sus puntos de vista con relación a la

citada reforma; además, en todo caso, ese aspecto quedaría superado al haberse

aprobado el texto correspondiente tanto por el Pleno Legislativo, como por la mayoría de

los Ayuntamientos de la entidad, al tratarse de una reforma a la Constitución estatal.

Entrada en vigor

El partido promovente señala que el artículo Tercero Transitorio del Decreto impugnado

es contrario al texto y al espíritu del artículo Sexto Transitorio del Decreto de reforma a la

Constitución General de la República, publicado el trece de noviembre de dos mil siete,

porque sin fundamento constitucional o legal alguno posterga la entrada en vigor de la

reforma local hasta el año dos mil trece, no obstante las adecuaciones a las legislaciones

locales debieron realizarse dentro del término de un año improrrogable para efecto de que

entrasen en vigor en ese mismo plazo, en términos de cualquiera de los supuestos

establecidos en el referido artículo Sexto Transitorio, esto es, a partir del trece de

noviembre de dos mil siete –fecha en que se publicó la reforma constitucional– o cuando

terminase el proceso electoral local, pero en ambos casos los actos legislativos no sólo

debieron ser materializados en los actos legislativos formales y materiales, sino también

debieron entrar en vigor dentro del término impuesto por la Constitución General de la

República.

En el presente caso, la próxima jornada electoral en el Estado de Puebla tiene lugar en el

año dos mil diez, como se advierte del informe rendido por el Instituto Electoral local que

obra a fojas 311 del expediente, mientras que los comicios federales se realizarán en el

año dos mil nueve, por lo que le es aplicable la obligación establecida en la Norma

Fundamental, en cuanto debe señalarse como fecha de la jornada electoral el primer

domingo de julio del año que corresponda.

Asimismo, se advierte que con motivo de la reforma a la Constitución Política del Estado,

cuya invalidez se demanda en esta vía, el Constituyente Permanente Local estableció en

el artículo 3, segundo párrafo21, y fracción II, párrafo quinto22, entre otros aspectos, que la

jornada electoral para renovar Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos

locales, se realizarán el primer domingo de julio del año que corresponda; así como que el

proceso electoral iniciará en la segunda semana de noviembre del año anterior a la

elección (estos numerales no fueron combatidos en esta acción de inconstitucionalidad

acumulada).

El Constituyente Permanente Estatal establece que la uniformidad de la jornada electoral,

que debe llevarse a cabo el primer domingo de julio del año correspondiente a la elección

de Gobernador, Diputados o Ayuntamientos locales, será hasta el primer domingo de julio

de dos mil trece. Es decir, aun cuando se reformó la Constitución local para establecer

que las elecciones en el Estado se celebrarán el primer domingo de julio del año que

corresponda, establece una excepción a esa disposición, lo que resulta inconstitucional,

pues, como se ha señalado, el Estado de Puebla se encuentra en el supuesto de

obligación de establecer la jornada electoral el primer domingo de julio del año

correspondiente, sin que pueda admitirse que la entidad federativa pueda establecer una

excepción, ni siquiera por única ocasión, ante la existencia del referido mandato

constitucional que, como tal, está obligada a cumplir, realizando, en su caso, los ajustes

legales necesarios para ello, sin que pueda admitirse que el pleno respeto al mandato

constitucional deba estar sujeto a los calendarios electorales locales, sino a la inversa, por

lo que debe declararse la invalidez del artículo tercero transitorio impugnado.


formular su opinión concluyó lo siguiente: no se emite opinión alguna sobre la

violación del proceso legislativo de reforma aducida por el Partido Acción Nacional, así

como de la inconstitucionalidad aducida por el partido Convergencia sobre el artículo

Segundo Transitorio, por establecer que el artículo 116, fracción IV, inciso a)

constitucional no se aplique sino hasta el año dos mil trece.

Que a pesar de que la reforma constitucional local no se hizo en tiempo, no obstante no

se trate de un tema de su opinión, toda vez que tiene que ver con el procedimiento y la

oportunidad de la reforma, considera fundado que no existe justificación alguna para

prorrogar la uniformidad de la jornada electoral hasta julio de dos mil trece.

Que resultan fundados los argumentos esgrimidos por los promoventes en contra del

artículo Tercero Transitorio.

