PERÚ: UNA HISTORIA INMEDIATA 1948-1998PARTIDOS, CULTURA Y CAMBIO SOCIAL

(CRÓNICA DE UN PAÍS QUE PERDÍA EL FUTURO)

Luis Miguel Glave

INTRODUCCIÓN

Este texto fue escrito en 1998, antes que termine el siglo XX con todo lo que esa fecha simbólica representó para la reflexión historiográfica posterior y desde luego antes de intuir siquiera los sucesos tan significativos para la historia mundial que han pasado en la primera década de este siglo. En el Perú por su parte, se produjo la caída del régimen corrupto de Fujimori, un proceso de transición, la instalación de una Comisión de la Verdad y el regreso a elecciones democráticas. Todo fue de una velocidad impresionante, como haciendo lento lo anterior, que ya fue intenso. Este estudio fue elaborado en base a una revisión de las principales revistas y periódicos que se publicaron en ese medio siglo, principalmente en Lima. No se trató de una revisión exhaustiva, fue una elección marcada por la importancia que tuvieron algunas publicaciones y la colección de las mismas que el propio autor pudo hacer, reflejando sus preferencias y su propia experiencia vital. Usamos algunos textos que nos permitieron orientar un poco la exposición, pero no se trata de un debate con las aproximaciones más o menos académicas que entonces existían sobre el periodo, más bien, tratamos de hacer un contrapunto entre nuestros recuerdos y la visión que se podía obtener de una rápida mirada a la hemeroteca. Tomamos en cuenta también algunas publicaciones testimoniales, como la de Francisco Igartua que publicaba una suerte de memorias con un seguimiento de la historia de la prensa que él mismo contribuyó a crear. También tomamos en cuenta la revisión de otro periodista, Domingo Tamariz, siempre en la medida en que eran textos testimoniales, como el del mismo Mario Vargas Llosa, novelista y a la vez actor de los sucesos.

Antes de dedicar un tiempo de su carrera a ser un poco historiador de la prensa temprana, el autor ha sido siempre un devorador de periódicos. Por eso, un poco por la propia memoria de mi propia vida, pero también teniendo presente que esa memoria se construyó con la lectura de esa prensa que alimentó mi curiosidad y experiencia de ciudadano, me dejé guiar en la elaboración de estas páginas. Esta presentación cubre medio siglo de la historia del Perú, entre el año 1948 y el final del siglo XX, cincuenta años, que cuando los recorrí con la mirada de 1998 eran los más recientes. Estas páginas son el ejercicio de lo que se ha venido en llamar historia inmediata. Terreno en el que la historiografía se ha mantenido un poco al margen, con raras excepciones, como por ejemplo el libro de José Luis Rénique sobre Puno que incluimos en nuestra bibliografía.

La historia inmediata es el campo menos trabajado en la historiografía. También es uno de los más difíciles. Se señala con razón que es necesario que exista una cierta distancia de tiempo para tratar históricamente un proceso social. Hace poco se daba ese argumento en razón de la necesidad de objetividad, que se suponía amenazada por la cercanía del escritor con los acontecimientos. La moderna historiografía sin embargo, ha dejado de lado esta supuesta debilidad, convencidos como estamos ahora que la objetividad no es un objetivo puro y que la mirada, limitada y dirigida, de la historia, es siempre la misma hacia atrás varios siglos como al instante del suceso. Con todo, sigue siendo necesaria una cierta distancia para lograr apropiadamente la mirada histórica. La

historia es proceso, cambio, acción constante. Una visión de proceso no se logra mientras éste se encuentra en marcha, cuando no se ha cerrado, cuando un acontecimiento dice poco de lo mucho que lo genera y de lo todavía más (desconocido) que ha de dar lugar.

La historia inmediata empero es apremiante. Sin la visión de proceso de la historia, los discursos carecen de profundidad. La memoria es como un escudo contra la mentira, por eso es que los regímenes autoritarios, las imposiciones, se abocan disciplinadamente a demoler los recuerdos, haciendo tabla rasa de la historia. Se olvida con facilidad, se aíslan los factores y se les hace revivir en discursos distorsionados. Un ejemplo al paso, ligado con nuestra historia inmediata: la reforma agraria fracasó y es la causa de la crisis de ese sector de la economía. Esa afirmación olvida que durante más de una década, la reforma del agro era una demanda, una necesidad aceptada y proclamada desde los más diversos puntos de vista ideológicos, incluidos los organismos internacionales y la política exterior del gobierno de los EE. UU. Era además el grito de vigorosos movimientos sociales que cambiaban la cara de la historia del país y de las corrientes políticas más importantes. Al cabo del tiempo, si se tratara de juzgar, todos fracasaron y no una medida aislada cuya realización era impuesta por el tiempo, del país y del mundo. Como de lo que se trata es de comprender, la historia lo que hace es situar el proceso que llevó a la reforma agraria (y a su no aplicación cuando se afirmaba era necesaria) junto con las tendencias en todo nivel que se desataron a partir de ella. Ampliación del mercado interior, cambios en las mentalidades, renovación técnica, nuevas relaciones de producción, diferentes relaciones de poder al suprimirse o reducirse el de los imperios locales. Se trata de uno de los temas más importantes de nuestra historia inmediata, y está inconcluso, atravesado como fue el campo peruano por quince años de guerra y depredación interna.

Esta historia inmediata trata de procesos que el discurso ubica en un tiempo corto, de cambios rápidos, que expresan sin embargo tendencias de larga duración, que no son materia de la exposición de la historia de medio siglo. Una duración que no había llegado a su fin.

Las dificultades de la historia inmediata no son sólo producto de la cercanía del tiempo que hace inconclusos los procesos. Esa visión parcial, que requiere de revisiones en la propia lectura que de ella se haga, es también una aproximación selectiva. La abundante información a disposición del historiador del tiempo inmediato de fin del siglo XX, añade otra dificultad al discurso histórico. Todo puede ser dato histórico, con qué criterio seleccionar, qué dejar de lado, son preguntas que marcan la investigación. A la inversa de otras épocas, para las que el tiempo ha borrado o tergiversado memorias y desaparecido rastros, la inmediata tiene un arsenal de información inasible para cualquier investigación. Ese exceso obliga al lector a una mirada más aguda. Cada parcela de la realidad reconstruida es una pista a seguir con la memoria, a cotejar con otras memorias.

La interpretación de este discurso está presente en la selección de los temas y procesos. No son los únicos, ni los más importantes, pero pueden conducir a encontrar los otros que falten, de acuerdo a las necesidades de la memoria y las preguntas del futuro. Hemos procurado mantener un tono informativo, que cubra una amplia gama de temas, personajes y lugares, muchas veces sin duda con desproporciones, que expresan preferencias del autor, como la cultura y sus diversas manifestaciones. La información

no es neutra, en las afirmaciones que se hacen, se halla la otra parte de la interpretación de un discurso. Son afirmaciones muchas veces sueltas, sin argumentaciones concomitantes, la justificación no puede desarrollarse por tratarse de un manual, que junta múltiples miradas, para dar una imagen de conjunto y de proceso, a un movimiento que, como repetimos, no se detiene ni muestra necesariamente su cara más trascendente.

El criterio de presentar los acontecimientos por décadas, responde a una manera muy cotidiana de recordar en estos nuestros tiempos. Ha tenido un cierto éxito en otras publicaciones y es aceptada en el mundo y en la prensa. Cuando hice este trabajo un periodista de gran talento difusor, Guillermo Thorndike, publicaba unos folletos ilustrativos organizados en décadas de la historia reciente. La mirada por décadas es tan ficticia como cualquiera, pero tiene una común aceptación. Se habla de los años 50 como un marco, una esfera mental, con sus íconos y sus nuevos contenidos. Los 60 fueron una era reconocida en la memoria de la mayoría de quienes ejercen puestos de dirección en la sociedad finisecular. Han recibido nombres variados, pero la denominación de "maravillosos" tiene una especial preponderancia. Fue la época del movimiento estudiantil en París, que removió la sociedad francesa, arrastrando como un eco, a veces doloroso como en Tlatelolco (México) movimientos similares, que creían poder cambiar el mundo de una buena vez. Los 60 fueron el escenario temporal de uno de los movimientos de mentalidades más vigorosos, dramáticos, atrevidos y un poco tristes de todo el siglo XX. Como una cábala, o un común denominador, la década es un lenguaje con el que se identifican procesos históricos recientes. Es la misma manera como evaluamos nuestro cotidiano en los 90 que todavía no terminan. Es entonces una mirada marcada por las maneras de percibir la vida contemporánea. El programa del Presidente Odría empezó antes de los 50, y no se explica sin los sucesos de la reciente postguerra, pero es ubicado aquí como tema de los cincuenta, la década de instalación del país en el siglo. Las reformas atrevidas de la dictadura militar que empezó en 1968 tienen dos caras: son parte de las esperanzas y la andadura de los años 60, pero se manifiestan mejor como las frustraciones que nos heredaron los 70.

En cada capítulo por década, los temas que se desarrollan rebasan los periodos. Así, la renovación de la prensa durante los 50 nos hace presentar de manera sucinta una pequeña historia de la prensa escrita de la segunda mitad del siglo XX. Siendo como son los periódicos y revistas uno de los materiales fundamentales del discurso de la memoria reciente, el tema tiene un lugar estelar en estas páginas.

La participación de sectores de la iglesia peruana en los procesos de desarrollo local, sobre todo en el campo, ha sido muy importante, lo mismo que sus aportes y elaboraciones discursivas, como la llamada Teología de la Liberación. Mencionamos el tema a propósito de la visita del Papa al Perú, en el capítulo de los años 80. No es privativo de esos años, pero se introduce en ese momento. Lo mismo ocurre con un tema central en la historia peruana, la periódica ocurrencia del llamado fenómeno "el niño", que se presenta en la misma década a propósito del fenómeno más dañino que se manifestó en 1983. Historia de plagas, la década de fin de siglo, cuando se habla de la postmodernidad, trajo para el Perú el retorno de las epidemias con el cólera, que terminó haciéndose endémico.

Las biografías que se intercalan en el discurso social tienen una característica similar. El gobernante civil más importante del periodo estudiado, Fernando Belaúnde, inicia su

actividad pública en los 50, y la cierra virtualmente con su segundo gobierno en los 80, pero su inserción en el discurso corresponde a su difícil periodo de gobierno en los 60.

Cada entrada de los capítulos debiera poder leerse independientemente, en la medida que todas guardan un porcentaje elevado de información sobre algún suceso, tema o proceso del periodo. Hay entradas relacionadas, dentro de cada capítulo o entre capítulos, como se podrá rastrear en una revisión del contenido total, pero se entienden independientemente. La lectura del conjunto es la que otorgará sentido a cualquier interpretación de una década o del total de la historia de medio siglo.

De manera que combinamos una presentación cronológica con una temática. Procuramos mantener el tono informativo, sin dejar de emitir opinión. Sin embargo, la opinión está más abiertamente expresada en la elección de temas que recorren el discurso. Así, la movilización social, las luchas populares, las corrientes políticas y la cultura popular, son el tema que recorre el texto. Luego de décadas de dominio oligárquico, la segunda mitad del siglo ha sido el tiempo de las masas movilizadas, buscando una manera de representarse en un sistema social, político y de mentalidades para el que no han tenido modelo al que imitar o del que inspirarse.

Las regiones de un país que se integra con más lentitud que la diáspora de sus habitantes hacia la gran ciudad y peculiarmente Lima, todas merecerían un lugar y un protagonismo que un manual de historia general no puede darles. Sin embargo, algunos lugares como Arequipa, Cusco, Chimbote, aparecen reiteradamente, como abanderados de la importancia de la mirada regional para entender el país.

Esta época de medio siglo inmediato es poco heroica. No son muchos los héroes que puedan reconocerse. Los hombres o mujeres que han trascendido, han dejado estelas de duda, de encono, que nublan su brillo personal. Muchas de las popularidades más grandes han terminado es estrepitosos fracasos. Algunas personas que reclamaron inclusión en el repaso de la memoria reciente, son más bien antihéroes, vidas responsables de centenares de muertos. Sin embargo, en el terreno de la cultura y el arte, aparecen las biografías más ilustrativas de la humanidad del ser nacional. Junto a esos creadores, los héroes anónimos, como los campesinos que lucharon por la tierra, los obreros que abrieron el proceso de retorno a la democracia a fines de los 70, las mujeres que encararon la supervivencia de la infancia y del futuro nacional en la época de la crisis económica y el llamado ajuste estructural, son las muestras de vidas paradigmáticas, que siempre son necesarias en la edificación de un discurso identificatorio de la historia de un pueblo.

Con todo, este es hasta ahora un texto preliminar, que tiene muchas partes que son sólo meras alusiones a temas que requieren de más largo análisis, pero tienen por el momento un sentido inicial. Ha sido especialmente retomado para el estudio de los alumnos participantes en este seminario sobre partidos políticos y cambio social.

CAPITULO ILOS CINCUENTA

El Perú se instala en el siglo XX

La década de los 50 fue para el Perú la de su definitiva instalación en el siglo. La modernización que se experimentó en los 20, con todos sus cambios, no alcanza para igualar la era del crecimiento de Lima, las migraciones masivas, el aumento geométrico en los índices demográficos, el cambio en la dinámica urbana, peculiarmente de Lima y el ingreso en la era de las modernas comunicaciones. El mundo entró en una etapa diferente, la primera mitad del siglo fue la de las grandes guerras, ésta, la de una guerra sorda, amenazante, que no se definía sino en cruentas escaramuzas: Corea y Vietnam, el África, Medio Oriente. Los bloques mundiales se enfrascaron en la denominada "guerra fría". En ese contexto, las exportaciones primarias del país experimentaron un auge que permitió grandes obras públicas, amparadas en un rol activo del estado como regulador y repartidor de beneficios. La educación se convirtió en una aspiración cotidiana, los niños y niñas tenían más colegios, más maestros. El estado de bienestar fue posible por el aumento de las divisas que llegaban por el mejor precio de los metales en el mercado mundial. Luego vendría la pesca. Servicios y sector terciario crecieron vertiginosamente, pero también la industria que buscaba ampliar un mercado interno que siempre fue esquivo. La necesidad de incorporar a todos, sobre todo a la masa campesina, se manifestó en la claridad con que se insinuaba la necesidad de una reforma agraria. Como ese paso no se diera, los propios campesinos presionaron por modernizar los términos de su definitiva integración como actores sociales de una nueva nación. La vida cotidiana se transformó, a la vez que los cambios que se visualizaban necesarios y no se producían entraron en la agenda de los grupos y corrientes políticas que luego serían los gobernantes del país en las décadas siguientes.

Una larga dictadura, encabezada por un militar que terminó "legalizando" su hegemonía y los primeros años del último gobernante aristocrático, cuyos modales contrastaban con la efervescencia de la vida cotidiana de un futuro que se venía de bruces, fueron los gobiernos de la década.

Los antecedentes: el fin del Frente Democrático

En el ocaso del primer gobierno de Manual Prado nació en Arequipa el Frente Democrático Nacional. Su base más firme fue el Apra e incluía fuerzas menores como el Partido Comunista y un número de políticos independientes mucho más conservadores que el aprismo. En el Perú también se aplicaba la política de "frente popular" que se había desarrollado en Europa en la lucha contra el nazismo. Los integrantes del frente eran: José Luis Bustamante y Rivero, Rafael Belaúnde de la Fuente, Javier Belaúnde, Alberto Ulloa, José Gálvez, Jorge Basadre. Sin duda se trataba de una corriente política y cultural. Se puede percibir que la integración social de Arequipa no era tan polarizada, los intelectuales de los segmentos sociales acomodados querían ver en el pueblo, con mucho paternalismo, una masa de gente sufrida que estaba apta a superarse con el influjo de la educación.

En 1945 se necesitaba preparar la sucesión presidencial y el problema fundamental en el nuevo contexto era cómo incorporar al Apra al juego político, puesto que era evidente que no se podía continuar marginando a la fuerza política más importante del país sin

cerrar el camino a cualquier intento de democratización. La salida fue la constitución del Frente Democrático Nacional bajo la conducción de José Luis Bustamante y Rivero, a quien secundaba un contingente de intelectuales de tendencia democrática y nacionalista, de por sí débil pero que en las circunstancias de la postguerra inmediata se convirtió en una importante fuerza política.

La solvencia moral de este grupo, su prestigio intelectual, su posición de defensa de la soberanía nacional y su abierto catolicismo fueron factores que los hicieron aceptables para todos los actores sociales: la oligarquía, el Apra, el ejército y la iglesia. El FDN triunfó sobre el candidato oficialista, el Mariscal Eloy Ureta - el conductor de la victoriosa guerra contra el Ecuador - por 300,000 votos contra 150,000. El Apra alcanzó la mayoría parlamentaria y con esto la legalidad y el poder.

En el campo de la política económica un factor esencial de su identidad ideológica fue la búsqueda de una justicia en la distribución del ingreso que respondería a ciertos ideales éticos, en vez de la aceptación pasiva del funcionamiento espontáneo del mercado. Aceptando medidas tales como los controles de precios e importaciones y dando un sentido favorable a la industrialización interna.

El 25 de mayo de 1945 el Apra es reconocido legalmente como Partido del Pueblo. Según su discurso, buscaba hacer del Perú una auténtica nación sobre la base de una economía integrada y gracias a la acción de un estado verdaderamente representativo. Su doctrina implicaba desde un inicio la lucha contra el imperialismo y la oligarquía.

La oligarquía tenía intereses diferenciados. Aunque predominaba la vocación liberal en lo económico y había acuerdo en que el estado debía ser pequeño y no interferir en la economía, los sectores ligados al gran comercio importador aceptaban los controles estatales como una manera transitoria de corregir los desequilibrios existentes, se manifestaban partidarios de apoyar a las industrias en actividad y simpatizaban con un dólar e importaciones baratas, que elevaran el volumen de sus transacciones y sus utilidades. En cambio los intereses de la oligarquía agro exportadora eran evidentemente contradictorios con el interés de las mayorías: supresión de todos los controles, ninguna intervención del estado, apertura plena del mercado y dólar caro, para elevar la magnitud de lo que recibían por sus exportaciones.

Existiendo cuantiosas necesidades de importación el peligro número uno era la devaluación, fortalecer la moneda en el mercado interno, no obstante el sacrificio que esta medida significara, era imperativo, una cuestión de "indiscutible conveniencia nacional".

En cuanto a la política económica de la Sociedad Nacional de Industria tenemos lo siguiente: se recomienda la prudencia fiscal y la concentración de la iniciativa del Estado en obras reproductivas; se opina que los controles deberían ser temporales, aunque un tanto contradictoriamente; se insiste en la elevación de los derechos arancelarios y en la limitación de las importaciones superfluas y competitivas de la industria nacional.

Pedro Beltrán fue quien entonces perfilaba mejor un discurso económico. Su credo era decididamente liberal: el estado no debe intervenir y la inversión de capitales debe

centrarse donde sea más rentable, no importando si en el Perú o en el extranjero. No hay idea en él de desarrollo de un mercado nacional o de promoción de la industria. La necesidad de defender sus intereses contra los del país llevó a los sectores exportadores de la oligarquía a buscar construir sus propios medios de representación política. Fue así que Pedro Beltrán, el más lúcido representante de esta tendencia, un librecambista formado en la London School of Economics, con intereses en la explotación del algodón, que anteriormente actuó como embajador en Washington, retornó al país convirtiendo al periódico La Prensa en el vocero político de este sector durante las dos décadas siguientes. La situación se precipitó a partir de enero de 1947 cuando fue asesinado Francisco Graña Garland, uno de los directores de la empresa que publicaba La Prensa. La oligarquía tiene su mártir y las sospechas de su asesinato recaen sobre el Apra.

La derecha toma la iniciativa política contra el Apra y el gobierno. La economía de controles impuesta sólo había producido una corta bonanza. Así la oligarquía y la derecha se unen para liquidar al aprismo. Beltrán propuso la Alianza Nacional. Acuden a su llamado la Unión Revolucionaria, el Partido Social Republicano y el Partido Socialista Auténtico. La derecha comienza a ser hegemonizada por los exportadores, que querían convertir el antiaprismo en liberalismo económico y autoritarismo político.

El 28 de julio de 1947 el congreso no puede reunirse por el boicot de los representantes independientes, algunos de ellos elegidos con votos apristas. Los senadores independientes no se presentan a la instalación de su Cámara, tampoco lo podía hacer la de Diputados. La derecha lograba neutralizar el congreso y el Apra perdía la cuota en el poder que el compromiso de 1945 le había asignado, los intentos de reabrir el parlamento fracasan. El senado exige condiciones que equivalen a que el Apra renuncie al poder legislativo. Entre enero y noviembre de 1947 la movilización popular alcanza su más alto nivel, produciéndose en un clima democrático. Ante la elevada inflación, las organizaciones sindicales presionaban por el cumplimiento de los pactos colectivos o por obtener mayores remuneraciones o el reconocimiento legal de sindicatos. Fracasó un intento de huelga promovido por el aprismo apoyándose en demandas reivindicativas de los trabajadores, para presionar por la reapertura del parlamento. La Central de Trabajadores del Perú (CTP), controlada por el Apra, llevó adelante las luchas.

Entre agosto y diciembre de 1947 el costo de vida asciende en 55%, cifra enorme para la época.

Fue importante el caso de la hacienda Cayaltí en el departamento de Lambayeque, que forma su sindicato en 1945. En 1946 el sindicato va tomando fuerza, es en 1947 que presentan su pliego de reclamos. Como no fueran escuchados entran en huelga, la cual se levanta dos días después. Sus dirigentes son despedidos. Luego de larga lucha sindical, donde el aprismo tenía fuerza preponderante, finalmente, en abril de 1947 negocian el aumento del 10% y 15% en sus salarios.

Entonces se produjo una huelga general en Lima, agosto - setiembre de 1947, ante el despido de dirigentes sindicales de las empresas Field, Poblete, Santa Catalina y Rayón. La Unión Sindical de Trabajadores de Lima (USTL), y la CTP (la central aprista) se hacen parte del conflicto: la primera anuncia que irá a la huelga en caso de que no se reponga a los dirigentes sindicales. El 24 de agosto la USTL da un plazo de huelga de 72 horas. Una serie de gremios deciden apoyar la iniciativa: construcción civil, gráficos,

choferes, hoteleros, yanaconas, empleados particulares, etc. El 28 de agosto empieza la huelga y otra serie de gremios convocan a asambleas a fin de respaldarla.

Un empresario de la gran oligarquía, Gildemeister, origina la llamada "batalla de las divisas" al negarse a entregar los dólares obtenidos por Casagrande al gobierno, en una actitud abiertamente sediciosa. El objetivo es terminar de arrinconar al gobierno y obligarle a levantar el control de cambios. En junio el general Odría, el miembro más caracterizado del gabinete militar de Bustamante, exige poderes amplios para reprimir al Apra eliminándolo de la vida civil.

El 6 de setiembre el gobierno dicta un conjunto de medidas cuyo propósito es buscar reconstruir un acuerdo a través de una serie de concesiones a la derecha, entre ellas entregarle el 35% de las divisas en certificados que podían cambiar a precios de mercado libre. Las medidas tenían incluso el aval de Fondo Monetario Internacional.

Ese fue el contexto del fin del gobierno de Bustamante y Rivero. Como se repetirá a fines de siglo, una situación de crisis dentro de condiciones democráticas, conduce a soluciones autoritarias, que contaron con apoyo popular.

El Apra y las revoluciones: el 3 de octubre de 1948 y sus antecedentes

Esta parte de la historia del Perú contemporáneo, la historia inmediata, comienza en realidad con un intento de sublevación fracasado. Fue el 3 de octubre de 1948. La dirigencia partidaria del Apra había hecho alianzas tácticas desde 1936, cuando apoyó al señor Eguiguren, en 1939 dio la consigna de votar por Manuel Prado, representante de la oligarquía y en 1945 participa del frente que lanza a Bustamante. Sólo entonces logró acceso al poder. Luego su práctica política llevaría al partido por senderos inesperados de alianzas, que le dieron una mala fama política.

En el Perú, las alianzas y el diálogo político han tenido un efecto negativo en la opinión pública. Vistas como traiciones, componendas o por lo menos como tácticas oportunistas, las conversaciones y acuerdos políticos tuvieron "mala prensa". Visto ese comportamiento a largo plazo, se parece mucho a las maneras como los políticos de fin de siglo visualizan su práctica: la tolerancia, las alianzas, la solución de los conflictos, los consensos. Pero en las décadas anteriores, donde la polarización era el signo, ese pragmatismo aprista, en busca del poder que no conseguiría sino en 1985, significaba poco menos que una traición y una inconducta política. Sus bases así lo percibieron.

Durante el periodo en que lograron cuotas de poder, entre 1945-48, las bases apristas se prepararon para la revolución social que todavía la teoría aprista preconizaba. La dirigencia mantiene una actitud doble, pone trabas para no enemistarse con sus aliados, pero a la vez no desalienta a sus bases, preparadas en la filosofía de tomar el poder.

Al romper el partido con el gobierno, la dirigencia preparó a su gente para dar un golpe de estado que les permitiera tomar el poder, estrategia que antes habían empleado en 1934. Moviliza a grupos militares y civiles que había organizado el Comando de Defensa del partido (donde militaban los que los enemigos del partido llamaban "búfalos" en recuerdo del alias del líder de la revolución trujillana de los años 30). Pero estos cuadros tenían una actitud revolucionaria que podía no ser controlada. Por ello la

dirigencia y Víctor Raúl Haya de la Torre concretamente, se avinieron a la conspiración para lograr que jefes militares dieran el golpe.

Los revolucionarios apristas, percatados de las maniobras, se lanzaron a la acción. Aunque algunos han sostenido que tuvieron instrucciones para hacerlo de parte de la jefatura, eso no se puede saber hasta que la investigación lo delibere. La madrugada del 3 de octubre se sublevó la escuadra en la rada del Callao. Buques fueron a Chorrillos, amenazando con bombardear la Escuela Militar. Otros barcos hicieron uso de la artillería contra la infantería acantonada en el Callao. La Escuela Naval de La Punta cayó en manos de marineros revolucionarios del arsenal naval y de Defensa de Costas. Grupos civiles de apristas entraron al Real Felipe y tomaron armas que allí se encontraban para apoyar a los marineros.

En Lima las fuerzas de choque debían actuar como en el Callao. Pero según Víctor Villanueva, cronista de los hechos de armas apristas, la dirigencia partidaria comenzó a desactivar el movimiento. La sublevación fracasa, la represión fue inmisericorde y la Marina quedó muy golpeada por la conspiración de la tropa. La ruptura y enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y el aprismo se hicieron insalvables y más profundas, no se saldarían sino a fines de la década de los 70.

Veamos los antecedentes de este comportamiento de la dirigencia y la decidida entrega a la rebelión que mostraban las bases del partido. Remontémonos a 1934, en la sierra central y sur central, una revolución fracasada que es poco conocida en los anales de la historia del partido aprista y del Perú. Un movimiento más vasto y planificado que la rebelión trujillana, trágicamente culminada en 1932.

Careciendo de Universidad, los jóvenes de la élite huamanguina deben estudiar en Cuzco y Lima. Así, San Marcos y San Antonio Abad forman los abogados que ejercen en Huamanga, a la vez que el Apra, en crecimiento organizativo sostenido, los politiza. Los abogados apristas son el punto de partida de la organización partidaria regional y uno de ellos, Arístides Guillen, proveniente de una familia de hacendados, será el líder máximo de la revuelta de 1934.

De la misma manera el magisterio es centro de acción del Apra aunque nunca llega, como en la relación del SUTEP con el grupo "Patria Roja" de los 70, a monopolizarlo. Los colegios secundarios más importantes de la región, el Vigil en Huanta y el San Ramón en Ayacucho, funcionaron desde los años 30 hasta los 80 bajo fuerte influencia aprista ejercida por algunos maestros militantes; estos colegios se convierten en centros de formación de cuadros juveniles. La FAJ, punta de lanza del movimiento de 1934, estaba compuesta por jóvenes estudiantes universitarios y secundarios.

Con periódicos, revistas y semanarios regionales, el APRA prepara a su militancia y a las sociedades regionales como las de Huamanga, Huancayo, Huancavelica, para la toma del poder. Mostrando la eficacia de su organización regional, contando con el apoyo de buena parte de la élite local y disponiendo de cuadros juveniles universitarios y secundarios, algunas ciudades esperaban ser tomadas por las armas en 1934 con un costo de sangre relativamente bajo.

El partido aprista había entrado en una etapa de acción revolucionaria tan pronto perdió las elecciones contra Sánchez Cerro. La situación nacional, luego del asesinato del

presidente electo, era sumamente delicada. Recordemos que la crisis de 1929 había liquidado la economía y el sistema político se derrumbó dos años más tarde. Pasada la situación revolucionaria y de transición, los apristas se abocaron a la tarea del fortalecimiento partidario y a la preparación de medidas de lucha, incluso la directa y revolucionaria. Como fruto de esa política interna partidaria, apareció consolidada una agrupación muy combativa y preparada, la Federación Aprista Juvenil (FAJ) que reunía en sus filas a los cuadros jóvenes del partido, los más radicales y decididos.

La lucha política en 1934 era caracterizada por la sordidez de las acciones tanto del bando conservador y militar que controlaba el poder, como las de las facciones revolucionarias, del comunismo y del aprismo. Los comunistas no tuvieron una presencia importante en la sierra sur central, salvo algunos atisbos en Huanta. Mientras, en Ayacucho, la prédica aprista había prendido entre la juventud de las familias más arraigadas. Los jóvenes ayacuchanos fueron reforzados por cuadros de envergadura y mucha decisión que llegaron de Lima. Con esa base partidaria, el arraigo que tenían los jóvenes más vinculados con el conjunto regional hizo lo restante para que, dada la instructiva central de revolución, la chispa, que era de intención partidaria y nacional, encendiera un movimiento mayor al partidario y de carácter regional.

El diario regional más regular de la época en Ayacucho, el periódico El Pueblo, recién pudo informar dos días después sobre los sucesos del 26 de noviembre. Su versión era muy aséptica, pero de alguna manera era la "oficial" en la región, desde las autoridades, funcionarios y las mismas familias cuyos jóvenes habían dirigido el putch. Decía El Pueblo: “el 26 en la mañana se produjo en la ciudad una situación anormal inesperada". Lejos de Lima, con las dificultades de comunicación de las que hemos hablado, los sucesos tomaron la forma de un evento absolutamente regional. Fue una verdadera revolución local, con la ciudad tomada por los jóvenes apristas que se constituyeron en el orden revolucionario, controlando los focos de poder: la prefectura, la comisaría, la caja fiscal y el municipio, además los correos y telégrafos fueron intervenidos y controlados. El periódico decía que la situación había sido "inesperada". Pero el éxito de la asonada nos revela lo contrario. Hubo alarma, es cierto -y como lo dice el periódico- pero también hubo júbilo, un soterrado apoyo y desde luego un éxito estratégico que desde el mismo lugar no pudo ser vencido sino cuatro días después, cuando el ejército desde Lima y Huancayo, usando la lenta comunicación vial, llegó para quedarse, restableciendo la "normalidad" por un año largo.

La asonada comenzó en la madrugada, a las 3 de la mañana para ser más exactos. Los puntos neurálgicos del ataque eran, la casa del prefecto departamental y el cuartel Santa Catalina, donde funcionaba la comisaría. En Santa Catalina, quien comandó el ataque fue un huaracino, cabo del cuerpo de seguridad, es decir, miembro del mismo cuartel que se atacaba, llamado Teófilo Cueva Sánchez. Un clase militar, migrante de la sierra norte, aprista convencido pero revolucionario profesional, era la cabeza visible, pero quienes portaban las armas y llevaban la voz cantante eran los jóvenes de élite regional, entre los cuales, el joven fajista Félix Jáuregui Oré. Chico de la élite regional, Jáuregui cayó en el combate, junto con el guardia Manuel Matos, los mártires de ambos bandos.

El prefecto, señor Demetrio Vega, fue hecho prisionero, y en la tarde del mismo día los combates seguían, con fuego a discreción desde las posiciones del orden y de los rebeldes. Recién en la tarde cayó el cuartel y, para informar del éxito al comando

revolucionario, el propio Cueva marchó por la calle, cayendo mortalmente herido por los resistentes policías que estaban acuartelados en el cuartel San Francisco de Paula.

Al día siguiente, luego del desconcierto general y con la situación política y militar controlada, los apristas tomaron el local de la prefectura, izaron la bandera roja de la revolución indoamericana y nombraron un comando revolucionario local, encabezado por el verdadero líder aprista, don Arístides Guillén Valdivia quien asumió las funciones de Prefecto y Jefe Militar del Departamento. Jóvenes armados de la FAJ custodiaban los puestos claves y mantenían el orden. Mientras afuera, la juventud ayacuchana entonaba alborozada la marsellesa aprista. El mismo rostro juvenil agitado se notaba entre los muchos hombres armados que entraban y salían del local de la comisaría, entre alborotados y realizados, obedeciendo los dictados de su comando posesionado en la prefectura. El correo fue tomado por el hermano de Guillén, la tesorería fiscal por Salvador Ivazeta. La comisaría quedó a cargo de Gliserio Añaños, de la misma familia que poco antes había masacrado a los indios de La Mar, cabezas visibles del poder local ayacuchano.

Todo fue ordenado, los cargos fueron asumidos con seriedad, el dinero, las armas, las comunicaciones, el mando político, todo en manos del partido pero sobre todo, de los jóvenes de élite local que daban el aspecto general de los comprometidos en la revuelta. Se imprimieron unos afiches que se pegaron en las calles como boletín informativo, señalando el éxito departamental, pero suponiéndolo nacional.

A pesar que El Pueblo pretendía que sólo había desconcierto por lo "anormal", lo cierto es que lo que hubo fue un control revolucionario total, con hegemonía, y desde luego temor por lo que venía. El mismo periódico recién pudo decir "se ha restablecido la normalidad" el martes cuatro de diciembre, y sus ediciones no dejaron de salir en los días de la revolución, como fue la del 28. Muy excitados, los cronistas de El Pueblo daban cuenta de cómo la sola noticia de la llegada de los militares fue motivo de desbande general de los revolucionarios. Tanto era el dominio de la situación por los revolucionarios, que el periódico señalaba que de haber informado sobre los sucesos, "hubiéramos tenido que vernos obligados a una información limitada calificando como buenos todos los hechos realizados". Por ello, no se ocuparon de la situación, la vida de Ayacucho en esos días no se detuvo, el gobierno era poder de los jóvenes revolucionarios. Sin embargo, tan pronto se escuchó el ruido de los motores del ejército, los pocos hombres armados del cuartel tomaron la alternativa de la fuga. Antes, los jefes, los hijos de los hacendados, fugaron hacia sus propiedades en el campo. Según la prensa oficial, de la tesorería fiscal salieron camiones con dinero que los revolucionarios se llevaron.

Algunos ejemplos muestran los ecos de la fracasada rebelión. La Abeja, un periódico que tiraba 1,000 ejemplares, del 28 de enero de 1935 hablaba de los "Ecos del fracasado movimiento revolucionario del 26 de noviembre [de 1934], organizado por los apristas en esta ciudad -- El joven José Vega hijo del señor prefecto sigue hospitalizado por la gravedad de la herida." El hijo de Vega y el mayordomo del prefecto cayeron heridos de bala en la madrugada al tratar de rescatar al padre que estaba en manos de los facciosos a eso de las 4 de la mañana. El teniente Cabrera también avanzó para rescatar a Vega pero no pudo, teniendo que replegarse. En el cuartel tomado, tenían al prefecto. Cabrera y el Capitán Velarde, resistieron en sus puestos con siete guardias hasta las 10, pero a pedido de un grueso número de comerciantes, a fin de evitar mayor derramamiento de

sangre, se rindieron. Los mantuvieron presos hasta el 29 de noviembre, junto con los "comerciantes extranjeros" T. Ishikawa, Héctor Copello y Nicolás Chiarella. El día 30 son liberados y el prefecto retorna a su sede donde quitan la "bandera roja" del Apra.

Frente al antiaprismo que creció luego de la acción, otros, indigenistas connotados, más bien hacían una labor de agitación y propaganda. Como el caso del diario El Pockra. Se trataba de una publicación quincenal, Órgano de la Sociedad Pokcra amante del indio. Víctor Navarro del Águila era su director. En sueltos de la primera y última página vienen unos párrafos: "El A.P.R.A. es el único partido nacionalista que encarna las aspiraciones del Perú". "El A.P.R.A. enuncia construcción, unidad, progreso de la nacionalidad."

En el campo y los pueblos, la situación fue similar, los jueces, los policías y los curas, siempre agrupados con los poderosos, se afiliaron a los hacendados, como ocurrió en La Mar, donde los Añaños dominaron la situación. La noticia de la fiereza con la que actuaron los apristas en Huancavelica, donde el saldo de muertos fue mucho mayor, ayudaba a evitar que la gente que no estaba implicada pusiera resistencia al control aprista. En Huancavelica, bajo la dirección de Cirilo Cornejo, asesinaron a policías y al cura (cinco muertos), con ensañamiento. En Ayacucho un guardia civil murió por las balas apristas. Cirilo Cornejo terminó sin embargo en el Senado en 1945. Fue detenido antes, en 1938 por la guardia civil de Huanta, junto con Felix Dolorier Romani

Pero la llegada del ejército significó como dijimos el desbande general. Lo cierto es que si bien la revolución regional fue un éxito, la asonada nacional o no se había producido o había sido derrotada. Los únicos que tenían el control de la situación eran los apristas de Ayacucho y Huancavelica. La situación de control regional no era suficiente, la llegada del ejército, profesional y en el poder del estado, fue suficiente para que todos los cuadros se desbandaran y la ciudad, silenciosa, aceptara la presencia de los nuevos ordenadores. En Lima, el propio presidente Benavides informaba a la nación de los sucesos, aceptando que la revolución había sido un hecho en la sierra sur central y que de inmediato puso todo rigor en reprimirla. Los periódicos de Lima informaron en primera plana sobre los hechos, día a día. Se tuvieron que quedar los militares un año en la localidad, remplazando el poder local, reconstruyéndolo, reprimiendo a la manera en que entonces se usaba, sin democracia alguna, pero conciliando con algunos sectores del poder local, que habiendo participado de los hechos, no perdieron su situación privilegiada dentro de la localidad.

La dirección aprista nacional guardaba silencio. Los revolucionarios locales, solos, pagaron caro su arrogancia y otros salvaron su situación poniéndose a buen recaudo en las haciendas de sus familias.

El tribunal de justicia dejó de funcionar sólo el mismo día 26 de noviembre, aunque en la tarde, el Juez Instructor procedió a organizar la respectiva instrucción de los hechos de sangre de la madrugada. El tribunal regional tuvo que hacer comunicaciones oficiales a la corte suprema y al ministerio para levantar acusaciones de las que fue objeto. Los jueces no dejaban de calificar de atroces los actos subversivos, peculiarmente los de Huancavelica, pero, como expresión del poder local, sus miembros estuvieron en el ojo de la tormenta, sospechosos de apoyar a la sublevación.

Fue el caso de los jueces de primera instancia de Víctor Fajardo y Angaraes. El de Víctor Fajardo fue detenido en enero de 1935, acusado de participar en el movimiento de Huancapi. El cuerpo de seguridad lo detuvo en el cuartel y fue trasladado a Lima, como varios otros en condición de reo sujeto a la ley de emergencia que regía para enfrentar al Apra. En diciembre, en Lircay, el subprefecto hizo detener al juez de Angaraes. El propio subprefecto era el acusador, convirtiéndose en juez y parte. No comprobaron nada en cuanto a la participación del letrado, pero igual fue trasladado a Lima.

El vocal presidente defiende a los letrados, sosteniendo que se trataba de vendetas locales. Porqué no -se preguntaba- se entregó al sospechoso a la autoridad competente del juez instructor militar, esperando que se marchara para que la autoridad política sin control alguno y como parte la emprendiera contra el juez. La situación era extendida, convirtiendo la secuela del movimiento en un enfrentamiento entre jueces legalmente constituidos y subprefectos del régimen dictatorial. En Parinacochas, el juez suplente, Dionisio Salas, fue también detenido por el subprefecto por 10 días, acusándolo de comunista, como se extendía en toda la zona y tener comunicación con el Apra en Coracora. Una verdadera caza de brujas, que cobijaba enfrentamientos entre poderes locales pues Salas había llevado adelante una instrucción criminal contra el entonces subprefecto por ataque a mano armada y lesiones en agravio de un vecino de la localidad.

El líder máximo del movimiento, Aristides Guillén Valdivia, busca refugio en la hacienda familiar en la zona del río Pampas. Allí será capturado por el ejército. Otros líderes se internan en la selva en proceso de colonización del Río Apurímac.

Ese fue el antecedente revolucionario de la asonada del Callao del 3 de octubre de 1948. La historia del partido Aprista, en su vínculo con las historias locales, está todavía por hacerse.

Odría en el poder

El Frente Democrático duró apenas tres años en el poder y sucumbió ante el golpe de Estado del Ministro de Gobierno Manuel A. Odría, en octubre de 1948. Esto fue la consecuencia de un progresivo proceso de polarización social y política y de incapacidad de los actores políticos de construir un consenso mínimo, que hubiera permitido procesar democráticamente las innegables diferencias de objetivos de los actores sociales que operaban. Esto propició choques entre los ministros de Bustamante y el parlamento controlado por el Apra, pues los intentos de equilibrar el presupuesto a través de una contracción de gastos públicos fueron rechazados por el Apra, que desde el parlamento desarrolló una política de incremento de los salarios compensada únicamente con la elevación de la tributación de los exportadores y el control de cambios que de por sí eran insuficientes.

En el folleto que escribió en 1949 el presidente Bustamante explicando la experiencia de su gobierno afirmó que las presiones apristas hicieron imposible la salida democrática, contribuyendo con la oligarquía a la salida dictatorial por su inconsciencia.

Luego de su levantamiento en Arequipa, conocido como la "revolución restauradora", Odría tuvo un efusivo recibimiento en la capital. Aseguró que su gobierno sería el más breve posible, a la espera de restaurar la democracia constitucional. El plan de la revolución fue de eliminar los controles de cambio, de importación y de subsidios a los productos alimenticios. El 3 de diciembre de 1948 Odría concede a los exportadores el 55% de las divisas en certificados canjeables a precios de mercado libre, pero pocos días después decreta que el 30% de las utilidades sea distribuido entre los empleados y obreros de las empresas.

En un año los exportadores habían conseguido imponer sus intereses pero aún querían más. Presionan por la reducción de los impuestos que pagaban y trataban de crear las condiciones para asumir directamente el poder. Pero Odría no cede en ninguno de los dos puntos.

El intento de formar una fuerza política que lleve al poder a un exportador en unas elecciones en las que el Apra fuera excluida es frustrado con la negativa de Odría a derogar la ley de seguridad interior y la deportación del estratega de la Alianza Nacional, Eudocio Ravines, el 6 de abril de 1950.

La oligarquía logra imponer pues se credo económico pero no logra controlar directamente el poder. Su fracaso debe atribuirse a su incapacidad para pensar la política como algo más que la defensa de sus intereses excluyentes, como lo demuestra el análisis del programa de la Alianza Nacional.

Constitucionalización del régimen

Con el golpe militar de Odría terminaba una época de la historia inmediata del país. Las políticas económicas de los nuevos actores políticos, junto con el Apra, procuraron una reorientación de la economía hacia la industrialización y la redistribución del ingreso. En medio de una gran agitación social y política, al inicio de la posguerra en el mundo, el proyecto contribuyó al nacimiento de buena parte de la industria peruana de hoy. La "revolución" restauró a la oligarquía en el control del país. Pero no sería por mucho tiempo.

Para legitimarse, Odría debía dejar la presidencia, hacer lo que se conoció como la "bajada al llano". En 1950 con el fin de lograr ese objetivo, Odría dejó momentáneamente el mando del gobierno a su adicto Zenón Noriega. Renunciante Odría sale ganador de las elecciones por ser el único candidato. El general Ernesto Montagne, candidato opositor fue impedido de participar en las elecciones y luego detenido por "causar disturbios" en Arequipa. Por el Art. 53 de la Constitución se puso fuera de la ley al Partido Comunista y al Apra. El 28 de julio de 1950 Odría es ungido presidente constitucional.

Arequipa 1950

Durante la época colonial, el espacio del sur peruano fue organizado por la influencia del mercado de las minas de Potosí, pero esa presencia fue declinando, desde entonces, la economía regional se articuló alrededor de la venta de lana, por todo el siglo XIX. Durante la primera guerra mundial el comercio lanar aumentó, lo que dinamizó la

economía arequipeña, pero después se deprimieron las exportaciones. En la década del 40 se acentúa la caída de las exportaciones de lanas y cueros, convirtiéndose en producto industrial de consumo local. Esto impactó los intereses económicos de diversos grupos urbanos de Arequipa. Por otro lado, a nivel nacional por el desigual dinamismo exportador, más intenso en el norte, y por la política vial y la tendencia a la urbanización, se sentaron las bases en favor de la sustitución de las importaciones, que arruinaron las producciones locales.

La expansión industrial y capitalista de la economía peruana había privilegiado el espacio constituido por Lima y Callao. Ese proceso es el telón de fondo de la formación del Partido Liberal, instrumento de lucha de los profesionales radicales y el artesanado arequipeño. Fundado en 1901 sus dirigentes fueron Lino Urquieta y Francisco Mostajo.

Los efectos de la política económica serán en general ampliamente desfavorables a la industria peruana que producía para el mercado interior, nacional, regional o local. Al confirmarse la "libertad de comercio", las mercancías producidas en el exterior tuvieron mejores condiciones de ingreso en el mercado nacional y desplazaron a la producción nacional. Las provincias se vieron afectadas por el incremento de los precios que el monopolio impuso a diversos productos. Además las medidas económicas dictadas por el gobierno estimularon una crisis económica en el sur.

La lucha por la descentralización se hará más intensa. En primer lugar, la necesidad de transformar las relaciones sociales en le campo, con respecto a la raza indígena. En segundo lugar modificar la naturaleza del Estado dando funciones a las regiones. En tercer lugar una distinta política económica.

En 1950, Arequipa se levantó. Violentamente, en choques con la policía, el pueblo salió a las calles, destacando los estudiantes del colegio nacional de la Independencia que empezaron las protestas por asuntos de pensiones y currículum, el 12 de junio iniciaron una huelga donde presentaron su pliego de reclamos. Fueron reprimidos, pero la chispa de la protesta popular se había prendido. El ejército tomó las calles y en la plaza central, cuando se acercaba a parlamentar con la jefatura de la tropa, el intelectual católico Arturo Villegas fue abaleado y muerto, lo que todavía indignó más a la población. Se había constituido una suerte de gobierno civil en la Municipalidad bajo la conducción de Francisco Mostajo. El día 14 la muchedumbre aceptó el planteamiento de Francisco Mostajo para formar una Junta de Gobierno Local donde estarían representadas las diversas instituciones gremiales de la ciudad. El prefecto Meza Cuadra tuvo que renunciar y se puso a la cabeza de la plaza militar al comandante Genaro Cardeña. La respuesta del gobierno central llegó el día 14 cuando tropas del ejército atacaron al pueblo. Se ha calculado que habrían muerto 80 civiles y un número mayor de militares.

En Lima se esperaba un alzamiento popular como el arequipeño, y ello se avino a prevenir la dictadura, acusando de los hechos a la Liga Democrática, encarcelando a sus líderes, incluido su candidato el general Ernesto Montagne.

Las medidas económicas en el ochenio

Junto con la bonanza económica que significó el ingreso de divisas por las exportaciones de minerales, la tendencia populista del mandatario y las presiones por

modernizar la economía de diversos y nuevos agentes económicos, fueron factores que hicieron del ochenio un periodo de abundantes medidas de política económica.

