pensionesdel sistema, ya que las pensiones afrontan en españa retos ya conocidos como el...

elEconomista Revista mensual

29 de enero de 2020 | Nº 19

PensionesPensionesEl Gobierno impulsa una senda de gasto inviable en pensiones

que ya ‘se come’ los ingresos | P4

Invertir en garajes, una financiación alternativa para la jubilación | P32

Inmaculada Domínguez Fabián Universidad de Extremadura.

Foro de expertos Instituto Santalucía

“Hay que homogeneizar la fiscalidad del ahorro

a largo plazo” | P20

LOS NUEVOS JUBILADOS YA COBRAN MÁS QUE EL EMPLEADO MEDIO ESPAÑOLLas pensiones iniciales son hasta un 3,5% mayores que el sueldo medio de los asalariados | P16

Pensiones2 elEconomista

04

A fondo

El Gobierno impulsa una senda de gasto inviable en pensiones

El Ejecutivo de PSOE y Podemos cierra el debate de la revalori-

zación de las pagas que será similar a la evolución de la inflación

12. A fondo

Los expertos avalan la elección de Escrivá

Cerrar el déficit del sistema y elevar la edad

efectiva de jubilación, entre los retos del ministro

16. El dato

El nuevo jubilado, más rico que los asalariados

Las nuevas pensiones de jubilación son hasta

un 3,5% mayores que el sueldo medio en España

24. Pacto de Toledo Las pensiones ‘se comen’ la recaudación de 2020

El incremento de 5.600 millones se liquidará con

el alza de pensiones y del sueldo de los funcionarios

50. El informe

El efecto del recorte de pensiones en Brasil

Las privatizaciones y el recorte de las pagas de

jubilación marcan el primer año de Bolsonaro

20

Entrevista

Inmaculada Domínguez Fabian, Universidad de Extremadura

“Se está haciendo una ‘reforma silenciosa’

a través de la subida de las bases máximas de cotización”

32Finanzas personales

La inversión en garajes, nueva fuente de ahorro para jubilación

La rentabilidad de este tipo de inversiones puede situarse

entre el 5% y el 8% del valor de la plaza o el trastero

48El informe

Jubilados, los ‘ganadores’ de la crisis económica

Los mayores de 65 años son el único colectivo que incrementó

su renta durante los años de la recuperación económica

SUMARIO

Edita: Editorial Ecoprensa S.A. Presidente Ejecutivo: Antonio Rodríguez Arce Vicepresidente: Raúl Beyruti Sánchez Consejero Delegado: Pablo Caño Directora de Relaciones Institucionales: Pilar Rodríguez Director de Marca y Eventos: Juan Carlos Serrano Director de elEconomista: Amador G. Ayora Coordinadora de Revistas Digitales: Virginia Gonzalvo Directora de ‘elEconomista Pensiones’: Isabel Acosta Diseño: Pedro Vicente y Alba Cárdenas Fotografía: Pepo García Infografía: Clemente Ortega Redacción: Gonzalo Velarde, Isabel Blanco, Jaime Palacios, Carmen Delgado, M. Á. Bernal, Eduardo Ortega y Esther Esteban


Dos carteras diferentes para los mismos y nuevos desafíos

Al separarse Trabajo de Seguridad Social

se equilibran las aspiraciones de los socios de Gobierno

sobre la derogación de la reforma laboral y se

brinda estabilidad a las medidas para equilibrar el Sistema de Pensiones ante sus mayores retos

EDITORIAL

Comienza el año con un nuevo Gobierno en España y con la circunstancia diferencial frente a los anteriores de ser éste de coalición. En virtud del acuerdo del PSOE y Unidas Podemos, la formación morada ha

conseguido encabezar una de las carteras a las que aspiraba como base para el pacto: la de Trabajo, renombrada ahora Trabajo y Economía Social. El fin de Podemos, al frente de esa cartera, era enarbolar una derogación completa de la reforma laboral de Mariano Rajoy de 2012, algo en lo que discrepa del PSOE, a quien basta una eliminación de los aspectos que considera más lesivos de la citada normativa del PP. Pero dirigir ese Departamento no es ahora suficiente para atar una reforma completa, como pretendían los morados, con la sindicalista Yolanda Díaz al frente, ya que Inclusión, Seguridad Social y Migración pasan a manos del Ministerio de José Luis Escrivá, razón por la cual en determinadas materias una discrepancia entre ambos ministros puede evitar la derogación completa, ya que el acuñado por la exministra Magdalena Valerio como transatlántico de la Seguridad Social está íntimamente relacionado con las decisiones que sobre la normativa laboral

se puedan adoptar desde Trabajo y Economía Social. Por otra parte, es de suma importancia destacar la prudencia en la decisión de elegir a un perfil técnico como el de Escrivá, que procede del organismo auditor AIReF, celebrado por los expertos por su independencia, para gestionar las cuentas del Sistema, ya que las pensiones afrontan en España retos ya conocidos como el envejecimiento poblacional y la mayor longevidad, unidos a otros de nuevo cuño como el vaciamiento de las regiones más desfavorecidas del país, donde, además, se cobran las pensiones más bajas. Así pues comienza una legislatura clave para embridar la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social ante sus retos más exigentes. Y a ello se comprometió el nuevo titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en su toma de posesión: a combatir el déficit pese a la vuelta a la actualización de las pagas con la inflación y no con el IRP, el índice de la reforma de 2013 del que derivaba el exiguo aumento de las pagas al 0,5%, lo que, además, coincidirá con el inicio de la jubilación del baby boom. Una ardua tarea que justifica y motiva la separación de los Ministerios y que equilibra las aspiraciones de los socios de Gobierno a través de un elemento de estabilidad.

@eEPensiones

4 PensioneselEconomista

SÁNCHEZ INICIA UNA SENDA DE GASTO INVIABLE EN PENSIONES Solo durante esta legislatura el nuevo Gobierno elevará las pensiones por valor de casi 8.000 millones de euros. El ministro de Seguridad Social se compromete a cerrar el déficit del Sistema pese a la revalorización con IPC

A FONDO

GONZALO VELARDE

EUROPA PRESS

5 PensioneselEconomistaA FONDO

Lo confirmó este mismo lunes el ya ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante el intercambio de carteras: el Gobierno se compromete a subir las pensiones conforme al IPC durante este mandato. Una medida que ya se conocía por boca del presidente del Gobierno, Pedro

Sánchez, pero que confirmó el que será el máximo mandatario del organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país. Sin embargo, el reto se abre para Escrivá en su intención de cerrar por completo el déficit del Sistema ya que esta senda de revalorización implica un incremento del coste de las pensiones de 7.650 millones de euros en los cuatro años que está previsto dure la legislatura.

El gasto en pensiones se situaba a finales de este año 2019 en 131.506 millones de euros, una cifra que se verá incrementada un 0,9% en el presente ejercicio tal y como aprobó el Ejecutivo en el primer Consejo de Ministros del presente ejercicio -primera ocasión para el Gobierno en plenitud de funciones- con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Un incremento que, cuando se lleve a cabo, comportará un gasto extra en esta partida de 1.400 millones de euros para el ejercicio 2020, el primer año de la legislatura.

Cabe recordar que son varios los expertos e instituciones que dudan de la viabilidad de vincular la actualización de las pagas conforme al IPC, una senda que actualmente redunda un desfase anual entre ingresos y gastos de la Seguridad Social que ronda los 18.000 millones de euros al año. Tanto el FMI, como la Comisión Europea y la OCDE han puesto el foco en el modelo español y coinciden en apuntar al sistema de actualizaciones de las pagas como uno de los principales factores de desequilibrio de las cuentas, así como su elevada generosidad (80% de tasa de sustitución sobre el último salario).

Más allá, según cálculos del Instituto de Actuarios esta tendencia de elevar las pensiones conforme la inflación llevaría al sistema de pensiones a contar con un déficit anual que rondaría los 100.000 millones de euros, es decir, casi un 5% del PIB, contra el 1,7% de desfase en la partida de pagas contributivas que registra en el actualidad -cerca de 20.000 millones de euros-.

Para 2021, y asumiendo el compromiso de Escrivá de mantener la senda de revalorización de las pagas conforme a la inflación, las pensiones subirían un 1,4% -previsiones de IPC del Banco de España- con lo que, el gasto sobre la anterior nómina ya elevada sería de 1.857 millones de euros. En esta misma línea, el incremento de los precios de consumo para el año

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PREVISIONES

68.74773.504

79.27984.533

89.71595.420

99.225103.208

108.271 111.762 115.068118.573 122.171

128.068 131.506

Fuente: Seguridad Social. elEconomista

Proyección de gasto en pensiones en la ‘era Sánchez’Evolución del importe anual de la nómina de pensiones (millones de euros)

Evolución de las revalorizaciones de pensiones

Incrementos anuales de gasto (millones de euros)

Subida (%) IPC (%)

1,61,8

0,9

1,21,41,61,7

0,25

2,0

0,70,250,250,251,01,01,0

1,3

2,4

4,1

2,6

2,8

-0,3

1,8

3,2

2,4

1,4

-0,2 -0,2-0,5

7.869

TOTALLEGISLATURA

1.400

2020

1.8572021

2.1522022

2.4602023


José Luis Escrivá

Israel Arroyo

Entre 2014 y 2019, el nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, fue el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con premio extraordinario de licenciatura y cuenta con estudios de posgrado en Análisis Económico en la UCM y en

Econometría en el Banco de España. Escrivá, de 60 años, inició su trayectoria en el Banco de España, donde desempeñó diferentes puestos en el Servicio de Estudios. Continuó en Europa como asesor del Instituto Monetario Europeo, jefe de la División de Política Monetaria del BCE y director para las Américas del Banco Internacional de Pagos. Entre los años 2004 y 2012 trabajó en BBVA.

Hasta ahora, ejercía como subdirector general de Endeudamiento Público de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y en Sociología, y Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Economía Pública, Arroyo es miembro del Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas. Anteriormente

ejerció como subdirector General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas y subdirector de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva en la Tesorería General de la Seguridad Social. Previamente, Arroyo fue jefe de Área de Estudios Económicos y Análisis de Coyuntura en esa misma institución. Sustituirá en el cargo al histórico Octavio Granado.

posterior, el 2022, sería del 1,6%, lo que supone un incremento del coste de esta partida de 2.152 millones de euros solo para ese año.

Para el último ejercicio de la legislatura, el del 2023, se prevé que la inflación alcance el 1,8% lo que implicaría una presión de 2.460 millones de euros de gasto extra sobre la partida del año anterior. En suma, las cuatro revalorizaciones que pretende llevar a cabo el nuevo Gobierno de coalición para esta legislatura suponen un incremento del gasto de 7.652 millones de euros. Ello también implica que una nómina anual que arrancó este 2020 en 131.506 millones de euros en pensiones contributivas, terminaría el mandato socialista en el entorno rozando los 140.000 millones de euros.

Más tensión para la caja De este modo, parece evidente que esta senda de gasto que dibuja el Ejecutivo en el marco de las pensiones necesitará de medidas complementarias por el lado de los ingresos que equilibren las cuentas y cierren el millonario agujero que compromete el futuro del Sistema.

Esta es uno de los compromisos del nuevo ministro Escrivá y parece que la vía para incrementar el remanente de la tesorería del Sistema será la de elevar las bases de cotización de los trabajadores, que ya sufrieron modificaciones al alza en el pasado ejercicio cuando las mínimas se incrementaron un 22% en consonancia con la subida del SMI y las máximas hicieron lo propio en siete puntos porcentuales.

Cabe recordar en este punto que finalmente, Pedro Sánchez cumple su promesa de incrementar las pensiones un 0,9% en 2020 después de que las congelase de manera cautelar a finales del pasado mes de diciembre hasta que se culminase la formación del Gobierno de coalición. Así, el primer Consejo de Ministros de la legislatura ha alumbrado este martes la subida de pensiones del 0,9% para este año con carácter retroactivo a 1 de enero, en lo que ha sido la carta de presentación del Ejecutivo de coalición de clara vocación social.

De este modo el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez cumple con su compromiso electoral de subir las pensiones un 0,9% este año, cuestión que por mecánica de gestión de la Seguridad Social no se hará efectiva hasta la nómina del mes de febrero. De modo que en la nómina del próximo mes se verá efectuada la subida en cuestión más la cuantía correspondiente al mes de enero.

En este sentido, las pensiones de jubilación (1.143,5 euros) se incrementarán una media de diez euros al mes, mientras que las pagas de viudedad (714,5 euros) se verán revalorizadas en 6,5 euros al mes de media. La pensión media (995,7 euros) del sistema aumentará así en 9 euros al mes. En suma, el coste de esta revalorización asciende a 1.406 millones de euros, de los que 1.229 millones de euros corresponden a la subida de las pensiones contributivas, 144 millones a la de clases pasivas, 23 millones de euros a las pensiones no contributivas y 10 millones de euros

10 Es el incremento al mes en euros de las pensiones de jubilación tras la subida del 0,9%

5% El volumen de déficit sobre PIB del Sistema si se elevan las pagas con el IPC permanentemente


a las prestaciones familiares por hijo a cargo, que también se revalorizan un 0,9% en 2020.

La subida beneficiará a más de 9,8 millones de pensiones contributivas, más de 655.000 de clases pasivas, 451.156 pensiones no contributivas y 195.000 pensiones por hijos a cargo con discapacidad mayor o igual al 65%, ha explicado en una nota de prensa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De este modo, la subida de las pensiones de hoy queda a expensas de una segunda entrega en la que se tomen medidas sobre los ingresos, y en la que además se aplique una subida mayor del 0,9% para las pensiones mínimas tal y como ocurrió el pasado año (3% contra 1,6% de las demás), que el Gobierno pretende incrementar en mayor medida.

Las recetas de Escrivá En este sentido, José Luis Escrivá será durante la próxima legislatura el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y por lo tanto será uno de los elementos centrales de la reforma del sistema de pensiones en la que trabaja el Pacto de Toledo desde hace ahora más de tres años. Sin embargo, el futuro ministro viene con el librillo aprendido por su experiencia al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Son varios los frentes sobre los que pretende incidir el nuevo ministro Escrivá, si bien todos ellos están dirigidos a reducir el déficit del sistema que acumula desequilibrios anuales por valor de 18.000 millones de euros, más de un punto porcentual del PIB. “Que se cierre el déficit estructural existente en la Seguridad Social, a través del traspaso de responsabilidades de gasto desde el Sistema de la Seguridad Social al Estado”, reza el documento presentado en enero del pasado año por la Autoridad Fiscal donde se plantean algunas de las medidas necesarias para reflotar las finanzas.

Así, Escrivá plantea la elevación en términos relativos de las cotizaciones destinadas a contingencias comunes -pago de pensiones- a costa de las asignadas al SEPE -pago por desempleo-, lo que se conoce como el trasvase de cotizaciones que se calcula en una cuantía máxima de 9.000 millones de euros. Organismo que se encuentra bajo la dirección del Ministerio de Trabajo que liderará Yolanda Díaz, de Unidas Podemos.

También sugiere la asunción por parte del Estado de determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones, como son, entre otros, los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (4.000 millones), de medidas de fomento del empleo consistentes en la reducción de cotizaciones (2.000 millones), de las prestaciones por maternidad y paternidad y las

subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.000 millones). De esta forma, si se descuenta el superávit de 1.400 millones del SEPE, la propuesta de la AIReF supone transferir un gasto de 9.000 millones del SEPE al Estado y otros 7.000 millones de gastos no contributivos de la Seguridad Social, con lo que el déficit del Estado aumentaría en 16.000 millones, pasando de ocho décimas al 2,2% del PIB, en tanto que se acabaría con el desequilibrio en la Seguridad Social.

Otro punto conflictivo está en su decidida intención de profundizar en la edad efectiva de jubilación en España, ya que se sitúa en 62,4 años, por debajo de la media de los países OCDE (64,3 años), siendo una de las mayores distancias respecto a la edad legal, llegando a alcanzar los 2,5 años. Esto pasa por modificar los requisitos de acceso a la pensión anticipada y ordinaria para fomentar el aumento de la edad efectiva de jubilación.

Fachada del Ministerio a cargo de José Luis Escrivá con la anti-gua denominación. EE

3 Es el número de años que pretende elevar la edad efectiva de jubilación el ministro Escrivá


Debemos derogar la reforma laboral”. Con este propósito inició la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, su andadura al frente del Ministerio que centrará buena parte de sus esfuerzos en cambiar la ley que rige el mercado laboral desde que en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy

ejecutase su reforma en una coyuntura de destrucción masiva de puestos de trabajo. Pero Díaz no lo tendrá fácil, al haber sido su Ministerio desposeído de algunas competencias que tenía la Cartera en la etapa anterior. Sin embargo, la presencia de Díaz al frente del Ministerio pone en el centro de la diana no solo los aspectos “más lesivos” de la reforma del PP que se comprometió a modificar su antecesora, Magdalena Valerio, sino que pretende la modificación total del texto. Sin embargo, se mantienen los objetivos centrales en este ámbito: la vuelta a la ultractividad de los convenios de trabajo, recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el

GONZALO VELARDE

DÍAZ, EN TRABAJO, PERO SIN ARMAS PARA DEROGAR LA REFORMA LABORALPedro Sánchez vacía la cartera de la nueva ministra de Podemos, Yolanda Díaz, dejando en manos de Escrivá la Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y en manos de Celaá la política de FP

A FONDO

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. A. MARTÍN


pruebas de evaluación. Lo que sí recaerá sobre las competencias de la nueva ministra de Trabajo es la gestión del SEPE y las políticas activas de empleo. La cantidad contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 para la Secretaría de Estado de Empleo. De esta cantidad, 5.985 millones de euros se destinarían directamente a las políticas activas de empleo, bajo el manto del SEPE. Además, el propio proyecto de políticas activas de empleo para 2019 detalla que, de los casi 6.000 millones de presupuestos, se podrán distribuir entre las autonomías un total de 2.000 millones. “Las políticas activas de empleo garantizarán que las ofertas de colocación sean adecuadas a las aptitudes y perfiles formativos de las personas desempleadas”, asegura el programa de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, añadiendo que se garantizará una atención individualizada, profesional e integral a los desempleados y desempleadas, dirigida a su rápida reincorporación al mercado de trabajo, prestando especial atención a los jóvenes, parados de larga duración y a los supuestos de exclusión social. Cabe recordar que Inclusión y Migraciones eran también competencias del Gabinete de Magdalena Valerio que ahora recaen en la cartera de José Luis Escrivá, al frente de la Seguridad Social.

