ARMAS LEGALES Y SEGURIDAD: ¿SIRVE LA PROHIBICIÓN?

UNA PUBLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 60 PÁGINAS ENERO - ABRIL 2012

POLítICA DESeguridad:

7a j u s t e sNECESARIOS

Centro Seguridad y Democracia

EL DETERIORO DE LA SEGURIDAD

El retroceso de los principales indicadores demuestra que la seguridad en el país se está deteriorando y la opinión pública también lo registra de esa forma en las más recientes encuestas. En efecto, la encuesta del mes de abril de Ipsos-Napoleón Franco, la del mes de febrero de Invamer Gallup y la más reciente de Datexco registran tendencias similares de malestar ciudadano con la situación de seguridad.

Así, en la primera encuesta la opinión favorable al manejo gubernamental de la seguridad baja de 80% a 49% entre noviembre de 2010 y abril de 2012, y la seguridad se señala como el segundo tema de preocupación de los ciudadanos, solo superado por el desempleo; en la segunda encuesta, la opinión favorable de esa misma gestión es solo de 30% mientras que la desfavorable asciende al 68%, siendo la seguridad el principal tema de preocupación ciudadana; y en la tercera encuesta mencionada el 49% de los consultados considera que Colombia es menos segura que hace dos años y sólo el 29% estima que es más segura.

Todas las encuestas no pueden estar equivocadas, ni la mayoría de los colombianos pueden tener una estimación errada del deterioro de la seguridad de su entorno. En consecuencia, corresponde al Gobierno aceptar esta realidad, como un primer paso necesario para introducir los ajustes indispensables en sus estrategias de seguridad.

En este segundo número de nuestra revista analizamos los hechos que han dado origen a esta preocupación creciente de los ciudadanos por la seguridad del país que se verifica en todas las encuestas, mediante un examen de lo sucedido en la seguridad en el primer trimestre del presente año con relación a primeros trimestres de años anteriores, y con un estudio sobre el comportamiento de los ocho delitos que más afectan la seguridad urbana en las 27 principales ciudades país en los últimos años.

De igual manera, en esta entrega señalamos los que a nuestro juicio serían los principales cambios que se deberían realizar en cuanto a la seguridad, identificando los siete ajustes necesarios que en consecuencia se deberían llevar a cabo para enderezar el rumbo. Así mismo, queremos animar el debate público sobre la medida de la prohibición del porte de armas legales por parte de la ciudadanía en algunas ciudades de Colombia, señalando las limitaciones que esta medida tiene a la luz de la experiencia internacional y de nuestra propia situación local. Finalmente, presentamos a nuestros lectores un sugerente artículo de un polémico pensador británico cuyas reflexiones estimamos de gran pertinencia en la actual coyuntura que vive nuestro país.

Alfredo RangelDirectorCentro Seguridad y DemocraciaUniversidad Sergio Arboleda

Editorial

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UnIvERSIDAD SERGIO ARbOLEDA

REcTOR FUnDADORRodrigo Noguera Laborde

REcTORRodrigo Noguera Calderón

PRESIDEnTE cOnSEjO AcADémIcOOrlando García-Herreros Salcedo

vIcERREcTOR AcADémIcOGermán Quintero Andrade

cEnTRO SEGURIDAD y DEmOcRAcIADIREcTOR

Alfredo Rangel

InvestigadorRafael Ibarra

DIREcTOR DE ARTEAndrés Prieto R.

OFIcInA DE cOmUnIcAcIOnESEDITOR

Óscar Núñez Riaño

cORREccIón DE ESTILOBibiana Mendoza C.

Carrera 13 No. 78-17Tel. (57 1) 325 0075 Ext. 2499, Bogotá D.C.,

Colombiacentro.seguridad.democracia@usa.edu.co

www.usergioarboleda.edu.co

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UNA PUBLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

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POLÍTICA DE SEGURIDAD: 7 AJUSTES NECESARIOS

ARMAS LEGALES Y SEGURIDAD: ¿SIRVE LA PROHIBICIÓN?

PERSISTE EL DETERIORO DE LA SEGURIDAD

SEGURIDAD URBANA:MÁS RETROCESOS QUE AVANCES

ROGER SCRUTON Y LOS USOS DEL PESIMISMO

La percepción negativa de la situa-ción de deterioro de la seguridad en el país por parte de la opinión pública es reiterada por todas las encuestas, apreciación producida por una acumu-lación de hechos violentos cuyo esca-lamiento es cada vez mayor. El primer mes del presente año ha sido el más violento de los últimos ocho, pero es la continuación de una tendencia que ya viene de años anteriores. Existe un rebrote de los ataques de la guerrilla contra la Fuerza Pública y la población civil, así como un inusitado aumento de los atentados contra la infraestruc-tura económica nacional...

En relación con años anteriores, du-rante el primer trimestre de 2012 se sigue evidenciando un deterioro de la seguridad nacional. Esto se evidencia en la persistencia del incremento de las actividades violentas de los grupos armados irregulares, y en la constante caída del número de combates contra estos grupos por parte de las Fuerzas Militares. En efecto, en este primer trimestre hubo un incremento de los atentados contra la infraestructura económica nacional y de los retenes ilegales, así como un aumento bimes-tral de los secuestros. También se pre-sentó un leve descenso de los ataques guerrilleros ...

Por cuenta de la medida adoptada por el recién posesionado alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se ha revivido en el país el debate sobre la conve-niencia o inconveniencia de restringir el porte legal de armas cortas por parte de la población civil. Queremos sumarnos a esta discusión aportando algunos argumentos en contra de di-cha restricción. Los argumentos que aquí expondremos buscan animar el debate público y llamar la atención de aquellos que piensan que con la prohibición de las armas legales se solucionarán como por ensalmo las preocupantes situaciones de seguri-dad que aún vive...

La evolución reciente de la segu-ridad urbana en Colombia presenta un panorama bastante disparejo con estancamientos, avances y retrocesos según las ciudades y los delitos de que se trate. En efecto, en los últimos años el homicidio urbano aparece práctica-mente estancado, simultáneamente se han incrementado en forma signifi-cativa las lesiones personales, el hurto a personas, a bancos y de vehículos, mientras ha disminuido la piratería terrestre, el hurto al comercio y de residencias. O sea que de los 8 prin-cipales delitos que más afectan a los habitantes de los centros urbanos, 4 presentan retrocesos...

Roger Scruton es quizás uno de los filósofos más polémicos hoy en el Reino Unido. Su obra es muy diversa: más de treinta ensayos sobre filosofía, políti-ca, arte, arquitectura y música, novelas y relatos de ficción e incluso ha compuesto el libreto y la música de dos óperas que han llegado a ser representadas en Inglaterra. Entre sus obras se podrían destacar las siguien-tes: The meaning of Conserva-tism (1980), From Descartes to Wittgenstein: A short history of modern Philosophy (1981)...

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La percepción negativa de la situación de deterioro de la seguridad en el país por parte de la opinión pública es reite-rada por todas las encuestas, apreciación producida por una acumulación de hechos violentos cuyo escalamiento es cada vez mayor. El primer mes del presente año ha sido el más violento de los últimos ocho, pero es la continuación de una tendencia que ya viene de años anteriores. Existe un rebrote de los ataques de la guerrilla contra la Fuerza Pública y la po-blación civil, así como un inusitado aumento de los atentados contra la infraestructura económica nacional, del secuestro y de la extorsión. Recientemente las bandas criminales han hecho demostraciones sin antecedentes de la capacidad de intimidación violenta contra poblaciones enteras. La alianza de las estructuras guerrilleras con estas bandas criminales constituye una nueva, inédita y repotenciada amenaza contra la seguridad colectiva. De los 8 delitos que más afectan la se-guridad en los centros urbanos, hay retrocesos en 4 delitos, estancamiento en 1, y avances en 3.Ante la opinión pública y los medios de comunicación estos

hechos a veces pasan desapercibidos tras la espectacularidad de las bajas de algunos de los principales líderes de la gue-rrilla. Por ejemplo, si no hubiera sido por la muerte de alias Alfonso Cano, la evaluación mediática de la gestión guberna-mental en seguridad en el año 2011 hubiera sido negativa. Sin embargo, esa muerte salvó el año del gobierno en los medios

de comunicación y minimizó el impacto del rebrote de la violencia guerrillera en muchas zonas del país. No obstante, la opinión empieza a tener

la sensación de que no se está haciendo lo suficiente para controlar el deterioro de la seguridad y para neutralizar las inten-ciones de los grupos armados irregula-res. Estimamos que es necesario abrir un

debate democrático acerca de la gestión gubernamental en este campo, que lleve a identificar eventuales debilidades de las políticas públicas y a plantear opciones que permitan mejorar la situación. Como contribución a este debate propone-

mos los que a nuestro parecer son los siete principales ajustes de la política de seguri-dad:

Política de Seguridad:

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Reconocer la realidad

ajustesnecesarios

El Gobierno ha sido insistente en que la situa-ción de seguridad del país ha estado mejorando consistentemente durante los meses transcurri-dos de su administración y ha señalado que quie-nes critican su gestión en este campo lo hacen por razones políticas. En el mejor de los casos los considera “idiotas útiles” de los enemigos del Es-tado. Recientemente ha hecho un llamado a los mandatarios locales a no “magnificar” los hechos violentos de que son víctimas las poblaciones y la Fuerza Pública en sus departamentos y muni-cipios e insiste en señalar que el leve descenso que gradualmente se está presentando en las ci-fras de homicidio es prueba del mejoramiento de la situación.El Gobierno considera que las acciones vio-

lentas de la guerrilla son resultado de su debili-

tamiento y su desesperación ante el avance de las tropas oficiales, en lo que puede llevar razón. Pero no existe un reconocimiento del incremento del número y la osadía de sus acciones violentas, ni de su retorno más callado a zonas de las que había sido expulsada por la acción de la Fuerza Pública. No obstante, según un estudio del Centro Segu-

ridad y Democracia, con relación al año anterior, en el 2011 aumentaron un 24 % los ataques de la guerrilla, entendidos estos como hostigamien-tos, emboscadas y ataques contra instalaciones militares y policiales. Estos ataques vienen cre-ciendo desde el año 2009 y en el 2011 triplicaron en número a los ocurridos en el 2008. De igual forma crecieron en un 32 % los atentados con-tra la infraestructura económica nacional, siendo

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particularmente alto el incremento de los atenta-dos contra el sector petrolero que crecieron en un 80 %. Estos atentados tuvieron en el 2011 el más alto número de los últimos 5 años. De igual for-ma, el secuestro creció en un 10 % con relación al año anterior, pero comparado con el 2009 ha aumentado un 45 %.1

Esta tendencia al aumento de la violencia ha continuado en lo que va corrido del presente año. En efecto, el mes de enero del 2012 ha sido el más violento de los últimos 8 años en lo que a ataques guerrilleros contra la Fuerza Pública se refiere. Con relación al año ante-rior el incremento fue de 81 %, pasando de 21 casos a 38 entre esos años, y habría que ir hasta el 2004 para encontrar un año con un mayor número de ataques. De igual manera, el número de atentados contra la infraestruc-tura económica se multiplicó por 4.2En lo que atañe a la seguridad urbana, la

situación también es preocupante. De los 8 delitos que principalmente afectan la seguri-dad ciudadana en los 27 centros urbanos con más de 200 mil habitantes en el país, hay re-trocesos en 4 delitos, estancamiento en 1 y avances en 3.En efecto, entre 2010 y 2011 el homicidio

urbano se redujo sólo en 1 %. El hurto a per-sonas es hoy el doble de hace 9 años. Los casos de lesiones personales crecieron 27 % con relación al 2010 y fue el número más alto en los últimos 9 años, excluyendo el 2009. El hurto a entidades financieras se incremen-tó en 76 % con respecto al 2010 y registró el más alto número de los últimos 8 años. El hurto de automotores también está en alza y fue en el 2011 el más alto de los últimos 5 años, exceptuando el 2010. Únicamente se presentaron avances en piratería terrestre, hurto de residencias y hurto al comercio.3Toda esta situación ha llevado a que, según

las encuestas de la firma Invamer -Gallup, la percepción ciudadana de que la inseguridad 1. La Seguridad Nacional en Colombia 2011. Centro Seguridad y Democracia, Universidad Sergio Arboleda. Bogotá, noviembre de 2011.2. El enero más violento en ocho años. Centro Seguridad y Democracia, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, febrero de 2012.3. Seguridad Urbana: Más Retrocesos que Avances. Centro Seguridad y Democracia, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, febrero de 2012.

está empeorando subió de 48 % en julio del 2010, a 67% en diciembre del 2011, mientras que la percepción de que el problema de la guerrilla empeoró pasó de 33 % a 58 %, en el mismo período. De otra parte, la aproba-ción de la forma como el presidente estaba manejando la inseguridad bajó de 71 % a 38 %, mientras que la aprobación al manejo del problema de la guerrilla bajó de 82 % a 54 %, luego de descender a 43 % antes de la muer-te de alias Alfonso Cano.4Esto significa que la percepción de insegu-

ridad refleja en la opinión pública la tenden-cia objetiva de deterioro, evidenciada en el seguimiento y la contrastación de las cifras de los hechos de violencia que ocurren en el país. No es un problema de excesivo cubri-miento mediático de los hechos de violencia, la opinión lo siente y las cifras lo reflejan: hay un deterioro de la situación de seguridad en el país. Lo grave es que la negación de esta realidad impida introducir los ajustes necesa-rios a sus políticas de seguridad. Y sin estos ajustes, la situación se seguirá deteriorando.

4. Gallup Poll Bimestral, Poll 86, Gallup Colombia, diciembre de 2011.

2 CONTRA LAS BACRIM Ejercito y Policia

Los grupos armados denominados por unos Bacrim o bandas crimina-les, y por otros neoparamilitares, son una amenaza a la seguridad nacional que no ha sido suficientemente com-prendida ni evaluada. Se les considera únicamente como bandas de narcotra-ficantes, unos aparatos mafiosos que son solamente un problema policial. Pero para combatirlos no se ha tenido en cuenta su estrecha alianza con los frentes guerrilleros, ni su demostrada capacidad para amenazar y controlar poblaciones y regiones enteras, ni su capacidad de confrontación militar, ni sus estructuras jerarquizadas.A partir de una enorme dispersión

inicial de numerosas bandas, algunas fuertes y muchas relativamente débi-les, estas bandas se han ido concen-trando en unas pocas organizaciones con mayor capacidad de violencia, enormes recursos, mayor penetración entre la población, más potencial de corrupción y más capacidad para con-certar acciones a nivel regional. Sus alianzas con las guerrillas las han re-potenciado desde el punto de vista lo-gístico, de inteligencia y de capacidad de control territorial. En su momento alias el Mono Jojoy, comandante de las FARC, estableció como política gene-ral realizar alianzas con estos grupos.