Al poco de instalada, la junta Militar prohibió mediante Decreto Ley Nº 6 la iniciación de juicios de Avisos de despedida de casas-habitación. Se ordenó la elevación de salarios del 33% al 70 % a las víctimas de accidentes de trabajo. Elevación de indemnización en caso de incapacidad absoluta y permanente. Por Decreto Ley Nº 13 (10902) se establece el Seguro Social Obligatorio del Empleado para el sector público y privado. Algunas muestras del cuidado de la legislación del trabajo.

Además se dictaron disposiciones para intensificar la producción pesquera, de esta manera se salvaba la deficiencia respecto a la difusión del consumo de alimentos ricos en proteínas. Se tomaron medidas necesarias para proceder a las obras de irrigación del valle de Piura. El Fondo de Educación Nacional financia la construcción de unidades escolares, para acoger una demanda de 50 mil niños.

No había terminado el año y en diciembre de 1948, se nombra una comisión especial encargada de elaborar un ante-proyecto de Ley de Petróleo. Asimismo el 23 de diciembre se crea el Ministerio de Hacienda y Comercio, administrando los asuntos de orden económico y financiero del país. Con todo esto, se nota el empeño que el mandatario tenía para hacerse de un caudal de aceptación en las ciudades y encarar el desarrollo de los sectores productivos con una política económica agresiva y un robustecimiento institucional del estado.

Se elevó al 55% el porcentaje de certificados de divisas que recibirían los exportadores y en agosto 1949 se reconoce la necesidad de incentivar la minería como fuente de divisas obteniendo el 100% de divisas para la exportación minera.

En 1949 la dación de normas importantes en cuanto a reformas administrativas y fiscales, fomento a la producción y obras públicas, continuó. La Junta Militar destinó S/. 12'000,000 a la terminación de las obras del ferrocarril de Matarani a La Joya, constituyó el estanco de los vinos y licores importados y el estanco de la coca. Se creó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas para atender los problemas de carácter social de un país que se transformaba a mayor velocidad.

En un año el Perú logró (Sep. 48 - Nov. 49) culminar exitosamente el proceso de liberación de la economía nacional del control de la moneda extrajera y volver a la libertad de cambios.

El gobierno que llevó adelante Odría en lo económico, con los lógicos cambios que una legislación más amplia sobre los factores de la producción significó, terminó retornando al espíritu del sistema productivo anterior, confiado en el sector exportador como el mejor impulso del desarrollo. Para ello se redujo los impuestos que lo gravaban, se devaluó la moneda nacional (de 6.50 soles el dólar a 19 soles en 1955), se liberó el tráfico de divisas y se dictaron los nuevos códigos de minería (Decreto Ley No 113579) y de petróleo en 1950 y 1952. El gobierno se retiró del control de yacimientos como el de Marcona, que pasó a manos de una empresa norteamericana en 1952.

Del mismo modo las importaciones se desarrollaron con total libertad. Junio 8 de 1949, el gobierno contrató al norteamericano Juluis Klein con una Misión Económica y

Financiera permaneciendo hasta 1955, presentando su primer informe el 5 de noviembre, señalando que la inflación era la causa de los males económicos del país.

Julio 15, Decreto Ley Nº 11061 el estado entraba a poseer todas las tierras de la República, mientras que aquellas que tenían dueño debían pagar al Estado un impuesto anual que podría ser de diez a cincuenta soles por hectárea en tanto los terrenos se mantuvieran eriazos. Los impuestos estaban destinados al Plan Nacional de Irrigación. No se permitía a las tierras en estado eriazo permanecer sin el debido estudio de irrigación, que se debía realizar antes que cumpliera el plazo de un año.

En julio 8 de 1955, Odría dicta la última ley para el desarrollo económico, la de Industria Eléctrica, Ley Nº12378 que incluyó la revisión de las tarifas cada tres años, bajo la base de resultados anteriores.

Durante el gobierno del general Odría se propuso la constitución de una comisión consultiva del Ministerio de Hacienda y Comercio para solucionar los problemas financieros y económicos. La función era reorganizar los sistemas económicos, financieros y administrativos, especialmente en el campo monetario y presupuestario, revisar las regulaciones, prácticas comerciales y aduaneras.

El apogeo económico de este gobierno se dio entre 1953 y 1955, la oposición usó el lema "pan sin libertad" en contraste al de "libertad sin pan" del régimen de Bustamante. En opinión de Rómulo Ferrero la política económica del general Odría, se resume en tres factores básicos: el retorno al régimen de libertad económica, que implicó la eliminación de los controles de precios, de cambios y de importaciones y la supresión de los subsidios a los artículos alimenticios; el aumento y la diversificación de las exportaciones nacionales, y en tercer lugar, las fuertes inversiones del exterior, atraídas por el clima de libertad económica y estabilidad económica que reinaba en el país.

Respecto al crecimiento del PBI no fue uniforme en todos los sectores de la economía pues fue más bien el resultado de desarrollos contradictorios entre sí. El aporte de la industria manufacturera y de la minería superó por márgenes de cierta importancia el crecimiento promedio del período, el de las actividades agrícolas y ganaderas estuvo por debajo del mismo. La minería tuvo un resultado muy favorable en la producción, en 1952 se firmó un contrato con la Marcona Mining Co. subsidiaria de The Utah Construction Company de los Estados Unidos, para la explotación del yacimiento de mineral de hierro de Marcona. El petróleo llegó a una producción de 14.1 millones de barriles en 1948 a 18.4 millones de barriles en 1956. La industria manufacturera alcanzó importante resultado en los grupos de alimentos y bebidas, de textiles, de manufactura de metales y de productos químicos, que incrementaron la producción y el ingreso.

La industria pesada estaba conformada por tres fábricas de cemento y varias plantas dedicadas a la producción de ácido sulfúrico y otras sustancias químicas.

Odría se apoyaba firmemente en el capital extranjero, y la coyuntura internacional de buenos precios de las materias primas, consecuencias de la intervención norteamericana en la guerra de Corea, le es propicia. En el presupuesto de 1949 el gasto público crece en un 45% con relación al año anterior y entre 1950 y 1955 su peso promedio al año es del 13% del producto bruto anual.

El fin del ochenio

El talante represivo y dictatorial del gobierno de Odría estaría encarnado en la figura de uno de sus principales colaboradores, Alejandro Esparza Zañartu, Director de Gobierno, "ojos y oídos" del dictador, surgido de una aristocracia regional venida a menos en Cajamarca, civil jefe de los servicios de inteligencia que formó Odría, se ensañó con los conspicuos asistentes al Club Nacional, cuando el 14 de junio de 1950 tomó sus instalaciones y detuvo a los militantes de la Liga Democrática. Luego sería el encargado de establecer la tortura como método político policial de investigación y represión.

Dentro del régimen no dejaron de presentarse contradicciones, al punto de separarse los aliados básicos de un inicio. La acusación al general Zenón Noriega en agosto de 1954 de encabezar una rebelión, condujo a quien fuera el brazo derecho del dictador a ser destituido de su cargo de Primer Ministro y Ministro de Hacienda y exiliado a Estados Unidos.

En 1955 se pide la derogación de la Ley de Seguridad Interior de la República y la modificación del Estatuto Electoral así como una amnistía política para que se realizaran las justas electorales. Esta ley no sería cambiada se había creado "para contener el terrorismo y el crimen desatados por el APRA y calmar al terror y las angustias precisamente de aquellos que hoy piden su derogatoria".

Se anhelaba el retorno de la democracia como lo confirmaba la organización de la Coalición Nacional, cuyos integrantes eran Pedro Beltrán, Pedro Roselló, Manuel Mujica Gallo. Odría se vio obligado a negociar una salida política cuando su proyecto mostraba evidentes signos de agotamiento. Convocó a una reunión de notables en el Convento de Santo Domingo en 1955. De allí saldrá el acuerdo que permitirá la transferencia del poder. Pero nuevamente se impone la necesidad de integrar al Apra a la negociación, pues cualquier salida democrática que margine a la fuerza política más importante del país carecerá de estabilidad. El candidato oficialista, Hernando de Lavalle, representante de la alianza oligárquico - imperialista, ofrece a los apristas el retorno a la legalidad. Manuel Prado Ugarteche, el representante de la fracción "nacional" de la oligarquía les ofrece el cogobierno y es elegido con el 45% de votos surge así la alianza política conocida como la "convivencia".

En 1956 aparece también un nuevo protagonista en la lucha electoral. El arquitecto Fernando Belaúnde con una breve campaña alcanza 36% de los votos. Nace así Acción Popular. A su lado se forma la Democracia Cristiana con la que gobernará a partir de 1963. Por el mismo período se forma el Movimiento social Progresista. El pacto de Monterrico fue la alianza formada por el Partido Aprista Peruano y el Movimiento Demócrata Pradista, apoyados por el general Odría. Los comicios electorales fueron fijados para el domingo 17 de junio, tres fueron los candidatos Manuel Prado y Ugarteche, Hernando de Lavalle y Fernando Belaúnde Terry lanzado en marzo 1956 por el Frente Nacional de Juventudes Democráticas. Hernando de Lavalle, contó con la simpatía oficial y el apoyo de los grupos terratenientes, improvisando un grupo llamado “Unificación”, Manuel Prado fue lanzado inicialmente por el Movimiento Demócrata Pradista que sería apoyado por el Partido Aprista

Peruano, ya entonces muy identificado con la guerra fría, desarrollaba una política anti comunista en los sindicatos, controlando los más importantes de ellos, de manera que daba una base popular al pradismo.

Odría garantizó la realización de las elecciones. Los candidatos de los comicios electorales fueron Manuel Prado 568,134 votos, Fernando Belaúnde Terry 457,638 votos, Hernando de Lavalle 222,323 votos. Manuel Prado tuvo el apoyo aprista luego que esta agrupación rompiera su compromiso con Hernando de Lavalle. El talante conservador de la figura de Prado fue una de las características más saltantes de la época. Ante la orientación de las fuerzas armadas continentales de propiciar un "socialismo desde arriba" para prevenir el "socialismo desde abajo", la oligarquía por intermedio de Prado buscaba conjurar las amenazas socialistas, viniera de donde viniera. Es conocida la versión de que el presidente Prado se negó en un evento internacional a siquiera pronunciar las palabras "revolución mexicana", porque según decía, se podría interpretar que favorecía así una "revolución peruana".

Fue entonces que el 12 de octubre se desarrolla la IV Convención del Partido Aprista Peruano. En ella, importantes dirigentes nacionales presentaron un documento criticando a la cúpula aprista por “haberse aliado a la oligarquía”: Luis Olivera, Ezequiel Ramírez Noriega, Gonzalo Fernández Gasco, Manuel Pita Díaz, Alberto Ruiz Febres, Walter Palacios Vinces, Carlos Malpica y otros, todos procedentes del norte del país; “el grupo de los 23” formó un Comité de Defensa de los principios de la democracia interna del partido que se llamaría “Comité Aprista Rebelde”, conocido como “Apra Rebelde” y finalmente, algunos de ellos dieron orígen en 1962 al “Movimiento de Izquierda Revolucionaria” (MIR). Los que participaron en esa escisión nunca fueron aceptados nuevamente en el partido por el jefe Haya de la Torre, con la excepción de Javier Valle Riestra, que luego sería un importante líder del aprismo en la época que llegó por fin a ser gobierno.

Propuestas políticas surgidas en la década

La rebelión contra Bustamante comienza mucho antes del golpe de Odría, estaba apoyada por Pedro Beltrán Espantoso, “barón” del algodón y director de la Prensa, los Gildemeister, los Aspillaga, los Pardo grandes agroexportadores y los miembros de las altas finanzas como los Prado. Estos grandes agroexportadores tenían con Bustamante una gran oposición, al no haberles entregado el total de las divisas de sus exportaciones. Financiando el golpe militar se formó una alianza entre lo que entonces era una oligarquía con el poder militar.

Odría establece la Junta de Gobierno, consolidado el régimen, designó a Pedro Beltrán presidente del Banco Central de Reserva, como presidente del Senado a Julio de la Piedra, como presidente de la Cámara de Diputados a Juan Manuel Peña Prado. La oligarquía tenía no sólo el poder económico sino también el político. Además, el nuevo gobierno, expulsó y detuvo a dirigentes políticos apristas como comunistas, el caso de Haya de la Torre, que permaneció 63 meses en la embajada Colombiana (3 de agosto de 1949 hasta el 5 de abril de 1954) llegó hasta la Corte Internacional de Justicia, al final Odría accedió a deportarlo y despojarlo de la ciudadanía peruana.

En Julio 1949 se presentó el Decreto Ley “Seguridad Interior de la República”, establecía la pena de destierro, cárcel y la pena de muerte por terrorismo; facultaba a las autoridades policiales a actuar sin la orden de juez, desconocían el derecho de defensa, la libertad condicional y el derecho de habeas corpus. Ante este régimen dictatorial, personajes de la oligarquía comienzan a recelar del gobierno, a partir de 1954 el silencio se apaga ante un conjunto de inquietudes políticas como la Coalición Nacional Organizada por Pedro Roselló en Arequipa. El Partido Demócrata Cristiano (1956) conformado por Hector Cornejo Chavéz, Julio Ernesto Portugal, Honorio Delgado, Mario Polar, Enrique García Sayan, Benjamín Roca, Luis Bedoya Reyes, José Barreda Moller y Roberto Ramírez del Villar. Propuso un cambio en el sistema económico imperante, apoyando su discurso en las encíclicas papales.

Otra agrupación que surgió en ese contexto fue el Frente Nacional de Juventudes Demócratas, creado en 1955 a iniciativa del abogado cajamarquino Javier Alva Orlandini, su objetivo era “postular a un hombre joven desvinculado por completo de los grupos tradicionales del poder político y que enarbolara las banderas de la renovación”. Se exigió la derogatoria de la ley de expresión, la amnistía política y la modificación de la ley electoral, en 1956 logró formar lista parlamentaria en 12 departamentos, siendo este partido el germen de Acción Popular que llevó a las elecciones al arquitecto Fernando Belaúnde Terry.

El Movimiento Demócrata Pradista bajo la iniciativa de Manuel Cisneros Sánchez y Javier Ortiz de Zevallos, apoyó las pretensiones electorales del ex mandatario Manuel Prado, tenía como anhelo “realizar una obra de unificación y paz nacional”, constituido en setiembre de 1955 en. En agosto 1956 se transformó en el Movimiento Demócrata Peruano (MDP).

El Movimiento Social Progresista (MSP) apareció en 1956. Estaba conformada por intelectuales y profesionales, algunos participantes en la experiencia del Frente Democrático cuando Bustamante, con un discurso de tinte humanista, proclamaban la necesidad del socialismo. Entre sus planteamientos estaba la reforma agraria, la idea de la intervención planificadora del estado y la nacionalización de los recursos naturales. Sus integrantes fueron: Santiago Agurto Calvo, los hermanos Sebastián y Augusto Salazar Bondy, Alberto Ruiz Eldredge, José Samanez Concha, Guillermo Figallo Adrianzén, José Matos Mar, Jorge Bravo Bresani, Eduardo Neyra, Adolfo Córdova y Francisco Moncloa Fry.

Es notable que la mayoría de las modernas corrientes políticas en el Perú, exceptuadas las del comunismo y el aprismo, que tuvieron su surgimiento décadas atrás, se desarrollan y se expresan en la época de la lucha contra el autoritarismo militar que expresaba el gobierno de Odría. En 1956 pasaron sus primeras armas electorales. Los de centro izquierda apoyaron a Belaúnde, que estuvo cerca de lograr la meta. Los nombres de los jóvenes políticos de entonces, serían luego los de los mandatarios del periodo siguiente.

La renovación de la prensa. Opinión pública y política

Los antecedentes de la gran prensa fueron las revistas, como Vanguardia, de Eudocio Ravines, la que tenía por nominativo sólo el año, 1947, 1948, 1950, que dirigía Genaro Carnero Checa desde posiciones marxistas, opuestas a las de Ravines, ya anticomunista.

La revista de Carnero Checa abrió sus páginas a muy jóvenes colaboradores, que luego serían de los más importantes hombres de la televisión y el espectáculo, como lo fueron Pablo de Madalengoitia y Pepe Ludmir. Alfonso Tealdo que había sido director de Ya, de propiedad de Augusto Belmont (también hombre de radio, quien sería continuado por su hijo Ricardo Belmont en los años 70), sacaba Pan y luego Dedeté (contra todos los parásitos). Fue un auge de lo que se llama prensa pequeña, surgida al impulso de las libertades que trajo en la ciudad, luego de años de represión, el gobierno de Bustamante y Rivero, hasta que la dictadura lo permitió. Pero el más importante de todos los órganos de la prensa chica fue un periódico, Vanguardia, de línea liberal, dirigido por Guillermo Hoyos Osores y donde se inció en la prensa Francisco Igartua, quien al poco dirigiría Caretas y fundaría Oiga. Vanguardia fue clausurado en 1948 y en su reaparición apoyó la candidatura de Ernesto Montagne. La Liga Nacional Democrática, que se había fundado para apoyar la candidatura opositora, que cerrara el camino a la "elección" que pretendía Odría luego de "bajar al llano", sesionaba en las oficinas de Vanguardia, y ahí fue a dar la policía el 14 de junio de 1950, deteniendo a muchos, encarcelando y deportando.

Hoyos era un político, formó un movimiento de resistencia cuando Odría reprimió a sus adversarios para hacerse elegir en supuesta lid democrática. Sufrió destierro y luego regresó a la política, no sin antes sufrir carcelería durante la dictadura de Odría, que no sería la última dictadura que enfrentó, pues sufrió su último destierro durante el golpe de Velasco, que lo hostigó y enjuició por mucho tiempo después, por su supuesta participación en el escándalo del Acta de Talara.

Un grupo de periodistas, con un estilo, un ideario y nuevas técnicas de comunicación surgió en esa época, junto con los escritores de la llamada generación del 50, ellos mismos también parte de ese fenómeno cultural.

De entonces data la Federación de Periodistas del Perú cuyo primer presidente fue Genaro Carnero Checa. Fue en 1950, año en que también se fundó la revista Caretas, cuando la principal forma de comunicación moderna resultaba todavía la radio, que no transmitía sino hasta la media noche, presentando grandes artistas, que incluso venían en gira a Lima, como las jóvenes Lola Flores y Sarita Montiel. Entre las luminarias nacionales destacaba Lucy Smith, quien falleciera misteriosamente en el amanecer de ese año, dejando luego un vals criollo que inmortalizó la congoja que causó el suceso.

Igartua había fundado Oiga en 1948, en medio de una dura represión, pretendiendo denunciar las maniobras de los exportadores para conseguir el íntegro de las divisas generadas por sus productos, oponiéndose al mandato del gobierno de Bustamante. "Verdadero objetivo del civilismo: eliminación del control de cambios" rezaba el titular de su primer número. Tres números alcanzó a publicar, hasta que fue clausurada y su director hecho prisionero político. No vuelve a aparecer sino hasta 1962, pues Igartua dirige Caretas desde su fundación con Doris Gibson.

En este contexto de las comunicaciones, junto con la efervescencia política de la prensa chica, los grandes medios de comunicación escrita se formaron bajo el control de fuertes imperios familiares, atados a intereses económicos que dominaban en la sociedad peruana. El Comercio ha sido el más representativo y de mayor estabilidad, en manos de una familia, los Miró Quesada, salvo cuando fueron expropiados en 1874, siempre mantuvieron la línea: empresa de carácter familiar, conservadora, de tinte antiaprista. La

oposición al aprismo caracterizó la línea del periódico. Se opuso a Benavides a fines de su gobierno por que no ordenó la ejecución del posible asesino de Antonio Miró Quesada, a Bustamante -a pesar que tenía una línea anti exportadora a tono con los planteamientos del diario- por su alianza con el partido de Haya de la Torre, a Odría cuando permitió que el jefe del partido aprista dejara la embajada colombiana luego de años de exilio diplomático. Como luego vinieron las alianzas pragmáticas del Apra, con Prado primero y luego con el propio Odría, el diario se opuso a ellos, desarrollando una campaña de tinte nacionalista en defensa de los recursos naturales, particularmente el petróleo. La batalla cotidiana la libró contra La Prensa y su propietario Pedro Beltrán. El periódico y la familia Miró Quesada han mantenido un prestigio y un aire solemne y señorial que no pudo ser igualado por ningún otro medio de comunicación. Inaugurado el dominio familiar del diario por José Antonio Miró Quesada, fue continuado por sus sucesores familiares hasta Aurelio Miró Quesada Sosa, quien prácticamente nació con el siglo y desempeñaba la dirección a sus 91 años en 1998. Destacaron en el ejercicio del periodismo -además de sus escritos y ensayos en otras ramas de la práctica creativa- Oscar Miró Quesada, el científico del periodismo y Francisco Miró Quesada Cantuarias, el filósofo, hijo del anterior y director del suplemento, entre otros miembros de esta familia de influencia incuestionable en la vida nacional.

La Prensa, que surgió a inicios de siglo ligada al Partido Demócrata, fue adquirida por Pedro Beltrán Espantoso en 1948, quien la modernizó y le dio un tono empresarial, anticomunista y pro norteamericano en la posguerra, durante la "guerra fría". Influyó entre los empresarios, siendo la voz de los principales agroexportadores. Beltrán modernizó el estilo periodístico, el contenido de los titulares, más dinámicos y asequibles a al público. Captó la mayor cantidad de avisos: en 1968, cuando se produjo el golpe militar, tenía el 40% de los activos, mientras El Comercio sólo el 32% y circulaban 135,000 ejemplares frente a 106,400 de su competidor. Cuando fueron expropiados, su situación se había deteriorado y cuando Belaúnde en su segundo gobierno devolvió los medios de prensa, el diario dejó de circular, los tiempos y las ideas habían cambiado y la modernidad de Beltrán en los 50 se había quedado anticuada.

Ultima Hora, vespertino fundado por Beltrán, a cuya cabeza estuvo Ismael Frías, tuvo un inicio poco alentador, hasta que fue dirigida por Bernardo Ortiz de Zevallos y redactada por uno de los renovadores de la comunicación escrita, Raúl Villarán el de los titulares explosivos y dicharacheros, quien capturaba con sapiencia de motivador las primeras planas introduciendo la replana. Villarán estuvo luego en la fundación de Expreso y de Correo. Última Hora se convirtió en el ejemplo de nuevo lenguaje, populachero, de noticias sensacionales y escandalosas, renovó el periodismo haciéndolo menos formal y de más cercanía a lo cotidiano. Fue el diario de más tiraje. Se convirtió en parte de la vida de los limeños, entraba en lo privado y lo ventilaba en público. En ese periódico se hizo famoso en el mundo del "chisme" un periodista, Guido Monteverde, quien desafiara la excomunión impuesta por el Cardenal Guevara al convocar un concurso de mambo en la Plaza de Acho en 1951. Fundaron, entre Monteverde y Villarán, una compañía de revistas, las "Bikini Girls" que se presentaban en el Teatro Monumental ante cientos de espectadores, destacando tres mujeres que fueron el símbolo sexual de la época: Betty di Roma, Mara y Anakaona. Las fotos de esas legendarias mujeres y de muchas aspirantes a ser como ellas, comenzaron a llegar a todas las páginas de Ultima Hora, devoradas por decenas de miles de lectores.

La Crónica, que fue fundada en 1912 por Clemente Palma, junto con su famosa revista Variedades, pasó a manos de la familia Larco Herrera y luego, en 1947, a las de la familia Prado, vinculada a las finanzas y la inmobiliaria. Ahí se inició en las letras Mario Vargas Llosa, casi adolescente en 1952. En abril de 1953 se inauguró el edificio del periódico en la avenida Tacna. Ese pequeño corredor de "rascacielos" del costado del "damero de Pizarro", era el símbolo de una ciudad de aires cosmopolitas. Los grandes terratenientes de la sierra invirtieron en ella, esperando tiempos de esplendor urbano. Ahí se instaló La Crónica de Mariano Ignacio Prado Heudebert en un edificio de ocho pisos, con gran biblioteca (que perteneció a Javier Prado Ugarteche) y sala de exposiciones, donde se exhibieron en 1958 las famosas "Vargas girls", bocetos a lápiz del peruano Alberto Vargas (hijo de uno de los primeros fotógrafos peruanos, el arequipeño Max T. Vargas) que triunfaba con ellas en los EE. UU., la asistencia al salón de La Crónica para esas muestras -que contó con la presencia del autor- fue el record de la década. Entre otras de las actividades por las que el periódico marcó la década, fue la celebración de los concursos de "Miss Perú", que coronaba alguna bella mujer para concursar por el cetro mundial de la belleza, de acuerdo a los cánones norteamericanos en los que Vargas destacaba como retratista eximio.

La empresa fue competidora de Ultima Hora en la página policial, todo un mundo de la Lima de entonces, que ha sido retratada en la primera gran novela de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral. En un tiempo la empresa entró también a tallar en las tardes con La Tercera, vespertino que incorporó los periodistas deportivos que llamaban al interés de los lectores masculinos, destacando Alfonso "Pocho" Rospigliosi. En esta década se realizó el único campeonato sudamericano de fútbol realizado en el Perú. Fue adquirido a través del sistema financiero por el Banco de la Nación y se convirtió en un periódico oficial antes del estatuto de prensa de 1974 como se verá más adelante.

Para seguir con la historia de la gran prensa en el Perú, añadamos otras publicaciones de importancia que tuvieron su auge posteriormente a esta década. Correo, fundado por Luis Banchero, cuando era el "boom" de la pesca, a inicios de 1961. Fue muy informado, moderno en sus recursos, sirvió de presión política para los intereses de su dueño. Raúl Villarán fue quien puso a circular Ojo, una Ultima Hora de los años sesenta, sin más que las noticias de su matutino y la inventiva de los redactores. El éxito de este tipo de prensa resistió la masificación y los años, haciendo de Ojo el fenómeno de tiraje de la prensa cuando ésta volvió a manos de sus dueños y entró en una nueva época en los años 80.

Expreso, también un medio joven entre los grandes de la prensa, fundado igualmente por un propietario terrateniente de la costa, Manuel Mujica Gallo a fines de 1960. Lo dirigió muy liberalmente José Antonio Encinas, apoyando la candidatura de Belaúnde. Cuando tuvo problemas, también creó su vespertino Extra. Fue adquirido por Manuel Ullos, ligado al capital financiero internacional y hombre influyente en el poder.

Ello ocurrió cuando se produjo una crisis en Expreso. En los círculos periodísticos se rumoreó acerca de la desaparición del diario. Por allí circuló el dato de que el diario que dirigía José Antonio Encinas tenía deudas por 48 millones de soles y un déficit para el año de 14 millones. El grupo de Ulloa, que era prominente miembro del gobierno y representante de fuertes intereses económicos, vino a aprovechar la situación y hacerse de un medio de prensa en 1965.

Con el golpe y las acusaciones judiciales que le abrieron a Ulloa, el periódico fue expropiado y pasó a manos de sus trabajadores, que formaron un Frente Único en 1970. Luego fue su director el combativo y famoso periodista Francisco Moncloa, que haría la labor política más eficaz y cotidiana a favor de las reformas más radicales de la revolución Velasquista.

En julio de 1974, por la nueva ley de prensa pasaron a lo que los ideólogos del régimen llamaban "los sectores organizados de la sociedad". Tuvieron un año de efervescencia política y de creatividad en manos de nuevos directores y redactores, hasta que fueron lentamente "parametrados" a partir del golpe que inauguró la llamada "segunda fase" de la revolución. la prensa monocorde y controlada, con honrosas excepciones, dejaba abierta la puerta para la aparición de algún medio que satisfaciera las expectativas de información libre y crítica, espacio que sólo ocupaba Caretas, muy moderadamente desde que reabrió en 1977. Así apareció Marka, un fenómeno de comunicación, en donde se cobijaron todos los intelectuales de izquierda.

Eudocio Ravines: el hombre de la "guerra fría".

Tal vez el mejor exponente de lo que fue en el terreno político la influencia de la "guerra fría" en el mundo, fue Eudocio Ravines. Militante comunista en sus primeros años, devino en el mejor comunicador del anticomunismo visceral que patrocinaban los Estados Unidos. Un cambio sorprendente, pero no por ello inusitado en el Perú, donde el Partido Aprista siguió el mismo sorprendente camino.

En enero de 1947, Eudocio Ravines se incorpora a la Alianza Nacional, organismo político representativo de los intereses de la oligarquía, y acepta la dirección del diario La Prensa, luego del "crimen Graña" que dejó al diario sin director. Desde La Prensa, Ravines continua su campaña antiaprista y de oposición al gobierno del presidente Bustamante y Rivero. Por ello sería deportado a México después del levantamiento aprista del 3 de octubre de 1948. Con el golpe de Odría, el 27 de octubre, que contó con el apoyo de la Alianza Nacional, Ravines regresa al Perú. Asume la dirección del nuevo Última Hora, desde el cual se opone a que Odría sea elegido presidente constitucional por lo que nuevamente sería deportado a México en abril de 1950. Con la elección de Prado para un segundo período presidencial, Ravines regresa al Perú y se incorpora al régimen. Cambia así de orientación al apoyar la alianza entre sus antiguos enemigos políticos: la oligarquía (Beltrán), el Partido Aprista Peruano (Haya de la Torre) y, los militares (Odría). Su revista de los primeros años de actividad, Vanguardia reaparecería y se publicaría hasta julio de 1963, cuando es remplazado por un programa televisivo con el mismo nombre. Durante este período, Ravines es ya uno de los más caracterizados anticomunistas y un opositor al gobierno del presidente Belaúnde.

Tras el golpe militar de Velasco Alvarado, Ravines sería deportado nuevamente a México en febrero de 1969. Por continuar su campaña de crítica desde el extranjero, el gobierno decide declararlo traidor a la patria y privarlo de la nacionalidad peruana en junio de 1970, expediente que siguió con muchos otros políticos y periodistas, más como una muestra de inquina que como un efectivo castigo, que ya lo era y suficiente la deportación. A pesar de los cambios políticos ocurridos luego de la caída del general Velasco en agosto de 1975 y el regreso de los exiliados, Ravines no volvería al Perú ni recuperaría su nacionalidad

El sufragio femenino.

No es posible hablar de movimientos feministas propiamente dichos en el Perú de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, hubo organizaciones de mujeres, que tuvieron en algunos casos claros planteamientos feministas. Acción Femenina surge en 1936 y en 1952 fue prohibida por la dictadura de Odría. Feminismo Peruano de Zoila Aurora de Cáceres, participó (a través de su líder) en 1942 en la Asamblea General de la Comisión Interamericana de Mujeres, que buscaba la igualdad política y social de las mujeres.

En 1946, bajo el liderazgo de Magda Portal, que se distanció de los movimientos femeninos como Feminismo Peruano, el entonces denominado "Partido del Pueblo" organizó una Convención Nacional de Mujeres Apristas. Sin embargo, el partido de Haya de la Torre no hizo nada por el sufragio femenino, ni consideró temas de reivindicación femenina en su ideario. La primera feminista peruana fue sin embargo María Jesús Alvarado Rivera. En 1911 había pedido el sufragio femenino, y sus luchas le granjearon su deportación del país durante el Oncenio. A través de su organización Evolución Femenina, participó en el activismo por la ciudadanía de las mujeres peruanas. En 1945, al poco de regresar de su largo destierro en Argentina, que culminó en 1936, Alvarado logró que Evolución Femenina obtuviera la participación de mujeres en las Juntas Transitorias Municipales. Ella misma es nombrada en uno de los cargos.

Por iniciativa del propio Presidente Odría, el Ejecutivo propuso el voto femenino al Congreso en octubre de 1954. Después de la segunda guerra mundial, el voto femenino se hizo mayoritario en el mundo y fue incorporado como derecho en la Carta de las Naciones Unidas. Los debates parlamentarios no ofrecieron un abanico muy amplio de posiciones. Sin estorbos, salvo alguna intervención que pretendió hacer mayores concesiones a las mujeres, y otras que todavía querían limitarlo a cierto grado de instrucción primaria, el proyecto fue aprobado en noviembre de 1954.

En un estilo que sería peculiar durante la década siguiente, el diario Ultima Hora, titulaba "se despunta el voto de gilas". El diario La Nación editorializaba acusando a La Prensa de no informar nada acerca de la aprobación ni de los debates. La feminista María Jesús Alvarado Rivera, notaba que El Comercio, que siempre acogía con gentileza sus artículos, no lo hizo cuando se debatía el proyecto en Diputados, guardando silencio al respecto del tema. Los grandes de la prensa silenciaron el asunto.

El 5 de setiembre de 1955, la Ley Nº 12391 concedió ciudadanía a las mujeres y les dio derecho a voto. Los medios gubernamentales, más con fines de propaganda, consideraban que un millón de votantes se incorporarían en los padrones de 1956. Pero las mujeres eran mayoritariamente analfabetas, lo que las excluía del voto. Así, el sufragio femenino de 1956 no tuvo un significado cuantificable, salvo por sus efectos propagandísticos. En términos de la conciencia femenina sin embargo, significaba un logro, luego de varias décadas de prudente pero persistente demanda. El voto significativo para las mujeres lo consiguen cabalmente recién en 1980.

La generación del 50

El grupo de intelectuales, especialmente escritores, nacidos entre 1920 y 1935 ha sido llamado la Generación del 50. Sus orígenes coinciden con tres procesos superpuestos: los estertores de la República Aristocrática, durante el Oncenio de Leguía y hasta el inicio de las luchas sociales de obreros y campesinos, que quisieron representar comunistas y apristas y que fueron detenidas por la aristocracia sobreviviente en alianza con el ejército. Este grupo de intelectuales tuvo su actividad principal a fines de los años 40 en la posguerra y durante la década del 50, de ahí su denominación. Algunos han resaltado que se trataba de un grupo pequeño, que se reunía en un bar del centro de Lima, llamado "Palermo", básicamente estudiantes universitarios. Sin embargo, además de haberse registrado unas tres centenas de escritores y científicos con producción, la generación del 50 fue mucho más que eso. Ellos y su actividad son el más importante retrato de la vida peruana de los años 50.

El Patio de Letras, de la vieja casa de San Marcos, era el otro escenario de este grupo. Punto de encuentro de la juventud intelectual, fue privilegiado lugar de intercambio de ideas, publicaciones, discusiones. De ahí continuaban los grupos al bar "Palermo". Lima era pequeña, todavía con aire de una aldea, conservadora, donde sólo llegaban algunos vientos de las ciencias y las artes del mundo. Justamente, para romper ese aislamiento, es que se formaron espacios de encuentro: la Peña Pancho Fierro, los bares, especialmente el "Palermo", el Patio de Letras de la casona del Parque Universitario, y publicaciones como la revista Letras Peruanas que dirigía Jorge Puccinelli y Literatura que publicaban Mario Vargas Llosa, Luis Loayza y Abelardo Oquendo. La preocupación por definir lo que era una literatura nacional, el recuerdo de la trayectoria creadora de los antecesores y la apertura a la cultura europea de entonces, definen esta publicación.

La ciudad cambiaba, extendiendo su radio de influencia, hacia espacios más lejanos. El centro mismo se transformó arquitectónicamente, hasta que fue abandonado en la década de los sesenta, cuando Lima mostraba sus características de ciudad tomada por la población andina. En la década de los 50, la modernidad limeña se ubicó físicamente en el viejo centro y sus ampliaciones, sobre todo, hacia el sur, en la Plaza San Martín y La Colmena. Durante la transformación arquitectónica y cultural del centro de Lima, la Plaza San Martín se convirtió en el centro cosmopolita de una aldea que rompía el cascarón. La Plaza era el corazón de la ciudad, y su radio de influencia se extendía hasta los famosos bares: Palermo, Negro-Negro (donde eran famosos los encuentros poéticos), Continental, el Zela (cuyo dueño era Leo Barba, maquinista de la imprenta Leomir, donde se editaban varias de las revistas de todo tinte político a fines del gobierno de Bustamante y durante la dictadura de Odría). El Zela recibía a la mayoría de los bohemios y la intelectualidad limeña: Juan Ríos, Martín Adán, Emilio Adolfo Westphalen, César Moro y su hermano el pintor Quispez Asin, Ricardo Grau, Esteban Pavletich, Sérvulo Gutiérrez, entre los mayores, junto con Xavier Abril, Sebastián Salazar Bondy, Fernando de Szyszlo, Blanca Varela. Artistas, escritores, intelectuales, que compartían las inquietudes de quienes incursionaban en el periodismo, como Doris Gibson y Francisco Igartua.

La bohemia además tenía su catedral en el "Grill" del Hotel Bolívar, inaugurado en los años 20, pero que tuvo su auge en estos 50. La prolífica sala de "Entre Nous" se encontraba al lado de la Bomba de Incendios. En la Plaza San Martín además estaba el Club Nacional, centro de las tertulias del poder. La renovación de las diversiones tuvo en los cines, el Metro y el Colón, su mejor escenario. Por eso, simbólicamente, la Plaza

fue el escenario privilegiado de los mítines políticos hasta ya entrada la década de los 80, los más famosos políticos se bautizaron en sus balcones.

La revista que publicara Emilio Adolfo Westhpalen, incluso con su propio peculio, Las Moradas, merece especial mención. Westphalen es mayor que los miembros de este grupo, pero su influencia fue determinante para algunos de ellos. Las Moradas traducían al español la vanguardia de las artes europeas, reseñaba libros de difícil acceso y abría sus páginas a los más importantes creadores de entonces. Sin la difusión de esas ideas renovadoras que traía Las Moradas, y el estímulo que significaba para los jóvenes comenzar a publicar, junto a los creadores más renombrados como Martín Adán y César Moro, no se podría entender el despegue de creatividad del grupo de la Generación del 50.

Entre 1947 y 1949 Westphalen publicaba Las Moradas, como se señaló, el influjo más novedoso en la renovación intelectual y estética de Lima. Luego Westphalen deja Lima desde setiembre de 1949 hasta febrero de 1963. Finalmente, maduro, fino, en medio de la febril discusión política de entonces en el país, vuelve a deleitar el medio artístico con su revista Amaru que aparece entre 1967 y 1971.

En la época de Las Moradas se registra también el otro espacio fundamental de la creación artística peruana, la Peña "Pancho Fierro". Espacio antecedente a los escenarios que cobijaron a la generación del 50. Lugar frecuentado por los principales intelectuales y artistas, incluido Westphalen.

El poeta y editor Westphalen contrajo matrimonio con Judith Ortiz Reyes. Ella trabajaba en el colegio Pestalozzi y junto con otras pocas mujeres como Rosalía Avalos y Blanca Varela eran estudiantes de educación en San Marcos. Sebastián Salazar Bondy es quien introduce en la peña Pancho Fierro a Blanca Varela, entre 1947 y 1949; ahí conoce a Emilio Westphalen y éste le publica poemas en Las Moradas. La peña era el lugar de encuentro por excelencia, sus dueñas eran las hermanas Bustamante, Cecilia y Celia que se casaría con José María Arguedas. Arguedas era el que cantaba en la peña y llevaba a los artistas para que actuaran.

En la peña, se llevaba a los medios intelectuales la canción y el arte de los Andes. Las Bustamante tenían una institución que se llamaba "Socorro rojo", llevando comida y apoyo a los presos que sufrían carcelería por motivos políticos. Todo este grupo, que ya giraba en torno al Patio de Letras de San Marcos, era conocido como el grupo de los "rojos" por oposición a los apristas. Ahí participa incluso Fernando de Szyszlo, que en 1949 se casa con Blanca Varela, ambos muy amigos de Westphalen.

La trascendencia del numeroso grupo de creadores e intelectuales llamado la generación del 50, se manifiesta en su protagonismo en la década, gracias a la existencia en Lima sobre todo, de tribunas de expresión. En 1953 se comienza a publicar el "Suplemento Dominical" de El Comercio y el grupo editorial auspicia la revista Mar del Sur dirigida por Aurelio Miró Quesada Sosa. La Prensa, bajo la conducción de Pedro Beltrán que en su política renovadora del periodismo permite a los intelectuales publicar en sus páginas. La International Petroleum Company publica la revista Fanal. El grupo Prado editaba La Crónica y la revista Cultura Peruana donde publicaba reportajes Mario Vargas Llosa, quien se inició en la prensa con el diario La Crónica. Aunque sin renovarse, sigue saliendo puntual el viejo Mercurio Peruano. Es un momento donde las

tribunas de expresión aumentan en un medio tradicionalmente escaso en ese sentido. Desde luego que se trataba de un mercado controlado por los grandes poderes económicos, pero no era un grupo sin contradicciones y más bien, en su competencia fomentaron la incursión ensayística de muchos escritores. Sobre todo, los escritores tenían algunas posibilidades de escribir con remuneraciones y hasta dedicarse a escribir y crear. La década fue la de la renovación de la prensa, como veremos.

Es cuando los creadores abren dos corrientes de expresión en la narrativa. Paralelamente la poesía renovó sus planteamientos, desde la fundación propiamente dicha en la primera mitad del siglo con Eguren y Vallejo. Alberto Escobar, quien fue Premio Nacional de Poesía a inicios de la década, viajó al extranjero con Julio Ramón Ribeyro y, sin dejar la práctica de la poesía, se convirtió en el crítico de la generación.

La literatura de los Andes o rural y la nueva narrativa urbana, la más novedosa y la expresión más definidora del grupo, tuvieron su gran desarrollo. La estrategia narrativa se orientó más al cuento, pero terminó en la gran novelística peruana, que ha tenido gran trascendencia universal. En 1953 por ejemplo, circulaba La Novela Peruana editada por un "Círculo de novelistas peruanos" patrocinado por Sebastián Salazar Bondy. Publicaban los más importantes cuentistas de la generación, como Julio Ramón Ribeyro, quien pasó la mayor cantidad de la década fuera del país, en su primera salida de aprendizaje, pero que no se desvinculó nunca del acontecer, hasta convertirse en el más fiel testimonio de los cambios que se producían en los espacios y mentalidades populares de la Lima de la época.

La figura de Julio Ramón Ribeyro es una de las más interesantes de las de los miembros de esta generación. Abandonó los estudios jurídicos en 1952, cuando se encontraba en el último año de la carrera, al recibir una beca para estudiar periodismo en Madrid, llegando a España en noviembre del mismo año. En julio de 1953, y luego de ganar un concurso de cuento convocado por el Instituto de Cultura Hispánica, viajó a París con el objeto de hacer una tesis sobre literatura francesa en la Universidad La Sorbona, pero de nuevo decidió abandonar los estudios y permanecer en Europa realizando trabajos eventuales, y alternando su estadía en Francia con breves temporadas en Alemania (1955-56, 1957-58) y Bélgica (1957). En 1958 regresó al Perú, y en setiembre del año siguiente viajó a la ciudad de Ayacucho para ocupar el cargo de profesor y director de extensión cultural de la Universidad Nacional de Huamanga. En octubre de 1960 regresó a Francia. En París trabajó como traductor y redactor de la agencia France Presse (1962-72). En 1972 fue nombrado agregado cultural peruano en París y delegado adjunto ante la UNESCO, y posteriormente ministro consejero, hasta llegar al cargo de embajador peruano ante la UNESCO (1986-90). Hacia 1993 se estableció definitivamente en Lima. En su país fue distinguido con el Premio Nacional de Literatura (1983) y el Premio Nacional de Cultura (1993), habiendo sido galardonado también con el Premio Juan Rulfo (1994).

Dueño de un estilo austero, calificado como tradicional -en el mejor sentido del término- por su afinidad con los modelos clásicos, ha buscado eludir las técnicas experimentales de la novela moderna. Este hecho, unido al carácter retraído del escritor, han conspirado para que su literatura solo en los últimos años haya alcanzado la difusión que merecía por el grado de excelencia alcanzado en algunas de sus obras, especialmente en sus cuentos, donde es considerado el mejor exponente de la literatura peruana y uno de los mejores cuentistas hispanoamericanos. En sus cuentos abundan los

personajes frustrados, fracasados e incluso ridículos, en consonancia con su actitud filosófica de descreimiento frente a las posibilidades que brinda la vida.

Un ladrón famoso y una tétrica ejecución.

Como señalamos, fue en las páginas periodísticas donde se puede apreciar el cambio de la ciudad y el país. Los grandes periódicos tenían sus ediciones vespertinas, especialmente dedicadas a temas de "atracción" en los nuevos lectores: deportes, farándula y casos policiales.

Fue en el terreno policial donde la ciudad vibró con personajes que desempeñaron el papel de contra héroes urbanos. Luis D'Unián Dulanto, un hampón de aspecto distinguido, con un toque de desfachatez y exageración, un "dandy criollo", cambiaba de trajes con frecuencia y nunca se le veía sin alhajas exuberantes de oro, incluido un diente que retrataban los diarios que daban amplio espacio a sus andanzas en sus páginas. Otro conocido delincuente, Víctor Pizarro, "la samba" fue asesinado cruelmente, quemado vivo. D'Unián, a quien se le conocía como "Tatán", fue acusado del crimen pero su abogado, quien luego sería connotado parlamentario aprista, Carlos Enrique Melgar, como en otras oportunidades, logró eximirlo de cargos. Una y otra vez robaba, delinquía, entraba en prisión y salía libre, o fugaba, hasta que un día fue apuñalado por un competidor, que nunca tendría la fama inigualable de "Tatán", un flaco trazán de la era del mambo y el desenfado de las ombliguistas, que llevaron al cardenal a promulgar la excomunión a los bailarines fanáticos de "la foca" Dámaso Pérez Prado. Ese era el pan de cada día de la prensa.

La creciente aparición de ladrones acompañó el estelar desempeño de "Tatán". Una mujer, que se conocía como "La Rayo", lograba entrar en las más lujosas residencias de la rancia aristocracia limeña y las desvalijaba antes de huir para no dejar rastro. La ciudad procesaba algunos nuevos acosos, propios de su transformación. Junto a la fiesta de las páginas policiales, pergeñadas por verdaderos literatos populares que vertían tanta fantasía como "datos" de la policía en la "crónica roja", un sordo temor y un clamor por escarmiento se abría paso.

Fue así que Lima tuvo su primera ejecución judicial. La pena de muerte se aplicó con deliberado afán ejemplificador. Un marginal delincuente de poca monta, Jorge Villanueva, que moraba en una covacha de la quebrada de Armendáriz, en el límite de Miraflores con Barranco, fue acusado de la violación y asesinato de un niño de menos de cuatro años. El cadáver del menor fue hallado a poca distancia de la cueva de Villanueva, lo que se constituyó en prueba de su culpabilidad. Nuevamente, el abogado Melgar, tan famoso ya como sus causas y sus defendidos, logró retirar el cargo de violación. Sin ese agravante, quedaba el cartel del homicidio, pero el móvil desaparecía. Indetenibles, los diarios sin embargo daban primeras y vendedoras primeras planas al "monstruo de Armendáriz" y pedían se le ejecutara bajo la pena de muerte. El 12 de diciembre de 1957, luego de tres años de proceso, fue ejecutado en el Panóptico de Lima. Afuera, una multitud aplaudía.

La sociedad reaccionó primariamente al temor. La justicia actuó de manera inconsistente. Mientras se devoraban las páginas policiales y se hablaba de los anti héroes, se ejecutaba sin pruebas a un pobre hombre marginal de una ciudad que cambiaba en sus costumbres, sus imágenes y sus temores.