A FONDO

de empresa, la regulación de las subcontrataciones, además de la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que agrave las posibilidades de despido por parte del empleador, entre otras cuestiones.

“La clave de un buen gobierno es que cuando hablamos de cifras, sepamos que estamos hablando de personas. Existe una precariedad que lo invade todo, combatirla es nuestro objetivo, es nuestro desafío, y lo haremos con derechos. Debemos derogar la reforma laboral para retomar los derechos de los trabajadores”, apuntaba Díaz sentando las bases de su mandato y asegurando que desde su gabinete aspiran a defender las demandas básicas de la clase trabajadora.

Continuar el diálogo social A pesar de las claras intenciones expresadas por la nueva ministra, también quiso dar un mensaje de moderación y de calma de cara a los agentes sociales. “Esta ministra y este ministerio van a situar el diálogo social como base de su acción”, aseguraba Díaz en clara alusión a las otras dos partes que componen la mesa tripartita y donde pretende alcanzar consensos tanto con sindicatos como con empresarios en cuestiones cruciales como la reforma laboral, pero también otras como la anunciada subida del salario mínimo interprofesional y la aprobación de un nuevo estatuto de los trabajadores.

“Seguirá siendo el Ministerio de las personas”. Además, con estas palabras, la ya ministra Díaz recogía el guante del espíritu que ha marcado la actividad de este ministerio desde la llegada del PSOE a la presidencia del Gobierno. De hecho, tal es la muestra de línea continuista que seguirá la nueva ministra de Trabajo que dijo de la ya exministra Valerio que “es su preferida” y que ahora más que nunca la tendrá como referente.

Recorte de competencias Más allá de la separación de este ministerio de un organismo que nunca tuvo entidad ministerial, la Seguridad Social, no es el único recorte de competencias a un ministerio crucial para el funcionamiento del país. Así, fue la propia ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, quien anunció que ella será quien aglutinará todas las competencias en este sentido, incluidas las que estaban bajo el paraguas del Ministerio de Trabajo.

Así, el Ministerio asumirá así tres competencias hasta ahora en manos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: la elaboración de las normas e informes sobre el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales; la elaboración y actualización de los Certificados de Profesionalidad y las

La exministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. A. MARTIN

El profesor de Derecho laboral Joaquín Pérez Rey (Madrid, 1973) será el nuevo secretario de Estado de Trabajo y Economía Social en el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos bajo la dirección de Yolanda Díaz. Joaquín Pérez Rey, colaborador habitual de la Fundación Primero de Mayo y de la Fundació Cipriano Garcia, de CCOO, ha ahondado en la dualidad del mercado laboral en España, con una excesiva tasa de trabajadores con contratos temporales, así como en la figura del autónomo Trade, muy utilizada de manera fraudulenta por las plataformas digitales y otras compañías en forma de falsos autónomos, según la Inspección de Trabajo. Autor de los libros ‘Estabilidad en el empleo’ (2004); ‘La transformación de la contratación temporal en indefinida. El uso irregular de la temporalidad en el trabajo’ (2004); ‘El régimen profesional del trabajo autónomo económicamente dependiente: novedades legales y jurisprudenciales’ (2016) y, junto a Antonio Baylos, ‘El despido o la violencia del poder privado’ (2009).

Joaquín Pérez Rey será el secretario de Trabajo

Pensiones10 elEconomistaOPINIÓN

¿Buenas noticias en Seguridad Social?

Sería muy útil convocar una comisión

internacional de expertos que asesore

al Pacto de Toledo, brindar información

y transparencia a la población, así como

el uso adecuado de las ciencias del

comportamiento

Diego Valero

Director Académico LSE-Global Pensions Programme y

Presidente Novaster Desde la recuperación de la democracia la Seguridad Social ha tenido siempre compañía en el orden ministerial, pero su pareja más estable ha sido Trabajo, con quien ha convivido durante casi 40 años. El área gubernamental que maneja

mayor presupuesto se hace, por fin, independiente, aunque con competencias también en Inclusión y Migraciones, lo cual tiene sentido como un gran Ministerio de protección social, como en otros países de nuestro entorno. Es indudable que las pensiones son, no solo cuantitativa, sino cualitativamente, uno de los aspectos de mayor trascendencia en el sano equilibrio entre generaciones, y culmen del estado de bienestar que definiera William Temple, Arzobispo de Canterbury, en 1945, conectado indudablemente con el Plan Beveridge, el mayor hito del siglo XX en protección de la ciudadanía. Por ello, que el presidente del Gobierno haya decidido darle rango ministerial autónomo no puede sino generar una expectante emoción por ver si el nuevo ministro, que conoce profundamente los números del sistema, es capaz de empujar hacia un sistema global de pensiones suficiente para la población y sostenible para el Estado.

Sería importante que a las competencias que tiene este nuevo Ministerio se le agregaran las que corresponden a pensiones complementarias, y muy especialmente, a las vinculadas a las pensiones en las empresas. No olvidemos que su origen jurídico es el de Mejoras Voluntarias de la Seguridad

Social, por tanto, tener una visión global de la parte obligatoria y de la parte voluntaria ayudaría a enfocar más correctamente el problema, como, de nuevo, ya han hecho los países de nuestro entorno con sistemas de pensiones más exitosos, como los países nórdicos -Suecia como paradigma- o Reino Unido.

Inclusión se refiere a todo tipo de ayuda -principalmente económica, pero no solo- para recuperar a los excluidos o en riesgo de exclusión de la sociedad. Debería avergonzarnos como sociedad que tengamos en este triste grupo a entre nueve y 12 millones de personas. Las pensiones mínimas de carácter solidario, y financiadas con cargo a presupuestos, son una de las herramientas necesarias para combatir esta situación. Y, como el ministro Escrivá dice, tenemos que ser muy conscientes y nada demagógicos con la inmigración, que es y será necesaria para, en el campo que nos ocupa, financiar las pensiones.

No será fácil, dado el mapa político, llegar a muchos consensos en esta legislatura, pero si hay dos imprescindibles, son la educación y las pensiones -habría un tercero, la justicia-. Muy útil para abordar una revisión de nuestro sistema de pensiones para que consiga los fines que comentaba anteriormente sería la convocatoria de una comisión internacional de expertos que asesore al Pacto de Toledo, información y transparencia cara a la población, y uso adecuado de las ciencias del comportamiento, garantía de éxito en cualquier implementación de esta naturaleza.

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Cuando se tratade pensar en nuestra jubilación todos nos ponemos a hacer castillos en el aire


Entre sus objetivos: solventar la situación financiera de la Seguridad Social pasando los gastos que no tengan naturaleza contributiva al Presupuesto y encontrando alternativas para la revalorización

La separación de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo es una de las principales novedades que surgen tras la formación del nuevo Gobierno. Sin embargo, habida cuenta del reto que entraña para toda la sociedad española la reforma del sistema público de pensiones, parece que el gasto extra de dotar de un

gabinete ministerial ex profeso para esta empresa no supondrá un conflicto ni fuente de polémica más allá de las rutas que allí se tracen para adoptar medidas que demanda el reequilibrio de las cuentas del organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país. Y este, precisamente, es el prisma desde el que se valorará a futuro la eficacia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que durante los próximos cuatro años capitaneará el designado José Luis Escrivá.

Y más allá, parece generalizada entre la opinión de los expertos que haber puesto a un auditor público a las riendas del proyecto supone un halo de esperanza de cara a abordar las medidas que implican la reducción de un déficit que se enquista cada año en el entorno de los 18.000 millones de euros y una senda de gasto creciente guiada por el crecimiento de los precios de consumo, con el agravante de la demografía menguante y la inmediata jubilación de la generación del baby boom, que generará durante décadas una presión extra para la Tesorería de la Seguridad Social.

“A la vista de su trayectoria en el Banco de España, en el Banco Central Europeo, en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (AIReF), y de su carácter de técnico independiente que goza de la confianza de unos y otros, este economista puede resultar la persona indicada para afrontar los graves retos que afronta la Seguridad Social y, en este sentido, parece estar suscitando cierto consenso y una buena acogida”, apunta el abogado en Mercer, Antonio Méndez, aludiendo a la importancia de impulsar las medidas necesarias con un criterio técnico.

“El nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene una demostrada capacidad técnica y una trayectoria profesional excelente. Sus equipos han sido de carácter técnico y seguirán siéndolos”, celebra el profesor de Economía en la UAH, Juan de Lucio añadiendo que no recela del debate y sus propuestas pueden ser en ocasiones provocadoras, lo que “le permitirá demostrar su capacidad política para poner en marcha medidas necesarias en el ámbito de las responsabilidades de su cartera”.

Más allá, Diego Valero, presidente de la consultora Novaster, apunta que “la separación es buena, la Seguridad Social asume una parte mayoritaria del presupuesto estatal, y que tenga entidad propia en un ministerio es

GONZALO VELARDE

LOS EXPERTOS APELAN A LA INDEPENDENCIA DE ESCRIVÁ

A FONDO

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A. MARTÍN


serviría muy poco, pasados unos lustros, sin más natalidad, cuyo bajísimo nivel es una formidable amenaza estructural para nuestra Seguridad Social y la pujanza económica futura de España en todos los ámbitos. Y solo con más inmigración no basta. En ningún país occidental de un cierto tamaño ha sido ni puede ser suficiente para cubrir del todo el hueco demográfico que deja la baja fecundidad nativa”, apunta acerca del envejecimiento poblacional.

Por su parte, el investigador principal del Think Tank Civismo, Javier Santacruz, señala que el nombramiento de José Luis Escrivá tiene “extraordinaria relevancia”, ya que va a tener el control de la parte “más problemática” del actual déficit público como es la caja de la Seguridad Social. Así, señala entre sus objetivos, solventar a corto plazo la grave situación financiera de la Seguridad Social, para lo cual se requiere pasar todos aquellos gastos que no tengan naturaleza contributiva estricta a PGE y contribuir a largo plazo con una fórmula alternativa al índice de revalorización de las pensiones que permita revalorizaciones con un IPC modulado.

necesario, al igual que otros países de nuestro entorno han hecho”. “Lo que yo haría es que este Ministerio lo fuera no solo de Seguridad

Social, sino íntegro de pensiones, es decir, que la regulación de las pensiones complementarias -cuanto menos las que surgen del ámbito laboral, como las pensiones de empleo- estuviera integrado en el ámbito de este Ministerio, para tener una visión global. Si alguna vez se va a desarrollar un esquema del estilo británico, del que tanto se ha hablado, tiene más sentido, en mi opinión, que esté enmarcado de forma global junto a las pensiones públicas”, explica Valero añadiendo que espera se ahonde en el análisis objetivo riguroso de la realidad del sistema de pensiones, las experiencias internacionales y el uso de la economía conductual en las reformas que se propongan.

Por su parte, el director de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro Macarrón, confía en que Escrivá impulsará reformas “más o menos razonables” en el sistema de pensiones para los próximos años. “Pero esto

A FONDO

El análisis riguroso de la coyuntura financiera del

Sistema guiará la próxima reforma

“Es importante, como en otros países, que la Seguridad Social tenga entidad propia” Diego Valero Presidente de Novaster

“Impulsará una reforma razonable del Sistema, pero servirá de muy poco sin más natalidad” Alejandro Macarrón Dir. Fundación Renacimiento Demográfico

“No recela del debate y sus propuestas pueden ser en ocasiones provocadoras” Juan de Lucio Profesor de Economía en la UAH

“Puede resultar la persona indicada para afrontar los graves retos que afronta la Seguridad Social” Antonio Méndez Abogado en Mercer

“Escrivá deberá solventar a corto plazo la grave situación financiera del Sistema” Javier Santacruz Investigador prinicpal en Think Tank Civismo


El Gobierno de Sánchez e Iglesias pretende eliminar el ‘piloto automático’ del IRP y el coeficiente reductor de la pensión inicial, introducidos por el PP en 2013 para cauterizar el déficit del Sistema

Tanto Unidas Podemos como el PSOE, partidos que conforman la coalición llamada a gobernar durante los próximos cuatro años, han fijado uno de sus objetivos de cara al mandato que inicia este 2020: la derogación de la reforma del sistema de pensiones impuesta por el PP de Mariano Rajoy en el año

2013. La clave está en que la medida se propone en la peor de las coyunturas financieras de la Seguridad Social, que asume déficits anuales cercanos a los 18.000 millones de euros, y que precisamente fiaba a la aplicación de los preceptos introducidos en la reforma la recuperación de su salud financiera en el medio plazo, fundamental para garantizar la sostenibilidad de las pensiones de cara a los futuros jubilados y beneficiarios de las prestaciones.

Concretamente, la intención del Ejecutivo en materia de pensiones pasa por realizar dos cambios que, de facto, modificarían la senda de la Seguridad Social: la eliminación del Factor de Sostenibilidad y la supresión del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP). Si bien es cierto que el cambio de tendencia ya asume algunas consecuencias en la previsión de gasto, esta fue alumbrada por el propio impulsor de la medida: el PP cuando firmó con el PNV los Presupuestos Generales de 2018 donde se recogía una suspensión cautelar hasta 2023 para la aplicación del Factor de Sostenibilidad y de dos años (2018 y 2019) para la revalorización de las pagas del 0,25 por ciento -se estableció un incremento de las pensiones del 1,6 por ciento para el conjunto de ellas y del 3 por ciento para las más bajas para los dos ejercicios mencionados-.

La utilidad de los dos elementos introducidos en la reforma es de carácter puramente financiero y se establecieron con el objetivo de revertir el desfase entre ingresos y gastos que acumula la tesorería del Sistema cada año. El primero de ellos, el Factor de Sostenibilidad, se concibió como un Factor de Equidad Intergeneracional. Ahora mismo la pensión se calcula en función de los años cotizados, la edad de jubilación y la cuantía cotizada principalmente. El factor de equidad intergeneracional lo que hacía es añadir la esperanza de vida al cálculo y revalorización de las pensiones. Esta medida tendría en cuenta la esperanza de vida de los nuevos jubilados en el momento de cobrar su primera pensión y se revisaría cada cinco años.

En términos cuantitativos, la aplicación del factor de sostenibilidad hará que las pensiones pierdan valor cada año. Conforme aumente la esperanza de vida habrá que repartir el mismo dinero en un periodo de tiempo mayor. Según los Analistas Financieros Internacionales (AFI) para una pensión pública de 1.000 euros pasaría a ser de 992,8 euros en la primera aplicación.

GONZALO VELARDE

EL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD SALTA POR LOS AIRES

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MA

PENSIONES

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En otras palabras, el factor de sostenibilidad sería del 99,28%. Si se mantiene la tendencia actual en 2030 el factor sería de 92,8% y en 2045 de 843,8 euros. A efectos prácticos, para el primer momento la pensión se quedará en 920,8 euros y para el segundo en 843,8 euros.

El piloto automático del déficit El otro pulmón de la reforma del PP de 2013 sería el de la norma para el incremento anual de las pensiones, el conocido como Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), y que también caería de confirmarse la derogación total de la reforma. Se trata de un factor que pone la Seguridad Social en piloto automático hasta el reversión completo de su coyuntura deficitaria. En este sentido, se estableció un suelo por el cual los aumentos de la pensión no podían ser nunca menores del 0,25%, si bien se fijó que esta sería la revalorización aplicable para cada año en el que el Sistema registrase un déficit -subida que computó entre los años 2014 y 2017, ambos incluidos-.

De este modo, se terminaba con la indexación al IPC de la revalorización, cuestión que, más allá, implica una senda de gasto difícilmente asumible por las arcas del Estado. De hecho, el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez de revalorizar las pensiones conforme a la inflación, y su voluntad de que esta sea la norma para actualizar las pagas de forma anual, puede traer más de un dolor de cabeza a los gestores del organismo encargado de pagar las pensiones en España. De hecho, si por el camino no se toman medidas complementarias de ajuste del gasto o incremento de los ingresos,

el Ejecutivo de turno habrá de lidiar con un déficit contributivo de las pensiones que crecerá progresivamente en las próximas décadas hasta alcanzar un volumen anual cercano a los 100.000 millones de euros. Es decir, casi un 5% del PIB. Por contra, en un escenario en el que se levantase la actual suspensión que pesa sobre el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) -en el que volvería a aplicar la subida del 0,25% hasta revertirse la coyuntura deficitaria de la Seguridad Social- el sistema de pensiones entraría en superávit a partir del año 2030 y para ese 2050 el remanente anual alcanzaría el 2,14% del PIB.

“Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral del 2012”, dice el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, está por ver si esta derogación de la norma es parcial o sobre la totalidad de la misma. Y es que, sobre la mesa, de momento se encuentran tan solo las cuestiones que ya avanzó el Ministerio de Magdalena Valerio con los sindicatos antes de la convocatoria de elecciones en el mes de abril. En realidad, sólo se anularán los preceptos de la ley que afectan a la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, a la ultraactividad, a la limitación temporal de los convenios colectivos tras perder su vigencia (se recupera la ultraactividad) y a la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial. Una de las novedades más llamativas incorporada al acuerdo sobre esta materia es el compromiso de “revisar las causas del despido”.

Derogación parcial de la reforma laboral del PP

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16 PensioneselEconomistaEL DATO

EL NUEVO JUBILADO YA COBRA MÁS QUE

EL EMPLEADO MEDIO ESPAÑOL

GONZALO VELARDE

El desvío de la inflación prevista por el Gobierno a principio de año para el conjunto de 2019 del 0,9% (1,6% estimado frente al 0,7% final) ha provocado un desembolso extra del Gobierno en pagas de jubilación, tras su decisión de vincular la revalorización anual a la evolución de la inflación

Producto de unas carreras de cotización cada vez más estables y con unos salarios más elevados, los nuevos pensionistas que entran al sistema de la Seguridad Social percibirán hasta un 3,5% más de dinero que el salario más habitual de nuestro país, por lo que tendrá mayores ingresos que millones de

empleados españoles durante sus años de retiro. Concretamente, los nuevos jubilados perciben una media de 1.291,91 euros mensuales mientras que el salario más frecuente que ofrece el mercado laboral en España asciende a 1.248 euros mensuales (17.482 euros anuales en catorce pagas).