JURISPRUDENCIAS: NO EXPEDIENTE: 71/2009 y sus acumuladas 72/2009, 73/2009, 75/2009, 76/2009 y 78/2009

ESTADO: Sinaloa

ACTOR: Diputados Integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, PT, PRD, PAN Procurador General de la República


Congreso del Estado de Sinaloa


el Decreto 397, por virtud del cual se reformó la Ley Electoral del Estado de Sinaloa


1o., 6o., 7o., 14, 16, 41, 49, 99, 116, fracciones II y IV, y 133

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Son parcialmente procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad. Se sobresee en relación con los artículos 14, 24, párrafo segundo, segundo enunciado; 30, párrafo primero; y 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; así como respecto de los artículos 4o., 12, fracción II, inciso b); y 49 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa.

Se desestiman las acciones de inconstitucionalidad respecto de la omisión legislativa en la que supuestamente incurrieron los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Sinaloa de legislar en términos de lo dispuesto en los tres últimos párrafos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se reconoce la validez de los artículos 15, párrafo primero, y 144, párrafo primero, de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, reformados mediante Decreto 397, publicado en el Periódico Oficial de ese Estado el primero de octubre de dos mil nueve, y se determina la inaplicación del artículo 14 de la Constitución Política del Estado de

Sinaloa en cuanto a la fecha en que tendrán lugar las respectivas jornadas electorales, atendiendo a lo previsto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se declara la invalidez del artículo 202 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, reformado mediante Decreto 397, publicado en el Periódico Oficial de ese Estado el primero de octubre de dos mil nueve, en la porción normativa que establece: "…y recibirán remuneración únicamente durante el proceso electoral. Se exceptúa de lo anterior, la Sala de Reconsideración, la que funcionará en forma permanente y sus integrantes recibirán la remuneración correspondiente."

MINISTRO PONENTE


VOTOS PARTICULARES

No


SUP-OP-19/2009, SUP-OP-20/2009, SUP-OP-23/2009.

RESUMEN

Los legisladores y partidos accionantes aducen que durante el proceso legislativo que

antecedió a la emisión del Decreto 397 que reformó, entre otros, los artículos 15, párrafo

primero; 45 (en cuanto se derogó el inciso e) de su base A); 144, párrafo primero, y 202

de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, no se respetaron las siguientes reglas:

- No se observaron los trámites legales previstos para las reformas constitucionales

locales.

- No se elaboró el correspondiente dictamen legislativo conforme a los requisitos

establecidos en la ley.

- Se infringió la regla que establece que las iniciativas dictaminadas y no aprobadas no

podrán volver a presentarse en el mismo periodo ordinario de sesiones.

- No se dio aviso al Ejecutivo del Estado, al Supremo Tribunal de Justicia, o a los

Ayuntamientos con al menos tres días de anticipación, a fin de que si lo estimaban

conveniente, enviaran a un representante, que con voz, pero sin voto, tomara parte en las

discusiones.

Son infundados los anteriores argumentos. El primero de ellos porque para la emisión del

Decreto 397 el Congreso del Estado de Sinaloa no tenía la obligación de seguir el

procedimiento previsto para las modificaciones a la Constitución Política de la entidad, en

tanto que lo que reformó dicho decreto no fue este último ordenamiento legal, sino la Ley

Electoral del Estado de Sinaloa, la cual no requiere para su adición, reforma o derogación

alguna de las formalidades que específicamente se han previsto a nivel local para alterar

el contenido de la Constitución Estatal.

Ahora, la circunstancia de que alguno de los preceptos reformados pudiera haber

violentado el principio de autoridad formal de la ley, por no haber observado los mismos

trámites establecidos para la emisión del ordenamiento de mayor jerarquía del cual deriva

-como sería la Constitución local- constituye un aspecto que no es posible analizar

preferentemente desde la perspectiva de una probable violación al proceso legislativo, ya

que en estos casos la infracción a las reglas que regulan el proceso de creación de las

normas de rango superior sería una mera consecuencia de que la norma subordinada

hubiera rebasado lo dispuesto en la ley cuyo contenido es su justificación y medida, en el

orden jurídico local.

Por tanto, una vez que se analice, y en su caso se declare, que alguno de los preceptos

legales reclamados desbordó lo dispuesto en la Constitución local, se estará en

condiciones de hacer el estudio correspondiente al concepto de invalidez relacionado con

la presunta violación al principio de autoridad formal de la ley, de manera que por el

momento sólo es necesario verificar si el Decreto 397 reclamado cumplió o no con las

prescripciones destinadas para regular el proceso de reformas de las disposiciones

locales que no requieren de un procedimiento rígido para su creación.

