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IUGM Master Paz, Seguridad y Defensa Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado Trabajo de Investigación 2009

El pensamiento político-estratégico español de seguridad en el Mediterráneo Antonio Gomariz Pastor Dir: Luis Solá Bartina

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El pensamiento político

y estratégico español de seguridad

y cooperación en el Mediterráneo.

Antonio Gomariz Pastor*

El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevas tierras, sino en ver con nuevos ojos.

Marcel Proust

* Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Doctorado en Ciencias Políticas (DEA-UNED, Política

Internacional Latinoamérica), Especialista en Seguridad Internacional (IUGM), Especialista en Fundamentos de la Paz, la Seguridad y la Defensa (IUGM).



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ÍNDICE.

INTRODUCCIÓN. 5

I. LA SITUACIÓN DEL ESTUDIO E INVESTIGACIÓN SOBRE LA

SEGURIDAD EN EL MEDITERRÁNEO EN ESPAÑA. 19

Introducción a la investigación sobre el Mediterráneo en España. 21

Evolución de la investigación sobre el Mediterráneo en España. 22

Obstáculos a la investigación sobre el Mediterráneo. 25

Iniciativas think-tank. 26

II. EL MEDITERRÁNEO: CONSIDERACIONES GENERALES DE

UN ESPACIO DE SEGURIDAD CAMBIANTE. 30

Definición del Mediterráneo desde la perspectiva política y de seguridad. 37

III. LA CONFIGURACIÓN HISTÓRICO-POLÍTICA DE LAS

RELACONES Y POLÍTICAS HISPANO-MEDITERRÁNEAS. 44

Las relaciones entre España y el Mediterráneo: el peso de Marruecos. 45

IV. EL MEDITERRÁNEO, UN ESPACIO DE RELACIONES

DESIGUALES Y DIVERGENTES. 56

El contexto socioeconómico. 56

El contexto político y social. 63

Un contexto de seguridad marcado por unas relaciones de conflicto-

cooperación. 74

V. LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL



3

MEDITERRÁNEO: FACTORES, VISIONES E INICIATIVAS. 78

Factores de tensión, amenazas y conflictos que afectan a la construcción

de la seguridad en el Mediterráneo. 81

Las armas de destrucción masiva. 87

Diferentes visiones de los aspectos principales que configuran la

seguridad en el Mediterráneo. 94

La visión de la seguridad en el Mediterráneo a través de las publicaciones

periódicas del Ministerio de Defensa. 107

El Boletín de Información de la Defensa, 1965-2009. 107

Los Cuadernos de Estrategia, 1989-2009. 125

Las Monografías del CESEDEN, 1990-2009. 145

Iniciativas y diálogos multilaterales de seguridad en el Mediterráneo. 155

El diálogo de seguridad de la UEO. 156

El diálogo de seguridad de la Alianza Atlántica. 157

El diálogo de seguridad de la Unión Europea. 158

Otras iniciativas multilaterales. 164

El Proceso de Barcelona: la Asociación Euromediterránea. 168

Visiones críticas del modelo de Asociación Euromediterráneas.

La crítica de las organizaciones de la sociedad civil

euromediterránea. 175

El balance positivo del Proceso de Barcelona. 182

El fracaso de la seguridad en el Proceso de Barcelona. 184

La seguridad, un reto pendiente de cooperación política y

confianza. 191

La Alianza de Civilizaciones. 196

Unión para el Mediterráneo. 200

La reforma del sector de seguridad, un proceso transversal. 205

VI. LA POLÍTICA EXTERIOR DE ESPAÑA HACIA EL

MEDITERRÁNEO. 208



4

España y el Mediterráneo hasta el inicio del siglo XX. 208

La política de seguridad mediterránea y occidental: de la Dictadura a la

Transición a la democracia. 213

Las políticas y relaciones hispano-mediterráneas de la democracia. 223

La configuración de las relaciones y las políticas mediterráneas. 223

El conflicto del Sáhara Occidental. 230

Un balance de las relaciones entre España y Marruecos. 236

Las líneas directrices de la reciente política exterior mediterránea. 239

La Defensa Nacional en el pensamiento político-estratégico de

seguridad en el Mediterráneo. 239

La relación entre seguridad, desarrollo y derechos humanos en

la política mediterránea de España. 242

Las actuales elaboraciones político-estratégicas y las políticas

gubernamentales sobre la posición internacional de España en

el Mediterráneo. 253

VII. LA OPINIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA, LOS INVESTIGADORES

Y EL MEDITERRÁNEO. 261

Cuestionario: El pensamiento político-estratégico español de seguridad

en el Mediterráneo. 265

CONCLUSIONES. 275

ANEXOS. 323

ABREVIATURAS 360

BIBLIOGRAFÍA. 361



5

INTRODUCCIÓN.

Objetivo del trabajo de investigación.

En las últimas décadas, el Mediterráneo se ha convertido en una fuente de

amenazas a la seguridad internacional, independientemente de la concepción o el

enfoque desde el que nos aproximemos a la región. Las nuevas elaboraciones del

concepto de seguridad indican la necesidad de tener en cuenta aspectos y miradas

diferentes y complementarias para entender mejor cómo emergen y se traducen ciertas

amenazas en riesgos y conflictos reales.

La forma de enfrentar y resolver la falta de democracia en muchos Estados y

sociedades a ambas orillas del Mediterráneo, el terrorismo transnacional, la distribución

de los escasos recursos energéticos, los problemas medioambientales y los grandes

cambios sociodemográficos y económicos, determina también la forma de entender la

posible inestabilidad e inseguridad del entorno mediterráneo.

No hay un solo conflicto mediterráneo, aunque sí uno dominante entre Israel y

Palestina y otros dos, como el de Afganistán y el de Irak, en el entorno geoestratégico

mediterráneo, cuyas repercusiones impactan directamente sobre la seguridad

mediterránea. Existen varios conflictos sin resolver, latentes, que han ido conformando

la seguridad en la zona, incluso más allá de las propias fronteras mediterráneas, como el

caso del Sáhara occidental. Coexisten, asimismo, otros conflictos y condiciones de

inestabilidad política distintas a las que provocaron estos conflictos de larga duración

que emergen como amenazas a la seguridad humana y global. Nos ocuparemos también

de actualizar cómo se percibe en España esta reconceptualización -o mejor dicho,

reconsideración de todos los aspectos- de la seguridad, centrándola en el ámbito

mediterráneo.

Nos preguntamos en esta investigación si los análisis y las aportaciones

existentes en los ámbitos político, diplomático, militar, intelectual y en el terreno de la

seguridad, nos permiten hablar de un pensamiento español específico, definible como



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pensamiento político-estratégico de seguridad mediterránea. Nos interesa conocer

cómo se ha ido configurando en España en las últimas décadas, singularmente desde la

reimplantación de la democracia en el último cuarto del siglo XX, el pensamiento y el

conocimiento, las posiciones acerca de la seguridad mediterránea, y si ese acervo

histórico, político, militar, social y/o económico permite hablar de un pensamiento

español hacia el Mediterráneo en temas de seguridad, o, al menos, de una posible

construcción del mismo.

Así pues, tendremos en cuenta que la tensión sobre el Mediterráneo no proviene

exclusivamente de aquellos conflictos que perduran en el tiempo, sino sobre otros

abiertos o posibles derivados de estas otras condiciones globales y cómo adquieren

relevancia política y estratégica en nuestro país. Además, será interesante considerar si

lo que se viene llamando “la posición privilegiada” de España como nexo de unión entre

culturas influye, o también lo es respecto de la seguridad, o si ha jugado un papel

importante para la misma. Lo que es innegable es que existe una “mirada” española

dentro de la Unión Europea hacia el Sur, hacia el Mediterráneo, y, por tanto, afecta a los

diversos aspectos que configuran la seguridad global. El desarrollo de los

planteamientos españoles y de la acción española sustenta el pensamiento español de

seguridad.

Hay factores que nos permiten explicar una posición y contribución relevantes

de España en la seguridad mediterránea en la actualidad. Esos factores guardan relación

con los importantes cambios derivados del proceso de integración europea y de su

incipiente proyección política, del final de la Guerra Fría, de la globalización

económica, de las presiones internas y procesos para emprender la vía democrática o

para resistirla en algunos Estados o del terrorismo y, singularmente, de los enfoques de

la política exterior de España (el giro de final del siglo XX, la Alianza de

Civilizaciones, que se planteará en la investigación).

Hipótesis de la investigación.



7

Al plantear nuestro objeto de estudio hay que tener presentes algunos puntos de

partida o premisas. El concepto de seguridad ya no es sólo el de las amenazas

tradicionales a la defensa nacional. La disolución de la rígida división entre seguridad

interior y exterior sigue aumentando. Y las soluciones y respuestas a las amenazas,

riesgos y conflictos no pueden ser exclusiva y únicamente de carácter militar. Se abre

camino la participación, cooperación e integración en distintos grados de algunos

aspectos que afectan a la seguridad internacional, como el terrorismo, el

medioambiente, la energía o el control de la delincuencia transnacional y la inmigración

ilegal. España participa de esta internacionalización de los conflictos y aboga por la co-

responsabilidad de los Estados y las organizaciones internacionales.

Es en este marco en el que pretendemos hablar del pensamiento español

mediterráneo definido en el tiempo, en su forma y contenido. Otro punto de partida es la

existencia de una base teórica y de acción política suficiente para construirlo, a la vez

que existen carencias en la investigación y en la conformación del pensamiento relativo

a la seguridad en el mediterráneo en nuestra tradición intelectual, académica, política y

militar que impiden hablar de un pensamiento político español de seguridad y

cooperación, a pesar de la abundante experiencia, tradición, acción y relaciones

existentes en todos los ámbitos entre España y el entorno mediterráneo, incluyendo la

estructura, organización y conceptualización militar.

En todo caso, dado que existen elaboraciones y postulados realizados desde

diversos enfoques (el estratégico, el de la investigación para la paz, el histórico, el

político, el académico, etc.), la investigación tratará de encontrar puntos comunes,

convergencias, contradicciones, carencias, etc. sobre las que poder sustentar nuestro

punto de partida, que es doble. Por un lado, existe un desarrollo teórico heterogéneo,

una concepción difusa y ambigua, relativos a la paz, seguridad y defensa en el

Mediterráneo, caracterizados por un origen multidisciplinar, cambiante, históricamente

poco sólido, abierto a una elaboración y construcción permanente, a influencias mutuas

entre los ámbitos político, estratégico, económico, cultural y social. Pero no se puede

hablar de una concepción central o conocimiento consolidado que permita definir una

línea de pensamiento homogéneo y consensuado sobre el significado político y



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estratégico sobre la seguridad del Mediterráneo para España. Por otro lado, este

conjunto de aportaciones y elaboraciones abren el camino al establecimiento de una

concepción española, de un corpus de conocimiento y pensamiento político-estratégico

homogéneo, básico y global, relativo a la seguridad en el Mediterráneo y a su

significado, identificable desde cualquier ámbito (como puedan serlo otras regiones en

la política exterior española, Europa o Latinoamérica) y abierto a las investigaciones y

estudios que introducen nuevos elementos y perspectivas de la seguridad en general y

del Mediterráneo en particular.

Delimitación del objeto de estudio y condicionantes metodológicos.

Al referirnos al pensamiento mediterráneo en materia de seguridad y de

cooperación, detectamos varios problemas. El primero, el de la delimitación del objeto.

Se habla mucho del mundo árabe, de la política mediterránea, de Oriente Próximo, de

asociación euromediterránea, de la política de vecindad, del diálogo, alianza o choque

de civilizaciones, en función de la perspectiva de análisis y de la procedencia de los

estudios o propuestas. Así, dominará el criterio geográfico, el de seguridad, el político,

el económico o el de cooperación según la institución, enfoque, Estado o agente que

hable del Mediterráneo. Pero no puede decirse que exista una perspectiva o mirada

mediterránea permanente, consolidada e inequívoca para analizar y estudiar la

seguridad en el ámbito mediterráneo. De hecho, la pléyade de iniciativas existentes en

las últimas décadas en torno a la seguridad de la región habla por sí sola de la pluralidad

de enfoques y de la inexistencia de un entorno mediterráneo de la seguridad definido

como tal.

El segundo problema es el dominio abrumador del conflicto entre Israel y

Palestina, que se extiende al resto de situaciones y conflictos, contagiando los análisis y

propuestas de resolución de los mismos. En cierto modo, es un sesgo que actúa como

condicionante a la hora de establecer unos límites claros cuando hablamos de política

mediterránea, en el sentido de vincular la mayoría de situaciones de seguridad del

mediterráneo a aquél. Bien es cierto que el fondo y la forma de la realidad árabe-israelí

condicionan de forma importantísima la seguridad en el Mediterráneo, pero no la define



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en su totalidad. La política mediterránea abarca este conflicto, pero éste no agota en

absoluto dicha política. Por tanto, el conflicto israelo-palestino no sólo está reduciendo

y condicionando muchas veces el concepto y los términos de la política mediterránea,

sino que está limitando en el tiempo el reconocimiento y la asunción de otras realidades

y aspectos de la seguridad mediterránea.

En tercer lugar, y en sentido inverso, se hablará de política o de seguridad

mediterránea en referencia a aspectos no globales geográficos o de otra índole,

pudiendo entenderse que se da un ab-uso del término global cuando se puede estar

hablando de un conflicto, de un aspecto de la seguridad o de una cuestión específica. En

el fondo, subyace la idea de que los aspectos o fuentes de conflictos están en conexión o

pueden estarlo.

En cuarto lugar, como en tantos análisis e investigaciones en esta materia, la

presente se realiza desde presupuestos de conocimiento teóricos, históricos y

metodológicos, por tanto desde un punto de partida de un español, hecho que no la

invalida pero que requiere de otras complementarias, de una perspectiva no española

sobre la percepción del pensamiento político y estratégico español hacia el

Mediterráneo.

Así, el trabajo abordará otros problemas previos que limitan el objeto de estudio

y que hacen que hablar de pensamiento español mediterráneo de seguridad sea bastante

complejo.

Metodología de investigación.

A través de una metodología de tipo cualitativo, la investigación aborda los

aspectos determinantes de la concepción de la seguridad en el Mediterráneo: el

histórico, el evolutivo y el de los actores participantes. La investigación requiere de un

tratamiento histórico, aunque no se propone una perspectiva histórica ni cronológica. Se

realiza alguna incursión histórica transversal como una parte más de un enfoque



10

multifactorial, en el que los hechos históricos han condicionado o influido en posiciones

o concepciones posteriores.

La utilización de la vía analítica, del análisis crítico, permitirá conocer la

relevancia que los actores, las organizaciones públicas y las de pensamiento que han

participado o participan de la elaboración de las políticas públicas de seguridad, defensa

y exterior del Mediterráneo conceden a este espacio geoestratégico, con vistas a

establecer si existen lugares comunes, “anclajes” históricos (por ejemplo, el término

responsabilidad histórica derivado del conflicto del Sáhara occidental), convergencia de

posiciones políticas o parlamentarias que permitan hablar en términos de “política de

Estado”, etc.

Por ello, cualquier investigación que desee profundizar en este aspecto deberá

contar con una revisión de los procesos abiertos desde las instituciones españolas, tanto

institucionales y políticas, como las estructuras del Estado y la configuración

institucional (Ministerio de Defensa, órganos representativos como el Congreso,

Comisiones Parlamentarias, etc.), como las específicas de seguridad, incluyendo, por

supuesto, las Fuerzas Armadas.

En el mismo sentido, deberá incluir también una revisión del pensamiento y

documentación que se hayan producido en las organizaciones españolas o de

orientación española dedicadas al pensamiento, al estudio y al análisis de las relaciones

internacionales y la política exterior centradas en el Mediterráneo (fundaciones, think

tanks, agencias, institutos, etc.)

Además, la investigación se adentra en analizar cómo se ha ordenado y

estructurado el marco político e intelectual español para abordar el estudio de la

seguridad euromediterránea, tratando las relaciones entre España y los agentes y

participantes mediterráneos, la perspectiva democrática, los procesos de cooperación y

la conformación de un modelo español de seguridad en el Mediterráneo con los

elementos y componentes correspondientes. En el mismo sentido, se analizarán los

últimos procesos multilaterales y multidisciplinares abiertos (Proceso de Barcelona,



11

Unión para el Mediterráneo, Alianza de Civilizaciones) en los que la seguridad se

plantea no ya como el aspecto central a partir del cual estructurar la estabilidad regional,

sino como el resultado de políticas de desarrollo, democratización, gobernabilidad,

proximidad y prevención que crearán nudos, redes y puntos de interdependencia que

faciliten y deriven en un entorno de mayor paz y seguridad mediterráneas.

Además de las fuentes secundarias, la investigación contiene información

cualitativa procedente de un cuestionario administrado a profesores, investigadores y

participantes en programas de estudio vinculados, directa o indirectamente, a la

seguridad en el Mediterráneo, que se incluye en el anexo I.

Recursos y fuentes bibliográficas.

Para poder tener una perspectiva del pensamiento sobre el mediterráneo en

temas de seguridad sería conveniente un repaso de la producción literaria científica,

académica y política relativa a dicha materia, además de la de tipo social, económica y

de cooperación complementaria que pueda mejorar el estudio de este pensamiento, todo

ello, a lo largo de las últimas décadas. Dadas las limitaciones de esta investigación, nos

hemos centrado en la consulta de documentos básicos, entendiendo por tales aquellos

cuyo contenido es elemental y necesario (de tipo histórico, político, estratégico,

económico) para poder aproximarnos a una configuración, dinámica y cambiante, del

pensamiento español sobre lo mediterráneo, o, mínimamente, al acervo básico del

conocimiento generado en España sobre la seguridad en el Mediterráneo.

La obtención de datos e información de la investigación ha sido, casi en su

totalidad, a través de fuentes secundarias. La procedencia de las mismas es

principalmente la siguiente:

- Análisis de actualidad, reflexiones y estudios monográficos de las instituciones

y think tanks relevantes en nuestro país (téngase en cuenta que la tradición

española en estas redes intelectuales y de análisis es pequeña en relación con el

mundo anglosajón).



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- Bases de datos de algunas tesis de universidades españolas.

- Bibliografía específica de las últimas tres décadas.

- Institutos, observatorios y fundaciones gubernamentales y privadas dedicadas

al análisis de la seguridad desde un punto de vista global.

- Transcripciones y conclusiones de jornadas y cursos.

- Centros de investigación de otros países (Estados Unidos, Francia,...).

- Colección de estudios, análisis y monografías de las Fuerzas Armadas

españolas.

- Información oficial del Gobierno y las Cortes de España, que incluye

publicaciones oficiales -documentos, actas de conferencias, declaraciones,

planes, etc.- producidos por el Ministerio de Defensa y el Gobierno de España

(Libro Blanco de la Defensa, Revisiones Estratégicas de la Defensa, Directiva

Nacional de Defensa).

- Cuestionario elaborado para este trabajo de investigación.

Asimismo, una investigación ambiciosa deberá acudir a las actas de las

instituciones (Congreso, Senado, Comisiones Parlamentarias) relativas a etapas previas

a la Constitución de 1978 (para conocer los antecedentes de algunos temas y las raíces

de muchas decisiones posteriores, posiciones y posicionamientos) y a los documentos y

actas de los partidos políticos (asambleas, congresos, jornadas, conferencias sectoriales,

etc.).

Por último, es imprescindible tener en cuenta los textos producidos en los países

del Magreb por autoridades, representantes y autores españoles vinculados a tareas y

actividades políticas, militares, diplomáticas, económicas, de intercambio cultural, etc.

que de alguna manera tengan o hayan tenido participación de aspectos conformadores

de la seguridad en la zona.

Pero muchos de estos últimos datos y referencias escapan a los límites y

posibilidades de esta investigación, con lo que nos ajustaremos a la obligación de dar

cuenta de todo ello en las conclusiones, como elementos que contribuirán a mejorar la



13

calidad de la elaboración del pensamiento político español referido a la seguridad

mediterránea.

Publicaciones periódicas principales:

- Cuadernos de Estrategia del instituto Español de Estudios Estratégicos,

dependiente del Ministerio de Defensa (núms. 6, 8, 20, 35, 45, 47, 53, 70, 72,

96, 100, 103, 106, 107, 112, 113, 117, 122, 125 y 139).

- Monografías del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional

(CESEDEN), dependiente del Ministerio de Defensa (del año 2001 al 2008,

los siguientes núms.: 50, 52, 55, 58, 59, 69, 82, 86, 89 y 92; se consultarán las

anteriores relacionadas con la seguridad en el Mediterráneo).

- Boletín de Información del CESEDEN (entre 1999 y 2008, los siguientes

núms.: 261, 267, 270, 272-276, 279, 292, 294, 297, 301 y 302; se consultarán

los anteriores relacionados con la materia de la investigación).

- Documentos de Seguridad y Defensa CESEDEN, núms. 1, 6, 8 y 10.

- Revista Política Exterior, núms. 20, 34, 39, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 54, 64,

65, 70, 72, 73, 88, 89, 91, 98, 104, 108, 112, 116 y 122.

- Dossier del British Council “Investigando el Mediterráneo: un encuentro

hispano-británico de expertos en el Mediterráneo y el Mundo Árabe”, que

contiene una amplia y detallada relación de investigadores, tesis doctorales,

instituciones, proyectos de investigación, revistas, publicaciones

especializadas y recursos electrónicos del Mediterráneo, Oriente Medio y el

Norte de África.

Artículos, papers, monografías:

La investigación ha requerido de la consulta de las publicaciones periódicas,

para conocer el recorrido histórico y temático de los aspectos que la conforman. Ha

requerido el análisis de una amplia bibliografía para enmarcarla y contextualizarla, pero

también de la consulta obligada y necesaria de artículos, documentos de trabajo,

conferencias, monográficos, estudios, informes y de las hemerotecas on-line, así como



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de otros documentos que han servido para actualizar y completar la conformación de

todo el acervo intelectual, teórico y del conocimiento acumulado. Así, se han consultado

unos 170 textos de este tipo procedentes de diversas disciplinas y entidades.

Sitios de Internet consultados

Una de las fuentes principales de la investigación la han constituido las páginas

electrónicas oficiales de sitios de Internet consultados, correspondientes a 68

organizaciones, organismos y entidades, desde institucionales hasta de ONGs (que se

relacionan en el Anexo III).

Descripción de la investigación.

El Mediterráneo ha suscitado, y suscita, grandes controversias, siendo la primera

de ellas la de su definición y delimitación. Como veremos, son diversos los enfoques

desde los que se ha abordado esta cuestión, en lo geopolítico y en otros ámbitos. Pero,

lo que es innegable es la importancia estratégica mundial del Mediterráneo, un espacio

marítimo y terrestre donde se han librado dos guerras mundiales, donde se concentró un

proceso de descolonización entre 1943 y 1962, cuyas huellas siguen sin haberse

borrado, donde se inscribe la batalla de Suez, de 1956, que significó la entrada en el

Mediterráneo de la VI flota de Estados Unidos (un hecho que tiene una trascendencia

histórica mundial); un espacio donde tiene lugar probablemente uno de los conflictos

paradigmáticos de las relaciones internacionales, el árabe-israelí, que aglutina todos los

errores de la descolonización, la Guerra Fría y el actual escenario de globalización. Un

espacio, el Mediterráneo, que además concentra grandes desafíos y problemas

energéticos, concretamente petrolíferos, desde 1973, que es la primera región turística

(el 35 % del turismo mundial pasa por la región) y en cuyos dominios persisten

numerosos conflictos locales y regionales.

Sin duda, el espacio euromediterráneo es uno de los lugares en los que se está

abandonando un viejo esquema de seguridad y en el que se están sentando las bases



15

conceptuales y políticas de lo que puede ser un concepto avanzado de seguridad y

defensa.

Sin embargo, la mayoría de organizaciones internacionales, regionales o

subregionales, además de Estados Unidos, no reconocen el Mediterráneo como un

conjunto regional. Ha sido la Unión Europea y los doce países del sur del Mediterráneo

(PSM), desde la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, de 1995, los que,

impulsando el Proceso Euromediterráneo y la Asociación Euromediterránea, pongan en

valor el Mediterráneo como un espacio de cooperación en materia política, de seguridad

específicamente, económica y cultural. En ese impulso, España ha jugado un papel

relevante, de primer orden internacional, tanto en el ámbito comunitario como en el del

norte de África, entre los Estados árabes.

Esto fue posible porque la España democrática se liberó de algunos lastres

histórico-políticos del pasado, afianzando un cambio que la sociedad española también

asumió y lideró. España pasó de una política exterior autoritaria a una democrática, con

la integración en la OTAN y en la entonces Comunidad Económica Europea (actual

Unión Europea), en 1982 y 1986, respectivamente. Por vez primera, España definía su

política de seguridad y defensa en relación con sus intereses y los intereses

euromediterráneos, dejaba el hispanoamericanismo conservador por la Comunidad

Iberoamericana de Naciones y adoptaba un nuevo estatus de potencia media periférica

en el centro del sistema internacional (Lemus y Pereira, 2003). Todos estos cambios se

tradujeron y confirmaron la universalización de las relaciones exteriores, la

incorporación al sistema económico internacional (FMI, OCDE, Banco Mundial, Banco

Interamericano de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo) y la integración en las

organizaciones e instituciones internacionales (Foro Madrid de la CSCE, por ejemplo).

El Mediterráneo, mayoritariamente, ha sido identificado con un lugar de

encuentros y desencuentros, de cooperación y de confrontación, un espacio ambivalente

que, incluso antes del siglo XV, ya fue interpretado como una región compleja de

intercambio, guerra, comercio, movimientos de personas, mercancías, flujos de ideas,



16

avances científicos y tecnológicos (Claret, Fundación Seminario de Investigación para

la Paz, 2007).

El presente trabajo se inicia con una revisión evolutiva y crítica del estado de la

cuestión de los estudios e investigaciones que se realizan en España en materia de

seguridad y, en particular, del Mediterráneo.

Se constata, en segundo lugar, la complejidad como uno de los elementos que

identifican, para la mayoría de autores e investigadores, la región Mediterránea,

reflejada en las diferentes descripciones geográficas y geopolíticas del Mediterráneo.

La historia y las raíces de las políticas y las relaciones entre España y el

Mediterráneo se abordan en la tercera parte de la investigación. Esta inmersión

histórico-crítica en las relaciones hispano-mediterráneas en general, hispano-magrebíes

y de Marruecos, en particular, cumple la función de mostrar las bases político-sociales

sobre las que se edificaron las ideas, los sentimientos, las acciones y las políticas

españolas hacia el norte de África antes de la democracia.

En cuarto lugar, se incluye el contexto socioeconómico del Mediterráneo y del

norte de África y las condiciones económicas, políticas y sociales de los países del sur

del Mediterráneo (PSM), que enmarcan las relaciones hispano-mediterráneas actuales,

pero que también remiten al pasado reciente.

En la quinta parte se tratan los aspectos centrales de la investigación, relativos a

la seguridad en el Mediterráneo, con especial atención a las visiones de la seguridad,

pasadas y presentes, las desarrolladas por autores y especialistas y las que vienen

produciéndose en los centros de pensamiento y reflexión del Ministerio de Defensa, el

Instituto de Estudios Estratégicos y el CESEDEN. Esta parte incluye una mención y

breve descripción de las iniciativas de seguridad multilaterales impulsadas en el

Mediterráneo, además de considerar los factores de mayor tensión presentes en la

región.



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La sexta parte de la investigación se adentra en la política exterior española, con

atención especial a la seguridad en el Mediterráneo, dividida en dos intervalos

temporales, antes y después de la democracia. Dos cuestiones centran la atención en

este punto: la cuestión del Sáhara y las relaciones de España con Marruecos, por

aglutinar una buen parte de las tensiones y crisis del Mediterráneo y por ser un buen

ejemplo del modus operandi español en el norte de África, además de por constituir en

muchos momentos, Marruecos, la política mediterránea española o, como han

expresado algunos, la política marroquí española.

Antes de concluir, el análisis pretende reflejar el estado de opinión del

pensamiento español de seguridad a través de la participación directa de estudiosos,

investigadores y especialistas en el área de seguridad y defensa del Mediterráneo en

España en un cuestionario específico. Esta evaluación va precedida de un resumen de la

evolución de la opinión pública sobre algunos aspectos relativos al Mediterráneo,

tomadas en cuenta a partir de los Informes INCIPE 1992, 1998 y 2006.

Al final, figuran tres anexos: uno contiene los resultados del cuestionario

administrado a investigadores del Mediterráneo; otro contiene una relación de los

movimientos de corte radical y violenta y de los grupos terroristas que han tenido

actividad o permanecen activos en el Magreb y el tercero es una relación de los centros

de análisis y estudios sobre la seguridad en España, fundaciones, instituciones y

organizaciones que desarrollan actividades vinculadas a la seguridad y defensa.

Esta investigación está en deuda con los investigadores y autores que aparecen

en la misma, especialmente con Echeverría, Cano, Muñoz, Gillespie, Iván Martín,

Marquina, Pereira, Algora, Núñez Villaverde y Hernando de Larramendi, además de

con las publicaciones del Ministerio de Defensa y los recursos ofrecidos por el Instituto

General Gutiérrez Mellado (IUGM), cuyas valiosas aportaciones y sistematización del

conocimiento científico en torno a la seguridad euromediterránea me han permitido una

incursión profunda en las condiciones de la paz y la seguridad en el Mediterráneo, así

como acercarme a las nuevas bases conceptuales de la misma.



18

Quiero agradecer al Director de la investigación, profesor Luis Solá, primero, el

hecho de aceptar la dirección de la misma y, segundo, la libertad, la flexibilidad, el

ánimo, los consejos y la provocación pedagógica y de conocimiento hacia las

organizaciones internacionales de seguridad que me infundió en calidad de profesor del

IUGM (Organismos Internacionales de Seguridad).

Todo el diseño electrónico del cuestionario, el tratamiento estadístico,

electrónico y de representación gráfica, el análisis formal y literario y el ánimo

incansable, quiero, y es justo agradecérselo, de forma especial a Bernadet Kühne,

también por su rigor y disciplina; ahora, cosas de la vida, sensibilizada con la

importancia de la construcción de un modelo de seguridad para el Mediterráneo.

Resta añadir que las incoherencias, errores o expresiones incomprensibles caen

bajo la responsabilidad del autor de la investigación. Sólo espero devolver a quienes se

acerquen a la misma un poco del conocimiento tomado prestado de tan nutrido grupo de

profesionales de la seguridad y defensa en España, que trabajan, analizan y se

responsabilizan de este asunto en un espacio privilegiado para nuestra civilización como

el Mediterráneo, fuente de vida… y de conflicto.



19

I. LA SITUACIÓN DEL ESTUDIO E INVESTIGACIÓN SOBRE LA

SEGURIDAD EN EL MEDITERRÁNEO EN ESPAÑA.

Para conocer la realidad y relevancia de los estudios sobre el Mediterráneo y el

mundo árabe, así como las líneas de pensamiento y de investigación sobre la región, nos

apoyaremos en tres buenos trabajos elaborados por Martín y Gillespie (2006), por

Echeverría (2006) y por Pereira (2003), en el que se recopilan y sintetizan los recursos y

elementos básicos que han ido configurando el acervo científico e intelectual relativo al

Mediterráneo, y, singularmente, a la seguridad en la región.

“Investigando el Mediterráneo” es el trabajo de los primeros, y es un informe

general publicado en 2006 por British Council, la Fundació CIDOB y el Institut

Europeo de la Mediterràni (IEMED). El de Echeverría forma parte de la “Guía de

investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa”, publicada también en 2006 por

el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, de la UNED, consistiendo en un

capítulo dedicado al área del Mediterráneo: “Introducción a la investigación sobre

cuestiones de paz, seguridad y defensa en la región mediterránea: Enfoques y fuentes

principales”. Los “Estudios internacionales y política exterior. Estado de la cuestión” es

un texto de Pereira que describe la evolución de los estudios internacionales, de los que

seleccionamos los dedicados al Mediterráneo, desde el Franquismo hasta la Transición

democrática española.

Estas publicaciones, entre otras cosas, hacen un breve recorrido histórico-

descriptivo por la situación del ámbito académico e intelectual que se dedica al estudio

del Mediterráneo y de la seguridad en el mismo, del que nos interesa destacar algunos

aspectos importantes para nuestro trabajo. Primero, la escasez histórica de estudios y

trabajos relativos al Mediterráneo y a la seguridad en particular. En segundo, el retraso,

comparativamente con otras áreas y materias del pensamiento, en la consolidación de un

marco mínimo de instituciones, investigadores, autores y programas de formación

relativo al Mediterráneo. Tercero, la doble dependencia, geográfica y personal, de estos

estudios. Por una parte, dependientes del impulso y de las iniciativas personales y, por

otra, de su inicial y dominadora ubicación en Madrid y Barcelona. En cuarto lugar, la



20

escasez de producción de investigaciones, tesis doctorales, trabajos y estudios

específicos dedicados a la seguridad en el Mediterráneo en el ámbito universitario y

académico, en comparación con otras materias. En quinto lugar, la aparición y

consolidación de unas cuantas fundaciones e institutos de pensamiento en las dos

últimas décadas (salvo la Fundació CIDOB, que es anterior) dedicadas a las relaciones

internacionales ampliamente consideradas y entre cuyos objetivos está la seguridad en

el área del Mediterráneo, aunque, como veremos, con un significado relativamente

menor que otras áreas o asuntos. Por último y no menos importante, la labor de impulso

de la investigación llevada a cabo por el Ministerio de Defensa, concretamente desde el

Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) y del Instituto

Español de Estudios Estratégicos.

Los estudios e investigaciones suelen enfocarse más hacia los aspectos de

liberalización económica y política, hacia la seguridad doméstica e internacional y a la

situación del conflicto árabe-israelí. La caída del Muro de Berlín dio lugar a trabajos

que desmontan dos clásicos paradigmas sobre el Mundo Árabe: el de la excepcionalidad

árabe y la tesis de la escasa probabilidad de desarrollo democrático. Los métodos que se

han empleado en las investigaciones explican una gran parte de esas supuestas

excepciones sobre las que se ha teorizado: han sido sólo empíricos, ideológicos

normativos o basados en suposiciones sin conocimiento de las Ciencias Sociales, sin la

combinación de investigación conceptual y empírica. Además, puede hablarse de una

tensión entre especialistas regionales y científicos sociales interesados en la región,

sobre todo en los estudios internacionales, comparativos y de áreas.

Acerca del Proceso de Barcelona, sobresale la tendencia hacia la liberalización

económica y aunque abarca muchos aspectos (desde la integración regional al conflicto

árabe-israelí) no incluye los vínculos entre los niveles de análisis y las dimensiones.

Una buena parte de los expertos están ligados a las comunidades académicas creadas en

el marco de dicho Proceso. Por último, hay que decir que cada disciplina defiende sus

conocimientos, observándose poca atención al enfoque interdisciplinario (Jerch, 2007).

Vemos a continuación, con algo más de detalle, algunos de esos aspectos.



21

Introducción a la investigación sobre el Mediterráneo en España.

La doble apertura que supuso para España romper con más de tres décadas de

aislamiento internacional y participar de los estudios de seguridad y defensa en la esfera

internacional, modificó radicalmente el panorama español de investigación sobre el

Mediterráneo. Hasta ese momento, los investigadores españoles no tenían más opción

que acudir a los institutos y centros de otros países con tradición en los estudios

internacionales y mediterráneos. Con la apertura anterior, se facilitó la participación de

España en las redes investigadoras internacionales sobre el Mediterráneo, como es el

caso de la de Strademed, Euromesco o el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión

Europea.

Tiempo atrás, la participación española en la aventura colonial en África no vino

acompañada de un aumento en el número de los estudios árabes y mediterráneos,

excepto en el ámbito de Marruecos y del Sáhara Occidental, debido a la labor de los

denominados “africanistas”, muchos de ellos militares, agrupados en torno al Instituto

Jalifiano Muley el Hassan de Estudios Marroquíes (1937), al Instituto General Franco

de Estudios e Investigación Hispano-Árabe (1938), ambos con sede en Tetuán, o al

Instituto de Estudios Africanos de Madrid (1945), instituciones desaparecidas con la

ruptura de los lazos coloniales, siendo la última el Instituto de Estudios Africanos, del

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en 1983.

En el pensamiento político español se hablaba de política árabe más que de

mediterránea y del (no) reconocimiento del Estado de Israel, campos dominados hasta

los años sesenta por los “africanistas”, cuyos estudios profundizaron en las

transformaciones sociopolíticas del mundo árabe, en la creación del Estado de Israel y

en las revoluciones nacionalistas.

En los años setenta, los núcleos investigadores de Madrid, Granada y Barcelona

trabajaron sobre la cultura y ciencias sociales árabes contemporáneas. Una década más

tarde, en los ochenta, se produjo un “giro conceptual en la investigación y en las líneas



22

de trabajo de los arabistas” (Martín y Gillespie, 2006) que supuso la relegación del

“mundo árabe” en beneficio del término “mediterráneo”.

Así han evolucionado, grosso modo, los estudios árabe-mediterráneos en España

hasta la fecha, en que las investigaciones últimas sobre el Mediterráneo ponen la

atención en los temas de inmigración, específicamente el caso de Marruecos, en lo que

es una respuesta a la realidad española, por muchos considerada como amenazante. Los

datos ofrecidos en el informe de Martín y Gillespie (2006) son clarificadores: de las 65

tesis doctorales relativas a la política, sociedad y economía árabe actuales, 25 trataban

sobre Marruecos, y 7 de ellas se referían a las migraciones. Respecto de los proyectos

de investigación, desarrollo e innovación financiados por el Ministerio de Educación en

los últimos años, hay que constatar la marginalidad por la región mediterránea y, como

ha quedado dicho sobre las tesis, el peso de los flujos migratorios, hasta el punto de que

sólo 6 de los 38 proyectos financiados entre 2004 y 2005 tuvieron como objeto de

investigación el Mundo Árabe, el Magreb o el Islam.

La definición de las líneas de investigación ha ido evolucionando sobre todo en

función de la realidad internacional y la española en particular. Echeverría proporciona

un catálogo exhaustivo de aspectos susceptibles de ser objeto de investigación, que

giran, mayoritariamente, en torno a los puntos de interés marcados como prioritarios por

el Proceso de Barcelona y por la Unión para el Mediterráneo, así como de otros cuya

relevancia y actualidad impone la realidad (inmigración, tráfico de seres humanos,

terrorismo). Respecto de las investigaciones futuras, indica que versarán sobre las

“múltiples propuestas lanzadas en los últimos lustros”; los asuntos puramente militares

y las armas de destrucción masiva; las cuestiones energéticas vistas desde la perspectiva

geoeconómica (y geopolítica, añado); las cuestiones medio ambientales; el papel de

Turquía y su importancia euromediterránea; y, por supuesto, el terrorismo

transnacionalizado (Echeverría, 2006).

Evolución de la investigación sobre el Mediterráneo en España.



23

En relación con los centros y recursos dedicados a la política exterior e

internacional en España, podemos destacar dos períodos claramente contrastados: el de

las dos primeras décadas del Franquismo y el que surge a partir de la Transición

democrática. En el primer período sobresale la vinculación entre el internacionalismo y

los postulados del régimen y en el segundo sobresale la labor de la universidad, la

aparición de centros especializados, de asociaciones y de revistas.

El franquismo supuso un impulso internacionalista basado en las ideas fuerza

propias del régimen dictatorial: el imperio, la hispanidad, el retorno a los valores

espirituales y eternos, la raza hispana, el anticomunismo o el catolicismo estarán

siempre presentes en la política global, incluida la exterior y la mediterránea (Pereira,

2003). En el período anterior a 1960, destacan dos instituciones clave, el Instituto de

Estudios Políticos (1939), reorganizado en 1970, con la publicación de la Revista de

Estudios Políticos (1941) y Cuadernos de Política Internacional (1950, Revista de

Política Internacional desde 1957) y la Escuela Diplomática, creada en 1942, que

constituyó un elemento aglutinador de un conjunto de instituciones y asociaciones

internacionalistas: la Unión Latina, el Instituto Hispano-Árabe de Cultura, la Comisión

Nacional española de la UNESCO o el Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho

Internacional.

En este período se creó el Instituto Historia Jerónimo Zurita, la Escuela de

Estudios Hispanoamericanos o el Instituto Francisco de Vitoria, en cuyo seno se integró

la Sociedad de Estudios Internacionales y Coloniales y el Instituto de Estudios

Africanos (1945). A esta pléyade de instituciones se les unieron el Consejo de la

Hispanidad, 1940; el Instituto de Cultura Hispánica, 1945 y el Centro Europeo de

Documentación e Información, 1953, dedicado a la realización de cursos, publicaciones,

conferencias y al impulso de los temas internacionales y de política exterior,

abandonado el aislamiento del régimen en el ámbito investigador (Pereira, 2003).

Se produjo también un fuerte incremento de las publicaciones internacionalistas,

entre las que citamos Cuadernos de Historia Diplomática, Mundo, Anuario de Estudios



24

Americanos, Información Hispánica, Missionalia Hispánica, Revista de Indias,

Archivos del Instituto de Estudios Africanos o Hispanidad (Pereira, 2003).

Durante la Transición, las universidades (destaca la Fundación Ortega y Gasset)

y el Centro Superior de Investigaciones Científicas potenciarán la difusión y

especialización internacional en el ámbito universitario español. Aparecen numerosas

asociaciones de difusión de estudios internacionales especializados, del conocimiento de

áreas neohistóricas concretas o de análisis de la acción exterior, entre otras, la

Asociación para las Naciones Unidas de España, 1962; la Asociación de Orientalistas

(años 80); la Asociación Española de Americanistas, 1982; la Asociación Atlántica

Española, 1982; la Asociación Española de Africanistas, 1984; la Fundación para el

estudio de la Paz y las Relaciones Internacionales, 1985; o la Asociación española de

Estudios del Pacífico, en 1988. Se crean varios centros especializados en temas de

relaciones internacionales, seguridad, cooperación, investigación para la paz y política

exterior. Sin embargo, en la actualidad, algunos han desaparecido o su tarea se ha

devaluado, como los que cita Pereira (2003), el Centro Español de Relaciones

Internacionales (CERI), el Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior

(INCIPE), el Instituto de Europa Oriental (ligado a la Universidad Complutense) o el

Instituto de Relaciones Euro-Latinoamericanas (IRELA). Otros se han reconvertido en

centros oficiales de referencia, como el CESEDEN, 1964 (del Ministerio de Defensa, y

del que luego hablamos); las Bibliotecas Hispánica e Islámica, la Agencia Española de

Cooperación Internacional al Desarrollo, el Instituto Español para América Latina y

África, el Instituto Complutense de Estudios Internacionales o el Instituto universitario

de Paz y los Conflictos (de la Universidad de Granada o el Gutiérrez Mellado (luego

explicado) de la UNED. Otro grupo de centros pertenecen a iniciativas privadas, como

la Fundación CIDOB, de 1973; el Centro de Información y Documentación Africanas

(CIDAF), 1979; la Asociación Independiente de Estudios sobre temas Iberoamericanos

(AIETI), 1984; el Centro de Investigación para la Paz, CIP, de 1984 o el Centro de

Estudios de Asia Oriental (en la Universidad Autónoma de Madrid), 1992.



25

En la actualidad, prosigue el “divorcio” entre Administración y estudios

internacionales, salvo el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y

Estratégicos y la Casa de Asia, de 2002 (Pereira, 2003).

Ni en este tiempo, ni tampoco ahora, existe una publicación oficial destacada,

suprimida la única revista especializada en 1987, Revista de Estudios Internacionales,

que publicaba el Centro de Estudios Constitucionales. Sí existen algunas oficiales de

temática internacional, militares algunas, donde aparecen trabajos de política exterior:

Awraq, Carta de España, Cuadernos de Estrategia, Cuadernos de la Escuela

Diplomática, Ejército, Revista de Instituciones Europeas, Revista Española de Defensa,

Revista Española de Derecho Internacional o Revista General de Marina. Además,

existen publicaciones no oficiales, que cuentan con apoyo oficial, gubernamental o no,

como Afers Internacionals, África 2000, Cuadernos del Este, Estudios Africanos,

Estudios Internacionales de la Complutense, FP edición española, Meridiano CERI,

Papeles para la Paz, Política Exterior, Revista Española del Pacífico, Studia Africana o

Tiempo de Paz (Pereira, 2003).

Como vemos, en los inicios de lo que podemos llamar la investigación moderna

sobre las cuestiones internacionales y de política exterior en España, contamos con muy

pocos recursos, casi ninguno, relacionados directamente con el Mediterráneo, la

seguridad en la región o los intereses españoles en el norte de África, salvo la tarea del

CESEDEN, que desde su fundación en 1964 ha dedicado muchos trabajos al

Mediterráneo, aunque (como veremos posteriormente en una apartado específico), con

sus altibajos en el tiempo y con una laxitud en los controles de rigor y calidad de

algunas publicaciones.

Obstáculos a la investigación sobre el Mediterráneo.

Entre los obstáculos que encontramos en el panorama investigador sobre el

Mediterráneo, destaca el escaso número de investigadores y especialistas,

particularmente en el ámbito de la seguridad y defensa, pese al aumento éstos en las dos



26

últimas décadas. Llama la atención esta escasez si se contrasta con la relevancia

económica y estratégica concedida a la región por la política exterior española.

Otro de los obstáculos a los que se enfrenta la investigación mediterránea

española es la falta de una red estable de centros especializados sobre la región, pese a

la creación de centros e instituciones con ánimo de convertirse en think tanks, pero sin

el peso necesario desde el punto de vista de la tarea investigadora. La mayoría de estos

centros investigadores están vinculados a la actividad universitaria (cinco de los ocho

que se detallan seguidamente tienen carácter universitario) y cuentan con la barrera

añadida de la endogamia de la institución (Martín y Gillespie, 2006).

Otro impedimento lo constituye la escasa financiación destinada a la

investigación, muy alejada de los niveles de los que gozan centros de otros países

cercanos. Un cuarto obstáculo, consecuentemente, procede del reducido número de

bibliotecas y centros de documentación especializados en la región en materia de

seguridad y defensa, existentes al margen de las universidades. En relación con lo dicho,

viene a sumarse la dificultad de la escasez de revistas especializadas, de reciente

aparición la mayoría, donde acudir para la formación y la publicación de las

investigaciones. Las revistas especializadas son pocas, la mayor parte de reciente

creación y con una valoración desigual.

Iniciativas think-tank.

El cambio en la proyección internacional de España iniciado en los años ochenta

pasados ha venido acompañado por la aparición de varias instituciones de pensamiento

y reflexión en torno al ámbito internacional y Mediterráneo en particular. Con las

recopilaciones realizadas por Echeverría y Martín y Gillespie, relacionamos los centros

e instituciones de pensamiento e investigación españoles en asuntos internacionales más

importantes y su dedicación al Mediterráneo.

Uno de los centros más antiguos es el Institut Europeu de la Mediterrània

(IEMED), una refundación de anteriores institutos con diversos nombres (Institut Catalá



27

d’Estudis Mediterranis, Institut Catalá d’Estudis i Cooperació de la Mediterrània),

reconvertido en un consorcio dirigido por la Generalitat de Cataluña, el Ministerio de

Asuntos Exteriores y de Cooperación y el Ayuntamiento de Barcelona. Entre las

publicaciones del IEMED destacan la revista Tribuna Mediterrània y, desde 2004, el

Anuario del Mediterráneo, conjuntamente con la Fundación CIDOB. El IEMED ha

producido en el quinquenio 2003-2008 308 artículos y análisis relativos al

Mediterráneo, de los que únicamente cinco guardan relación directa con la seguridad,

sea en términos estratégicos, referidos a la defensa, a los aspectos militares, a las

políticas mediterráneas, etc. Y sólo tres llevan firma española. El resto de análisis y

artículos están estrechamente ligados a crisis, inestabilidad, etc. pero no al objeto de

estudio de esta investigación. En 2003 y 2005, 140 artículos dedicados a la situación en

el Mediterráneo publicados, alguno referido a temas como Irak, Israel, la situación

palestina, alguna referencia al terrorismo del 11-M, pero ninguno a la seguridad en los

términos de esta investigación. En 2006, hubo 3 artículos específicos de seguridad, uno

sobre defensa europea, otro sobre seguridad humana y otro sobre las relaciones entre

islamismo y terrorismo internacional, dos de ellos firmados por autores españoles. De

los 53 análisis de 2007, dos trataban sobre la seguridad mediterránea específicamente,

uno de ellos de autoría española, aunque se publicaron otros tres que guardaban relación

con la guerra de Líbano y el Medio Oriente. Tampoco en 2008 hallamos una

publicación de seguridad pura entre los 54 revisados, aunque tres de ellos hablaban

sobre los conflictos armados, ninguno inspirado por especialistas españoles.

Otro de los precursores es el Centre de Informació i Documentació

Internacionals de Barcelona (CIDOB), creado en 1973 y transformado en 1979 en

Fundació CIDOB, que ha sido impulsora de los estudios sobre el Mundo Árabe

Contemporáneo en Cataluña inicialmente y en España y Europa posteriormente. Desde

los años noventa cuenta con una línea de investigación sobre el Mediterráneo, relanzada

tras la Conferencia de Barcelona de 1995. Destaca la publicación de su Revista CIDOB

d’Afers Internacionals, desde 1982, del Anuario Internacional CIDOB, desde 1989, o de

la Enciclopedia del Mediterráneo.



28

El Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE), desde

1988, institución privada sin ánimo de lucro, se dedica a la investigación y debate sobre

la política exterior española y las relaciones internacionales, poniendo énfasis en los

estudios de opinión pública acerca de la realidad nacional e internacional.

La Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación Internacional

(UNISCI) surgió en 1989 desde el Departamento de Estudios Internacionales de la

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

Bajo la dirección del primer catedrático español de Seguridad, Antonio Marquina, ha

convocado ya varias ediciones del Diploma en Seguridad y Cooperación en el

Mediterráneo y destaca por la introducción en nuestro país de las simulaciones en el

estudio de las cuestiones de paz, seguridad y defensa en la región.

El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, de la UNED, se creó en

1997, por iniciativa del Ministerio de Defensa, para impulsar los estudios de seguridad y

defensa, prácticamente confinados en los centros de enseñanza militar. Imparte un

master, Paz, Seguridad y Defensa, en el que el Mediterráneo tiene una presencia

destacable.

La Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE)

surge en 1999 y organiza su actividad investigadora en torno a cuatro líneas de trabajo,

una de las cuales, “Democratización”, incluye estudios sobre la reforma política árabe.

El Centro de Estudios y de Análisis de Seguridad (CEAS) de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada viene desarrollando

actividad frecuente desde 2000, y ha impulsado y reunido un conjunto de especialistas,

seminarios, docencia, publicaciones y recursos importante. Entre estos últimos, uno

está dedicado a la Seguridad en el Mediterráneo, que, junto a los documentos y papers,

incorpora bases de datos documentales relativas a documentos oficiales de la

Asociación Euromediterránea, un boletín electrónico (MED Forum), informes del

Grupo especial del Mediterráneo de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, sobre el

Boletín electrónico (MED Forum), documentos relativos al Diálogo Mediterráneo de la



29

OTAN, una biblioteca virtual de Euromesco, los textos del Proceso de Barcelona, y

otros, como los relativos a la seguridad y control de armamentos en Oriente Medio.

El Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales se constituyó a finales de

2001 e inició su actividad en febrero de 2002, resultado del proyecto impulsado por el

gobierno de José María Aznar. Su capacidad de producción es limitada, al contar con un

sólo investigador para el área del Área de Mediterráneo y Mundo Árabe, que no existía

hasta octubre de 2003 y al no tener colaboradores estables. En 2004, creó un Grupo de

Análisis y Seguimiento del Magreb, al que se adscribieron un reducido número de

especialistas, además de algún diplomático y empresario.

En la Universidad Autónoma de Madrid se ha creado el Taller de Estudios

Mediterráneos (TEIM) y el Centro Internacional Carlos V. El primero, vinculado al

Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Facultad de Filología, dirigido por

Bernabé López, viene publicando esporádicamente atlas sobre la inmigración marroquí

en España; el segundo se vincula al Departamento de Análisis Económico, Teoría

Económica e Historia Económica, dirigido por Alejandro Lorca y centrado en la

investigación económica del Mediterráneo.



30

II. EL MEDITERRÁNEO: CONSIDERACIONES GENERALES DE UN

ESPACIO DE SEGURIDAD CAMBIANTE.

No puede hablarse de la Historia Mediterránea como se habla de la Historia de

Europa o de cualquier Estado e incluso religión. Aunque existe mucha información, está

insuficientemente conectada y estructurada para explicar y comprender su complejidad.

Es una asignatura pendiente (Muñoz y Pérez, 2003). Eso no significa que no existan

visiones e interpretaciones del Mediterráneo, propuestas de definición y de

reconstrucción unitarias, disgregadoras, antagónicas, etc. La diversidad de

comprensiones e interpretaciones confieren al Mediterráneo una visión conflictiva,

unitaria y fragmentaria.

Muñoz y Pérez (2003) reivindican una visión del Mediterráneo que es a la vez

una interpretación intercultural y simbiótica desde la paz, un proceso vivencial y un

camino para satisfacer las expectativas de los actores sociales involucrados. Pero no lo

hacen como una invención o una creación ex – novo, puesto que diversas realidades

humanas han estado interrelacionadas en el marco geográfico, histórico y cultural que es

el MED. En su opinión, la primera tarea de investigación sobre el Mediterráneo es

estudiar y describir los lazos y coordenadas de esa historia compartida, de la

cooperación pasada y presente.

A ese intento y desde las teorías de la investigación para la paz, acuden estos

autores, proponiendo algunos rasgos compartidos que configuran una historia pacífica

del Mediterráneo. Entre esos caracteres comunes, destacan los siete siguientes: el

establecimiento de ciudades-guarnición vinculadas a la expansión del Islam (siguiendo

anteriores experiencias históricas mediterráneas); la unificación derivada de la

expansión islámica, cultural más que política (transmisora del pensamiento y la ciencia

greco-romana y contribuyente de la configuración del saber científico europeo); la

actividad comercial (garante y benefactora de relaciones pacíficas y cooperativas entre

culturas y religiones); las peregrinaciones armadas (donde convergen beneficios

políticos y mercantiles con los propios del control de rutas comerciales); la irrupción de

los turcos y el imperio otomano (injustamente tratado por la historiografía occidental y



31

presentado como enemigo de la cristiandad); la frecuencia de respeto por las tradiciones

y costumbres de las zonas conquistadas y, por último, la tolerancia y aceptación de las

minorías religiosas.

Se cae en un reduccionismo simplista al hablar de un Mediterráneo de dos

orillas, la del norte y la del sur. En realidad, hay que hablar de seis sub-regiones, o si se

quiere, de las seis orillas (Balta, 2005). La región Noreste o Mediterráneo balcánico (de

gran diversidad lingüística, cultural y religiosa); la región Noroccidental y del arco

latino, más homogénea y desarrollada; la del Este euroasiática (no árabe, musulmán,

con las minorías kurda, griega, judía y con Turquía y Armenia); la del Este asiática (de

predominio árabe y musulmán, que concentra Siria, Líbano, Jordania y los territorios

palestinos); la región del Sureste, que concentra el 25 % de la población árabe, donde se

ubica Egipto y que es el eje político; y, la sexta región, la del Suroeste, el Magreb, que

agrupa los Estados de Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia (Balta, 2005).

Incluso dentro de una misma corriente, suelen encontrarse diversas

acepciones y diferencias sobre el mismo aspecto, como es la consideración del

Mediterráneo desde su complejidad, el elemento más característico que señalan todos

los estudios e investigaciones. Cámara y Herrera (Martínez y Muñoz, 2007) hablan del

paradigma de la complejidad mediterránea. El primero la refleja en la existencia de tres

grandes religiones; cinco civilizaciones (occidental, hebrea, eslava, turca y árabe);

muchas naciones nuevas postcoloniales; conflictos intensos y variados (palestino-israelí,

Sáhara, Líbano, embargo a Libia, ex-Yugoslavia, Grecia, Turquía); y dos cuencas, la

Occidental y la Oriental, subdivididas en mares territoriales (Cámara, en Martínez y

Muñoz, 2007). El segundo, hablando de seis orillas (balcánica, latina, turca, egipcia,

magrebí y desde Siria y Jordania hasta la palestina) y de cinco ejes geopolíticos

(balcánico, turco, egipcio, magrebí y latino-europeo).

Si geográficamente es un reduccionismo hablar de seis orillas,

institucionalmente también lo es hablar de regímenes democráticos y regímenes

autoritarios, corruptos o no democráticos. La realidad es mucho más compleja y, para

entender la singularidad de la seguridad mediterránea, interesa tener una visión del



32

mosaico institucional mediterráneo lo más amplia posible (Balta 2005). En cuanto al

tipo de poder vigente, pueden agruparse los Estados según el esquema que propone

Balta (2005): un grupo de cinco repúblicas, a saber, Chipre, Francia, Grecia, Malta,

Italia y Portugal más una monarquía constitucional, España, caracterizadas por el

multipartidismo, la alternancia política y la existencia de contrapoderes civiles y

sociales. Un segundo grupo formado por Marruecos y Jordania, dos monarquías árabes,

constitucionales, absolutas, basadas en la legitimidad histórica y religiosa, con el

compromiso adquirido de abrir procesos de democratización, de reducción de las

desigualdades y de la corrupción. Un tercer grupo de Estados estarían en tránsito desde

un sistema autoritario de partido único al pluralismo político, Turquía, Egipto, Argelia y

Túnez. Siria y Libia son regímenes muy distintos, que lideran un socialismo sui generis,

un control estricto de los medios de comunicación y de la educación. Finalmente, se

puede hablar de casos particulares, como Líbano, la Autoridad Nacional Palestina, la ex

–Yugoslavia o Albania.

En el Mediterráneo, las experiencias pacíficas han sido dominantes en la

historia, entendiendo por tales las relativas a los intercambios, la diplomacia, la

cooperación, solidaridad, etc. Pero, veremos en la investigación, cómo dichas

experiencias se han silenciado o han pasado por los “márgenes de la historia oficial”.

Por el contrario, la conflictividad hay que interpretarla como un enriquecimiento de

respuestas y de creaciones, si bien, necesitada de una “habilidad” para reconocer y

regular esa riqueza cultural y antropológica mediterránea. En todo caso, hay que

destacar que aunque las primeras, las experiencias pacíficas, han prevalecido sobre las

conflictivas, ha sido dominante la historia de la guerra, donde la ignorancia de la paz ha

justificado y favorecido el uso indiscriminado de la violencia (Cano y Muñoz, 1997).

Ha sido vista, esta historia, como parte de la historia de los estados y centros de poder

que han concentrado los recursos y dominado con su propaganda a individuos, grupos y

otros estados, generando siempre desigualdades. Aunque los Ejércitos y poderes han

sido, y son, actores de primer orden, no puede concluirse que sean los únicos ni los

principales.



33

Es desde esta formulación desde donde se establece la necesidad de hablar de

una Historia de la paz mediterránea, que forma parte de las estructuras silenciadas por

los acontecimientos coyunturales y espectaculares. El Mediterráneo puede y debe ser

explicado a partir de las vías pacíficas de regulación de los conflictos en circunstancias

relevantes (Cano y Muñoz, 1997).

En el espacio geo-global que estudiamos, el Mediterráneo, la incomunicación

que se instala a partir del siglo XVI aumentó geométricamente la incomprensión entre

las orillas: la orilla norte pasó a representar lo diáfano, nítido, coherente y la sur lo

enigmático, ininteligible, hermético, velado. Más tarde, en la época del colonialismo

europeo y del imperialismo, se produjeron unos efectos perjudiciales que hoy son la

primera razón para entender muchos conflictos bélicos y la brecha cultural, política y

económica existentes en el Mediterráneo (Cano y Muñoz, 1997), explicados

actualmente en términos de conflicto Norte/Sur.

En este sentido, observaremos cómo varios autores, enmarcados en las visiones

de la seguridad desde la teoría de la investigación para la paz, consideran imprescindible

recoger las aportaciones de cada una de las culturas de la historia mediterránea para

alcanzar un Mediterráneo pacífico, en el intento de hacer emerger un sustrato común de

alto valor para la seguridad en la región.

En el Mediterráneo se produce una triple paradoja: la remisión a un espacio

determinado geográfico que en la antigüedad designaba una realidad histórico-

geográfica, mientras que el Mediterráneo contemporáneo designa un modo de vida y

una estética, un área de cooperación y se camina hacia una comunidad de intereses más

o menos compartidos (Martínez y Muñoz, 2007). Como prolongación de esa paradoja,

la violencia y la paz han sido factores fundamentales en la construcción social en la

historia del Mediterráneo. La paz se ha convertido en una práctica, en una ideología y

en una teoría pública y política con capacidad para abordar los desafíos de las

sociedades mediterráneas. Por último, se produce un dualismo mediterráneo, ya que

conviven la democracia, el desarrollo, la interculturalidad, el diálogo, la cooperación y



34

el multilateralismo con la falta de participación, la pobreza, la marginación, el

unilateralismo y las guerras (Martínez y Muñoz, 2007).

El Mediterráneo contemporáneo es un espacio de conflictos abundantes

heredados de una conflictividad anterior (Muñoz y Pérez, 2003), a la que se superponen

nuevos intereses y redes de mundialización y globalización. Es un espacio que refleja

las fracturas entre Norte y Sur y entre Europa y el Magreb y el Mashreq, sin que todo

pueda reducirse a esta problemática, pese a los problemas de seguridad existentes, fruto

de la fuerte militarización de este espacio (en parte herencia de la Guerra Fría), del

enfrentamiento palestino-israelí, la guerra en la ex-Yugoslavia, la crisis argelina y las

guerras del Golfo e Irak. Este reduccionismo deriva en obviar la cordialidad y

cooperación e incide en las fronteras culturales, las fracturas socioeconómicas, los

enclaves geoestratégicos y la visión militarista de los conflictos.

El Mediterráneo no escapa a las consecuencias de la globalización: la extensión

de redes de relaciones diversas; la intensificación de interconexiones y velocidad de los

flujos (que modifican el territorio, presionan sobre los mecanismos de gobierno y

debilitan la importancia del espacio sobre el que se asienta). Todo esto, incluida la

seguridad, guarda relación con la construcción de las identidades nacionales, base

primaria de organización y autoridad política. La globalización implica también

estratificación, asimetría, jerarquía, desestructuración y reestructuración de las

relaciones de poder. Las elites metropolitanas europeas tienen un mayor y más cerrado

control sobre las redes globales, en detrimento de otros actores secundarios, con menos

capacidad de acceso a estos espacios de decisión. Los Estados mediterráneos pueden

verse despojados de algunos de sus atributos tradicionales (regulación del mercado,

educación, sanidad, medioambiente), al margen de los procesos de modernización o

democratización.

En tiempos pasados, sobre el Mediterráneo actuaron varias dinámicas que

sostenían y alimentaban permanentemente los conflictos y que han ido diluyéndose con

las transformaciones sociales y políticas, pero sin desaparecer y todavía activas, como

son la gran frontera religiosa y el ciclo de colonización europea (Iranzo, 207). Pero



35

junto a estas dinamizadoras del conflicto ha habido otras promotoras del entendimiento,

como el parentesco cultural o conjunto de valores compartidos. Por eso es importante

mantener una política global en materia de aproximación al Mediterráneo en general y

al Magreb en particular, que no sea presa de los avatares histórico-políticos (Iranzo

destaca los vaivenes del pasado español en la zona, generados por “la llamada ‘política

de equilibrios’, que en el pasado llevó a España a algunos vaivenes”, ante la que

entiende que “el mantenimiento coherente de una política global, basada en el desarrollo

simultáneo de las potencialidades de la relación de España con cada uno y con el

conjunto, es la mejor vía para asegurar la estabilidad de la relación hispano-magrebí”.)

En tiempos actuales, sobre el Mediterráneo siguen actuando las dinámicas de

antaño, pero desdibujadas y con menos fuerza en términos relativos, ya que en el ámbito

de la seguridad, ni España mira al Magreb con desconfianza ni los Estados del Magreb

se sienten amenazados por España o Europa, pese a las reacciones coyunturales a

determinadas acciones o maniobras políticas o militares. La percepción de que somos

amenazas recíprocas se ha ido conteniendo y se está en el intento de sustituir por

oportunidades recíprocas.

Las definiciones del Mediterráneo, desde los puntos de vista de la política de

seguridad y de la geografía, no siempre son coherentes. Es lo que opina Domingo del

Pino (1996) al referirse a un Mediterráneo geográfico y a un Mediterráneo de los

conflictos o de la seguridad, aunque ambos compartan un ámbito de historia,

civilización, cultura y comercio enraizados en “problemas probablemente insolubles,

pero susceptibles de acomodos y compromisos temporales”. Comparten también el ser

una región sobre la cual gravitan no sólo un cierto número de intereses estatales, sino

fuertes contradicciones y divisiones políticas, ideológicas, de seguridad, económicas,

culturales, lingüísticas y religiosas, que la hacen muy vulnerable y explosiva en

términos sociales, políticos y militares. Ese conjunto de amenazas y de conflictos

relacionados es lo que hace del Mediterráneo una región susceptible de ser vista como

una entidad de análisis y de propuestas de paz.



36

El listado de conflictos actuales y persistentes no puede ser mayor: el conflicto

del Sáhara occidental; el caso de Libia, el conflicto árabe israelí; la tensión militar entre

Líbano y Siria, el embargo del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Irak desde la

llamada guerra del Golfo; el desmembramiento de Irak en zonas de exclusión dictadas

por la coalición de potencias ganadora de la I Guerra del Golfo; el conflicto del pueblo

kurdo; los conflictos en la ex-Yugoslavia y su descomposición o las interminables y

agotadoras polémicas entre turcos y griegos en el Mar Egeo, en la Isla de Chipre (del

Pino, 1996).

Vemos como ya, en 1996, sobre el escenario de seguridad mediterránea

gravitaban fuertemente “los riesgos graves de carácter global que conlleva el auge de

los radicalismos e integrismos en la región que comprometen la estabilidad de varios

países” (del Pino, 1996), además de las amenazas para la paz futura que implica la

escasez de agua o el acceso a las fuentes de energía.

Pero la lista no acaba ahí, desde la perspectiva del Mediterráneo de los

conflictos, puesto que, arguye Del Pino (1996), se dan otros que tienen carácter

determinante y contaminante sobre los anteriores, como las crisis del Golfo, la

pretensión hegemónica de Irán o Arabia Saudita, los conflictos territoriales entre

algunos países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo y entre miembros de

éste con Irán por varias islas del Mar Rojo.

Cuando del Pino expone sus ideas, estaba iniciándose el Proceso de Barcelona y,

parcialmente en línea con el mismo, señalaba los problemas de desarrollo como los

elementos diferenciadores futuros en el Mediterráneo, más que los de civilización o

cultura o incluso los religiosos (marginando la tesis del choque de civilizaciones de

Huntington).

Como resumen de su planteamiento, valgan las líneas de su conferencia de 1996:

No se puede hablar, según creo, de estabilidad y seguridad en el

Mediterráneo si no se encuentra una solución global a sus conflictos más



37

importantes y a los de su entorno, y en el centro de todos estos conflictos

está el problema de la riqueza y la pobreza.

Definición del Mediterráneo desde la perspectiva política y de seguridad.

El Mediterráneo es la mayor frontera económica del mundo, en el que el 90 %

de riqueza está acumulada en la orilla norte, por lo que la región continúa siendo una

frontera vulnerable, un espacio permanente de conflictos, en el que el terrorismo se

coloca como la principal amenaza para la estabilidad y la seguridad en su búsqueda de

sustituir gobiernos por otros afines ideológica y religiosamente hasta crear un califato

(salafismo). El terrorismo se mezcla con un conjunto de amenazas, como el extremismo

religioso fundamentalista, la delincuencia organizada, la proliferación de armas de

destrucción masiva (ADM) o la inmigración ilegal. Se produce un perverso círculo de

realimentación entre amenazas económicas, de seguridad y demográficas, ante las que

ya no sirve la respuesta única ni exclusivamente militar, sino una de tipo abierta,

compleja y multinacional, como el mismo espacio mediterráneo.

El problema de la seguridad va mucho más allá del ámbito de la defensa

(Álvarez del Manzano, Fundación Seminario de Investigación para la Paz, 2007). En

este contexto, Álvarez del Manzano señala algunas dificultades del proceso de

seguridad en el Mediterráneo que complican su definición como espacio de paz y

prosperidad, como son la falta de organizaciones regionales en la orilla sur para hablar

con una sola voz, el bloqueo del diálogo político por la negativa árabe a colaborar con

Israel, miembro del Diálogo Mediterráneo y el hecho de que éste diálogo tenga un

efecto integrador menor que el de la Unión Europea o la OTAN con países del este

europeo.

Desde tesis próximas a la investigación para la paz, el Mediterráneo se considera

como un espacio de paz en red: la trama. Muñoz y Pérez (2003) consideran que la

interdependencia en el Mediterráneo es uno de sus rasgos definitorios, aunque

encuentran difícil identificar una historia unitaria, en la que estados, actores, culturas

y/o religiones aparezcan de alguna forma cohesionados, hilados y relacionados,



38

independientemente del poder político coyuntural, de la supremacía económica o del

poder hegemónico. Por eso, sostienen que la estructura que mejor define al

Mediterráneo es la trama mediterránea, donde se da una multiplicidad de relaciones

interdependientes, en la que cada cultura aporta sus experiencias y modelos, de forma

que la pertenencia a ese “malla” común hace que se transmitan, potencien, discriminen

o condensen dichas experiencias y valores. Una trama en la que existen niveles o

microtramas mediterráneas, que van desde la más básica, el conocimiento (donde

concurren la información, los contactos esporádicos, las relaciones de vecindad o

diplomáticas), pasando por una intermedia, el intercambio (comercial, económico e

incluso interestatal) hasta la más compleja, la integración en el mismo sistema político

de diversas sociedades, culturas o creencias (Muñoz y Pérez, 2003).

Estos autores consideran, asimismo, que el espacio mediterráneo se ha ido

configurando hasta nuestros días como un encuentro o convergencia de pueblos sin

historia o actores ignorados, una especie de Mediterráneo silencioso en el que se ha

producido (sin que la historiografía haya sido justa con tales valores) una interacción y

simbiosis de los mismos que han ido conformando la entidad e identidad mediterránea,

en las que han participado judíos, tribus eslavas, armenios o la población beréber. Para

Muñoz y Pérez, en su esfuerzo por hacer emerger otros elementos constitutivos del

Mediterráneo que han sido ignorados o desechados por la investigación académica, la

paz es uno de esos elementos constitutivos de las sociedades mediterráneas. Según

ellos, las diversas entidades humanas mediterráneas son copartícipes de las necesidades,

desigualdades y conflictos de los demás, participan de una historia común construida

mediante la diplomacia, intercambios culturales, comerciales, técnicos y materiales y,

en menor medida, bélicos. Una base común que hacen del Mediterráneo un espacio

intercultural y mediador. Aun con circunstancias cambiantes, existe un substrato

cultural compartido. Concluyen que la conceptualización e institucionalización de la paz

es una manifestación más de esa fenomenología relacional (pactos, tratados, alianzas,

armisticios, etc.) y un elemento constitutivo como el estado, la ciudad, religión o el

intercambio.



39

La Conferencia Euromediterránea de Barcelona 1995 y la Unión para el

Mediterráneo que pretende profundizar el Proceso de Barcelona suponen la aceptación

pública y política de una convergencia de intereses entre dos bloques de los actores

mediterráneos, europeos y del Mundo Árabe.

Otro ámbito de aproximación al espacio Mediterráneo es su consideración como

un espacio de antagonismos, donde se puede ubicar un hipotético escenario de una

tercera guerra mundial o un Mediterráneo libre de armas. Según Roberto Mesa (1994),

el Mediterráneo no es sólo un lugar de encuentro, “es también un hipotético escenario

de una tercera guerra mundial”. Según él, es un “lago donde imperan la piratería y el

terrorismo estatal de Israel y Estados Unidos”, por lo que insiste en la necesidad de

acuerdos de desnuclearización y neutralización, como lo hizo antes Fisas. Pero este

autor va más allá y defiende un Mediterráneo libre de bases militares extrañas y,

además, reivindica para el Estrecho de Gibraltar su consideración de “llave de paz” y no

de plataforma de guerra.

El concepto de “Mediterráneo ampliado” es otra acepción para definir el espacio

geopolítico que conforma el Mediterráneo. Para Estados Unidos, el Mediterráneo es un

concepto esencialmente geoestratégico. Su proyecto de “Mediterráneo ampliado”, la

Broader Middle East Initiative, engloba un espacio muy amplio, desde Marruecos hasta

Afganistán, y define el Mediterráneo por su carácter musulmán. Se trata de una doctrina

conservadora en cuanto a la seguridad y de naturaleza unilateral, quirúrgica y militar,

que no presenta correspondencia con las políticas de cooperación y diálogo que está

impulsando la Unión Europea (Claret, Fundación Seminario de Investigación para la

Paz, 2007). Las acciones políticas y militares estadounidenses de los últimos años se

inscriben en esta lógica geoestratégica.

Este Mediterráneo ampliado que defiende Estados Unidos, como un espacio

global aglutinador de las amenazas más serias a la seguridad actual mundial (terrorismo,

migraciones, proliferación nuclear, estados fallidos, etc.) es un obstáculo para establecer

un diálogo sobre la seguridad mediterránea. Esto unido a otras realidades, como la

tendencia de la Alianza Atlántica de actuar fuera de su área digamos natural, el



40

tratamiento amenazador de Estados Unidos de algunas crisis y el apoyo de la Unión

Europea al intervencionismo estadounidense, reducen el margen de maniobra para

negociar un marco de seguridad compartida (Fisas, 1993).

Una aportación interesante para la construcción del pensamiento estratégico

español de seguridad y cooperación en el Mediterráneo es el trabajo que vienen

realizando varios investigadores vinculados al Instituto de Paz y Conflictos de la

Universidad de Granada. Entre otros, Alganza, Cano, Fernández, Molina y Muñoz,

mediante una inmersión en las cosmovisiones de paz en el Mediterráneo, elaboran la

hipótesis del Mediterráneo como espacio interrelacionado, unitario y pacífico. Su

elaboración se inicia con la introducción de un conjunto de elementos que, a modo de

factores explicativos, justificarían el dinamismo mediterráneo, cuyo resultado final es la

creación de un substrato cultural común para todos los pueblos de la cuenca

mediterránea (Alganza y otros, en Cano y Muñoz, 1997).

Estos investigadores argumentan que no se trata de escribir otra historia, sino de

considerar la existencia de un número de elementos que han sido ignorados en la

interpretación del Mediterráneo como espacio dinámico de paz y de diálogo. Por su

importancia, destacaremos doce de los factores que nos dan una idea de la importancia

que tiene realizar interpretaciones no restrictivas de las circunstancias de la historia

mediterránea. Estos factores son relevantes para entender el concepto de seguridad en la

región, tanto pasada como actual, que se viene elaborando desde diversos ámbitos

españoles de investigación y académicos:

- La interdependencia y mutuo aprendizaje entre comunidades mediterráneas.

- El soporte físico de las relaciones, concretado en las comunicaciones (es decir,

las vías terrestres, marítimas, etc.).

- Las negociaciones y la diplomacia, los mecanismos más eficaces del

intercambio.

- El dominio del modelo urbano, una organización social jerarquizada y la

aparición de grupos diferenciados en función del control y disfrute de la

riqueza.



41

- El nacimiento de las primeras sociedades estatales, cuyo rasgo distintivo

estaría en el uso de la fuerza estabilizadora del resto de condiciones.

- Las acciones exteriores, manifestaciones de las desigualdades y desequilibrios

entre los actores (las colonizaciones, los ejércitos).

- La unión, voluntaria o forzada, de las “polis” y los pueblos.

- El mar como elemento físico y simbólico.

- La ciudad, el estado, la escritura, etc. como modelo por antonomasia de la

cultura mediterránea.

- La existencia de culturas “no dominantes”, silenciosas, con niveles de vida

satisfactorios.

- Las diferentes formas familiares al servicio de su propia estructura social y

política.

- Las relaciones de género articuladas bajo el dominio de un modelo patriarcal

que deja las funciones públicas en manos de hombres.

En la base de esta concepción del Mediterráneo está la necesidad de superar la

excesiva dimensión otorgada a los hechos bélicos (por encima de las alternativas

pacíficas) y el aislamiento de los acontecimientos y las causas que los provocan, puesto

que así se da carta de naturaleza a una realidad falsamente fragmentada, a la que

contribuye el aislamiento y atomización de los investigadores del Mediterráneo,

restando la riqueza que proporciona la realidad. Esa realidad remite al concepto de lo

que Alganza y otros denominan paz imperfecta, la que “da cuenta de las interrelaciones

causales de todas las experiencias históricas de regulación pacífica de conflictos, así

como de las realidades, intereses, actitudes, grupos, etc. que las favorecen u

obstaculizan” (Alganza y otros, en Cano y Muñoz, 1997). Según estos autores, este

contexto es relevante para la construcción de la seguridad mediterránea, ya que sitúa la

paz como un estadio en el que prevalece el reconocimiento del “otro”. Por ello, para

avanzar hacia un espacio de paz y seguridad, para Alganza y otros interesa conocer los

términos de los acuerdos y los pactos habidos en las sociedades mediterráneas. La

relación de igualdad o desigualdad entre las partes está en función de cómo se alcanzaba

la paz: por ejemplo, una paz confirmada o reafirmada sin previa guerra comportaba un

reconocimiento mutuo (plena igualdad); una paz que fuera el resultado de una guerra



42

llevaría a la desigualdad, donde el vencedor imponía las condiciones de la situación

pacífica. Los doce elementos básicos y la paz imperfecta son aportaciones importantes

de la construcción de una teoría del Mediterráneo pacífico, unitario e interrelacionado

que se proponen estos investigadores.

Como se ha dicho, el Mediterráneo ha sido identificado también como un

espacio de ruptura, como una de las fronteras socioeconómicas más acusadas del

planeta, en el que prevalece la polarización económica. En las últimas cuatro décadas,

por ejemplo, los ingresos han dejado de tener una distribución relativamente gradual

para polarizarse. En el Mediterráneo predomina la ruptura sobre el entendimiento

(Claret, Fundación Seminario de Investigación para la Paz, 2007): sobresalen la

dualidad económica, la falta de inversiones extranjeras, los conflictos subregionales, la

presión demográfica (faltan 25 millones de empleos), el rechazo a la inmigración en la

Unión Europea, la tentación populista, el reclutamiento terrorista o las percepciones

negativas en sociedades árabes y europeas. En una encuesta realizada por el IEMED

entre 500 expertos en relaciones euromediterráneas se revelan las consecuencias

negativas de la globalización, un repliegue identitario y un cierto pesimismo a corto

plazo.

Para Claret, el reto de la Alianza de Civilizaciones que España ha impulsado está

en el Mediterráneo, no en América Latina ni en Asia, puesto que es donde se juega gran

parte de la política exterior española y europea, que presenta un gran hándicap ante la

ausencia de una política común exterior y de seguridad europea clara.

En España coexisten las tradiciones latinoamericanista y atlantista de la política

exterior. Aunque el Mediterráneo es para España un Área de Estabilidad de Capital

Interés (ARECI, en términos de clasificación de los espacios geopolíticos) que requiere

una atención prioritaria por tener un impacto y afección directos sobre España, no puede

hablarse de un “mediterraneísmo” como se hace de atlantismo, debido a su excesiva

complejidad. Puede hablarse de un Mediterráneo Occidental, de su occidente, el

Magreb, y de un Mediterráneo Oriental y de su oriente, el Mashreq. En la concepción

geoestratégica actual se está imponiendo la idea estadounidense de Mediterráneo



43

extendido, hasta el Caspio y el Arábigo. Además, los problemas de África Occidental

afectan al Mediterráneo, como se ha visto (guerras, tráficos ilícitos, migraciones,

terrorismo, nuevas enfermedades, etc.).

III. LA CONFIGURACIÓN HISTÓRICO-POLÍTICA DE LAS

RELACIONES Y POLÍTICAS HISPANO-MEDITERRÁNEAS.



44

Es obligada una aproximación histórica a las relaciones hispano-norteafricanas y

a la política exterior de España hacia el norte de África, el Mediterráneo y, en concreto,

el Magreb, para disponer de los elementos histórico-políticos necesarios a la hora de

analizar la posición española en materia de seguridad hacia el Mediterráneo. Como se

verá, la mayoría de investigadores, al margen de su objeto de investigación y de su

especialidad o interés, reflejan una serie de tópicos y de aspectos comunes en referencia

a los intereses españoles en el Mediterráneo y a la acción desplegada por España en su

intento por controlar su espacio geopolítico más próximo hasta el final del siglo XX.

Ayudándonos de varios investigadores y autores, haremos una breve valoración de los

períodos comprendidos entre el segundo tercio del siglo XIX y la Transición

democrática, con una introducción breve sobre los estudios de las relaciones hispano-

magrebíes que nos ofrecen Vilar, Larramendi y Vilar, M.J.

En el estudio de las relaciones hispano-magrebíes, Vilar, Larramendi y Vilar,

M.J. distinguen cuatro etapas desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días. La

primera iría desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta el inicio de la colonización

francesa de Argelia en 1830 y estuvo dominada por el modelo de relaciones tipo ‘ancien

régime’, caracterizado por la búsqueda de la paz y el establecimiento de reglas de juego

en el ámbito militar y comercial, y en la firma de acuerdos para resolver contenciosos

pendientes.

La segunda etapa se extendería hasta 1860, durante la que se publicaron libros,

memorias y resultados de comisiones de investigación que prepararon el sustrato

ideológico de la intervención militar de 1859-1860, que inició la tercera etapa. La

llamada Guerra de África, o crisis hispano-marroquí de 1859-1860, inauguró el

“modelo colonial” de relaciones hasta la independencia de Marruecos. La política

oficial de “recogimiento” impulsada por Cánovas del Castillo, aislándose de los asuntos

europeos y replegada sobre sí misma, contrastaba con el impulso intervencionista de las

Sociedades Geográficas y de los sectores africanistas, con Joaquín Costa a la cabeza. En

este período se obtuvo el reconocimiento de los derechos sobre el Sáhara Occidental y

se estableció el Protectorado en la zona norte de Marruecos. Comenzó a desarrollarse

una ideología ultranacionalista nostálgica de un Imperio perdido que achacaba el



45

aislamiento español a la política de marginación impulsada por Francia y Gran Bretaña.

Es una visión antifrancesa de ideología territorialmente expansionista.

La última de las etapas es tan reciente que la sitúan en la adhesión de España a la

Comunidad Europea, en 1986. El retorno a Europa (valga la expresión) ha ido

acompañado de un relanzamiento de las relaciones con el Magreb en el marco de una

política llamada ahora mediterránea pero que tiene su centro de gravedad en el

Noroeste de África. La descolonización por etapas llevada a cabo por España introdujo

desde 1956 una conflictividad cíclica en las relaciones con la región, especialmente

visible en la cuestión del Sáhara Occidental (Vilar, Larramendi y Vilar, M.J., 2007).

Las relaciones entre España y el Mediterráneo: el peso de Marruecos.

Nos adentramos a continuación en una descripción de las circunstancias

histórico-políticas más sobresalientes que han ido forjando el pensamiento o acervo de

seguridad mediterránea desde la etapa isabelina, en el siglo XIX.

Una de las constantes que se repiten entre las investigaciones de la política

española hacia el Mediterráneo es, en el caso concreto del período isabelino y el

llamado Sexenio Revolucionario, la falta de directrices continuadas y coherentes,

aunque entonces subyacía una voluntad neutralista respecto a las grandes cuestiones,

compatible con las relaciones con Francia y Gran Bretaña que permitieran consolidar el

naciente régimen liberal español y mantener el statu quo en el Mediterráneo, incluida

una cierta preponderancia en Marruecos (Vilar, en Pereira, 2003). Este alineamiento

hispano-franco-británico consolidó la trayectoria de aproximación al Mediterráneo

islámico. Con la Unión Liberal en el poder (1858-1863), y en un contexto de superávit

presupuestario, estabilidad política y una mayor independencia diplomática sobre estas

dos potencias, España se reafirmó como potencia africana, con la guerra de Marruecos y

las expediciones a Guinea.

El contencioso hispano-marroquí de 1859-1860, conocido como Guerra de

África, fue el único que logró movilizar a la opinión pública española. La guerra



46

consistió sustancialmente en la “penosa marcha desde Ceuta a Tetuán de un ejército de

45.000 hombres, bajo el mando supremo de O’Donnell, a la sazón jefe del gobierno”

(Vilar, en Pereira, 2003), que tras varias batallas dio el control de Tetuán a España. Fue

esta “una guerra absurda”, paradójica, “mal programada, desprovista de objetivos,

tácticamente un fracaso, pero que la abnegación y sacrificio de todos haría coronar con

un sonoro triunfo sin consecuencias”, logrando reafirmar internacionalmente a España y

subordinando Marruecos a sus intereses. Sin embargo, el régimen revolucionario,

intenso y dramático sin precedentes, dilapidó rápidamente la referencia internacional de

España como potencia media europea, su proceso modernizador y su creciente presencia

mundial (Vilar, en Pereira, 2003).

Desde este período y hasta el inicio de la Primera Gran Guerra Mundial se

produjeron los hechos más relevantes que marcaron la posición española en el

Mediterráneo y cuyas consecuencias perduran hasta la actualidad (léase, la “derrota del

98”, el conflicto del Sáhara Occidental y las relaciones con Marruecos), circunstancias

que seguiremos con Rosario de la Torre (Pereira, 2003).

Durante el último tercio del siglo XIX, España era una pequeña potencia

periférica, inmersa en una inestabilidad política derivada de las agotadoras tensiones

internas, que entraba en el escenario imperial “con territorios ricos, dispersos, mal

comunicados y mal defendidos” (Rosario de la Torre, en Pereira, 2003). La renovación

de los Acuerdos Mediterráneos de 1887 permitió a España fortalecer sus lazos con la

Triple Alianza, pero sus apoyos diplomáticos eran frágiles. La crisis de Melilla de 1893

y la visita de la flota rusa a la base francesa de Toulon evidenció que las grandes

potencias no permitirían a España modificar el status de Marruecos.