Su presencia abarca a más de 150 mu-nicipios en 17 departamentos, según la Policía Nacional, y están en cerca de 340 municipios de 31 departamentos, según Indepaz.5Pero el Gobierno decidió, por razo-

nes de tipo conceptual, que a estas bandas solamente las persiguiera la Policía Nacional, dejando a un lado la posibilidad de que las Fuerzas Milita-res también las repriman allí donde se encuentren, con lo cual el Estado se está amarrando a sí mismo una mano que puede ser definitiva para combatir-las con éxito. Pero con la creencia de que las Fuerzas Militares deben sola-mente perseguir a los grupos guerrille-ros, porque estos son insurgentes con motivaciones políticas, mientras que la Policía debe reprimir a los delincuen-tes comunes que no tienen intereses políticos, el Estado está olvidando que en su momento, a pesar de que varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia las declaró como mera delin-cuencia común, las Fuerzas Militares también combatieron y con mucha contundencia a las organizaciones pa-5. Para la versión de la Policía Nacional, ver: Bacrim, una amenaza y hay que contenerlas, dice Naranjo. El Colombiano, Medellín, 26 de enero de 2011. Para la versión de Indepaz, ver: http://m.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-327595-bacrim-crecen-todo-el-pais

entre 2010 y 2011 el homicidio urbano se redujo sólo en 1 %. el hurto a personas es hoy el doble de hace 9 años. los casos de lesiones personales crecieron 27 % con relación al 2010 y fue el número más alto en los últimos 9 años, excluyendo el 2009.

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Según lo estiman algunos analistas, las guerri-llas han exacerbado sus acciones violentas ante la posibilidad de que el Gobierno acceda a reali-zar con ellas conversaciones de paz, posibilidad que, si no se dan antes los condicionamientos necesarios, podría desmoralizar a las Fuerzas Militares y desorientar a la opinión pública.El Gobierno no parece haber manejado de

la manera más adecuada este tema. Primero planteó que habría diálogos de paz solamente si la guerrilla abandona en forma definitiva y ve-rificable todas sus acciones violentas contra la Fuerza Pública y contra la sociedad civil. Luego, concretó sus exigencias a que la guerrilla pro-dujera “hechos de paz”. Adicionalmente, impulsó un proyecto de Ley Marco para la Paz que anti-cipadamente ofrece suspensión de procesos ju-diciales, lo que podría conllevar impunidad a los guerrilleros que se desmovilicen, gabela que no excluye los delitos atroces o de lesa humanidad. En tanto, la guerrilla ha vuelto a aplicar su vie-

ja táctica de hablar de paz, escalar la violencia y hacer exigencias para ganar terreno. Efec-tivamente, el nuevo jefe de las FARC, alias Timochenko, ha hecho públicas varias cartas en las que plantea su disposición para hablar de paz, como quien le hace un favor al país; eso sí, deja en claro que para la guerrilla la solución política “no debe entenderse sino como un replanteamiento del orden exis-tente” que lleve a “reconstruir las reglas de la democracia” mediante el desmonte del “sistema multipartidista de elecciones periódicas” luego de un debate sobre “las realidades económicas, sociales, políticas, culturales y hasta ambientales del momento contemporáneo mundial, latinoamericano y nacional”. Simultá-

neamente, las FARC incrementan sus acciones violentas como argumento para respaldar su disposición a dialogar; al mismo tiempo, con las expectativas de liberar a unos cuantos secues-trados, exigen que sea aprobada una ley de canje para dar base legal a futuros intercambios de guerrilleros presos por secuestrados, y obte-ner así un tácito reconocimiento como fuerza beligerante que intercambia prisioneros en con-diciones de igualdad con el Estado. Aun más, reclaman que los guerrilleros extraditados a Estados Unidos por narcotráfico sean repatria-

dos y que la agenda de la negociación sea la aprobada en los

estas organizaciones

paramilitares

desmovilizaron a

32 mil integrantes,

16 mil de los cuales

entregaron sus

armas de asalto

porque pertenecían

a estructuras

armadas, mientras

que el resto hacía

parte de sus redes de

apoyo logístico y de

inteligencia.la guerrilla ha vuelto a aplicar su vieja táctica de hablar de paz, escalar

la violencia y hacer exigencias para ganar terreno. efectivamente, el nuevo jefe de las farc, alias timochenko, ha hecho públicas varias cartas en las que plantea

su disposición para hablar de paz.

3 Claridad SOBRE DIaLOGOS DE PAZ

ramilitares, forzándolas a aceptar las condiciones de desmo-

vilización que finalmente les impuso el Estado.Estas organizaciones paramilitares des-

movilizaron a 32 mil integrantes, 16 mil de los cuales entregaron sus armas de asalto porque pertenecían a estructuras armadas, mientras que el resto hacía parte de sus redes de apoyo logístico y de inteligencia. La pregunta es si estas organizaciones paramilitares se hubieran desmovilizado de no haber sido por el concurso de la presión de las Fuerzas Mi-litares en multitud de combates que pro-dujeron centenares de bajas y capturas

de sus integrantes. Estas organizaciones eran actores del conflicto armado interno y por ser actores del conflicto fueron su-jetos de la justicia transicional mediante la Ley de Justicia y Paz, que no se aprobó por el Congreso Nacional ni se la decla-ró exequible la Corte Constitucional para ser aplicada a delincuentes comunes.Pues bien, todo parece indicar que los

sucesores de estos grupos paramilita-res, unos y otros muy vinculados al nar-cotráfico, que han conservado muchas de sus formas organizativas y de sus modos de operar, ahora no combaten contra la guerrilla sino que están aliados con ella, constituyendo esta alianza una amenaza inédita contra la seguridad nacional que debe ser combatida por el conjunto de las fuerzas represivas del Estado, tanto militares como poli-ciales. En Colombia las Fuerzas Mili-tares combaten contra el narcotráfico y contra las bandas de secuestrado-res, que son delincuencia común. No hay razón para que no combatan

también a estos grupos irregulares vin-culados al narcotráfico y aliados a la guerrilla. Porque estas alianzas no son excepcionales ni puntuales, sino, como hemos dicho arriba, una política gene-ral de las FARC. Muchos documentos de la Fiscalía General, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares dan fe de la persistencia de estas alianzas y del mutuo apoyo que en muchos si-tios del país se prestan estos grupos. Se sospecha que algunos de los más recientes atentados terroristas han sido perpetrados conjuntamente por Bacrim y guerrillas. Se echa, pues, de menos, una estrate-

gia específica para hacer frente a esta alianza, estrategia que debería utilizar toda la contundencia del Estado.

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el desmonte del fuero militar viene ya de varios

años atrás, pero el puntillazo final lo dio el

acuerdo interadministrativo entre los entonces ministro

de defensa, camilo ospina, y el fiscal general de la nación, mario iguarán,

mediante el cual la fuerza pública renunció al fuero

militar en primera instancia, para otorgarle de oficio a

la fiscalía y a la justicia civil

4 Seguridad juridica para la Fuerza Publica

anteriores frustrados diálogos del Caguán, agenda que incluía prácticamente todos los temas nacionales. Probablemente toda esta ofensiva políti-

ca y militar no la estaría haciendo la gue-rrilla –como no la hizo durante la anterior administración– si no se estuviera gene-rando un ambiente de expectativa sobre la proximidad de unos diálogos de paz. Los más suspicaces dirían que esa ofensiva es la respuesta de la guerrilla a mensajes que por vías no oficiales se le ha dirigido auscul-tando las posibilidades de un acercamiento con vistas a realizar diálogos de paz. El reiterado mensaje, según el cual el Pre-

sidente tiene las llaves de la paz en el bol-sillo y bastarían “hechos de paz” de la gue-rrilla para dar inicio a las conversaciones, ha llevado a sectores de la opinión pública a creer que sería suficiente que la guerrilla, por ejemplo, libere secuestrados para que

se abra la puerta de unas conversaciones de paz. De esta manera, sería la guerrilla la que impondría sus propias condiciones para arrancar un proceso de paz, cuyo solo anuncio le representaría una enorme ga-nancia política y mediática.Con esa expectativa la guerrilla observa

con satisfacción cómo, sin siquiera haberse sentado a la mesa de negociaciones, ya está logrando una ley que abra la posibilidad de un indulto que le perdonaría sus crímenes y le permitiría reincorporarse a la vida normal del país como si no hubiera pasado nada. A nuestro modo de ver, el Gobierno debe-

ría dejar en claro que sus condiciones para el diálogo son las iniciales: una tregua uni-lateral, incondicional y permanente por par-te de la guerrilla; la liberación de todos los secuestrados, y el cese definitivo de todo tipo de violencia o amenaza contra la po-blación civil.

Las Fuerzas Militares de Colombia son el único ejército en el mundo que combate en un conflicto armado sin contar con fuero militar, institución centenaria que está vigente en la inmensa mayo-ría de los países democráticos del mundo. Adicionalmente, las recientes reformas al Manual de Operaciones de las Fuerzas Militares han introducido una enorme incertidumbre jurídica y se han convertido en una traba insuperable a su disposición ofensiva.

El desmonte del fuero militar viene ya de varios años atrás, pero el puntillazo final lo dio el acuerdo interadministrativo entre los entonces Ministro de Defensa, Camilo Ospina, y el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, mediante el cual la Fuerza Pública renunció al fuero militar en primera ins-tancia, para otorgarle de oficio a la Fiscalía y a la justicia civil el inicio del conocimiento, la in-vestigación y el juzgamiento de todos los hechos de violencia en que resulten involucrados sus miembros. De esta mane-ra, por ejemplo, las bajas de grupos irregulares resultado de combates contra la Fuerza Pública se transforman auto-máticamente en objeto de en-gorrosos procesos en la jus-ticia ordinaria que involucran a los soldados, suboficiales y oficiales que intervinieron en la acción.Esta situación, sumada a la

actitud hostil de algunos jueces y fiscales civiles en contra de los miembros de la Fuerza Pública, que se ha traducido en fallos que la opinión pública ha considerado no excentos de imparcialidad y objetividad, ha ocasionado una sensación de insegu-

ridad jurídica generalizada entre los miembros de la Fuerza Pública. La consecuencia es una muy com-prensible desmotivación que, en opinión de algunos, ha llevado a una preocupante caída de los niveles de operaciones ofensivas de las Fuerzas Militares contra la guerrilla. Según un estudio del Centro Se-guridad y Democracia, en el año 2011 las Fuerzas Militares realizaron un número de operaciones equi-valente a solo el 20% de las que realizaron en el año 2003, es decir, hay una caída del 80% en su nivel de operaciones ofensivas, a pesar de que en este pe-riodo su pie de fuerza pasó de 203 mil a 286 mil inte-grantes, se incrementó la movilidad aérea al pasar de 428 aeronaves a 525, y el presupuesto de defensa subió de 13 billones de pesos a 21 billones.6 No obs-tante este incremento de medios, el descenso en 6. La Seguridad Nacional en Colombia 2011, óp. cit.

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ar5 Mas exigencia

a Chavez

el nivel de operaciones de las Fuerzas Militares, ha permitido a la guerrilla un margen de maniobra que no tenía y que ha sabido aprovechar para incrementar sus acciones violentas. En lo relativo al fuero militar la situación

que vive el país es francamente incons-titucional. En efecto, el artículo 221 de la Constitución Política señala taxativamente que todos los delitos que cometieren los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, durante la ejecución de sus funcio-nes institucionales, serán conocidos por tribunales militares, sin excepción. La ley establece que en caso de reclamo de com-petencia por parte de la justicia civil, será el Consejo Superior de la Judicatura la que dirima la diferencia. Actualmente el Congreso Nacional tra-

mita una reforma que no deja totalmen-te claro el alcance del fuero. Un fuero militar recortado, que no abarque todos los presuntos delitos cometidos por la Fuerza Pública en ejercicio de sus fun-ciones institucionales, como está esta-blecido en los países democráticos, es decir, en desarrollo del servicio, condu-cirá a una frustración y será causa de desaliento.

Finalmente, el reciente Manual de De-recho Operacional de las Fuerzas Milita-res puesto en vigencia, se ha converti-do en un engorroso instrumento que en vez de facilitar y hacer más efectivas las operaciones militares, dentro del nece-sario respeto a las leyes, parece actuar más como un disuasivo a la iniciativa y a la disposición ofensiva de las fuerzas del Estado. Este Manual ha introducido incertidumbre jurídica y muchos condi-cionamientos, trámites y procedimien-tos que rayan en la irrealidad, lo cual, sumado a la carencia de fuero militar, es un motivo adicional de desestímulo y confusión dentro de las Fuerzas Mili-tares. Dicho Manual no parece haberse elaborado bajo la presunción de buena fe y legalidad del accionar de los inte-grantes de las fuerzas, sino como una talanquera para impedir su supuesta y generalizada tendencia al abuso y extra-limitación en la aplicación de la fuerza legítima del Estado. Se hace necesario entonces una revisión del Manual para que facilite y dé claridad a las operacio-nes militares en el marco de la legali-dad, y así le proporcione confianza a las tropas.

En LO RELATIvO AL FUERO mILITAR LA SITUAcIón qUE vIvE EL PAíS ES

FRAncAmEnTE IncOnSTITUcIOnAL. En EFEcTO, EL ARTícULO 221 DE LA cOnSTITUcIón POLíTIcA SEñALA

TAxATIvAmEnTE qUE TODOS LOS DELITOS qUE cOmETIEREn LOS mIEmbROS

DE LA FUERzA PúbLIcA En SERvIcIO AcTIvO, DURAnTE LA EjEcUcIón DE SUS FUncIOnES InSTITUcIOnALES, SERán

cOnOcIDOS POR TRIbUnALES mILITARES, SIn ExcEPcIón.