El segundo argumento en el sentido de que no se elaboró el correspondiente dictamen

legislativo conforme a los requisitos establecidos en la ley, también es infundado, ya que

el correspondiente dictamen legislativo que antecedió al Decreto 397 citado, contiene una

parte considerativa y otra resolutiva, en las que respectivamente se exponen, de manera

clara y sencilla, las razones y textos legales propuestos que se estimaron adecuadas para

poner en conocimiento del pleno del Congreso del Estado de Sinaloa, a fin de que si este

órgano legislativo lo consideraba conveniente se aprobaran las reformas presentadas

para su discusión y, en su caso, para su votación favorable.

Según la Corte, el dictamen que antecedió a la emisión del Decreto 397 sí observó las

reglas esenciales que lo rigen, las cuales se encuentran contenidas en el artículo 148 de

la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, ya que 1) consta por escrito; 2)

contiene los fundamentos de la propuesta; y 3) precisa la descripción numerada de los

artículos sobre los que, en su caso, recaería la votación; con todo lo cual quedaron

satisfechos los requisitos legales establecidos para la elaboración de los dictámenes

legislativos.

El tercer argumento es infundado porque no existe evidencia en autos de que el dictamen

legislativo que antecedió al Decreto 397 que reformó la Ley Electoral del Estado de

Sinaloa, hubiera sido presentado a la sesión plenaria del Congreso y que el mismo

hubiera sido inicialmente rechazado, sino todo lo contrario, es decir, obra en el expediente

la relación de hechos descrita en el correspondiente debate en el cual se advierte que el

día de su presentación el dictamen relativo mereció la aprobación de la mayoría de los

legisladores.

Finalmente, también es infundado el argumento en el sentido de que no se dio aviso al

Ejecutivo del Estado, al Supremo Tribunal de Justicia, o a los Ayuntamientos para que, en

su caso, tomaran parte en las deliberaciones previas a la aprobación del correspondiente

dictamen legislativo, en términos del párrafo tercero del artículo 163 de la Ley Orgánica

del Congreso del Estado de Sinaloa, el cual establece que "Tres días a lo menos, antes

de la discusión de las Leyes o Decretos, o con la oportunidad necesaria, la Cámara

dará aviso al Ejecutivo del Estado, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a los

Ayuntamientos, en sus respectivos casos, a fin de que si lo estiman conveniente,

envíen un Representante para que con voz, pero sin voto, tome parte de las

discusiones."; ya que las constancias de autos desmienten esta apreciación de los

accionantes, pues en las páginas 315 a 334 del cuaderno de pruebas del Congreso

demandado obran los correspondientes oficios mediante los cuales se notificó a las

entidades públicas citadas en primer término la fecha programada para la discusión del

dictamen que antecedió la emisión del Decreto 397.




ESTADO: Hidalgo

ACTOR: PRD, PT, Diputados Integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo


Congreso del Estado de Hidalgo


Decreto número 209, publicado el seis de octubre

de dos mil nueve en el Periódico Oficial del Estado

de Hidalgo, en cuanto modifica el artículo 29 de la

Constitución Política de la entidad, así como los

artículos transitorios quinto, séptimo y noveno de

dicho Decreto


1°, 14, 16, 40, 41, 116, fracciones II y IV, incisos a), b), d) y l), y 133

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Son procedentes e infundadas las presentes acciones de inconstitucionalidad.

Se desestiman las acciones de inconstitucionalidad respecto del artículo 29 de la Constitución del Estado de Hidalgo, reformado

mediante el Decreto 209 de reformas a la Constitución del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad de seis de octubre de dos mil nueve.

Se reconoce la validez de los artículos Quinto, Séptimo y Noveno transitorios del Decreto 209 de reformas a la Constitución del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad de seis de octubre de dos mil nueve, así como de su proceso legislativo.

MINISTRO PONENTE


VOTOS PARTICULARES

No


SUP-OP-25/2009, SUP-OP-26/2009. No se

pronunció sobre el particular.

RESUMEN

Los diputados y partidos accionantes aducen que el proceso legislativo de que deriva el

Decreto impugnado contraviene el principio de legalidad establecido en los artículos 14 y

16 de la Constitución Federal, en tanto las autoridades están obligadas a fundar y motivar

sus actos y los órganos legislativos deben regirse por las premisas políticas que derivan

de los artículos 39, 40 y 41 de la citada Constitución.