Una de las consecuencias del desastre colonial de 1898 fue el “desplazamiento

de la acción exterior desde Ultramar a la región del Estrecho” (expresión de Jover

Zamora). Suponía un cambio de status y referente, una revisión radical de la política

tradicional exterior de “recogimiento”. La solución al error aislacionista fue buscar

aliados en Europa, sobre todo para hacer factible la extensión colonial en Marruecos,

que los “círculos africanistas” (un vago credo sobre el destino histórico español en el



47

norte de África) consideraban la última oportunidad de lograr una colonia de entidad y

restaurar el honor militar perdido en 1898 (Moradiellos, 2003).

La derrota del 98 evidenció internacionalmente que España no tenía capacidad

para defender, no ya sus colonias americanas, sino Baleares, Canarias o Ceuta. Además,

la proposición de alianza hispano-británica sólo obtuvo la oferta británica de un tratado

de garantía que otorgaba a España el papel de satélite. España quedaba, según de la

Torre (Pereira, 2003), después de la crisis de 1898, debilitada militarmente para

defender sus posiciones en el eje Baleares-Canarias.

Al inicio de siglo se produjo una serie de acuerdos entre España y otras

potencias europeas, pero en ningún caso supusieron el relanzamiento internacional de

España, sino la subordinación a la política europea de las grandes potencias. Así,

España, mediante el Convenio con Francia de 3 de octubre de 1904 (derivado del

acuerdo previo franco-británico de 8 de abril de 1904) aceptó participar en el reparto de

Marruecos y el reconocimiento de los derechos españoles sobre Ceuta y Melilla. La

“Entente Cordiale” franco-británica resolvió sus rivalidades coloniales en el norte de

África en abril de 1904. Ambas aceptaban las demandas españolas de mayor presencia

en el norte de Marruecos por encomendar a una tercera potencia menor y neutral el

control de la orilla africana del Estrecho (Moradiellos, 2003). Sin embargo, la protesta

alemana provocó la primera crisis marroquí (1905) y obligó a convocar la Conferencia

internacional sobre Marruecos, en Algeciras, en enero de 1906, que confirmó el nuevo

frente anglo-francés con apoyo español.

Los Acuerdos Mediterráneos de 16 de mayo de 1907 (Declaraciones de

Cartagena) comprometieron a los tres mismos Estados a mantener el statu quo territorial

de la región del Estrecho de Gibraltar, a no ceder a otro Estado ningún punto de los

territorios que poseían en la zona y a ponerse en contacto para estudiar medidas

comunes en caso de riesgos.

Los acuerdos franco-alemanes de 1909 reconocían derechos mutuos, políticos a

Francia y económicos a Alemania, ambos sobre Marruecos. El gobierno de Canalejas,



48

como muestra de total desacuerdo, ordenó la ocupación de Larache, Alcázar y Arcila,

buscando reequilibrar las fuerzas con Francia. Pero un nuevo acuerdo franco-alemán,

sin participación española, y la negociación de 1912 hispano-francesa establecieron un

protectorado español sobre un territorio notablemente reducido, haciendo de Francia un

adversario que mutilaba los intereses nacionales (Rosario de la Torre, 2003).

El protectorado reservaba a España 23.000 km2, una región montañosa, contigua

a las posesiones de Ceuta y Melilla, casi inexplorada, vulnerable estratégicamente y con

menos de un millón de habitantes, en su mayoría tribus independientes, incluso de la

autoridad del sultán. El protectorado excluyó el estratégico puerto de Tánger. El único

aliciente económico residía en la explotación de las minas de hierro del Rif. La parte del

león quedaba para Francia (350.000 km2 y una población de cinco millones de

habitantes). El “consuelo” lo resumió con enorme pragmatismo el miembro de la

oligarquía y futuro jefe de gobierno liberal Romanones: “Marruecos fue para España su

última oportunidad para preservar su posición en el concierto de Europa” (Moradiellos,

2003).

Esta política de acuerdos permitió a España mantener en el Mediterráneo una

política fundamentalmente defensiva y dependiente a cambio de conservar sus

posesiones en la región, subordinados a los intereses franco-británicos como principal

factor de estabilidad. En 1912 y 1913, el disenso por la política mediterránea se

extendió al disenso en política exterior: se levantaron voces discordantes que

recordaban la pérdida de Gibraltar, la rivalidad francesa en Marruecos o la

imposibilidad de aliarse con los rivales para defender la alianza con Alemania (Rosario

de la Torre, 2003).

El período siguiente que abordamos, la segunda y tercera década del siglo XX,

supuso el intento de la regeneración internacional de España, intento fallido. El

regeneracionismo no es una idea excepcional en la política exterior española, sino casi

recurrente que ha llegado incluso a la etapa democrática (léase el intento

regeneracionista expuesto por el Gobierno del Presidente Aznar en cuanto a su política

exterior).



49

Según Hipólito de la Torre (Pereira, 2003), entre la Primera Guerra Mundial y la

proclamación de la II República, se produce un cambio de estrategia. Frente a la

estrategia negociadora anterior, se abrió paso una nueva vía estratégica: convertir la

irremediable e impotente neutralidad en un instrumento de prestigio nacional, en una

línea de acción pacifista para alcanzar una posición (ansiada) de prestigio exterior.

Marruecos siguió dominando la política mediterránea y exterior de los años

veinte. Los compromisos e intereses internacionales de España consideraban

irrenunciable la presencia en el norte de África, pero hacerlo efectivo generaba un

desgaste financiero, militar y moral, que la sociedad veía frustrante y difícil de soportar

(Hipólito de la Torre, 2003). De acuerdo con este investigador, en este cambio

estratégico operaron varios factores. El más condicionante fue la escasez de recursos y

su mal aprovechamiento debido a las deficiencias técnicas de las Fuerzas Armadas.

Otros factores importantes fueron la debilidad política del Estado, la actitud insidiosa de

Francia y la rebeldía de las tribus rifeñas de Abd-el-Krim.

Después de una década de acciones militares discontinuas y poco provechosas,

la presencia efectiva se reducía a los núcleos occidental (la Yebala) y oriental (Melilla).

En 1921, la imprudente actitud del General Fernández Silvestre de avanzar desde

Melilla hasta Alhucemas terminó en el “Desastre de Annual”, poniendo en peligro la

seguridad de Melilla y la propia presencia en el Protectorado (Hipólito de la Torre,

2003). Esta resistencia de Abd-el-Krim supuso una odisea trágica para España, que se

tradujo en la muerte de 17.000 soldados, jefes y oficiales del Ejército (Moradiellos,

2003).

En opinión de Sueiro (Ayer, 2003), todos estos acuerdos y acontecimientos

dieron a España la sensación de ser percibida como una potencia regional indispensable

en el equilibrio del Mediterráneo, con posibilidad de integración en la política

internacional de alianzas y la superación del aislamiento diplomático. Pero no dejó de

tener la condición de actor pasivo y, sin pretenderlo, España se vio inmersa en una

dinámica colonizadora que resultó frustrante y gravosa: pasó de la “penetración pacífica



50

a la escalada militar”, en una desgastadora guerra hasta 1927, con desastres coloniales

como el Barranco del Lobo (1909) o el citado de Annual.

Con Primo de Rivera, se impuso el realismo, ya que era consciente de la

endémica crisis militar y política derivada de las insuperables dificultades en Marruecos

y motivó un repliegue militar sobre las áreas controladas, abandonando las pretensiones

de ocupación rifeña para acabar con la sangría de vidas y recursos. Se impuso una

combinación de aislamiento y presión sobre la zona con la negociación con el líder

nacionalista. En 1924, culminó con la retirada de las tropas españolas, dando alas y

agitando el nacionalismo rifeño. En 1925, la colaboración hispano-francesa termino con

el desembarco en la Bahía de Alhucemas, franqueando la derrota de la insurgencia

rifeña y ocupando definitivamente la zona española de Marruecos, hecho que supuso el

único triunfo diplomático y militar español (Moradiellos, 2003).

En este contexto, la estrategia de la dictadura se dirigió a incrementar el rango

internacional de España, utilizando la negociación de Tánger y la presencia en la

Sociedad de Naciones como moneda de cambio y presión. El órdago lanzado por

España ausentándose de la Sociedad de naciones en 1926, reclamando la inclusión de

Tánger en la zona española o la revisión de su estatuto para ser administrada por

España, implicaba una alternativa aliancista con la Italia fascista, por la sintonía

ideológica y la convergencia de intereses en el Mediterráneo. Gran Bretaña rechazó este

chantaje y España aceptó el control de la policía, un logro importante pero mínimo

según su pretensión (Hipólito de la Torre, 2003).

La política mediterránea de Primo de Rivera se caracterizó por “la falta de una

visión global, no sólo parcial y limitada a determinados ámbitos políticos y geográficos,

del papel de España en Europa y el Mediterráneo” (Palomares, en Calduch, 1994). Otro

rasgo fue el intento de mantener las buenas relaciones con Gran Bretaña, el árbitro del

Mediterráneo y jugar un renovado papel en la región. Pero, vemos, como al final se

actúa en la región con total falta de criterios, asumiendo un papel secundario, en función

de otro Estado. Por último, destaca el carácter personalista de la política mediterránea

de Primo de Rivera, que llevó a España a una posible nueva alianza autoritaria para el



51

Mediterráneo. Hay constancia de conversaciones reservadas de Alfonso XIII (1923) y

del Tratado de Amistad y Conciliación entre España e Italia (1926, primero de estas

características en el ámbito mediterráneo) sobre un compromiso con Tánger y una

estrecha colaboración militar entre ambos regímenes (Palomares, 1994).

Lo que debemos destacar con Palomares (1994) es que la política de este período

respecto al Norte de África y Tánger se desarrolló como “una política sin ideas claras,

vinculada al orgullo de los sectores militares y siempre supeditada a los movimientos de

la política francesa”. Se trató más bien de una política de búsqueda de nuevos

equilibrios en el Mediterráneo Occidental, pero “no existió por parte de la diplomacia

española una política mediterránea ni tan siquiera en el ámbito colonial”, (Palomares, en

Calduch, 1994).

La Constitución de la República (artículo 6), suponía la renuncia de España a la

guerra como instrumento de política nacional y la incorporación del Derecho

Internacional al positivo interno (artículo 7), aceptando el arbitraje y conciliación en los

conflictos internacionales (artículo 77). El período de la II República estuvo dominado

por el intento de instaurar una política internacional basada en la democracia, la paz y la

neutralidad, que también llegó al Mediterráneo. La participación en la Sociedad de

Naciones y la preocupación por mantener la posición española en el Mediterráneo

centraron la atención de la política exterior de la República. Fue el reconocimiento de la

vulnerabilidad e inferioridad militar ante las potencias europeas lo que llevó a la

República a asumir el sistema de seguridad colectiva como el más viable para garantizar

la paz internacional y la seguridad del país. En realidad, los cambios en los principios y

las formas no afectaron a los planteamientos de fondo de la política exterior. Se apostó

por una España implicada, renovando las directrices de política internacional,

dirigiéndolas a implicar a España en la construcción de la paz, en la reformulación de la

neutralidad, en la inserción en la Europa demócrata y liberal, en la ruptura del

aislamiento y también a apoyar un sistema de seguridad colectiva (Hipólito de la Torre,

2003).



52

A falta de una doctrina oficial de la neutralidad, España defendió su adhesión a

la Sociedad de Naciones para garantizar la seguridad, sin compromiso exterior alguno ni

obligación de montar una máquina militar o incremento sustancial de los recursos

destinados a la seguridad nacional.

En cuanto al Mediterráneo, la situación estratégica se mantuvo invariable. Esta

política quedaría vinculada a la europea, en el marco de la Sociedad de Naciones, en

una influencia mutua, asegurando el equilibrio de poder en el Mediterráneo Occidental

y la defensa de los objetivos coloniales. Existía consenso sobre la incidencia de la

región en la política española en la Sociedad de Naciones como área preferencial de la

acción exterior y zona vital para la defensa nacional. Como estrategia para asegurar el

equilibrio de poder en el Mediterráneo se planteó la posibilidad de alcanzar un Pacto

Mediterráneo o “Locarno Mediterráneo”, como fórmula regional al amparo de la

seguridad colectiva, aunque la capacidad efectiva diplomática española para promover

un acuerdo de esa envergadura estaba condicionado por el juego de fuerzas francesas,

británicas y alemanas (Hipólito de la Torre, 2003).

Como puede desprenderse de lo visto en la investigación, el Franquismo impulsó

una política exterior dominada por el aislamiento. Entre los cambios destacables está el

paso de la neutralidad defendida a la neutralidad vigilada, que implicó para España

adoptar la no beligerancia favorecedora del Eje. España, aunque marginal en el statu

quo internacional, desempeñaba un papel importante como potencia media regional en

el Mediterráneo, por su alto valor estratégico. El hundimiento de Francia en 1940 y

1941 frente a Alemania fue visto por Franco como una oportunidad para aumentar el

peso español en la región y convertirse en una potencia mediterránea, incluso como

primer paso hacia un imperio español mediterráneo (Sueiro, en Ayer, 2003). Pero Hitler

no accedió a las ambiciones franquistas, opuestas a Italia y posible causa de enemistad

con el colaboracionista francés Petain que no hubiera aceptado cuestionar la integridad

del Marruecos francés. Sin embargo, a finales de 1942, se produjo una especie de giro

en el Mediterráneo, debido al enfriamiento de relaciones con Italia y Alemania y al

hecho de que España ejerciera “como Estado tapón” entre el norte de África y los

Pirineos.



53

El apoyo al nacionalismo en el Marruecos francés en 1953 comportó el

reconocimiento del mundo árabe, pero realimentó la reacción ante la ocupación

española en el norte, y en abril de 1956, un mes después de Francia, España reconoció

la independencia de su zona. En noviembre de 1956 y febrero de 1958, una guerra se

saldó con la pérdida de Ifni y la cuestión de Marruecos se incorporó a la agenda de la

política exterior española. La mala gestión de los asuntos relativos a Marruecos hizo

que, después de que en 1968 se suprimieran el gobierno general de las plazas y el

Estado Mayor Ejército del norte de África, se firmara en 1969 la devolución del

territorio a Marruecos, esperando asegurar una adhesión futura, pero Marruecos optó

por jugar la baza francesa, por su industria, técnica y economía. España fue incapaz de

competir con Francia, empresarial, educativa ni laboralmente, de modo que la

independencia no aseguró a España las ventajas esperadas (Huguet, en Pereira, 2003).

Para Sergio Suárez (1997), no se ha prestado atención suficiente al significado

global o a las funciones económicas, militares, culturales o económicas que han

desempeñado los territorios españoles en África. Esta apreciación cobra mayor

relevancia teniendo en cuenta que durante casi un siglo han estado en el centro de la

política exterior española y han estado en el inicio de la Guerra Civil y en el desarrollo y

fin de la dictadura del General Franco.

Durante este tiempo, como lo han dicho tantos autores, Suárez repite la síntesis

de que España ha carecido de una política coherente y con unos objetivos claros, en

referencia al período africano. Su adhesión a esta tesis le lleva a sostener que la

presencia española en África puede caracterizarse como una política errática, falta de

continuidad y en exceso dependiente de la coyuntura tanto española como europea. El

motivo, defiende asimismo, al igual que se constata en otras partes de esta

investigación, reside en dependencia o vinculación de los asuntos exteriores a los

internos, a los cuales atribuye entidad o protagonismo sólo por su repercusión en la

opinión pública, máxima con motivo de las guerras en Marruecos en el primer cuarto

del siglo XX.



54

En esta debilidad de la política africanista han influido los siguientes aspectos: la

distinta relevancia de cada territorio, donde sobresale Marruecos, el tipo de

organización político-administrativa, el personalismo y el pensamiento africanista

franquista.

Hay que establecer una diferencia entre la relevancia que tuvo Marruecos y el

resto de los territorios africanos, sobre todo porque la presencia de un buen grupo de

militares, generales relevantes en el régimen dictatorial franquista, convirtieron al

Protectorado en un asunto de primer orden. No parece adecuado abordar las colonias

norteafricanas españolas como un bloque homogéneo, dadas sus características y

condiciones singulares. De Marruecos sobresalía su carácter militar e incluso emocional

para un buen grupo de militares. Ifni y Sáhara adquirieron más importancia estratégica y

pesquera, junto a su búsqueda de identidad.

Otro aspecto determinante en la mayor o menor relevancia dada por el

franquismo a los territorios africanos está relacionado con la organización político-

administrativa y de gestión de los mismos, que después de varias denominaciones y

ubicaciones, con rango de Dirección General, pasó desde 1942 a depender de la

Presidencia del Gobierno, de Carrero Blanco.

Este es otro factor al que hay que apuntar, el personalismo de dos militares, para

entender bien la política colonial franquista, el Almirante Carrero Blanco y el General

de Estado Mayor José María Díaz de Villegas y Bustamante.

Otro aspecto, fundamental, para analizar la perspectiva colonial de la década de

los cuarenta y cincuenta pasadas es el pensamiento africanista de esos años. La

coexistencia de un nuevo africanismo guineísta (Suárez, 1997:6) y del magrebí pronto

se impregnaron del discurso ideológico y propagandístico del régimen franquista.

Durante las primeras décadas franquistas, sobresalió el carácter esencialista,

reivindicativo y nostálgico-propagandístico, (citando al profesor Gonzalo Sanz Casas)

que Suárez atribuye al paternalismo y retórica promovidos por la organización política

de la dictadura. Profundizando en este sentido, todo el entramado intelectual africanista



55

se incluyó bajo el contexto de exaltación imperial que dominó la etapa posterior a la

Guerra Civil y el discurso europeo de la Segunda Guerra Mundial. Este rasgo arranca

desde el autoritarismo presente en la Falange y en Acción Española (Suárez, 1997: 6) y

tiene un componente espiritual y cultural que domina la acción exterior en América

Latina y otro político-militar y económico que lo hace sobre el Norte de África.

En el ámbito del Protectorado marroquí se crearon en los primeros cuarenta el

Instituto Muley el Mehdi de estudios marroquíes y el Instituto General Franco para la

investigación hispano-árabe, completándose así la política cultural del Franquismo con

respecto a las colonias africanas.

IV. EL MEDITERRÁNEO, UN ESPACIO DE RELACIONES

DESIGUALES Y DIVERGENTES.



56

En el Mediterráneo en general, y en el Magreb en particular, casi todo son

diferencias y problemas heredados, comenzando por las disputas de fronteras, presentes

en todos los países. A estos problemas fronterizos, los de Argelia y Marruecos

principalmente, la negativa marroquí a aceptar un Sáhara independiente o al menos el

referéndum de autodeterminación impulsado por el Frente Polisario, se unen las

diferentes formas de organización y estructuración política y social (república

presidencialista en Túnez, Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista, monarquía

constitucional en Marruecos, república islámica en Mauritania y república popular y

democrática en Argelia), las diversas sensibilidades socioeconómicas y políticas o las

diferencias de renta. Se puede afirmar, con Dezcallar (2001), que “las diferencias son

interminables”. Frente a esto, el mismo autor señala que la religión, la geografía y la

lengua son elementos comunes y compartidos.

El contexto socioeconómico.

Para ilustrar la situación macroeconómica del Magreb en los últimos cuarenta

años del siglo XX, nos serviremos de los datos ofrecidos por Guisán y Aroua, de la

Universidad de Santiago de Compostela, en su trabajo “Cooperación Euromediterránea,

desarrollo socio-económico y empleo en cinco países del Norte de África”. En esencia,

este trabajo concluye que la inversión en educación, en empleo y en calidad de vida,

junto al apoyo a la paz y estabilidad impulsadas por la Cooperación Internacional de la

Unión Europea, deben tener prioridad en la zona.

Se deduce, a simple vista, que no hay en este trabajo de carácter económico,

como en otros similares consultados, una vinculación o correlación entre educación y

empleo y mejora de la seguridad, es decir paz y estabilidad. Todos los conceptos objeto

de inversión se colocan en el mismo nivel, con lo que los aspectos de seguridad son

considerados no diferenciables, o como mucho, se subordinan a la primacía de lo

socioeconómico.

En 1960 los valores del PIB por habitante de Argelia, Marruecos y Túnez eran

más o menos compartidos, y evolucionaron positivamente durante el siguiente cuarto de



57

siglo, pero el de Mauritania no alcanzaba el 50% de la media de éstos y sólo creció

moderadamente en la década de los sesenta. En general, el Magreb ha presentado tasas

de crecimiento positivas del PIB real por habitante, cuyo mayor índice ha registrado

Túnez (3,36 %). Sin embargo, contar con una tasa de crecimiento del PIB elevada no

significa mayor desarrollo, pues el crecimiento demográfico lastró ese crecimiento real

por habitante, salvo en Túnez, cuyo mayor desarrollo se debe a las menores tasas de

crecimiento de la población, además de un mejor saldo en las exportaciones.

Por países, este aumento demográfico ha sido el responsable también del menor

crecimiento del PIB por habitante en Argelia, no pudiendo ser compensado por las

exportaciones de petróleo; en Libia, que registró dos períodos de crecimiento bien

diferenciados, uno espectacular, entre 1960 y 1980 y otro más reducido entre 1980 y

2000; en Marruecos, que ha soportado un mayor incremento demográfico y en

Mauritania, que superó a todos en dicho incremento y ha sentido los efectos sobre su

menor aumento del PIB por habitante.

Las altas tasas de crecimiento demográfico se traducen de forma directa en altas

tasas de desempleo, que en el año 2000 (según publicó en 2001 el Instituto de Comercio

Exterior) eran del 21.5% en Marruecos, del 29.8% en Argelia y del 15.6% en Túnez,

tres y cuatro veces superior a la de los países latino-mediterráneos de la Unión Europea.

Esto supone que la convergencia euromediterránea del Magreb y países como

España, Portugal, Francia o Italia requiere de políticas activas de cooperación al

desarrollo en los terrenos educativo, industrial y comercial. Las autoras concluyen que

el nivel educativo es el factor que explica una menor tasa de crecimiento poblacional y

un mayor crecimiento del PIB europeo en el período estudiado, 1960-2000.

Con los datos que ofrece este estudio basados en las estadísticas del informe de

situación del mundo AKAL 2002, la convergencia se torna todavía casi utópica, pues el

índice de fecundidad magrebí entre 1995 y 2000 era de 6 hijos por mujer en Mauritania

frente a los 2.3 en Túnez, con niveles entre el 3 y 4 en Libia, Marruecos y Argelia.



58

Dado que la inmigración se ha considerado como uno de los aspectos más

relevantes en las relaciones euromediterráneas, por sus múltiples repercusiones, incluido

el ámbito de la seguridad (movilidad indiscriminada, permeabilidad fronteriza y

dificultades de controles de seguridad, desajustes y desestabilización socioeconómica en

los países de origen y destino…), hay que concluir que, a largo plazo -si bien con

oscilaciones, los países europeos tienen una capacidad limitada de acogida- continuarán

los movimientos migratorios, dadas las diferencias en el nivel del PIB real por habitante

entre los países magrebíes y los de la Unión Europea y su traducción en un elevado

nivel de paro en los Estados del Magreb.

España es una muestra fiel de esta tendencia y un laboratorio en el que se están

creando las condiciones para estudiar la repercusión del fenómeno migratorio, tanto en

las sociedades de origen como en las receptoras. España ha recibido desde finales de la

década de los noventa y los primeros años del siglo XXI más de 3 millones de

extranjeros, procedentes de Latinoamérica, Rumania o Marruecos, pese a lo cual su

economía crecía hasta hace dos años al 3,1% anual, muy por encima de la media

europea, y la tasa de desempleo haya caído más de un 12% en el mismo periodo,

pasando de un 20% a un 7,8 %. Como ha sido reconocido por administraciones,

instituciones económicas y financieras y organizaciones sociales, la inmigración es en

buena parte co-responsable de este crecimiento, sobre todo en los sectores de la

construcción, la agricultura y los servicios sociales.

Pero, en estos momentos, el contexto internacional es de cierre de las fronteras,

de crisis económica y de restricción de la libertad de circulación, que ya no va a la par

de las normas de la globalización. El Magreb es un destino muy indicado para el acceso

a España y a Europa. Aunque faltan datos oficiales fiables, algunos investigadores

estiman en más de un millón el número de migrantes subsaharianos en Libia, y en cerca

de cien mil en Argelia y en Mauritania, y en decenas de miles en Túnez y en Marruecos,

en constante aumento. Estos países ya no son únicamente puntos de emigración, sino

que se han convertido en países de tránsito antes de convertirse probablemente en países

de acogida. La violencia política y étnica, sumada a la deriva de los sistemas



59

económicos, empuja a decenas de miles de subsaharianos en dirección norte, buscando

mejor suerte y garantizar su dignidad y seguridad.

En este terreno se empezó a conjugar la seguridad euromediterránea hace más de

una década. Los Estados europeos primero y la Unión Europea ahora, están haciendo

del Magreb un actor relevante en la lucha contra la inmigración ilegal y en el despliegue

de su política de inmigración. La lucha contra el terrorismo a escala internacional,

también dentro de cada país de la región, ha reforzado la prioridad otorgada a la

seguridad. Los países magrebíes han adoptado nuevas disposiciones jurídicas en materia

de lucha contra la migración ilegal y contra el terrorismo. Los ministerios del interior

son los que gestionan este asunto con un planteamiento que antepone la seguridad a la

libertad.

El interés por los flujos migratorios va a proseguir, visto el impacto de la

globalización, de las perspectivas demográficas, del mayor desequilibrio entre ricos y

pobres y de los conflictos e inestabilidades en diversas regiones. La cumbre de alto

nivel organizada por Naciones Unidas en septiembre de 2006 sobre la cuestión

migratoria y el desarrollo refleja la máxima preocupación de la comunidad internacional

por la materia. Desde muchos sectores de la cooperación económica y la ayuda

humanitaria se aboga por abordar la inmigración como un reto paralelo para la

seguridad y el desarrollo. Por ello, se pone el acento en la necesidad de contar con un

planteamiento global, que tenga en cuenta las condiciones que influyen en las

migraciones: desarrollo, buen gobierno y cooperación internacional.

En cuanto a las relaciones bilaterales entre España y los Estados del Magreb,

conviene realizar una breve semblanza de los aspectos que dominan o caracterizan cada

una de ellas. Con Marruecos se firmó un Tratado de Amistad y Buena Vecindad en

1991, tras el que vinieron otros similares con los otros Estados magrebíes: uno similar

con Túnez, en 1995; en 2002, con Argelia, después de la guerra civil librada en la

década anterior; y con Mauritania en julio de 2008, ratificación que quedó pendiente por

el golpe de estado en agosto del mismo año (Hernando de Larramendi y Mañé, 2009).



60

Con Marruecos, las relaciones políticas y económicas actuales se han

desarrollado por un enrevesado camino de hitos de cooperación-entendimiento y

desacuerdo-enfrentamiento, debido a los asuntos repetidamente expuestos en esta

investigación que condicionan las relaciones: las reivindicaciones territoriales sobre

Ceuta y Melilla, el Sáhara Occidental, las leyes de extranjería o los asuntos de pesca. No

obstante, son unas relaciones fluidas y de las más sólidas que mantiene España, ya que

se celebran encuentros anuales ministeriales y otros continuos al máximo nivel y

Marruecos es de los primeros proveedores y clientes comerciales de España. Para ser

conscientes de la relevancia de estas relaciones, baste mencionar que en la etapa

democrática se han firmado 69 convenios, acuerdos, protocolos y tratados de carácter

bilateral, que han abarcado cuestiones de defensa, judiciales, de medio ambiente,

penitenciarias, de visados, monetarias, de pesca, de transporte internacional, fiscales,

crediticias, sanitarias, de seguridad social, de inmigración, marítimas, de cooperación

técnica, relativas a bienes d equipo, etc., es decir, han abarcado prácticamente todas las

áreas imaginables.

Los Tratados de Amistad y Cooperación suscritos también permiten ofrecer una

idea de dichas relaciones, en los que se subraya: a) el respecto a la legalidad

internacional, b) la igualdad soberana, c) la no intervención en asuntos internos, d) la

abstención del recurso a la amenaza o uso de la fuerza en las controversias, e) el

fomento de la cooperación económica y financiera, f) el trato de favor a sus relaciones,

g) resolver las diferencias mediante el diálogo y la cooperación o, h), crear un marco de

consultas políticas a distintos niveles.

Entre las numerosas iniciativas impulsadas por España hacia el Mediterráneo en

el ámbito de la Unión Europea, está la de un Estatuto avanzado Marruecos-Unión

Europea, que lideró junto a Francia y Portugal, que pretende aumentar la participación

de Marruecos hasta niveles mayores en las políticas europeas, especialmente en la

seguridad y defensa y en las referidas al espacio de libertad y justicia.

Argelia, tradicionalmente, ha sido vista como un factor de equilibrio en la

seguridad en el Mediterráneo, sobre todo porque la doctrina militar española la



61

contemplaba, junto con Libia, como base de un posible ataque de la URSS a Europa, y

por ser clave en el desbloqueo del tema del Sáhara, a su vez pieza determinante en el

norte de África. La ascensión del Frente Islámico de Salvación en la política municipal

y estatal, así como las dimensiones del movimiento radical y terrorista islámico,

mantienen a Argelia como un socio en el que las relaciones están dominadas por la

seguridad, tanto global como energética, puesto que España depende de sus

hidrocarburos pero también Argelia importa bienes de equipo.

Marruecos y Argelia absorben el 80 % de las ventas de España al norte de

África. El resto de Estados mantienen relaciones comerciales, pero también políticas,

con España, de menor relevancia para el Mediterráneo y la política mediterránea

española. Las relaciones con Túnez no presentan contenciosos, sobre todo porque este

país adopta un papel más activo como neutral en los conflictos regionales. Se trata de

relaciones económicas impulsadas y favorecidas desde la firma del Acuerdo Marco de

Cooperación Económica y Comercial de 1991, que puso a disposición de Túnez cien

millones de dólares, momento desde el cual se institucionalizaron con continuidad y

amistad.

Las relaciones con Libia se tornan algo más tensas y enrarecidas por

acontecimientos como las guerras en el Golfo y la Conferencia de Madrid, de 1991.

Retomar las relaciones ha sido, desde entonces, un objetivo de la acción exterior

española, que ha suavizado las sanciones comunitarias mediante el diálogo

interregional. En la actualidad, se ha producido un giro en las relaciones de Libia con el

resto del Mediterráneo y con África, en las que se presenta como un Estado dialogante,

regionalista y multilateralista. Las relaciones económicas han estado limitadas por el

embargo internacional, aunque luego se recuperaron lentamente.

Las relaciones entre España y Mauritania se han desarrollado en un clima de

fluidez y normalidad, siendo importante para España por su proximidad a Canarias y su

importancia pesquera, importancia que se reduce por los acuerdos firmados con

Marruecos. Se trata del Estado más pobre del Magreb cuya balanza comercial es

netamente favorable a España.



62

Recientemente, la Oficina Económica y Comercial de España en Rabat publica

un estudio de las inversiones españolas en el Magreb durante la primera mitad del año

2005. En el informe se confirma y se constata el incremento significativo de la

presencia española en el norte de África, región que, sostiene la Oficina, “está abriendo

su economía al comercio y a la inversión extranjera, ofreciendo grandes expectativas de

negocio”.

La información de la Oficina Económica de la Embajada española en Rabat

señala a Marruecos como el socio privilegiado y que más inversión captó durante el

período señalado. Entre las causas citadas por la Embajada para explicar tal posición de

Marruecos, además de su proximidad geográfica, se dice que se debe “más bien gracias

a la apertura económica, a las múltiples reformas y en particular a los procesos de

privatización que Marruecos inició a principios de los años 90”. No deja de ser

llamativa esta caracterización de Marruecos como un régimen abierto, reformista y

privatizador, aunque probablemente sí pueda decirse eso en términos puramente

económicos (“importantes empresas españolas han sido adjudicatarias de grandes

proyectos en telecomunicaciones, tabaco, turismo, transporte urbano y recogida de

vertidos sólidos”).

Argelia es el segundo país en cuanto a inversión española, aunque en un

montante menor y más concentrado en el sector de los hidrocarburos, que explica el

déficit comercial de España con Argelia y sus avances macroeconómicos en los últimos

años (el petróleo y el gas han reducido la deuda y han equilibrado la balanza comercial

argelinas). Esto produce mayor seguridad para las empresas españolas, que han

comenzado a participar en proyectos de viviendas, infraestructuras y desalinización.

No dice nada la Oficina Económica sobre el proceso de reformas y de apertura

de la economía argelina, que es menor que el de Túnez y Marruecos. En Túnez, el

proceso de reformas y de privatización no logra avanzar como en Marruecos, aunque la

presencia de empresas españolas está adquiriendo relevancia en el sector bancario y

cementero.



63

El contexto político y social.

Es un lugar común en la literatura científica social aludir al Mundo Árabe como

un mundo incompatible con la democratización, en el sentido de constituir una

excepción en el proceso de acceso a la democracia y de su incapacidad para crear,

impulsar y mantener las instituciones inherentes a la misma. Además, se acude al Islam

como uno de los factores que están en la base de dicha incompatibilidad. Como

veremos, por los trabajos y opiniones de los investigadores, se trata de una elaboración

teórica que carece de fundamentación científica (esta incompatibilidad también fue

aplicada a los Estados y sociedades de América Latina durante un tiempo).

Entre las propuestas que se han ofrecido para explicar la falta de democracia en

los PSM, están las que han buscado las causas en las “estructuras”, en la relación entre

el Estado, las economías rentistas y el papel del ejército, que forman un conglomerado

de poder movilizador muy bajo, dado su interés en “conservar el propio interés”. La

teoría de la modernización habla de requisitos previos económicos y sociales para la

democracia, inexistentes en la región. También se da una cuestión de problemas

prácticos que pueda causar la democratización a la clase y elite dirigente. Por último, se

recurre al consabido excepcionalismo árabe, en el sentido de que es la peculiaridad

cultural árabe, fundamentalmente el Islam, la que es incompatible con la democracia

(Jerch, 2007).

Pero, según el mismo autor, hay que buscar otras explicaciones posibles que se

ajusten más a la realidad de las sociedades mediterráneas del sur. El “itinerario” a la

democracia en el mundo árabe es distinto al europeo (que va de la nación a la

democracia), cuyo recorrido es del Estado (no nación) a las comunidades, al individuo y

de ahí a la democracia. Hay, como vemos, intermediaciones poderosas, que son las

comunidades islámicas. En segundo lugar, no pueden olvidarse las “estructuras”

políticas y económicas, sobre todo una clase media dependiente y/o perteneciente al

aparato y burocracia estatal, resistente a los cambios. Tercero, existe un desajuste en la

adaptación del concepto de Estado europeo: el mundo árabe adoptó las estructuras



64

estatales europeas sin interiorizar los conceptos de ética del servicio público, acción

colectiva o idea de libertad. En cuarto lugar, hay conflictos interestatales que

permanecen y retrasan la democratización: el árabe-israelí concentra toda la atención de

tal manera que se descuidan las reformas democráticas. Desde luego, están en la mente

de todos la acumulación y centralización del poder, el aumento del control estatal o el

excesivo gasto institucional de la seguridad estatal, lugares comunes que limitan el

papel y autonomía del sector privado. Por último, hablamos de las ideologías

transnacionales (nacionalismo árabe, Islam, panarabismo), que se traducen en

interferencias directas en asuntos internos de otro país en nombre de la ideología y que

presionan en el retardo reformista.

El primer aspecto, la diferente manera de construcción del Estado merece una

atención mayor para comprender que existen condicionantes histórico-culturales que

marcan la naturaleza del Estado árabe y que no es la tesis del excepcionalismo árabe la

que explica las dificultades de contar con Estados consolidados para emprender las

reformas políticas y económicas necesarias.

En el pensamiento político árabe de los siglos XIX y XX existían varios

conceptos de unidad e integración que no eran coincidentes con el concepto del Estado

en sentido europeo, que es tratado como una especie de “mercancía importada”. El

término que mejor expresa el sentido de Estado es dawla (figura en el Corán) y designa

“rotar, alternar”, en sentido dinástico. Los fundamentos del Estado eran ideológicos, no

políticos ni territoriales. El acto de gobernar está basado en tres elementos: la shari’a

(ley islámica), la jirafa (representación de la autoridad, cuyo objetivo era la protección y

defensa de la fe, no del Estado) y la umma (comunidad islámica).

Desde el punto de vista árabe, hay que hablar de varias fuentes de legitimación

del Estado. Primero, de una legitimidad nacionalista-desarrollista, bajo la que subyace la

idea de un Estado que satisface necesidades, una legitimidad basada en una promesa,

pero frágil, porque es una legitimidad “comprada” mediante grandes inversiones

públicas, una economía distributiva y un aparato burocrático y que se tambaleó durante

la crisis del petróleo de los años ochenta. Y segundo, de una legitimidad islámica, en la



65

que el Islam es la base de la identidad, de la lealtad y de la autoridad basada en la

tradición islámica. Pervive por el déficit de reafirmación cultural y de identidad de la

época colonial y por las fuertes raíces del sustrato cultural islámico (Jerch, 2007).

Esta doble legitimidad se expresa a su vez en una doble forma de interpretar la

“nación”. Por un lado está la Mu’minun (cultura islámica), como entidad cultural que

incorpora la tradición islámica, y, por otro, la Miwatinun (político-secular), un proyecto

político-territorial, en sentido occidental.

Además, hay que tener presente que la división dentro del Islam entre sunníes,

shiíes y jariyies es el resultado de la discusión política mantenida por la sucesión y, sólo

en segundo plano, se trata de una particularidad religiosa.

Otra de las dificultades que presentan los Estados del sur del Mediterráneo a la

hora de enfrentar las reformas políticas y económicas y el desarrollo de un concepto de

seguridad común con los del norte del Mediterráneo, es el papel y la presencia del

Ejército en el Estado y en la vida política y social. En la década de los cincuenta y

sesenta, la intervención militar del ejército en la política es frecuente, porque es

percibido como la institución mejor organizada y eficaz para llenar el vacío de poder y

ejercer como instrumento de modernización. Las buenas relaciones entre los líderes

políticos y las Fuerzas Armadas motivan las tres décadas sin golpes militares. Del

Ejército proceden muchos de los líderes políticos que se asientan y perduran en el

poder.

Es un lugar común la menor preparación e incapacidad de las tropas árabes para

la lucha, en relación con los ejércitos europeos y de otros continentes. Turquía y Egipto,

por ejemplo, han creado grandes complejos industriales, pero los ejércitos han hecho

mucho más por construir el sector público y la burocracia de sus Estados que por

desarrollar economías (Jerch, 2007).

Jerch (2007) realiza una clasificación de los Estados a partir de las funciones del

Ejército, estableciendo Estados democráticos y no democráticos. Dentro de los no



66

democráticos, a su vez, establece una división entre Estados exclusivos, que son

dictaduras pretorianas, construidas y supervivientes a partir de la represión, donde los

militares todavía representan un papel importante. Aquí estarían ubicados Egipto,

Argelia, Siria, y Túnez; Estados inclusivos, en los que se da una perpetuación populista

construida sobre el mito de la participación popular; y los sultanatos o monarquías como

las de Jordania y Marruecos.

Merece la pena detenerse para conocer la relevancia del Ejército en Argelia y los

cambios que ha provocado su excepcional presencia como organización en la cúpula del

Estado dentro del Mundo Árabe. A partir de las investigaciones de Gómez Poyuelo,

investigador del Seminario de Investigación para la Paz, llamamos la atención sobre el

papel del ejército argelino, las causas de su liderazgo y posición, así como su rol para la

seguridad en el Mediterráneo.

La posición y protagonismo de los militares argelinos en la formación y

construcción del Estado árabe es un fenómeno excepcional. Las Fuerzas Armadas

fueron dotadas de ideología y de legitimidad, basadas en la primacía de la comunidad de

creyentes –umma- y sociológica –en la estructura familiar patriarcal, tribal y clanes. En

1992, la anulación de las elecciones y la guerra civil entre el poder militar y los

islamistas del Frente Islámico de Salvación (FIS) provocaron entre cien mil y doscientas

mil muertes. El Ejército Islámico de Salvación (AIS) era selectivo en sus acciones y

ataques pero una escisión, el GIA, desató la violencia contra intelectuales, periodistas,

profesionales, universitarios y extranjeros, para presionar al poder y aislarlo

internacionalmente. En 1997, el AIS aceptó una tregua definitiva, pero el Ejército de

Liberación Nacional (ALN) y la policía realizaron violaciones masivas de los derechos

humanos, con desapariciones, torturas y ejecuciones sumarias, “lanzando” a muchos

jóvenes a ingresar en las células autónomas. El GIA y el Grupo Salafista para la

Predicación y el Combate (GSPC) tenían una estructura y cometían atentados y

crímenes contra la población. El AIS fue disuelto en 2000, los GIA neutralizados y el

GSPC inmerso en el salafismo, pero subsiste como grupo activo, con unos 300

combatientes contabilizados en 2003 (Gómez Poyuelo, Fundación Seminario de

Investigación para la Paz, 2007).



67

La “seguridad militar” es un elemento esencial para garantizar el dominio militar

sobre la vida política. Esta estructura controla la vida política en la sociedad argelina,

junto al ejército. Actúa como una auténtica policía política, cuyos métodos se insertan

en todas las esferas sociales, judiciales, políticas y empresariales. Cumple una doble

misión: la del control de los dirigentes políticos y la de vigilancia sistemática sobre la

población, para neutralizar la oposición sobre la situación del ejército.

Entre las causas que provocaron el predominio de lo militar sobre lo político en

Argelia (Gómez Poyuelo, Fundación Seminario de Investigación para la Paz, 2007) hay

que destacar la neutralización de los poderes y solidaridades tradicionales producido

durante el orden colonial, que llenó los vacíos políticos (mientras que en Túnez y

Marruecos se promocionaron las elites árabes occidentalizadas). Sin una clase política

capaz de gestionar la transición tras la independencia, la burocracia, sobre todo la

militar, llenó las carencias sociopolíticas. Una segunda causa es la consideración del

ejército como el grupo más avanzado y con mejor preparación tecnológica. Otra causa

hay que buscarla en la debilidad, la desestructuración, la descomposición y la falta de

proyecto del Frente de Liberación Nacional (FLN), en el que coexistían árabes y

beréberes, políticos y militares, el este contra el oeste, el norte contra el sur o diversas

facciones en torno a líderes carismáticos. Además, desde 1992, el Ejército garantiza la

seguridad frente a la amenaza terrorista. Por último, la actitud occidental también opera

entre los motivos de la pervivencia de lo militar en Argelia, dados los intereses europeos

de garantizar el control de la emigración irregular y el suministro de hidrocarburos,

promoviendo indirectamente la estabilidad interna y legitima la represión y violencia

militar al margen de las causas del conflicto.

Se va dibujando, así, la imagen de que la incapacidad para aplicar las reformas

no es algo inherente al Estado árabe, sino que existe un número de factores tal que

condicionan sobremanera la aplicación “a la europea” del programa de reformas y,

probablemente, los diálogos político y de seguridad puestos en marcha bajo el prisma

europeo no han calculado con precisión los tiempos y el acompañamiento necesario,

como tampoco los actores que intervienen y dirigen dichas reformas.



68

Los líderes de los Estados árabes vienen aplicando un programa de reformas

mínimas que les asegure mantenerse en el poder, un programa de alivio socioeconómico

y político que cuestiona la credibilidad y las inversiones. Ante la crisis de legitimidad

actual de los regímenes árabes, vinculada al mantenimiento de las prioridades de las

elites, los Estados prefieren aplicar estrategias de supervivencia política, con una

apertura “controlada” y una tímida participación para atraer algunos apoyos limitados, y

una estrategia de supervivencia económica, introduciendo un cambio económico

gradual para atraer inversiones extranjeras y reducir los pagos de la deuda, sin afectar

los intereses de los grupos relacionados con el sector público (Jerch, 2007).

Esta forma de plantear las reformas en la Asociación Euromediterránea permite

a los líderes de los Estados árabes manejar con soltura el binomio “éxito-fracaso” y el

nivel de legitimación de sus políticas en el ámbito interno. Con ello, mantienen cierta

capacidad de apaciguar a varios grupos de intereses, de servirse de un grupo contra otro,

de prolongar o crear compromisos con las elites y los grupos de oposición a las

reformas limitadas y, por supuesto, de disponer de recursos financieros externos

(incluso empeorando la economía del país).

Así, la prioridad de los PSM se desvía de la gestión económica a la

supervivencia de sus regímenes. Los retrasos de las reformas se amparan en el miedo de

los líderes a que los ajustes estructurales provoquen huelgas o disturbios, generando

riesgos de inestabilidad interna que puede derivar en externa (hecho que presiona a la

Unión Europea para no forzar excesivamente las reformas). Pero sostener esta tesis es

ignorar que la desigualdad de los ingresos y la falta de oportunidades es una fuente de

conflictos sociales más acentuada que otras, incluso que la fragmentación etnológica y

lingüística (Jerch, 2007).

Sobre esta base de comportamiento de los líderes de muchos Estados árabes, la

sociedad civil, en este contexto de represión política y de manejo de los tiempos de las

reformas y los recursos, no romperá definitivamente los lazos con el Estado

todopoderoso.



69

En Europa, la sociedad civil surge por conflictos internos entre el Estado y la

Sociedad, mientras que en los PSM su origen está vinculado a la división entre una

sociedad colonizada y el poder colonial, a la necesidad de crear una elite indígena. Por

ello, se dice que es un fenómeno iniciado desde arriba. Con la independencia y con la

ruptura de la promesa desarrollista, las asociaciones ganaron terreno, debido a la

creciente incapacidad del Estado de cubrir las necesidades de la población (Jerch, 2007).

En realidad, no se puede hablar de una sociedad civil árabe homogénea, sino que

existe una gran variabilidad de un Estado a otro, pero sí comparten algunos rasgos,

como tener unos objetivos principalmente caritativos, una actividad restringida

fundamentalmente a las ciudades, presentar grandes dificultades para mantenerse

independientes de los gobiernos (cuando no son creaciones suyas) y ser financiadas en

gran parte con fondos públicos.

No obstante lo dicho, Roque (Fundación Seminario de Investigación para la Paz,

2007) considera que asistimos a un importante dinamismo asociativo en el Magreb,

pues hay unas treinta mil asociaciones en Marruecos y unas cinco mil en Túnez. En el

mundo árabe-musulmán se ha pasado de unas diez mil asociaciones en los años sesenta

a unas setenta y cinco mil a final del siglo XX. Por tanto, según esta investigadora, se

consolida una sociedad civil árabe, con reivindicaciones por los derechos humanos y el

Estado de Derecho. Y sin embargo, como también reconoce Roque, desde el

“partenariado”, la cooperación entre sociedades civiles en el área mediterránea ha sido

criticada.

En general, la descripción de Jerch de la sociedad civil coincide con la de

Roque. Baste como ejemplo el caso de Marruecos. De las aproximadamente treinta mil

asociaciones, en torno al 40 % desarrollan su actividad en Casablanca y Rabat. Las

primeras asociaciones, las de los años setenta y ochenta, eran de tipo informal, rural,

espontáneas y pragmáticas, de base social homogénea, como formas de ayuda

comunitaria y escapaban al control del Estado. Por el contrario, las nuevas asociaciones

urbanas están estrechamente vinculadas al Estado y a los partidos. Es de destacar que



70

desde el fin de siglo XX, Marruecos se abrió a las organizaciones de derechos humanos,

de mujeres, jóvenes, etc. (Roque, Fundación Seminario de Investigación para la Paz,

2007).

Como hemos dicho, son factores estructurales -no el excepcionalismo de las

culturas árabe musulmanas- los que explican una peculiaridad del Mundo Árabe (Jerch,

2007). Es cierto que muchos creyeron que la independencia y liberación nacional árabe

posterior a la Segunda Guerra Mundial conllevaría la apertura de los Estados hacia las

libertades y el estado de derecho, pero, como hemos visto, el mundo árabe entró en una

“espiral de violencia y conflictos”, recorte de libertades y corrupción. Como resume

Salhed (Fundación Seminario de Investigación para la Paz, 2007), las tendencias

sociopolíticas, la coyuntura social, la situación económica y el Islam político están en la

base de los factores estructurales.

Entre los primeros, destacamos el desmoronamiento del pacto social entre los

gobiernos y la ciudadanía, con una capacidad cada vez menor (como se ha dicho ya en

otro lugar) para garantizar un mínimo económico y de seguridad. Esta es una de las

razones que explica el hecho de que la violencia y el terrorismo vayan dirigidos contra

los propios gobiernos y menos hacia Occidente. Las tendencias de autoritarismo,

analfabetismo, debilidad o dependencia económica y radicalismo islámico están

presentes en el contexto euromediterráneo, entre los PSM.

Las tendencias sociales no son más esperanzadoras. El analfabetismo en el

Magreb se sitúa entre el 30 % de algunos países como Túnez o Argelia y el 60 % de

Mauritania, aunque mejora sensiblemente. Pero cualquier sociedad en la que una cuarta

parte de la población es analfabeta supone una pérdida de recursos humanos irreparable

y un impacto social fuerte. En general, en el Magreb es muy escaso el número de

estudiantes que acaban sus estudios superiores y predomina la mala calidad de los

planes educativos y métodos de enseñanza. Es muy escasa la ratio de periódicos y

ordenadores por mil habitantes (52 y 18 del sur mediterráneo frente a los. 285 y 78 a

nivel internacional). Por último, aunque ya existen leyes por la igualdad y contra la

discriminación de la mujer, la equidad de derechos de herencia o custodia en Túnez y



71

Marruecos, la realidad es que la situación de la mujer sigue lastrando las sociedades

árabes, a lo que hace frente la Organización de la Mujer Árabe, creada en 2003 en el

seno de la Liga Árabe (Salhed, Fundación Seminario de Investigación para la Paz,

2007).

Sobre las tendencias económicas, destacaremos algunos datos que ofrece Salhed

(Fundación Seminario de Investigación para la Paz, 2007), cuyo componente

socioeconómico nos ayuda a enmarcar las dificultades y disparidades en las que debe

construirse una seguridad común euromediterránea. El Mundo Árabe representa el 3.9

% de las exportaciones mundiales, siendo el 4,5 % de la población y el 10,2 % del

territorio mundial. Un dato relevante lo ofrece el porcentaje de personas cualificadas

que emigran: el 50 % de médicos, el 23 % de ingenieros y el 15 % de científicos. En la

región no se ha podido crear un mercado común para intercambios y aunque se

consume, no se produce tecnología (civil ni militar), no existe una base nacional

tecnológica.

El agua, un gran problema, condiciona el desarrollo económico árabe. Más del

87% del territorio de los 22 países miembros de la Liga de los Estados Árabes se

encuentra en zona desértica, en la región más árida del mundo y las previsiones apuntan

a una reducción del 50% del agua disponible por persona. En la actualidad, no existen

conflictos importantes entre Estados ribereños, pero la escasez de agua es motivo de

conflicto entre algunos. El 62,5 % de las fuentes de agua están en países vecinos; la

desalinización es cara; los ríos están contaminados por filtraciones industriales y la

reutilización apenas existe. Este problema amenaza la economía y la seguridad futura si

no se toman medidas drásticas (canales, redes, distribución…). El caso de Argelia es

llamativo, porque a veces las protestas han acabado en revueltas, como la de noviembre

de 2007, al este de Argel, motivada por problemas de abastecimiento de agua potable.

Por último, la tendencia hacia la radicalización islámica (minoritaria, debe

aclararse) está provocando el desvío de la atención y los recursos gubernamentales hacia

este fenómeno social. Pero las medidas policiales y de seguridad, aunque necesarias,

son insuficientes para erradicar la violencia generada por estos grupos radicales. En



72

opinión de Salhed (Fundación Seminario de Investigación para la Paz, 2007), se

necesita un diálogo y una paz continuados entre religiones, como uno de los

instrumentos para profundizar en los móviles y las causas de la violencia, incluso del

terrorismo, porque luchar contra el radicalismo religioso sólo con medios militares

termina reforzando las posturas violentas y antioccidentales.

En 1994, Marquina ya alertó del crecimiento del islamismo radical en

Marruecos y en las sociedades magrebíes, de una “progresiva islamización de la

sociedad” (Marquina, 1994). Su argumento es que aumentaría la búsqueda de espacios

y plataformas de identificación sociopolítica diferentes a las que ofrecen los partidos

tradicionales, fenómeno social que se ha incrementado desde entonces.

No obstante, pese al estridente mensaje violento del yihad en grupos

contemporáneos fundamentalistas islámicos y de la repercusión de sus atentados,

existen otras actitudes muy diferentes sobre el uso de la violencia en el islamismo

actual. No puede ignorarse que el yihad incluye normalmente en su planteamiento

limitaciones de la violencia, aunque algunas obras recientes han incluido el concepto de

paz, aunque minoritario. De acuerdo con Luengo (en Muñoz y Pérez, 2003), una

primera generación islamista incidió en la reforma social interna y en la lucha violenta

contra el colonialismo. Una segunda generación, entre los años sesenta y setenta del

siglo pasado, cambió la fisonomía del islamismo, haciéndolo, en términos generales,

revolucionario e insurgente contra los gobiernos que lo reprimían brutalmente. En la

actualidad existe una tercera generación, formada por muchos grupos islamistas que

prefieren actuar con respeto al sistema político, persistiendo en la denuncia social y en

la alternativa sociopolítica (como el FIS, que aunque ilegalizado en 1991 y en el marco

de una guerra civil, con la actuación de un “brazo armado”, firmó en 1995 el Tratado de

Roma, por el que renunció a la lucha armada y se comprometió a respetar los derechos

humanos y un marco institucional democrático, participar en debates como el papel de

la religión en la sociedad, la arabidad y bereberidad de Argelia).

Por la variedad y detallada relación de las nueve causas que están en el origen de

la consolidación o emergencia del islamismo radical en el Magreb, traemos a



73

continuación el texto donde Dezcallar (2001) relata las mismas (hemos variado la

estructura del texto para una mejor atención a cada una de las causas). Para este

diplomático español con experiencia en la gestión de asuntos exteriores, la emergencia y

consolidación del islamismo radical hay que encontrarlas en el plano cultural, como

expresión de una crisis cultural, identitaria, de regresión colectiva al pasado para

refugiarse y defenderse de una realidad hostil, frustrante:

En mi opinión, no se trata de un fenómeno autónomo producto de

una ola de re-espiritualización que habría recorrido el mundo

musulmán a partir de los años treinta, sino consecuencia de

frustraciones socioeconómicas ligadas a la reciente evolución de las

sociedades árabes; a los destrozos producidos en su tejido social por

una colonización brutal (caso de Argelia); a los traumas de la

descolonización; a la inexistencia de minorías rectoras nacionales;

al fracaso de los modelos políticos y económicos miméticamente

importados de Occidente sin tener en cuenta las peculiaridades

locales; a los procesos de laicización y urbanización acelerados que

han trastocado equilibrios seculares; a la ilegitimidad de algunos

regímenes que se han apropiado de la voluntad popular; a la falta o

insuficiencia de canales de participación política; a las mismas

frustraciones derivadas de la creación del Estado de Israel, de la

evolución posterior del llamado conflicto de Oriente Próximo y de

lo que denuncian como “doble rasero” de Occidente.

Si los motivos que dan pie a la aceptación y éxito del islamismo radical en las

sociedades magrebíes son, entre otros, los citados por Dezcallar, habrá que preguntarse

por qué no se han tenido en cuenta a la hora de establecer los diferentes procesos y

mecanismos políticos de diálogo y de cooperación entre los Estados mediterráneos del

norte y del sur. Es más, habrá que preguntarse si el retraso de algunas de las medidas o

reformas necesarias no estará actuando a favor de la creación o potenciación de “caldos

de cultivo” de algunos de estos factores, en los que el fundamentalismo rentabiliza la

insatisfacción que se deduce de las causas citadas.



74

Un contexto de seguridad marcado por unas relaciones de conflicto-

cooperación.

Como hemos visto, los Estados del Magreb, pese a presentar crecimientos

macroeconómicos cíclicos como los de Túnez, Marruecos o Argelia, atraviesan una crisis

estructural socioeconómica: crecimiento demográfico disparado, fuerte endeudamiento

exterior, deterioro de la tasa de intercambio; tasas de paro alarmantes; fuertes migraciones

del campo a la ciudad con aparición del fenómeno de barrios pobres urbanos con falta de

servicios públicos básicos; tasas de analfabetismo muy elevadas; y una situación

política estancada (Marquina, 1994). La persistencia de estas situaciones puede

derivar en crisis internas o riesgos de desestabilización en el Magreb, con el

correspondiente efecto sobre la seguridad en el Mediterráneo, como es el caso del

distanciamiento entre Marruecos y Argelia, un elemento permanente de tensión en el

Magreb, que la creación de la Unión del Magreb Árabe no ha podido solventar, como

tampoco otros problemas territoriales o políticos.

A este contexto hay que añadir la crisis de identidad que afecta a estas

sociedades, en buena parte motivada por crisis políticas que tratan de llenar con el

Islam. Como hemos reflejado en varias ocasiones en el trabajo, el reconocimiento de

la identidad cultural y la consideración como iguales por parte del norte europeo, con

su derecho a la diferencia, subyace parcialmente bajo esa insatisfacción cultural.

La cuestión es cómo afrontar estos desafíos para la propia estabilidad y

seguridad europea. Marquina reclamaba ya, un año antes de la celebración de la

Conferencia de Barcelona de 1995, el establecimiento euro-magrebí de un sistema de

seguridad cooperativa y la vinculación entre seguridad, ayuda y cooperación

económica. No sólo Marquina se apuntó al argumento de interacción entre desarrollo y

seguridad, sino que han sido muchos los analistas que vienen considerando en los

últimos años que los medios económicos son probablemente los más adecuados,

cuando no los únicos, para intentar una vía hacia el progreso, la estabilidad y la

prosperidad en el Magreb.



75

La debilidad de este planteamiento la sitúa Marquina en el obstáculo que

supone la insuficiencia económica europea para encauzar la situación en el

Mediterráneo sur en un corto espacio de tiempo, además de en la casi nula

implicación de los países magrebíes y norteafricanos para hacerla posible.

En el terreno de la seguridad, Marquina ya consideró hace más de una década,

que el Magreb no estaba necesitado de soluciones militares y que la aproximación

militar no era, ni es, se entiende, la solución más oportuna para los conflictos e

inestabilidades existentes, incluyendo la cuestión nuclear argelina (Marquina, 1994).

Antes, prosigue Marquina, la prioridad hacia el Mediterráneo sur debe colocarse en el

terreno de la prevención de conflictos, en el desarrollo de medidas de confianza y en

el apoyo a la integración sur-sur, como han puesto de manifiesto la mayoría de

investigadores en los últimos quince o veinte años. Pero esto no quiere decir que las

actividades militares no sean objeto de tensiones y que no sea necesario abrir espacios

de información y comunicación, como comenzaron a hacer el Diálogo Mediterráneo de

la OTAN y otros diálogos políticos posteriormente (ejercicios como el "Ardente",

celebrado en Italia o la creación de las fuerzas de reacción rápida y marítimas de

mitad de los noventa reflejan la necesidad de diálogo).

Ante estas dificultades de la zona norteafricana para avanzar en temas de

seguridad, Echeverría (2004) considera que conceder prioridad a los aspectos sectoriales

puede reforzar las relaciones con los Estados del norte de África de cara a impulsar una

“zona euromediterránea de seguridad” (Echeverría, 2004). Para ello, el primer requisito

es que exista una cooperación entre Estados europeos, sobre todo de los más sensibles y

comprometidos con la seguridad en el Mediterráneo. En esta línea, en abril de 2003, por

ejemplo, España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido desplegaron la “Operación

Ulises” de control de fronteras exteriores de la Unión Europea. Al mismo tiempo,

profundizaron los lazos bilaterales y subregionales con el norte de África, ampliándose

dicha cooperación a lo largo de 2004.



76

Sin embargo, para que esta cooperación sea fructífera, se necesita que los

Estados norteafricanos dialoguen en condiciones de igualdad con los europeos y eso es

hoy imposible debido al enfrentamiento entre Marruecos y Argelia, motivado en gran

manera por los profundos desencuentros sobre la solución final al conflicto del Sáhara

Occidental (durante la cumbre hispano-marroquí de diciembre de 2008, Benaissa,

ministro de Exteriores marroquí, manifestó que el problema es entre Argelia y

Marruecos y no saharaui-marroquí). Esta tensión se traslada a las diversas cumbres

euromediterráneas y norteafricanas (la de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión

del Magreb Árabe en 2004, la del Grupo 5+5 el mismo año).

Estas profundas diferencias están reforzando los contactos sectoriales y los

bilaterales euromediterráneos, como demuestra el caso español en una permanente

agenda hacia el Magreb, con el desarrollo de cumbres bilaterales (con Túnez,

Mauritania, Argelia, Marruecos, especialmente a partir de 2004), pero también el caso

francés, con una ofensiva en 2003 y en otros años posteriores, que cristalizó con la

propuesta francesa de Unión para el Mediterráneo, que pretende impulsar y profundizar

la cooperación en seis sectores (véase Unión para el Mediterráneo en otra parte de la

investigación).

Lorca y Escribano se suman a la tesis de la vinculación entre seguridad y

desarrollo en el Mediterráneo, sosteniendo que el desarrollo económico actuará “como

bálsamo y sentará las bases de la modernización de la región” (Lorca y Escribano,

1999). El desarrollo económico y sus efectos, aumento de niveles de vida y extensión de

la educación, debiera presionar hacia la apertura de los actuales regímenes autoritarios,

como quedó dicho en otra parte.

Estos autores alertan de las condiciones en las que la Unión Europea pretende

promover el desarrollo y el camino hacia la estabilidad y seguridad. Una de las alertas

es la exigencia a los PSM de una modernización a la europea, en un período de tiempo

muy estrecho. No debe olvidarse que en el Mediterráneo la democracia es una

excepción que bloquea el desarrollo: el carácter rentista y dirigista de sus economías, el



77

paternalismo del Estado árabe y, últimamente, el riesgo de acceso al poder de

movimientos integristas dificultan la democratización.

Una segunda alerta es la mutua percepción de amenaza, motivada por la cercanía

geográfica y por la pérdida o debilitamiento de la identidad cultural conforme se

intensifican las relaciones euromediterráneas (elemento distintivo respecto de las

relaciones con los Estados de la Europa del este). El ciudadano europeo ve en el Islam

una fuente de intolerancia, irracionalidad y fanatismo. Por su parte, el musulmán

mediterráneo percibe a la civilización occidental como destructora de sus tradiciones y

portadora de daños asociados a la modernidad.

Eurocentrismo y desconfianza, en opinión de Lorca y Escribano, forman parte

de las relaciones euromediterráneas y deben servir para alertar de posibles bloqueos en

el desarrollo del proyecto político para el Mediterráneo. Éste, por el momento, se

alimenta de la idea de una ribera sur mediterránea dominada por el integrismo islámico

y los conflictos bélicos, lo que impulsa a la Unión Europea a fomentar el desarrollo

económico como freno a los fenómenos de terrorismo, migraciones incontroladas,

porosidad fronteriza a las mafias y a traficantes de droga y seres humanos. Al mismo

tiempo, esas amenazas bloquean del lado europeo procesos como la inversión extranjera

o la apertura de los mercados agrícolas a las exportaciones del Mediterráneo en

desarrollo. A estos aspectos de la construcción de la seguridad en el espacio

euromediterráneo y a las condiciones de la misma se dedica la siguiente parte de la

investigación.

V. LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL

MEDITERRÁNEO: FACTORES, VISIONES E INICIATIVAS.



78

El origen de la política Mediterránea de la Unión Europea está en el mismo

Tratado de Roma, en vigor desde 1957, que contempla la política comercial con terceros

países y en un Protocolo sobre importaciones con algunos Estados del Magreb (sobre

todo con los que los Estados europeos habían mantenido lazos coloniales). Un rápido

paso por la evolución de esta política nos dice que la hoy Unión Europea, hasta el final

de los años noventa y principios del siglo actual, ha puesto la atención en los aspectos

económico-comerciales en su aproximación al Mediterráneo.

En una fase primera, entre los años 1960 y 1972, se firmaron los primeros

acuerdos comerciales, coincidiendo con la guerra árabe-israelí de 1967, en la que

Francia, Gran Bretaña e Italia apoyaron las tesis árabes y Alemania y Holanda, la

israelí. En una segunda fase, de 1972 a 1978, se definió la política mediterránea

concebida como sustitutivo económico de una imposible gestión política. El Consejo

Europeo de París, en 1972, creó la Política Global Mediterránea (PGM), que conllevó la

apertura a los productos industriales, el acceso preferencial de productos agrícolas

(concesiones arancelarias entre el 40 % y el 60 %) y ayuda financiera y cooperación

económica. Una tercera fase entre 1979 y 1984 certificó la baja efectividad de la PGM,

sobre todo por su proteccionismo y por la falta de propuestas concretas para salvar la

apertura comercial y la cooperación. Una cuarta fase, de 1982 a 1992, estuvo marcada

por la nueva política hacia el Mediterráneo, la Política Mediterránea Renovada (PMR),

que definió una nueva base de actuación en un contexto marcado por la degradación de

la situación económica, la negativa situación medio ambiental y por el impacto del

Mercado Único. La puesta en marcha de la PMR implicaba un diálogo político que

enfatizó la democratización y los derechos humanos, una mayor flexibilidad de los

acuerdos, un área de libre comercio y la remodelación de la cooperación financiera

(Jerch, 2007).

La finalización de la Guerra Fría sumió a los estados nacidos de la implosión de

la Unión Soviética en una introspección y permitió a los estados occidentales

concentrarse en el concepto de seguridad, de tal forma que, casi a modo de sustitución,

emergieron los riesgos del sur como prioridad de la misma. Ya en 1992, cuando el

Tratado de la Unión Europea daba luz verde al proyecto de las “uniones europeas”, la



79

económica y monetaria y la unión política, en Maastricht (en vigor desde noviembre de

1993), se demandaba por estudiosos españoles una política mediterránea comunitaria

autónoma, capaz de levantarse sobre el caduco esquema bipolar y la incipiente

unipolaridad estadounidense en el escenario estratégico mundial.

Una política de seguridad que debía partir de la inestabilidad en el Magreb como

la prioridad fundamental: “cuando los europeos hablan de los nuevos riesgos

procedentes del Sur están pensando, principalmente, en la región norteafricana y más

concretamente en el Magreb” (Pitarch, 1992).

Pitarch (1992), coincidiendo entonces con la mayoría de expertos, planteó el

tema de la renovación de la seguridad y de un nuevo esquema autónomo europeo desde

elementos y componentes clásicos, cuando no eurocéntricos, que probablemente hacen

más difícil la articulación de tal esquema. El primero de de esos componentes es el

nacionalismo. El segundo, la confrontación norte-sur. El tercero, la presión demográfica

y sus consecuencias sociales, inmigración o racismo. Al cuarto lo denominó un

“elemento relativamente novedoso” sobre el que sostuvo la percepción de riesgo: el

crecimiento de los arsenales militares y la proliferación de armas no convencionales en

el norte de África (que varios autores y analistas reflejaron también en sus trabajos a

principios de la década de los noventa). La quinta y última condición que pesaba sobre

el modelo de seguridad a levantar por Europa era el factor religioso, obstáculo para el

diálogo y la comunicación entre el norte y el sur. Con esta visión, a Europa y el norte de

África se les atribuía una homogeneidad y monolitismo en valores, moral y religión

difícil de sostener, que, sin duda, chocaba con una realidad más compleja, dinámica y

delicada de establecer en términos reduccionistas, situando la cuestión de la seguridad

en un contexto previo muy cercano al “choque de civilizaciones”.

Sobre el factor militar convendría matizar que el entonces ministro de Asuntos

Exteriores, Fernández Ordóñez, desplazaba la cuestión a un problema de seguridad en el

Mediterráneo, pero no participaba de la idea de que existiera un problema de amenaza

militar. Sin embargo, el concepto estratégico de la Alianza Atlántica (aprobado en la

Cumbre de Roma de 1991), incluía entre los riesgos principales que la misma debía



80

enfrentar, los países del sur del Mediterráneo, en concreto debido al “crecimiento de la

potencia militar y la proliferación de tecnologías armamentistas en el área, incluyendo

armas de destrucción masiva y misiles balísticos”. Para el mismo Pitarch, este enfoque

de la seguridad supone una “reproducción del enfoque tradicional de la seguridad aliada

frente al extinto Pacto de Varsovia; esto es; la contención militar”. Para este alto militar

y gestor público, la dificultad de avances respecto de la seguridad mediterránea radica

en la “gigantesca maraña de problemas” existentes y en la gran cantidad de actores con

intereses en la zona, muchos de ellos de “vocación no mediterránea”.

Sobre la división del Mediterráneo para su estudio y comprensión estratégica,

Pitarch secciona la región en dos fachadas, la oriental y la occidental, siendo la primera

la más conflictiva por su actividad y convulsión político-militar y la segunda de menor

virulencia y que, desaparecido el bloque soviético, es susceptible de un enfoque

regional.

En los análisis de la seguridad en el Mediterráneo realizados por españoles

siempre se ha producido un abuso del contexto y la coyuntura, es decir, ha faltado una

historia de la seguridad que ofreciera una perspectiva crítica, evolutiva y más profunda,

sustentadora de las posiciones acciones y reacciones políticas, desde la que poder

abordar el estudio de la seguridad pasada y presente.

Veremos a continuación las principales reflexiones y perspectivas que sobre la

seguridad en el Mediterráneo se vienen elaborando por investigadores y autores

españoles, precedidas del estudio de los factores que determinan la seguridad o

inseguridad en la región. Después, se realiza una descripción de las iniciativas

multilaterales más importantes desplegadas en el espacio mediterráneo de cara a

construir el proclamado espacio de paz y prosperidad, con especial atención al proyecto

euromediterráneo puesto en marcha en la segunda mitad de la década de los noventa, el

Proceso de Barcelona, y su último impulso más reciente, la Unión para el Mediterráneo.

Factores de tensión, amenazas y conflictos que afectan a la construcción de

la seguridad en el Mediterráneo.



81

Durante la última década del siglo XX, el concepto “amenaza del Sur” comenzó

a instalarse como sustitutiva de la proveniente del Este. Este esquema situó la lucha

Este/Sur como un nuevo eje polémico para la Unión Europea (subvenciones, apoyos,

atención, etc.). Una amenaza que inició a dotarse de contenido a partir de factores como

el subdesarrollo, la miseria, los flujos migratorios, la religión o la alta natalidad (Fisas,

1993), cuando en realidad eran -y son- factores de inestabilidad propiamente internos a

los Estados, aunque con evidente proyección de la misma hacia el exterior en

determinadas condiciones. Esto podría situar el debate de la seguridad mediterránea

entre la inestabilidad interna y la inestabilidad regional, pero más bien son dos

fenómenos que pueden ser compatibles en el tiempo, en sus formas y en sus

consecuencias.

Desde el punto de vista de la seguridad en términos militares, una

conceptualización de la amenaza ligeramente diferente acentúa los riesgos

multilaterales, como puede ser una mezcla de elevado riesgo o combinación de

amenazas potenciales de carácter militar (proliferación nuclear, química, biológica o

radiológica y misiles balísticos), el terrorismo, la radicalización islamista o las

migraciones masivas (Fisas, 1993). Este reconocimiento de la amenaza a la seguridad en

el Mediterráneo fue concretado en los años noventa en el Magreb, aunque a juicio de

Fisas (1993) guardó relación con la justificación de la legitimación de la modernización

militar de los países del flanco sur de la OTAN. Fisas destaca la diferencia necesaria

existente entre riesgo y amenaza, sobre todo en las diferentes zonas del Mediterráneo,

ya que el nivel de conflictividad en el Magreb es muy inferior al del Oriente Medio y el

Golfo.

Los factores que pueden desencadenar conflictos en el Mediterráneo, a escala

local, interestatal o regional, son varios. En todo caso, las fracturas más importantes son

de orden colonial, territorial, étnico-cultural, económico y religioso (existen

antagonismos latentes entre judíos, cristianos y musulmanes). Las fracturas religiosas,

muy antiguas, siguen abiertas en las sociedades mediterráneas y los conflictos entre las



82

tres religiones monoteístas han dejado huella y pesan en la conciencia mediterránea

(Balta, 2005).

La derrota árabe por Israel en la guerra de 1967 marcó la decadencia del

arabismo o del nacionalismo árabe y el ascenso del islamismo, proceso todavía en pleno

desarrollo. Se pasó de la predicación religiosa y el rearme moral a la organización de

movimientos políticos, clandestinos o legales, muchos sufragados por Arabia. Pero

también se pasó a la organización de grupos armados en varios países a partir de la

década de los años ochenta (Hermanos Musulmanes, GIA, Hamas, Yihad Islámica, Al

Qaeda). Las diferencias entre suníes y chiíes dentro del Islam son profundas, como se ha

visto en el conflicto libanés (1975-1990), en la guerra Irán-Irak (1980-1988), en las

guerras balcánicas y recientemente en la Guerra de Irak de 2003. También existen

divisiones en el seno del judaísmo, entre sefardíes y askenazíes, así como entre

ortodoxos y liberales.

En cuanto a los conflictos relativos a las minorías, están ocasionados sobre todo

por la negación de derechos a las mismas, por reclamaciones independentistas

extremistas o desestabilizaciones del poder central de algún país, que provocan la

debilidad del régimen en cuestión. En el Magreb, por ejemplo, el problema beréber ha

ocasionado tensiones violentas en Argelia y Marruecos (reclaman el reconocimiento de

su lengua, el tamazigt), a diferencia de Túnez y Libia, arabizados a comienzo del siglo

XX. Son demandas beréberes culturales con repercusiones políticas, que denigran los

arabistas militantes (Balta, 2005).

Los conflictos de tipo étnico-cultural más graves se derivan de las guerras

árabes-israelíes y de las guerras en los Balcanes de los años noventa. Las primeras

constituyen hoy el principal conflicto en el Mediterráneo. Desde el Plan de partición de

la ONU de 22 de noviembre de 1947, ha habido 5 guerras: la de 1948, después de la

proclamación del Estado de Israel (derrota de la coalición árabe); la de 1956, motivada

por la nacionalización del Canal de Suez (una guerra franco-británica-israelí) y donde

Israel ocupó el Sinaí; la de 1967, conocida como de los “Seis días”, en la que Israel

ocupó Cisjordania, Gaza, Jerusalén este y los altos del Golán sirio; la de 1973, del



83

“Kippur” o Ramadán, en la que se devolvió el Sinaí a Egipto; y la de 1982, que motivó

la invasión israelí del Líbano y el exilio de la Organización para la Liberación de

Palestina (OLP) en Túnez (Balta, 2005). No incluimos aquí la prolongación de alguna

de estas guerras en las décadas siguientes, bien a través de invasiones, bombardeos,

guerra de guerrillas, ataques esporádicos, ataques terroristas, por su extensión, pero no

deben dejar de nombrarse por su excepcional importancia y por constituir episodios de

la guerra más dispersos, pero no menos violentos y que implican el uso de la fuerza

militar.

En los conflictos en la antigua Yugoslavia, tras su descomposición, se vino abajo

la estructura personalista que mantenía unido el Estado, el General Tito, y la

desmembración dio lugar a la proclamación de la independencia de algunas repúblicas,

llegándose a guerras en las de Croacia, Bosnia-Herzegovina y Serbia, además de que

hubo conflictos en el interior de las repúblicas de todo tipo, étnico-culturales, religiosos

y, en menor medida, ideológicos. Estos conflictos motivaron la intervención de la

comunidad internacional, de la OTAN y dio lugar al establecimiento de fuerzas de

interposición en varias repúblicas, que todavía permanecen y cuyos planes de retirada

progresiva están desplegándose.

Hay que mencionar entre los conflictos latentes en el Mediterráneo, el de turcos

y las minorías armenia (Turquía no reconoce el genocidio de 1915); griego (obligó al

intercambio forzoso de 1.400.000 griegos de Asia Menor por 400.000 turcos de Grecia);

y el contencioso de Chipre, que también enfrenta a Grecia y Turquía (Balta).

Existe una cantidad y variedad tal de conflictos en la región, que posiblemente

hagan del Mediterráneo uno de los lugares del mundo de mayor concentración de los

mismos. Con distintas formulaciones y denominaciones, estos son los que se relacionan

desde los diversos ámbitos en España, desde autores, investigadores, instituciones,

oficiales o no, la sociedad civil, los foros de debate hasta las Fuerzas Armadas, en sus

análisis y reflexiones estratégicas.



84

Balta (2005) habla de los hidrocarburos (petróleo y gas), del agua, de la rivalidad

entre Estados Unidos y la Unión Europea como grandes tensores en el Mediterráneo. El

Mediterráneo es la mayor reserva mundial de petróleo (que ya ha ocasionado varias

guerras, como hemos visto), Europa depende en un 70 % del gas argelino, hasta 2025, el

Plan Azul prevé un aumento de la demanda de agua del 400 % en las orillas sur y este,

ya de por sí deficitarias. En cuanto a la rivalidad euro-estadounidense, Estados Unidos,

desaparecida la URSS y con una Rusia débil, comenzó a relanzar su papel en el

Mediterráneo, acentuando su presencia económica y cultural en el Magreb, torpedeando

la incipiente cooperación Norte-Sur, como el diálogo euro-árabe o el Proceso de

Barcelona. En 1998, la Eizenstat iniciative proponía una zona de libre cambio entre

Estados Unidos y el Magreb, un convenio dinámico multilateral basado en el

fortalecimiento permanente de lazos económicos, una apuesta por las cámaras de

comercio mixtas, los hombres de negocios y las empresas (Balta, 2005).

Hay quien, desde otro ángulo del análisis y para referirse a los conflictos

abiertos en el Mediterráneo, habla de “fenómenos sobrevenidos” que emergen con

posterioridad al enfrentamiento Este-Oeste y que dificultan la construcción del

Mediterráneo como espacio de diálogo y cooperación, un espacio de por sí definible

como lugar de encuentros y desencuentros (Pardo de Santayana, Ministerio de Defensa,

2007). En concreto, Pardo de Santayana (2007) establece doce fenómenos sobrevenidos

que relacionamos a continuación (entre los que no están el del Sáhara o los problemas

fronterizos pendientes entre algunos PSM):

- La explosión migratoria, en un marco de libertades que facilita el movimiento,

la ocultación y el despliegue de amenazas globales y en un contexto complejo

en el que se evitan debates sobre la repercusión de las migraciones para la

estabilidad y seguridad, y sobre la cohesión nacional.

- El movimiento islamista antioccidental y el terrorismo, que ha provocado que

se haya pasado de hablar de los países árabes al mundo islámico. La

solidaridad de entonces adquiere ahora forma de antioccidentalismo

institucional o popular.



85

- La falta de respeto hacia las instituciones internacionales y potencias

occidentales.

- El proyecto estadounidense de Gran Medio Oriente y Norte de África, que

produce confusión e incertidumbre sobre las posiciones de los actores

mediterráneos.

- El agravamiento del problema energético.

- La ampliación de la Unión Europea hacia el centro y este europeos, que obliga

a dichos Estados a interesarse por la estabilidad y seguridad del Mediterráneo,

aunque la adhesión de Bulgaria y Rumania debe aumentar, teóricamente, la

sensibilidad europea hacia la región.

- El posible acceso al poder de un grupo terrorista con el potencial

desestabilizador inherente.

- La Guerra de Irak de 2003 y el conflicto posterior, que ha repercutido en las

relaciones euro-árabes y en la estabilidad mediterránea.

- Irán, un poder político islamista fundamentalista, antioccidental, que tiene

trascendencia sobre el Mediterráneo por varios motivos: la proliferación

nuclear, la extensión del islamismo radical, el apoyo al terrorismo global, el

impulso del yihad o el fomento de la inestabilidad interna de otros países.

- La candidatura de Turquía a ingresar en la Unión Europea, que sería uno de los

grandes, no induce al consenso europeo, pero su negativa tendría

repercusiones desestabilizadoras.

- La evolución de los conflictos entre griegos y turcos.

- El conflicto del Líbano.

Martín Alonso (Ministerio de Defensa, 2007) se preocupa más por las amenazas

relacionadas con las redes del crimen organizado, la inmigración y el narcotráfico. Estos

problemas son una amenaza interior que comportan una dimensión exterior, como el

tráfico transfronterizo de droga, la trata de blancas, la inmigración ilegal, el tráfico de

armas, los vínculos con el terrorismo y la delincuencia organizada. Estas amenazas con

proyección exterior encierran una tipología de delitos que van desde el tráfico de

drogas, la explotación del tráfico de seres humanos e inmigración ilegal, el fraude y



86

contrabando a la falsificación de euros y el blanqueo de dinero (Martín, Ministerio de

Defensa, 2007). Entre las redes originarias de África, destacan las de Marruecos en la

inmigración ilegal.

A su vez, estas amenazas y delitos generan diversos tipos de redes de

inmigración irregular, que Martín ha clasificado como redes dedicadas a introducir

irregulares (las marroquíes son el último eslabón de la ruta subsahariana y asiática), a la

extorsión y secuestro de inmigrantes (destacan las marroquíes), a la falsificación de

documentos, a la explotación laboral, a las redes de prostitución y a la estafa a

inmigrantes (Martín, Ministerio de Defensa, 2007).

Estas redes de inmigración ilegal se caracterizan, siguiendo a Martín, por su gran

variedad de modus operandi, su adaptación a las normas beneficiosas del inmigrante, su

flexibilidad, por obtener mayores beneficios de la explotación del inmigrante en el país

de destino, por no constituir grandes entramados mafiosos, cambiar de métodos, rutas,

aprovechar los avances tecnológicos y utilizar las amenazas y la violencia con sus

víctimas (Ministerio de Defensa 2007).

Para García Sieiro (Ministerio de Defensa 2007), el Mediterráneo es un área

geopolítica de elevada inestabilidad en un entorno de seguridad que requiere de una

perspectiva militar para proporcionar estabilidad a la zona y seguridad a otras

actuaciones. La intervención militar se dará cuando haya en juego un interés político o

económico vital, para prevenir un desorden extensible a Estados vecinos o por la

presión ante una crisis humanitaria.

En el escenario futuro, Sieiro concluye que habrá una situación de seguridad

para España hasta 2025, sin que sea probable un ataque militar masivo. Pero, en ese

contexto, existen nuevos actores y poderes emergentes que tendrán un cierto poder

regional o global, en unas sociedades abiertas sujetas a tensiones internas. Y existen

factores de riesgo, como las áreas sin ley en los estados fallidos, con presencia de

milicias, grupos de delincuencia organizada y terroristas establecidos. Hay una mayor

probabilidad de más conflictos violentos (con presencia de tropas irregulares,



87

paramilitares, y de víctimas civiles). Los países más poderosos tendrán que afrontar los

problemas estructurales de otros, porque la pobreza extrema periférica no es una

amenaza directa pero socavará a largo plazo sus necesidades de seguridad. Junto a los

medios militares, será necesario el empleo de medios civiles, económicos, diplomáticos,

técnicos, coordinación de la ayuda al desarrollo, etc. (Sieiro, Ministerio de Defensa,

2007).

Las armas de destrucción masiva.

En los seminarios organizados por la Fundación CIDOB relativos a la seguridad

en el Mediterráneo, se ha introducido y está teniendo continuidad el estudio y análisis,

con el formato de Informe, sobre la situación de las armas de destrucción masiva

(ADM), bajo la dirección de Núñez Villaverde. Este informe periódico, en palabras del

autor, pretende convertirse en “un proyecto de actualización permanente de los datos”.

De entrada, constituye, sin duda, una herramienta de consulta y análisis panorámico de

gran interés para conocer la evolución de las mismas y la consideración de los autores e

institutos españoles al respecto, que a continuación exponemos.

Una de las limitaciones con las que cuenta la elaboración de informes

estadísticos y de situación sobre las ADM, extensible a otras áreas de la seguridad

euromediterránea, es la procedencia occidental de la mayoría de las fuentes

bibliográficas, achacable en buena medida también a los Estados árabe-mediterráneos,

reacios a facilitar información pública sobre los aspectos de la seguridad.

En la pendular percepción de la amenaza de las ADM en el Mediterráneo, en

estos momentos podemos estar situados en una fase de creciente preocupación, después

de una mayor en torno al cambio de orden internacional al inicio de los años noventa y

un casi abandono posterior. Aunque su importancia estratégica es evidente, también lo

es a veces su sobrevaloración, no exenta de cierto interés, puesto que ni es la única

amenaza, ni posiblemente la más latente en la actualidad, aún vinculada al terrorismo

global.



88

El análisis de las ADM y su repercusión en la seguridad de la región que

estudiamos trasciende las fronteras geográficas mediterráneas. Por ello se habla de un

Mediterráneo ampliado, que en este tema concreto abarca la Unión Europea, los

Balcanes, Rusia y los países del sur mediterráneo (Magreb, Oriente Próximo y Oriente

Medio) y se trata de una región que acumula arsenales nucleares, químicos y biológicos,

además de potencialidades para su desarrollo futuro.

Sobre esta cuestión, reseñamos los aspectos que nos parecen más significativos

para la seguridad mediterránea de los informes sobre ADM dirigidos por Núñez

Villaverde del V y VI Seminario Internacional sobre Seguridad y Defensa en el

Mediterráneo organizados por la Fundación CIDOB y el Ministerio de Defensa (2006 y

2007). En una primera parte se describe la situación de los Estados nuclearizados del

Mediterráneo, el papel que está adoptando Irán en el terreno de las ADM y la amenaza

del terrorismo nuclear internacional. En una segunda parte, abordamos algunos aspectos

que operan o pueden operar en el contexto nuclear mediterráneo, de forma que la

amenaza que constituyen las ADM pueda convertirse en crisis o conflictos.

La proliferación en el Mediterráneo de Francia, Gran Bretaña o Estados unidos

responde a estrategias globales, no específicamente mediterráneas, al contrario que el

rearme nuclear, químico o biológico de los Estados del sur mediterráneo para su defensa

(Núñez y otros, en Soler i Lecha, 2007).