La opinión pública ha aplaudido la normalización de las relaciones diplo-máticas y comerciales con Venezuela. Sin embargo, persisten muchas dudas sobre la sinceridad con que el Go-bierno del país vecino ha asumido los compromisos binacionales relaciona-dos con la seguridad. A esto se suma la –probable para algunos, pero proba-da para otros– presencia de algunos de los principales líderes de la guerrilla colombiana en territorio venezolano, al parecer con la anuencia de funciona-rios gubernamentales de ese país. Se sospecha que dos de los principales lí-deres de las FARC, alias Timochenko, y alias Iván Márquez, estarían en Ve-nezuela desde hace ya varios años. También se cree que líderes del ELN como alias Gabino y Antonio García estarían protegidos por autoridades venezolanas en su territorio. Son fre-cuentes las quejas de los ciudadanos venezolanos de ser objeto de extorsio-nes y secuestros por reductos de las guerrillas colombianas y se continúa denunciando la existencia de campa-mentos guerrilleros en Venezuela.El Presidente Hugo Chávez nombró

recientemente como Ministro de De-fensa al General Henry Rangel Silva, con probados vínculos de apoyo a la guerrilla de las FARC, y quien ha sido señalado por el Departamento del Te-soro de Estados Unidos de relaciones con el narcotráfico. Este nombramien-to ha sido tachado como un acto des-considerado hacia Colombia. El punto es que al ubicar como ob-

jetivo fundamental mantener buenas

relaciones diplomáticas y comerciales con el Gobierno de Chávez, el Gobier-no colombiano ha tenido que pagar el costo de no poder hacer ningún tipo de presión ni de reclamo público al Go-bierno venezolano alrededor de los te-mas de seguridad. Los eventuales reclamos se limitan a

reuniones cerradas que no trascienden al público y que, por tanto, no tienen consecuencias políticas. De esta forma, y aun en contra de su voluntad, el Go-bierno colombiano envía el mensaje a la opinión nacional e internacional de que confía en la sinceridad y trasparencia del Gobierno venezolano, desvirtuando de hecho los señalamientos de sus críti-cos. También queda en cuestión la coo-peración que se pueda esperar con las autoridades venezolanas para combatir el narcotráfico transfronterizo. Las consecuencias son graves para

la seguridad nacional en Colombia. La guerrilla está consolidando en Vene-zuela un santuario activo que le permi-te proteger a sus principales líderes y evitar que sean objeto de bajas o cap-turas por las autoridades colombianas. De igual manera, Venezuela se conso-lida como una fuente de recursos eco-nómicos y logísticos para la guerrilla colombiana, lugar de recuperación y descanso de guerrilleros, escenario de entrenamiento de sus tropas, y corre-dor de tránsito a lo largo de la frontera binacional. La presión militar del Esta-do colombiano para obligar a la guerri-lla a abandonar la lucha armada tiene un burladero, una vía de alivio y desfo-gue en el apoyo venezolano.

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6 Desarticular estructuras guerrilleras

FARCtropa

combatir

estrategia

supervivencia

Así mismo, Venezuela se ha convertido en plataforma de salida por vía aérea del nar-cotráfico originado en Colombia. Al igual que lo que sucede con la lucha contrainsurgente, los esfuerzos de las autoridades colombianas para reducir el narcotráfico también se ven burlados por la aquiescencia y la complicidad de sectores venezolanos con los narcotrafi-cantes colombianos.

Tarde o temprano el Gobierno colombiano tendrá que hacer públicos los reclamos y la in-conformidad que hasta ahora ha expresado en privado, aun a costa de poner en vilo la norma-lidad de las relaciones binacionales. Porque es obvio que no puede haber normalidad en esas relaciones mientras se mantengan dudas sobre la lealtad del Gobierno venezolano con el Go-bierno colombiano en el terreno de la seguridad.

El país ha aplaudido la forma como la Fuer-za Pública ha venido descabezando la cúpula de las FARC, que hasta hace unos años pare-cía intocable. Sin lugar a dudas, las bajas de los alias Raúl Reyes, el Mono Jojoy y Alfonso Cano, han constituido notorios éxitos de la con-trainsurgencia estatal. A pesar de que esas bajas constituyeron duros

golpes que afectaron ostensiblemente la moral y el liderazgo político y militar de la guerrilla, ésta ha demostrado una inusitada capacidad para reconformar sus cuadros de mando y para sobreponerse a esas circunstancias. De hecho, formalmente las FARC de manera permanente

y rutinaria tiene reemplazantes para cada man-do, cualquiera sea su nivel en la organización, que están prestos a tomar el lugar de quien sea dado de baja o capturado. Las escuelas de mando, aunque muy reducidas ahora debido al debilitamiento estructural de la guerrilla, conti-núan sin embargo proveyendo a la organiza-ción de nuevos mandos y reemplazantes. Así, a diferencia de casos de guerrillas caudi-

llistas como el de Sendero Luminoso en Perú, grupo que prácticamente se desbarató luego de que fuera capturado su máximo líder Abi-mael Guzmán, las FARC han demostrado tener mayor capacidad de supervivencia frente a la

caída de sus líderes. Esto no quiere decir, obviamente, que la guerrilla no haya sufrido ningún impacto o que no haya sido afectada con la pérdida de sus líderes histó-ricos. Pero está demostrado que por la sola vía de la cap-tura o baja de sus principales líderes, las FARC no van a dejar de existir ni tampoco van a dejar de combatir. Adicionalmente, a fuerza de repetir la dosis, tan-

to al interior de las FARC, como dentro de la opi-nión pública, el impacto y la espectacularidad de las primeras bajas tiende a irse debilitando tanto en su intensidad como en su duración, con lo cual sería de esperar que hacia el futuro la repetición de nuevas bajas de dirigentes tenga menores consecuencias. A esto hay que agregar que debi-do al refugio seguro que han encontrado los jefes de las FARC en Venezuela, cada vez será menos probable y más difícil que se repitan dichas bajas. Lo que preocupa es que esta estrategia de bús-

queda de cabecillas u objetivos de alto valor se adelante con descuido de la búsqueda y destruc-ción de otros objetivos como los frentes, las co-lumnas y las escuadras de las FARC, que son estructuras que continúan operando en muchas zonas del país, a pesar de su debilitamiento y re-ducción. Son estas estructuras las responsables de los ataques contra la Fuerza Pública, los sa-botajes contra la infraestructura económica na-

cional, los actos terroristas, los se-cuestros, la extorsión violenta y muchas formas de presión armada contra la población civil. Mu-chas de esas estructuras se están recomponien-do y están regresando a zonas del país de donde habían sido expulsadas por la acción de las au-toridades. Están recuperando presencia territorial y están, en su jerga, “abriendo zona” por medio del “boleteo” contra todo tipo de empresarios del campo, comerciantes, transportistas, etc.La caída de los niveles de operatividad del grue-

so de las Fuerzas Militares ha disminuido la pre-sión sobre estas estructuras guerrilleras, que es-tán aprovechando el nuevo margen de maniobra para incrementar tanto su presencia soterrada como sus acciones violentas en muchas zonas del país. Mientras tanto, paralelamente, las fuer-zas de élite han continuado una intensa labor que se ha concentrado precisamente en la búsqueda de los cabecillas de la guerrilla. La caída de la actividad del grueso de la tropa y la intensa ac-tividad de los grupos de élite quizá se explique en parte porque para el conjunto de la tropa no opera el fuero militar y es objeto del control por la justicia civil, mientras que las fuerzas de élite, por el tipo de blanco que persigue, de hecho no son objeto del control judicial de la justicia civil. Para ilustrar el caso: la baja de un guerrillero raso pue-de generar un proceso judicial en la justicia civil y “empapelar” al pelotón de soldados involucrados, mientras que la baja de alias Alfonso Cano nunca

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Con ánimo constructivo, hemos hecho este análisis sobre las causas que, en nuestra opinión y de cara a las cifras, generan que la situación de seguridad se haya deteriora-do y demuestran la necesidad de introducir ajustes en aquellos frentes que se revelan más problemáticos. Seguramente el Gobier-no ha advertido ya la necesidad de introducir correctivos urgentes. Los asuntos mencio-

nados en este documento no son temas ais-lados, sino que se imbrican unos con otros, lo que plantea la necesidad de redefinir la estrategia de seguridad. Para ello es no solo conveniente sino necesario, además, conci-tar el respaldo de los partidos políticos, de las ramas del poder y de la ciudadanía, con el fin de presentar un solo y unido frente con-tra los violentos.

7Reeditar los informantes y los soldados campesinos

CONCLUSIoN

sería conveniente que el gobierno analizara seriamente la posibilidad de volver a reeditar estos programas muy útiles para contrarrestar el rebrote de las acciones violentas de la guerrilla.

será objeto de una imputación judicial a la fuerza élite, porque la opinión pública no lo soportaría. Mediante la recuperación del fuero militar,

es necesario volver a incrementar los nive-les de operatividad que tuvieron las Fuerzas Militares en años anteriores, con el fin de

aplicar estrategias orientadas a disminuir y neutralizar el rebrote de las acciones vio-lentas de la guerrilla, así como para conte-ner su retorno a aquellas zonas de donde había sido expulsada, reeditando el esfuer-zo para debilitar al máximo y desvertebrar todo tipo de estructuras guerrilleras.

La ejecución masiva del programa “Soldados de mi Pueblo” y el de las “Redes de Cooperantes”, explica en buena parte el enorme éxito de la Po-lítica de Seguridad Democrática en su propósito de recuperar la soberanía del Estado sobre el territorio. El programa “Soldados de mi Pueblo”,

consistía en que los jóvenes de las po-blaciones rurales prestaban su servicio militar en su propio pueblo, se organiza-ban y entrenaban para apoyar la defen-sa de los puestos de policía que eran blanco de los ataques de la guerrilla, re-forzaban la seguridad de los municipios para que los alcaldes pudieran gober-

nar y la población llevara una vida nor-mal sin ser objeto unos y otros de las amenazas de la guerrilla. Por su parte, las “Redes de Cooperantes” eran civiles voluntarios, desarmados, entrenados y organizados por la Fuerza Pública para que sirvieran de ojos y oídos del Estado con el fin de prevenir ataques y atenta-dos de los grupos irregulares. La eficacia de los “Soldados de mi

Pueblo” para recuperar la seguridad en las zonas rurales se manifestó en el hecho de que más de dos centenares de alcaldes pudieron retornar a ejercer sus labores desde sus municipios y se disminuyó radicalmente el número

de las tomas guerrilleras de poblaciones. Por algo la guerrilla, en represalia, realizó muchos atentados terroristas contra esos soldados. De otro lado, la recuperación de la seguridad en las carreteras se logró, no solo con una ma-yor presencia en ellas de la Fuerza Pública, sino por la colaboración activa de la población organizada en “Redes de Cooperantes”, que contribuyeron a evitar decenas de atentados, estuvieron detrás de centenares de capturas de terroristas y permitieron la desarticula-ción de muchas estructuras de milicianos de la guerrilla y de otros grupos irregulares.Sin embargo, a pesar de su éxito, estos

programas se han venido a menos, en el caso de los “Soldados de mi Pueblo”, y se han prác-ticamente desmontado, en el caso de las “Re-des de Cooperantes”. Sería conveniente que el Gobierno analizara

seriamente la posibilidad de volver a reeditar estos programas muy útiles para contrarrestar el rebrote de las acciones violentas de la guerri-

lla en buena parte ejecuta-das por medio de sus organizaciones de milicias, neutralizar sus planes de recuperar terreno perdido y también para apoyar los pro-gramas de consolidación del control territorial que están siendo amenazados precisamente por esta nueva ofensiva de la guerrilla.

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RESUMEN

En relación con años anteriores, durante el primer trimestre de 2012 se sigue evidenciando un deterioro de la seguridad nacional. Esto se evidencia en la per-sistencia del incremento de las actividades violentas de los grupos armados irregulares, y en la constante caída del número de combates contra estos grupos por parte de las Fuerzas Militares. En efecto, en este primer trimestre hubo un incremento de los atentados contra la infraestructura económica nacional, los re-tenes ilegales, y los secuestros. También se presentó un leve descenso de los ataques guerrilleros contra la Fuerza Pública, originado por una disminución de la actividad armada del ELN. Finalmente, aunque el nú-mero de bajas de la guerrilla aumentó por obra de dos bombardeos de la Fuerza Aérea, el nivel de operativi-dad general de las Fuerzas Militares contra la guerrilla ha seguido descendiendo.El secuestro presentó un incremento del 11% con re-

lación al año anterior y es el nú-mero más alto de los últimos cua-tro años. A finales de febrero las FARC anunciaron la suspensión del secuestro a civiles y, de hecho, ya habían disminui-do sus plagios en un 73% durante el primer bimestre. Pero se evidencia que la delincuencia común está relevando a las FARC como principal agente del secuestro, razón por la cual la disminución de los plagios de este grupo guerrillero ha disminuido solo en 9% el total de los secuestros extorsivos, ya que la delincuencia común sigue incrementando los que son de su autoría. Arauca y Bogotá concentran casi la mitad de los plagios, y es inquietante la utili-zación por los delincuentes de la zona fronteriza con Venezuela para ocultar y negociar los secuestros.