Sostienen que los principios y valores democráticos no se cumplen en el caso, pues el

Decreto impugnado es producto de un proceso legislativo sumarísimo y arbitrario que

impidió a las distintas fuerzas políticas conocer, analizar y discutir la iniciativa, pues la

misma se presentó, se dictaminó y se emitió el Decreto impugnado en seis días, sin

llevarse a cabo la deliberación democrática requerida respecto del contenido, calidad,

implicaciones y alcances.

Concretamente, se sostiene que no se respetó la mesa de trabajo que se instaló para la

reforma electoral, pues cuando aún se encontraba trabajando, el Gobernador

unilateralmente envió la iniciativa relativa sin que los partidos políticos se hubieran puesto

de acuerdo; el dictamen se entregó a los integrantes del Congreso una hora antes del

inicio de la sesión en que se aprobaron, lo que provocó su desconocimiento y una

deficiente discusión; se realizó la dispensa de trámite de su lectura integral, pues sólo se

leyeron los considerandos y los transitorios pero no el articulado, vulnerándose el derecho

de los integrantes del órgano legislativo para estudiar, deliberar y discutir ampliamente,

máxime que se trata de reformas en materia electoral, que requieren de amplia

participación social.

En el proceso legislativo se señaló que el tiempo para realizar reformas vencía el dieciséis

de octubre de dos mil nueve, lo que es incorrecto ya que en realidad iniciaba el periodo de

un año a que alude el artículo Sexto transitorio de la reforma impugnada pues apenas

había finalizado el proceso electoral federal en la entidad.

Según la Corte, en el caso concreto se respetaron esas disposiciones, sin que pueda

estimarse lo contrario por el solo hecho de que entre la presentación de la iniciativa

correspondiente y la publicación del Decreto impugnado hayan transcurrido únicamente

seis días.

Lo anterior se afirma en virtud de que el procedimiento de reformas y adiciones se ajustó

a la normativa aplicable, ya que la iniciativa del Ejecutivo local se turnó a la Primera

Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, en donde se examinó,

discutió y elaboró el dictamen correspondiente, mismo que se incluyó en la orden del día

de la sesión ordinaria del primero de octubre de dos mil nueve de la Sexagésima

Legislatura del Congreso del Estado, en la que se le dio lectura, se discutió en lo general

y en lo particular, habiéndose escuchado a los diputados que se inscribieron para

participar tanto a favor como en contra, por lo que se instruyó la elaboración de la minuta

proyecto de decreto y su envío a los ochenta y cuatro Ayuntamiento del Estado para su

sanción.

Además, consta que en la sesión ordinaria del seis de octubre de dos mil nueve, la

Sexagésima Legislatura del Congreso tuvo por aprobadas definitivamente las reformas y

adiciones a la Constitución, al haberse recibido la sanción de sesenta y uno de los

Ayuntamientos de la entidad, por lo que se ordenó la remisión del Decreto al Ejecutivo

para su publicación.

Es inexacto, por tanto, que durante el procedimiento legislativo correspondiente y dada la

premura con que se realizó, no se hubiera llevado a cabo la deliberación democrática que

garantizara la participación de las diferentes fuerzas políticas representadas en el

Congreso del Estado de Hidalgo.

En efecto, antes de que el Gobernador de la entidad enviara la iniciativa de reformas y

adiciones a la Constitución local, convocó a reuniones de trabajo relacionadas con las

mismas, en las que estuvieron presentes los presidentes, dirigentes o coordinadores

estatales de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde

Ecologista de México, del Trabajo, de Convergencia, Nueva Alianza y de la Revolución

Democrática. Se destaca lo anterior porque si bien estas reuniones de trabajo son ajenas

al procedimiento de reformas y adiciones aludidas, son un antecedente claro del

conocimiento e intervención previos que se dio a las distintas fuerzas políticas

representadas en el Congreso local, respecto de dichas adiciones y reformas.

Asimismo, se advierte que en la sesión de la Primera Comisión Permanente de

Legislación y Puntos Constitucionales estuvieron presentes no sólo los cinco diputados

que la integran sino veinticuatro diputados más, esto es, veintinueve de los treinta

diputados que integran el Congreso del Estado de Hidalgo, a los que previamente se

había entregado la iniciativa del Ejecutivo, así como que en la sesión se permitió intervenir

y discutir a todos los diputados que quisieron hacerlo, entre ellos, diputados de los

Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México, de

Nueva Alianza y de la Revolución Democrática.