La educación en la década de los cincuenta

En la década de 1950 se conoció un importante desarrollo de la educación peruana, marcado por la doctrina de la CEPAL y los nuevos principios educativos internacionales. Se puede afirmar que fue la época en la que se pasa de una educación reservada a las minorías, a otra más popular y masiva, que benefició a los sectores medio-urbanos, que se veían acrecentados por la urbanización y los fenómenos migratorios. Las presiones sociales, generadas en el sentimiento de que la educación genera mejoras en las condiciones de vida y los planteamientos renovadores de nuevos grupos políticos, llevaron al Estado a asumir el papel principal en el desarrollo, destinando 20% de su presupuesto al sector educación. La educación es considerada como un vehículo de movilidad social y ciudadanía y como factor de consenso. Se optó porque la educación se universalizara y sea un factor más de democratización de la sociedad. Se creó el Fondo de Educación y el Plan de Educación Nacional, elaborado por el ministro, Coronel Juan Mendoza Rodríguez. El Fondo de Educación Nacional permitió la construcción de Grandes Unidades Escolares, mientras que el Plan de Educación definió nuevos objetivos, métodos y procedimientos pedagógicos, que se pusieron en práctica en los Núcleos Escolares Rurales, creados por Luis E. Valcárcel. Lo que se buscaba con los Núcleos era la relación entre la escuela y la comunidad para la mejor formación de los alumnos. Más adelante, la función de los Núcleos en el ámbito rural fue adoptada por las Grandes Unidades Escolares en el urbano. Los Núcleos tuvieron una vigencia de 26 años desapareciendo en 1970.

La política de clientelización populista y expansión del sistema educativo se afianzaba de una manera muy concreta. Se autoriza el texto "oficial" de historia del Perú. Antes, se tiraron masivamente libros de la colección escolar peruana, como las Lecturas Patrióticas. Los tirajes, luego del Plan Nacional de Educación eran de 500,000 ejemplares. Es la época de auge de la imprenta del Colegio Militar Leoncio Prado.

El Plan de Educación Nacional, se concentraba en los siguientes campos de acción: la organización de la educación, el magisterio, la población escolar, la obra educativa, los medios, las rentas y las construcciones escolares.

El tipo de educación que se quería obtener con el Plan debía ser "moral, peruanista, intelectual, artística, técnica, pre-militar, física y de extensión cultural". Para el gobierno de Odría, la educación cumplió una doble función, primero la de reproducir el orden económico y viabilizar la industrialización, y segundo garantizar la estabilidad del orden político a través de la producción de una ciudadanía votante y alfabeto.

En cuanto a la educación secundaria, el proyecto incluía la construcción de Institutos Comerciales, Industriales y Agropecuarios en cada una de las Grandes Unidades Escolares. Estas construcciones se realizaron sobre la base de impuestos y gravámenes sobre diferentes artículos. La creación de institutos favoreció la formación técnica de los alumnos al finalizar la secundaria, lo que les permitió encontrar más fácilmente trabajo.

En 1959 se elaboró un Plan de Reforma, que entraría en vigencia en el año 61. El Plan contemplaba la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria, la supresión progresiva de las escuelas alternas y la adopción de medidas para conseguir que las empresas privadas sostengan las escuelas fiscalizadas.

Sobre la educación rural, se desarrolló el tipo de escuela unitaria y multigrado, que albergaba a niños de entre 6 y 12 años. La Escuela Unitaria (a cargo de un solo maestro) es la indicada para los medios rurales con poblaciones pequeñas y dispersas; sin embargo una vez terminados los estudios primarios muchos jóvenes deben migrar a las ciudades para continuar con su educación. Otro problema fue el idioma, se enseñaba en castellano pero los alumnos eran quechua-hablantes. Los maestros rurales conforman el sector más precario del magisterio. Muchos son enviados a lugares inhóspitos y zonas fronterizas, alejados de sus familias y debiendo hacer frente a muy malas condiciones de vida. El profesor, la mayoría de veces sin título, también debe hacer las veces de director elaborando, para luego enviar al ministerio, documentos como actas, registros, reglamentos etc.

Los maestros rurales, de alguna manera, se convierten en los organizadores de la comunidad, se encargan de las fiestas, de estructurar el trabajo comunal y de presentar quejas o reclamos a las autoridades pertinentes. La obra alfabetizadora cobró impulso, como también el mito de la educación. Este mito se desarrolla con las luchas campesinas contra el sistema feudal; los campesinos manifestaban que al saber leer no serían más explotados. El acceder a la escuela, al castellano y a la escritura, el campesino se integra a la sociedad. Más adelante los migrantes llevaron el mito a Lima.

El plan educativo de este período se puede resumir en lo siguiente: "El problema educativo en el Perú no es solamente de educación elemental, sino también de preparación de técnicos; no es sólo de escuelas primarias, sino también de Grandes Unidades Escolares destinadas a levantar el potencial económico y cultural de un país. Necesitamos dignificar a las clases humildes, pero también necesitamos crear nuevas fuerzas productoras y multiplicar valores democráticos. Necesitamos aumentar la población escolar, pero también necesitamos enseñar a trabajar" (Juan Mendoza, ministro de educación durante el gobierno de Odría).

Entre 1958 y 1968 la población escolar se incrementó en 78% para el nivel primario. La demanda popular de servicios educativos fue intensa. Se creó el Ministerio de Educación y se profesionalizó la carrera docente.

Reapertura universitaria en Ayacucho

Por la envergadura de los acontecimientos que se desatarían en la década de los 80 en Ayacucho, la historia de la importancia regional que tuvo la universidad adquiere plena relevancia. Por ello la incluimos en este recuento histórico.

Si midiéramos el grado de conciencia política exclusivamente por las movilizaciones masivas urbanas, el inventario en el caso de Huamanga en la primera mitad del siglo es muy claro: se iniciaría con las movilizaciones anti fiscales del Oncenio, de los gremios comerciantes y artesanos; vendrían, diez años después, los mítines asociados a la revuelta y toma de la ciudad por los apristas en 1934 y la lista se completaría, en nuestro periodo de estudio con las movilizaciones de la década de 1950 que exigían la reapertura de la Universidad. Las grandes reivindicaciones consensuales en la sociedad huamanguina fueron precisamente la reapertura de la Universidad y la ejecución del proyecto del Río Cachi,

que derivaría aguas para abastecimiento urbano y el regadío del área periférica de la ciudad.

De alguna manera, la revuelta aprista de 1934 tiene su correlato en las élites que en la década de 1940 y sobre todo a inicios de los 50 exigen con consenso creciente la reapertura de la UNSCH. Incluso algunos de los que participaron como líderes en aquella, aparecen nuevamente en los grupos impulsores de ésta.

En términos gruesos, veinte años transcurrieron desde la efervescencia de 1934 hasta las primeras manifestaciones pro-reapertura. En el sentir de las élites regionales la autopercepción era de "marginación y olvido"; a partir de este "sentimiento" habían nacido las propuestas de regionalismo y búsqueda de elementos para la programación de una identidad propia, en una región y una ciudad capital que se siente estancada y crecientemente dependiente de otros espacios económicos, como Huancayo y el valle del Mantaro.

El libro de Actas del Consejo Municipal muestra persistentemente esta queja por la falta de recursos y la ausencia de interés de las autoridades nacionales por derivar fondos a una ciudad carente de industrias, cuyos rescoldos de élite terrateniente viven encerrados en sus deterioradas casonas.

Bajo el primer gobierno de Prado, siendo Alcalde Federico Ruiz de Castilla, se elabora una lista de acciones prioritarias para la ciudad, que incluye:

1. Pavimentación de las calles de Ayacucho 2. Construcción del Mercado de Abastos 3. Construcción de un teatro 4. Local para la escuela nocturna 5. Nueva política para un mejor servicio de baja policía 6. Reorganización de la Biblioteca Municipal 7. Mejoramiento de la economía municipal aumentando el presupuesto 8. Mejoramiento del alumbrado público

En el gobierno de Bustamante, cuando el Apra no sólo goza de legalidad sino que actúa desde el poder legislador que controla, se inicia el llamado a la movilización ciudadana para obtener que se reabra San Cristóbal de Huamanga, que había sido clausurada a fines del siglo pasado, por la crisis fiscal de la post-guerra con Chile.

Algunos antecedentes relacionados con el llamado a la reapertura fueron las campañas radiales de Eladio Limaco en 1936, en la cuales planteaba la instalación de una: "Universidad de América... en la ciudad de Ayacucho que, por designio de la Historia, merece la consagración continental como sede de la Confraternidad Americana".

En la más pura tradición huamanguina, un intelectual local, Justiniano Escudero, utiliza las páginas de "El Trabajo" en 1938 para plantear la necesidad de la reapertura.

Por su parte, lanzado a una diputación regional, Limaco insiste en su Manifiesto-Programa publicado en octubre de 1939, que "en Ayacucho se organice y funcione la Universidad del Continente".

La partida de nacimiento de la reivindicación puede sin embargo establecerse el 22 de marzo de 1947, cuando en sesión rutinaria de regidores, el Concejo Municipal de Huamanga discute, como punto central de la agenda, la recepción que la ciudad debe preparar a una delegación de la Universidad Mayor de San Marcos, encabezada por el infatigable Manuel Beltroy. Los ánimos coinciden en explicitar, por primera vez desde la institución edilicia, la necesidad de reabrir San Cristóbal. En efecto, el Concejo decide: "Nombrar una Comisión para recepción de la delegación de la Universidad Mayor de San Marcos que viene a realizar la Escuela de Verano, siendo la finalidad vigorizar y fortalecer la vida cultural de Ayacucho, mediante la restauración de la extinguida Universidad de San Cristóbal de Huamanga, foco de la educación superior y alma mater de maestros e intelectuales peruanos".

Se instalan en Huamanga las Escuelas de Verano de la Universidad de San Marcos, que Beltroy introdujo en 1947 como Director del Departamento de Extensión Cultural de esa universidad.

En la primera Escuela, se dictaron tres cursillos y entre los expositores se contaban los intelectuales ayacuchanos Pio Max Medina, Juan José del Pino, Fray Pedro Mañaricúa, Alfredo Parra Carreño, Manuel Bustamante, Luis Milón Bendezu, Ramón Fajardo Eyzaguirre.

Como corolario del curso se creó el Instituto Superior Departamental, destinado a "estudiar, fomentar, propagar e investigar asuntos históricos, geográficos, sociales, económicos, artísticos y científicos correspondientes a la región". En la junta Directiva de este Instituto, que nunca llegó a funcionar, se encontraban huamanguinos de prestigio: Pio Max Medina (Presidente) y Luis Milón Bendezu Fajardo (Secretario). Los miembros son los expositores de la Escuela: Juan Jose del Pino, Pedro Mañaricúa, Manuel Bustamante, Alfredo Parra Carreño, Ramón Fajardo, a los cuales se integran Benedicto Flores, Fernando Hermoza, Gustavo Castro, Luis Alvizuri. La lista se completa con la presencia de Aristides Guillén Valdivia y Cesar O. Prado, connotados apristas, el primero líder político de la revuelta de 1934 y el segundo integrante de las FAJ, punta de lanza de la toma del cuartel de la ciudad. El discurso de la reapertura logra, pues, consenso en la élite y se expande a la sociedad huamanguina en general.

Casi todos los nombres que hemos citado como miembros del flamante Instituto Superior Departamental eran colaboradores de la principal publicación académica de la ciudad, la Revista "Huamanga", que en edición extraordinaria editorializa sobre la labor cumplida por la Escuela de Verano y sobre la creación del Instituto Superior Departamental, derivándose como resultado de todo ello: "la vital necesidad de que cuanto antes se reabra la Universidad de San Cristóbal como exponente digno de recobrar su pretérita grandeza intelectual y ocupar el sitial de honor que le corresponde entre las demás localidades del territorio patrio".

La década de 1950 no sólo es un período de sostenida represión a las expresiones de política partidaria de oposición en nuestro país sino también, al igual que en muchas ciudades del Perú, un período de edificaciones públicas importante gracias a los niveles de las exportaciones agrícolas y mineras nacionales.

En Huamanga esta década marca otro período de expansión urbana, esta vez hacia la Pampa del Arco: Hospital, Estadio, Unidad Escolar (una suerte de trilogía básica

odriista) remplazan los tunales y molles de Arcopampa e incorporan a la trama de la ciudad un espacio que será ocupado por urbanizaciones en las décadas siguientes. Casi dos décadas después del oncenio modernizador y fiel a su consigna de "hechos y no palabras", el Odriismo autoritario construye sus colegios y hospitales, mientras los hacendados continúan estableciéndose a Lima o tratando de conservar su imagen de poderosos venidos a menos.

Por entonces, tal como vimos, el gran movimiento ciudadano en Huamanga gira alrededor de la reapertura de la Universidad de San Cristóbal, fundada en 1677 y clausurada, por crisis fiscal generalizada, durante el gobierno de Cáceres. En la década de 1950 se activan diferentes Comités que pugnan por la reinstalación de la universidad, partiendo del supuesto que allí se podrán formar los profesionales que impulsarán el desarrollo regional.

Manuel Beltroy, en el marco de las "Primeras Jornadas Ayacuchanas" dicta una conferencia el 4 de diciembre de 1951 en Lima, fundamentando una vez más la necesidad de la reapertura.

La idea ha prendido ya en la sociedad huamanguina y encontramos así, en 1954, como parte del programa de festejos del aniversario de la ciudad, anunciadas conferencias de dos maestros secundarios, Inés Cardenas y Arístides Gutierrez, sobre la universidad de Huamanga.

El consenso ciudadano se transforma en petición parlamentaria cuando el 9 de setiembre de 1954, Luis Enrique Galván Candioti, Senador por Ayacucho, presenta en su Cámara un Proyecto de Ley que restablece el funcionamiento de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, a partir del Año Académico de 1956.

Tres años después, el 24 de abril de 1957, el Presidente de la República, Manuel Prado Ugarteche, rubrica la Ley Nº 12828 que dispone restablecer el funcionamiento de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga a partir del año 1958.

Tal como apuntamos líneas arriba, tres fueron los momentos de movilización masiva ciudadana en la ciudad de Huamanga hasta mediados de este siglo: el primero causado por intenciones de ampliar la recaudación, el segundo por el intento aprista de controlar el poder en 1934, y el tercero por la reapertura de la Universidad.

Ha quedado registrado en la memoria de la ciudad el 8 de marzo de 1958, día en que se realiza un multitudinario mitin en el Parque Sucre, cuatro días después de la promulgación de la Ley 12969 que postergaba la reapertura por un año con argumentos organizativos. La élite huamanguina moviliza a la población entera ante el temor de ver truncas sus aspiraciones de la reapertura: "En ese día, más de 10,000 ciudadanos poseídos de natural indignación salieron a las calles para protestar contra la postergación y para pedir al gobierno el inmediato funcionamiento de la Universidad...Los oradores hicieron hincapié en: a) la posibilidad de que Ayacucho fuera burlada una vez mas en la reivindicación de sus derechos, que un largo historial de frustraciones lo justificaba plenamente; b) la posibilidad de que la sede de la Universidad fuese trasladada a la ciudad de Huancayo...; c) la absorbente tendencia del centralismo administrativo que pretende manejar todos los asuntos legales y regionales

desde la capital; y d) una presunta deslealtad de los senadores Arca y Protzel a los interés de Ayacucho...".

Por fin, en 1959, dando fin al movimiento ciudadano, se inicia el dictado regular de clases en la UNSCH, luego que el Rector Fernando Romero pronuncia el discurso de orden de la reapertura, teniendo como testigos al Ministro de Educación, el Presidente del Senado, diputados y senadores de Ayacucho y prácticamente todas las autoridades locales.

La reapertura definitiva, en 1959, de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga coincide -y no es casualidad- con la iniciación de un movimiento que galvaniza las voluntades de los habitantes de barrios periféricos de la ciudad: se trata del movimiento por la entrega de títulos gratuitos de tierras de laderas a los poseedores de lotes. Desde la década de 1950 se revierte en Huamanga una tendencia histórica en lo que respecta al crecimiento de la población, que trae como consecuencia una crisis de la vivienda. La imposibilidad de solución desde las esferas oficiales impulsa a la población hacia los alrededores de la ciudad en busca de un terreno para construir sus casas. Data de 1960 la primera invasión a una propiedad extensa, el fundo de Arcopampa (Pampa del Arco), perteneciente a la familia Montes de Oca. Esta familia, ante la imposibilidad de recuperar su propiedad invadida, lo dona a la recién nacida Universidad, que incrementa así espectacularmente sus bienes inmuebles.

El hecho político-social más importante de entonces surge de una iniciativa del Comité Central del Barrio de Maravillas, que propone la organización de la Federación de Barrios de Ayacucho, que desde 1964 casi monopoliza el consenso ciudadano en Huamanga, apoyando a la Universidad en su pedido de rentas al gobierno y a los ocupantes de laderas en sus pedidos de titulación.

En 1965, la legitimada Federación de Barrios presenta el anteproyecto de Ley de Laderas, "para evitar los enfrentamientos" por los terrenos propiedad del Concejo Provincial; ese mismo año la Ley es sancionada por el Congreso de la República.

La ley de laderas Nº 15661 tiene la particularidad de ser una ley emitida sólo para Ayacucho, como corolario de una larga historia del uso de las tierras periféricas del casco urbano ubicado sobre los cerros circundantes. Luego de más de cuatro siglos el Municipio pierde el derecho de propiedad de las laderas, que habían alimentado los fondos de Cabildo y luego de la Municipalidad. El Estado se encarga se realizar los trámites de compra-venta de las laderas a través de la Corporación Nacional de Vivienda; las protestas y exigencias de los barrios derivan así del Municipio hacia esta Corporación.

La universidad y las luchas populares y políticas urbanas no iban a estar separadas desde entonces.

Gobierno de Manuel Prado

En 1956 volvió al poder Manuel Prado. Fruto de una nueva alianza pragmática del Apra, el aristócrata ex presidente regresa al mando del país. Su gobierno continuó en líneas generales con la línea económica de Odría, aunque mantuvo con menor énfasis el aliento pro industrial de su primer gobierno. La implantación de una planta siderúrgica

en el puerto de Chimbote, una rama estratégica del desarrollo industrial, que otros países como Brasil, Argentina y México ya habían transitado, fue una de las obras más importantes de su periodo en cuanto al aparato industrial. Chimbote además era ya el puerto pesquero más importante y su crecimiento explosivo uno de los fenómenos sociales más saltantes del fin de la década.

Una carta que escribiera José María Arguedas da testimonio de ese crecimiento de los puertos pesqueros. Refiriendose a Supe, relataba Arguedas cómo en 1943, cuando fue por primera vez ahí, no existía ahí ni un solo bote a motor:

"Había sido un importante puerto de embarque de azúcar. Pero la gran hacienda San Nicolás quebró después de la primera guerra mundial y vendió su refinería como fierro viejo al Japón. Desde entonces Supe se convirtió en una caleta de pescadores de corvina y de embarque de guano. Tenía una maravillosa playa (donde) solían pasar el verano...algunas pocas familias de clase media baja".

Al poco tiempo, a fines de la década que nos ocupa, se habían instalado 28 fábricas de harina de pescado que convirtieron al puerto en "un inmenso surtidor de humo pestilente y la playa en un fango cargado de gusanos nunca vistos". Arguedas fue testigo de:

"cómo esta silenciosa y paradisíaca caleta se convirtió en una especie de urbe entremezclada de negros, cholos, indios monoling³es quechuas, chinos e injertos, prostitutas, ladrones y de empresarios sin entrañas. Varios ómnibus venían de Lima los sábados cargados de rameras y se volvían el lunes cargado de oro. El mecanismo o los métodos inventados para que esta gente informe que constituyen los pescadores permanezca siempre pobre a pesar de los increíbles ingresos que obtienen con la pesca es algo superior a las posibilidades de ficción del novelista".

Supe, Barranca, Huacho y otros puertos tuvieron destinos parecidos. Pero el prototipo del nacimiento de este nuevo tipo de sociedad fue Chimbote, donde la presencia de la siderúrgica contribuyó a hacer todavía más explosivo el crecimiento de ese polo de crecimiento desordenado.

Mientras tanto, el sector minero estaba dominado por las empresas extranjeras de petróleo, hierro y cobre, pero la oligarquía había consolidado su dominio en la agricultura de exportación, con modernos latifundios azucareros y algodoneros. Hacia 1950 las exportaciones agrarias sobrepasaban el 50 por ciento del valor total de las exportaciones peruanas. Un nuevo rubro de exportaciones apareció en la década de 1950 y fue la harina de pescado que salía de la costa limeña y de esos puertos que hemos mencionado.

La demanda por reformar el agro crecía como las movilizaciones. Prado no llegó, sin embargo, a proponer una ley, limitándose a la creación de un Instituto de Reforma Agraria y Colonización, IRAC, con el "fin inmediato de estudiar, proponer y en lo posible, poner en práctica las medidas necesarios para aumentar la superficie cultivada colonizando la selva, difundiendo la pequeña y mediana propiedad y procurando

preferencialmente el establecimiento de granjas familiares". Por lo menos, los estudios que el instituto generó fueron retomados por los gobiernos siguientes.

En 1962, Prado dicta un conjunto de planteamientos que buscaban puntos generales para una futura reforma, su objetivo básico planteaba la conexión de los defectos de la estructura agraria, reduciendo la excesiva concentración evitando el excesivo fraccionamiento de la propiedad privada de la tierra y eliminando las formas insatisfactorias de su tendencia. Pero, como veremos, nada se aplicaría verdaderamente en cuanto a la reforma del agro hasta 1969. Las luchas campesinas por la tierra fueron más bien la marca de la época.

Su anclaje en los intereses de la oligarquía no impidió que un discurso paternalista y desarrollista se desplegara desde el ejecutivo de entonces. La idea de Prado de "impulsar vigorosamente nuestro proceso material y nuestro desenvolvimiento económico" implicaba una mejora en las condiciones de vida de la población mayoritaria, "porque ningún sistema de arraigo popular puede funcionar ni afirmarse cuando las clases menos favorecidas por la fortuna no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas". Decía que: "los obreros y los empleados de las ciudades y de los campos no son solo mano de obra o elementos mecánicos", había que "asignarles su verdadero rol de factor importante en la producción".

En 1959 se redactó el Plan Perú Vía por el Ing. Rizo Patrón. Este plan proponía el desarrollo industrial regional evitando la masiva inmigración que se había desatado. En 1960 se contrató en Estados Unidos una misión de la Arthur D. Littler Inc, la cual elaboró un programa de Desarrollo Industrial y Regional para el Perú, divido en tres partes, la primera dedicada a un programa de desarrollo industrial, la segunda plan Perú - Vía y la tercera a los oportunidades industriales para el Perú. Plan que por motivos desconocidos no se concretó. Sobrevivió sin embargo la iniciativa que dio lugar a la Central Hidroeléctrica del Mantaro, financiando el consorcio italiano Grupo Gei Impregilo.

Ante el cambio necesario de la economía política, Prado nombra a Pedro Beltrán cono Ministro de Hacienda. El nuevo gabinete se comprometió desde el primer momento a alcanzar a corto plazo la estabilidad monetaria, el equilibrio presupuestal y la recuperación de divisas.

El 18 de febrero de 1960 se firma el tratado de Montevideo por el cual las partes contratantes establecieron una zona libre de comercio instituyeron al mismo tiempo la Asociación Latinoamericano de Libre Comercio.

En petróleo y hierro la participación extranjera en el Perú es del 100% en el cobre de 88%, en zinc 67%, en plomo y plata 50%, en pesca 30% y en azúcar 23%. En 1968 la empresa Anderson Clayton controla el 83% de las exportaciones de algodón. Ese mismo año las doce corporaciones norteamericanas más importantes producen o son cruciales en la producción del 54% de las diez principales exportaciones peruanas. El 33% de la producción industrial es controlado por 41 empresas extranjeras.

Las empresas agro mineras aprovechan las facilidades que el Estado les brinda para realizar un procesamiento primario de su producción; el caso ejemplar es el de la pesca,

donde la producción de harina de pescado casi acaba con la anchoveta prosiguiéndose la depredación después con otras especies marinas. En realidad, la política económica fijada por Odría no fue revisada por sus sucesores. El gobierno de Prado expide la ley de Desarrollo Industrial en 1959, que favorece que las empresas extranjeras procesen su producción. El de Belaúnde les otorga generosas exenciones tributarias en 1963 y 1964. La promesa de nacionalizar el petróleo de la Brea y Pariñas en noventa días queda incumplida y termina en la confusa negociación de agosto de 1968 y el escándalo de la desaparición de la "página once" del contrato firmado con la Standard Oil de New Jersey, precipitando el golpe de Velasco Alvarado.

CAPITULO IILOS SESENTA

Las ilusiones y la necesidad del cambio

Ninguna era del siglo puede competir en brillo con los maravillosos años 60. Todo estuvo en tela de juicio, el atrevimiento parecía dirigir los comportamientos, la juventud tomó el centro del escenario. El poder más grande de la tierra estaba enfrascado en una cruenta y larguísima guerra con un pequeño país de la Indochina del Asia, recientemente descolonizada. En Vietnam los EE. UU perdía credibilidad y las ilusiones más sorprendentes se podían tejer a partir de la resistencia heroica de ese pueblo. En los países del socialismo realmente existente, cada vez menos parecido a las ilusiones de los revolucionarios o las utopías marxianas, la lucha era menos visible pero más cruentamente reprimida. La revolución cubana, que no fue atendida en sus inicios por el gigante del norte, derivó en un sistema centralizado de partido único amparado por la Unión Soviética y desde ahí un puñado de románticos revolucionarios pretendieron incendiar el continente, influyendo o patrocinando guerrillas que también se vieron en el Perú, despertando una conciencia de la necesidad del cambio entre jóvenes militares que pronto serían los jefes de las fuerzas armadas. Los peruanos ensayaron con nuevos personajes de la política, que siguieron impidiendo el paso al poder del partido más importante que era el Apra. Los aristócratas, encabezados por el propio presidente que recibió el siglo, no suponían que sus fueros y hegemonía estaban tan minados que no tenían más futuro que el dolor de cabeza de sus todavía fastuosas fiestas. Una novela que se escribiría poco después retrataba el cambio, Un mundo para Julius de Alfredo Bryce Echenique sería una narración tan cercana a la realidad de ese mundo que terminaba, como Conversación en la Catedral y otras narraciones del primer novelista peruano que entró en la historia de la literatura mundial, Mario Vargas Llosa, lo había sido de la Lima bullente de los 1950.

La década del 60 se caracterizó por ser el decenio de mayor inversión y promoción en cuanto la educación nacional. En esta década se mantuvo los principios de la anterior en cuanto a la educación como derecho, la extensión de las matrículas y la importancia de los sectores rurales y marginales, sin embargo no se logran corregir las desigualdades entre campo y ciudad. Se evolucionó hacia una formación de cuadros técnicos medios para la industria. A decir de Jorge Basadre, se da especial atención a la educación técnica para contribuir con el aumento y la diversificación de la producción, y así elevar el nivel de vida. La educación universitaria se vio caracterizada por el debate, el cuestionamiento, la investigación, la participación y el compromiso, un espíritu alentado por los movimientos mundiales en las universidades. Hechos trascendentales motivaron esta actitud, como por ejemplo, la revolución cubana, la reforma social de la iglesia, la elección de Kennedy, el golpe de Estado y los movimiento guerrilleros. En San Marcos, acabó el predominio que el Apra había ejercido en sus claustros en los lustros anteriores. Para entonces, el Estado fue definiendo una política explícita en materia de cultura vinculada estrechamente a la modernización estatal.

La ciudad al arribo de los sesenta

La ciudad de Lima que crecía en los sesenta con aspiraciones de urbe cosmopolita, se detiene, quedaron algunos edificios a medio hacer, como mudos testigos del crecimiento detenido. Las avenidas Tacna y Abancay quedaron como muestra de una arquitectura

que aspiraba a gran ciudad en la década anterior, dando paso a una invasión cotidiana y un deterioro propio del abandono. De dos millones de habitantes se pasó a cuatro. La ciudad se atascó en sus vías de tráfico y comenzó el comercio ambulatorio. Entonces las construcciones se trasladaron a Miraflores. Era un balneario apacible todavía, caían moras en sus calles cuando se produjo la llegada de los bancos, el comercio y las nuevas distracciones urbanas. Se transformó lentamente en una pequeña ciudad cosmopolita, que no dejaba de tener su aire romántico de balneario.

A fines de los 50 apareció la televisión en Lima. "Con la inauguración del Canal 4, que podría traducirse en los nombres de Nicanor Gonzáles, Antonio Umbert y Avelino Aramburú, sus infatigables animadores, Lima se puso al tono con las grandes urbes de Latinoamericana", decían en Caretas en enero de 1959. El sueño de la televisión se hizo realidad cuando el 15 de diciembre de 1958 salió en el aire el canal 4, por primera vez en forma oficial.

Por su parte, el 16 de octubre de 1959, Panamericana Televisión, puso en la pantalla su frecuencia del canal 13. La inauguración tuvo como estrella a la joven cantante española Carmen Sevilla. El local de la cuadra 11 de la Av. Arequipa fue desde entonces un símbolo de la nueva vida limeña.

Aumenta la costumbre de quedarse en casa a ver televisión. En los sesenta aparecen el canal 9 y el canal 2. Brillan en la pantalla las figuras de Pablo de Madalengoitia y Kiko Ledgard. La farándula se convierte en parte de la vida cotidiana.

A fines de la década ya se podía ver algunos programas a color gracias a la estación terrena de Lurín. En 1980 comenzaron las transmisiones a nivel nacional por el sistema de microondas. Un canal propalaba a la misma hora su noticiero. Luego se expandió el sistema hasta que entró en vigencia la transmisión satelital. Las sucursales televisivas fenecieron por la transmisión nacional.

La ciudad se transforma en sus costumbres, los "play boys" del Club Waikiki, los luau, la música pop, la minifalda, los pantalones acampanados por tener anchas las bastas, daban el aire desenfadado y sensual de la Lima que disfrutaba del bienestar. Pero a la vez, las noticias de la rebeldía y la puesta en cuestión de todo en el mundo, alimentaban los comportamientos desafiantes de la juventud. La guerra fría y la posibilidad real de hacer una revolución en América Latina ponían en tensión a los investigadores de la policía y a los que pensaban en actuar para cambiar el orden de las cosas.

El aristócrata gobernante quedaba como una figura de antaño. Fue Manual Prado quien recibió la década de los cambios. En enero de 1959 se produjo la Revolución Cubana. Frente al temor de una revolución, el presidente Prado tenía otras cosas en qué pensar. Se había casado con Clorinda Málaga, anulando canónicamente su matrimonio anterior, lo que le significó una comentada movilización de influencias en el Vaticano. Mantuvo su estilo aristocrático todo el periodo. Aunque las cosas cambiaran.

Las elecciones de 1962 y 1963 En las elecciones de 1962 los partidos que compitieron eran: la Alianza Democrática (conformada por APRA y el MDP), que postulaba a Víctor Raúl Haya de la Torre; Acción Popular, a Fernando Belaúnde Terry; la Unión Nacional Odriísta, al propio

Manuel Odría; la Democracia Cristiana, a Héctor Cornejo Chávez; el Movimiento Social Progresista, a Alberto Ruiz Eldredge; el Frente de Liberación Nacional, a César Pando Egúsquizaga y el Partido Socialista, a Luciano Castillo. Producidas las elecciones el 10 de junio los resultados fueron: Víctor Raúl Haya de la Torre 557,047 votos, Fernando Belaúnde Terry 554,180 votos, Manuel A. Odría 480,798 votos. Según la Constitución Haya de la Torre no alcanzó el voto del tercio de los sufragados, era entonces deber del Congreso elegir al nuevo presidente. Comienza la búsquedas de alianzas, el 9 de julio Fernando Belaúnde Terry dio un ultimátum al Jurado Nacional de Elecciones para dar lugar a los recursos de nulidad que había presentado su partido; aprovechó la oportunidad para atacar al Jurado Nacional de Elecciones y oponerlo a las Fuerzas Armadas. Al medio día del 16 de julio circuló la noticia de la alianza entre Haya y Odría, lo acordado era que el candidato aprista renunciaba a la candidatura y daba paso a Odría que sería apoyado por la bancada aprista, entre los aprista Manuel Seoane y otros se opusieron al pacto. De este modo la convivencia se prolongaba en lo que la prensa política bautizó como la “súper convivencia”, pero este acuerdo, que mostraba los extremos a los que era capaz de llegar Haya de la Torre y su partido en las tácticas políticas que le permitieran acceder al gobierno, no se llegó a concretar por que se produjo la intervención militar.

El general Ricardo Pérez Godoy, el 18 de julio de 1962, al frente de un pronunciamiento institucional, adujo la existencia de un fraude electoral que había dado ganador a Víctor Raúl Haya de la Torre. El Comercio anunciaba el 3 de mayo que muchos de los sufragantes no habían alcanzado la edad adulta y otros eran analfabetos, que habían obtenido su libreta electoral con ayuda del partido aprista.

La aceptación popular a Odría se explica en las obras realizadas durante su gobierno, en una estrategia de clientela populista que otros han seguido en escala mayor en las décadas siguientes. También debe mencionarse la compañía que tenía en su esposa, María Delgado, activa en los servicios sociales, ostentaba su origen humilde y su personalidad como bandera de acercamiento a los emergentes sectores populares urbanos. Simultáneamente la UNO dirigió sus ataques a desacreditar la convivencia APRA y MDP: un régimen de “abogados y de charlatanes que dejan a los pobres podrirse en las barriadas” y concluía “con negocios oscuros y vergonzosa componendas”.

Este golpe no tuvo las características de otros, Haya de la Torre se ocultó por unos días, pero nadie parecía buscarlo, La Tribuna, el periódico del partido, cerró sus puertas sólo 48 horas, los demás diarios aparecieron con total naturalidad. Sólo una huelga general decretada por la Confederación de Trabajadores del Perú, el mismo 18.

La Junta Militar había convocado a elecciones presidenciales para el 9 de junio de 1963, el gobierno no tenía la intención de quedarse más de un año en el poder, pero el 3 de marzo el presidente Pérez Godoy era sustituido de su cargo por el general Nicolás Lindley, acusando a Pérez Godoy de haber mostrado preferencias personales y simpatizado con la candidatura del general Odría.

La junta Militar, mientras cumplía algunas labores de “limpieza política” y ordenamiento interno, continuó con el propósito de convocar a elecciones. Una de las

más llamativas intervenciones políticas dictatoriales fue la "gran redada" de enero de 1963. Aduciendo un complot subversivo, la Junta Militar hizo una masiva incursión de policías y militares en los hogares de cientos de personas sospechosas, deteniendo a más de mil personas en todo el territorio nacional. Los detenidos provincianos fueron trasladados a Lima. En la capital, con las cárceles abarrotadas, se procedió a llevar cientos a la colonia penal de El Sepa en la selva. Al cabo de un mes, el 95% de los detenidos fue puesto en libertad.

En plena guerra fría, con el antecedente de Cuba, la política internacional defendida por EE UU estaba muy de acuerdo con estos procedimientos. El gobierno no recibió sanción alguna por el abuso contra los derechos ciudadanos que la "redada" significó.

Genaro Ledesma fue detenido acusado de defender a los comuneros de Cerro de Pasco. Mientras estuvo preso, se realizaron las elecciones, resultando favorecido con el voto popular como diputado por Pasco. Fue liberado, pero al poco se volvió a abrir un expediente judicial contra él por haber instigado y ser "autor intelectual" de las invasiones de tierras en esa región. Antes de que rigiera la inmunidad parlamentaria que lo protegía, lo que desató una cacería en su contra, de la que salió indemne, aumentando su carisma de luchador social, que confirmaría en la década siguiente.

El proceso de convocatoria a elecciones continuó adelante. De los tres candidatos, el arquitecto Fernando Belaúnde se encontraba en una situación electoral sensiblemente favorable, había logrado concertar con la Democracia Cristiana de Héctor Cornejo, así como algunos sectores de la izquierda atomizada. Por su parte, Haya de la Torre sufría el síndrome del voto perdido pues muy poca gente consideraba probable su triunfo. El general Odría había perdido apoyo por las maniobras del general Pérez Godoy por favorecerlo.

Para las elecciones de 1963, El Movimiento Social Progresista no presentó candidato; por la escasa votación obtenida en los comicios del año anterior, este partido desapareció tras la victoria de Acción Popular en 1963. La mayoría de sus miembros obtendrían espacio político significativo durante la primera fase del régimen militar del general Velasco Alvarado en 1968.

El cómputo final favoreció de manera amplia al candidato populista, aunque en el Congreso no alcanzó la mayoría parlamentaria. Belaúnde (AP) 708,931 votos Haya (APRA) 623,532 votos Odría (UNO) 463,325 votos

Fernando Belaúnde

Fernando Belaúnde Terry nació en Lima el 7 de octubre de 1912. Entre 1924 y 1930 realizó sus estudios secundarios en París debido a que su padre Rafael Belaúnde fue deportado por el gobierno del presidente Augusto B. Leguía. Luego realizó sus estudios universitarios de arquitectura en Estados Unidos. Regresa al Perú y funda la revista El Arquitecto Peruano en 1937. Participa en la política por primera vez en el Frente Democrático Nacional, que apoyaba la candidatura de Bustamante y Rivero en las elecciones de 1945. Fue elegido diputado, hasta octubre de 1948, cuando se produjo el

golpe de Estado del general Odría. Formó el Frente de Juventudes Democráticas en 1955 con el fin de lanzar su candidatura para las elecciones presidenciales del año siguiente. Su candidatura fue cuestionada por el Jurado Nacional de Elecciones, por lo que en una jornada cívica, conocida como "el manguerazo" porque con carros rompe manifestaciones, la policía trato de impedir su marcha, pero logró dicho reconocimiento. Aunque fue derrotado por el candidato apoyado por el Partido Aprista Peruano, Manuel Prado Ugarteche, quedó en segundo lugar.

El Frente Nacional de Juventudes Democráticas iba cuajando un diseño político, esta nueva agrupación se denominó Acción Popular el 7 de julio de 1956. El Comité Nacional Provisional de Acción Popular se estableció el 11 de julio de 1956 conformado por: Fernando Belaúnde Terry, Celso Pastor de la Torre, Mario Samamé Boggio, Sandro Mariátegui Chiappe, Tomás Escajadillo, Javier Alva Orlandini, José Luis Daly, Julio César Quintanilla, Mario Villarán Rivera y Julio Mayta Ramírez.

Fue famosa su estrategia de recorrer el interior del país, llegando a las zonas más alejadas para dejar el mensaje de su candidatura. Postuló por segunda vez, en las elecciones generales de 1962 las cuales fueron anuladas. Al año siguiente, con apoyo de la Democracia Cristiana, y luego de un año de gobierno militar que veía con buenos ojos su candidatura, vence en las nuevas elecciones generales. Belaúnde asume la presidencia el 28 de julio de 1963 prometiendo realizar en los primeros 100 días las reformas más importantes que el país esperaba, como la reforma agraria y la cuestión del petróleo. Sin embargo, no contaba con mayoría parlamentaria la cual estaba en manos de la alianza entre el Partido Aprista Peruano y la Unión Nacional Odriísta, lo que le impidió hacer lo prometido. Su gobierno se caracterizó por la realización de obras públicas sobre todo en las áreas de vivienda y comunicaciones, destacando en esta última el inicio de la construcción de la Carretera Marginal de la Selva, que unió la costa a las provincias del oriente peruano, especialmente San Martín. Muchos pequeños y medianos proyectos fueron realizados por intermedio de Cooperación Popular, contando con el aporte del trabajo comunitario de sus beneficiarios.

Pero los problemas que tuvo que enfrentar fueron muchos, hasta que su gobierno entró en crisis por: la devaluación monetaria de 1967, las denuncias de contrabando contra importantes funcionarios del gobierno, las denuncias contra el arreglo con la International Petroleum Company por los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas. En medio de la decepción de los que inicialmente los apoyaron y previniéndose una victoria electoral de la oposición en las elecciones de 1969, el general Juan Velasco Alvarado encabeza un golpe de Estado la noche del 3 de octubre de 1968.

Regresa al país en 1977 cuando fueron convocadas elecciones para la Asamblea Constituyente en 1978, y elecciones generales para 1980. No participó en la Asamblea por considerarla innecesaria, pero en las elecciones generales de 1980, sería elegido para un nuevo período presidencial. Convocó a elecciones municipales, suspendidas durante el régimen militar, y devolvió los diarios de circulación nacional a sus propietarios.

Arribo de los políticos renovadores

En su discurso inaugural el 28 de julio ante el Congreso, el nuevo mandatario Fernando Belaúnde anunció tres medidas:

La nacionalización de la Caja de Depósitos y Consignaciones (encargada de la percepción de impuestos) que se hallaba en realidad administrada por representantes de la banca privada. La solución del asunto de los yacimientos petrolíferos de la Brea Y Pariñas, explotados por la empresa norteamericana International Petroleum Company, filial de la Standard Oíl. La elaboración de un proyecto de reforma agraria.

La presión oligárquica llevó a que el flamante gobierno respondiera con la represión al movimiento campesino. Su promesa de solucionar el problema del petróleo, reivindicando en 90 días los yacimientos de la Brea y Pariñas que la International Petroleum Company explotaba ilegalmente, naufragó en trámites y dilaciones. Otro tanto sucedió con su promesa de ejecutar una reforma tributaria que permitiera distribuir mejor el ingreso nacional y generar recursos fiscales para promover la creación de nuevos puestos de trabajo y mejorar las condiciones de vida de las mayorías populares.

Otra cara se vio en la educación. La inversión en educación subió entre 1960 y 1965 un 85%, llegando a representar 5.1% del producto bruto interno y el 33% del presupuesto: una cifra muy por encima del promedio de la de los países subdesarrollados y cercana a los desarrollados. La tasa de reclutamiento estudiantil fue la más alta en Latino América. El gobierno no recurrió a las empresas, dominantemente controladas por capitales norteamericanos, para recaudar nuevos recursos fiscales. Por el contrario, en 1963 y 1964 se otorgó exoneraciones tributarias y se redujo el pago de derecho de importación para la industria de tal manera que si en 1962 los beneficios de las empresas ascendía al 16% del ingreso nacional y estos el 12% estaba libre de impuestos, en 1966 representaban el 18% y el 15% estaba exonerado de tributación. Por lo tanto, el mayor gasto social entre 1965 y 1967 se basó en un déficit presupuestal, que en promedio ascendió al 95% anual, y en el endeudamiento externo, que entre 1963 y 1967 subió de 237 a 685 millones de dólares. El resultado fue el déficit en la balanza de pagos y la inflación.

En petróleo y hierro la participación extranjera en el Perú es del 100% en el cobre de 88%, en zinc 67%, en plomo y plata 50%, en pesca 30% y en azúcar 23%. En 1968 la empresa Anderson Clayton controla el 83% de las exportaciones de algodón. Ese mismo año las doce corporaciones norteamericanas más importantes producen o son cruciales en la producción del 54% de las diez principales exportaciones peruanas. El 33% de la producción industrial es controlado por 41 empresas extranjeras.

Recapitulemos brevemente las cifras censales: la tasa promedio de crecimiento anual intercensal de la población urbana entre 1940 y 1961 fue de 3.7 y entre este último año y 1972 de 5.1. En los mismos períodos la población rural creció con tasas de apenas 1.2 y 0.5, respectivamente: si entre 1940 y 1961 la población urbana crecía tres veces más rápidamente que la rural, en la siguiente década el crecimiento de la población en las ciudades fue diez veces más rápido que la de la población campesina, que casi se estanca.

La agricultura serrana, pobre, con un nivel de tecnificación rudimentario, librada al capricho de la naturaleza - pues dependen de las lluvias por falta de obras de regadío - tiene que competir con productos importados muy baratos y subsidios, al mismo tiempo que afronta precios cada vez más elevados en sus insumos productivos.

El liberalismo criollo piensa que puede impulsar la modernización del agro a través de abrirlo a la competencia, pero el resultado es su estancamiento generalizado, el inicio de una crisis que no ha podido ser superada en adelante. El resultado natural fue la crisis crónica del agro y millones de campesinos obligados a migrar a las ciudades.

Las bases sociales de la alianza entre la oligarquía limeña y los terratenientes serranos del interior establecida a fines del siglo XIX entrar en extinción y se van creando las condiciones para la ruptura entre ambas fuerzas.

La costa, donde a inicios de los cuarenta vivía algo menos de la cuarta parte de la población nacional, pasó a albergar a más de la mitad de los peruanos. Lima, la antigua urbe colonial se andinizó con la presencia de millones de migrantes del interior.

Son estos personajes los que serán mistificados en la década del ochenta como los informales, los heroicos portaestandartes de la transformación capitalista del país. El resultado fue el deterioro siempre creciente de la ciudad y el reforzamiento de los prejuicios contra los migrantes que fueron vistos como sucios, desordenados, que transgreden el ordenamiento urbano y crean el caos, que acaban con la ciudad jardín y expropian su ciudad y la destruyen.

El gobierno de Belaúnde constituyó una profunda desilusión para quienes habían apostado a que el joven arquitecto realizaría las reformas que el país necesitaba. El mismo 28 de julio de 1963, cuando Belaúnde asumía el poder, las comunidades del centro del país iniciaron una oleada de invasiones de tierras, tomándole la palabra a su promesa de realizar una pronta reforma agraria.

El periodo democrático de Acción Popular fue el del arribo de una generación que había creado un discurso renovador para el país. Por eso las expectativas fueron muy grandes, como la insatisfacción que el incumplimiento de las promesas generó en la población.

Movilización campesina y lucha política.

Nacido en Paruro, en el departamento del Cusco, en 1935, Hugo Blanco ha sido el dirigente político campesino más importante del último tramo de la historia del Perú. Viajó a la ciudad de La Plata, Argentina, a estudiar agronomía en 1954. Ahí se vinculó al grupo trostkista Palabra Obrera. Como muchos izquierdistas, abandonó sus estudios universitarios para trabajar en las fábricas y realizar un accionar político de captación de militantes y de gremios obreros. Al regresar al Perú a fines de 1956, durante el gobierno de la Pradista apoyado por el Apra, se incorporó al Partido Obrero Revolucionario (POR), por entonces el único partido trotskista existente en el Perú, fundado en 1946.

Desde fines de la década del 40, se venían realizando en el Perú múltiples movilizaciones campesinas por la recuperación de tierras y la organización a través del

sindicato agrario. Una nueva oleada de movimientos campesinos comienza a mediados de los años cincuenta y alcanza su clímax entre los años 1956 y 1964.

A diferencia de los vividos en los últimos siglos, éste no es más un fenómeno regionalmente localizado sino tiene envergadura nacional: el desarrollo del mercado interno, la creciente incorporación del campesinado en los circuitos monetarios, el desarrollo de los medios de comunicación y el cambio en las relaciones entre la ciudad y el campo, gracias a la formación de un significativo contingente de migrantes que hacen su aprendizaje en nuevas formas de hacer política y que vierten su experiencia en sus pueblos de origen, así como la marcha de militantes urbanos al campo, convierten a este movimiento en un golpe mortal para el orden terrateniente.