Francia es el principal poder nuclear de la región, cuya capacidad supera lo

estrictamente mediterráneo. Ha puesto en marcha una estrategia “tout azimut” (Núñez y

otros, en Soler i Lecha, 2007), es decir, de defensa en todas las direcciones, no sólo

referida al antiguo Pacto de Varsovia. Cuenta con 59 reactores nucleares en 20

localizaciones, es el segundo productor mundial de energía nuclear, con el 78 % del

total de su producción procedente de las instalaciones nucleares y genera el 18 % de la

producción mundial. Francia realizó su último ensayo en 1996, año que firmó Tratado

de Prohibición Completa de ensayos nucleares.



89

Su ambición política y nuclear es mantener la independencia y autonomía, y

rechaza la idea de “no ser el primero en usarla”. Francia practica una ambigüedad

calculada entre sus programas civiles y militares que le permite la independencia y una

privilegiada posición internacional, la independencia de otras instancias nacionales o

internacionales, la flexibilidad con las funciones estratégicas que le interese y la poca

transparencia sobre el estado de su arsenal.

Según Núñez y otros (Soler i Lecha, 2007), la doctrina nuclear francesa se define

por seis nuevos rasgos: la disuasión a los estados patrocinadores del terrorismo, la

amenaza de atacar la “capacidad de actuar”, el empleo de sistemas más discriminadores

y controlables, el lanzamiento de ataques como “alertas finales”, la salvaguardia de las

fuentes de suministro energético y la disuasión nuclear como base estratégica

preventiva.

Gran Bretaña cuenta con 23 reactores nucleares y el 20 % de su energía es

producida en sus instalaciones nucleares. Su implicación en el Mediterráneo no

comporta interés estratégico nuclear en la región. Su doctrina es relativamente

unidimensional, dirigida a la defensa de su integridad territorial, basada a su vez en la

cooperación y dependencia con Estados Unidos. Únicamente dispone del pilar naval de

disuasión nuclear, con cuatro submarinos como pilar central de su capacidad nuclear.

Gran Bretaña se muestra poco activa en crear y apoyar dinámicas internacionales de no

proliferación

Para Estados Unidos, el Mediterráneo es un exponente de su poder y dominio

nuclear en el mundo, cuenta con bases militares en Bahrein y Turquía, 140.000 soldados

en Irak, la VI Flota en el Mediterráneo y la V Flota en el Golfo. Al igual que Gran

Bretaña, frena la agenda de no proliferación, reforzado por la “guerra contra el terror”.

Su arsenal no tiene rival mundial: cuenta con una impresionante gama en términos de

variedad, calidad y cantidad de cabezas nucleares, de sistemas de lanzamiento (pese a la

disminución posterior a la Guerra Fría).



90

Su doctrina nuclear consta de cuatro documentos básicos, junto al paso de la

destrucción mutua asegurada a la destrucción unilateral asegurada. En 1996, aprobó la

Doctrine for Joint Theater Nuclear Operations, que introduce tres cambios importantes:

señaló los actores no estatales como objetivos legítimos de las armas nucleares, añadió

países objetivos nucleares y concedió capacidad de decisión y actuación autónoma a los

comandantes sobre el terreno para el uso de armas nucleares sin ser atacados con ADM.

En 2001, impulsó la Nuclear Posture Review, que contenía un catálogo de distintas

alternativas de uso de fuerzas nucleares, señalando países-objetivo (China, Corea del

Norte., Irán, Irak, Libia, Siria), y contemplaba la necesidad de usar armas nucleares para

destruir reservas de armas químicas o biológicas. En 2002, la National Strategy to

Combat WMD concluye que existe una amenaza de uso de las ADM, tanto por estados

como por actores no estatales. Por último, en 2005, la Doctrine for Joint Nuclear

Operations, incluyó la “pre-emption”nuclear (el permiso formal para ataques

preventivos) y contempló el nuclear como un instrumento más disponible.

Por el contrario, el caso de un Estado nuclearizado como Irán sí tiene

consecuencias directas en el Mediterráneo, más que en el resto del planeta. Irán adopta

un enfoque prioritario regional (cuenta con el 14 % y el 11 % de las reservas de gas

petróleo del mundo respectivamente, siendo el segundo productor mundial en ambos).

Una crisis como la abierta entre Irán y el resto de potencias nucleares y no nucleares,

que ya ha sido planteada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es un

problema que afecta seriamente a la seguridad mediterránea. Irán muestra ambición

nuclear desde 1979, pero fue en 2002, con su inclusión en el eje del mal y el

intercambio de informes, acusaciones retóricas y diplomáticas y aumento de amenazas

cuando estalló la crisis.

Irán mantiene su programa de enriquecimiento de uranio, nada indica su parada,

y mientras quiere convencer que es de naturaleza civil, se niega a colaborar

completamente con la OIEA. Irán argumenta que no muestra interés por las armas

nucleares, insiste en su derecho al desarrollo de un programa nuclear propio, reivindica

su legitimidad a mantener bajo secreto sus programas comerciales y militares, y

manifiesta interés por la autosuficiencia energética, además del gas y del petróleo.



91

La crisis puede agravarse por la imposibilidad de diálogo con Estados Unidos.

Mientras Irán habla de energía, Estados Unidos habla de armas; mientras Irán habla de

derechos inalienables, Estados Unidos lo hace de amenaza nuclear y terrorista. Es

evidente que existen motivos geopolíticos para que Irán se convierta en una potencia

nuclear, por la ambición regional y por su seguridad nacional.

Otra crisis que puede permanecer abierta y derivar en diversos conflictos es la

existencia de grupos terroristas que puedan acceder a las ADM. En el Mediterráneo

confluyen dos aspectos no directamente relacionados que pueden generar alarma, o

también un alarmismo interesado (Núñez y otros, en Soler i Lecha, 2007), la guerra

contra el terror y la proliferación nuclear. Sin embargo, no es tan evidente que grupos

terroristas tengan interés y capacidades para obtener ADM. Además, sin demanda no es

evidente que existan redes o grupos interesados y capacitados, porque las armas

convencionales son menos peligrosas, poseen un origen más difícil de rastrear y para los

fines terroristas no se hacen necesarias las ADM.

Esta posible crisis se da en un contexto de guerra contra el terror, que ha

intoxicado el Mediterráneo, al vincular directamente terrorismo y ADM. La guerra

contra el terror, lanzada por Estados Unidos en 2001, se inserta en un esquema de

seguridad hegemónico: frente a un escenario mundial apocalíptico de grupos capaces de

atacar el modelo occidental se necesita una guerra, apoyada en un miedo generalizado y

en la capacidad de derrotar al enemigo.

Visto el estado de la cuestión nuclear y el estado de las ADM en algunos países

del norte europeo, Irán y la incógnita del terrorismo nuclear, consideramos a

continuación aquellas aportaciones de Núñez Villaverde relativas a las ADM que es

necesario tener presentes para comprender el contexto nuclear mediterráneo.

La amenaza principal en el contexto nuclear mediterráneo subyace en un

esquema de conflictividad sur-sur, descartándose a los países del norte como fuente de



92

conflictos. La definición de la región mediterránea que realiza Núñez y Hageraats es

clave para comprender el papel de las ADM en el Mediterráneo:

se asemeja a un complejo laboratorio en el que se están experimentando y

configurando las reglas de juego de un nuevo orden/desorden mundial, en el

que los países del Sur y del Este en ella ubicados más bien parecen piezas

reactivas de un mecanismo que viene impulsado por fuerzas exógenas que

escapan a su dominio.

En esta configuración inestable actual de la seguridad en la zona, los autores

encuentran algunos rasgos importantes. En primer lugar, la superposición de conflictos

norte-sur y sur-sur. Segundo, problemas de convivencia y rivalidad, heredades muchas

de la descolonización mal planificada y gestionada. Tercero, la existencia de dinámicas

militaristas que han impregnado la seguridad y defensa. Y, cuarto, relacionado con este

último, el deseo, a veces enmascarado de necesidad de defensa, de adquirir la capacidad

de disuasión suficiente contra los intentos hegemónicos en la región de los vecinos

próximos, en el que las ADM son elevadas a categoría de disuasión absoluta (porque se

ha aprendido que el Estado que posee ADM posee una salvaguarda frente a cualquier

amenaza y es reconocido con un estatus especial). En este sentido, el conflicto árabe-

israelí no es ajeno al rechazo que sufren las opciones de la no proliferación o al control

de armas (no digamos el desarme).

En este contexto, la existencia de gobiernos con fuerte predominio de la acción

militar en la actividad política y gubernamental refuerza la opción del acceso a las

ADM. El gasto en defensa de los países del sur mediterráneo va desde el 3 % del PIB,

que representa en el Magreb, hasta el 10 % de Arabia Saudí e incluso por encima del 10

% en Israel, con lo que la posibilidad de explotar la posesión de ADM para la seguridad

y defensa nacional aumenta.

A pesar de los problemas internos bilaterales con vecinos y del conflicto del

Sáhara, el Magreb es la zona más tranquila del Mediterráneo en términos de seguridad y

estabilidad, por existir una menor acumulación de armas y porque las fuentes de



93

inestabilidad son de tipo económico, social y político, más que militar. Sólo Argelia

inspiró una elevada desconfianza con su crisis interna en los noventa, pero su adhesión a

la Convención de Armas Químicas y al TNP en 1993 y 1995 respectivamente impulsó

la tranquilidad en el Mediterráneo. Libia, por otra parte, intentó hacerse con armas

nucleares durante su etapa de aislamiento internacional, dando la espalda a los esfuerzos

multilaterales de no proliferación. Se conoció, asimismo, sus intentos de fabricación de

armas químicas. Hoy parece comenzar a superarse este aislamiento internacional.

Los esfuerzos por reducir o suprimir la proliferación de ADM en el

Mediterráneo han sido escasos e ineficaces. Un paso notable sería acabar con la

equiparación entre armas nucleares y el resto de ADM (químicas o biológicas). Su

separación conceptual y diplomática facilitaría el establecimiento de zonas libres de

ambos tipos de armas en el Mediterráneo (impedimento clásico que continúa y que

bloquea avances en el sentido de la supresión). Desde luego, no se trata sólo de que sean

los países del sur del Mediterráneo los que desistan de sus programas nucleares

militares, sino que la realidad nos dice que ni Estados Unidos, ni Rusia ni Gran Bretaña

van a despojarse de sus arsenales.

En la actualidad, descartado en el Mediterráneo el supuesto de un ataque tipo

“Hiroshima-Nagasaki”, pueden plantearse tres escenarios posibles: el uso de armas

nucleares ante una amenaza que suponga un exterminio probable (opción de último

recurso), un accidente (opción necesitada de una mayor confianza y cooperación) y la

adquisición de tales armas por grupos no estatales, singularmente terroristas (opción

realista pero por ahora descartable).

Hay que reseñar que los intentos por crear una zona libre de armas nucleares en

la región han formado parte de la agenda de seguridad mediterránea desde los años

setenta del siglo pasado pero han fracasado, como en la Conferencia de 2005 (ya en

1974, en la Asamblea General de la ONU, Irán lanzó la propuesta, apoyada por Egipto).

No obstante, debe continuar como un objetivo a largo plazo en la región.



94

La falta de entendimiento político entre Estados y otros actores juega en contra

de la no proliferación y favorece la inestabilidad.

La realidad es que en el Mediterráneo existen arsenales de ADM y hay

probabilidad de que haya otros nuevos, porque hay candidatos al club de las ADM. Un

objetivo realista es cambiar la opción de supresión total por la de regulación en un

marco de diálogo, transparencia y confianza, contribuyendo a que su posesión no

signifique una amenaza directa. Porque hasta ahora (según el enfoque de Núñez y

Hageraats), el enfoque multilateralista mediterráneo no ha comprometido voluntades

fuertes para reducir la inestabilidad y abordar la carrera de armamentos en la región, en

palabras de estos autores (2006: 168):

La vía más directa hacia la paz y la seguridad pasa por la resolución de los

problemas básicos que sirven de germen para la inestabilidad interna y

externa en la región. La necesidad de profundas reformas sociales, políticas

y económicas en la mayoría de estos países es innegable.

Diferentes visiones de los aspectos principales que configuran la seguridad

en el Mediterráneo.

La Unión Europea lanzó el Proceso de Barcelona sin que existiera la Política

Europea de Seguridad y Defensa, y sin que la seguridad fuese un tema común de

diálogo en el espacio euromediterráneo. Esto motivaba que las iniciativas de seguridad

y defensa europeas se consideraran una amenaza por parte de los PSM, sobre todo por el

Magreb (como sucedió en los años noventa con la creación de las fuerzas marítimas y

terrestres Euromarfor y Eurofor). Al final, acabó por convertirse en un “efecto

catalizador que propició el inicio del diálogo sobre temas sensibles y sobre las posibles

medidas de confianza” -Soler y Lecha citando a Lluis María de Puig (Soler i Lecha,

2001).

La realidad es que la diferente visión de la seguridad existente entre Estados

europeos y Estados del Mediterráneo sur puede reducirse a partir de la aproximación del



95

concepto de seguridad y del de terrorismo. Respecto de la evolución del primero, la

política europea de seguridad ha empezado a replantearse sus contenidos, sobre todo a

partir de la formulación de la Estrategia Europea de Seguridad de 2003. Está, por tanto,

en plena reformulación, mediante el concepto “seguridad humana”, que enfatiza la

seguridad y protección del ser humano y no tanto del Estado (Informe de Desarrollo

Humano de la ONU, de 1994). Esta reconceptualización en marcha ha sumado nuevos

aspectos a la “cesta de la seguridad”, como la actuación ante catástrofes ambientales o

la garantía de que las fuerzas de seguridad y el sistema judicial van a proteger al

ciudadano, entre otros.

En España, gracias al debate permanente generado en centros de reflexión y

pensamiento - la Fundación CIDOB y el Ministerio de Defensa sobre la seguridad y

defensa en el Mediterráneo, el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea

(mayo de 2004), o el seminario sobre gestión civil y militar de crisis en el Mediterráneo

organizado en Atenas en junio de 2005- asistimos a un interés creciente por reforzar la

dimensión de la seguridad en el Partenariado Euromediterráneo a partir de acciones

concretas, de una expansión regular de la cooperación en este terreno, dejando para

cuando haya un contexto regional más propicio la redacción de la Carta

Euromediterránea de Paz y Estabilidad en el Mediterráneo (Soler i Lecha, 2001).

Un argumento de los más contundes es el que exhibe Jerch (200) acerca de la

crisis de la política de la Unión Europea hacia el Mediterráneo, necesitada de una

reestructuración y revitalización. Si la seguridad es la primera motivación central de la

política mediterránea de la UE, requiere medidas para estabilizar democráticamente los

PSM. Y así lo recoge también el I Informe del PNUD, en el que se contempla que la

falta de libertades y de democracia son los principales obstáculos al desarrollo árabe y,

en clave del proceso euromediterráneo, de la seguridad. Existe una interconexión entre

niveles y dimensiones de la seguridad: entre el nivel regional y el nacional y entre la

dimensión política y la económica, y de ésta con la social y la de seguridad (Jerch,

2007). Por ello, este autor defiende que la cooperación política y de seguridad está en

desarrollo y es algo nuevo pero no puede darse por definida ni delimitada con claridad.



96

El mismo autor ha planteado la idea de la madurez de las interacciones entre

Estados, que guarda relación con el concepto de comunidades de seguridad. La

democracia fomenta la interdependencia económica y ésta influye en la creación de

estructuras institucionalizadas. La comunidad dependerá del contacto entre las naciones

y del aumento del volumen de transacciones. En función de la vigilancia y coordinación

de los flujos existirá la necesidad de institucionalizar sus intercambios (Jerch, 2007). Y

en función de todo ello, se reforzará la idea de que las interacciones conllevan más

seguridad.

La expresión “seguridad en el Mediterráneo” es observada con escepticismo, por

su diversidad en términos de seguridad. Las tensiones y rivalidades regionales hunden

sus raíces en el siglo XX, aunque no exclusivamente durante la Guerra Fría (que

cumplió la función de contención y estabilización), motivadas por ganar terreno en la

zona.

Han proliferado los trabajos sobre la nueva dimensión de la seguridad en el

Mediterráneo (no-militar), sin que la militar deje de ser relevante, aunque más limitada

a la dimensión sur-sur: el terrorismo, la violencia política, la proliferación de ADM y

misiles balísticos de largo alcance o los arsenales convencionales. En la nueva agenda

de seguridad prima el conflicto Norte-Sur (el desarrollo) en contraste con el este-oeste

(militar). Seguridad es desarrollo y sin desarrollo no hay seguridad, como muestran los

estrategas españoles en el Libro Blanco de la Defensa:

El Mediterráneo es un área de contraste y desequilibrios en los órdenes

político, económico y social y, en consecuencia, propensa a la inestabilidad,

tanto la cuenca mediterránea oriental como la occidental, ambas de gran

influencia en la estabilidad mundial y europea.

La estabilidad es una cuestión doméstica en la que influyen aspectos

económicos, demográficos y sociales. Los PSM sufren altas tasas de urbanización

(factor de inestabilidad política interna). Existen riesgos de movimientos sociopolíticos

radicales, el islamismo y las migraciones masivas (percibidas como un desafío a la



97

seguridad europea), factores y fenómenos que centran los análisis de las amenazas no-

militares. Tampoco hay que subestimar el poder del nacionalismo como factor

desestabilizador, ya que cuando entran en conflicto los intereses nacionales de seguridad

con las afinidades islámicas, aún siendo éstas clave, el impulso nacional es más potente

(Jerch, 2007). Esta aseveración no está en línea con algunos autores y opiniones

recogidas aquí, en donde el Islam, en sus diversas interpretaciones, está captando

adeptos debido al fracaso, entre otros, del nacionalismo árabe para solucionar los graves

problemas de todo tipo que tienen las sociedades árabes.

Desde otro punto de vista, el de la construcción del espacio mediterráneo como

espacio de paz (en la órbita de la teoría de la investigación para la paz), se relaciona la

paz con la seguridad y un futuro regulado. Desde esta aproximación conceptual,

incentivar la paz y la cooperación como un elemento esencial de la construcción social

del Mediterráneo y de su historia no es una ingenuidad, sino mirar las “dos caras de la

moneda”. La ingenuidad provendría, según Muñoz y Pérez (2003) de contemplar sólo la

perspectiva de la violencia y la guerra como el método más eficaz para afrontar los

problemas y retos. Este punto de vista plantea revigorizar el pensamiento para

aprehender la realidad y hacer propuestas constructivas. En este esquema, se habla de

una paz relacionada con la regulación, transformación o resolución cotidiana de los

problemas y conflictos, representada por actitudes que aún conviviendo con la violencia

(guerra, explotación, marginación) optan por privilegiar las vías pacíficas de regulación

de conflictos. Las relaciones entre una paz en construcción (que convive con conflictos)

y la violencia sólo pueden ser comprendidas desde la complejidad (Muñoz y Pérez,

2003).

En este sentido, la seguridad humana compartida debe establecerse sobre la base

de la previsión de soluciones pacíficas, negociadas, pactadas y que frenen las iniciativas

bélicas en una región demasiado militarizada (como también sostiene Fisas), como

asumió la CSCM, para gestionar la interdependencia y contribuir a generar una

estabilidad mayor a partir del desarrollo social y económico, la cooperación, el diálogo

y convirtiendo al Mediterráneo en un espacio de cooperación en el escenario mundial.

Esto debiera traducirse en observar las causas de la inseguridad, limitar los efectos



98

desestabilizadores del potencial militar, controlar las ADM, promover medidas de

confianza o estudiar los desequilibrios demográficos.

Otra aproximación a la seguridad desde el mismo ámbito conceptual y de

investigación es la de Sanz, que critica el hecho de convertir a la seguridad en una

especie de ideología, producto de las restricciones analíticas y conceptuales de las

visiones tradicionales y de las actuaciones de la Unión Europea y las organizaciones

intergubernamentales. Además, establece la necesidad de volver a resituar el concepto

de seguridad en el espacio euromediterráneo y la de coordinar a todos los actores

implicados en la región.

El primer aspecto se refiere a que la seguridad ha terminado por convertirse en

una ideología para Europa, donde el concepto de seguridad es una especie de

“propiedad privada” de una comunidad epistémica en el que predominan analistas

políticos al servicio de los estamentos militares. Por ello, prevalece un concepto de

seguridad ligado a las doctrinas militares, ceñido a las causas y modos de los conflictos

bélicos. Pero, críticamente, habría que extender la seguridad a la prevención de nuevas

guerras y del terrorismo internacional (Sanz, en Muñoz y Pérez, 2003). Para Sanz, se

necesita un concepto de seguridad alternativo al militar tradicional, extensible a los

ámbitos no-tradicionales y no-militares, por ejemplo, hablando de seguridad alimenticia

o ecológica. Aquí es donde jugaría un papel esencial la comunidad epistémica,

intentando limitar la seguridad a la esfera militar, por estar muy vinculada a la

soberanía, y expresándola en términos de defensa del interés nacional, cuyos actores son

las elites que controlan el Estado. Para escapar a este círculo cerrado, Sanz refiere la

seguridad a espacios complementarios al de los Estados nacionales y sus intereses, en

concreto a uno colectivo (seguridad colectiva) de un conjunto de Estados, basado en la

cooperación, el desarrollo y la interdependencia económica. En realidad, esto es

justamente lo que plantea el proceso de Barcelona iniciado en 1995, que institucionalizó

las iniciativas y voluntades existentes anteriormente.

Entre los requisitos de la seguridad colectiva, destaca Sanz el rol que deben

desempeñar las elites democráticas en los PSM, en contraposición al que terminan



99

desempeñando las elites no-democráticas en la seguridad mediterránea. Partiendo, dice

Sanz, de que la seguridad de los individuos es la base de la seguridad del Estado y que

unas elites no-democráticas en los PSM alimentan con sus actitudes y frenos a las

reformas el terrorismo internacional, resulta esencial re-centrar el concepto de

seguridad, tomando en consideración aspectos no militares de la seguridad, que

contribuyan a formar elites democráticas que puedan acceder al poder. Estas elites

democráticas deben servir de base a la seguridad colectiva, a diferencia de las no-

democráticas, que se mantienen en un entorno de seguridad basada en la soberanía, lo

que comporta la generalización de la posesión de misiles de largo alcance, sus cabezas

nucleares y una demanda a cubrir.

Pero, sostiene Sanz, por el momento, un requisito obligado para desarrollar una

política de seguridad colectiva es contar con las elites no-democráticas, sobre todo por

la dificultad de encontrar elites moderadas en los países con los que se pretende

intercambiar para lograr la seguridad colectiva. Una vía de construcción de un nuevo

ambiente entre las elites existentes es la consocionalista (formas articuladas de

compartir y repartir el poder a diferentes niveles territoriales e institucionales), que

permite el contacto entre las elites de los países democráticos y de los no-democráticos,

que puede desplegar un gran potencial para la seguridad colectiva (Sanz, en Muñoz y

Pérez, 2003).

El proceso que describe Sanz puede resumirse en la expresión

internacionalización de las elites no democráticas más o menos de la siguiente manera:

las elites no-democráticas no saben/no quieren crear un desarrollo intensivo en mano de

obra y fijar la población al territorio, evitando que la emigración se convierta en un

problema de seguridad tradicional y sea tratado como un problema policial. El

estancamiento de las sociedades mediterráneas, con escasas expectativas y poca

movilidad social, hace que dicha movilidad dependa de la cooptación de las elites

patrimonialistas, del patronazgo y del clientelismo que adjudican privilegios y abusos,

sin reconociendo de derechos alguno. Estas elites son las que tienen internacionalizarse.



100

Esto puede suponer una estrategia dirigista e incluso una injerencia en los

asuntos internos de otros Estados mediante el contacto entre elites de países

democráticos y las de los PSM. En realidad, podríamos estar hablando de una especie

de empoderamiento democrático desde arriba que venga a solucionar un problema de

seguridad percibido desde Europa. Un requisito de esta nueva relación entre elites es la

disminución del peso del Estado patrimonialista en el Mediterráneo, que sigue siendo un

obstáculo para la democracia y la reducción de la pobreza.

Estos esquemas o elaboraciones desde las teorías de la investigación para la Paz,

como hemos dicho ya, están estrechamente relacionadas con la filosofía y objetivos del

Proceso de Barcelona, pese a ser más crítica con la posición de partida o premisas

aceptadas del mismo, sobre todo con su visión continentalista o de superioridad sobre

los valores y sociedades de los PSM, así percibida por los mismos.

Otra aproximación a la seguridad mediterránea es la europea, que comenzó a

reelaborarse a final del siglo XX, condicionada por la desaparición de la Guerra Fría, la

falta de definición y cohesión de la política exterior europea y el papel preponderante en

el ámbito de la seguridad de Estados Unidos en el mundo.

Con la caída del Muro de Berlín, en 1989, los Estados europeos comienzan a dar

prioridad a la perspectiva europea en asuntos de política de defensa, desarrollando

diversos ejes de pensamiento en torno a la defensa. Alemania, por ejemplo, habló de “lo

europeo-compatible”, que constriñe su nacionalismo vinculándose a Europa. Francia,

por su parte, habló de “disuasión concertada”, justificando su programa de armamento

nuclear y abogando porque fuera el eje de la autonomía del modelo europeo de

seguridad, mientras que para otros países estaría en la no proliferación. Gran Bretaña

introdujo la expresión “no duplicación”, por la que la Unión Europea se dotaría de

estructuras adecuadas sin cuestionar la cadena de mando que lleva hasta Estados

Unidos. Mientras que Alemania estuvo defendiendo un modelo supranacional, Francia y

Gran Bretaña promovieron un modelo intergubernamental.



101

En el ámbito comunitario, el Parlamento Europeo aprobó el 29 de marzo de

2000 una resolución sobre política mediterránea que llamaba al desarrollo económico y

social y a la promoción de la paz. Si Sanz menciona el requisito de interacción entre

elites no-democráticas de los PSM y democráticas europeas, la Unión Europea, en los

Acuerdos de Asociación, menciona el requisito de la promoción del respeto de los

derechos humanos y la democracia para mantener dichos Acuerdos, junto a la

cooperación económica. Esta condicionalidad es clave en la construcción de un entorno

de seguridad mediterránea, porque los derechos humanos minan el peso de las elites

patrimonialistas en los Estados mediterráneos no-democráticos.

De acuerdo con la visión de la seguridad implícita en la política mediterránea de

la Unión Europea de crear zonas libres de armamento nuclear en el Oriente Medio, sería

conveniente convertir Europa en Zona Libre de Armamento Nuclear, debiendo avanzar

en los tratados de prohibición de pruebas nucleares y de no producción de material

fisible, que darían credibilidad a la no-proliferación (en esta línea, el nuevo presidente

de Estados Unidos, Obama, en su primera visita a Europa, abogó por la no-proliferación

y la desnuclearización progresiva, el 5 de abril de 2009, en Praga).

Viçen Fisas considera que la visión de la seguridad que la OTAN comenzó a

reelaborar a partir de la caída del Muro de Berlín estaba vinculada a su intento de

legitimar la modernización militar de los países de su Flanco Sur. Por ello, entiende que

la Alianza Atlántica consagró en 1991, en su Concepto Estratégico, una aproximación

hacia los países mediterráneos del sur basada en la estabilidad como concepto clave,

apoyándose, entre otros, en los siguientes extractos de dicho documento estratégico:

“los Aliados desean también mantener relaciones pacíficas y amistosas con los países

del Mediterráneo meridional y Oriente Medio. […] la estabilidad y la paz en los países

de la periferia Sur de Europa son importantes para la seguridad de la Alianza y más aún

si se tiene en cuenta el crecimiento de la potencia militar y la proliferación de la

tecnología armamentística en la zona, incluidas las armas de destrucción masiva y los

misiles balísticos capaces de alcanzar el territorio de algunos Estados miembros de la

Alianza”.



102

En opinión de Fisas (1993), esta es una visión perteneciente al enfoque

tradicional de la contención militar hacia el sur derivado de la Guerra Fría, en la que la

estrategia mediterránea de la seguridad se realiza casi siempre unidireccionalmente y en

el que el mito de la estabilidad se hace omnipresente y casi único motivo de la

seguridad, en la línea de que es mejor lo conocido que lo desconocido, un

mantenimiento del statu quo. Para Fisas, asistimos desde el final de la Guerra Fría a la

contraposición de dos visiones de la seguridad que implican dos respuestas diferentes:

por un lado, el viejo discurso de la seguridad, que contempla al Sur como una amenaza

y derivará fácilmente en la solución militar. Por el otro, el nuevo discurso, que

contempla más riesgos que amenazas, con soluciones no militares a problemas no

militares, que creará un sistema regional de seguridad a partir de intereses comunes

(Fisas, 1993).

Conviene a nuestros intereses incluir una parte de la visión que comenzó a

conformar Naciones Unidas desde la última década del pasado siglo, por liderar el

amplio concepto de seguridad, la seguridad compartida, y consolidar el enfoque

multifactorial. En 1992, la ONU habló de seguridad ecológica para referirse a las

inestabilidades de tipo ecológico como fuente de amenaza a la paz y a la seguridad,

extrapolable al Mediterráneo, que, pese a su diversidad, contiene elementos y desafíos

comunes propios de una política de eco-seguridad (Fisas, 1993). En el ámbito

mediterráneo existen problemas compartidos, como la contaminación por petróleo

(aunque es la ribera norte la que más contamina); el exceso de capturas pesqueras, que

pone en peligro especies y fondo marino; la pérdida de biodiversidad genética en el

campo; los vertidos a la atmósfera; la lluvia ácida; los desplazamientos de millones de

personas hacia las ciudades; el crecimiento demográfico del sur; la sobreexplotación

turística del litoral; o los vertidos de aguas residuales sin depurar. Pero también en el

terreno de la eco-seguridad se están creando ámbitos comunes de cooperación, en

concreto en los de la protección medio ambiental, la utilización de recursos o los

procedimientos de restauración (Fisas, 1993).

Como ha sido reconocido por la comunidad científica, la sociedad civil y los

Estados desarrollados, no sólo a partir de la Cumbre de Río de 1992, sino sobre todo en



103

la mayoría de cumbres y encuentros internacionales y de los países más desarrollados

durante los inicios del siglo XXI (G-8, G-20, etc.), y de acuerdo con Fisas (1993), se

necesita establecer una concertación para financiar la seguridad ecológica en el

Mediterráneo. Es cierto que ya existen medidas iniciadas en foros como el de la

Declaración de Génova del programa de Naciones Unidas para el Mediterráneo-Plan de

Acción del Mediterráneo (PAM), la Convención de Barcelona o la de Naciones Unidas

sobre la Ley del Mar, pero son medidas que, como el PAM, de 1976, se incumplen por

la mayoría de firmantes.

Como se ha reflejado, son varios, mayoría seguramente, los investigadores

españoles que critican el “choque de civilizaciones” como una visión de seguridad

desde la que aproximarse al Mediterráneo. Marcu y Méndez (Pereira, 2003) critican el

simplismo de esta tesis, contraponiendo el análisis multifactorial de los conflictos, que

permite comprender sus raíces: las crisis políticas, la pobreza, la desigualdad, los

intereses y los recursos estratégicos, etc. Según estos autores, las diferencias

socioeconómicas constituyen el factor que mayor efecto desestabilizador tiene sobre la

región. Su consecuencia posible es una crisis social por la falta de expectativas de la

población, que emigra a las grandes ciudades, en su mayoría jóvenes desempleados o

subempleados, pero también por la contestación a los regímenes corruptos y

autoritarios.

Esta visión de la seguridad más humana, compartida o global cuenta con la

existencia de la exacerbación del sentimiento nacionalista de base étnico-cultural, con

exigencias de soberanía y territorialidad como posible respuesta, que puede provocar

conflictos de baja intensidad (en el Magreb, por ejemplo, la reivindicación de territorios

desérticos o el Sáhara Occidental). En la visión de Marcu y Méndez (Pereira, 2003), el

recurso tópico a las guerras de religión es más discutible, pues a veces ignora otras

razones explicativas, como la competencia interna o entre países del área por algunos

recursos naturales estratégicos: hidrocarburos del norte de África, el gas argelino en

particular, que requieren de inversiones elevadas y es clave para Europa del sur, o el

agua, escasa y muy demandada para urbanización, agricultura e industria (Marcu y

Méndez, en Pereira, 2003).



104

Una visión interesante sobre la seguridad la ofrece Cámara, desde la Universidad

de Granada, que ha profundizado en las relaciones entre la paz, las constituciones de los

Estados del mediterráneo y sus repercusiones para la construcción de un espacio de paz

y prosperidad en la región. En primer lugar, Cámara destaca la imposibilidad de hablar

de constitucionalismo mediterráneo, ya que existe un grupo de estados realmente

democráticos, otro de Estados que sólo nominalmente lo son y otro de Estados

claramente autoritarios (Martínez y Muñoz, 2007).

Las alusiones a la paz en las constituciones de los Estados Mediterráneos son, en

general, parcas, y figuran casi siempre en los preámbulos y en las definiciones de

objetivos. Según la clasificación de Cámara, hay un grupo que establece unos principios

fundamentales, como la libertad, la democracia, el respeto de los derechos humanos

(España, Francia, Italia, Grecia). Un segundo grupo de Estados ha salido de conflictos

recientes de tipo étnico o religioso y está en fase de estabilización (Bosnia-Herzegovina,

Croacia). Luego están Turquía, Israel (que no tiene constitución identificable con un

documento, sino Leyes Básicas), Líbano (cuyo artículo 65 se refiere a la atribución de

poderes de declaración de la guerra y paz), Egipto, que incluye la voluntad de dedicar

sus esfuerzos a la paz en el mundo, Marruecos (incluye la salvaguardia de la paz y la

seguridad en el mundo), Argelia, que rechaza la guerra de agresión y defiende la

resolución pacífica de disputas internacionales, Túnez (que incluye el deseo de trabajar

por la paz) y Libia, que refleja el deseo del pueblo libio de que la paz sólo es posible

con la justicia.

Existe, como vemos, una escasa dedicación de las Constituciones a la paz, por lo

que no pueden extraerse conclusiones sobre sus repercusiones jurídico-políticas para la

seguridad en la región mediterránea. Desde esta corriente teórica, la paz no es posible

porque en los PSM no se dan las condiciones para la democracia, pese a que algunos

Estados se denomina democráticos, aunque sus estructuras y funcionamiento son

indudablemente autoritarios o son sistemas híbridos que no alcanzan el paradigma

democrático. Pero no hay que minusvalorar los avances ético-jurídicos de los PSM y

sus compromisos internacionales (Cámara, en Martínez y Muñoz, 2007).



105

Si los avances en la cooperación son escasos, los acuerdos políticos para resolver

los conflictos igualmente son escasos y lentos, y las estructuras jurídico-constitucionales

tampoco son el reflejo de una voluntad pacífica y de desarrollo justo. El proyecto

euromediterráneo debe combatir el malestar antropológico de fondo provocado por la

desigualdad estructural, puesto que la paz es más que absentia belli y se construye a

partir de la mutua confianza. Quizá, por ello apunte Cámara que sea mejor dedicar los

esfuerzos euromediterráneos a extender los avances constitucionales y mejorar las

condiciones materiales, algo menos utópico que pretender la paz y seguridad mediante

equilibrios de poder en un mundo desigual insostenible (Martínez y Muñoz, 2007).

Desde el ámbito oficial, Dezcallar (Dirección General de Política Exterior en la

VIII Legislatura) ofrece una aproximación a la seguridad en el Mediterráneo desde el

postulado básico de que la seguridad mediterránea está concebida como un entramado

de relaciones que crean una estructura de intereses, los de cada parte, que son tenidos en

cuenta por la otra. En este esquema, la seguridad viene definida en negativo, es decir,

como aquellos intereses que no se deben permitir en situaciones de cambio obligado en

los PSM y que es mejor manejar desde el consenso, la cooperación y el acuerdo

(Dezcallar, en Soler i Lecha, 2007), para lo cual se necesita una complementariedad en

la seguridad, mediante la fuerza y el diálogo, compatibles en este contexto.

Un requisito considerado ineludible por Dezcallar para la seguridad

mediterránea es la resolución de las tres crisis existentes en el Mediterráneo, Irak,

Afganistán y Oriente Medio. Bajo este supuesto subyace la idea de que el Mediterráneo

como espacio geopolítico y estratégico se extiende hasta Asia Central.

Junto al entramado de intereses, la complementariedad y el Mediterráneo

ampliado, Dezcallar incluye dos aspectos más o requisitos en la visión de la seguridad

que maneja el Gobierno español. Uno, que la seguridad en el Mediterráneo estará en

función del desarrollo: a mayor diferencia de renta mayor problema de cooperación y

consenso, por lo que aumentará la incertidumbre e inseguridad. Y dos, que es necesario



106

el apoyo a los sectores moderados frente a los extremistas, como criterio presente en

todos los proyectos, marcos y foros (Soler i Lecha, 2007).

Estos dos supuestos de seguridad coinciden con los avanzados en el III Curso

internacional de Defensa que organiza la cátedra Miguel de Cervantes de la Academia

General Militar y la Universidad de Zaragoza, en 1995, dedicado al diálogo norte-sur en

el Mediterráneo. Junto a otros supuestos, pasaron a formar parte del acervo de seguridad

de los foros y espacios de seguridad internacionales y euromediterráneos abiertos. A los

efectos de lo que nos interesa, resaltamos cuatro aspectos centrales que cualquier

propuesta de seguridad en el Mediterráneo debe tener presente: desechar la tesis del

choque de civilizaciones como argumento explicativo a los problemas mediterráneos

actuales y futuros; asumir que el concepto de seguridad es multifactorial y

multidimensional, se amplía y supera lo militar; aceptar que la estabilidad mediterránea

es paralela al desarrollo político y económico y ser consciente de que la opinión pública

es ajena a las cuestiones de seguridad, y del Mediterráneo en concreto.

Respecto del papel determinante e inevitable del choque de civilizaciones,

puesto de moda por Huntington en los años noventa, el devenir de los acontecimientos

demuestra que la evolución de la seguridad y de los conflictos viene condicionada por

muchos factores, entre otros, por el geopolítico, el económico y los nacionalismos. Por

otro lado, lo cierto es que cada vez se producen más conflictos en el interior de cada

civilización (aceptando el polémico uso de un término ambiguo y confuso). Por último,

para algunos (Remiro, III Curso internacional de Defensa, 1995), la lucha de

civilizaciones no originará graves conflictos entre el norte de África y Europa.

En cuanto a la extensión del concepto de seguridad, se asume que se amplía de

lo militar a lo multifactorial o multidimensional, incluyendo factores políticos,

económicos, medioambientales y sociales (Marquina, III Curso internacional de

Defensa, 1995). Por este motivo, la estabilidad estará cada vez más en función del

desarrollo económico y político del Mediterráneo sur, argumento aceptado desde finales

de los años ochenta del siglo XX.



107

Por último, no cabe duda de que las cuestiones de seguridad están muy

restringidas a círculos especializados e implicados en la misma, aún más la seguridad

relativa al Mediterráneo, entre otros motivos, por la deficiente calidad de la información

en general, por el bajo nivel de educación y, curiosamente, por la falta de respeto de la

población a la clase dirigente (Valcárcel, III Curso internacional de Defensa, 1995).

La visión de la seguridad en el Mediterráneo a través de las publicaciones

periódicas del Ministerio de Defensa.

En realidad, este apartado dedicado a las visiones elaboradas sobre la seguridad

mediterránea en las publicaciones oficiales del Ministerio de Defensa, es una pequeña

investigación compilatoria dentro de la investigación mayor. Este punto compila las

reflexiones e ideas más relevantes sobre la seguridad en el Mediterráneo expuestas a lo

largo de cuatro décadas por los investigadores, estudiosos y altos mandos de las Fuerzas

Armadas españolas en las publicaciones periódicas oficiales del Ministerio de Defensa,

a saber, el Boletín de Información de la Defensa, los Cuadernos de Estrategia y las

Monografías del CESEDEN. Estas publicaciones, singularmente la primera, figuran

entre las más antiguas y casi únicas dedicadas al estudio de la seguridad y la defensa en

España y constituyen una fuente de recursos bibliográficos obligatoria para conocer los

diferentes enfoques de la seguridad mediterránea.

El Boletín de Información de la Defensa, 1965-2009.

El Boletín de Información de la Defensa (BID) viene siendo publicado por el

Ministerio de Defensa desde diciembre de 1965. Hasta fechas recientes, el capítulo IV

se dedicaba a las cuestiones mediterráneas. Los artículos y trabajos que aparecen en el

BID tienen un marcado carácter militar y estratégico, aunque progresivamente ha ido

adquiriendo un carácter político-estratégico. Una publicación que tiene casi 45 años de

vida es un recurso muy valioso para conocer cómo han evolucionado los aspectos de

seguridad, cuáles han sido las preocupaciones de los militares y cómo se reflejaba en el

pensamiento militar y político la situación de la seguridad y defensa nacional e

internacional.



108

En relación con la profundización en los asuntos del Mediterráneo, hay que

señalar tres momentos en los que han estado ausentes del BID. Entre 1970 y 1973

(apertura del régimen, consolidación de la ruptura del aislamiento español y problemas

de abastecimiento energético petrolífero internacionales), entre 1976 y 1986 (transición

democrática y reformulación de la política exterior española en la primera mitad de la

década de los ochenta) y entre 1988 y 1991 (caída del Muro de Berlín y reformulación

de la seguridad internacional). Durante ese largo período, de 1976 a 1991, en el que

España se incorpora como actor de pleno derecho al escenario político y de seguridad

europeo y atlántico, hay que situar la excepción de dos boletines que incluían

específicamente asuntos del Mediterráneo, en 1987 (los números 199 y 204).

Durante la década de los sesenta, era frecuente la aparición de artículos

publicados en otras revistas europeas occidentales, en los que destacaba, por un lado, la

preocupación por el incremento de la presencia política y militar soviética en el

Mediterráneo, con el estudio de su capacidad y recursos, y, por otro, el análisis de la

situación de cada país y su capacidad para hacer un frente común ante problemas de

inestabilidad. Ya hubo quien anticipó en tres décadas la necesidad de impulsar un

proceso similar al de la Asociación Euromediterránea, como Enrique Manera (1969):

Sólo mediante el desarrollo económico y el acuerdo tácito sobre el comercio

de las armas podrán eliminarse los orígenes más perniciosos del conflicto y

conseguirse que esta zona evolucione finalmente hacia una especie de

sistema regional que facilite la base para una comprensión de la mutua

interdependencia.

Desarrollo económico, acuerdos sobre armas e interdependencia, tres conceptos

que están en la base de todas las propuestas actuales multilaterales importantes de

seguridad realizadas sobre el Mediterráneo, singularmente en el Proceso de Barcelona y

en los diálogos de la UEO, la UE y la OTAN. La diferencia es que en aquellos

planteamientos eran conceptos paralelos mientras que desde el lanzamiento del Proceso

de Barcelona forman parte de un concepto de seguridad ampliado, humano,



109

multifactorial, en el camino hacia una seguridad compartida, hoy todavía lejos de ser

una realidad.

A finales de la década de los sesenta, la preocupación por evitar la presencia y el

dominio soviético, en el plano político y militar, se reflejaba en los artículos y

reflexiones de las Fuerzas Armadas. En el plano militar, descartado el conflicto entre

soviéticos y estadounidenses, se alertaba de la puesta a disposición de los gobiernos

ribereños mediterráneos de fuerzas aeronavales por parte de los primeros. En el plano

político, se llamaba la atención la indiferencia con la que los gobiernos europeos

occidentales actuaban frente a las decisiones estadounidenses, soviéticas o de Naciones

Unidas que implicaran estratégicamente al Mediterráneo. La línea de argumentación de

finales de los años sesenta estaba dominada por evitar el “envolvimiento soviético en el

Mediterráneo” y por la falta de autonomía europea en seguridad y defensa. Había quejas

entre los analistas militares sobre la incapacidad de Europa occidental para construir una

defensa política y militar integrada adecuada a sus intereses y a su potencia política,

económica e industrial. El siguiente texto es toda una crítica a esa indiferencia y

dependencia europea: “Es contrario a la naturaleza que Europa occidental dependa para

su seguridad de la disuasión nuclear de Estados Unidos, de la presencia de su 7º Ejército

en Alemania y de su 6º Flota en el Mediterráneo” (Otto, 1968).

La percepción de las amenazas en el Mediterráneo imponía una visión

geopolítica única del Mediterráneo y de Oriente Medio como campos en los que se

dirimía y dirimiría la seguridad europea occidental. Además, se pensaba que el

protagonismo creciente adquirido por el mundo árabe y su influencia en el Mediterráneo

eran elementos condicionantes que también influirían en la seguridad de África (Otto,

1968). Es decir, subyace la idea de que los problemas del mundo árabe serían los

problemas de Europa y de África y su área de influencia superaría la de su área

geográfica.

Casi al tiempo se formuló la idea de que, entre el colonialismo y la II Guerra

Mundial, el Mediterráneo ha pasado de ser un “lago inglés” (con la aquiescencia de

España y Francia) a ser un “lago estadounidense” (Manera, 1969), situación estratégica



110

que Manera reconocía como irreal, por la insuficiencia y debilidad de las fuerzas

navales de las potencias mediterráneas ante soviéticos y estadounidenses. Continuaba

dominando la idea de la amenaza soviética y su extensión hacia el norte de África, toda

vez que consolidaban sus relaciones de seguridad con el mundo árabe.

España comenzó a considerarse una pieza básica en la seguridad occidental

europea. Estaba bien fijada la idea de que nuestro país ocupaba una posición

geoestratégica cuya importancia aumentaba y, curioso, repentinamente “en pieza de

vanguardia en la estrategia global”. Una segunda idea, en el contexto de autarquía y

aislamiento internacional decreciente, que circulaba en el ámbito militar y político

español, era la de que una España militarmente fuerte y robustecida era necesaria para la

defensa europea occidental y hemisférica occidental (Manera, 1969: 9)

Al iniciarse la década de los setenta, el conflicto en Oriente Medio marcó la

preocupación en el Mediterráneo. Los dos ejes centrales que se barajaban como

elementos presentes en los conflictos del Mediterráneo eran los reflejados por Enrique

Manera (1969), la seguridad y el desarrollo. El esquema aplicado a los conflictos

mediterráneos tenía un doble punto de vista, el norte-sur y el este oeste, desarrollo y

seguridad (Blanco, 1970).

Hubo un elemento que se cruzó entre ambos ejes, el problema de suministro de

petróleo, una preocupación que se instaló en las reflexiones militares y políticas

mediterráneas españolas como un problema que bebía de las raíces del conflicto árabe-

israelí.

Además, los BID de los años setenta comenzaron a dar prioridad a la presencia e

ideas procedentes de representantes e instituciones militares de ámbito europeo y de los

nueve Estados que formaban la Comunidad Económica Europea. Este hecho supuso

para España una apertura e internacionalización progresiva de la perspectiva española

de los problemas de seguridad y defensa mediterráneos y tenía una doble dirección,

como todo intercambio, reflejado el los Boletines, que incluían análisis y textos sobre



111

los problemas mediterráneos españoles vistos por los europeos (los números 50, 76, 84,

99 o 149, por ejemplo, entre 1970 y 1981, así lo reflejan).

De cualquier manera, la simultaneidad de conflictos y diálogos es propio del

Mediterráneo y de ello se deriva la existencia de teorías y corrientes que promueven el

diálogo y el pacto como instrumentos de construcción de la seguridad, el pactismo. La

idea de la existencia de una corriente “pactista”, anclada en el federalismo cooperativo,

no ha sido el dominante en el ámbito de la seguridad en el Mediterráneo, “los intentos

en este sentido en el Mediterráneo han sido mínimos”, aunque sí comienza a serlo desde

el final de la II Guerra Mundial (Blanco, 1970).

Blanco sitúa en el escenario mediterráneo dos estrategias, la pactista y la

hegemónica, donde la preeminencia de una hace incompatible la otra. Desde luego, es

un escenario inaplicable a la actualidad mediterránea, en la que han convivido y

conviven intereses hegemónicos de las dos grandes potencias durante la Guerra Fría o

los de Estados Unidos con las iniciativas multilaterales iniciados en los años noventa.

Blanco cita algunas iniciativas de tipo pactista para el Mediterráneo anunciadas desde

los años cuarenta del siglo XX. Esas iniciativas se referían casi exclusivamente a la

cooperación económica sobre una base de entendimiento político que, en lo político-

militar, significan sustituir la confrontación por la cooperación. Entre las iniciativas,

incluye a España (7º punto), aunque curiosamente, y a diferencia de las otras, no se

concreta la propuesta. Realmente, en ese período, cerca del final de los años sesenta, no

puede hablarse de una posición pactista española concreta o de una aportación española

referida al Mediterráneo, más allá de que la demanda de retirada de las tropas soviéticas

y estadounidenses del Mediterráneo realizada por Castiella en 1968, en su encuentro

con Rusk, el 18 de noviembre, obtuviese una acogida favorable en el llamado “Tercer

Mundo” y de que sirviese para reivindicar la tradicional neutralidad, que Blanco recoge

como “sugerencia sobre la distensión en el Mediterráneo” (Blanco, 1969: 7, 8).

Ya en plena democracia, en la segunda mitad de los años ochenta, el diplomático

Dezcallar (BID 199, 1987), extiende el espació mediterráneo por encima de la

geografía, incluyendo el Sáhara Occidental y Oriente Medio, superando el espacio



112

marino y la condición de Estado ribereño como criterios de mediterraneidad. Para

Dezcallar, no existe, internacionalmente hablando, un “bloque árabe” ni se ha

conformado un bloque político árabe, cuyos Estados permanecen desunidos. Esto afecta

a la marcha de la Liga Árabe, con problemas continuos, de tipo coyuntural (dificultad

para reunir a los Jefes de Estado) pero también estructural (de diálogo político

desarticulado y cortocircuitado). Afecta también, en forma de divisiones y escisiones, al

movimiento palestino y en forma de disputas a los Estados árabes que intervienen por el

control e influencia de las organizaciones palestinas, la OLP singularmente, haciendo

casi imposible afrontar una conferencia internacional para una solución definitiva al

conflicto palestino-israelí, vista entonces necesaria por España (Dezcallar, 1987). La

desunión árabe no sólo es un problema entre árabes, sino que se extiende y se convierte

en un problema mediterráneo, europeo e internacional.

En este contexto, a diferencia de las décadas anteriores, España pasó de la

retórica y la propaganda referida al Mediterráneo a los hechos, comenzando a desplegar

su diplomacia y su política exterior para promover dicha conferencia internacional, que

se celebraría en Madrid, en 1991, en un notorio éxito político-estratégico español

mediterráneo e internacional.

En su análisis de hace más de 20 años, Dezcallar (1987) citaba algunos de los

riesgos que podían convertirse en conflictos de ámbito mediterráneo. Estos eran el

traslado del enfrentamiento este-oeste al escenario mediterráneo, las diferencias

abismales en los niveles de desarrollo de las dos orillas, el contraste cultural y religioso,

las aludidas divergencias entre árabes y el renacer del integrismo religioso, con un

fuerte componente ideológico político, que volvía a reconstruir un discurso victimista

violento, amparado en la decadencia interna y en la amenaza exterior (Dezcallar, 1987:

5).

La importancia estratégica del Magreb, en términos de seguridad y tal como la

valoramos hoy, fue establecida prácticamente hace veinte años por los actores y agentes

participantes en la política exterior. El contenido de esa relevancia estratégica viene

dado, en primer lugar, por un aspecto histórico-estratégico, ya que su estabilidad es



113

esencial para la seguridad española. En segundo lugar, por la variedad de respuestas y

los vaivenes ofrecidos por la acción exterior española en esta área, cuyos efectos afectan

también a la política interior. Así lo expresan las palabras del Presidente González, en

relación a la necesidad de que la política hacia el Magreb sea distinta a la estrategia de

equilibrio anterior y tenga un carácter “de conjunto y no de equilibrio; de colaboración y

no de confrontación, y de no injerencia en los asuntos internos de los países” (Dezcallar,

1987).

La posición española ante el conflicto del Sáhara Occidental, a decir de

Dezcallar, es invariable desde la retirada española en 1976 y es una cuestión de

descolonización. Es un tema de referéndum, de resolución en Naciones Unidas y de

negociación entre las partes, motivo por el que España no reconoce la República Árabe

Saharaui Democrática, que implicaría reconocer anticipadamente el resultado del

referéndum. Se reconoce que esta es “la única política posible”, posición, que, más de

dos décadas después y con matizaciones ligeras, permanece prácticamente invariable.

Las críticas a la política magrebí de España procedían de la falta de recursos y medios

materiales, de la falta de plataformas que sirvan de soporte y colchón a los intereses

mutuos o la excesiva o casi única vinculación de los intereses económicos a las

compensaciones políticas (Dezcallar, 1987)

Sorprende encontrar, en plena consolidación democrática, año 1987, expresiones

y alusiones poco consistentes y afortunadas en un trabajo como el de Delgado (1987), al

hablar de “pueblos incultos y atrasados pero con una herencia vital de pasadas

grandezas” en referencia a los árabes, en un texto que pretende hablar de diálogo euro-

árabe. Estas expresiones son más propias de otros esquemas de seguridad, cuasi-

coloniales. Este trabajo critica la escasa fundamentación de las opiniones y posiciones

que pretenden rebajar y diluir el aspecto militar del espacio de seguridad

euromediterráneo, colocándolas en la cesta de los “traidores al pensamiento occidental”

(Delgado, 1987). En cuanto a las propuestas relativas a la seguridad, quizá merezca la

pena destacar el concepto de “habitabilidad”, en referencia al espacio mediterráneo, un

concepto que remite a una convivencia limitada y de mantenimiento de una estabilidad

mínima. También destacamos, por sorprendente, las criticas a las teorías pacifistas, sin



114

más fundamento que las de incluirlas en una llamada “teoría de la claudicación”

(opiniones y posiciones equiparadas a la ¡imbecilidad¡) o al amparo de la teoría de la

disuasión, con apoyo nuclear, reclamando una zona mediterránea fuertemente defendida

con los medios más avanzados y al amparo del abandono de la neutralidad (Delgado,

1987).

Respetando la libertad de expresión y de cátedra, artículos como éste poco

aportan al mecanismo y pensamiento de la seguridad en el Mediterráneo y su

consideración obedece únicamente a reflejar su existencia.

En la década de los noventa, el “vacío estratégico” producido por la caída del

Muro de Berlín y la desaparición del Pacto de Varsovia, el 1 de abril de 1991, comenzó

a rellenarse con la expresión “amenaza del sur”, una amenaza poco definida, no

identificable con un Estado o agente en particular. Ante esta amenaza del sur comenzó,

se consideró que Europa era “muy vulnerable” (Oliver, 1991). Este autor concreta en

tres los escenarios mediterráneos de enfrentamiento, el este-oeste, el norte-sur y el

Oriente Medio-Occidente (caracterizado por los conflictos poscoloniales y el integrismo

islámico radical y violento).

La fractura e inestabilidad que se deriva de la desunión de los Estados árabes es

recurrente en los análisis de los pensadores y analistas españoles, como Oliver, que

pronosticaba en 1991 mayores divisiones y un agravamiento de las tensiones existentes,

considerando este aspecto como uno de los más relevantes a la hora de responder a la

inseguridad mediterránea. Este hecho estaba en la base de la propuesta de Conferencia

de Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo, presentada por España e Italia en

septiembre de 1991, en Mallorca, aprovechando una reunión de la CSCE dedicada al

Mediterráneo y que despertó cierta esperanza. La iniciativa se pretendía levantar sobre

los pilares de unas relaciones económica, más profundas (a partir de la cooperación

comercial, industrial y científico-técnica), de unas relaciones humanas nuevas (a partir

de la participación democrática y el respeto de las libertades y los derechos humanos) y

de unas relaciones de seguridad no reducidas exclusivamente a lo militar y que tengan

presente los factores anteriores.



115

En contra de la amenaza del sur, interesa destacar dos constataciones básicas a

principios de la década de los noventa: que el mundo árabe no es una amenaza para

Europa y que no existe un planteamiento ofensivo árabe hacia Europa. Dicho esto, hay

que constatar también la gran acumulación de armas existentes en el Mediterráneo, que

imprimen una gran capacidad militar a la región, incluidas las nucleares, biológicas y

químicas, que pueden usarse más allá de los límites y alcances de la artillería

tradicional. Esta circunstancia hace que la estabilidad dependa de la voluntad de un líder

o de una invocación a la religión, y ahí radican algunos de los grandes riesgos del

Mediterráneo en su conjunto. Junto a estos factores, Estrella coincide con la opinión que

se iba haciendo mayoritaria de que las diferencias económicas constituyen otro

detonante de la inestabilidad regional (Estrella, 1992: 44).

La primera cuestión a resolver cuando se aborda la seguridad en el Mediterráneo

es ser conscientes de la posición que ocupa España, que no es otra que la de una

potencia media en el ámbito de Comunidad Internacional y en la del Mediterráneo,

cuando no también en el Mediterráneo occidental, el “patio trasero” de España (Turpín,

1992). En opinión del entonces Jefe del Área de Política Exterior a los países del África

del Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores, España, iniciada la década de los

noventa, mostraba escasa voluntad y preparación para la actuación internacional.

España se ubicaba en un entorno geopolítico de máxima relevancia mundial, pero con

una limitada capacidad de actuación internacional. Frente a otras posiciones vistas muy

anteriormente que anticipaban una visión futura, Turpín señala que España estaba

inmersa todavía en la dinámica este-oeste, Occidente-Oriente, aunque no justificara esta

afirmación. Con este escenario, España se ve abocada a configurar sus relaciones con el

Magreb sin más remedio, casi de forma fatalista, según se desprende de la posición de

Turpín. Un Magreb, describe, con muy baja actividad económica insuficiente, con una

explosión demográfica incontenible y con regímenes políticos ensayados desde los años

sesenta, con resultados dudosos o de rotundo fracaso en cuanto a su democratización y

apertura a las libertades y derechos humanos (Turpín, 1992: 66).



116

Este escenario de división social, de cuestionamiento del mismo Estado y de

crisis de identidad, supone un serio riesgo para la seguridad en el Magreb, que, en unión

con los factores antedichos, dibuja un “equilibrio social inestable” (Turpín, 1992).

Yendo más allá que otros analistas, sitúa en el fundamentalismo islámico el mayor de

los riesgos y peligros para la estabilidad magrebí y mediterránea, pero no se puede

deducir de ahí una confrontación ideológica entre un norte avanzado y un Estado

sometido al fundamentalismo islámico. El riesgo mayor procede del absolutismo

fundamentalista y de las luchas internas y conflictos de los grupos que se reclaman

integristas en su acceso a las estructuras de poder del Estado.

Las relaciones con el Magreb, hasta el inicio de los años noventa, se pueden

sintetizar en tres fases. La primera coincide con la transición democrática en España, y

estuvo dominada por la idea del equilibrio, es decir, la ausencia de una potencia

hegemónica. Este equilibrio ha comportado diversos juegos de alianzas con los Estados

magrebíes, en función de los intereses y compensaciones españolas, lo que comportó

una pérdida de credibilidad exterior a España. La segunda fase se inició con el mandato

presidencial de Calvo Sotelo y supuso una matización en el tema del Sáhara, una

inclinación a favor de Marruecos y un cierto distanciamiento del Frente Polisario y

Argelia, en resumen, una continuación matizada del equilibrio anterior. La tercera fase

supone un giro a las políticas anteriores, orientada hacia una política global, que crease

un soporte o “colchón de intereses” mutuos para poder abordar los conflictos existentes.

En la base del giro, se buscó crear unas relaciones a partir de una cooperación fuerte que

estuvieran por encima de los problemas coyunturales magrebíes o bilaterales. En este

esquema global, las iniciativas de la CSCM y del Grupo 5+5 vinieron a consolidar las

relaciones España-Magreb, desdibujadas por la Guerra del Golfo de 1991. Esta crisis no

sólo frenó las relaciones de cooperación y seguridad hispano-magrebíes, sino que

agravó la división entre los árabes, el conflicto interno de los grupos fundamentalistas

islámicos y la situación económica de Marruecos Túnez y Argelia (Turpín, 1992).

Los actores políticos también han estado presentes en los debates y aportaciones

de los Boletines. El diputado socialista Pedro Moya analizó nuevos contenidos que

debían ser parte del concepto de seguridad en revisión desde finales de los años ochenta,



117

como la superación de la naturaleza militar de la misma. La estabilidad democrática, se

viene entendiendo así, es un componente fundamental de un sistema de seguridad, sobre

todo porque los Estados democráticos tienden a engarzar su seguridad en instituciones

de defensa comunes. El factor económico es otro componente básico, en una doble

dimensión: un poder económico fuerte supone una amenaza para los demás y la pobreza

y falta de desarrollo están en la antesala de la inestabilidad. El factor social o seguridad

subjetiva es igualmente importante en la nueva formulación de la seguridad y está en la

base de situaciones de riesgo como el nacionalismo extremo, el fundamentalismo, los

enfrentamientos étnicos o de grupos de intereses, etc. Y hay un factor ambiental de la

seguridad, también en doble sentido: el deterioro causado por la guerra y el conflicto a

partir de un aspecto relativo al acceso a recursos naturales, la degradación de entornos

básicos necesarios, etc.

Este es un discurso coherente con el posicionamiento de España en la mitad de

los años noventa y con la propuesta de Conferencia de Barcelona que haría España

entonces. En este contexto, como hemos visto reiteradamente, entre los factores de

riesgo percibidos en el Mediterráneo Occidental, que permanecen intactos 15 años

después, está la concreción de la expresión “amenaza del sur” en situaciones de

inestabilidad general derivada de los graves problemas sociales, demográficos,

económicos y culturales (sin despreciar algunos de naturaleza militar, cuya percepción

como amenaza permanecía a la baja). Para los Estados del sur, la principal percepción

de amenaza procede de la superioridad militar, doctrinal, económica y de operabilidad

de Europa. Ante estos riesgos y ante la infranqueable línea que separa estos dos

mundos, la respuesta de Europa es la cooperación, como estrategia de diplomacia

preventiva (Moya, 1994), pese al fracaso mostrado en el tema de la deuda externa y los

flujos migratorios. Entre los riesgos culturales, el del fundamentalismo islámico es una

amenaza para Europa. Existen, grosso modo, dos grupos en el islamismo político: uno

moderado, cuyo objetivo es la reforma de las sociedades árabes en línea con los valores

coránicos y, otro, extremo, radical o revolucionario, cuyo objetivo es el acceso al poder

con acciones violentas para implantar un régimen político con base en el islamismo

radical. Ambos grupos critican la corrupción y autoritarismo de sus autoridades y los

valores europeos y occidentales. Este es un riesgo que puede suponer una espiral de



118

inseguridad en los PSM y en Europa, pero no comporta una amenaza militar desde el

sur hacia el norte, entonces y hoy no contemplada por la Unión Europea ni las

organizaciones regionales de defensa. La extensión de misiles de largo alcance a Libia,

Irán o Irak constituía hace 15 años la principal preocupación, añadida al uso de armas de

destrucción masiva (las nucleares, singularmente) como sucede hoy en día. De ahí que

la mayor demanda de Moya fuera el establecimiento de un sistema preventivo de

seguridad para frenar la proliferación de armas de destrucción masiva.

Dos años después, en 1996, Moya, se reiteraba en los riesgos y habló de cinco

importantes desafíos para la seguridad mediterránea, a saber: la desestabilización social,

el conflicto en Oriente Medio, la proliferación de armas de destrucción masiva, el

conflicto balcánico no cicatrizado y el fundamentalismo islámico, sobre todo a partir de

las influencias del movimiento argelino (Moya, 1996)

La preocupación expresada por el político español se trasladó al terreno de la

propuesta para afrontar los problemas de seguridad en la región, apostando porque

Europa planteara jugar coordinadamente en el terreno de la inmigración, en el de la

cooperación multilateral de seguridad, social y económica, garantizándose una

capacidad de intervención y disuasión que necesita acordarse.

Desde mediados de la década de los noventa, las aportaciones a la seguridad en

el Mediterráneo contenidas en los BID se van concretando en cuestiones como el

cambio de modelo de la seguridad de la Guerra Fría, que incluye elementos nuevos

como potenciales factores de tensiones (el acceso a los recursos naturales y energéticos,

el agua, por ejemplo) y la apuesta por la seguridad desde una concepción de la

cooperación entre ambas orillas mediterráneas más profunda, la revisión crítica de las

relaciones con Marruecos o el problema del Sáhara. Pero, sobre todo, desde los centros

de pensamiento de la seguridad y defensa, como es el CESEDEN, se comienza a dar

prioridad a las relaciones y al diálogo euro-árabe y al proyecto euro-mediterráneo, como

nuevo esquema de relaciones y de seguridad mediterráneas.



119

Pando, doctor en Geografía y colaborador del IEEE, abunda en la tesis de que

“en el Mediterráneo se da, y como en ningún otro sitio, ese concepto definido por

Huntington como choque de civilizaciones” debido al “magma tensional” que produce

todos los problemas y conflictos presentes en el Mediterráneo y las divisiones de

pensamiento entre el norte y el sur (Pando, 1995). Sin embargo, inmediatamente hecha

esta rotunda afirmación, alerta del peligro de concentrar todas las amenazas en el

islamismo.

Aunque en este período se relativizó la amenaza militar, los factores de tensión

militar, aunque menores, existían y así lo confirma el movimiento de los europeos, por

ejemplo, en 1994, con el acuerdo de construir un segundo Cuartel General del

Euroejército en Barcelona o las maniobras Tramontana (hispano-europeas-

estadounidenses) -a las que se unirían en 1995 los cuerpos Euromarfor y Eurofor.

A mitad de los noventa, España no era ajena al proceso de redefinición de la

seguridad. Un proceso que implicaba para España definir los actores presentes en la

zona, numerosos y no todos mediterráneos (OTAN, Estados Unidos, CSCE); definir los

intereses, que Iglesias ubicó en el norte de África; y, finalmente, definir las estrategias

frente a los problemas culturales: migraciones, polarización religiosa y enfrentamiento

Occidente-Islam, enmarcado en el choque de civilizaciones (Iglesias, 1996). Esta

politóloga divide el Mediterráneo en dos mundos distintos, primando la tesis del

enfrentamiento y de la separación, Uno euro-occidental y otro árabe-islámico, lo que

parece ser una simplificación excesiva que no se ajusta a la complejidad del momento

en que se formula, 1996, ni, desde luego, a la realidad actual.

De ahí que concluya atribuyendo la máxima relevancia a los aspectos culturales

como factores de riesgo e inestabilidad magrebí. Además, expone otros riesgos como el

fuerte sentido nacionalista de estos Estados; el terrorismo como “nuevo riego” y

amenaza emergente (aunque ya formulado una década antes como tal), con Argelia

como Estado más exportador en los noventa; y el fundamentalismo islámico, presente a

través de dos modelos, el argelino, que apuesta por la inmersión en la lucha política y el

tunecino, que rechaza el modelo político democrático, aunque no se establece ninguna



120

consideración o medida sobre la participación de estos movimientos políticos islamistas

en relación con la mejora de la estabilidad.

Sobre el conflicto del Sáhara Occidental, destaca el papel realizado por el Frente

Polisario en impulsar la conciencia nacional saharaui en los primeros años setenta, lo

que contribuyó a consolidar la lucha militar contra España y luego Marruecos, luego en

progresiva decadencia. Frente a otras denominaciones del conflicto del Sáhara como

colonial, esta autora lo considera un conflicto militar en el Mediterráneo Occidental

(Iglesias, 1996: 50), sobre todo por su importancia a la hora de provocar fracturas entre

los países del Magreb.

El establecimiento de un sistema regional de seguridad o de uno global no

debería centrar los debates en torno a la seguridad en el Mediterráneo, opina Iglesias

(1996), sino mantener la relevancia del aspecto militar de la misma, sin crear falsas

amenazas donde no existan. En este sentido, consideraba que España, dejó de tener el

papel residual asignado en función del eje este-oeste (“abandonar la retaguardia”) y

pasó a ser un “frente central”. Como la práctica unanimidad de analistas, encuentra en

las armas de destrucción masiva y en la proliferación, la principal amenaza militar, de

las que excluía a España como objetivo alcanzable de las mismas. Del papel que España

ha desempeñado en el final de siglo para contribuir a la defensa del Mediterráneo,

destaca su actividad bilateral, la conclusión de acuerdos defensivos y el trabajo para

crear un marco institucional en el que desarrollar las relaciones bilaterales defensivas.

Dos de las contribuciones españolas a la estabilidad mediterránea, y a la vez

condiciones a la cooperación, debían ser, opina Iglesias, el refuerzo institucional del

diálogo y la concertación política y la movilización de la sociedad civil.

En un excelente trabajo, los autores de “Marruecos y su posición geoestratégica

en el mundo actual” (García, Pérez y Mey, 1999), realizan una descripción detallada

geográfica, histórica y social casi de obligada consulta. La descripción alcanza a su

geografía, su ubicación estratégica terrestre, marítima, sus costas, sus recursos naturales,

demografía y situación, climatología, al comportamiento nacionalista, al hecho religioso

marroquí, presta atención a la “peculiaridad política marroquí”, de la que llama la



121

atención la excesiva atención prestada a la seguridad interior (una amenaza real muy

superior a la amenaza exterior), a la estructura político-administrativa (corrupción y

descontento popular), a los vientos de cambio procedentes de la regeneración impuesta

por Mohamed VI. Además, contiene una descripción histórica de las relaciones con

España y de los conflictos y contenciosos que mantiene con Argelia, Libia o el Sáhara

Occidental.

Como conclusiones de una visión española de la situación del Marruecos de fin

de siglo, se destacan los fuertes desequilibrios sociales, culturales, económicos y

políticos de un Estado que arrastra problemas coloniales, que incluso los utiliza como

“arma arrojadiza” en sus relaciones exteriores; una sociedad dividida entre una parte

con base religiosa orientada hacia el integrismo y otra de corte occidental que “mira a

Europa”, pero en la que la clase media ha conseguido consolidar un cierto estatus; un

Estado, en definitiva, en transición lenta hacia un modelo tendente a “occidentalizar el

arabismo” (García, Pérez y Mey, 1999).

El diálogo euromediterráneo siempre ha estado separado de otros procesos (el de

paz en Oriente Medio), pero en la práctica es bastante difícil mantener la separación y se

contaminan.

La seguridad, en términos clásicos, militares y belicistas, está dejando paso a la

cooperación internacional, une esquema de paz, una cultura de paz (Algora, 2000). El

diálogo euro-árabe es el diálogo de dos civilizaciones distintas pero no extrañas, que en

las últimas décadas, están próximos en lo geográfico, incluso juntos en el territorio,

integrados, pero lejanos en lo cultural. La autora se decanta por ir más allá incluso de la

corriente pactista mediterránea y propone no convertir el Mediterráneo en un laboratorio

para las teorías catastrofistas, del tipo choque de civilizaciones, y combatirlas con la

"beligerancia por la paz en las líneas divisorias”, en clara sintonía con la cultura de paz.

En esa línea, considera la gran inversión en armamento y el elevado gasto militar

de algunos Estados de la orilla sur como grandes obstáculos para la estabilidad y

seguridad en el Mediterráneo, al tiempo que una rémora para su desarrollo y



122

prosperidad. Otro obstáculo serio es la “maltrecha unidad” árabe, que es decir la

división árabe, como recordaban otros autores en la década de los setenta y ochenta, que

va creciendo como consecuencia de la acumulación de enfrentamientos, conflictos y

proyectos fracasados (UMA, mercado común árabe). Otro obstáculo es el monolitismo

ideológico de los regímenes autoritarios, que parecen querer emprender el camino de la

ruptura hacia el pluralismo (una visión esperanzadora la de Algora pero frágil). El

establecimiento de barreras infranqueables o “cordones sanitarios” fronterizos es un

obstáculo que actúa en contra de la seguridad y la cooperación, una perspectiva que

rompe con las mayoritariamente defendidas pero que tiene la originalidad de apostar por

una libertad de movimientos. Algora apuesta por el desarrollo de una cultura de paz

para el espacio euromediterráneo, conocedora de la existencia de un contexto

internacional poco eufórico como era el de 2000 y sabedora de que las realidades deben

imponerse a los discursos y a las declaraciones de buena voluntad (Algora, 2000).

Alejandre habla de un anterior Mare Nostrum abierto e integrador, convertido

ahora en un mar expresión de una barrera o foso de desequilibrios y tensiones y, como

consecuencia de la interdependencia entre problemas y conflictos, extiende sus límites

hasta Afganistán y el golfo Pérsico, no como espacios ribereños sino como espacios de

influencia mediterránea (Alejandre, 2002).

En este vasto espacio, apuesta por un modelo de seguridad global y no parcial o

sectorial, en el que no se imponga la visión europea. Las soluciones a un Mediterráneo

que “no es un mar en calma”, sino un mar con grandes desequilibrios y diferencias

existentes, con tensiones permanentes, no pueden ser de índole puntual o coyuntural,

sino de carácter global que permitan alcanzar puntos de encuentro.

En este sentido, España debe tener presente que ha habido varias posiciones de

los PSM en torno a las iniciativas de seguridad y cooperación en marcha y que dichas

posiciones evolucionan según lo hacen las iniciativas. Hasta ahora, Marruecos, Argelia

y Túnez se muestran favorables al diálogo político euromediterráneo y participan del

mismo, aunque piden el desarrollo de un concepto específicamente euromediterráneo y

mayor transparencia de la estrategia mediterránea europea. Por otro, Libia, que no



123

participó en la Conferencia de Barcelona de 1995, aunque se ha permitido, después de

dar muestras de su voluntad, asistir a posteriores encuentros, ser invitado a la

Conferencia de Sttugart y ser miembro de pleno derecho cuando acepte la Declaración

de Barcelona. Siria y Líbano se oponen por la presencia de Israel. Egipto y Jordania se

muestran más flexibles. Turquía reivindica su especificidad, dado su carácter defensivo

euro-atlántico. N obstante estas posiciones, estables hasta hace poco, han variado con la

Unión para el Mediterráneo, como se verá después.

Esta Asociación Euromediterránea tiene problemas que no son coyunturales y

que impiden un avance más rápido del Proceso de Barcelona. Son, las trabas del

Proceso de Paz en Oriente Medio, la lentitud a la hora de negociar y adoptar acuerdos

(dada su bilateralidad UE-PSM) y la falta de diálogo sincero preventivo sobre

terrorismo y migración. En estos obstáculos, un elemento clave es Estados Unidos, cuya

aquiescencia es un requisito crítico necesaria, aunque después de la Guerra de Irak de

2003, la situación varió de forma radical, perturbándose nuevamente el escenario de

tensiones.

Del trabajo de Alejandre se desprende la necesidad de contar con una visión

global de la seguridad mediterránea, cuyo futuro es muy dependiente del conflicto de

Oriente Medio y, en gran medida, también de la voluntad de Estados Unidos.

El profesor de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, y Teniente Coronel

del Ejército de Tierra, Vera, publica un extenso, bien documentado e interesante trabajo

sobre los problemas que un recurso finito, agotable, en disminución, como el agua,

pueden generar, en un contexto de crecimiento demográfico, también industrial, y, sobre

todo, de inestabilidad, en el Mediterráneo. Vera apunta a la estrecha relación existente

entre carencia de agua y conflictividad, falta y contaminación de agua que constituyen

una amenaza global, aunque la carencia sea potencial, ya que no es necesario que falte

el agua de una forma física, sino que puede ser suficiente la amenaza sobre la seguridad

en los abastecimientos para generar el conflicto, convertirse en crisis y evolucionar

hacia un conflicto armado (Vera, 2002). Como el autor expresa: “El problema del agua



124

puede que no sea el origen de una guerra, pero no deja de ser una clave para la paz en

cualquier región” (Vera, 2002: 50).

Vera señala que los mayores problemas se encuentran en la cuenca del Nilo,

sobre todo en Egipto, para el que el agua es la vida y cualquier disminución del caudal a

la altura de la presa de Assuán podría desencadenar un conflicto rápidamente (poco

probable a corto plazo, “habida cuenta de las relaciones de fuerzas militares y

diplomáticas”). Otro foco de potencial conflictividad elevado ligado al agua es el valle

del Jordán, aunque no parece a corto plazo derivable en una guerra del agua, como

tampoco un enfrentamiento en la cuenca del Tigris y el Eufrates y en el Magreb, otros

dos focos menores de conflictividad.

El proyecto euromediterráneo, como la nueva Unión para el Mediterráneo,

coinciden en que este es un problema de primer orden, al que prestan especial atención,

mediante la financiación de la transferencia del conocimiento para que los Estados

ribereños puedan implantar la modernización de los regadíos, los usos no

convencionales, el ahorro de agua, la mejor planificación de cosechas y explotaciones

agrarias, la gestión integrada del agua, los servicios de saneamiento y de aguas

residuales, entre otros procesos.

En definitiva, la falta de agua (que puede provocar la falta de abastecimiento) y

su contaminación (que afecta a la salud pública), junto a otros problemas relacionados

con el uso, la garantía o su acceso, han convertido el acceso a este preciado recurso en

un riesgo geoestratégico creciente.

Tafalla define el Mediterráneo como una “frontera de dos mundos notablemente

diferentes”, cuyos contrastes son una fuente de riesgos. En una exposición sobre el

papel de las fuerzas navales españolas en la seguridad mediterránea, señala los

principales riesgos que a su entender siembran el Mediterráneo, a saber, la repetición de

viejos conflictos, el terrorismo, los desencuentros culturales (en línea con la tesis del

choque de civilizaciones), los problemas energéticos y medioambientales (Tafalla,

2006). La cooperación, concluye, es el único camino para contener y diluir estos



125

riesgos, además de una aproximación justa y de confianza, no basada en la colonización

económica ni cultural de los PSM.

Los Cuadernos de Estrategia, 1989-2009.

Los Cuadernos de Estrategia, elaborados por el Instituto Español de Estudios

Estratégicos (Ministerio de Defensa), constituyen otra publicación que recoge las ideas

y elaboraciones teóricas, en forma de análisis, revisiones o propuestas, que nos ofrecen

algunos rasgos y características del pensamiento de seguridad mediterránea de autores y

estudiosos vinculados al ámbito de la seguridad y defensa en España. Los trabajos que

extractamos a continuación comenzaron a elaborarse a final de los años ochenta y

abarcan hasta la actualidad. Por ello, son el reflejo del proceso de cambios operados en

el concepto de la seguridad internacional y mediterránea.

Como se ha dicho reiteradamente, en la relación entre España y el Magreb, se

planteó a finales de los años ochenta la tesis de la aproximación o política global al

Magreb, visión por entonces difícil de ser creíble y real, por las connotaciones

históricas, las responsabilidades contraídas y por rivalidad política y hegemónica entre

los Estados de la zona (Pereira, 1989).

Con la Caída del Muro de Berlín en 1989, las amenazas principales para la

seguridad de España se identificaron con Ceuta, Melilla y los Peñones norteafricanos y

las del Mediterráneo en el escenario este-oeste, con la amenaza soviética (Rico, 1989),

con la situación de Oriente Medio y con la hipótesis de la consolidación del

fundamentalismo islámico hostil hacia Occidente (en lo que luego se denominó choque

de civilizaciones). Se mencionaba el terrorismo como una preocupación fundamental,

atribuyéndole carácter o rasgo casi inherente a la región, incluso recordando que es un

recurso utilizado ya en tiempos coloniales en el norte de África, que “lo consideran un

medio eficaz y lícito para lograr sus objetivos” (Rico, 1989), correspondencia que no

parece ajustarse objetivamente a lo realmente acontecido en esa época, pese a su

relevancia.



126

Rico destaca el lanzamiento de la propuesta de los países no alineados (10 de los

17 ribereños entonces se declaraban como no alineados) de crear una zona de paz en el

Mediterráneo, el “Mediterráneo para los mediterráneos” (de alguna manera, en línea con

aquella otra española del abandono de las dos superpotencias hecha años antes por el

régimen franquista). Una zona de paz mediterránea basada en medidas de confianza,

reducción progresiva de fuerzas militares, desnuclearización del Mediterráneo y las

áreas peri-mediterráneas. Para evitar la penetración soviética hacia los Balcanes, el

discurso de Rico planteó que “Mediterráneo para los mediterráneos” no tenía porque

significar un “Mediterráneo sin los Grandes” (Rico, 1989).

Las mayores posibilidades de conflicto percibidas para el Mediterráneo en 1989,

año de constitución de la Unión del Magreb Árabe, tenían que ver con conflictos civiles

interiores o entre Estados vecinos magrebíes: de tipo social en el interior de Túnez o de

éste con Libia; de tipo nacionalista entre Marruecos y Argelia; de tipo ideológico; de

tipo económico, teniendo como fuente a Libia; y políticos, por la desaparición de líderes

carismáticos en Marruecos o Libia (Pellicer, 1989).

El análisis de las políticas de seguridad y defensa de los países magrebíes

siempre ha sido fundamental para comprender las reacciones españolas en esa materia y

para enfocar las relaciones bilaterales defensivas y políticas, en general. Al inicio de la

década de los noventa, la visión dominante consideraba que Marruecos seguía haciendo

valer su intención de construir el Gran Marruecos, con la inclusión de Ceuta, Melilla y

los Peñones, además del el Sáhara occidental. Asimismo, que seguiría la senda del no

alineamiento este-oeste (en un contexto de debilitamiento del mismo) aunque con claras

inclinaciones occidentales. Respecto de Argelina, se percibía sumida en el

reforzamiento del nacionalismo, defensora del no alineamiento y en clara disputa de la

hegemonía magrebí con Marruecos. Túnez se orientó hacia un gasto público reducido

en defensa y hacia una posición de equilibrio con Argelia y Marruecos en el contencioso

del Sáhara. Por último, Libia era percibida como un Estado con fuerte presencia política

de las fuerzas armadas, que implica una defensa preponderante dentro y fuera del

Estado, no alineado y de orientación panárabe e islámica (Salgado, 1991).



127

Se constató que el enfrentamiento este-oeste había ocultado la brutal diferencia

entre el Norte rico y el Sur deprimido y situaba en la agenda internacional el problema

de la “brecha”, con sus múltiples riesgos de inestabilidad. Sin embargo, la preocupación

española estratégica de principio de los años noventa era que la región mediterránea no

cayera en el olvido de la Unión Europea, que soportaba una presión desde el este

europeo, empujada por Alemania, y, en segundo lugar, comenzaba a emerger el

integrismo político como amenaza real, después del triunfo de la revolución iraní

(Ibáñez y Blanco, 1992).

En el acervo español de seguridad y cooperación, la idea de una asociación

euromediterránea estaba arraigada en el pensamiento y baste citar a Ibáñez y Blanco

(1992):

Aparte de una política común de Europa, a donde hay que llegar es a una

asociación entre países ribereños, se trata en suma de un espacio cuya

seguridad debe ser salvaguardada por las naciones que le rodean.

La visión de la seguridad de estos autores se enmarca en el entonces incipiente

concepto de seguridad que se adjetivaba como compartida, humana o multidimensional,

en el que los factores políticos, económicos, sociales o militares tienen una relevancia

casi al mismo nivel. Concepto en el que la cooperación y la integración regional son

componentes fundamentales. Y, finalmente, concepto en el que la seguridad no puede

quedar sólo en manos de Europa (España apostaba por la autonomía de la UEO en la

seguridad del Mediterráneo) o de los Estados ribereños, sino “en manos de la

Comunidad Mundial (expresión no común).

Se suman a la tesis de Pisan, que establece que el Mediterráneo está por inventar

como concepto, como sistema y como realidad socioeconómica, estratégica y cultural,

por lo que defienden la creación, en 1992, de “un espacio geoestratégico-político en el

que la cuenca marítima realice el papel de integrador en lugar de espacio separador”. No

defienden la idea de un marco institucional Europa-Magreb porque el objetivo



128

económico de la Unión Europea restringe las relaciones exteriores de ambas partes. Esa

idea de inventar el Mediterráneo no la comparten la mayoría de autores vistos en la

investigación, pero sí puede entenderse subyacente a casi la mayoría, puesto que la

dificultad misma de definir un concepto mediterráneo político, social, económico o de

otra índole por todos ellos expuesta, así lo indica.

En este esquema, España, una vez más, aparece representando el papel de

“cabeza de puente para acercar las relaciones entre ambas cuencas” (Ibáñez y Blanco,

1992).

Carlos Fernández atribuye al Mediterráneo la característica intrínseca de la

conflictividad, argumentando que “El Mediterráneo, o para ser más precisos, el área

mediterránea, presenta entre sus características principales la de ser intrínsecamente

conflictiva, bien sean conflictos efectivamente planteados, o bien potenciales conflictos

previsibles” (Fernández, 1992). En su exposición, destaca el hecho de que todos los

proyectos o iniciativas emprendidas para resolver dicha conflictividad y crear una nueva

fase de paz y estabilidad hayan fracasado.

Si esta definición presenta dificultades, la de conflictividad intrínseca las

aumenta: “Por conflictividad, en el área mediterránea queremos decir que hay un

complejo de fuerzas, intereses y vacíos que tienden a desembocar en confrontaciones y

choques de naturaleza diversas y no única o principalmente choques bélicos”

(Fernández, 1992). Se habla de fuerzas, intereses y vacíos, pero posteriormente de lo

que se habla es de factores de conflictividad, enumerados por orden de importancia, a

saber, demográficos, religiosos, económicos, de insuficiente desarrollo social o político,

ecológicos, de poder internacional y, por último, militares. Subyace en esta visión de la

seguridad y de los riesgos en el Mediterráneo una concepción próxima al choque de

civilizaciones, puesto que los dos factores de mayor riesgo que se consideran son el

demográfico y el religioso.

En 1992, llamaba la atención sobre “las incertidumbres y disparidades de

criterio” existentes en relación con la identificación del Mediterráneo, que proponía



129

reducir con su propuesta de la región mediterránea es una noción político-estratégica

que posee una cierta unidad. En su configuración están presentes el Mar Mediterráneo,

los países ribereños (incluido el Reino Unido, que algún otro autor ha repetido

explícitamente), los países relevantes en el “área”, los Estados Unidos y la Unión

Soviética (que ya no existía) y lo que denominó “ciertas entidades políticas activas en la

zona” no estatales, como la OLP o la Santa Sede. Una propuesta, a nuestro entender,

que no vino precisamente a reducir las incertidumbres y disparidades criticadas por él

mismo.