Asimismo, del acta de la versión estenográfica de la sesión plenaria ordinaria celebrada el

primero de octubre de dos mil nueve, se advierte que los integrantes de las diversas

fracciones partidistas representadas en la Legislatura estatal hicieron uso de su derecho a

expresar lo que a su juicio correspondía con relación a las reformas constitucionales

materia del Dictamen legislativo, procediendo posteriormente a emitir su voto.

En consecuencia, si bien las reformas constitucionales estatales fueron aprobadas con

celeridad por parte del órgano legislativo, ello no se tradujo en violación alguna al

constitucional normatividad aplicable, ni provocó que se impidiera la participación de todas

las fuerzas políticas representadas en el Congreso local, pues todas participaron en la

deliberación y discusión relativas expresando sus puntos de vista; además, en todo caso,

ese aspecto quedaría superado al haberse aprobado el texto correspondiente tanto por el

Pleno Legislativo, como por la mayoría de los Ayuntamientos de la entidad, al tratarse de

una reforma a la Constitución estatal.

En conclusión, en el caso se advierte que el procedimiento de reformas y adiciones a la

Constitución del Estado de Hidalgo cumple con los tres principios que la Suprema Corte

ha determinado deben ser respetados para que se cumplan las garantías de debido

proceso y legalidad,28 ya que se respetó el derecho a la participación de todas las

fuerzas políticas con representación parlamentaria en el Congreso de la entidad, en

condiciones de libertad e igualdad; el procedimiento deliberativo culminó con la correcta

aplicación de las reglas de votación establecidas en la normatividad aplicable; y, por

último, tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones fueron públicas.


formular su opinión concluyó lo siguiente: Se omite formular opinión en torno a las

violaciones en el procedimiento legislativo que dio lugar a la reforma a la Constitución del

Estado de Hidalgo que se aducen, en virtud de que tal planteamiento de

inconstitucionalidad no es un tema exclusivo de derecho electoral, sino que pertenece a la

ciencia del derecho en general y del derecho constitucional en lo particular.


ESTADO: Nayarit

ACTOR: PAN, PRD, Convergencia

ÓRGANO LEGISLATIVO EMISOR DE LA NORMA

Congreso del Estado de Nayarit

IMPUGNADA:


Decreto por el que se reforman los artículos 27, fracción II, 29, 47, fracción XVII, 62, fracción III, 109, fracción IV y 135, apartado B en sus fracciones I, II y IV y apartado C en su párrafo segundo y se adiciona un párrafo último al artículo 91 y una fracción III al artículo 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit


1°, 14, 16, 39, 40, 41, 99, 115, 116 y 135

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Son procedentes y fundadas las acciones de inconstitucionalidad. Se declara la invalidez del Decreto por el que se reforman los artículos 27, fracción II, 29, 47, fracción XVII, 62, fracción III, 109, fracción IV y 135, apartado B en sus fracciones I, II y IV y apartado C en su párrafo segundo; y se adiciona un párrafo último al artículo 91 y una fracción III al artículo 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, publicado el veintidós de junio de dos mil diez en el Periódico Oficial del Gobierno de dicho Estado.

MINISTRO PONENTE


VOTOS PARTICULARES

No


SUP-OP-4/2010, SUP-OP-5/2010, SUP-OP-6/2010. No se pronunció.

RESUMEN

Los partidos políticos aducen invalidez del decreto por la presunta falta de aprobación del

decreto reclamado por parte de las dos terceras partes de los Ayuntamientos.

Según la Corte, de los documentos que obran en autos se deduce que la declaratoria de

aprobación del decreto de reformas constitucionales que se reclama, incurrió en un grave

vicio que la invalida, ya que se apoyó en ocho actas de sesión de cabildo en las que no

consta la firma del respectivo Secretario del Ayuntamiento, y por tanto de dudosa

autenticidad, lo cual no se supera aunque al comienzo de su texto se hubiera mencionado

que dicho servidor público leyó ante los munícipes el texto de dicho decreto, pues tal

narrativa carece de valor legal si no está respaldada por la suscripción del acta relativa

por este funcionario.

Consecuentemente, si en las actas mencionadas sólo nominalmente se menciona que

intervino el Secretario del Ayuntamiento, pero sin ostentar su firma, y peor aún,

sustituyéndolo en un caso (Ayuntamiento de Rosamorada) por testigos de asistencia, sin

motivar la ausencia de aquél, es incuestionable que por ningún motivo puede admitirse

que se tiene la certeza de que las sesiones de cabildo se celebraron en los términos y

resultados con que se les pretende presentar ante el Congreso local.