Esta es la principal conclusión que se desprende de la última nómina de pensiones abonadas por el Estado en el pasado 2019 y que además coincidió con la elección en Consejo de Ministros sobre la estrategia que llevaría a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez para abordar la revalorización de las pagas en 2020 conforme al IPC tal y como se comprometió en la campaña electoral. Estrategia que finalmente se abordó con la suspensión de la revalorización de las pagas con arreglo a la norma vigente del 0,25%, para poder incrementarlas en consonancia con la inflación prevista para el conjunto de este año, prevista en el 0,9%, tal y como se hizo en enero.

Cabe recordar que según los últimos datos publicados este recientemente por el Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social la pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases -jubilación,

incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares-, es de 995,76 euros mensuales. Siendo la pensión media de jubilación de 1.143,55 euros mensuales

y la de viudedad se sitúa en 714,98 euros. Y es en las nuevas altas, donde la pensión media de jubilación -noviembre- es de 1.291,91 euros en el conjunto del sistema y se eleva por encima de los salarios más

frecuentes. Por su parte, según los últimos datos

publicados por el INE, el sueldo anual más habitual fue de 17.482 euros en 2017, cifra que mejora en casi 1.000 euros, un 6%, el de los cuatro años anteriores. Pese a este incremento, el salario más frecuente fue un 26,1% inferior al salario medio registrado en 2017. En concreto, el salario medio anual por trabajador subió un

3,5%


■PSOE y Unidas Podemos han abordado ya una de sus medidas prioritarias, una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con el fin de llevarlo a los 1.200 euros en 2023. La declaración de intenciones de los equipos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se ha materializado en una primera fase en virtud de la cual ha subido a los 950 euros en 2020, lo que supone un 5,5% sobre el año anterior, cuando escaló un 22,3%, desde los 732 hasta los 900 euros. Ahora, la nueva propuesta se basa en el precepto de la Carta Social Europea que establece que el SMI debe ser el 60% del salario medio, en el caso de España lo situaría levemente por encima de los 1.200 euros.

Compromiso de elevar el SMI a los 1.200 euros

EL DATO

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2,1% en 2017, hasta situarse en 23.646,5 euros, la cifra más elevada al menos desde 2008.

“Los sueldos han bajado tanto que ya muchos españoles no pueden vivir solo de su salario”, reconocía recientemente la entonces ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, en declaraciones para un diario alemán.

Cabe destacar que las diferencias salariales entre hombres y mujeres se han reducido ligeramente respecto a la anterior encuesta. La ganancia media anual de los hombres fue de 26.391,8 euros al año, mientras que la de las mujeres supuso el 78,1% de esta cuantía, con 20.607,8 euros, un 21,9% menos que la de los hombres. En 2016, la brecha entre ambos sexos era del 22,3 por ciento.

El INE ha destacado que esta diferencia salarial se reduce si se consideran situaciones similares -tipo de contrato, jornada, ocupación-. También ha dejado claro que la desigualdad también queda patente si se analiza la proporción de trabajadores con ganancia baja -asalariados cuya ganancia por hora está por debajo de los dos tercios de la ganancia mediana-, que fue del 16,2% en 2017. Entre estos trabajadores, el 63,9% eran mujeres.

Además, en 2017 el número de mujeres que tuvo unos ingresos salariales menores o iguales al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fue del 18,8 por ciento, frente al 7,8% de los hombres. En los salarios más altos, el 8 por ciento de los hombres presentó unos salarios cinco veces o más superiores al SMI, frente al 4,2% de las mujeres.

Además, la ganancia media por hora a tiempo completo de los varones fue de 16,44 euros en 2017 (+1% respecto a 2016), frente a los 14,95 euros de las mujeres (+2,9%). A tiempo parcial, la ganancia media por hora de las mujeres fue de 10,29 euros (+1,2%) y la de los hombres de 12,05 euros (+1,9%).

También es destacable la diferencia entre la ganancia media anual de los trabajadores a tiempo completo (27.348,3 euros) con la de los contratados a tiempo parcial (10.684,2 euros), aunque esta brecha se explica por la diferencia de horas trabajadas. Así, el salario medio de los empleados contratados a tiempo completo subió un 1,8% respecto a 2016, mientras que el de los contratados a tiempo parcial aumentó un 4,2%.

Las mujeres que trabajan a tiempo completo ganan una media de 25.416,7 euros al año (+2,4%), mientras que los hombres obtienen unas ganancias de 28.716,7 euros (+1,2%). En el caso del tiempo parcial, las mujeres ganan 10.409,9 euros (+3,9% sobre 2016), mientras que la ganancia de los hombres es de 11.279,9 euros (+5,1%).

Por edades, el sueldo medio anual en 2017 para los trabajadores menores de 20 años fue de 7.868,3 euros, la cifra más baja si se analizan los sueldos por grupos de edad. La más alta corresponde a los trabajadores de 55 a 59 años, con 27.631,3 euros anuales. Los jóvenes menores de 20 años fueron los que más vieron aumentar su sueldo medio anual en 2017, con un repunte del 9,5%, seguido de los jóvenes de 20 a 24

años, con un salario medio un 4,1% superior al de 2016, hasta los 11.775 euros.

Todas estas cifras dan cuenta de la erosión del factor salarial del trabajo en España desde el inicio de la crisis y su sustanciamiento en mayores rentas de los jubilados.

Fuerte repunte de la nómina De este modo, en el mes de diciembre, el

sistema de Seguridad Social abonó un total de 9.801.379 pensiones contributivas, un 1,08% más

que en diciembre de 2018; siendo el menor incremento de los últimos años. Destaca también

que mes a mes va moderándose el crecimiento interanual del número de pensiones de jubilación, 6.089.294, que en este mes desciende hasta el 1,58%, la tasa más baja registrada en los últimos años. Además, hay que señalar el dato de la evolución de las nuevas altas de pensiones por jubilación

registradas hasta noviembre (281.929), un 8,8% menos que en el mismo periodo de 2018 (309.052).

La nómina mensual de pensiones contributivas totalizó 9.759.800 millones de euros, que se traduce en un incremento interanual de 4,74%, un valor que se ha ido moderando desde principios de año.


Las cifras

Mínimo histórico de fecundidad en Finlandia

En Helsinki, una de las mejores ciudades del mundo para tener hijos por las facilidades que se ofrecen, contabilizó en 2019 una tasa de 1,35 hijos por mujer y menos de un 1,20 hijos por mujeres finlandesas autóctonas. Los nacimientos son menos que los registrados en los años de guerra (1939-1944).

1,35

Canadá sostiene la natalidad

con incentivosCon los últimos datos disponibles, en la segunda mejor ciudad del mundo para tener hijos, Quebec (Canadá), se contabilizaron en 2017 una media de 1,45 hijo por mujer. Mientras tanto, en Oslo (Noruega), se contabilizaron en 2018 una media de 1,44 hijos por mujer.

1,45

Desplome de nacimientos

en ChinaLa tasa de natalidad de China marcó un nuevo mínimo histórico en 2019. En 2016, al año siguiente de abolirse la política de hijo único, hubo un pequeño repunte de bebés en el país. Sin embargo, entre los años 2016 y 2019 los nacimientos en el país se han desplomado un 18%. Un hecho relevante al tratarse de un país con el mayor volumen de población en el mundo, y que sin embargo comienza a experimentar un retroceso en su demografía.

18%

EL DATO


Enero 2020, se busca campaña de marketing para pensiones

La industria de planes de pensiones puede y

debe hacer mucho para promocionar

el ahorro para la jubilación durante todo el año. Hay que desestacionalizar la

venta y los presupuestos de publicidad sobre

estos productos

Susana Criado

Directora de Capital Intereconomía Se busca anuncio sobre planes de pensiones. ¿Alguno a la vista en el arranque de este 2020? ¿Ha visto usted a algún banco promocionar este mes de enero algún plan de pensiones? ¿Ha leído o ha escuchado alguna campaña ofreciéndole un

3% o quizás un 5% si traspasa su plan de pensiones? Nada. En enero sequía total de anuncios, campañas o eventos relacionados con el ahorro destinado a la jubilación. ¡Una pena!

A finales de año las entidades financieras nos bombardearon con anuncios y eventos: insistían en la importancia del ahorro periódico, en la necesidad de buscar planes de pensiones bien gestionados, con bajas comisiones y con rentabilidad consistente en el tiempo; recalcaban la necesidad de no realizar las aportaciones pensando sólo en el beneficio fiscal y reiteraban que hay que destinar parte de nuestros ingresos al ahorro para la jubilación desde nuestro primer empleo, que ese ahorro debe ser algo estructural, periódico, constante en nuestra cartera de inversión. La teoría funciona. Pero ¿y la práctica? Suspenso total: lo que predican en el último trimestre del año se olvida en enero. Las entidades financieras descargan toda su artillería de marketing de septiembre a diciembre: ahí es cuando se funden sus presupuestos de publicidad y luego sequía total hasta después del verano. Mucho se nos llena la boca diciendo que el gobierno debe

generar certidumbre en cuanto a la fiscalidad de estos productos; que los políticos deben apartarse de los mensajes populistas y poner los pies en la tierra diciendo que debemos ahorrar desde ya para complementar nuestra pensión pública porque cada vez va a ser más pequeña, tiende y tenderá a menguar. Mucho se nos llena la boca diciendo que el españolito de a pie debe hacer un esfuerzo en ahorro para la jubilación y debe hacer también un esfuerzo en aumentar su cultura financiera. Pero, y desde la industria de planes de pensiones ¿Qué pueden hacer?

La industria de planes de pensiones puede y debe hacer mucho para promocionar el ahorro para la jubilación durante todo el año, no sólo de octubre a diciembre. Lo primero hacer realidad lo que predican a finales de año: desestacionalizar la venta de planes de pensiones y desestacionalizar, por tanto, los presupuestos de marketing y publicidad que destinan a este vehículo. Pueden además hacer productos más baratos, con comisiones más ajustadas; productos mejor gestionados que batan en rentabilidad a sus índices de referencia; pueden y deben hacer un esfuerzo en transparencia y comunicar de forma adecuada las bondades del vehículo para todos los públicos: jóvenes y no tan jóvenes, con alto patrimonio y con escasa capacidad de ahorro. ¿Lo harán? Mucho reto por delante, el año acaba de arrancar...


“Se está haciendo una ‘reforma silenciosa’ a través de la subida de las bases máximas de cotización”

Profesora titular de Economía Financiera de la Universidad de Extremadura y miembro del Foro de Expertos del Instituto Santalucía

G. VELARDE/ I. ACOSTA

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y profesora en la Universidad de Extremadura, Inmaculada Domínguez Fabián es una de las más reconocidas expertas del país en sistemas de prestación social, tanto en jubilación como en desempleo. ¿Cree positivo o negativo que el PSOE y Unidas Podemos propongan la supresión del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad liquidando la reforma del PP de 2013? La reforma del 2013, es una reforma técnicamente muy positiva, puesto que somete al sistema a cambios automáticos. Tanto el IRP como el Factor de Sostenibilidad recogen elementos de la evolución de los gastos e ingresos del sistema y de la esperanza de vida. Estos mecanismos automáticos eliminan el riesgo político que tienen otro tipo de reformas, como son las paramétricas; ya que se ajustan a elementos de funcionamiento del sistema, y no hay que estar regulándolos repetidamente. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el IRP ha sido el primer elemento de reforma que ha afectado, en toda la historia de la Seguridad Social, a las personas que ya estaban cobrando pensión. Esto, junto con la dificultad del propio indicador, y el que no fuese acordado por el

ENTREVISTA

INMACULADA DOMÍNGUEZ

FABIÁN

ALBERTO MARTÍN ESCUDERO


pacto de Toledo, ha supuesto un rechazo social incuestionable. En mi opinión es entendible la supresión del IRP; aunque técnicamente sea un indicador muy adecuado. En cuanto al Factor de Sostenibilidad, también definido en la ley 27/2013 -aunque aún no se conoce su valor concreto-, supone que se incluye el efecto de la mayor esperanza de vida en el cálculo de la primera pensión. Considero que es un indicador más claro que el IRP y se aplica en muchos países. No afecta a pensiones de jubilación ya causadas; sino a las que se generen y siempre en función a la esperanza de vida que esa generación tenga. Considero que el Factor de Sostenibilidad sí debe ser aplicado. En este sentido, ¿ve viable una senda de incremento de las pagas en base al IPC para los próximos años? No considero que sea viable financieramente; dado que el incremento de las pagas en base al IPC es acumulativo y es una medida que no afecta únicamente a un año. El coste de incrementar las pensiones por el IPC (0,9%) en 2020 en lugar de por el IRP (0,25%) es de unos 11.000 millones de euros en valor actual; y si este incremento se produce, no solo en 2020, sino en los próximos años, el incremento del coste crece de forma exponencial. Además, el IPC es el índice de precios de consumo, que recoge información del incremento de los precios de una cesta de productos. Las necesidades y el consumo de personas en edad activa no son las mismas que las de las personas jubiladas. Incluso las personas jubiladas no tienen el mismo perfil de consumo en las primeras edades de la jubilación que en las últimas. Por ello considero que el IPC no es un indicador adecuado de la evolución de los precios de los productos que consumen los jubilados; y por lo tanto no es adecuado para garantizar su poder adquisitivo. ¿Es posible, como anunció el nuevo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en su toma de posesión, compatibilizar la revalorización de las pensiones al IPC con la reducción del déficit del Sistema? Todo es posible, lo que no veo es que sea factible. La revalorización con el IPC claramente supone un incremento de los gastos del sistema, que no conlleva a su vez ningún incremento en los ingresos; por lo cual el déficit se incrementaría. Cuestión distinta es que se planteen medidas para reducir el déficit del sistema; pero revalorizar la pensión al IPC supone incrementar los gastos de manera directa, y acumulativa.

¿Qué medidas se pueden adoptar para elevar los ingresos del Sistema? Las medidas impositivas tienen un recorrido limitado, puesto que la presión fiscal es alta y no soporta mucho más. Medidas como la tasa google y la tasa Tobin generarían un montante de, en un escenario más que optimista, 2.000 millones de euros. Además de ser insuficiente, es una cuantía que no crecería año a año en la misma medida que lo hace el déficit del sistema.

Se baraja también la posibilidad de traspasar una parte de las cotizaciones para el desempleo a las cotizaciones para las pensiones de jubilación. Esta medida, que generaría unos ingresos muy volátiles dependiendo del ciclo económico, es, simplemente, un elemento de ingeniería financiera y no solventa realmente el problema. Además, el saldo de los Fondos de la Seguridad Social, en términos de Contabilidad Nacional, también incluye el Servicio Público de Empleo Estatal. La medida de subir las bases máximas de cotización, más de lo que lo hacen las bases mínimas, ya se está produciendo y considero que sería adecuado llamarlo reforma silenciosa. Esta medida genera inequidad si no va acompañada de un incremento similar en la pensión máxima. Las medidas relativas a reducir la precariedad y eliminar el fraude en el mercado laboral mejorarían los ingresos del sistema; al igual que lo harían aumentos de la productividad, que tendrían su efecto inmediato en el alza de los salarios y por ello de las cotizaciones. Y del Pacto de Toledo, ¿qué podemos esperar para esta legislatura? Hay que recordar que con la anterior configuración de la Comisión no se logró un acuerdo de recomendaciones y que ahora también estará Vox en la mesa de negociación. El Pacto de Toledo es sin duda un modelo a mantener y potenciar y es el foro para debatir y plantear cuestiones relativas a uno de los problemas que más preocupa a la sociedad: las pensiones. El Pacto es un reflejo de la situación política del país y, al igual que las fuerzas políticas han de negociar en el Congreso, lo tendrán que hacer previamente en el Pacto de Toledo.