En abril de 1958 la Federación de Trabajadores del Cusco tomó la Plaza de Armas de la ciudad, mediante la convocatoria de un paro general que contó con el apoyo de diversas comunidades campesinas de los alrededores de la ciudad. Blanco que en ese entonces se encontraba en Lima, viaja al Cusco a participar en el movimiento. Lo del 7 de abril de ese año 1958 no fue sólo una huelga regional, se trató de una experiencia popular muy intensa, que mostraba la tendencia a la radicalización de las organizaciones del pueblo provinciano, básicamente rural y de las acciones urbanas espontáneas. La multitud se levantó por el aumento del precio de la gasolina, en el contexto de la política de libre empresa que afectaba las producciones locales, como había ocurrido hacía años en Arequipa. El comando estaba en manos de los obreros, que en el Cusco eran poco más que artesanos de origen rural, pero con un alto grado de conciencia y politización. La Federación de Trabajadores del Cusco tenía en su seno a un grupo de militantes comunistas, entre ellos a Emiliano Huamantica, que venían ganando la lucha por dirigir a los sindicatos al partido aprista, en Cusco ello vino a ocurrir antes que en Lima. Un espontaneo movimiento popular rebasó la dirigencia obrera, probablemente con influencia del grupo de Blanco, que desde el troskismo, criticaba la línea del Partido Comunista. Hubo una situación muy tensa, los alzados tenían capturado al jefe de la plaza militar, General Vargas Dávila, y estaban dispuestos a un linchamiento. La situación se ponía fuera del control de la central obrera, cuyos líderes eran tachados de traidores. Sólo la habilidad política de Huamantica permitió que las cosas se calmaran, cuando la FTC controló la situación y tomó por un tiempo la ciudad. La experiencia permitió que la organización obrera cobrara un mayor protagonismo en el ámbito regional. El sindicalismo se había extendido al campo. Los campesinos recordarían que desde entonces comenzaron a ir "de la mano del sindicato". En cada pueblo, villorrio o comunidad cautiva de hacienda, se organizaba un sindicato.

Hubo dos frentes de movilización campesina. La movilización contra los abusos serviles, en la que los actores sociales reclamaban la modernización de las viejas relaciones de propiedad, como en el caso de las luchas de los arrendires de la Convención, en que participó Hugo Blanco. El otro frente se dio en el caso de las haciendas que pretendieron modernizar sus estructuras productivas, a tono con una ampliación del ciclo del capital en el agro. En la sierra central del Perú, fueron famosos los acosos que recibieron los llamados "huacchilleros", pastores de ganado "chusco" que por décadas poblaban los pastos de las haciendas a cambio de "hierbaje", pago en dinero, especies o trabajo por el uso del pasto. La modernización implicaba introducir

ganado fino, para lo que había que cercar los pastos y sacar de ahí a los pastores. Ello implicaba un cambio brusco que los campesinos resistieron.

En la zona de Cusco, algo similar ocurrió. Fue el famoso caso de la hacienda Lauramarca en Quispicanchis. También ahí se intentó esta suerte de brusca proletarización agraria. Lauramarca era una hacienda ganadera de buena ubicación y gran extensión, donde las luchas entre colonos y propietarios habían tenido ya varios capítulos. Cuando en 1957 se hizo el cercamiento y expulsión de los colonos, una comisión de la Federación de Campesinos formó en la hacienda un sindicato, que puso en mejores condiciones de lucha a los campesinos. Asesorados por abogados entrenados en el asunto y amparados en la fuerza política de los líderes cusqueños, como Emiliano Huamantica. La resistencia de los colonos se lograba porque la hacienda que quería modernizarse, dependía del trabajo de sus antiguos siervos, que se negaban a trabajar mientras se gestionaba ante las autoridades la solución al problema de su desalojo de los pastos. Los dirigentes cusqueños lograron un acuerdo con los patrones y las actividades se reanudaron, pero ya era un factor aceptado que las dirigencias sindicales tenían una capacidad de negociación que difería de la situación de imperio absoluto que los hacendados habían conocido en las décadas anteriores. Fue un cambio de actitudes, una tensión en las relaciones sociales y en las representaciones que de ellas se hacían los actores.

Fue entonces que una de las más fuertes sequías producidas en este siglo en la región vino a afectar el agro cusqueño entre 1957 y 1959, ese fue el contexto del alzamiento urbano de 1958. La falta de aguas produjo hambruna general y una situación de desasosiego y violencia, frente a la que las autoridades poco pudieron hacer. Como el gran terremoto de 1950 había destruido parte de la ciudad y la región había visto llegar nuevas formas de planificación del desarrollo, las autoridades estaban siendo observadas y cuestionadas en sus actividades. La corrupción o la negligencia de la que hicieron gala en el reparto de víveres y ayuda internacional fue un factor que aumentaba la agitación.

El valle de la Convención, donde el crecimiento comercial contrastaba con las formas serviles tradicionales que imponían los grandes latifundistas, fue uno de los espacios privilegiados de esa acción política. En este caso, se trata de campesinos procedentes de la sierra que trabajan en haciendas de ceja de selva, principalmente en la producción del café para la exportación, que entran en conflictos con los terratenientes que recurren a las formas tradicionales de sujeción servil y que pretenden acaparar la comercialización del preciado grano.

Por eso, en 1959, Blanco toma contacto con los dirigentes de la Federación Provincial de Campesinos de La Convención, compuesta en su mayoría por arrendires (arrendatarios) y allegados (subarrendatarios) del hacendado Alfredo Romainville, en las zonas de ceja de selva del Cusco, quienes tenían como principales reivindicaciones mejoras en las condiciones de arrendamiento, pagos en dinero y acceso directo al mercado. Viaja a los valles de La Convención y Lares y se incorpora como arrendire en Chaupimayo. Para fines de 1960 ya se ha constituido en un importante dirigente de la zona y en marzo de 1961 es uno de los dirigentes fundadores de la Federación de Campesinos del Cusco que tenía entre sus principales miembros a Vladimiro Valer. Impulsa la formación de los sindicatos campesinos y la toma de tierras bajo la consigna de "tierra o muerte".

Al interior del POR surgieron discrepancias sobre la dirección que debía tomar el movimiento campesino que Blanco comenzaba a liderar. Frente a las nuevas necesidades políticas y organizativas, en 1962 el POR se unifica con un sector del Partido Comunista Peruano y con el Partido Agrario Revolucionario, formando el Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR) entre cuyos dirigentes se encontraban además de Hugo Blanco, Vladimiro Valer, Juan Pablo Chang (que murió en Bolivia en las guerrillas que quizo formar Ernesto Che Guevara) y Antonio Aragón (que sería luego fundador y primer dirigente de la Comunidad Autogestionaria de Villa el Salvador). En mayo de 1962, el FIR inicia las denominadas "expropiaciones" con el asalto de una sucursal del Banco de Crédito de la capital, con el fin de financiar el movimiento campesino.

Blanco en Chaupimayo llegó a ser elegido Secretario General de la Federación de Campesinos del Cusco. En este contexto, el presidente Prado dicta un decreto supremo que abolía los pagos de arrendamiento con trabajo personal y los diversos mecanismos de servidumbre agraria, pero ello no trajo tranquilidad a la región. Tras el golpe militar de julio de 1962, la Junta de Gobierno decide reprimir el movimiento campesino cusqueño. Frente a ello, Hugo Blanco se reune en Chaupimayo con Luis de la Puente Uceda, principal dirigente del recientemente fundado Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), para unir fuerzas pero no se llega a acuerdos definitivos. Con la desarticulación del FIR en Lima, Blanco se va quedando sólo. A fines de año, la Junta de Gobierno dicta una ley de reforma agraria para los valles de La Convención y Lares donde se recogía las reivindicaciones campesinas, lo cual afectó el apoyo social al movimiento campesino. Ello origino el ingreso de las Fuerzas Armadas en los valles en busca de Blanco, quién frente a la situación llevó a cabo una serie de acciones armadas, sobre todo de ataques a puestos policiales.

Un contingente armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) liderado por Héctor Béjar, intentó asimismo ingresar clandestinamente al país por Puerto Maldonado para iniciar focos guerrilleros al estilo cubano. Un grupo iría a apoyar a Blanco, pero el intento fracasó cuando en mayo la pequeña avanzada de militantes fue descubierta. El ELN se había constituido en Cuba y a él se integraron jóvenes que viajaron a la isla becados por el gobierno de Castro. Entre ellos, el poeta Javier Heraud. Como muchos jóvenes impactados por las luchas campesinas en el Perú y el éxito de la revolución en Cuba, Heraud y otros se dieron a una militancia romántica de plena entrega. Fue uno de los que cayó en Puerto Maldonado, herido de bala cuando pedía que no disparasen, bandera blanca en mano.

A fines de mayo de 1963 Hugo Blanco es detenido y enviado a la ciudad de Arequipa para ser enjuiciado por traición a la patria por un tribunal militar. Condenado a muerte, una campaña internacional a favor de su vida cambió la sentencia a veinticinco años de prisión en la isla penal de "El Frontón".

Desde allí intercambió cartas con el escritor José María Arguedas meses antes de su suicidio en 1969. Lo que Arguedas comunicó a Blanco fue su sorpresa por la manera cómo había logrado movilizar a los indios de las haciendas, que el escritor había retratado como aplastados por el poder gamonal en los Ríos Profundos, dándoles el

orgullo y la fuertza que él había encontrado en tre los comuneros poseedores de sus tierras. Blanco intercambió cartas explicando su movimiento y su visión del campesino, usando el mismo tono poético con que Arguedas le escribiera. De entonces es la carta que la revista Oiga publicó de Blanco a los "poetas revolucionarios, a los revolucionarios poetas", demandando el compromiso del escritor con las luchas revolucionarias. La carta mereció una respuesta de poetas y críticos que además de lo poético, abordaron la esencia política del escrito de Blanco, para todos en 1969, Blanco había llevado adelante una lucha campesina admirable, luchando por la reforma agraria que justamente se estaba llevando adelante en el Perú y debía ser puesto en libertad.

La actitud reverente de Arguedas hacia el militante, al que confería un aura casi mágica, no estaba lejos de lo que ocurría en la sensibilidad campesina, como se mostraría muchos años después, cuando desde la memoria popular, Hugo Blanco fue apoyado por un número de votantes populares sin precedentes en la historia, convirtiéndose en un fenómeno electoral. En 1964, cuando el periodista Hugo Neira hizo un viaje de investigación al Cusco, los testimonios que recogió mostraban que Blanco se había trasformado en un héroe popular, considerado "jefe" por los sindicalistas, un símbolo que no habría de desaparecer tan fácilmente.

Blanco no sería el único símbolo que crearon los campesinos y obreros movilizados. A fines de 1963, el líder obrero Emiliano Huamantica sufrió un accidente de carretera y falleció. Miles de campesinos de todo el sur llegaron a la ciudad para su entierro, una manifestación popular sin precedentes, casi como el entierro de un inca. Huamantica tenía antecedentes de gran presencia política, en 1955, cuando Pedro Beltrán llegó al Cusco como ministro del régimen y el más conspicuo creador de la política económica, Huamantica conminó a abandonar la ciudad al premier de la república.

La muerte de Huamantica, la prisión de Blanco, la dación de una ley de Reforma Agraria específica para el valle de la Convención, no frenaron a los campesinos que tomaban las tierras que por siglos les fueron arrebatadas. Por lo general, las invasiones son anunciadas con anticipación para que los hacendados tomen sus prevenciones y evitar los enfrentamientos violentos. El día acordado miles de campesinos entran a las tierras de las haciendas cuya propiedad reivindican arreando su ganado, encabezados por muchos casos por bandas de música y portando banderas peruanas.

La polarización y la violencia era moneda diaria en Cusco en 1964, los hacendados que formaban "comités cívicos" para defenderse, se vieron envueltos en asesinatos de campesinos que aumentaron los furores indígenas, que a su vez fueron reprimidos por la policía, como en Sicuani, donde fueron abaleados y ultimados 17 comuneros. La necesidad de una reforma agraria, que había sido prometida por el entonces presidente Fernando Belaúnde, era un hecho histórico incontrovertible. El gobierno de Belaúnde constituyó una profunda desilusión para quienes habían apostado a que el joven arquitecto realizaría las reformas que el país necesitaba. El mismo 28 de julio de 1963, cuando Belaúnde asumía el poder, las comunidades del centro del país iniciaron una oleada de invasiones de tierras, tomándole la palabra a su promesa de realizar una pronta reforma agraria. No se daría una ley al respecto sin embargo, se tuvo que esperar hasta 1969 con el gobierno de Velasco Alvarado.

Los dirigentes izquierdistas que habían optado por el camino guerrillero, principalmente el MIR de Luis de la Puente Uceda, Guillermo Lobatón Milla y Máximo velando,

mantuvieron su línea y se lanzaron a la acción en varios frentes, en el norte, el centro y el sur. Velando en el norte, Lobatón en el centro y de la Puente en el sur, en Mesa Pelada. El ejército intervino y enfrentó las columnas guerrilleras, aniquilándolas. De la Puente encontró la muerte en 1965 en Mesa Pelada. Esa experiencia de represión impactó en los oficiales jóvenes que desarrollaron desde entonces una actitud diferente frente a los problemas sociales del país. Las fuerzas armadas tuvieron que participar en la represión de los movimientos campesinos. La evolución del pensamiento institucional del CAEM terminó identificando a los intereses de la oligarquía y el imperialismo como enemigos de la seguridad nacional. Ese fue el germen de la posteriormente llamada Revolución Peruana que encabezó el general Juan Velasco en 1968.

Luis de la puente uceda y las guerrillas

Luis de la Puente nace el 1 de abril de 1926, en el fundo Juncán, en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad. Sus padres fueron Juan de la Puente y Rita Uceda. Tempranamente perdió a su padre. Sus estudios primarios los realizó en la escuela de Santiago de Chuco y los secundarios en el Instituto Moderno de Trujillo. Ingresa a la Universidad de Trujillo a estudiar medicina y es elegido presidente del Centro Federado de Premédicas en 1945. Durante el gobierno de Bustamante y Rivero ingresa a la Juventud Aprista Peruana (JAP). En 1947 se traslada a la Facultad de Letras para estudiar derecho. Luego del golpe del general Odría, De la Puente es detenido durante siete meses. Al salir de prisión es elegido Presidente de la Asociación Universitaria de Trujillo, cargo al cual sería nuevamente elegido en 1951. En febrero de 1953 sería detenido y deportado a México, realizando estudios en la Universidad Autónoma de México. En 1954 reingresa clandestinamente al país por la frontera con el Ecuador, como parte de un intento insurreccional aprista coordinado por el Comité de Desterrados Apristas, siendo detenido en diciembre de ese año. Pasó dos años en prisión, siendo liberado en el contexto del pacto entre Manuel Prado y Ugarteche y el Partido Aprista Peruano en perspectiva de las elecciones generales de 1956, conocido como La Convivencia. De la Puente iniciaría sus críticas a este pacto por considerarlo opuesto a los postulados primigenios del aprismo. En 1957 como dirigente de la Federación de Estudiantes de Trujillo, viaja al Congreso Mundial de Estudiantes que se realizó en Nigeria, África. En 1959 Luis de la Puente Uceda, era un dinámico líder juvenil que sufrió prisión por su militancia aprista, viajó a Cuba donde participó en un debate sobre el problema de la tierra. A su retorno, De la Puente se graduó como abogado con una tesis significativa dedicada a "La reforma del agro peruano" o "Hacia la reforma agraria en el Perú". Poco después encabezó una escisión por la izquierda del partido de Haya de la Torre, que asumió inicialmente el nombre de Apra Rebelde y que reivindicaba los principios originarios del aprismo de los años treinta.

Durante 1958 se dedica a asesorar sindicatos y comunidades campesinas, entre ellas la de Chepén que entonces luchaba por la recuperación de sus tierras frente a la hacienda Talambo. El 26 de julio de ese año se produce la masacre de los campesinos de Chepén y De la Puente es detenido por el supuesto cargo de haber instigado el enfrentamiento. La revista Caretas hizo un homenaje a los comuneros, al declarar "hombre del año" al comunero de esa localidad. El comunero de Chepén "expulsado como enemigo de un pedazo de tierra de su propia patria" y negado por el parlamento, era el símbolo del

pueblo peruano en 1958. De la Puente, abogado y asesor, fue hecho prisionero por el gobierno al que ya se demandaba abiertamente la necesidad de una reforma agraria. En julio de 1959 fue su primer viaje a Cuba para participar en el Forum Internacional sobre Reforma Agraria que organiza el gobierno de Fidel Castro. A su regreso, junto a un grupo de jóvenes dirigentes del Partido Aprista Peruano presenta una moción a la IV Convención del Partido Aprista que se realizó entre el 10 y el 12 de octubre de 1959, en donde se enjuiciaba la política de la Convivencia. Por esa razón serían expulsados del partido, formando el Comité de Defensa de la Democracia Interna y de los Principios Primigenios del Apra. Antes ya se habían presentado pugnas internas en torno a la posición del partido. Primero en 1955, los desterrados Luis Barrios y Manuel Seoane presentaron sus renuncias luego de hacer públicas críticas. Líderes importantes del partido, retiraron sus cartas y luego fueron nombrados embajadores. Luego, el antecedente inmediato de la ruptura de 1959, fue el III Congreso de 1956, donde Guillermo Carnero Hoke encabezó una oposición que fue descabezada por la disciplina partidaria, expulsando a los rebeldes.

En un análisis de la revista Caretas se señalaba a De la Puente como: "de los dirigentes de la oposición aprista, es seguramente uno de los más conocidos. Militante desde su primera juventud, representa la inconformidad de las bases populares del aprismo con una dirección que trueca su arraigo y fuerza populares por la comodidad del trato político y la subsistencia sin riesgo". La ruptura abría con fuerza el espectro político hacia la izquierda, lo que se iría concretando en la década siguiente.

En noviembre de 1960 el Comité realizó su primer congreso en la ciudad de Chiclayo donde pasó a constituirse en partido con el nombre de Apra Rebelde y nombró como su Secretario General a De la Puente.

En junio realiza su segundo viaje a Cuba con el fin de recibir preparación política, ideológica y militar. En febrero de 1961, durante un enfrentamiento entre militantes del Partido Aprista Peruano y del Apra Rebelde en la Plaza de Armas de Trujillo, De la Puente defiende su vida disparando contra uno de sus agresores que luego moriría, por lo que es detenido. Sería liberado en agosto de 1962, luego que el juez a cargo del caso lo declarara inocente por haber actuado en defensa propia. En el interín, en marzo de ese año, el Apra Rebelde pasa a constituirse en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) culminando su proceso de adhesión al marxismo y a la revolución cubana. Asimismo, inicían la publicación de Voz Rebelde, órgano del partido. En diciembre del mismo año viaja por tercera vez a Cuba, donde recibe entrenamiento militar junto con un grupo de militantes del MIR. A principios de 1963 tiene una entrevista con el dirigente campesino Hugo Blanco en el valle de La Convención, en Cusco, con el objetivo de unificar fuerzas, pero las negociaciones fracasan. Durante 1963 hace un viaje de gira por los países socialistas del Asia, China, Vietnam y Corea, en donde se reune con sus principales líderes: Mao Tse Tung, Ho Chi Minh y Kim Il Sung. En octubre de ese año se realiza una reunión en Santiago de Chile y luego otra en Lima en marzo de 1964 donde se elaboran y aprueban las tesis del MIR.

En enero de 1964 es momentáneamente detenido acusado de organizar un complot para asesinar a Haya de la Torre. Al mes siguiente participa en el mitin unitario de la izquierda que se realiza en la Plaza San Martín, con un discurso que sería conocido como El Camino de la Revolución. En marzo es nuevamente detenido, esta vez acusado

de intentar matar al Primer Ministro de la República Federal de Alemania, que se encontraba de visita oficial. En junio de 1964 se traslada a Mesa Pelada, Cusco, para iniciar los preparativos para iniciar la lucha armada en el Perú.

En diciembre de 1964 se realiza una reunión ampliada del Comité Central del MIR con el fin de organizar la conformación de tres focos guerrilleros. El primero en Meza Pelada, valle de La Convención, Cusco, dirigida por De la Puente; el segundo en la provincia de La Mar, Ayacucho, dirigida por Guillermo Lobatón; y el tercero en la provincia de Ayabaca, Piura, que no llegaría a entrar en acción. Como parte de esos preparativos, De la Puente redactó un Manual de Capacitación Ideológica y escribió una serie de cuentos en forma de parábolas para el trabajo de propaganda entre los campesinos de la zona. Los preparativos insurreccionales se vieron adelantados, iniciándose las acciones en junio de 1965.

Cercado por el ejército Luis de la Puente caería durante un enfrentamiento en Mesa Pelada el 23 de octubre de 1965. Su cuerpo se halla enterrado en algún lugar de dicha región. Un grupo de jóvenes influidos por el ejemplo de la revolución cubana formaron paralelamente el Ejército de Liberación Nacional. En sus filas militaba un joven poeta, Javier Heraud, quien murió abaleado en un río en mayo de 1963, cuando la columna guerrillera del ELN de la cual formaba parte fue interceptada en Madre de Dios.

Otros movimientos políticos hasta el golpe de 1968

A principios de 1964 tuvo la IV Conferencia del Partido Comunista en la que se radicalizó la pugna iniciada en 1959 entre los grupos que sustentaban la tesis de la lucha violente y los que asumían la línea oficial del Comité Central del partido. Este enfrentamiento terminó con la escisión definitiva e irreversible del Partido Comunista del Perú: un bloque se alineó en la columna del Partido Comunista de la Unión Soviética, mientras que otro se adhirió a la posición del Partido Comunista Chino. En consecuencia, la ruptura partidaria del Partido Comunista Unidad Y el Partido Comunista Bandera Roja, identificados así por el nombre de sus voceros, iniciaría una larga historia de escisiones.

El 19 de diciembre de 1966 varios miembros fundadores del partido Democracia Cristiana dirigidos por Cornejo Chavéz decidieron apartarse de la organización para construir una nueva y remozada agrupación política. El motivo: el personalismo y al autoritarismo de su jefe y fundador que llevó “al enfrentamiento abierto de quienes se sublevaban a sus designios”. Quienes conformaron el Partido Popular Cristiano fueron: Mario Polar, Ernesto Alayza, Luis Bedoya, Julio Portugal, Roberto Ramírez, Luis Giusti, Jaime Rey de Castro, Antonio Espinosa, María Rosario Araoz, Emilio Castañon, Augusto Dammert, Carlos Zuzunaga, Jorge Mercado y Andrés Carbone. En 1967, un frente amplio denominado Unidad de Izquierda, lanza a Carlos Malpica como candidato a las elecciones complementarias al parlamento. Participa activamente Francisco Moncloa. Malpica obtiene sólo en Lima 100,000 el 14.48% de los votos y pierde ajustadamente con el candidato de la coalición Apra-UNO. Estos resultados pusieron en evidencia el fracaso de la llamada Alianza Acción Popular - Democracia

Cristiana y el crecimiento de la votación izquierdista. Malpica luego sería el más conspicuo de los parlamentarios izquierdistas, había escrito libros de gran llegada y tirajes elevados, como el famoso, Los dueños del Perú, denunciando los imperios y fortunas que controlaban la riqueza nacional. Su investigación la siguió desarrollando durante los periodos en los que fue parlamentario, hasta su fallecimiento ya en la década de los noventa.

La caída de Acción Popular se originó el 3 de 0ctubre de 1968. En 1966 los signos de insatisfacción popular, ocasionado por la crisis económica en ascenso, empezaron a mostrarse públicamente contra el régimen, a la par que le cuestionamiento partidario interno a cargo del grupo “termocéfalo” insatisfecho por el incumplimiento de la cúpula gobernante con respectos a las reformas prometidas.

Sin duda, el detonante mayor fue accionado por el secretario general del partido, Edgardo Seoane Corrales, cuando demandó al presidente Belaúnde, la total rectificación de la línea política que venía siguiendo el gobierno, exigiéndole su desvinculación con el grupo que ellos consideraban culpable de la crisis moral y económica del país. Demandado “la renuncia de Oswaldo Hercelles, considerado responsable directo y solidario del contrato Acta de Talara con la IPC y de todos los demás acuerdos compensatorios celebrados por el gobierno con esa empresa norteamericana”.

Medidas económicas de acción popular

Era discurso de Acción Popular que es misión del estado elevar los niveles de vida del poblador, el derecho de los mismos a la conquista y defensa de sus reivindicaciones sociales, a través de sus organizaciones sindicales. Para Acción Popular la Reforma Agraria y la industrialización eran exigencias fundamentales del proceso de elevación del nivel de vida de la ciudadanía. Prado y Belaúnde tuvieron una política económica similar, facetas de la economía de mercado, de libertad de comercio y de cambio, de la conveniencia de fomentar las inversiones de capitales tanto nacionales como extranjeros y de la urgente necesidad de conducir un proceso de industrialización que pasaría gradualmente de la industria liviana a la pesada.

A finales de la década de los 60 diez años después de haberse promulgado la Ley de Industria, menos de 30 empresas empleaban 500 trabajadores, aproximadamente 350 empresas con 100 y 500 personas y sólo 100 empresas tenían inversiones en activos fijos por más de un millón de soles.

Producción de minerales en el Perú entre 1956 – 1968: cuanto lugar mundial en plomo 123,000 a 155,000 toneladas, quinto lugar mundial en zinc 153,000 a 291,000 toneladas, tercer lugar mundial en plata 619,000 a 1002.000 toneladas. La producción de petróleo 1956 -1968 es de 18.4 millones a 27.1 millones de barriles procedente de casi todas los yacimientos costeros. Las empresas petroleras eran la International Petroleum Co. Con el 50%, Lobitos Oilfieldes 25% y la Empresa Petrolera Fiscal con el 10%.

En el terreno petrolero fue importante la construcción de la Refinería de la Pampillla por la Empresa Petrolera Fiscal rompiéndose el monopolio de la IPC. Y la suscripción del contrato con la Belco Petroleum para el estudio y la explotación del zócalo continental.

Pero el tema más candente era el de la solución al tema de la posesión de los yacimientos de la Brea y Pariñas en el norte. Se promulgó la Ley 14863 que autorizó al Poder Ejecutivo para resolver las cuestiones pendientes sobre los yacimientos de Brea Y Pariñas. El 9 de agosto 1968, mediante el Decreto Supremo se aprueba el proyecto de contrato a celebrarse entre el gobierno y la International Petroleum Co. cumpliéndose la Ley 16674 “los yacimientos de Brea y Pariñas constituyen áreas de reserva nacional”. En la llamada Acta de Talara el Perú recupera los mencionados yacimientos, dejando a la IPC la antigua refinería de Talara y el Condominio con la Lobitos. Entonces estalló el escándalo de la página once, un folio que desapareció del contrato y que fue denunciado como un intento de ocultar una mala maniobra en tan delicado tema.

En el sector agropecuario se crea el Servicio de Investigación y Promoción Agrario SIPA. También la Comisión Nacional de Fertilizantes. El estudio y construcción del Centro de Irrigación en Majes, Olmos, Chao, Viru, Moche y Chicama que no se concretan. El presidente Belaúnde emite un proyecto para la Ley de Reforma Agraria, promulgada el 21 de mayo de 1964 (15037) “la Reforma Agraria es un proceso integral, pacífico y democrático destinado a transformar la estructura agraria del país y facilitar el desarrollo económico y social de la nación mediante la sustitución del régimen de latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad”.

Aunque logró sacar adelante esa ley de reforma agraria, ésta dejó intactos los latifundios de la costa, asidero de la oligarquía y avanzó sólo lentamente, llegando a expropiar su gobierno un total de un millón de hectáreas de las veintisiete que de tierras agrícolas tenía el país. La marginal de la selva y conjuntos multifamiliares de vivienda para la clase media de Lima fueron el saldo más positivo de su gobierno. En la Industria Pesquera la fabricación de harina de pescado sostenía una desmedida extracción de la materia prima.

La crisis económica de 1967 marcó el comienzo del fin. La sequía en la costa y el agotamiento de divisas tras sucesivos años de déficit del comercio exterior y disminución de la inversión extranjera empujaron a una traumática devaluación del sol, que de 27 soles por dólar, pasó a 39. La crisis fiscal se tradujo en elevación de impuestos y paralización de obras públicas, con el consiguiente desempleo. Un largo ciclo de expansión económica iniciado en la postguerra mundial se veía interrumpido.

Originalidad del proceso militar de 1968

El golpe de estado de Juan Velasco Alvarado ha sido uno de los procesos políticos más originales de la historia latinoamericana de la segunda mitad del siglo. El atrevimiento que mostró en sus medidas se puede verificar en la rapidez con la que tomó drásticas y de honda trascendencia histórica, más allá de su acierto o falla. El 9 de octubre 1969 la Junta Militar anunció la expropiación de todos sus bienes a la International Petroleum Company, subsidiaria de la Standard Oil Of New Jersey, ocupando militarmente los yacimientos petroileros de Brea Y Pariñas y la refinería de Talara.

La Ley de Reforma Agraria (17716) del 24 de junio de 1969 fue, en los términos en que se formulara, un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país, destinado a sustituir los regímenes del latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de la tierra, destinado a aumentar la producción y productividad del sector agropecuario. La reforma agraria se fue

"profundizando" como decían los ideólogos del régimen. Algunas posibilidades de librarse de las expropiaciones, se cerraron. La vocación del régimen fue la de llevar la transformación radical de la estructura de propiedad hasta las últimas consecuencias. Los que perdieron fueron los propietarios, aquellos que habían sido los que dominaron el espectro político por décadas. Rápidamente se dictaron normas complementarias como la ley de aguas. El grupo económico de la familia Prado fue especialmente afectado en todos sus intereses.

Se puede dividir el desarrollo de la reforma agraria de Velasco en tres etapas:I. 1969 - 1972 en una sola operación militar de la noche a la mañana, toma las 14

principales agro industriales. Fue un golpe importante a la oligarquía. II. 1972 -1974 incapacidad de los nuevos dueños para realizar tan complejas

actividades. En esta etapa crece la Confederación Campesina del Perú. III. 1974 las acciones de una nueva expresión política del campesino, las “tomas de

tierras” de Piura, de Cajamarca, de Lambayeque, los movimientos y las huelgas de los Valles de Huaura y Huaral, la protesta y las revueltas en Andahuaylas.

Respecto a la minería se decretó la Ley 17792 el 2 de setiembre 1969 impulsando a todos los centros mineros a la producción, a más tardar el 1 de abril de 1970. La Ley de Minería del 8 de junio de 1971 destinado a normar todo lo relativo al aprovechamiento de las sustancias minerales del suelo y del sub suelo del territorio nacional y de los fondos marinos y sus respectivos sub suelos hasta las distancias de las doscientas millas.

Se crearon ministerios nuevos, ampliando la capacidad operativa del estado y su presencia en el aparato productivo. Ministerio de Energía y Minas, de Pesquería, de Vivienda. Cada sector era como una amenaza a la propiedad privada.

El 5 de mayo de 1970 se creó la Empresa Pública de Comercialización de Harina y Aceite de Pescado EPCHAP a la que en mayo de 1973 siguió la Empresa Pública de Producción de Harina y aceite de Pescado (PESCAPERU) que debía de asumir toda la industria, previa expropiación de las empresas establecidas, con excepción del sector de las conservas y del congelado. En dos años de gobierno, el estado creció y no quedó sector productivo sin reformas. Políticamente, la prensa comenzó a ser controlada. Veremos un panorama de lo que significó el proceso peruano abierto por los militares en el capítulo siguiente.

Música popular, sociabilidad provinciana y difusión radial

En 1950 se hizo manifiesta la presencia andina masiva en Lima. La ciudad se transformó. También se transformaron los migrantes, mientras cambiaban la ciudad. Ellos crearon sus espacios en Lima. Estos espacios eran los llamados "coliseos folklóricos". Llorens fecha en 1938 la difusión de los coliseos folklóricos. En la década siguiente, bajo carpas de circo o ambientes rústicos, lugares dedicados a la música para sectores populares van apareciendo en la capital. Desde fines de la segunda guerra se difunde la música andina, interpretándose más libremente en la capital. En la década del 50, hasta 15 locales o "coliseos" funcionaban de manera regular, simultáneamente. Fue la década de los coliseos. Particularmente el Coliseo Nacional de La Victoria y el Cerrado del Puente del Ejército, que son los de mayor persistencia. Una revista representó este movimiento, la revista Coliseo. Los artistas populares eran parte de la vida de la gente migrante en la ciudad. Ellos eran verdaderos ídolos. Flor Pucarina, el

Jilguero del Huascarán (Ernesto Sánchez Fajardo, que llegó a ser Constituyente por el FENATRACA en 1978), Picaflor de los Andes (cuyo multitudinario entierro tuvo lugar en Lima en 1975), Pastorita Huaracina (María Alvarado, que debutó en 1943). Sus vidas sin embargo no estuvieron exentas de dramatismo. Pero junto a ellos, verdaderos profesionales, que llegaron a obtener grandes contratos, un sinnúmero de artistas populares, lejos de obtener fama y dinero, sufrieron abusos y explotación. Convocados por afán de éxito a tocar y cantar gratis, llenaban las programaciones de los coliseos, mientras el público esperaba a los cantantes consagrados.

El caso de Leoncio Giraldo Gamarra, conocido como el "Gorrión andino", es sólo comparable al de "Picaflor de los Andes". Genuinos folkloristas ambos, representaron, el uno al norte andino y el otro al centro. Giraldo Gamarra nació en Anta (Ancash), pero vivió la mayor parte de su vida en Paramonga, donde fue trabajador cañero. Formó el grupo "Los Jilgueros del Hualcán", donde como "Gorrión andino" fue su vocalista, desde 1950. Su fama creció en su región, en Lima, donde iba a cantar a los coliseos, y en todo el país, gracias a los discos. En 1980 fue homenajeado por sus 40 años de artista. Fundó el Sindicato de Trabajadores Artistas Folkloristas del Perú, en cuya casa fue velado luego de su temprano fallecimiento en 1981, luego de que su cuerpo peregrinó en olor de multitud popular desde su casi natal Paramonga.

En el trayecto de la popularidad de los intérpretes folklóricos, hubo algunos hitos de la difusión de su arte. En 1962 se realizó justamente un concurso folklórico nacional "Mariano Melgar", auspiciado por la Radio Nacional que dirigía César Miró. La Comisión Nacional de Cultura dio un donativo que permitió la premiación a decenas de intérpretes, cantantes e instrumentistas, de diversas regiones del país. José María Arguedas presidió el jurado. En su discurso de premiación, Arguedas resaltaba cómo los verdaderos intérpretes populares eran casi obligados a tocar y cantar gratis en los coliseos, menospreciando su talento. Mientras, los que, por presión de empresarios y por distorsiones en el gusto de los auditores, tergiversaban el sentido y falseaban la esencia de la música andina, obtenían ganancias y representaban falsamente la música popular. Fuera de esa calificación, dejaba a intérpretes auténticos como el "Jilguero del Huascarán" y Jaime Guardia. La música andina además comenzó a grabarse en discos, lo que aumentaba su difusión. José María Arguedas fue también su patrocinador. La casa Odeón primero, y luego varias otras, descubrieron el éxito de la música andina. Una década después, en 1967, los discos comerciales de música andina pasaban de tres mil. La venta de discos se amplió a los pueblos andinos. Las mejoras técnicas permitían tener reproductores que no necesitaban de energía eléctrica sino baterías. Las casas discográficas organizaban giras artísticas. En los años 70, una sola casa discográfica vendía más de cien mil discos al mes.

La radio vino a difundir todavía más este espacio de sociabilidad. En los años 50, Radio "El Sol" fue el vehículo. El programa de Luis Pizarro Cerrón, "El Sol en los Andes", fue uno de los primeros. Ya se mencionó a la Radio Nacional. Se transmitían a tempranas horas de la mañana. Fueron incluyendo mensajes, recuerdos, giros culturales. El éxito de ese vehículo llevó a la fundación de Radio "Agricultura" en 1962, para educar al campesino y difundir informaciones. Cesa la asesoría, que contaba con apoyo de de los Estados Unidos en 1969 con la Reforma Agraria. Las emisoras de mayor alcance, como Radio "Unión", se escuchaban en todas las latitudes del país. Luego la radio se convierte

en uno de los fenómenos de comunicación. Por un lado en el campo, entre la población campesina, por otro, en los cuartos de los hogares de las clases medias, donde las empleadas domésticas, la mayoría hijas de familias provincianas, disfrutaban de una compañía en su soledad. Son famosos algunos personajes entre los locutores. En el sur, un locutor se convierte en el principal comunicador de los años 70: Hualaycho. Otros comunicadores tienen gran difusión, aunque fue en Bolivia donde uno llegó hasta la Alcaldía, el Compadre Palenque.

CAPITULO IIILOS SETENTA

Autoritarismo y frustraciones

No se habían apagado los fuegos de la renovación mental del mundo en la década previa, cuando en América Latina se llevaron adelante experimentos políticos e ideológicos tendientes a poner a tono el continente con las demandas del cambio mundial. En el Perú se vivió una experiencia original y contradictoria. Una dictadura militar pretendía crear una ruta popular y solidaria hacia un desarrollo equitativo. La transformación del país que se conoció en esta década es un punto nodal de la historia inmediata. En mucho tuvieron que ver las reformas implementadas por los militares, pero también las necesidades de cambio, renovación y "progreso" que se experimentaban desde las décadas previas.

Lo fundamental de las transformaciones introducidas por el gobierno militar fue la ampliación del radio de acción del estado. La política nacionalista de los militares dio lugar a la formación de grandes empresas estatales, que controlaban lo principal de los servicios y de la producción primaria. La tierra, que formalmente había llegado a manos de los campesinos a través de las empresas asociativas creadas por la reforma agraria, era controlada por la política dirigida desde el ministerio correspondiente. La pesca estaba en manos estatales, como ocurría con parte de la gran minería y el petróleo.

Sin un partido político que los apoyara, desconfiando como lo hacían de los civiles, los líderes militares no dejaron de convocar a intelectuales y políticos que se integraron en la "revolución peruana", sin un comando y en posición de aliados. La modificación de la imagen de la historia que los medios de comunicación y las escuelas difundían, quedó grabada en la población. Nuevos símbolos nacionales aparecieron, como la entronización en el imaginario colectivo de Túpac Amaru, considerado precursor de la independencia nacional. La independencia formal del siglo XIX no logró la justicia, sólo ésta definitiva independencia dirigida por un ejército nacionalista continuaba realmente la obra iniciada por el prócer de 1780 que se canonizaba. Su figura circuló en las manos de todos retratada en los billetes y monedas más corrientes y el gran salón de palacio de gobierno pasó a llevar su nombre.

La burocracia creció enormemente, pero también el número de universidades, el contingente de maestros, de estudiantes. La industria conoció un desarrollo amparado por el estado, a pesar que un sector de empresarios vio con estupor el intento de controlarlos a través de la llamada "comunidad industrial", que los agitadores de izquierda querían cambiar por un definitivo y radical "control obrero". Pero varios grupos industriales fueron apoyados con créditos y, considerados estratégicos, impulsados en su provisión de bienes intermedios, como los que producía la empresa Moraveco dirigida por Samuel Drassinower.

Los obreros de las fábricas se convirtieron en una fuerza juvenil consiente de su ubicación en la sociedad. La Central de trabajadores, la CGTP, apoyada sutilmente por el Ministerio de Trabajo, multiplicó el número de sindicatos y logró un buen nivel de negociación, que mantenía los salarios de los obreros sin que se recortaran. La lucha sindical fue, junto con los debates por el avance de la reforma agraria, el terreno de los enfrentamientos políticos más intensos.

La prensa fue controlada, pero sus páginas se abrieron a nuevos periodistas y renovados estilos, hasta que la situación llevó a extremar lo que se llamaba el "parametraje", abriendo las puertas a una prensa contestataria radical que circulaba como la única tribuna independiente; fueron los años del nacimiento de Marka, revista de análisis que se agotaba en los puestos de periódicos, antes que pudiese ser eventualmente requisada.

La imagen del Perú al final de la década fue la de una sociedad movilizada, que había salido de un cierto letargo, ampliando su integración, rejuveneciendo. Eso no significaba que las contradicciones y los lastres se hubieran superado. Todo lo contrario. En la medida que éstos, como el racismo, el centralismo, la desigual distribución de la riqueza y la corrupción, se mantuvieron, su presencia, en el contexto de una movilización social sin precedentes, marcó una agudización de las condiciones para que la violencia pudiera tomar el centro de la escena, una vez roto el dique de contención del autoritarismo.

Las fuerzas armadas en el poder, la revolución peruana

El golpe militar del 3 de octubre de 1968 fue también, como el de 1962, un movimiento institucional del conjunto de las fuerzas armadas. En la historia contemporánea, los pronunciamientos militares desde 1963 tuvieron un carácter corporativo, institucional, que les dio un signo diferente al de los militarismos previos. Las FF AA trataban de expresar una modernización y profesionalización, que no se condecía con los tradicionales "golpes" y que debía más bien tender a la "normalidad" civil. Desde luego que los personalismos no estuvieron ausentes, ni la vieja manera de ver a los civiles por parte de los miembros de las FF AA, como poco capaces de resolver problemas que los militares encaraban cotidianamente en el país. Los nuevos hombres del poder dieron discursos elaborados para justificar sus intervenciones. En 1962 con menos claridad, ya que tuvieron un cariz marcadamente anti aprista, lo habían anunciado. Pero en 1968, inicialmente levantados contra la corrupción y apoyados en el cansancio cívico que afectaba a Belaúnde en el final de un gobierno que no había cumplido con todo lo que ofreció, los militares se dotaron de toda una formulación ideológica. Hicieron una revolución diferente, "ni capitalista ni comunista", emparentada con algunas formas políticas de países del "tercer mundo". Aunque el jefe de la Junta de Gobierno, el general Juan Velasco Alvarado, asumiría poderes dictatoriales, relegando a los otros comandantes, se trató de un grupo asentado en el corporativismo militar.

El efecto de ingreso de los militares les dio una legitimidad política muy amplia. El tema de la International Petroleum Company, que había sido el detonante de los escándalos finales del gobierno belaundista, fue resuelto con una espectacular toma militar de las instalaciones de la Brea y Pariñas. El pendón nacional flameando en el campamento, rodeado de tanques, ponía el fondo visual a las palabras del jefe de la "revolución" declarando inflamado el nacionalismo y la justicia de la causa que defendía. El nueve de octubre, cuando se produjo la toma, fue bautizado oficialmente como "el día de la dignidad nacional".

Rápidamente, los comandantes y coroneles que habían secundado a Velasco, se fueron dotando de un discurso de gobierno que anunciaba su intención de hacer una transformación radical que duraría muchos años. El plan de gobierno se denominó "Plan

Inca". El "Gobierno revolucionario de la Fuerza Armada" tendía a una transformación "ni capitalista ni comunista", dotado de un espíritu fuertemente nacionalista y antimperialista. Las expropiaciones de las grandes compañías norteamericanas no se hicieron esperar y confirmaban lo que en las palabras, anunciaban sus líderes.

Sin llegar al despliegue que hicieron en la toma de la Brea y Pariñas, los tanques también tomaron en 1969 los principales complejos agros industriales del norte. La reforma agraria no sólo expropiaría los latifundios serviles de la sierra, entregaría la tierra a los proletarios agrícolas de la costa. Todo el sistema de propiedad agrario fue transformado. Los propietarios, que tenían un poder especial dentro del conjunto nacional en virtud de la posesión de la tierra, vieron rápidamente esfumarse la base de su dominio. Los militares no dieron propiedades pequeñas ni medianas a los productores campesinos, controlaron que la tierra se mantuviera concentrada, ampliando incluso las posesiones de tierra para formar grandes empresas asociativas que constituían el meollo del modelo de desarrollo que propugnaban.

La dictadura militar duró doce años: 1968-1980. Durante ellos el país se rigió por Decretos Leyes, sin parlamento ni vigencia de la Constitución. Los partidos políticos fueron abiertamente hostigados, sus líderes deportados o perseguidos, de manera que actuaban en la clandestinidad. Pero la hegemonía y legitimidad que las espectaculares medidas de reforma les daban a los militares, hacían que la prédica político partidaria tuviera poca audiencia. Los canales de televisión, varias radios y los periódicos fueron expropiados en el sexto año, atentando contra la libertad de expresión. La figura de entregar a los "sectores organizados del pueblo" la gran prensa se sustentaba en la retórica de la unidad del pueblo y la fuerza armada. No aceptaban la calificación de dictadura pues la "revolución" como se denominaba oficialmente, estaba sustentada en el pueblo organizado.

La "primera fase" del gobierno de la fuerza armada, el "septenato" (1968-1975) de Velasco Alvarado fue la que llevó adelante las principales reformas. El eje de las mismas fue un masivo traspaso de la propiedad de los principales recursos productivos hacia el Estado. Los yacimientos mineros más importantes fueron expropiados. La histórica compañía norteamericana de la Cerro de Pasco Cooper Corporation fue expropiada en un acto simbólico. Lo mismo ocurrió con la Marcona Mining Company que tenía varias décadas en el país. Claro que en la práctica, a pesar del discurso arrogante del nacionalismo a ultranza, que castigaba años de abusos con el pueblo y de robos al estado, las empresas foráneas afectadas podían esperar recibir una compensación económica razonable, como ocurrió con el acuerdo de otorgar los yacimientos sureños de cobre de Cuajone a la Southern Perú, empresa del mismo grupo que la expropiada Cerro de Pasco Cooper Corporation.

La actividad de la pesca también pasó a manos del Estado, quien se hizo de flotas y plantas de elaboración de harina de pescado regadas por todo el litoral. También se estatizó la producción de cemento y fertilizantes, mientras que la producción de acero ya estaba en manos del Estado desde los años cincuenta. Grandes empresas públicas (Centromín, Pescaperú, Petroperú, Siderperú) reemplazaron la acción privada, nacional o extranjera.

La comercialización de bienes claves para el comercio internacional (minerales y alimentos) también fue controlada directamente por el Estado a través de empresas

creadas para el efecto (Minpeco, EPCHAP). El transporte marítimo tenía ya la Compañía Peruana de Vapores en manos del Estado; el transporte aéreo fue controlado por la estatal Aeroperú, que nació de otra empresa privada expropiada. El sector de comunicaciones también dio lugar a empresas estatales como Entelperú. La Peruvian Corporation que administraba los ferrocarriles desde el Contrato Grace, y cuya vigencia debía terminar en 1981, fue asimismo afectada, volviendo los ferrocarriles a manos del Estado, se creó Enaferperú.

El Estado también controló bancos privados, que se sumaron a la banca estatal de fomento ya existente, aunque no llegó a expropiar el banco más importante: el Banco de Crédito (originado en el Banco Italiano, que en 1939 debió cambiar de nombre).

En las empresas industriales se introdujo la Comunidad Industrial, un mecanismo por el cual los trabajadores recibían acciones de la empresa y pasaban a tener participación en el directorio y en las ganancias. También se fomentó la creación de "empresas de propiedad social" donde los propietarios eran los propios trabajadores. El discurso oficial concedía a este sector la prioridad en el modelo de desarrollo económico. Su importancia fue más bien simbólica, puesto que no alcanzaron a destacar en el sector productivo ni en ningún otro. En la agitación sindical, la discusión fue si apoyar el modelo "participacionista" del gobierno, como lo hacía la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) controlada por el Partido Comunista, o impulsar las luchas más radicales por imponer de una vez por todas el "control obrero", opción que levantaban los grupos radicales de la izquierda.

En suma, toda la actividad de exportación, los sectores de acumulación de la economía y los que brindaban servicios considerados básicos o "estratégicos" para el desarrollo y la seguridad nacional pasaron a manos del Estado. Este llegó a representar en 1977 el 50 por ciento del producto bruto interno de la nación.

La masiva estatización del aparato económico daba la impresión de lo que algunos llamaron "socialismo de estado" o un "camino al socialismo" puesto en marcha de manera original en el Perú. La institución que desplegaría esa propaganda y la incorporación de las bases populares al proyecto fue lo que se llamó el Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS).