Por otra parte, tampoco se supera ese vicio formal de la falta de firma del correspondiente

Secretario, por la circunstancia de que en el oficio mediante el cual algunas de esas ocho

actas fueron enviadas al Congreso del Estado, sí aparezca la firma de dicho servidor

público, ya que se trata de un documento distinto que no subsana la carencia de la

suscripción del acta, pues tratándose de ésta lo que se trata de reflejar es la voluntad del

órgano colegiado plasmada en un documento (acta) y, en cambio, el oficio del Secretario

constituye simplemente la potestad individual de un funcionario, materializada en un

escrito propio, que no necesariamente es demostrativo de la postura finalmente adoptada

por el cabildo.

En otro aspecto, con relación a la inobservancia del plazo legalmente previsto para la

citación de los integrantes del ayuntamiento y a la rapidez con la que actuaron los

mismos, quienes, a juicio del Partido Acción Nacional, apresuraron el procedimiento de

aprobación hasta un punto inverosímil, sólo resta señalar que la premura con la que

actuaron no revela en modo alguno un vicio en la voluntad de sus integrantes, sino más

bien la intención de considerar a la reforma constitucional local como un asunto de

urgente y obvia resolución que exigía ser atendido de inmediato, sin que las

inconsistencias advertidas en algunas de las fechas de citación a las correspondientes

sesiones del cabildo, tengan necesariamente un efecto invalidante, ya que bien pudo

tratarse de meros errores mecanográficos que en alguna medida son justificables por la

brevedad con la que el asunto se tramitó.

Finalmente, respecto a la presunta existencia de dos posturas contradictorias por parte de

los Ayuntamientos de Rosamorada, Ahuacatlán y Santa María del Oro, no es el caso de

abordar el análisis de tal concepto de invalidez, en virtud de que en los tres casos las

actas que tomó en cuenta la Diputación del Congreso del Estado de Nayarit, no ostentan

la firma del Secretario respectivo, y resultaría ocioso pronunciarse sobre los alcances de

esos documentos que carecen de valor legal.

En estas condiciones, ante lo fundado de los conceptos de invalidez relacionados con el

cómputo y declaratoria de aprobación que realizó la Mesa Directiva de la Diputación

Permanente del Congreso del Estado de Nayarit, relativo a la reforma y adición de los

artículos 27, 29, 62, 91, 109 y 135 de la Constitución Política de dicha entidad federativa,

lo procedente es declarar la invalidez total del decreto de reformas constitucionales

reclamado, sin que sea necesario el estudio de los demás argumentos de fondo, ya que

dado el sentido de la presente ejecutoria, todas las normas contenidas en dicho decreto

deben estimarse igualmente afectadas de nulidad, exclusivamente por carecer de una

declaratoria legal del voto favorable de las dos terceras partes de los Ayuntamientos del

Estado de Nayarit.



JURISPRUDENCIAS: NO EXPEDIENTE: 26/2010 y sus acumuladas 27/2010, 28/2010 y 29/2010

ESTADO: Estado de México

ACTOR: PRD, PT, Convergencia, PAN


Congreso del Estado de México


Los decretos números "164 y 165", mediante los que se reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México; Los decretos números 171, 172, 173, 174, 175 y 176" mediante los que se reformó el Código Electoral del Estado de México


1º; 3, fracción II, inciso a); 6º, 9º, 14, párrafo segundo; 16, primer párrafo; 35; 39; 40; 41, fracciones I y V, párrafo II; 116; fracción IV, incisos a), b), e), h), l) y j); 99, 115, 116, 133 y 135

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Se sobresee en la Acción de Inconstitucional 27/2010, promovida por el Partido Político del Trabajo. Son procedentes pero infundadas las acciones de inconstitucionalidad 26/2010, y sus acumuladas 28/2010 y 29/2010, promovidas por los partidos políticos nacionales de la Revolución Democrática, Convergencia y Acción Nacional.

Se reconoce la validez de los decretos números "164 y 165", mediante los que se reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México.

Se reconoce la validez de los decretos números "171, 172, 173, 174, 175 y 176" mediante los que se reformó el Código Electoral del Estado de México.