2012

eNerO FeBrerO MarZO

Primer trimestre 2012

Persiste eL deTeriOrO de

La Seguridad

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Los retenes ilegales presentaron el más alto incremento de los indicadores de seguridad aquí analizados, al aumentar en un 400% con relación al año anterior, siendo el presente trimestre el de más alto número de casos en los últimos 6 años. Norte de Santander fue de lejos el departamento que más alto número presentó (8 casos), seguido de Cauca y Valle del Cauca (3 casos cada uno). Diez departa-mentos sufrieron estos ataques, y en prome-dio se presentó uno cada 3.6 días.Los ataques contra la infraes-

tructura económica nacional aumentaron en este tri-mestre en un 57% con relación al año anterior, siendo el número más alto de los últimos 5 años. Un 72% de estos sabotajes los sufrió la indus-tria petrolera, que vio aumentado en un 160% los ataques en su contra por parte de la guerrilla, con un promedio de un sabotaje cada 3 días. Norte de San-tander concentró el 42% de los sabotajes económicos, y con relación al año anterior allí se incrementaron estos ac-tos en un 150%; le siguieron Caquetá con un 25%, y Arauca con 14% del total.El número de ataques de los grupos irregula-

res contra la Fuerza Pública disminuyó en un 15%, pero sigue siendo el más alto en los úl-timos 5 años, con excepción del año anterior. De hecho, los ataques del presente trimestre casi triplican los ocurridos en el año 2008. El mayor incremento se vio en los ataques a las instalaciones de la Policía Nacional y en las emboscadas. Es de subrayar que la disminu-ción de los ataques se debió en gran parte a la caída de las acciones del ELN, pues las FARC prácticamente mantuvieron su nivel operacio-

nal al mismo nivel del año anterior. No obs-tante, la disminución del número de ataques, el índice de letalidad de estos –esto es, el promedio de bajas de militares y policías por ataque-, aumentó ligeramente de 0.47 bajas a 0.53, es decir, un 12%. Finalmente, en el número de combates por

iniciativa de la Fuerza Pública contra los gru-pos irregulares se presenta una situación paradójica. De un lado, durante el presente

trimestre se registra una caída de 52% con relación al año pasado, ese número

de combates es el más bajo de los últimos 5 años, y represen-

ta solo el 10% del número de combates que desarro-lló la Fuerza Pública en el año 2008. De hecho, el número de ataques de la guerrilla contra la Fuer-za Pública duplica el nú-mero de combates por iniciativa de las Fuerzas Militares contra la guerri-

lla, con lo cual se eviden-cia que la iniciativa la tiene

la guerrilla y que las Fuerzas Militares están a la defensiva.

Pero, de otro lado, los dos últimos bombardeos de la Fuerza Aérea produje-

ron un alto número de bajas en la guerrilla, lo que generó la percepción contraria, es decir, que las Fuerzas Militares están a la ofensiva mientras que la guerrilla se defiende. Es pre-ciso señalar, por tanto, que esos dos comba-tes no alteran por sí mismos la dinámica de la confrontación armada, ni recuperan por sí solos la iniciativa para las fuerzas del Estado. Para que esto suceda, los ataques contun-dentes del Estado tendrían que ser continuos y no esporádicos, y generar una caída en el número de acciones de la guerrilla en contra del Estado, de la sociedad y de la economía nacional. Es lo que está por verse en el futuro.

1. SECUESTROS

En los tres primeros meses del 2012 se registraron en Co-lombia 81 secuestros los cuales se configuraron como la cifra más alta de los últimos cuatro años. En comparación con el mismo periodo del año anterior se evidencia un incremento del 11% al registrarse entre trimestres 8 casos más.

Del total de los hechos del trimestre, el 51% correspondió a secuestros extorsivos los cuales descendieron un 9% en comparación con lo ocurrido entre enero y marzo de 2011. Los secuestros simples concentraron el 49% restante y evi-denciaron un aumento del 43%, pasando de 28 hechos en el primer trimestre del año anterior a 40 en el mismo del presente año.En cuanto a los autores de los plagios, la delincuencia co-

mún fue responsable del 88% de los secuestros del periodo mostrando un aumento frente al primer trimestre de 2011 del 54% pasando de 46 secuestros a 71. EL ELN fue el se-gundo grupo con el 9% de los secuestros sin mostrar ningu-na variación entre ambos periodos. Las Farc se constituyeron como el último grupo generador de secuestros en el país con el 4% del total de los hechos y redujo su accionar en un 84%

En EL PRImER TRImESTRE

hUbO Un AUmEnTO DE LOS SAbOTAjES A

LA InFRAESTRUcTURA EcOnómIcA, DE LOS RETEnES ILEGALES y DEL SEcUESTRO.

LOS ATAqUES cOnTRA LA FUERzA PúbLIcA FUEROn LOS máS nUmEROSOS En 5 AñOS, ExcEPTUAnDO

EL 2010.

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en comparación con el mismo periodo de 2011, teniendo en cuenta que durante el mes de marzo no realizaron nin-gún secuestro.Del total de las víctimas de secuestro, el 47% (38) fue-

ron liberadas por sus captores, fueron rescatadas el 25% (20), permanecen en cautiverio el 14% (11), fueron libera-das bajo presión de las autoridades el 11% (9), se fugaron el 2% (2) y murieron en cautiverio el 1% restante (1). En términos departamentales, las mayores afectaciones

se registraron en Bogotá con el 21% (17) de los secues-tros del primer trimestre del 2012, seguido por Arauca con el 19% (15), con el 10% (8) Nariño y con el 7% el departamento de Cesar.Los mayores aumentos entre los primeros trimestres de

2011 y 2012 se evidenciaron en el departamento de Toli-ma con un incremento del 400% al pasar de ningún caso a 4, y en Bolívar (300%) al pasar de ningún caso a 3, Arauca con un aumento del 200% pasando de 5 a 15 y en Cesar con un aumento igual en términos de proporción (200%) al pasar de 2 casos a 6 y en la capital del país donde los plagios aumentaron un 183% pasando de 6 ca-sos entre enero y marzo de 2011 a 17 durante los mismos meses del presente año.Habría que preguntarse si la frontera con Venezuela está

siendo utilizada por los secuestradores para ocultar a sus plagiados y si esto ha contribuido a que sea Arauca el departamento con más plagios en el país. Otra pregunta que surge es si a mediano plazo el cese del secuestro por parte de las FARC va a tener o no un impacto significativo en la disminución total del secuestro en el país, puesto que lo que se evidencia en el trimestre del presente año es que, a pesar de que este grupo guerrillero disminuyó sus

plagios en un 84%, sin embargo los secuestros extorsivos solo disminuyeron un 9%, debido a que el principal agente del secuestro es la delincuencia común que ejecuta el 88% de los plagios y aumentó sus secuestros en un 54% entre los dos trimestres analizados.

Rótulos de fila 2011 2012 Var% par%2012

BOGOTA D.C. 6 17 183% 21%

ARAUCA 5 15 200% 19%

NARIÑO 10 8 -20% 10%

CESAR 2 6 200% 7%

TOLIMA 0 4 400% 5%

META 2 4 100% 5%

NORTE SANTANDER 3 4 33% 5%

VALLE 7 4 -43% 5%

BOLIVAR 0 3 300% 4%

CASANARE 2 3 50% 4%

CAQUETA 3 3 0% 4%

ATLANTICO 1 2 100% 2%

CHOCO 2 2 0% 2%

ANTIOQUIA 4 2 -50% 2%

BOYACA 0 1 100% 1%

LA GUAJIRA 0 1 100% 1%

CALDAS 2 1 -50% 1%

CUNDINAMARCA 3 1 -67% 1%

CAUCA 7 0 -100% 0%

CORDOBA 4 0 -100% 0%

GUAVIARE 1 0 -100% 0%

HUILA 3 0 -100% 0%

PUTUMAYO 5 0 -100% 0%

VICHADA 1 0 -100% 0%Total general 73 81 11% 100%

Fuente: Dirección operativa para la defensa de la libertad personal, procesado por centro Seguridad y Democracia.

SEcUESTROS En cOLOmbIA EnTRE EnERO y FEbRERO

2011-2012

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2. reTeNeS

Durante el primer trimestre del 2012 se registraron en el territorio colombiano 25 retenes, los cuales en compara-ción con el mismo trimestre de 2011, registra un aumen-to del 400% al pasar de 5 casos entre enero y marzo de 2011 a 25 en el mismo periodo del presente año.

En cuanto a la autoría de los retenes ocurridos en el pri-mer trimestre de 2012, el 76% fueron cometidos por las FARC, el 12% por el ELN, el 8% por las Bacrim y el 4% por los grupos sin determinar. Todos los autores de los retenes ilegales mostraron aumentos entre los primeros trimestres de 2011 y 2012, siendo el mayor el evidencia-do por el ELN (300%) al pasar de ningún caso durante el primer trimestre de 2011 a 3 en el mismo trimestre de 2012. Le siguieron en aumento los retenes perpetrados por las Farc los cuales crecieron un 280% pasando de 5 a 19, los cometidos por las Bacrim con un 200% más que en el primer trimestre de 2011 (de ninguno a 2).A nivel departamental, los retenes entre enero y marzo de

2012 se concentraron en Norte de Santander (32%), y en Cauca y Valle del Cauca con el 12% en cada uno. A pesar que solo se registraron hechos de este tipo en el 30% de los departamentos del territorio nacional durante los tres primeros meses de 2012, en la mayor parte de ellos se registraron aumentos siendo el más significativo el regis-trado en Norte de Santander, (700%) al pasar de 1 caso entre enero y marzo de 2011 a 8 en los mismos meses de 2012. Le siguieron los aumentos en Cauca y Valle del Cau-ca con un 300% más en cada uno, al pasar de ningún caso

a 3. De los 10 departamentos donde se presentaron retenes en el presente año, 8 no habían presentado ningún caso en el año anterior.

DEPTO. 2011 2012 Var% par%2012

Norte de santander 1 8 700% 32%

Cauca 0 3 300% 12%

Valle 0 3 300% 12%

Guajira 0 2 200% 8%

Meta 0 2 200% 8%

Nariño 0 2 200% 8%

Risaralda 0 2 200% 8%

Antioquia 0 1 100% 4%

Caquetá 0 1 100% 4%

Chocó 1 1 0% 4%

Arauca 3 0 -100% 0%Total general 5 25 400% 100%

Fuente: centro Seguridad y Democracia

númERO DE RETEnES EnTRE EnERO y mARzO2011-2012

en cuanto a la autoría de los retenes ocurridos en el primer

trimestre de 2012, el

76%fueron cometidos por las farc, el

12% por el eln, el 8% por las bacrim y el 4% por los grupos sin determinar.

3. COMBATES

Entre enero y marzo se registraron en Colombia 44 combates por iniciativa de la Fuerza Pública, los cuales en comparación con los mismos meses de 2011 muestran un descenso del 52% con 46 contactos armados menos. Así mismo, la cifra de combates este trimestre se consolida como la más baja de los últimos cinco años.

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El grupo más combatido durante el primer trimestre de 2012 fueron las FARC con el 88% de los com-bates del periodo, le siguieron los combates contra las bandas emer-gentes al igual que los entablados contra el ELN con un 5% en cada uno. Al comparar la dinámica de los

grupos combatidos entre los prime-ros trimestres de 2011 y 2012, to-dos los grupos registraron descen-sos siendo el mayor el presentado contra el ELN (-67%) al pasar de 5 a 2, los combates contra las FARC con un descenso entre los primeros trimestres del 2011 y el 2012 del 51%, al pasar de 78 contactos ar-mados a 38 y con la menor reduc-ción entre trimestres los combates contra las Bacrim (-33%) al pasar de 3 a 2.A pesar de la notable reducción

en el número de combates entre los primeros trimestres de 2011 y 2012 el índice de letalidad de estos -expresado en el promedio de bajas por combate-, aumentó ostensible-mente como resultado de las ope-raciones “Faraón” y “Armagedón” en las cuales en dos bombardeos fueron dados de baja 69 guerrille-ros de las FARC, dando como resul-tado un incremento en el índice de letalidad de las Fuerzas Militares de un 370% al pasar de 0,62 bajas por combate en 2011 a 2,91 en 2012. La mayor letalidad durante el 2012

4. ATAQUES

Los ataques de los grupos irregulares contra la Fuerza Pública, los cuales se entienden para el análisis como los hostigamientos, embos-cadas y ataques contra instalaciones tanto militares como policiales, descendieron un 15% pasando de 115 entre enero y marzo de 2011 a 98 durante los mismos meses de 2012.

Las FARC fueron responsables del 90% de los ataques contra la Fuer-za Pública ocurridos durante el primer trimestre de 2012 y en compa-ración con el mismo trimestre de 2011 se evidenció un leve descenso (-1%) pasando de 88 a 89 casos. Le siguieron los ataques perpetrados por grupos no identificados con una concentración del 6% y con un descenso del 54% pasando de 13 ataques durante el primer trimes-tre de 2011 a 6 en el mismo periodo de 2012, los ataques realizados por las Bacrim con el 3% mostrando entre trimestres un aumento del 200% al pasar de 1 caso a 3 y con el 1% restante el ELN, los cuales re-dujeron su accionar en un 92% pasando de 12 casos a 1. En resumen, se puede verificar que las FARC prácticamente mantuvieron su nivel operativo en los dos últimos años, mientras que la caída en la opera-tividad del ELN explica en su mayor parte el descenso de los ataques de los grupos irregulares contra la Fuerza Pública. La modalidad de ataque más utilizada por los grupos irregulares

contra la Fuerza Pública fueron las emboscadas que representaron el 43% del total de los hechos del trimestre en cuestión. Le siguieron los hostigamientos con el 31%, los ataques contra las instalaciones de la Policía Nacional con el 19% y, finalmente, los ataques contra las insta-laciones de las Fuerzas Militares con el 7%.

se registró en los combates por iniciativa de la Fuerza Pública contra las FARC con 3,11 bajas por combate seguida por la letalidad contra el ELN con 2,50 bajas por combate. En términos departamentales, en el 54% del territorio nacional se registraron

combates por iniciativa de la Fuerza Pública siendo el departamento del Meta el de mayor operatividad al registrar la mayor cantidad de combates del primer trimes-tre de 2012 con el 16%. Le siguieron los departamentos de Antioquia con el 14%, Caquetá con el 12%, Cauca con el 9% y con el 7% el departamento de Arauca. Así mismo, los mayores aumentos entre trimestres se presentaron en los depar-

tamentos del Cesar y Putumayo, donde se pasó de ningún combate entre enero y marzo de 2011 a 2 en los mismos meses de 2012; en Córdoba y Norte de Santan-der donde los combates por iniciativa de la Fuerza Pública aumentaron un 200% y Boyacá donde se registró un incremento del 100%.