Lo que espero es que se esté a la altura, puesto que el problema de las pensiones domina las políticas económicas y sociales de cualquier país; y en España, con el envejecimiento poblacional, este dominio es aún mayor si cabe. Otro de los caballos de batalla del nuevo Gobierno parecen ser los incentivos fiscales en todo su espectro, que están siendo estudiados por la AIReF. Uno de ellos son los incentivos a las aportaciones de los

ENTREVISTA


“El IPC no es un indicador adecuado del consumo de los jubilados”

“Sin un aumento en la pensión

máxima el modelo genera

inequidad”

“Es necesario homogeneizar la fiscalidad del ahorro

previsional”

22 PensioneselEconomistaENTREVISTA

se está haciendo, fiscalmente, nada que no se haga con las cotizaciones y las prestaciones de la Seguridad Social. Es importante ser conscientes de que, con el modelo de fiscalidad de exención en las aportaciones y tributación en la prestación, estamos haciendo lo mismo que con las cotizaciones a la Seguridad Social. Las cotizaciones a la Seguridad Social no se incluyen en la base imponible del IRPF; de igual forma que ocurre con las aportaciones a los planes de pensiones. Cuando se percibe la pensión de jubilación pública, ésta se imputa como rendimiento del trabajo en la base imponible del pensionista; exactamente igual que las prestaciones en forma de renta de los planes de pensiones. Por todo ello, opino que más que eliminar el tratamiento fiscal de los productos de ahorro, se debería homogeneizar el mismo. También es importante mantener una seguridad jurídica y evitar que se realicen modificaciones fiscales en el tratamiento de los productos de previsión social, con la excesiva frecuencia que se ha hecho hasta ahora. En este sentido, ¿cómo se puede incentivar el ahorro complementario para la jubilación? Sobre todo, entre los más jóvenes que heredarán un sistema altamente deficitario y probablemente menos generoso. Las generaciones más jóvenes son las que más han oído hablar del problema de las pensiones, y son los que van a estar más preparados para realizar un ahorro finalista. De hecho, múltiples estudios así lo atestiguan y, a pesar de lo que se pueda pensar, ahorran; aunque de una manera diferente a los de otras generaciones. Algunas de las recomendaciones serían: A nivel institucional, mejorar el nivel de información sobre el sistema de pensiones; para que todos los individuos puedan conocer una estimación de la pensión pública futura que percibirán. De esta manera se evitarían análisis tanto del tipo catastrofista como paternalistas; que poco bien hacen al sistema. A nivel sectorial, adaptar los productos de previsión al ciclo de vida; con mayores incentivos en caso de iliquidez de los productos de previsión social; y diseñar productos que asocien el ahorro al consumo. Algunas entidades están desarrollando productos que vinculan el consumo con el ahorro previsional. Es muy importante que, aunque no se obtenga inicialmente un fondo muy importante, sí se interiorice que es posible ahorrar. Y para el periodo de jubilación del ‘baby-boom’, ¿cómo se puede hacer para contener el déficit en estos años? La jubilación de la generación del baby-boom depara un problema grave en el sistema de pensiones que además no será puntual; puesto que el cambio en la

planes privados de ahorro. ¿Qué futuro augura a este sector si el Ejecutivo decide suprimirlos? ¿Cómo impactaría en la industria? Los sistemas complementarios de previsión social tienen tratamiento fiscal diferente en función del producto que se contrate. Esto, que podría tener sentido vinculado a la liquidez del producto, deja de tenerlo en el momento actual, en el que los Planes de Pensiones y los Planes de Previsión Asegurados gozan de ventanas de liquidez. Una homogeneización de la fiscalidad de los productos de ahorro previsional sería necesaria. Evidentemente, el ahorro para la jubilación es diferente al ahorro financiero, puesto que el horizonte de planificación y de iliquidez en muchos casos es el medio y largo plazo. Para compensar ese esfuerzo o ese coste, se instrumenta la exención fiscal de la aportación, en algunos de los productos, lo que se replica en múltiples países. Aunque realmente no es un incentivo fiscal, sino un diferimiento del pago impositivo. No considero que deban eliminarse las ventajas fiscales de los productos de planes de pensiones, dése cuenta que no


“El diferimiento fiscal homologa

los planes con las

cotizaciones”

“No importa que el ahorro sea pequeño si

se interioriza que es posible”

23 PensioneselEconomistaENTREVISTA

pirámide poblacional se mantendrá más allá de la generación del baby-boom. El Factor de Sostenibilidad es un instrumento a tener en cuenta para paliar el déficit que se genere, al igual que sería efectivo un aumento de la edad de jubilación; acorde con el incremento de la esperanza de vida. También repercutirá favorablemente la mejora de la contributividad del sistema, incrementar el número de años de cálculo para determinar la cuantía de la pensión inicial. En cuanto a la demografía, ¿qué puede suponer una sociedad más envejecida en ámbitos como el mercado de la vivienda, la oferta de ocio, la oferta de servicios? El incremento de la esperanza de vida en España es incuestionable. Otro aspecto que me gustaría señalar es que tenemos una esperanza de vida en buena salud o libre de dependencia que no es tan elevada; siendo unos diez años para una persona de 65. Lo cual, sin duda, incrementará las necesidades y los gastos en salud de los pensionistas. Después de la edad de jubilación considero que hay una edad en buena salud, donde algunos gastos pueden dedicarse a ocio y ciertos servicios como viajes y restauración. Pero en lo que podríamos llamar cuarta edad, en la que ya no se goce de esa buena salud, el consumo principal se realizará en servicios de cuidado y de salud aun cuando tengamos un servicio sanitario universal. ¿Cómo evalúa la separación del Ministerio en dos carteras de forma que se desliga Trabajo de Seguridad Social? Favorable en el sentido de que estéticamente da mayor importancia a la Seguridad Social, pero no lo considero demasiado relevante. Sí veo más destacable y favorable el perfil técnico tanto del ministro como del secretario de Estado de Seguridad Social. ¿Y qué impacto prevé de la subida prevista del SMI -hasta 1.200 euros en 2023-, que arrastra al alza las cotizaciones, aunque, según expertos, reduce el empleo? Dado que las cotizaciones se obtienen a partir de las bases de cotización y, éstas, a su vez dependen del salario, la subida de los salarios supondría de manera directa un incremento en las cotizaciones. Pero dado que ese incremento salarial no se debe a un aumento de la productividad, sino a un cambio regulatorio, existe el riesgo de que se reduzca el empleo. Si esto es así, al reducirse el empleo, lógicamente se disminuirán las cotizaciones; por lo que el efecto en las cuentas de la Seguridad Social puede ser no muy elevado.

“La contributividad mejoraría si se

elevan los años de cómputo”

“El impacto del alza del SMI en los ingresos públicos no es muy elevado”

“Debemos ser informados de la cuantía de

nuestra futura pensión”

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El Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos, cuya formación ya es un hecho una vez se ha confirmado la abstención de ERC en la votación de investidura de Pedro Sánchez, ya ha puesto las cartas sobre la mesa a través del programa de

Gobierno que se presentó recientemente, un documento que incluye una ambiciosa reforma fiscal... que no lo es lo suficiente. La programada alza de salarios públicos y de pensiones se comerá la cifra que se obtenga por las subidas tributarias, lo cual sumado a los compromisos de cumplimiento del déficit bloquea la financiación de las medidas ya programadas por el nuevo Ejecutivo en el campo social.

La clave está en los números. A falta de que se actualicen las cifras, el pronóstico es que el Gobierno saque unos 5.654 millones de euros de sus medidas tributarias, dando por hecho que se activen iniciativas para aumentar la imposición a las grandes fortunas y que las estimaciones del Ejecutivo se cumplan. Cabe recordar que tanto el Banco de España como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advertían de que estos pronósticos no eran realistas. En particular, el ente que preside Cristina Herrero vaticinó que los susodichos ingresos se podrían quedar en aproximadamente la mitad.

Pero ni siquiera la cifra oficial mencionada permitiría al nuevo Gobierno disfrutar de flexibilidad en el gasto, y la culpa la tienen importes ya comprometidos por el Estado. Aunque todavía no se han aprobado

E. O. S.

LA SUBIDA DE PENSIONES SE COME LA RECAUDACIÓN DE 2020A falta de que se actualicen las cifras, el pronóstico es que el Gobierno saque unos 5.654 millones de euros de sus medidas tributarias, cifra similar al coste de elevar las pretaciones a clases pasivas y el sueldo de funcionarios

PACTO DE TOLEDO Y SEG. SOCIAL

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25 PensioneselEconomistaPACTO DE TOLEDO Y SEG. SOCIAL

los correspondientes reales decretos-ley, en 2020 se subirán las pensiones y los salarios de los empleados públicos. Ambas medidas van a significar un impacto de hasta 4.575 millones y 1.263 millones, respectivamente. En total, 5.838 millones, por encima de las previsiones de ingresos adicionales de Moncloa.

Medidas tributarias El grueso del impacto de esta recaudación descansa en la reforma del impuesto sobre Sociedades, de manera que se crearía un tipo mínimo del 15% para las grandes empresas -en el caso de las pymes, su aportación se reduciría- y del 18% para las entidades de los sectores financiero y de los hidrocarburos. Le siguen la creación de las tasas Tobin y Google, es decir, los impuestos a las transacciones financieras y a las operaciones digitales.

Ni rastro queda del ambicionado impuesto a la banca, que venían reclamando los de Pablo Iglesias, futuro vicepresidente tercero del Gobierno, para recuperar el rescate bancario de 2012. Probablemente, esta fue de una de las renuncias que tuvieron que afrontar los morados en el campo fiscal para poder cerrar el acuerdo de coalición.

Aunque está previsto que mejore la recaudación en un escenario inercial en 2020, el Gobierno tendrá que dedicar buena parte de esta cantidad a la comprometida corrección del déficit y de la deuda pública, que ordena la Comisión Europea.

Cabe recordar que, como informó este periódico, ya está en vigor el apartado de la Constitución que obliga a que todo proyecto presupuestario nacional tenga que cumplir con el mandato de Bruselas en materia económica.

“El Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros”, reza el artículo que se activó el pasado 1 de enero y por el que se convierten en ley

nacional las cifras de cumplimiento europeas. Lo que antes era externo al ordenamiento jurídico español, ahora es interno.

Concretando: la UE exigió en diciembre a España que cumpla con el esfuerzo estructural del 0,65% del PIB para cumplir con sus metas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que representa un ajuste de unos 7.800 millones para este año, que debería llegar en las nuevas Cuentas que tendrá que enviar el nuevo Ejecutivo de coalición a las autoridades europeas.

Además, expertos consultados por elEconomista alertan de la litigiosidad que provoca esta situación. La elevada deuda pública de España -se espera que a cierre de 2019 haya supuesto un 96% de PIB- está muy encima de los límites decretados por Bruselas para países en la situación de España, fuera del brazo corrector, que marcan un máximo del 60% del PIB. De ahí que se alerte de que cualquier gasto incluido en unos futuros Presupuestos Generales del Estado podría ser recurrible en los tribunales.

Previsiones de incrementos A pesar de ello, el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos incluye varias medidas para aumentar el gasto social, sobre todo en los

campos de la educación y la sanidad, áreas cuya financiación se pretenden aumentar en al menos un

punto de PIB cada una. En estos ámbitos se ubicarían la universalización de la

educación infantil de cero a tres años y la supresión paulatina del copago farmacéutico.

Cabe recordar que se mantienen apuestas como recortar las listas de espera de dependencia -en el proyecto presupuestario fallido de 2019 estaba previsto dotar a esta área con 831 millones adicionales- y la creación del ingreso mínimo vital, una suerte de renta mínima, que costaría hasta 9.800 millones anuales, según las estimaciones de proyectadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

■ Los últimos datos del Ministerio de Hacienda constatan un incremento del gasto público en salarios en este 2019 muy por encima del año pasado. Hasta septiembre, esta partida supuso unos 78.535 millones de euros, un 5,7% más que en 2018, año en el que el crecimiento de este gasto fue de menos de la mitad en el mismo periodo de tiempo. Es decir, que las Administraciones Públicas multiplicaron por dos el incremento de sus partidas destinadas a pagar su masa salarial, aunque el que se lleva la palma es el Gobierno central.

El doble de gasto en sueldos públicos

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Modelos de cotización a la Seguridad Social

Si tenemos en cuenta que cada vez son más

los trabajadores excluidos de los

Convenios Colectivos y la parcialidad en

la jornada se generaliza, la existencia de más

contratos no implica necesariamente, más

cotizantes efectivos

Sebastián Reyna Profesor del Instituto de Formación

para el Trabajo Autónomo (IFTA) Consejero editorial de ‘elEconomista’ Tras el fracaso en la pasada Legislatura del cierre

del proceso de negociación en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, entre otras razones por el veto impuesto por la que ahora es nueva Ministra de Trabajo, aunque no de

Seguridad Social, parece que la constitución del nuevo Gobierno debería incentivar el comienzo de una nueva ronda de sesiones de trabajo de esta Comisión, dar por oídas las diferentes propuestas de agentes sociales y expertos, y comenzar la fase de Diálogo Social y análisis de propuestas en trámite de Ponencia y Comisión en el Congreso.

La situación financiera del Sistema, y la confirmación de los factores que abocan a una situación de déficit continuado, así lo aconsejan y así fue puesto de manifiesto por el que ahora es el nuevo Ministro del ramo durante su etapa anterior como director de la AIReF.

Efectivamente la previsión de llegar en corto plazo a un número de al menos 20 millones de cotizantes parece eternizarse con los nuevos datos de afiliación, por otra parte la

media de cotización vinculada a los ingresos parece que no confirman que sea ni siquiera suficiente con esta cifra de cotizantes si los salarios medios no se incrementan. Sin duda las subidas previstas del SMI podrían mejorar la recaudación media, pero la generalización de los contratos parciales y temporales puede hacer que estas previsiones no sean suficientes y que deberíamos estar más cerca de los 21 millones de cotizantes para conseguir el objetivo de equilibrio presupuestario, lo que parece por el momento difícil en la senda actual de creación neta de empleo.

Por ahora los débiles acuerdos parecen concentrarse tan solo en materia de prestaciones. Estamos ante un relativo consenso en mantener la capacidad adquisitiva de las pensiones por encima de la mínima subida del 0,25% que preveía la última modificación legal. Incluso el Partido Popular, propulsor de esa reforma legal, acepta ya no aplicar el denominado “factor de estabilidad” que condicionaba estas subidas a la evolución demográfica y al desarrollo de nuestra economía con un modelo de actualización al menos complejo en su aplicación.


Pero la actualización de las pensiones en términos equivalentes a la inflación efectiva, una medida sin duda justa en términos sociales y eficaz en lo económico, por el mantenimiento de la capacidad de consumo interior, no sólo no viene a solucionar el problema financiero, sino que puede agravarlo, si no se toman otras medidas, y estas sólo pueden avanzar por el capítulo de los ingresos.

Tenemos un problema con las cotizaciones y este viene por tres ámbitos: De una parte los bajos salarios medios no permiten prever incrementos de ingresos suficientes, por otra parte el modelo de cotización en los regímenes especiales, como son los del trabajo por cuenta propia, empleados/as de hogar y sector agrario, están poniendo en déficit continuado estos sistemas particulares, y también la permanencia de un tope máximo en las bases de cotización hace que aquellos trabajadores y empresas que tienen una mayor capacidad de contribución no lo hagan y con ello el sistema resulte menos equitativo.

Abordar este problema resulta difícil pero es necesario. Los incrementos del SMI y la mejora en la evolución salarial vinculada a la negociación colectiva puede ayudar en este objetivo, pero si tenemos en cuenta que cada vez son más los trabajadores excluidos de los Convenios Colectivos y que la parcialidad en la jornada, en muchos casos no deseada, se generaliza, la existencia de más contratos no implica necesariamente, más cotizantes efectivos.

Por otra parte parece urgente avanzar ya en un nuevo modelo de cotización para más de tres millones de trabajadores autónomos que deberían hacerlo de acuerdo a sus ingresos reales estimados. Esta formulación puede implicar que varios cientos de miles de trabajadores independientes no estén obligados a cotizar, pero también que aproximadamente un millón y medio deban actualizar sus cotizaciones de acuerdo a unos tramos más razonables y cercanos a la realidad de las rentas medias de la tributación por rendimientos económicos.

Algunos sistemas especiales, como el agrario, deben afrontar también unas cotizaciones más reales y proporcionales a la capacidad de renta de los cotizantes. Por otra parte será necesario aclarar el límite entre las funciones del empleo vinculadas a los servicios del hogar, con otras actividades como las relacionadas con los trabajos para la ayuda a la dependencia, que deberían cotizar en el marco del Régimen General.

Las bases máximas de cotización deben actualizarse. Hoy ya es un número muy importante el de los profesionales vinculados a grandes empresas que tienen ingresos muy superiores a los 4.070 euros mensuales que establece el límite de cotización. Es cierto que esta decisión debería llevar también a una evolución de las pensiones máximas, pero si estas últimas cambian a un ritmo inferior que la cotización máxima, podemos estar ante un escenario de ingresos más razonable.

Será necesario aclarar el límite entre las funciones del empleo vinculadas a los servicios del hogar, con otras actividades como los trabajos para la ayuda a la dependencia, que deberían cotizar en el Régimen General

Sebastián Reyna

Profesor del Instituto de Formación para el Trabajo Autónomo (IFTA) Consejero editorial de ‘elEconomista’


Saltó la noticia en el último Consejo de Ministros del año cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la suspensión cautelar de la subida de las pensiones, del salario mínimo interprofesional y del sueldo de los funcionarios comprometida para 2020 hasta que se lograra formar un Ejecutivo en

plenitud de funciones, como ya había adelantado elEconomista con anterioridad.

EL JUBILADO CAPEA LA ‘CONGELACIÓN’ DE LAS PENSIONESGONZALO VELARDE


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La ganancia de riqueza en 2019 cubrirá la inflación lo que dure la suspensión. El pensionista recibió una subida un 0,9% ‘extra’ el pasado ejercicio y, mientras, el Ejecutivo reitera: “Las pensiones subirán con efecto a 1 de enero de 2020”

Sin embargo, pese a las soflamas de la oposición criticando la pirueta del Gobierno para no aplicar la ley vigente que rige una subida del 0,25% -introducida en la reforma del PP de 2013- los pensionistas españoles no han perdido poder adquisitivo en el inicio de año debido a la ganancia extra de riqueza que experimentaron en este último ejercicio 2019 donde la revalorización aplicada a comienzos de año del 1,6% para todas las pensiones y del 3% para las mínimas cubren sobradamente el incremento

El desvío del IPC en 2019 garantiza el poder de compra

de pensionistas para el ejercicio 2020

29 PensioneselEconomistaPACTO DE TOLEDO Y SEG. SOCIAL

de la inflación para el conjunto del año (0,7%) y aporta además una ganancia de poder de compra igual a la diferencia entre el incremento y el IPC, del 0,9%.

En este sentido, si nos vamos a las proyecciones de Funcas sobre la evolución mensual del IPC para el presente ejercicio se observa como la variación de los precios se situó en el entorno del 1% en el primer mes del año -teniendo que esperar hasta el final del mes para conocer el dato definitivo-. Esta subida del IPC hubiera impactado de entrada como una merma para el bolsillo de los pensionistas al haber el Gobierno congelado las revalorizaciones anteriores si no fuera por la ganancia extra de poder adquisitivo del pasado año 2019 que, más allá, ya garantizaba el mantenimiento de la riqueza de pensionistas y jubilados el tiempo que durase la suspensión de la subida.

“Pueden estar tranquilos” Sobre este aspecto, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, salió rápido al quite de las críticas de la oposición realizadas durante ese fin de semana, más cuando el PP anunció que recurría la decisión del Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional.

“Los pensionistas pueden estar tranquilos: el gobierno cumplirá con el compromiso adquirido y comunicado a la Comisión Europea dentro del Plan Presupuestario 2020 del Reino de España, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas en el próximo ejercicio a través de una actualización de las pensiones del 0,9% desde el 1 de enero de 2020”, remitía el gabinete de la ministra Magdalena Valerio en un comunicado ese mismo fin de semana de la congelación.