MINISTRO PONENTE


VOTOS PARTICULARES

No



RESUMEN

Los partidos políticos promoventes alegan irregularidades cometidas en el procedimiento

de reforma a la Constitución Local y los artículos que consideran aplicables, básicamente

falta de motivación, dictámenes previamente elaborados al análisis y discusión en

comisiones, indebida convocatoria al Pleno para la sesión de catorce de septiembre por

falta de instalación formal del "Congreso Constituyente" y no observancia del orden del

día.

Según la Corte, si bien existieron algunas irregularidades en las sesiones plenarias y

dentro del trabajo en comisiones, de acuerdo a la valoración particular de cada una de

ellas previamente realizada la Suprema Corte estima que de una valoración integral y

agregada de las mismas, tampoco se alcanza un potencial invalidante del procedimiento

de reformas conforme a los estándares descritos en la primera parte de este estudio. Esto

es así ya que en ningún momento se verificó la exclusión de alguna de las minorías del

proceso de discusión, ni se evidenció un mal manejo de los documentos o de la

información para evitar que los diputados estuvieran debidamente informados en cada

una de las fases de discusión y votación.

La Suprema Corte considera que independientemente de que efectivamente las minutas

hayan sido recibidas en horas no laborales y en las oficinas que señala la parte actora, se

advierte que sí fueron conocidas por los Ayuntamientos. Ello se desprende de la

existencia de las constancias que, como ya se dijo, prueban que ciento doce

Ayuntamientos celebraron sesiones de Cabildo para la presentación, estudio y discusión

de aquéllas y que, posteriormente, ciento siete las aprobaron. Es decir, los informes

enviados por la legislatura demuestran que la totalidad de los Ayuntamientos

efectivamente recibieron las minutas y además, se tiene constancia de que la mayoría

actuó en consecuencia al celebrar la sesión de Cabildo correspondiente para su

aprobación o rechazo.

En relación con la impugnación relativa a la ausencia de un oficio que acompañe a las

actas de Cabildo o las certificaciones remitidas por los Ayuntamientos al Congreso, debe

decirse que resultan infundadas. El hecho de que los Ayuntamientos no hayan

acompañado dichos documentos con un escrito de mera remisión no puede considerarse

una cuestión que sea relevante para el correcto desarrollo del procedimiento legislativo,

pues en todo caso, lo que resulta importante es que el Legislativo cuente con los

documentos necesarios para identificar de manera fehaciente cuál fue la voluntad del

Cabildo. Dichos documentos son, precisamente, el acta de Cabildo o la certificación que

el Secretario realice respecto a la aprobación o rechazo de las minutas.

El artículo 6 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece que son ciento

veinticuatro municipios los que integran el Estado de México. No obstante lo anterior, del

listado de municipios que se aprecia en el mismo artículo se advierte que son ciento

veinticinco municipios los que lo integran. En este entendido, si el artículo 148 de la

Constitución local66 establece que se requiere el voto aprobatorio de la mitad de los

ayuntamientos para aprobar una reforma a la misma, es decir, que sesenta y cuatro

ayuntamientos la aprueben. Ahora bien, en el caso concreto y conforme a la tabla

anterior, se aprecia que respecto de la reforma del párrafo tercero y derogación de los

párrafos quinto y séptimo del artículo 12 de la Constitución local se emitieron válidamente

noventa; y en relación con la reforma al párrafo décimo cuarto del referido artículo fueron

ochenta y seis votos emitidos válidamente. De lo anterior se desprende que las minutas

que contenían la propuesta de reforma de los párrafos tercero y décimo cuarto y

derogación de los párrafos quinto y séptimo del artículo 12 de la constitución fueron

aprobadas por la mayoría requerida por el artículo 148 del mismo ordenamiento.



JURISPRUDENCIAS: NO EXPEDIENTE: 24/2011 ESTADO: Tabasco

ACTOR: PRD


Congreso del Estado de Tabasco


El Decreto 107, por el cual se reforman los artículos 7, fracción II, 29, primer párrafo, 76, 77, 78, primer párrafo, 90, fracción III, 91, 93, último párrafo, 98, fracciones I, inciso a) y IV, inciso b), 133, 135, primer párrafo, 137, fracciones VI y XXVII; 151, primer párrafo, 161, primer párrafo, 200, primer y tercer párrafo, 202, fracción VI, incisos a) y b), 210, primer párrafo, 218, segundo párrafo, 219, fracciones I, II, III y IV, y penúltimo párrafo, 225, punto 1, incisos a), b) y c), 232, tercer párrafo, 233, 237, fracciones I, II, III, V, VI, VII, 239, fracciones I, II, IV, V, VI, 242, primer párrafo, 245, fracción I, 247, fracción VIII, 261, fracción II, 266, fracción I, incisos c) y d) de la fracción II y su tercer párrafo; se adicionan al artículo 34 los párrafos segundo y tercero, el inciso c) a la fracción VI del artículo 202, 233, fracciones I, II y III, el inciso e) del artículo 266, todos de la Ley Electoral del Estado de Tabasco


16, 41,116 y 133

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 225, párrafo último, de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, en los términos precisados en el

considerando cuarto de este fallo.