DEPTO. 2011 2012 Var% par% 2012

Total general 89 43 -52% 100%

META 32 7 -78% 16%

ANTIOQUIA 7 6 -14% 14%

CAQUETA 8 5 -38% 12%

CAUCA 7 4 -43% 9%

ARAUCA 8 3 -63% 7%

CESAR 0 2 200% 5%

CORDOBA 1 2 100% 5%

NORTE SANTANDER 1 2 100% 5%

PUTUMAYO 0 2 200% 5%

TOLIMA 5 2 -60% 5%

BOYACA 0 1 100% 2%

CHOCO 5 1 -80% 2%

GUAVIARE 2 1 -50% 2%

HUILA 4 1 -75% 2%

RISARALDA 0 1 100% 2%

SANTANDER 0 1 100% 2%

VALLE 0 1 100% 2%

VICHADA 2 1 -50% 2%

BOLIVAR 1 0 -100% 0%

CALDAS 1 0 -100% 0%

CASANARE 1 0 -100% 0%

GUAJIRA 1 0 -100% 0%

NARIÑO 2 0 -100% 0%

QUINDIO 1 0 -100% 0%

Fuente: centro Seguridad y Democracia

númERO DE cOmbATES POR InIcIATIvA DE LA FUERzA PúbLIcA EnTRE EnERO y mARzO

2011-2012

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S D29

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DEPTO. 2011 2012 Var% Par% 2012

CAUCA 22 28 27% 29%

NORTE SANTANDER 9 21 133% 21%

ANTIOQUIA 5 9 80% 9%

CAQUETA 9 7 -22% 7%

NARINO 14 7 -50% 7%

ARAUCA 17 6 -65% 6%

META 4 5 25% 5%

PUTUMAYO 5 5 0% 5%

VALLE 6 3 -50% 3%

GUAJIRA 2 2 0% 2%

HUILA 3 2 -33% 2%

BOLIVAR 1 100% 1%

CHOCO 3 1 -67% 1%

TOLIMA 7 1 -86% 1%

CALDAS 1 0 -100% 0%

CASANARE 2 0 -100% 0%

CESAR 1 0 -100% 0%

CORDOBA 2 0 -100% 0%

CUNDINAMARCA 1 0 -100% 0%

QUINDIO 1 0 -100% 0%

VICHADA 1 0 -100% 0%Total general 115 98 -15% 100%

Al analizar el comportamiento de las modalidades usadas por

los grupos irregulares contra la Fuerza Pública, se evidenciaron aumentos en los ataques con-tra las instalaciones de la Policía Nacional con el mayor aumento entre trimestres (73%) pasando de 11 acciones en 2011 a 19 en 2012 y en las emboscadas las cuales crecieron un 14% al pa-sar de 37 hechos a 42. A su vez, se registraron descensos entre los primeros trimestres de 2011 y 2012 en los hostigamientos (-49%) pasando de 59 casos en-tre enero y marzo de 2011 a 30 en los mismos meses de 2012, y en los ataques contra instalacio-nes de las Fuerzas Militares los cuales descendieron un (13%) pasando de 8 casos a 7.El índice de letalidad de los ata-

ques de los grupos irregulares contra la Fuerza Pública –o sea, el promedio de bajas de milita-res y policías por cada ataque

de la guerrilla–, aumentó un 13% entre los primeros trimestres de

2011 y 2012 al pasar de 0,47 bajas por ataque a 0,531.

Fuente: centro Seguridad y Democracia

TIPOS DE ATAqUES DE LOS GRUPOS IRREGULARES cOnTRA LA FUERzA PúbLIcA

EnTRE EnERO - mARzO2011-2012

Tipo de ataque 2011 2012 Var% Par% 2012

Emboscada 37 42 14% 43%

Hostigamiento 59 30 -49% 31%

Ataque instalación Policía Nacional 11 19 73% 19%

Ataques instalación Fuerzas Militares 8 7 -13% 7%Total general 115 98 -15% 100%

Fuente: centro Seguridad y Democracia

númERO DE ATAqUES POR InIcIATIvA DE LOS GRUPOS IRREGULARES EnTRE EnERO y mARzO

2011-2012

En términos geográficos, de los 33 departa-mentos que conforman el territorio nacional en el 42% se registraron ataques entre los meses de enero y marzo del 2012, siendo los más afectados los departamentos de Cauca con el 29% del total de los ataques del trimes-tre. Le siguieron Norte de Santander con el 21%, Antioquia con el 9%, Caquetá y Nariño con el 8% en cada uno y Arauca con el 6%. Al comparar la dinámica regional de los ata-

ques entre los primeros trimestres de 2011 y 2012, los mayores aumentos de ataques con-tra la Fuerza Pública se registraron en los de-partamentos de Norte de Santander (133%) al pasar de 9 casos a 21, Bolívar (100%) donde se pasó de ningún caso a 1, Antioquia con un incremento del 80% (de 5 a 9), Cauca donde las acciones ofensivas contra la Fuerza Pública aumentaron un 27% pasando de 22 a 28 y Meta con un incremento del 25% al pasar de 4 ataques a 5.

5. SABOTAJE

Las acciones de sabotaje, las cuales pretenden alterar la economía local y nacional por medio de ataques a las distintas infraestructuras econó-micas del país, aumentaron un 55% con respecto al tercer trimestre del

el índice de letalidad de los ataques de los grupos

irregulares contra la fuerza pública –o sea, el promedio de bajas de militares y policías

por cada ataque de la guerrilla–, aumentó un 13% entre los primeros

trimestres de 2011 y 2012 al pasar de 0,47 bajas por

ataque a 0,531.

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año anterior, pasando de 64 a 99. De los últimos 9 años, el tercer trimestre de 2011 se configura como la tercera cifra más alta en cuanto a número de sabotajes.Entre enero y marzo de 2012, la modalidad de

sabotaje más utilizada por los grupos irregulares fueron los ataques contra la infraestructura petro-lera con el 72% del total de los hechos del trimes-tre evidenciando, en comparación con el mismo trimestre del 2011, un ascenso del 160% al pasar de 10 casos a 26. Le siguieron los ataques contra la infraestructura energética con el 14% de los ca-sos, mostrando una reducción del 44% en compa-ración con el primer trimestre de 2011 al pasar de 9 a 5, los ataques contra la infraestructura vial con un 11% y con un incremento en comparación con el mismo trimestre de 2011 del 33% al pasar de 3 a 4 casos y con el 3% restante los ataques con-tra la infraestructura de las comunicaciones, sin ninguna variación en comparación con el primer trimestre de 2011.

La distribución porcentual de los autores de las acciones de sabotaje, presentadas entre enero y marzo de 2012, ubican a las FARC como el princi-pal generador de los hechos al concentrar el 94% de los casos (34), y evidenciaron el único aumen-to al comparar los primeros trimestres de 2011 y 2012 al pasar de 17 casos a 34 (100%). Le si-guieron en concentración los grupos sin identificar,

dentro de los que se cuenta a la delincuencia común, con el 3% al igual que el ELN. Estos dos últimos gru-pos mostraron descensos en su accionar, el primero mostró una reducción del 75% y el segundo del 50%.En términos departamentales, las mayores afecta-

ciones en cuanto al número de sabotajes se presen-taron en los departamentos de Norte de Santander con el 42% de los sabotajes ocurridos en Colombia durante el primer trimestre de 2012. Le siguieron los departamentos de Caquetá con el 25%, Arauca con el 14% y con el 8% el departamento de Cauca. Así mismo, se registraron aumentos entre los primeros trimestres de 2011 y 2012 en los departamentos de Caquetá pasando de 1 caso a 9 (800%), Cauca con un incremento del 300% al pasar de ningún caso entre enero y marzo de 2011 a 3 en los mismos meses de 2012 y Norte de Santander donde los sabotajes con-tra la infraestructura económica aumentaron un 42% al pasar de 6 acciones a 15.

Fuente: centro Seguridad y Democracia

númERO DE SAbOTAjES cOnTRA LA InFRAESTRUcTURA EcOnómIcA EnTRE EnERO y mARzO2011-2012

DEPTO. 2011 2012 Var% par% 2012

Norte de santander 6 15 150% 42%

Caquetá 1 9 800% 25%

Arauca 6 5 -17% 14%

Cauca 0 3 300% 8%

Antioquia 4 1 -75% 3%

Chocó 0 1 100% 3%

Meta 0 1 100% 3%

Nariño 2 1 -50% 3%

Casanare 1 0 -100% 0%

Guajira 2 0 -100% 0%

Guaviare 1 0 -100% 0%Total general 23 36 57% 100%

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Por cuenta de la medida adoptada por el recién posesionado alcalde de Bogo-tá, Gustavo Petro, se ha revivido en el país el debate sobre la conveniencia o

inconveniencia de restringir el porte legal de armas cortas por parte de la población civil. Queremos sumarnos a esta discusión apor-tando algunos argumentos en contra de dicha restricción. Los argumentos que aquí expon-dremos buscan animar el debate público y llamar la atención de aquellos que piensan que con la prohibición de las armas legales se solucionarán como por ensalmo las preocu-pantes situaciones de seguridad que aún vive el país. Para compensar la escasez de análisis nacionales rigurosos y concienzudos sobre el tema, es pertinente apelar a la experiencia y a los análisis comparativos internacionales para procurar evitar repetir los errores cometidos en otras latitudes.

Colombia: a pesar de los avances, persiste la violenciaPara empezar, solo un vistazo pano-

rámico a nuestra situación de segu-ridad. A pesar de los avances alcan-zados en los últimos años, y que han reducido la tasa de homicidio a cerca

de la mitad de lo que era hace poco más de una década, Colombia está aún

lejos de tener una situación aceptable de seguridad. De hecho, según Naciones Uni-das, con 36 homicidios por cien mil habitan-tes tenemos la quinta tasa de homicidio más alta del área después de Honduras, Salvador, Venezuela y Guatemala. Un país como Méxi-co que ha adquirido notoriedad en la prensa mundial por el incremento reciente de su vio-lencia homicida tiene, sin embargo, una tasa de homicidio que equivale a una quinta parte de la nuestra. Adicionalmente, en el conjunto de las 27 principales ciudades de Colombia –cada una con más de 200 mil habitantes– el número de secuestros del año 2011 ha sido el más alto de los últimos tres años; el hur-to de automotores el más alto de los últimos cinco años, exceptuando el año 2010; el hurto a entidades financieras el más alto de los úl-timos ocho años; el hurto a personas el más alto de los últimos nueve años, y el homicidio el más alto de los últimos seis años, excep-tuando el 2010.1 Así, las disminuciones re-

1. Ver, Revista Seguridad & Democracia. Universidad Sergio Arboleda, Centro Seguridad y Democracia. Bogotá, Edición 001, diciembre de 2011.

ARMAS LEGALES Y SEGURIDAD: ¿SIRVE LA PROHIBICIÓN?

cientes de la violencia en nuestro país son de una muy preocupante y reducida gradualidad, que de continuar en los próximos años nos colocarían frente a un horizonte temporal muy amplio de persistencia de tasas de violencia relativamente altas.

Crimen organizado y armas ilegales, principal causa del delitoPero está suficientemente demostrado que

la violencia y el homicidio en Colombia tienen como causa principal la acción violenta de las estructuras del crimen organizado, las cuales, por definición, no usan armas legales, sino armas sin registros ni salvoconductos, es de-cir, armas ilegales. Además de que en nuestro medio por cada arma legal hay cerca de cin-co armas ilegales, estas armas ilegales son responsables del 96 % de los homicidios y otros delitos en el país. En efecto, en el año 2001 el Ministerio de Defensa Nacional presentó un estudio según el cual sólo el 3.8 % de las armas involucradas en homicidios eran legales, aunque sin discriminar cuántos de estos homicidios co-rrespondían a legítima defensa y cuántos a hechos delictivos.2 En consecuencia, la restricción al porte de armas legales solo tendría, en el mejor de los ca-sos, un impacto muy marginal en la reducción de la violencia en el país. Se puede concluir en-

2. Ministerio de Defensa Nacional de Colombia Homicidio y Control de Armas en Colombia. 2001. Disponible en: www.mindefensa.gov.co

tonces que si se quiere disminuir de manera importante la violencia y el crimen, la primera urgencia es desarticular las bandas de crimen organizado y los grupos armados irregulares, y golpear duramente el mercado negro de armas ilegales que está detrás de la inmensa mayo-ría de los delitos.

en Colombia no hay armamentismo civil De otra parte, Colombia no se caracteriza

por tener una amplia proliferación de armas legales entre la población. Esa cultura arma-mentista, que existe en otros países, es ajena a nuestro entorno. En efecto, si nos compara-mos con otros países, veremos, por ejemplo, que mientras en Colombia hay un arma legal por cada 45 habitantes, en Argentina hay un arma por cada 15 habitantes, en Estados Uni-dos una por cada 1.5 habitantes, y en Suiza un arma por cada habitante. Es decir, en pro-porción a su población, Colombia tiene tres

POR cADA ARmA LEGAL

hAy cERcA DE cIncO ARmAS ILEGALES, ESTAS ARmAS

ILEGALES SOn RESPOnSAbLES DEL

96 % DE LOS hOmIcIDIOS y OTROS

DELITOS En EL PAíS.

POR cADA ARmA LEGAL

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96 % DE LOS hOmIcIDIOS y OTROS

DELITOS En EL PAíS.

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veces menos armas que Argentina y treinta veces menos que Estados Unidos. Esta bre-cha es aún más amplia si nos comparamos con Finlandia, Israel o Nueva Zelanda. Y todos estos países tienen tasas de crimen mucho menores que las colombianas. De la misma manera, Colombia es un país

que se caracteriza por tener una de las le-gislaciones más exigentes y restrictivas so-bre el porte y la tenencia de armas entre sus ciudadanos. Así por ejemplo, mientras en Estados Unidos solamente es necesario tener cierta edad y esperar unos días para acceder al arma, en Colombia es necesario que el ciudadano pruebe ante las autorida-des la necesidad de tener un arma para su defensa, realizar un curso de manejo de ar-mas, aprobar unas pruebas sicológicas, no tener antecedentes judiciales, entre otros requisitos. Cualquier ciudadano que lo haya intentado puede dar testimonio del camino tortuoso que significa en este país acceder legalmente a un arma. En contraste, con los contactos necesarios el acceso a cualquier tipo de armas ilegales es expedito, su pre-cio es cinco veces menor que el de un arma legal, existe una amplia oferta y disponibi-lidad de todo tipo de armas, y son muchas

las modalidades de acceso, que van desde la venta hasta el alquiler temporal por pre-cios irrisorios.