La izquierda sindical agrupada en la CGTP creció enormemente, para incomodidad de los empresarios. En junio de 1968 se forma la CGTP, en su segunda etapa, aglutina a 19 federaciones y 66 sindicatos. Luego la central fue reconocida por el Ministerio de Trabajo y llevaba adelante pleitos sindicales y acciones de huelga que contaban con el amparo ministerial, la legislación laboral fue muy protectora de los trabajadores, a tono con el discurso del régimen. Sin embargo ese fue un punto de permanente tensión. Los empresarios presionaban por limitar a los obreros y estos por hacerlo con los empresarios. La prensa se polarizó. Expreso que había pasado a manos de sus trabajadores, apoyaba a los obreros organizados en la CGTP, que proclamaron su apoyo a la revolución y pretendían "profundizarla". Mientras los otros medios, particularmente El Comercio tenían una línea crítica. El ministro de Marina, Vargas Caballero, llevaba la voz más moderada en el régimen, y era apoyado por los periódicos de oposición. Esa tensión duró hasta 1974 en que la gran prensa en su conjunto fue expropiada.

A inicios de 1969, Luis Alberto Sánchez que todavía representaba la fuerza aprista en el control de la Universidad, se retira, de forma obligatoria, del rectorado de San Marcos, a causa de movimientos de alumnos y profesores de izquierda. Desde entonces, el movimiento universitario se fue radicalizando, a la izquierda del gobierno militar.

Con la Reforma Educativa y la Ley General de Educación del gobierno militar, se plantea la obligatoriedad de la educación, la igualdad de oportunidades educativas y la educación permanente. Los incrementos en la inversión beneficiaron a los pobladores rurales, pero el interés principal del estado en cuanto a la educación gira en torno a la primaria, a combatir el analfabetismo y a ampliar la cobertura de la instrucción superior. En este último punto aparece una contradicción; el Estado pretende expandir la educación, sin embargo intenta gastar lo menos posible en infraestructura educativa. A pesar que el gobierno predicó la participación social, asumió la dirección educativa del país de manera excluyente. En realidad, la comunidad sólo participó construyendo y equipando los colegios del Estado.

Un gran aporte al desarrollo de la educación se dio en 1972 con la creación del INC, que contó con las direcciones de conservación del patrimonio, de Museos, de Biblioteca, de Información Cultural, Desarrollo Cultural y en Formación en Arte. En el año 1984 la Biblioteca dejó de pertenecer al INC y pasó a depender directamente del Ministerio de Educación.

La Reforma Educativa planteó la educación en y para el trabajo. Se crean las Escuelas Superiores de Educación Profesional para brindar carreras intermedias a los egresados de Educación Básica.

Los universitarios tienen la necesidad de conocer el país y opinar sobre él críticamente. Los jóvenes buscan salir al campo para hacer ciencia a partir de las realidades. Las universidades empiezan a masificarse, el presupuesto destinado a las estatales se reduce y las particulares crecen en número.

La crisis económica que afectó al país en 1975 trajo como principales problemas para la educación las restricciones materiales y presupuestales, la disminución del salario de los maestros (algunos llegaron a ganar menos que un obrero calificado) y el incremento de la desnutrición infantil. El número de matrículas decrece, mientras que el presupuesto destinado al sector educación disminuye a 18.4%.

La educación alcanzó una gran cobertura pero a cambio, demostró grandes ineficiencias como el analfabetismo, la desatención de los niños de grupos sociales marginados, la educación al servicio de las minorías, la desconexión de la realidad, la tendencia academizante, la inadecuada formación y selección del magisterio, el burocratismo y la distorsión administrativa y financiera.

Es así que la Reforma no obtuvo los resultados que buscaba, por ejemplo la matrícula descendió de 7'473,000 alumnos en 1978 a 4'800,000 al año siguiente; los docentes no pudieron actualizarse porque el nuevo currículum estaba sobrecargado de adoctrinamiento político, así mismo los escasos centros educativos aumentaron la relación de alumnos por aula. Dentro de estos aspectos negativos es importante mencionar un triunfo, como fue el fortalecimiento del gremio magisterial.

La Reforma Educativa deja resultados parciales que luego intentarán ser rescatados por el régimen belaundista de la década siguiente.

En el campo internacional, el gobierno revolucionario mantuvo estrecha relación comercial y de asistencia militar con la Unión Soviética. En Chile gobernaba el socialista Salvador Allende y los activistas peruanos apoyaban y difundían las luchas populares en el vecino país. Argentina vivía tensos momentos con el regreso del justicialismo en su versión más radical, con los jóvenes y los obreros movilizados, el presidente Cámpora tenía abierto apoyo del gobierno peruano. Finalmente, Fidel Castro y Cuba eran tratados con preferente deferencia. El Perú se integró al grupo de países del "tercer mundo" que se reunían para presentar una alternativa al mundo dividido en dos bloques desde la guerra fría.

Entonces se realizó en Lima una gran asamblea de los países llamados "no alineados" (con ninguno de los rivales de la "guerra fría"). En acuerdo con su línea internacional, impulsaron el Pacto Andino, teniendo a Lima como sede del llamado Acuerdo de Cartagena en el que nació aquel reuniendo a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile.

Huanta 1969

Sin embargo, la movilización social llevó a contradicciones, que los militares pretendieron resolver a la manera de su profesión, poco políticamente, con resultados poco felices. Hubo entonces serios enfrentamientos entre el gobierno y las masas populares. Aunque el régimen gozaba de una tácita aceptación, y los empresarios y propietarios agrarios veían en el modelo un ataque a sus intereses, los sectores populares de la población enfrentaron medidas contrarias a sus intereses o de tinte autoritario. Fue en el tema de la educación donde más claramente se manifestó esto. En 1969, particularmente en Ayacucho y Huanta.

Los días 21 y 22 de junio de 1969, las ciudades de Huanta y Ayacucho se alzaron contra el Decreto Supremo 006, promulgado en febrero de ese año. El dispositivo multaba con cien soles mensuales a los alumnos de secundaria que tuvieran notas desaprobatorias.

El asunto afectaba las economías populares pues las clases medias y acomodadas acostumbraban poner a sus hijos en colegios privados de paga. El pueblo disfrutaba de la gratuidad de la enseñanza secundaria que garantizaba la Constitución. Las sanciones pecuniarias que el gobierno militar pretendía imponer, eran vistas como un intento por suspender esa gratuidad. El alzamiento popular revelaría que siempre que algún intento hubiese por suprimir o reducir esa concesión estatal a los jóvenes populares, la oposición y resistencia no se haría esperar. En 1993, durante la más alta popularidad de un presidente, Alberto Fujimori tuvo un problema electoral cuando casi no pudo refrendar la Constitución en el Referéndum, al correr el rumor que la gratuidad de la educación quedaría suprimida. Sus mayoritarios simpatizantes, de los sectores más pobres de la sociedad, no votaron en consecuencia sino en contra de la constitución fujimorista.

En 1969, los militares encontraron una resistencia más abierta, en una región donde se cobijaban vientos de fronda. Promulgado el decreto, el Frente de Defensa del Pueblo de

Ayacucho se opuso. Desde entonces el frente fue modelo de lo que serían los FEDIP (frentes de defensa de los intereses del pueblo) en los departamentos y regiones, como expresiones de organización política popular, organismos de frente único, con demandas de tipo político, que podían llevar adelante medidas de lucha de tipo gremial y sindical, junto con la agitación y la propaganda políticas.

El F.D.P. ayacuchano, con gran acogida popular, inició gestiones, incluyendo un memorial al presidente Velasco, pidiendo la derogatoria, pero no fue escuchado. Los propios estudiantes escolares se organizan, hacen ausentismo y comienzan a manifestarse. En junio, los huantinos forman un Frente Unico de Estudiantes de Huanta. En el colegio González Vigil los alumnos toman el local aduciendo no pagar las pensiones impuestas por el decreto. Expulsados por la fuerza, los alumnos se declaran en huelga, a la que se pliegan uno a uno los colegios de la ciudad. Fue el inicio de una agitación regional generalizada, que buscaba comunicación con otras ciudades y provincias como Huancayo, Huancavelica y Cusco. En Huanta, la policía tiene el primer enfrentamiento con los estudiantes el 9 de junio.

En huelga indefinida de estudiantes, profesores subrogados por apoyar a sus pupilos, el viernes 13 de junio los enfrentamientos cobraron las primeras víctimas y el pueblo todo se moviliza por sus estudiantes. Un gran mitin eleva la tensión. Fuerzas especiales toman la ciudad y el 21 se lleva adelante una redada con decenas de detenidos que son trasladados a Lima. La ciudad se tiñó de sangre, dos decenas de muertos, entre ellos varios niños. El domingo la ciudad fue cercada por campesinos, sobre todo las madres de familia, que desde las provincias llegaban a Huamanga en apoyo a los escolares que habían empezado en Huanta un movimiento inesperado por los militares en el poder. En medio de violentos enfrentamientos, con más muertos, el pueblo toma la ciudad, incendian el puesto policial y rebasan a las fuerzas de la policía. Ese mismo día las fuerzas especiales del ejército recuperan la ciudad, a fuego abierto y declaran el estado de sitio. Similares escenas se produjeron en el punto de inicio del movimiento, en Huanta.

El 24 de junio, día del campesino, el gobierno derogó lo principal del decreto que generó tan cruentos acontecimientos. La memoria de ese movimiento sin embargo, quedaría presente en la población, formando entre los jóvenes, cuadros políticos dispuestos a luchas violentas que llevarían adelante una década después, con saldo de muertos muy superior y por tiempo tan largo como nunca antes en la historia del Perú.

Los maestros peruanos, el SUTEP y la agitación política

Dos fenómenos sociales se juntaron para dar lugar a una presencia diferente del magisterio nacional en la vida cívica y política. Por un lado, la masificación educativa. Un crecimiento del número de colegios, de maestros y de alumnos, que ha sido una de las revoluciones del siglo XX. A finales de la década de los 80, el número de maestros llegaba a 169,150 de los cuales 135,855 eran del sector público o estatal. Una masa de empleados del estado que presionaba por mejores condiciones de trabajo. La profesión de profesor había sido uno de los canales más importantes de ascenso social para vastos sectores de la colectividad. Por el lado del alumnado, si en 1968, cuando se inició el proceso militar, los egresados del colegio fueron 48,857 a finales de la década de los 80 el número había aumentado hasta 153,100 personas que salían del sistema escolar. Todavía, el porcentaje de deserción escolar, por los problemas económicos de las

familias, no había subido hasta las cotas que lo han convertido en un grave problema en los años 90.

Por otro lado, la organización gremial del magisterio, impulsada por el discurso renovador del proceso militar, en el contexto de la reforma educativa, se desarrolló mucho y terminó siendo controlada por dirigentes radicales. Como en el sindicalismo obrero, los sindicalistas magisteriales, agrupados en el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP), emplearon las tácticas de lo que se llamaba el "sindicalismo clasista". Los maestros eran parte del pueblo, y sumaban sus reclamos a los de obreros, campesinos y estudiantes.

Las estadísticas muestran además una tendencia. En los años 60 ingresaban a la universidad el 40% de los postulantes, en la década siguiente el porcentaje disminuyó a 30% y en los 80, sólo el 20%. La frustración juvenil se convierte así, en un dato histórico, casi mensurable, a pesar de tratarse de algo absolutamente subjetivo.

El gobierno militar se encontró con un enconado frente de crítica y agitación dentro del magisterio. Como en las universidades, donde las posiciones más radicales ganaban predicamento, y de donde provenían muchos de los líderes del sindicalismo magisterial, el SUTEP llevó adelante luchas muy fuertes por reclamos salariales que se transformaban en consignas políticas contra el régimen. Y la represión a sus reclamos y organizaciones no se hizo esperar.

El Ministerio del Interior mediante comunicado oficial Nº 49 dispuso la destitución de los "extremistas" del denominado SUTEP en octubre de 1973. Los acusaban de propiciar en el país una situación subversiva. Y era evidente que existía un creciente movimiento opositor de izquierda al régimen, en ese momento tanto en los sindicatos obreros como en el movimiento campesino. pero mientras entre los obreros la CGTP funcionaba como una cortapisa, defendiendo al régimen y oponiéndose a los sindicalistas radicales, en el campesinado, la fuerza de la Central de Campesinos del Perú, controlada por grupos de izquierda, no tenía frenos. En noviembre, la Comisión Organizadora y Coordinadora de la Confederación de Campesinos del Perú, denuncia la detención del dirigente campesino Andrés Luna, acusado de "atacar" la reforma agraria.

Paralelamente, el régimen tenía que endurecerse con la oposición empresarial, que no aceptaba la fuerza que habían adquirido las demandas obreras y la amenaza que significaban los experimentos de reforma empresarial del régimen. Las autoridades peruanas prohibieron el ingreso al país de Raymundo Duharte, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, quien se encontraba en Guayaquil.

Fue entonces que en la revista Caretas aparece una carta firmada por Horacio Zevallos, Secretario General del SUTEP, desde la prisión del Sepa, donde denuncia que son 500 profesores los que se encuentran detenidos desde octubre.

El gobierno declara al departamento de Puno en estado de emergencia, por la agitación campesina y de los maestros. Se suspenden las Garantías Constitucionales y se establece el toque de queda. Estudiantes universitarios del departamento del Cusco realizan un paro en apoyo al SUTEP y a los trabajadores de Arequipa que también llevaban adelante huelgas. Como resultado del movimiento cusqueño, un estudiante resultó

muerto y 5 fueron heridos. La ciudad se conmocionó y en la agitación se produjo un incendio en el local de SINAMOS.

En una entrevista de César Hildebrant a Tany Valer Lopera, en la clandestinidad, sobre el incendio del SINAMOS, éste declaraba que los estudiantes de la Universidad San Antonio Abad no tuvieron que ver con el incendio, lamentablemente justo el día que realizaron una marcha sucedió el incendio.

Valer llevaba varios meses en la clandestinidad, buscado por Seguridad del Estado por los sucesos de SINAMOS del 23 de noviembre de 1973. Era el jefe de "Patria Roja", el más grande partido maoísta, devenido de dos fraccionamientos del partido comunista, y conformado mayoritariamente por estudiantes y maestros. El poder de este grupo era amplio en la Universidad donde había sido parte del tercio estudiantil, como cogobierno en la casa de estudios. La universidad fue intervenida y la lucha de los de la Federación se hizo a la vez que la de los del SUTEP, dirigida por el mismo partido.

A principios de 1973 se formó una comisión reorganizadora de la Universidad que desde agosto de 1971 había sido tomada por "Patria Roja", destituyendo al rector y nombrando al profesor más antiguo, quien aceptó un "claustro pleno", aparentemente amparado por la CONUP (Comisión Nacional de la Universidad Peruana), que permitió tener un año de control de la universidad a la FUC y a la asociación de empleados que dirigía Angel Avendaño.

Tenían en San Francisco, financiada por el presupuesto universitario, una universidad popular llamada Túpac Amaru, un foco de irradiación de sus ideas. Lograron una experiencia de soviet popular, que el gobierno atacó con la reorganización de inicios de año y la persecución a los dirigentes. Ese era el telón de fondo de los sucesos del SUTEP del año 1973.

El SUTEP anuncia marchas y mítines a nivel nacional protestando por la detención de 23 profesores que fueron trasladados del Potao al Sepa viviendo en condiciones infrahumanas. Proclamándose más tarde una huelga por el aumentó de sueldos a S/. 3.000 soles, anunciado para la quincena de mayo de 1974.

El 16 de mayo profesores del SUTEP son puestos en libertad condicional por el Consejo Supremo de Justicia Militar. El abogado defensor, Dr. Barrantes Lingán, señala que la liberación de los principales dirigentes no se ha logrado. En julio el Secretario General Horacio Zevallos, se reúne con el presidente Velasco, y los Ministros de Educación y del Interior, donde plantea el aumento de sueldos, corte de juicios a los profesores y reconocimiento del sindicato. En setiembre nuevamente el SUTEP se reúne con el presidente Velasco, planteando aumento de sueldos, el reconocimiento oficial y pase de la Mutualista Magisterial a las Cooperativas de Trabajadores de la Educación.

En Consejo de Ministros se indulta al poeta Ángel Avendaño acusado de haber participado en el incendio del local del SINAMOS en Cusco y pone en libertad al vicepresidente de la Federación Universitaria de San Marcos, José Ñique de la Puente.

En octubre el Subsecretario General del magisterio sutepista, Arturo Sánchez Vicente, señala que el Congreso Pedagógico ha acordado "desenmascarar" la reforma de la educación. En noviembre la ruptura del diálogo entre el presidente Velasco y el SUTEP,

era evidente y motiva una serie de comentarios. Poco después se inauguró el I Congreso Nacional sutepista donde el Secretario General Horacio Zevallos atacó la Reforma de la Educación.

Agitación social en 1974

Ese año de 1974 se puede sintetizar en torno a varios sucesos que tenían que ver con la movilización popular desatada por la política del gobierno, y a la lucha política consiguiente:

Luchas campesinas en Andahuaylas, con tomas de tierras que no habían sido afectadas por la reforma agraria.

Formación del Movimiento Laboral de la Revolución en base a la federación de pescadores y la infiltración en organismos sindicales, para contrapesar la influencia del PC y de la ultra izquierda. El MLR reclutaba a sus integrantes entre los pesqueros de Chimbote y curiosamente entre los sindicalistas que habían apoyado a los apristas y fueron desplazados por los jóvenes más radicales

La expropiación de los diarios y la clausura de Caretas, la persecución a los populistas como su secretario general, Monteagudo por los "sucesos de Miraflores", una protesta espontánea de jóvenes de clase media por la expropiación de los periódicos.

En julio, después de la voceada “solución integral” de los medios de comunicación, en horas de la madrugada son interrumpidos los diarios de Lima, y se nombran nuevos directores por el plazo de un año. Por Decreto Ley 20680 se establece el Estatuto de Prensa donde se afirma que la prensa ha estado al servicio de las minorías y que es imprescindible de los sectores significativos de la población expresen sus distintos enfoques ideológicos.

Un grupo de jóvenes miraflorinos transformaron una simple protesta en un tumulto que duro tres días a fines de setiembre, el centro de Miraflores se convirtió en escenario de una batalla campal entre las fuerzas policiales y los ciudadanos jóvenes entre los 15 y 22 años. Fue simbólico el lugar y la característica de la población que se manifestó, esencialmente jóvenes menores de veinte años. La prensa que había pasado a manos de nuevos directores nombrados por el gobierno, reaccionó tildándolos de “pitucos” agitados por contrarrevolucionarios. El blanco de la redada que organizó Seguridad del Estado fue Acción Popular, varios de sus líderes fueron apresados y puestos en “el Potao”, incluido el secretario general interino y ex senador por Cusco, Ricardo Monteagudo, también los hermanos Felipe y Miguel Alva Orlandini, parte de los 21 populistas que fueron involucrados.

La lucha magisterial y el enorme poder que adquiría el SUTEP no dejaba de ser parte del cotidiano político. Las luchas regionales se sumaban a ello. En Chimbote la población se movilizó para que no despidan trabajadores en SIDER PERU y en Cusco y Puno la intranquilidad no cesó por diversos motivos. Siempre el SUTEP tenía una fuerza determinante. Ya en 1978 los maestros, que tenían al frente al SUTEP, llenaban las plazas cusqueñas, como en el día del Cusco, desfilando por cuadras ante la aclamación popular.

En la provincia de Andahuaylas miles de campesinos ocuparon 17 haciendas negociando con sus autoridades para obtener el poder sin pago alguno. Las tomas de las haciendas se realizaron a mediados de julio y principios de agosto, los campesinos conjuntamente con los dirigentes de la Federación Nacional de Campesinos de Andahuaylas y la Confederación de Campesinos del Perú, con autoridades militares y políticas de Agricultura, para suscribir un acta de compromiso sobre la política a regirse este año. El Acta de Huancahuacho dio constancia de no aceptar el pago de la tierra y la lucha contra el gamonalismo, el latifundismo y el imperialismo.

En setiembre la Confederación Campesina del Perú informa que la toma de tierra en Andahuaylas se realiza en contra del latifundismo y comprende la recuperación de 47 haciendas. Sin embargo, fue detenido Ricardo Letts, uno de los jefes de Vanguardia Revolucionaria y asesor de la Confederación Campesina del Perú, cerca al Jirón de la Unión, fue recluido en el penal de Lurigancho. El partido Vanguardia Revolucionaria controlaba la CCP y salió a la luz con sus posiciones políticas, por lo que al uso de la fuerza acostumbrada por el gobierno, su líder, Edmundo Murrugarra, fue detenido en julio del año siguiente.

Durante la década anterior, el movimiento campesino había estado dirigido por las primeras organizaciones maoístas, desprendidas del Partido Comunista y cuyo jefe era Saturnino Paredes Macedo. La Central de Campesinos del Perú (CCP), que había sido fundada en 1948, no tuvo vigencia hasta la coyuntura de luchas por la tierra entre 1959 y 1964, cuando la lucha de los militares contra las guerrillas puso el primer capítulo de lo que sería un baño de sangre dos décadas después. Fue en el contexto de la aplicación de la reforma agraria que nuevos grupos políticos entraron a controlar la confederación. Un maoísmo menos dogmático, representado por el grupo Vanguardia Revolucionaria, uno de los principales troncos de la izquierda radical, logró dominar la CCP. En el IV Congreso de la CCP realizado en 1974, Vanguardia Revolucionaria se estrenó como el comando de los campesinos. Las primeras acciones que lideró fueron las tomas de tierras en Andahuaylas, donde destacó un líder integrado entre los campesinos, Julio César Mezzich, posteriormente involucrado en el terrorismo que en la década siguiente desataría Sendero Luminoso.

Hacia la crisis de la "primera fase"

Conjura política de siniestros interés o estallido popular de protesta, los sucesos del 5 de febrero de 1975 fueron el acontecimiento del año, abriendo la coyuntura de descomposición del régimen militar inaugurado en 1969. Frentes internos en el gobierno, alianzas y enfrentamientos entre ellos, se comienzan a manifestar en el tratamiento del movimiento. Los encargados de las fuerzas operativas no cumplieron con proteger a la población, peculiarmente el General Leonidas Rodríguez Figueroa, líder del reformismo militar, quien fue acusado por algunos analistas de maniobrar en función de una estrategia política hacia el futuro. El propio Velasco Alvarado lo acusó en una entrevista que concedió luego de su derrocamiento y antes de que su salud resquebrajada lo llevara a la muerte. Mientras en el seno de los habitantes de la ciudad, una carencia de valores, una fácil tendencia a la patología social, manifestó que el modelo económico daba frutos poco deseables. Todo empezó con una huelga policial. El día 3, personal subalterno de la Guardia Civil se negó a cumplir con las guardias que les correspondían. Un general, Ibáñez Burga, abofeteó públicamente a un guardia. Demandas gremiales fueron levantadas y la policía se declaró en huelga. En un gobierno

militar, autoritario, que la propia fuerza se indisciplinara era un desafío inaceptable. El conflicto fue encarado militarmente. La oficialidad de la policía, institucionalmente descontenta, recibió con benevolencia la insubordinación del personal subalterno, rebelado por la precaria situación de sus economías y condiciones de servicio.

Los huelguistas tenían líderes, entre los que destacaba Julio Cortegana. Ellos tomaron contacto con los estudiantes universitarios. Hijos de guardias civiles, estudiantes de la Universidad Federico Villarreal, entablaron diálogo con la dirigencia del ARE (Alianza Revolucionaria Estudiantil) que controlaba la federación universitaria y tenía una posición heterodoxa y beligerante dentro del partido. Villarreal era el último bastión universitario aprista luego que Luis Alberto Sánchez dejara el rectorado de San Marcos y las dirigencias universitarias pasaran a control de los grupos de la extrema izquierda. Los agitadores apristas y estudiantiles apoyaron las reivindicaciones policiales y se prepararon para la huelga, prevista para el 18 de enero.

La huelga se trató de solucionar con la mediación de la iglesia. El Obispo Luis Bambarén dialogó con los huelguistas y se logró una entrevista entre el ministro Richter Prada y Cortegana por los huelgistas. El General no cedió y apuntó que una falta así no se podía pasar por alto. El día 4 se acordó develar el movimiento, lo que se efectivizó la madrugada del 5 de febrero, cuando la tropa se aprestó a tomar los reductos policiales, particularmente la comandancia de La Victoria, llamada de Radio Patrulla. Pero la fuerza militar no salió a patrullar las calles sin vigilancia policial, ni siquiera en la mañana del 5 de febrero.

El comando de huelga y los estudiantes dirigidos por el ARE salieron a las calles para realizar un mitin, pero en el camino, los piquetes de agitadores, enardecidos, comenzaron el vandalismo, incendiando el diario Correo, cerca del SINAMOS, el blanco principal de lo que ya era una turba. Igual suerte corrió el Casino Militar de la Plaza San Martín. No lograron acercarse a la embajada norteamericana y el intento de incendiar el diario Expreso fue repelido por los propios trabajadores.

Masas descontroladas comenzaron el pillaje, que se generalizó a primera hora de la tarde. El ejército salió a las calles y un centenar de personas encontró la muerte, un buen porcentaje de hombres con prontuario policial, delincuentes y lumpen, pero también gente pobre, sin antecedentes, la mitad de ellos obreros y los otros desempleados y mujeres de su casa, que se animaron a robar televisores. Un millar fueron detenidos, se declaró el estado de sitio y en la noche, operaciones de rastrillaje detectaban artefactos eléctricos en oscuras habitaciones de tugurios y asentamientos pobres de la ciudad.

El acontecimiento fue un estallido espontáneo, aunque la juventud radical aprista y algunos agitadores profesionales hubieran estado involucrados en el inicio de todo. El partido de Haya de la Torre no ordenó la acción, incluso sancionó a algunos dirigentes. La prensa adicta al régimen y antiaprista en esencia, acusó al Apra y sindicó a uno de sus agitadores Juan Enciso, como responsable. Pero sólo fue un ala del partido la que cobijó de alguna manera a las juventudes que sin dirección agitaron a los personajes urbanos de la pobreza, la calle misma, la masa popular de una gran ciudad, quienes terminaron desbordando toda conducción.

El ataque a los medios de prensa revelaba la polarización política en el régimen. Los diarios expropiados eran parte fundamental en la lucha de fracciones. Visualizados así,

fueron blanco político. Correo y Ojo fueron las víctimas ya que la ira de los agitadores iba contra el más provocador de los tabloides, el Expreso cercano al Partido Comunista y anti aprista en doble mediada, por su adicción al discurso oficial y por su vínculo con los gremios y células del comunismo oficial. Luego, los diarios pedirían de distintas maneras sanciones a los responsables, y avaluarían los sucesos. Todos consideraron los sucesos como una maniobra contrarrevolucionaria, acusando por igual a la CIA, el Apra y la ultraizquierda, pero, más allá de la exaltación discursiva de sus análisis, lo importante de esos textos fue mostrar que varias opciones se movían en el interior del gobierno, pugnando por solucionar lo que, desde ese momento, era una evidente crisis de representación política.

Una secuela policial

Los dirigentes fueron dados de baja, pero formaron un movimiento llamado justamente "5 de febrero". Luego, ya durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde, el 23 de mayo de 1983, se organizó otra huelga de la policía. Movimiento gremial, que revelaba la labor que el grupo de activistas de 1975 había mantenido dentro del personal policial. El líder de 1983 fue un sargento de apellido Palomino. Cortegana recuerda que hubo un antecedente a estos movimientos, el 31 de enero de 1965, un primer motín, en el que también había participado. En 1983, se revivieron las demandas por las condiciones de trabajo, pero también, estuvieron presentes las circunstancias de la guerra contra Sendero Luminoso, que había estado en manos exclusivas de la policía hasta ese año. La situación política que se abrió con este nuevo acto gremial de los policías, aunque no tuvo la envergadura de lo ocurrido en 1975, fue también muy grave, sobretodo por lo que ocurría paralelamente. En ese mismo mes de mayo, en un acto nuevamente excesivo, la Guardia Republicana, que tenía a su cargo los penales, incursiona violentamente en el Penal "El Frontón", acabando con la vida de dos inculpados por terrorismo. El 25 se suspenden las garantías constitucionales decretando el estado de emergencia en Lima y Callao, como consecuencia del amotinamiento y huelga policial en la Unidad de Servicios Especiales. Al poco, el 27 Lima sufre el más grave atentado terrorista de su historia, experimentando tres apagones sucesivos a consecuencia de la voladura de diez torres de alta tensión. La manera como se comenzó a percibir un deterioro en la calidad de vida de los peruanos, luego de la reinstauración democrática, debe apoyarse también en la constatación que esta huelga policial y los atentados que afectaban Lima, ocurrieron al poco de la última huelga nacional que llevó a cabo con cierto éxito la CGTP, también poco después de los sucesos de Uchuraccay y la consiguiente información acerca de la violencia en la "zona de emergencia". En esos meses, para terminar, se percibía con entera claridad la magnitud que había tenido el fenómeno de "el niño" de ese verano, el más intenso del siglo hasta entonces.

La "segunda fase"

El 29 de agosto de 1975 se produjo un golpe de estado. Desde Tacna, la ciudad heroica, se pronunció el general Francisco Morales Bermúdez. Había logrado aliar bajo su hegemonía el ala radical de los militares con los tecnócratas, entre los cuales él mismo se contaba. Poco antes, el rumor de un belicismo contra Chile, gobernado entonces por una dictadura de derecha encabezada por Augusto Pinochet, un general que había escrito obras de geopolítica que los militares peruanos veían con recelo, hacía presagiar una salida peligrosa para el futuro. Por eso fue que la elección de Tacna para el pronunciamiento, tuvo un claro simbolismo militar. El nuevo régimen estaba dirigido

por militares que reclamaban una conducción más institucional y menos personalizada del gobierno. Velasco Alvarado debía ya haber pasado al retiro, pero como líder revolucionario se mantenía en el poder. El ala derechista de la revolución, que propugnaba acciones violentas de enfrentamiento de las contradicciones sociales, que el mismo modelo había desatado, presionaba al jefe de la revolución a quedarse, a pesar que su estado de salud era precario. En 1974 le habían amputado una pierna, lo que le impidió estar más en contacto con los jefes del interior. El golpe significó más la salida del ala que comandaba el ministro Javier Tantaleán Vanini que la de Velasco, que, resignado, dejó el mando y no hizo resistencia. Solo después hizo declaraciones, que mostraban a una persona debilitada y al fin de su ciclo, como que poco después, la enfermedad volvió a hacer presa de él y falleció antes de que concluya el régimen que él mismo había fundado. En 1980, una bomba destruyó parcialmente su tumba, los odios no se acallaban, anunciaban una violencia que no se esperaba.

Una reunión internacional de los países "no alineados", que se realizó en Lima, fue inaugurada por un debilitado Velasco y clausurada por un sólido nuevo presidente, Morales Bermúdez. La "segunda fase" significó al comienzo una disputa entre los generales radicales, que querían "la profundización del proceso" y quienes pensaban que había que detener y retroceder en el proceso reformista en camino a establecer una transición política que devolviera el poder a los civiles. Estos últimos lograron imponerse, en medio del inicio de una crisis económica desde 1976. Medidas antipopulares en la economía se dieron al poco de inaugurado el régimen, obligando Morales Bermúdez a sus eventuales aliados a anunciarlas al pueblo, con el velado propósito de desprestigiarlos ante sus apoyos de base. Uno a uno, los radicales del régimen fueron dejando sus cargos, empezando por el general J. Fernández Maldonado. Estos personajes salidos del régimen se conocieron luego como "primafásicos" y formaron un grupo político que se llamó Partido Socialista Revolucionario (PSR).

En forma general, se puede afirmar que el modelo de desarrollo impuesto por los militares con relativo éxito, se había agotado. Las propias contradicciones de su modelo los llevaron al fracaso. Un sistema económico basado en la ampliación del consumo, el mantenimiento de los salarios reales elevados y la dinamización del mercado interno, requería de una producción elevada y sostenida. Pero el sector agrario, afectado por los cambios en la propiedad y la gestión, por las sequías y alteraciones del clima, por la amenaza del pago de la deuda agraria, no cumplió con el rol de abastecer de los alimentos necesarios para las ciudades que crecieron aceleradamente. La importación de alimentos afectó la balanza de pagos. La industria dependiente presionaba también sobre las exiguas divisas. La inversión extranjera se había obviamente replegado y el ahorro interno en esas condiciones era mínimo. La crisis era un hecho antes de que Morales Bermúdez iniciara la era de los "paquetes" económicos que, de tanto repetirse y aumentar sus efectos sobre los ingresos populares, fueron luego conocidos, con humor resignado como "paquetazos" más que paquetes.

La crisis económica incentivó movilizaciones de trabajadores que culminaron en las grandes huelgas nacionales de 1976 y 1977. El 19 de julio de 1977 se llevó a cabo el primer paro realmente nacional. Los obreros lideraron al pueblo en todas las regiones. Primero fueron movimientos regionales que anunciaban una voluntad popular de lucha, luego se centralizaron las demandas y la organización, bajo la cubierta de la CGTP. Fue una acción que los dirigentes llamaban "clasista". Los sindicatos se habían fortalecido

durante los años previos con apoyo de la CGTP que tenía fuerza de negociación en el sector trabajo. Junto a los cuadros políticos del Partido Comunista otros de la izquierda radical impulsaban movimientos "clasistas", es decir, que tenían el sello de la conducción de la clase obrera hacia la revolución.

Los dirigentes obreros fueron despedidos y la represión militar fue intensa, pero a la vez, presionados por la crisis, las demandas de los empresarios y los políticos que negociaban ya nuevamente el poder, los militares reconocieron en la gran movilización de julio de 1977 un punto de quiebre. Fue entonces que se convocó a una Asamblea Constituyente, paso previo al retorno a la democracia representativa.

La convocatoria a la Asamblea estuvo marcada por una intensa lucha social. La posibilidad de un poder constituido elegido democráticamente por el pueblo era una contradicción con la existencia de un gobierno dictatorial, agotado y regulando una crisis económica creciente. Los movimientos sindicales tenían un tinte político, "los militares quieren quedarse" decían los titulares, "todos al paro nacional". Pero ya la fuerza de julio de 1977 no pudo repetirse. Los líderes de izquierda fueron deportados, algunos antes de las elecciones, otros en el mismo proceso electoral, como ocurrió con el General (r) Leonidas Rodríguez Figueroa.

Los resultados electorales fueron inesperados. El Apra y Víctor Raúl Haya de la Torre repuntaron enormemente y ganaron con 1'241,174 votos que le otorgaron 37 representantes. La organización del ex alcalde de Lima, Luis Bedoya Reyes, un fraccionamiento de la democracia cristiana, obtuvo, 835,552 votos y 25 representantes. El frente que formó Genaro Ledesma Izquieta, llamado Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP), obtuvo 433,413 votos, la mayoría para el sorprendente candidato Hugo Blanco, acreditando 12 representantes. Acción Popular no compitió y la Democracia Cristiana tuvo una votación magra, pero colocó entre sus representantes a su líder histórico, Héctor Cornejo Chávez, aliado de AP primero y luego del gobierno militar. La izquierda, que presentó varios frentes, obtuvo en su conjunto el 30.41% de los votos.

En 1971, cuando ya se aplicaba la reforma agraria por la que había luchado y hecho prisionero, Hugo Blanco fue amnistiado por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, pero debido a sus actividades políticas que buscaban radicalizar los alcances de la reforma agraria dictada por el gobierno en 1969, fue deportado a Chile. Allí Blanco participó de la experiencia del gobierno socialista del presidente Salvador Allende, que al ser derrocado el 11 de setiembre de 1973, logra salvar la vida y viajar a Suecia donde realiza una campaña internacional en favor de los refugiados latinoamericanos, ya que en esos años existían numerosas dictaduras militares.

Con la movilización popular entre 1977 y 1978 en el Perú contra la dictadura militar del general Francisco Morales Bermúdez, y en el contexto de la convocatoria a elecciones para una Asamblea Constituyente, Blanco regresa al país como otros tantos exiliados. En 1978 participa en el V Congreso de la CCP, realizado en la comunidad de Equeqo Chacan, en Anta, Cusco. El cónclave fue una reunión de los más importantes líderes de la izquierda. Ahí estuvieron, desde los vanguardistas Andrés Luna Vargas, secretario de la CCP, Javier Diez Canseco, líder del grupo VR, junto con la plana mayor del mismo, Julio César Mezzich, ensimismado y distante, que preparaba su salida hacia los grupos radicales y Hugo Blanco, recién repatriado y electo constituyente, con un lenguaje

directo y simple, en la cumbre de la resurrección de su mito personal entre los campesinos. La sede del evento era una comunidad que había recuperado tierras de la cooperativa Antapampa, una sociedad agrícola gigante, ejemplo del proyecto de la reforma agraria, que había fracasado por las luchas de los campesinos que demandaron sus derechos frente a la imposición estatal.

Blanco fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que unifica a diversos grupos trostkistas. Para las elecciones a la Asamblea Constituyente había participado en la lista del Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP) que lideraba Genaro Ledesma, abogado que había defendido los campesinos de la sierra central que también lucharon por sus tierras, retratados en las novelas del escritor Manuel Scorza, quien también participó en la lista del FOCEP. De entre todos los dirigentes de la izquierda es elegido con la máxima votación. En total los diferentes partidos de izquierda logran un tercio de la votación nacional por lo que se abrían posibilidades de unificar fuerzas en perspectiva de las elecciones generales de 1980. Dicho intento por conformar la Alianza Revolucionaria de Izquierda (ARI), en donde Blanco sería el candidato a presidente, fracasaría rotundamente por la división crónica de los pequeños partidos de izquierda y los personalismos políticos. La lucha de Blanco frente al abogado Alfonso Barrantes, que luego sería alcalde de Lima y líder de la Izquierda Unida, polarizó los distintos grupos izquierdistas. En las elecciones Blanco postularía con su propio partido obteniendo una reducida votación, pero logra ser elegido diputado por el departamento de Lima. No participó en las elecciones generales de 1985, y en las elecciones de 1990 salió elegido senador por las listas de Izquierda Unida (IU). Durante todo este período fue dirigente nacional de la Confederación Campesina del Perú (CCP).

Regresando al resultado de la Asamblea, el 2 de agosto de 1979, luego de alcanzar a firmar la Constitución, que había anunciado sería la del siglo XXI cuando como Presidente inauguró la Asamblea, Víctor Raúl Haya de la Torre falleció víctima de una enfermedad terminal. Las calles tuvieron un discreto silencio, mucha gente acudió a su entierro, los líderes de su partido se miraron con recelo pensando en la sucesión. El pueblo detuvo muy brevemente una agitación que había acompañado sin desmayo los debates constitucionales: huelga nacional de julio conmemorando la heroica de 1977, maestros del SUTEP en larga lucha sindical. Campesinos de la CCP luchando contra las imposiciones de las Cooperativas y tomando tierras bajo la dirección de líderes radicales.

La nueva constitución representó una transacción entre el APRA y el PPC. Fijó el mandato presidencial en cinco años y estableció la práctica de la "segunda vuelta" electoral si ningún candidato lograba la mitad más uno de los votos (lo que se aplicaría en las segundas elecciones que se convocaran, dejando la de 1980 a la usanza del voto mayoritario). Lo más importante fue, sin embargo, la concesión del voto a los analfabetos; en el Perú de entonces uno de cada cinco peruanos era analfabeto.

El resultado electoral de 1978 no presagiaba lo que ocurrió en las elecciones presidenciales de abril de 1980. Ganó con comodidad el mismo hombre que los militares habían derrocado indecorosamente en 1968: el arquitecto Fernando Belaúnde Terry.

La naturaleza política de la "segunda fase"

El Plan Túpac Amaru, de 1978, vino a remplazar al Plan Inca, y estaba destinado a garantizar una nueva Asamblea Constituyente. La historia del Perú vería un acontecimiento sorprendente cuando, gracias a la gestión política de los estrategas militares que iban a dejar el poder, terminó siendo el presidente de la Asamblea Víctor Raúl Haya de la Torre. Décadas de cruento enfrentamiento entre militares y apristas, terminaron cuando los enemigos de resultaron los discretos aliados de 1978. La fatalidad hizo que Haya de la Torre no llegara a vivo a las elecciones de 1980, la muerte lo sorprendió antes, alcanzando como dijimos sólo a firmar la "Constitución del siglo XXI" como la pensaron sus autores, sin saber que luego de una lamentable experiencia del APRA en el poder entre 1985-1990, los mismos militares que la cobijaron, la tirarían por la borda.

En enero de 1977 reapareció Caretas. El primer número de marzo de 1975 fue requisado por la PIP, la entonces Policía de Investigaciones del Perú lo hizo retirar de la circulación. Traía una información sobre los sucesos del 5 de febrero, en separata, que fue lo que buscaban los investigadores en los puestos de venta, hasta que terminaron llevando todos los números que encontraron. En una muestra del cierto humor o malhumor con el que se procedía por entonces, los editores rescataron números y los hicieron circular. En julio de 1974, cuando se tomaron los periódicos por la ley de prensa que lo ordenaba, la revista por cierto se opuso y consiguió ser clausurada, pero por poco tiempo, reapareciendo, con gracia "pálidos pero serenos" según su carátula de retorno. Pero en 1977 las cosas serían algo diferentes. Con el ejemplar siguiente al de la incautación autoritaria, que llevaba a Haya de la Torre en la carátula, la suerte fue menos graciosa y la revista fue clausurada. La clausura duró 22 meses, hasta iniciarse 1977. Hubo un acuerdo para ello, la revista, como otras publicaciones, no debía atentar contra la unidad de las FF AA y la seguridad nacional. En otras palabras, se estableció un cierto compromiso entre ambas partes, sin por ello afirmar que se tratara de algo fijo o escrito, era un acuerdo tácito, el regreso a la democracia era algo que interesaba al régimen, la circulación de la revista a los editores.

Por entonces, la llamada segunda fase del régimen mostraba los signos del cambio. Los políticos de Acción Popular regresaron del exilio, incluso Belaúnde Terry, que pasó un tiempo corto antes de retirarse nuevamente a los EE UU donde se desempeñaba como profesor universitario. Manuel Ulloa sin embargo se quedó en Lima y los activistas se pudieron reunir nuevamente de manera pública. Pero a la vez, Leonidas Rodríguez Figueroa, junto con otros jefes militares pasados al retiro, que habían fundado el Partido Socialista Revolucionario (PSR) como seguidores de las conquistas de la revolución, aunque sin el apoyo de Velasco Alvarado, siguieron el camino inverso, abandonando el país en destierro obligado.

El último ministro de economía del régimen militar, Javier Silva Ruete, se encargó de enfrentar la crisis económica final de este gobierno. El sector que ofrecía los resultados más llamativos fue la Balanza de Pagos. Después de haber arrojado pesados saldos negativos en 1975 y 1976, en 1978 registró un pequeño saldo positivo al que siguieron los $ 1,579 millones de 1979 y los $ 772 millones de 1980.

Entre 1977 y 1980 el crecimiento de las exportaciones petroleras se debió a la puesta en explotación de los yacimientos de la selva y la construcción del gran Oleoducto Nor-Peruano.

La restricción de las inversiones, al dejar insatisfechas múltiples demandas básicas del país, originó, a partir 1980 una fiebre importadora.

El sector donde Silva Ruete no alcanzó los resultados esperados fue el de la inflación, la cual, luego de subir de 32.4% en 1977 a 73 % en 1978, sólo bajó en este último año; no pasaría de 40%.

Durante 1980 se mantuvieron los precios en nivel de equilibrio, controlando la inflación, por lo que fue necesario mantener importantes subsidios, principalmente en el arroz y aceite. Esto vino a poner un pesado lastre en el presupuesto, que se sentiría cuando ya los militares dejaron el poder a sus sucesores.

El 30 de julio 1979 se convocó a elecciones presidenciales, que se desarrollaron el 18 de mayo de 1980. El triunfador fue el arquitecto Fernando Belaúnde Terry con 45.37% de votos, ocupando el segundo lugar el APRA y el tercero el Partido Popular Cristiano. Las izquierdas, que habían sido la segunda fuerza electoral en las elecciones de 1978, no consiguieron un resultado a la altura de sus espectativas (recuérdese el protagonismo que tuvieron en el tiempo de la dictadura y la radicalización de varios sectores organizados de los trabajadores) debido a la ruptura que tuvieron entre las diversas tendencias que la conformaban.

Una violenta transición, 1979

La preparación de la transferencia del poder a los civiles estuvo marcada por un ambiente político muy crispado, sobre todo por las luchas sociales. Entre la clase política, algunos acuerdos facilitaban la transición. Se había logrado un sutil acuerdo entre los militares con el APRA, que se visualizaba como la fuerza que posiblemente ganaría las elecciones. Acordados los términos constitucionales entre el partido de Haya de la Torre y el PPC que representaba la fuerza moderada de la derecha, las reglas de juego eran más fáciles de establecer. Consolidado el frente militar bajo el comando de Morales Bermúdez, decidido a llevar adelante el proceso de transferencia, no corría peligro su realización. La única piedra en el camino era la crisis económica que se mostraba ingobernable. Sobre ese fondo, la presión por reducir el nivel de vida de los obreros, disminuir gastos públicos, ajustar la economía, llevó a una activa lucha de los sindicatos y los políticos de izquierda, acicateados por la gran votación obtenida en 1978. Nuevamente aparecería el magisterio en la escena política.

En enero, el año comenzaba para los militares muy claramente, el gobierno de las Fuerzas Armadas decidió prorrogar por 30 días más las disposiciones del estado de emergencia y la suspensión de las garantías individuales, pues se avisaban intentos de revivir la gran huelga de julio de 1977. Del 6 al 12 se realiza el Paro Nacional Unitario que convoca la CGTP y otras organizaciones para los días 9, 10 y 11. La permanencias de medidas preventivas como la suspensión de garantías, el estado de emergencia y la prohibición de circular de algunas revistas y seminarios, hacían de la situación, aun con una Asamblea Constituyente sesionando, un escenario abiertamente autoritario. Los sindicatos, golpeados por los despidos de sus dirigentes luego de la huelga de 1977, no lograron reditar sus jornadas exitosas, fracasando el paro convocado por la CGTP. Mientras, el fusilamiento del sub-oficial FAP Julio Vargas Garayar acusado de espía y

la declaración de "persona no grata" al Embajador de Chile en el Perú, Francisco Bulnes, pusieron de manifiesto un oportuno deterioro de las relaciones con Chile.

Del 17 al 23 de marzo se produce el más tenso enfrentamiento entre el gobierno y la Asamblea Constituyente a raíz de la exigencia de reapertura de las revistas clausuradas. Revistas radicales, de varios de los grupos de izquierda, junto con la más sólida Marka vieron unirse al grupo de las clausuradas a Caretas. Circulan rumores sobre el malestar existente entre algunos sectores de la Fuerza Armada que veían con incomodidad la colaboración que existe entre el ejecutivo y los dirigentes del APRA. Pero también se supo de un posible intento del propio Presidente Morales Bermúdez de postular a las elecciones venideras. Mientras que las primeras planas de la prensa se ocupaban de la deteriorada salud de Haya de la Torre.

En abril, 19 periodistas de 8 de las 10 publicaciones clausuradas se declararon en huelga de hambre indefinida al exigir el levantamiento de las disposiciones que pesan sobre las publicaciones. En la última sesión plenaria de la constituyente Hugo Blanco y Enrique Fernández Chacón, trotskistas del FOCEP, se declararon en huelga de hambre. Reaparecieron varias revistas que el gobierno clausuró, pero todavía no se dio anunció oficial respecto a Caretas, Marka, Equis X, Kunan, Clase Obrera y FOCEP. Declaraciones del presidente interino de la Asamblea Constituyente respecto a concluir la redacción de la Constitución y convocar a elecciones en el mes de diciembre.