Así, explicaba que estando en funciones y ante la previsible formación de un nuevo Gobierno, era “razonable posponer la aplicación de esta medida hasta que el Gobierno se halle en pleno uso de su capacidad propositiva y normativa, y sin perjuicio de que los efectos de la revalorización sean retroactivos desde el 1 de enero de 2020”.

Además, ya apuntaban al mantenimiento del poder de compra gracias a las subidas efectuadas. “Hay que tener en cuenta que en el año 2019 todas las pensiones han ganado poder adquisitivo dado que la variación media del IPC a lo largo del año va a resultar sensiblemente inferior a la revalorización del 1,6% con carácter general y del 3% para las cuantías mínimas establecida por el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en

7,86 6,63 6,13 6,136,367,0 6,92150.000

120.000

90.000

60.000

IPC

Importe total nómina (€)

Subida (%)

Variación importe nómina (%)

2013 2014 2015 2016 20172010200920082007 2018 2019 20202011 2012

2,8

4,1

2,4

-0,3

1,8

1,0 1,0 1,00,25

-0,2

893,13 910,24 926,87 960,98 995,76

-0,2-0,5

0,25 0,25

2,0 1,7 1,61,0

0,9

135.267,60

0,25

0,71,3

3,22,4

1,42,6

Conservación del poder adquisitivoRevalorización anual de las pensiones

Evolución del importe anual de la nómina de pensiones

Evolución de la cuantía de la pensión media (€)

elEconomistaFuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

2013 2014 2015 2016 2017201020092008200720062005 2018 20192011 2012

3,99 4,01 4,91 3,22 2,96 3,05 3,03 4,83 6,4

Ganancia de riqueza Perdida de riqueza

2015 2016 2017 2018 2019

Desde el pico de la burbuja inmobiliaria, el consumo de los jubilados ha crecido un 20%, según los datos de la ‘Encuesta de presupuestos familiares’, publicada por el INE. En el año 2018, el gasto en consumo de cada jubilado se situó, de media, en 13.482 euros. Este ascenso ha permitido a los jubilados convertirse en el grupo social que más consume: cada uno gasta ya un 13,4% más que los trabajadores y un 80,6% más que los parados, que son realmente el colectivo social que peor lo ha pasado y lo sigue pasando. En 2018 cada jubilado gastó un 3,3% más que en el año anterior, marcando un nuevo récord histórico de consumo. Este crecimiento supera claramente al del resto de ciudadanos, de modo que la brecha sigue aumentando. El incremento del gasto del conjunto de la población fue del 2,2% en 2018, esto es, 1,1 puntos menos que los jubilados. La subida de las pensiones del 1,6% aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para ese año y el pasado 2019 impulsó el consumo de los jubilados por encima de la inflación y del propio crecimiento de la economía española. Se entiende así, que el sistema de pensiones ha protegido durante estos años de crisis la suficiencia de las pagas de los beneficiarios, mostrándose clave en muchas ocasiones para el sostenimiento de la renta de los hogares.

Aumenta el consumo entre los jubilados

materia social, laboral y de empleo”, apuntaba el comunicado.

Las razones de la suspensión En la nota, el gabinete del ministerio de Trabajo explicaba que se trataba de una decisión con sentido pragmático de la propia operatividad de efectuar la revalorización. Así, confirmaron que este Gobierno mantendría la


a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, si bien no es el único obstáculo hasta lograr la revalorización de las pagas con carácter retroactivo tal y como prometió el Ejecutivo ya que una vez conformado el Gobierno todavía será necesario articular un texto que recoja los incrementos para las pensiones de este 2020.

Ahora, con la subida ya aprobada y pendiente de ser efectiva a partir de febrero, y asumiendo que el colectivo no tiene pérdida de poder adquisitivo pese a la congelación de enero, aún queda por conocer la subida que experimentarán las pensiones mínimas, que el Gobierno subirá en mayor medida precisamente para cerciorarse de que no existe merma del poder de compra de sus beneficiarios.

suspensión de la aplicación de la revalorización del 0,25%, aprobada en su día de forma unilateral por el PP porque “ha sido ampliamente cuestionada en el marco del diálogo social y entre los grupos parlamentarios en el seno del Pacto de Toledo, hasta el punto de que no ha sido aplicado en los ejercicios 2018 y 2019 con el fin de evitar una revalorización que habría supuesto una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas”.

Y también porque una subida mínima del 0,25% “obligaría a duplicar los procesos informáticos, así como el envío de comunicaciones a los beneficiarios con el consiguiente incremento de costes y la disminución de la eficiencia del sistema”, aseguraron desde Moncloa.

Las tres posibles vías Finalmente, el Ejecutivo decidió la vía de la suspensión del artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, que fija una subida de las pensiones del 0,25%, y la posterior subida del 0,9% una vez haya Ejecutivo como medida cautelar.

“Si se decide mantener en vigor el artículo 58 de la ley de Seguridad Social computará el 0,25% hasta que se pueda revertir. Pero la decisión aún no está tomada”, apuntaba la ministra sin descartar tampoco la posibilidad de que se emitiera un Real Decreto-ley similar al de diciembre del pasado 2018 que fijo la subida del presente ejercicio durante un acto del INSS celebrado recientemente.

Otra de las alterativas que se barajaban era la aplicación del actual índice de revalorización de las pensiones (0,25%) para que, una vez que se constituyese el Ejecutivo, se adoptara la subida restante hasta llegar al 0,9% previsto en el Plan Presupuestario.

No obstante, también cabía la posibilidad, aunque menos viable, de que el Ejecutivo aprobara ese mismo viernes la subida del 0,9% enviada a Bruselas para 2020 con efectos al primer día de año, lo que hubiera actualizado las nóminas de manera automática. Siendo esta la opción menos factible ya que dependía de un informe favorable de la Abogacía del Estado sobre la posibilidad de llevar a término esta medida estando en funciones, cuestión que provocó el mutismo por parte del Gobierno durante esas últimas semanas del año.

Esto quiere decir, de facto, que los pensionistas españoles, como el resto de agentes sociales, se encontraban a la espera del éxito o el fracaso de las conversaciones que está manteniendo el PSOE con ERC para buscar la cuadratura de un círculo que finalmente les llevó a una investidura que aupó

El Partido Popular (PP) recurrirá al Tribunal Constitucional la congelación de las pensiones para 2020, según anunció en Twitter su presidente, Pablo Casado. Los pensionistas, añadía el presidente del PP en su cuenta en esta red social, “no pueden ser rehenes de las negociaciones con independentistas”. El Consejo de Ministros aplazó la subida de las pensiones al momento en el que se constituya el nuevo Gobierno, cuando se revalorizarán un 0,9% con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2020, según explicó la ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá. El Consejo suspendió la aplicación de la subida mínima del 0,25% establecida por el Ejecutivo del PP en la reforma de las pensiones de 2013 porque consideró que es mejor aplicar la revalorización del 0,9% de una vez para evitar duplicar costes y procedimientos. “Contra los que afirman que el Gobierno va a congelar las pensiones en 2020, una mentira muchas veces repetida no se convierte en verdad”, reaccionó de forma inmediata la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, para aplacar las críticas suscitadas desde varios ámbitos por la medida adoptada de cara al arranque de este 2020.


La oposición recurre la ‘pirueta’ del Gobierno ante el Constitucional

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Una de las decisiones que ha tomado el nuevo Ejecutivo ha sido la división de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social. El reto principal de ambos organismos será el de reformar el sistema público de pensiones para lograr su sostenibilidad, teniendo en cuenta que el gasto en pensiones contributivas no hace sino incrementarse año tras año -en diciembre, la Seguridad Social destinó 9.759,8 millones de euros, un 4,74% más que en el mismo período del año anterior-. Ante esta situación, el 95% de los españoles pide a los nuevos miembros del Congreso y del Senado que se pongan de acuerdo para plantear una reforma real del sistema público de pensiones. Esta es una de las principales conclusiones que se extraen de un estudio realizado por el Instituto Santalucía, en el que se analizan las perspectivas de futuro de los españoles en cuanto a la jubilación y las pensiones. Otro de los aspectos que destaca el estudio es que más de la mitad (52%) de los españoles cree que ningún partido político está proponiendo medidas eficaces en materia de pensiones.

ACTUALIDAD

Los españoles reclaman a los nuevos diputados que acuerden una reforma

El Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, aprobó finalmente su reforma de las pensiones con protestas en las calles de los sindicatos opuestos que, aunque no lograron movilizar tanto como al empezar el movimiento siete semanas antes de la aprobación, cuentan con un apoyo mayoritario de la opinión pública. El Consejo de Ministros aprobó dos proyectos de ley para la reforma que empezarán a tramitarse en el Parlamento el 3 de febrero -el 17 en el pleno de la Asamblea Nacional- para su aprobación antes del verano. El eje cardinal es la convergencia de los 42 regímenes de pensiones actuales en un sistema universal por puntos en el que cada euro cotizado dará los mismos derechos en el momento de la jubilación. Aunque la edad mínima de jubilación seguirá siendo de 62 años, se introduce la noción de edad de equilibrio; que servirá para garantizar la regla del equilibrio financiero. En la práctica, los que se jubilen antes de llegar a esa edad de equilibrio -que variará en función de la esperanza de vida- tendrán una penalización, y una bonificación los que se mantengan más tiempo en actividad.

El Gobierno francés aprueba su reforma de pensiones con protestas en la calle

PSN fue la cuarta gestora de fondos de pensiones que mayor rentabilidad ofreció a través de sus planes de pensiones en 2019 con un 16,25%, según el informe de Evolución de Sector 2019 de la consultora independiente VDos. De este modo, se confirma la posición obtenida en el primer semestre, en el que la rentabilidad fue del 10,45%. Precisamente, la rentabilidad, y en especial a largo plazo, es la forma certera de analizar este tipo de productos de ahorro finalista. Por otro lado, el Grupo PSN amplía su campaña de planes de pensiones, que en un principio finalizaba el pasado 17 de enero, hasta el próximo 30 de septiembre. En esta ocasión, las bonificaciones se circunscriben a los traspasos de planes desde otras entidades, ofreciendo un 1% para planes de entre 30.000 y 100.000 euros, un 2% para cuantías de 100.001 a 200.000 euros, y un 3% para importes superiores. El propósito de esta ampliación, en línea con las realizadas en años anteriores, es contribuir a desestacionalizar el ahorro finalista para la jubilación, que suele concentrarse en los últimos meses del año debido a la proximidad del cierre del ejercicio fiscal.

PSN cierra 2019 como la cuarta gestora de pensiones más rentable con un 16,25%


A nadie se le escapa que la inversión en activos inmobiliarios sigue siendo uno de los activos preferidos para la población española, más en unos momentos donde los tipos de interés que ofrecen los bancos o los activos de renta fija son prácticamente nulos incluso negativos. Hemos llegado a una

situación donde hay bancos que ya ni siquiera aceptan depósitos dinerarios

INVERTIR EN GARAJES: UN AHORRO PARA LA JUBILACIÓN

MIGUEL ÁNGEL BERNAL

La ubicación, las restricciones de aparcamiento y la falta de parking públicos son características fundamentales que analizar previamente para obtener una mayor rentabilidad de esta inversión, que podría rondar entre el 5% del valor de la plaza o el trastero hasta cantidades superiores al 8%

FINANZAS PERSONALES

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33 PensioneselEconomistaFINANZAS PERSONALES

del cliente. Ante esta situación la inversión inmobiliaria se ha convertido en una alternativa para el ahorro de ciudadanos y familias con la adquisición de propiedades inmuebles como inversión. No nos referimos a inmuebles para vivienda habitual o segunda residencia sino en inmuebles o propiedades inmobiliarias, adquiridas para posteriormente ser alquilados.

Cuando comentamos el alquiler de inmuebles, algunos estarán pensando en viviendas; sin embargo, hay otras formas de conducir los ahorros, donde además el capital necesario para la inversiones es sensiblemente inferior a la adquisición de una vivienda. Nos referimos a la posibilidad para particulares de inversión en garajes y trasteros de forma independiente de una vivienda, no a viviendas compradas con plaza de garaje y/o trastero. Conviene destacar que tras la crisis sufrida recientemente en el sector inmobiliario y de una forma más tardía, la inversión en ambos tipos de propiedades ha iniciado una recuperación tanto en sus rentas, como en sus precio.

Frente a la inversión en viviendas u oficinas la compra de estas propiedades presenta una serie de características ventajosas. Es indudable que la inversión, el importe de la misma, es relativamente más bajo que el comparado con casas u otros activos inmobiliarios -locales comerciales-. Este menor importe permite una diversificación, aspecto muy importante y a resaltar siempre cuando hablamos de inversión. Nos encontramos en unos momentos donde nos movemos en una inseguridad jurídica sobre lo que el posible gobierno pueda legislar sobre la vivienda, pues bien, este tipo de propiedades -plazas de garaje y trasteros, independientes del alquiler conjunto con una vivienda- no entran dentro del radio de acción de esa posible reglamentación. Señalar por último que además los gastos a soportar son más livianos que los de una vivienda para poner en alquiler.

A la hora de elegir el lugar donde comprar la plaza de garaje para alquilarla, la recomendación es hacerlo donde el propietario resida para que la gestión de la misma sea lo más eficaz y fácil posible. Madrid y Barcelona pueden parecer ciudades donde centrarnos, aunque es necesario negar esta aparente evidencia. Muchas ciudades, especialmente en su casco antiguo, con multitud de oficinas, negocios y comercios son un buen lugar para comprar una plaza de garaje o trastero para alquilar. Ahora bien, en el caso de las plazas de garaje, existen grandes empresas que ofrecen zonas de aparcamiento a precios muy competitivos. Esta situación comienza, de forma incipiente aún, a producirse también en cuanto a los trasteros. Así, la ubicación, las restricciones de aparcamiento y la falta de parking públicos son características para obtener una mayor rentabilidad de esta inversión.

En líneas generales hablaríamos de una rentabilidad que podría rondar entre el 5% del valor de la plaza o el trastero hasta cantidades superiores al 8%, algo que ocurre en zonas de Barcelona o Madrid. Ese alquiler, a la hora de declararlo en el IRPF, se integra dentro de la base imponible. Hacienda admite detraer determinadas cantidades satisfechas por el propietario como son: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), gastos de mantenimiento, seguros sobre la propiedad, agua y luz; además si se adquieren a través de un préstamo los intereses son también desgravables. Los interesados en este tipo de propiedad deben tener presente que tendrán que hacer frente a un IVA del 21% si no ha sido nunca alquilada o la promotora lo ha alquilado menos de dos años. En el resto de los casos la compra está gravada con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, ITP, bastante menos gravoso.

Pero este tipo de inversión genera mucha economía sumergida. Es necesario y la Ley así lo exige que el contrato se realice, lo que reduce

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21% Alquilar un trastero o garaje está sometido al pago trimestral del IVA al tratarse de un negocio


CRITERIOS DE VALORACIÓNDEFINICIÓN

La adquisición de plazas de garaje, así como la de trasteros puede ser una opción adecuada para inversores que piensan en complementar su jubilación a través de inversiones inmobiliarias. Cuenta además con la ventaja de importes sensiblemente inferiores a la de la adquisición de una vivienda, un local comercial, una oficina u otras propiedades inmobiliarias. Este menor nivel de inversión puede permitir una mayor diversificación, además de no tener que hacer frente a endeudamientos e hipotecas.

CARACTERÍSTICAS

Este tipo de inversión cuenta con características muy importantes. La primera la fiscalidad de la compra, el cobro de rentas y la posibilidad de venta que posteriormente y en el artículo se ha detallado. La localización es otro aspecto fundamental: el parking regulado municipalmente, la zona en cuanto a ocupación de negocios y comercios, parking públicos o privados, zonas vetadas a determinados vehículos, conforman todo un conjunto de cuestiones a tener muy en

cuenta a la hora de la adquisición de la propiedad.

LIQUIDEZ

Por desgracia la liquidez de una plaza, salvo determinadas localizaciones, es un aspecto a tener en cuenta. Su liquidez, a pesar de ser propiedades inmobiliarias como las viviendas, no presentan la misma facilidad para determinar el precio, ni para determinar un plazo medio de venta.

RIESGO

Como se ha comentado este tipo de arrendamientos, separados e independientes del alquiler de una vivienda, no están sometidos a las leyes vigentes o venideras del alquiler de pisos o construcciones para ser habitadas. De cara a un futuro, no en el corto plazo, pero sí en el largo plazo lo que es importante de cara a la jubilación, los posibles cambios en cuanto a los esquemas de transporte de personas pueden influir notablemente en el precio de los garajes, no tanto quizá en el tema de trasteros.

RENTABILIDAD Este es uno de los aspectos más controvertidos y muy difícil de dar una regla genérica. El comprador debería mirar primero el precio de la renta y el valor de las propiedades para hacerse a la idea.

PERFIL DEL CLIENTE

Claramente está orientado a personas que confían en el sector inmobiliario y que disponen de poca capacidad financiera o quieren diversificar convenientemente su inversión inmobiliaria.

FISCALIDAD

Es necesario tener presente el pago de impuestos a la compra, luego la tributación de la renta por arrendamiento y por último la venta de la propiedad.

OTROS

La necesidad de tener un contrato entre las parte no solo es que sea una necesaria condición

legal, sino que es una tremenda salvaguarda para el arrendador en caso de algún tipo de pleito.

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riesgos. En este contrato es necesario identificar al arrendador, identificar la plaza de garaje, número de vehículos a aparcar, renta a satisfacer y la fianza. La duración debe tenerse presente que en caso de no establecer fecha alguna. El contrato se entiende anual y por tanto la renta marcada es anual y por tanto revisable cada año, pudiéndose pactar la actualización al IPC anual.

Además, el alquiler está sometido a un IVA del 21%. Debe hacerse trimestralmente la liquidación de este impuesto, donde el importe a ingresar será la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado. En el caso de que el alquiler sea a empresas o autónomos estos deberán practicar la retención correspondiente. Es decir, el alquiler de una plaza de garaje o un trastero, aun cuando sea una persona física el arrendador, es considerado como un negocio, aun cuando el propietario no debe darse de alta.