La inestabilidad previsible en el Magreb tiene su raíz en la fragilidad de sus

sistemas políticos, en los conflictos fronterizos, en la lucha por la hegemonía en la zona

y en los graves problemas sociales y económicos (Campiña, 1992). Pero no se citan

aquí los religiosos, como en algunas otras relaciones de riesgos y amenazas.

Para Campiña, en contraste con otros que hemos visto coincidentes en el mismo

tiempo, no existe probabilidad de amenaza de confrontación este-oeste. Durante los

primeros años noventa, no había en las publicaciones de Cuadernos de Estrategia

unanimidad en cuanto a la desaparición definitiva de un conflicto del tipo de la Guerra

Fría y hubo que esperar unos años para que ya no se planteasen las divergencias o

percepciones distintas. La visión de la Defensa que se desprende del texto de Campiña

sobre la región mediterránea es la necesidad de que los Estados europeos mantengan

sistemas nacionales defensivos con un grado elevado de eficacia y un cierto

paternalismo (en términos de generosidad y de ofrecer facilidades), antes que de un

proyecto político común basado en la confianza e igualdad, corriente posterior.

Desde la visión de Obrador, se critica el falso unanimismo existente en torno a

que el desarrollo económico por sí solo bastará para acabar con la brecha que separa el

norte del sur mediterráneo y para reducir la inestabilidad. Junto a este escepticismo en la

vinculación absoluta entre seguridad y desarrollo, ve en el fundamentalismo islámico un

potente obstáculo para la modernización de las estructuras internas de algunos Estados

del sur, sin la que no habrá desarrollo y plantea la existencia de un “círculo vicioso”

entre mayor fundamentalismo islámico y menor desarrollo económico. Detrás de estas



130

premisas está la reivindicación del cambio democrático en los PSM como elemento

previo al fomento del desarrollo económico por parte de los Estados del norte

mediterráneo. Primero la democracia, después el desarrollo y no al contrario como

entendía se estaba planteando desde la Unión Europea y grupos pacifistas.

A la hora de definir la inestabilidad mediterránea postguerra fría, Uxó considera

clave conocer los problemas que incidirán en la evolución interna de un Estado y que

pueden derivar en riesgos, siendo el mayor el fundamentalismo islámico en confluencia

con otros, como el derivado de la “adscripción al mundo árabe”, el de la agresividad

exterior del nacionalismo árabe en el Magreb, que derivó en una espiral de rearme en

Libia, Argelia y Marruecos; o como la denominada “bomba demográfica” (anticipado

como uno de los componentes geopolíticos más importantes). Uxó considera que el

auge del fundamentalismo en Argelia desde las elecciones municipales de 1990 (y

añado, el triunfo del Frente Islámico de Salvación en 1992) deben alertar a los Estados

europeos. Los cambios que se estaban produciendo en el interior de los Estados, en este

caso Argelia, eran señales del tipo de riesgos que podían producirse en las relaciones

euromediterráneas. Y en este sentido, consideraba que afectaba a la misma definición y

previsiones de la Defensa nacional española (Uxó, 1992).

Una nueva idea de seguridad se proponía en 1994 entre la Unión Europea y el

Magreb, cuyo punto de partida debía ser abandonar la visión del “magrebí como

enemigo”, pero que primaba las relaciones militares sobre las políticas y las

económicas. Por ello, se basaba en pactos mutuos de defensa, porque el refuerzo del

entendimiento entre fuerzas armadas de los distintos Estados añadiría una dimensión

nueva geo-histórica a la seguridad en el Mediterráneo y actuaría como efecto contagio

sobre otras áreas y políticas. Así, “el lenguaje militar internacional es bastante más

sincero y efectivo que el complejo recorrido que efectúa la política tradicional en los

debates supranacionales. Su efectividad y positivismo en el reconocimiento de nuevos

horizontes sociales y políticos puede resultar decisiva” (Pando, 1994).

Esta idea de la seguridad como estímulo de la integración magrebí se debía sobre

todo al fracaso que constituía la unión magrebí, después de sus primeros cinco años, y a



131

la crisis de la idea del Magreb como conjunto interregional. Además, la falta de líderes,

ideas y empuje gubernamental estaba agravándose ante el avance del radicalismo

religioso en la zona que, en ocasiones, comportaba un uso de la violencia y del

terrorismo. Este cansancio tiene su correlato en la falta de un proyecto político y en la

dificultad para hallar una identidad, más allá del abatimiento institucional. La

percepción de este analista es que el Magreb en la mitad de los años noventa

permanecía sin referentes políticos de futuro y estaba sin vertebración social ni política,

quedando el Magreb como “una idea en suspensión” (Pando, 1994).

El tratamiento que España debía hacer hacia el Magreb tiene que ser “de forma

compacta y no de manera compartimentada, según los usos y costumbres de la UE”

(Mateo, 1999).

Entre 1980 y 1996, el presupuesto de Defensa de los países del Magreb aumentó

un 140.9 % (2.870,2 millones de dólares), es decir, se multiplicó por 2,4, cifras muy

elevadas que hacen del gasto militar un gasto excesivamente alto, en comparación con

el de los países del norte y en comparación con el resto de gasto público interno de cada

país del Magreb. Se trata, además de una tendencia alcista durante todo el período, hasta

el punto de que la proporción del presupuesto de Defensa respecto del PIB de la zona se

multiplicó por 1,38 en dicho período y por un 1,6 en relación con gasto por habitante.

El Magreb es un subsistema regional mediterráneo identificable como

subsistema internacional, por motivos geográficos, históricos, coloniales, por los

vínculos e intensas relaciones existentes entre los Estados que lo conforman, por

compartir el Islam, la lengua árabe, estructuras sociales parecidas, necesidades y

obligaciones geopolíticas comunes (el nacionalismo, la construcción del Estado) o

relaciones y comportamientos comunes ante eventos del exterior. La presencia del

Magreb como actor internacional en distintos foros le confiere lentamente otro rasgo de

unidad política como subsistema internacional, y también se ha dado en el ámbito de la

seguridad y defensa, como en foros mediterráneos (Grupo 5+5, Asociación

Euromediterránea), en foros internacionales (Conferencia Islámica, Movimiento de los

Países No Alineados) o en otros hemisféricos (Unión Africana).



132

No obstante, los diferentes modelos de construcción nacional del Estado de los

países del Magreb comportaron y comportan diferentes esquemas de política exterior.

Marruecos es el “aliado fiable” o “aliado privilegiado” de occidente, por sus

compromisos con los intereses y valores occidentales. Argelia optó por la vía socialista

revolucionaria, de marcado carácter independiente en el escenario internacional

(eliminación de bases militares extranjeras), y de enérgico discurso aunque de acción

más reflexiva. Libia puede definirse como una mezcla de “radicalismo e idealismo”,

frente a la moderación y compromiso razonable en su búsqueda del equilibrio en la zona

de Túnez y la fragilidad de Mauritania, que no logra erigirse como puente o nexo de

unión en las relaciones árabe- (Feliu, 2000). La misma autora destaca, como

contraposición, que existen elementos comunes en dichas políticas exteriores, como la

participación de actores exteriores en las decisiones nacionales (incluso de forma

impositiva), la utilización de la acción exterior como arma de legitimación del

autoritarismo, la centralización de la política exterior, la burocratización de la misma,

un conjunto de prioridades (el soberanismo, la autonomía, la alerta sobre posiciones

neocoloniales), el pragmatismo y la escasez de recursos y limitación de los objetivos

finales de cada Estado (Feliu, 2000).

La importancia del Magreb como actor internacional viene condicionada por sus

relaciones exteriores. Durante la Guerra Fría, el Magreb tuvo una posición totalmente

marginal. Respecto del conflicto de Oriente Medio, el Magreb ha desarrollado una

política activa durante décadas a favor de la causa palestina pero también ha actuado en

el terreno de la mediación, siendo Marruecos el más activo de los Estados (Feliu, 2000).

En relación con África, los desencuentros internos del Magreb han impedido crear un

marco favorable de entendimiento para abordar un africanismo activo, activismo que sí

cabe resaltar en las relaciones del Magreb con los llamados países del Tercer Mundo, ya

que durante muchos años lideraron propuestas de solidaridad y cooperación sur-sur, la

neutralidad activa, siendo Argelia el Estado que desplegó una intensa diplomacia, sobre

todo en la primera mitad de la década de los setenta (Feliu, 2000).



133

En los últimos años, la participación del Magreb en el sistema internacional

viene dada sobre todo por su inserción económica y financiera en el proceso de

globalización económica mundial, aunque su dependencia de la Unión Europea y la

debilidad de las interacciones e intercambios económicos sur-sur son dos hechos

constatados incuestionables, unidos al fracaso de la Unión del Magreb Árabe (sobre

todo por el conflicto del Sáhara Occidental; en 1995, Marruecos solicitó “congelar” las

instancias de la UMA acusando a Argelia de extralimitarse en su condición de

observador en el Plan de Arreglo de Naciones Unidas).

La investigadora se muestra contraria a reducir el Oriente Próximo a la cuestión

del Proceso de Paz entre palestinos e israelíes, y con ello realza el papel estratégico

mundial del Mediterráneo, de la zona del Masreq, en concreto, desde una visión distinta,

poniendo en valor su economía, sociedad, cultura, historia e incluso su papel

geopolítico.

Una de las consecuencias de “mirar” restrictivamente hacia el Mediterráneo ha

sido crear dos foros de diálogo diferentes, el Proceso de Barcelona y el Proceso de Paz,

que, en opinión de Algora, obedecen a los objetivos internacionales de los actores

externos a dichas áreas, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia (antes era la URSS

el actor). Este hecho motiva que también la seguridad sea vista de forma distinta en cada

foro. La Unión Europea (a través del impulso de dos españoles Solana como

representante de la política exterior comunitaria y Moratinos como representante de la

Unión Europea para el Proceso de Paz) ha intentado (tardíamente) obtener una “mirada”

mediterránea hacia ambos foros, dado que la seguridad, capítulo 1 del Proceso de

Barcelona, se ve afectada por las circunstancias que concurren en Oriente Próximo y el

objetivo de ese capítulo, construir una zona de paz y prosperidad euromediterránea,

choca con las mismas, influenciado por el nexo árabe (“umma” o comunidad mundial

árabe) que hace que todo lo que suceda en Oriente Próximo repercutirá en el Magreb

(Algora, 2001)

Montálvez se refiere al “espaldismo” para designar la falta de diálogo entre las

orillas norte y sur mediterráneas y el hecho de que el Mediterráneo haya sido más un



134

espacio de conflicto que uno de cooperación, hecho que el Proceso de Barcelona

iniciado en 1995 pretende revertir. Sin embargo, la realidad del enfrentamiento se

empeña en imponerse, puesto que los obstáculos son superiores a los avances, como

muestra, por ejemplo, la débil y casi nula cooperación horizontal o sur-sur.

Respecto de los planteamientos de seguridad en el Mediterráneo, Herrero de

Miñón habla de una concepción liberal (socio-económica para el coordinador del Grupo

de Trabajo que elaboró el Cuadernos de Estrategia número 113, Fournier) y de una

realista. La primera hace del diálogo y la cooperación, económicas, la base de

estimulación del crecimiento, de la sociedad civil y de un marco sólido de

entendimiento en las sociedades de los Estados del sur y entre éstos y los europeos. La

realista centra su atención en los esquemas político-militares y su componente

fundamental son las relaciones de poder para afrontar las amenazas a la seguridad

Calvo (2001) defiende la puesta en práctica de diálogos y medidas de seguridad

y confianza en el Mediterráneo de tipo mixto y no excluyentes, que contemplen

medidas de seguridad blanda y de seguridad estricta, por un lado, y, por otro, el

fomento de la confianza en el plano vertical (norte-sur) pero también horizontal (sur-

sur).

Hasta hace muy poco tiempo, todo lo relacionado con los flujos migratorios se

ha tratado en el plano exclusivamente bilateral, en función de sus intereses “nacionales”.

España ha sido uno de los Estados que ha venido insistiendo más en la necesidad de una

regulación a nivel de la Unión Europea, por ello considera positivo el acuerdo mínimo

del Consejo Europeo de Tampere en el que estableció tres frentes desde los que abordar

este fenómeno: una gestión adecuada de los flujos migratorios en todas sus fases

(luchando contra la inmigración ilegal y contra la delincuencia y el tráfico

transnacionalizado organizado), con políticas activas de integración y a través del

diálogo y colaboración con los países terceros para fomentar el desarrollo y la

cooperación. Estas cuestiones se han ido asentando en loa agenda de la Asociación

Euromediterránea como una dimensión esencial. Para Valle, no está claro que los PSM

estén en condiciones, actualmente, de disponer de estructuras socioeconómicas que



135

coadyuven al desarrollo en sus territorios, con lo que los acuerdos de la Unión Europea

constituyen, de momento, más un conjunto de recursos “defensivos” hacia las

migraciones que una política de colaboración y coordinada con los PSM.

Para algunos especialistas, no es conveniente certificar con tanta rapidez la

defunción de las políticas exteriores nacionales, la española, en concreto. Desde hace

más de una década, es frecuente subsumir la política exterior española en la exterior y

de seguridad de la Unión Europea, hecho que no ha significado una reducción de la

primera, que seguirá teniendo “especial importancia” (Mesa, 2001).

En 2000, Mesa reivindicó el realismo y la utilidad de los diálogos bilaterales en

las relaciones entre europeos y norteafricanos, no en un sentido conservador o contrario

a los avances del multilateralismo, sino desde el conocimiento de que de los diálogos en

el Mediterráneo nacieron descompensados, por las necesidades de seguridad de los

Estados europeos o de la OTAN. Llamó la atención sobre el uso incorrecto, “grave falta

de percepción”, de los llamados diálogos euromediterráneo o euro-árabe. Desde España,

la expresión “nuestra tradicional amistad con los países árabes” está en desuso, porque,

además ni fue amistad ni fueron tradicionales (Mesa, 2001). En opinión de Mesa,

España no debe renunciar a una política arabo-mediterránea propia de su acción

diplomática”.

En relación con las colonias africanas españolas, Mesa destaca la “guerra

chiquita que culminó con la “retrocesión”, sinónimo vergonzante de devolución de Sidi

Ifni a Marruecos” y el conflicto permanente del Sáhara, que no se cerrará “hasta que no

se realice el referéndum auspiciado por la ONU y que permita que el pueblo saharaui

ejercite su legítimo derecho a la autodeterminación; que tanto puede dar lugar al

nacimiento de un nuevo Estado como a la inserción total del territorio del Sáhara

Occidental en la soberanía de Marruecos” (Mesa, 2001).

Considerando un posible estancamiento mayor o paralización de la solución a

este conflicto, ¿no se estará produciendo un abuso de las negociaciones diplomáticas



136

por parte de algunos actores participantes en las mismas en el sentido de buscar una

solución que, no contemplando el referéndum, contente al Polisario y a Marruecos?

Para muchos árabes jóvenes, el Mediterráneo es más un espacio de tránsito

hacia los Estados de la Unión Europea que un proyecto político que pueda implicarles,

más teniendo en cuenta que el comienzo del nuevo siglo orientó los capitales y las

inversiones hacia Asia y América Latina, más que hacia el Magreb u otras zonas del

Mediterráneo.

La seguridad es un bien preciado para el Mediterráneo árabe, pero es un

concepto el que manejan muy diferente al europeo, aunque todos los Estados del

Mediterráneo consideran que la “seguridad es sinónimo de estabilidad” y, continúa

Mesa:

Hoy en día, los proyectos europeos de seguridad en el Mediterráneo han

cambiado su orientación; actualmente, el término seguridad está vacío de

contenido si no va emparejado con el de cooperación. Este y no otro es el

binomio y la alternativa a la conflictividad.

Muchos autores han señalado la diferente visión de la seguridad, del concepto y

de las amenazas a la misma que existen entre ambas orillas mediterráneas. Mesa ha ido

más allá y ha intentado explicar porqué es así. En el concepto de seguridad del

Mediterráneo árabe participan algunos elementos que lo configuran. Uno es el hecho de

considerar que en el Mediterráneo árabe, los conflictos armados forman parte de la

normalidad desde la creación del Estado de Israel. Otro, que el peligro no sólo es

externo, sino que la estabilidad interna en los Estados del sur mediterráneo está

amenazada, por muchas causas, entre las que están, sin duda, el debate y conflicto en

torno al choque entre la tradición y la modernidad, la injusticia reinante en la mayoría

de Estados, la situación de una población joven sin expectativas o la corrupción política

instalada como comportamiento político normalizado.



137

Por parte europea, se tiene desde la Unión Europea una “concepción que no es

totalizadora del Mediterráneo y que está dominada por las cuestiones relativas a la

seguridad” (Mesa, 2001). Para Europa, el conflicto entre Israel y Palestina es el

conflicto donde van a parar los demás conflictos y mientras permanezca abierto no se

solucionarán otros, después de cuya hipotética solución podría firmarse el Tratado de

No Proliferación de armas nucleares, momento a partir del cual se garantizaría la

seguridad.

Reducir la seguridad a la estabilidad y ésta a la permanencia del statu quo, es

contrario a la modernización socioeconómica necesaria para superar algunos de los

problemas citados (Mesa, 2001). Detrás de la evolución del concepto de seguridad y del

desarrollo económico persiste el debate tradición-modernidad antedicho, en el que se

cruza el Islam, como factor de cohesión y de movilización, unas veces conservadora,

otras revolucionaria, pero a menudo como un elemento de motivación antioccidental.

No es menos cierto que en Europa siguen activos muchos estereotipos basados en

“supuestas teorías conspirativas”, que enlazan con la línea de pensamiento y análisis

tradicionales de miedo al Islam, reforzados por la “bomba demográfica” y el asalto a la

fortaleza Europa. En resumen, en el terreno de la seguridad, el juego de las

percepciones mutuas es determinante.

El mismo debate, tradición-modernidad, subyace al de la resistencia árabe al

sistema democrático, puesto que la democracia es percibida “sin más atributo ni

exégesis, una nueva penetración ideológica occidental” (Mesa, 2001), circunstancia

compleja de la que puede inferirse sin más, según el autor, que tradición se equipare a

autoritarios y modernidad con defensores de la democracia.

Por parte de Estévez, se ha propuesto denominar “arquitectura de seguridad”, en

lugar de sistema regional, para referirse a la estructura de seguridad que se intenta

construir en el Mediterráneo desde finales del siglo XX, conformada por los distintos

diálogos y tipos de cooperación (Estévez, 2001). Este enfoque se apoya en un concepto

amplio de seguridad, donde la seguridad económica predomina en detrimento de la



138

seguridad militar, que pierde su preponderancia, y en un diálogo “que se mueva en

varias calles”, en referencia a los intereses europeos y de los PSM (Estévez, 2001).

La nueva arquitectura de seguridad que se pretende levantar para el

Mediterráneo debe despejar las amenazas que existen en la región. Entre ellas, cuenta

Estévez, la situación política internacional en primer lugar, en concreto, la sempiterna

pretensión hegemónica en el norte europeo pero también en el sur mediterráneo, la

desconfianza entre Estados árabes y los problemas fronterizos del sur. Un grupo de

amenazas y riesgos lo sitúa en el ámbito económico, como la falta de estructuras

económicas y la consiguiente falta de competitividad internacional. Un tercer grupo de

riesgos potenciales de conflictividad vendría dado por los factores sociales y

demográficos. Y un cuarto factor, de carácter militar, derivado de la adquisición de

nuevos sistemas de armas, especialmente de destrucción masiva. A ello debe

responderse, prosigue Estévez, con objetivos paralelos, a saber, el diálogo político, la

reducción de la brecha económica norte-sur, implantar mecanismos de circulación de

trabajadores y un entendimiento cultural, y superar las desconfianzas militares y

emprender la colaboración y cooperación en materia de seguridad (Estévez, 2001).

Como vemos, es el esquema que podemos considerar tradicional o clásico en la

construcción del espacio euromediterráneo de seguridad, el que se está implantando

desde hace unos quince años, al margen de su denominación, arquitectura o sistema, que

obedece probablemente a la relevancia que se lo conceda por cada especialista. El

mismo autor, poco después de proponer dicha denominación, sostiene que “Se trata de

construir un sistema de seguridad basado en un enfoque multidimensional y de

cooperación, en el que se compatibilice la seguridad de cada Estado con la seguridad y

estabilidad regional” o que “Con una estructura de este tipo podríamos pensar en un

sistema de seguridad para el Mediterráneo…”, –en referencia a lo siguiente (Estévez,

2001).

Es, precisamente, en su propuesta sobre los contenidos de dicho sistema, donde

encontramos elementos para hablar de arquitectura: un Centro de Situación

Euromediterráneo (para la alerta temprana), una unidad de diplomacia preventiva, un



139

mecanismo político de urgencia (para prevención de controversias) y un mecanismo de

acción temprana.

Alerta sobre la confusión entre seguridad cooperativa, propia de relaciones entre

supuestos oponentes, y cooperación en materia de seguridad, un concepto más amplio

que integra cualquier tipo de cooperación que aumenta el nivel de aquélla, bien

mediante organizaciones de seguridad común (OTAN) o asociaciones inclusivas que

sientan en el mismo foro a todos los participantes de la seguridad regional (OSCE).

Estévez indica la necesidad de contar con ambos tipos de asociaciones.

Pero Estévez alerta de una circunstancia importante que puede estar

produciéndose, “un cierto cansancio de diálogo”, motivado por el exceso y variado

número de iniciativas oficiales y no oficiales existentes que tienen al Mediterráneo

como marco principal si no único.

Entre las propuestas que considera viables y de futuro está el Proceso de

Barcelona, cuyo “espíritu” debe mantener e impulsar España, más eficaz en lo

sentimental que en lo práctico durante sus primeros cinco años de andadura. Por lo

demás, no hay propuestas o novedades de interés que se ofrezcan en referencia con el

papel de España en la construcción del sistema de seguridad mediterráneo, si acaso la

llamada de atención sobre la necesidad de “dar coherencia a su política regional”, en el

sentido de que la política aliada, occidental si se quiere, de España no quiebre la

cooperación y confianza mutua con los Estados del Mediterráneo árabe. Más allá, se

enriquece el discurso con alusiones a la “expansión diplomática” y al “ejercicio de un

liderazgo regional” que no se explicitan ni se desarrollan, aunque sí se cuestiona la

voluntad real como país de adoptar tales papeles que, repito, no se detallan (salvo que se

pueda entender la necesidad de abordar por separado el Magreb y Oriente Medio y

sendas cooperaciones sub-regionales como detalles de tales roles).

Para mucha gente, los atentados del 11-S en Estados Unidos supusieron el final

de cualquier diálogo y posibilidad de entendimiento entre el mundo occidental y el

árabe-musulmán, muchos de los cuales estaban realmente anticipando el “choque de



140

civilizaciones”, consciente o inconscientemente. Algora Weber (2002) consideró que

había otro grupo que encontraba en el proyecto político euromediterráneo la “única vía

para demostrar que no nos encontramos ante el presagiado” choque.

Esta investigadora se ha caracterizado por una rigurosa investigación sobre los

procesos políticos de paz y los conflictos en el Mediterráneo con un nivel de

implicación y de compromiso con la causa y la esperanza euromediterránea, a diferencia

de otros analistas que han reflejado o reiterado el estado de cosas conocido, matizado o

enriquecido, pero no con el compromiso y la fuerza en los procesos y proyectos que

subyacen en los textos de Algora Weber, sin que ello suponga menoscabo alguno a sus

rigurosos y buenos trabajos y análisis. Sirva como muestra lo siguiente, cuando

analizaba las principales referencias políticas internacionales para el año 2002 en el

número 117 de Cuadernos de Estrategia, del CESEDEN:

Más que nunca el Proceso de Barcelona en su V convocatoria tendrá que

concienciarse del profundo esfuerzo necesario para el progreso en el

Mediterráneo, despejando los fantasmas del desencuentro entre

civilizaciones.

La búsqueda cooperativa a través de distintas soluciones políticas, económicas o

sociales a los desequilibrios y problemas mediterráneos está dando resultados, incluso

en el terreno de la defensa. Actualmente, no existe posibilidad alguna de que las

iniciativas o esfuerzos nacionales, bilaterales o multilaterales, por sí solos, puedan

solucionar los problemas y conflictos del Mediterráneo (Caracuel, 2004).

La dinámica cooperación-conflicto es la que ha caracterizado al Mediterráneo

desde sus orígenes. Solamente con la desaparición de la Guerra Fría comienzan a

plantearse iniciativas, foros e instituciones colectivas para debatir la situación del

Mediterráneo, cuyo espacio estratégico se vio lastrado por la presencia de

estadounidenses y soviéticos y especialmente por la posibilidad de acceso de la URSS al

mismo merced a los acuerdos con Siria y Egipto, circunstancia que dominó no sólo la

política exterior de la primera mitad del régimen franquista, sino también la



141

preocupación europea. Es verdad que en esos primeros años posteriores de la

postguerra fría, todavía era patente la vigencia del esquema de seguridad este-oeste.

Una de esas iniciativas múltiples que buscan soluciones en el Mediterráneo es el

Diálogo Mediterráneo europeo, surgido en el seno de la UEO, a partir del impulso italo-

francés, en 1987, luego consolidado por España, Grecia y Portugal, países, como

vemos, del norte mediterráneo. El subgrupo de trabajo de la UEO que en 1987 impulsó

las consultas y diálogo europeo sobre el Mediterráneo culminó en la Declaración de

Peteresberg, que incluyó abrir un diálogo progresivo con los países del Magreb, luego

relanzado con la propuesta española de incluir a países no pertenecientes a la UEO,

como Argelia, Marruecos y Túnez, a los que se unieron después otros como Jordania,

Egipto o Israel. En 2000, la Cumbre de Marsella, dio por finalizada la andadura de la

UEO al integrarse en la Unión Europea y traspasarse algunas funciones defensivas a la

misma.

Los PSM no consideran que las amenazas o problemas tengan naturaleza militar,

y por tanto, requieran de medidas militares exclusivamente, sino que demandan una

concepción multidimensional para encontrar una posición común sobre una seguridad

integral, en el que el desarrollo social y económico tiene prioridad.

España ha tenido un papel activo y coherente hacia el Mediterráneo en este foro

de diálogo. Como refleja Caracuel, ha ido abriendo puertas en Europa para conectar las

riberas del Mediterráneo, una tarea estratégica y política de primer orden para nuestras

relaciones exteriores, árabes, magrebíes e internacionales. En 2002, prosiguiendo con

los esfuerzos permanentes, España se marcó como objetivo reducir las reticencias de los

socios mediterráneos hacia la PESD como una amenaza potencial a su seguridad,

mayormente percibida así por ellos, como se ha señalado varias veces. El objetivo

español se cumplió y las conclusiones de la Presidencia incluyeron “la necesidad de

intensificar el diálogo político, incluso en materia de defensa, con el fin de dotar a la

Unión de un enfoque común sobre la cooperación en la lucha contra el terrorismo

internacional y el diálogo en materia de derechos humanos, primordialmente”

(Caracuel, 2004). A partir de ahí nació la iniciativa del Ministerio de Defensa de



142

internacionalizar el debate y la reflexión sobre este aspecto de la seguridad y defensa a

través de un seminario, en colaboración con la Fundación CIDOB. Transparencia y

cooperación, una vez más, se convertían en las señas de identidad de las relaciones

euromediterráneas proclamadas en estas reflexiones (que se traducían en nuevos

seminarios o programas de formación militar norte-sur, por ejemplo).

Otro de los instrumentos y foros es el Diálogo Mediterráneo de la OTAN. Hasta

el final de la Guerra Fría y los atentados del 11-S en Estados Unidos, la relación de la

OTAN con el Mediterráneo era fundamentalmente militar. Entre ambos

acontecimientos, como es sabido, convergieron diversas aportaciones encaminadas a

enriquecer el concepto de seguridad, en la línea de la seguridad compartida, a la que la

OTAN se sumó con sus conceptos estratégicos y su apertura hacia el este y sur

mediterráneos.

Se ha discutido mucho si la “mirada” de la OTAN más allá de su interior estaba

motivada por el ansia de encontrar “nuevos enemigos” con los que sustituir la orfandad

del enemigo soviético, hecho que, en opinión de Caracuel, no se ajusta a la realidad,

puesto que la Alianza Atlántica puede “disipar tensiones y temores ante lo que algunos

han representado en una “nueva línea divisoria” entre el Norte y el Sur. Para ello, la

organización atlántica pretende mejorar su imagen ante estos países, abordando los

problemas de seguridad en la región y proporcionando nuevas herramientas para la

cooperación en el ámbito de la defensa” (Caracuel, 2004). Así surge, en la Cumbre de

Bruselas de 1994, una nueva iniciativa de la Alianza, el Diálogo Mediterráneo, con el

objetivo de hacer participar a los siete países mediterráneos integrantes de un sistema de

relaciones bilaterales, no discriminatorio y autofinanciable de actividades conjuntas para

promover la confianza entre la OTAN y los mismos (Argelia, Egipto, Israel, Jordania,

Mauritania, Marruecos y Túnez).

Cierto es que la situación en Oriente Medio sigue monopolizando la atención de

la seguridad mediterránea y el diálogo de la OTAN con sus socios y que el presupuesto

destinado a la Asociación para la Paz puesta en marcha con los países del este de

Europa sigue siendo muy superior que el del Diálogo. Pero también es cierto que todos



143

los socios mediterráneos participan de las actividades propuestas por la OTAN, de la

formación o intercambios, especialmente, Argelia, Túnez, Egipto, Jordania, Israel y

Mauritania –Caracuel, 2004). Las autoridades de la Alianza Atlántica suelen destacar la

buena marcha del Diálogo Mediterráneo, y fijan en cinco áreas las prioridades del

mismo, a saber, la lucha contra el terrorismo (establecida como una prioridad en Praga,

2002, a través del Plan de Acción de la Asociación contra el Terrorismo), la lucha

contra la proliferación de armas de destrucción masiva, la gestión de crisis, la reforma

de la defensa y la cooperación militar-militar.

El desmantelamiento de las armas nucleares, por parte de Israel sobre todo, es

demandado por los PSM como condición previa a otros debates en temas de defensa.

Los Estados mediterráneos del sur recelan del papel de la OTAN en la región, percibida

en muchos casos como una amenaza de intervencionismo, dado que una de sus

prioridades de seguridad es el terrorismo, que vinculan estrechamente al

fundamentalismo islámico.

Un tercer foro de diálogo abierto entre Europa y el norte de África en el

Mediterráneo es la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), luego

convertida en organización (OSCE). El diálogo se inició a través de encuentros y

seminarios con Estados no miembros de la CSCE, Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto e

Israel. El Grupo de Contacto surgido de la cumbre de Budapest, en 1994 (lanzamiento

del Diálogo Mediterráneo de la OTAN), re-denominó a los Estados del sur como socios

para la cooperación del Mediterráneo, una cuestión importante en la línea de la igualdad

de estatus en el diálogo, que se vio reflejada en los compromisos de la Carta de

Seguridad en Europa, aprobada en 1999 por la OSCE.

En coherencia con el trabajo de la OSCE, de prevención y confianza en temas de

seguridad, este diálogo buscaba alentar a los socios “a crear estructuras y mecanismos

de alerta temprana, diplomacia preventiva y prevención de conflictos”, un objetivo que,

pasado el tiempo, se antoja limitado y con una participación e implicación escasa de la

sociedad civil y de los mandatarios estatales (Caracuel, 2004).



144

Estos tres foros de diálogo están en marcha y no sólo van conformando un

“colchón” en el que amortiguar los riesgos y amenazas a la seguridad en el

Mediterráneo, sino que han puesto en marcha toda una red de medidas de confianza que

hacen de la cooperación la base del diálogo político. Pero, igual que puede decirse del

proyecto euromediterráneo que nació en Barcelona en 1995, estos diálogos, en el que

los PSM han dado el paso “del voluntarismo al establecimiento de medidas prácticas de

cooperación con los países mediterráneos”, siguen siendo percibidos por estos países

como prioridad e interés del Norte no exentas de un cierto paternalismo en cuanto a las

necesidades de seguridad (Caracuel, 2004). Por ello, se requiere, en los tres diálogos,

profundizar en medidas que aumenten la confianza mutua y que sean eficaces para la

prevención de conflictos.

El esquema desde el que la Unión Europea, España en particular, debe

aproximarse a la seguridad mediterránea, del Magreb singularmente, no debe ser el de la

búsqueda de estabilidad o de equilibrios, sino el del cambio democrático, en palabras de

Carlos Jiménez:

Frente al enfoque tradicional de favorecer la estabilidad de los regímenes de

la región, anticipamos que la solución no es otra que la apuesta por su

transformación democrática, una apuesta ponderada y tranquila por la

democratización del Magreb y -por supuesto- del país vecino de la mano de

la Monarquía alauí y del islamismo moderado.

Este esquema, opina Jiménez, en el caso del Magreb y de Marruecos

particularmente, conlleva superar el “colchón de intereses” y asumir las diferencias

políticas, planteando directamente el compromiso democrático como un objetivo de

política exterior española en el Magreb, sin caer en “ocurrencias” como la del choque de

civilizaciones ni pensar que el único abismo a reducir es entre ricos y pobres, también y

tan importante lo es entre democracia y autocracia (Jiménez, 2004). Un modelo de

relaciones basado en agrandar dicho “colchón” (intensificar la cooperación

plurisectorial, las relaciones económicas y financieras y el diálogo político



145

institucionalizado), no parece suficiente para que España pueda mantener su aspiración

histórica de ser un puente entre Europa y el Mediterráneo, o África, si se prefiere.

Jiménez considera que las relaciones triangulares Marruecos-España-Francia son

importantes en el contexto de la seguridad mediterránea y magrebí, relaciones bastante

dinámicas en temas como el Sáhara Occidental y la inmigración. No se trata de

reproducir el modelo decimonónico de enfrentamiento-reparto entre potencias en el

Mediterráneo (como en el pasado), aunque prevalece una lucha de intereses entre

Francia y España por ganarse un respeto estratégico e influencia política y económica

en la región magrebí (la falta de apoyo de Francia en el caso de la ocupación del islote

de Perejil en 2002, así lo refleja). Detrás de algunos de estos problemas está el fracaso

del proyecto político mediterráneo de la Unión Europea, tanto la Asociación

Euromediterránea como la PESD (Jiménez, 2004).

Uno de los problemas que bloquea el diálogo para emprender verdaderas

reformas que conduzcan al cambio democrático, en el caso de Marruecos, es el

contencioso del Sáhara Occidental. La creación de un nuevo estado soberano, de habla

hispana y hondas raíces de amistad e intercambio, proporcionaría a España una posición

estratégica más relevante en el Mediterráneo, en contra de los intereses de Francia. La

falta de acuerdo entre Marruecos y Argelia, pero también entre España y Francia a partir

del plan Baker III de 2003, son factores que mantienen la solución al conflicto en vía

muerta, aunque es el bloqueo marroquí el mayor obstáculo (el plan propuso, bajo la

soberanía de Marruecos, una amplia autonomía provisional para el Sáhara de entre

cuatro y cinco años, hasta la celebración del referéndum de autodeterminación).

Nos parece, finalmente, que en el breve espacio de tiempo en el que estos

Cuadernos de Estrategia se viene publicando, los análisis y propuestas sobre el

Mediterráneo han sido, comparativamente, mayores que los contenidos en el Boletín de

Información de la Defensa.

Las Monografías del CESEDEN, 1990-2009



146

Las Monografías destacan por constituir elaboraciones teóricas, análisis y

revisiones del estado del Mediterráneo de forma especializada, con la formación de

grupos de trabajo que han abordado temas desde diversas disciplinas y con la

participación de destacados especialistas de diversos sectores. A diferencia de los

“Boletines” y los “Cuadernos”, constituyen trabajos más amplios, colectivos, centrados

en una materia, como la inmigración u otros aspectos fundamentales para la seguridad.

Comenzaron a publicarse a partir del fin de la Guerra Fría, cuando el Mediterráneo dejó

de tener interés como “teatro de operaciones de las superpotencias”, interés

geoestratégico que pasó al conjunto regional de inestabilidades de los pueblos ribereños,

que algunos denominaron, de forma simplificada, amenaza del sur. Sus contenidos

abordan directamente la cuestión de la seguridad y los factores que la condicionan desde

la visión de la seguridad ampliada, sin el abuso del discurso este-oeste ni las

incertidumbres de finales de los ochenta y principio de los noventa, como se refleja en

algún Boletín o Cuaderno.

La OTAN comprendió que la última década del siglo XX concedía una

oportunidad para la aplicación de los métodos políticos de forma más decidida e intensa

que hasta entonces. Por entonces, 1992, la Unión Europea Occidental (UEO) abría las

puertas a la cooperación en el Mediterráneo. Aunque ambas visiones de la seguridad, la

de la UEO y la de la OTAN diferían, en ambas convergía el hecho de considerar la

seguridad de Europa afectada, en buena medida, por la seguridad y estabilidad del

Mediterráneo y la necesidad de diálogo como instrumento para su consecución.

Al considerar los aspectos de seguridad en el Mediterráneo, España deberá tener

en cuenta que está ante un espacio con “múltiples bases de poder regionales cuya

situación estratégica se encuentra sobre las vías de comunicación marítima” (Pérez,

1999). Aparece, además de la importancia marítima y la disponibilidad militar en la

seguridad, los factores de inseguridad entre Estados vecinos que pueden desembocar en

crisis. Propone este autor la creación de la iniciativa Eurairfor, basada en la cooperación

estratégica a través de una Fuerza Aérea Europea.



147

Calduch realiza una aproximación a la seguridad desde la defensa y el Estado.

Así, habla del conjunto de medios dedicados a garantizar la seguridad estatal mediante

la disuasión y el empleo de la fuerza (política de defensa), como instrumento de la

política de seguridad exterior.

Divide el Mediterráneo en “cuatro áreas sub-regiones”, a saber, el Mediterráneo

Occidental, el Magreb, los Balcanes y el Mashrek (Calduch, 1999), para las que

defendía políticas estatales de seguridad específicas para el área, unilaterales o

multilaterales, en las que la defensa ocupara una posición destacada.

Los riesgos e incertidumbres son para Calduch los conflictos o crisis abiertas en

la Guerra Fría, el crecimiento demográfico (que ha rejuvenecido la población de forma

intensa), la concentración urbana (que propicia el populismo político o religioso más

fácilmente), la compatibilidad entre crecimiento demográfico y económico, la crisis

cultural (producto del choque de sistemas de ideas, valores, creencias religiosas, etc.) y

el peso de la militarización en algunos países (Calduch, 1999). Vemos como en la

descripción de riesgos que realiza Calduch no aparece específicamente el islamismo

radical o fundamentalismo religioso, y solo indirectamente, al hablar de crisis cultural y

de identidad, se señalan las diferencias en las creencias como un hecho más que

determina la crisis cultural.

El valor del proyecto euromediterráneo reside en que es el primer foro que

concentra al conjunto de los países ribereños. No obstante, señala el hándicap que

supone la ausencia de algunos Estados o del Vaticano, que convierte la Asociación

Euromediterránea en “necesaria pero insuficiente para garantizar la seguridad de la

región”, incapaz, a su entender, de poder llevar a la práctica los compromisos políticos y

estratégicos, que “la convierten en un foro dependiente de otras instituciones para

materializar el logro de sus objetivos” (Calduch, 1999). El profesor Calduch relativiza y

reduce la aportación del Proceso de Barcelona a la seguridad, limitándolo al terreno de

la confianza y a reducir las incertidumbres o riesgos.



148

También juzga el papel de la Unión Europea en la seguridad mediterránea

esencial aunque limitado, por jugar su baza sobre todo en la resolución de los problemas

sociales y económicos, pero requerirá de la participación de otras instituciones para

resolver los problemas defensivos de la seguridad.

En cuanto a la OTAN, Calduch realizaba cuatro consideraciones hace una

década: que la OTAN optó por basar la seguridad regional en la cooperación y la

confianza, más que en lo militar o defensivo, sin excluirlo (aunque también señala que

no ha sido capaz de solucionar conflictos no armados en el Mediterráneo); que margina

los riesgos derivados de los conflictos violentos como el terrorismo, sublevaciones,

golpes de Estado, etc.; que había Estados mediterráneos de “primera y de segunda”

según la pertenencia a la Alianza y que la misma estaba pendiente de una

reorganización interna para definir con más claridad las funciones de seguridad y

defensa en las distintas áreas (Calduch, 1999)

Entre las principales reflexiones y conclusiones del grupo de trabajo sobre las

migraciones en 2000, constituido en el seno del CESEDEN, figuran tres aspectos

básicos: la necesidad de mayor atención a la seguridad, los factores de tensión y sus

causas principales y las políticas comunes.

Comencemos por apuntar que se considera que cerrar las fronteras es algo

“irreal” y que no debe ser el objetivo principal de cualquier política migratoria, sino que

antes se necesita poner mayor atención en reprimir la actividad criminal del tráfico

ilegal, mejorar al seguridad marítima y estabilizar el interior de cada Estado, que puede

verse afectado por la presencia y tránsito de inmigrantes ilegales, explotados y con

actividades delictivas.

El radicalismo islámico, la “amenaza migratoria” y el crecimiento demográfico

son, según el grupo, los mayores factores de tensión en el Mediterráneo. De Detrás se

señalan 13 causas: una peor relación entre crecimiento económico y empleo, un

desequilibrio entre los motivos que empujan a emigrar y los que no, las nuevas

tecnologías han marginado la región, la diferencia creciente de salarios norte-sur, la



149

falta de oportunidades profesionales en algunos sectores cualificados y formados, la

pobreza, un mejor y más barato transporte internacional, las guerras y conflictos, el

deterioro medio ambiental, el poder de los medios de comunicación, el rápido

crecimiento de las comunidades emigrantes en Europa y el déficit alimentario

permanente. Todos estos factores presionan de alguna manera a favor de la emigración

y pueden suponer elementos de tensión importantes en los Estados y en el área

euromediterránea.

En cuanto a la amenaza que supone el terrorismo y su conexión con

organizaciones criminales, se estimó necesario considerar lo siguiente: una posible

actuación coordinada de las organizaciones terroristas, la posesión de documentos de

identidad y viaje falsos, la circulación entre esas redes de información sobre uso de

armas y fabricación de explosivos, y el empleo creciente de las nuevas tecnologías de la

información y la comunicación.

De ahí que las medidas más relevantes las realizara este grupo en este ámbito,

con la propuesta del convenio internacional sobre la criminalidad transnacional

organizada, junto a otras como la puesta en marcha de un sistema de control del tráfico

marítimo, la contribución de las fuerzas armadas para tareas no estrictamente militares y

la necesidad de adoptar políticas comunes en el Mediterráneo (planificar la entrada de

inmigrantes según cuotas anuales, combatir la inmigración ilegal y el control de flujos

por la delincuencia organizada, apoyar la integración social y promover el desarrollo

social y económico en los países de origen).

Los factores o hechos que conducirían al “choque de civilizaciones” serían las

intensas diferencias culturales (lengua, costumbres, organización sociopolítica, pero

sobre todo, la religión); la interacción entre personas y grupos de diferentes culturas

(que reforzaría las propias identidades); y la dificultad de resolver las diferencias

consolidadas por elementos poco evolutivos (Jordán, 2002). Por ello, Jordán defiende

el impulso de la cooperación cultural en el espacio euromediterráneo y un mayor

protagonismo a las sociedades civiles, del diálogo religioso, del reconocimiento del

“otro”, del intercambio educativo (bancos de datos, becas, etc.), formar especialistas y



150

formadores en temas conjuntos a ambos lados del Mediterráneo y desarrollar el diálogo

entre medios de comunicación y profesionales de los mismos de la región.

Las relaciones, especialmente bilaterales, entre las fuerzas armadas de los

Estados de las riberas del Mediterráneo pueden tildarse de fluidas y cordiales. Ha

habido experiencias de convivencia y de integración entre Fuerzas Armadas, vinculadas

a las experiencias coloniales. Desde el fin de la Guerra Fría, sobre todo desde los inicios

del siglo XXI, vienen incrementándose el número de acciones conjuntas y

colaboraciones de carácter militar, con el fin de reforzar la confianza y la seguridad, por

ejemplo, el intercambio de unidades, maniobras conjuntas, intercambio de observadores

o las de formación en otros países. En esa línea, las operaciones o misiones en el

exterior que realizan las diferentes Fuerzas Armadas de los Estados mediterráneos (de

ayuda humanitaria, de mantenimiento de la paz, contra el tráfico ilegal, para la

seguridad de la navegación, etc.) constituyen la vía nacional internacional para reforzar

la cooperación militar.

El concepto de seguridad ha ido ampliándose con la incorporación de elementos

adicionales al militar, como el económico y comercial, el étnico y nacional, el religioso,

el demográfico o el medioambiental. Esto obliga a que las instituciones internacionales

de seguridad y defensa armonicen sus objetivos y cooperen estrechamente en el

Mediterráneo. Además de los Estados y las organizaciones de defensa, son necesarias

ONG para afrontar este tipo de desafíos.

El objetivo doble de seguridad de Occidente en el Mediterráneo es consolidar

una buena situación económica y estabilidad política en los Estados de los PSM, para lo

cual la Unión Europea responde mejor al primer fin y la OTAN en el campo de la

seguridad. Desde la perspectiva árabe, puede percibirse como una voluntad de

injerencia europea u occidental en los asuntos internos.

La denominación de Asociación Euromediterránea denota ya la asimetría del

proyecto, que es totalmente europeo, al que se suman los PSM, pero no es una iniciativa

conjunta e impulsada por todo el espacio mediterráneo, como ha quedado dicho



151

repetidamente. Otra denominación hubiera sido posible, no la de euro-árabe

obviamente, pero sí, por ejemplo, Asociación Mediterránea, como se sugiere en la

Monografía número 44 del CESEDEN, por Leopoldo García (2001).

Europa y Occidente son hegemónicos en el espacio mediterráneo, lo que genera

ambivalencia en la orilla sur mediterránea, levantando sospechas y recelo, pero también

atracción. La tensión tradición-modernidad, de la que se habló Mesa también detrás de

esta ambivalencia sentimental y perceptiva.

El discurso del daño proveniente del exterior siempre ha calado en las

sociedades árabes y ha sido utilizado por las elites políticas árabes, pero también ha

llegado al ámbito de la religión. Desde este punto de vista, el Islam siempre se ha tenido

tolerante y respetuoso, más que el cristianismo hacia el Islam, que fue intolerante e

irrespetuoso con sus territorios, percepción que permanece anclada en el pensamiento

colectivo islámico desde la época de las Cruzadas. Igual que permanece el hecho de

que, en aquellos lugares donde los musulmanes fueron dominados por los cristianos, se

les sometió a un trato indigno, obligados a renegociar su estatuto y condiciones de vida,

rebajados a vecinos de segundo rango, sometidos a pagos especiales y excluidos del

poder y la tenencia de bienes materiales. Ese agravio perdura en el inconsciente

colectivo musulmán. El colonialismo de los siglos XIX y XX empeoró las relaciones,

porque desde Europa se exhibía una ideología y una superioridad vinculadas a la raza

blanca, frente al secular atraso del resto de los pueblos. Esta sensación y percepción de

sometimiento y de consideración menor por parte de Occidente se traslada actualmente

al interior de los Estados europeos en los que viven los musulmanes, que se siente

discriminados.

Desde la década de los setenta, se han ido configurando y consolidando

movimientos de raíz islámica que abogan por una vuelta a los orígenes del Islam, al

Islam “puro”, que fueron creando o convirtiéndose en partidos políticos y luchan por el

acceso al poder, encauzando el descontento popular y recogiendo el sentimiento de

inferioridad y la reivindicación islámica dentro y fuera de los territorios islámicos.

Como es sabido y ha quedado dicho en otro lugar, Argelia es el Estado en el que el



152

Frente Islámico de Salvación logro acceder al poder municipal y casi lo logra al

Legislativo de forma democrática al no ser por la interrupción militar que lo impidió en

1992. Esta vuelta a los orígenes también se ampara en la decepción y decadencia

existentes en el interior de las sociedades árabes, después del fracaso del reformismo,

del nacionalismo y del estancamiento de la causa palestina. Sobre todos estos tópicos y

siglos de relaciones distantes a la vez que próximas, debe imponerse el diálogo, incluido

el religioso, superando las representaciones y percepciones negativas y estereotipadas

entre las partes europea y árabe-mediterránea.

A la hora de mejorar el diálogo interreligioso debe tenerse en cuenta que existen

tensiones entre las diversas organizaciones islámicas, que en absoluto son homogéneas

ni propugnan lo mismo. Otro problema lo constituye la existencia de diversas

confesiones cristianas. La dificultad también procede de la diferencia entre las

sociedades laicizadas y los Estados no confesionales europeos, de pluralidad religiosas

y donde la religión oficial y no oficial se mantienen separadas y las sociedades, Estados

y autoridades religiosas islámicas, que además presenta una jerarquía totalmente distinta

a la cristiana, lo que obstaculiza más aún los niveles de diálogo.

Se ha dicho reiteradamente que existe una amenaza potencial de proliferación de

armas de destrucción masiva y sus sistemas de lanzamiento que necesita respuesta, sin

que se ponga en peligro el equilibrio estratégico existente. A comienzos del nuevo siglo,

también se hacía constar como necesidad operativa contar con una Defensa contra

Misiles de Teatro, cuya definición debía realizarse en colaboración con Estados Unidos.

Una de las amenazas concretas militares destacada como existentes es el lanzamiento de

un número pequeño de misiles balísticos hacia Europa desde algún punto próximo

alrededor del continente. Al margen del trabajo político que se realiza, en 1997 se

definió un modelo que incluía una defensa de la capa superior, capaz de interceptar los

misiles fuera de la atmósfera (más allá de los 35 kilómetros), en un área de 1.600

kilómetros, y una defensa de la capa inferior, para interceptarlos dentro de la atmósfera,

por debajo de los 35 kilómetros.



153

El Mediterráneo es una región plagada de todo tipo de problemas: sociales,

culturales, étnicos, religiosos, energéticos, económicos, ambientales, que en cualquier

momento pueden propagarse hacia un conflicto que implique a una parte de los actores

mediterráneos.

Mauritania, Argelia y Marruecos están directamente afectados por el conflicto

del Sáhara Occidental, España y Francia, indirectamente. El riesgo de enfrentamiento

entre Argelia y Marruecos no es descartable. De no ser por los ricos yacimientos de

fosfatos existentes en el territorio saharaui, no habría interés por él, ya que es apenas

tiene 250.000 habitantes, en su mayoría nómadas beduinos y bereberes, dedicados a la

ganadería (cabras, ovejas y camellos).

En Argelia, los atentados continuados de los grupos terroristas islámicos

radicales de base salafista siguen provocando cientos de muertes, al tiempo que la

seguridad por el abastecimiento de gas y petróleo a España y otros Estados europeos es

una preocupación fundamental para la Unión Europea.

El conflicto entre Israel y Palestina es el conflicto mayor por excelencia, el que

aglutina buena parte de los elementos presentes en otros conflictos.

No puede olvidarse el conflicto greco-turco, cuyas tensiones pueden suponer un

problema no sólo extensible a la región, sino también un problema en el seno de la

OTAN (la mayoría greco-chipriota y la minoría turco-chipriota no son capaces de

ponerse de acuerdo, persistiendo el elemento religioso como divisorio).

Junto al conflicto palestino-israelí, los que afectan a los Balcanes desde la

desintegración de la antigua Yugoslavia en 1990 son el foco principal de conflictividad

en el Mediterráneo, que, pese a los acuerdos de paz y a la detención de los

enfrentamientos armados, permanecen latentes, con presencia de tropas de

mantenimiento de paz y con las divisiones que dieron origen a las guerras, presentes de

alguna manera.



154

Aunque Jiménez enumera las relaciones hispano-marroquíes como uno de los

focos de tensión y posible conflicto, sobre todo a raíz del episodio de la ocupación

marroquí del islote de Perejil, dichas relaciones atraviesan un buen momento y distan

mucho de ser una fuente de conflicto (desde luego, nunca descartable por la

reivindicación permanente de Marruecos sobre los territorios españoles en África o la

cuestión del Sáhara Occidental)

Aunque se le presta escasa atención, sobre todo en nuestro país, el problema

kurdo sigue existiendo, y la situación en Irak está muy lejos de estabilizarse, pese a la

disminución de los atentados y de la inseguridad, problemas que aunque no ubicados en

el área mediterránea como tal, pueden afectarla como propagación del recrudecimiento

de ambos conflictos.

El desequilibrio económico es uno de los factores clave de la inseguridad, un

detonante de las crisis y el generador de problemas posteriores, como la inmigración, el

integrismo islámico o el terrorismo, que son factores de inestabilidad no localizados

exacta ni geográficamente.

Respecto de la guerra asimétrica contra el terrorismo, Jiménez plantea que toda

lucha contra el terrorismo debe ajustarse al Derecho Internacional Humanitario, negar

cualquier respuesta militar indiscriminada, ser proporcional, adecuada, evitar los

bombardeos, incluso con armas inteligentes, ya que el uso de armas convencionales a

medio y largo plazo siembra semillas de odio y de más terrorismo. En palabras del

propio Jiménez (Jiménez, 2001):

Ni una parte ni otra parte pueden permitirse el lujo de un conflicto armado.

La solución reside más en la prevención moral, social, cultural y económica,

que en la prevención militar. Hay que evitar que lleguen al poder

determinados visionarios, dictadores a veces locos, a los que no se debe

olvidar, en muchas ocasiones Occidente ha contribuido a instalar en el poder

y ha armado hasta que no se ha podido controlar su demencia. No queda

otro remedio que el diálogo y la cooperación.



155

Jiménez se muestra algo escéptico sobre las medidas de confianza en este

escenario, sobre todo por la desconfianza mutua y por la resignación que a veces se

muestra ante el llamado choque de civilizaciones, que, apostilla, de tanto repetirse,

acabará por aceptarse (hay que decir que al inicio de la presente década era una tesis

más defendida que ha ido perdiendo fuerza). La realidad es que “no existe una amenaza

militar que pueda conducir a una confrontación Norte-Sur, como interesadamente

quieren hacernos ver algunos” (Jiménez, 2001).

La vía de la integración es la más convincente para generar confianza, como el

caso de la Asociación para la Paz impulsada para los países del este europeo. Otras

iniciativas como el Diálogo Mediterráneo de la OTAN van perdiendo fuerza,

limitándose a reducidas colaboraciones en unas pocas actividades militares, como

seminarios o cursos, debido a la falta de financiación unas veces y otras al conflicto de

Oriente Medio, que plantea una baja participación rechazo por parte de los PSM. LA

OTAN debe comenzar por comunicar a estos países que no es una organización

enemiga, sino una aliada para su desarrollo y pacificación.

Iniciativas y diálogos multilaterales de seguridad en el Mediterráneo.

La Fundación CIDOB ha generado espacios propios de análisis y debate sobre la

seguridad global en el Mediterráneo. En 2002, el número 57-58 de la Revista d’Afers

Internacionals dedicó un monográfico a la seguridad global en el Mediterráneo, desde la

perspectiva europea. En el mismo, se establecían cuatro sub-regiones mediterráneas:

Europa del Sur, los Balcanes, el Magreb y el Mashreq. Una de las constantes en la

región ha sido la carencia de procesos de integración, que ha supuesto un claro límite a

la cooperación (si exceptuamos el proceso de diálogo euromediterráneo en el sur),

restringiendo las relaciones al ámbito intergubernamental y a temas transfronterizos,

como puedan ser el tratamiento del Islam y de las energías.

La fundación CIDOB plantea si lo que denominamos con el término

“Mediterráneo”, en realidad no es sino la sustitución de un conjunto de relaciones entre



156

países y organizaciones europeas y los países árabes de la cuenca mediterránea más

Israel y Turquía, que sería mejor denominar “relaciones Norte-Sur”. De lo anterior se

deduce que no existe una clara aproximación geopolítica a la región, ya que sus límites

se modifican, amplían o restringen a conveniencia o por razones de corrección política.

Hace tres décadas, la preocupación europea por la región tenía que ver sobre

todo con la situación de conflicto armado en Oriente Medio y con la seguridad

vinculada a la dependencia petrolífera (inseguridad energética). Más tarde, los

acontecimientos de la región y la propia situación en Europa cambiaron esta visión de la

seguridad y, hace casi dos décadas, se abrió paso una visión diferente (la región

entendida como flanco sur de la OTAN y prolongación geoestratégica euro-atlántica).

La preocupación por la seguridad evolucionó desde los aspectos no tradicionales

(percepción de amenaza –equilibrios militares, proliferación de armamentos, seguridad

de las rutas comerciales, acceso a recursos estratégicos) hacia aspectos no estrictamente

militares o no directamente vinculados a la seguridad en Europa; de esta manera,

apareció el concepto de riesgos de seguridad para Europa, que incluía variables como la

estabilidad política y el impacto social de los graves problemas económicos de la ribera

sur y oriental del Mediterráneo, o la existencia de situaciones de conflicto armado.

El diálogo de seguridad de la UEO.

Valiéndonos de la exposición que la Fundación propone en su número 57-58,

destacaremos algunos aspectos de las tres iniciativas principales en el Mediterráneo, el

diálogo de seguridad de la Unión Europea Occidental (UEO), el diálogo de la OTAN y

el diálogo de la Unión Europea. El diálogo de la UEO, impulsado a partir de la

Declaración de Petersberg en 1992 y del bilateralismo gradual, bebía de principios

similares a los de la Conferencia para la Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), a

saber, lograr un marco de estabilidad, construcción de confianza, transparencia e

información, prevención de conflictos y solución pacífica de los mismos y no-

proliferación de armas de destrucción masiva. Este diálogo se inició sobre la misma

base que se reproduciría después en otros diálogos, como el de la OTAN: la inexistencia



157

de una amenaza militar hacia Europa desde el Sur y la consideración de que los riesgos

para la seguridad mediterránea derivarían no de un conflicto armado norte-sur, sino de

una desestabilización del sur provocada por la proliferación de ADM, el acceso al poder

de grupos radicales, la presión demográfica, el subdesarrollo económico y las fracturas

culturales. El diálogo se profundizó en 1995, mediante la Declaración de Lisboa, que

amplió la visión de la seguridad de 1992 a la estabilidad política, económica y militar; a

la protección del suministro energético; a la inestabilidad y debilidad institucional en el

norte de África; a los movimientos extremistas; y a la asimetría económica y

demográfica entre Europa y norte de África.

Como puede observarse, las bases que subyacen en el actual Proceso de

Barcelona estaban sentándose ya en el diálogo de la UEO, aunque los resultados de la

iniciativa se sabían negativos desde otra decisión relevante en Lisboa de crear las

Fuerzas de Reacción Rápida terrestres y marítimas –Eurofor y Euromarfor– para las

misiones Petersberg. Como queda dicho en otra parte de la investigación, este paso fue

mal explicado y se percibió como un nuevo intervencionismo europeo. Si añadimos las

distintas prioridades de seguridad de los países de la UEO y de los países árabes,

además de la propia debilidad de la UEO, el pobre resultado del diálogo es fácilmente

justificable.

El diálogo de seguridad de la Alianza Atlántica

Desde mitad de los años noventa, la Alianza Atlántica comenzó a establecer

contactos regulares con estados mediterráneos no miembros de la misma, en orden a

abrir un diálogo bilateral, complementario de otros diálogos. Se inició con cinco países,

Egipto, Marruecos, Túnez, Israel y Mauritania, a los que se sumó Jordania y, en marzo

de 2000, Argelia. Los objetivos estratégicos de este diálogo han sido contribuir a la

seguridad y estabilidad del Mediterráneo, mejorar el entendimiento mutuo y modificar

algunas percepciones de los países del norte de África sobre la Alianza Atlántica. Desde

julio de 1997, la dimensión mediterránea fue considerada como un componente más de

la arquitectura europea de seguridad y se creó el Grupo de Cooperación Mediterránea,

con la responsabilidad global del diálogo. Al igual que el diálogo de la UEO, la



158

respuesta de los países del sur ha sido muy desigual y sus prioridades poco coincidentes.

En realidad, la Fundación CIDOB constata que hay que hablar de un diálogo de “bajo

perfil”, también por la actitud de los países OTAN, reticentes a dotar de fondos la

colaboración en temas de seguridad con los países del sur.

En realidad, el Diálogo Mediterráneo de la OTAN fue inicialmente un foro para

establecer confianza y transparencia, basado en reuniones bilaterales, que luego fue

intensificando las discusiones políticas y perfeccionando la estructura del Diálogo.

Evolucionó, como hemos visto, desde el Programa Anual de Trabajo de 1997 que

incluyó la cooperación militar, el planeamiento civil de emergencia y la cooperación

científica hasta el aumento de las consultas a países, individual y colectivamente,

aprobado en la Cumbre de Praga, de 2002 o la creación de un Grupo de Trabajo

ambicioso inspirado en los principios de progresividad, no discriminación y auto-

diferenciación, propiedad conjunta y complementariedad, de la Cumbre de Estambul de

2004. Como contraste a la opinión del CIDOB, el Diálogo mediterráneo está mejorando

con reuniones y consultas ministeriales y diplomáticas bilaterales OTAN+1 y

multilaterales OTAN+7, además de que el Programa de Trabajo Anual contiene ya 26

áreas diferentes, incluyendo, además de las citadas anteriormente, las de política y

estrategia de defensa, reforma de la defensa y economía de la defensa, espacio aéreo,

cooperación medioambiental, información y hasta consultas sobre terrorismo. Las áreas

de cooperación incluyen contactos entre ejércitos, ejercicios militares, adiestramiento,

enseñanza militar, aspectos conceptuales, operaciones de paz, etc. (Bin, Ministerio de

Defensa, 2007).

El diálogo de seguridad de la Unión Europea.

Una vez que finalizó la Guerra Fría, la Unión Europea, más libre y autónoma,

comenzó a desplegar las iniciativas más importantes hacia el Mediterráneo, el diálogo

subregional 5 + 5 entre los países del sur de la UE y los del Magreb, a los que se añadió

Malta. A partir de las perspectivas abiertas tras la Conferencia de Paz de Madrid en

1991 y los Acuerdos de Oslo de 1993, la Unión Europea encontró motivos para

convocar la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, en 1995. Se trataba de



159

reforzar la política mediterránea y convertir la cuenca en una zona de cooperación, paz,

seguridad y bienestar, impulsando un partenariado Mediterráneo, un proyecto mucho

más ambicioso y global que los diálogos políticos de la UEO y la OTAN, más centrados

en una visión tradicional de la seguridad. Sin embargo, el colapso de la Unión del

Magreb Árabe, los acontecimientos en Argelia y las sanciones internacionales a Libia

truncaron las dinámicas de diálogo.

Antes, desde los Estados del sur de Europa, España e Italia concretamente, se

planteó la propuesta de avanzar hacia un marco de seguridad europea, cuyos postulados

se anticiparon a los que después asumió el Proceso de Barcelona. Se trató de la

Conferencia de Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo (CSCM).

La propuesta hispano-italiana de abrir el Mediterráneo a los principios de

distensión y cooperación europeos a través de la convocatoria de una Conferencia de

Cooperación y Seguridad en el Mediterráneo (CSCM) se vio relanzada con la crisis del

Golfo (Política Exterior, núm. 19, 1990) y tuvo importantes apoyos. España interpretó

el escenario de seguridad del Mediterráneo como una contraposición de dos

coordenadas confrontadas: la interdependencia y la disparidad, y si no se establecía un

ámbito de cooperación, en su defecto, se impondría el opuesto de tensiones. La carta

dirigida por el Ministro de Asuntos Exteriores español en septiembre de 1989, en plena

revolución de terciopelo en el este europeo, mostraba el interés creciente de España

hacia el Mediterráneo, reflejado en expresiones como “El Mediterráneo es una

condición necesaria para la estabilidad de Europa”; “Europa no estará segura mientras el

Mediterráneo sea inestable” o, anticipándose al espíritu del Proceso de Barcelona,

cuando aseveró, en dicha carta, la necesidad de “construir estructuras regionales para la

economía, la política y la seguridad colectivas”.

Esta propuesta de Conferencia, según Fisas (1993), concuerda con el

planteamiento de la seguridad compartida, porque entre sus objetivos incluye preservar

la seguridad y aumentar la estabilidad general, el desarrollo económico y social

equilibrado, el marco de cohabitación cultural, un orden de cooperación, solidaridad y

corresponsabilidad o el protagonismo de la región en el nuevo orden internacional. Los



160

principios que debían compartir los interesados en la CSCM, a juicio siempre de los

países europeos del norte, eran la integridad territorial, la estabilidad e inviolabilidad de

las fronteras, la renuncia al empleo de la fuerza y el arreglo pacífico de las diferencias,

el co-desarrollo y la solidaridad económico-financiera, y, finalmente, la tolerancia,

coexistencia y comprensión recíproca entre civilizaciones –en términos conceptuales

coincidentes con la propuesta de Alianza de Civilizaciones de España y Turquía varios

años después (Fisas, 1993).

Cuando se propuso la Conferencia, se buscó promover la seguridad, pero no se

pretendió convertirla en un instrumento de solución específica de conflictos, sino en una

estructura de acompañamiento para los diferentes arreglos en la región (Fisas, 1993),

complementaria y autónoma de las Comunidades Europeas. El Mediterráneo requería de

medidas de creación de confianza, como el intercambio de información militar, reducir

riesgos y prevenir conflictos, intensificar los contactos y las relaciones entre Fuerzas

Armadas, notificar previamente y observar las actividades militares de dos o más países

o verificar las bases terrestres, navales o aéreas de cualquier otro país.

Sin embargo, la falta de correspondencia entre las voluntades de los Estados

promotores y la realidad fue un obstáculo mayor para su puesta en funcionamiento,

sobre todo porque pecó de ambiciosa al abarcar el Oriente Medio y el Golfo (el

Mediterráneo ampliado), porque no era gradual y porque ignoró las asimetrías y

diferencias norte/sur (Fisas, 1993). También constituyó un obstáculo la invocación de la

cláusula democrática para condicionar las ayudas, la firma de tratados o la cooperación,

ya que la democracia es más bien una consecuencia o resultado de largo plazo y porque

el Mediterráneo es un espacio con sistemas políticos y culturales diferentes en los que el

“respeto a los derechos humanos” tiene interpretaciones distintas.

Estas aproximaciones iniciales de la Unión Europea a la política de seguridad y

defensa euromediterránea, durante el inicio de la década de los años noventa, se

hicieron desde un enfoque geopolítico inconsistente y de seguridad “compartimentada” ,

desde entonces un problema para el diálogo de seguridad global. Es algo que no debe

extrañar, si tenemos presente dos circunstancias: la primera, que los cambios histórico-



161

políticos derivados de la implosión de la Unión Soviética y del fin de la Guerra Fría

“sorprendieron” a la Unión Europea; la segunda, que conviven diferentes políticas

exteriores nacionales con la profundización de la Política Exterior y de Seguridad

Común o que existen varias voces europeas sobre temas mediterráneos.

En 2000, la Unión Europea profundizó su estrategia hacia el Mediterráneo a

través de un esquema de seguridad más político, con el fortalecimiento de las

instituciones democráticas y el estado de derecho mediante el diálogo político, el buen

gobierno y la promoción de los derechos humanos. La novedad se produce al incluir las

migraciones y el terrorismo en el apartado de justicia e interior.

La construcción de una seguridad común euromediterránea forma parte de la

construcción de la seguridad europea global. En ese objetivo, las dificultades siguen

estando en la falta de una cultura de seguridad común y la existencia de dos complejos

de seguridad, el euro-atlántico y el del mundo árabe.

La cultura de seguridad europea dimana de la cultura de seguridad occidental y

tiene como referente el concepto de seguridad global y cooperativa, en el que sobresale

la percepción de las amenazas y riesgos de seguridad provenientes del exterior

(proliferación de armamentos, estados díscolos o inestabilidad sociopolítica) y la

construcción de confianza como forma de evitar el conflicto militar. La cultura de

seguridad árabe tiene unas raíces algo diferentes y, aunque también es heredera de la

Guerra Fría, está sujeta a influencias adicionales, como las consecuencias de las alianzas

de las superpotencias en busca de “clientes” en Oriente Medio y el Magreb, la

consolidación de los estados postcoloniales, la naturaleza conflictiva de la política

regional y la militarización de los regímenes.

Los países árabes han tenido dos aproximaciones vinculadas: un concepto de

seguridad nacional de cada Estado y una visión más global que implica la seguridad del

mundo árabe. El “modelo” de seguridad árabe entiende la seguridad en términos de una

comunidad árabe transestatal, considerando una fuente de inseguridad a los no árabes en

la región, Turquía, Israel e Irán. Esta concepción minusvalora las variables internas –



162

estabilidad de los regímenes, cohesión nacional y grado de desarrollo económico, así

como los conflictos y rivalidades inter-árabes.

En los 90, al albur de los cambios globales e internos, se introdujeron nuevos

elementos en la concepción de seguridad: la seguridad de la sociedad civil, la mejora de

las condiciones de vida y la necesidad de reformas económicas, minoritarias en los

países árabes. Estas concepciones diferentes simultáneas de seguridad árabe están

siendo cuestionadas por la AEM y dificultan el diálogo de seguridad en el

Mediterráneo.

Además de diferentes culturas de seguridad, desde la Fundación CIDOB se

considera que la existencia de dos complejos importantes de seguridad, el euro-atlántico

y el del mundo árabe, complican la construcción de la seguridad euromediterránea. En

el Mediterráneo se da una situación de interdependencia desequilibrada entre dos sub-

complejos de seguridad: uno de alto nivel, la región sudoccidental europea y otro de

bajo nivel, la región norteafricana. Puede añadirse que la región asiste a la emergencia

de un complejo de seguridad que conforman los países del norte de África y los

europeos sudoccidentales, dos sub-complejos del mundo árabe y de Europa.

En este mismo número de la revista, 57-58, se incluye un debate entre expertos y

participantes, del que destacamos dos cuestiones básicas. En primer lugar, la

constatación de que la seguridad en el Mediterráneo es indivisible, pero compatible con

la subregionalización y con distintas velocidades (Muñoz Delgado -entonces director

del Instituto Español de Estudios Estratégicos). En segundo lugar, el reconocimiento de

que las relaciones entre Europa y el Magreb progresan poco por cuatro motivos: uno,

por la existencia de demasiados foros de diálogo y de dudosa eficacia. Dos, por la

preferencia de los países del Magreb a hablar de seguridad en la OTAN y de desarrollo

político, económico y social en el Proceso de Barcelona. Tres, por la escasa aportación

del nuevo concepto estratégico de la OTAN al diálogo en el Mediterráneo y, cuarto, por

la inexistencia de iniciativas de los países del norte de África para escuchar a Europa en

materia de seguridad y defensa (Sanz Roldán, entonces Subdirector en la Dirección



163

General de Política de Defensa, luego Jefe del Estado Mayor de la Defensa y

actualmente Director del Centro Nacional de Inteligencia).

Otro punto de vista de este diálogo europeo lo ofrece Martín, que defiende una

evolución positiva de los diálogos interregionales en la seguridad y la defensa, desde la

información, transparencia, medidas de confianza y seguridad, hasta la cooperación

militar y posible alianza e integración política. La participación conjunta de los PSM en

operaciones de paz de la Unión Europea (nótese la perspectiva unidireccional de la

seguridad –los PSM como objetos y no como sujetos) es un elemento importante de ese

diálogo euromediterráneo (como se ha dicho del ejemplo de Marruecos en la operación

Althea en Bosnia- Herzegovina). Otra vía de cooperación abierta son las operaciones

europeas en zonas de crisis mediterráneas (que incluyen un componente civil, no

militar). Otras medidas de cooperación euromediterráneas en el campo de la seguridad y

la defensa están en marcha en los ámbitos de la prevención de conflictos y gestión de

crisis, de protección civil y prevención de catástrofes, de creación del Partenariado,

como la red Euromesco, de institutos de estudios internacionales, de lucha contra el

terrorismo y el crimen organizado o de diálogo sobre las ADM (Martín, Ministerio de

Defensa, 2007).

En el marco de la seguridad europea, surgió la iniciativa de la Agencia Europea

para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores, Frontex. Es un

organismo comunitario creado en 2004 y centrado en seis áreas: el análisis de riesgos, la

coordinación de la cooperación operativa en la gestión de fronteras exteriores, la

asistencia para la formación de guardias fronterizos nacionales, el seguimiento de la

investigación relevante para el control y vigilancia de las fronteras, la asistencia técnica

y operativa en las fronteras y el suministro del respaldo en la organización de

operaciones de retorno conjuntas. En palabras de su Director Ejecutivo Adjunto, el

español Gil Arias, aunque la seguridad fronteriza guarda relación con Frontex, no se

trata de una medida de seguridad y defensa propiamente (Soler i Lecha, 2007).

Hay que destacar tres operaciones de la Agencia “Frontex” por su relación con

España y con aspectos que, no siendo de seguridad y defensa directamente, afectan a la



164

seguridad en general: la operación “Hera”, de asistencia frente al flujo migratorio a

Canarias, con expertos desplegados desde 2006 para identificar y determinar los

inmigrantes y su origen (se añadieron equipos de vigilancia fronteriza entre la costa

occidental africana y Canarias); la operación “Medsea”, dirigida a estudiar la vigilancia

y control de las fronteras marítimas meridionales de la Unión Europea para crear

patrullas costeras mediterráneas conjuntas euro-norteafricanas y, por último la

operación “Bortec”, destinada a establecer un sistema de vigilancia para cubrir las

fronteras marítimas del sur, salvar vidas y hacer frente a la inmigración ilegal.

Otras iniciativas multilaterales.

Además de estas iniciativas y diálogos entre organizaciones y bloques

continentales, defensivos y políticos, desde la finalización de la II Guerra Mundial

proliferaron otros espacios y foros con participación de instituciones regionales y

órganos de concertación también destinados a fomentar la cooperación entre los Estados

y entre organizaciones regionales y subregionales, así como a reducir las diferencias

Norte-Sur. Podemos citar la Liga Árabe, la Organización de la Conferencia Islámica,

que en 2003 tenía inscritos como miembros a 58 Estados, la Liga Islámica Mundial, la

Comunidad Económica Europea, el Comité Permanente Consultivo Magrebí, la Unión

del Magreb Árabe, aprobada en 1989, el Diálogo Euro-árabe, el Grup 5+5, la

Conferencia de Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo, el Foro para el Diálogo y

la Cooperación en el Mediterráneo, la Comunidad Económica del Mar Negro, las

Conferencias Euromediterráneas (integrantes del Proceso de Barcelona), la Unión para

el Mediterráneo, impulsada en 2008 por Francia y luego por toda la Unión Europea y

los PSM, la Alianza Atlántica o la Unión Europea Occidental, a las que nos hemos

referido anteriormente.

A continuación, destacamos las de menor envergadura, no por su composición o

número de Estados que abarcan, sino por las dificultades que tienen para consolidarse y

establecer acuerdos y decisiones relevantes que afecten al Mediterráneo. Otras de las

organizaciones están presentes y desarrolladas a lo largo de la investigación.



165

La Organización para la Unidad Africana (OUA).

Después del intenso período poscolonial y de acceso a la independencia en

África, se firmó la constitución de la Organización de Estados Africanos, el 25 de mayo

de 1963, agrupando a 53 países. Se constituyó para reforzar la unidad y solidaridad de

los Estados africanos, coordinar esfuerzos en la mejora de sus condiciones de vida,

defender su soberanía, integración territorial e independencia y, añadido al año

siguiente, proteger las fronteras de la descolonización. En 1994 se admitió como

miembro a la República Árabe Saharaui Democrática y se disolvió el Comité de

Descolonización.

La OUA, actual Unión Africana, ha mostrado siempre su voluntad de

desempeñar un papel panafricano, para lo que viene impulsando medios económicos y

sociales, con el proyecto de crear una Comunidad Económica Africana desde 1981, en

vigor desde 1994 y que pretende evolucionar a lo largo de cuatro décadas, apoyándose

en las comunidades subregionales existentes, la Comunidad para el Desarrollo de África

del Sur (SADC), la Económica de Estados Occidental (CEDEAO) o la Económica de

Estados de África Central (CEEAC). Junto a ello, viene creando mecanismos de

prevención y gestión de crisis.

En 1993 se creó el mecanismo de prevención, gestión y solución de conflictos,

que sería operativo progresivamente, dotado de un Órgano central, un Fondo para la Paz

de la OUA, un Secretariado y un Centro de Gestión de conflictos. Pero, realmente, el

balance de la Unión Africana no es positivo, sobre todo por los problemas de

financiación. Y en temas de seguridad, más allá de la voluntad real de contribuir a al

estabilidad continental, ha habido condenas, intervenciones de fuerzas en operaciones

de mantenimiento de la paz (Chad, 1979) o gestos, como en el caso del Sáhara

Occidental, que provocaron la salida de Marruecos en 1984. El papel de estas medidas

es todavía marginal en los conflictos y desafíos que tiene África.

La Unión del Magreb Árabe.



166

La Unión del Magreb Árabe fue creada el 17 de febrero de 1989 por Marruecos,

Argelia, Túnez, Mauritania y Libia, en un momento de progresiva normalización de

relaciones entre Marruecos y Argelia, con el objetivo de reforzar la unión entre sus

pueblos, avanzar en el desarrollo y bienestar, participar en lograr una paz equilibrada y

justa, adoptar políticas comunes en campos como la economía, la cultura o la defensa y

trabajar por las cuatro libertades de circulación entre sus Estados (personas, servicios,

mercancías y capitales).

De sus escasos avances, puede destacarse en los últimos años, debido más a

propuestas de ámbito euromediterráneo e internacional, el consenso en torno a temas de

terrorismo.

La Liga de Estados Árabes.

La Liga Árabe es una organización regional fundada el 22 de marzo de 1945 con

la intención de “responder a los deseos de la opinión pública en todos los países

árabes”, que son, en primer lugar, estrechar los lazos, coordinar sus políticas y defender

su independencia y soberanía de toda agresión. Vemos en estos objetivos una clara

orientación defensiva y de solidaridad. En su origen, la Liga Árabe fue impulsada por

Gran Bretaña para ejercer su influencia. Formada por siete Estados árabes

independientes, tiene una treintena de organizaciones especializadas.

Después de sus 60 años, no es fácil realizar un balance global del trabajo de la

Liga Árabe. Además de la existencia de otras organizaciones regionales que han podido

tratar de asuntos que podría competerle, no ha sido capaz de resolver conflictos ni de

realizar propuestas para promover la cooperación entre sus miembros, pese a crear

numerosos organismos de integración, limitándose, en cuanto a los conflictos, a

promover buenos oficios y el arbitraje, a intentar adoptar un mecanismo de seguridad

que no ha funcionado y a aprobar textos de apoyo y condenas.

La Organización de la Conferencia Islámica.



167

La Organización de la Conferencia Islámica surgió el 22 de septiembre de 1971,

en Rabat, por la voluntad de 26 Estados, agrupados como Estados islámicos, para

defender los intereses y valores musulmanes en los distintos ámbitos (político, social,

económico, cultural, etc.). Entre sus objetivos, destacan los de carácter político: adoptar

medidas para consolidar la paz y seguridad mundial, eliminar la discriminación social y

el colonialismo, apoyar la causa palestina o promover la cooperación entre la OCI y

otros países, además de los propios de promoción del Islam.

La Liga Islámica Mundial fue impulsada en 1961 por Arabia Saudí y es una

organización no estatal de base confesional dirigida a contrarrestar a los regímenes que

se consideraban progresistas. De su funcionamiento, destaca la unanimidad que

despierta la causa palestina, pero también la división en torno al resto de conflictos

(Irán-Irak, Afganistán, guerra del Golfo).

El Comité Permanente Consultivo Magrebí estuvo activo entre 1964 y 1975.

Agrupaba a los Estados del Magreb, salvo Mauritania, que se incorporó en 1975 y Libia

que lo abandonó en 1970. Se creó con los objetivos de impulsar el comercio horizontal,

armonizar las políticas industriales, energéticas, de transportes y telecomunicaciones y

coordinar sus posiciones políticas frente a la CEE. Sin embargo, los desencuentros que

provoca el conflicto del Sáhara acabaron con esta experiencia.

El Diálogo Euro-árabe estuvo funcionando entre 1974 y 1991. Fue impulsado

tras la IV guerra árabe-israelí y la primera crisis petrolera. Como viene sucediendo en

los diferentes foros euromediterráneos, la diferencia de intereses acaba por bloquear el

diálogo: la parte europea tenía interés en el abastecimiento de hidrocarburos y en la

agenda económica y la parte árabe en la agenda política y en la cuestión palestina.

El Foro para el Diálogo y la Cooperación en el Mediterráneo funciona desde

1991 (“Foro MED”) y es una iniciativa de Egipto para centrar la atención en la cuenca

oriental, contrarrestar el Grupo 5+5, dedicado al área occidental y anticiparse al intento

de Marruecos de convocar una Conferencia General sobre Seguridad en el

Mediterráneo, a lo que después renunció. A los diez países fundadores (España entre



168

ellos) se unió después Malta y la UE. Su actividad principal la constituyen los debates

informales que alternativamente se convocan en el norte y en el sur del Mediterráneo.

La Comunidad Económica del Mar Negro es una iniciativa de Turquía, de 1992,

fundada por once Estados en la Declaración de Estambul. Pretende contraponer y

contrarrestar el eje Báltico-Mediterráneo potenciando el eje Balcanes-Mediterráneo.

Cuenta con una Cámara de Comercio e Industria, un Banco de Desarrollo Balcánico y

una Secretaría. Alentó el Proceso Euromediterráneo pero no se continuaron

intensificando las relaciones entre ambos espacios.

Existe un conjunto de rasgos comunes a estas organizaciones que, pese a no

tener como objetivo el Mediterráneo, tienen un relativo peso en los temas de seguridad

y en los conflictos existentes en la región mediterránea. Éstos son la debilidad

estructural, la insuficiencia de la financiación y las dificultades para cumplir sus

objetivos por las tensiones políticas y los conflictos territoriales existentes donde

confluyen múltiples intereses.

El Proceso de Barcelona: la Asociación Euromediterránea.

La Unión Europea buscó en los años noventa superar el bilateralismo y basar la

seguridad de las relaciones euromediterráneas en una nueva dimensión de cooperación

global y de solidaridad. Pero, en realidad, se está basando más en un balance de

intereses que en intereses comunes. El contexto en el que surge el denominado Proceso

de Barcelona invitaba al optimismo, ya que los dos conflictos principales del

Mediterráneo, el de Oriente Medio y el de los Balcanes, fueron abordados con cierto

éxito y culminaron con la Conferencia de Madrid (1991) y los Acuerdos de Dayton

(1995).

El modelo del Proceso de Barcelona, que creaba la Asociación

Euromediterránea, se consideró el mejor marco para fomentar la modernización política

de los Estados árabes, si bien es cierto que en 1995 no existía casi tratamiento coherente

ni debate al respecto en el ámbito institucional de la Unión Europea. En realidad y en el



169

fondo, subyace el modelo básico comunitario de fomento de la democracia y pretende

englobar todas las áreas del cambio en un único marco integral: constituyendo una zona

de libre comercio euromediterránea y una de paz y seguridad mediante la ayuda

financiera regional. La modernización política gradual, desde la perspectiva europea, es

la base para crear condiciones que puedan contribuir a reducir problemas de seguridad:

migraciones, debilidad económica, garantía de suministro energético o carrera

armamentística. Es, desde luego, una dinámica democrática que fluye desde Europa

hasta el Mediterráneo.

Esta iniciativa euromediterránea se articuló en tres capítulos o ejes, definidos en

la Declaración de Barcelona, de 1995, por los quince Estados de la Unión Europea y los

doce del sur del Mediterráneo. Los tres objetivos y los tres pilares contenidos en la

Declaración, base de la seguridad global en la región, establecían una zona de paz y

estabilidad, de democracia y de respeto a los derechos humanos, a la que respondería la

primera asociación, la de política y de seguridad; un área de prosperidad y de equilibrio

económico-social, a la que respondería la segunda asociación, la económica y

financiera; y un mayor entendimiento mutuo y el impulso de una sociedad civil activa, a

la que respondería la tercera asociación, la cultural, social y humana.

La primera asociación, la que centra nuestro interés, es la Asociación Política y

de Seguridad, basada en el diálogo político a partir del Derecho Internacional y que

plantea objetivos comunes de estabilidad, tanto interior como exterior, concretados en la

democratización; el estado de derecho; el respeto a los sistemas políticos,

socioculturales, económicos y judiciales; el respeto a los derechos humanos. En

realidad, se trata más bien de una relación de principios sin compromisos concretos. En

la discusión sobre los contenidos de esta asociación, los países árabes trasladaron la

lucha contra el terrorismo y el crimen organizado al tercer pilar, restando importancia al

contenido a la cooperación política y de seguridad.

Los aspectos del capítulo segundo, económico y financiero, se refieren a los

acuerdos euromediterráneos de asociación, dirigidos a establecer una zona de libre

comercio en 2010. Estos acuerdos son una actualización de los primeros y débiles



170

acuerdos de cooperación establecidos de los años setenta del siglo pasado. La UE

condiciona la ayuda al avance en el diálogo político, respeto a la democracia y derechos

humanos, y compensa abriendo progresivamente el mercado comunitario al acceso de

los productos agrícolas. Y giran en torno al programa MEDA.

El capítulo tercero, dedicado a las cuestiones sociales, culturales y humanas, ha

sido sin duda el más exitoso de todos, y ha lanzado varios programas regionales de gran

envergadura, dedicados a la cooperación en ámbitos como el patrimonio (Heritage), los

medios de comunicación audiovisuales (radio, televisión y cine) y la juventud (Youth).