Más armas legales, menos delitosPero tampoco está demostrado que a ma-

yor disponibilidad de armas legales entre la población haya un mayor número de delitos. Son muchos los ejemplos internacionales que más bien demuestran lo contrario, es decir, que existe una coincidencia entre una alta tasa de armas legales y un bajo número de delitos. Por ejemplo, Suiza tiene la más alta tasa de armas legales del mundo entre su po-blación, pero su tasa de delitos es solo una pequeña fracción de la que existe en su vecina Alemania donde son muy duras las restriccio-nes a la tenencia y porte de armas entre los civiles. La comparación puede hacerse entre Nueva Zelanda y Australia: alta disponibilidad de armas y poca delincuencia en la primera, muchas restricciones y más alta delincuencia en la segunda. Israel, con muy alto armamen-tismo civil, tiene menos crimen que Canadá, donde las armas están prohibidas. Pero vi-niendo a un entorno más cercano, podemos corroborar que, por ejemplo, Argentina tiene tres veces más armas legales que Colombia,

pero simultáneamente su tasa de criminali-dad es cuatro veces menor que la nuestra. Esta coincidencia internacional entre un

alto número de armas legales en la pobla-ción y bajas tasas de delitos también se cumple en nuestro entorno nacional. En efecto, si comparamos algunas de nuestras ciudades principales vemos cómo algunas de ellas tienen tasas altas de armas lega-les entre la población y al mismo tiempo presentan tasas relativamente bajas de de-litos y de homicidios, como son los casos de Bucaramanga y Popayán. En contraste, otras ciudades con bajas tasas de armas legales tienen no obstante altas tasas de crimen y de homicidio, por ejemplo Cali y también Pereira. Lo que hace la diferencia es la baja presencia del crimen organizado en las primeras y su alta presencia, factor que también en el conjunto del país es el que determina la frecuencia del delito con sus armas ilegales.3 Los estudios de John Lott4 para el caso de

Estado Unidos, también parecen demostrar la falta de correspondencia entre disponibili-dad de armas legales y altas tasas de delitos.

3. Ver, Violencia, Crimen y Tráfico Ilegal de Armas en Colombia. UNODC- Fundación Seguridad y Democracia, Bogotá, 2006.4. Ver, John, Lott. More Guns, Less Crime. Understanding Crime and Guns Control Laws. The University of Chicago Press, Chicago, 1998.

Incluso este autor va más allá y después de haber estudiado el caso de Estados Unidos durante 20 años, haciendo un acopio de infor-mación no igualado en ningún otro análisis, su principal conclusión es que entre más ar-mas legales disponga el público, menos cri-men habrá en la sociedad. Así, según Lott, los 29 estados que permiten las armas han teni-do reducciones dramáticas en el crimen, en particular los asesinatos, las violaciones y los asaltos agravados. Sus tasas de crimen caye-ron en relación con los Estados que prohíben las armas. Según las cifras oficiales recopila-das por Lott, los homicidios son un 81 % más bajos en los Estados donde hay libre porte de armas.

el desarme desprotege a la poblaciónMás aún, según Lott, el paso de la permi-

sión a la prohibición tiene consecuencias muy negativas para la seguridad. Así, antes de la prohibición Washington tenía una tasa de ho-micidio 28 % más alta que el promedio de las grandes ciudades en Estados Unidos. Veinte años después de la prohibición esa misma tasa era un 98 % más alta que ese mismo promedio. Según el criminalista Joyce Lee Malcom5, la ley que en Inglaterra prohibió en 1977 el porte de armas, es la principal causa del aumento de los delitos. Se refiere este analista a que antes de la prohibición la gente estaba armada, había poca delincuen-cia y la policía, los famosos “bobbies”, esta-ban desarmados; diez años después la gente está desarmada, la delincuencia se disparó y los “bobbies” tuvieron que armarse. Solo en 2005 aumentaron en Inglaterra un 50 % los crímenes violentos. Desde que en 1996 pro-hibieron en Australia las armas, los asaltos con armas ilegales han aumentado un 44 %. La experiencia colombiana también es digna de mención: la ciudad de Medellín ha restrin-gido durante los últimos años el porte de ar-5. JOYCE, Lee Malcolm. Guns & Violence : The English Experience. Harvard University Press, Cambridge ,2000. Citado por MACIEL, Guillermo. Armas de Fuego, Seguridad y Delincuencia. En, tacticalcg.com/Articulos/Armas de Fuego.pdf

argentina tiene 3 veces más armas legales per cápita que colombia, pero su tasa de crimen es 4 veces menor. se

explica porque en colombia hay muchas más armas ilegales, responsables del

96%d e l o s d e l i t o s.

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mas legales, y durante esos mismos años el homicidio no ha dejado de crecer.Todo lo anterior tiene sentido si analizamos

los hechos a la luz de la teoría económica del crimen, que establece que todo criminal tie-ne su propia racionalidad y antes de actuar hace un balance entre los beneficios poten-ciales y los riesgos eventuales de cometer una fechoría. Es de bulto que una víctima desarmada representa un menor riesgo para el delincuente que una víctima armada, y que, por tanto, el desarme general reduce los costos de los delincuen-tes y los induce a incrementar su actividad criminal. Esto ocurre porque mientras la ciudadanía que está dentro de la ley es desarmada, los delincuentes continúan armados aún des-pués de la prohibición.En contra del porte de armas

se argumenta que quien posee un arma tiene 40 veces más posibilidades de morir violen-tamente que quien no la tiene. Es un argumento sofístico. También podría decirse que quien usualmente conduce un automóvil tiene muchas veces más posibilidades de morir en un accidente automotriz que quien anda a pie, pero esto no se puede esgrimir como ar-gumento para prohibir los au-tomóviles. Ni quien porta un arma ni quien conduce un automóvil está condenado por ese solo hecho a morir violentamente.

Las armas legales disuaden a los delincuentesEn contraste, debe acentuarse el com-

probado efecto disuasorio que frente a los criminales conlleva portar un arma. Según Lott, cada 13 segundos un norteamericano usa un arma para defenderse de un crimi-nal; el 16 % de quienes se han defendido con un arma tienen la certeza de que hubie-ran resultado muertos o heridos si no hu-

bieran estado armados. Adicionalmente, un estudio en Estados Unidos demostró que el 34 % de los delincuentes presos fue asus-tado, herido o capturado por una víctima que en el momento del asalto criminal se encontraba armada. Pero este efecto disuasorio de las armas

legales contra el delito, no convierte a quie-nes las portan en un factor de inseguridad y violencia. De acuerdo con el estudio de Lott,

en el 85 % de los casos en que se usó un arma legal el agresor atacó primero

a su víctima. El 91 % de los que se defendieron con su arma no tuvieron necesidad de herir o matar a su agresor, aún cuan-do en un 60 % de los casos la víctima fue atacada por dos o más delincuentes. Detalle de no menor importancia es que en el 80 % de los casos la víc-tima llevaba el arma oculta, sin hacer ninguna ostentación de ella. La disuasión también opera

para el caso de la vigilancia privada. Para un delincuente, la presencia de un vigilante ar-mado es un factor más disua-sivo que la de uno desarmado. La disuasión se demuestra con el hecho de que en los últi-mos cuatro años los vigilantes privados en Colombia solo han

tenido que usar sus armas en 23 ocasiones, es decir, en el 0.093 % de las situaciones de peligro. Esto demuestra también que los vigilantes no usan su arma en forma indiscri-minada, que no representan un riesgo para los ciudadanos, y que los delincuentes sí son disuadidos por los vigilantes armados. Adi-cionalmente, la poca cultura armamentista de nuestro país también se corrobora si se tiene en cuenta que solo hay disponible un arma legal por cada cuatro vigilantes pri-vados.6

6. El Tiempo, lunes 16 de enero de 2012, página 3.

para un delin-

cuente, la pres-encia de un vigi-

lante armado es un factor más disuasivo que la de uno desar-mado. la disuasión se demuestra con el hecho de que en los últimos cuatro años los vigilantes priva-dos en colombia solo han tenido que usar sus armas en 23 ocasiones, es decir, en el 0.093 % de las sit-uaciones de peligro.

Mantener el control nacional sobre las armasFinalmente, son mezquinos los argumentos

que señalan que por el hecho de que en Co-lombia el monopolio de la fabricación y venta de armas legales lo tiene el Ejército Nacional, esta institución estaría interesada en la prolife-ración de armas entre la población. Es un argu-mento improcedente a favor de la prohibición. En primer lugar, como hemos visto, en Colom-bia no hay una cultura armamentista generali-zada entre la población y el mercado legal de las armas es estructuralmente restringido, lo que no hace de su producción y venta un gran negocio, económicamente hablando. En segun-do lugar, los ingresos por este rublo son franca-mente marginales con respecto al presupuesto total de las Fuerzas Militares. Y en tercer lu-gar, porque aunque formal y legalmente es el Ejército el que autoriza o restringe el porte de armas en los departamentos y municipios del país, esta institución está adscrita al Ministerio de Defensa Nacional y se encuentra sometida a las determinaciones del poder civil en cues-tiones de seguridad nacional y ciudadana; por

tanto, según la legislación actual, es el Gobierno Nacional el que en última instancia tiene en sus manos el control del porte de armas por parte de los civiles. En una situación tan compleja de seguridad como

la que aún vivimos los colombianos, es aconseja-ble que sea el Gobierno Nacional el que, a través del Ejército Nacional, siga determinando cómo se maneja el porte de las armas por civiles en los departamentos y municipios del país, con el fin de garantizar un manejo consistente del tema, en coherencia con las políticas nacionales de segu-ridad. En consecuencia, por muy democrática y civilista que parezca la iniciativa de darle autono-mía a alcaldes y gobernadores para determinar si en su jurisdicción se prohíbe o se permite el porte de armas, esta medida puede atentar contra la coherencia y desarticular las políticas y las estra-tegias nacionales de seguridad. Aún falta mucho por andar en el camino de la normalización del país en el campo de la seguridad para que seme-jante iniciativa sea recomendable.

Después De la prohibición De las armas legales, los crímenes violentos aumentaron un 50% en inglaterra y un 44% en australia.

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La evolución reciente de la seguridad urbana en Colombia presenta un panorama bastan-te disparejo con estancamientos, avances y retrocesos según las ciudades y los delitos

de que se trate. En efecto, en los últimos años el homicidio urbano aparece prácticamente estan-cado, simultáneamente se han incrementado en forma significativa las lesiones personales, el hur-to a personas, a bancos y de vehículos, mientras ha disminuido la piratería terrestre, el hurto al co-mercio y de residencias. O sea que de los 8 prin-cipales delitos que más afectan a los habitantes de los centros urbanos, 4 presentan retrocesos, en uno hay estancamiento y solo hay avances claros en 3.Como conclusión general se puede señalar que

en la actualidad Villavicencio es de lejos la ciudad con los peores indicadores de seguridad, seguida de Neiva y Cali. Las ciudades con los mejores in-dicadores son Bello, Medellín y Buenaventura. Y

las ciudades que, sin ser las más seguras ni las más inseguras, han visto deteriorar de manera más grave su situación de seguridad en el último año son Pasto, Cúcuta, Santa Marta y Cartagena.

SEGURIDAD URBANA:

MÁS RETROCESOS QUE AVANCES

En la actualidad Villavicencio es de lejos la ciudad con

los peores indicadores de seguridad, seguida de Neiva

y Cali. Las ciudades con los mejores indicadores

son Bello, Medellín y Buenaventura. Y las ciudades que, sin ser las más seguras

ni las más inseguras, han visto deteriorar de manera más grave su situación de seguridad en el último año

son Pasto, Cúcuta, Santa Marta y Cartagena.

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HOMICIDIOEn el conjunto de estas ciudades, entre los años 2003

y el 2011 se registra una reducción del homicidio del 29%, al pasar de 10.853 casos en el 2003 a 7.736 en el 2011, y de una tasa por cien mil habitantes promedio 51,3 a 36,5. Sin embargo, luego de una disminución importante entre 2003 y 2008, este delito se resiste a disminuir sustancialmente en los últimos años. De hecho, se volvió a incrementar a partir del 2009, a tal punto que en el año 2011 el número de homicidios urbanos fue superior al que se presentó en el 2006, 2007 y 2008. Entre el 2010 y 2011 la reducción fue de tan solo el 1%. Las ciudades con más altas ta-sas de homicidio son Palmira, Cali, Itagüí, Medellín y Villavicencio. Pero son muy preocupantes los incre-mentos del último año en Santa Marta (19%), Pasto (18%), Armenia (15%), Montería (15%) y Sincelejo (15%). Las que menos tasas presentaron en el 2011 fueron Floridablanca, Bucaramanga, y Bogotá, D.C.

hURTO A PERSOnASEl hurto a personas es otro delito que presenta una tendencia

sostenida al alza desde hace 9 años. Hoy en las ciudades de Co-lombia hay el doble de hurtos a personas que hace 9 años. La inmensa mayoría de los casos están relacionados con hurto de teléfonos celulares, cuyo mercado negro es realizado por bandas de crimen organizado que aprovechan la falta de reglamentación y de control de las autoridades. Todavía no se ve un impacto posi-tivo de los anuncios ni las medidas que se han tomado para ata-car este mercado negro. Las ciudades con las más altas tasas de hurtos por cien mil habitantes son: Villavicencio (640), Sincelejo (475), Bucaramanga (470), Neiva (369) y Manizales (340). Las que tienen menores tasas son Bello (26), Buenaventura (59) y Medellín (61). Como se puede comprobar, existe diez veces más riesgo de que a una persona le roben el teléfono celular en Vil-lavicencio que en Medellín. También se registraron aumentos im-portantes de hurto a personas en Pasto –donde se duplicaron los casos–, Cúcuta, Cartagena y Santa Marta.