Otro aspecto importante es el de la posible venta de la plaza de garaje. En este caso la transmisión está sometida a dos impuestos: por una parte, el pago de la plusvalía municipal y por otra el pago en el IRPF de la ganancia neta obtenida y que tributará dentro de la base imponible del ahorro, dentro del apéndice de ganancias y pérdidas patrimoniales. En el importe de compra se computa no solo el precio de la misma sino todos aquellos otros gastos que el propietario tuviera que satisfacer en su momento, como gastos de notaría o registro; para determinar el precio de venta se hará por la cantidad neta. Es decir, refiriéndonos a este último aspecto, a la cantidad abonada habrá que deducir la plusvalía municipal, así como otras cantidades que se hayan satisfecho de acuerdo a la ley.

Para finalizar, tanto los trasteros como las plazas de garaje son una posibilidad a considerar por inversores, tanto para su jubilación como para otros objetivos. En este artículo nos hemos ocupado precisamente, perdón por la reiteración de ese último caso. Presenta la ventaja de importe bajo, diversificación, pero quizá la mayor complejidad es su administración, el tema del IVA, las condiciones para redactar el contrato y la forma de determinar la plusvalía en el caso de venta. Muy importante para sacar rentabilidad y además contar con un soporte jurídico es la redacción del contrato de arrendamiento de la misma, el contrato es una garantía; cuidado con no hacer contrato y meterse en economía sumergida las consecuencias pueden ser muy graves. Cada persona debe valorar los pros y los contras, en mi opinión lo mejor es ponerse en manos de abogados o agencias especializadas en este tipo de contratos de arrendamientos, cada vez más generalizadas y que a futuro pueden evitar, sino se hacen bien las cosas problemas y quebraderos de cabeza.


CCOO y UGT instan al nuevo Gobierno central a recuperar “los marcos de acuerdo y consenso” en materia de pensiones y a trabajar en este ámbito para derogar la reforma de las pensiones de 2013, equilibrar la situación financiera de la Seguridad Social y alcanzar la normalidad del sistema. Los sindicatos consideran que la Seguridad Social es “perfectamente asumible, manejable” y “sostenible” y reclaman mensajes de “confianza” a la sociedad en este sentido frente a “opiniones sobreactuadas e informes que exageran” la realidad. “Una vez finalizado el periodo de interinidad tan prolongado de un gobierno en funciones” se debe “abordar, de manera clara y decidida”, la situación del sistema público de pensiones, apuntan los sindicatos después de se haya realizado la revalorización de las pensiones, pero ha indicado que aunque esta es una decisión “correcta” es “parcial y claramente insuficiente”. “Siguen sin corregirse de manera definitiva los elementos introducidos en materia de pensiones por la reforma de 2013”, hecha “sin acuerdo, sin consenso y sin diálogo social”, apuntan.

ACTUALIDAD

CCOO y UGT instan al Gobierno a derogar la reforma de pensiones de 2013

España es una de las economías de la OCDE con mayor brecha entre las pensiones actuales y la sostenibilidad del sistema para futuras generaciones, según Credit Suisse. Las tasas de reemplazo de referencia caerán en más de 15 puntos porcentuales en España, según sus previsiones, si bien, las mayores caídas, de hasta 30 puntos, se darán en aquellas economías con niveles de pensiones actuales más altos como México, Polonia y Suecia. En los próximos años, las tasas de reemplazo de las pensiones se verán recortadas en el 60% de los países de la OCDE, según el informe Repensando la jubilación elaborado por el think tank del banco y presentado en el foro de Davos este martes. En este sentido, las tasas de reemplazo de los futuros jubilados solo permanecerán estables en un 10% de los países de la OCDE, mientras que en un 30% podrían aumentar. “Las tasas de reemplazo de pensiones han sido más o menos estables durante en las últimas décadas, cayendo solo un punto porcentual en promedio. Sin embargo, con la llegada de las nuevas generaciones estas pueden enfrentar cambios considerables”, resalta el informe.

España, entre los países con mayor brecha entre las pensiones actuales y futuras

La gestora del banco Santander espera alcanzar 4.000 millones de euros en fondos y planes de pensiones bajo criterios ambientales, sociales y de buen gobierno a finales de este año. Santander Asset Management superó el pasado mes de julio los 1.000 millones de euros en patrimonio bajo gestión en los diez fondos de ISR que gestiona, ocho en España, uno en Portugal y otro en Brasil. La inversión bajo criterios sostenibles es una clara “oportunidad” que no tiene que restar rentabilidad, han coincidido los participantes de la mesa. “No es una tendencia de corto plazo, ni es algo nicho; ha venido para quedarse”, explica el director general de BlackRock Iberia, Aitor Jaúregui. En este sentido, el director de inversiones de la región Iberia de Caixabank AM, Guillermo Hermida Lazcano, argumenta que “el que no ofrezca ESG no va a poder seguir en la industria de fondos”. Por su parte, la directora general de BNP Paribas AM en España y Portugal se muestra “moderadamente optimista” por la situación en 2020 y recuerda que su entidad lleva “más de 15 años en temas de sostenibilidad y siguiendo los criterios ESG”.

Santander prevé alcanzar los 4.000 millones en fondos y planes sostenibles en 2020


Fiscalidad de los seguros para premios de permanencia

Llama la atención que Tributos se consagre fundamentalmente a

hacer pagar de más al que ya paga en lugar de ocuparse de perseguir

con más empeño el fraude y la evasión

fiscal, un ejemplo palmario de justos

pagando por pecadores

Antonio Méndez Baiges Abogado en Mercer

(miembro de Ocopen) Sostiene el filósofo británico Bertrand Russell que partiendo de una premisa errónea se puede llegar a cualquier resultado equivocado. En román paladino, y conforme a nuestra fecunda tradición refranera, podría también

decirse: cuando las aguas no discurren por su cauce natural, todo se tuerce. Tal es el caso, como veremos a continuación, de una de las numerosas interpretaciones de la normativa fiscal llevadas a cabo por la Dirección General de Tributos en su línea de desconocer o reducir sistemáticamente beneficios fiscales y maximizar la recaudación.

Conforme a la Ley del IRPF, los premios de vinculación, permanencia o antigüedad ofrecidos por las empresas a sus empleados generados en más de dos años son rendimientos del trabajo, de los conocidos como irregulares, que atraen una reducción del 30% en la base imponible del impuesto con ciertos límites. Sucede que dichos premios

pueden en la práctica instrumentarse mediante su pago directo por la empresa al llegar su vencimiento o bien asegurarse a través de un seguro diferido de ahorro que la empresa dota en el tiempo hasta el vencimiento del premio. Es evidente que, tanto en un caso como en otro, el premio se ha generado en el tiempo -la antigüedad exigida para su percibo- y que su aseguramiento externo no es más que un mero medio de instrumentar el mismo.

Pese a ello, la Dirección General de Tributos sostiene la peregrina tesis de que, como durante la fase de constitución de la prestación asegurada la empresa conserva el derecho de rescate del seguro para el caso de que el empleado no alcance la antigüedad requerida a fin de percibir el premio -¿cómo podría ser de otra manera?-, entonces dicho premio se devenga en el mismo momento en que se cobra y no se genera durante el periodo de servicio, no reuniendo nunca, por tanto, los dos años de generación requeridos para su tratamiento como rendimiento irregular.


Nos preguntamos: ¿qué tendrá que ver la instrumentación del premio con la generación del derecho al mismo? ¿Estamos, acaso, ante el sinsentido de un premio de antigüedad que no se genera por la duración de los servicios prestados? Esta interpretación de la DGT no deja de ser, como mínimo, curiosa y, haciendo honor a la sentencia de Russell, conlleva varias consecuencias perniciosas.

En primer lugar, el resultado en la práctica de esta doctrina administrativa ha sido que las empresas, o bien no aseguran externamente los premios de antigüedad con una compañía aseguradora, limitándose a provisionarlos en balance, o bien, asegurándolos, se designan beneficiarias de la póliza para ser ellas quienes finalmente satisfagan el premio al trabajador, a fin de seguir facilitando a éste el que pueda practicarse la reducción del 30%. Así, el único resultado práctico de la referida doctrina administrativa es cegar, innecesariamente, una de las vías posibles de financiación del premio.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, se están promoviendo las vías de financiación de los premios que no ofrecen al trabajador la garantía externa de un tercero frente a las que sí lo hacen -como sería el seguro con el empleado como beneficiario-. Resulta cuando menos llamativo que la interpretación administrativa adjudique un mejor tratamiento fiscal a las fórmulas que sitúan al

empleado en una posición de peor derecho, condenando al desuso a las que no.

En tercer lugar, llama poderosamente la atención el hecho de que la DGT, con ésta y otras muchas interpretaciones, que, tal como nos hemos ocupado de señalar en este y otros artículos, vienen a reducir sistemáticamente beneficios fiscales, se consagre fundamentalmente a hacer pagar de más al que ya paga en lugar de ocuparse de perseguir con más empeño el fraude y la evasión fiscal. Un ejemplo palmario de justos pagando por pecadores, hasta un punto insospechado.

Insistimos en nuestra idea de que ya va siendo hora de abandonar el “estado de excepción fiscal” en que hace tiempo vivimos -como mínimo desde el comprometido año 2012-, manifestado en una reinterpretación sistemática de las normas por parte de la Administración Tributaria, siempre con el mismo propósito definido e hilo conductor que a nadie se le escapa, y hora de que, poniéndonos a salvo de esa inercia adquirida, retornemos al cauce de la Constitución y las leyes. Si el esquema vigente de exenciones y beneficios fiscales no se considera adecuado o conveniente, cámbiese donde ello debe hacerse, es decir, en el Parlamento y por ley, pero no se deforme por la mera vía interpretativa a nivel administrativo hasta dejarlo totalmente irreconocible.

Si el esquema de exenciones y beneficios fiscales no se considera adecuado, cámbiese donde ello debe hacerse -en el Parlamento y por ley-, y no por la mera vía interpretativa a nivel administrativo hasta dejarlo irreconocible

Antonio Méndez Baiges

Abogado en Mercer (miembro de Ocopen)


Las aportaciones individuales desgravan en la base imponible del IRPF hasta los 8.000 euros anuales o el 30% de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas

Casi 2.000 euros al año, este es el ahorro en impuestos que los partícipes de planes de pensiones privados tienen de media como producto de las desgravaciones previstas por la Administración para los contratantes de estos instrumentos de previsión financiera a largo plazo destinados al complemento

de la jubilación. Tal y como apuntan los técnicos de Hacienda pertenecientes al sindicato Gestha en un documento al cual ha tenido acceso elEconomista Pensiones, de media, los partícipes del sistema de previsión individual se dedujeron individualmente de sus bases imponibles una media de 1.772,4 euros. Concretamente, fueron algo más de 2,9 millones de contribuyentes, lo que supone un 14,8% del total de declarantes en España, si bien, según señalan los propios técnicos “se beneficiaron más conforme aumenta la renta a partir de 60.000 euros” siendo los declarantes de rentas superiores a 150.000 euros los más beneficiados.

Esto significa que no todos los partícipes del sistema individual de ahorro desgravan de sus bases imponibles el mismo volumen de cuantía sobre el Impuesto de la Renta, tributo a través del cual se canalizan los beneficios fiscales para el ahorro. De hecho, los expertos de Gestha apuntan a que según se incrementa el patrimonio del partícipe este se deduce un mayor volumen de contribuciones a la Hacienda pública.

En función de los diferentes tramos de IRPF, hasta los 1.500 euros de rendimientos declarados fueron un total de 49.106 personas -que suponen un 3,6% del total de los contribuyentes de ese mismo tramo de renta- las que dejaron de pagar a Hacienda una media de 527 euros. Entre los 1.500 y los 6.000 euros declarados de renta, la deducción media asciende a los 696 euros al año por aportaciones a planes de pensiones privadas, siendo estos un total de 146.348 individuos, el 4,9% de los declarantes de esta cuantía. Además, las casi 200.000 personas (7,8% de los contribuyentes) que perciben en el rango entre los 6.000 y 12.000 euros se ahorraron en impuestos una media de 846 euros en el año.

GONZALO VELARDE

LOS ESPAÑOLES CON PLAN DE PENSIONES AHORRAN 2.000 EUROS AL AÑO EN IMPUESTOS

FINANZAS PERSONALES

ISTOCK


En el tramo inmediatamente superior de rendimiento patrimonial, entre los 12.000 y los 21.000 euros de renta, algo más de 570.000 contratantes de instrumentos de previsión social complementaria -un 11,5% del total de cotizantes del rango- se ahorraron en su tributación por IRPF una media de 954 euros. Entre los 21.000 y los 30.000 euros de renta anual percibida, para el 16,6% de ellos, cerca de 543.000 personas declarantes de aportaciones a planes de pensiones privados obtuvieron un ahorro fiscal de 1.189 euros. A continuación, se encuentra el tramo de rendimientos donde existe una mayor intensidad en la contratación de productos de ahorro a largo plazo, entre los 30.000 y los 60.000 euros, donde casi un tercio de los declarantes aporta a un plan de pensiones privado (1.012.000 personas) se pudo desgravar de su base imponible una cuantía de casi 2.000 euros en el año.

Otra de las correlaciones que revelan los datos de Gestha a los que ha tenido acceso elEconomista Pensiones es que a medida que suben los rendimientos declarados como rentas de trabajo y de capital hay mayor beneficio. Entre los 60.000 y los 150.000 euros el volumen de cotizantes que aporta a alguno de estos tipos de herramienta de ahorro asciende exponencialmente hasta el 53% (366.000 personas), contribuyentes que dejaron de pagar durante el pasado ejercicio casi 4.000 euros a Hacienda por IRPF. Entre los 150.000 y los 601.000 euros de rendimiento anual el 58,5% de quienes se encuentran en esta franja, o lo que es lo mismo, un total de 52.790 contribuyentes, pudieron ahorrarse casi 6.000 euros al año en la factura fiscal. Para los rendimientos superiores a los 601.000 euros anuales la ventaja fiscal se sustancia de media en 6.650 euros, siendo el 54,8% de los declarantes quienes acuden a instrumentos de ahorro.

Cabe recordar en este punto, las aportaciones que realizadas a un plan de pensiones durante el año se desgravarán de la base imponible del IRPF hasta la menor de las siguientes cantidades: bien hasta 8.000 euros, o hasta el 30% de tus rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas.

El debate de la ventaja fiscal Otra cuestión sobre la previsión social complementaria para la jubilación es la efectividad de estas desgravaciones para elevar el volumen de ahorro privado entre la sociedad tratándose de un incentivo fiscal en desuso y que, en términos estadísticos, no consigue el objetivo de fomentar el ahorro individual. Concretamente, desde el comienzo de la crisis el volumen de partícipes y, por lo tanto, de beneficiarios de este incentivo ha caído un 10%, desde los 10,6 millones hasta los 9,6 millones que registra en 2019.

378,2

527,9

696,4

846,1

954,4

1.189,50

1.943,20

3.895,60

5.771,80

6.646,90

1.772,40

Negativo y Cero

Hasta 1.500

1.500 - 6.000

6.000 a 12.000

12.000 a 21.000

21.000 - 30.000

30.000 - 60.000

60.000 - 150.000

150.000 - 601.000

Mayor de 601.000

Total

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7,39

8,61

9,32

9,88

10,35

10,61 10,5810,83

10,65

10,36

9,99 9,98 9,97 9,939,72 9,63 9,55

Fuente: Gestha e Inverco. elEconomista

Reducción de la factura fiscal para los ahorradoresDesgravaciones fiscales en IRPF por tramos de renta

TRAMOS

Evolución de los partícipes de planes de pensiones (millones)

IMPORTE MEDIO QUE REDUJERON SUS BASES IMPONIBLES, EN EUROS

(TODOS LOS REGÍMENES)

1,50

3,60

4,90

7,80

11,50

16,60

29,30

53,10

58,50

54,80

14,80

DECLARANTES SOBRE LOS CONTRIBUYENTES DE SU TRAMO DE

INGRESOS (%)

DECLARANTES QUE REDUJERON POR APORTACIONES A PLANES DE PENSIONES

9.712

49.106

146.348

185.299

570.272

542.880

1.012.466

366.262

52.790

5.117

2.940.252

NÚMERO DE DECLARANTES

(TODOS LOS REGÍMENES)


Inversión alternativa: ¿activo, subclase o una estrategia?

No hay cartera que se precie que

no contenga entre sus activos y estrategias

‘hedge funds’, ‘private equity’, ‘private debt’ y

‘real estate’, entre otros, y todo ello tiene

un motivo en sí mismo: mejorar el binomio riesgo-rentabilidad

José Carlos López Moraleja

CAIA No es difícil encontrarse con una cuestión con cierta complejidad de respuesta ¿Qué es la inversión alternativa? ¿Cuáles son las clases de activos alternativos? En gran medida parte de la dificultad es su clasificación. ¿La inversión

alternativa es una clase de activo en sí misma, es una subclase de activo, o es una estrategia de inversión? La respuesta es sí a todas: es una clase de activo, como arte o antigüedades, por ejemplo; pero es también una clase de activo que puede incluir una estrategia de inversión, como por ejemplo un hedge fund o private equity, con lo que estaríamos en una definición más próxima al concepto de subclase o estrategia de inversión. Es por esto que debemos entender la inversión alternativa como una subclase de activos y, como una extensión a su definición, son también ciertas estrategias que operan dentro de las diferentes clases de activos, y que derivan de otras superclases de activos, como los activos de capital y los activos de la economía real, bien porque crean valor o porque contienen valor en sí mismos, véase como ejemplo de este último una obra de arte.