Entonces se denunció la existencia de un "plan subversivo" alentado por el Partido Comunista del Perú "Patria Roja", cuyo punto clave era la agitación del sector magisterial y estudiantil. Patria Roja había sido el partido de izquierda más radical al no aceptar participar en las elecciones a la Asamblea, considerando las elecciones un "circo burgués", siendo para ellos el camino de las masas la toma del poder por las armas. Por eso la tensión fue muy grande cuando en junio, la huelga magisterial, sumada la de los trabajadores no docentes de las universidades y la anunciada de los trabajadores del Banco de la Nación, mostraban a los sindicatos muy sólidos en su movilización. Poco después, terminó el ciclo de una de las tribunas medianamente democráticas, la Asamblea Constituyente, desde donde los políticos de izquierda no cejaron en difundir muchos de los problemas que agobiaban a los sectores populares y alentar sus movilizaciones.

Las fábricas seguían cerrando y reduciendo personal. Los obreros no demoraban en tomarlas. El caso de la fábrica Cromotex sería paradigmático. Los obreros la tomaron y resistieron un asalto policial, muriendo un policía y varios obreros. Uno de sus líderes, NESTOR SERPA, sería luego un personaje conocido internacionalmente en su papel de comando terrorista en los 90.

Las sesiones de julio del Consejo de Ministros aprobaron el alza de precios, reajuste de remuneraciones y una ley que buscaba reactivar el sector de construcción para lo cual crea un Fondo Nacional De Vivienda.

Se aprueba la Constitución en la cual Haya de la Torre, presidente de la Asamblea Constituyente, en su lecho de enfermo, logro poner temblorosamente su firma.

El 19 de julio se quiso conmemorar el gran paro del año 1977, otro Paro nacional de protesta llevado a cabo por las más importantes y representativas organizaciones

laborales. El paro logra una cierta acogida, nunca igualable a la de 1977. Se anunció la realización de elecciones para el 18 de mayo de 1980.

El gobierno de las Fuerzas Armadas emite un Decreto Supremo declarando duelo nacional por la muerte de Haya de la Torre, presidente de la Asamblea Constituyente.

Se produjo la ruptura del FOCEP, de un lado quedó Genaro Ledesma, del otro Hugo Blanco. Asimismo se integró el frente formado por el Partido Comunista, el Partido Socialista Revolucionario y un sector del FOCEP. La izquierda daba un constante espectáculo de divisiones. Los abstencionistas de "Patria Roja" deciden participar en las elecciones.

Acción Popular en su IX Congreso Nacional designó como candidato presidencial a Fernando Belaúnde dejándole en libertad de elegir a sus acompañantes.

Los aprestos electorales eran tema de debate. La formación de grupos en la izquierda, la determinación de participar de Belaúnde, la muerte de Haya y los conflictos por la sucesión que debilitaban a las huestes apristas, ocupaban la atención y los afanes de los políticos. Pero lo que más agitaba el ambiente era la huelga magisterial, que alcanzó 80 días. Se continúa la toma de locales escolares, la huelga de hambre y el enfrentamiento con las fuerzas policiales.

Por Decreto Ley 22652 se establece el mecanismo electoral que regirá las elecciones del 18 mayo de 1980. Por dispositivo legal se expresa que para los comicios el territorio de la República constituye distrito electoral único en el caso de elección presidencial y de senadores. Para la elección de diputados son las demás provincias. Se establece que la Cámara de Senadores estará integrada por 60 representantes y la de Diputados 180. El nuevo Decreto Ley recoge la disposición por la que se concedió el derecho a voto de los peruanos residentes en el extranjero.

Se encuentran en huelga de hambre 32 dirigentes políticos pertenecientes a la Izquierda en la Casona de San Marcos, presionaban al gobierno a resolver la huelga magisterial que sobrepasó los 90 días. Cuando fueron evacuados los últimos huelguistas de la Casona de San Marcos, la huelga no se había solucionado.

La CGTP entonces llama a una Asamblea Nacional para decidir la probable convocatoria a un paro nacional de 48 horas. Se produjeron nuevas tomas a locales de organismos internacionales, embajadas, claustros universitarios e iglesias. El levantamiento de la huelga de hambre que sostuvieron 32 dirigentes políticos de Izquierda concluyó con sabor a fracaso, los militares mantenían férreamente el orden, decididos a no interrumpir el proceso electoral.

En octubre el SUTEP acordó suspender la huelga que venía realizando desde el 4 de junio. El nombre del sindicato magisterial se había convertido en un grito de guerra. Sin embargo, los radicales de "Patria Roja" no mantuvieron la línea que habían tenido hasta entonces de abstenerse de participar en las elecciones, más bien entran en confusas y dogmáticas discusiones con los otros partidos para definir candidatos. Sólo unos grupos radicales, aparentemente pequeños, mantenían la línea de la guerra popular, entre ellos, uno denominado Sendero Luminoso.

Fenómenos culturales y de comunicación

Las telenovelas y la audiencia popular

La radionovela del cubano Félix Caignet en 1949 llegaba a las fibras sentimentales de la población. El derecho de nacer narraba la historia de Albertico Limonta y su madre Dolores, el hijo natural de tez blanca, la madre negra. Convertida en telenovela en los 60, se instaló en las tardes familiares de miles de hogares, descubriendo para la televisión un espacio de masas que anidaba tras las cuatro paredes y los llantos de la gente de la casa. Las telenovelas, como en toda América Latina, fueron un suceso que llegó a su clímax en la década de las esperanzas y los sueños. Lima fue un centro irradiador de ese sentimiento y esa forma de expresión. Dos telenovelas, una en sociedad con la televisión mexicana y otra con la argentina, dos polos líderes en la producción del género, se hicieron en el Perú, alcanzando éxito continental: Simplemente María y Nino. Sobre todo la primera, cuya escena definitoria, el matrimonio de la servidora del hogar con el hijo de la casa, fue un espectáculo multitudinario que se filmó en la capilla a las afueras del Estadio Nacional en el verano de 1970.

Una nueva expresión cultural: la chicha

Corrían los años 60 y la música tropical foránea tenía impacto en Latinoamérica y también en el Perú. La revolución cubana hizo cambiar el rumbo de la historia. Estados Unidos no perdonó el destino socialista de la isla y el bloqueo no sólo fue económico sino además musical. En el mundo de la música se produjo un giro de la guaracha, mambo y cha-cha-cha al joropo venezolano y a la cumbia colombiana. La Nueva Ola y el Rock fueron el caldo de cultivo de los gustos comerciales en estos años de convulsión.

Por otro lado buena parte de Lima ya era tomada por la población andina. La música tropical tuvo tal impacto que se extendió por todo el territorio peruano, llegando hasta la región amazónica. Una agrupación musical de la comunidad nativa shipiba interpretaba con sus instrumentos regionales el tema "La pollera colorada". Había bandas musicales andinas que mezclaban el huayno con la cumbia.

La mezcla del huayno y la cumbia era la sensación del momento, hasta que los "Demonios del Mantaro" fueron más allá de una simple mezcla: compusieron un tema instrumental que no estaba en esos registros y crearon algo distinto que llamaron "La Chichera" y desde entonces se conoce a este ritmo como "Chicha".

Los grupos musicales peruanos tomaron la electricidad para sus creaciones, adoptando la estructura instrumental del rock. Surgió entonces uno de los primeros grupos chicheros, "Los Destellos". La Chicha respondía entonces a la necesidad de ser originales, de tener un derrotero propio que es más que la sola fusión de dos géneros.

Existen dos períodos en la historia de la Chicha: el primero comprende desde su origen en 1968 hasta aproximadamente 1977, con predominio de la Chicha costeña. Había una cercanía con la Cumbia. La melodía tipo huayno era el matiz. Los grupos iniciadores de este género fueron "Los Beta 5", "Los Diablos Rojos", "Los Mirlos", etc.

Al final de este período, con el aumento de los sectores migrantes, la chicha se va acercando al ritmo del huayno cada vez mas, sobresaliendo "Chapulín el Dulce y los Shapis". Se impulsó el estilo andino en la música, el espectáculo, la danza y la coreografía, retomando el contexto social del migrante y del poblador popular. Durante el período que marca el paso de la chicha costeña a la andina se suceden una serie de hechos políticos- sociales, culturales-musicales marcados por la preminencia de lo andino-popular urbano, que sirvió de insumo para la generación de un estilo "ahuaynado" en la chicha.

La chicha andina cedió ante la costeña que se vio respaldada por la salsa, el merengue, la lambada y el rap.

La chicha ha generado en estos años un circuito económico en el que intervienen desde los mpresarios y promotores hasta los clubes de fans. El público chichero se identifica con sus cantantes dentro y fuera de la fiesta, por ejemplo "Chacalón", vive en un barrio pobre, fue peleador de cachascán; es peinador de profesión y tiene mas de veinte años en el ambiente. Su familia es numerosa. Sus hermanos también son artistas. La Carpa Internacional Grau es el mayor chichódromo que conoció Lima. Otros más tradicionales eran los ubicados en el Paseo Colón, que debieron cerrar debido a la crisis económica.

La fiesta chicha es un todo integrado, la música, el canto, el baile, el trago, el conocer personas el hacer amigos y el enamorar. Un cosmos de la población migrante en las ciudades. La Carpa Grau tiene una gran extensión que fácilmente puede albergar a cinco mil personas.

La chicha es el movimiento sucesor del establecimiento del huayno en el disfrute cotidiano de la población urbana de origen campesino. Fue un fenómeno que tomó por sorpresa a todos. Expresaba una manera de ser nueva. Primero en gethos, luego agresivamente, copando los canales de difusión. Tuvo su apogeo y mostró sus límites muy rápidamente. No ha desaparecido, pero su fuerza se ha visto mermada. Los jóvenes populares bailan la música "tecno", y la "salsa" comercial invade las fiestas populares, incorporando nuevas chichas traídas ahora del extranjero, con músicos peruanos que las sacaron de su encierro mediático nacional.

 

CAPITULO IVLOS OCHENTA

La violencia y la incertidumbre

El país no se recuperaba de la agotadora coyuntura que marcó la salida del poder de los militares. Fueron muchos años de gobierno militar, entre las dos "fases" del proceso totalizaron el gobierno más largo del siglo. La envergadura de las transformaciones introducidas y la intensidad de la lucha social, marcaron la conciencia de la población. El triunfo electoral de Fernando Belaúnde no dejó de tener un grado de sorpresa. La tendencia "aluvional" del votante peruano se volvió a manifestar con AP. Una vez que el Apra, debilitada por la lucha interna y la izquierda atomizada mostrara un cariz poco seguro de triunfo, los electores premiaron a quien estuvo alejado de los avatares de la reciente coyuntura y lo desagraviaron históricamente.

La economía había entrado en una fase de repliegue, acosados los niveles de equilibrio macroeconómico por la dependencia de las importaciones, el bajo ahorro interno y la crecida deuda externa. Los liberales en la economía y los funcionarios de las organizaciones internacionales del crédito y las finanzas tomaron el comando, pero no podían hacer lo que hubiesen querido saliendo como lo hacía el país de un sistema de férreo control e intervención estatal y de una movilización social sin precedentes.

La irrupción del movimiento subversivo Sendero Luminoso vino a poner el tono de la década. Minimizado en un principio, inentendible durante un lustro, se convirtió en el factor más desequilibrante del conjunto. La corrupción incrementada del tráfico de drogas completó el panorama. La respuesta militar y no política, la violencia desde el estado, la violación a los derechos humanos en escala creciente, desató indiscriminadamente una guerra interna que diezmó la población rural, cambió el mapa poblacional y, poco a poco, puso en jaque el sistema.

El triunfo electoral de Alan García fue un acontecimiento histórico. El partido más longevo de la historia política del país, que había intentado llegar al gobierno de las más diversas formas, lograba por fin su meta. Eran décadas de espera que quisieron ser aplacadas con una prisa muy irresponsable, muchos de sus cuadros fueron un remedo de lo que los héroes apristas hubieran querido ser décadas atrás. Una política económica heterodoxa, que tuvo unos años de tregua, llevó a la economía por una pendiente todavía más pronunciada hacia el precipicio. La corrupción llegó a extremos inigualados en la historia contemporánea.

Si se suma que la alcaldía de Lima fue ocupada por el primer alcalde socialista, y las izquierdas obtuvieron altas votaciones en todo nivel, el pueblo peruano probó con variadas formas de acción política democrática, representativa y civil. Los resultados fueron tan malos que el autoritarismo del que hacía gala la secta dogmática de Sendero Luminoso, la violenta respuesta militar desde el estado, anunciaban otros estadios de acción autoritaria, que se manifestarían en la década siguiente.

Segundo gobierno de Belaúnde

La primera acción del nuevo gobierno fue dar la ley que ordenaba la devolución de los diarios y medios de comunicación masiva a sus antiguos propietarios, restableciendo la

libertad de prensa. Con ello, además de su defensa de las elecciones para los gobiernos municipales, el mandatario mostraba su apego a las formas democráticas, que no abandonó nunca. La prensa desde entonces cobró un peso todavía mayor en la escena política, convirtiéndose, como en todos los países del mundo, en un factor fundamental de la política. Los medios de comunicación fueron devueltos a sus dueños en 1981. Como compensación el gobierno concedió a Genaro Delgado Parker y Panamericana Televisión, el uso exclusivo de las microondas para transmitir media hora del noticiero del canal, "24 horas", el único que tenía una cierta pretensión periodística, luego de años de subordinación militar. Los periodistas que comenzaron a tomar las pantallas provenían de la escuela que había formado Pedro Beltrán en La Prensa, y no se manifestaban ni caras nuevas ni novedades en las técnicas ni contenidos. Las excepciones eran el programa de un periodista que luego sería el más famoso de todos, César Hildebrandt, que por entonces producía un programa denominado "Testimonio", y la revista Caretas que dirigía Enrique Zileri. En ese año, una encuesta revelaba realizada en los sectores de bajos ingresos, entre los pobres de la ciudad, reveló que el 20% de las familias tenían televisor, y el 42 % radio, los artefactos eléctricos más importantes en las casas de los pobres. Sin embargo, la imagen que esa primera medida produjo, no se vino a concretar, Acción Popular no se caracterizó por una agresiva campaña contra las instituciones y normas que habían dejado los militares. De manera curiosa, si los militares habían esperado el triunfo de sus antiguos enemigos, los apristas, el arribo de Belaúnde, de regreso de la humillación dictatorial que había sufrido, resultó siendo tan funcional como hubiesen esperado los estrategas del retorno a la democracia, fuera el posible gobierno aprista. Una solitaria salvedad fue la nueva ley de minería y petróleo sancionada en 1981, que trató de atraer mayor inversión extranjera. En cuanto a lo demás, restauró sus programas de vivienda para la mesocracia y abrió moderadamente el comercio de importación, alejándose del férreo proteccionismo anterior.

El problema de la violencia política comenzó a sentirse, pero no se puede afirmar que fuese el talón de Aquiles del régimen. Otro factor habría de afectar la política, vino de la economía. Las tasas de interés se elevaron en los países acreedores, incrementando las cuotas de los países deudores. En el mundo se produjo una crisis de la deuda y el Perú, merced a una abultada carrera de endeudamiento que los militares antimperialistas, de manera contradictoria habían adquirido, se encontraba en una delicada situación al respecto. La escasez de divisas volvió a presentarse. Así como abrió las puertas a la libertad de prensa, se abrieron las que permitían el arribo de importaciones de todo tipo. Casi como efecto psicológico, la demanda de productos importados aumentó. La apertura de las importaciones tras varios años de rígido control provocó su avalancha. La moneda nacional se devaluó aceleradamente, alimentando una inflación que llegó a superar los tres dígitos. Al finalizar el segundo mandato de Belaúnde el dólar se cotizaba a doce mil soles.

Al restablecerse las elecciones municipales, que se realizaron en noviembre 1980, resultó ganador en la alcaldía provincial de Lima Eduardo Orrego por AP. El resultado fue: AP 37%, IU 28%, PPC 22%, PAP 17%. La candidatura unitaria de la izquierda, y el carisma de Barrantes Lingán lograron restituir a esa fuerza política el caudal electoral

que perdió con su división. A nivel general la izquierda obtuvo alcaldías en Puno, Arequipa, Moquegua, Huancavelica y Huaraz. Luego en noviembre de 1983 el líder de IU, Alfonso Barrantes Lingán, es elegido por abrumadora mayoría Alcalde del Concejo Provincial de Lima.

El país vivió lo que en 1981 el Ministro Manuel Ulloa anunció como un “desembalse” económico. La presión por el aumento de precios se adjudicaba a la política que había implementado el gobierno de la segunda fase hasta dejar el poder. El aumento de los precios de la gasolina fue lo más saltante y un aumento de sueldos y salarios que vinieron paralelo no compensó el índice de inflación.

Andrés Towsend fue expulsado del PAP, con el aval de sectores afines a él y sectores juveniles, insiste en llamar a un nuevo congreso aprista. Se consolidaba la línea socialdemócrata del partido.

El asunto limítrofe con el Ecuador volvió a ser un grave problema. Se denuncia la penetración del ejército ecuatoriano y el levantamiento de pueblos en tierras peruanas de la Cordillera del Cóndor, zona en la que faltan hitos limítrofes. El conflicto se denominó por parte de Belaúnde como la guerra del “falso Paquisha”, aludiendo a la presencia de ecuatorianos en un punto supuestamente denominado así, que estaba en su territorio, pero que se trataba de territorio peruano. En el verano de 1982 se produjo el más serio conflicto con Ecuador. Se culminó el operativo militar de desalojo, que emprendieron la Fuerza Aérea contra las fuerzas invasoras ecuatorianas. Inicios del año siguiente, incursión ecuatoriana en el sector fronterizo del río Pastaza en el departamento de Loreto, arroja saldo de dos soldados peruanos muertos.

El gobierno peruano decidió postular al Embajador Pérez de Cuéllar a la Secretaria General de las Naciones Unidas. Pérez de Cuéllar fue designado Secretario General de las Naciones Unidas.

En 1984 comenzaron las acciones del MRTA. A fines de año secuestra durante 16 horas a dos periodistas de Canal 2. Obligan al director del noticiero a transmitir un vídeo cassette en donde aparecen leyendo un comunicado. Las acciones de ese grupo tendrían un tono más propagandístico que las de Sendero Luminoso, pero menos violento, hasta que años después, la violencia fue parte diario de todos los involucrados en el conflicto.

El inicio de la violencia senderista

La pobreza extrema en Ayacucho y los departamentos vecinos, formaron una región pauperizada, sin oportunidad de integrarse a algún proceso de acumulación de riqueza. La descomposición social previa al proceso del gobierno militar, luego, apertura en esa época pero sin que las reformas llegasen al campo, urbanización empobrecida, expectativas desilusionadas, marginación.

El caso peruano ofrece un cariz diferente al de los vecinos en el periodo que empieza en 1950. Mientras en el Perú las esferas del poder han acariciado proyectos autoritarios y negadores de la base india, en Ecuador y Bolivia se ha producido un renacimiento de la dimensión étnica con ribetes sorprendentes. Mientras Bolivia y Ecuador "descubren" su indianidad, construyendo discursos y actores sociales que se basan en la reivindicación del estado pluricultural y étnico, donde la territorialidad no está exenta, el Perú

"bloquea" la etnicidad mientras la sociedad desborda los marcos del viejo estado oligárquico y autoritario.

El siglo XX peruano ha tenido tres modernizaciones. La primera, la modernización romántica, llegó hasta el segundo gobierno de Leguía, con signos populistas, se descubre al indio. La segunda, la modernización dependiente, cubre la primera década de la segunda mitad del siglo, cuando el país se instala en la economía mundial sin muchas alternativas propias, pero cambiando su economía y ampliando su mercado, se niega la participación del indio. La tercera etapa de la modernización contemporánea del Perú, que termina en la crisis de cambio de fin de siglo, empezó en la década de los 1960. El movimiento social en el campo fue sostenido. Se intentaron acciones de guerrilla que fracasaron, pero desde 1958 aproximadamente, el sindicalismo agrario fue el hecho más saltante en la mentalidad campesina. "Andábamos de la mano del sindicato" declaraban los campesinos. Los tradicionales gamonales perdieron poder, los "indios" dejaron de trabajar en condiciones de servidumbre y presionaban por un avance de la "economía campesina", especie de auto organización en base a la mano de obra familiar. La presión era por una transformación de la estructura productiva y de su correlato estatal. La reforma agraria era una necesidad. El sistema de la sociedad civil naciente no cumplió con dar el paso y fueron los militares quienes corporativamente iniciaron un proceso de revolución social desde arriba.

Los actores fueron, por un lado, los nuevos tecnócratas sociales que el estado militar patrocinó, por otro, los jóvenes políticos radicales urbanos. En ambos grupos, la ideología dominante era una donde los factores étnicos se negaban o marginaban. Los problemas eran sociales y económicos. Unos planteaban que se estaban solucionando, los otros que se estaban escamoteando. Unos y otros negaron que hubieran indios o que por indios pudieran reclamar algo ante el estado y la sociedad civil. La desaparición de sus problemas estaba en la reforma agraria, la revolución democrática o la victoria del llamado movimiento tercerista, "ni capitalista ni comunista". Por decreto, el día del indio se convirtió en día del campesino. La gran federación rural no era indígena, era campesina. El campesino dejó de ser indio. Ser indio no era el objetivo de nadie ni el destino de ninguno. Lo indio se remplazó en el imaginario histórico por lo inca. La figura unificadora era Túpac Amaru. Un Túpac Amaru con sombrero mestizo, precursor de la "independencia nacional", no conseguida sino recién a partir de la revolución militar.

Mientras la ciudad crecía desorbitantemente y, con la Reforma Agraria y el modelo de crecimiento que la acompañó, explotó. Lima se convirtió en el hábitat de la tercera parte de la población del país y, de país agrario, en poco más de una década, el Perú pasó a ser un país urbano. Urbano pero pobre, el advenimiento de la gran ciudad y de la mundialización ocurrió junto con el inicio de un ciclo largo de estancamiento y caída económica. Esa caída vino acompañada con el "retorno de la democracia". En ese retorno, el nuevo país urbano, desconcertante, buscaba nuevas identidades en donde lo indio, dejó de ser un norte. No había norte, ni lo hay: hay un trauma anómico de etnicidad bloqueada.

La peruana era una sociedad "bloqueada", sin opción al diálogo. El único diálogo fue el de la violencia. Las elecciones sólo sirvieron para apostar a cambios que no fueron tales, lo mismo con otras palabras, la población desconfía de las palabras, del diálogo, confía -o teme- más en quienes hacen. ¿Como se manifiesta? Pues en la violencia y la guerra

interna, inexplicable, como una pesadilla de una década de decenas de miles de muertos. Una mirada al proceso histórico y una comparación con los imaginarios nacionales nacientes de nuestros vecinos, ayudarán a entender este problema.

Ese fue el caldo de cultivo de un movimiento terrorista que sacudió al país. Un movimiento con poca comunicación escrita y fuerte expresividad simbólica, con lenguaje casi críptico: perros muertos colgados en los postes, destrucción de una granja de la Universidad de Ayacucho, de las instalaciones de las Minas Canarias, y los famosos "apagones", que fueron su virtual lenguaje por años.

Proveniente del Partido Comunista de tendencia maoísta, el Comité Regional de Ayacucho del PCP pro chino se escinde formando un nuevo partido, identificado por las siglas de su periódico, "por el sendero luminoso de José Carlos Mariátegui". Su primera conferencia fue en noviembre de 1979. Según los líderes del grupo, se reconstituye el partido el verdadero Partido Comunista Peruano. El "pensamiento Gonzalo", alias del jefe terrorista, Abimael Guzmán Reynoso, era la ideología que los guiaba, conceptuada como una versión inédita y definitiva del marxismo.

Su declaratoria de guerra fue la incursión en el pueblo de Chuschi, donde quemaron las ánforas de las elecciones de 1980. Luego tienen la Segunda Conferencia Nacional, marzo-mayo 1982. Primera después del ILA, "inicio de la lucha armada". Se hace un balance de las acciones que fueron exitosas para "remover el campo con acciones". Se programa el siguiente paso: "batir para avanzar hacia las bases de apoyo". Es decir, limpiar el campo de autoridades, comerciantes inescrupulosos, abigeos, poderes locales, población adversa cualquiera sea su tipo, para luego establecer las bases del poder revolucionario. Es la época de los sucesos de Uchuraccay y Lucanamarca.

Primero aparecieron ante los campesinos como compañeros justicieros, pero al comenzar a implantar su nuevo orden, donde no se sembraría sino para la subsistencia en setiembre de 1982 y se clausuraron ferias en enero de 1983, pasaron a ser vistos como agresores y desataron las rivalidades ancestrales del campo.

Tercera Conferencia Nacional, julio de 1983, donde se delinea el accionar futuro por "oleadas", programadas por tiempo, hasta 1984. Las acciones de terror se desarrollan en blancos selectos de Lima.

La respuesta fue dar a las Fuerzas Armadas el control del orden en el país, luego que en 1983 se formaran los comandos políticos militares. La violencia se desató, con muertos indiscriminados y que nunca se identificaron. Pero la estrategia de control fracasó, pues SL siguió creciendo. la iniciativa política la tuvo la banda terrorista, mientras en el poder no se atinaba a solucionar las crisis políticas y la económica que se desataban por el cambio del gobierno militar a la democracia luego de dos lustros.

Sendero Luminoso en su fase ascendente

En marzo de 1982 se iniciaban las más espectaculares acciones de SL. Grupos armados intentaron asaltar las cárceles de Ayacucho y Arequipa sin conseguirlo. Un destacamento asaltó el CRAS de Ayacucho, liberando a 297 internos. En el asalto efectuado por aproximadamente 80 a 100 personas armadas, murieron 2 Guardias Republicanos y 10 terroristas, entre los que se encontraba quien dirigió al comando, un

médico sanmarquino incorporado en el senderismo, el Dr. Antonio Mata. En una muestra de lo que sería la norma del comportamiento posterior de las dos fuerzas enfrentadas, al concluir la acción armada se aplicó la venganza con dos muchachos presos en el hospital de Ayacucho como senderistas, donde los policías los sacaron para ultimarlos, como quisieron hacer con otros presos senderistas, a quienes los médicos defendieron.

Entre los fugados se encontraba la joven senderista Edith Lagos que luego fue asesinada. Su entierro fue una multitudinaria manifestación de admiración por parte de la población ayacuchana.

El gobierno decretó el Estado de Emergencia en el departamento de Ayacucho y el toque de queda en la ciudad de Huamanga. Pero poco después 40 personas fuertemente armadas intentaron tomar el puesto policial de la Quinua. Después de dos horas de combate, la policía rechazó el ataque.

El puesto policial de Minas Canarias, en la provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho, fue atacado por una columna de 150 hombres fuertemente armados. El Ministro de Guerra, General Cisneros Vizquerra, señaló como autores de los actos subversivos a los grupos ultraizquierdistas Sendero Luminoso, Pukallacta, Patria Roja, Bandera Roja, etc. sin distinguir todavía realmente contra quienes se estaba enfrentando. En realidad, en el comportamiento de las fuerzas armadas, esa distinción nunca fue clara.

Manos desconocidas volaron una torre de alta tensión que conducía energía eléctrica de la Central de Mantaro a Lima, iniciando la era de los apagones en la ciudad capital.

En junio Sendero Luminoso, a escala reducida, repitió el asalto al CRAS de Ayacucho, atacando en Cerro de Pasco, hubo muertos y heridos. El 20 de julio, otro ataque terrorista, esta vez al pueblo de Tambo, también en Ayacucho, el tercero a esta localidad en el curso del año, mostraba la modalidad de incursión: tomar los pueblos atacando a la guardia civil, tomarlos, hacer juicios populares, ganar la moral de la policía.

Ya en agosto los terroristas volaron cinco torres de alta tensión, dejando sin suministro eléctrico a un vasto sector de la costa y centro del Perú, abarcando todo Lima.

En este momento es que se produjo el más importante de los actos militares de ese año, que luego sería tenido como ejemplo entre las huestes senderistas. Fue el asalto al puesto policial de Vilcashuamán, perpetrado por un centenar de terroristas encapuchados y armados. Durante el enfrentamiento murieron 16 terroristas y seis miembros de la Guardia Civil. Las fotos, con una imagen de desolación causada en una capital importante de la sierra ayacuchana, mostraban una fuerza de acción que ya no podía ser definida como simple grupo de petardistas.

En noviembre, SL lleva a cabo la más inexplicable de sus acciones. El terrorismo arremete en Ayacucho, atacando el fundo Alpachaca perteneciente a la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Luego se vería que esa acción obedecía a un simbolismo revolucionario destructivo, que sólo después quedaría claro.

La agitación social no estaba ausente entonces, menos en el campo, a pesar de las acciones violentas. La Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Confederación Campesina del Perú (CCP) realizan un paro que culmina con dos muertos, heridos y diversos daños. Luego, en diciembre, un paro general de 24 horas en las ciudades de Ayacucho y Huanta es acatado por una gran mayoría de la población, que todavía no visualizaba lo que esperaba para ellos en la guerra que estaba por desatarse. La violencia desatada, 1983 "año de desastres"

En 1983, junto con la terrible noticia de Uchuraccay y el desarrollo de varias guerras, entre el ejército y los senderistas y entre comunidades campesinas, las noticias alarmantes provinieron de la naturaleza. Año de desastres se llamaría. La presencia de la corriente del niño, en magnitud inigualada, un evento cálido severo, se comenzó a sentir recién en marzo. Antes, sólo el calor inusual en Lima y en todo el país, que producía casos de deshidratación infantil en las poblaciones pobres, era paliado con las llamadas "bolsitas salvadoras", portadoras de sales rehidratantes. Luego comenzaría el diluvio, las carreteras maltrechas, los derrumbes... y en el sur una gran sequía con hambruna entre los animales y la propia población pobre. En un período de casi 150 años, se ha podido observar la presencia del Fenómeno El Niño en forma intensa en muchas ocasiones; siendo catastrófico en cuatro oportunidades: 1856, 1891, 1925 y 1983. Antes de éste de 1983 durante 1891 y 1925 se presentaron en el Norte y Centro del país, lluvias intensas con la secuela de huaicos e inundaciones que provocaron cuantiosos daños a la economía nacional.

La política estaba igualmente alterada, el 10 de marzo, en medio de los desastres naturales, la CGTP convocó a un nuevo Paro Nacional, de relativo éxito.

Uchuraccay

A fines de enero de 1983, la noticia tomó las primeras planas de los más importantes diarios del mundo: en un paraje perdido de las alturas de la sierra peruana, unos indios habían matado a ocho periodistas que investigaban los enfrentamientos que se habían producido entre insurgentes senderistas y comunidades indígenas.

El 23 de enero, el jefe de la zona político militar de Ayacucho, General Clemente Noel, dio una conferencia de prensa en la que informaba acerca de cómo en las alturas de Huanta, específicamente en la comunidad de Huaychao, los comuneros habían dado muerte a unos senderistas por su cuenta. Los jefes de la comunidad informaron del hecho a la comisaría GC de Huanta y un teniente, luego de decenas de horas de viaje, había comprobado que siete subversivos habían encontrado la muerte en ese paraje, las armas que incautaron eran de la guardia civil, robadas en otros ataques en Ayacucho.

No se sabía mucho de cómo ocurrieron las cosas, pero en el primer mes de la intervención militar en Ayacucho, esa era la primera muestra de un posible apoyo de la población a las fuerzas del orden y contra Sendero Luminoso, que ya era un movimiento de envergadura desatado en toda la región. No se informó entonces que entre los subversivos había tres niños de Huanta, ni se podía sospechar qué envergadura tenía el hecho. La prensa opositora de izquierda sospechaba que los sinchis las fuerzas especiales de choque del ejército, desplazadas a la zona para aplastar las guerrillas, habían sido quienes ultimaron a los senderistas, disfrazados de campesinos por una

maniobra de publicidad. El propio presidente Belaúnde declaró que esos campesinos eran defensores de la patria por haber actuado como lo hicieron. Curiosos acerca de eso, los periodistas de varios medios de comunicación, partieron a las alturas de Huaychao.

Amador García de la revista Oiga, el único medio que no estaba en la oposición de izquierda al gobierno del Arquitecto Belaúnde, Willy Retto y Jorge Mendívil de El Observador, Jorge Sedano de La República, el mayor de todo el grupo, Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez y Félix Gavilán del Diario de Marka. Gavilán era el único que hablaba quechua y era de Ayacucho, donde se desempeñaba como corresponsal de su medio de prensa. Se sumó a los limeños el periodista ayacuchano del diario Noticias, Octavio Infante.

Los periodistas pasaron por una "zona liberada" de Sendero Luminoso, donde descansaron, en el valle, pueblo de Chacabamba. Ahí recibieron la ayuda de la familia Argumedo, apellido de quien les sirvió de guía a las alturas, y que a la postre nunca fuera hallado luego de los sucesos. Entre esa zona y las alturas había una gran diferencia. Las alturas estaban pobladas por indios Iquichanos, pobres y básicamente pastores. Los del valle eran más mestizos y ricos en comparación con los campesinos de altura. Los de abajo llaman a los de puna "chutos", equivalente a salvajes, mientras estos tienen desprecio por los que así los tratan. Sin embargo tenían obligados contactos comerciales. Los informantes de los periodistas no tenían datos de lo que ocurría en las alturas pues, desde el año anterior, las tensiones por la presencia de Sendero Luminoso y luego de los sinchis, rompieron los lazos entre las dos zonas.

A principios de año, Sendero Luminoso, que había lanzado su consigna de "cercar las ciudades" desabasteciendo de alimentos las ferias, a balazos cerró la de Lirio, donde los Iquichanos comerciaban con los de Huanta. Esto perjudicaba seriamente a los campesinos pobres de altura. Ellos además veían a los milicianos senderistas transitar por sus territorios, que eran un corredor estratégico. Los que pasaban requerían de cobijo y alimento, lo que produjo más de un enfrentamiento. En esas condiciones, y conociendo que los sinchis no se quedarían en la zona y más bien los instaban a defenderse y acabar con los senderistas, decidieron enfrentarlos. En Uchuraccay, Huaychao, Carhuarán y otros parajes, se emboscó y mató a senderistas o supuestos colaboradores, por lo menos 25 muertes se registraron luego, de las que los siete de Huaychao eran los únicos que se habían denunciado cuando fueron los periodistas a la zona.

En esas condiciones, con los indios en pánico, llegaron los periodistas. El 26 de enero ocurrió la desgracia. En estado de guerra, las comunidades indias de la zona estaban movilizadas, pensando que eran terroristas, los periodistas fueron masacrados, como los tantos que antes habían perecido en manos de estos campesinos.

Enterrados como gente que había hecho pacto con el demonio, a la usanza del rito ancestral, en los linderos de la comunidad, los cuerpos de los periodistas fueron rescatados el domingo 30 de enero, ante las cámaras rápidas de la televisión y la prensa impresa. Entre chozas miserables, los cerros y el cielo como escenografía sobre los 4,000 metros de altura, los propios indios de poncho, chullo y ojotas, los cadáveres exhumados subieron a un helicóptero, pero sus imágenes, con varias interpretaciones sobre lo sucedido, dieron la vuelta al mundo.

Es que la verdad oficial, que bien pudo haber sido objetiva, dejaba de lado cualquier participación de los militares. La oposición, y particularmente la prensa de izquierda, de donde eran la mayoría de las víctimas, levantaron otra versión de los hechos. Los ocho hombres de prensa llegaron a la comunidad de Uchuraccay, el 26 de enero hacia las 4:15 de la tarde se establecieron en la casa de Fortunato Gavilán García. Luego fueron invitados a comer, mientras que su esposa Marcia Gálvez anunció la llegada de los hombres de prensa a los sinchis que se encontraban en el local comunal, de allí un personal especial fue designado para detenerlos y conducirlos hasta el local donde fueron golpeados y asesinados. Los cadáveres estuvieron allí hasta el 30 de enero cuando decidieron sepultarlo. Esa versión se mantuvo en diversos medios hasta setiembre de 1985, pero nada se pudo hacer. Los muertos se sucedieron en la zona, no quedaron testigos, nunca se sabría a ciencia cierta lo que allí acorrió. Pero ya los indios habían aparecido nuevamente en los medios modernos, siempre en el drama, como salvajes. No tardarían en reaparecer. Fue a finales de 1984 cuando las crónicas periodísticas volvieron a llevar a Lima la imagen trágica de los campesinos en medio de las contradicciones rurales. Una noche, en su casa de un paraje denominado el Descanso, que él mismo había fundado, un grupo de campesinos asesinó al quechuista, poeta y antropólogo cusqueño, Andrés Alencastre. El cuerpo tasajeado, del que le fue extraído el corazón, terminó calcinado por el fuego. Casi como un ritual, que la tradición oral comenzó a construir posteriormente, la muerte de Alencastre tuvo un signo de propiciación. Su figura legendaria, hijo de un gran propietario de tierras que había muerto en los años 20 también bajo el odio de los indios en medio de una conflagración rural, Andrés Alencastre se dedicó a la investigación, la promoción cultural y a la política local. Su influencia, en la ciudad y en el campo eran enormes. Mayor, corpulento y fuerte, su imagen de víctima propiciatoria parece tener visos de realidad para la antropología. Pero su muerte fue un signo de las contradicciones desatadas por la tierra. Un pleito de posesión, del tipo que es frecuente en las zonas rurales, estuvo detrás de la muerte. Pero también la violencia, que se había desatado en el país. Los poderes locales y los campesinos entraban en tensión. Esta vez, fueron los campesinos, que regresaron a las primeras planas bañados de sangriento exotismo. Pero en otros lugares, como en Puquio, donde poco antes habían asesinado al dirigente campesino Jesús Oropeza, las noticias no tenían ese exotismo. Atravesado por un conflicto de tierras, y objeto de recelo por sus posiciones de defensa del campesino, Oropesa era hostigado por poderosos locales, los que terminaron presionando para que la policía acabara con el dirigente. Se descubrió ese caso, que mostraba que los cientos de muertos que se informaba eran de senderistas, podían ser de cualquier campesino.

Ese fue el estado de guerra que se vivió en el campo entre 1982 y 1985. Una violencia que se desató incontrolable, atizada por la guerra sucia entre el ejército y los insurgentes terroristas de Sendero Luminoso. La táctica de las fuerzas armadas fue una de ocupación, los comunicados dejaron de ser específicos y simplemente se numeraban decenas de muertos, supuestamente "delincuentes subversivos". En 1983 aumentaron las muertes por la violencia y en el año siguiente se batieron todas las marcas macabras. Si en 1981 se informó de dos guerrilleros muertos y en 1983 de 38, cuando ingresaron las fuerzas armadas al control de la Zona de Emergencia y se formaron los comandos político militares, en 1983, los comunicados dieron cuenta de 1,435 muertos. Amnistía Internacional publicó un informe dando cuenta de mil personas desaparecidas en la zona de emergencia, entre enero de 1983 y octubre de 1984.

El gobierno, frente a la magnitud del caso Uchuraccay y sus implicancias políticas, formó una comisión investigadora especial, presidida por el escritor Mario Vargas Llosa, que hacía así su ingreso a la política, en una misión harto delicada. La comisión fue recibida como una intromisión del poder ejecutivo en funciones que atañían al judicial. Las conclusiones que dejó, que son la verdad oficial, fueron criticadas por amplios sectores y, abierto el juicio a los campesinos que estuvieron involucrados, los propios comisionados fueron maltratados por el tribunal ayacuchano que ventiló el juicio.

Poco después de emitidas las conclusiones de la comisión, aparecieron fotografías que uno de los periodistas tomó, las que ponían en cuestión la verdad oficial. Los campesinos que aparecieron en las fotos, fueron apareciendo muertos sucesivamente, o desaparecieron. Luego la zona fue barrida por uno y otro bando. Los familiares del guía Juan Argumedo fueron vejados, apresados, y el propio Argumedo nunca apareció. Las dudas sobre lo que ocurrió fueron archivadas. Otros sucesos violentos ya no tendrían tanta publicidad, hasta fines del año y sobre todo en 1984 cuando se descubrieron las "fosas clandestinas" y "botaderos de cadáveres", como en Soccos, Ocros y Pucayacu.

Lucanamarca

Como calco de lo que estuvo detrás de Uchuraccay y Huaychao arriba y Balcón y Chacabamba abajo, en abril de ese año, una columna senderista de varios cientos de personas, reclutadas en diversos caseríos, cercó y dio muerte a 80 paramilitares en la comunidad de Lucanamarca, convertida en base contrainsurgente. Lo mismo se hizo a renglón seguido en Aranhuay y en Uchuraccay, donde aparentemente, eliminaron a campesinos indígenas que participaron en los sucesos de enero.

Lucanamarca, como tantas otras poblaciones de altura, dependientes de distritos cuyas cabeceras se encuentran en zonas más benignas de valle, con pobladores más acomodados, buscaba independizarse de ellos, en este caso de Huancasancos. Su lucha empezó en 1940. Logró erigirse en distrito en 1962. Pero las rivalidades continuaron. Fue así que, iniciada la guerra senderista, grupos de Huancasancos que se adhirieron a SL entraron en el pueblo en 1981 destituyeron a sus autoridades e impusieron a nuevas, entre los pocos proclives a ellos. La población lo tomó como una nueva ofensiva de sus viejos rivales. La imposición se consiguió mantener por la presencia de milicias de Huancasancos y Sacsamarca. Pero cuando un anciano independentista del pueblo logró levantar al pueblo, los senderistas lo ejecutaron. La venganza tuvo las mismas características de brutalidad, uno de los comandos senderistas fue ejecutado y quemado en un horno de pan. La respuesta fue la incursión masiva de senderistas que terminó en lo que se conoce como la masacre de Lucanamarca.

En 1984 es que toma forma la estrategia del ejército de formar rondas campesinas para enfrentar con los propios campesinos a Sendero. Formaron "comunidades estratégicas", nuevas reducciones de poblados dispersos en campamentos controlados. En Acos Vinchos se reunieron 24 anexos reubicados. La guerra se había extendido de tal manera que, si alguno de los residentes en las comunidades estratégicas quería transitar a otro lugar, debía llevar consigo un slavoconducto que lo identificara. Muchas de esas comunidades habían recibido los ataques de los senderistas y estaban dispuestos a enfrentarlos, pero no a perder el manejo de sus tierras, lo que a la postre vino a ocurrir con la nueva ubicación que les impusieron los del ejército. La guerra cambió la vida de

los campesinos, pero al final, fueron ellos los que lograron repeler al senderismo y derrotarlo en el campo, al precio de varios miles de muertos y pérdidas económicas y culturales incalculables. Ese resultado sólo vino a notarse cinco años después.

El fenómeno "el niño" 1982 - 1983

El fenómeno El Niño de 1982 - 1983, el más catastrófico posiblemente de los últimos 150 a 200 años, se inició muy temprano (Junio 1982) y se retiró tarde (Junio 1983). Tomó cuerpo en el Océano Pacífico ecuatorial occidental, a más de 10,000 Km. de las costas tropicales de América del sur; las aguas calientes se desplazaron hacia el Este afectando las costas de Perú y Ecuador entre Setiembre y Octubre 1982, casi coincidente con la llegada de la perturbación normal tropical llamado "Zona de Convergencia Intertropical" (ZCIT). La ZCIT fue activada por las altas temperaturas del mar, intensificándose con la generación de intensas y cuantiosas precipitaciones que desencadenaron un desastre en la región de la costa norte.

Afectó el clima de todo el país y tuvo una cobertura muy amplia en el territorio nacional. Esto provocó graves daños originados por inundaciones, huaycos, deslizamientos, maretazos y vientos fuertes.

En el norte peruano llovió intensamente desde diciembre de 1982 hasta junio de 1983, lo que incrementó el volumen de agua de los principales ríos de la costa y produjo severas inundaciones, la reactivación y formación de numerosas quebradas. La alteración climática ocasionada por este fenómeno se manifestó también con graves sequías en la región sur y altiplánica.

Se puede estimar que la población afectada aproximadamente ascendió a 6'000,000 representando cerca de la tercera parte de la población nacional de 1983 (estimada en 18'000,000). El impacto económico de este desastre, se reflejó en la disminución significativa del Producto Bruto Interno del país, que descendió hasta un 12%. Estos daños condujeron a un estancamiento en la actividad productiva en algunos lugares, deterioro del nivel de ingreso y calidad de condiciones de vida de la población, el desabastecimiento de productos alimenticios de bienes y de insumos básicos para la población y pérdidas de empleos, entre otros. La situación económica del país, que como hemos visto atravesaba una coyuntura muy delicada, se agravó por la magnitud de los daños que provocó este fenómeno.

Entonces, la conciencia ecológica mundial no se había hecho patente en los esfuerzos por conocer la naturaleza de este fenómeno natural. Los medios técnicos a disposición por entonces, no eran los que, una década después, permitieron detectar, conocer y seguir el fenómeno.

En un período de casi 150 años, se ha podido observar la presencia del Fenómeno El Niño en forma intensa en muchas ocasiones; siendo catastrófico en cuatro oportunidades: 1856, 1891, 1925 y 1983.

Durante 1891 y 1925 se presentaron en el norte y centro del país lluvias intensas con la secuela de huaicos e inundaciones que provocaron cuantiosos daños a la economía nacional.

El Papa en Lima

En 1984, la prensa llevó adelante una cierta campaña contra la Teología de la Liberación y su mentor, el sacerdote jesuita Gustavo Gutiérrez que la desarrolló desde 1971. La teología de Gutiérrez no hizo sino completar un ciclo que empezó en 1968 en Medellín, cuando los obispos latinoamericanos en la II Conferencia episcopal que convocó la CELAM hicieron un llamado a la defensa de los pobres y a la lucha contra la injusticia. Al calor de esa convocatoria, teólogos de Brasil y otras naciones desarrollaron una interpretación del mensaje de la iglesia. Gutiérrez adquirió, gracias a su obra, una fama y una trascendencia inigualadas al respecto, de ahi su liderazgo, que vino a ponerse en cuestión en 1984, antes de la visita papal.

Durante los meses de enero y abril de 1984, la prensa atacó con críticas y acusaciones a la Teología de la Liberación, relacionándola con el marxismo. Los protagonistas de estas campañas fueron los grupos conservadores del Sodalitium Christianae Vitae y del Opus Dei, a través de El Comercio, La Prensa y Oiga.

El Marxismo es visto como una herejía, que habría infiltrado la iglesia a través de los teólogos liberadores. Pero ya la Teología de la Liberación con "La opción preferencial por los pobres" era un rasgo fundamental de la Iglesia Latinoamericana. Para algunos esta campaña trataba, con motivo de la visita del Papa, de presentar a los grupos conservadores como los "verdaderos y únicos interlocutores en materia eclesial y social".

La iglesia había pasado por todo un conjunto de transformaciones, patentes más en sus cuadros de bases que en la jerarquía. Los cambios se expresan ideológicamente en la constitución de la "doctrina social de la iglesia" y prácticamente en la constitución de las comunidades cristianas de base que son un intento teórico práctico de acercar la iglesia al pueblo.

Convencidos que la ortodoxia presidiría la visita papal, vieron una inmejorable oportunidad para desacreditar a los opositores de posiciones conservadoras, que se habían vuelto los más importantes protagonistas eclesiales de la década anterior. Como la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, cuyo Prefecto, el Cardenal Ratzinger, había condenado la Teología de la Liberación y pedido una posición corporativa a la iglesia peruana, se veía venir una censura a una nueva forma de "herejía". Los grupos como el Opus Dei, Sodalithium Cristiane Vitae, opuestos a la política de izquierda de muchos prelados y pastores, arremetieron contra ellos. El propio Cardenal Juan Landázuri recibió críticas del Arzobispo arequipeño.

