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HOJA BLANCA -noviembre 2007 #2

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En Colombia el 61% del empleo y la tercera parte de las viviendas urbanas son ilegales. En Colombia el 100% de la venta de porros es ilegal. En Colombia el 3% del PIB que aporta la cocaína también es ilegal. Y no es que aquí seamos unos zánganos vividores, lo que pasa es que en Colombia lo más ilegal de todo es la ley.

Cuando la mayoría de la gente está en la ilegalidad el problema no es la gente, el problema es la ley. Las leyes no se las inventan los congresistas ni los jueces, se las inventa la sociedad como un método de autorregulación. Los congresistas y los jueces sólo tienen la responsabilidad de escribirlas para que todo el mundo las tenga claras y, en el caso más extremo, para orientar lentamente a la sociedad hacia una mejor vida.

Pero en este país una mano de moralistas, idealistas y eurocéntricos se han despachado escribiendo papeles donde se dice como debería ser la sociedad según la Biblia, Bruselas o Nueva York, sin detenerse un segundo a considerar cuáles son las reglas implícitas en el comportamiento de los colombianos. Preferimos la ilusa tranquilidad de tener un país hermoso en los papeles y taparnos los ojos ante la descarada realidad.

Por ejemplo, nuestra constitución dice que en Colombia no habrá pena de muerte ¡Que bonito, que romántico! El Estado no tiene el derecho a quitar la vida que no dio, y otras cien profundas razones éticas. El Estado puede no con-denar a muerte a Luis Alfredo Garavito “el monstruo” violador y asesino de más de 150 niños, pero la sociedad ya lo condenó y el señor sabe que si algún día sale de la cárcel sus días están contados.

Podemos seguir complaciéndonos de nuestro humanismo al haber escrito en nuestra constitución que no se puede condenar a nadie a muerte, pero esa “huma-nidad” no es la realidad de Colombia y tratar de construirla a punta de papeles es una fantocheria.

Pero el análisis sobre la legalidad en Colombia va mucho más allá que el caso de la pena de muerte. Cuando la ley le quita a la gente el derecho a vivir digna-mente, otra ley aplica. En Colombia algu- nos eruditos decidieron consagrar la propiedad privada como el mantra de nuestro país. Pero cuando a la gente le niegan el derecho a la tierra para construir su casa, a la luz para ver a sus hijos, al agua para vivir; en esencia al derecho a una vida digna, la gente sigue su instinto de supervivencia y no la ley del Congreso. Como resultado tenemos un país esquizofrénico donde la mitad de la gente que no está luchando por sobrevivir el día a día cree que el país debe funcionar como una sociedad desarrollada.

Y los ejemplos así abundan. Cómo el espacio público y los vendedores ambulan-tes. Lo mismo con las drogas. Los señores gringos decidieron que meter drogas era

feo y dañino, y nos convencieron de perseguir, arrestar y fumigar la misma vocación emprendedora que tanto predican. Como consecuencia

tenemos una sociedad violenta que se niega a si misma y que por ende no va a superar ese problema jamás.

No estoy diciendo que personalmente crea que la lega-lización de la pena de muerte, la toma de tierras, el robo de los servicios públicos, la invasión del espacio público y la legalización de las drogas sean buenos. Lo que yo crea es irrelevante. Estoy diciendo que la sociedad colombiana en general, implícitamente ha reconocido estos comporta-mientos como aceptables y que por el bien de nuestra socie-dad la ley debía entrar a regularlos en lugar de reprimirlos.

La desconexión de las leyes de vida de los Colombianos con el orden jurídico de nuestro país engendra violencia, atraso y deslegitima al Estado. En esencia, es como si el congreso decidiera pasar una ley que contradijera la ley gravedad.

Desafortunadamente, creo que preferimos seguir pin-tando pajaritos a aceptar que las leyes según las cuales vive nuestro país no son las de Santander y Germán Vargas Lleras sino las de Ciudad Bolívar y Pablo Escobar y que eso no es malo, ni bueno sino la realidad. Lo que sí implica es que para vivir en este país vamos a necesitar una dosis de güevas y creatividad sin precedentes.

OPINIÓN

Si la ilegalidad se vuelve un asunto semántico tal vez sea posible

aspirar a la paz como algo más que un estado ideal. A continuación

una propuesta con una alta dosis de realidad.

Cuando la mayoría de la gente está en la ilegalidad el problema no es la gente, el

problema es la ley.

Pulcritud en el papel y esquizofrenia en la realidad

Por: Diego Laserna

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