PRINCIPIO DE LEVISIDAD O ANTIJURICIDAD MATERIAL

Integrantes:Alexa ArangoPaula Andrea Sánchez

Antijuridicidad. Es el acto voluntario típico que contraviene el presupuesto de la norma penal, lesionando o poniendo en peligro bienes e intereses tutelados por el Derecho. La antijuridicidad es un juicio impersonal objetivo sobre la contradicción existente entre el hecho y el ordenamiento jurídico.

ANTIJURICIDAD

La palabra lesividad es un término que se encuentra vinculado al Derecho Español (ordenamiento jurídico que rige en el Reino de España) Lesividad resulta ser un acto administrativo a partir del cual una determinada entidad administrativa considera dañino para los intereses del bien público un acto que fuera dictado por ella misma, pero con anterioridad, y que es favorable a los interesados que presentaron un recurso judicial para poder así solicitar ante la justicia la pertinente anulación de ese acto administrativo en cuestionamiento.

LEVISIDAD

ART. 11. Antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley.

Frente a delitos de peligro como el del porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, el juez ha de tener claro cuál es el ámbito de protección de la norma: prevenir actos que signifiquen potencial o inminente peligro a las condiciones de mantenimiento de la paz, de la convivencia social, de la seguridad ciudadana y, a través de estos valores, de bienes personales como la vida, el patrimonio económico, luego de lo cual, en cada caso concreto, también debe establecer si el comportamiento sometido a su consideración, significó una efectiva puesta en peligro al bien jurídico así conformado.

El principio político-criminal de lesividad, que dogmáticamente resulta aprehendido por la antijuridicidad material, guarda la denominación tradicional que viene desde el Código Penal actual, puesto que ya no aparece como un mero referente para la construcción de la dogmática, sino que se trasluce en sus propias categorías con efectos sustanciales.

fácilmente se concluye que antes y después de la Constitución Política de 1991, antes y después del Código Penal de 1980, antes y después del Código Penal del 2000, y antes y después de la presentación de la demanda de casación que ha sido analizada, la Corte se ha ocupado del tema antijuridicidad material para concluir que tanto en el pasado como en la actualidad ese principio es el mismo.

CONCLUSION