El 4 de octubre de 1984, los obispos y autoridades eclesiásticas de la Conferencia Episcopal Peruana, fueron convocados por el Papa, luego de la polémica internacional. En la reunión, preparatoria de la visita papal, la posición del sumo pontífice fue conciliadora. Aceptó lo que la iglesia progresista de los 70 llamaba la "opción preferencial por los pobres". No condenó como esperaban sus opositores a los defensores de la Teología de la Liberación. Juan Pablo hizo un llamado en defensa de los pobres y habló de los problemas del Perú, coincidiendo con las preocupaciones sociales y políticas de la iglesia peruana.

En Arequipa se vivió la preparación de la llegada de Juan Pablo II con aires de polémica. Las primeras semanas de enero se celebró un encuentro "Congreso Internacional sobre la Reconciliación". El Arzobispo, Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, presidió el evento, donde las posiciones más conservadoras de la iglesia peruana, levantaron la consigna de su ideario frente a la visita papal: la reconciliación, como anatema de la confrontación que conceptuaban llevaban en sí las posiciones llamadas de la Teología de la Liberación. El Papa llegó y logró las más multitudinarias manifestaciones de la historia del Perú. Un millón de personas, mayoría de jóvenes, lo esperaron 12 horas en Monterrico. Villa el Salvador lo recibió en otra multitud. Viajó a Arequipa, Cusco, Piura, Trujillo, Iquitos y Ayacucho, donde, en el corazón de la violencia, se dirigió a los senderistas pidiendo que cambien, que el "mal no es camino del bien". En las presentaciones públicas que hizo, lo escucharon más de ocho millones de personas en total.

Juan Pablo II siguió en su discurso documentos de la Iglesia peruana. Denunció las injusticias, el hambre y la miseria. No justificó la violencia pero pidió un cambio en la sociedad para erradicar el mal que entonces la aquejaba. Su despedida tuvo lugar en Villa el Salvador, gigante asentamiento humano que había ganado premios internacionales por su organización y su lucha por la autogestión.

Juan Pablo II volvería al Perú en 1988, cuando celebró una misa multitudinaria, la más grande realizada en Sudamérica.

La educación en la década

Ninguno de los partidos que participaban en la contienda electoral de 1980 le daba importancia a una política cultural. Sin embargo Acción Popular, como parte de su política educativa, propiciaba el desarrollo de la cultura manteniendo los principios generales enunciados durante el régimen militar.

En marzo de 1981 fue remplazada la Reforma de Velasco por la Ley General de Educación. La nueva ley establece el regreso a los niveles tradicionales de la educación (primaria, media y superior) y a las antiguas currículas y sistemas de evaluación, quedando eliminadas la educación técnica y la instrucción para adultos. La ley restablece la educación pre-militar y la educación familiar. Con la nueva Ley General de Educación de 1982 se vuelve a la educación técnica en su versión anterior. La Ley tuvo una serie de errores y omisiones, como desaparecer las vinculaciones entre la educación y la cultura que sí son tomadas en cuenta en el artículo séptimo de la Constitución, al expresar los siguiente: "La cultura peruana, formada por el conjunto de valores, conocimientos, ideas, realizaciones y significados desarrollados por el hombre peruano a lo largo de su historia, constituye el sustento y fin de toda acción educativa, a través de la realización integral de la persona humana". Tampoco toma en cuenta la "realidad pluricultural de la Nación". En el proyecto desaparece también toda referencia a la planificación socio-económica en la educación. Se tomaron en cuenta sin embargo principios de educación biling³e intercultural.

La Reforma Educativa de Belaúnde, como dijimos anteriormente, se caracterizó por poner en práctica la vieja concepción educativa, sin embargo se presentaron serias dificultades, como el aumento de asignaturas que trajo la reducción de la hora

pedagógica, y a su vez el deterioro de la calidad de la enseñanza. Se abandonó las tareas de investigación educativa y la formación profesional del docente.

Al gobierno sólo le interesó crear nuevos institutos pedagógicos sin importarle la calidad de estos, para poder cumplir con la demanda de maestros. Debido a que la remuneración del docente es poca, muchos profesores deben buscar otros empleos, destinando el tiempo de preparación de clase y actualización pedagógica en sus nuevas obligaciones. La demanda de profesores era mayor que la oferta, cosa contraria sucedió en la década anterior.

Para este período aproximadamente son 255,340 los maestros en el Perú, de los cuales el 25% se encuentran en Lima. El 83.4% pertenecen al sector estatal.

En las escuelas públicas las condiciones de trabajo son deplorables. Sólo el 35.3% de los locales urbanos cuentan con servicios de agua, luz y desag³e. En las escuelas rurales, el porcentaje es de 1.4%. Así mismo hacen falta materiales didácticos, pizarras y carpetas (una carpeta es utilizada por tres niños).

Apenas el 5.3% de los colegios nacionales disponía de materiales audiovisuales. En materia de espacio físico sólo se cuenta con 1.75 metros cuadrados por alumno, debiendo ser como mínimo un promedio de 3.50 metros cuadrados. Para 1981, la escolaridad de los varones de 6 a 14 años llegaba al 91%, mientras que las mujeres tenían una escolaridad de 88%.

Entre 1971 y 1981 sólo una quinta parte de los técnicos y profesionales obtenían un puesto de trabajo, sin embargo el nivel educativo se generalizaba como un requisito para postular a un empleo.

Durante el gobierno de Belaúnde la comunidad tuvo participación vía los programas de Cooperación Popular (programas de alfabetización) y de Desarrollo Comunal. También se propició la participación privada en la educación, siempre que no tenga fines de lucro.

La descentralización de la educación desarrollada por A.P fue profundizada por el gobierno aprista, es decir, el poder estatal cayó en manos de instancias locales y regionales.

El gobierno de Alan García destinó el 18.9% del presupuesto al sector educación; a pesar que no contaba con un plan educativo. Muchos maestros dejaron las aulas y pasaron a las oficinas del Ministerio de Educación, formándose una fuerte burocracia.

El Apra en el poder

Luego de varias décadas de buscarlo, en 1985 el partido aprista logra acceder al poder. Luego de la muerte de su líder, la lucha entre los dos jefes más representativos, Armando Villanueva y Andrés Towsend Escurra, casi divide al movimiento y conduce al partido por un despeñadero electoral, que permite la inesperada victoria de Fernando Belaúnde en 1980. Reconstituido el movimiento, remozada su dirigencia con la presencia de un jefe carismático y muy joven, retomadas, por lo menos en el discurso,

las viejas banderas socialdemócratas de sus años primigenios, se lanza nuevamente a la lid electoral.

El 14 de abril de 1985 quedaban reducidas las elecciones presidenciales a dos candidatos, el Dr. Alfonso Barrantes presidente de la agrupación Izquierda Unida y alcalde de Lima, y el Dr. Alan García secretario general del Partido Aprista Peruano. La primera vez que se aplicaría la norma de la segunda vuelta al no alcanzar ninguno de los candidatos la mayoría, se frustró por la renuncia del candidato izquierdista. Barrantes adujo que la victoria de García, con un margen considerable, hacía una segunda vuelta innecesaria, su realización sólo hubiese significado un gasto para el estado y una prolongación de la tensión política, en un país jaqueado por la violencia.

Las elecciones de 1990, donde el candidato que obtuvo la segunda mayoría logró un espectacular triunfo, mostrarían que la justificación del retiro de Barrantes no era una explicación política, su apartamiento fue ceder el paso, como una virtual alianza, que no se efectivizó en la práctica, pero que debilitó la posición del entonces alcalde de Lima.

Entonces se produjo lo que Nelson Manrique demarcó con mucha claridad: el Perú tenía al partido reformista más grande de América en el poder, a la izquierda legal más representativa en el parlamento y al movimiento terrorista más violento en la guerra contra el estado.

Mencionaba el flamante presidente: "con la agricultura abandonada y las fabricas paralizadas, la economía peruana ha retrocedido veinte años en su nivel de producción". El 10 de julio de 1985 el doctor Alan García recibió en Villa Mercedes, que fuera residencia de Víctor Raúl Haya de la Torre, la credencial que lo acreditaba como primer mandatario de la nación.

La inflación llagaba en estos últimos años a 73%, 74%, 125%, 110% y avanzaba, ya pasando el medio año estaba en 200%, al borde de la "hiperinflación". El desempleo, el centralismo que había aumentado, un salario mínimo exiguo y la pérdida del valor del sol peruano. Fueron los signos de la economía durante el inicio del gobierno aprista.

García inició su mandato, durante la tregua que las sociedades dan a los candidatos vencedores, con medidas de tinte espectacular y propagandístico. Después de anunciar la entrega al Parlamento de sendos proyectos de Ley destinados a reducir el sueldo de Presidente de La República, deroga la Ley que concedía a las empresas petroleras determinadas de exoneraciones tributarias, aumentando las sanciones por delito de evasión y soborno. Los ingresos del Estado dependerán de la administración tributaria no la gasolina y los combustibles que gravan al pueblo. Respecto a la deuda externa el presidente anunció tajantemente "a los pueblos del mundo que el Perú tiene un gran y primer acreedor, su pueblo al cual este gobierno destinará los recursos necesarios para la reconstrucción de su destino".

En los próximos doce meses y mientras las situaciones no cambien, sólo destinaríamos al servicio de la deuda externa el 10% del valor de exportaciones y no el 60% como se le exigía.

Esta realidad fue reconocida meses más tarde por el propio Ministro de Economía al señalar que desde 1984 el país había dejado de atender el servicio de la deuda externa,

efectuando sólo los llamados pagos de buena voluntad. Luis Alberto Sánchez consideró la medida de "beligerancia contra el Fondo Monetario que no necesitaba de tantos honores retóricos pues bastaba un claro y sólido análisis, sin perjuicio y humillación". Esto podía ser tomado como ejemplo por otros países de cuantiosas deudas. El fracaso del Perú en unir a los países Latinoamericanos debilitó la posición.

En 1985 se da el plan de emergencia de 6 meses titulado por el ministro de economía "economía de guerra", el Perú daría un tratamiento heterodoxo a la crisis. Ante la necesidad de evitar que "la devaluación del sol corra delante de la inflación, los salarios detrás de los precios y finalmente, la tasa de interés detrás de la misma inflación". El plan peruano se proponía atacar "la inflación recesiva a través de una estabilización generalizada de los costos".

Conforme al programa, se devaluó en un 12% el signo monetario, congelando en ese nivel (I/. 13.94 por dólar) el tipo de cambio. El programa contemplaba en orden a los planteamientos oficiales, que la reducción de la Tasa de Interés activa no repercutiría sobre los ahorristas, que al contrario, gracias “a la drástica reducción de la inflación” llegarían a percibir “ a corto plazo intereses reales positivos”. El aumento de los salarios se fijó en 50% del ingreso mínimo vital que es puso en I/. 360.000 mensuales. La moneda de entonces, devaluado el sol hasta la saciedad era el Inti, equivalente a 1,000 soles.

Dispuso la congelación general de los precios de bienes y servicios y alquileres en los niveles vigentes a la medianoche del 27 de julio.

Se incrementó la Tasa del Impuesto Selectivo al Consumo que gravaba los combustibles, “el éxito del programa descansa también en la contención del déficit fiscal”.

El Decreto Supremo No 364-85EF suspendió hasta noventa días calendario la redención en dólares de los Certificados Bancarios en Moneda Extranjera facultando a sus tenedores a redimirlos en moneda nacional.

El ministro de economía ratificó lo dicho por el presidente de la República “buscar solución realista al problema de la deuda externa se planteó una postergación por 6 meses de los vencimientos de la deuda directa e indirecta de mediano y largo plazo.

Pronunciamiento del Presidente García en la segunda mitad del mes de setiembre en las Naciones Unidas: "El Perú no puede esperar, ha decidido gobernar su economía y no ser gobernado por ella".

A finales de 1985 se dieron los primeros resultados de la reducción de la inflación, cuya tasa descendió de 10.8% en julio a 3.5% en setiembre y a 2.8% en diciembre. En los meses iniciales de 1986 el crecimiento de la economía mantuvo la tendencia del periodo anterior. Las señales posteriores se hicieron evidentes al producirse un aumento de 8.6% del PBI.

El crecimiento del PBI se debe "a la decisión, sin duda atrevida en un país agobiado por la inflación, de reactivar la economía a través de una política heterodoxa que al

incrementar la demanda mediante el otorgamiento de incremento salariales, permitirá la utilización de la capacidad industrial ociosa".

Sin embargo, el modelo ofrecía serios peligros. Afirmaba el doctor Leonel Figueroa Ramírez presidente del Banco Central de Reserva que el potencial productivo del país no es lo suficientemente amplio en áreas donde crece la demanda. Para continuar creciendo es importante no sólo propiciar la inversión de las empresas sino que ésta se dirija fundamentalmente a modificar el modelo de desarrollo imperante. Así mismo, respecto a la demanda excesiva de alimentos e insumos industriales de procedencia extranjera, señala que un crecimiento muy intenso del consumo será peligroso ya que el aparato productivo no podría responder adecuadamente lo que desestabilizaría el nivel de los precios.

El 15 de agosto de 1986 el FMI declara al Perú "inelegible" para futuras operaciones de crédito visto que no daba cumplimiento a sus obligaciones vencidas, colocándolo en le grupo de "parias" de la economía mundial.

Frente a las repetidas llamadas de atención para frenar el consumo como único medio para hacer posible la inversión y asegurar así un crecimiento sobre bases firmes, durante 1987 se mantuvo sin embargo la política de mejorar los ingresos reales de la producción con el fin de incrementar la demanda interna y mantener de este modo la reactivación económica observada desde 1986, en 1987 se obtuvo un incremento de 6.9% en el PBI.

El incrementó de 1986 costó la país una perdida de reservas de US$517 millones y un déficit del Sector Público equivalente al 6.3% del PBI, en tanto que el incremento del año siguiente, tuvo un costo mas elevado, pérdida de reserva de US$653 millones y un déficit de las finanzas públicas igual a 8.4% del PBI.

La congelación del tipo de cambio no impidió que los exportadores siguieran operando, sin que se afectara su rentabilidad a pesar de la baja de las cotizaciones y de los mayores costos atribuibles al aumento de las remuneraciones y del precio de los combustibles. Se lograron sí saldos positivos tanto en la balanza comercial como en la de cuenta corriente, factor que permitió que al terminar 1985 correspondiera a la balanza de pagos un superávit de US$ 1,383 millones, el monto más elevado en términos nominales en la historia económica del país.

Con el objetivo de priorizar el uso de las divisas, evitando encarecer el precio de los productos básicos, durante 1986 se fueron trasladando pagos por importadores al mercado financiero de dólares, manteniéndose en el Mercado Único de Cambios (MUC), que se mantenía congelado irrealmente, los alimentos, las medicinas y sus respectivos insumos.

En 1987 el Perú tenía trece tipos diferentes de cambio de monead, once de ellos de carácter comercial y dos determinados por la oferta y la demanda. Dicho sistema cambiario, la conjugarse con los efectos de un plan de subsidios a números productivos básicos, originó un voluminoso contrabando hacia los países vecinos.

Ante la necesidad de fomentar la generación de divisas y defender las reservas, nada concreto se hizo para estimular de manera decidida los exportaciones, el turismo, y las

inversiones extranjeras y solo se adoptaron medidas de carácter pasivo como la creación del sistema de presupuesto de divisas, la licenciatura de importación y la licenciatura de cambio.

En 1987, todos los indicadores señalan claramente que el proceso de crecimiento económico iniciado un año antes había empezado a perder impulso al tiempo que desaparecían los márgenes de capacidad instalada no utilizada en la industria manufacturera y comenzaban a escasear algunos insumos importados esenciales, produciéndose un resurgimiento de la inflación.

El 28 de julio de 1987, el Presidente de la República asombró a todo el país y a la propia jerarquía aprista al anunciar que, por ser "el sistema financiero hoy en el Perú el más poderoso instrumento de concentración de fuerzas económicas y por ende la influencia política y el mayor obstáculo a la democratización de la producción y la acumulación del excedente" proponía al Congreso "su nacionalización y estatización, reservar la actividad crediticia, financiera y de seguros al estado como un primer paso para la democratización real de nuestra economía".

La medida significó la ruptura de García con los capitanes de la industria, conocidos como los "doce apóstoles", quienes, lejos de seguir el rumbo propuesto por el modelo, para lo que recibían apoyo de parte del sistema de dólares MUC, habían invertido la figura. Frente a eso, la corrupción por el manejo de divisas se hizo evidente e incontrolable. La confianza se perdió y la inflación se desbocó.

La decisión de estatificar el sistema financiero despertó muy airadas reacciones en todos los sectores del país incluyendo a varios dirigentes de Izquierda Unida. Los partidos de la llamada "oposición democrática", las entidades representativas de las actividades productivas y comerciales, el Colegio de Abogados de Lima así como amplios sectores de la opinión pública independiente, afectado por lo que consideraron un engaño y alarmados por la nueva faceta aprista, reaccionaron organizando activamente lo que denominaron una "cruzada cívica" en defensa de la libertad y de la Constitución, a las que se consideraba vulneradas dado que el gobierno no había podido probar que su decisión respondiera a una "causa de necesidad y utilidad pública y de interés social".

La reacción ciudadana, expresada unas múltiples manifestaciones espontáneas realizadas tanto en Lima como en provincias, culminó en dos concurridos mítines organizados uno por el partido Popular Cristiano y otro por el escritor Mario Vargas Llosa.

Se esperó hasta marzo 1988, el ministro de economía Larco Cox, anunció al país un plan de austeridad basado en una devaluación promedio de 26.6%, aumento de precios que oscilaban entre el 70% y el 100%, elevación de los tipos activos y pasivos de interés; reducción de las asignaciones de divisas para turismo, así como disminución drástica de importaciones, de subsidios y de diversas exoneraciones.

Como resultado de las medidas de marzo se obtuvo la acentuación en los problemas y el repunte de la inflación que en ese mes alcanzó una tasa de 22.6%.

El 10 de julio el ministro de economía, anunció el segundo "paquete", siguiendo sucesivamente otros el 6 de setiembre y el 22 de noviembre de 1988. El ministro de

economía Abel Salinas señaló en setiembre que había una serie de dificultades: mucha liquidez en la economía, sin que aumente realmente la producción. Los precios suben porque mucha gente quiere ganar más, "en exceso", vendiendo sus productos y tiene temor al futuro. Había que controlar precios, pero los precios también suben porque hay exceso de billetes para el nivel de producción.

A finales de 1988, el Perú padeció una aguda escasez de alimentos básicos. Llegando al puerto del Callao embarcaciones de emergencia, el “Marbonita” argentino con una carga de 12,393 toneladas de torta de soya, y el “Kongo Maru” con 12,738 toneladas de azúcar, permaneciendo anclados por dos meses. También la llegada del barco Salcantay con 26,000 toneladas de trigo, pudiendo reiniciar sus actividades las panaderías.

Luego de haber alcanzado en 1987 un valor de I/. 383.4 millones, el PBI registró en 1988 una contracción de 8.9% que causó la pérdida de la casi totalidad de lo logrado en los años anteriores.

Aparte del notable crecimiento que las actividades de la construcción registraron entre 1985 - 1988, atribuible en gran parte al esfuerzo de los habitantes de los Pueblos Jóvenes, los resultados que llaman más atención son los correspondientes a la minería y a la industria manufacturera.

Las tasas de cambio sobrevaluadas aplicadas a las exportaciones mineras y petroleras, al conjugarse con los efectos de dos dilatadas huelgas mineras, del agotamiento de los yacimientos de petróleo y la escasez de repuestos y equipos necesarios para mantener en plena eficacia las instalaciones productivas, dieron lugar a que, a pesar de la acentuada mejora de las cotizaciones de los metales básicos, la producción del sector registrara en 1988 el nivel mas bajo desde 1976.

La caída de 1988, reflejo de la acentuada reducción de la capacidad adquisitiva de la población, del desabastecimiento de insumos, equipos y repuestos de procedencia foránea y de las dificultades con que tropezó, raíz de la política cambiaria, la exportación de productos no tradicionales, trajo aparejados el cierre de algunas plantas, la reducción de turnos en otra y, por último, despidos de personal.

A pesar de las acciones anotadas, el déficit fiscal de 1988 sobrepaso el 6% del PBI por lo que, no obstante al factor restrictivo ejercido por la pérdida de reservas, la emisión primaria del Banco Central subió de I/. 5,962 millones correspondientes al 31 de julio de 1985 hasta I/. 423, 834 millones a fines de 1988 y el crédito neto del Banco Central al sector público pasó entre iguales fechas de I/. 1,736 millones a I7.151,908 millones.

El llamativo desequilibrio entre el crecimiento del PBI y la expansión de la emisión primaria explica por qué, después de haber descendido a 62.9% en 1986, la tasa inflacionaria repuntó a 114.5% en 1987 y a 1,722.3% en 1988.

Ese era el escenario económico catastrófico que dejaba el gobierno aprista.

Accomarca, la guerra sucia

Un pie como una piedra calcinada. Un niño como un pie. Un tórax

como un niño calcinado. Un corazón como una piedra al aire. Una pupila que guarda las fogatas y quema todavía. (Antonio Cisneros)

Horrorosa masacre en Accomarca ejército mata a sesentinueve pobladores: en vísperas del 14 de agosto de 1985 llegaron al pueblo de Accomarca fuerzas militares del Cuartel de Cabitos de Vilcashuamán. Después de alojarse en el pueblo, los efectivos militares convocaron al pueblo a una supuesta asamblea. Encerraron a hombres, mujeres y niños en chozas diferentes, inmediatamente fueron acribillados y quemados, habían sido engañados. Se ha enfatizado en la violencia desatada por Sendero Luminoso, pero, como hemos visto, hubo otro participante en la disputa, el ejército. Lo que ocurrió durante el gobierno de Alan García fue, en términos de la participación de las FF AA en la guerra, lo más violento e injustificable. Accomarca fue la muestra de ello.

Una Comisión del Senado investigó la matanza de 69 campesinos. La denuncia fue hecha, en la Sala de Lectura de la Cámara de Diputados, por dos sobrevivientes de la matanza, quienes se identificaron como Clemente Baldeón Tecse y Víctor Baldeón Reza. Ambos hablaron en quechua para el periodismo local y su relato fue traducido por el diputado Maximiliano Camacho, representante de la IU por el departamento de Apurímac. En la cita estuvieron presentes el Senador Javier Diez Canseco y el Diputado Edmundo Panay, ambos de la IU, quienes pidieron explicaciones al Ministro del Interior y al Comando Político-Militar de la zona.

Accomarca desde 1983 había sido escenario de terror cuando la familia de Cerpentino Quispe fue asesinada por las fuerzas militares. Matilde Quispe sobreviviente narra que el supuesto motivo de la masacre de parte de las fuerzas armadas se debiera a que el pueblo nunca asistía a las asambleas realizadas por Defensa Civil, “somos un pueblo pacífico y por esto nos dicen que somos aliados de los senderistas”. La engañosa asamblea que citaba al pueblo, antes de la masacre, se dio lugar en la Plaza de Llocllapamapa, aquí encerraron a hombres en la casa de Cipriano Gamboa, a las mujeres en la casa de César Gamboa y a los niños en la casa de Rufina de la Cruz.

La primera noticia sobre el asesinato masivo en la Comunidad de Accomarca se conoció en Lima el día martes. El Diario de Marka hacía público el hecho, el senador de IU, César Rojas Huaroto denunciaba ante el senado los pormenores del sangriento suceso ante el estupor de los parlamentarios. La cámara alta acordó la formación de la Comisión investigadora integrada por Javier Valle Riestra (PAP), Armando Villanueva (PAP), Jorge del Prado (IU), Javier Diez Canseco (IU), y César Delgado Barreto (DC); quienes debían viajar la siguiente semana del hecho a Ayacucho.

Los parlamentarios Germán Medina, Jorge Tincopa y Fernando Olivera viajaron en helicóptero hasta Accomarca, donde encontraron fosas individuales con cinco cadáveres. Otros dos fueron exhumados del cementerio de esa localidad y habrían sido sepultados el 13 de agosto, después de la matanza de los 69 campesinos.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en una decisión sin precedentes, ordenó drásticas sanciones al Comando General de la Zona de Seguridad Nacional del Centro, General de División EP Sinesio Jarama Dávila, y el Jefe Político Militar de la Subzona de Seguridad Nacional No 5, con sede en Ayacucho, General de Brigada EP Wilfredo Mori Orzo; fueron destituidos al cabo de una dramática sesión de 13 horas. Antes de la llegada de los parlamentarios Olivera, Tincopa y Medina, Accomarca es batida nuevamente por los militares que dieron muerte a siete testigos de esta comunidad.

El joven oficial de 21 años, de mediana estatura, enfrentó por la tarde el interrogatorio por parte de los miembros de la Comisión Senatorial presidida por el senador Valle Riestra. Su testimonio contradice abiertamente el comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, acerca de que el oficial habría actuado por su cuenta. Las declaraciones del 9 de agosto de Telmo Hurtado Hurtado sorprendieron a los senadores al afirmar que él fue a Accomarca con hombres armados y mató a todas las personas que se encontraban en el lugar.

¿Quien le dio la orden al alférez genocida Telmo Hurtado? El Subteniente EP Telmo Hurtado Hurtado es encontrado culpable por su participación al haber decidido la muerte de 69 pobladores de la localidad de Accomarca, admitiendo su culpa de ser el ejecutor al mando de 18 soldados.

La Comisión Valle Riestra comprobó la horrorosa masacre, cuerpos completamente calcinados se encontraron al desenterrar una de las cuatro fosas comunes. Los testigos contaron lo suscitado en la masacre, los militares reunieron a los pobladores en tres direcciones Llocllapampa, Anyay y Comu. A los que escapaban los detenían con ayuda de perros. Luego de ser acribillados y quemados los pobladores, los militares saquearon las casas llevándose el ganado, gallinas y alimentos e hicieron una pachamanca.

El diputado Tincopa realizó una investigación durante su estadía en Accomarca, su información acusa al comandante Ricardo Sotelo Navarro responsable de las operaciones de la zona de Vilcashuamán y Cangallo a la cual pertenece al destacamento Los Cabitos.

Esta fue una de las varias y lamentables intervenciones del ejército en zonas consideradas "rojas". La violencia, y el saldo de muertos de la década de la violencia fue producto de dos frentes encontrados.

El desplazamiento poblacional

Thierry Saignes, un gran historiador francés, decía respecto a los pueblos y comunidades andinas que eran "producto de historias múltiples, liminales y movedizas". El fenómeno del desplazamiento forzoso interno de los años 80 comparte esa definición, y es sólo parte de un largo proceso histórico, aunque se haya precipitado por un factor repentino desencadenante. Añade pues a esa complejidad de largo aliento, una fulminante naturaleza de cambio.

El fenómeno del desplazamiento tan pronto fue una sorpresiva evidencia como rápidamente se manifestó en problemas y tendencias poliformes, diferentes al fenómeno

original. Si se prefiere, es tan real como a la vez una construcción de la imaginación y las voluntades políticas e institucionales. Final, pero evidentemente en principio, está atravesado por las contradicciones globales de la institucionalización y socialización del Perú de fin de siglo.

Fueron las parroquias de los asentamientos humanos marginales las que "descubrieron" el fenómeno en Lima. Cuando en la capital se percibió el fenómeno, ya llevaba varios años de dolorosa existencia en los distritos de la sierra sur central y central. La población que dejó sus asentamientos rurales para trasladarse a la ciudad comenzó la tarea de encontrar mecanismos de sobrevivencia y reproducción cultural. Al poco tiempo, ya era objeto de la atención de algunas instituciones y desde ellos mismos surgía la necesidad de organizarse y representarse. Según registro de testimonios recogidos en CEPRODEP, el surgimiento de la organización de los desplazados en Lima se remonta a 1988. Fueron personas ligadas a distintas agrupaciones ayacuchanas las que los cobijaron o apoyaron. Organizaciones culturales y de migrantes apoyan la agrupación de los desplazados y surge la Asociación de Familias Desplazadas de la Región Libertadores Huari. Otros organismos surgen en estos años también, como Jatariy Ayllu y AIDREH. Se trataba de organismos que agrupaban "bases", algo así como las comunidades rurales que representan "pagos", anexos, estancias, ayllus.

Fueron los ayacuchanos los más activos en esto, lo que es muy explicable considerando que era la región más afectada. Los propios miembros de CEPRODEP, que apoyan la organización y levantan el discurso sobre "desplazados y retorno", son ayacuchanos o con una estrecha vinculación con esa región. Paralelamente, las organizaciones ayacuchanas, agrupadas en la Federación de Instituciones Provinciales de Ayacucho (FEDIPA), desarrollan una activa campaña de reagrupamiento y apoyo cultural en la ciudad. En 1986 la "Federación Interdistrital de la Provincia de Huamanga, Ayacucho" (FIPHA) organiza el concurso llamado la "Tinya de Oro", con un carnaval en Ate Vitarte que reúne a cinco mil personas. El carnaval ayacuchano se seguía festejando en Lima, con una segunda versión de la "Tinya de Oro" en 1987, también con miles de asistentes, el jurado lo presidía Raúl García Zárate. Hasta 1997, en que FEDIPA llenó el Estadio Nacional en una masiva actuación cultural y musical.

ASFADEL, la Asociación de Familias Desplazadas de Lima, es una continuación y ampliación gremial de la originaria agrupación ayacuchana y sus redes sociales se originaron en ese proceso cultural de diversa orientación que data de 1986. La existencia de estas familias de migrantes, marcadas por el desplazamiento interno, ha sufrido un periodo de lucha interna con el senderismo y la infiltración de los servicios de inteligencia por cerca de diez años. El acercamiento de las ONG's, de las Iglesias y del Estado, ha añadido nuevos factores de integración en el periodo central de organización: 1991-1995.

En la lucha por la inserción en la ciudad, con la demanda respecto a la "identidad" (que en los medios intelectuales llevó a sus cotas más altas el discurso sobre la "andinidad"), han añadido nuevos factores en la reproducción social y cultural de los migrantes y desplazados. La historia urbana de esta población, conservando elementos de la historia previa, desarrolla nuevas tendencias de integración y de diferenciación: es una historia múltiple.

La multiplicidad o heterogeneidad es un factor histórico que no se debe descuidar. Cuando las FF. AA. y Sendero se enfrentaron a partir de 1983 hasta 1986, las comunidades, los pueblos, anexos y distritos sufrieron un reavivamiento de contradicciones entre ellos. Una auténtica guerra campesina, marcada por factores étnicos, políticos, culturales y religiosos, se desplegó al calor de las balas cruzadas de la guerra sucia entre FF. AA. y SL. El caso de Huancasancos y Lucanamarca, donde comuneros de uno y otro pueblo se enfrentaron sucesivamente, empujados por las fuerzas en conflicto, es sólo un botón de muestra.

Entre 1983 y 1985 se hicieron las últimas "disturbaciones étnicas"; para usar, en el presente, un término acuñado por Lorenzo Huertas en sus estudios sobre la historia rural ayacuchana. Uchuraccay, en 1983, donde varios periodistas fueron asesinados, fue el aviso. Contingentes de mujeres, ancianos y niños fueron reducidos -usando otro término de la dominación colonial del siglo XVI- en "campamentos contrainsurgentes". Los hombres se incorporaron en las rondas y comités de autodefensa. En la base de las acciones y las opciones de los campesinos, se podían encontrar viejas diferencias entre ellos. En la zona de Huanta hacia La Mar, historias como ésta que pasamos a presentar eran pan de cada día. En Marcobamba, un grupo de milicianos de SL incursionó y asesinó a una familia completa y confiscó sus animales. Un hermano del jefe de la familia era parte del grupo de SL. Para ganar un pleito por tierras, acusó a sus familiares de "gamonales". Un niño de 13 años no fue asesinado sino conducido a las cuevas de Razuwillca e incorporado en un batallón de SL, hasta que logró huir durante un asalto y se refugió en el pueblo de Challhuamayo, donde fue aceptado.

En 1986, junto a las masacres perpetradas por el ejército, como Accomarca, se suscitaron otras, terribles, ejecutadas por SL, como Laramate. En ese momento, los pueblos estaban totalmente relocalizados, alterados, recreados. Del pueblo al distrito, del distrito a otros pueblos. Las familias extensas se desmembran, desarrollan una multi localización. Si se revisa un libro de historia andina del siglo XVII, en medio de la madura dominación colonial, se verá que el panorama no fue muy diferente: los llamados "originarios" eran cada vez menos en relación con los "forasteros", los indios que dejaban sus pueblos y se relocalizaban, para escapar a los tributos y pensiones. Los hombres que iban a cumplir con sus trabajos obligatorios como la mita, las más de las veces se quedaban en las ciudades mineras, fugados de su pueblos. Las mujeres iban a las ciudades a incorporarse como servidoras domésticas o vendedoras de los qatos y chicherías. Los antiguos "forasteros", una manifestación de cambios en el tejido social, son los actuales "desplazados", signo de lo mismo.

Las comunidades andinas siempre han sido receptoras, sus redes sociales son muy maleables. Las contradicciones que una realidad así de heterogénea y móvil puede generar son muchas. En momentos de tensión, como el vivido durante la guerra sucia, se desatan. Fue el antropólogo francés Henri Favre quien sintetizó las contradicciones étnicas en la base de los enfrentamientos campesinos dentro de la guerra entre SL y las FF. AA..Pero también estuvieron a la orden del día las explicaciones más historicistas. Lo que Lorenzo Huertas había descubierto, junto con otros investigadores como John Earls, Irene Silverblatt, Salvador Palomino, Jaime Urrutia e incluso Luis Lumbreras y Efraín Morote, hablaba de una historia de enfrentamientos entre grupos étnicos, entre pueblos andinos atravesados por una persistente dominación colonial (desde tiempos pre coloniales, durante la colonia y en las diferentes etapas republicanas, hasta la modernización más reciente). Sus notas y entrevistas aparecieron en los diarios y

revistas, junto con los reportes de Abilio Arroyo que hablaban de esta moderna (por reciente más no por nueva) y violenta etapa de movilizaciones poblacionales, relocalizaciones, reagrupamientos, enfrentamientos y finalmente: desarraigos y fugas. Ese fue el caldo de cultivo de los "refugiados internos" convencionalmente llamados "desplazados", extranjeros en su propio país, modernos "forasteros".

En los mismos términos que los investigadores mencionados, Antonio Díaz Martínez, intelectual líder de SL que murió en la prisión, se refería a los enfrentamientos campesinos. Por ejemplo en Chuschi, donde se produjo el ILA (Inicio de la Lucha Armada), las rivalidades con Quispillacta eran antiquísimas y se mantuvieron hasta tiempos recientes en la disputa de las punas y pastos, con muertos en los enfrentamientos sucesivos: en 1960 se produjo una pequeña guerra armada. Esas rivalidades se desplegaron en otro contexto en los años 1983-86. En octubre de 1983 en Santa Rosa fueron ejecutados varios "senderistas" por el ejército y los paramilitares de las rondas. Cuando el "ejército de ocupación" -como bien lo llamó Nelson Manrique- dejó el pueblo SL regresó y ejecutó una decena de comuneros por "colaboracionistas". Las comunidades donde SL había desarrollado su primera campaña eran arrasadas. En 1984, en las comunidades de Tanta, Huaracayocc, Manzanayocc en Cangallo, sus poblaciones fueron arrasadas por el ejército y los ronderos de las "reducciones" modernas, las "bases contrainsurgentes", con comuneros de Ocros, Chumbes y Ccamarca, que eran capitales de distrito. En Huanta, los infantes de marina desaparecieron Ccarhuace con comuneros de Huamanguilla. Los cuales tiempo después, fueron masacrados en represalia. Lo que alguna vez parece enfrentamiento entre "pobres y ricos", o entre "indios y mistis", muchas veces es pueblo contra pueblo. Alberto Flores Galindo llamó a esto en 1985 "la guerra silenciosa". Huambalpa, que había tenido 3,000 habitantes, en marzo de 1983 tenía 42 ancianos. Si el campesino varón no quería incorporarse en las rondas y/o no era reclutado por sendero, sólo le quedaba refugiarse, dejar el escenario de los enfrentamientos. Ello se manifiesta más abiertamente a partir de 1986. Sus familiares, al desatarse las masacres, siguieron el mismo camino.

¿Puede hablarse de un sólo proceso de refugio y desplazamiento? Es imposible, se trata de una historia múltiple. Multiplicidad que, como vimos, se prolongó en la gran ciudad, se desagregó en un nuevo escenario donde los pobladores empezaron a desempeñar nuevos roles.

Los desplazados serían 600,000 en 1995. Algunas veces "más de..." 600,000. Es un número aproximado, que ha sido necesario crear como referencia, como apoyo y sustento de programas, pero que no corresponde a una exacta realidad. La identificación del universo de desplazados ha seguido un curso ascendente. El Instituto Cuanto detectó 134,000 desplazados en Lima para 1990, de los cuales 66,000 eran de origen campesino. Luego, la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) menciona en 1992 62,000 familias que, ponderadas a cinco personas da unas 310,000 personas a nivel nacional -si casi la mitad de ellos estaba en Lima, ambos guarismos coinciden. El propio gobierno nominó una comisión técnica que emitió otro dato ese mismo año: 80,000 familias, 400,000 personas de las cuales la mitad se localizaba en Lima. El Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas, tomó ese dato como válido, pero la Oficina para las Migraciones Internacionales en 1994 dio el último estimado, 100,000 familias: llegamos a los 600,000. Las encuestas, datos sueltos y apreciaciones de

CEPRODEP, han arrojado, según Isabel Coral, 120,000 familias, con un rango inferior de 111,500 familias. Es decir, se puede afirmar también "más de...600,000". Sólo I. Coral y CEPRODEP han emitido una apreciación que supera el número redondo de los 600,000. Con una buena explicación de sus fuentes y asumiendo lo indicativo de sus cifras. Incluso, sostienen que el cálculo podría ser conservador. Promediando los números menores con la mirada expansiva de CEPRODEP, es un buen promedio los 600,000.

Sin embargo de los esfuerzos por cuantificar la población desplazada, es imposible capturar el fenómeno de manera tipológica y estática: es un fenómeno "movedizo".

Cuando el fenómeno del desplazamiento comenzó, las puertas de las parroquias urbanas de Lima fueron los lugares del sorprendido testimonio de su existencia. Sin embargo, ese era un epifenómeno, la culminación de un doloroso movimiento en cascada. El movimiento poblacional más importante se había dado, "de la comunidad al distrito". Este es el momento donde la historia tiene una palabra muy importante que decir. +Qué es, a fin de cuentas, la comunidad indígena? El pequeño grupo de las alturas andinas, las agrupaciones de tipo cabildo, los famosos anexos, el municipio del distrito, van tejiendo lo social y cultural en una arborización institucional no exenta de contradicciones. Recién se podía ver la existencia amenazada de los comunes de indios, al borde de su desaparición: se trataba de una realidad "liminal". Desde las familias extensas, desde los anexos y comunidades, la población fue saliendo hacia el distrito, hacia la capital provincial, hacia las ciudades intermedias andinas.

Ese ha sido el desplazamiento masivo. ¿Cómo medir ese fenómeno? Incluso los que "se quedaron", involucrados en las rondas campesinas, eran "desplazados", hicieron la guerra viviendo un conflicto total.

La guerra campesina que precedió al desplazamiento forzoso y masivo revelaba una clara diferenciación interna de la población. Diferenciación que se agudizó y se hizo más compleja en el proceso de inserción. En la medida que la etnicidad no es un factor de identificación y autoestima, la población campesino indígena que fue brutalmente desarraigada, ha sufrido doblemente en su inserción en la ciudad. Los niveles de conciencia, la identidad y los intentos de ocultarla o reformularla, los lazos de parentesco o paisanaje combinados con factores económicos urbanos, han contribuido a atomizar aun más a los pobladores. Esa es la raíz de la falta de organicidad de las federaciones que los agrupan. Ese es el principal problema de las acciones humanitarias de las ONG's que se acercan a ayudar a los pobladores: tienen que enfrentar problemas muy individualizados que no siempre permiten mantener un panorama conjunto que explique y de sustento -incluso en las conciencias de los afectados- a las situaciones particulares.

Por último, es pertinente establecer periodos, hacer una imagen más dinámica del proceso. La historia inmediata, las etapas del desplazamiento. Entre 1983-1986 la primera etapa. Entre 1986-1990 la siguiente. Entre 1990-1993 la tercera. La siguiente etapa, la del retorno y pacificación, 1993-1996.  

CAPITULO VLOS NOVENTA Y EL FIN DE SIGLO

El Perú de la década de los noventa parece un país devastado. Como en las décadas anteriores, un gobernante o un mismo fenómeno parecían dominar la escena política. Si en los 70 fue la experiencia de los militares reformistas en sus dos etapas, en los 80 las retornos políticos de dos partidos que ensayaron el sistema democrático electoral, en esta, un personaje, controvertido pero eficaz, dominó el poder en el Perú de fin de siglo. El triunfo electoral de Alberto Fujimori trajo muchas novedades sobre ese escenario que parecía no tener final para las desdichas. El nuevo presidente capitalizó las frustraciones, apuntándose caudales de aceptación popular por cada plaga que parecía conjurar gracias a una habilidad en cuya explicación los analistas no se han puesto de acuerdo. Su modelo tiene una contradicción básica, las cosas parecen mejor en todo sentido, pero la manera como esas mejoras se viven cotidianamente no se refleja en la calidad de vida de las mayorías. El saldo positivo de los logros económicos y políticos parece compensarse con el sacrificio de la institucionalidad democrática, el desmantelamiento de los contrapesos civiles y el desmedido aumento de la injerencia militar. En un análisis de perspectiva, la práctica política de Fujimori, y del fenómeno político que ha venido en llamarse (siempre con el tinte personalista que el personaje ha impuesto) el "fujimorismo", ha sido la de un desmantelamiento de la memoria reciente, la demolición de instituciones, de recuerdos y experiencias, para instalarse como el iniciador de algo sin antecedentes. El futuro permitirá medir este momento donde se cierra una época de esperanzas y frustraciones. El 10 de junio de 1990, Alberto Fujimori, a la cabeza de un improvisado movimiento Cambio 90, obtuvo un arrollador triunfo sobre su oponente en la "segunda vuelta" electoral, Mario Vargas Llosa. Su triunfo inauguraba una nueva era política en el Perú. Desde luego vinculada a las características personales del ganador, pero más a los cambios en las actitudes políticas resultantes de varios lustros de "prueba" con los partidos políticos que expresaban las tendencias de opinión y los programas de futuro en el Perú de la segunda mitad del siglo. Los partidos fueron censurados abiertamente y el ganador se apuró a decretar su extinción. Vargas Llosa era independiente, pero su agrupación integraba a dos de los partidos llamados entonces "tradicionales", el PPC y Acción Popular. No eran tradicionales esos movimientos, todo lo contrario, fueron como hemos visto, los más recientes partidos, que renovaron el tono y las actitudes políticas del país; pero para la opinión pública crítica con los que veía como responsables de la crisis económica y moral más seria después de la postguerra del Pacífico en el siglo XIX, ya eran "tradicionales", como se apuraba a calificarlos el flamante presidente. El Apra, luego de la debacle política y económica del gobierno de Alan García, obtuvo un magro resultado, guardando sus armas para futuras alternativas. La izquierda, dividida y atomizada, agotada de ser oposición radical pero a la vez garante del sistema, recibió igual condena electoral, agravada por los cambios en las ideologías mundiales. El camino quedaba libre para ensayar nuevos rumbos. A eso se avino Fujimori.

Una nueva constitución, la primera vez que un mandatario obtenía un nuevo mandato seguido y la posibilidad de hacerlo por una tercera oportunidad, son fruto de estos cambios, cosechados en medio del desconcierto que una década de frustraciones dejó en la población.

Los fantasmas de fin de siglo

Dos fueron los temores que la población vivía cotidianamente. Uno fue la violencia, el otro la hiperinflación en que terminó el gobierno aprista. Mientras los analistas trataban de explicar el fenómeno del triunfo electoral de Alberto Fujimori, éste preparaba un programa de acción que fue más un estilo personal que una formulación claramente expresada. Un estilo que debía enfrentar los fantasmas de fin de siglo.

El triunfo arrollador de Cambio 90 sorprendió por varios motivos. Por la rapidez con la que un desconocido se encumbró en la presidencia, por la envergadura de las fuerzas electorales a las que derrotó, incluyendo el prestigio de su contendor y porque los medios de comunicación daban por seguro el triunfo del perdedor. Un error como ese es un hecho histórico. En descargo de los cálculos fallidos cabe señalar que la votación estable de las corrientes reformistas y radicales se inclinó por el candidato opositor al liberalismo a ultranza que proclamaba Vargas Llosa. También hubo factores étnicos y de percepción política. Los votantes populares se inclinaron por Fujimori como oposición a los candidatos que recordaban a los aristócratas que la revolución “velasquista” había cancelado del poder hacía dos lustros. La votación de 1985 fue abrumadoramente de centro izquierda, por el Apra remozada en socialdemocracia, que inauguró su mandato fungiendo de anfitrión de la Internacional Socialista reunida en Lima, y la Izquierda Unida que bien pudo sumar votos en una segunda vuelta a la que no se presentó en 1985. Aprista e izquierdistas dieron su voto a Fujimori, incrementando las tradicionales votaciones de avalancha que caracterizaban las inclinaciones electorales de los peruanos desde la reinstalación de la democracia electoral.

Tan pronto confirmó su triunfo, el presidente electo se trasladó a la sede del club militar. Sin un partido que lo amparase, se iniciaba la alianza básica que lo sostendría para sus innovaciones heterodoxas y polémicas, Fujimori halló en los militares, que llevaban adelante una frustrante guerra interna de decenas de miles de muertos y una década de ausencia de triunfos, los aliados perfectos.

En el campo internacional, se apuró a pedir ayuda a quien a renglón seguido sería su segundo ilustre contendor electoral derrotado, el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar. Con apoyo del peruano más influyente en el concierto internacional, prometió restituir al Perú en el sistema crediticio mundial, pagando la cuantiosa deuda que tenía y garantizando para ello aplicar justamente el programa que su oponente había prometido llevar a cabo. El ajuste estructural, que implicaba retracción de la demanda, congelación de los ingresos por salarios, devaluación y flotación de la moneda, privatización de los bienes del estado. El llamado golpe económico o shock según la jerga económica sajona, con el que los votantes populares quedaron espantados en boca de Vargas Llosa, se transformó en el "fuji shock" que la población aceptó consternada. La hiperinflación del último año de Alan García llegó a 2,775%, el ajuste de precios del shock puso el índice en 7,649 y luego la tendencia fue a mantener un ritmo cada vez más bajo de alzas, hasta casi controlar la inflación. Los oponentes que apoyaron al derrotado FREDEMO (Frente Democrático) no pudieron sino secundar al mandatario que contaba con el amén de los organismos reguladores de la economía mundial, y el no menos importante apoyo de los militares. Con el ajuste, que llevó los precios a niveles inigualables, sin aumentar los salarios y

luego con las privatizaciones, manteniendo los balances macroeconómicos estables, el gobierno controló la inflación y logró la aceptación de prácticamente todos los sectores con opinión política. Lo sorprendente es que sin un programa de compensación social, reduciendo el gasto social, las protestas de los más pobres, que entraron en el nivel de extrema pobreza de la noche a la mañana, no se hayan manifestado como se hubiera esperado.

La violencia sin embargo seguía desbocada. Las acciones de Sendero Luminoso además se trasladaron primordialmente a Lima. La capital recién tomó conciencia de la envergadura del peligro terrorista. Fue entonces que Fujimori, el 5 de abril de 1992, dio su "autogolpe", disolviendo el parlamento, interviniendo el poder judicial y poniéndose fuera del orden legal con apoyo de sus aliados militares, que cobraron un poder mayor en el juego de fuerzas en el poder. La oposición nacional e internacional no se hizo esperar. Y la violencia arreció como nunca en Lima cuando un "coche bomba", tétrica táctica de terrorismo de Sendero Luminoso, estalló en Miraflores en la calle Tarata. Uno de los fantasmas parecía indomable.