En realidad, se han ido produciendo avances relevantes en estos aspectos, destacando la

puesta en marcha de la Fundación Ana Lindh, del programa regional sobre justicia,

drogas e integración social en 2003, la consolidación de amplias redes sociales, como el

Foro Civil Euromediterráneo, intercambios universitarios, el foro sindical o el programa

transfronterizo de cooperación intermunicipal.

Las siguientes conferencias a la de Barcelona fueron incluyendo medidas y

aspectos que fueran concretando estos principios generales u objetivos. En la II

Conferencia, Malta 1997, se incluyeron seis medidas de construcción de confianza y de

seguridad, pero sólo se implantó la red de instituciones de política exterior, Euromesco

(Euro-Mediterranean Study Commisión). En la III Conferencia, Stuttgart, 1999, se

aprobó el compromiso de elaborar la Carta Euromediterránea de Paz y estabilidad. Sin

embargo, esta Carta encontró dificultades para salir adelante, siendo considerada

prematura por los árabes y porque encerraba diferentes conceptos de seguridad que

desvelaban diferentes intereses. Pero la Conferencia de Sttutgart también se saldó con

algunos logros, entre los que cabe destacar, en el ámbito de la seguridad, la apertura del

diálogo político sobre terrorismo, tráfico de drogas, crimen organizado y derechos

humanos, así como el establecimiento de las directrices generales para elaborar la Carta

suspendida en Malta.

En noviembre de 2001, el diálogo sí produjo un avance en forma de acuerdo

sobre el destino de las negociaciones de Paz en Oriente Medio: la creación de un Estado

Palestino independiente, viable y democrático, terminar con la ocupación y garantizar



171

un Israel en paz y seguridad con fronteras reconocidas. La V Cumbre de Valencia de

2002 aprobó un Plan de Acción y la necesidad de trabajar por una comprensión común

de la seguridad.

Entonces, se concedió prioridad a la conclusión de nuevos acuerdos entre la

Unión Europea y los socios mediterráneos (lo que se está haciendo 10 años después y

que se sigue reclamando). Asimismo, la construcción de este espacio euromediterráneo,

una aspiración más clara europea y menos definida y concreta en los países del sur

mediterráneo, requería de acuerdos entre los países terceros y contar con economías

sanas y competitivas (desprotección de las industrias, modernización financiera, mejor

gestión empresarial, aumentar la inversión extranjera directa, mejora del sistema

educativo y desarrollo de infraestructuras de transporte, energéticas y

telecomunicaciones).

Diez años después de iniciada la triple Asociación Euromediterránea, política,

económica y sociocultural, en 2005, la Cumbre de Barcelona reunía a 38 Estados

pertenecientes a la Unión Europea y al Mediterráneo sur, para impulsar el estancado

diálogo político en el espacio euromediterráneo de cooperación y seguridad. Era la

primera ocasión en que la Asociación Euromediterránea reunía a Jefes de Estado y de

Gobierno. La Cumbre pretendía corregir las deficiencias, cubrir los déficits e impulsar

el diálogo euromediterráneo. Para ello, estableció un programa de trabajo quinquenal

para hacer avanzar las reformas y el diálogo político, abordar las amenazas a la

seguridad y estabilidad a nivel regional, respaldar el desarrollo sostenible, acelerar la

transición a la zona de libre comercio, descontaminar el Mediterráneo, intensificar la

cooperación cultural y educativa y abordar los flujos migratorios de forma integrada.

Apenas clausurada la Cumbre, el conflicto entre israelíes y palestinos, la situación en

Irak y en Afganistán, además de la propuesta de la crisis económica mundial y la Unión

para el Mediterráneo, han supuesto un importante cambio de ritmo en el diálogo político

y en la financiación del proyecto euromediterráneo.

Se trata, como vemos, de avances muy lentos, muy elaborados, con las grandes

cuestiones siempre posponiéndose. Para los europeos mediterráneos, se ha superado



172

aquel miedo a la marginalización que se planteó en los años noventa y se considera

cubierta su voluntad de contrarrestar el desequilibrio de la orientación centroeuropea y

hacia el Este.

Aunque la pretensión de la Unión Europea es fortalecer la democracia a través

del Proceso de Barcelona, apenas ha aplicado la cláusula democrática y de respeto a los

derechos humanos, salvo ante graves violaciones de los mismos (en Libia, Irak,

Afganistán o Yugoslavia). La existencia de estructuras democráticas ha sido una

precondición de la Unión Europea a la hora de conceder ayudas y recursos a los PSM,

pero en la práctica no ha sido un requisito determinante. En realidad, en el trasfondo se

sitúa el debate entre socialización económica -el desarrollo económico provoca más

tarde la democratización (como se hizo desde la UE hacia el Este de Europa) y la

socialización democrática –la influencia democrática afectará positivamente a otra

actitudes para promover el desarrollo, y aplicar la cláusula democrática supondría

condenar por más tiempo el inicio de las reformas (Jerch, 2007).

La Unión Europea entiende que la vía trazada en el proyecto euromediterráneo

no es una estrategia fallida, que los objetivos del Proceso de Barcelona siguen siendo

válidos y que se han logrado importantes metas, en un camino que se consolida con

pequeños pasos y a partir de la realidad de las nuevas propuestas, como la Unión para el

Mediterráneo.

En opinión de Ortega (2008: 28), el Proceso de Barcelona es la expresión

política de una realidad geográfica, concretada en diversos ámbitos multilaterales

(todos) y bilaterales (UE y cada Estado) y es una vía flexible teniendo en cuenta la

heterogeneidad y complejidad de los conflictos mediterráneos. Para este autor, las

relaciones entre israelíes y palestinos, por un lado, y las dinámicas intra-palestinas son

los aspectos más espinosos y controvertidos que impiden el desarrollo de la política

exterior europea hacia el Mediterráneo, una idea común en casi todos los análisis

españoles.



173

La Unión Europea ha fracasado claramente en su intento por lograr los tres

objetivos, el político y de seguridad, el económico y el sociocultural, pero, sobre todo,

lo ha hecho en la solución de problemas históricos, como el del Sahara Occidental, o el

de Chipre, entre países claves en el proceso de Barcelona, como Turquía y Grecia o

Marruecos y Argelia. A esta ineficacia, según García Suárez (2001), se une la

bilateralidad, que está siendo una rémora para el Proceso de Barcelona, ya que las

disputas tradicionales entre estados vecinos impide una coordinación inter-árabe, al

negociación de los Acuerdos de Asociación o la mejora de las condiciones de las ayudas

europeas, en definitiva, un obstáculo insalvable para lograr una zona de libre comercio

en la región en 2010 o más adelante.

Así, resulta que el proceso de cooperación es desalentador para el sur del

Mediterráneo: las inversiones europeas apenas han crecido, la pobreza no se reduce, la

presión demográfica continúa, el comercio sur-sur sigue estancado. Hasta ahora, se

puede decir que los tres objetivos que pretende impulsar el proyecto euromediterráneo

no son más que eso, objetivos. La cooperación norte-sur, sustentada en unos valores y

bases histórico-culturales comunes, en el refuerzo de la seguridad en la zona sur y en un

esquema de liberalización económica no está contribuyendo a favorecer el desarrollo

socioeconómico del sur Mediterráneo, una de las bazas de la Unión Europea para lograr

la estabilidad y la paz.

Núñez Villaverde ha estudiado la evolución de la Asociación Euromediterránea

(AEM) para conocer si realmente garantiza la estabilidad y el desarrollo, como

proclama la Declaración de Barcelona de 1995. La AEM se presentó como una

oportunidad, opina Núñez, porque el Mediterráneo no era una región prioritaria para la

acción exterior europea, que se limitaba a mantener unos regímenes comerciales

especiales con Túnez y Marruecos. Luego vino un conjunto de Acuerdos Comerciales

Bilaterales desde 1963 (con Turquía, Israel, Líbano, Marruecos y Túnez). Se planteó

posteriormente una posible zona de libre comercio entre las dos partes, pero con un

cierto desinterés de la CEE. Entre 1973 y 1976 se negoció para alcanzar los Acuerdos

de Cooperación, bilaterales, que incluían un diálogo político, uno socio-cultural y la



174

cooperación científico-técnica y económico-financiera. Desde 1978, para dotarlos de

contenido, se establecieron Protocolos Financieros.

La realidad es que el balance no es positivo en esta primera etapa de

aproximación entre la Unión Europea y los PSM, porque se presentaron limitaciones y

una cierta incapacidad para cumplir los objetivos (Núñez, Fundación Seminario de

Investigación para la Paz, 2007), entre otras, los Consejos apenas se reunieron y las

comisiones parlamentarias no tenían prácticamente contenido real, los problemas

perennes de integración de los inmigrantes en los mercados laborales comunitarios, el

proteccionismo europeo que frenó los intercambios, la escasa cooperación científico-

técnica y económico-financiera (500 millones de euros entre 1974 y 1988).

La inestabilidad y el estancamiento de los PSM en los años noventa justificaban

intervenir con urgencia para prevenir un posible estallido social, con lo que se estableció

la Política Mediterránea Renovada el 18 de diciembre de 1990. Aunque denotó

continuismo hubo elementos novedosos, como el aumento de fondos; el reconocimiento

del Magreb como interlocutor; los programas de cooperación descentralizada o la

inclusión del fomento de la democracia y el respeto a los derechos humanos.

En opinión de Núñez, la atención y aproximación hacia el Mediterráneo fue

demasiado interesada por parte de Europa, que perseguía lograr la estabilidad de la

región para garantizar la libertad del tráfico marítimo y el suministro energético. La

estabilidad se convirtió en el valor absoluto para Europa, una visión dominante del

Mediterráneo que reducía la estabilidad a un elemento estático y equiparándola con

mantenimiento del statu quo (Núñez, Fundación Seminario de Investigación para la Paz,

2007).

Las críticas de Núñez se extienden más allá, incluyendo a la Cumbre de

Barcelona de 2005. Entiende que la aproximación mediterránea se ha reducido casi al

comercio y a las ayudas, para mantener la estabilidad y que queda pendiente asumir

conceptos como la seguridad compartida, el co-desarrollo y la relación entre iguales.

Este investigador añade otros aspectos que siembran dudas sobre el cumplimiento de los



175

objetivos del Proceso de Barcelona y de dicha Cumbre en relación con la AEM. El

primero, la dificultad de garantizar la seguridad por vías inadecuadas: la UE no podrá

mantener su modelo social, político y económico actuando como una fortaleza, pero la

seguridad propia no se logra a costa de la inseguridad de los demás. La vía preferente de

Europa ha sido mantener un aparato disuasorio y el apoyo a los gobiernos, pero, como

se dice en varios lugares, el inmovilismo derivará en más radicalismo y en un posible

estallido generalizado. El segundo, las expectativas fracasadas, porque existe un

sacrificio de los PSM en forma de costes inmediatos frente a las promesas futuras, como

la zona de libre comercio en 2010, cuyos ajustes y costes inmediatos reales sufren los

PSM frente a las ventajas esperables en el futuro. Otra duda que se genera es la

capacidad para mantener el compromiso financiero. Las ampliaciones de la UE, el

estancado proceso político y al marco financiero 2007-2013 dificultarán las ayudas.

Además, la inversión privada requiere de marcos legales garantistas y de estabilidad

social y política. Se repite la idea de que la puesta en marcha de la nueva Política

Europea de Vecindad aumenta la incertidumbre del futuro de la AEM. Por último,

señala que los grupos islamistas críticos con la Unión Europea consideran sus políticas

imposiciones neocoloniales, con lo que es una dificultad añadida a la política y de

seguridad y a la económico-financiera (Núñez, Fundación Seminario de Investigación

para la Paz, 2007).

Visiones críticas del modelo de Asociación Euromediterráneas. La crítica de las

organizaciones de la sociedad civil euromediterránea.

Las principales limitaciones del modelo asociativo euromediterráneo vienen

dadas por su propia estructura y filosofía. La primera es la falta de autonomía del

Proceso de Barcelona, sujeto a al proceso de negociaciones de paz en Oriente Medio, en

el que la Unión Europea prácticamente no tiene influencias. La segunda es la asimetría

de las relaciones, de poder económico y de concentración del poder de negociación, que

puso sobre la mesa en 1995 a 15 Estados con una sola voz y a 12 países independientes,

desconectados y a veces enfrentados. La tercera se deriva de ésta y es la fragmentación

de la Declaración de Barcelona de 1995, que, realmente, es un marco de acción para

negociar acuerdos de asociación. En cuarto lugar, el carácter multidimensional e



176

integral del proceso se desvanece por la separación de los tres ejes o “cestos” que lo

configuran. Por último, están las contradicciones o falta de correspondencia entre

declaraciones o ambiciones de la UE y sus acciones y conducta real. En este sentido, la

prioridad por la estabilidad y la contención del islamismo choca con la promoción de los

derechos humanos y la democracia en los países del sur del Mediterráneo (Martín: 2001).

El modelo de Asociación Euromediterránea contiene una limitación añadida: la

inevitabilidad de que la ayuda al desarrollo se convierta en el principal instrumento de

financiación del desarrollo de los socios norteafricanos, sobre todo por la pervivencia del

proteccionismo agrícola comunitario, la falta de inversiones privadas extranjeras y la

deuda externa. En opinión de Martín, en sus primeros pasos, la AEM ya se orientó hacia

una “versión actualizada del tipo de cooperación al desarrollo que la UE viene

ensayando sin éxito desde 1975 en el marco de los sucesivos Convenios de Lomé

firmados con los países de África, el Caribe y el Pacífico”.

Para Martín (2001), el fracaso de la AEM también reside en que contiene una

estrategia única para toda la zona, sin plantearse estrategias diferenciadas para las

diversas sub-regiones mediterráneas, ya que las diferencias entre ambas zonas y entre el

propio sur son demasiado amplias como para abordarlas bajo un mismo esquema

uniforme.

La UE siempre ha destacado la importancia que tienen el comercio y las

inversiones extranjeras para el crecimiento económico y la prosperidad en la política

mediterránea, sustento de la teoría de la modernización (el acceso a la democratización

mediante el desarrollo económico). Pero, la casi total ausencia actual de flujos

comerciales entre los PSM hace imposible la creación y funcionamiento de la zona de

libre comercio en la fecha prevista de 2010 (Jerch, 2007)

La Declaración de Barcelona apunta a medidas de ajuste estructural, enmarcadas

en el espíritu del llamado “Consenso de Washington”, un documento paradigmático de

la corriente económica neoliberal, que considera, en el caso árabe, pero también en

general y en el caso árabe en particular, que el gran peso del Estado es uno de los



177

mayores problemas de desarrollo para los PSM. La crítica de esta aplicación neoliberal

a las reformas en el sur Mediterráneo también viene de la mano de Jerch, que piensa

que, en lugar de propugnar exclusivamente la reducción del Estado en la esfera

económica de los PSM, la Unión Europea debería de enfocar la intervención a partir de

la complementariedad del Estado y el mercado (Jerch, 2007).

Las bases de la perspectiva crítica son compartidas por la mayoría de

organizaciones sociales y civiles a ambos lados del Mediterráneo. Estas organizaciones

españolas vienen pronunciándose por un modelo de seguridad humana, que incorpora

múltiples dimensiones de seguridad (la seguridad económica, política y

medioambiental), demandando que se supere la concepción clásica de la seguridad que

enfatiza lo militar y la seguridad del estado.

Nos referimos a continuación a las posiciones de diversos foros relevantes, el del

Taller Internacional “Migraciones, Desarrollo y Seguridad en el Mediterráneo”, la Red

Euromediterránea de Derechos Humanos, el Foro Civil Euromediterráneo y la

Plataforma No Gubernamental Euromediterránea (los más consolidados y reconocidos

como interlocutores en el Proceso de Barcelona) y la plataforma "No a un Mediterráneo

del capital y la guerra, alternativas a Barcelona+10”, constituida por la Asamblea de

Movimientos Sociales, en junio de 2005 (integrantes del Foro Social Mediterráneo).

Los 30 expertos y representantes de organizaciones de España, Francia,

Marruecos, Italia, Túnez, Egipto, además de distintas redes euromediterráneas, los días

26 y 27 de octubre de 2005, en el taller “Migraciones, Desarrollo y Seguridad Humana

en el Mediterráneo”. Las organizaciones participantes en este taller, como otras de otros

encuentros y jornadas, denuncian reiteradamente que en la orilla sur del Mediterráneo se

están produciendo retrocesos en las libertades, en la vía del esquema de “seguridad

nacional”, fruto del argumento de la lucha contra el terrorismo, que conlleva un fuerte

componente militar y policial.

Las iniciativas de la sociedad civil más estructuradas y con un potencial mayor

de coordinación y de presión sobre el proceso Euromediterráneo son el Foro Civil



178

Euromediterráneo y la Plataforma No Gubernamental Euromediterránea. El Foro fue

creado en 1995 y agrupó a más de mil organizaciones de 38 países, impulsado por un

gobierno sub-estatal, el Gobierno de Cataluña. La Plataforma surgió en 2002, a partir de

la reflexión del Foro Civil de Valencia de 2002, y que aglutinó más de cien redes

sectoriales, plataformas nacionales y organizaciones independientes de la sociedad civil.

Esta Plataforma cuenta con reconocimiento oficial del Comité de Embajadores y ha

pasado a constituirse como el interlocutor de la sociedad civil en el Proceso de

Barcelona.

En relación con el capítulo de la seguridad, estos movimientos civiles

organizados y representados en el Proceso de Barcelona, concretan en cuatro aspectos

fundamentales los requisitos para avanzar hacia la paz y estabilidad en la región

mediterránea y hacia un modelo de seguridad comprehensiva y humana: la retirada de

Israel de Gaza y Cisjordania, la solución a los conflictos de Chipre y del Sahara

Occidental, la contención de la lucha contra el terrorismo a sus límites y la

aproximación de las concepciones de seguridad existentes en ambas orillas

mediterráneas, de forma que confluyan en un modelo triangular aceptado por todos los

Estados de paz, seguridad y democracia.

Con respecto a los fracasos, ninguno más llamativo que el de la paz y la

estabilidad en la zona. Junto a éste, destaca la lentitud y el bloqueo que afecta al

desarrollo de los procesos socioeconómicos, políticos y culturales, que sitúan las

reformas políticas y los derechos humanos en una situación muy cercana al punto de

partida del Proceso de Barcelona. La apuesta real de los gobiernos europeos y de la

Unión Europea en relación con la promoción de los derechos humanos en los países de

la zona también continúa siendo muy débil (Plataforma No Gubernamental

Euromediterránea).

El Seminario sobre el derecho de Asociación en los países del Mediterráneo

realizado por la Red Euromediterránea de Derechos Humanos del año 2000 identificó

los principales hándicap que han impedido el desarrollo de una sociedad civil plena y

que pueda contribuir a los objetivos de la paz y la prosperidad, como declaró la



179

Conferencia Euromediterránea de 1995. Estas dificultades se encuadran,

principalmente, en el marco legal y administrativo y en el marco de libertades. Dentro

del primero, cabe mencionar la fiscalización previa a la autorización, la exclusión del

derecho de asociación a grupos y personas y su penalización, además de algunas

actividades. Dentro del segundo, la del control sobre dirigentes, relaciones

internacionales, restricciones organizativas o la suspensión del derecho de asociación.

Cabe mencionar un tercer tipo de obstáculos determinado por la confusión y hostilidad

política generadas por la profusión de ONG de carácter “gubernamental” impulsadas

por los propios aparatos de gobierno y oficiales. Todo esto demuestra las resistencias de

los PSM y el débil compromiso de los países europeos para denunciar estos obstáculos,

teniendo en cuenta además que el apoyo de los gobiernos de los países participantes es

ineludible para que las acciones desarrolladas por las sociedades civiles generen

resultados positivos.

La conclusión que realiza esta plataforma civil es similar a la tesis del

investigador Martín (2005) después de leer su visión política del Mediterráneo diez años

después del inicio de la AEM y conocer lo que considera los aspectos pendientes más

relevantes:

En estos diez años, ha habido un gran déficit de participación de la sociedad

civil del Norte y del Sur del Mediterráneo en todo el proceso de Barcelona.

Aunque existe conciencia sobre este problema y voluntad de abordarlo, es

necesario establecer mecanismos reales de consulta y concertación social.

» Una Asociación Euromediterránea centrada en los resultados, y no tanto

impulsada por los procesos, es esencial para alcanzar los objetivos de

desarrollo, prosperidad y seguridad.

Uno de los pilares sobre los que descansa la crítica de la sociedad civil es su

oposición a la orientación económica de la construcción euromediterránea, por

considerar que promueve un modelo de relaciones apoyado en el neoliberalismo

económico y que está manteniendo “viva” una situación generalizada de falta de



180

libertades y de respeto de los derechos humanos en los Estados meridionales

mediterráneos. Con motivo del décimo aniversario de la Conferencia de Barcelona y de

la cumbre de 2005, Barcelona + 10, las organizaciones reunidas en la Asamblea de

Movimientos Sociales, en junio de 2005, que a su vez integran el Foro Social

Mediterráneo, constituyeron la plataforma "No a un Mediterráneo del capital y la

guerra, alternativas a Barcelona+10" y aprobaron el manifiesto “Frente a la Conferencia

Barcelona+10. Por un Mediterráneo en paz, de plenos derechos, sin neoliberalismo ni

patriarcado”, en el que hacen constar su rechazo a la forma en que se desarrolla y

avanza el proyecto euromediterráneo:

Constatamos y denunciamos:

El fracaso de los objetivos establecidos en dicha Declaración de "crear una

zona de seguridad y prosperidad compartidas" y hacer del Mediterráneo "un

ámbito de diálogo, intercambio y cooperación que garantice la paz, la

estabilidad y la prosperidad", o "desarrollar el Estado de Derecho y el

respeto de los derechos humanos".

» Lo que se está consiguiendo con el modelo de construcción

euromediterránea es elevar nuevos muros y alambradas, que niegan el

derecho a la libre circulación de las personas, aumentan la inseguridad,

impiden el diálogo y alientan los odios.

Nos referimos, por último, a dos posiciones críticas con respecto a la AEM, la de

quienes hablan de neocolonialismo y la de quienes lo hacen de militarización de la

seguridad. Desde la posición de rechazo al modelo economicista, Gutiérrez de Terán y

Rojo interpretan el Proceso de Barcelona y la política mediterránea europea desde la

perspectiva crítica de la teoría de la dependencia, y los enmarcan en un contexto de

neocolonialismo. Sitúan al proyecto mediterráneo como una fase de la globalización, a

su vez un estadio natural posterior al colonialismo, en el que la Unión Europea impone

un modelo ventajoso para sus intereses, aprovechando la dependencia económica de los

PSM y de los cambios acontecidos después de la Guerra del Golfo en 1991. En ese



181

sentido, las reformas económicas favorecerían y perpetuarían los intereses de los

regímenes autoritarios del sur mediterráneo.

Las organizaciones de la sociedad civil han puesto de relieve fundamentalmente

la escasez de recursos destinados al diálogo entre sociedades civiles y organizaciones

ciudadanas y la falta de voluntad para hacer realidad los objetivos de la Declaración de

Barcelona. Pero, también han dedicado parte de su crítica al modelo de seguridad

derivado de la misma. Algunos centros de análisis de la paz y la seguridad han criticado

que el modelo de seguridad del Proceso de Barcelona está suponiendo una mayor

militarización de la misma, una crítica enmarcada en la crítica al proceso de

securitización más global, que duda de la eficacia de la aplicación de las medidas

militares y policiales en el tratamiento de aspectos los movimientos migratorios o los

movimientos de protesta, de raíz islamista o no, en los PSM, especialmente desde los

atentados del 11-S.

Para el Centred’Estudis per la Pau, esta lógica militar comenzó a impulsarse

después de la caída del Muro de Berlín no sólo por las organizaciones de defensa, como

la OTAN, sino también por parte de los estados europeos, en particular con el

planteamiento de temas como la explosión demográfica del sur, las migraciones, la

confusión sobre el islamismo, etc. que pronto comenzaron a deslizarse de la esfera

política y social a la de seguridad y a la militar específicamente.

En ese contexto se inscriben las llamadas desde los Estados europeos a

incrementar las alertas sobre posibles riesgos sin identificar o amenazas difusas, unas

veces ubicadas en el Magreb y otras en el Oriente Próximo. En el mismo contexto, se

propuso en 1992 y se impulsó en 1995 la Eurofuerza Operativa Rápida (Eurofor) y la

Fuerza Marítima Europea (Euromarfor), compuestas por varios miles de efectivos, con

funciones de vigilancia, información, evacuación de civiles y policía marítima, además

de su participación en misiones de paz y ayuda humanitaria (a disposición de la OTAN

también). Así, lo que para la Unión Europea constituyó la creación de unas fuerzas para

la seguridad en el Mediterráneo, se interpretó, con muchos recelos, como un ataque

directo a la seguridad de los PSM. En realidad, debajo de estos recelos subyacen ideas



182

distintas acerca de la seguridad, uno de los hándicap del Proceso de Barcelona, como ha

quedado dicho.

El balance positivo del Proceso de Barcelona.

Hay quien proclama, sobre todo en el ámbito político, que el mero hecho de

convocar a la misma mesa de diálogo a los Estados del sur del Mediterráneo y a los de

la Unión Europea es un logro o conquista de carácter histórico. Sin negar tal naturaleza,

lo cierto es que el proyecto euromediterráneo se propuso metas mucho más altas que el

encuentro y el diálogo, al fin y al cabo, instrumentos necesarios.

El amplio consenso acerca de la incapacidad para satisfacer las expectativas de

paz y prosperidad que alumbró el Proceso de Barcelona, sin embargo, oscurece a veces

el también amplio existente sobre la apertura de determinados procesos y progresos

sustanciales para no abandonar el camino Euromediterráneo hacia la paz y la

prosperidad. Entre estos, figura la firma de casi todos los acuerdos de asociación

euromediterránea, un potente marco de trabajo consolidado entre la Unión Europea y

los socios mediterráneos no comunitarios del sur (aunque se trate de una perspectiva

unidireccional). La consolidación alcanza también a los espacios institucional y

económico, aunque tímidamente y con déficit de enfoque, como en temas de

inmigración. Dentro del primero, concretada en la Asamblea Parlamentaria

Euromediterránea, en las redes de cooperación en materia de seguridad que representa

Euromesco, en las de investigación socioeconómica que es FEMISE o en las de diálogo

cultural que agrupa la Fundación Annah Lind. Dentro del segundo, concretada en los

fondos MEDA, aunque la inversión europea en la zona continúa siendo muy débil.

Es indudable que hay que hablar de avances importantes promovidos por la

Unión Europea, que podrán estancarse o tener limitaciones, pero que parecen ir

consolidándose, como los diálogos institucionales abiertos sobre derechos humanos, la

institucionalización de diversos ámbitos euromediterráneos (parlamentario, económico-

financiero, cultural), la revisión de la Iniciativa Europea para la Democracia y los

Derechos en 2003, la profundización de la cooperación y el diálogo en el seno de la



183

PESD, el tratamiento de los aspectos de libertad, seguridad y justicia, la cooperación,

aunque controvertida, en la lucha contra el terrorismo regional y bilateralmente

(Sorroza, 2006:15).

No son desdeñables otros aspectos positivos, como el logro reciente que supone

incluir aspectos clave en el diálogo euromediterráneo o la participación de los agentes

económicos como agentes de paz (desde el ámbito económico, es verdad que casi

únicamente europeo, también se defiende e impulsan los vínculos entre desarrollo y

seguridad). Desde 2004 y 2005, se han cosechado algunos éxitos importantes en el

proyecto político euromediterráneo. Destaca la introducción de la dimensión de justicia

y asuntos de interior en la cooperación euromediterránea; la reflexión euroafricana

global para hacer frente a la cuestión migratoria o el diseño de nuevas fórmulas de

integración de los socios mediterráneos con la Unión Europea. No obstante, son logros

incompletos, por sí solos incapaces de hacer recuperar la confianza y el entusiasmo en

el partenariado euromediterráneo (Soler i Lecha, en Barbé, 2008).

El proyecto político mediterráneo está implicando a participantes de todos los

sectores. Los agentes económicos de ámbito euromediterráneo forman parte de esa gran

red social, política y cultural que se está construyendo en la región y que tiene como

objetivo consolidar unas relaciones globales pacíficas basadas en el desarrollo. Uno de

esos agentes es ASCAME, creada en 1982 y con sede actual en Barcelona. Es una

organización que agrupa a más de 500 cámaras de comercio y otras entidades de 22

países ribereños del Mediterráneo, siendo la institución con mayor extensión geográfica

de todas las existentes en el Mediterráneo, políticas, sociales, científicas o culturales

(IEMED). A partir del acervo histórico mediterráneo, el del desarrollo como base de la

estabilidad y la paz, la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del

Mediterráneo (ASCAME), en la Declaración de su 25º aniversario, en 2008 afirmaba

su compromiso con la vinculación entre seguridad y desarrollo:

La cooperación euromediterránea Para consolidar el Mediterráneo como

región estratégica, en el contexto global de mundialización de la economía,

las Cámaras de Comercio e Industria juegan un papel fundamental, en tanto



184

que instituciones encargadas de promover la actividad económica y

fomentar la cooperación e integración entre las dos orillas del Mediterráneo.

Son pues, auténticos agentes de paz, porqué todos sabemos que la actividad

económica siempre ha sido un verdadero instrumento de paz. Ahora bien,

cualquier camino hacia la estabilidad política y económica de la región

mediterránea pasa inevitablemente por el desarrollo de los países del sur.

» Y trabajaremos con las empresas a través de las redes de Cámaras, para

desarrollar nuevos proyectos de cooperación concretos y reales, que

acerquen a las dos orillas del Mediterráneo, para alcanzar los objetivos de

estabilidad política y económica, que se traducirán más tarde en un espacio

de paz y prosperidad.

El fracaso de la seguridad en el Proceso de Barcelona.

Una de las carencias que sufre el Proceso de Barcelona desde sus inicios es la

definición o delimitación del concepto de seguridad, que, entre otros problemas,

dificulta una visión compartida mínima para poder afrontar sus contenidos y resulta

equívoco (Marquina, 1997), pese a que la Declaración de Barcelona contempla la

seguridad como un bien común. Sin embargo, aparecen diferentes alusiones a temas de

seguridad que no forman un cuerpo homogéneo ni un esquema determinado y que hacen

el concepto más confuso. Hay alusiones a la estabilidad interior y exterior y hay

referencias posteriores dentro de la asociación euromediterránea al sistema de seguridad

cooperativa -una expresión que remite a lo militar que, tal como fue planteado por la

Brookings Institution, no es automáticamente extrapolable al Mediterráneo (Marquina,

1997). Pero también se habla de seguridad regional, que pone el énfasis en la no-

proliferación de armas de destrucción masiva y la adhesión a los regímenes

internacionales de no-proliferación y a los regionales de control de armamentos y

desarme.

El capítulo dedicado a la seguridad no fue bien planteado, estructurado y

definido para poder responder a los conflictos del Mediterráneo, que, según Marquina,



185

son conflictos estructurales de tipo norte-sur (la estructura militar, la económica, la

cultural, la falta de agua, los modelos políticos agotados o los flujos migratorios). La

crítica de Marquina al planteamiento de seguridad de la Declaración de Barcelona y la

seguridad que se deriva de la misma proviene de la falta de correspondencia entre los

problemas de tipo norte-sur, la diferencia en los arsenales militares y las medidas

propuestas para la solución de los conflictos. Pero, no hay que olvidar que la AEM no

se concibió para la solución de los conflictos, sino para evitar otros nuevos mediante

otra forma de abordar la seguridad y el desarrollo. Y es en este ámbito en el que dicho

autor echa en falta medidas, de fácil implantación, de desarme unilateral en los países

europeos, que no desequilibraran las relaciones militares de la Unión Europea con

Rusia, contando con una mínima reciprocidad por parte de los PSM.

La idea del profesor Marquina es que frente a un conjunto de problemas

mediterráneos de tipo estructural, económico, militar, político, social y medioambiental,

lo que la AEM ha desarrollado en materia de seguridad -el Plan de Acción, la Carta

sobre la Paz y Estabilidad o las medidas de confianza y seguridad- no añade nada nuevo

a lo establecido en 1995. Además, hay otros factores realmente condicionantes de la

estabilidad y seguridad mediterráneas, como el conflicto en Oriente Próximo, las

relaciones con Turquía y las relaciones y la cooperación sur-sur.

Jerch (2007) se ha ocupado de reunir los caracteres que hacen de la coordinación

institucional en el Mediterráneo un objetivo pendiente. La institucionalización se

alimenta de intereses comunes y de la propia democracia, de ahí un primer factor que

explica la débil estructura institucional mediterránea y la corta y poca exitosa

experiencia de la cooperación. En los años setenta, comenzaron las iniciativas

(coincidiendo con las guerras del petróleo), en los años noventa, aumentaron (cayó el

Muro Berlín, se produjo la Guerra e Irak, y avances en el Proceso de Paz en Oriente

Medio), y en la década actual, hay un ritmo de estancamiento-relanzamiento, teniendo

en cuenta los atentados del 11-S, la intervención en Afganistán de 2001 o la Guerra de

Irak de 2003). Así, pues, una evolución sometida a los vaivenes de los conflictos.



186

Entre las razones del escaso nivel de institucionalización, está el conflicto árabe-

israelí, que impide mejorar la cooperación; la divergencia o choque de intereses; la falta

de voluntad política, que frena las iniciativas existentes o propuestas; el solapamiento de

propuestas, complementarias e interdependientes; y un elevado número de agentes, que

provoca la falta de coordinación. La percepción del Mediterráneo de estos actores

externos a la región influye bastante: el europeo, que podemos calificar de “baja

política”, busca la extensión del ámbito de la seguridad europea. El estadounidense

concibe el Mediterráneo como una vía de comunicación estratégica a regiones

conflictivas o de interés, y podemos llamarlo de “alta política”. Estos dos modelos

tienen tras de sí sendas estrategias para la seguridad. La Unión Europea lanzó en 2003 la

Estrategia Europea de Seguridad, que pretende dotar de coherencia la PESC, definiendo

las amenazas principales para la Unión y enumerando los objetivos estratégicos. Las

amenazas definidas son el terrorismo, la proliferación de ADM, los conflictos

regionales, los Estados descompuestos o fallidos, la delincuencia trasnacional

organizada. Entre los objetivos está la lucha contra esas amenazas, la creación de

seguridad en países vecinos y de un orden internacional a partir de un multilateralismo

eficaz.

Estados Unidos, por su parte, habla del Gran Orienta Medio, un intento de

enmarcar la coordinación de iniciativas y propuestas en la zona, planteado en la Cumbre

del G-8, de 2004, como Amplio Oriente Medio y África del Norte -Broader MENA, por

sus siglas en inglés- un proyecto poco definido donde se diluyen y simplifican los

conflictos, las amenazas con las propuestas de diálogo en el Mediterráneo.

Transcurrida más de una década del comienzo del Proceso de Barcelona,

Marquina (1995) considera que hay una brecha grande entre los objetivos postulados en

la Conferencia de Barcelona de 1995 y los resultados obtenidos en materia de seguridad,

es decir, de lo que se estableció como eje uno, el político y de seguridad. El principal

problema habido, según Marquina, ha sido de estancamiento a la hora de tratar las

cuestiones de seguridad (inmovilismo) y las reformas de los regímenes autoritarios en

los PSM, lo que ha motivado, por ejemplo, que siga pendiente un acuerdo sobre los

aspectos de los flujos migratorios. En la base de este fracaso se halla, según el autor, la



187

falta de un modelo conceptual de seguridad en el proceso euromediterráneo y casi la

improvisación en torno a la misma (1995).

Con este punto de partida y una asimetría en las relaciones de seguridad, la

crítica de Marquina se centra en la falta de criterios eficaces a la hora de invocar una

asociación de seguridad que, respondiendo a las percepciones e intereses de seguridad

europeos, pretendía establecer un espacio homogéneo con los PSM. Y con estas

premisas se definió el objetivo, el de “promover una percepción común de riesgos y

desafíos a la seguridad en la región”, entre los que se incluyó el terrorismo.

El concepto de seguridad que iba armándose en las cumbres y conferencias

ministeriales era el de la seguridad comprensiva (Marquina, 2005), que integraba el

principio de indivisibilidad de la seguridad, los instrumentos de seguridad cooperativa y

la estabilidad del Mediterráneo orientada por criterios sociales y económicos. El

resultado, a decir de Marquina, es que cuatro años después de lanzada la Conferencia de

Barcelona de 1995, la cuestión de la seguridad no es que estuviera más o menos como al

inicio, sino que estaba convirtiéndose en un “galimatías”, por la mezcla de conceptos, la

desnaturalización de otros y una falta de propuesta global.

En su análisis, Marquina considera que la Cumbre de 2005 intentó ofrecer un

salto cualitativo en cuanto a seguridad y defensa con un conjunto de propuestas que,

aunque siguen la estela de improvisación precedente anterior y parecen olvidar el

contexto posterior a la guerra de Irak, buscan “salir de un atolladero”. Estas medidas

que se anunciaron como necesarias no constituyen una asociación de seguridad, a la que

se parece renunciar, sino que están en la base de un esquema de seguridad regional –no

proliferación de armas de destrucción masiva, desminado, protección medio ambiental,

formación para la gestión de crisis, cooperación marítima, reforma del sector de

seguridad, participación en operaciones de mantenimiento de la paz, lucha contra el

terrorismo o el crimen organizado, entre otras (Marquina: 2005).

Echeverría (Ministerio de Defensa, 2007) ha criticado la lentitud de los marcos

de cooperación y diálogo del Mediterráneo, especialmente los de la Unión Europea con



188

los países del sur del Mediterráneo, por entender que la bilateralidad que domina las

relaciones de cooperación entre la Unión y los PSM junto a los mecanismos como la

Política Europea de Vecindad acabarán por diluir la región mediterránea en el marco

extenso de las relaciones exteriores europeas (donde se incluyen las de Bielorrusia o

Ucrania, por ejemplo). A este obstáculo derivado de la seguridad del Proceso de

Barcelona se une el hecho de la paralización de las relaciones formales entre la Unión y

la UMA, prácticamente inexistentes.

Por otra parte, los marcos de diálogo donde participan Estados miembros de la

Unión Europea son más reactivos que proactivos (Echeverría, Ministerio de Defensa,

2007). El Grupo 5+5, por ejemplo, empieza a hablar de lucha antiterrorista

multinacional una vez que ya ha cuajado el terrorismo, a partir de lanzar

internacionalmente la lucha contra el terrorismo después del 11-S, cuando su existencia

es constatable desde años 80 en Mauritania, Marruecos, Argelia o Libia. Es que incluso

el Grupo 5+5, lanzado en 1990 como 5+4, estuvo diez años hibernado y en 2004 se

firmó un programa por los Ministros de Defensa que incluyó en el diálogo de los

Estados del Mediterráneo Occidental ámbitos como la seguridad marítima, la protección

civil, la seguridad aérea o la inmigración irregular.

Uno de los problemas que no son abordados en los marcos de cooperación

euromediterráneos es la colaboración entre Estados del sur, sobre todo los que

mantienen conflictos fronterizos, porque no es un objetivo del Proceso de Barcelona,

pero al final bloquea el propio Proceso. Si Argelia y Marruecos no colaboran y

cooperan (sus fronteras están cerradas desde 1995), la UMA no funcionará. Esta

colaboración afecta a la seguridad en temas como el terrorismo y, en concreto, afecta a

las extradiciones de terroristas entre países del Magreb, que no pueden impulsarse por

los contenciosos bilaterales. Argelia, por ejemplo, liberó 2.200 terroristas con motivo de

su Carta de Reconciliación Nacional, en un contexto de yihadismo internacional,

complicando el control de miembros de grupos radicales violentos. En realidad, este

problema afecta sobre todo a los propios PSM y baste como ejemplo reflejar la cifra de

150.000 asesinados en 15 años en Argelia, casi todos árabes musulmanes, siendo sólo

unos 100 extranjeros (Echeverría, Ministerio de Defensa, 2007).



189

En este sentido, en 2003 nació el G-6, en Jerez de la Frontera, fundado por

Alemania, Francia, España, Italia, Gran Bretaña y Portugal, que comparten una

importante inmigración irregular, la percepción de amenaza terrorista y los valores en

sus relaciones con África, el Mundo Árabe y musulmán. Resta por saber si se trata de

otro impulso más de la “red o trama” de relaciones interestatales euromediterráneas que

surgen esporádicamente y pierden su potencialidad o si puede contribuir a reforzar esa

red para consolidar la seguridad mediterránea desde múltiples puntos o focos.

Del Informe elaborado por Núñez Villaverde (Núñez, 2004) sobre la marcha de

la AEM en sus casi primeros diez años de puesta en marcha (patrocinado por el

Ministerio de Asuntos Exteriores), vamos a destacar aquellos aspectos analizados

relativos a la seguridad en el Mediterráneo, con los que se puede concluir el fracaso de

la seguridad en la AEM.

La primera constatación contundente realizada por el autor del informe es la

consideración de la zona como un área inestable o insegura y, desde la óptica

geoestratégica europea puede considerarse un fracaso, ya que el mayor interés europeo

en el Mediterráneo es su estabilidad, una prioridad superior a cualquier otra que se

convierte en una obsesión por garantizar el control de la zona. En este objetivo, Núñez

(2004) entiende que la Unión Europea se apoya en la colaboración interesada de

algunos regímenes políticos de los PSM, más preocupados por defender sus privilegios

que por defender su población.

El principal problema que detecta el informe es la disparidad entre los objetivos

europeos -la estabilidad y el desarrollo de la región- y lo que en realidad preocupa en la

práctica a la Unión Europea (una conclusión casi unánime). La muestra evidente de esto

es el creciente desajuste que sufren los PSM, que impide alcanzar los niveles de

bienestar de sus vecinos del norte. Núñez concluye que no sólo las fórmulas ensayadas

por Europa no han frenado las brechas entre las dos orillas, sino que las asimetrías son

más acusadas en términos de desarrollo global que hace 50 años. Por ello, llama la



190

atención sobre la necesidad de una mayor coherencia de la Unión Europea en su camino

por alcanzar la estabilidad por la vía del desarrollo político y económico.

En la práctica, pues, el diálogo ha sido escaso, muy formal y oficializado y ha

estado monopolizado por los gobiernos. Además, la Unión Europea defiende que

mantener el statu quo actual en los PSM es la vía más adecuada para defender sus

intereses, al entender que los líderes de esos Estados son los más interesados en prevenir

la inestabilidad interior, por atentar contra sus privilegios. Visto así, el concepto de

estabilidad se convierte en un fin en sí mismo, desvirtuando el capítulo uno de la

Conferencia de Barcelona, el relativo al diálogo político y de seguridad.

No existe un concepto de seguridad asumido por todos los participantes en la

Asociación Euromediterránea y esto plantea problemas a la hora de establecer los pasos

para avanzar hacia la estabilidad. Opina Núñez que el objetivo de un Mediterráneo de

paz y desarrollo implicará pasar de sociedades cerradas a otras abiertas, que a su vez

implicará episodios desestabilizadores. Y ante la falta de un concepto de seguridad

compartido, al menos la Unión Europea debería utilizar la condicionalidad política para

promover la democracia, el respeto de los derechos humanos y el buen gobierno, pero

con transparencia.

En contra de la opinión expuesta por algún autor en este trabajo acerca de la

necesidad de segregar el Mediterráneo para facilitar los avances en la seguridad, Núñez

se pronuncia por un proyecto global de seguridad en la región, siendo contrario a

compartimentar la seguridad regional, debido, entre otras cosas, a la elevada facilidad

de contaminación y perturbación que unos conflictos de la región tienen sobre otros. En

esa línea, un escenario de estabilidad mediterránea debe contemplar a países como Libia

o Mauritania, por su situación geográfica central y sus más de dos mil kilómetros de

costa. Además de un planteamiento global, Núñez descarta la eficacia de cualquier

proyecto de estabilidad y seguridad que no sea auténticamente mediterráneo.

En la búsqueda de una mayor estabilidad, la lucha contra el terrorismo va

ganando terreno a las reformas políticas. Los gobiernos, sobre todo los europeos, son



191

conscientes de que los islamistas radicales son actores políticos activos que pretenden

atraer a las sociedades con propuestas alternativas a los vigentes regímenes desiguales

vigentes, como tienen presente que cuentan con un respaldo social nada despreciable,

sobre todo por la utilización del Islam y la identificación con el Islam. El riesgo, según

Núñez (2004), está en promover una percepción interesada de los grupos islamistas

reformistas como enemigos a eliminar por los regímenes autoritarios.

En ese sentido, es previsible el aumento de la presión, policial específicamente,

sobre la inmigración irregular. El endurecimiento en la regulación y en los controles

terminará afectando, además de a los grupos terroristas o violentos, a los movimientos

migratorios en general, al margen de que supongan una amenaza a la seguridad regional

o a la estabilidad interna de algunos regímenes.

Con el objetivo de lograr una mayor seguridad, se percibe desde los PSM y

ciertos sectores que la Unión Europea ha puesto en marcha medidas enmarcadas en un

esquema básicamente policial que puede acabar inundando la forma de abordar los

flujos migratorios. Es por lo que Núñez defiende que los aspectos de lucha contra el

terrorismo, el crimen organizado y las redes de traficantes pasen al capítulo uno de la

Declaración de Barcelona, sin que implique militarizar dichos aspectos, lo que ayudaría,

entre otras cosas, a no reforzar más la idea de la fortaleza europea que denuncian los

PSM (Núñez, 2004).

Estos cambios en la filosofía de la Asociación Euromediterránea pueden

contribuir a que el vínculo entre seguridad y desarrollo sea percibido de otra manera y

sea apoyado por los PSM como una vía para lograr la estabilidad, así como a impulsar

la frustrada Carta de Paz y Estabilidad en el Mediterráneo o a que la Unión Europea

pueda inscribirse como un actor más relevante en el conflicto de Oriente Próximo.

La seguridad, un reto pendiente de cooperación política y confianza.

Hemos visto cómo la ambición y esperanza suscitadas por la inclusión de

importantes aspectos políticos en la Declaración de Barcelona de 1995 para solucionar



192

los conflictos del Mediterráneo se rebajaron con prontitud. Finalmente, se introdujeron

elementos que situaban el Mediterráneo en un esquema de seguridad más global,

humana y multidimensional, además del de la seguridad regional y cooperación en

materia de defensa; la democracia, los derechos humanos y las libertades; la prevención

de crisis; las relaciones entre el Estado y la sociedad civil; la delincuencia organizada

transnacional (crimen, drogas, corrupción) y las administraciones públicas.

Esto, según Sorroza (2006), se tradujo en la adopción de patrones políticos de

relaciones pioneras cuya consecuencia más importante fue la sustitución de la

perspectiva de seguridad estratégica de la región por una cooperativa, comprensiva, en

la que la vinculación entre seguridad y desarrollo pasó a ser un criterio clave para la

solución de los desafíos de la seguridad y los conflictos de la región Euro-mediterránea.

Para la Unión Europea, supuso enlazar su política exterior mediterránea con la iniciativa

Euro-mediterránea, que luego la Estrategia Europea de Seguridad de 2003 consagraría

desde un esquema integral de la seguridad, reconociendo múltiples factores y

dimensiones de la misma, superando limitaciones o reduccionismos clásicos o

estratégicos.

La existencia de “tres cestas”, la política, la económica y la cultural, es el reflejo

de un enfoque multidimensional de la seguridad en el que predomina la

interdependencia entre condiciones internas y estabilidad regional, es decir, se parte de

una correlación entre inestabilidad interna (política, social, económica) e inestabilidad

regional.

España comenzó a concebir su seguridad a partir de los mismos parámetros,

vinculándola a la aparición de nuevos riesgos y amenazas a la paz y seguridad, como

contempló la Directiva de Defensa Nacional 1/2004, aglutinando distintas ideas en la

línea de un nuevo escenario estratégico.

Para esta investigadora, dos de los principales motivos del fracaso relativo y de

la débil cooperación del Partenariado Euro-Mediterráneo son la conflictividad sur-sur y

el nacionalismo. Aunque también debe concederse importancia (probablemente más



193

histórica que real de momento) a la inclusión de la dimensión político-militar en el

proceso, a una aproximación amplia al tema de la seguridad, vinculándola a temas

sociales o al hecho de adoptar la cooperación en materia de seguridad (Sorroza, 2006).

En lo que afecta a la seguridad y el bienestar de las poblaciones, y por tanto a

estabilidad interna y regional, los resultados siguen esperándose, al igual que la

democratización (débilmente impulsada por la Unión Europea). Esto implica un

inadecuado balance entre la lucha contra las causas que amenazan a la población y las

prioridades inmediatas.

Otro obstáculo es superar el falso dilema entre seguridad o reformas y hacer

compatible la seguridad subjetiva y la lucha contra el terrorismo, sin bloquear las

reformas políticas y democráticas, incluidas las del sector de la seguridad. En el

trasfondo de esta cuestión está la interrelación creciente entre seguridad interior y

exterior en un planteamiento global, que, según Sorroza, debe aplicarse en un enfoque

“integral y en un diálogo estructurado en términos de seguridad interior, vinculados al

área de Justicia e Interior” (Sorroza, 2006:18).

El Seminario CIDOB ha mostrado en todas sus ediciones la necesidad de

profundizar en el diálogo euromediterráneo de seguridad y defensa, pero se ha limitado

más a revisar las medidas puestas en marcha y la cooperación existentes más que a

definir las idóneas o las más adecuadas medidas de confianza y marcos de cooperación.

No puede olvidarse que cada conflicto mediterráneo tiene su propia dinámica y

que el Proceso de Barcelona no se impulsó para la solución de los conflictos en marcha.

Pero es precisamente el mantenimiento y/o recrudecimiento de los conflictos lo que

frena el Proceso. Hay que decir que la tensión independencia/coordinación entre el

proceso euromediterráneo y el Diálogo Mediterráneo de la OTAN condiciona la

evolución de la cooperación euromediterránea de la PESD.

En las relaciones euromediterráneas de seguridad ha habido un cambio del

enfoque conceptual al pragmatismo, fruto de la necesidad de avanzar y consolidar



194

medidas de diálogo aceptables para todos, postergando enfoques conceptuales más

ambiciosos. Desde luego, supone asimismo reconocer un cierto fracaso en el intento de

establecer un marco común para abordar la seguridad en la región como un tema

principal. La coordinación de los marcos de cooperación abiertos para mejorar la

seguridad mediterránea es uno de los retos más señalados por los expertos. Se trata de

coordinar relaciones bilaterales consolidadas, como las de España con Marruecos, con

las impulsadas por el proceso euromediterráneo y las iniciativas de tipo sub-regional,

como el Grupo 5+5.

Ortega (2006) apunta en esta línea a la creación de una especie de catálogo o

inventario de medidas depositadas en la Secretaría del Consejo de la Unión Europea,

además de evitar el solapamiento de las mismas.

Los seminarios “CIDOB” dan continuidad a los informes sobre la construcción

de medidas de confianza y de seguridad en la región, bajo la dirección de Urgell. La

cumbre euromediterránea de 2005 fue una oportunidad perdida para la revisión del pilar

político y de seguridad del proceso euromediterráneo.

Las medidas de construcción de confianza y seguridad son de reciente

implantación en el proceso euromediterráneo: la Asamblea Parlamentaria

Euromediterránea, los Seminarios Diplomáticos de Malta, la cooperación en Protección

Civil y Gestión de Desastres y la red Euromesco de institutos de política exterior.

Por otro lado, la cooperación entre los PSM está muy estancada, muy por detrás

de la europea; la elaboración y aprobación de una Carta Euromediterránea para la Paz y

la Estabilidad está en “vía muerta”, pese a los compromisos de no abandonarla, y la

Fundación Anna Lindh para el diálogo entre culturas se incluyó en el pilar social como

medida de construcción del partenariado.

Urgell (2006) hace un ejercicio de exploración sobre el futuro de la construcción

de medidas de confianza y seguridad mediterráneas y plantea tres escenarios con sus

respectivos conjuntos de medidas y mecanismos de seguimiento distintos en función de



195

los niveles de compromiso adoptados, que pasamos a resumir. El primero, la adopción

voluntaria de un régimen de medidas de confianza y seguridad integradas en la Carta

Euromediterránea para la Paz y la Estabilidad, al margen de la asociación

euromediterránea. Entre las medidas, las más sobresalientes serían la definición de las

amenazas comunes a la seguridad, un código de conducta para aspectos policiales, de

inteligencia y militares de la seguridad y medidas en el área de policía, inteligencia y

fuerzas armadas. El mecanismo de seguimiento e implementación residiría en la

Asamblea Parlamentaria Euromediterránea.

El segundo, la integración de las medidas de confianza y seguridad en la OSCE,

con lo que se impulsaría el intercambio de información militar (fuerzas, datos,

armamento y equipos, despliegue…), la planificación defensiva, reducción de riesgos,

institucionalización de los contactos, visitas y cooperación militar, notificación previa y

observación de la actividad militar, prevención y establecimiento de calendarios anuales

reconocibles. El marco de prevención culminaría con la creación de un centro de

prevención de conflictos.

El tercer escenario es una Conferencia sobre la Seguridad en la Región

Euromediterránea impulsada y convocada bajo el multilateralismo creciente: ONU, UE,

OSCE, OTAN y los socios mediterráneos, que abordara los aspectos cruciales de la

seguridad en la región. Esta conferencia iría acompañada en la región euroasiática por

otras iniciativas multilaterales de confianza y seguridad.

Es evidente que estos escenarios se han construido de menor a mayor nivel de

seguridad o, si se quiere, de mayor a menor realismo.

En el XIV Curso Internacional de Defensa que organiza el Ministerio de

Defensa Prat y Coll (Ministerio de Defensa, 2007) relató brevemente los retos y las

necesidades de llenar de contenido el proceso euromediterráneo en cuestiones de

seguridad y defensa. Entre las demandas que recogió, destacan las siguientes: de

formación y entrenamiento en áreas de seguridad y defensa, de participación

diplomático-militar en las actividades del Colegio Europeo en temas de seguridad y



196

defensa, de cooperación para el desminado terrestre, de protección del medio ambiente

marítimo y vigilancia de las regulaciones vigentes, de medidas de cooperación militar

que no deben descartarse, de replanteamiento de las estructuras del Grupo 5+5 para

atender mejor el Mediterráneo Occidental y el Magreb, de relanzamiento de dicho

Grupo, incluyendo a la Unión Europea como actor, convirtiéndolo en 5+5+1, de

creación de una asociación subregional con la Unión y los tres países centrales del

Magreb y de una mayor atención hacia el Magreb para contribuir a una solución del

Sáhara Occidental.

Propuestas concretas para abarcar los nuevos retos de seguridad en el espacio

euromediterráneo las ha habido, como la de Álvarez del Manzano (Fundación

Seminario de Investigación para la Paz, 2007). Para este alto mando miliar español, se

requiere de nuevas respuestas para abordar los problemas del Mediterráneo, entre las

que propone crear un grupo Unión Europea/OTAN para intercambiar información y

buscar una mayor sinergia; aumentar el nivel de comunicación y conocimiento de

ambos lados del Mediterráneo; pasar del actual Diálogo Mediterráneo a un nuevo

Partenariado; activar un programa similar al de la Asociación para la Paz aprobado para

los países del Este europeo; aumentar el nivel de compromiso de la Unión Europea con

los PSM y pensar en un marco político-militar genuinamente mediterráneo en pie de

igualdad, una Organización Mediterránea de Seguridad (Álvarez del Manzano,

Fundación Seminario de Investigación para la Paz, 2007).

La Alianza de Civilizaciones.

El proyecto de Alianza de las Civilizaciones es una propuesta de carácter

multilateral que tiene indudable interés y justificación en el escenario estratégico del

Mediterráneo, por cuanto en la defensa de su necesidad se remarca que está destinado a

servir de puente de diálogo entre culturas y civilizaciones.

El 21 de septiembre de 2004, durante el 59º período de sesiones de Naciones

Unidas, el Presidente del Gobierno de España, Rodríguez Zapatero, anunció la

necesidad de que se establezca un proyecto de Alianza de Civilizaciones para lograr



197

establecer un respeto entre civilizaciones y culturas como base de la paz y la seguridad

mundial. A partir de ahí, se comenzaron a dar pasos para la puesta en marcha y

definición de este proyecto, un tanto ambiguo en su formulación. El 14 Julio 2005, la

ONU anuncia la Alianza de Civilizaciones y en el siguiente período de sesiones, el 60º,

el 24 de octubre del mismo año, la Asamblea General acoge con satisfacción el

proyecto. En febrero de 2006 se produce la adhesión de Estados Unidos a la Alianza,

adhesión que fue enfatizada tres años más tarde con la llegada a la Presidencia de

Barack Obama. El 23 de enero de 2008, el BOE publica el Acuerdo por el que se

aprueba el Plan Nacional del Reino de España para la Alianza de Civilizaciones.

Entre los objetivos de este marco de diálogo intercultural está el fortalecimiento

de la comprensión y el respeto mutuos con hechos y de forma práctica, superando la

retórica y reducir al mínimo las influencias de los discursos que pretenden establecerse

como monopolios de la verdad. Tanto estos objetivos como el de contrarrestar la

amenaza del extremismo y crear la conciencia de que la seguridad es indivisible y es

una necesidad vital forman parte de un acervo y discurso aplicable al Mediterráneo.

En el trabajo desarrollado para su puesta en marcha, los contenidos de la Alianza

de Civilizaciones guardan relación con el discurso del Proceso de Barcelona, en cuanto

a la promoción de la democracia, la cohesión nacional y los derechos humanos, a la

cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo. Pero también en cuanto a la

dimensión social del Proceso de Barcelona, en lo referido a la promoción del diálogo

cultural, la profundización de los valores compartidos, el tratamiento de los flujos

migratorios, las percepciones en los medios de comunicación y la educación como

forma de promover el diálogo entre las civilizaciones

La Alianza ha establecido un Grupo de Alto Nivel para valorar las amenazas

nuevas y emergentes para la paz y la seguridad internacionales, sobre todo para

identificar las fuerzas políticas, sociales y religiosas que promueven el extremismo; para

identificar acciones colectivas institucionales y a nivel de la sociedad civil; y para

recomendar acciones practicables para los Estados, las organizaciones internacionales y

la sociedad civil



198

Por tratarse de la última propuesta de ámbito internacional realizada desde

España y por tener como uno de sus ejes configuradotes la paz y la seguridad mundial,

por tanto, incluyendo a la región del Mediterráneo, cabe estacar algunas de las

intervenciones de los representantes del Gobierno español (Presidente y Ministro de

Asuntos Exteriores) en distintos foros, en relación con la Alianza de Civilizaciones que

se extienden al área que tratamos.

Cuando se anuncia la Alianza de Civilizaciones el 21 de septiembre de 2004, el

Presidente Rodríguez Zapatero expresó que “No habrá seguridad ni estabilidad en el

mundo mientras sangre el conflicto de Oriente Próximo, que es el tumor primario de

múltiples focos de inestabilidad”. Y respecto del Magreb, afirmó su concepción de que

la estabilidad política y el desarrollo económico y social de la zona vendrán de la mano

de la integración regional y la interdependencia con España y Europa. En relación con

el Sahara Occidental, manifestó que España apoya la búsqueda de una solución política,

justa, definitiva y aceptada por todas las partes, que respete los principios enunciados en

las Resoluciones de esta Organización.

Y en relación con la seguridad y la paz a nivel mundial, las ubicó de forma

inequívoca en el ámbito de las Naciones Unidas, de la legalidad internacional, de los

derechos humanos, de la democracia, de la educación y la cultura del diálogo entre los

pueblos.

Sin duda, todas estas premisas, establecidas con firmeza en al foro de Naciones

Unidas, estaban bajo la influencia de la Guerra de Irak y de la decisión adoptada por el

Gobierno de España en abril de 2004 de dar un cambio radical a la participación y

apoyo de España a la intervención en Irak en 2003.

En la misma línea de la Alianza de Civilizaciones y ante un auditorio

mediterráneo, los miembros de la Liga Árabe, con motivo de su 60ª Cumbre, el 22 de

marzo de 2005, el Presidente del Gobierno de España argumentó que el agravamiento

económico y la radicalización y distorsión de la propia cultura estaban en la base de las



199

nuevas amenazas. En la línea del Proceso de Barcelona, se reafirmó en que la seguridad

la produciría un orden internacional más justo y pacífico, por ser la base de la

estabilidad y el progreso. En la definición de este esquema retórico, el Presidente

Rodríguez Zapatero añadió que las amenazas y la estabilidad deben neutralizarse y

lograrse mediante un sistema multilateral eficaz, basado en el respeto al Estado de Dere-

cho, la promoción de los valores democráticos y el fortalecimiento de nuestras

instituciones comunes, es decir, las mismas precondiciones que estableció en 1995 el

Proceso de Barcelona.

En este mismo escenario España invocó nuevamente el Sahara como un lastre

para la estabilidad y desarrollo regionales, como el principal obstáculo del proceso de

integración regional del Magreb y el desarrollo de la Unión del Magreb Árabe, así como

en los esfuerzos y responsabilidad del gobierno español en esta cuestión, aunque sin

añadir más información, propuestas u ofrecimientos concretos.

En la Asamblea General de la ONU, con motivo del 60º período de sesiones, el

29 de septiembre de 2005, el Ministro de Asuntos Exteriores español, Moratinos, habló

de la “especial atención” que presta España a los Estados vecinos del Magreb, en lo que

parece una reedición del esquema tradicional de la buena amistad con el mundo árabe

impulsados hace algunas décadas y en desuso en todos los ámbitos, diplomático,

político, económico o cultural. El discurso que relativo a la seguridad que puede estar en

la base se desplegó en torno a las mismas premisas expuestas por el Presidente: reforzar

la cooperación, apoyar la estabilidad política, respetar los derechos humanos y las

reformas que conduzcan al Estado de Derecho y al desarrollo económico y social.

En cuanto al conflicto del Sahara, la posición española ante la ONU reclamó una

“atención prioritaria” y postuló una “diplomacia activa” para salir del estancamiento y

lograr una salida en el marco de las Naciones Unidas, en los términos expresados por el

Presidente español un año antes (solución política, justa, definitiva y acorde con la

legalidad internacional.



200

Llama la atención la expresión del Ministro español, diplomacia activa, y la

omisión de la de neutralidad activa, habitual en relación a la cuestión saharaui. No

parece que esta matización lingüística haya conllevado una matización semántica en la

estrategia española ante el conflicto, o al menos, hasta ahora, no parece que se haya

concretado en nuevos contenidos o un nuevo significado de la posición española.

Unión para el Mediterráneo.

El “Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo” es la denominación

oficial de la organización internacional surgida del programa de colaboración y

desarrollo de relaciones internacional que agrupa a 43 países y a más de 756 millones de

ciudadanos de todos los Estados miembros de la Unión Europea y Estados

norteafricanos y de Oriente Medio del ámbito mediterráneo, miembros a su vez de la

Liga Árabe, y que incluye a Israel. Este programa fue oficialmente adoptado durante la

Cumbre de París para el Mediterráneo mantenida en Paris, el 13 de julio de 2008. El

antecedente de esta Unión se remonta a la campaña electoral presidencial francesa de

2007, momento en que irrumpió la nueva propuesta dirigida a los países del

Mediterráneo, que ya como presidente de la república francesa, Sarkozy comenzó a

esbozar en Tánger, el 23 de octubre de 2007.

Las críticas a la propuesta serían diversas: por su improvisación, por su

lanzamiento unilateral (al contrario que la idea de la comunidad europea), por su

parcialidad, porque afecta a los países directamente mediterráneos y deja en un segundo

nivel a los demás europeos, porque suscita la gran duda de la relación “entre las dos

uniones” (europea y mediterránea), sobrepasada la primera década del Proceso de

Barcelona, porque es una nueva incertidumbre para la política exterior y de seguridad

común de la UE. Otra crítica o duda se suscita respecto de las materias centrales de la

unión propuesta: el desarrollo sostenible, la energía, los transportes y el agua, motores

de esa unión mediterránea, además de la cultura, la educación y el capital humano,

materias que ya son objeto de diferentes foros europeos y euromediterráneos.



201

Los Ministros de Asuntos Exteriores de los 43 Estados que forman la Asociación

Euromediterránea avanzaron a finales de 2008 (3 y 4 de noviembre, en Marsella) la

arquitectura institucional que está sosteniendo el re-denominado Proceso de Barcelona:

Unión para el Mediterráneo. Se crea una estructura más compleja y politizada. Se

decidió que hubiera una co-Presidencia bianual, norte y sur mediterráneo (la europea

convivirá con la semestral de turno de la Unión Europea, siéndolo España por primera

vez en 2010); una Secretaría General con sede en Barcelona y cinco puestos adjuntos,

aunque no se descarta una sexta a petición de Turquía (Grecia, Italia, Malta, la

Autoridad Nacional Palestina e Israel).

El texto aprobado por el Parlamento Europeo de apoyo a la creación de la Unión

para el Mediterráneo supone una declaración de las prioridades en materia de seguridad

europea. Junto a la mención a la paz y la prosperidad, bajo el rótulo de una región de

paz y prosperidad, se incluyen alusiones concretas al terrorismo internacional, al crimen

organizado y tráfico de personas, además de a la dimensión medioambiental, a la

promoción de los derechos humanos, a los acuerdos de cooperación y a las relaciones

sur-sur.

En España, la iniciativa de la Unión para el Mediterráneo despertó escepticismo

por y abrió incertidumbres sobre su papel en las cuestiones mediterráneas. Primero,

considerarla concurrente y competente con el Proceso de Barcelona, además de por su

indefinición, por su menor ambición, por su posible interés y sesgo inicial y, segundo,

por la dificultad de encajar una nueva propuesta con otras existentes que no terminan de

cuajar o avanzar. España debe estar atenta a los límites fronterizos o de participantes de

la propuesta en el futuro, para evitar una devaluación o depreciación del Mediterráneo

como política de la Unión Europea de máximo interés (Echeverría, 2008). Pero, además,

de dar la bienvenida al renovado interés francés por las cuestiones mediterráneas,

España debe aprovechar el momento para dar un salto cualitativo al Proceso de

Barcelona, sin descartar complementos basados en una lógica sub-regional.

La Fundación Rafael Campalans y la Delegación para España de la Fundación

Friedrich Ebert convocaron en Barcelona un seminario bajo el título “¿Del proceso de



202

Barcelona a la Unión Euromediterránea?” (30 de noviembre y 1 de diciembre de 2007)

para debatir sobre la propuesta de Unión para el Mediterráneo, en un intento por definir

y acotar la iniciativa lanzada por Sarkozy siendo aspirante a la presidencia de la

República de Francia.

Resumimos aquí algunas de las conclusiones sintetizadas en las intervenciones

de representantes políticos, de fundaciones o expertos, al considerar que reflejan el

pensamiento y el enfoque de la mayoría de analistas y organizaciones españolas. La

primera característica que sobresale es el carácter improvisado, ya que desde su

lanzamiento y primera acogida escéptica en España, esta Unión ha ido redefiniéndose,

aunque sería mejor decir definiéndose.

Destaca el carácter francés de la iniciativa, que se propone en el contexto

electoral nacional francés y se matiza en la visita de Sarkozy a Tánger, en lo que se

interpreta como un intento de Francia de retomar el protagonismo en el Mediterráneo o

de poner esta Unión al servicio de los intereses estratégicos de Francia, lo que reducirá

los apoyos entusiastas el proyecto (Soler i Lecha).

Llama la atención el déficit en los grandes en temas de seguridad, sobre todo el

olvido de los conflictos regionales, las cuestiones sociales, el movimiento de personas,

la democracia y derechos humanos, porque no puede pensarse en un diálogo político

eficaz en el Mediterráneo sin contemplar actuaciones mínimas en los conflictos

regionales.

La formulación inicial hace pensar en un proyecto reducido, indeterminado e

inconcreto en cuanto a los estados participantes, sin que se determine el número de los

que partirían inicialmente (aunque se propone que unos pocos), las zonas de referencia

(Magreb o Mashrek, por ejemplo) o si hay Estados cuya presencia se considera

necesaria.

Se trata de una iniciativa políticamente menos ambiciosa que el proyecto

euromediterráneo en marcha y sin metodología propuesta que indique el tipo de



203

relaciones o cooperación a desarrollar. El Proceso de Barcelona no surgió como un

instrumento de solución a los conflictos, ya se ha dicho, sino como instrumento para

generar nuevas bases económicas, sociales, políticas y educativas que son un requisito

para alcanzar un entendimiento. En este sentido, el proyecto mediterráneo permanece

como el único foro activo donde hay algo de diálogo. En el logro de este objetivo, la

Unión para el Mediterráneo es, en realidad, una nueva fase del Proceso de Barcelona.

Otra característica de esta Unión, a tenor de lo expresado por su mentor, es que

su horizonte será la seguridad, mientras que la Conferencia de Barcelona de 1995

estableció que sería una zona euromediterránea de libre comercio, por lo que, según

Sarkozy, la cooperación en materia de seguridad es el núcleo central de esta Unión. Así

lo secundan también los diputados autonómicos y estatales presentes en el seminario

que nos sirve de base a estas reflexiones, cuando entienden que el terrorismo era la

prioridad de seguridad actual.

En principio, lo que se propuso fue, más que “un proyecto de unión”, “una unión

de proyectos”, en los que pudieran participar los Estados y agentes privados que lo

deseasen, en proyectos muy localizados y concretos (Soler i Lecha, 2008). La

reconducción de la iniciativa francesa se ha hecho en línea con las posición española de

no excluir ningún país europeo que quisiera participar y de una articulación plena con el

Proceso de Barcelona, sin crear nuevas instituciones en paralelo (Bayón, 2008).

Echeverría (2007) considera que es una propuesta que mira hacia el norte de África, con

la perspectiva de los años ochenta del siglo pasado, por la segregación o fragmentación

que encierra a la hora de abordar los problemas mediterráneos. Entonces, para superar la

conflictividad en Oriente Próximo y Medio se dividió el Mediterráneo en Occidental, en

principio más estable, y Oriental, más conflictivo. Esta diferenciación viene a sumarse a

los numerosos foros y grupos existentes en el Mediterráneo, en concreto, en el

Mediterráneo occidental, donde funciona el grupo de diálogo 5+5 – cuyos ministros de

Asuntos Exteriores se reunieron en abril en España, en la VII Conferencia de Ministros

del ramo del Mediterráneo Occidental, con la asistencia de representantes de la Unión

Europea y la Unión del Magreb Árabe, para abordar la Unión por el Mediterráneo, la



204

situación en Oriente Medio, los procesos de integración en el Magreb y el reforzamiento

y seguimiento del diálogo del grupo 5+5.

Con este “Mediterráneo para los mediterráneos” se puede generar un alejamiento

de la región de los Estados de la Unión Europea no ribereños, que desde 1995 (con

distinta intensidades), se han comprometido con el Mediterráneo, considerándola un

espacio de interés común. La parcelación temporal y geográfica de los objetivos puede

perjudicar el marco multilateral y multidimensional que desde hace 14 años

compromete a un elevado número de actores y unirse a la dilución que ya sufre la

cooperación en el Mediterráneo desde la puesta en marcha de la Política Europea de

Vecindad.

En la reestructurada asociación, hay una apuesta política clara por la concreción

de los proyectos, que son el elemento central de esta Unión. En la Cumbre de Paris de

julio de 2008 se definieron algunos de los fundamentales: descontaminación del

Mediterráneo, vías marítimas y terrestres, protección civil, el Plan Solar Mediterráneo,

la Universidad Euromediterránea y una iniciativa mediterránea de desarrollo

empresarial. Al margen de estos temas, el trabajo de la nueva Unión está sufriendo sus

primeros retrasos, con suspensión de actividades, motivados por la crisis de Gaza de fin

de 2008 (estaban previstas reuniones ministeriales sobre transportes, enseñanza

superior, medio ambiente, comercio, justicia, libertad y seguridad, economía y finanzas,

desarrollo sostenible y consolidación del papel de la mujer en la sociedad).

Sobre la financiación de los proyectos, la previsión es que tenga una procedencia

múltiple: sector privado, instituciones financieras internacionales, cooperación bilateral,

contribuciones de los Estados miembros de la UE y de los socios mediterráneos. La

Unión Europea, cuando se cumple un año de la aprobación de la Unión para el

Mediterráneo, ha anunciado una contribución adicional de 72 millones de euros, para

2009-2010, destinada a los temas prioritarios (descontaminación del Mar Mediterráneo,

autopistas marítimas y terrestres, la Central Solar Mediterránea, la enseñanza superior y

la inversión en la investigación y el apoyo a las empresas).



205

En este primer año se habla mucho de la preocupación por la seguridad, pero

más allá de haber suspendido muchas actividades con motivo de la crisis de Gaza o de

la preocupación por la seguridad marítima, no se han producido avances en ese ámbito.

Lo que sí hereda esta Unión para el Mediterráneo del Proceso de Barcelona es la

presencia y contaminación del conflicto árabe-israelí, como mostró en la reunión de

Marsella el debate surgido en torno a la aceptación de la Liga Árabe como miembro de

pleno derecho de la Unión, de la que finalmente formará parte, participando en todos los

niveles, pese a las reticencias planteadas por la posible politización de la Unión en torno

al conflicto palestino-israelí.

Estando prevista la próxima Cumbre para el primer semestre de 2010, bajo la co-

presidencia egipcia y española, de aquí a entonces se comprobará si la Unión para el

Mediterráneo constituye una aportación a una cooperación euromediterránea necesitada

de voluntad política o si estas siglas simplemente se incorporan a la larga lista de

marcos de diálogos y de cooperación lanzados tras el fin de la Guerra.

La reforma del sector de seguridad, un proceso transversal.

Uno de los aspectos que en los últimos años está emergiendo en los estudios y

propuestas relativas a la seguridad en el Mediterráneo es la reforma del sector de

seguridad, aunque todavía no es una materia propiamente dicha de la agenda de

seguridad euromediterránea. La reforma del sector de seguridad ha estado ausente de

esta agenda (Soler i Lecha, 2007) y aún hoy en día está al margen de las prioridades de

la Unión Europea cuando se abordan las reformas políticas en el Mediterráneo, pese a la

importancia concedida por la Estrategia Europea de Seguridad, de 2003.

La reforma del sector de seguridad abandona el concepto de seguridad vigente

durante la Guerra Fría y se orienta a la seguridad humana o seguridad basada en los

ciudadanos (Collantes, 2008:2) y está en consonancia con el esquema teórico de las

“nuevas guerras” (estudiadas por Mary Kaldor).



206

Con esa base, y con el interés de la Unión Europea en impulsar esta reforma en

los países del sur del Mediterráneo, la vinculación con la reducción de la pobreza, el

desarrollo sostenible, la gobernanza o la resolución de conflictos es consustancial. La

centralidad de este enfoque reformista está evolucionando desde la defensa hacia el

desarme, la desmovilización y reintegración y la proliferación de armas pequeñas y

ligeras. Este recibió atención prioritaria en América Latina durante los años noventa

pasados en Centroamérica, como marco de los acuerdos de paz y solución definitiva a

las guerras centroamericanas, influidas por el enfrentamiento este-oeste.

Las instituciones europeas se plantean la reforma del sector de seguridad en los

términos del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, es decir, tomando como base

de la seguridad un sistema amplio de fuerzas y cuerpos de seguridad y policía

multinivel y territorial, todos los agentes que participan de los diferentes procesos de

gestión legales, regulados o tradicionales, las instituciones judiciales y las fuerzas de

seguridad no oficiales o reglamentarias (guerrillas, paramilitares organizados, milicias,

seguridad privada). Es decir, todo el conjunto de actores, instituciones y procedimientos

que participan realmente del sector de la seguridad.

Respecto de la reforma del sector de seguridad, Soler i Lecha (2007) plantea dos

escenarios distintos en el tiempo: una perspectiva actual, donde la reforma política y

democrática se imponen como condiciones previas a la reforma del sector de seguridad

y una perspectiva futura, en el que la reforma del sector de seguridad se impondrá como

factor de estímulo de la reforma política y estabilidad mediterránea.

Los documentos del Proceso de Barcelona, de la Política Europea de Vecindad y

de la Estrategia Europea de Seguridad comparten el interés por promover la democracia

y el estado de derecho en el Mediterráneo. En coherencia con tal objetivo, opina Soler i

Lecha, debiera incluirse en la agenda de reformas la del sector de seguridad, aunque es

un lugar común que su inclusión requiere de un mínimo proceso reformista que en el

Magreb brillan por su ausencia. Un Mediterráneo más estable y democrático no sólo es

un objetivo de la política exterior europea, sino también de todos los Estados de la



207

Asociación Euromediterránea. Entonces, hay motivos para empezar a introducir la

reforma del sector de seguridad, gradualmente, en la agenda euromediterránea.

La Comisión Europea ha ofrecido apoyo sobre las reformas del sector de la

seguridad a uno de cada tres países del mundo, entre ellos los países del sur del

Mediterráneo, que para la UE tienen prioridad por su condición de participantes directos

y próximos en la definición de su seguridad. La reforma de este sector está dirigida, por

tanto, al objetivo de estabilidad que preocupa a la UE, en el que se inserta la prevención

y resolución de conflictos en el Mediterráneo.

Los instrumentos de apoyo que pone en marcha la Unión Europea para la

promoción de esta reforma van desde la educación, formación, sensibilización, medidas

de acompañamiento, organización, control, inspección, transparencia. Toda esta

asistencia cuenta con diversos mecanismos activados desde 2000, en la cumbre de Santa

María da Feira, aunque los incumplimientos de los objetivos globales está restando

relevancia a los mismos.

Es evidente que este tema no es ni el único ni el más urgente en la voluntad de

hacer del Mediterráneo un área de paz compartida y donde la democracia sea la regla y

no la excepción. La solución de los conflictos regionales abiertos y la necesidad de

iniciar procesos de reforma política son pasos previos, pero nada impide una

simultaneidad y compatibilidad, salvo la falta de voluntad.



208

VI. LA POLÍTICA EXTERIOR DE ESPAÑA HACIA EL MEDITERRÁNEO.

España y el Mediterráneo hasta el inicio del siglo XX.

Valiéndonos de la investigación histórica de Jover sobre la presencia de España

en la política internacional durante los dos últimos siglos, traemos hasta aquí algunas de

las reflexiones más interesantes que, a nuestro juicio, guardan relación con las

aportaciones de España a la definición político-estratégica del Mediterráneo.

Durante la mayor parte del siglo XVIII, puede calificarse la acción exterior de

España como una política de irredentismo mediterráneo. La diplomacia española

anduvo sin un criterio fijo, buscando aprovechar y explotar la cambiante coyuntura

europea e internacional en función de sus intereses, determinada por Gran Bretaña,

Francia y Austria.

Además del irredentismo, la acción exterior se enclavaba en el concepto de

comunidad dinástica, también extensible al liberalismo gaditano, reconociéndose un

interés por el Mediterráneo: “manifestaciones de una entrañable comunidad geográfica,

humana y cultural llamada a orientar…forzosamente los esfuerzos de una tradición

diplomática nacional” (Jover, 1999), aunque los fracasos en la conquista de Orán y

Argel llevaron la decepción al país.

En el siglo XIX, España ocupaba una posición de pequeña potencia,

consecuencia de una endeblez económica y militar. La marginalidad territorial de la

península marcaba una percepción de marginación política internacional. Sorprendía la

pasividad de un Estado, España, agotado por tres siglos de política europea y americana

y con gobiernos de minorías alejadas de los intereses del pueblo. Las causas de dicha

pasividad hay que encontrarlas (Jover, 1999) en la pobreza esencial, en la permanente

crisis política y en la tardía incorporación a la revolución industrial.

En verdad, este legado pesado del concepto de “posición periférica” no se revisó

y comenzó a ser despojado de la carga negativa y peyorativa con la que se percibía en el



209

siglo XIX hasta después de la II Guerra Mundial. Al comprender que es la conexión de

Europa con el resto del mundo el factor decisivo en la configuración histórica, comienza

a cambiar la posición política internacional de España durante el siglo XIX.

Las limitaciones de España en el Mediterráneo estuvieron marcadas por el triple

empequeñecimiento español (el mismo que condicionó la política exterior del siglo

XIX), a saber, el empequeñecimiento político internacional, el empequeñecimiento

territorial y el empequeñecimiento económico-industrial que condicionaba el desarrollo

de la política exterior (Jover, 1999). Un factor decisivo de este empequeñecimiento es la

falta de auténticos hombres de Estado y de una opinión pública consciente, formada y

responsable, a diferencia de las sociedades desarrolladas europeas. La falta de esta elite

escasamente preparada derivaba en una sociedad injusta que reclutaba soldados que

cumplían sacrificadamente su deber en una sucesión de guerras civiles y coloniales mal

planificadas.

La política exterior de los años centrales del siglo XIX (1843-1874) estaba

supeditada a la política interna y transcurrió sin objetivos formulados ni elementos de

continuidad, salvo la orientación de la base diplomática a la Cuádruple Alianza como

base de una mínima garantía internacional.

Los temas de la política exterior isabelina quedaban “reducidos a grupos

numéricamente minoritarios” (Jover, 1999), si se exceptúa la guerra de África.

Reflejaban el escaso interés por los aspectos internacionales y el elevado por esa pasión

y amalgama que generó la guerra de África, por tanto, más sentimental y pasional que

metodológica y articulada socialmente.

Uno de los puntos de interés de la etapa de la Restauración fue el tándem

iberismo-africanismo. El iberismo representaba una idea del pasado mientras que el

africanismo era la gran utopía del momento. En realidad, fue fruto más bien de una

especie de “compensación” histórica y sociológica, para tratar de corregir la desviación

que supuso la política americana y europea de Castilla. Los africanistas defendieron un

acercamiento a través de la “penetración civilizadora a partir de las plazas de soberanía



210

española en el norte de Marruecos, y de un mantenimiento de la soberanía y de la

integridad del Imperio marroquí frente a las tendencias expansivas de unas potencias

europeas que, por entones, se disponían a consumar el llamado reparto de África (Jover,

1999: 160).

El africanismo español constituyó un movimiento limitado cronológica, social y

políticamente, localizado en Madrid y Granada –africanismo madrileño y granadino, los

dos núcleos principales que dirigieron su mirada global hacia el Mediterráneo, con

expediciones al Sáhara. Pero el africanismo español no logró interesar ni a los

Gobiernos ni a la mayoría de la opinión pública.

Jover acude a los factores psicológicos para intentar explicar la prolongada falta

de interés, planificación y coherencia en las políticas desplegadas por España hacia el

Mediterráneo. Según esta tesis Joveriana, la apatía y la inhibición de España fueron

palmarias en el reparto de África, lo que motivó que Marruecos mantuviese su

integridad y soberanía hasta principios del siglo XX. Esta ausencia de España se explica

por la doble apatía –social y gubernamental- además de por la voracidad de las

potencias imperialistas europeas (Jover, 1999).

En la misma línea, otro factor clave con el que Jover explica la posición

internacional de España en el Mediterráneo fue la polaridad pesimismo-grandeza. El

pesimismo revela el comportamiento exterior español del último cuarto del siglo, más

explicable por las dificultades de la relación de España con el nuevo poder de las

grandes potencias. Junto a esta sensibilidad pesimista, persiste el sentimiento basado en

la creencia de que España es una nación acreditada histórica y excepcionalmente por su

grandeza.

Un tercer aspecto histórico-psicológico es la amalgama “pesimismo-orgullo

nacional”, formada por el pesimismo de los intelectuales, la “excepcionalidad” de la que

se nutrían las clases medias y el pundonor y pacifismo extendido entre las clases

populares. Estos ingredientes, pesimismo, excepcionalidad y pundonor-pacifismo se



211

mezclaron para dar forma y empujar las reacciones de los dirigentes de la política

exterior (Jover, 1999).

Hay que esperar hasta principios del siglo XX (Acuerdos de Cartagena de 1907)

para encontrar un salto en política exterior que hiciera desaparecer la amenaza de una

prolongación de la amalgama colectiva, simbolizada en el “síndrome del 98”. El inicio

del siglo XX avanzó a través de una “edad de plata” (Jover, 1999) en política exterior,

definida por la neutralidad en la I Gran Guerra, una posición destacada en la Sociedad

de Naciones y por una marina de guerra entre las primeras del mundo.

España se adhiere a la Declaración franco-británica de abril de 1904, que

concedió a España una esfera de influencia en Marruecos. España lograba un objetivo

importante como era el de contar con aliados, pero sin una alianza (algo obsesivo tras el

98). Además, se integraba en el sistema europeo de Estados. No obstante, la

participación de España era bastante reducida, puesto que se “le ofreció” algo pactado a

sus espaldas, sin que se le consultara, informara ni dijera nada relativo al pacto de la

cuestión marroquí.

Existe un párrafo ilustrativo escrito por el periodista Henri Charriault sobre

Alfonso XIII, en un reportaje de 1907, que resume el pensamiento real a través de

conversaciones, manifestaciones y observaciones sostenidas con el rey (Jover, 1999:

193 y 194) y que también contiene los atributos psicológicos e históricos citados

anteriormente (la conciencia histórica) en relación con la posición española en la escena

internacional, específicamente mediterránea:

Muestra algunos de los caracteres vistos: inferioridad, cesión de

responsabilidades, necesidad y percepción de alianza, escaso

convencimiento de una acción firme necesaria en el Mediterráneo, el

reconocimiento de la debilidad de España en el juego europeo de potencias,

inhibición de España en el caso de Marruecos o percepción de construir una

arquitectura en la seguridad occidental internacional con participación

efectiva de ESP en el norte de África:



212

» Una sola cuestión hubiera podido dividirnos: la cuestión de Marruecos.

Hubo un tiempo en que nuestros hombres políticos decían: Marruecos para

España o para nadie. Marruecos es, en efecto, una especie de prolongación

étnica y económica de España. Día tras día, España desarrolla allí su

influencia, propaga su lengua, acrece la expansión de su comercio.

» Pero Francia tiene también sus derechos, y nosotros hemos sido los

primeros en reconocerlos cuando hemos firmado el tratado que nos obliga a

una acción común para la defensa de nuestros intereses recíprocos.

» Este tratado basta, con el de Algeciras, para discernir en qué caso y en qué

sentido podemos nosotros ser los aliados de Francia, y al mismo tiempo en

qué condiciones puede existir una intimidad de relaciones y un intercambio

de buenos oficios entre el Imperio alemán y España. Pero el porvenir, en

cuanto a esto se refiere, depende más bien de Francia que de nosotros.