Desde los años 90 se ha desarrollado un enorme aumento en popularidad y tamaño de inversión en activos y estrategias

alternativas. Podríamos decir que no hay cartera de inversión que se precie que no contenga entre sus activos y estrategias hedge funds, private equity, private debt y real estate, entre otros, y todo ello tiene un motivo en sí mismo: mejorar el binomio riesgo-rentabilidad. Frente a los modelos de inversión tradicional, en acciones y bonos, con la vieja perspectiva de long-only hemos evolucionado en el concepto de diversificación. Pensemos en la vieja e inteligente idea de no poner todos los huevos en la misma cesta, pero además protejamos los huevos de las varias cestas con paja, papeles de periódico arrugados y acolchemos el espacio y el recipiente para evitar que un mal paso y tropiezo nos rompan nuestros preciados huevos. Así, si el factor crítico de la vieja y tradicional expectativa del inversor era rentabilidad, hoy es la gestión del riesgo. Al final siempre se romperán algunos huevos y el objetivo es reducir las probabilidades de que se rompan no solo diversificando en cestas, sino descorrelacionando el riesgo con los acolchados de los recipientes e incluyendo algún huevo duro para proteger nuestra inversión. Al final, el inversor inteligente, como el que transporta huevos, busca generar bajas correlaciones o correlaciones negativas, y sabiendo que algunos huevos se romperán, busquemos reducir las probabilidades de rotura.


Si tenemos que definir las características básicas de la inversión alternativa, podríamos destacar, primero, que típicamente son más ilíquidos, pero reducen la correlación con los activos tradicionales; segundo, que están menos regulados pero que también ofrecen oportunidades fiscalmente más eficientes; y finalmente, que siendo menos transparentes en precio son y almacenan valor, y que por ello ciertas estrategias abren increíbles posibilidades de arbitraje.

Es interesante destacar ciertos datos, el volumen total de activos bajo gestión alcanzaron en 2019, 88,5 billones de dólares según datos de McKinsey, con una subida del 11% desde la cifra de 79,2 billones de dólares en 2018; proyectando una cifra que superará los 100 billones para 2023. Y sobre estos datos, según Prequin (Public Pension Funds Investing in Alternative Assets, report by Prequin, 2015) en 2023 se estima que habrá 14 billones en activos de inversión alternativa, con una subida del 59% desde los 8,8 billones de dólares de 2017. Si bien estas cifras pueden presentar variaciones y es difícil tener un dato exacto, sí podemos considerar una focalización de la gestión en la búsqueda de nuevas fuentes de rentabilidad que permitan la inclusión de activos que se descorrelacionen con los mercados tradicionales y puedan ofrecer las alternativas que otra clase de activos no pueden dar.

Si tuviésemos que hacer una evaluación de hacia qué clase de activos alternativos se está dirigiendo el mercado, diríamos que el mayor crecimiento lo está haciendo hacia el private equity y el private debt, en inversión directa y a través de un mercado secundario (private equity secondaries), adicionalmente los ETFs parecen haberse convertido en una alternativa muy

demandada, especialmente por un aumento de modelos de gestión pasiva con esa sal y pimienta de producto alternativo.

Lo que sí podemos afirmar es que como consecuencia de la crisis de 2008 y la salida de instituciones de profesionales de primer nivel de experiencia y formación se han creado un buen número de boutiques de inversión especializadas en inversión alternativa, las cuales ofrecen una capacidad de análisis de oportunidades y eficiencia en la gestión que supera a las grandes firmas de banca de inversión, y que con equipos muy pequeños son capaces de aportar valor a una gestión mucho más profesionalizada. Paradójicamente son estas boutiques a las que su creatividad y eficiencia las hacen capaces de crear cercanía y confianza para entender la complejidad y opacidad de un mercado donde el inversor está demandando long-term capital appreciation, produciendo una mejor monitorización del binomio riesgo-rentabilidad, y siendo capaces de alinear la reacción emocional a la rentabilidad con la sensibilidad al riesgo, como el motor clave para alcanzar retornos con crecimiento a largo plazo. Al final todos invertimos por los mismos motivos, con expectativas de rentabilidad, pero con la óptica del riesgo, precio contra valor.

Finalmente puntualicemos sobre una consideración que a cualquier lector le resultará cuanto menos interesante observar: la existencia de una clara tendencia a elevar la ponderación en inversiones alternativas. Como ejemplo, sirva que hasta un 29% sobre el capital agregado en fondos de pensiones americanos lo hacen en private equity, con una ponderación media de sus carteras de aproximadamente el 8% solo en este activo.

A causa de la crisis de 2008, se han creado un buen número de ‘boutiques’ especializadas en inversión alternativa con una capacidad de análisis y eficiencia en la gestión que supera a las de grandes firmas de banca de inversión

José Carlos López Moraleja

CAIA


elEconomistaFuente: elaboración propia.

Cómo tributan otros productos alternativos de ahorro para la jubilación

Planes de Previsión Asegurados (PPA)

CÓMO TRIBUTAN

Rendimiento del trabajo. Régimen general. Tipo IRPF

Plan Ahorro 5 con forma de seguro (SIALP)

CÓMO TRIBUTAN

Rendimiento del capital mobiliario. Régimen del ahorro. Tipo del 19-21-23%

VENTAJAS FISCALES

Exento de tributar si se mantiene 5 años y se recupera en forma de capital. Aportación máxima de 5.000 €/año

‘Unit Linked’

CÓMO TRIBUTAN

Rendimiento del capital mobiliario. Régimen del ahorro. Tipo del 19-21-23% en 2016

VENTAJAS FISCALES

Si el capital se rescata como renta vitalicia, tiene bonificaciones fiscales

VENTAJAS FISCALES

Permite deducirse hasta 8.000 € o el 30% suma rend. trabajo y actividades económicas. Coeficiente reductor del 40% si se contrató antes de 2007

P. Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS)

CÓMO TRIBUTAN

Rendimiento del capital mobiliario.Régimen del ahorro. Tipo del 19-21-23%

VENTAJAS FISCALES

Si se rescata como renta vitalicia está exenta de tributar. El plazo mínimo ha bajado de 10 a 5 años.Aportación máxima 8.000 €/año y total 290.000€

Más allá de los planes de pensiones, existen otros productos con el objetivo de construir un complemento para la pensión pública percibida tras la jubilación. Tienen carcasa de seguro y también disponen de ventajas

fiscales para fomentar el ahorro. Dentro de que su uso está mucho menos extendido, uno de

los productos más empleados entre estas alternativas son los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS), que reúnen 13.805 millones de euros gestionados, según datos de Unespa a cierre del primer semestre, un 7,8% más que en el mismo periodo de 2018. Su principal ventaja reside a la hora de rescatar el dinero. Si el ahorrador lo retira pasados al menos cinco años y lo hace como renta vitalicia, los rendimientos están exentos de tributar, con un límite de aportación de 8.000 euros al año y 240.000 en total. Si no fuera así, se tratarían como rentas del ahorro -la escala actual es del 19%, 21%, 23%-.

Otro de los complementos más utilizado -hay bajo patrimonio 12.343 millones- es el plan de previsión asegurado (PPA), que, al igual que el PIAS, ofrece una rentabilidad mínima garantizada. Suelen ser productos conservadores, con rentabilidades moderadas; de ahí que ahora no estén creciendo. Pero su fiscalidad se parece mucho más al plan de pensiones. También permiten deducirse hasta 8.000 euros o el 30% de la suma de los rendimientos del trabajo y actividades económicas con las aportaciones. Y, del mismo modo, tributan como renta del trabajo, al tipo del IRPF -también dispone de un coeficiente

reductor del 40% para aportaciones hasta 2006 en casos concretos-. El instrumento que sí sigue creciendo -aún solo aglutina 4.164 millones, pero en el primer semestre la cifra aumentó un 19,4%- es el plan de ahorro 5 con forma de seguro (SIALP). Su gran ventaja es que si se mantiene cinco años las ganancias quedarían exentas. Eso sí, la aportación máxima es de 5.000 euros al año.

Otra vía de ahorro para la jubilación es el unit linked, que tiene bonificaciones fiscales si se rescata como renta vitalicia. En este caso se pueden lograr mayores rendimientos, a

FINANZAS PERSONALES

Existen otros productos de previsión social con el objetivo de construir un complemento para la pensión pública percibida tras la jubilación. Tienen carcasa de seguro y también disponen de ventajas fiscales para fomentar el ahorro a largo plazo de forma periódica entre los ciudadanos de nuestro país

ISABEL BLANCO

ALTERNATIVAS DE AHORRO PREVISIÓN

cambio de más riesgo ya que no hay nada garantizado: no existe una rentabilidad asegurada y el riesgo no lo asume la aseguradora sino el tomador.

Además, la renta vitalicia se ha convertido en una de las alternativas para quienes no ahorran en la vida laboral. Son seguros de vida dirigidos principalmente a personas mayores, donde la aseguradora paga una renta periódica hasta el fallecimiento. Si se opta por esta vía, a partir de los 60 años, por ejemplo, solo tributa el 25%; desde los 66, el 20%; y el 8% en mayores de 70 años.


Una de las principales tareas del futuro Gobierno fue analizada recientemente en el Observatorio Ibercaja-elEconomista sobre Fiscalidad favorable para el ahorro a futuro: la importancia de un marco estable para la tributación del ahorro en los diferentes momentos de la planificación a largo plazo. Una

demanda crucial, más aún cuando la propia ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha expresado la voluntad de revisar los incentivos

EL SECTOR DEMANDA AL GOBIERNO UN “MARCO ESTABLE”

GONZALO VELARDE

Los expertos reunidos por Ibercaja y ‘elEconomista’ apuntan al modelo británico como acicate para la previsión social complementaria que apuntale el mantenimiento del poder adquisitivo a futuro en España

FINANZAS PERSONALES

fiscales a los planes de pensiones, a lo que se suma la intención de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, de eliminarlos por completo.

Por estos motivos, José Carlos Vizarraga, director de Ibercaja Pensión, señala la necesidad de articular un reglamento fiscal “estable” sobre los productos de previsión social complementaria, a lo que añade el deseo de que, por el bien de la industria y de la profusión del volumen de dinero acumulado en ahorros en España, “haya más incentivos fiscales”. Y en la misma línea, la directora general de Inverco, Elisa Ricón, asegura que para incentivar la propensión al ahorro entre los ciudadanos “un tratamiento fiscal favorable es una condición necesaria”. No obstante, recuerda que no es el único impulso necesario, y apunta al cambio de mentalidad planificadora que podría propiciar entre los españoles una información detallada por parte del Gobierno acerca de las proyecciones sobre la pensión de jubilación.

Sin embargo, la realidad es que las facilidades para invertir dinero en productos financieros, lejos de verse ampliadas, han sufrido recortes durante los últimos años en nuestro país, como denuncian los expertos del sector. El abogado en Mercer, Antonio Méndez, recuerda algunos de los incentivos

Los expertos denuncian

un “retroceso” en la fiscalidad de

los planes de ahorro

De izda. a dcha.: José Carlos Vizarraga, director de Ibercaja Pensión; Elisa Ricón, directora general de Inverco; Isabel Acosta, directora de ‘elEconomista Pensiones’; Antonio Méndez, abogado en Mercer; Álvaro Granado, responsable de Pensiones de KPMG Abogados y Manuel Álvarez, secretario general de Ocopen. ALBERTO MARTÍN


“Necesitamos una fiscalidad más potente para constituir un ahorro estable a largo plazo” José Carlos Vizarraga Director Ibercaja Pensión

“El tratamiento fiscal favorable es una condición necesaria para impulsar el ahorro privado” Elisa Ricón Directora general de Inverco

“El punto de partida para introducir cambios en el sistema de pensiones es la concienciación” Álvaro Granado Resp. de Pensiones en KPMG Abogados

“Las medidas que se han adoptado durante los últimos años han hecho empeorar la fiscalidad” Antonio Méndez Abogado en Mercer

“Necesitamos impulsar una ley que fije la estrategia de previsión social en las empresas” Manuel Álvarez Secretario general de Ocopen

laminados en los últimos años y que merman el potencial del sector gestor de planes, como la desgravación de las propias aportaciones al plan, actualmente topadas en los 8.000 euros anuales, cantidad que llegó a ser superior a los 20.000 euros anuales. Además, anteriormente la aportación a planes de pensiones de empresa contaba con una reducción en cuota del 10% y las prestaciones recibidas en forma de capital disfrutaban de una reducción del 40% en su tributación. “Todo esto se ha ido perdiendo. Todas las medidas adoptadas hacen que la fiscalidad vaya para atrás”, señalaba el experto durante la celebración del observatorio, augurando un mal desempeño del sector de no recuperarse algunos de estos elementos. Un análisis que completa el secretario general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen), Manuel Álvarez, asegurando que la fiscalidad de estos productos de ahorro debe abordarse en conjunto y “no debe haber reformas parciales o se producirán asimetrías”.

No en vano, uno de los factores vitales para catalizar las modificaciones necesarias sobre el sistema de pensiones entre la sociedad es el esfuerzo de concienciación por parte de las administraciones públicas sobre la necesidad de complementar la pensión con ingresos adicionales. “El punto de partida

para introducir cambios es la concienciación y la comunicación. Hasta que no sepamos adónde va la Seguridad Social, no va a despegar la previsión social complementaria”, señala el responsable de Pensiones de KPMG Abogados, Álvaro Granado, apelando al postergado envío de la carta naranja con la predicción de la cuantía de la pensión. Cabe recordar que el Estado tiene desde 2011 la obligación legal de entregar esta información.

Ahorro en la empresa En este punto, uno de los modelos más reclamados por el sector de gestión de planes de pensiones e instrumentos de previsión es el impulsado en Reino Unido a través del ahorro en la empresa. Un punto que también está recogido en las recomendaciones del Pacto de Toledo en la reforma del sistema aprobada en 2011. Manuel Álvarez reconoce que se han realizado pocos esfuerzos hasta el momento, por lo que reclama establecer un plan estatal que capilarice progresivamente en todo el tejido productivo, incluidas las pequeñas y medianas empresas. “Necesitamos una ley de estrategia de previsión social en la empresa. Debemos sentar las bases legales de un segundo pilar básico para la jubilación”, apunta el experto de Ocopen.

FINANZAS PERSONALES

El sector pide al Gobierno el envío de la carta naranja con

la proyección de la pensión futura


Fuente: Morningstar. Datos extraídos a 27 de enero de 2020. elEconomista

Estos son los mejores planes de pensiones del añoPlanes de pensiones de renta fija euro

NOMBRE GESTORARATING

MORNINGSTAR

RENTABILIDAD AÑO (%)

EN EL AÑO

6,90

6,90

6,90

4,70

3,84

3,84

3,84

1,70

1,32

0,56

0,56

0,55

0,48

0,48

0,44

0,44

0,42

0,38

0,38

0,38

INVERSIÓNMÍNIMA (€)

300

300

10

1

1

1

1

30

1

1

1

30

0

1

50

30

1

1

1

30

A 3 AÑOS

1,83

1,83

1,73

1,63

0,03

0,03

0,03

0,35

-0,74

0,78

1,13

1,19

1,26

1,26

0,44

-0,26

1,81

0,99

1,06

0,91

Fibanc PP

Mediolanum Cyclops PP

Mediolanum Renta Fija Mixta PP

Allianz Renta Fija Largo Plazo PP

GCC Renta Fija PP

Plan del Campo PP

Cajamar Renta Fija 2 PP

Allianz Renta PP

GCC Dinero PP

BS Plan Renta Fija PP

Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP

Mapfre Capital Responsable FP

EDM Pensiones Uno PP

PSN Renta Fija Confianza PP

360 Cora Renta Fija PP

BBVA RF Internacional Flexible PP

Santalucía Vida Empleados RF PP

Pelayo Vida Renta Fija PP

Santalucía VP Renta Fija PP

Santalucía VP Retorno Absoluto PP

Planes de pensiones de renta variable

NOMBRERANK. RANK. FIRMARATING

MORNINGSTAR

RENTABILIDAD AÑO (%)

EN EL AÑO

23,45

23,44

20,07

13,10

12,50

5,13

4,36

3,84

3,76

3,57

3,50

3,40

3,35

3,09

2,97

2,95

2,94

2,86

2,86

2,86

INVERSIÓNMÍNIMA (€)

1

1

1

1

1

30

50

90

1

18

1

30

50

30

1

60

1

1

1

30

A 3 AÑOS

6,78

6,78

10,63

2,61

0

-0,10

12,19

12,56

0,79

10,24

0

10,61

10,27

11,18

11,16

11,07

5,71

11,73

11,70

11,66

BNP PARIBAS Bolsa PP

BNP PARIBAS Renta Variable PP

ACF Plan RV USA PP

Metavalor Pensiones PP

Cobas Global PP

Caser Renta Variable España Ga PP

Europopular USA PP

Naranja Standard & Poors 500 PP

GCC Renta Variable PP

Ibercaja Pensión Bolsa USA PP

Alcalá Futuro RV PP

Santander Renta Variable USA PP

Caja Ingenieros Multigestión PP

Mapfre América PP

BK Variable América PP

BK Variable América EPSV

Andbank RV Global PP

Abanca USA PP

Acueducto RV Norteamérica PP

Caser Renta Variable Norteam. Ga PP

1.

2.

3.

4.

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20.

1.

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20.

Los ahorradores en planes de pensiones deberían de mantener la mentalidad de largo plazo a la hora de valorar sus inversiones. No en vano, después del extraordinario rendimiento que obtuvieron el año pasado, han comenzado 2020 siguiendo la misma estela, con una rentabilidad media del 5%, entre el total de planes a su disposición. Hay productos que exceden en mucho este porcentaje, llegando al 23,4% de BNP Paribas Bolsa o el 20% de ACF Plan

Renta Variable USA, de Caser. La bolsa norteamericana sigue proporcionando buena parte del rendimiento a los planes de bolsa, con varios de los planes que invierten en este mercado de renta variable situados entre las primeras posiciones por revalorización. Entre los planes de renta fija, destacan varios productos de Mediolanum, que llegan casi a alcanzar el 7% de revalorización en lo que llevamos de año.

FINANZAS PERSONALES

ELECONOMISTA PENSIONES

LA BOLSA SIGUE DANDO ALEGRÍAS

MEJORANDO LA SALUD FINANCIERA DE LAS PERSONASPLANIFIQUE SU JUBILACIÓN


Partiendo de la premisa de que los mayores han sido el salvavidas para numerosas familias y hogares que sufrieron los azotes de la crisis económica de 2008 manteniendo a hijos y nietos gracias a la pensión que percibían del Estado, también han sido los jubilados el único colectivo que ha visto

incrementado sus niveles de renta durante los años posteriores de recuperación de la economía española, concretamente un 14,8%.