Se desestima la acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 76 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, en los términos precisados en el considerando quinto, apartado III.a), de esta resolución.

Se declara la invalidez de los artículos 78, párrafo primero, 93, párrafo último y 225, punto 1, incisos a), b) y c), de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, en los términos precisados en el considerando quinto, apartados III.c), IV.c) y V, de esta sentencia, para los efectos precisados en su último considerando, entre otros, la reviviscencia únicamente para el siguiente proceso electoral, del texto anterior de los referidos 93, párrafo último y 225, punto 1, incisos a), b) y c); y en la inteligencia de que dicha declaración de invalidez surtirá efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Tabasco.

Se reconoce la validez del procedimiento legislativo que precedió al Decreto impugnado en esta acción de inconstitucionalidad así como la de los artículos 34, párrafo segundo, 77, 90, fracción III y 91, fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, en los términos precisados en el considerando quinto, apartados I, II, III.b), IV.a) y IV.b), de este fallo.

MINISTRO PONENTE

Jorge Mario Pardo Rebolledo

VOTOS PARTICULARES

Sí, Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo



RESUMEN

El promovente aduce que el Congreso del Estado de Tabasco aprobó las reformas que no

tenían relación con el tema fundamental que se relacionaba con homologar el proceso

electoral al proceso federal y que las modificaciones no fueron discutidas en el debate

parlamentario; que se omitió analizar y legislar sobre temas que sí resultaban necesarios;

y, en particular, que se omitió analizar el último párrafo del artículo 225 que sí tenía

relación con el tema fundamental de la reforma; que no se razona, funda, ni motiva

adecuadamente la adición de dos párrafos el numeral 34, y que en el dictamen no se

explican las razones por las que se modificaron los artículos 76, 77 y 78, porque en dichos

conceptos de invalidez, se impugnan violaciones, en su concepto, cometidas en el

proceso legislativo de reformas y adiciones a la ley electoral local.

La Corte, después de analizar los hechos que se desarrollaron en el transcurso del

procedimiento legislativo, determinó que sí se agotó el procedimiento legislativo en los

términos precisados en la legislación correspondiente y, en consecuencia, que es

infundado el concepto de invalidez.

No obsta para la anterior determinación, la circunstancia a la que alude el accionante, en

cuanto a que en ninguna de las tres iniciativas que de acuerdo con el propio dictamen,

fueron tomadas en cuenta para la elaboración de la iniciativa del Decreto que se analiza,

se propuso la modificación o reforma de los artículos 34, 76, 77, 78, 90, 91 y 93 de la Ley

Electoral del Estado de Tabasco, porque dicha circunstancia de ninguna manera

demuestra la existencia de una violación de carácter formal y, mucho menos, que ésta

pueda trascender de manera fundamental a la norma misma.

Se afirma lo anterior, porque la iniciativa de ley o decreto, como causa eficiente que pone

en marcha el mecanismo de creación de la norma general para satisfacer y atender las

necesidades que requieran cierta forma de regulación, fija de alguna manera el debate

parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que ello signifique que la

discusión no pueda abordar otros temas que por razón de su íntima vinculación con la del

proyecto, deban regularse también para ajustarlos a la nueva normatividad.

Por virtud de la potestad legislativa que tienen los asambleístas para modificar y adicionar

el proyecto de ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden cambiar la propuesta

dándole un enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, porque ni de la

Constitución Local, ni de la legislación secundaria sobre el tema, se desprende que exista

una prohibición hacia la legislatura estatal para cambiar las razones o motivos que dieron

origen al proyecto de ley o decreto, si no que, por el contrario, lo permite.


formular su opinión concluyó lo siguiente: no puede asumir una posición en relación

con el análisis de las violaciones de carácter formal en el proceso legislativo, por ser dicha

materia, ajena al ámbito de especialidad de dicho órgano constitucional.

proceso legislativo - tribunal electoral del poder ... · poder judicial de la federación a...

Documents