Homicidios en las 27 ciudades principales

Hurto a personas en las 27 ciudades principales

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LESIOnES PERSOnALESCon relación a las lesiones personales no se ha avanzado

nada en los últimos nueve años, más bien se ha retrocedido, como se evidencia en el hecho de que en el año 2011 se presentó el mayor número de casos en los últimos 9 años, excluyendo el 2009. Así, en el 2011 hubo un incremento de 21% con relación al 2003, y de 27% con relación al 2010. La tendencia general es al alza. Las ciudades con más alta tasa de lesiones personales por cien mil habitantes son: Vil-lavicencio (356), Bucaramanga (387), Neiva (347), Barran-cabermeja (326) y Pasto (291). Las que tienen menos tasa son Bello (12), Itagüí (30) y Medellín (31). En Villavicencio hay 30 veces más riñas que en Bello. Se presentaron aumen-tos importantes en Pasto (donde se triplicaron), Cúcuta (con dos veces y media más riñas), Cartagena, Armenia, Santa Marta, Cali y Barranquilla.

hURTO A EnTIDADES FInAncIERASCon la misma tendencia creciente en el largo

plazo se encuentra el hurto a entidades finan-cieras, siendo el 2011 el año que registró el más alto número de estos delitos en los últimos 8 años, con un incremento del 83% con relación al 2004 y de 76% con respecto al 2010. Las ciuda-des con mayores tasas fueron Itagüí, Barranqui-lla, Bogotá y Cali. Por razones de concentración de la actividad del sector financiero, en Bogotá ocurrió el 58% de los hechos, seguida por Ba-rranquilla y Cali con 10% cada una, y Medellín con un 9% del total.

Lesiones personales en las 27 ciudades principales

Hurto a entidades financieras en las 27 ciudades principales

En el 2011 se registró el más alto número de hurtos a entidades financieras de los últimos 8 años, con un incremento del 83% con relación al 2004 y de 76% con respecto al 2010.

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hURTO DE AUTOmOTORESAunque este delito descendió de manera significativa entre

el 2003 y el 2007, a partir de este último año el hurto de au-tomotores también presenta una tendencia sostenida al alza, pero menos acentuada que los anteriores delitos. Con todo, el 2011 fue el año con mayor número de robos de automoto-res de los últimos 5 años, exceptuando el 2010. Las ciudades con mayores tasas por cien mil habitantes en este delito son Cali (92), Pasto (63), Bogotá (40), Medellín (36) y Barranquilla (34). Con las menores tasas están Buenaventura, Sincelejo y Armenia, cuyas tasas oscilaron entre 2 y 3, muy lejos de las ciudades con las más altas tasas. Los mayores aumentos en el último año se presentaron en Pasto –donde casi se triplicó el delito–, Neiva y Villavicencio –casi duplican sus tasas–, Barran-quilla y Popayán.

Hurto a vehículos en las 27 ciudades principales

Pirateria en las 27 ciudades principales

PIRATERíA TERRESTREEl delito urbano que presenta la más acentuada tenden-

cia a la baja es el de la piratería terrestre, debido a que una mayor presencia de las autoridades en las carreteras y al mejoramiento de los sistemas de control en vehículos de carga por parte de las empresas privadas, ha incidido positivamente en su reducción. El 2011 tuvo solamente un 18% de los casos del año 2003. Sin embargo, las ciuda-des con el mayor número de casos en el último año fueron Medellín que concentró el 28% de estos delitos, Bogotá con 27%, Bello con 9%, Itagüí e Ibagué, ambas con 5% del total. Los mayores aumentos se presentaron en Itagüí, Cartagena, Ibagué, Barrancabermeja y Buenaventura.46

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hURTO DE RESIDEncIASOtro delito con tendencia a la baja es el

hurto de residencias, aunque con un des-censo muy débil del 8% en los últimos 9 años. Las ciudades con más altas tasas por cien mil habitantes son: Villavicencio (285), Valledupar (106), Pereira (103), Neiva (90), e Ibagué (67). Las que menos tienen son Bello, Medellín y Soledad. Las que tuvieron mayor incremento en el úl-timo año son Buenaventura, Pasto y Cú-cuta, cuyas tasas oscilan entre 3 y 10. Es impresionante constatar que la tasa de hurto de residencias es 57 veces más alta en Villavicencio que en Medellín.

hURTO A cOmERcIOFinalmente, aunque con importantes

oscilaciones, el hurto a comercio tam-bién ha descendido en los últimos años: ha bajado un 18% en los últimos 9 años, un 17% desde el 2009, y un 8% con rela-ción al 2010. No obstante, las ciudades con las más altas tasas por cada cien mil habitantes son: Villavicencio (186), Pereira (117), Neiva (113), Santa Marta (90), y Valledupar (77). Las más bajas tasas están en Sincelejo (4), y Medellín, Palmira y Bello, cuyas tasas oscilan en-tre 10 y 12. Las ciudades donde se ha agravado el delito en el último año son Buenaventura –donde casi se triplicó el delito–, Neiva y Pasto, cuyas tasas casi se duplicaron, y Pereira, donde este deli-to aumentó un 64% en el 2011.

cOncLUSIónTodavía queda mucho por hacer en lo que respecta a la seguridad ciudadana. No basta

con señalar que el homicidio es ahora el más bajo, pues su muy lenta caída en los últimos años señala unos factores estructurales de persistencia que se empecinan en impedir que Colombia logre las tasas promedio de la región o, incluso, de países con imagen reciente de violentos, como México, que, no obstante sus complicaciones de seguridad, tiene una tasa de homicidio por cien mil habitantes de 14, menos de la mitad de la nuestra. Ese estancamiento en el homicidio urbano, junto con la tendencia creciente de los hur-

tos a personas, las lesiones personales y del hurto de vehículos, además del muy leve descenso del hurto de residencias, se suman y se refuerzan y produce como resultado que la mayor parte de la ciudadanía perciba que su entorno más cercano de seguridad se sigue deteriorando. A todo esto se agrega una creciente sensación de desgobierno en ciu-dades como Bogotá que se han visto sacudidas por protestas ciudadanas que se salieron de control, se convirtieron en asonadas y produjeron graves daños a la infraestructura de movilidad, ante la mirada impasible de las autoridades, deteriorando aún más la sensa-ción de seguridad ciudadana. Los nuevos alcaldes deben actuar de forma más decidida y apoderarse del manejo de la seguridad de sus ciudades, para así enviar al menos el mensaje tranquilizador a la ciudadanía, de que en su entorno hay alguien que se ocupa directamente de hacer efectivo este derecho ciudadano.

Hurto a residencias en las 26 ciudades principales

Hurto de comercio en las 26 ciudades principales

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ROGER SCRUTON Y LOS USOS DEL

PESIMISMO

Roger Scruton es quizás uno de los filósofos más polémicos hoy en el Reino Unido. Su obra es muy diversa: más de treinta ensayos sobre filo-sofía, política, arte, arquitectura y música, nove-las y relatos de ficción e incluso ha compuesto el libreto y la música de dos óperas que han llegado a ser representadas en Inglaterra. Entre

sus obras se podrían destacar las siguientes: The meaning of Conservatism (1980), From Descartes to Wittgenstein: A short history of modern Philosophy (1981), Thinkers of the new Left (1985), An intelligent person’s Guide to Philo-sophy (1996), The Aesthetics of Music (1997), The need for Nations (2004), A political Philosophy: Arguments for Con-servatism (2006), News from somewhere (2004) y las dos más recientes, I drink therefore I am: A philosopher’s Guide to Wine, publicada en 2009, y The uses of pessimism and the danger of false hope, en 2010. Scruton se define a sí mismo como conservador “no por-

que quiera serlo, sino porque mi pensamiento me obliga a ello”. Vivió en París los sucesos de Mayo del 68. Aquella izquierda subversiva que estaba dispuesta a llevarse por delante todas las instituciones académicas, y cuyo ideal era la Revolución Cultural China , hizo emerger su conservadu-rismo: “yo quería conservar lo que ellos pretendían destruir”. Al final de los noventa, Scru-ton decidió instalarse a vivir, con su mujer e hijos, en una granja que posee en un pue-blecito del condado de Wilts-hire, al sureste de Inglaterra. El último libro de Scruton,

The uses of pessimism and

la sociedad tiene síntomas de haberse dejado seducir por las falacias de un puñado de ilusionistas utópicos, vendedores de sueños irrealizables. para neutralizarlos, scruton apela a los pesimistas razonables.

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the danger of false hope, publicado por Ariel con el título Usos del pesimismo. El peligro de la falsa esperanza, está dirigido a los “pesimistas” razonables. Es decir, a esas personas que creen que vivimos en un momento de desconcierto ideo-lógico, moral, cultural y político y bus-can argumentos para combatir la sin-razón que parece haberse apoderado de nuestra sociedad. Una sociedad que da síntomas de haberse dejado seducir por las falacias de un puñado de ilusio-nistas utópicos, vendedores de sueños irrealizables. Scruton rastrea en la historia, en la

psicología, en la filosofía y en la política para analizar de dónde viene el poder de sugestión de esos vendedores de fal-sas esperanzas y cuáles son las falacias que se esconden tras sus discursos op-timistas. Toma de Schopenhauer el sig-nificado del “optimismo” para conducir al lector a la conclusión de que debe huir de las utopías irrealizables y concentrar sus energías en la defensa de la “libertad con restricciones” y de la felicidad conseguida con sacrificios: “En este libro examino el op-timismo en el sentido en que Schopenhauer llamaba su modalidad ‘perversa’ o ‘sin es-crúpulos’, y analizo el papel que desempeña el pesimismo cuando se trata de restablecer el equilibrio y la sensatez en la dirección de los asuntos humanos”. Así pues, un “optimista sin escrúpulos”

será, para Scruton, aquel que quiere re-solver los conflictos humanos aferrándose siempre a la que considera solución ideal, al “mejor caso posible”, y se niega a anali-zar cualquier otra posibilidad. Lejos de asu-mir la responsabilidad de equivocarse, es-tos “optimistas” siempre están dispuestos a hacer recaer sobre otros la culpa de sus errores, descalifican a quienes les critican o tratan de poner freno a su afán reformador, considerándolos “seres diabólicos” que, po-seídos de un cinismo cruel, pretenden des-truir “las esperanzas de la humanidad”. El optimista sin escrúpulos actúa como un

devoto que dominado por la arrogancia que le da su fe aspira a la mejora de “la espe-

cie”, al tiempo que ignora y desprecia las necesidades de sus semejantes; no gusta de soluciones individuales, sueña con plani-ficaciones a gran escala, transformaciones redentoras cuyas consecuencias desconoce. En su optimismo y su afán redentor pone en peligro, y a veces destruye, las institucio-nes y los procedimientos que podrían servir para corregir los errores. La falsa esperanza de estos optimistas,

advierte Scruton, nada tiene que ver con la esperanza del que cree en una vida eterna, que sabe que el Reino de Dios no es de este mundo y “que cualquier intento de construir el cielo en la tierra sería tan presuntuoso como irracional”. Tampoco tiene que ver con la forma de actuar de los que Scruton consi-dera optimistas “con escrúpulos”, quienes, antes de tomar una decisión, acuden a las fuentes del conocimiento respetando la je-rarquía del saber, consideran la posibilidad de equivocarse y optan por la que piensan será mejor decisión, asumiendo los riesgos de un posible error. El uso del pesimismo sirve de freno a la

falsa esperanza de los “optimistas sin es-crúpulos” que están dispuestos a redimir a los hombres y establecer el Reino de Dios

scruton revela que los errores más obvios son los más difíciles de rectificar. los optimistas sin escrúpulos aceptan falacias que se apoderan de su mente y quedan adheridas en lo más profundo de sus emociones.

res a los que conduce la creencia en las falsas ilusiones que producen y alerta del poder que aún ejercen en nuestro tiempo. Merece la pena exponer brevemente cómo analiza Scruton estas falacias.

La FaLaCia deL ‘NaCidOS eN LiBerTad’ El artífice de esta falacia fue Rousseau, que

en su Contrato social “anunció de manera grandilocuente que el hombre nace libre, pero que en cualquier parte del mundo se encuentra cubierto de cadenas”. No se decide Scruton a situar a Rousseau

entre los optimistas, pero afirma con rotun-didad que el autor de las Confesiones “sumi-nistró el lenguaje y las líneas de pensamien-to con las que presentar un nuevo concepto de libertad humana, de acuerdo con el cual la libertad es lo que queda cuando retira-mos todas las instituciones, restricciones, leyes y jerarquías”.

Desde la Revolución francesa, esa idea de que la libertad es una condición natural del género humano que exige la eliminación de las instituciones y de la jerarquía ha ido ga-nando fuerza en la filosofía, en la política y en la educación. Una interpretación de la libertad que para Scruton es absolutamente falaz, pues “Instituciones, leyes, restriccio-nes y disciplina moral son una parte de la libertad y no su enemigo, liberarse de ellas acabaría rápidamente con la libertad”. El niño solamente cuando sale de su yo

egoísta tiene la oportunidad de entrar en el mundo de los otros y de aprender a respe-tarlos. Y sólo entonces, cuando es capaz de respetar a los otros, puede respetarse a sí mismo. Solamente cuando ha aprendido a compartir el mundo con los demás, cuando ha llegado a aceptar las restricciones que hacen posible el disfrute de la libertad en un grupo humano, habrá aprendido lo que es la

en la Tierra. “El pesimismo –escribe Scru-ton– nos enseña a no idealizar a los seres humanos, para así perdonar sus errores y podernos esforzar en privado para enmen-darlos”. El estudio de Scruton sobre los usos del

pesimismo “revelará un rasgo todavía más interesante de la naturaleza humana: que los errores más obvios son los más difíciles de rectificar”. Esa dificultad de rectificar los errores reside en el hecho de que las deci-siones que llevaron a cometerlos no fueron dictadas por la razón sino por la aceptación de una serie de falacias que, una vez se apoderan de la mente del hombre, quedan adheridas a lo más profundo de sus emocio-nes. Los individuos que sucumban al poder de esos engaños intelectuales se verán su-mergidos en un mundo de ilusiones tan con-fortable que inventarán cualquier estrategia y utilizarán todas las armas posibles con tal de no verse obligados a abandonarlo. Además de “la falacia del mejor caso po-

sible”, que definiría el optimismo sin escrú-pulos, Scruton analiza otras seis falacias, a las que llama “el nacidos en libertad”, “la utopía”, “la suma cero”, “la planificación”, “el movimiento del espíritu” y “la agrega-ción”. En su estudio recorre los graves erro-

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libertad. El niño debe aprender que el dis-frute de la libertad exige responsabilizarse de las consecuencias de nuestras acciones. Así que, concluye Scruton, no nacemos li-

bres, “La libertad, aunque valiosa en sí mis-ma, no es un regalo de la naturaleza, sino el resultado de un proceso educativo, algo que debemos obtener a través de la disciplina y el sacrificio”. El filósofo nos induce a llegar a la conclusión de que sería absurdo pensar que nacemos libres cuando es evidente que no nacemos responsables. Scruton encuentra un magnífico ejemplo

de esta falacia en “la revolución que barrió las escuelas y departamentos de educación durante los años cincuenta y sesenta, y que nos indicó, enarbolando la autoridad de una ristra de pensadores que iban de Rousseau a Dewey, que la educación no debía fundamen-tarse en la obediencia y el estudio, sino en la expresión de la personalidad y el juego”. Y como ejemplo concreto cita el informe

Children and their Primary Schools, reali-zado en 1967 en Inglaterra por el Consejo Central de Educación, presidido por Lady Plowden, con el que se obligó a las escuelas bri-tánicas a sustituir los métodos tradicio-nales de enseñanza por una “pedagogía pro-gresista”. La aplicación del informe se llevó por delante los programas tradicionales, la disciplina en las aulas, la instrucción y la au-toridad académica de los profesores para, aparentemente, hacer triunfar la creatividad del niño, el autoaprendizaje o la libre y lúdi-ca construcción del propio conocimiento. Y por si acaso algo fallaba, para protegerse del posible error, el informe descargaba de toda responsabilidad a los responsables directos de la educación, es decir, a los padres, pro-fesores y alumnos, y señalaba como únicos culpables a la sociedad, a los jerarcas y a la falta de recursos económicos. No es necesario ser un experto en educa-

ción para estar de acuerdo con Scruton en que esta falacia del “nacido libre” ha domi-nado el pensamiento educativo a lo largo del

siglo XX. Una falacia que se apoderó de las mentes de unos optimistas que carecieron de escrúpulos para imponerla a la sociedad y lograron encontrar las armas necesarias para protegerse de la realidad.