Esta visión de Alfonso XIII tuvo evidentes consecuencias sobre la posición

española en la política internacional. La primera, defender la neutralidad, un objetivo

primordial exterior del Rey. Claro está que este objetivo de neutralidad, único modelo

de seguridad mediterránea que se ofrecía a Europa, en cierto modo, venía obligado por

las circunstancias: de los 140.000 efectivos que componían el ejército en 1914, más del

50 % estaban en Marruecos, gravando progresivamente el presupuesto militar, además

de suponer un “gran desequilibrio numérico en un mando hipertrofiado” (Jover, 1999:

211).

De la visión del Rey se desprende el reconocimiento de la impotencia de España

por sí sola para defender enclaves estratégicos como las islas y plazas del norte de

África, toda vez que lo ilusorio de pretender proyectar un ejército de tierra para

defender el territorio peninsular. Lo que asimiló Alfonso XIII era la primacía del poder

naval, que se impuso como una noción clave en las relaciones internacionales del

momento, es decir, un alto grado de desarrollo de las marinas de guerra. Eso, sin



213

embargo, suponía reconocer la incapacidad económica de España para garantizar su

posición en el Estrecho y la seguridad de las costas españolas, que únicamente una

alianza con Gran Bretaña haría efectivas.

Jover ha mostrado así cómo diferentes aspectos, sobre todo el personalismo (en

positivo y en negativo –falta de líderes con visión exterior) y la conciencia histórica,

marcaron gran parte del devenir de la política mediterránea de España entre los siglos

XVIII y el primer tercio del XX.

Los dos tercios siguientes del siglo XX estuvieron marcados por dos períodos

claros: la dictadura del General Franco que siguió a la Guerra Civil española (1936-

1939) y la transición hacia la democracia, que consolidó la Constitución de 1978.

La política de seguridad mediterránea y occidental: de la Dictadura a la

Transición a la democracia.

Uno de los investigadores y especialistas más sobresalientes en cuestiones de

seguridad internacional en nuestro país es Antonio Marquina. A partir de su libro

“España en la política de seguridad occidental, 1939-1986” hemos considerado

oportuno reflejar aquí las reflexiones que nos parecen más importantes contenidas en el

mismo para ilustrar la evolución de la política mediterránea de España en la etapa del

autoritarismo.

Nuestro autor sostiene que la II Guerra Mundial tuvo implicaciones notables

para la planificación militar y de la seguridad de España en el Mediterráneo,

implicaciones que se hicieron más visibles posteriormente, en la posguerra. Como se ha

señalado, un siglo antes la situación interna determinó la acción y la orientación de la

política exterior. La entrada en guerra de Italia en 1940 forzó a España a pasar de la

neutralidad a la no beligerancia, un paso previo hacia la plena beligerancia. En ese

momento, España “tenía ya en cartera” un conjunto de reivindicaciones en previsión de

un nuevo orden en el Mediterráeo, a saber, Gibraltar, Tánger, el Marruecos francés y

Orán. España no descartó su participación en la guerra a cambio de recibir ayuda



214

material y militar y el reconocimiento de sus demandas territoriales (Marquina, 1986).

El problema, como al final del siglo XIX, era que España no podía ofrecer cooperación

militar mientras Gran Bretaña estuviera activa.

Vemos cómo se repiten las nociones de “grandeza” y las de “pequeñez” e

inferioridad en el escenario mundial y en concreto en el mediterráneo, un siglo después.

España quedó al margen de la reconstrucción europea de la posguerra, de la

inserción en el capitalismo internacional y del sistema occidental de seguridad. Estaba a

expensas de los intereses estratégicos de Estados Unidos y de las negociaciones y

acuerdos con sus aliados europeos, lo que significaba participar en el orden de seguridad

en función de la evaluación que hicieran dichos Estados, desde luego, a la luz del

enfrentamiento Este-Oeste. En noviembre de 1948, un memorándum estadounidense

reconsideró sus intereses estratégicos en España, que planteaba normalizar las

relaciones bilaterales para poder llegar a acuerdos estratégicos conjuntos. Estados

Unidos concluyó que España era la llave estratégica y geográfica de las operaciones en

el sur de Europa, en los Balcanes y en Oriente Medio y que dominaba el acceso al

Mediterráneo (Marquina, 1986). Un año después, el Comité Conjunto de Planes

Estratégicos realizó una nueva valoración de la importancia estratégica de España y el

Marruecos español por su posición de entrada occidental al Mediterráneo.

La década de los cincuenta marcó un antes y un después en las relaciones

bilaterales entre España y Estados Unidos, cuyas consecuencias, modificadas en función

de las coyunturas, se hacen sentir incluso hasta fechas muy recientes. Al inicio de 1951,

se consolidó el acercamiento entre ambos países. Un nuevo memorándum, “Política de

Estados Unidos con respecto a España”, que incluía una posible guerra total,

contemplaba el análisis estratégico de la posición geográfica de España, más valorada

según aumentaba la tensión bipolar, e incluía la necesidad de incorporar la posición

geoestratégica española a la planificación estratégica de Europa Occidental y del

Mediterráneo, para su utilización militar en la defensa común. Sin embargo, no incluía

la defensa de la península ibérica, que las embajadas Estados Unidos en Gran Bretaña y

Francia desaconsejaron (Marquina, 1986).



215

La evaluación que Estados Unidos realizaba sobre España implicaba conocer el

estado de los déficits de las Fuerzas Armadas españolas, muy significativos sobre la

posición que ocupaba España en el orden de la posguerra mundial (déficits que

recuerdan a los que tenía España al final del XIX, señalados por Jover), a saber, no

tenían capacidades ofensivas y las defensivas eran muy limitadas y necesitaban un

reequipamiento y entrenamiento; los aeropuertos tenían graves deficiencias, poca

capacidad de almacenamiento y reparación; no había equipos de radio y de navegación

y había numerosas deficiencias portuarias, de ferrocarriles, carreteras y sistemas de

comunicaciones. Este listado recogido más ampliamente por Marquina (1986) muestra

los problemas que tenía España para poder firmar un pacto bilateral de defensa del

flanco del Mediterráneo, el verdadero interés español, más que la defensa común

occidental, para la que, como hemos visto, no reunía las condiciones de participación.

Marquina relata detallada y profundamente como el memorándum de 1951 reflejaba la

importancia militar de España para la OTAN, lugar desde el que dirigir operaciones

para el Atlántico y el Mediterráneo.

Que la falta de planificación en la acción exterior hacia el Mediterráneo ha sido

la norma en las relaciones internacionales ha quedado más que remarcado durante toda

la investigación. Pero en la etapa que tratamos, hay un hecho que corrobora esta

aseveración, y es la propuesta de Pacto Mediterráneo (el “asombro de Damasco”) que

España realizó en 1952, un acuerdo de naturaleza anticomunista, por el que España

recibiría el apoyo árabe a su política en Marruecos y Tánger. Esta irrealidad mostraba la

política totalmente errática de España, carente de toda fuerza y recursos para impulsar

un pacto improvisado de este tipo, que, evidentemente, fracasó.

A partir de aquí, exceptuando esta improvisada propuesta, se aceleró el

desarrollo de los acuerdos para establecer una nueva política de seguridad

estadounidense que implicaba a España. España defendía establecer una misión

permanente en Washington, y entre los diez puntos que intercambiaron el Ministerio y

la Embajada españoles, el cuarto y el quinto se referían a la situación en Marruecos, al

Protectorado, a las relaciones con el mundo árabe y a la tensión en Oriente Medio.



216

España esbozó la repetida “amenaza del sur”, por el Jefe del Estado Mayor del Aire, en

su entrevista con el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense el 10 de abril de

1953, sosteniendo que España actuaría en el norte de África para prevenir la

“intranquilidad en el Marruecos español, que había empezado a sentir las inquietudes de

otras zonas de África del norte” (Marquina, 1986: 617).

La “amenaza del comunismo” volvió a invocarse cuando el 23 de noviembre de

1957 elementos incontrolados marroquíes atacaron Ifni, episodio que fue interpretado

por Franco como un “nuevo síntoma de la Unión Soviética de ir progresivamente

atenazando a los países europeos del sur” (Marquina: 1988: 659). La OTAN decidió

promover la cooperación con los pueblos africanos a través de los Estados europeos, en

clara referencia a España y Francia (según aclaración del Secretario de Estado, Dulles).

Podemos ver aquí, en la desconfianza hacia la OTAN, un antecedente de la que

despierta actualmente entre los Estados árabes, que además de observar las iniciativas

europeas de seguridad euromediterránea con recelo, dudan también del Diálogo

Mediterráneo de la OTAN, impulsado desde 1984.

Aunque Estados Unidos aumentó su presión y atención hacia España ante el

potencial de amenazas en el norte de África, no preveía incluir a Marruecos como zona

de protección, como tampoco a terceros países, algo considerado vital por España en su

diálogo de aproximación a la OTAN, como era visto por el embajador Areilza

(Marquina, 1986).

La independencia de Marruecos en 1956 vino a significar un importante cambio

estratégico que modificaría el esquema de seguridad de España. La Declaración

hispano-marroquí y el Protocolo adicional de 7 de abril de 1956 enterraban el convenio

de noviembre de 1912, tras el reconocimiento de la independencia de Marruecos por

Francia. Dicho Protocolo contemplaba el apoyo a Marruecos para organizar su ejército,

mientras regiría el estatuto del Ejército español, la protección transitoria de los intereses

de los marroquíes oriundos españoles extranjeros y la supresión de los visados y

formalidades administrativas.



217

España volvía a dar muestras de su escasa capacidad militar, ya que el material

estadounidense suministrado con cargo al convenio de 1953 no se pudo utilizar por falta

de autorización, suministro de reposición de piezas o falta de munición (los sucesos de

Ifni de 1956 evidenciaron esta debilidad de las Fuerzas Armadas).

En realidad, hablar de amenaza del sur por extensión de los problemas que tenía

España y las consecuencias de la descolonización supone un exceso, aunque en esos

momentos, la incertidumbre y el acceso a un control de armamento, material y poder ser

provistos de los mismos por terceros países, sí podía considerarse un asunto de

seguridad y un riego posible, más que una amenaza real. Ya se planteaba, al hilo de la

amenaza comunista, el papel que España podía desempeñar en el Mediterráneo, como

facilitador o puente de relaciones en el Magreb, entre Marruecos y los aliados

occidentales, y en Argelia. Franco seguía viendo la “amenaza comunista” en la lucha

por la independencia de Argelia, tal como transcribe Marquina (1986: 704 y 705):

Decía Franco: Si en la zona de Marruecos que España administró, donde

todos permanecieron fieles al Sultán legítimo y donde en treinta años no se

alteró la paz, reina hoy la inseguridad y la violencia, se persigue a los

Kaides y a los hombres moderados que ayudaron a la pacificación, hay que

pensar lo que ocurriría en Argelia después de tres años de guerra enconada

(cursiva propia).

» Las apreciaciones de Franco no eran completamente ajustadas. Para él, las

bandas que luchaban en Argelia eran en buena parte comunistas, aunque sus

dirigentes pretendiesen ocultarlo.

España no era capaz ni de plantear una retirada de Marruecos acorde con

Estados Unidos y Francia, prolongando el problema de Marruecos: a finales de 1960,

España mantenía tres mil efectivos de los sesenta mil que había. Marruecos, por su

parte, jugaba la doble baza de las superpotencias y exigía la retirada total de las tropas

españolas. En parte, nuestro país mantenía una posición de prudente seguridad, porque



218

Marruecos estaba en ese momento a punto de iniciar negociaciones con Estados Unidos

para recibir armamento y simultáneamente recibiendo los primeros aviones Mig 15 y

Mig 17 de la URSS, hecho que alarmó a España (Marquina, 1986). La improvisación

vista hacia el Mundo Árabe se repetía con Marruecos, respondiendo España con la

“política de buena vecindad” –algo sin contenido- que motivó un clima de desconfianza

profunda entre ambos países. La muerte de Mohamed V y los incidentes producidos en

el Sáhara español motivaron la retirada definitiva de las tropas restantes en Marruecos,

incumpliéndose los acuerdos firmados con España en 1962 y agravando la desconfianza

por las continuas reivindicaciones territoriales de Ifni y Sáhara.

Para 1958, España encontraba totalmente desequilibradas las relaciones con

Estados Unidos, derivadas de los Acuerdos de 1953. Las ayudas económicas “eran más

ficticias que reales” (Marquina, 1986: 735) y la mayoría se destinó a la construcción de

bases y apenas un tercio revirtió en la economía nacional, mientras que los cambios

estratégicos militares eran radicales: “cohetes dirigidos, las bombas de hidrógeno, el

crecimiento impresionante de la aviación de bombardeo y caza de la Unión Soviética,

así como la irrupción de la Flota soviética en el Mediterráneo con el riesgo para el norte

de África, las ayudas soviéticas técnicas y económicas, las ayudas a la subversión en los

países del Magreb,” (Marquina, 1986: 735).

La salida de España de Marruecos y la enemistad manifiesta cambiaron el

escenario de conflicto para España y ya no coincidía con el estadounidense, como en

1953. España insistía en que debían defenderse sus territorios y reivindicó que la mejora

de la capacidad militar no era comparable a la recibida por otros países, el material “era

prácticamente de desguace, no siendo en cantidad y calidad el mínimo indispensable; la

situación había cambiado desde 1953 y la independencia del Magreb colocaba a España

en una nueva posición de vanguardia” (Marquina, 1986: 747).

Estados Unidos proclamaba la inconsistencia de los argumentos empleados por

España. Diríamos que ni moros ni comunistas en la costa. Estados Unidos hizo entender

que España seguía utilizando el anticomunismo en los temas de seguridad para su

inserción internacional económica y política, hasta el punto de que –en palabras de



219

Marquina- según los estadounidenses: “se atribuía excesiva ubicuidad y penetración al

comunismo en el norte de África, llegando a ver fantasmas comunistas donde no

existían” (Marquina, 1986: 749), con lo que la penetración del comunismo en el Magreb

se evidenció un argumento poco sólido, como también el “chantaje español” del que se

habló en estados Unidos ante la lista de peticiones de los Ejércitos, valorada en

doscientos cincuenta mil millones de dólares.

España no fue capaz de mantener dos tipos de negociaciones diferentes que

tenían al Mediterráneo como punto de mira: su incorporación al sistema de seguridad

occidental y la salida pactada y digna de los territorios africanos. España se limitaba a

utilizar de nuevo, emulando a Jover, la noción de su posición marginal, de “frontera

sur”, como instrumento de negociación con Estados Unidos, demandando una revisión

del dispositivo de defensa y la no neutralidad estadounidense en un conflicto con

Marruecos (la neutralidad alimentaba las reivindicaciones marroquíes sobre el Sáhara).

En realidad, durante los años cincuenta, las medidas de España con respecto al

mundo árabe no tuvieron contenido ni continuidad y sí una falsa apariencia de

argumentación geoestratégica anticomunista y mucho de improvisación.

La década siguiente modificó algunos postulados básicos en relación con la

seguridad en el Mediterráneo y un cambio en la percepción de la amenaza del sur.

Marruecos mostró interés por colaborar con España, por temor al enfrentamiento con

Argelia. Este interés comportaba la invalidez de los tratados coloniales, la devolución

del Sáhara, con presencia militar española y la explotación conjunta de los fosfatos.

España caminó en la línea de la autodeterminación planteada por Naciones Unidas. Pero

el Sáhara siguió sin solución y siendo un foco de incertidumbres. La cesión fue el

resultado de un mal planteamiento y de la presión internacional (Marquina, 1986: 864):

el Sáhara pudo defenderse, pero un Marruecos inestable, un posible régimen radical en

la otra orilla del Mediterráneo, un nuevo desgaste y la necesidad de contar con un

Estado amigo, llevaron a la cesión del Sáhara.



220

Al final, una mala planificación terminó con una mala negociación y una peor

resolución. España volvía por sus fueros del siglo XIX, rememorando su conciencia

histórica. Desde entonces, la amenaza del sur se restringió a Marruecos, más por la

inestabilidad política que por constituir una amenaza militar, un cambio que permanece

vigente hasta hoy en el pensamiento sobre la seguridad en el Mediterráneo Occidental.

El aislamiento de España seguía siendo una realidad. Estados Unidos criticaba el

hecho de que España no aceptaba debates militares que finalizasen en acuerdos sobre

seguridad mutua, amenazas comunes, planificación militar conjunta o relación mutua

de defensa. Al final, Estados Unidos accedió, y España aceptó unas contraprestaciones

limitadas a 50 millones de dólares, de los que una parte correspondía a la deuda de 1963

(Marquina, 1986).

La década de los setenta no cambió las cosas en lo esencial. El aislamiento de la

comunidad internacional y el “vacío” de la política mediterránea y árabe española

desplegada durante la posguerra española del régimen franquista, proyectaron una

actuación exterior más teórica que práctica. Al final, la política exterior hacia la región

fue una mezcla de conceptos como el arabismo, el mediterraneísmo y el africanismo,

utilizados indistinta e indiscriminadamente, sin base o marco político alguno. De esta

etapa sobresale la tesis tradicionalista del régimen, que divide el Mediterráneo en dos

franjas: la del norte, europea y cristiana y la del sur, norteafricana y árabe (Huguet,

2005).

Desde el final del franquismo, España rebajó la atención a los asuntos del

Mediterráneo occidental, el Estrecho y el norte de África, poniendo la mirada en los

asuntos del mundo árabe, más alejados.

A finales de 1975 la opinión pública española, mayoritariamente, era antiárabe.

El arabismo se sostenía por tres motivos: primero, por el forzoso mantenimiento de

directrices políticas históricas; segundo, por la retórica mediterraneísta amparada por el

franquismo, y, finalmente, por el pragmatismo que llevaba a valorar este área como vital

en plena crisis del petróleo.



221

Al final del régimen de Franco, en España los temas del Mediterráneo quedaban

reducidos a dos aspectos: reconocer la conflictividad específica de la región y

reivindicar una posición española más activa en las soluciones pacíficas. Es en ese

contexto en el que España comienza a fortalecer las relaciones con los países árabes,

mediante la cooperación y el abrazo de la causa palestina.

Uno de los antecedentes políticos del creciente activismo español en el

Mediterráneo fue la propuesta de un sistema de seguridad entre ambas orillas,

procedente de la Conferencia de Países Socialistas del Mediterráneo, celebrada por vez

primera en Barcelona en noviembre de 1976. La idea central (originaria del Partido

Socialista Popular, luego integrado en el PSOE) era crear un sistema de seguridad

basado en los acuerdos entre países ribereños del Mediterráneo, que completase el

equilibrio bipolar, extra-mediterráneo. Esta iniciativa se adelantó más de una década al

escenario posterior a la caída del Muro de Berlín y finalización de la Guerra Fría

(Huguet, 2005).

La propuesta estaría basada en un sistema de acuerdos o de un acuerdo

multilateral, que tal vez revistiese la forma de una institución regional, con

competencias incluso de arbitraje, facilitando con ello el incremento de la seguridad del

área. En este proyecto, España y su relación con los países europeos mediterráneos

occidentales, Francia, Italia y Portugal, quedaría inscrita, desde un punto de vista

geopolítico, en el marco regional del sistema de defensa (VV.AA.: Estrategia del

Mediterráneo Occidental y del Magreb, Madrid, Instituto de Cuestiones

Internacionales, 1983).

Del estudio realizado por Huguet sobre la política de España hacia el

Mediterráneo, destacamos tres conclusiones: la vigencia de la tesis de la estrategia de la

compensación del Magreb, la falta de una política exterior clara hacia el Magreb que se

extendería hasta el postfranquismo inicial y la debilidad política acerca del problema del

Sáhara, debida sobre todo a la contraposición de intereses y a la falta de criterios

unificadores en torno al territorio.



222

Por lo que a la primera respecta, después de la descolonización del área, España

instaura una política que tiende a equilibrar o compensar sus acciones con los países de

la región, sobre todo el Magreb, sin tener en cuenta un criterio integrador o una

estrategia más amplia. La política española en la región atiende a un cierto equilibrio

que evite la consolidación de un Marruecos extenso. Esta postura se basó, como hemos

dicho, en reconocer las tensiones y rivalidades existentes, con lo que se pretendió no

contribuir a una mayor desestabilización de la zona.

Respecto de la segunda, es un lugar común entre los investigadores, analistas y

organizaciones, la carencia de una política bien diseñada a lo largo de la historia de las

relaciones hispano-magrebíes e hispano-mediterráneas.

En cuanto al problema del Sáhara, vista la carencia histórica reciente de un

proyecto exterior, en España no existía una interpretación unitaria del conflicto. Para

muchos, el Sáhara era una región de interés económico y militar que resultaba altamente

recomendable. La cooperación económica parecía un buen recurso para apaciguar el

conflicto. Otros, sin embargo, consideraban la zona como un territorio netamente

español cuya soberanía no estaba en cuestión (los sectores más tradicionales de la

política nacional unidos en torno a Carrero que entorpecieron la descolonización). Y

había quienes, ansiosos por evacuar problemas dentro del maltrecho régimen y

conscientes de la escasa rentabilidad del mantenimiento de la zona bajo la soberanía

española, apostaban por internacionalizar la crisis otorgando a la ONU el derecho a

decidir sobre el futuro de los pueblos saharauis. Pero al principio de los años setenta, el

enfrentamiento interno de posturas bloqueó cualquier solución negociada (Huguet,

2005).

La posición de España en el escenario Mediterráneo y de seguridad occidental

ha estado condicionada largamente, como hemos visto, por el conflicto Este-Oeste. Este

conflicto dejó en el Mediterráneo Occidental multitud de instalaciones y bases

auxiliares de potencias no mediterráneas. Durante los primeros años posteriores a la

finalización de la Guerra Fría, el discurso de la “amenaza del sur” justificó la



223

permanencia de muchas de estas bases, fuente de inestabilidad en esa zona (Fisas,

1993), aunque en realidad la mayoría de instalaciones de Estados Unidos son para

intervenciones lejanas al Mediterráneo Occidental. España ha estado alejada del

escenario clásico de enfrentamiento Este-Oeste, por lo que su rol de retaguardia explica

el carácter aeronaval de sus bases y la nula presencia de tropas terrestres.

Las políticas y relaciones hispano-mediterráneas de la democracia.

Con la restauración democrática, la política exterior española inició el camino

desde la “tradicional amistad hacia los países árabes” hacia una política global. La

primera visión arrastraba un discurso lleno de retórica pero vacía de contenido, que la

segunda pretendió sustituir por una política global que vinculase los intereses españoles

con los retos del sur de Europa y de la región mediterránea (Soler i Lecha, 2004).

La configuración de las relaciones y las políticas mediterráneas.

España viene contribuyendo al entorno de seguridad mediterránea porque tiene

el mayor interés en promover la paz y el desarrollo, ya que está expuesta a las tensiones

y riesgos generales de la región. Por ese motivo, España debe abarcar todos los

aspectos, el político, la seguridad, el económico, el migratorio, el sociocultural o el de la

ayuda al desarrollo, sin quedarse al margen de ninguno. Se observa aquí un cambio

respecto de anteriores concepciones, en las que España se centraba más en las

cuestiones territoriales y de seguridad, para luego dar paso a la cooperación y,

finalmente, a enfoques globales.

Para estudiar y analizar la política exterior española del primer período

democrático, Mesa divide el mismo en dos etapas. Una, entre 1976 y 1982, de

Transición a la democracia y, otra, hasta 1987, en la que transcurre el primer mandato

de un gobierno del PSOE y las primeras medidas de política exterior que conforman el

modelo de relaciones con el Mediterráneo.



224

En realidad, entre 1976 y 1982, la dependencia internacional de España, sea la

económica o la geopolítica, continuó sin cambios, por su posición decisiva en las dos

orillas mediterráneas que la hacían esencial para el funcionamiento del sistema

estratégico-militar occidental.

Mesa califica con dureza la política española de la Administración Suárez, de la

que sólo salva su actuación en el asunto de Canarias. De dicha política dice que “ha sido

juguete de la política de Argelia y Marruecos” (Mesa, 1994). En esta consideración y en

relación con el Sáhara Occidental, contaba el hecho de que los Acuerdos de Madrid

violaban las resoluciones de la Asamblea General de la ONU y el dictamen del TIJ. El

PSOE y el PCE fueron más coherentes con la realidad internacional, reconocieron al

Frente Polisario y exigieron el reconocimiento del derecho a la autodeterminación.

Respecto del tema de Canarias existía unanimidad, no admitiendo la tesis de la

africanidad del archipiélago. En cuanto a Ceuta y Melilla, hay (Mesa, 1994):

una absoluta falta de definición por parte española, en el mejor de los casos;

en el peor, se afirma sin más la hispanidad de ambos enclaves.

» Ceuta y Melilla constituyen un grave atentado a la unidad y a la integridad

territorial de Marruecos.

» Tema muy distinto es el de la población española en ambas ciudades.

A partir del primer gobierno presidido por Felipe González tras su victoria

electoral en 1982, se va a imponer una política exterior que pronto revisaría

profundamente las deterioradas relaciones con el Magreb y el área Mediterránea, en

particular con en el Mundo Árabe, donde se comienza a construir un marco que supere

la “hueca tradicional amistad”, por no hablar “del nivel de miseria de nuestras

relaciones culturales con estos países” (Mesa, 1994). En realidad, esa denominada

“tradicional amistad” era algo vacuo, vacío de contenido, que nunca llegó a plantearse

formalmente.



225

En opinión de Mesa, había algunos temas que marcaron la agenda exterior

española y la formación de la opinión pública sobre los temas mediterráneos. El

primero, la solidaridad con el pueblo palestino, que ha sido una constante en los

movimientos populares españoles y, en concordancia, con los Estados árabes agredidos

por Israel y Estados Unidos. El segundo, el Sáhara Occidental. España abandonó la

denuncia de los Acuerdos de Madrid o el reconocimiento de la República Árabe

Saharaui Democrática. La política a favor de Marruecos que inició el Presidente

González contrasta con el apoyo diplomático a las soluciones de la ONU, produciendo

un desajuste en la acción exterior propiamente y de ésta con la sociedad española. En

tercer lugar, el alineamiento con las tesis de Marruecos. España se convertía en rehén de

los marroquíes “Parece como si aún fuésemos los rehenes de Rabat. Incluso del

ineludible deber de no injerencia en los asuntos internos de otro Estado, hemos pasado a

las declaraciones de apoyo al actual sistema político marroquí” (Mesa, 1994). Siguiendo

con la crítica al posicionamiento español del lado de Marruecos casi sin contrapartida,

Mesa critica que en el tema pesquero, la aceptación de España de introducir las

llamadas “ventanas de seguridad” supuso reconocer indirectamente competencias

soberanas de Marruecos en aguas saharauis, lo que implicaba un distanciamiento con el

Frente Polisario.

Uno de los temas que envenenó las relaciones entre España y Marruecos en el

primer gobierno de González fue la legislación de extranjería, por discriminar a la

población musulmana de Ceuta y Melilla. España no tuvo en cuenta la potencial

conflictividad de este asunto, debido a que “las relaciones están sometidas a tensiones

irracionales proclives al desencadenamiento de conflictos entre los dos países” (Mesa,

1994).

De todo este período, Mesa concluye, además del alineamiento sumiso de

España a los intereses de Marruecos, otros dos aspectos: que “el Mediterráneo y los

Países Árabes no han constituido uno de los elementos esenciales sobre los que se ha

edificado la nueva política exterior española” y la necesidad de que España estuviera en

el centro de las iniciativas mediterráneas. (España) “no puede estar ausente en cualquier



226

negociación que afecte al Mediterráneo”, por motivos históricos, económicos y

geopolíticos, y su análisis no sólo consideraba que España debía participar, sino incluso

promover las iniciativas de paz.

Las líneas básicas de la estrategia militar española en el Mediterráneo, que se

apoyan en las directrices políticas de fomento de la estabilidad, son la subordinación a

una estrategia general para la zona, la asunción de un papel de liderazgo en el

Mediterráneo Occidental y solidario en el Oriental y otras regiones mediterráneas, la

coherencia con las organizaciones de seguridad o defensa colectiva y la potenciación de

las actuaciones de base bilateral (Sieiro, Ministerio de Defensa, 2007).

Vemos cómo han proliferado los tópicos, expresiones y términos aplicables a la

situación estratégica de España. Otra denominación común ha sido la de “España como

pieza clave” en las relaciones con Marruecos, por los flujos de mercancías, de personas,

por las reclamaciones territoriales marroquíes, por las plazas africanas de Ceuta y

Melilla, por los islotes de Alhucemas, Chafarinas, Vélez de la Gomera, Perejil y por la

presencia de Gran Bretaña en Gibraltar desde el siglo XVIII.

El pensamiento español sobre seguridad ha establecido con frecuencia que

España es la “puerta de Europa” y que, por ello, adquiere un nuevo valor estratégico el

Estrecho de Gibraltar. La cuenca mediterránea, la Occidental como hemos visto, es un

área preferente para la acción exterior española, como frontera estratégica y vulnerable.

En este espacio fronterizo, destacan dos aspectos clave, la creciente inversión

empresarial en el Magreb (en industria, obras públicas, hostelería, comercio, gaseoducto

Trans-Med) y los conflictivos flujos migratorios, en gran parte ilegales, del norte de

África.

En la misma línea, Sieiro habla de actuaciones en el entorno bilateral, sobre todo

de diplomacia de defensa y prevención de conflictos y las de cooperación militar, que

son una posibilidad para el futuro a medio plazo, junto a actuaciones en el entorno

multilateral, dirigidas a adquirir un mayor protagonismo en los asuntos que afecten al

Mediterráneo (Proceso de Barcelona, PESD, Diálogo Mediterráneo, Iniciativa de



227

Cooperación de Estambul, Grupo 5+5), a favorecer la transparencia, la cooperación y la

confianza recíproca, y a contemplar la región como un todo, aunque su enfoque

prioritario sea el Mediterráneo Occidental y, dentro de éste, el diálogo y las relaciones

privilegiadas con el Magreb (Sieiro, Ministerio de Defensa, 2007).

Como se ha visto, el miedo al aislacionismo y el sentimiento de periferia

siempre han estado presentes en las relaciones exteriores españolas. En los años

noventa, motivó una redefinición del interés propio dentro del escenario europeo, que se

dirigió con énfasis al Mediterráneo, espacio en el que el aumento de la migración

magrebí hacia España y la inestabilidad política norteafricana eran percibidos como

riesgos para la seguridad nacional. Por ello, España, contraria a las políticas de

sustitución europeas que desviaban las ayudas hacia el Este, trabajó intensamente para

crear un marco de seguridad mediterránea, mediante una diplomacia privilegiada con

Marruecos y el lanzamiento del Ministro Ordóñez de la CSCM en la conferencia Open

Skies, febrero de 1990, un proyecto hispano-italiano, paralizado por la guerra del Golfo

de 1990-91. Según Barbé (1999), la postura española en la negociación y surgimiento

de la PESC se centró en asentar que la política exterior común es un pilar básico de la

Unión Política y que el fracaso de Europa en la crisis del Golfo se debía a la falta de

instrumentos adecuados para afrontar la situación.

La Guerra del Golfo hizo aflorar las tensiones acumuladas en el Magreb, a la vez

que aceleró el proceso negociador árabe-israelí, procesos ambos que apoyaban el

proyecto hispano-italiano de CSCM (Barbé, 1999). Para España, el Magreb se convertía

en un riesgo para la construcción europea y en una prioridad para la política española,

cuyo proyecto de CSCM estaba engarzado en dicha concepción: “…Europa no puede

acabar su construcción sin intentar antes solucionar los problemas explosivos que se

acumulan en el norte de África y que tienen que ver con la demografía, el desarrollo, la

religión, y el nivel de vida” (Felipe González, Le Monde). No fue sólo el proyecto de

CSCM lo que constituyó el bagaje de la joven política exterior democrática española.

Casi al mismo tiempo, se constituyó el Grupo 5+5, y en 1994, el Foro Mediterráneo en

Alejandría, que agrupó a diez países, los europeos del Grupo 5+5, además de



228

Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto y Turquía, en lo que fue un laboratorio de ideas de la

posterior Conferencia de Barcelona de 1995.

España ha mantenido una indefinición o ambigüedad en cuanto a su integración

en la estructura de seguridad occidental (Barbé, 1999). En la citada guerra provocó la

crítica de algunos socios comunitarios, mientras el Gobierno español justificaba su

actitud por no compartir la política de la OTAN de “gendarme mundial”, con su

actuación “fuera de área”, aunque mantenía buques en el Navocformed, pese a finalizar

el período de prácticas acordado (Barbé, 1999). España actuó en esa guerra como

promotora de los intereses magrebíes (Barbé, 1999), algo entendible teniendo en cuenta

la tensión en la región y los intereses españoles, la proximidad geográfica, los conflictos

latentes, la entrada masiva de marroquíes y los intereses comerciales, energéticos y

pesqueros. En el plano bilateral, impulsó una política de creación de redes de

interdependencia con el Magreb, como la firma de acuerdos bilaterales para abrir

nuevas líneas de crédito. En el comunitario, se presentó como “puente” entre la

Comunidad Europea y el Magreb, presionando para aumentar los recursos de la región y

para cambiar la relación Comunidad Europea-Magreb.

Todos los esfuerzos políticos y diplomáticos de los noventa, la idea de “puente”

y el envío de un mensaje fuerte (Barbé, 1999) de España a la Unión Europea en relación

con el Mediterráneo cristalizaron en la propuesta de la Conferencia euromediterránea de

Barcelona de 1995. En realidad, era una reformulación modesta del proyecto de CSCM

(Barbé, 1999), como expuso el entonces Ministro Solana: “nuestra presidencia de la UE

debería servir para sentar sobre bases nuevas la relación de Europa con los países del

Mediterráneo, dotando a esta relación de mayor flexibilidad y añadiéndole nuevos

contenidos políticos, financieros y de cooperación” (Solana, Diario de Sesiones).

La dimensión mediterránea de la política exterior española se trasladó a la

centralidad del Proceso de Barcelona desde los años noventa. Desde entonces,

Marruecos, Argelia y el Magreb centran la atención de las relaciones bilaterales

españolas del Mediterráneo. Los rasgos principales de esta política son, en la actualidad,

el apoyo y la promoción activa del multilateralismo, la gestión colectiva de los desafíos



229

comunes, la cooperación al desarrollo, la reducción de las diferencias socioeconómicas,

la creación de un marco de entendimiento colectivo regional y subregional (dando

prioridad al Mediterráneo Occidental) y la búsqueda de la paz y estabilidad en nuestra

frontera sur. España debe basarse en el trinomio libertad-estabilidad-seguridad como

pilares de nuestro acervo euromediterráneo (Prat y Coll, Fundación Seminario de


Los esfuerzos de la política exterior española en la región mediterránea se

traducen en programas de cooperación concretos que caracterizan la misma, a través de

diversos ámbitos, como el medioambiental (programa Azahar), el económico (programa

de promoción del empleo y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, Fondo de

Concesión de Microcréditos, Escuela Euroárabe de Negocios), la gobernanza

(Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional del Mediterráneo), la reforma de la

administración de justicia, la descentralización y el municipalismo (programa

Municipia), el de igualdad de género, la ayuda humanitaria, la rehabilitación de

patrimonio o la cooperación sociocultural (Casa Árabe).

No obstante la cooperación y los esfuerzos españoles, la política exterior y

mediterránea de España durante las dos primeras décadas de la reciente democracia

muestran unas condiciones a veces incoherentes. De acuerdo con Sahagún (Calduch,

1994), ha faltado una mayor correspondencia entre las palabras y las acciones, una

mayor compatibilidad entre los objetivos y los medios y una integración de la política

exterior e interior. Lo cierto es que los sucesivos gobiernos han calificado al

Mediterráneo como una zona prioritaria.

El gobierno de Adolfo Suárez habló de “tercermundismo” para abanderar las

relaciones con los Estados del norte de África, a partir del consabido y utilizado

concepto de España como puente entre el Norte y el Sur. Fernández Ordóñez, Ministro

en 1987, estableció la presencia y participación en la seguridad en el Mediterráneo

como una referencia estable de la política exterior española, en concreto “una acción

internacional española orientada a que el Mediterráneo deje de ser un centro de

conflictos” (Sahagún, en Calduch, 1994). La década de los ochenta fue la de la OTAN y



230

la CEE, quedando otros escenarios importantes, como el Magreb, relegados en pos del

objetivo mayor de adhesión a la modernidad económica y a las estructuras occidentales

de seguridad. Aún así, el Gobierno de González también estableció la prioridad

mediterránea de su política exterior, en las palabras, en sus “Diez mandamientos” de la

política exterior española, el 5 de julio de 1988, según Perpiñá-Robert (Secretario

General de Política Exterior entonces) o el decálogo sobre paz y seguridad presentado

por el mismo presidente González al Congreso el 23 de octubre de 1984, aunque la

única concreción es la de Gibraltar. En esos documentos lo que resalta es la necesidad

de regularizar las relaciones con el Magreb y de reforzar la cooperación con los países

mediterráneos para hacer una región más segura.

El conflicto del Sáhara Occidental.

Las fronteras coloniales heredadas en el Mediterráneo mantienen abiertos focos

de tensión. Uno de los más prolongados es el del Sáhara Occidental. A grandes trazos,

digamos que Francia dividió Argelia en tres departamentos y luego redondeó este

territorio a expensas de Túnez y Marruecos. Como resultado del arreglo entre

potencias, España se quedó con parte del norte de Marruecos, Rif, y del sur, Ifni, así

como el territorio del Sáhara Occidental. Marruecos reclama el territorio en disputa, hoy

con unos 250.000 habitantes, aduciendo derechos históricos, contemplando que le

hubiera correspondido tras su independencia de Francia, en 1956. El Frente Polisario se

opuso, apoyándose en el derecho de autodeterminación, respaldado por Argelia. En

1976, se proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), asentada en

Tinduf, Argelia, puesto que, desde 1975, las Fuerzas Armadas Reales marroquíes

ocupan el territorio.

Una cronología básica sobre la ex-colonia española puede ayudarnos a situar la

cuestión en sus justos términos. El Sáhara Occidental fue un territorio anexionado

oficialmente por España en diciembre de 1884, como colonia, fijando sus límites con

Francia a través de varios acuerdos. Dependiente desde 1901 del Ministerio de Estado, a

partir de 1912 se unió a los asuntos del Protectorado de Marruecos. En 1925, la Sección

de Marruecos de la Dirección General de Marruecos y Colonias, se encargó del



231

territorio, dependiendo de Presidencia del Gobierno. En 1934 tuvo lugar la ocupación y

proclamación de Ifni como colonia española unida al Protectorado marroquí. En 1946 se

decretó unir el Sáhara e Ifni, constituyendo el gobierno de África Occidental Española.

En 1957, un año después de la independencia de Marruecos, un denominado Ejército de

Liberación invadió el Sáhara Occidental, estallando una guerra que acabó en marzo de

1958 al dominar España el conflicto, año en que se decretó transformar ambos

territorios en provincias españolas y en el que tuvo lugar, en abril, la devolución a

Marruecos de Tarfaya o Protectorado Sur (al norte del Sáhara). En 1962 se decretó el

Estatuto jurídico de la Administración Local sahariana. En 1968 se dominó el

levantamiento dirigido por El Jatri contra España y, al inicio de 1969, se firmó el

Tratado de Fez y la devolución de Ifni a Marruecos. Como puede observase, se trata de

un claro supuesto de colonización.

España favoreció el movimiento tribal pro-autodeterminación saharaui. En 1967

comenzó a funcionar un régimen autónomo y una Asamblea General del Sáhara. El

Partido Unión Nacional Saharaui (PUNS) defendió el nexo con España. En 1973 surgió

el Frente Polisario, una fuerza nacionalista e independentista. Aunque inicialmente el

rey optó por la autodeterminación, reclamó la incorporación a su territorio. Para

contrarrestar, el gobierno presidido por Arias Navarro promovió un referéndum por la

autodeterminación (Huguet, 2003).

En 1974 se inició el camino a la crisis permanente del Sáhara Occidental y hacia

la pretendida autodeterminación. La crisis estalló por la reivindicación marroquí y el

planteamiento de la cuestión ante la Corte de justicia Internacional de La Haya (que

incluyó Ceuta y Melilla), por la actitud de España hacia su autonomía (promulgando en

1974 el proyecto de Estatuto del Territorio del Sáhara, anunciando la celebración de

referéndum), por la internacionalización de la cuestión, con Argelia y Mauritania y la

ONU, y por la consolidación y acción del nacionalismo saharaui del Frente Polisario

fundado en 1973 (Martínez Carreras, en Pereira, 2003).

En este breve repaso histórico, hay que mencionar el cambio en la actitud de

España, consistente en una brusca interrupción del proceso de autodeterminación,



232

negociando con Marruecos y llegando a los Acuerdos de Madrid en 1975, a los que se

incorporó Mauritania. España aprobó la Ley de Descolonización del Sáhara y entregó la

administración territorial a Marruecos y Mauritania.

A partir de aquí, las consecuencias son conocidas, España se retiró

definitivamente del Sáhara Occidental, se fueron imponiendo las administraciones

marroquí y mauritana, el Frente Polisario proclamó unilateralmente la RASD –con

apoyos internacionales, entre otros de Estados Unidos- y se inició el largo conflicto

entre la RASD, apoyado por Argelia y Marruecos (Mauritania abandonaría su

administración en 1979).

En estos momentos, la situación es difícil para España al no poder romper el

bloqueo a la solución del Sáhara, que pasa por una coordinación con el Gobierno

norteamericano, ya que una iniciativa española aislada e individualmente promovida no

conseguiría modificar la situación ni las posiciones de Estados Unidos, Francia o, no

digamos, de Argelia o Marruecos. Así, las cosas no cambian desde hace algunos años,

pese a los intentos de diálogo y esfuerzos diplomáticos e internacionales, como los

últimos puestos en marcha hace unos meses, desde la segunda mitad de 2008. El

conflicto del Sáhara está más próximo al bloqueo que a su solución. Pero en los 16 años

de guerra (1975-1991) y en los 18 de gestión por el Consejo de Seguridad de Naciones

Unidas las cosas no son igual, han cambiado, y cada vez parece más evidente que se

impondrá un escenario distinto y con cambios al previsto y preconizado en 1975, cuya

viabilidad casi nadie garantiza en la actualidad (Ruiz, 2005).

La responsabilidad de las potencias colonizadoras en el Sáhara va más allá del

abandono repentino de España de su soberanía, de los Acuerdos de Madrid o de las

caprichosas fronteras establecidas por Francia y España en 1904, dividiendo un

conjunto cultural más o menos compacto en 5 entidades políticas: Sáhara Occidental,

Marruecos, Mauritania, Argelia y Mali. Existe una responsabilidad europea al aceptar

esa división y al aplicar la lógica del Estado a un territorio al que le era ajena (López

Bragados, 2000).



233

Hay quien piensa que no hubo nunca un Sáhara independiente y la solución sólo

vendrá por aceptación de un consenso por todas las partes (Manuel Marín, antiguo

Vicepresidente de la Comisión Europea y Presidente del Congreso de los Diputados

entre 2004 y 2008).

Las reivindicaciones marroquíes y saharauis nos remiten a su vez al antagonismo

entre formaciones estatales y formaciones tribales, que subyacen a las demandas de

ambas partes. En primer lugar, en cuanto a la cuestión del Estado y la identidad

nacional, Marruecos aduce su presencia y estabilidad desde el siglo VIII en lo que eran

terra nullis, mientras la posición saharaui aduce su elevada conciencia común de estado

diferido, de sociedades y culturas (el nomadismo, la lengua hassaniya). No podemos

olvidar, como dice López (2000), el contexto remoto en el que entender las

argumentaciones en una sociedad pre-colonial, con unas 600 tribus sobre el territorio

marroquí, definida por el solapamiento institucional, donde las formaciones tribales y la

estructura estatal competían por la organización política de los grupos. La situación del

Marruecos pre-colonial se caracterizaba por una negociación continua de su influencia

sobre las regiones con autoridades tribales, por unas fronteras fluctuantes, una reducida

capacidad coercitiva y la dificultad de control sobre los grupos y regiones bajo su

dominio. Esta ambigüedad sobre el control político se daba también por del liderazgo

religioso, que asumía el sultán sobre poblaciones del extremo magrebí, más allá de los

límites políticos.

La tesis de Marruecos es que había ausencia de gobierno, que existían

precedentes históricos sobre las experiencias de los sultanes de control parcial o total de

los territorios y que existía una diferencia entre autoridad y soberanía.

Por su parte, las tesis saharauis establecen que la soberanía o autoridad del sultán

no era ni siquiera nominal desde 1975, que se puede recurrir también a los precedentes y

los datos históricos para justificar el anhelo independentista y que existe un carácter

nacional (cultural) en las reivindicaciones saharauis.



234

El Dictamen de la ONU reconoció un vínculo jurídico de sumisión entre el

sultán y las poblaciones nómadas, así como lazos de sumisión personal, pero no un lazo

de soberanía (Ruiz, 2005). Desde 1975, la cuestión está enquistada, el gasto militar

mermó la economía marroquí hasta los años 80, también debido al coste del sistema de

muros defensivos antiguerrilla y por la práctica de una política de hechos consumados.

La parálisis conviene a Marruecos, para buscar una solución cercana a sus intereses,

mientras el proceso de paz sigue amenazado con las prórrogas indefinidas que juegan

contra las reivindicaciones de la RASD.

Las simpatías con las tesis independentistas saharauis que han despertado y

despiertan en España proceden de sectores muy amplios y diversos, desde la sociedad,

la política o la economía hasta la cultura y el mundo académico. Entre las razones

esgrimidas a favor de la causa saharaui está la de la seguridad regional. Así, se

considera que un Sáhara Occidental independiente es “la única solución para conseguir

la estabilidad del norte de África” (Ruiz, 2006), mientras que cualquier alteración

fronteriza será motivo de inestabilidad política en la región. Ruiz argumenta, además,

que España debe defender un Sáhara Occidental independiente para satisfacer otros

objetivos e intereses estratégicos nacionales, como convertir al nuevo Estado en un

aliado de confianza en el norte de África; evitar revueltas y protestas violentas en el

interior del Sáhara; anular la reivindicación marroquí sobre el territorio español en

Canarias; cortar la amenaza de la inmigración ilegal por vía marítima; y frenar la

amenaza de expansión del islamismo marroquí, impidiendo su extensión a una zona

estratégica.

En realidad, suponer que un Sáhara independiente funcionaría bajo estas

premisas es suponer que España fuera el mayor defensor de la independencia del Sáhara

y, hoy, no es el papel que está desempeñando España en los foros internacionales, en las

negociaciones o en Naciones Unidas. No por eso hay que considerar las tesis de Ruiz

desdeñables, ya que apuntan al establecimiento de una alianza clara e inequívoca entre

el pueblo saharaui y el Estado español, que pueda, posteriormente, bajo el supuesto

expuesto, trasladarse a una alianza entre Estados soberanos independientes.



235

La sociedad civil, los agentes sociales y los sindicatos españoles también

mantienen una preocupación por este estancamiento, así como una posición nítida sobre

el problema del Sáhara Occidental, a favor de la tesis de la autodeterminación,

coincidente con la tradicionalmente establecida por el movimiento pro-saharaui social y

político (asociaciones de amistad, partidos políticos del espectro de la izquierda y

también, desde hace menos tiempo, los gobiernos del Partido Popular y el propio

Partido Popular). Así, el sindicato español Comisiones Obreras, en el informe redactado

después de la visita de una delegación sindical internacional a los territorios ocupados

del Sáhara Occidental en febrero de 2008, constató que la del Sáhara es una cuestión de

descolonización, tal como reiteradamente han proclamado la Asamblea General, el

Consejo de Seguridad, el Tribunal Internacional de Justicia y el Departamento Jurídico

de la ONU. Por ello, este sindicato español, entiende que la solución exige la expresión

libre y soberana del pueblo de ese territorio.

El informe constata asimismo que tras 16 años de guerra y otros 16 años de

fracasadas negociaciones y espera del referéndum, Marruecos ha rechazado

sistemáticamente los planes de paz y propuestas internacionales, aún con los “arreglos”

del enviado especial del Secretario General de la ONU, Baker, en un intento por salvar

el Plan. Un Plan, Baker II, que preveía una autonomía de cinco años, tras unas

elecciones, en base al censo originario saharaui, para constituir un gobierno autónomo

bajo soberanía marroquí, y un posterior referéndum de autodeterminación con un censo

ampliado a los residentes (también los marroquíes) a 31 de diciembre de 1999. El Frente

Polisario aceptó el Plan, pero Marruecos lo rechazó en 2004. Dos años después, en

marzo de 2006, tras la “Intifada saharaui” de 2005, Mohamed VI creó el Consejo Real

Consultivo de los Asuntos del Sáhara, al frente del cual colocó a un antiguo colaborador

colonialista, que fracasó al frente del partido oficialista unificador saharaui en su intento

por frenar las expectativas independentistas del Frente Polisario. El proyecto real de

autonomía fue presentado posteriormente, como luego se indica.

Marruecos no acepta una solución que no sea “en el marco de la soberanía y la

integridad territorial de Marruecos”, en el que ha presentado su “Plan de autonomía”.

Este proyecto unilateral no corresponde a las resoluciones de Naciones Unidas y no



236

puede ser “la solución política mutuamente aceptable que garantice la libre

determinación del pueblo del Sáhara Occidental”, más bien es una apuesta para

perpetuar el estancamiento del conflicto. Pero la apuesta autonómica o de

regionalización avanzada de Mohamed VI sigue adelante, al menos formalmente, ya

que a finales de julio de 2009, el rey presentó su propuesta de autonomía para el Sáhara

Occidental como la “bandera” de un modelo de descentralización para Marruecos

(anunciada en la Fiesta del Trono, con motivo del décimo aniversario de su coronación

como rey). La autonomía irá precedida de una Comisión Consultiva para la

Regionalización que elaborará las bases del proyecto. Tanto el Frente Polisario como

Argelia insisten en rechazar la regionalización y en realizar el referéndum que decida

entre independencia, integración o autonomía. Este es un tema clave en las relaciones

argelino-marroquíes, lo que motivó que, en el mismo discurso, Mohamed VI volviera a

reafirmar su voluntad de normalizar las relaciones con Argelia, aunque acusando al país

vecino de ser el responsable de mantener las fronteras cerradas desde 1994.

Un balance de las relaciones entre España y Marruecos.

Una vez más en la historia de España, la política exterior hacia el Magreb, y en

buena medida hacia el Mediterráneo, se va a definir con Marruecos como referencia

dominante. El nuevo Gobierno se dispone a corregir el giro que otro Gobierno a su vez

dio a las tradicionales relaciones hispano-marroquíes y al consenso que sobre ellas

existía desde la transición. Marruecos sigue siendo el eje de la política magrebí y

mediterránea, según Domingo del Pino (1994), un hecho que muchos asumen y otros

muchos dan por indiscutible.

Algunos datos de Marruecos nos ayudarán a contextualizar las relaciones con el

país vecino, que ha ocupado y ocupa una parte importante de la política exterior de

España. Ocupaba en 2007 el puesto número 126 del Índice de Desarrollo Humano de

Naciones Unidas. El 19 % de la población marroquí se sitúa por debajo del umbral de la

pobreza en el período 1987-2000. La tasa de analfabetismo adulto es superior al 50 %.

El crecimiento per cápita está estancado (0,75 % medio anual en la década 1990-2001.

Prevalecen grandes desigualdades sociales (el 39,5 del coeficiente Gini), casi el 50 %



237

del peso económico del país lo aporta el mundo rural y el índice de desempleo es

elevado (casi el 13 % oficial en 2001).

Las relaciones entre España y Marruecos han sido conflictivas y complejas,

específicamente desde la independencia marroquí en 1956, aunque se remontan a siglos

atrás, desde la presencia española en el norte de África, y particularmente en el convulso

periodo del protectorado español iniciado en 1912. Ciñéndonos a las décadas siguientes

a la existencia de Marruecos como Estado, Del Valle (2008) habla de “ciclos de mayor

o menor cooperación y conflicto”. En esta ciclotímica relación destacan algunos

acontecimientos que ya forman parte de la historia bilateral: la entrega de Tarfaya

(1958), el conflicto y entrega de Ifni (1969), la Marcha Verde (1975), los Acuerdos de

Madrid y retirada del Sáhara (1975-1976), los continuos conflictos de pesca, el Acuerdo

de Amistad y Cooperación de 1991, la crisis del islote de Perejil de 2002 y la

normalización iniciada en 2004.

España empezó la demonización de Marruecos cuando éste se convirtió en

provincia española. Entonces, la articulación de las protestas independentistas del

Sáhara movilizó a jóvenes y estudiantes en Madrid y Canarias, ligados a la extrema

izquierda marroquí, que concibieron una política panarábica y de revolución mundial,

perseguidos por Marruecos y acogidos por Argelia. La destribalización del Sáhara

comenzó por la ideología pero continúa: el sentimiento de Marruecos re-emerge, el

movimiento beréber no ha desaparecido y Marruecos lo utiliza políticamente, y

funciona en Tinduf y en el Sáhara Occidental. Son grupos de presión, utilizados para

separar y dividir a la población.

No decimos nada nuevo afirmando que en la relación con Marruecos se

concentran muchos de los problemas que se extienden con más intensidad y

complejidad al Mediterráneo, y, por ello, es un buen “laboratorio” en relación con las

políticas de cooperación y de seguridad desplegables. De acuerdo con del Valle (2008),

y centrándonos en los aspectos más conflictivos de las relaciones hispano-marroquíes,

encontramos cinco temas principales: el primero, la cuestión de los territorios de España

en África, objeto de permanente reivindicación marroquí. Se trata de las ciudades de



238

Ceuta y de Melilla, del Peñón de Vélez de la Gomera, del Peñón de Alhucemas y de las

Islas Chafarinas. A estas plazas, islas y peñones hay que unir el islote de Perejil/Taura o

Leila, cercano a Ceuta, de dudoso título español. El segundo, la ausencia de

delimitación de los espacios marítimos, en particular en la costa atlántica, de los

espacios frente a las Islas Canarias, pero también en el Estrecho de Gibraltar. Tercero, la

cuestión del Sáhara occidental. Cuarto, una serie de tradicionales aspectos

problemáticos en temas de cooperación económica y explotación de recursos, como son

los temas de Pesca y de Comercio de productos agrícolas. Quinto y último, la

inmigración, particularmente el control por Marruecos de la inmigración irregular o

clandestina en el área del estrecho y en la zona de Canarias.

Aparte de estos temas, otro que suscita nuestro interés, a partir de la Asociación

Euromediterránea y la Política de Vecindad Europea, es la conformación de una visión

común de la seguridad, en la que la Unión Europea puede ejercer el papel de

“facilitadora de la seguridad”, en expresión de Pérez-Prat (del Valle, 2008). Es más,

Marruecos se ha incorporado a determinados aspectos y operaciones de la Política

Exterior de Seguridad y Defensa Común (por ejemplo, ha participado conjuntamente

con España en la misión de las Fuerzas Armadas en Haití, al amparo de la ONU).

Uno de los consensos establecidos sobre las relaciones hispano-marroquíes es la

previa solución del conflicto del Sáhara para poder hablar de relaciones bilaterales

normalizadas. Aunque el tema está internacionalizado, la posición española en la ONU,

dentro de su escaso margen de maniobra, puede ser percibida por Marruecos como de

injerencia, afectar la relación de España con Argelia y contaminar fácilmente los temas

territoriales (Perejil). Además, como hemos dicho, el problema de los recursos en los

espacios marítimos del Sáhara (pesca y yacimientos de petróleo y gas), pueden ser un

ejemplo de peligrosa concatenación contaminadora de los contenciosos territoriales.

Marruecos ha perdido mucho tiempo en polémicas estériles sobre agravios,

reales o imaginarios, con los conflictos territoriales con sus vecinos que le han impedido

un desarrollo económico mayor, y el Magreb ha perdido un tiempo y oportunidad con la

solución del Sáhara que no tiene solución sin renuncias dolorosas por ambas partes.



239

Darle un giro radical a litigios tan antiguos como el del Sáhara Occidental y el

de Ceuta y Melilla y convertirlos en factores de cooperación hispano-marroquí, e

intermagrebí, sería sin duda beneficioso para toda la región. Poner en práctica todo lo

que las partes en conflicto ya aceptan en relación con el contencioso del Sáhara

Occidental, permitiría solucionar el problema humano de los refugiados saharauis,

poner en marcha la paralizada Unión del Magreb Árabe y desarrollar sectores del

territorio como el turismo, la pesca, la formación profesional, la construcción, la

creación de infraestructuras viales y de comunicación, todos ellos interesantes para

España.

Actualmente, España entiende que la nueva fase de negociaciones recuperadas

en la que ha entrado el conflicto abre un nuevo horizonte político en el marco de la

ONU, coincidente con las tesis españolas de una “solución política justa, duradera y

mutuamente aceptable que incluya la autodeterminación al pueblo del Sáhara

Occidental”, por lo que “España considera muy satisfactorio ver que el Consejo de

Seguridad coincide con el enfoque apoyado por España durante los últimos meses, al

abrir la vía de la negociación y, sin abandonar el acervo de su doctrina, apreciar el

esfuerzo realizado por las Partes para asumir su responsabilidad política” (nota de

Prensa del MAEC nº 122 de 30.04.2007).

Las líneas directrices de la reciente política exterior mediterránea.

La Defensa Nacional en pensamiento político-estratégico de seguridad en el

Mediterráneo.

Las Directivas de Defensa Nacional, la Revisión Estratégica de la Defensa y el

Libro Blanco de la Defensa son los documentos de orientación y directrices más

relevantes de la Defensa Nacional. En ellos se contienen algunos de los rasgos a los que

España concede mayor prioridad para su seguridad y defensa en diferentes áreas.

Aunque no se trata de documentos donde se configure la posición española sobre las

diferentes áreas del mundo ni donde figuren grandes giros estratégicos o de



240

posicionamiento en materia de seguridad y defensa, sí aparecen algunas referencias al

Mediterráneo que reflejan la orientación o tendencia de la política exterior española.

La Junta de Jefes del Estado Mayor definió en 1980 el Estrecho y el eje

Baleares-Estrecho-Canarias como un área clave de la estrategia militar española, cuya

relevancia se acentúa en la actualidad, porque es la vía marítima mundial principal (en

número de buques, tonelaje y navíos con armamento nuclear) y porque es la llave del

Mediterráneo. España, una vez más se repite el tópico, actúa como puente de conexión y

puerta de acceso entre Europa y África, en un espacio sometido a las tensiones

Norte/Sur y euromediterráneas, como el tráfico clandestino de inmigrantes, las drogas,

el contrabando, etc. (Marcu y Méndez, en Pereira, 2003).

Lo que a partir de los años noventa comenzó a denominarse nueva agenda

política de seguridad y defensa, en España se enmarcó en una opción cualitativa de

seguridad compartida que daba prioridad a las unidades más ofensivas proyectándose

hacia el sur. La Directiva de Defensa Nacional, de 1992, concedió gran importancia al

discurso de la seguridad colectiva desde una doble perspectiva: por un lado, la prioridad

a la prevención y el control de conflictos, con iniciativas multilaterales de seguridad (la

non nata CSCM) y el apoyo a las fuerzas de paz de Naciones unidas. Por el otro, la

concepción por primera vez de la participación y extensión de la defensa a cualquier

lugar, aunque en la mayoría de documentos estratégicos españoles, gran parte de las

inversiones y programas tienen una proyección clara hacia el sur (Fisas, 1993).

El Libro Blanco de la Defensa, de 2000, identificó como interés estratégico de

España aquellos que “aportan seguridad a nuestro entorno y cuya protección contribuye

decisivamente a la defensa de los intereses vitales”, entre los que concreta el de

“Mantenimiento de la paz y seguridad en el Mediterráneo, con participación activa en

las políticas de cooperación”; el de “Especial interés en el Norte de África y su

estabilidad política” y “Atención a la libertad de intercambios y comunicación entre los

diferentes territorios españoles: península, archipiélagos, Ceuta y Melilla” (Marcu y

Méndez, en Pereira, 2003).



241

La Directiva de 2000 destacó la necesidad de que España cumpla con sus

compromisos internacionales, específicamente, en el Mediterráneo y en el Atlántico,

incluyendo entre los mismos el despliegue de efectivos militares en misiones en el

exterior, que desde 1989 son entendidas como una parte sustancial de los intereses de

seguridad y defensa españolas.

La Revisión Estratégica de la Defensa, de 2003, “marcó un antes y un después

en la concepción de las Fuerzas Armadas” (Algora, 2009), fijando el marco de los

intereses nacionales de España como Estado y consolidando la visión española de las

amenazas y problemas comunes en el Mediterráneo que afectan a la seguridad de

España, a saber, la inmigración ilegal, el narcotráfico, el integrismo islámico y el

terrorismo internacional, los problemas ambientales y los conflictos no resueltos de la

región (árabe-israelí y Sáhara Occidental).

La Directiva Nacional 1/2004 y la Revisión Estratégica de la Defensa reconocen

el “especial interés” que tiene el Mediterráneo para España, sin que esta expresión

suponga un cambio o giro cualitativo alguno. En ella se enfatiza nuevamente la

cooperación bilateral y la necesidad de agilizar el diálogo, además de suscribir el apoyo

al multilateralismo orientado hacia el Mediterráneo, a reforzar la dimensión

mediterránea de la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea, en el

marco del Proceso de Barcelona y del Diálogo Mediterráneo de la OTAN. En el fondo

de lo manifestado por la Directiva 2004 subsiste la idea de que España no sólo tiene

vocación mediterránea sino que es un actor importante que quiere y puede participar

activamente en la seguridad de la región.

La última Directiva, la de 2008, vincula la seguridad de España a la seguridad

del área mediterránea, si bien se trata de una afirmación poco contundente, clarificadora

y excesivamente vaga. Además, reafirma la voluntad de la seguridad y defensa

españolas de hacer del Mediterráneo un área de paz, estabilidad y prosperidad

compartida (nuevamente deseo vago expresado en múltiples declaraciones anteriores).

Respecto de las medidas concretas, que no suelen citarse en las directivas, en el

apartado “u” se reitera en lo expuesto en otras anteriores: “Apoyar en materia de



242

defensa las iniciativas de seguridad en el Mediterráneo, como la iniciativa sub-regional

5+5 y el Diálogo del Mediterráneo de la OTAN, así como las que se puedan desarrollar

en el ámbito de la PESD”.

En la Directiva de Defensa Nacional de 1992 se destacaba la estabilidad y las

relaciones bilaterales como actividades fundamentales de la acción exterior de España.

Pero nos interesa resaltar la expresión “vocación y condiciones específicas para

participar en iniciativas de paz y estabilidad en el Mediterráneo con los demás países

ribereños”, recogida en el preámbulo, tanto por ser una declaración de mediterraneísmo

como por considerar el Mediterráneo una empresa conjunta de los Estados de la región.

España ha firmado convenios de cooperación militar y desarrolla comisiones mixtas con

los Estados del Magreb. Las actividades y ejercicios, bilaterales y multilaterales,

muestran unas relaciones basadas en el entendimiento y en la colaboración: visitas al

más alto nivel, formación, adiestramiento de perros guía y persecución de drogas,

operaciones y ejercicios anfibios, búsqueda y salvamento, conservación del patrimonio

militar, intercambio de instructores y cooperantes, adiestramiento en liberación de

rehenes, supervivencia en el desierto; actividades celebradas la mayoría con Marruecos,

Argelia y Túnez, puesto que con Mauritania son muy escasas y con Libia casi no se

celebran (Algora, 2009).

La relación entre seguridad, desarrollo y derechos humanos en la política

mediterránea de España.

En los últimos años, la relación entre seguridad y desarrollo, así como entre

seguridad y derechos humanos está adquiriendo un creciente protagonismo en el

discurso global español de la seguridad en el Mediterráneo, algo que reflejan los

discursos de seguridad y los estudios y análisis españoles. Aunque España posee un

discurso, instrumentos y se orienta en la senda de la promoción de los derechos

humanos fuera de nuestras fronteras, no parece que se haya planificado y desarrollado

una política y política consolidadas de forma global en la acción exterior.



243

La reducción y eliminación del abismo socioeconómico es una de las bases

conceptuales de la seguridad española y de la estabilidad entre las dos orillas

mediterráneas. Ante el evidente “gran giro” en política exterior del segundo gobierno

del Partido Popular, viene al caso reivindicar el consenso necesario en política exterior y

preguntarse si en nuestro país es posible una política exterior española, además de una

propuesta política exterior de los partidos (del Pino, 2004).

Que se hayan producido cambios en las políticas mediterráneas durante la

democracia es algo relativizado, cuando no puesto en cuestión, por algunos expertos

políticos españoles. Según Manuel Marín, ex–Presidente del Congreso de los Diputados

y ex-vicepresidente de la Comisión Europea, desde 2004, los problemas y las relaciones

entre España y el Magreb se mantienen casi igual que al comienzo de la transición. Las

prioridades siguen siendo el Mediterráneo, el Magreb y Oriente Próximo y para España,

el interés estratégico mayor es el Magreb, por lo que España necesita una política

exterior que conciba al Magreb como una “unidad” (en opinión del diplomático y

político español Gustavo Arístegui). Es casi imposible que el Proceso de Barcelona

vaya a funcionar sin que se resuelva el problema de la paz en Oriente Próximo, por lo

que habría que sopesar la separación de relaciones entre la Unión Europea y el Magreb

por un lado y el Mashrek por otro. Esto podría hacer avanzar la situación en el Magreb,

cuyos problemas entre los Estados que lo forman no va a poder solucionar la Unión

Europea (Marín). Esos problemas son de tipo estructural (económico) y de tipo

geopolítico (considerar el Mediterráneo como un espacio mayor de lo que era). Por ello,

el apoyo oficial de España al Grupo 5+5, para aislar el Magreb de la “contaminación”

del proceso de paz árabe-israelí.

Desde mediados de los años noventa, aproximadamente, España ha apostado por

convertir la cooperación al desarrollo en un potente instrumento de política exterior,

vinculado, como hemos señalado, a los principios de la seguridad regional y mundial, la

paz y el desarrollo. Sin embargo, la coherencia en las políticas que guardan relación con

la acción exterior es una tarea pendiente de España, como ponen de manifiesto diversos

informes y estudios. En el Documento número 13 de Democracia “En contexto”, de la

Fundación FRIDE, por ejemplo, se constata que la promoción de la democracia es parte



244

del acervo político español y una meta prioritaria común de los gobiernos en la política

exterior española.

En 2003, la Estrategia para la Promoción de la Democracia y el Estado de

Derecho del Ministerio de Asuntos Exteriores concedió prioridad presupuestaria al

apoyo a los órganos parlamentarios, partidos políticos, sistemas judiciales,

administración pública y sociedad civil, aunque no definió la promoción de la

democracia directamente como una prioridad temática.

La nueva estrategia para la política para el desarrollo en el período 2005-2008,

incluyó como prioridad transversal una línea presupuestaria destinada a la

“gobernabilidad” y consideró la protección de los derechos humanos y las libertades

fundamentales, el fortalecimiento de las instituciones democráticas condiciones

indispensables para el desarrollo, por tanto, también para la seguridad.

En realidad debe hablarse más de un cambio de orientación que de un cambio de

estrategia. En primer lugar, se ha producido una respuesta más integral en la exterior del

Gobierno español desde 2004 a partir de varios ejes ya conocidos en la investigación,

como la defensa del multilateralismo para la solución de los problemas internacionales,

el énfasis en la política continental europea, con el consiguiente distanciamiento de

EEUU y el énfasis y una mirada más abierta a América Latina y al Mediterráneo como

ejes políticos españoles y europeos. A estos ejes le ha acompañado un incremento

relevante, económico y de efectivos desplegados, de la participación de las fuerzas de

seguridad del Estado en misiones en el exterior apoyadas por organismos

internacionales (Afganistán y Líbano, por templo).

En segundo lugar, los cambios se han reflejado en la disposición de más recursos

para la cooperación y el diálogo con el área del Mediterráneo. En 2006, con respecto a

2003, casi se triplicó la ayuda a la región del Mediterráneo y Norte de África, pasando

de 7,3 millones de euros a casi 21 millones. Además, el lanzamiento de la Alianza de

Civilizaciones por el Gobierno español supuso la creación de casas culturales



245

destinadas a promover el diálogo y el intercambio cultural, de lo que son muestra la

Casa Árabe y Casa Israel-Sefarad, la Casa África o la Casa Asia.

Según Domingo del Pino (2004), España debe ocuparse de la seguridad en el

Mediterráneo como su principal interés estratégico y debe actuar en el mundo en

alianza, con Estados Unidos y/o Europa, pero no tener que elegir o competir entre

ambos bloques, lo que perjudicaría los intereses de la seguridad española, como es el

escenario posterior a la Guerra de Irak de 2003.

En una apuesta más por orientar la seguridad desde los ámbitos de la

cooperación económica, este analista mediterráneo aboga por el establecimiento de

Ceuta, Melilla y Canarias como plataformas estratégicas o “polos de desarrollo” para

zanjar los problemas de reivindicación territoriales de Marruecos sobre los mismos (en

una terminología que no es la más apropiada para el año 2004 y siendo un concepto

superado por la experiencia económica por “desarrollista”).

Entiende del Pino que, durante prácticamente toda la etapa democrática,

específicamente con los gobiernos que sustentó el PSOE, se ha consolidado la visión de

que los problemas de seguridad en el Mediterráneo son de índole política y no militar y

requieren un tratamiento más político que militar.

Para Hernando de Larramendi (1995), la cooperación española en el Magreb es

nueva en términos histórico-políticos y ha pasado de ser una cuestión inicialmente

bilateral hispano-marroquí, vinculada a asuntos polémicos como la pesca, a convertirse

en un potente instrumento de política exterior. Un instrumento con capacidad de

prevenir o reducir el impacto de potenciales crisis y una herramienta de construcción de

la paz y estabilidad, en una región directamente vital para la seguridad de España.

Pese a esta juventud de la cooperación hispano-magrebí, se ha situado a niveles

próximos a los de Iberoamérica y por encima de la Europa del Este, sobre todo por su

contenido estratégico, ya que España adquiere el 20 % del petróleo y el 70 % del gas en

el Magreb. Los créditos para financiar la cooperación de los años ochenta y noventa



246

procedían básicamente del Fondo de Ayuda al Desarrollo (cooperación reembolsable) y

del Instituto de Cooperación con e Mundo Árabe (no reembolsable).

Larramendi rescata el concepto de “colchón de intereses recíprocos” como

elemento fundamental de la seguridad, entendida en términos post-estratégicos

recientes, en el que la influencia comercial y financiera es un componente prioritario de

las relaciones hispano-mediterráneas.

Los discursos oficiales y los documentos de los ministerios implicados en la

acción exterior incluyen entre sus objetivos la promoción de los derechos humanos

como un elemento estratégico en la política exterior, sobre todo desde el último período

conservador y en mayor medida desde el nuevo socialdemócrata liderado por el

Presidente Zapatero. Así lo expuso la vicepresidenta primera del Gobierno ante el

Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas: “Mi país quiere permanecer a la

vanguardia de los estados que promueven los derechos humanos y su garantía efectiva.

España tiene como uno de sus objetivos prioritarios e irrenunciables la promoción y

defensa de los derechos humanos”.

Es verdad que este discurso aparece vinculado a otro más global relativo a los

desafíos actuales de la sociedad mundial y de la gobernabilidad internacional en el

escenario global: la lucha contra la pobreza, la paz, el terrorismo, las migraciones o el

cambio climático. Este discurso de promoción de los derechos humanos aparece como

una herramienta necesaria para logar la paz. Y se concreta el mismo aludiendo más al

mundo africano o asiático que al mediterráneo o árabe, en el que dominan las

referencias y proyectos en un marco de cooperación (en la línea de la Unión para el

Mediterráneo).

Según Feliu (2009), la política de promoción de los derechos humanos española

tiene un bajo nivel de formalización, que tiene que ver, primero, con la organización del

servicio exterior. En segundo lugar, con la falta de instrumentos de control democráticos

de la política exterior, que son a posteriori, lo que podría cambiarse con una ley sobre el

control de la política exterior. Pero además, también con las limitaciones de la Oficina



247

de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores creada en 1983, dedicada

sobre todo a la gestión de los grandes foros multilaterales.

La política exterior del Gobierno del PP estuvo marcada por un elevado

economicismo, que intensificó el desequilibrio entre intereses de carácter material y los

intereses vinculados con el fomento de los derechos humanos. Asimismo, el creciente

atlantismo de la política popular y el énfasis puesto en la lucha antiterrorista facilitaron

el estrechamiento de alianzas con países de la región de carácter autoritario.

La política exterior posterior de los gobiernos del PSOE está marcada por

discursos más comprometidos con la causa de los derechos humanos, con una mayor

institucionalización y burocratización de dicha promoción, por elevarlos al ámbito del

multilateralismo y por un cambio en el discurso antiterrorista que integra con más

fuerza la esfera de los derechos humanos. Sin embargo, en la realidad, la retórica supera

con mucho a las actuaciones concretas, porque incluso en una propuesta como la

Alianza de Civilizaciones, los derechos humanos no constituyen el eje central.

Pese a estos avances y aunque existen vínculos importantes entre las orillas

hispano-mediterráneas, hay que decir que son bastante más débiles que los mantenidos

con otras regiones del mundo y que el desinterés o la desmotivación ciudadana hacia el

Mediterráneo es una nota característica de las relaciones citadas, si exceptuamos las tres

excepciones posteriores

En el Magreb, el aumento de ONG de cooperación en la región ha reforzado las

relaciones, pero también se ha producido una despolitización relativa. El activismo

cooperativo no está marcando la agenda de la política exterior española en aspectos

como una mayor democratización y derechos civiles y políticos en la zona.

En los últimos años, la relación entre seguridad y desarrollo ha dado lugar a un

incremento notable en los fondos destinados a la cooperación internacional por parte de

España. El objetivo de los últimos gobiernos españoles y el compromiso asumido por el

actual Presidente de incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta el 0,7 % del PIB



248

se ha reflejado en la mayor dotación de fondos a las organizaciones de cooperación y

humanitarias que trabajan en el Magreb.

El volumen de los fondos públicos destinados a los países del Magreb en

concepto de de cooperación gestionados por las Organizaciones No Gubernamentales

del ámbito de la Cooperación al Desarrollo (ONGD) se ha incrementado

sustancialmente. Entre 1998 y 2006 (Thieux y Jordá, 2009), han sido más de 143

millones de euros los fondos canalizados por estas organizaciones a Maruecos, Argelia,

Túnez y Mauritania, siendo Marruecos el principal receptor de esta ayuda (casi 100

millones de euros). A partir de 2005, se observan incrementos muy sustanciales en las

consignaciones de los fondos que gestionan las ONGD. Es importante destacar el

elevado montante de ayuda que gestionan las ONGD en los Campamentos de Tinduf

(Argelia), donde permanecen los refugiados saharauis desde 1976, que dependen

totalmente de dicha ayuda. En el mismo período estudiado por Thieux y Jordá (2009),

las ONGD gestionaron unos 36 millones de euros, más de un tercio de la total

gestionada con Marruecos, cifra muy importante, sobre todo, en términos comparativos

con la ayuda destinada a los otros países magrebíes. Las Comunidades Autónomas

españolas han realizado también fuertes desembolsados con destino a la población

saharaui que, sólo en 2006, supusieron más de 10 millones de euros, de los que casi el

20 % corresponden a Andalucía, Cataluña y Euskadi.

Este es uno de los conflictos que, indudablemente, ha logrado mantener la

atención y el esfuerzo de la sociedad y gobiernos españoles es el del Sahara Occidental.

Existen unas 300 asociaciones de amistad con el pueblo saharaui en los ámbitos

autonómico y local, la mayoría integradas en la Coordinadora Estatal de Asociaciones

de Solidaridad con el Sáhara (CEAS-Sáhara). Este movimiento se inició en la década de

los setenta. Agrupaba a una militancia pro-saharaui movilizada en torno a

manifestaciones y reivindicaciones hacia los representantes exteriores españoles en el

sentido de poner fin a la ocupación militar del Sáhara, reconocer al Frente Polisario y a

la RASD y asumir la responsabilidad española en el conflicto.



249

Una segunda fase del movimiento pro-saharaui se centra en la

internacionalización y participación en redes transnacionales. A finales de los ochenta,

en consonancia con la explosión de ONG españolas orientadas a la cooperación al

desarrollo, se produce un giro hacia el “humanitarismo” y la solidaridad (se organizan

las primeras caravanas solidarias y los programas de vacaciones en paz).

En la actualidad, el movimiento reacciona coyunturalmente cuando la posición

española parece alejarse de la vía del plan de arreglo de Naciones Unidas (los primeros

pasos del presidente Zapatero lo hicieron), ante la venta de armas a Marruecos, la

violación de derechos humanos fundamentales o ante cuestiones relativas a la pesca en

aguas saharauis. En todo este tiempo, no ha podido presionar de forma relevante la

acción exterior o política de los gobiernos, aunque sí de atraer la atención o una

“mirada” puntual.

Otro conflicto que también centra la atención y dedicación social y política en

España es el palestino-israelí. Con el movimiento a favor de la causa palestina ha

sucedido algo parecido al movimiento pro-saharaui. Organizado en los años setenta y

parte de los ochenta en comités y asociaciones de solidaridad con Palestina, ha pasado

de una actividad política militante, sobre todo de izquierdas, a una orientada a la

solidaridad y la ayuda humanitaria.

Ambos movimientos han introducido nuevos elementos de presión, como la

acción judicial, con resultados esperanzadores para sus causas, pues sendas querellas

presentadas y admitidas a trámite reavivan su papel, la militancia y la sensibilización

hacia estos dos conflictos.

Sin ser comparable a los movimientos en defensa de la causa saharaui y

palestina, en los últimos años, especialmente a partir de la Conferencia de Barcelona de

1995, el movimiento español de derechos humanos ha planteado Marruecos como

espacio de reivindicaciones, profundizando las relaciones con ONG y asociaciones

marroquíes. La aproximación se está produciendo sobre todo de forma coyuntural, en

forma de movilizaciones concretas en torno a la repercusión de diversos aspectos sobre



250

los derechos humanos, como la inmigración, la situación de la mujer o la falta de

libertades y el encarcelamiento por este déficit.

Feliu (2009) se plantea la función que cumplen las empresas españolas en

relación con la situación de los derechos humanos en el Magreb. España posee

importantes intereses en los países mediterráneos repartidos desigualmente. Se trata de

intereses más políticos que económicos (salvo el gas argelino), si se analiza el comercio

y las inversiones comparados con otras regiones. Marruecos, Argelia y el Sáhara

Occidental son los interlocutores privilegiados.

La política de equilibrio del Gobierno de UCD (compensaciones alternadas a

Marruecos y Argelia), el “colchón de intereses compartidos” de los años ochenta (evitar

conflictos no encauzados) o la política global del Gobierno de Zapatero se han orientado

hacia Marruecos como socio prioritario en la región. El aumento de intercambios

político-económicos con Argelia (sobre todo con los gobiernos de Aznar) o la grave

crisis bilateral originada por la ocupación del islote de Perejil en 2002 no ha variado

sustancialmente la política anterior, cuya evolución viene marcada por el continuismo.

Señala Feliu (2009) la falta de análisis sobre la influencia de las pequeñas

empresas (en su mayoría establecidas en Marruecos) y de las grandes corporaciones (en

todo el Magreb) en las decisiones y políticas exteriores hacia el Magreb. Las segundas

sí influyen en la acción desplegada por las autoridades políticas españolas y magrebíes,

pero se desconoce en rigor cómo. En general, se especula con una hipotética función de

contención de las políticas de promoción de los derechos humanos, lo que espera

todavía un análisis.

Pese a los avances más recientes, no se dan las condiciones para que España

“impulse una política de reforma y cambio de la situación de los derechos humanos en

los países de la cuenca mediterránea” (Feliu, 2009). Por otro lado, es complicado

sintetizar la labor de España en la promoción de los derechos humanos en un contexto

de formulación de objetivos algo vaga y amplia, además de una geografía global.



251

En el discurso y esquema español no se ha ofrecido la experiencia española de

transición a la democracia como modelo a exportar a los PSM. Lo máximo alcanzado en

este campo han sido acuerdos o convenios de asistencia y asesoramiento institucional en

relación con posibles reformas a emprender. Sin embargo, España cuenta con la

proximidad, el acervo y la capacidad suficientes para garantizar la promoción de los

derechos humanos y la democracia en el Mediterráneo. Lo que ocurre es que el discurso

español identifica estas políticas en la región, en particular el Magreb, como un objetivo

exterior, pero la integración es genérica y poco ambiciosa.

El primer Gobierno del Presidente Zapatero inicia su mandato hablando de

prioridad al diálogo y a la cooperación, retomando la Declaración de Barcelona de

1995, pero no hay referencias directas a los derechos humanos ni a éstos en el Magreb

(en palabras del ministro de Asuntos Exteriores Moratinos: “hacer del Magreb un área

de diálogo, de cooperación, de estabilidad, de prosperidad, y de desarrollo económico y

social sostenido” (comparecencia del ministro el 19 de mayo de 2004 para explicar las

líneas generales de la política exterior española, Diario de sesiones del Congreso de los

Diputados). Las referencias a los derechos humanos son incluso más excepcionales y

menos explícitas que las proferidas por el segundo mandato del Presidente Aznar, que

sitúa como un objetivo fomentar los derechos humanos y la democracia en las

relaciones con Marruecos.

Salvo excepciones puntuales relativas al conflicto entre palestinos e israelíes, la

diplomacia española se ha caracterizado por obviar los problemas de violación de

derechos humanos y de falta de democracia de forma explícita en las relaciones

bilaterales en el Magreb y el Mediterráneo, con el pretexto de no poner en peligro las

mismas. Es así hasta el punto de que, primero, “No es posible localizar discursos

críticos de altos responsables políticos españoles” (Lara Feliu, pág. 62); segundo, se

considera incluso una injerencia en asuntos internos y, en tercer lugar, se apoya una

supuesta evolución positiva en la materia o se alude al tópico de los logros indudables,

cuando no se alaba el supuesto camino emprendido hacia la modernización (primer

viaje del Presidente Zapatero a Túnez en 2004).



252

Si respecto al discurso ha predominado una fuerte retórica pero una vaga e

imprecisa aplicación, respecto de los instrumentos para ejecutar políticas activas de

promoción de los derechos humanos puede decirse otro tanto, acompañado además de

un engrandecimiento de cualquier logro o avance de los países del área por pequeños

que sean.

En la línea de apoyo y refuerzo de los avances, por minúsculos que fueran,

España entiende que el Magreb está liderando las reformas en el Mediterráneo y se

reafirma en la necesidad de hacer de apostar por ser un “puente” que facilite los

movimientos en la dirección de la democratización y los derechos humanos. En el

mismo sentido se inscriben hechos como el consenso alcanzado en España sobre el

ingreso de Turquía en la UE, la aplicación de la Política Europea de Vecindad a

Marruecos (“todo menos instituciones”, en términos de la conocida expresión usada por

la estructura burocrática comunitaria) o el apoyo para que Libia se convierta en socio

euromediterráneo, como procesos envolventes e integradores que consoliden los

pequeños logros en la promoción de los derechos humanos.

Respecto a esta promoción y su repercusión para la seguridad y estabilidad

mediterránea, España viene mostrándose más partidaria del uso de instrumentos de

facilitación envolventes o integradores como los vistos antes que de la condicionalidad

o la presión en las relaciones bilaterales (esto se hace evidente en la compraventa de

armas). Pero el instrumento más destacado para favorecer la democracia y los derechos

humanos es la cooperación, la Ayuda Oficial al Desarrollo, sobre todo en el Magreb y

específicamente Marruecos y el Sahara, junto a los territorios palestinos. De esta forma

se va iniciando una tímida integración del aspecto de los derechos humanos en el

esquema de la cooperación española. Pero, de momento, es más el resultado de políticas

puntuales o aisladas que del establecimiento de un eje central capaz de determinar la

cooperación o los avances en paz y prosperidad.

Concluyendo con Lara Feliu (2009), la promoción de los derechos humanos

como parte de la política exterior y de seguridad española hacia el Magreb, Mundo

Árabe y Mediterráneo está subordinada a la estabilidad en el área. Se trata de una



253

promoción todavía débil, que responde al esquema de lo políticamente correcto en las

organizaciones internacionales, sin capacidad de influir en dicha política, en ocasiones

contradictoria cuando no contraproducente. Por el contrario, sí comienza a estar

condicionado el fomento de tales derechos por la cooperación en la lucha contra el

terrorismo y por el mantenimiento del statu quo, y en última instancia, se trata de una

cuestión estructural vinculada a la cultura y al sistema político español.

Las actuales elaboraciones político-estratégicas y las políticas gubernamentales

sobre la posición internacional de España en el Mediterráneo.

Para poder analizar mejor la política exterior actual de España en el

Mediterráneo y la posición internacional en materia de seguridad que España pretende

desempeñar, es obligado acudir al pensamiento de los altos representantes del Gobierno,

singularmente a la figura del Presidente del Gobierno de España y a los Ministros de

Asuntos Exteriores, ya que, cada vez más, son los cargos ejecutivos del Estado, el

Presidente concretamente, los que definen y articulan dicha acción exterior. Para ello,

traemos hasta aquí algunas consideraciones de los Gobiernos de España en la primera

década del nuevo siglo.

Desde los partidos políticos, es posiblemente el Partido Socialista el que ha

definido con más dedicación su posición en torno al papel de España en el

Mediterráneo, un área privilegiada para mostrar la autonomía de la acción exterior

española (considerando que ninguno ha adoptado resoluciones o elaborado documentos

específicos relativos al Mediterráneo o a la seguridad en el mismo). La estrategia de

“potenciar la dimensión europea de las relaciones con esta región” (Fernández, 2009) ha

concentrado los mayores esfuerzos de los gobiernos socialistas, y, en concreto, “anclar

el Magreb en Europa” (Fernández, 2009). La doctrina del “colchón de intereses” y la

consciencia de que la proclamada estabilidad podía estar consolidando regímenes no

democráticos en el Magreb y norte de África formó parte del acervo socialista de los

años ochenta, aunque sus gobiernos no lo asumieron con la misma claridad.