Esta historia se cierra con el capítulo que abre otro golpe de estado, esta vez no fue sublevación que fracasó, como el octubre aprista de 1948, fue un "autogolpe" del presidente Fujimori, con apoyo del ejército, que inició una larga etapa de cogobierno sutil.

La popularidad del mandatario no disminuía sin embargo. Las encuestas de opinión invariablemente concedían un apoyo incomparable para un mandatario con tanto tiempo en el poder y con una mancha en su conducta tan grande como la violación de la constitución. La fortuna vino a coronar esa tendencia. Poco después de sus últimos atentados, un comando policial que lo había seguido pacientemente, y un descuido poco explicable luego de una década de estricta clandestinidad, pusieron entre rejas (literales) al jefe del terrorismo, Abimael Guzmán y a casi todo su comando senderista. Para un movimiento vertical y fanático como el que tenía, ese fue un golpe mortal. Como un castillo de naipes, su fuerza se transformó en debilidad. Y el fantasma de fin de siglo se trocó en el sueño de la absoluta hegemonía de lo que ya se llamaba "fujimorismo".

Convocadas las elecciones para un Congreso Constituyente, llamado con poca propiedad Democrático, CCD, Fujimori consolidó su poder y sancionó una nueva constitución que le permitía lanzarse a una relección en las justas electorales que se convocaron en 1995 y que a la postre ganó.

La violencia política en la lima de 1992

El año del autogolpe fue sin duda la cumbre de la violencia en Lima. Tanto en los sectores populares como en los distritos de clase media y en los centros comerciales. Sendero Luminoso trasladó su accionar a la capital, convencidos de la repercusión política que sus acciones tendrían. Las acciones fueron de todo tipo, desde coches bomba en lugares públicos, hasta el terrible atentado de la calle Tarata en Miraflores. Pero sus blancos cotidianos fueron los dirigentes populares. Los terroristas tenían algunas zonas de Lima controladas y sometidas, pero en otras, donde la organización popular era fuerte, debían amedrentar o liquidar a sus opositores. En el cono norte de Lima, donde se habían cuantificado entre 10 y 20 atentados anuales entre 1980 y 1986, en 1991 se registraron un centenar, lo mismo que en el sur y particularmente en Villa el

Salvador. La mayoría de líderes de las organizaciones populares fueron amenazados. Fueron 14 los asesinados en 1991 y antes del autogolpe de 1992, los caídos sumaron 24. Los blancos más importantes fueron las mujeres que jefaturaban organizaciones populares, quienes fueron asesinadas en ese sangriento año de 1992.

María Elena Moyano Delgado nació en el distrito de Barranco un 24 de Noviembre de 1958. Ante la situación de pobreza que soportaban, su familia decide salir del distrito de Barranco, hacia el sur de Lima, a un lugar que luego con ayuda de muchos hombres y mujeres terminan convirtiendo en un nuevo distrito. Ante la negativa del estado por parte del Ministro del Interior, General Armando Artola, de permitir a los pobladores asentarse en los terrenos que habían tomado y con la ayuda del llamado "obispo de los pueblos jóvenes", Monseñor Bambarén, nace Villa El Salvador en 1971. En esta tierra María Elena Moyano sería parte de la historia que marcaría un pueblo.

En 1979 se da la huelga del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), participando la futura dirigente popular como representante del Comité de Lucha de Animadoras de Villa El Salvador (COLUAVES). La primera acción fue la toma de diversos colegios del distrito, como El Pachacútec, y la retoma del Centro Educativo 6065, que en su primer momento estuvo en poder de militantes apristas. Por este motivo pierde su programa de estudios en la universidad. Estudia sólo hasta el segundo año de su carrera profesional.

En 1984 ingresa al Partido Unificado Mariateguista (PUM). Aquí se convertiría en una militante política y al mismo tiempo dirigente popular, participando en este partido hasta 1988. En la Segunda Convención realizada por la Federación de Mujeres de Villa El Salvador (FEPOMUVES), ocupa el cargo de presidenta por dos períodos consecutivos, hasta 1990. Su labor dentro de la FEPOMUVES era de integrar a las mujeres en las funciones de clubes de madres, comedores populares y comités de vaso de leche e inspectoras populares. La principal tarea era la capacitación dirigencial de las madres, además de la asesoría legal.

El 29 de octubre de 1987, Villa El Salvador recibe el premio "Príncipe de Asturias de la Concordia". María Elena Moyano va a España representando a las mujeres del distrito como presidenta de la FEPOMUVES, acompañada por el entonces alcalde Michel Azcueta.

Ante las acusaciones hechas por el vocero senderista El Diario -que lanzaba intensos ataques a las organizaciones de izquierda- la presidenta de la FEPOMUVES responde que Sendero Luminoso quería acabar con los dirigentes populares y los juzgaba por la muerte de cualquier líder.

En las elecciones ediles realizadas en noviembre de 1989, es elegida Teniente Alcaldesa de Villa El Salvador, y Yoni Rodríguez es en esta oportunidad el nuevo alcalde, ambos integraban la lista del partido Izquierda Unida (IU). Sendero comenzaba a sembrar el terror asesinando a dirigentes populares, una víctima fue la coordinadora del vaso de leche del Callao, Juana López de León. Su asesinato ocurrió cuando salía de su domicilio el 30 de agosto de 1991. Más tarde otro atentado se dio en el depósito de acopio que abastecía a 90 comedores de Villa El Salvador, que estaba manejado por la FEPOMUVES cuya presidenta era Esther Flores. Las líderes populares impulsan una marcha de protesta contra la destrucción que realizaba Sendero Luminoso, efectuándose

el 12 de setiembre de 1991. Al mismo tiempo se realizaría otra marcha el 26 de setiembre, llevándose a cabo una multitudinaria movilización desde el Campo de Marte hacia la Plaza San Martín en Lima, cuyo lema central fue "Contra el hambre y el terror", manifestándose por la paz y en contra de la destrucción senderista. La oradora fue María Elena Moyano, que estaba en la cumbre de su influencia política entre la población.

Sendero amenazaba a María Elena Moyano mediante volantes que habían sido suscritos por el Partido Comunista Peruano (PCP), y por el Movimiento Clasista Barrial (MCB), circulando por todo el distrito de Villa El Salvador el 28 de setiembre del mismo año. En estos volantes se le acusaba por supuestos malos manejos con el fin de desprestigiarla y poder atentar después contra su vida. Moyano no hace esperar su respuesta y publica una carta, explicando al pueblo de Villa El Salvador todas las acusaciones de que era víctima. Ese mismo año fue elegida "La Mujer del Año", distinción otorgada por el diario La República.

El pueblo joven de Ollantay, de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, fue escenario de otro atentado terrorista a dirigentes populares en enero de 1992. La señora Emma Hilario fue víctima de ese atentado en su propia casa, ella cumplía la labor de presidenta colegiada de la Comisión Nacional de Comedores Autogestionarios del Perú. Emma solo quedó herida en el atentado. Las amenazas de parte de Sendero comenzaron a circular con fuerza, dedicadas a insultar a las autoridades de Villa El Salvador.

El día 14 de febrero de 1992 frente al “paro armado” que convocaba Sendero Luminoso, se realiza una asamblea en la Asociación de Pequeños Industriales de Villa El Salvador (APEMIVES). Cada uno de los más altos integrantes del distrito rendían sus propuestas, a la vez el pueblo salió de sus casas para realizar una marcha por la paz y en contra del terror.

El día 15 de febrero de 1992, siendo las 7 de la noche, cuando se encontraba en un local social, se escuchó el primer impacto de bala que hirió a su guardia de seguridad. Miembros senderistas ya se encontraban dentro del lugar. Una mujer se le acerca y le impacta una bala en la cabeza, su cuerpo es arrastrado y llevado afuera, donde según testigos fue un niño quien le deposita debajo de su cuerpo la carga de dinamita que al instante haría explosión.

Todo Villa El Salvador se volcó a las calles para rendir el último adiós a una mujer que es símbolo de la participación femenina en la lucha por la sobrevivencia en la ciudad pauperizada de los 80, por la ciudadanía en un contexto de cambio y por la paz en medio de la violencia política más sangrienta de todos los tiempos en el Perú.

La toma de la residencia del embajador japonés

La noche del 17 de diciembre de 1997, cuando se celebraba un agasajo por el natalicio del emperador del Japón, un comando del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru tomo violentamente la residencia, capturando a 700 rehenes, políticos, diplomáticos, industriales, intelectuales. Las mujeres que asistieron al evento fueron liberadas la misma noche del suceso. Entre ellas, la madre del presidente Fujimori. Luego serían liberados por etapas distintos grupos, hasta quedar el núcleo seleccionado por los terroristas como el más importante políticamente para ellos. Pedían canjear a los

rehenes por los presos de su organización. La situación tensa que ello generó duró hasta abril de 1988 cuando en una acción relámpago, miembros de élite del ejército liberó a los detenidos con la pérdida de sólo dos comandos y un rehén. Los terroristas que tomaron la residencia, desde su jefe Nestor Serpa, hasta el último de los jóvenes que integraban el comando, fueron liquidados. El terror ponía una nota a pie de página al cuadro del Perú de fin de siglo.

El MRTA es un movimiento subversivo que nació aproximadamente en 1982, cuando ya Sendero Luminoso había avanzado en el terreno de la violencia política. Provenía de la fusión de militantes pertenecientes a fracciones del Partido Socialista revolucionario (PSR), en su denominación Marxista Leninista, junto con grupos salidos del Partido Comunista, que formaron un PCP llamado "Mayoría". A ellos se sumaron socialistas de diversa extracción que defendían una línea de tipo guevarista. Hicieron algunas acciones armadas, asaltos a bancos, tomas de radioemisoras, un ataque a la residencia del ministro Carlos Rodríguez pastor, identificado con la banca norteamericana. En 1984, el intento de crear un frente rural en Paucartambo, Cusco, fue desarticulado por la policía. El movimiento se mantuvo como una guerrilla urbana.

Mantenía una fisonomía de guerrilla "benigna" con repartos de víveres previamente robados entre la población pobre, difusión de su ideario a través de la prensa y en acciones de la tradicional agitación y propaganda. Mientras la comunicación del ideario senderista era críptica, el MRTA usaba la tónica retórica de la izquierda marxista tradicional, de cuyas canteras se había desgajado. Pero en 1986 se unificó con el MIR, que se proclamaba continuador de la guerrilla del mismo nombre en la década del 60. El movimiento pasó a la acción guerrillera. Fue luego de acusar al Apra de traicionar el ideario original del movimiento. El jefe del MRTA, Víctor Polay, era hijo de un viejo líder aprista, amigo de Alan García y él mismo militante juvenil del partido de Haya de la Torre.

Las acciones armadas en Lima se acompañaban con la formación de una columna guerrillera en lo que llamaron el "frente nor oriental". En 1987, esa columna tomó la ciudad de Juanjui, siempre procurando que sus acciones fueran cubiertas por la prensa y tuvieran repercusión internacional. Ese mismo año atacaron en Jaén, Cajamarca.

Las fuerzas guerrilleras de la selva del MRTA tuvieron una seria disputa con los grupos de senderistas, desatando una guerra entre estos grupos por controlar un frente estratégico, donde además proliferaba el narcotráfico.

Cabe al MRTA la paternidad de la modalidad terrorista del "coche bomba", que luego perfeccionaría Sendero Luminoso. El primero que hizo estallar el MRTA fue en junio de 1987. Los atentados más espectaculares usando esta modalidad se debieron al movimiento dirigido por Polay. Este cayó prisionero en Huancayo, pero poco antes de finalizar el gobierno aprista, este jefe con un centenar de sus compañeros, logró huir de la prisión usando un túnel subterráneo que nunca se supo cómo pudieron construir. Como fue su costumbre, la acción la documentaron y difundieron por el mundo entero.

Luego incursionaron en acciones lindantes con la delincuencia como los secuestros, que en años posteriores, avezados especialistas han llevado a extremos que ponen en jaque a toda la seguridad ciudadana. Las acciones de secuestros dividieron al grupo, enemistando a unos con otros por el control del botín. El mismo año 1987 iniciaron sus

secuestros, que les procuraron grandes cantidades de dinero. Justamente de uno de esos delitos provinieron los fondos que financiaron la toma de la residencia japonesa en 1997.

Poco a poco, el movimiento que había iniciado su participación en la lucha violenta con un cariz reivindicativo y propagandístico, denunciando abusos y reclamando sus acciones como hechos de guerra, fue cayendo en el uso indiscriminado del terror, dividiéndose internamente y perdiendo protagonismo. Sin embargo, fueron ellos, los pocos que quedaban, los que pusieron esa nota a pie de página en la historia de la violencia de fin de siglo, cuando casi logran un éxito sin precedentes de una acción de violencia política en la captura de la residencia japonesa.

La educación en la etapa

Los inicios de la situación educativa en la década del 90 no fueron auspiciosos. El gobierno introdujo la computación a las escuelas y editó enciclopedias oficiales que tuvieron poca utilidad. Luego del shock de agosto de 1990 y del ajuste de diciembre se desató la epidemia del cólera, haciendo que se retrasara el inicio del año escolar y disminuyera el número de alumnos matriculados (alrededor de 1'300,000 niños dejaron de matricularse). Iniciadas las clases empezó una larga huelga magisterial generada por los bajos sueldos. Para recuperar el tiempo perdido, el gobierno decretó que el año escolar se extendería hasta febrero.

La mayor deserción escolar debido a las políticas económicas, que generaron el aumento del trabajo infantil, la desnutrición y las enfermedades, se presentaron en los cuatro primeros grados, lo que implica un riesgo de incremento del analfabetismo. Si bien muchos niños y jóvenes dejaron de estudiar, otros, que contaban con mayores posibilidades económicas lo siguieron haciendo pero cambiando sus colegios particulares por colegios del estado.

A pesar de la crisis, el estado mantenía una enseñanza escolar cuya única meta era el seguir estudios universitarios. La mayoría no podrá ingresar a la universidad por su escaso nivel académico o por su falta de medios económicos. No sólo los alumnos dejaron de asistir a las aulas, sino también los maestros. Las remuneraciones del magisterio no pasaban de 90 dólares.

Uno de los problemas que afronta la educación pública es el déficit de construcción de locales escolares. A esta dificultad se añade el deterioro del mobiliario escolar y del poco material didáctico. Para cubrir las necesidades escolares en el sector público se requeriría construir 6,350 aulas.

En la década del 90 toma fuerza la idea de que el Estado asuma un rol subsidiario en oposición al concepto de Estado intervencionista. El Gobierno de Reconstrucción Nacional de 1992 prometió una reorganización del sistema educativo público. Con el neoliberalismo se da un papel preponderante al sector privado.

La forma de mejorar la política social se ha centrado en la focalización, orientada exclusivamente a los más pobres, restringiendo el acceso de los no-pobres a los servicios y programas ofrecidos (Fórmula anunciada por Mario Vargas Llosa en su campaña política destinada a la educación secundaria). Otra forma de focalización se

orienta a que estos grupos sociales tengan acceso a los servicios básicos, como por ejemplo a la infraestructura educativa. La década de los 90 se va a caracterizar por mantener en sus modelos este principio, sobre todo durante el primer gobierno de Fujimori. Así mismo, la mejor forma de terminar con la pobreza es mediante la reafirmación del compromiso del Estado de brindar una educación pública, gratuita y obligatoria para todos los niños y jóvenes del Perú. Para esto es necesaria la ampliación del gasto educativo, para generar o rehabilitar la infraestructura educativa, garantizar la alimentación y salud de los alumnos y reconocer la función social del magisterio.

El gasto público educativo se ha reducido sustancialmente en términos reales durante el ajuste. Entre 1989 y 1991 la reducción superó el 40%. El gasto público educativo, en 1990, se redujo en 22% en cuanto a la educación superior, recuperándose para el año siguiente. La reducción del porcentaje destinado a la educación superior es una de las propuestas de organismos internacionales como el Banco Mundial. Con el ajuste, aunque el número de niños en edad escolar aumentaba, las matrículas y la tasa de asistencia se redujo, por ejemplo entre 1990 y 1991 la tasa de asistencia de alumnos entre los seis y veinticinco años se redujo de 71% a 68%; debido a la baja en la capacidad adquisitiva de la gente y a que fue necesario que muchos niños en edad escolar trabajasen. Otro efecto presumible es la reducción de la calidad de la educación pública. Todo ello se produce ya que una de las ideas más arraigadas en la sociedad peruana es que la educación es un medio de superación, por lo que algunos grupos sociales debieron hacer un gran esfuerzo para lograr que sus hijos continuaran su educación en colegios privados. El sueldo de los maestros por otro lado cayó durante el ajuste en un 50%.

Los problemas del sector educación a los que debe enfrentarse actualmente el gobierno, son en su mayoría, aquellos que se originaron hace 45 años, como la mala infraestructura de los centros educativos (el gobierno trabajó mucho en este sentido, sobre todo como ingrediente de su campaña política). En el campo sólo el 3% de los locales escolares cuentan con agua, luz y desagüe. En las ciudades sólo el 44% cuentan con estos tres servicios. Otro problema es la carencia de útiles escolares y materiales de enseñanza. Apenas la mitad de los estudiantes de primaria del Perú cuentan con los textos educativos y en el caso de los secundarios sólo una tercera parte. Una alternativa de solución la presentan las bibliotecas, aunque muchas veces no cuenten con textos escolares actualizados.

La desnutrición infantil tiene efectos sobre la capacidad de aprendizaje. En los colegios estatales se encuentra un nivel de desnutrición del 50%, y de 15% en los privados. En el campo 2 de cada 3 niños está desnutrido y en las ciudades 1 de cada 3 lo está. Para 1993, el 48% de los niños entre 6 y 9 años de edad sufría de desnutrición crónica, siendo más crítica entre los varones con 54% y en la niñez del área rural dado que afectaba al 67%. Para CEPAL, el nivel educativo de las madres muestra el contexto de socialización y el clima educacional del hogar. Esto último es el factor de mayor impacto en el desempeño educativo de los niños y jóvenes. En el Perú subsisten promedios muy bajos del nivel de educación de las madres, que alcanza sólo 5.6 años, equivalente a primaria incompleta.

Los estilos pedagógicos eran tradicionales y exclusivamente memorísticos, sin embargo según encuestas para los propios maestros, el 60% de sus alumnos aprenden, mientras para los niños sólo el 39% logra una buena comprensión. Un absurdo de la formación es la existencia de una curricula única, que no toma en cuenta las especificidades regionales.

Uno de los principales problemas del sistema educativo es el atraso escolar, ya sea por ingreso tardío al colegio, la repetición o la deserción temporal (los niños muchas veces tienen que contribuir al sostenimiento de sus hogares, trabajando en la calle, sacrificando horas de estudio y de recreación; en el caso de las niñas el trabajo se centra en casa, remplazando a la madre en las tareas del hogar). Todo esto trae no sólo problemas económicos sino también la reducción de la eficiencia en el proceso de enseñanza. De los niños de 12 a 16 años, el 15.7% cursan aún estudios primarios y de los jóvenes de 17 a 25 años, el 40% aún están en secundaria. En las zonas rurales el atraso es superior al 70%. En el Perú, el 53% de niños y niñas ingresa a la escuela en extra edad, siendo ligeramente mayor en varones (54%) que en mujeres (52%) y marcadamente mayor en el área rural (70%) que en el área urbana (41%).

Actualmente la educación ya no sólo es considerada como un beneficio social, sino también como una inversión. Es así que para poder lograr un verdadero desarrollo es necesario darle calidad y lograr su descentralización. Para esto no sólo es necesaria la participación del estado, sino de otros sectores de la sociedad como instituciones para el desarrollo, partidos políticos y la Iglesia por ejemplo.

La política de 1994 se caracterizó por su propósito de liberalizar la educación privada y dejar autónoma la gestión de los centros educativos estatales. La crisis económica ha profundizado las diferencias entre la educación que recibe la mayoría pobre y aquella que se permite una minoría que cuenta con mayores recursos. También ha modificado la distribución del empleo según los grados de instrucción. Por ejemplo para 1991, el 48.2% de las personas con empleo tenían secundaria, mientras que sólo el 17.8% educación universitaria.

El segundo gobierno de Fujimori ha puesto en marcha cambios en el sistema educativo como por ejemplo la Participación Comunal en la Gestión y Administración Educativa, el Financiamiento Educativo, y el Mejoramiento de la Calidad y Ampliación de la Cobertura de la Educación Peruana. El estado transfiere a los padres de familia parte de sus responsabilidades en el financiamiento y gestión educativos. Lo que el gobierno busca, según Manuel Iguíñiz, es la competencia entre centros educativos, para esto los colegios deben ser autónomos. Un aspecto negativo de este programa es que se marcarán aún mas las diferencias sociales a partir del tipo de instrucción. Cada escuela es independiente en su proyecto pedagógico, el Ministerio de Educación es sólo un órgano de concertación.

El Estado ha destinado para la educación universitaria un presupuesto de 535 dólares por alumno. El gobierno chileno destina para el mismo fin la cantidad de 1,700 dólares. Al sistema educativo se le ha exigido en los últimos años preparar a los alumnos para el trabajo, a pesar que sea contradictorio a nuestra realidad, se educa para el trabajo pero no hay puestos para los egresados.

Para las universidades el desafío actual es el de la calidad académica, que se traduce en una buena formación, en la investigación y en la actualización. El país cuenta actualmente con 56 universidades, de ellas 18 se ubican en la capital y 6 son estatales. La educación superior ha crecido más que otros niveles de instrucción debido al aumento descontrolado de institutos superiores de bajísima calidad.

A la crisis económica por la que atraviesa la universidad debe sumársele el caos administrativo, el clima de violencia y el ambiente de politización que vivió en las décadas previas. Se mantiene la desvinculación entre la universidad, el estado y la sociedad. Persiste el modelo de aprender conocimientos y no "aprender a aprender".

El problema principal de las universidades particulares es el de mantener el esquema de una escuela de negocios; se busca prioritariamente formar “empresarios”. Existe al respecto la falsa creencia de que el egresado de una universidad particular va a ser mejor profesional que el egresado de una estatal.

Desde la crisis de 1988 y luego con la de 1990, las universidades privadas han visto disminuir su número de alumnos. Los gastos promedio de familia por estudiante universitario es de 696 dólares anuales.

Los jóvenes sin medios económicos saben que hoy la universidad no asegura ningún tipo de movilidad social y, presionados por su situación económica, buscan trabajar pronto. Junto a los avances tecnológicos de las universidades privadas, las universidades nacionales se encuentran casi abandonadas. La modernidad, la tecnología y los avances científicos las han sobrepasado.

En nuestro país, hay aproximadamente siete millones de alumnos en secundaria. Cada año ingresan a las universidades unos 90 mil alumnos. Posiblemente un 30% de los estudiantes que inician una carrera nunca la acaban.

Los bajos sueldos de los profesores de universidades estatales (150 dólares), estarían motivando que buena parte de los docentes inicie sus trámites de jubilación antes de tiempo para encontrar empleo en el sector privado.

La universidad estatal debe buscar diversas formas de autofinanciamiento para afrontar sus carencias de presupuesto. Se promocionan proyectos de servicio a la comunidad, que representan una entrada, o se restringen determinados derechos estudiantiles.

La universidades, ya sean particulares o del estado, están pobladas por jóvenes de los estratos medio y altos, esto de alguna manera facilita la intención del gobierno de privatizar este servicio. Para 1998, el gobierno tiene establecidas una serie de reformas como: universalización de la educación dirigida a niños menores de cinco años, modificación del financiamiento de la educación estatal, creación de liceos que ofrecerán el quinto y sexto de secundaria (Bachillerato). Los alumnos debían elegir entre dos opciones: la científica-humanística que los llevará a la universidad o la técnico-ocupacional que lo hará al mercado laboral. Esta última posible reforma tiene tres aspectos negativos. El primero, que generará grandes diferencias entre los que escojan una u otra opción. El segundo, que se debe contar con un presupuesto de 500 millones de dólares, y el tercero, que el bachillerato, al no ser reconocido por la Constitución no será ni obligatorio ni gratuito.

La mayor pobreza educativa la encontramos en los departamentos de Apurímac, Huancavelica, Cajamarca, Huánuco, Ayacucho, Amazonas, Cusco, Piura, Loreto y Puno. Dentro de estos departamentos se encuentran 29 provincias y un 11.4% de la población peruana.

Los departamentos de menor pobreza educativa son Lima, Ica, Tacna, Arequipa, y Moquegua. Albergan al 36.7% de la población dividida en 10 provincias.

Las mayores deficiencias en cuanto a la educación inicial se encuentran en los departamentos de Cusco, Cajamarca, Puno, Piura y Huánuco. La cobertura en el nivel educativo secundario es menor en los departamentos de Cajamarca, Amazonas, Huancavelica, Loreto y Huánuco.

La educación de adultos (de 19 a 34 años) se encuentra en gran abandono en los departamentos de Madre de Dios, Apurímac, Huancavelica, San Martín y Ucayali.

La mayor tasa de repetición en educación primaria se encuentra en los departamentos de Apurímac, Loreto, San Martín, Huánuco y Ayacucho; y en educación secundaria en Madre de Dios, Cusco, Ucayali, Loreto y Ayacucho.

El cine

En la década de los 90 el cine cumplió 100 años de existencia. Su impacto ha sido uno de los más característicos fenómenos del siglo XX. En el Perú tuvieron la misma repercusión en los comportamientos cotidianos las presentaciones de las grandes producciones norteamericanas.

Ya José Carlos Mariátegui había escrito acerca de Charles Chaplin y su "Quimera del Oro", y Vallejo no dejó de comentar el impacto del cine. Los cines de la Plaza San Martín en la década del 50 presentaban films famosos, con personajes que se hacían lentamente parte del imaginario colectivo de los peruanos, compitiendo hasta desplazar a las radionovelas. El cine moderno en el Perú no ha tenido un desarrollo a tono con otras manifestaciones del arte, faltando apoyo estatal, promoción e interés privado, en un mercado dominado por grandes productores internacionales. Existen obras de interés y valor, como las de Armando Robles Godoy primero y pionero y de Luis García, de tinte indigenista y regional. García, con sus "Túpac Amaru" y "Yawar Fiesta", continua lo que se había intuido en los años 50 en Cusco. Efectivamente en 1955, Manuel y Víctor Chambi, Luis Figueroa y Eulogio Nishiyama formaron el Foto-Cine Club del Cusco. El conjunto de las cintas que hicieron logró llevar al cine, por primera vez la presencia campesina.

La Ley 19327, de Fomento a la Industria Cinematográfica, se promulgó en 1972 junto con otros esfuerzos que en el terreno de la promoción y transformación cultural, llevó adelante el gobierno militar y sus asesores intelectuales, en el marco de la reforma educativa. Con su auspicio, medio centenar de largo metrajes se estrenaron en el lapso de 20 años. En los últimos días de 1992 el gobierno suprimió el incentivo a la producción nacional. En ese lapso, por su envergadura, lo más cercano a un cine masivo y comercial se puede resumir en la obra de un solo director, el Sr. Francisco Lombardi.

La cinematografía de Lombardi tiene un tinte sociológico, sin dejar el de lado los aspectos formales del lenguaje de la imagen, sus temas han tenido una cercanía muy acertada con sucesos y temas que afectaban la vida nacional. Su primer largo metraje fue "Muerte al amanecer" (1976), sobre el caso del llamado "monstruo de Armendariz", dramático testimonio de las formas sociales y de justicia en una ciudad que crecía. Siguió "Muerte de un magnate" sobre el caso de Luis Banchero Rossi. A inicios de la década de los 90, se exhibió "Caídos del cielo", más elaborada forma de relacionar obras de nuestra narrativa (previamente había llevado al cine una novela urbana de los 50 bajo el título de "Maruja en el infierno") con sucesos y formas de sentir de la vida cotidiana, en ese momento, el drama de la guerra interna de diez años. Antes, más directamente, Lombardi había dirigido un largo metraje sobre la violencia y sus contradicciones: "La boca del lobo". Es resaltable el vínculo de esta cinematografía nacional con el acontecer más inmediato.

Pero el cine ha sido dominado por las producciones comerciales menos artísticas de las productoras norteamericanas. El público, cada vez más popular en los cines del centro de la ciudad, tomó las salas para ver aventuras violentas y modos evasivos de enfrentar la realidad que los agobiaba. La asistencia a las salas de proyección disminuyó en los 80, entre 1980 y 1985 el número de televisores por mil habitantes ascendió de 49 a 76, mientras que el número de salas de cine en todo el país descendió de 425 a 303. El espectador peruano va al cine aproximadamente dos veces al año. Los peruanos son poco cinéfilos a juzgar por las preferencias y por la ausencia de películas valiosas, pero ese es un dato que tiende a cambiar.

El cólera y la salud pública: realidades y percepciones

En 1957, el estado inició una agresiva campaña de erradicación de la malaria. Enfermedad endémica que había limitado las migraciones de lugares frígidos a zonas húmedas y cálidas, fue objeto de un ataque frontal, auspiciado por una política internacional de control y erradicación del mal. La Organización Panamericana de la Salud y la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) dieron los fondos. La idea de la salubridad como condición para inducir el desarrollo, estuvo detrás de las campañas.

El sistema de ataque consistió en "rociamientos" de insecticida llamado DDT. Se fumigaba las casas y los lugares húmedos. La empresa implicó grandes gastos, un personal que creció en número, abastecimiento para controlar zonas inmensas y desperdigadas. La conciencia de la importancia de la salubridad se abrió paso en la población gracias a las campañas que el programa financiaba.

En 1968 se había reducido el área infectada en un 80% y la transmisión se había interrumpido en toda la costa y parte de la sierra baja. Sin embargo, hacia 1970, el proceso revirtió. Los militares en el poder cambiaron de óptica respecto al desarrollo, pensando que la reforma agraria y la mejora en las condiciones de vida, influirían en la salud y no al revés. El costo del DDT se incrementó bruscamente y su eficacia disminuyó. El prestigio de la campaña se vino abajo y la población se entregó a otras expectativas. Así, la situación de la malaria revirtió a la situación de principios de siglo. Las nuevas y masivas migraciones a zonas de selva húmeda reprodujeron la malaria que regresaba con los enfermos a las zonas de origen y, al suspenderse los planes de control, el mal volvió a diseminarse por todo el país. La percepción de los males y las epidemias

vendría e revelarse en un momento crucial, cuando una enfermedad que no había sido importante en la historia del Perú, vino a convertirse en la epidemia más fuerte y mortal de todas las registradas en el Perú contemporáneo: el cólera de 1991.

La epidemia del cólera se originó en el distrito de Chancayllo, a mediados de enero de 1991. En principio se creyó que el medio portador del cólera era el mar, por lo que las autoridades de salud recomendaron no consumir pescado crudo; sin embargo, el efecto negativo que tuvo la recomendación sobre la economía pesquera hizo que el presidente Fujimori la contradijera. El ministro de salud, Carlos Vidal Layseca renunció. Era un prestigioso médico, que había sido funcionario de la OPS y tenía una idea de cambiar la política sanitaria, por lo que no dejó de encontrar oposiciones.

En los últimos años el presupuesto de salud descendió de un promedio de 15% al de 4%, que alcanzaba sólo para atender las planillas. Durante la epidemia del cólera, Cuba fue el primer país que acudió en ayuda del Perú, sin embargo, los médicos fueron despedidos al recomendar no comer pescado crudo.

Durante dos meses, se registraron hasta 20,000 casos de cólera. En abril el número de enfermos alcanzaba a más de 130,000. Posteriormente, se informó que la población susceptible de ser afectada eran los 11 millones de peruanos que vivían en condiciones de extrema pobreza. Ese año de 1991 enfermaron hasta 322,562 pobladores y murieron 2,909. Desde el Perú, la enfermedad se expandió a otros países de América Latina y el caribe.

En la lucha contra el cólera, Perú ha pasado de un índice de 1,472 por cada 100,000 habitantes en 1,991 –cuando estalló una epidemia--, a un índice de 15 casos por cada 100,000 habitantes en 1996.

La bacteria del cólera se incuba en los peces y mariscos que habitan en el límite de las aguas contaminadas por los colectores de desagüe, a través de los cuales llega la enfermedad al océano. Nadie corría riesgo comiendo cebiche preparado con pescado traído del fondo del mar. Pero los terminales pesqueros no reúnen las mínimas condiciones de higiene, y los pescados contaminados se mezclan con los sanos, difundiendo el mal.

La epidemia del cólera fue consecuencia de las pésimas condiciones de higiene en que vive la mayor parte de la población. Las autoridades recomiendan lavarse las manos y hervir los alimentos antes de ser consumidos. Sin embargo, la mayoría de la población, no tiene agua y su presupuesto no le permite comprar kerosene para cocinar. El deterioro de las condiciones de vida de la población, donde la tasa de mortalidad infantil era la más alta de América Latina después de Haití y Bolivia, decesos que eran en su mayoría producto de enfermedades diarreicas, que expresaban la falta de higiene en los hogares pobres, se manifestó brutalmente a través de la epidemia en 1991.

El error político del presidente Fujimori fue el no asumir el liderazgo de una cruzada nacional contra el cólera. Optó por disimular al máximo la verdadera dimensión del problema, que afectaba su popularidad. Y no le faltaba razón. El director de la Organización Mundial de la Salud, Hiroshi Nakajima, señaló que una de las causas principales de epidemias como el cólera en países como el nuestro, es la aplicación de

severas políticas de ajuste económico, que frenan las inversiones en infraestructura sanitaria.

La tasa de mortalidad general en 1990 fue de 8.3% por mil habitantes, de los cuales la infantil fue de 80.7% por mil nacidos vivos; la materna de 29.8% por mil y la esperanza de vida al nacer fue establecida en 63.4 años. Para 1990 se había establecido sólo atender al 72% de la demanda de salud. En tanto que las consultas médicas no fueron atendidas más allá del 43%. En cuanto al control de la tuberculosis, cuyo rebrote era alarmante sólo se pudo atender al 59% de la meta prevista.

Con políticas de salud fracasadas, obviamente no se pudo superar el reto de controlar las enfermedades infecto-contagiosas que se creyeron erradicadas en la década del 70. Las enfermedades respiratorias eran la principal causa de la mortalidad infantil. La segunda causa las diarreicas. Los sectores más afectados se sitúan en los cordones de pobreza que circundan la capital y en las zonas rurales del país, donde hay una falta absoluta de condiciones básicas como alimentación, vestido y vivienda.

El niño y sus efectos en la agricultura.

El fenómeno El Niño es un evento natural océano atmosférico. Se caracteriza, entre otros elementos físicos y atmosféricos, por un calentamiento intenso anormal de las aguas superficiales del mar frente a las costas del Perú y Ecuador y por los cambios climáticos que genera a nivel regional y global. Para el Perú es un fenómeno de verano porque coincide con uno de los cambios climáticos más resaltante que está relacionado con una intensa y anormal precipitación pluvial en la costa norte del país. Sin embargo, su gestación se remota a varios meses atrás.

En general y además de su magnitud, los Niños difieren unos de otros, en la fecha de inicio y en la región del Océano Pacífico donde se origina el calentamiento anómalo oceánico. Precisamente, estos factores y la evolución del calentamiento del mar en los meses siguientes, combinado con las variaciones atmosféricas que induce dicho calentamiento, hacen de El Niño un fenómeno complejo donde muchas preguntas aún no tienen respuestas.

En 1997/98 se manifestó nuevamente un fenómeno "El Niño" de una fuerza todavía no bien considerada. Aparentemente, pudo haber tenido la misma malignidad que la que trajo aparejada el fortísimo "Niño" de 1983. Las modernas técnicas de observación, el uso de los satélites y, sobre todo, la conciencia de que se trata de un fenómeno planetario que ha llevado a los países desarrollados a afinar sus observaciones al respecto y apoyar las que en nuestro país se realizan, permitieron observar, detectar y prevenir el fenómeno fuerte que antecede al final del siglo. Por esa anticipación, el fenómeno natural estuvo atado a la política, tanto en las acusaciones de negligencia al gobierno como en la capitalización del desastre por el Presidente, siguiendo una característica de su práctica política desde su triunfo de 1990.

Siempre se enfatiza en el aspecto de las aguas, los efectos en la pesca y sobre todo, los estropicios que causan las fuertes lluvias en la costa norte. Pero junto con ello, los cambios climáticos producen efectos perniciosos en la agricultura. En la campaña de 1998 no se tienen evidencias de sequías como las que en otras oportunidades se produjeron. Ya vimos cómo en 1957, una fuerte sequía marco el acontecer político en la

sierra sur del país. Un panorama de los efectos que en la agricultura han producido los fenómenos "El Niño" en las últimas décadas es la siguiente:

En 1968/69 y en la campaña inmediata 1969/70 se manifestaron faltas de lluvia. Sequía moderada en toda la Sierra en general, de enero a abril 69, 54% de lluvias bajo lo normal, y en Piura 77% de precipitaciones bajo lo normal. En la campaña siguiente, sequía moderada en Sierra Norte, 48% de precipitaciones bajo lo normal de enero a marzo, 70% desde Cajamarca hasta Huánuco y 40% bajo lo normal en el resto de la Sierra en el período setiembre 69 a marzo 70. Fueron los años en que se inició la reforma agraria.

La década del 70 estuvo marcada por alteraciones moderadas continuas. En 1971/72 presencia de fenómeno El Niño moderado. En Piura se acumuló una precipitación de 156 mm. (normal 40.1 mm.), es decir 289% de lluvias sobre lo normal, acompañado de precipitaciones ligeramente sobre lo normal en toda la Sierra excepto Cusco. Sólo en enero y febrero 72 lluvias 30% bajo lo normal en Sierra Norte y Sur.

En 1972/73 campaña con fenómeno El Niño débil. En Piura se registró lluvias del orden del 114% sobre lo normal. Una campaña de intermedio para registrar en 1975/76 ocurrencia de fenómeno El Niño débil. En Piura lluvias 48% sobre lo normal. Luego en 1977/78 sequía moderada en Sierra en general, a excepción de Ayacucho y Puno, del orden de 55% de lluvias bajo lo normal, principalmente de enero a abril 78.

En la década siguiente se manifiestan nuevas alteraciones, en la campaña de 1978/79. Sequía moderada, de 40% de lluvias bajo lo normal, de octubre 78 a enero 79, de Cajamarca hasta Huánuco, alrededor de lo normal en Junín y Ayacucho y sequía fuerte de 75% bajo lo normal de setiembre 78 a febrero 79 en Cusco, Puno y Arequipa. En Piura 93% de lluvias bajo lo normal de enero a marzo 79.

Hubo un tiempo estable en los años siguientes, pero no tanto como la década los 70. En 1982/83 se registró la presencia de fenómeno El Niño muy fuerte. En Piura de agosto 82 a julio 83 se registró 2,165.9 mm. de lluvia (normal 40.1 mm) equivalente a 5,279% sobre lo normal. En Sierra Sur, sequía moderada de 50% de lluvias bajo lo normal de diciembre 1982 a marzo 1983.

Después de ese fenómeno destructivo, el campo soportó nuevas alteraciones menores, en 1986/87 ocurrencia de fenómeno El Niño moderado. En Piura de agosto 86 a julio 87 precipitó 228 mm. (normal 40.1 mm.) es decir 468% de lluvias sobre lo normal. En Sierra Central y Sur se presentó un déficit de 20% de lluvias con respecto a condiciones normales. Y en 1989/90 campaña de sequía en Sierra de Cajamarca a Huánuco 40% de lluvias bajo lo normal, de diciembre 89 a marzo 90 de Junín hasta Cusco 40% bajo lo normal de setiembre 89 a marzo 90 y sequía fuerte de 75% de lluvias bajo lo normal de setiembre 89 a marzo 90, en Puno y Arequipa. En Piura y Tumbes 91% de lluvias bajo lo normal. En las regiones agrarias de la sierra se vivían los años más destructivos de la guerra interna desatada por Sendero Luminoso. Ya en esta década, antes del fenómeno fuerte que se registró entre 1997/98, hubo en 1991/92 una campaña con ocurrencia de fenómeno El Niño moderado. En Piura de agosto 91 a mayo 92, precipitó 251.6 mm (normal 39.4 mm) es decir 358 % de lluvias

sobre lo normal. En la Sierra, sequía en general del orden de 40% de lluvias bajo lo normal.

El conflicto con ecuador

Desde su surgimiento como estados nacionales, el Perú y Ecuador han tenido enfrentamientos fronterizos. En 1941 éstos llevaron a un conflicto armado que terminó con una incursión peruana en territorio ecuatoriano. Las negociaciones posteriores dieron como resultado la firma de un tratado de paz conocido como Protocolo de Río de Janeiro de 1942 y luego una aclaración o fallo arbitral de Braz Días de Aguiar de 1945. En 1951, el establecimiento de los hitos fronterizos se detuvo por rebeldía ecuatoriana. Aducían que el protocolo era inejecutable, porque no consideraba adecuadamente los accidentes geográficos de lo que ahora conocemos como la Cordillera del Cóndor. Esa zona quedó sin demarcar. La posición ecuatoriana se endureció todavía más en la década de los 60 cuando señalaban que el protocolo era nulo, a lo que el Perú repuso que era jurídicamente perfecto y válido y nada podía hacerse al margen de este tratado internacional que contaba con cuatro países garantes (EE.UU., Brasil, Argentina y Chile).

Durante la década militar peruana en los 70, la crecida inversión en armas del país y la posición de fuerza de los militares peruanos, hizo que no se manifestaran mayores cambios en la situación fronteriza. Pero en 1981, luego de la salida de los militares en medio de una manifiesta crisis económica, junto a la situación benigna de las finanzas ecuatorianas debidas a la exportación petrolera, la tensión se recrudeció. Los militares peruanos detectaron una incursión ecuatoriana en territorio peruano. Un punto del territorio dentro de los límites establecidos en el protocolo pero no demarcados por la detención del proceso de establecimiento de hitos, fue tomado por el Ecuador estableciendo un puesto que denominó con el nombre de un punto de su territorio, Paquisha. El presidente Belaúnde se apresuró a denunciar esta "falsa Paquisha" y el ejército tomó el puesto, desalojando a los soldados ecuatorianos.

El populista presidente ecuatoriano Jaime Roldós adoptó una posición extremista en la reivindicación territorial, pero nada pudo hacer en el terreno militar, donde las tropas comandadas por el general Rafael Hoyos Rubio, jefe militar que había permanecido con comando (Comandante General del Ejército) luego de la revolución militar de la década anterior en la que tuvo protagónico papel, obtuvieron un rápido triunfo. Poco después, ese mismo año, en accidentes nunca aclarados, ambos personajes, Roldós y Hoyos, murieron al desplomarse las aeronaves en las que viajaban.

Una nueva perspectiva en el tratamiento del problema fue llevada adelante por el presidente Alberto Fujimori. Mientras Fujimori visitó en dos oportunidades el Ecuador, siendo el primer mandatario que lo hacía, incluso en una sonada movilización popular acompañado del presidente Rodrigo Borja, los militares ecuatorianos volvieron a establecer un puesto en territorio peruano, con nombre supuesto. En la zona de los ríos Yaupi y Santiago, al norte de la Cordillera del Cóndor, establecieron un puesto de nombre supuesto. Los cancilleres de ambos países hicieron un extraño "pacto de caballeros", siguiendo la politica presidencial de encarar el tema de manera directa. La presidencia ecuatoriana planteó entonces un "arbitraje" papal del conflicto, en una visita que Borja hizo al Vaticano antes de dejar la presidencia. El Perú no aceptaba tal arbitraje en la medida que el protocolo establece la existencia de los países garantes.

Retruca un posible "peritaje". Pero todo no pasa de prensa internacional del conflicto, como lo que ocurrió en el juramento de Sixto Duran Ballén como nuevo presidente, cuando este abrazó a su par peruano al hablar del tema de las fronteras. La posible visita de retorno a Lima de Duran, luego de una segunda de Fujimori al Ecuador, fue suspendida en 1993 y en 1995, luego de un enfriamiento de esta diplomacia espontánea de gestos personalizados por el presidente peruano, se produjo una severa introducción de tropas ecuatorianas en territorio peruano de la Cordillera del Cóndor.

La pequeña guerra no declarada duró varias semanas en el verano de 1995, antesala de las elecciones peruanas donde Fujimori estrenaría nueva constitución y primera relección. Con poca y confusa información, la situación final otorgó ventajas posicionales en el terreno militar a las tropas ecuatorianas. Fruto de dicha situación, se firmó un acuerdo de paz en Brasil, llamado acuerdo de Itamaratí. Ecuador reconoció el marco del protocolo, pero el Perú aceptó los problemas fronterizos con el nombre de "impases subsistentes". Esto abrió un nuevo contexto de negociaciones que se desarrollaron entre 1995 y 1998, cuando estaban por terminar, sin pronóstico seguro.

Conviene recordar también en el inventario de la manera nueva de encarar la política de relación con los vecinos, que ha sido durante el mandato de Fujimori que el Perú concedió acceso al Pacífico a Bolivia, por el puerto de Ilo. Hecho más simbólico que efectivo, no tiene precedentes sin embargo. También se intentó negociar una solución al tema pendiente de Arica, pero la propuesta atrevida del ejecutivo recibió un freno en el Parlamento, antes de que fuera disuelto por el propio gobierno. Desde entonces ese expediente se ha mantenido a la expectativa.

BIBLIOGRAFÍA

Este trabajo se sustenta en una revisión hemerográfica. Han sido consultadas colecciones de las siguientes revistas:

1948 Oiga Caretas Marka La revista El zorro de abajo Jaque El caballo rojo Quehacer Ideele Debate Textual Proceso Resumen Semanal editado por DESCO. BARDELLA, Gianfranco. Un siglo de vida económica en el Perú. Banco de Crédito, Lima 1989. BONILLA, Heraclio y Paul DRAKE (eds.). El APRA de la ideología a la práctica. Centro Latinoamericano de Historia Económica y Social, Lima 1989 DOCAFE, Enrique. "El Perú de 1900 á 1968". En, Historia General de los peruanos, 3. Ediciones Peisa, Lima 1988

IGARTUA, Francisco. Siempre un extraño. Aguilar, Lima 1995 MANRIQUE, Nelson. Historia de la República. Colección Nuestra Historia, COFIDE, Fondo Editorial, Lima 1995 McCLINTOCK, Cynthia y Abraham LOWENTHAL (comps.). El gobierno militar, una experiencia peruana 1968-1980. IEP, Lima 1983 PALACIOS, Raúl. "Aproximación histórica al quehacer político del Perú moderno. 1830-1968". En, Historia del Perú Republicano. Universidad de Lima, Fondo Editorial, Lima 1997, pp. 125-181 PEIRANO, Luis (et.al.). Prensa: apertura y límites. DESCO, Lima 1978. RENIQUE, José Luis. Los sueños de la sierra. Cusco en el siglo XX. CEPES, Lima 1991 TAMARIZ, Domingo. Memorias de una pasión. La prensa peruana y sus protagonistas, Tomo I (1948-1963). Jaime Campodónico Editor, Lima 1997 THORNDIKE, Guillermo. Los prodigiosos años 60. Editorial Libre, Lima 1992. VARGAS LLOSA, Mario. El pez en el agua, Memorias. Seix Barral, Barcelona 1993. VARGAS LLOSA, Mario. Contra viento y marea (III). Seix Barral, Barcelona 1990. VILLANUEVA, Víctor. 100 años del ejército peruano: frustraciones y cambios. Editorial Juan Mejía Baca, Lima 1971. VILLANUEVA, Víctor. Un año bajo el sable. Lima s/e 1963.