LA FALACIA DE LA UTOPÍA Los utópicos, según Scruton, ven el mundo

de una forma muy particular. Son capaces de ignorar o desechar los hallazgos de la ex-periencia o del sentido común, y colocar en el centro de cada deliberación un proyecto que saben es absurdo e irrealizable. Pero el hecho de ser absurdo, en vez de conside-rarlo un defecto, lo utilizan como forma de descalificar a quien se atreva a señalar que la idea es descabellada. La utopía se protege de la refutación, de la

realidad de los hechos, mediante la descalifica-ción moral: “El ideal se vuelve tan puro como se pretendía. Quienes creen que pueden refu-

los utópicos, según scruton, ven el

mundo de una forma muy particular. son

capaces de ignorar o desechar los hallazgos

de la experiencia o del sentido común, y

colocar en el centro de cada deliberación

un proyecto que saben es absurdo e

irrealizable.

tarlo recurriendo a los hechos, es evidente que están guiados por ‘conciencias falsas’”. “Este marco mental –escribe Scruton– ha

desempeñado durante dos siglos un papel determinante en la política europea, y en ningún caso la experiencia de los desastres ha tenido el menor efecto para conseguir al-gún resultado a la hora de frenar a los nuevos reclutas”. No le faltan ejemplos a Scru-

ton para describir la trage-dia que puede sobrevenir cuando un puñado de utópicos alcanza el po-der. Ante cualquier sos-pecha de que la realidad pueda empañar sus sue-ños, buscarán víctimas propiciatorias contra las que dirigir su cólera. Lo hicieron los jacobinos contra los aristócratas, lo hizo Hitler contra los judíos, lo hicieron los bolcheviques contra los burgueses, los ku-laks, y “cualquier grupo que pudiera satisfacer el papel de víctima sacrificial, tal y como exige la falacia de la utopía”.

LA FALACIA DE LA SUMA CERO Cuando los optimistas sin escrúpulos de-

ben afrontar un fracaso buscan siempre un culpable. Instintivamente les funciona un cierto sentido de compensación: si yo fra-caso es porque alguien ha tenido éxito. Es lo que Scruton llama “falacia de la suma cero”, en la que “cada pérdida es la ganan-cia de otro”. El norte será cada vez más rico a costa de que el sur se empobrezca. La po-breza del Tercer Mundo se debe al enrique-cimiento de sus colonizadores. Esta falacia, que “ha sido la raíz del pensa-

miento socialista desde los escritos de Saint-Simon, pero sólo se ha convertido en un clá-sico después de que Marx formulase la teoría

de la plusvalía”, conduce inexorablemente al resentimiento y a la confusión entre igualdad y justicia que ha gobernado las reformas educa-tivas de las sociedades occidentales.

Scruton cuenta cómo sien-do de familia pobre tuvo la

suerte de conseguir una plaza en la Gram-mar School de su

distrito. Las Grammar Schools eran centros públi-cos de enseñanza secunda-

ria en los que sólo podían matri-cularse los niños que obtenían una buena nota en los exáme-nes conocidos como Eleven plus que todos debían realizar a los once años, edad en que finalizaban la educación pri-maria. Este sistema se implan-tó en Inglaterra en 1944 y se mantuvo hasta que, en 1965, el

ministro de Educación laborista, Anthony Crosland, decidiera ce-

rrar las Grammar Schools e imponer como único modelo de enseñanza secun-

daria el de las Comprehensive Schools, en las que ingresaban todos los niños de once años y permanecían hasta los dieciséis reci-biendo las mismas enseñanzas. Para Scruton, la explicación del odio de los

laboristas hacia las Grammar Schools pue-de encontrarse en esta falacia de “la suma cero”. Un sistema que permitía el éxito de algunos inevitablemente permitiría el fraca-so de otros. No se podía permitir que unos gozaran de todas las oportunidades mien-tras otros quedaban al margen. “De este modo –escribe Scruton– nació el

movimiento de la educación comprehensiva, junto con la hostilidad a las clases tradicio-nales y la degradación de los exámenes, con el propósito de evitar que el sistema educati-vo produzca y reproduzca ‘desigualdades’”. Era fácil asegurar la igualdad en el campo de la educación, bastaba con retirar todas

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las posibilidades de prospe-rar, de manera que ningún estudiante consiguiera apren-der algo. “Un sistema que ofrecía a niños de familias pobres una oportunidad de avanzar por los méritos de su talento o de su esfuerzo, fue destruido sin más, por la sim-ple razón de que distinguía a los que triunfaban de los que fracasaban”. Con una pequeña dosis de realis-

mo, añade Scruton, se podría haber pensado que un chico puede triun-far en una cosa y fracasar en otra. “Sólo un sistema educativo diversifi-cado, con exámenes rigurosos y bien diseña-dos, permitiría a los críos de-sarrollar su pericia, su habilidad o su vocación hacia el campo que les resultase.

LA FALACIA DE LA PLANIFICACIÓN Como ejemplo del efecto de esta

falacia que, según Scruton, domina a políticos de diferentes ideologías, el escritor hace una crítica demole-dora del funcionamiento de la Unión Europea, en la que altos funcionarios diseñan normas que han de aplicar-se en países muy diversos. “La insti-tución carece de medios para rectifi-car los errores y es muy difícil pedir responsabilidades a las personas que toman decisiones. (…) Algunas regulaciones son tan ridículas que pueden provocar las carcajadas de toda la Unión Europea, pero la riso-tada resuena en el vacío, pues no hay ningún responsable para sonrojarse o responder”.

LA FALACIA DEL MOVIMIENTO DEL ESPÍRITUEl tiempo avanza, avanzar con el

tiempo siempre es progresar. Volver hacia atrás es intolerable. Esta fala-cia, que protege a los optimistas sin

escrúpulos de toda rectificación, se ve “agravada por el mito del ‘progreso’”. El progreso científico se produce

añadiendo descubrimientos a los conocimientos adquiridos por la ge-neración anterior. Esto, que es cier-to en el campo de la ciencia, no es trasladable a otros campos en los que no hay una acumulación de sa-beres sobre los que construir. Y no lo es, por ejemplo, en la esfera políti-ca, donde el cambio unas veces es a mejor y otras a peor. Scruton explo-ra también el campo del arte y de la arquitectura y se despacha a gusto contra la obligatoria modernidad de sus cánones de belleza.LA FALACIA DE LA AGREGACIÓN “Cuando los revolucionarios france-

ses compusieron su lema ‘Libertad, igualdad y fraternidad’, se sentían en un estado de exaltación utópica que les impedía ver ningún error. A sus ojos, la libertad era buena, la igualdad era buena y la fraternidad era buena, así que la combinación de las tres era, por definición, bue-na”. “Ni siquiera cuando Robespierre proclamó fanáticamente ‘el despo-tismo de la libertad’ se les ocurrió a los jacobinos considerar que estaban inmersos en una contradicción. Sólo cuando se pusieron en marcha los tribunales revolucionarios, los más sensatos de entre ellos captaron que el objetivo de la igualdad requería la destrucción de la libertad. Las ca-bezas jacobinas en las que germinó este pensamiento crítico fueron rá-

ScRUTOn RASTREA LO LARGO DE LA

qUE ESTUvIEROn ORGAnIzAcIón

pidamente cortadas para evitar que la idea diera sus frutos. Desde en-tonces, una y otra vez la humanidad ha cometido el mismo error, al con-siderar la búsqueda de la igualdad como la verdadera vía para alcanzar la libertad y defendiendo la sumisión al Estado como la ‘liberación’ de las masas ante las ataduras de la explo-tación”. Vuelve Scruton a referirse a la edu-

cación para buscar ejemplos que muestren el error de esta nueva fa-lacia. Los optimistas sin escrúpulos, al considerar la educación de los in-migrantes, apostaron por el multicul-turalismo. Si una cultura es buena, dos culturas serían mejor y muchas culturas, algo muchísimo mejor. El multiculturalismo no ha sido capaz de crear nuevos programas de estu-dio, sólo ha destruido los que había. El multiculturalismo ha criado una generación de jóvenes de origen in-migrante que no se sienten identifi-cados ni con el país que los acoge ni con su lugar de origen. Scruton rastrea el poder de todas

estas falacias a lo largo de la historia y llega a la conclusión de que estu-vieron presentes y fueron necesarias en la organización social del hombre prehistórico, y que vuelven a apare-cer en tiempos de guerra o en casos de emergencia en los que peligra el mantenimiento de la paz. Son situa-ciones en las que la población pone su voluntad en manos del líder con la confianza ciega de que velará por su

seguridad. Pero en tiempos de paz, dice Scruton, deben escucharse las voces de los “pesimistas”, con sus “Las falacias que he diagnostica-

do en este libro no lo son porque el pensamiento que ejemplifican sea absurdo, sino porque pretenden apli-car en tiempos de paz y cooperación social la actitud propia de la guerra”. De vez en cuando, a lo largo de la

historia, han surgido grupos de “op-timistas sin escrúpulos” que han in-tentado utilizar todo tipo de falacias para destruir la forma asentada de gobierno. Lo hizo “una minúscula banda de bolcheviques” y, ahora, quieren hacerlo los islamistas que persiguen imponer en los países mu-sulmanes una forma de vida tribal. Termina Scruton con una reflexión

sobre dos valores que considera irre-nunciables del legado espiritual de la manera europea de vivir: la ironía y el perdón. La ironía, que no el “sarcas-mo”, sería la facultad que tenemos de observarnos desde fuera, como si fuéramos otra persona. Somos capaces de juzgar nuestras propias acciones como si fueran de otro, y reconocer en ellas los aciertos y los errores. La ironía, dice Scruton “per-mite que incluso en nuestros peores momentos deseemos vivir”. Scruton considera que en ese “ba-

rullo de las falsas esperanzas”, de las utopías irrealizables, se ha perdi-do uno de los mensajes más propios de nuestra cultura: el de que “la feli-cidad no proviene de la persecución

EL PODER DE TODAS ESTAS FALAcIAS A hISTORIA y LLEGA A LA cOncLUSIón DE PRESEnTES y FUEROn nEcESARIAS En LA SOcIAL DEL hOmbRE PREhISTóRIcO

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del placer ni está garantizada por la libertad. La felicidad viene del sacrificio (…). Y en la tradición judeocristiana el acto primero del sacrificio es el perdón”. El perdón nos ofrece la oportunidad de reparar las cosas,

de encontrar soluciones a los conflictos y evitar la llamada a la venganza. Pero el perdón sólo puede ser concedido si el que ha injuriado reconoce su falta. Un reconocimiento que, según Scruton, requiere penitencia y expiación: “A tra-vés de estos actos fundamentales el malhechor se dirige de nuevo a su víctima y restablece la igualdad moral que hace el perdón posible”. Scruton se refiere al terrorismo islámico cuando habla del

perdón. La mayor parte de los musulmanes que viven en Occidente querrían vivir en paz, aceptar las reglas del juego del país que les acoge, pero los islamistas han recurrido al terror para imponerles una sociedad tribal, incompatible con nuestra organización ciudadana. “Al-Qaeda es un producto de las falacias que he descrito

en este libro. Promete un plan divino, un gobierno top-down (que emana de arriba hacia abajo) y una visión utó-pica; y que considera el éxito de los otros como una causa suficiente para castigarles”. Para poner fin a su ensayo, Scruton cita al poeta irlandés

William Butler Yeats:

The best lack all conviction, while the worst Are full of passionate intensity. (Los mejores carecen de convicción, mientras los peores Rebosan intensidad apasionada) Versos que escribió el poeta en 1919 “probablemente –dice Scru-

ton– como reacción contra la Revolución Rusa, una anticipada vi-sión apocalíptica de la destrucción venidera. Pero también pueden ser leídos de otro modo: como una verdad universal”. Scruton anima a las gentes de buena voluntad que quieran preservar

los valores tradicionales de la cultura europea a afianzarse en sus con-vicciones y a hacer uso de un pesimismo razonable para “restablecer el equilibrio y la sensatez en la dirección de los asuntos humanos” y frenar así las peligrosas consecuencias que podrían derivarse de la toma del poder de estos ilusionistas utópicos, capaces de cualquier cosa con tal de no renunciar a sus sueños irrealizables.

Alicia Delibes / Viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid Revista Cuadernos de Pensamiento Político 29

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