254

Por parte del Partido Popular, al inicio de los noventa, el Mediterráneo, el

Magreb particularmente, era considerado sobre todo como una zona de potenciales

conflictos y riesgos, no distinguiéndose una concepción diferente para la región de la

desplegada por los gobiernos socialistas. Al inicio del siglo XXI, dentro del Partido

Popular, y de sus gobiernos, las cuestiones ligadas a la seguridad siguieron primando.

Veamos algunas intervenciones de representantes de estos partidos y la

evolución más reciente de los últimos gobiernos para mostrar el despliegue de estos

asuntos. Para el Portavoz en la Comisión de Exteriores del Congreso en la pasada

legislatura, Rafael Estrella, la posición española en el Mediterráneo debe ser la de

imparcialidad ante los conflictos, lo que no significa neutralidad. Defiende que la

actuación española ante casos como el de Bosnia-Herzegovina o Kosovo son mejores

para la seguridad en la región que actuaciones como la que tuvo España ante la Guerra

de Irak, que quebró los ejes fundamentales de la política exterior y de seguridad

española, afectando al posicionamiento geoestratégico y a la visión compartida de la

legalidad internacional (Martínez y Muñoz, 2007). La posición de imparcialidad permite

a España jugar un papel de interlocución con la población civil y de cooperación con las

ONG en los conflictos mediterráneos. España tiene una capacidad limitada de actuación

internacional, por lo que su objetivo debe ser impulsar la PESD, promover la Unión

Europea como actor internacional con esa capacidad, de prevención y resolución de

conflictos, con un modelo distinto al de Estados Unidos. Estrella entiende que hay dos

visiones para impulsar el cambio en las sociedades del sur mediterráneo, la europea, de

cooperación y diálogo, que apoya España; y la estadounidense, de imposición de la

democracia (según Robert Kagan “Estados Unidos cocina y Europa lava los platos”).

En la intervención de la Ministra española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio,

en el Institut Europeu de la Mediterrània subyacen dos rasgos básicos del esquema de

seguridad desarrollado por España al final del siglo XX e inicios del XXI. La primera es

una argumentación o tesis próximas al “choque de civilizaciones” en el Mediterráneo, al

situar como riesgo principal el enfrentamiento entre culturas derivado de la

incomunicación cultural y de una interpretación identitaria reduccionista de otros

problemas (el terrorismo, los enfrentamientos identitarios, migraciones incontroladas).



255

La segunda, la de suscribir como prioridad para el Mediterráneo la estabilidad, más allá

de la liberalización económica.

La Ministra española enfatizó en las tres grandes diferencias que marcan los

problemas del Mediterráneo ya expuestas por muchos otros, a saber, las diferencias

socioeconómicas, las migraciones y las diferencias culturales y religiosas, remitiendo

los riesgos en la región a los consabidos y contemplados en la política mediterránea de

la Unión Europea.

El Ministro de Defensa de la VIII Legislatura, Alonso –en el V Seminario

Internacional sobre seguridad y defensa en el Mediterráneo, organizado por el

Ministerio de Defensa y la Fundación CIDOB (Soler y Lecha, 2007), defendió una

visión del Mediterráneo global, como un todo interrelacionado, un espacio en el que no

se pueden compartimentar los aspectos de paz y seguridad en términos geográficos.

Asimismo, plasmó los rasgos de la política de defensa de España en la región, que

calificó como similares a los de la nueva política de defensa. Según el Ministro, la

política exterior en la región está basada en la escrupulosidad con la legalidad

internacional, en considerar el Mediterráneo como un área prioritaria, retomando su

centralidad en la política exterior española, en una concepción multilateral, que tiene

como finalidad la paz y la construcción de confianza mediante la cooperación y que va

más allá de una política regional, concediéndole peso europeo y global a la región

(Soler i Lecha, 2007). En realidad, esta caracterización no añade nada nuevo sobre la

posición española en el Mediterráneo cualitativamente diferente a las visiones que se

habían plasmado incluso en la década de los ochenta y noventa, si acaso, el énfasis en el

enfoque multilateral para la región, contemplando como oportunas y necesarias todas

las iniciativas y los marcos de diálogo abiertos.

En el balance de la política mediterránea de la etapa del presidente Aznar, las

relaciones con Marruecos, el mantenimiento de la clásica posición española sobre el

Mediterráneo y las relaciones con Francia sufrieron algunos cambios respecto de las

posiciones más o menos consensuadas de la política exterior española. El programa

electoral del año 1996 del Partido Popular calificaba al Mediterráneo como espacio



256

natural de España, aunque algunas de las primeras medidas gubernamentales de

reestructuración ministerial apuntaron a una pérdida de interés y prioridad por la región.

La actividad atlantista del presidente Aznar y la novedad que supuso la acción exterior

de España hacia el área de Asia debilitaron las relaciones con el Mediterráneo, más

teórica que realmente, salvo en el caso de Marruecos, cuyas relaciones se vieron

deterioradas en el segundo período presidencial de Aznar, como ha quedado dicho en

varias ocasiones. Sin embargo, entre los logros mediterráneos hay que situar la

Conferencia Euromediterránea de Valencia, de 2002.

El Magreb ha sido un espacio en que Francia y España han pretendido

presentarse como el interlocutor europeo privilegiado. Las tensiones, no habituales

desde hace bastantes años, entre Francia y España han repercutido en la política magrebí

de ambos países y en la escasa coordinación de sus diplomacias, como se manifestó en

el Consejo Europeo de Sevilla, en junio de 2002, al rechazar Francia la propuesta

española de lucha contra la inmigración clandestina, que hubiera castigado a Marruecos,

o durante la crisis por el islote de Perejil.

La mayoría de autores e investigadores han calificado el segundo gobierno del

Presidente Aznar (2000-2004) como un período en el que se han producido giros,

excepciones o cambios en la política exterior española. Lo que sí puede asegurarse es

que la política de seguridad se ha visto sometida, al menos, a orientaciones y matices

relevantes sobre las prioridades. Una de ellas fue la gestión de la crisis con Marruecos, a

partir de la ocupación marroquí del islote de Perejil. Más allá del episodio concreto, en

el fondo existen dos concepciones distintas sobre las relaciones España-Marruecos, pese

al discurso oficial. También se dejó entrever la rigidez con la que España gestiona la

agenda bilateral, negándose a incluir algunos temas que preocupan especialmente a

Marruecos (Ceuta y Melilla y otros contenciosos territoriales), dando prioridad, sin

embargo, a otras cuestiones que preocupan a España (contrabando o tráfico de droga) o

abordándolas únicamente desde una perspectiva de la seguridad, como la inmigración

(Feliu, 2005). Además, el segundo período Aznar concedió más prioridad a la economía

en las relaciones con el Magreb, planteando una reestructuración de la política exterior

en el sentido de una orientación economicista de la misma.



257

Las relaciones con Argelia son un buen ejemplo de esta intensificación

económica que se presentó como “la asociación estratégica ejemplar”, vinculada a una

agenda energética. España dio un pequeño giro en el discurso, planteando la necesidad

de una “política global” en lugar de una de equilibrios, variando el debate de los

ochenta, detrás de lo cual estaba el deseo español de mostrar que la relación con

Marruecos no es insustituible (Feliu, 2005)

El relevo del PP por el PSOE en 2004 comportó una intensificación de la

colaboración con Marruecos y el planteamiento de nuevas iniciativas conjuntas para

luchar contra el terrorismo, el tráfico de drogas, la inmigración ilegal y para reanimar la

negociación en la cuestión del Sahara occidental.

Los análisis coinciden mayoritariamente en que el primer gobierno del socialista

Rodríguez Zapatero supuso una matización en la política exterior relativa al problema

del Sahara. Aunque se mantiene la defensa de una solución en el marco de la ONU y del

papel facilitador de España en el conflicto, destaca el acercamiento a la política exterior

de Francia y el refuerzo de la concertación como vía de solución sólida globalmente

aceptada. La abstención de España en la votación sobre el Plan Baker II, alejándose de

la postura argelina centrada en el Plan de arreglo, generó cierta sorpresa e incertidumbre

entre los sectores y organizaciones pro-saharaui, como queda dicho en otro lugar.

Sin embargo, el discurso español se presenta como un abandono de la pasividad,

como una implicación mayor a favor del diálogo entre las partes y como un impulso

activo del papel de España, tradicionalmente no bien considerado por sus vínculos

coloniales. De momento, desde la mitad de 2008 y especialmente en 2009, la situación

parece entrar en una fase de proseguir las negociaciones estancadas desde los debates

del Plan Baker II y las decisiones unilaterales de Marruecos de 2007.

El Proceso de Barcelona no ha ayudado prácticamente nada a la solución de este

conflicto. En el período al que aludimos, el capítulo de seguridad del Proceso de

Barcelona prácticamente no se ha desarrollado, mientras que el Diálogo mediterráneo de



258

la OTAN se ha intentado reactivar tras la cumbre de Estambul de junio de 2004, pero

sin que se sepa muy bien cómo hacerlo (Feliu, 2005).

Para conocer qué conceptos encierra la actual gestión de la política mediterránea

del último Gobierno y de su Presidente, acudimos al texto de la conferencia pronunciada

por Rodríguez Zapatero en el Museo del Prado, el 16 de junio de 2008, en un acto

organizado por el centro Real Instituto Elcano, en la colaboración de la Fundación

CIDOB, la Fundación para las Relaciones Internacionales, el Instituto Complutense de

Estudios Internacionales y el Instituto de Cuestiones Internacionales y de Política

Exterior.

En realidad, de los aspectos sobre seguridad y el Mediterráneo planteados por el

Presidente de Gobierno, no puede decirse que se desprendan nuevos conceptos, nuevos

esquemas o perspectivas. Sin embargo, sí se consolidan los criterios básicos de la

participación española en el escenario mundial, establecidos por ya el Gobierno de

España entre 2004 y 2008. De todo ello, destaca, a nuestro entender, lo que reflejemos a

continuación.

En primer lugar, una apuesta clara por aumentar la responsabilidad en el

Mediterráneo, “Creo, así, en la conveniencia de un ejercicio creciente de nuestra

responsabilidad en el Mediterráneo” (pág. 2, párrafo 6º), afirmación que necesita

relativizarse, puesto que vuelven a aparecer unidos el Mediterráneo y el Mundo Árabe y

referenciados a la historia, tantas veces aludida de forma retórica y tópica. “En el

Mediterráneo está una parte muy importante de nuestra historia, de nuestro presente,

pero -sobre todo- ahí está una parte muy importante de nuestro futuro” (pág. 12, párrafo

9º).

En segundo lugar, el Presidente establece cuatro ejes básicos para trabajar en el

futuro inmediato del Mediterráneo, que tienen bastante relación con los temas

planteados por la Unión para el Mediterráneo: cambio climático y modelo energético,

programas de cooperación para el acceso a la alimentación, remontar el fracaso



259

educativo y de analfabetismo y la reforma sociocultural con especial énfasis a la

situación de las mujeres (pág. 13, párrafos 4º a 7º).

En tercer lugar, la conferencia recoge menciones relativas a la seguridad que nos

interesa plantear aquí por sus repercusiones sobre la región mediterránea. Para el

Presidente español, los principales riesgos de la gobernabilidad internacional son cuatro:

“la lucha contra la pobreza, la promoción de la paz frente a la inseguridad y el

terrorismo, la gestión ordenada de las migraciones y el cambio climático y la energía”

(pág. 3, párrafo 4º), como vemos, se corresponde con los retos que planteados en el

Mediterráneo. Entiende que el camino hacia la paz exige una “visión global de la

seguridad humana y democracias fuertes, Estados comprometidos con los derechos

humanos y una Comunidad internacional vigilante y activa ante Estados débiles, que

apenas son capaces de ejercer un mínimo control sobre sus territorios” (pág.4, párraf0

4º). Acerca de la gestión territorial de la seguridad, defiende el multilateralismo y el

trabajo de las organizaciones regionales, así como la cooperación civil-militar y el

compromiso de la Unión Europea. En este sentido, concretó un triple compromiso

español, a saber, crear “una política común de seguridad y defensa dotada de las

capacidades necesarias”, “mantener el vínculo transatlántico” con firmeza y

compromiso e “impulsar la colaboración entre la UE y la OTAN”. A estas

responsabilidades sumó la de “mantener el esfuerzo respecto a las Fuerzas Armadas

Españolas: para garantizar nuestra defensa y para contribuir a la defensa de Europa”.

(pág. 10, párrafo 6º).

Por último, en el ámbito de la definición y profundización en materia de

seguridad, estableció prioridad para la seguridad y sostenibilidad energética y la

seguridad jurídica y de intercambios para las empresas. Una preocupación fundamental

para España es la energía, ante una “globalización descontrolada, la inestabilidad en

Oriente Próximo y la especulación”, circunstancias que provocan “graves distorsiones

en el ámbito de la energía que requieren medidas de seguridad energética, no sólo en

cuanto a la garantía de suministros, sino también en cuanto a suministros a precios

razonables” (pág.6, párrafo 5º). Hasta aquí lo más destacado de la conferencia en

relación con las líneas directrices de la política mediterránea.



260

España sigue siendo un Estado cuya privilegiada situación estratégica le obliga a

etiquetarse como “frontera” entre la Europa desarrollada y el Sur. Este concepto no sólo

no ha desaparecido, sino que ha ido adquiriendo relevancia según aumentaban las

diferencias entre las dos orillas. Aunque España esté ahora en la “orilla desarrollada”,

no puede abandonar esa marca de “situación periférica” (Powell, en Ayer, 2003).

España siempre ha dejado claro que era un país europeo en la región

mediterránea y no un país mediterráneo en Europa. Para España lo más importante era

que sus productos agrícolas recibieran un trato preferencial respecto a los PSM (Sueiro,

en Ayer, 2003).

El Real Instituto Elcano llega incluso a atribuir a España una nueva centralidad

que ofrece sus oportunidades junto a las vulnerabilidades, volviendo a destacar la

necesidad de regular la convivencia e integración de los inmigrantes, señalando que

España ejerce una función de país bisagra que “ha recibido más población extranjera

durante la última década que ningún otro país del mundo salvo EEUU”.

Se plantea un esquema de inserción española en la nueva globalización

económica y política, en el que España ocupa una triple posición estratégica vinculada a

su posición geográfica: la geoestratégica, la geoeconómica y la geocultural. En esta

encrucijada estratégica asignada a España (Norte-Sur, Occidente-Islam y Europa-

América), se destaca el papel que puede desempeñar para la seguridad nacional e

internacional en desafíos como los flujos migratorios y el terrorismo transnacional.



261

VII. LA OPINIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA, LOS INVESTIGADORES Y

EL MEDITERRÁNEO.

No han abundado en nuestro país los estudios de opinión relativos al

Mediterráneo y, prácticamente no existen en relación con la seguridad en general y del

Mediterráneo en particular. Desde hace unos pocos años, algunos centros de

pensamiento han comenzado a introducir en sus investigaciones encuestas, sondeos y

estudios dedicados a las cuestiones internacionales, sobre todo al papel de España en el

contexto mundial y a la percepción de la opinión pública española sobre los aspectos

internacionales más relevantes. Desde hace casi dos décadas, el Instituto de Cuestiones

Internacionales y Política Exterior (INCIPE) elabora un estudio sociológico sobre “La

opinión pública española y la política exterior”, que en su Informe 2006 incorporó la

política de seguridad.

Valiéndonos de los informes elaborados por el INCIPE a partir de sus estudios

obtenemos una visión interesante de la evolución de la percepción española de algunos

asuntos relacionados con el Mediterráneo, en concreto, de los problemas y amenazas

principales, de las relaciones con Marruecos o el Magreb como zonas de prioridad para

España o de la situación del Mediterráneo en el contexto de la política exterior española.

Hemos seleccionado tres informes, los de 1992, 1998 y 2006, por tratarse de tres

momentos más o menos equidistantes en el tiempo y suficientemente representativos de

la coyuntura internacional y española de la última década del siglo XX y la actual.

En primer lugar, es destacable el hecho de que, en relación con el Magreb, no se

perciban amenazas serias con capacidad de alterar la paz en España. En 1992, no se

percibían amenazas serias a la paz para España, y entre quienes las estimaron, la

ubicaban en Marruecos y en los países norteafricanos. En 1998, tampoco se percibían

amenazas serias del exterior para alterar la paz de España, y cuando se percibían, eran

identificadas también con el Norte de África. Del 10,2 % de la población que percibía

amenazas a la paz en 1998, el 32,5 % se concretaba en Marruecos y el 14,6 % en

Argelia, percepción que fue debilitándose desde 1991. Por contra, los líderes las

concretaron en Marruecos, Libia y Argelia, pero aumentaron desde 1991. Respecto de la



262

situación de Argelia, el 55 % de la población no consideraba entonces que afectaría a

España, mientras que el 78 % de los líderes la estimaba como potencial foco peligroso.

La preocupación por los asuntos del Magreb afectaba a menos del 50 % de los

españoles en 2006.

En segundo lugar, resulta de gran interés conocer los problemas que han sido

considerados como más relevantes por la opinión pública española. Si en 1992 la

población consideraba la integración europea como el principal problema (aunque los

líderes añadían Iberoamérica y el Magreb), en 2006, los problemas que los españoles

entendían más importantes para la humanidad eran el subdesarrollo, la pobreza, el

terrorismo internacional, la falta de empleo y el deterioro medioambiental. Los tres

primeros son los que aumentan respecto a 2002. Vemos cómo la opinión pública

española concentra los problemas en torno a aspectos claves para la seguridad en el

Mediterráneo y que guardan una completa relación con los contenidos del concepto de

seguridad ampliada elaborado desde finales de los noventa. En correspondencia con tal

cambio, los tres problemas de política exterior que los españoles consideraban en 2006

más importantes para España eran el terrorismo internacional, la inmigración ilegal y el

narcotráfico internacional.

Algunos aspectos que al inicio de la democracia ocupaban un lugar de

preferencia en los intereses españoles, han pasado a ser asuntos de interés pero

percibidos con bastante menor relevancia, como es el caso del Sáhara o de Libia. Ya en

1992, el 10 % de la población, el 20 % de los jóvenes y algo más del 80 % de líderes

seguían la información sobre el referéndum del Sáhara y el bloqueo de Libia, pero se

trataba del menor índice de los diez acontecimientos de eco internacional.

Las relaciones con Marruecos son sometidas a valoración por el INCIPE en cada

uno de sus estudios, lo que nos da una idea de la preponderancia que este país tiene en

el espacio euromediterráneo para España. En 1992, el Informe INCIPE concluía que

existía un desconocimiento importante sobre las relaciones con Marruecos, ya que el

21,5 % de la población no se pronunció sobre las mismas, el mayor índice de las

cuestiones sugeridas (terrorismo, narcotráfico, relaciones con Iberoamérica, con Europa,



263

con Estados Unidos o sobre Gibraltar). Además, Marruecos es de los países menos

valorados (3,75), bajando algo la valoración anterior y junto a Argelia, Israel, Irak e

Irán, los menos estimados por españoles y líderes. Unos años después, en 1998, no se

observan grandes cambios en la valoración de Marruecos, aunque se advierte una

estabilidad en cómo se perciben las relaciones bilaterales y ciertas mejoras, que siguen

condicionadas por las incertidumbres esporádicas sobre Ceuta y Melilla, aunque los

líderes ven posible un acuerdo bilateral.

Desde 2006, se percibe que el trato dado a la relación con Marruecos ha

mejorado y que los temas que más importan en la relación bilateral son la inmigración

ilegal (88%) y los acuerdos de pesca, por encima de los territorios de España en África,

la competencia de productos marroquíes y el conflicto del Sáhara (72 %), por ese orden.

La valoración de Marruecos permanece casi invariable desde 1991: de 1 a 10 se sitúa en

el 3,9. El punto más bajo fue de 3,2 en 2002 (inmigración ilegal, crisis de Perejil). Sin

embargo, junto a Israel e Irán son los tres estados menos valorados, pese a que se

perciba que las relaciones con Marruecos, sobre Gibraltar y sobre la inmigración han

mejorado respecto de 2002, aspectos más valorados aún por los expertos.

En el Informe 2006 se incluyen aspectos concretos relativos a la seguridad: en

relación con Marruecos, la amenaza percibida para la seguridad de España es la más

baja dese 1991, un 24 %, la mitad que en 2002 y 18 puntos menos que en 1991 (42 %).

Resumiendo, existen reticencias en las relaciones con Marruecos, situándose como uno

de los países que menos simpatías despierta, junto a otros del Magreb (Libia, Argelia)

Irán, Irak y Arabia Saudita, aunque en 2006, las relaciones conflictivas con Marruecos

figuraban en quinto lugar frente al segundo de 2002, posición ésta, sin duda,

determinada por el incidente del Islote de Perejil.

Respecto de las relaciones entre España y el Magreb no puede decirse que la

opinión pública española tenga establecida una “imagen” fija o pueda describirse una

evolución concreta. Por ello, de los informes INCIPE destacamos las siguientes

valoraciones. En 1992, los problemas de España con el Magreb y el norte de África

suponían uno de los tres principales problemas para el 7,4 % de la población y con los



264

países árabes para el 6,3 %, muy lejos de la integración y convergencia europea, que era

del 40 %. Para el 27,2 % de los líderes españoles, el Magreb y norte de África sí eran un

problema, por la relación con Marruecos y la inmigración.

En 1998, un 4,4 % de los españoles percibían al Magreb y al norte de África

como problema (un porcentaje que era del 1,5 % en 1992 y del 3,9 % en 1997), aunque

en cuarto lugar, lejos del narcotráfico internacional, el terrorismo internacional y la

integración europea (en orden ascendente). Para los líderes se situaban estos problemas

en tercer lugar. Respecto de 1992, baja notablemente el índice de quienes consideran

necesario ayudar al Magreb: 4,5 Marruecos, 2,8 Argelia (en 1991 era de 9,9 y 14,2,

respectivamente) mientras que para los líderes creció notablemente la necesidad de

incrementar la ayuda a la zona, percepción que se une a la de amenaza, ya que los

líderes relacionaban dicha necesidad con la tensión en el Magreb, sobre todo en Argelia.

Pero Marruecos, Mauritania y Argelia eran los países menos apoyados por los españoles

para incrementar las ayudas.

Por último, hay que destacar del Informe 2006 el aumento del interés de los

españoles por lo que ocurre en el Magreb: del 34 % de 2002 pasa al 46 % en 2006, algo

que también se da con casi todas las regiones, excepto por EEUU (46 %) que se

mantiene igual.

Junto a estos aspectos más destacados, incluidos finalmente en los estudios e

informes del INCIPE, traemos aquí otras valoraciones de la opinión pública española

que resultan de interés en relación con la percepción sobre el Mediterráneo e,

indirectamente, sobre la seguridad en el mismo.

Sobre el Mediterráneo como área o región en general, en 1992, Iberoamérica y

Europa oriental eran las áreas preferidas para firmar acuerdos de cooperación, aunque

entre los líderes el apoyo era mayor hacia Marruecos, Argelia y Mauritania (Magreb).

En 1998, aparece el Mediterráneo como área geográfica prioritaria secundaria para los

españoles, en el cuarto lugar, y se repetían las preferencias diferentes entre opinión

pública general y líderes en relación con las ayudas, ya que, como en 1992, se apoyaba



265

el aumento de la ayuda a la cooperación con Iberoamérica pero no con el Magreb,

posición no compartida por los líderes.

En cuanto a la preferencia por la integración en la sociedad española, en 1998,

destacaba el hecho de que sólo un 0,7 % concedía la misma a los árabes, una posición

que ocupaba el penúltimo lugar, por debajo de norteafricanos (1,4 %) y solo por delante

de los asiáticos (0,3 %), lo que indicaba ya las dificultades de integración que la

población árabe podría tener en nuestro país. En 2006, el Mediterráneo era un área

percibida como amenaza por los españoles, junto a Marruecos, los árabes, islámicos,

Irán e Irak, lo que, indirectamente, mantenía el escaso entusiasmo de la opinión pública

española hacia la integración de los árabes en España.

Por último, como simple anotación de actualidad, hacemos notar que en el

Informe 2006 se incluyó la valoración de la Alianza de Civilizaciones, de cuya

existencia había oído hablar el 36 % de los españoles, de los que la mitad la

consideraban muy o bastante eficaz y un tercio poco o nada eficaz.

Cuestionario: El pensamiento político-estratégico español de seguridad en el

Mediterráneo.

Objetivo del cuestionario.

El cuestionario sobre el pensamiento político-estratégico español de seguridad

en el Mediterráneo obedece al interés de obtener la opinión directa de investigadores y

especialistas académicos españoles o que desarrollan su trabajo en instituciones de

nuestro país, sobre algunas de las cuestiones básicas relativas a la seguridad en el

Mediterráneo. Las cuestiones se centran principalmente en el tipo de relaciones hispano-

mediterrráneas, en la configuración posible de un pensamiento español político

mediterráneo, en los estudios españoles sobre el mediterráneo y en los factores que

emergen como amenazas a la seguridad en la región mediterránea.



266

Debe destacarse el hecho de que no se delimita la expresión “Mediterráneo” en

relación con el cuestionario, aunque la investigación se centra, tras una consideración

sobre su complejidad geoestratégica y cultural, en la zona del Magreb. No obstante, las

referencias guardan relación también con un “imaginario” mediterráneo que abarca a

todos los países ribereños, al mundo árabe, a la Europa mediterránea, como si fuese un

todo geográfico, cultural e histórico, eso sí, heterogéneo, diverso, complejo y con

diferencias imposibles de ignorar.

Diseño y administración del cuestionario.

Dadas las limitaciones de esta investigación, el cuestionario es breve y está

diseñado para obtener información básica que sirva de actualización, a modo de “toma

de pulso” a la realidad mediterránea entre los especialistas académicos. Las mismas

limitaciones justifican que no se administre el cuestionario a otras personas especialistas

de otros ámbitos, específicamente al de la seguridad y la defensa, así como al político,

diplomático y administrativo, algo que reducirá el enriquecimiento de los resultados de

la investigación, pero que asumo y anoto como pendiente por necesario.

El cuestionario se ha remitido a 120 personas, en su mayoría profesores

universitarios pertenecientes a las universidades españolas o profesores y/o

investigadores en las mismas, de los que han completado el mismo 54 especialistas, 24

han declinado su participación por no considerarse directamente vinculados a la

seguridad mediterránea, 9 han enviado el cuestionario demasiado fuera del plazo

concedido, algunos han respondido parcialmente al cuestionario y el resto, 21, no ha

participado en ninguna cuestión. Hay que reseñar que se ha presentado algún problema

técnico para la tabulación de los resultados, porque en algunas cuestiones, sobre todo en

las dos primeras, las respuestas han sido confusas, motivadas, sin duda por la ambigua

formulación de las mismas.

El cuestionario se administró durante la segunda mitad del mes de mayo y el 7

de junio de 2009, a través del correo electrónico, aunque se extendió finalmente hasta

finales de junio. Aún así, algunos cuestionarios han llegado a mitad del mes de julio, sin



267

que hayan podido ser contabilizados, pero una revisión de los mismos muestra que sus

resultados no constituyen especificidades sobresalientes.

Estructura y contenido.

Se trata de un cuestionario semi-estructurado, compuesto por 12 ítems, en

alguno de los cuales se podían incorporar factores nuevos o añadir opciones. Las

respuestas se han ido acumulando en una base de datos anónima. Se incluye a

continuación la interpretación y resultados detallados del cuestionario. Para finalizar, se

ha incorporado una valoración global de los resultados del mismo a las “Conclusiones”

de la investigación.

Resultados y análisis.

El cuestionario está formado por doce cuestiones que buscan conocer el estado

de la opinión de los investigadores y especialistas españoles sobre el pensamiento de

seguridad en el Mediterráneo. Para ello, las cuestiones se agrupan en torno a cuatro ejes

que nos proporcionan información sobre cuatro aspectos básicos de la investigación que

nos interesa conocer. En primer lugar, las condiciones y rasgos de la configuración de

las políticas y las relaciones entre España y el Mediterráneo (a la que responden las seis

primeras cuestiones). En segundo, el contenido y déficit de los estudios españoles sobre

seguridad en el Mediterráneo (a lo que se refieren las cuestiones 7 y 8). En tercero, la

construcción de un pensamiento político español sobre seguridad mediterránea

(cuestiones 9 y 10). Y, en cuarto lugar, el escenario político-estratégico dominante en el

Mediterráneo, los factores de riesgo, las amenazas y las propuestas necesarias que

debería impulsar España (integrado en las cuestiones 11 y 12). En los párrafos

siguientes se describen las opiniones de los consultados y las valoraciones

correspondientes a estas cuestiones.

Las relaciones entre España y el Mediterráneo, en sentido amplio, en las últimas

tres décadas, se han configurado, en primer lugar, a partir de relaciones económicas,

según lo entiende casi el 46 % de los encuestados, además de estar basadas también en



268

las relaciones políticas y sociales (el 62,5 % entiende que las relaciones políticas son el

segundo motivo de las mismas y el 25 % considera las relaciones sociales como el

principal motivo de aproximación hispano-mediterránea). Esto podemos interpretarlo de

dos maneras: hay algo de cierto en las críticas vertidas desde algunos sectores

(académicos, de la sociedad civil, políticos, desde los PSM) a una construcción

excesivamente centrada en el ámbito económico en el proyecto euromediterráneo, y, las

relaciones económicas son fundamentales y un requisito previo para configurar las

relaciones políticas y sociales que lleven a las reformas democráticas en los PSM.

Sobre la calidad de las relaciones, el 35 % destaca que se trata de unas relaciones

inestables y de escasa confianza (un 10 % admite que están basadas en la confianza),

mientras que el 25 % considera que la desconfianza es un criterio importante en las

relaciones. En menor medida, pero no desdeñable, un 20 % confirma que la voluntad

mutua de las partes ha influido positivamente en el establecimiento de relaciones de los

últimos treinta años, pero sin llegar al consenso (sólo un 5 % admite que las relaciones

estén basadas en criterios consensuados). Además, el criterio de buena vecindad apenas

aparece en primer lugar como reinante durante estas tres décadas de proyectos

euromediterráneos (un 15 % de encuestados así lo entiende). Como destacable figura el

hecho de que, para un 15 %, el criterio más importante que ha ordenado las relaciones

entre Europa y los Estados del sur del Mediterráneo en las últimas tres décadas está en

los “Acontecimientos”, y como segundo en importancia lo sostiene el 40 %. La

realidad, por tanto, es la que parece, en opinión de un buen número de encuestados,

marcar el ritmo de las relaciones, máxime si relacionamos este índice con el tercio de

encuestados que habla de inestabilidad de las relaciones.

A la cuestión de si se puede hablar de una política exterior española

mediterránea, en el sentido de una política de Estado con carácter definido, consolidada

históricamente e identificable interna y externamente, el 43,1 % responde

negativamente, mientras que el 36,4 % admite que, con matices, podría hablarse de una

política mediterránea española. Estos índices ponen de manifiesto que entre los

investigadores consultados no se considera que la política mediterránea haya adquirido

el rango de política de Estado definida y estable. Es más, en relación con la posible



269

indicación de un momento a partir del cual pueda hablarse de dicha política, entre

quienes consideran que es posible plantearla como inidentificable, se dan las siguientes

fechas como punto de partida de la misma: el año 1945, con los gobiernos del

Presidente González, la década de los ochenta, la década de los noventa o los años 1990

y 1995. Es destacable que la mayoría se refieren al período de la democracia y, dentro

del mismo, destacan dos momentos, la década de los ochenta, con los distintos

gobiernos de González y la de los noventa (el lanzamiento del Proceso de Barcelona).

En cualquier caso, los intentos por construir una política española mediterránea parecen

situarse, en opinión de los consultados, entre los años 1985 y 1995, fundamentalmente.

Para los consultados, las relaciones y las políticas hispano-mediterráneas del

último siglo, implícitamente las de seguridad y defensa, se han construido sobre todo en

función de los intereses españoles (29,1 %), ignorando prácticamente los árabes (el 6,8

% considera que sí han sido tenidos en cuenta). No sólo en la etapa democrática han

estado estas relaciones y políticas a merced de las circunstancias concretas, sino que

también durante el último siglo han sido determinantes (un 18,4 % así lo entiende, el

mayor índice después de los intereses españoles). El papel de los partidos políticos, la

ideología, la influencia de los líderes políticos o los militares no ha sido relevante para

articular estas relaciones, ya que tan sólo el 13,6 % considera, agrupando todos los

índices, que alguno de estos actores ha participado especialmente en las mismas.

Además, este dato coincide prácticamente con el 14,6 % (un punto más) que entienden

que las orientaciones de las elites políticas han marcado dichas relaciones.

Para el 43,2 % de los consultados, la política exterior española y la política de

seguridad y defensa mediterráneas han estado condicionadas generalmente por

cuestiones de política nacional o interna. Sólo el 11,4 % de la muestra considera que la

situación interna no ha determinado la política mediterránea, mientras que casi un 40 %

se decanta por admitir que el condicionamiento es posible, reforzando la idea

mayoritaria de que las condiciones internas políticas españolas han marcado la política

exterior.



270

En cuanto al bloque referido a los estudios españoles de seguridad y defensa del

Mediterráneo, los consultados consideran que los mismos se han desarrollado

fundamentalmente bajo el enfoque estratégico (el 20 %), militar y de seguridad. En

segundo lugar, desde el enfoque histórico y el económico, incluyendo éste el

componente energético y el financiero (el 19 % para ambas respuestas), además del

enfoque que podríamos denominar burocrático-estatal, en el que se incluye la

perspectiva política, administrativa y diplomática (el 17,5 %). No debemos dejar de

mencionar que casi el 16 % de los encuestados no encuentra una disciplina o enfoque

que funcione como eje dominante o guía en los estudios españoles sobre el

Mediterráneo.

Además de buscar el enfoque predominante en los estudios españoles de

seguridad referidos al Mediterráneo, se ha preguntado a los encuestados por el déficit

principal que presentan dichos estudios. De forma complementaria al enfoque

predominante, e incluso a la forma en que se ha configurado el entramado de relaciones

hispano-mediterráneas, los consultados consideran mayoritariamente (un 41,3 %) que

los estudios españoles de seguridad mediterránea necesitan de un esfuerzo mayor de

investigación y sistematización, así como de la inclusión de aspectos y objetos de

investigación sociales, demográficos y educativos (22,2 %). Para el 14,3 % de los

consultados, estos estudios necesitan reforzar los aspectos políticos, administrativos y

diplomáticos. Coherentemente con el peso importante que el aspecto económico tiene

en los trabajos y estudios, sólo el 6,3 % considera deficitarias las investigaciones en este

campo. Llama la atención que sólo en torno al 8 % encuentre los estudios necesitados de

un mayor contenido de los asuntos militares, que interpretamos como un movimiento

pendular derivado del protagonismo que ha tenido el aspecto estratégico en los estudios

hasta años recientes, que probablemente se equilibrará en la medida en que vayan

sistematizándose y ampliándose dichos estudios y trabajos. Algunos consultados han

añadido la necesidad de que se cuente con los enfoques antropológico, religioso, el de

las relaciones internacionales, el democrático y el de los movimientos sociales.

El tercer grupo de cuestiones abordan el estado del pensamiento español sobre la

seguridad en el Mediterráneo, queriendo conocer, en primer lugar, si se considera que



271

existe un pensamiento español consolidado en la materia, identificable en los ámbitos

político, diplomático, económico, académico, militar, social, etc. y, en segundo lugar,

qué tipo de construcción o elaboración intelectual y conceptual es la que se está

imponiendo en los estudios e investigaciones que se producen en este terreno. El

resultado no deja lugar a dudas, ya que, sobre la primera cuestión, más de la mitad de

los consultados consideran que no existe un pensamiento español en materia de

seguridad mediterránea (el 52.3 %, frente a un 31,8 % que consideran que es posible,

pero sin afirmarlo). Respecto de segunda cuestión, el tipo de elaboración que está

primando en la construcción de ese pensamiento, se reparten las opiniones, aunque son

una mayoría no muy amplia, un 22,5 %, los que caracterizan el conocimiento español de

seguridad mediterránea por su identidad política, diplomática y militar. Sin embargo,

otras cuatro identidades tienen un peso relativo importante (agrupadas suman un 52,9

%), a saber, el peso académico en este pensamiento (13,5 %), el institucional (13.5 %),

el institucional europeo (12,4 %) y un peso intelectual heterogéneo (13,5 %). El carácter

geopolítico (10 %) e histórico (10 %) también deben ser reseñados notables,

comparativamente con los otros índices.

Finalmente, el cuestionario propone una serie de factores de riesgo o amenazas

posibles en el espacio mediterráneo, comunes en la mayoría de estudios e

investigaciones específicas, y demanda a los consultados su valoración acerca del grado

de importancia de los mismos como potenciales elementos de crisis o conflictos que

puedan afectar a la seguridad española. Los factores pueden clasificarse en cinco

grupos. El primero tiene relación con el movimiento de personas y las actividades a que

da lugar. El segundo es relativo a las diferencias religiosas y culturales. El tercero se

refiere a las diferencias socioeconómicas, energéticas y ambientales que pueden incidir

en la seguridad. El cuarto, concierne al comercio y proliferación de armamento. Y el

quinto apunta al ámbito de los conflictos, al palestino-israelí y a los que ocasiona el

terrorismo global.

La inmigración masiva descontrolada o ilegal suscita una gran división de

opiniones, aunque el 47,7 % se sitúa en la opinión de que es un factor medio-alto de

riesgo en las relaciones euromediterráneas, un 40,9 % considera que no lo es. Para el 50



272

%, la delincuencia organizada es un motivo alto-muy alto de preocupación para la

seguridad española, opinión a la que se suma el 15,9 % que lo valora como riesgo

medio, mientras que el 25 % considera que es escaso o nulo. En conjunto, casi dos

tercios de los consultados atribuyen a la delincuencia organizada un elevado nivel de

amenaza real. Casi un tercio (31,8 %) estima que el tráfico de seres humanos es un

delito que amenaza la seguridad española, al que se añade un 27,3 % que lo considera

un riesgo medio, aproximándose al 60 % entre quienes lo consideran de nivel medio-

elevado. Una quinta parte de los consultados no lo perciben como una amenaza seria.

Llama la atención la división en torno a la amenaza que supone el auge del

islamismo radical y/o violento, ya que quienes la consideran de nivel elevado, medio y

escaso son, en los tres casos, el 25 %, aunque hay que decir que un 13.6 % la tiene por

una amenaza muy elevada, con lo que el 38,6 % percibirían el auge del islamismo

radical como una seria amenaza. Más de dos tercios de los consultados (68,2 %) son de

la opinión de que la falta de diálogo entre culturas no supone un motivo de

preocupación para la seguridad de España, incomunicación que es percibida por el 18,1

% como motivo de amenaza. En consonancia con ello, el 70,5 % no encuentra en la

falta de diálogo religioso motivos de amenaza, mientras que se es muy escaso el índice

de los que estiman que puede ser una causa de conflicto, el 15,8 % (recuérdese que son

dos de los puntos básicos que motivaron el lanzamiento de la Alianza de

Civilizaciones).

El factor considerado por la mayoría de los consultados como una potencial

fuente de amenaza elevada o muy elevada se sitúa en las diferencias socioeconómicas

entre las dos orillas mediterráneas, el 56,8 %, que unido al 27,3 % que lo considera una

amenaza media, elevan al 84,1 % el porcentaje de encuestados que atribuyen a esta

causa un motivo de preocupación media-elevada. Es evidente que la sensibilización y

concienciación ambiental es un proceso que se ha instalado entre los consultados, ya

que el 36,4 % considera que el deterioro ambiental es una amenaza en el horizonte

mediterráneo de nivel elevado-muy elevado (un 20,5 % la estiman muy elevada), a la

vez que el 40,9 % la estima de nivel medio, en total, un 77,3 % valora el factor

ambiental como un potencial elemento de conflicto medio-alto. Es aún mayor, el 47,8



273

%, el índice de los que encuentran en los problemas de acceso a los recursos naturales y

energéticos una potencial causa de conflicto, al que se añade casi el 30 % de quienes le

atribuyen un nivel medio de riesgo. El último aspecto socioeconómico, el del control de

las rutas marítimo-comerciales, es un motivo de preocupación media-elevada para el

56,8 %, mientras que el 27,2 % no lo considera como tal.

Acerca del impacto del comercio de armas como fuente de conflicto o crisis, hay

una división en tres opiniones casi iguales en porcentaje: coinciden quienes consideran

que se trata de una posibilidad escasa o muy escasa, el 29,5 % y quienes la estiman en

un nivel medio (29,5 %). Un 27,3 le atribuye un nivel elevado o muy elevado como

amenaza. No sucede lo mismo con la amenaza de la proliferación de armas de

destrucción masiva, que rechaza el 59,1 %, al considerar que es una amenaza de nivel

escaso o muy escaso, frente al 11,3 % que la tienen por elevada o muy elevada.

Sobre la repercusión del conflicto entre Israel y los palestinos, el 31,8 % ve en el

mismo un motivo elevado o muy elevado de crisis o conflicto que pueda afectar la

seguridad española, y un 29,5 % lo sitúan en el nivel medio, aunque un 25 % considera

escaso o muy escaso que este conflicto repercuta en la seguridad de España

directamente. El 45,4 % sí considera elevado o muy elevado el nivel de amenaza del

terrorismo global y un 27,3 % le atribuye un nivel medio, siendo desechado como

amenaza sólo por el 13,7% de los consultados.

Entre las propuestas que debe impulsar y defender España para crear una zona

euromediterránea de paz y prosperidad, de mayor seguridad y cooperación, la que

obtiene mayor respaldo es la de promover la integración política, social y económica del

Magreb, concediendo así a las relaciones vecinales y al Mediterráneo Occidental una

prioridad sobre el resto de subregiones y considerando las circunstancias que concurren

en torno a esta zona como de mayor peso a la hora de mejorar la seguridad mediterránea

(inmigración, delincuencia transnacional organizada, deterioro ambiental, auge del

islamismo radical, terrorismo global, el Sáhara Occidental o las relaciones conflictivas

con Marruecos). En segundo lugar, los consultados optan por incentivar la cooperación

sociocultural y educativa en el Mediterráneo como uno de los pilares que debe apoyar



274

España en las políticas e iniciativas que se desarrollan en la región. Después de estas

dos mayoritarias, un 20,3 % y un 15,4 %, respectivamente, encontramos otro grupo de

cuatro medidas que obtienen un respaldo entre el 10 % y el 12 %, a saber, reforzar el

bilateralismo y multilateralismo mediterráneos, los intercambios económico-

comerciales, la seguridad colectiva y asumir mayor responsabilidad en el conflicto del

Sáhara Occidental. La percepción de seguridad de España es elevada, puesto que no se

deben considerar amenazas a la seguridad propia, cuando sólo el 3,3 % apunta a la

necesidad de reforzar la seguridad y defensa propia (sólo un 5 % demanda la creación

de un foro de seguridad específico mediterráneo). Es de destacar que,

comparativamente, la demanda de un mayor compromiso gubernamental, a todos los

niveles (estatal, autonómico y local) es significativa (un 6,5 %).



275

CONCLUSIONES.

Esta investigación surge para corroborar la hipótesis de la inexistencia de una

definición española del Mediterráneo expresada en términos políticos y estratégicos.

Del trabajo realizado, se desprende que no existe una referencia político-estratégica

histórica, homogénea ni identificable como política mediterránea de España, dentro de

la política exterior. Como también hemos comprobado, tampoco puede hablarse de una

concepción mediterránea de la seguridad desde el punto de vista institucional español,

oficial, incluso gubernamental, si se prefiere. Ni definición, ni política mediterránea ni

concepto español de la seguridad mediterránea que es coherente con la débil percepción

y concreción que de los aspectos mediterráneos, y de la seguridad, en concreto, tiene la

sociedad española, en general. Las opiniones de los especialistas y expertos coinciden

con estas hipótesis confirmadas, como mencionamos al final de estas conclusiones.

Este capítulo final de conclusiones debe considerarse, asimismo, un compendio

de las bases conceptuales que están configurando la seguridad y la cooperación política

en el espacio euromediterráneo.

La seguridad en el Mediterráneo es un concepto no definido, en permanente

elaboración, sometida a la influencia de nuevos soportes y bases conceptuales, entre

las que destaca la globalidad y lo multidimensional, a partir de la formulación de

Naciones Unidas de 1992.

Enfocar la investigación desde diversas perspectivas ha servido para comprobar

que las mismas están, conceptualmente, más próximas de lo que podíamos suponer al

inicio. Entre las corrientes y visiones de la investigación para la paz y las estratégicas,

por ejemplo, encontramos diferencias de enfoque en la intensidad de los aspectos

militares, pero ambas coinciden en señalar la relevancia de los mismos en el

Mediterráneo, su necesidad para aplacar algunas crisis y conflictos y en destacar el

ajuste importante que la defensa viene realizando para adaptarse a un concepto de

seguridad más amplio, en permanente construcción. Las perspectivas que ponen el

acento en la vinculación entre seguridad y desarrollo parecen erigirse en dominantes, si



276

bien hay que mencionar que la puesta en marcha del Proceso de Barcelona, en 1995,

imprimió un importante sesgo a estas visiones. No obstante, los trabajos de los diversos

investigadores en este campo están imbricados en el de la mayoría de análisis, no

pudiendo destacarse ninguna perspectiva como dominante teórica ni conceptualmente.

El pensamiento español político-estratégico de seguridad está conformándose

teniendo como base el concepto de seguridad europea y, en menor medida, mediterránea

que, a su vez, se asienta en las nuevas formulaciones del concepto de seguridad en

general, ampliado y reforzado por nuevos elementos que lo definen adecuándolo al

escenario de globalización actual. Desde los centros de pensamiento, de análisis y desde

las instituciones oficiales en menor medida, la participación intelectual española en la

construcción de un concepto de seguridad para el espacio euromediterráneo debe

calificarse de muy destacable.

A lo largo de la investigación, hemos reflejado una gran cantidad de visiones,

reflexiones, aportaciones, opiniones, percepciones y una rigurosa sistematización de la

perspectiva de seguridad mediterránea emanada desde diversos ámbitos, académico, de

instituciones privadas, oficiales, del Ministerio de Defensa, político, económico,

sociedad civil, militar, de la seguridad y defensa, etc. Una gran cantidad de

concepciones sobre la seguridad en el Mediterráneo recogidas en los análisis realizados

por los investigadores y especialistas que desarrollan su trabajo en el área de la

seguridad internacional y, en particular, de la mediterránea. En definitiva, un número

elevado de propuestas conceptuales referidas al Mediterráneo desde varias disciplinas

científicas y que abarcan, sobre todo, el siglo XX, aunque hemos realizado incursiones

en el siglo XIX y en el nuevo siglo. Esta introducción nos lleva a concluir que los

estudios e investigaciones sobre la seguridad en el Mediterráneo están ampliándose

desde hace tres décadas y, específicamente, desde la puesta en marcha del proyecto

euromediterráneo, el denominado Proceso de Barcelona, Asociación Euromediterránea

y, desde 2008, Unión para el Mediterráneo.

La investigación tiene un carácter compilatorio, obligado por su pretensión de

conocer las ideas, concepciones y propuestas políticas y estratégicas elaboradas acerca



277

del significado que el espacio Mediterráneo tiene para la seguridad española. Desde

luego, hemos adoptado un punto de vista histórico, que nos ha permitido conocer la

evolución de las condiciones y aspectos considerados tradicional e históricamente

“mediterráneos”, como las cuestiones relacionadas con Marruecos, la pérdida territorial

de España, el Sahara Occidental, la prioridad de las relaciones con la región del Magreb,

etc. Pero hemos huido del relato histórico y hemos querido reducir el predominio del

análisis histórico e historicista del Mediterráneo con el objeto de hacer visibles la

perspectiva geopolítica y politológica de la seguridad

Hemos adoptado también un enfoque sectorial, con el que hemos conocido las

cuestiones de seguridad mediterráneas o asuntos vinculados a la seguridad que, de

alguna manera, se alejan de los puntos de vista tradicionales, incorporando los asuntos

desde los diversos sectores del conocimiento de carácter no militar y no tradicional de la

seguridad y la defensa, como el medio ambiental, el del acceso a los recursos, el de la

cooperación al desarrollo, los derechos humanos, el económico, el cultural, el

institucional, por ejemplo.

La visión territorial, nacional, ha sido uno de los ejes de la investigación, con el

que hemos reunido la producción y el pensamiento de autores, analistas, investigadores,

políticos y actores españoles de diversos ámbitos.

En la formulación del pensamiento de seguridad y en la base teórico-práctica de

las relaciones hispano-mediterráneas, ha predominado una elaboración conceptual

indefinida, espacial y geopolíticamente, centrada en el Mediterráneo Occidental,

excesivamente dependiente de los ámbitos y circunstancias institucionales,

eurocéntrica, minoritaria dentro del análisis de las relaciones internacionales y de un

análisis limitado en cuanto a la relevancia concedida a la región mediterránea.

Es frecuente que la mayoría del pensamiento y de los análisis relativos a la

seguridad en el Mediterráneo incluyan un apartado para abordar la delimitación del

espacio mediterráneo sobre el que van a versar, ya sea desde el punto de vista

geográfico, político, histórico, económico, social o cultural. Y casi con la misma



278

prodigalidad se produce la diversidad en su definición. El consenso está en que no hay

consenso porque se está ante un espacio múltiple, heterogéneo, irreductible.

Cada vez más, los investigadores y especialistas en las cuestiones mediterráneas

asumen que el Mediterráneo es un espacio geopolítico, al que se denomina con

frecuencia espacio mediterráneo, y que se trata de una concepción política, además de

que la perspectiva española tiene que superar el ámbito de la geografía y concebirlo con

una visión amplia (Hernando de Larramendi y Mañé, 2009: 9).

Pero hay otro aspecto en el que coinciden la mayoría de trabajos, el de la

juventud del Mediterráneo como construcción teórica multidisciplinar, abierta,

transversal, en relación con la seguridad y defensa y su vinculación a aspectos no

tradicionales de la misma, superando la perspectiva clásica de considerar a aquél como

objeto de análisis espacial geoestratégico. Esta visión multi-angular no se remonta más

allá del último tercio del siglo XX, reciente en términos históricos contemporáneos,

cuando comienzan a realizarse las primeras aportaciones institucionales, en

concordancia con el impulso de la OSCE (entonces CSCE) y lo que podemos

denominar “proceso de Helsinki” de 1975.

Asimismo, cabe señalar otras dos observaciones. La tendencia mayoritaria de los

estudios relativos al contexto global mediterráneo se han desarrollado bastante en torno

a las iniciativas institucionales, sean europeas, españolas o euromediterráneas; es decir,

predomina la “producción institucional” de la reflexión y del pensamiento mediterráneo.

Y segunda, la existencia de una línea de pensamiento menos dominante en el ámbito de

la seguridad y defensa, la cultural. Ambas líneas o tradiciones se han desarrollado

paralelamente, pero es muy reciente la confluencia de conceptos y la convergencia de

puntos de vista entre ambas, que están participando y contribuyendo a enriquecer la

construcción del moderno pensamiento español de seguridad sobre el Mediterráneo,

paralelamente a la definición de un concepto de seguridad, el de la seguridad humana,

en plena elaboración.



279

Existe una abundante literatura contenida en informes, documentos,

conferencias, ponencias, etc. centradas en la seguridad y en los foros de seguridad con

información y análisis muy completos relativos al contexto de las relaciones entre

España y el Mediterráneo y entre España y la Unión Europea, teniendo como marco las

relaciones euro-mediterráneas. En su mayoría se trata de estudios y exposiciones

analítico-descriptivas, con un elevado componente cronológico y del esquema

exposición-revisión de los avances institucionales, es decir, de un relato cronológico-

descriptivo de las acciones, actividades, reuniones, etc. que se llevan a cabo desde los

ámbitos político, de seguridad y defensa, económico o social, que ofrecen una

perspectiva muy completa de cómo se producen, mantienen y evolucionan las relaciones

mediterráneas.

En menor cantidad, se observa un grupo de estudios y trabajos dedicados a los

efectos provocados por la puesta en marcha de las diferentes políticas e iniciativas, pero

que son más abundantes en cuanto a las políticas de desarrollo (cesta 1 y 2 del proceso

de Barcelona, Política Europea de Vecindad) que a las relativas a la seguridad y defensa

(cesta 1 del proceso de Barcelona, Diálogo Mediterráneo, Grupo 5+5).

Existe también, en la mayoría de ocasiones formando parte de los mismos

análisis y estudios o documentos (mezclado), un amplio conjunto de recomendaciones o

prescripciones (cuando se formulan desde una institución o foro o en su representación)

que tratan sobre la orientación o el camino que debieran seguir las políticas, las

decisiones o las iniciativas de seguridad establecidas. Pero son formulaciones poco

ambiciosas, muchas veces poco concretas y normalmente son lugares comunes

observados por la mayoría de analistas y autores estudiados que se exponen.

Es bastante más escaso el volumen de trabajos españoles en los que se formulen

propuestas concretas y desarrollos relativos al futuro inmediato de las relaciones en el

ámbito de la seguridad euromediterránea.

Llama la atención la relativa insuficiencia de investigaciones sobre las causas

sectoriales que motivan el fracaso, la disfunción o el estancamiento de los procesos o



280

iniciativas existentes en torno a la seguridad del Mediterráneo. Hay quizá demasiada

atención en la descripción del origen, del relato (hoja de ruta establecida en cada

momento) y de las deficiencias respecto a los objetivos y medidas institucionales

proclamadas y menos esmero por explicar los porqués de los fracasos, cambios de

perspectivas, variaciones en los modelos de trabajo, funcionamientos erróneos, abuso de

la retórica, etc. en definitiva, en la exposición causal y casuística no convencional de los

conflictos existentes en el Mediterráneo, incluido el del Sahara Occidental.

A grandes rasgos, podemos resumir en dos las formas o esquemas de abordar el

concepto de seguridad en el Mediterráneo: una que reelabora el contenido y práctica de

la seguridad conforme evolucionan los conflictos abiertos, latentes o planteados, y otra

que lo hace sobre los contenidos de la seguridad para luego reflejarlos sobre el ejercicio

de la seguridad, sea en conflictos o en mecanismos de prevención de los mismos.

Ambas formas coexisten y se alimentan conceptual e intelectualmente.

En opinión de la mayoría de autores y especialistas, el éxito de las diferentes

iniciativas multilaterales de seguridad choca con diversos obstáculos, entre los que

suscitan unanimidad la existencia de diferentes percepciones en materia de seguridad a

ambos lados del Mediterráneo y de conflictos como el del Sáhara o el árabe-israelí.

Algora (2009) añade “la falta de un pensamiento estratégico común en la región es un

obstáculo considerable”.

En España, esta es la cuestión, todavía no puede hablarse de la existencia de un

pensamiento estratégico hacia la región. La creciente investigación desde ámbitos

distintos; la confluencia y coordinación política, ideológica y diplomática entre la

defensa, la seguridad y la acción exterior; y la amplia participación de la sociedad

española y sus organizaciones civiles, políticas, sociales, económicas y culturales, están

configurando un conjunto de análisis, ideas, propuestas, acción y conocimientos que

circulan en la misma dirección, el Mediterráneo y que conforman un pensamiento

amplio, desarticulado, difuso, pero no tan desconectado. Participantes y actores en

diferentes ámbitos y niveles que encuentran los mismos obstáculos en sus objetivos, que

saben de los esfuerzos paralelos de otros sectores, pero que, academia, política,



281

sociedad y Fuerzas Armadas, pero que carecen de una guía o eje superior aglutinador

sobre la definición del Mediterráneo como espacio de encuentro, sobre el interés

estratégico español en la región, sobre la naturaleza de las relaciones más importantes y

sobre la prioridad que hacia el Mediterráneo debe marcarse, consensuada, articulada y

dialogadamente. Estas carencias de articulación conceptual, estructuración, definición y

elaboración del consenso, impiden que pueda hablarse de un pensamiento político-

estratégico español de seguridad y cooperación en el Mediterráneo, una carencia que,

análogamente al espacio euromediterráneo, resta potencialidad a las políticas y a las

relaciones españolas con el Mediterráneo en general y el Magreb, en particular.

Pocos autores han abordado bajo un marco puramente mediterráneo los asuntos

relativos a la región como Larramendi y Mañé, que no dudan a la hora de admitir la

existencia de una política mediterránea española y de un espacio mediterráneo definido

para los intereses españoles. Debe observarse que, conforme avanzan en su exposición

de ideas, el objeto de su interés se va reduciendo del Mediterráneo amplio o extenso al

Mediterráneo más próximo, al Magreb. No obstante, su tesis es que “No se puede hablar

de una verdadera política mediterránea de España hasta los años ochenta” (Hernando de

Larramendi y Mañé, 2009:9), con lo que asumen la existencia de la misma, bajo la que

engloban “las relaciones que España mantiene con los países de la cuenca meridional y

oriental del mar Mediterráneo”.

Podría decirse que los investigadores, los actores políticos y los participantes

españoles en las relaciones mediterráneas, certifican la existencia de un terreno propio

en nuestro país reconocible como cuestiones mediterráneas o lo mediterráneo, definido

como un conjunto de relaciones y dinámicas políticas, económicas y sociales que no

sólo participan de diferentes visiones sobre la seguridad y defensa en el Mediterráneo,

sino, incluso, de distintas percepciones sobre la manera de relacionarse y/o aproximarse

al Mediterráneo y a las estructuras, organizaciones y sociedades que lo conforman.

Pese a las diferentes visiones sobre la seguridad, los elementos que la

condicionan y las prioridades en la región, parecen confluir en algunos aspectos: en la

existencia de una red o entramado de intereses comunes hispano-mediterráneos, entre



282

los que se incluye y destaca el de la seguridad, tanto en suelo español como en el

espacio mediterráneo (seguridad a la que se liga de forma creciente la inmigración); en

la necesidad de profundizar el vínculo entre desarrollo y seguridad; en concentrar y

proyectar su actividad preferentemente en el Mediterráneo próximo (Magreb,

Occidental); o en la importancia que tiene para España impulsar dentro de la Unión

Europea un marco de relaciones basado en el desarrollo y en la modernización y

democratización árabe.

No obstante, existen concepciones estratégicas o un pensamiento estratégico

coherente en el seno de las distintas organizaciones españolas, desde luego sí en la

Defensa, en el área de Exteriores e, incluso, en los distintos gobiernos como órganos

colegiados, pero no se deduce de ello que exista un pensamiento político-estratégico

español hacia el Mediterráneo, que imprima la acción exterior de España, tanto en el

pasado como en la actualidad. Respecto del pasado, hemos visto como un conjunto de

rasgos impidió el desarrollo de una política exterior mediterránea coherente y sólida: la

incoherencia estratégica, la descoordinación entre actores y estructuras del Estado, la

mala planificación, la debilidad militar, la falta de sintonía entre política interna y

externa, el peso de las condiciones psicosociales y las nociones (aislamiento,

marginalización, la falsa grandeza). Respecto del presente, permanecen debilidades

estructurales, de coordinación y funcionamiento institucional, ministerial

específicamente, de defensa (el desfase entre la voluntad y la ambición y el presupuesto

o la falta de una Estrategia de Seguridad Nacional) o de abuso excesivo del

protagonismo presidencialista en la formulación de la política exterior, lo que impide la

definición e identificación de políticas sólidas y constantes hacia la región mediterránea.

El modelo de seguridad imperante desde el final de la Guerra Fría tiene un

carácter continentalista europeo e invisibilizador de las coincidencias

A la hora de analizar los factores y riesgos de amenazas y/o conflictos en el

Mediterráneo, es importante observar desde qué punto de partida se realizan los análisis.

Muñoz y Pérez (2003) han criticado que muchas veces se ha impuesto una visión

continentalista, etnocentrista y poco globalizadota, que presentan sesgos analíticos y



283

que ocultan una realidad igualmente básica del Mediterráneo, sesgos probablemente

debidos al enfriamiento presente en la región desde el siglo XVI y, sobre todo, desde el

colonialismo y la Guerra Fría, que son condicionantes importantes de la realidad actual

(Muñoz y Pérez, 2003). Una región contemporánea que está fuertemente militarizada,

en la que ha predominado la reconstrucción europea de la historia mediterránea a partir

de la continentalidad y la subordinación, con una aproximación a su historia desde el

impacto de las desavenencias y la invisibilización de las coincidencias, con el añadido

de las evidentes diferencias ideológico-religiosas. Esta aproximación se ha trasladado al

ámbito de la seguridad y ha instalado la desconfianza como base de las relaciones de

seguridad y defensa, generando dificultades no pequeñas a la hora de establecer marcos

comunes desde los que construir una seguridad mayor en la región.

Podemos constatar un desplazamiento de las condiciones de la seguridad

mediterránea desde el Norte hacia el interior de África y una convergencia de los

factores y elementos que conforman la seguridad.

Si se permiten las expresiones, en el tablero estratégico, están empezando a

cruzarse el “corredor de seguridad horizontal”, desde Marruecos hasta Irak y Asia

Central, y el “corredor de seguridad vertical”, desde Marruecos y el Norte de África

hacia el Sahel.

Es posible que la prioridad del Mediterráneo en temas de seguridad vaya

desplazándose al área subsahariana o esté sumándose a la mediterránea, sobre todo

teniendo en cuenta que dos temas de preocupación máxima para la seguridad, la

inmigración y el terrorismo, se extienden por ambas zonas, cuando hasta hace pocos

años su ubicación radicaba casi exclusivamente en torno al Mediterráneo.

Cada vez más, actores gubernamentales españoles vinculan el Mediterráneo a los

nuevos escenarios estratégicos que adquieren interés para España. Mientras que hasta

hace poco tiempo se hablaba únicamente del Mediterráneo para referirse a la región

ribereña y a Oriente Próximo, de un corto tiempo a esta parte, se amplía muchas veces a

extensas zonas de África.



284

En línea con lo expresado por Domingo del Pino, se podría hablar del concepto

“Mediterráneo de los conflictos” para aludir al lugar de origen y confluencia de

tensiones, riesgos y amenazas procedentes de un área mucho más extensa, la africana.

Los movimientos terroristas, por ejemplo, se han ido moviendo hacia el sur, al

área del Sahel (Mauritania, Mali, Senegal, Níger, Norte de Nigeria), buscando refugios

seguros y medios alternativos de financiación. Eso implica que la lucha antiterrorista

deberá también desplazarse. En ese sentido, la aprobación del Código de Conducta es

un documento novedoso, por tratarse del primer documento en materia de terrorismo

consensuado entre la Unión Europea, los países árabes y musulmanes de la ribera

mediterránea e Israel. Dicho Código contemplas las prioridades en la lucha

internacional antiterrorista: fortalecer la cooperación internacional para perseguir los

actos de terrorismo y sus responsables; respetar y cumplir el marco jurídico

internacional en temas de financiación del terrorismo; respetar los derechos humanos y

el derecho internacional humanitario; reconocer el papel central de la ONU; abrir una

vía a una futura conferencia internacional sobre terrorismo; reconocer la necesidad de

luchar contra las ideologías de odio que incitan al terrorismo.

Este es el sentido al que se refiere el discurso que plantea que el Mediterráneo y

África son áreas geográficas declaradas prioritarias para la acción exterior española

(Buján, 2008).

La necesidad de superar la herencia del colonialismo en las nuevas relaciones

euromediterráneas.

Para los europeos, su perspectiva de la seguridad es la dominante en el

Mediterráneo y se ignora con frecuencia que la construcción de un proyecto común es

un proceso que requiere de aportaciones desde todas las partes. En las relaciones

euromediterráneos, sigue pesando todavía la herencia del colonialismo europeo. Molina

Rueda (Martínez y Muñoz, 2007) considera que esta política europea de crear nuevas



285

redes comerciales y buscar materias primas en beneficio propio está en el origen de los

conflictos y las diferencias económicas y de desarrollo actuales en el Mediterráneo.

Este proceso que duró varias décadas tuvo motivaciones económicas, políticas,

geoestratégicas, culturales y religiosas que afectaron el sistema de valores árabe y

mediterráneo: generó un sentimiento de frustración e inferioridad, impuso unos valores

modernos a sociedades que asimilaron su retraso e ignorancia y reforzó los estereotipos

y visiones mutuas. A esto se une que las nuevas redes de la globalización están

produciendo un resultado asimétrico para los PSM, que a su vez provoca un proceso de

migraciones masivas (con una pérdida importante de su capital humano) y una

movilización de la religión como mecanismo de defensa ante la pérdida de identidad o

la desigualdad socioeconómica. Por ello, las nuevas relaciones con Europa generan

focos de conflictividad que tratan de regularse mediante medidas y prácticas de paz, sin

olvidar que se dan soluciones de violencia. Como apunta Molina (2009), una vía para

evitar nuevos focos de conflicto es rescatar los elementos positivos y creativos del

Islam, en un contexto en que ciertas políticas mundiales apuntan a la primacía de

intereses económicos, políticos, geoestratégicos y de poder (Martínez y Muñoz, 2007).

Ese rescate permitiría conocer y reconocer las variantes del Islam, porque no es un todo

homogéneo y monolítico, reconocer sus aspectos no religiosos, su dimensión social y

cultural y su rico pensamiento, además de conceder a los árabes y musulmanes el papel

y la dignidad necesarios como integrantes del mundo global.

España y el Mediterráneo, una relación por definir.

Se habla de España como un país europeo, mediterráneo y atlántico, pero el

significado de la “mediterraneidad” no se ha definido con claridad ni se ha caracterizado

de forma inequívoca la forma en que ese concepto se ha hecho operativo a lo largo del

pensamiento español de seguridad y defensa y de sus confluencia con los aspectos

cultural, social y económico.

El continuo europeísmo-atlantismo está envuelto en unas coordinadas históricas

configuradas por diversos movimientos, pensamientos o formas colectivas de asumir la



286

realidad, en las que “la meditarreneidad” o el “mediterraneísmo” no han figurado como

esenciales, aunque sí aspectos parciales del mismo englobados en las expresiones

recogimiento, afrancesamiento, pensamiento reaccionario, las dos Españas, el

racionalismo armónico o krausismo, el regeneracionismo (paso desde la Escuela a la

Universidad denominado Edad de Plata).

No se ha desarrollado ni construido un pensamiento o conjunto de ideas en torno

al Mediterráneo que haya cuajado como concepto, discurso o aspiración, al estilo de la

de la “europeización” como modernización, el aislacionismo, el problema de España o

el problema de Marruecos. La aspiración de democratizar y modernizar España

mediante su incorporación a Europa ha sido una idea fuerza que se ha asentado en la

reciente memoria histórica colectiva y en la agenda política y social. Mientras la idea de

Europa como homologación (democratización-modernización-europeización) se

consolidó y sirvió para implantar y articular un discurso político y de Estado, no ha

sucedido lo mismo con la idea del Mediterráneo.

Durante gran parte del siglo XX, exceptuando la política hispanoamericana, la

actividad internacional se centró en el marco del “Mediterráneo limitado”: norte de

África y Estrecho de Gibraltar, sobre todo después de que el desastre del 98 evidenciara

el papel de España como potencia de segundo rango. España se mantuvo al margen de

la gran política europea y careció de interés continental. No hay en ningún momento

una política global mediterránea, sino que sería más propio hablar de una “política

marroquí”. El “Estrecho” fue el único escenario posible de la actuación internacional de

España, de gran importancia estratégica (Sueiro Seoane, en Ayer, 2003).

No ha habido un interés específico en la cuenca mediterránea hasta finales del

siglo XX, cuando España lideró una reformulación de la política mediterránea

comunitaria ante la ineficacia de las anteriores. Entre los factores que determinaron el

renovado interés español por el Mediterráneo, Sueiro (2003), destaca los siguientes: que

España comenzara a ser un país-destino de la emigración del sur mediterráneo; la

inestabilidad y crisis interna de los países del Magreb; las tensiones entre los propios

PSM; el contencioso del Sáhara Occidental; y razones de prestigio internacional, de



287

influencia dentro de la Unión Europea, para evitar una posición periférica después de

1989.

España ha trabajado mucho por la concienciación europea sobre la seria

amenaza procedente del sur mediterráneo, pero también sobre la idea de que era

necesaria una solución global a la misma, desde la inversión, la capitalización, la

contribución al desarrollo económico, social y político, la reducción de los

desequilibrios y desigualdades, evitando aislar Europa y convertirla en una fortaleza.

España ha defendido, y defiende, en las instituciones europeas e internacionales que la

única fórmula para lograr la seguridad y la estabilidad es fomentar la integración y el

desarrollo regional de la ribera sur mediante la cooperación.

Las nociones de grandeza pretérita, de garantía de la defensa peninsular, de la

marginación o aislamiento internacional y de España como frontera sur explican gran

parte de las causas del fracaso de la política exterior española entre los siglos XVIII y

XX, y de la mediterránea, específicamente.

Entre años treinta y cincuenta del siglo XX entraron en crisis las nociones que

habían presidido la conciencia histórica: la grandeza pasada, la marginación de la

península o el concepto de frontera. La grandeza pretérita, de vinculación

fundamentalmente barroca, se reactivó con el nacionalismo liberal de la segunda mitad

del siglo XIX y con las expediciones militares africanas y mediterráneas. Esta oscura

noción se ligaba a la irracional esperanza de un resurgimiento de la grandeza de la

España imperial, como también sucedió con el nacionalismo conservador del siglo XX.

Es quizá España el único país que ha hecho del “desastre” una categoría épica (Jover,

1986).

En cuanto a la crisis de la noción de la marginación peninsular o de España

como un mundo aparte, desde la Guerra de la Independencia hasta los años treinta del

siglo XX, no habrá política exterior que no tenga presente la garantía de la seguridad

peninsular. A esto va unida la tercera noción, la tendencia a polarizar en el sur el

concepto de frontera, no como separación de dos países o incluso culturas o



288

civilizaciones, sino como una zona de riesgo e inseguridad, de inestabilidad o

expansión, una línea divisoria para delimitar el histórico antagonismo con el moro.

Cuando la Entente franco-británica acordó el reparto de Marruecos en beneficio de

Francia, España encontró en el sur una nueva frontera europea.

La división religiosa, un factor de conflicto por analizar más profundamente.

Para Balta, las divisiones religiosas y toda la red de intereses, comunidades,

valores, frustraciones colectivas, pueden encauzarse mediante la participación religiosa,

reconfigurando la identidad, en un apoyo entre lo religioso y lo cultural, de dimensiones

sociales y políticas aún no suficientemente analizadas. Sin embargo, lejos de la tesis del

choque de civilizaciones, lo que se apunta es la capacidad de desestabilización interna

que podría tener en los Estados, aunque no hay que menospreciar la capacidad de acción

que podría movilizarse por la empatía islámica en un momento determinado. En

cualquier caso, se necesitan más estudios y análisis rigurosos sobre este tema para

comprender los mecanismos que operan ante un posible riesgo para la seguridad y

estabilidad en el Mediterráneo procedente de la fractura religiosa.

Las relaciones mediterráneas presionan a favor de que el Mediterráneo no se

convierta en un espacio de división permanente.

Hemos visto cómo la convergencia de factores migratorios, culturales,

económicos, de incomunicación, incomprensión, de terrorismo, etc. motiva que existan

razones objetivas para esperar que el Mediterráneo se convierta en una franja divisoria

permanente. Pero, no es previsible que el espacio mediterráneo funcione siempre como

una frontera, porque el espacio físico-geográfico no es tan significativo para cortar las

relaciones y los intercambios de raíz, porque el clima, la fauna, la flora y el sustrato

cultural son compartidos y modelan las culturas y sus relaciones y porque persiste,

incluso en los momentos de explosión de los conflictos más duros, la necesidad de los

otros como socios, en forma de espacios de emigración o inmigración, de turismo o de

inversiones. Es una fuente de fuerte atracción (Muñoz y Pérez, 2003).



289

La base personal y colectiva de la seguridad, un factor de la nueva visión de

seguridad necesario en el Mediterráneo.

En la línea de la reelaboración conceptual de la seguridad con atención al

individuo y su participación en los procesos de construcción de la misma, se inscribe la

reflexión de Fisas, paradigmática de varias de las exposiciones sobre la seguridad

mediterránea contenidas en la investigación:

Para lograr un Mediterráneo más seguro, en definitiva, será preciso lograr

una auténtica movilización de los pueblos ribereños. Las percepciones, los

intereses y los ritmos de actuación de los centros de decisión política y del

mundo diplomático no podrán transformar, por sí solos, las actuales

tendencias de confrontación o recelo. Son las personas, a nivel individual o

como miembros pertenecientes a asociaciones, ciudades o regiones, las que

tienen la oportunidad y la responsabilidad de llevar a cabo iniciativas y

propuestas de acercamiento, diálogo y cooperación, en todas las direcciones

y en beneficio mutuo.”

Hay que llamar la atención sobre varios aspectos importantes contenidos en este

párrafo. Primero, la necesidad de participación de todos los actores mediterráneos, que

se relaciona con las limitaciones que tiene una visión de la seguridad elaborada

exclusivamente desde los Estados. Segundo, como hemos visto durante todo el trabajo,

la importancia de las diferentes percepciones e intereses que operan en el ámbito de la

seguridad mediterránea. Tercero, la relevancia que va adoptando el nivel individual y de

grupos de la sociedad civil simultáneamente como objetos y sujetos de la seguridad.

Cuarto, el diálogo y la cooperación son los instrumentos fundamentales a partir de los

que debe sustentarse cualquier iniciativa de seguridad mediterránea. Quinto y último, la

seguridad, aceptada su composición multidimensional, implica también una multi-

direccionalidad (no sólo desde Europa hacia los PSM).

Las migraciones, un fenómeno de doble filo en las relaciones euromediterráneas

y que adquiere naturaleza de elemento de la seguridad de forma progresiva.



290

No debe conceptualizarse el fenómeno de las migraciones, dice Dezcallar, como

una amenaza, como mayoritariamente viene incluyéndose desde hace años en la

mayoría de análisis de las amenazas y factores proclives a la conflictividad mediteránea,

aunque tampoco hay que concebir las mismas con una mentalidad excesivamente

defensiva, como hace Europa. En realidad, es un error hacer de Europa una fortaleza

pero tampoco puede admitirse la total libre circulación de personas y trabajadores entre

el sur y el norte mediterráneo, el problema es doble y la dificultad de encontrar una

posición común europea mayor y euromediterránea prácticamente imposible (Dezcallar,

2001)

La seguridad energética, un factor fundamental en la seguridad mediterránea.

La expresión “seguridad energética” se está imponiendo en el inicio del siglo

XXI como un factor fundamental en la concepción de la seguridad en el Mediterráneo.

Aunque la seguridad energética es un tema recurrente y cíclico (sobre todo en la región

mediterránea), desde 2000 la importancia de la geopolítica, la seguridad y la

geoestrategia ligadas a la energía han aumentado, circunstancia influida por el

“nacionalismo energético”, el aumento de los precios de los hidrocarburos, la

estabilidad de las regiones productoras, los atentados contra las infraestructuras e

instalaciones energéticas y por las catástrofes naturales. Estos hechos están motivando

un replanteamiento y debate sobre la energía nuclear para la producción de electricidad

y la desalación de agua por parte de algunos países, como Argelia, Túnez, Arabia,

Egipto o los Emiratos Árabes Unidos. En este sentido, España es un Estado clave que

debe hacer valer su posición estratégica (si bien su dependencia energética es también

un hándicap). España es el tercer destino mundial de los buques de carga, el primero

europeo en plantas de regasificación y cuenta con cinco plantas operativas que absorben

más del 65 % del total del gas natural licuado que va a la Unión Europea (Amirah y

otros, en Soler i Lecha, 2007).

La seguridad ecológica, un elemento clave de la nueva seguridad mediterránea.



291

Se ha cuestionado la existencia del Mediterráneo como una unidad o subsistema

regional en el contexto de las relaciones internacionales. Desde un punto de vista

político, económico, incluso histórico-cultural, no se acepta que forme un todo. Entre

las razones que se han señalado, destacan las enormes diferencias en su seno,

económicas, entre civilizaciones y religiones, entre democracia y sistemas autoritarios,

y, de manera creciente, las relativas al medio ambiente. Aunque el espacio del

Mediterráneo no se comporte como un actor homogéneo en la política ni en la economía

mundial, ni tenga vocación de unidad política o de actuar como un bloque económico,

sin embargo, desde el punto de vista medio ambiental, el Mediterráneo constituye una

unidad incuestionable, una eco-región (Cisneros, 1999).

Y este es otro elemento importante que conforma la visión de la seguridad y que

forma parte de un esquema más global que tiene que ver con la inseguridad y las

condiciones económicas o de desarrollo de los Estados. Por ello, la seguridad ecológica,

clave para el desarrollo justo, y la seguridad mediterránea están en íntima relación.

Como la relación entre deterioro ecológico, conflictividad, subdesarrollo y organización

económica genera desigualdades se necesita un planteamiento orientado a tratar las

injustas relaciones económicas entre las dos riberas, sobre todo valorizando la fuerza de

trabajo magrebí. La seguridad ecológica es algo más que un mecanismo, es una nueva

política que debe abordar sus causas económicas, políticas y sociales, por ello,

seguridad no puede ser equivalente de estabilidad de un orden injusto y su perpetuación,

sino de transformación de las bases de fondo. Lo contrario es militarizar la seguridad

ecológica (Fisas, 1993).

El conjunto de factores de riesgo, tensión y amenazas o proclives a la

generación de crisis o conflictos está cambiando el modelo actual de las relaciones

euromediterráneas.

Se ha enumerado un conjunto de amenazas a la seguridad en el Mediterráneo, el

terrorismo, la proliferación de ADM, el crimen organizado, los Estados fracasados y un

grupo de amenazas menos tradicionales, no militares o de seguridad blanda, a saber, la

desnutrición, la pobreza, la enfermedad, la falta de libertades, el autoritarismo y la



292

corrupción. Se trata de amenazas que cualquier especialista y experto consideraría

acertadas incluir en el catálogo de riesgos del Mediterráneo Urgell (Soler i Lecha,

2007).

La educación, una solución ignorada como elemento de mejora de las

condiciones de la seguridad compartida en el modelo de relaciones de seguridad en el

Mediterráneo.

La educación condiciona el desarrollo en los PSM y, a medio y largo plazo, la

constitución de sociedades abiertas y democráticas, por lo que el pacto educativo entre

los Estados magrebíes y sus sistemas educativos, proclamado hace mucho tiempo, es

necesario para que dichos sistemas puedan acompañar el desarrollo económico, reducir

las fracturas sociales y ofrecer esperanza a una juventud desorientada. Además, debe

permitir reducir los obstáculos, no pequeños, que impiden el progreso de la educación

pública en el Magreb, como el bilingüismo desigual (árabe-francés), la difícil inserción

de los jóvenes titulados, las reformas curriculares, y la formación inicial y continua de

los profesores.

Las armas de destrucción masiva y el terrorismo en el Mediterráneo pueden

formar parte de un vínculo estrecho creado y potenciado artificial y políticamente para

responder a los intereses de la única superpotencia mundial y este, a veces, interesado

entramado de relaciones sospechosas no es el marco idóneo para luchar contra un

hipotético ataque terrorista nuclear, hoy desechado por los expertos en el corto plazo.

Según hemos visto, Núñez y otros concluyen que existe una amenaza real de

proliferación en conjunción con el terrorismo, pero no es tan inevitable ni tan inminente

como algunos predicen, a veces de forma interesada. El peligro nuclear no vendrá del

enfrentamiento entre estados y grupos terroristas. La guerra contra el terror es un marco

inadecuado para reducir la amenaza terrorista nuclear. En el contexto nuclear

mediterráneo se necesita mayor transparencia gubernamental y control de la producción

y mantenimiento de las ADM. Faltan plataformas multilaterales de gestión de este



293

problema y se requiere del diálogo para abrir la cooperación y no buscar minar su

autoridad doméstica.

La configuración de un orden internacional nuevo desde el fin del siglo XX y los

nuevos escenarios de la seguridad mundial vienen generando cambios en los ejércitos

de los países occidentales. Las transformaciones en el seno de las Fuerzas Armadas de

los Estados europeos y las diferencias de concepciones, tanto en el ámbito civil como

en el militar, entre el norte y el sur mediterráneo, son un obstáculo para los avances en

materia de seguridad compartida euromediterránea.

Las Fuerzas Armadas vienen asumiendo cambios para adaptarse a una seguridad

mundial que afecta no sólo a la seguridad de los Estados, sino también de las

sociedades, de los individuos, a la integridad territorial, al desarrollo o la

gobernabilidad. Entre esos cambios está la revisión de las capacidades, sobre todo para

hacer compatible su participación en misiones conjuntas, operaciones de paz, de gestión

de crisis, de carecer multinacionales, misiones muy distintas a las que venían realizando

hasta el final de la Guerra Fría y el 11-S.

Estos cambios en la defensa están siendo “cambios dialogados” en el entorno

europeo, pero no sucede así con las Fuerzas Armadas de los PSM, entre ellas, ni en un

ámbito euromediterráneo. Esta circunstancia determina las iniciativas de seguridad en el

Mediterráneo, “se ha de entender que la estabilidad se basa en las posibilidades de

participación y contribución de las sociedades mediterráneas a la seguridad regional”

(Algora, 2009).

No existe un concepto ni una visión de seguridad compartida en las relaciones

euromediterráneas, como tampoco un catálogo de prioridades acerca de la misma en el

Mediterráneo, orientada hacia la seguridad europea para la Unión y sus Estados y

hacia el desarrollo y lo económico para los Estados del sur mediterráneo.

Sin embargo, ante la percepción de que las amenazas anteriores puedan derivar

en crisis o conflictos, no existe una seguridad compartida en el Mediterráneo. La



294

inversión en armamento y el elevado gasto militar de algunos Estados de la orilla sur

son grandes obstáculos para la estabilidad y seguridad en el Mediterráneo, al tiempo que

una rémora para su desarrollo y prosperidad. Otro obstáculo serio es la “maltrecha

unidad” árabe, que es decir la división árabe, como recordaban otros autores en la

década de los setenta y ochenta, que va creciendo como consecuencia de la acumulación

de enfrentamientos, conflictos y proyectos fracasados (UMA, mercado común árabe).

Otro obstáculo es el monolitismo ideológico de los regímenes autoritarios, que parecen

querer emprender el camino de la ruptura hacia el pluralismo (una visión esperanzadora

la de Algora pero frágil). El establecimiento de barreras infranqueables o “cordones

sanitarios” fronterizos es un obstáculo que actúa en contra de la seguridad y la

cooperación, una perspectiva que rompe con las mayoritariamente defendidas pero que

tiene la originalidad de apostar por una libertad de movimientos.

Uno de los elementos que configuran estos diferentes enfoques euro-árabes de la

seguridad lo constituye el hecho de que la orilla sur considere que, en el Mediterráneo

árabe, los conflictos armados forman parte de la normalidad desde la creación del

Estado de Israel. Otro obstáculo para desarrollar una seguridad compartida es la

consideración de que la estabilidad interna en los Estados del sur mediterráneo está

amenazada, entre otras causas, por el debate y el conflicto en torno al choque entre la

tradición y la modernidad, la injusticia reinante en la mayoría de Estados, la situación

de una población joven sin expectativas o la corrupción política instalada como

comportamiento político normalizado.

Las causas, según Urgell, hay que buscarlas en el desajuste existente entre los

conceptos de seguridad: estas amenazas están enmarcadas en una visión global de la

seguridad humana que no encaja con la de los PSM. En los PSM no existe siquiera una

política propia con objetivos e instituciones delimitadas. No hay percepciones comunes

a nivel político, estratégico y muchos menos táctico. En los PSM hay un evidente

retraso en la reforma del sector de la seguridad y una reticencia y temor a la mínima

cesión de soberanía, pero sobre todo, entre ellos.



295

Pero no sólo los PSM tienen problemas de definición del ámbito de la seguridad.

La Estrategia Europea de Seguridad, de 2003, está ya desfasada, porque emergen

problemas estratégicos potenciales como el cambio climático, el acceso a los recursos

naturales o nuevas potencias nucleares que no han sido concebidos explícitamente por la

misma. Además, existe una clara falta de interés de algunos países europeos por la

región, que consideran remota, lo que lastra una política común de seguridad hacia el

Mediterráneo.

El mediterraneísmo es una corriente de pensamiento de cooperación y

estratégica multilateral reciente que se construye acomodándose a la realidad.

La existencia del “mediterraneísmo” como proyecto político y unificador es tan

reciente que apenas tiene peso en las sociedades globales o en la conciencia global de

las sociedades mediterráneas, pese a que el Mediterráneo ocupa un lugar en la historia,

literatura y conciencia colectiva. La instalación de la desconfianza (sobre todo árabe

hacia Europa) como base de las relaciones entre Estados se impone sobre otras

experiencias y su herencia alcanza incluso a las sociedades civiles, cuyo

desconocimiento y desconexión gravita en su incipiente relación. Conflictos como el

árabe-israelí, las guerras del Golfo, el peso de las circunstancias internacionales, la

lentitud y los retrocesos en la cooperación, etc. impiden romper las barreras de la

desconfianza. El Proceso euromediterráneo, una idea de colaboración nueva gestada

hace tres décadas largas, que arrancó con la Política Global Mediterránea comunitaria,

es una de las mayores iniciativas que pretende implicar a Estados, Gobiernos, religiones

y organizaciones regionales, defensivas, sociales, económicas y culturales de la

sociedad civil, con la mirada puesta en la construcción de puentes y en el derribo de las

barreras de toda forma de incomunicación en el Mediterráneo.

Los nuevos actores en el espacio mediterráneo contribuyen con sus visiones y

sus acciones a redefinir el concepto de seguridad mediterránea y están cambiando la

fisonomía de las plataformas, estructuras y funcionamiento de las iniciativas públicas,

privadas y sociales dirigidas a lograr la seguridad y el desarrollo en el Mediterráneo.