LOS JUBILADOS, GANADORES DE LA CRISIS

GONZALO VELARDE

Los mayores de 65 años son el único colectivo que incrementa su renta durante la recuperación económica, casi un 15%. Los autónomos pierden casi un 10% de renta entre los años 2011 y 2017

EL INFORME

Así lo demuestra la última Encuesta Financiera de las Familias que ha publicada recientemente el Banco de España, donde por contra se observa como los más jóvenes han sido el colectivo más castigado en términos de ingresos y riqueza acumulada por la crisis al calor de la destrucción de millones de puestos de trabajo.

En este sentido, y teniendo en cuenta la distribución de los hogares españoles en función de la situación laboral de su cabeza de familia nos encontramos que aquellos donde el principal ingreso proviene de una persona jubilada han elevado su renta media un 14,8% en el periodo transcurrido entre 2011 y 2017. En este caso, los ingresos se incrementaron desde una media de 28.200 euros anuales a 32.400 euros.

Todo lo contrario a la experiencia de trabajadores asalariados y autónomos, que en este periodo objeto de análisis han visto reducirse su renta media un 5,7% y un 9,6%, respectivamente. Concretamente, en el sexenio anteriormente mencionado, los empleados por cuenta ajena han pasado de percibir ingresos por valor de 43.600 euros anuales a 41.100 euros, mientras que para los trabajadores por cuenta propia esta renta se ha

Los asalariados españoles reducen

sus ingresos un 5,7% en los años de

la recuperación

ISTOCK


reducido desde los 52.000 euros al año a los 47.000, manteniéndose no en vano por encima en la comparativa entre ambos.

Por último, otros tipos de inactivos o parados han pasado de ingresar en sus hogares una media de 22.200 euros al año a 19.600 euros, lo que implica una reducción del 11,7%.

Los desequilibrios de la recuperación Pero estas no son las únicas cifras que muestran la envergadura de los desequilibrios instalados durante la recuperación de la crisis, donde los jóvenes han sido los más perjudicados en términos de ingresos disponibles.

Si atendemos a este mismo análisis de renta media disponible comparada entre los años 2011 y 2017 en función de la edad del cabeza de familia, se aprecia como los hogares donde este es menor de 35 años han experimentado una pérdida de ingresos del 23% siendo la más abultada de todas las cohortes analizadas por el Banco de España. En este caso, las rentas medias se han reducido en seis años desde los 35.600 euros anuales hasta los 27.300 euros.

En este punto, nos encontramos con la única cohorte, a aparte de los mayores de 65 que sí han incrementado su renta disponible en los últimos años al calor de la recuperación. Son los hogares jóvenes -entre 35 y 44 años- pero con una mayor estabilidad en el trabajo que en el caso de los menores de 35 años, que han visto elevarse sus ingresos en un 6%, pasando de los 34.700 euros anuales a los 36.800 euros. De hecho, el siguiente colectivo por edad, entre los 45 y 54 años, lejos de esta experiencia, han sufrido una merma de los ingresos del 7,4% pasando de los 41.700 euros anuales de ingresos a los 38.600 euros de media.

Además, tanto el caso anterior -entre 45 y 54 años- como el colectivo comprendido entre los 55 y 64 años componen una fotografía fidedigna del colosal efecto del desempleo entre los trabajadores cercanos a la jubilación que son también quienes más engordan las listas de parados de larga duración en nuestro país. Así, estos últimos han pasado de ver un ingreso medio anual de 47.000 euros a uno de 41.000 euros.

Por último, y en contra de todas estas tendencias, se encuentra los hogares donde el cabeza de familia tiene una edad comprendida entre los 65 y 74 años, y los mayores de 74 años. Para el primero de los casos la ganancia de renta media en los años de recuperación ha sido del 14,3%, mientras que en el segundo caso el incremento asciende al 18,2%. Así, los

Menor de 35 años

Entre 35 y 44 años

Entre 45 y 54 años

Entre 55 y 64 años

Entre 65 y 74 años

Mayor de 74 años

EDADES 2011

35,6

34,7

41,7

47

29,9

19,7

2014

26,2

33,6

34,2

37,9

30,5

18,9

2017

27,3

36,8

38,6

41,0

34,2

23,3

La renta de los mayores capea el temporal económicoEvolución de la renta según la edad del cabeza de familia (miles de euros)

Empleado por cuenta ajena

Empleado por cuenta propia

Jubilado

Otro tipo de inactivo o parado

CONCEPTO 2011

43,6

52

28,2

22,2

2014

40

39,1

28,1

18,4

VARIACIÓN (%)

-23,3

6,05

-7,4

-12,7

14,3

18,2

VARIACIÓN (%)

-5,7

-9,6

14,8

-11,7

2017

41,1

47,0

32,4

19,6

Evolución de la renta según la situación laboral del cabeza de familia (miles de euros)

EleconomistaFuente: Banco De España.

La Agencia Tributaria ha devuelto ya 10.209 millones de euros a 14.061.000 contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a 2018, lo que supone que se han realizado ya el 97% de las devoluciones solicitadas y se han abonado el 94,1% de los importes solicitados correspondientes. Según los datos del Ministerio de Hacienda, a cierre de año las devoluciones crecen un 3,9% con respecto a las mismas fechas de la campaña anterior, hasta los 14,06 millones, y los importes devueltos suben un 8,8%, hasta los 10.209 millones de euros. En ambos casos las cifras se sitúan por encima del crecimiento de las devoluciones solicitadas (14,48 millones de personas, un 3,6% más) y sus importes (10.846 millones de euros, un 8,3% más). Las declaraciones presentadas en la pasada Campaña de Renta a cierre de año han totalizado más de 20,69 millones, un 3,5% más que el año anterior, destacando el incremento del 15,5% registrado en el importe de las declaraciones con resultado a ingresar, hasta los 11.998 millones de euros, que viene motivado, principalmente, por una fuerte alza de las ganancias patrimoniales.

EL INFORME

Hacienda liquida la devolución de IRPF

primeros pasan de contar con un ingreso medio al año de 29.900 euros a 34.200 euros, mientras que los mayores de 75 años suben desde los 19.700 euros a los 23.300 euros. Cabe recordar en este punto, que en estos casos la mayoría de las rentas provienen de pensiones de jubilación y que, durante el periodo analizado, este colectivo no perdió poder adquisitivo gracias a subidas mínimas de las pensiones (0,25%) en un contexto de inflación negativa.

En cuanto a la renta mediana real de los hogares, “se observan variaciones positivas de en torno al 10% a lo largo de toda la distribución, siendo estos aumentos algo menores a medida que se eleva la renta. También se produjeron crecimientos sustanciales de renta para los hogares en todos los grupos de edad del cabeza de familia, aunque la renta mediana para los hogares más jóvenes se situaba a finales de 2016 aún un 18% por debajo de la observada para ese grupo de edad en 2010. Otros grupos que no recuperaron el valor de 2010 a pesar de las mejoras de la renta mediana experimentada entre 2013 y 2016 fueron los hogares del cuartil inferior de riqueza y hogares no propietarios”, concluye el informe.


El 1 de enero de 2019 Jair Bolsonaro juraba el cargo como presidente de Brasil bajo la promesa de “liberar” al país sudamericano “del yugo de la corrupción, de la violencia, de la sumisión ideológica”. El discurso del líder conservador marcaba el inicio de un año en el que Brasil ha dado un giro de 180

grados tras 13 años de Gobierno del Partido de los Trabajadores. La apertura económica del país al exterior, la reducción del enorme déficit público y la lucha contra la criminalidad han acaparado la mayor parte de los esfuerzos de Bolsonaro durante sus primeros 365 días de Gobierno.

La joya de la corona de la agenda reformista del Ejecutivo ha sido la nueva ley de pensiones, un recorte de las prestaciones por jubilación que va a suponer un ahorro de 870.000 millones de reales -unos 193.000 millones de euros- en diez años para las arcas del Estado. Hasta ahora, era posible que los brasileños se jubilaran con poco más de 50 años, pues el sistema permitía hacerlo tras contribuir durante al menos tres décadas. Sin embargo, la nueva ley impone una edad mínima de jubilación de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres, con un tiempo mínimo de contribución de 15 y 20 años, respectivamente.

JAIME PALACIOS / CARMEN DELGADO

PENSIONES Y PRIVATIZACIONES MARCAN EL PRIMER AÑO DE BOLSONAROEl primer año de la presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil está jalonado por los esfuerzos en reequilibrar las cuentas públicas del país y por el sorteo de los efectos de la guerra comercial

EL INFORME

Jair Bolsonaro, presidente de

Brasil. REUTERS


21.100 Hasta el mes de septiembre del pasado año, el Ejecutivo brasileño había recaudado unos 21.100 millones de euros (96.200 millones de reales) con la venta de activos y privatizaciones de empresas estatales incluidas en el plan nacional para elevar los ingresos públicos, superando así el objetivo marcado para este año, que era de 20.000 millones de dólares (18.000 millones de euros) en operaciones de este tipo.

Las cifras del primer año de Bolsonaro en el Gobierno

22.200 Para este ejercicio 2020, el Gobierno carioca espera recaudar hasta 22.200 millones de euros con la licitación de 44 proyectos de infraestructuras por todo el territorio a través de concesiones de aeropuertos, además de carreteras, puertos y vías de tren. 50.800 Además, el presidente Bolsonaro pretende recaudar 50.800 millones de

euros (231.000 millones de reales) con la concesión de infraestructuras hasta el final de su mandato, a finales de 2022. 50.000 Paulo Guedes señaló que el Ejecutivo estudia un nuevo proyecto de privatizaciones de empresas públicas, que ampliaría las ya acometidas, y que daría más de 50.000 millones para las arcas del Estado en una suerte de ampliación de una de las principales vías de recaudación del nuevo Ejecutivo.

193.000 La nueva ley de pensiones supondrá un ahorro de 193.000 millones de euros para las arcas públicas en los próximos diez años. Además, la nueva ley impone una edad mínima de jubilación de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres, con un tiempo mínimo de contribución de 15 y 20 años, respectivamente, agravando así los supuestos en el que el beneficiario recibe la totalidad de la paga del Estado.

A pesar de la imposición de una edad mínima, el proyecto cuenta con algunos casos especiales. Por ejemplo, la edad mínima de jubilación para los trabajadores de zonas rurales se mantuvo en 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, con un tiempo mínimo de contribución de 15 años. Algunas categorías profesionales, como los profesores, seguirán con reglas diferenciadas. Para los nuevos docentes, la edad mínima para tener acceso a los beneficios será de 60 años para hombres y 57 para mujeres, con 25 años de contribución. Los miembros de organismos de seguridad federales, amparados por normas propias, tendrán un régimen especial, debido al riesgo y restricciones de su trabajo, que entre otras cosas les niega el derecho a huelga.

Además, introduce un sistema de capitalización individual que insta a cada trabajador a descontar una parte de su salario para transferirlo a una especie de plan de pensiones que rescatará en su jubilación. Y finalmente, también se ha fijado un mínimo de 40 años de contribución para recibir la pensión íntegra y se ha limitado el cobro de varias pensiones de forma simultánea.

Privatizaciones Otra de las grandes promesas de Jair Bolsonaro fue el de privatizar Brasil casi al completo para reducir a mínimos la presencia del Estado en la economía. Hasta el mes de septiembre, el Gobierno brasileño recaudó 96.200 millones de reales -unos 21.100 millones de euros- con la venta de activos y privatizaciones,

superando así el objetivo marcado para este año, que era de 20.000 millones de dólares (18.000 millones de euros). Entre las empresas incluidas en su plan de privatizaciones se encuentran Correos, la Casa de la Moneda, Telebras, compañías del área de infraestructuras y Eletrobras, una de las joyas del Estado, considerada la mayor empresa de generación y transmisión de energía eléctrica de América Latina, que se encuentra abierta a la incorporación de

inversores privados desde hace más de un año, cuando se calculó su valor en 6.500 millones de dólares (5.860 millones de euros).

También hay muchos rumores sobre la privatización de las dos mayores entidades financieras públicas del país, Banco do Brasil

y Caixa Económica Federal, sin embargo, el propio Bolsonaro salió al paso de las informaciones para desmentir que este hecho esté en la

agenda del Gobierno. “Por mi parte no existe ninguna intención de pensar eso”, aseguró. No obstante, estas privatizaciones no se realizarían en el

corto plazo, pero podrían suceder antes del 2023. El Gobierno brasileño también anunció que se licitarán 44 proyectos de infraestructura en 2020, con los que espera atraer más de 101.000 millones de reales (unos 22.200 millones de euros). Según el Ministerio de

Infraestructura son concesiones de aeropuertos, carreteras, puertos y vías de tren. En el caso de lograrse esta recaudación, supondrá más de 11 veces todo lo que el Gobierno recaudó este año con las concesiones y el 43% de todas las que se pretenden ejecutar hasta el final del mandato de Bolsonaro, de 231.000 millones de reales (50.800 millones de euros).

EL INFORME

ISTOCK


El Gobierno de Alberto Fernández anuncia una subida de las pensiones para el inicio del año al tiempo que reconoce dificultades para hacer frente al pago de sus deudas con el exterior y aprueba un ‘impuesto solidario’ temporal para reflotar las arcas públicas y financiar los compromisos de gasto

El Gobierno argentino de Alberto Fernández ha iniciado el mandato con una clara vocación de popular, como se desprende del anuncio realizado recientemente en el que se oficializó el incremento de 5000 pesos (74,75 euros) para los

jubilados que cobran la mínima y de 2000 pesos (29,90 euros) para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). Todo ello, escasos meses después de llegar a la presidencia del país y asumir el cargo en un contexto de debilidad económica en el que cada vez hay mayores presiones para que el Ejecutivo garantice el pago del rescate recientemente concedido al anterior gabinete de Mauricio Macri por el FMI.

De este modo, se otorgará “un subsidio extraordinario por un valor máximo de 5.000 pesos que se abonará en el mes de diciembre de 2019, y por un valor máximo de 5.000 pesos que se abonará en el mes de enero de 2020”, indica el texto. De este modo, los jubilados y pensionistas percibirán estos pagos extraordinarios en las cuentas, siendo los beneficiarios de “las prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”, quienes reciben “la Pensión Universal para el Adulto Mayor” y quienes reciben “pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o hijas o más”.

Por otra parte, se otorga “un subsidio extraordinario, por única vez, por valor de 2.000 pesos que se abonará en el mes de diciembre del corriente año calendario, a los y las titulares de la Asignación Universal por Hijo para protección social.

¿Cómo financiar la partida? Al tiempo que el nuevo Gobierno populista argentino anunció un fuerte incremento de las pensiones, también aprobó un amplio abanico de medidas destinadas a incrementar la recaudación del Estado a través de un endurecimiento del llamado ‘peso cambiario’. A partir de ahora, la compra de divisas tendrá un impuesto del 30% adicional. A cambio, el Ejecutivo prometió un congelamiento de las tarifas públicas durante 180 días, para intentar frenar la fuerte inflación que vive el país. Las medidas anunciadas por el ministro, que se enmarcarán en la llamada “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva” van más allá de lo que se esperaba. Inicialmente, los rumores aseguraban que se gravarían solo las compras de dólares para viajar al extranjero o importar bienes y servicios por internet -compras por Amazon, suscripciones a compañías como Netflix, etc.-, con las que ya se cebó el último Gobierno peronista.

Sin embargo, la decisión alcanzará a todas las compras de divisas, incluido el cupo de 200 dólares mensuales que pueden adquirir libremente los ciudadanos para el ahorro personal. Ese recargo, anunció, irá destinado para financiar las pensiones, obras de infraestructura y el turismo local, entre otros compromisos de gasto social del nuevo gobierno argentino.

EL INFORME

EL POPULISMO ARGENTINO RIEGA CON DINERO A PENSIONISTAS

GONZALO VELARDE

Alberto Fernández, presidente de Argentina. REUTERS

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Pasó de ser la cara y la voz de los populares en el Congreso a asumir por el PP la secretaría tercera de la mesa en el Senado. Rafael Hernando no se ahorra adjetivos calificativos a la hora de referirse al nuevo Gobierno y sus medidas. Una de las primeras medidas del nuevo Gobierno apunta a la derogación de la reforma laboral del Gobierno popular de Mariano Rajoy. ¿Qué le parece? La reforma laboral fue uno de los elementos que han contribuido a superar la crisis económica, dio flexibilidad para poder salvar a las empresas, y mantener muchísimos empleos en España. Derogarla es un gran error porque lo que se nos avecina es un sistema de relaciones laborales mucho más rígido y menos estimulante para la creación de empleo, que quienes lo van a pagar van a ser los jóvenes, que no podrán salir al mercado de trabajo. En un momento de ralentización en el crecimiento económico -que puede convertirse en una recesión en el futuro- medidas como las que este Gobierno pretende aplicar son absolutamente desafortunadas. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha acusado al presidente de CEOE, Antonio Garamendi, de hacer pedagogía de la economía sumergida... Las medidas que ha puesto en marcha la izquierda en el último año, como la subida de salario mínimo interprofesional -sin pactarlo con los sindicatos ni los empresarios- han provocado un aumento de la economía sumergida, como reconoció el propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, que fue convenientemente cesado para cerrarle la boca. Hombre, van a subir las pensiones un 0,9% y esa es una buena noticia para todos, ¿no? El tema de las pensiones requiere que se recupere de forma inmediata el Pacto de Toledo y se pueda llegar a un acuerdo. El Gobierno se equivoca al tomar medidas en un tema tan sensible de forma unilateral. Además, ese 0,9% es inferior a las últimas subidas que aprobó el Gobierno de Rajoy. Así que los socialistas-comunistas no deberían sacar pecho.

“Hay que recuperar de forma inmediata el Pacto de Toledo”

SECRETARIO TERCERO DE LA MESA DEL SENADO POR EL PP

RAFAEL HERNANDOLA CONTRA

NACHO MARTÍN

ESTHER ESTEBAN

pensionesdel sistema, ya que las pensiones afrontan en españa retos ya conocidos como el...

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