296

Entre los actores que participan en las relaciones euromediterráneas, hay que

citar los tradicionales, como los Estados, las organizaciones intergubernamentales, las

organizaciones internacionales de seguridad y las regionales de las mismas, y los

nuevos actores, expresión que se emplea normalmente para hablar de todos los que no

son actores estatales o que encierran un componente público, gubernamental o político.

Sin embargo, nos interesa hablar de nuevos actores como aquellos que realmente lo son,

independientemente de su carácter público-político o no. Entre éstos, deben incluirse

por su presencia e implicación relevante en el ámbito de la seguridad ampliamente

concebida, a la sociedad civil, organizada o informal, las ONGs (de cooperación

internacional, ecologistas, de derechos humanos, de lucha contra la discriminación de

las mujeres, etc.), las organizaciones económico-empresariales, energéticas y pesqueras

especialmente, los efectivos de las Policías estatales desplazados a países del sur

mediterráneo, las formaciones especializadas de las Fuerzas Armadas presentes en otros

países y en aguas internacionales o jurisdiccionales no propias, los grupos de turistas en

las riberas sur-mediterráneas, los profesionales de los medios de comunicación, los

denominados inmigrantes ilegales norteafricanos y centroafricanos en Europa, las

mafias que trafican con seres humanos, los grupos terroristas, las organizaciones

islamistas radicales en suelo no musulmán o algo tan anónimo pero que identifica a

personas, grupos e ideologías como es Internet, que pese a ser un medio adopta un papel

relevante como actor capaz de movilizar, comunicar, conectar, ignorar fronteras,

autoridades, controles y construir mensajes políticos y sociales potentes.

España buscó la vinculación europea al norte de África y al Mediterráneo como

dimensiones y puntos fuertes de apoyo en la construcción de un modelo de seguridad

europeo.

Los gobiernos y actores españoles en el Mediterráneo han venido insistiendo

reiteradamente en la dimensión mediterránea de la seguridad europea. En realidad, fue

la transformación comunitaria en la post-Guerra Fría la que llevó a España a

singularizar sus intereses y el espacio geopolítico mediterráneo en el proyecto europeo,

para convertirse en el “Grande del Sur”, en un intento de equilibrar el giro de la Unión

Europea hacia el Este, percibido como un “factor de periferización” (Barbé, 1999).



297

Recuperar la centralidad del Mediterráneo como espacio geopolítico y de

España como actor europeo de primer orden eran los objetivos políticos fundamentales

y estratégicos de España en los años ochenta y noventa, proyectándolos sobre el

proyecto euromediterráneo y estableciendo una visión de la seguridad europea, en

contraposición a la estadounidense.

Prat y Coll habla de la necesidad de recuperar el Mediterráneo como espacio

geopolítico, estratégico, cultural y económico, más allá del Proceso de Barcelona, que,

en realidad, no es un proceso sino una asociación. Se trata de una visión global pero no

en el sentido de Mediterráneo ampliado, sino de espacio con identidades que comparten

visiones comunes de cooperación y de seguridad (Fundación Seminario de


El Proceso de Barcelona es más un proyecto para organizar la paz que para hacer

frente a la guerra o a los conflictos (Claret, 2005). Por eso sus logros en los conflictos

como los del Sahara o el palestino-israelí son escasos o nulos y sus logros en relación

con las necesidades de la región, poco relevantes.

En realidad, el Proceso de Barcelona parece haber ido perdiendo fuerza a medida

que iba desplegándose su estructura de diálogo, cooperación e intercambio (seguridad,

economía y sociedad civil) y parece haberse ido instalando la idea de que se trata de una

especie de proyecto dirigido a evitar “males mayores” de los ya existentes en el

Mediterráneo. No deja de haber en esta percepción o punto de vista un elemento de

resignación que de persistir terminará bloqueando o estancando el proyecto,

análogamente al de otros abiertos en la región. No obstante esto, lo cierto es que, como

defiende Claret, es el único espacio de “concertación multilateral entre árabes, europeos

e israelíes” y pese a la lentitud, el retraso y dificultad de las reformas y cambios, parece

ser un proceso inclusivo en el que los países árabes reconozcan alcanzables sus

objetivos.



298

Una visión posible del espacio euromediterráneo es la que postula Claret (2005),

que podríamos denominar dinámica, en la que se concibe como una especie de

“laboratorio de la globalización” donde están presentes los actores relevantes de la

realidad mundial, europeos, árabes y norteamericanos, junto a turcos e israelíes. Esta

percepción convierte al Mediterráneo en un espacio dinámico, de transformación y

transformador de las relaciones internacionales.

En este “laboratorio” existen algunas condiciones y elementos cuya interacción

ha provocado una reacción clásica y básica en términos de seguridad interior y exterior,

a saber, el terrorismo islamista internacional violento, los movimientos humanos

incontrolados, el estancamiento del proceso europeo y la continua llegada e instalación

de inmigrantes, sobre todo musulmanes, en el corazón de Europa.

Estos debates y el hecho de que Estados Unidos aplicase una política militar y de

seguridad errónea sobre Irak y el Mediterráneo, junto a la “fatiga del Mediterráneo”,

empujan desde hace unos años al Mediterráneo hacia una especie de nueva centralidad

en el escenario mundial.

El Proceso de Barcelona, una vía muy lenta hacia la seguridad mediterránea.

La Unión Europea buscó en la década de los noventa utilizar la vinculación entre

desarrollo y seguridad para convertir las relaciones euromediterráneas en relaciones

capaces de garantizar la paz en la región. El proceso global de asociación

euromediterránea fue emprendido en Barcelona, en 1995, por 27 Estados del norte y sur

del Mediterráneo, con el objetivo de lograr un espacio de paz y prosperidad, desarrollo y

justicia, pero, después de más de una década de desarrollo, sigue presentando una serie

de deficiencias que impiden hablar de éxito o de cierto éxito en sus objetivos.

La Declaración de Barcelona de 1995 estableció como retos la creación de una

zona de libre comercio para 2010, la extensión de las relaciones comerciales a las

socioculturales y la cooperación en materia de seguridad, mediante la resolución

pacífica de los conflictos y el control de armamento, todo ello destinado a lograr la



299

estabilidad de la región. Este último objetivo fue el más polémico de establecer entre los

participantes, ya que los acuerdos económicos y sociales fueron pactados con bastante

menos dificultad.

Pero la dificultad se fue extendiendo a los tres objetivos. Las críticas al proyecto

han sido muchas y diversas, procedentes de casi todos los sectores políticos, sociales y

económicos, aunque también debe hablarse de avances en el diálogo y la promoción de

ciertas condiciones de democratización. Desde luego, antes de los atentados del 11-S, la

Unión Europea no presionaba a los Estados del sur en relación con las reformas

democráticas, pese a ser un objetivo clave del “cesto uno” ni planteaba la cláusula

democrática. De igual manera, las ayudas tampoco se dirigían uniformemente a los más

reformistas ni el diálogo euromediterráneo se centró en las reformas políticas internas,

echándose en falta el diálogo sistemático sobre la democracia con la oposición

islamista.

Esto pone de manifiesto que la articulación de los tres capítulos de los acuerdos

de la Asociación Euromediterránea se llevó a cabo más por la necesidad de oficializar

una estructura que realmente sirviera de apoyo a la apertura del diálogo político

euromediterráneo que por tener la convicción de que se estaba ante un sistema eficaz y

programado para responder a problemas reales. Al contrario, las prioridades eran otras:

el tráfico de drogas, el medioambiente, el control de la población, la armonización

técnica y regulatoria o el diseño de sistemas fiscales. Prueba de ella es que la asignación

de los fondos hasta 1999 ha sido la menor de las asignaciones de la Unión Europea,

comparada con lo destinado a América Latina, a los países del este de Europa o al

África subsahariana. En la actualidad, hay nuevas partidas financieras pero no han

supuesto aumentos importantes de fondos para la ayuda a la democracia, que realmente

viene disminuyendo desde 2001.

Núñez Villaverde considera que evitar la marginación del Mediterráneo es uno

de los aspectos necesarios para reforzar la cooperación en el Proceso de Barcelona, así

como relativizar la capacidad de la Unión Europea para resolver los problemas de la

zona, considerando que la Asociación Euromediterránea va más allá de una zona de



300

libre comercio. Es por lo que aboga por el concepto de co-desarrollo, superando las

limitaciones y la filosofía subyacente de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Finalmente,

defiende la condicionalidad económica y política a partir de criterios inequívocos y

transparentes, un mayor protagonismo de la sociedad civil y una aproximación integral

al fenómeno de las migraciones y del islamismo radical.

El intento de España y de la Unión Europea de extrapolar el proceso

comunitario, de “europeización sin Europa”, al ámbito de los países del sur del

Mediterráneo está siendo una tentativa fallida, que apenas ha supuesto pasos en el

cumplimiento de los objetivos de seguridad, económicos y de avances sociales y

democráticos en los mismos.

Los vaivenes de la política mediterránea de la Unión Europea siguen siendo una

constante en los años recientes y no se limitan a las décadas posteriores a la Segunda

Guerra Mundial (como hemos visto, con la Unión para el Mediterráneo como última

propuesta cuya evolución veremos en los próximos años, aunque su comienzo está

siendo poco optimista). Uno de esos cambios fue la introducción de la Política Europea

de Vecindad, que levantó las sospechas entre los PSM y los Estados de la Unión

inclinados hacia una mayor atención al Mediterráneo, como España. Esta política

supuso un cambio sustancial en la estrategia del Proceso de Barcelona, porque

implicaba la europeización sin Europa (Mañé, Fundación Seminario de Investigación

para la Paz, 2007). Según esta autora, hay tres cuestiones relevantes de la política

euromediterránea en la primera década de desarrollo del Proceso, 1995-2005. La

primera es que no es evidente el contenido de la política europeización sin Europa La

segunda, que ha ido desapareciendo o diluyéndose de la unión Europea el concepto de

región mediterránea y, tercera, que la condicionalidad positiva de la Política Europea de

Vecindad es el pasillo de la política europea a la “buena gobernanza”. Al perder el

proyecto euromediterráneo su contenido propio regional y conceptual, sólo resta el

objetivo último y el instrumento, la zona de libre comercio, pero desaparece como

medida para el crecimiento. El resultado es que se refuerza la asimetría comercial entre

la Unión Europea y los PSM. Esta relación deficitaria de los PSM es ya estructural,

salvo para los países que exportan hidrocarburos. Se trata, según la investigadora, de un



301

cambio en el discurso euromediterráneo, en el que se pasa del abramos las economías,

globalicemos los recursos al gestionemos bien los recursos globalizados, al lema “lo que

tenemos que hacer es gestionar bien”, pero, como se pregunta la autora, ¿qué es lo que

hay que gestionar bien, la riqueza globalizada o la que ya existía? (Fundación Seminario

de Investigación para la Paz, 2007).

La Alianza de Civilizaciones es una iniciativa española multilateral para

construir confianza y estabilidad más allá del Mediterráneo, en la línea de las nuevas

bases de la seguridad, aunque inmersa en una configuración teórica, conceptual y

práctica aún inicial y con de relieve menor que las iniciativas de seguridad

multilaterales del Mediterráneo.

Aunque la propuesta de Alianza de Civilizaciones co-liderada por España y

Turquía no es una medida concreta relativa a la seguridad mediterránea, no cabe duda

de que, en la medida en que vaya definiéndose, afectará a la misma. Aunque según el

embajador y representante del Presidente del Gobierno de España ante la Alianza,

Máximo Cajal (Soler i Lecha, 2007) se trata de una iniciativa global, de clara dimensión

política y de seguridad, mediterránea, que va mucho más allá de la expresión de buenas

intenciones y de una ética global. Muy relacionada con la Alianza, está la posición de

España ante el ingreso de Turquía en la Unión Europea, por ser un nuevo puente y

diálogo entre culturas y religiones y, sobre todo, por su efecto multiplicador. Según el

Representante presidencial para la misma, Cajal, debilitará el nacionalismo antieuropeo

extremo y la visión integrista del Islam; será apoyado por los árabes que promueven la

modernidad en sus sociedades; mejorará la percepción del mundo árabe sobre Europa;

concederá una proyección clave a Europa en una región estratégica y coadyuvará a

construir un Magreb unido, próspero y estable. Vemos como la Alianza de

Civilizaciones está íntimamente ligada como concepto para promover la estabilidad a

situaciones concretas vinculadas a la seguridad mediterránea, como es en este caso,

ofrecer una solución definitiva de integración y un nuevo papel a Turquía en la región.

La Unión para el Mediterráneo es un proyecto de origen francés, asumido por

la Unión Europea, con incertidumbres y reticencias por España, plagado de



302

indefiniciones y ambigüedades iniciales que ha adoptado una estructura institucional

amplia, abierta a todas las sensibilidades mediterráneas (participa Israel), y que se

pretende concretar en unas pocas áreas de interés estratégico para el desarrollo y la

paz en la región, buscando, en última instancia, avanzar hacia construcciones

solidarias mediante la cooperación, en un intento por mejorar la seguridad global

mediterránea.

En el largo camino de construcción del proyecto mediterráneo de la Unión

Europea y del espacio mediterráneo de paz y prosperidad se ha cruzado la Unión para el

Mediterráneo, una iniciativa cuyo futuro se desconoce, pero que ha supuesto una

especie de stop and go en el proceso iniciado en Barcelona en 1995. En cuanto al

significado que pueda tener sobre la seguridad y la estabilidad, al margen de las

declaraciones de intenciones, de momento también se desconoce su alcance y las

aportaciones que pueda realizar.

Esta Unión Mediterránea fue lanzada como un proyecto para profundizar la paz

y la seguridad en el Mediterráneo. Su inspiración francesa no ha impedido una

participación española relevante y distintas aportaciones y modificaciones debido a

presiones de diversos actores, como tampoco su asunción por la Unión Europea. La

reacción oficial española ha sido interpretar esta nueva Unión como un instrumento de

superación del Proceso de Barcelona y como un avance hacia la construcción de un

verdadero espacio geopolítico euromediterráneo (Echeverría, 2007).

Aunque contiene el acierto de reforzar la idea del Mediterráneo como epicentro

de la agenda internacional (si bien en su origen era un instrumento de política exterior

francesa), corre el peligro de servir de plataforma de proyección de los problemas de

algunos Estados y/o de la Unión Europea hacia el Mediterráneo, sobre todo teniendo en

cuenta el estancamiento del proyecto europeo (las migraciones, el terrorismo y el

diálogo cultural aglutinan las crisis mediterráneas, unas crisis que tienen referencias

indudables en el terreno de las identidades).



303

La denominación final de la iniciativa, Proceso de Barcelona: Unión para el

Mediterráneo, ofrece pistas sobre su naturaleza, es decir, se basa en la idea de ser una

etapa más, aunque nueva, del Proceso de Barcelona (el hecho de incluir el nombre de

Barcelona significa el reconocimiento y la cesión de los derechos del proyecto político

al proceso euromediterráneo iniciado en 1995).

En referencia a la seguridad, los conflictos quedan fuera de la Unión para el

Mediterráneo y su núcleo central de intereses vendrá determinado por un reducido

número de Estados con vistas a tratar un reducido número de temas, medio ambiente,

desarrollo económico, cultura, desarrollo social y seguridad.

El predominio del presidencialismo se va consolidando en la definición de los

objetivos y las estrategias de la acción exterior española mediterránea.

Al igual que sucede en la mayoría de democracias avanzadas occidentales, la

toma de decisiones en la política exterior española hacia el Magreb comenzó a estar

dominada por la posición de los Presidentes de Gobierno a partir, sobre todo, de finales

de los años ochenta.

La percepción de amenaza, la construcción de la seguridad mediterránea y el

papel de España en el sistema internacional de seguridad occidental se ha vinculado

histórica y políticamente al concepto de frontera, a su vez, vinculado al de aislamiento.

Las razones que explican el aislamiento político internacional español hay que

encontrarlas en la primacía del conflicto interno, en la atención al conflicto colonia y a

la seguridad del flanco sur peninsular, y en el escaso interés de las grandes potencias

europeas en dar cabida o prestar atención a los intereses de España, percibida como una

potencia secundaria, permanentemente inestable, con complicaciones ultramarinas,

rodeada de una leyenda de resistencia a toda penetración militar, remontada a la época

napoleónica.



304

Para Jover (1986), es un error de enfoque buscar en Europa el principal referente

para la percepción española de los conflictos europeos anteriores a los años treinta. La

constante dependencia de España de los problemas coloniales o africanos no significa

marginación de la historia europea. La referencia principal en el siglo XIX está en el

ámbito colonial, en el Estrecho, en el Mediterráneo, sobre todo a partir del problema de

Marruecos y sus crisis. La participación de España en el statu quo del Estrecho y del

Mediterráneo es lo que definirá su posición hasta la Guerra Civil. Ha sido la política

europea la que ha llevado a España a prestar una atención obsesiva a un

condicionamiento histórico: la seguridad de una frontera meridional más abierta,

internacionalmente muy frecuentada y proclive al conflicto del norte (Jover, 1986).

La descolonización del Magreb y la emancipación del norte de África son

ingredientes nuevos a la atención preferente de España a la frontera sur. Europa y

España cuentan con una nueva frontera meridional, en términos de civilización y de

poder, que constituye una novedad histórica. La nueva pequeña Europa que surge entre

las dos superpotencias es una pieza decisiva en el equilibrio mundial que se define por

sus fronteras, por una mutua percepción de amenaza.

La antigua predisposición de España a polarizar en el sur la noción de frontera se

convierte en un determinante clave en la percepción del conflicto externo, que se

concreta contemporáneamente en la línea Baleares-Estrecho-Canarias. El contenido y

significado de la expresión “frontera” adquiere el sentido de elemento constitutivo de

nuestra comunidad política. La identificación de lo que está “frente a nosotros” con una

realidad adversa o peligrosa en sí misma es una simplificación heredada de muchos

siglos de desconocimiento, guerras o conflictos. La frontera puede ser un encuentro,

intercambio, hecho que también ha sido una tradición mediterránea y europea (Jover,

1986).

Las condiciones de la ocupación de Marruecos impactaron negativamente en el

interior del país, marcadas por la debilidad económico-militar, política y social, con

unas Fuerzas Armadas desprovistas de los recursos necesarios y cuyo desgaste en



305

pérdidas de efectivos y credibilidad se hacían sentir con intensidad en el interior de

España, cuya situación condicionaba la política exterior como norma.

Los sectores sociales que fueron incapaces de resolver civilizada y

satisfactoriamente la liquidación de las posesiones americanas durante el siglo XIX

fueron los que metieron a España en un “conflicto áspero, humillante y pobretón con el

vecino del Sur, el Marruecos africano e islámico” (Armengod, en Calduch, 1994). El

conflicto con Marruecos y el norte africano no vino impuesto por la vecindad e histórica

enemistad de las dos culturas, sino por no quedar al margen de la puja colonialista

europea. Esta política de sustitución de intereses en decadencia por una nueva en el

concierto de las potencias coloniales ha sido una de las etapas históricas españolas en

las que la seguridad ha terminado siendo un problema creado por la falta de una

concepción de la seguridad en la región.

El conflicto y la ocupación de Marruecos estuvieron plagados de dificultades:

corrió a cargo de un ejército de reclutas pobremente equipado y peor entrenado. La

ocupación fue un constante problema y una cruenta guerra, humana y económicamente,

sobre todo a partir de la rebelión de las cabilas indígenas de 1909 y hasta finales de

1925. Las ocupación en estas condiciones tuvo importantes repercusiones en el interior

del país, entre las más importantes (Moradiellos, 2003) la polarización e inestabilidad

sociopolítica endémica de la opinión pública española, el desprestigio del régimen

parlamentario de la Restauración, el reforzamiento de la tradición militarista y

pretoriana latente en el Ejército español, un hondo rechazo popular, acentuó el impacto

financiero de la conquista y evidenció una debilidad económica y puso de manifiesto la

deficiente preparación militar española.

En similares términos críticos se expresa Fuenciscla (Calduch, 1994) sobre lo

que supuso la ocupación de Marruecos y sus consecuencias externas e internas, sobre

todo del Desastre de Annual. En concreto, habla de precariedad en la retirada,

descontrol, matanza y del pánico de julio de 1921, donde murieron varios miles

soldados, a lo que añadir la pérdida de setenta posiciones, cinco mil kilómetros de

territorio, equipo y armamento, cautiverio de oficiales indultados sólo para obtener un



306

rescate y diez años de costosa lucha para mantener en Marruecos la apariencia de

potencia colonial.

El Sáhara Occidental, un conflicto colonial inacabado convertido en una crisis

y factor de tensión post-colonial, lleva más de treinta años sin una solución, fruto de la

parálisis internacional, de la imposición del realismo y los intereses de Marruecos y de

las siempre truncadas esperanzas de apertura de un proceso de diálogo, como el que en

estas fechas se lleva a cabo, si bien, con la tradicional manipulación marroquí, que

ahora esgrime una regionalización que comenzará por el Sáhara Occidental.

El Sahara se presenta como el gran problema pendiente, “la peor hipoteca que

pesa sobre Marruecos” (López, Fundación Seminario de Investigación para la Paz,

2007) y el gran pretexto para la resistencia de Marruecos a los cambios. Un conflicto

que afecta a las relaciones bilaterales de Maruecos con España y con Argelia y, por

extensión, a la integración magrebí, que tiene paralizada la unidad del Magreb casi

desde el mismo día de su creación en 1989. Desde 1994, las fronteras argelino-

marroquíes permanecen cerradas. Tras 30 años sin solución, la muerte del rey Hassan II,

los disturbios de El Aaiún de 1999 en protesta por las condiciones de vida y la caída del

Ministro del Interior, el ascenso del rey Mohamed VI y las esperanzas de diálogo, se

esperaba avanzar hacia una solución. Pero falta una política clara que haga realidad la

“autonomía” que ha vuelto a anunciar Marruecos a finales de julio de 2009, tras el

rechazo de los distintos planes propuestos por el enviado especial de Naciones Unidas,

Baker, en 2001, en 2004, por los actores implicados, Frente Polisario, Argelia o

Marruecos, resistente a la descentralización, autonomía e integración democráticas de

los saharauis. Mientras tanto, lentamente, en los últimos años, se están produciendo

algunos signos de apertura política mínima. La libertad de opinión y de publicación de

visiones no oficialistas se está abriendo paso, incluso entre los partidos cercanos al

gobierno o medios oficialistas, algo impensable al inicio del milenio.

El tema del Sáhara Occidental es un tema apreciado en España, sobre todo por el

buen trabajo político del Frente Polisario entre la ciudadanía. La izquierda española

practica una especie de fundamentalismo refrendario, pero el referéndum no es la varita



307

mágica. “Nos hemos inventado un Sahara, nos hemos inventado unos saharauis, que son

la proyección de nuestras frustraciones”. “No queríamos al moro, porque lo

detestamos…hasta nuestros militares se lo transmitieron a los saharauis en los años de

la provincia…Lo que no quita de ninguna manera...que el sentimiento identitario es

justo; que el reconocimiento de esa identidad es absolutamente imprescindible” (López,

Fundación Seminario de Investigación para la Paz, 2007: 226).

De haberse acogido España en 1956 al consejo ofrecido por Eisenhower a

Franco de desprenderse de todos los territorios africanos -“Deshazte de todo tu imperio

africano, dáselo a Marruecos” (López, Fundación Seminario de Investigación para la

Paz, 2007: 226), no se hubiera llegado al abandono injustificable de la responsabilidad

española sobre el territorio saharaui, que está en el origen del actual estancamiento del

conflicto. Probablemente, la denominada responsabilidad histórica pesa en el papel que

España juega en la solución de este conflicto, pero hay que interpretarla en términos

actuales del respeto al derecho fundamental de la autodeterminación de seguridad

mediterránea y regional, desprendiéndose de las connotaciones subjetivas del

contencioso (incluso de la presión que supone la necesidad de una estabilidad con

Marruecos, sobre todo por la cuestión de Ceuta y Melilla, la pesca o la inmigración) El

Sáhara no es un conflicto en el que mediar, sino una cuestión de descolonización

(López, 2007), y cuando España expresa su prioridad por las relaciones con Marruecos,

indirectamente está impidiendo ejercer su responsabilidad.

La desestabilización del Sahara neutralizó entonces la débil recuperación de la

imagen internacional de España, más aún cuando cambió de opinión sobre los

compromisos adquiridos por la comunidad internacional y aceptó conversaciones

bilaterales apresuradamente con Marruecos, después de la invasión pacífica del Sahara

por Marruecos o marcha verde, el 6 de noviembre de 1975 y unos días después,

entregaba el territorio a Marruecos y Mauritania.

Lo que subsiste, como sostiene Bernabé López, es la lamentable gestión del

tema del Sahara en 30 años, que terminó con la “Intifada saharaui” de 2005, un

territorio en situación de excepción declarada por Marruecos, incluso con bloqueos a



308

visitas oficiales de representantes parlamentarios españoles y con la incapacidad para

dialogar con la población autóctona sobre un camino de integración.

Los intentos por abandonar el aislamiento e integrarse en el sistema

internacional de seguridad hicieron que España fuese abandonando su posición

periférica y adoptara el papel de potencia media con iniciativa propia internacional,

más acorde con sus recursos y ambiciones como Estado y huyendo de falsas polémicas

entre atlantismo y mediterraneísmo.

España pasó del aislamiento, la marginación o la subordinación en el contexto

europeo a ocupar un lugar en la comunidad mundial de Estados como potencia media,

con iniciativa, identidad y capacidad de negociación, en condiciones de igualdad frente

al resto de Estados europeos y en el seno de las organizaciones intergubernamentales,

regionales y supraestatales (Unión Europea, OTAN, ONU, etc.).

Ha habido intentos recientes de un cierto revisionismo exterior. Uno de ellos

bajo el Gobierno del Presidente Aznar (2000-2004), que pretendió reorientar la

proyección internacional de España para adquirir mayor protagonismo y prestigio

internacional (Plan Estratégico de Acción Exterior 2000), en especial, mayor apertura al

mundo empresarial. Aparecieron como nuevas prioridades estratégicas la región asiática

y la difusión de la imagen de calidad de España. Pero este ambicioso programa no se

acompañó del respaldo político, de los recursos ni del presupuesto necesarios (solo para

cubrir el personal, mientras el servicio exterior era el mismo que dos décadas antes).

Este llamado giro atlantista ya pudo intuirse en 1998, cuando España apoyó el

bombardeo anglo-americano de Irak y después del 11-S. Los conflictos transatlánticos

anteriores a 1996 alinearon a España con Francia y Alemania, y después, siempre con

Estados Unidos y Gran Bretaña, especialmente visible con motivo de la invasión de Irak

en 2003, la “carta de los ocho”, la Cumbre de las Azores y el enfrentamiento con

Francia y Alemania en el Consejo de Seguridad de la ONU (Powell, 2003).

Las aspiraciones de pasar de potencia media a actor principal no se cumplieron,

sobre todo porque la política exterior fue sometida a demasiadas tensiones, al pretender



309

lograr objetivos definidos de forma excluyente: desempeñar un gran papel en la Unión

Europea y desatender objetivos supranacionales; reforzar militarmente la Unión y

desempeñar un papel relevante en los planes de seguridad de Estados Unidos o

acercarse a los países más poderosos y desatender las relaciones privilegiadas en

América Latina y el Mediterráneo (García P., en Pereira, 2003).

Otro se produjo con el Gobierno del Presidente Rodríguez Zapatero,

pretendiendo recuperar o normalizar las alianzas y relaciones de España con América

Latina y el Mediterráneo. En realidad, como sucedió en el período de la II República, se

trata más de reorientación de principios y de formas que de cuestiones de fondo, ya que

las circunstancias más conflictivas para la política exterior española en los años

recientes han sido la polémica del Islote de Perejil con Marruecos y el apoyo de España

a la intervención en Irak en 2003, que quebró algunos principios de la acción exterior

española.

Como resume Pardo (2003), existen dos posturas sobre si la estrategia atlantista

o el llamado giro atlantista de 2000 fortaleció o no la posición internacional de España.

Una sostiene que la ambigüedad y el realismo socialista aceptan compromisos militares

y el europeísmo tradicional como bandera y otra, que el atlantismo no supone una

desviación de las prioridades clásicas de la diplomacia española y es coherente con los

intereses nacionales concretos, el Mediterráneo, América Latina y la nueva Europa de

los 25 (hoy 27).

La política mediterránea democrática de España en el Magreb, y, por extensión,

en el Mediterráneo, se define por su falta de coherencia y la proclamación de

principios a veces difusos, sin planes ni concreciones políticas y de cooperación.

Al hablar de la política exterior española hacia el Magreb, hay que partir de la

premisa de que las denominadas “relaciones especiales” con el Mundo Árabe no han

estado nunca muy claras -también se incluye bajo esta denominación a los Estados de

Latinoamérica (Aldecoa, en Calduch, 1994). Desde el final del siglo XIX y durante casi

todo el siglo XX, fracasó la consolidación y búsqueda de un modelo válido de relación



310

hispano-magrebí, que sólo después de una cierta madurez del régimen constitucional de

1978 comenzó a configurarse.

En las relaciones políticas y económicas de España con el Magreb han existido,

y existen, obstáculos que las condicionan, como los lastres de la descolonización, las

crisis económicas, las revueltas sociales, el auge del islamismo, la extensión del

radicalismo islámico y/o terrorista y las masivas migraciones hacia España (Abu-

Warda, en Calduch, 1994).

Ramón Armengod (Pereira, 2003) expone los rasgos que han caracterizado la

moderna política mediterránea española en relación con el Magreb en los siguientes: un

repliegue de España hacia el área occidental, dominada por Gran Bretaña y Francia

tradicionalmente, la defensa de las fronteras e intereses del sur (Ceuta y Melilla),

eliminada la piratería; el asentamiento en el Magreb derivado de las tensiones franco-

británicas con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial; la neutralidad bélica

mundial, manteniendo las posiciones en el Magreb; la conflictividad poscolonial con

Marruecos, sin lograr conservar la influencia ni los intereses (al contrario que Francia);

un cambio político en los años ochenta con el Gobierno socialista, buscando equilibrar

las relaciones con el Frente Polisario, Marruecos y Argelia; la prioridad posterior a las

relaciones con Marruecos; la condicionalidad política hacia Argelia (por la africanidad

de Canarias y la cuestión del Sáhara); la fluidez de las relaciones políticas y económicas

con Mauritania y Túnez y, finalmente, los altibajos en la relación política y económica

con Libia.

La política exterior y mediterránea de España durante las dos primeras décadas

de la reciente democracia muestra unas condiciones a veces incoherentes. De acuerdo

con Sahagún (Calduch, 1994), ha faltado una mayor correspondencia entre las palabras

y las acciones, una mayor compatibilidad entre los objetivos y los medios y una

integración de la política exterior e interior. Lo cierto es que los sucesivos gobiernos

han calificado al Mediterráneo como una zona prioritaria.



311

El de Adolfo Suárez habló de “tercermundismo” para abanderar las relaciones

con los Estados del norte de África, a partir del consabido y utilizado concepto de

España como puente entre el Norte y el Sur. El de Felipe González, a través de su

ministro de Exteriores, Fernández Ordóñez, Ministro en 1987, estableció la presencia y

participación en la seguridad en el Mediterráneo como una referencia estable de la

política exterior española, en concreto “una acción internacional española orientada a

que el MED deje de ser un centro de conflictos” (Sahagún, en Calduch, 1994). Y en

1991, habló de “llevar nuestra sensibilidad mediterránea a los foros comunitarios, de

forma que en Bruselas se preste más atención a los problemas mediterráneos, hoy

claramente secundarios en relación con los que se originan en la Europa del Este y en la

región del Golfo” (Rosón, en Calduch, 1994).

La década de los ochenta fue “la de la OTAN y la Comunidad Económica

Europea”, quedando otros escenarios importantes, como el Magreb, relegados en pos

del objetivo mayor de adhesión a la modernidad económica y a las estructuras

occidentales de seguridad. Aún así, comenzó a reelaborarse la política mediterránea. Se

estableció una nueva política respecto al Magreb, que se denominó “global”, dirigida a

evitar desequilibrios que favorecieran el Gran Magreb y eludir las posibles presiones de

estos Estados sobre España y la injerencia de las superpotencias en la zona, apoyando a

Argelia o Marruecos en su lucha por la hegemonía en la zona. Se trataba de reducir el

papel de las potencias no mediterráneas en la zona (Marquina, en Calduch, 1994).

Por otra parte, el Gobierno de González incluyó la prioridad mediterránea en su

política exterior, en los “Diez mandamientos” de la política exterior española, de julio

de 1988, o en el Decálogo sobre paz y seguridad, presentado al Congreso de los

Diputados el 23 de octubre de 1984, aunque la única concreción es la Gibraltar. En esos

documentos se resalta la necesidad de regularizar las relaciones con el Magreb y de

reforzar .a cooperación con los países mediterráneos para hacer una región más segura.

El abandono en el debate del “problema de España” y el paso a ocuparse de la

“España europeizada” muestra, en síntesis, los cambios operados en la política



312

interna, clave en la superación de los complejos, desviaciones y frustraciones

internacionales largamente asentadas en la tradición exterior española.

En el imaginario colectivo de los españoles, la ecuación Europa = Bienestar =

Democracia comenzó a destacarse con fuerza, cuando el unanimismo europeísta de la

Transición (mucho más que un consenso) permitió romper el aislacionismo político.

Este proceso vino marcado por dos grandes ejes: la democracia como único lenguaje

posible y la recuperación del discurso orteguiano de “España como problema y Europa

como solución” (Moreno, en Pereira, 2003).

La contradicción y altibajos entre integración y aislamiento han presidido la

política exterior y la posición internacional de España, denominadores que vienen a

aglutinar las tensiones y las tendencias desarrolladas como ítems tradicionales del

devenir internacional y que han adoptado toda una pléyade de interpretaciones, según la

coyuntura histórica nacional, internacional, los gobiernos o la presión social:

recogimiento, aliancismo, neutralidad, huida, aproximación y diferenciación,

marginación, apertura, repliegue, integración, posición marginal, occidentalización,

periferia, aislamiento, influencia, etc. (Moreno, en Pereira, 2003).

En el fondo, estos dilemas no se resolvieron mientras no se solventaron dos

problemas de raíces profundas, la primacía del conflicto interno como elemento

absorbente de las energías nacionales y la superación de la virulencia extrema de los

conflictos continentales

El aislamiento de los principales escenarios internacionales condicionó la

posición española en el Mediterráneo, en el colonialismo, en las guerras mundiales y

en las crisis energéticas de la década de los setenta del siglo XX y sólo la privilegiada

posición geoestratégica de España le granjeó la posibilidad de lograr acuerdos

internacionales, casi siempre en función del interés de los otros Estados, limitando el

papel de España en las relaciones exteriores hasta convertirlo en un Estado débil, sin

recursos políticos, militares ni económicos de envergadura para figurar en igualdad de

condiciones que los “grandes de Europa”.



313

La cuestión del aislamiento de España ha sido una constante en política exterior

y una fuente de fracasos, que ha afectado por igual a todas las áreas de interés

estratégico, singularmente, el Mediterráneo. Conviene distinguir entre aislamiento como

hecho y aislamiento como política perseguida por los gobiernos españoles. España

estuvo aislada durante el siglo XIX y gran parte del XX, sin alianzas que proporcionara

seguridad ante las agresiones exteriores o le permitiera participar en la definición de sus

intereses de seguridad o políticos. La mayoría de acuerdos, como se ha visto, eran

producto de la subordinación a las potencias europeas -el acuerdo hispano-italiano de

1887/91 con Alemania y Austria o los Acuerdos de Cartagena de 1907 con Gran

Bretaña y Francia, tenían valor político pero no eran alianzas ni contenían compromisos

inequívocos de garantía territorial (Delage, en Pereira, 2003).

Y es que los factores geopolíticos de la privilegiada situación geoestratégica e

España han sido decisivos para concertar acuerdos, superando la escasa respetabilidad

militar o ideológica. Es el caso del Acuerdo con Estados Unidos, de 1953, que afectó a

la política española en el Mediterráneo. La “amistad estable” hispano-estadounidense

supuso, finalmente, una subordinación a la potencia dominante, con algunos beneficios

político-diplomáticos y, en cierto modo, económico-militares (que como se vio, no

fueron tales). Desde el punto de vista militar, el acuerdo de 1953 quebraba por segunda

vez la tradicional neutralidad española (13 años después de Hendaya), integrando

España en el sistema defensivo occidental con una gran precariedad (fuera de la

OTAN), a cambio de una humillante cesión de soberanía: Estados Unidos lograba bases

aéreas (Torrejón, Morón Zaragoza), navales (Rota) e instalaciones para sus Fuerzas

Armadas con casi total libertad en territorio español, incluido un ataque a la URSS sin

previo consentimiento español (Pardo, 2003). Si bien estos Acuerdos permitieron

despejar el camino para el ingreso de España en los organismos internacionales, como

expresa Pardo (2003), no sirvieron para curar la “enfermedad infantil del nacionalismo

y el aislacionismo español”.

Fernando Delage (Pereira, 2003) concluye que, en realidad, el aislamiento era

forzoso y esa escaso reconocimiento internacional se debía a la debilidad económica y



314

militar española, a la falta de elites políticas responsables (sobre todo durante los

períodos del Sexenio revolucionario, la Restauración y la Regencia), a la caótica

administración, la endémica inestabilidad e inseguridad. Se debió, asimismo, prosigue

Delage, a los vetos de otros Estados, cuyos intereses condicionaron la posición

geoestratégica de España, sobre todo Francia y Gran Bretaña.

En el período actual democrático, los obstáculos son otros y tienen que ver, una

vez ganada la respetabilidad internacional y superada la cuestión del aislamiento, con la

configuración, orientación y recursos de la acción exterior española en su conjunto. De

acuerdo con Delage (Pereira, 2003), España debe resolver la contradicción entre el peso

económico y el potencial cultural que pretende y los recursos que destina a su

proyección exterior. Aunque España figura entre las diez primeras economías

mundiales, los diez primeros inversores mundiales, los diez primeros contribuyentes

obligatorios a Naciones Unidas, cuenta con la mitad de la diplomacia de Holanda, por

ejemplo. Y necesita un mayor apoyo público a la política exterior para atender a otros

actores no estatales, a la vez que una mayor coordinación entre los ministerios y la

acción gubernamental (el Consejo de Política Exterior creado en julio de 2000 no ha

resuelto este problema). Otra limitación es la debilidad de la orientación estratégica de

la acción exterior. Se han hecho esfuerzos -Plan Estratégico de Acción Exterior 2000-

2004; Plan Asia-Pacífico, África subsahariana, Plan África, incrementar la Ayuda

Oficial al Desarrollo, pero no existe un sistema integral de planificación e identificación

de los procesos clave. Por último, la acción exterior española necesita proyectar valores

y contribuir a definir la agenda global, dado que el poder deriva de la capacidad de

promover ideas y normas, pero también de la proyección militar (Delage, 2003).

El terrorismo global de base salafista, los atentados del 11 de septiembre de

2001 en Estados Unidos y del 11 de marzo de 2004 en España, intensificaron las

relaciones hispano-magrebíes en el ámbito de la seguridad, lo que confirma la tesis de

que las relaciones de España con el Mediterráneo siguen excesivamente sujetas a las

circunstancias..



315

El 11-S profundizó la mirada española hacia el Mediterráneo desde el ángulo de

la seguridad, en un proceso de “creciente segurización” (Hernando de Larramendi y

Mañé (2009). Esta política ha sido calificada por sus autores como un nuevo enfoque

dirigido a evitar el enfriamiento de las relaciones con los Estados norteafricanos,

demasiado sujetas a los acontecimientos y circunstancias coyunturales (como además ha

sido reconocido en el cuestionario que figura en la presente investigación). Este

denominado “nuevo enfoque”, posterior a los atentados terroristas del 11 de septiembre

de 2001, se caracteriza por la multilateralidad, la participación de nuevos actores y el

proceso de segurización, rasgos, sin embargo, aplicables a otros escenarios y períodos.

La interdependencia y la complementariedad son dos bases conceptuales que

España debe promover en el escenario euromediterráneo para mejorar la seguridad en

el Mediterráneo Occidental.

Para España, la interdependencia y complementariedad entre España y el

Magreb es estimulante, como muestra la evolución de las relaciones entre ambas partes

desde la transición democrática española y como reflejan los Planes Directores de la

Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, con una atención

prioritaria al Magreb. En la transición, las cuestiones del Mediterráneo tuvieron el

“sello” de los traumas postcoloniales y ocuparon un espacio marginal de la política

exterior, un “asunto de otros” (Iranzo, Ministerio de Defensa, 2007). Uno de los grandes

logros del Proceso de Barcelona está siendo superar y diluir la retórica Norte/Sur y su

discurso reivindicativo.

A lo largo del período constitucional abierto en 1978, España ha mantenido un

diálogo privilegiado bilateral en el Magreb y ha contribuido a su integración, aunque no

cabe la pasividad ante el estancamiento magrebí, dada la falta de cohesión. Pero el coste

del no-Magreb es muy serio para abandonar un proceso iniciado hace tres décadas, que

sí cabe reorientar o reforzar, sobre todo, participando en la búsqueda de una solución al

conflicto del Sáhara Occidental. El Gobierno español se ha movilizado con una supuesta

“imparcialidad activa” en dicho conflicto (Iranzo, Ministerio de Defensa, 2007).



316

En definitiva, en materia de seguridad, España y los actores del Mediterráneo

Occidental asumen que no son una amenaza, que comparten riesgos y retos y que los

contenciosos no se resolverán recurriendo al uso de la fuerza.

El concepto de co-desarrollo aglutina y atraviesa un gran número de visiones

sobre la seguridad en el Mediterráneo.

Desde los sectores que vinculan seguridad y desarrollo se ha lanzado el concepto

de desarrollo como un esquema de relaciones por el que apostar. Se trata de una

concepción política que incluye la defensa, la política, lo social, la economía, la cultura

y la cooperación institucional en distintos ámbitos, un cierto grado de integración, una

percepción ciudadana de existencia de relación con un bloque o asociación de países o

región homogénea, que comparten características (como América Latina o la Unión

Europea).

Se ha pasado de concebir una posición internacional de España como “pieza” a

otra posición de España “en red” en el sistema internacional de seguridad.

Se ha pasado de considerar y asumir una cierta posición internacional restringida

o limitada de España como elemento fundamental para el funcionamiento estratégico-

militar de occidente a otra posición más extensiva y abierta, que concibe la posición

internacional de España como elemento importante en una red, donde no hay elementos

dominantes claramente, como puede ser la seguridad occidental o los aspectos militares.

La primera comportaba una limitación del área o bloque beneficiario, occidente; otra de

los aspectos en los que España era considerada, el geopolítico y estratégico; y una

última conceptual, el inmovilismo.

Es decir, al considerar la posición de España exclusivamente como un elemento

de la seguridad militar occidental, tanto en el interior como desde el exterior, adquiría

un papel estático, fijo, seguro, en el sentido de “pieza” de un sistema establecido

(aunque con relevancia y clave en el área). Pero esta posición ha ido modulándose y

abriéndose, con lo que es más dinámica y puede adquirir un carácter múltiple, además



317

de la participación militar en la seguridad occidental (Roberto Mesa, 1988: 90, habla de

que el Mediterráneo es una de las tres dimensiones de una política exterior española

diferente, “Europa, Iberoamérica y Mediterráneo, in extenso”)

Pervive una concepción ideológica y utilitarista del Mediterráneo basada en una

temprana idealización de la región mediterránea.

Aunque residual, permanece en el sustrato político español una visión mediática,

utópica, de la política exterior española, imbuida de una elevada dosis de posiciones

ideológicas claramente enfrentadas al realismo estratégico imperante en la seguridad

occidental, influenciado sin duda por el contexto del esperado cambio en España

consustancial a la implantación de la democracia (Mesa, 1988, pág. 184):

A fin de cuentas, si la política exterior queda o es limitada a la gestión

mecánica del día a día, al cumplimiento estricto y no imaginativo de unos

compromisos que no son para la eternidad y sin mayor esperanza de

transformación o renovación, entonces cualquier administración es válida y

todos los administradores pueden ser eficaces. Pese a todas las frustraciones

posibles, los ciudadanos continúan moviéndose por opciones ideológicas y,

por qué no, por diseños utópicos diferenciados.

La opinión de los investigadores y especialistas en el Mediterráneo.

Las relaciones entre España y el Mediterráneo de las últimas décadas, a partir de

la opinión de los consultados, parecen estar dominadas por los aspectos económicos,

con un componente importante político y social, han tenido un carácter inestable, una

fuerte dosis de realismo, es decir, sujetas a las circunstancias y a los acontecimientos, en

las que la tensión entre confianza y desconfianza ha sido un elemento permanente. Han

sido unas relaciones tan a merced de las circunstancias que el papel jugado por las elites

políticas (los partidos, los líderes, personalidades concretas, la ideología o los militares)

se considera poco relevante. Además del realismo, la orientación e iniciativa ha sido

claramente unilateral, donde han sido los intereses españoles los que han marcado el



318

ritmo, sin contar prácticamente con los árabes. No es de extrañar, por tanto, que se

considere que no existe una política mediterránea española de carácter estatal,

delimitada y definida históricamente, que pueda ser identificada en el ámbito interior y

exterior.

El componente mayoritario de los estudios e investigaciones cuyo objeto son las

relaciones y políticas mediterráneas ha sido, opinan los consultados, el estratégico, a la

vez que se demanda una mayor sistematización e investigación en estos estudios,

especialmente en los aspectos sociales, demográficos y educativos. No existe para más

de la mitad de los investigadores y expertos españoles consultados un pensamiento

político español en materia de seguridad en el Mediterráneo y el conocimiento y

producción intelectual que se generan en este ámbito están configurando una

construcción teórica dominada por los aspectos políticos, diplomáticos y militares.

Las diferencias socioeconómicas entre las dos orillas mediterráneas es el factor

de más peso que puede implicar una amenaza o riesgo de conflicto o crisis para la

seguridad española, como sostiene casi el 57 %, que lo consideran de nivel elevado o

muy elevado, siendo más del 84 % el porcentaje que lo estima de nivel medio-alto. Este

factor se sitúa muy por encima de todos los otros propuestos, como la inmigración

descontrolada, la delincuencia organizada o, incluso, la proliferación de armadas de

destrucción masiva o el terrorismo global. Consustancialmente, los factores vinculados

a la economía, el deterioro medio ambiental, el acceso a los recursos naturales y

energéticos, son la causa de mayor preocupación como potenciales fuentes de conflicto

entre los investigadores españoles consultados, muy por encima de otros factores de

tensión o crisis. Hay que destacar que la falta de diálogo entre culturas o religiones y la

proliferación de armas de destrucción masiva en el espacio euromediterráneo han sido

considerados factores de riesgo, crisis o conflicto de nivel escaso o muy escaso para la

seguridad española.

La integración política, económica y social del Magreb es considerada el

principal instrumento de seguridad y paz que debe defender España para avanzar en un

Mediterráneo de paz y prosperidad. La integración y la promoción de las políticas



319

sociales, culturales y educativas son las llaves que España debe utilizar en el escenario

internacional para mejorar el entorno de seguridad mediterráneo, magrebí y occidental,

en concreto. Primero, el bilateralismo y multilateralismo próximos, es decir, con el

Magreb, y, después, el lejano, en el escenario mediterráneo amplio, es el orden en el que

debe trabajar España por un Mediterráneo pacífico. Reforzar las relaciones económicas

y comerciales, la seguridad colectiva y asumir más responsabilidades en la solución del

conflicto saharaui son las demandas mayores siguientes que se hacen a la acción

exterior española. Una vez que se asume que no existe una amenaza seria a la seguridad

española, se pide que la política mediterránea española centre sus esfuerzos en el

entorno más próximo, a través de la integración política y económica, la apuesta por un

modelo de seguridad colectiva y la resolución del problema que más sensibilidad

despierta en la sociedad española, el de la descolonización pendiente del Sáhara.

A modo de cierre.

Hemos visto la complejidad y dificultad que existe entre los científicos y

pensadores españoles para referirse al Mediterráneo en términos inequívocos. Existen

diversas interpretaciones y aproximaciones incluso para establecer el número de orillas,

regiones, sub-regiones, civilizaciones o culturas que conforman la región.

A modo de conclusión, diremos que no puede hablarse de un pensamiento

político-estratégico español de seguridad en el Mediterráneo porque, en primer lugar, no

parece que se haya planteado tal necesidad en el conjunto de actores y comunidades

política, académica, social y de la seguridad y defensa española. En segundo lugar,

porque los análisis de la seguridad realizados desde diferentes instancias, políticas y

sociales, se desarrollan y permanecen aislados, incomunicados y al servicio de los

intereses propios.

En tercer lugar, porque el estado actual del conocimiento sobre las relaciones de

seguridad en el Mediterráneo en España, desde las diversas perspectivas (histórica,

politológica, militar, económica, sociológica, etc.) no permite una síntesis del mismo,

prevaleciendo las interpretaciones sobre la realidad mediterránea unas al margen de



320

otras. En este sentido, se echa en falta la elaboración de conceptos compartidos sobre la

seguridad mediterránea entre las comunidades científicas y del conocimiento. Hay

avances importantes esperanzadores en este sentido, ya que algunos autores e

investigadores y algunos centros de pensamiento españoles vienen realizando estudios y

análisis multidisciplinares y multisectoriales de la seguridad en la región mediterránea,

en la línea de la construcción de una visión compartida entre las comunidades política,

militar, académica y social española.

Cuarto, la inexistencia de bases conceptuales de seguridad comunes en la Unión

Europea y entre los Estados del sur Mediterráneo. Como consecuencia, además, no

existe un concepto conjunto de seguridad compartida entre ambas orillas del

Mediterráneo. Quinto, el análisis histórico ha focalizado el conflicto y el desencuentro

como el eje básico de las relaciones euromediterráneas, seguramente porque ha sido una

característica fundacional de las mismas, pero, esta conflictividad enfatizada juega

inconscientemente en contra de una visión común de la seguridad en la región.

Por último, hay que mencionar que han sido las circunstancias y la realidad de

los conflictos y crisis las que han marcado el ritmo de las relaciones de seguridad

euromediterráneas y, tanto la acción exterior española como los análisis de seguridad y

defensa, han sido prisioneros de las mismas (esto puede verse con claridad con la

lectura de los trabajos publicados en los Boletines, Cuadernos de Estrategia y

Monografías, del CESEDEN y del Instituto Español de Estudios Estratégicos).

Otros factores que también impiden hablar de un pensamiento español acerca de

la seguridad en el Mediterráneo son los siguientes: el excesivo personalismo,

presidencialista en concreto, en la determinación de las directrices y objetivos políticos

exteriores; la falta de tradición intelectual y de producción independiente en el seno de

las Fuerzas Armadas referidas a los análisis mediterráneos; la falta de correspondencia

entre un discurso pretendidamente mediterraneísta y la prioridad mostrada hacia la sub-

región del Magreb, con el riesgo de tomar la parte por el todo; o el desinterés

mayoritario de la sociedad y opinión pública española por profundizar en las relaciones



321

con los Estados del sur Mediterráneo al mismo nivel e intensidad que con el entorno

europeo o latinoamericano.

Pese a todos estos inconvenientes, hemos visto en los apartados precedentes,

como, a lo largo de las últimas décadas, se han elaborado conceptos relativos a la

seguridad en general, pero también al Mediterráneo en particular, fundamentalmente

producidos a partir de la acción política exterior. Estas elaboraciones conceptuales son,

en cierta forma, el germen inicial del pensamiento político-estratégico español de

seguridad, referido no sólo al Mediterráneo. Como se verá, son ideas y propuestas que

no obedecen a ningún eje común que las vertebre, algunas difusas, que se contraponen

incluso, pero que muestran el acervo del pensamiento y conocimiento español actual

sobre la región mediterránea y las perspectivas de seguridad desde las que se analiza la

misma.

Al igual que, en otros momentos, conceptos como el aislacionismo, el

neutralismo, el africanismo, el anticomunismo, el aliancismo, España como frontera

sur de Europa, el Mediterráneo un lago estadounidense, el pactismo, etc. estaban entre

las bases conceptuales de las relaciones de seguridad españolas, los conceptos o

expresiones emergentes en el actual momento histórico-político vistos en la

investigación, se suman a la configuración del pensamiento político-estratégico español

de seguridad mediterránea.

Enumeramos, a modo de constatación y de cierre, un amplísimo conjunto de los

más relevantes surgidos en la etapa democrática, que otorga al pensamiento español de

seguridad en el Mediterráneo un dinamismo interesante, aunque no tan renovador o

determinante como para producir cambios o consolidar dicho pensamiento (el orden de

exposición no obedece a criterio alguno): tercermundismo, colchón de intereses,

política o estrategia del equilibrio, política o estrategia global, enfoque

multidimensional de la seguridad, seguridad ecológica, seguridad energética,

seguridad alimentaria, giro atlantista, multilateralismo, presidencialismo,

mediterraneísmo, España como puente, “cabeza de puente” o bisagra entre Europa y

África, la trama mediterránea o Mediterráneo en red, Mediterráneo extenso o



322

ampliado, Mediterráneo limitado, Mediterráneo silencioso, la “especial atención”,

amenaza del sur, seguridad humana, el vínculo seguridad y desarrollo, un

Mediterráneo asimétrico y de desequilibrios, conflictividad mediterránea, Mediterráneo

para los mediterráneos, espaldismo, co-desarrollo o nueva centralidad del

Mediterráneo, falso unanimismo seguridad-desarrollo, el bilateralismo el Mediterráneo

como espacio de tránsito vertical África-Europa, seguridad cooperativa versus

cooperación en seguridad, negación mayoritaria del choque de civilizaciones, dinámica

cooperación-conflicto como rasgo mediterráneo, seguridad compartimentada frente a

proyecto global de seguridad, la fortaleza europea, reducir el Mediterráneo a la buena

gestión de la gobernanza, asociación estratégica ejemplar.



323

ANEXOS.



324

ANEXO I Cuestionario: El pensamiento político-estratégico español de seguridad en el Mediterráneo.

Pregunta 1. Frecuencias para los 24 casos que están correctamente contestados.

Económicas

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido 1 11 45,8 45,8 2 2 8,3 8,3 3 8 33,3 33,3 nc 3 12,5 12,5

Válidos

Total 24 100,0 100,0

12,50%

33,33%

8,33%

45,83%

Porc

enta

je

50

40

30

20

10

0

Económicasnc321

Políticas


válido 1 2 8,3 8,3 2 15 62,5 62,5 3 1 4,2 4,2 nc 6 25,0 25,0

Válidos

Total 24 100,0 100,0

1. Las relaciones entre España y el Mediterráneo, en sentido amplio, en las últimas tres décadas, se han configurado sobre todo a partir de:

(marcar un máximo de 3 opciones, indicando 1, 2, y 3 en sentido ordinal) 1. Relaciones económicas (comerciales, mercantiles, energéticas…).

Relaciones políticas (institucionales, gubernamentales, administrativas, diplomáticas, de seguridad y defensa, militares…).

2. Relaciones sociales (migraciones, universitarias y educativas, culturales…). 3. Relaciones entre sociedades civiles (no-gubernamentales, fundaciones…). 4. Relaciones bilaterales, país a país.



325

25,00%

4,17%

62,50%

8,33%

Porc

enta

je

60

40

20

0

Políticasnc321

Sociales


válido 1 6 25,0 25,0 2 4 16,7 16,7 3 5 20,8 20,8 nc 9 37,5 37,5

Válidos

Total 24 100,0 100,0

37,50%

20,83%16,67%

25,00%

Porc

enta

je

40

30

20

10

0

Socialesnc321

Civiles


válido 3 2 8,3 8,3 nc 22 91,7 91,7

Válidos

Total 24 100,0 100,0



326

91,67%

8,33%

Porc

enta

je

100

80

60

40

20

0

Civilesnc3

Bilaterales


válido 1 5 20,8 20,8 2 3 12,5 12,5 3 8 33,3 33,3 nc 8 33,3 33,3

Válidos

Total 24 100,0 100,0

33,33%33,33%

12,50%20,83%

Porc

enta

je

40

30

20

10

0

Bilateralesnc321

Pregunta 1. Frecuencias para todas las respuestas.

Económicas


válido 1 14 31,8 31,8 2 13 29,5 29,5 3 12 27,3 27,3 nc 5 11,4 11,4

Válidos

Total 44 100,0 100,0



327

11,36%

27,27%29,55%31,82%Porc

enta

je

40

30

20

10

0

Económicasnc321

Políticas


válido 1 6 13,6 13,6 2 24 54,5 54,5 3 4 9,1 9,1 nc 10 22,7 22,7

Válidos

Total 44 100,0 100,0

22,73%

9,09%

54,55%

13,64%

Porc

enta

je

60

50

40

30

20

10

0

Políticasnc321

Sociales


válido 1 13 29,5 29,5 2 10 22,7 22,7 3 9 20,5 20,5 nc 12 27,3 27,3

Válidos

Total 44 100,0 100,0



328

27,27%

20,45%22,73%

29,55%Po

rcen

taje

30

20

10

0

Socialesnc321

Civiles


válido 1 7 15,9 15,9 2 1 2,3 2,3 3 8 18,2 18,2 nc 28 63,6 63,6

Válidos

Total 44 100,0 100,0

63,64%

18,18%

2,27%15,91%

Porc

enta

je

60

40

20

0

Civilesnc321

Bilaterales


válido 1 13 29,5 29,5 2 7 15,9 15,9 3 11 25,0 25,0 nc 13 29,5 29,5

Válidos

Total 44 100,0 100,0



329

29,55%25,00%

15,91%

29,55%Po

rcen

taje

30

20

10

0

Bilateralesnc321

Pregunta 2. Frecuencias para los 21 casos contestados correctamente.

Consenso


válido 3 1 5,0 5,0 nc 19 95,0 95,0

Válidos

Total 20 100,0 100,0

95,00%

5,00%

Porc

enta

je

100

80

60

40

20

0

Consensonc3

2. Estas relaciones hispano-mediterráneas, durante el citado período, se han configurado a partir de: (marcar un máximo de 3 opciones, indicando 1, 2 y 3 en sentido ordinal)

1. Relaciones de consenso entre todas las partes y actores. 2. Relaciones inestables, discontinuas, sin un modelo permanente aceptado por las partes y

sujetas a presiones coyunturales y/o de interés político. 3. Relaciones mayoritariamente de confianza y cooperación. 4. Relaciones generalmente de desconfianza, enfrentamiento o conflicto. 5. Relaciones de fuerte voluntad política por ambas “partes”. 6. Relaciones necesarias o asumidas de buena vecindad. 7. Relaciones impulsadas por acontecimientos y circunstancias concretas (lucha antiterrorista,

inmigración ilegal, conflicto en Oriente Próximo…).



330

Inestables


válido 1 7 35,0 35,0 2 2 10,0 10,0 3 7 35,0 35,0 nc 4 20,0 20,0

Válidos

Total 20 100,0 100,0

20,00%

35,00%

10,00%

35,00%Porc

enta

je

40

30

20

10

0

Inestablesnc321

Confianza


válido 1 2 10,0 10,0 3 1 5,0 5,0 nc 17 85,0 85,0

Válidos

Total 20 100,0 100,0

85,00%

5,00%10,00%

Porc

enta

je

100

80

60

40

20

0

Confianzanc31



331

Desconfianza


válido 1 1 5,0 5,0 2 5 25,0 25,0 3 1 5,0 5,0 nc 13 65,0 65,0

Válidos

Total 20 100,0 100,0

65,00%

5,00%

25,00%

5,00%

Porc

enta

je

60

40

20

0

Desconfianzanc321

Voluntad mutua


válido 1 4 20,0 20,0 2 1 5,0 5,0 nc 15 75,0 75,0

Válidos

Total 20 100,0 100,0

75,00%

5,00%20,00%

Porc

enta

je

80

60

40

20

0

Voluntad mutuanc21



332

Buena vecindad


válido 1 3 15,0 15,0 2 4 20,0 20,0 3 5 25,0 25,0 nc 8 40,0 40,0

Válidos

Total 20 100,0 100,0

40,00%

25,00%20,00%

15,00%

Porc

enta

je

40

30

20

10

0

Buena vecindadnc321

Acontecimientos


válido 1 3 15,0 15,0 2 8 40,0 40,0 3 5 25,0 25,0 nc 4 20,0 20,0

Válidos

Total 20 100,0 100,0

20,00%25,00%

40,00%

15,00%

Porc

enta

je

40

30

20

10

0

Acontecimientosnc321



333

Pregunta 2. Frecuencias para todos los casos.

Consenso


válido 1 6 13,6 13,6 2 3 6,8 6,8 3 5 11,4 11,4 nc 30 68,2 68,2

Válidos

Total 44 100,0 100,0

68,18%

11,36%6,82%13,64%

Frec

uenc

ia

30

20

10

0

Consensonc321

Inestables


válido 1 11 25,0 25,0 2 13 29,5 29,5 3 10 22,7 22,7 nc 10 22,7 22,7

Válidos

Total 44 100,0 100,0

22,73%22,73%

29,55%25,00%Fr

ecue

ncia

12,5

10,0

7,5

5,0

2,5

0,0

Inestablesnc321



334

Confianza


válido 1 7 15,9 15,9 2 3 6,8 6,8 3 5 11,4 11,4 nc 29 65,9 65,9

Válidos

Total 44 100,0 100,0

65,91%

11,36%6,82%15,91%

Frec

uenc

ia

30

20

10

0

Confianzanc321

Desconfianza


válido 1 7 15,9 15,9 2 9 20,5 20,5 3 4 9,1 9,1 nc 24 54,5 54,5

Válidos

Total 44 100,0 100,0

54,55%

9,09%20,45%15,91%

Frec

uenc

ia

25

20

15

10

5

0

Desconfianzanc321



335

Voluntad mutua


válido 1 8 18,2 18,2 2 7 15,9 15,9 3 2 4,5 4,5 nc 27 61,4 61,4

Válidos

Total 44 100,0 100,0

61,36%

4,55%15,91%18,18%

Frec

uenc

ia

30

20

10

0

Voluntad mutuanc321

Buena vecindad


válido 1 11 25,0 25,0 2 8 18,2 18,2 3 7 15,9 15,9 nc 18 40,9 40,9

Válidos

Total 44 100,0 100,0

40,91%

15,91%18,18%25,00%

Frec

uenc

ia

20

15

10

5

0

Buena vecindadnc321



336

Acontecimientos


válido 1 10 22,7 22,7 2 19 43,2 43,2 3 7 15,9 15,9 nc 8 18,2 18,2

Válidos

Total 44 100,0 100,0

18,18%15,91%

43,18%

22,73%

Frec

uenc

ia

20

15

10

5

0

Acontecimientosnc321

Pregunta 3. Frecuencias.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Válidos Muy de acuerdo 3 6,8 6,8 Sí 3 6,8 6,8 Es posible, quizá, con matices 16 36,4 36,4 No 17 38,6 38,6 Muy en desacuerdo 2 4,5 4,5 nc 3 6,8 6,8 Total 44 100,0 100,0

3. En relación con la afirmación: “Puede hablarse de una política exterior española mediterránea, en el sentido de una política de Estado con carácter definido, consolidada históricamente e identificable interna y externamente”, usted está:

(marcar con una X la opción a elegir) 1. Muy en desacuerdo. 2. No. 3. Es posible, quizá, con matices. 4. Sí. 5. Muy de acuerdo.



337

6,82%

4,55%

38,64% 36,36%

6,82%

6,82%

ncMuy en desacuerdoNoEs posible, quizá, con maticesSíMuy de acuerdo

Pregunta 4. Respuestas.

1945; 1990; 1995; años 80;

Desde los años 90; Gobierno de González



válido Válidos Muy de acuerdo 3 6,8 6,8 Sí 16 36,4 36,4 Es posible, quizá, con matices 17 38,6 38,6 No 5 11,4 11,4 nc 3 6,8 6,8 Total 44 100,0 100,0

4. Si ha seleccionado “Sí” o “Muy de acuerdo”, ¿desde cuándo aproximadamente? (puede indicar una fecha o período concreto).

5. En relación con: "La política exterior española y la política de seguridad y defensa vinculadas al espacio mediterráneo han estado condicionadas generalmente por cuestiones de política nacional o interna", usted está:




338

6,82%

11,36%

38,64%

36,36%

6,82%

ncNo

Es posible, quizá, con matices

SíMuy de acuerdo



válido Influencias partidistas y/o ideológicas 10 9,7 9,7Las circunstancias concretas 19 18,4 18,4Las orientaciones de las elites políticas españolas 15 14,6 14,6Los intereses árabes y magrebíes 7 6,8 6,8Los intereses españoles (políticos, económicos, militares...) 30 29,1 29,1

Relaciones poco sistemáticas y faltas de proyecto global 18 17,5 17,5

Un proyecto de carácter personalista o de liderazgo político 3 2,9 2,9

Un proyecto militar 1 1,0 1,0

Válidos

Total 103 100,0 100,0

6. En el último siglo, las relaciones y políticas hispano-mediterráneas, implícitamente las de seguridad y defensa, se han ido configurando sobre todo en función de:

(marcar con una X un máximo de 3 opciones) 1. Un proyecto de Estado consensuado. 2. Un proyecto militar. 3. Un proyecto de carácter personalista o de liderazgo político. 4. Las orientaciones de las elites políticas españolas. 5. Influencias partidistas y/o ideológicas. 6. La participación y opresión ciudadana y social. 7. Los intereses españoles (políticos, económicos, militares...). 8. Los intereses árabes y magrebíes. 9. Las circunstancias concretas. 10. Relaciones poco sistemáticas y faltas de proyecto global.



339

Porc

enta

je

30

20

10

0Un proyecto

militarUn proyecto de

carácter personalista o de liderazgo

político

Los intereses árabes y

magrebíes

Influencias partidistas y/o

ideológicas

Las orientaciones de las elites

políticas españolas

Relaciones poco

sistemáticas y faltas de

proyecto global

Las circunstancias

concretas

Los intereses españoles (políticos,

económicos, militares...)

0,97%2,91%

6,80%9,71%

14,56%17,48%18,45%

29,13%

7.1. En los estudios españoles de seguridad y defensa del Mediterráneo predomina el enfoque o disciplina:

(marcar con una X un máximo de 2 opciones) 1. Histórica. 2. Investigación para la paz. 3. Política-administrativa-diplomática. 4. Estratégica. 5. Económica-energética-financiera. 6. Social-demográfica-educativa. 7. No hay un ámbito determinado dominante.



340

Pregunta 7. Frecuencias. Económica-energética-financiera

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Económica-energética-financiera 12 19,0 19,0

Estratégica 13 20,6 20,6

Histórica 12 19,0 19,0

Investigación para la paz 2 3,2 3,2

No hay un ámbito determinado dominante 10 15,9 15,9

Política-administrativa-diplomática 11 17,5 17,5

Social-demográfica-educativa 3 4,8 4,8

Total 63 100,0 100,0

Porc

enta

je

25

20

15

10

5

0Investigación para la paz

Social-demográfica-

educativa

No hay un ámbito

determinado dominante

Política-administrativa-

diplomática

HistóricaEconómica-energética-financiera

Estratégica

3,174,76

15,8717,4619,0520,63 19,05

Pregunta 7.2. Respuestas.

Conflictividad socio-política; Militar; Religioso y Medioambiental

7.2. Otros (religioso, medioambiental,...). Indicar:



341


Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido De investigación y sistematización 26 41,3 41,3 Económico-financiero-energético 4 6,3 6,3 Histórico 3 4,8 4,8 Militar 5 7,9 7,9 No hay un déficit dominante determinado 2 3,2 3,2 Político-administrativo-diplomático 9 14,3 14,3 Social-demográfico-educativo 14 22,2 22,2

Válidos

Total 63 100,0 100,0

Frec

uenc

ia

30

20

10

0No hay un

déficit dominante

determinado

HistóricoEconómico-financiero-energético

MilitarPolítico-administrativo-

diplomático

Social-demográfico-

educativo

De investigación y sistematización

3,17%4,76%6,35%7,94%14,29%

22,22%

41,27%

8. En los estudios españoles de seguridad y defensa del Mediterráneo existe un déficit:

(marcar con una X un máximo de 2 opciones) 1. Histórico. 2. Político-administrativo-diplomático. 3. Militar. 4. De investigación y sistematización. 5. Económico-financiero-energético. 6. Social-demográfico-educativo. 7. No hay un déficit dominante determinado.



342

Pregunta 8.2. Respuestas.

Consideración de los movimientos sociales Democrático Económico El déficit en investigación social antropólogica es general, por lo que sólo se

analiza una parte de la realidad pero no hay una perspectiva holística Relaciones internacionales Religioso



válido Sí 3 6,8 6,8 Es posible, quizá, con matices 14 31,8 31,8

No 15 34,1 34,1 Muy en desacuerdo 8 18,2 18,2 nc 4 9,1 9,1

Válidos

Total 44 100,0 100,0

8.2. Otros (religioso, medioambiental,...). Indicar:

9. Con la afirmación: "Existe un pensamiento español consolidado en materia de seguridad en el Mediterráneo, consolidado e identificable en los ámbitos político, diplomático, económico, académico, militar, social, etc.", usted se muestra:




343

9,09%

18,18%

34,09%

31,82%

6,82%ncMuy en desacuerdoNo

Es posible, quizá, con matices

Sí


Frecuencia Porcentaje Porcentaje válidoAcadémica 12 13,5 13,5Geopolítica y/o geoeconómica 9 10,1 10,1Histórica 9 10,1 10,1Institucional de la Unión Europea 11 12,4 12,4Institucional de organizaciones de seguridad 3 3,4 3,4Institucional española 12 13,5 13,5Intelectual heterogénea 12 13,5 13,5Política-diplomática-militar 20 22,5 22,5Social y ciudadana 1 1,1 1,1

Válidos

Total 89 100,0 100,0

10. El pensamiento español actual sobre el Mediterráneo es una construcción esencialmente:

(marcar un máximo de 3 opciones) 1. Histórica. 2. Política-diplomática-militar. 3. Institucional española. 4. Institucional de la Unión Europea. 5. Institucional de organizaciones de seguridad. 6. Intelectual heterogénea (fundaciones, ONGs, instituciones...). 7. Académica. 8. Geopolítica y/o neoeconómica. 9. Social y ciudadana.



344

Porc

enta

je

25

20

15

10

5

0Social y

ciudadanaInstitucional de organizaciones de seguridad

HistóricaGeopolítica y/o geoeconómica

Institucional de la Unión Europea

Intelectual heterogénea

Institucional española

AcadémicaPolítica-diplomática-

militar

1,12%3,37%

10,11%10,11%12,36%13,48%13,48%13,48%

22,47%


11. Valore para cada uno de los factores relacionados a continuación el nivel de amenaza parcial o global a la seguridad de España o su conflictividad.

1. La inmigración masiva descontrolada o ilegal. 2. La delincuencia organizada. 3. El tráfico de seres humanos. 4. El auge del islamismo radical y/o violento. 5. La falta de diálogo entre culturas. 6. La falta de diálogo religioso. 7. Las diferencias socioeconómicas. 8. El comercio de armas. 9. La proliferación de armas de destrucción masiva. 10. El deterioro medioambiental. 11. El acceso a los recursos naturales y energéticos. 12. El control de las vías marítimas. 13. El conflicto palestino-israelí. 14. El terrorismo global.



345

11.1. Inmigración masiva descontrolada o ilegal


válido Muy elevado 2 4,5 4,5

Elevado 10 22,7 22,7 Medio 9 20,5 20,5 Escaso 8 18,2 18,2

Muy escaso 10 22,7 22,7 nc 5 11,4 11,4

Válidos

Total 44 100,0 100,0

ncMuy escasoEscasoMedioElevadoMuy elevado

Porc

enta

je

25

20

15

10

5

0

11,36%

22,73%

4,55%

20,45%18,18%

22,73%

11.2. Delincuencia organizada.




Muy escaso 2 4,5 4,5 nc 4 9,1 9,1

Válidos

Total 44 100,0 100,0



346


Porc

enta

je40

30

20

10

0

9,09%4,55%

11,36%15,91%

20,45%

38,64%

11.3. Tráfico de seres humanos.




Muy escaso 4 9,1 9,1 nc 5 11,4 11,4

Válidos

Total 44 100,0 100,0


Porc

enta

je

30

20

10

0

11,36%9,09%

6,82%

27,27%

20,45%25,00%



347

11.4. Auge del islamismo radical y/o violento.




nc 5 11,4 11,4

Válidos

Total 44 100,0 100,0

ncEscasoMedioElevadoMuy elevado

Porc

enta

je

25

20

15

10

5

0

11,36%13,64%

25,00% 25,00%25,00%

11.5. Diálogo entre culturas.


válido Elevado 2 4,5 4,5 Medio 6 13,6 13,6 Escaso 10 22,7 22,7

Muy escaso 20 45,5 45,5 nc 6 13,6 13,6

Válidos

Total 44 100,0 100,0



348

ncMuy escasoEscasoMedioElevado

Porc

enta

je50

40

30

20

10

0

13,64%

45,45%

13,64%

22,73%

4,55%

11.6. Diálogo religioso.



Muy escaso 23 52,3 52,3 nc 6 13,6 13,6

Válidos

Total 44 100,0 100,0


Porc

enta

je

60

50

40

30

20

10

0

13,64%

52,27%

13,64%18,18%2,27%



349

11.7. Diferencias socioeconómicas.




Muy escaso 1 2,3 2,3 nc 5 11,4 11,4

Válidos

Total 44 100,0 100,0


Porc

enta

je

40

30

20

10

0

11,36%2,27%2,27%

22,73%

34,09%

27,27%

11.8. Comercio de armas.




Muy escaso 2 4,5 4,5 nc 6 13,6 13,6

Válidos

Total 44 100,0 100,0



350


Porc

enta

je30

20

10

0

13,64%

4,55%

15,91%

29,55%25,00%

11,36%

11.9. Proliferación de armas de destrucción masiva.




Muy escaso 11 25,0 25,0 nc 7 15,9 15,9

Válidos

Total 44 100,0 100,0


Porc

enta

je

40

30

20

10

0

15,91%

25,00%

6,82%

13,64%

34,09%

4,55%



351

11.10. Deterioro medioambiental.




nc 6 13,6 13,6

Válidos

Total 44 100,0 100,0

ncEscasoMedioElevadoMuy elevado

Porc

enta

je

50

40

30

20

10

0

13,64%20,45%

40,91%

9,09%15,91%

11.11. Acceso a los recursos naturales y energéticos.




Muy escaso 1 2,3 2,3 nc 6 13,6 13,6

Válidos

Total 44 100,0 100,0



352


Porc

enta

je40

30

20

10

0

13,64%2,27%11,36%

29,55%

6,82%

36,36%

11.12. Control de las vías marítimas.



Muy escaso 2 4,5 4,5 nc 7 15,9 15,9

Válidos

Total 44 100,0 100,0


Porc

enta

je

40

30

20

10

0

15,91%

4,55%

31,82%

22,73%25,00%



353

11.13. Conflicto palestino-israelí.




Muy escaso 4 9,1 9,1 nc 6 13,6 13,6

Válidos

Total 44 100,0 100,0


Porc

enta

je

30

20

10

0

13,64%9,09%

6,82%

29,55%

15,91%

25,00%

11.14. Terrorismo global.




Muy escaso 1 2,3 2,3 nc 6 13,6 13,6

Válidos

Total 44 100,0 100,0



354


Porc

enta

je30

20

10

0

13,64%

2,27%

15,91%

27,27%

11,36%

29,55%

12. Para que la región Euro-mediterránea sea un espacio de encuentro y una región de paz y prosperidad, España debería:

(marcar con una X un máximo de 3 opciones) 1. Asumir mayor responsabilidad en el conflicto del Sahara. 2. Dar prioridad a la relación con Marruecos. 3. Reforzar la seguridad y defensa propias. 4. Garantizar la soberanía de Ceuta y Melilla. 5. Reforzar la seguridad colectiva euromediterránea. 6. Propiciar una mayor participación de la OTAN. 7. Propiciar una mayor participación de la ONU. 8. Promover la integración política, social y económica del Magreb. 9. Reforzar los intercambios económicos y comerciales. 10. Reforzar el bilateralismo y multilateralismo mediterráneos. 11. Promover un foro de seguridad específico mediterráneo. 12. Aumentar su compromiso gubernamental estatal, autonómico y local. 13. Incentivar la cooperación sociocultural y educativa.



355



válido Válidos Asumir mayor responsabilidad en el conflicto del

Sahara 12 9,8 9,8

Aumentar su compromiso gubernamental estatal autonómico y local 8 6,5 6,5

Dar prioridad a la relación con Marruecos 3 2,4 2,4 Garantizar la soberanía de Ceuta y Melilla 2 1,6 1,6 Incentivar la cooperación sociocultural y educativa 19 15,4 15,4 Promover la integración política, social y

económica del Magreb 25 20,3 20,3

Promover un foro de seguridad específico mediterráneo 6 4,9 4,9

Propiciar una mayor participación de la ONU 1 ,8 ,8 Propiciar una mayor participación de la OTAN 3 2,4 2,4 Reforzar el bilateralismo y multilateralismo

mediterráneos 15 12,2 12,2

Reforzar la seguridad colectiva euromediterránea 12 9,8 9,8 Reforzar la seguridad y defensa propias 4 3,3 3,3 Reforzar los intercambios económicos y

comerciales 13 10,6 10,6

Total 123 100,0 100,0

Propiciar una mayor participación de la …

Garantizar la soberanía de Ceuta …

Dar prioridad a la relación con …

Propiciar una mayor participación de la …

Reforzar la seguridad y defensa propias

Promover un foro de seguridad específic…

Aumentar su compromiso …

Asumir mayor responsabilidad en …

Reforzar la seguridad colectiva …

Reforzar los intercambios …

Reforzar el bilateralismo y …

Incentivar la cooperación …

Promover la integración política, …

20151050

10,57%

3,25%

9,76%

12,20%

2,44%

0,81%

4,88%

20,33%

15,45%

1,63%

2,44%

6,50%

9,76%



356

ANEXO II Movimientos integristas en el Norte de África Relación de movimientos integristas del Norte de África por países. Fuente: Álvarez, 2007 (XIV Curso Internacional de Defensa, Jaca, Ministerio de Defensa). Marruecos (considerado un país estable y baluarte contra la expansión islamista radical). Asociación de la Juventud Islámica. 1969 (Jamaa al-Chabiba al-Islamiya): subdivisiones:

Batallón del Djihad (grupúsculo clandestino violento) Organización de combatientes (Mounaddhamat Al-Moujahidine Bi A-Maghrib) Organización de los Soldados de Dios (Tandhime Jound Allah) Partido de la Liberación Islámica (Hibz At-Tahrir Al-Islam) Organización de la Guerra Santa (Tandhim Al Djihad Al Mouqaddas) Movimiento Juventud Islámica Revolucionaria (Harakat Ach-Chabab Al Islami Az-Azwei)

Islamismo radical ideológico

30.000 militantes y 600.000 simpatizantes (el 2,5 % de sus ingresos autofinanciado) Islamismo oficializado

Partido Justicia y Desarrollo (PJD) y dos partidos menores Alternativa civilizadora (Al Badil al Hadari) Renacimiento y Virtud (Al Nahda ual Fadila (disidente del PJD)

Islamismo radical violento:

Exilio y Excomunión (Al Hijra ual Tafkir) El Camino Recto (As Sirat al Mustakim) Tradición y Guerra Santa (Salafiya Yahadiya) Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) Grupo de Seguidores del Mahdi (Yamaa Ansar al Mahdi)

Argelia Frente Islámico de Salvación (FIS) prohibido en 1992, con dos facciones desde 2002:

Rama salafista (pro lucha armada) Rama djazarista (apoyo a Buteflika)

Islamismo legalizado Movimiento de la Sociedad por la Paz (MSP) ex Hamas, tiene 38 parlamentarios (2007) Movimiento de la Renovación (ENNAHDA),1 escaño Movimiento de la Renovación Nacional o Movimiento Islah, 43 escaños en 2002 Movimiento de la Fidelidad y la Justicia (WAFA), nunca autorizado, ex FIS

Grupos terroristas islamistas:

Movimiento Islámico Armado (MIA), de 1982 Movimiento del Estado Islámico, creado en octubre de 1992 Frente Islámico de la Djihad Armada (FIDA), creado por intelectuales del FIS, 1993 Grupo Islámico Armado (GIA)



357

Grupos armados autónomos: procedentes de los suburbios de las grandes ciudades, analfabetos e incultos, junto a antiguos afganos.

Ejército Islámico de Salvación (AIS) de 1994 Grupo Salafista para la Predicación y el Djihad, escisión del GIA (inactivo desde 2003) Partidarios de la corriente Salafista (DHDS), desaparecido en 2003 Defensores de la predicación salafista, dividido:

Humat Eddawa es Slafia Grupo Slafista Combatiente

Grupo Salafista Combatiente, escisión del anterior, probablemente unido al GSPC Grupos actuales:

Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), único activo y estructurado Mokhtar bel Moktar, actividades delictivas y abastecedor de armas a grupos del norte Grupo Salafista Libre, 50 terroristas creados en 2005 (a partir de la Carta Paz y Reconciliación, integrados seguramente en el GSPC.

Túnez Grupos violentos:

Grupo Combatiente Tunecino, creado por unos pocos activos en 2000, Afganistán. Libia

Hermanos Musulmanes, desde los años 50 Jamaa al Islamiya, desde los 80 Djihad islámica Grupo Islámico Combatiente Libio, envió combatientes a Argelia en 1993, al GIA, y formado por unos 50 miembros. Movimiento de los Mártires Islámicos, dificultad de credibilidad Movimiento Libio para la Yihad, sin infraestructura en Libia Vanguardias Libias para la Victoria, actuación limitada Partido Islámico de Liberación Exilio y Excomunión, activo desde el punto de vista de operaciones armadas

Mauritania Cercanos a los Hermanos Musulmanes (primer momento)

Primera organización islamista, 1974: Jamaa Islamiya, HASIM (Movimiento Islámico en MAU)

Predicadores (segundo momento), dos ramas:

Dawa wal Tabligh (posiblemente infiltrado en Al-Qaeda) Imanes predicadores (impugnan la jerarquía social y religiosa establecida, cofradías y confabulados con el régimen)

Salafistas e intentos de unificación de los islamistas fracasados



358

ANEXO III Relación de organizaciones, centros de investigación y lugares de Internet visitados AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) Afrique Asie AWRAQ (Revista del instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo) Athena Intelligence Cahiers de la Méditeranée Casa Árabe e Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán CECOD (Centro de estudios de cooperación al desarrollo) CEIPAZ (Centro de Educación e Investigación para la Paz) CESEDEN (Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional) CIDOB (Centro de Investigación de Relaciones Internacionales y Desarrollo) CSCA (Comité de Solidaridad con la Causa Árabe) Comunidades Autónomas Congreso de los Diputados de España Consejo Euro Mediterráneo Cumbre Euromediterránea 2005 Dialogo Mediterráneo Equilibri (Geopolítica y Relaciones Internacionales) EuroMesco FEMISE (Réseau Euro Méditeranéen) Fondation Euro Méditerranéenne Anna Lindh pour le Dialogue entre las Cultures Fòrum Uniersitari de la Mediterrània FRIDE (Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior) Fuerzas Armadas españolas FUHEM-CIP (Fundación Hogar del Empleado-Centro Investigación para la Paz) Fundació Rarael Campalans Fundación Alternativas Fundación Athena Intelligence Fundación José Ortega y Gasset GEES (Grupo de Estudios Estratégicos) Gloobal net ICEI (Instituto Complutense de Estudios Internacionales) ICEI (Instituto Complutense de Estudios Internacionales) IECAH (Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria) IEEE (Instituto Español de Estudios Estratégicos) IEMED (Instituto Europeo del Mediterráneo) IMEE (Instituto Mediterráneo de Estudios Europeos) INCIPE (Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior) Institut de Recherches et d’Études sur le Monde Arabe et Musulman (IREMAM) Instituto Europeo de Estudios Mediterráneos de la Unión Europea Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán (Madrid) ISS (Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea) IUDC (Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense) IUGGM (Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, de la UNED) UMA (L’Union du Maghreb Arabe) Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Ministerio de Defensa



359

Mujeres Mediterráneas Observatorio de Conflictos de Castilla-La Mancha ONU (Organización de las Naciones Unidas) OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) PNAC (Plan Nacional para la Alianza de Civilizaciones) Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales Red de ONGs del Mediterráneo para la Ecología y el Desarrollo Sostenible REDRI (Revista electrónica de Relaciones Internacionales) REEI (Revista electrónica de estudios internacionales) REMMM (Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée) Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) Revista La Factoría Revista Nación Árabe Revista Pensamiento político Revista Política Exterior SEIPAZ( Fundación Seminario de Investigación para la Paz) Senado de España Tribuna de la Mediterrània Unión Europea UNISCI (Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación Internacional) Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) WebIslam Comunidad Virtual



360

ABREVIATURAS. 11-S 11 de septiembre de 2001, atentado en el World Trade Center (Nueva York) ADM Armas de destrucción masiva AEM Asociación Euro-Mediterránea AIS Ejército Islámico de Salvación (Argelia) BID Boletín de Información de la Defensa BM Banco Mundial CEE Comunidad Económica Europea CESEDEN Centro Superior de Estudios de la Defensa nacional CIDOB Centre de Información y Documentación Internacional de Barcelona CSCE Conferencia para la Seguridad y Cooperación en Europea CSCM Conferencia para la Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo EUROFOR Eurofuerza Operativa Rápida EUROMARFOR Fuerza Marítima Europea EUROMESCO Red Europea de instituto de seguridad y cooperación en el Mediterráneo FIS Frente Islámico de Salvación (Argelia) FLN Frente de Liberación Nacional (Argelia) FMI Fondo Monetario Internacional FRONTEX Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras

Exteriores G-20 Grupo de 20 estados más industrializados más los países emergentes G-8 Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia, GIA Grupo Islámico Armado (Argelia) GSPC Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (Argelia) IEEE Instituto Español de Estudios Estratégicos IEMED Instituto Europeo del Mediterráneo INCIPE Instituto de Cuestiones Internacionales y de Política Exterior IUGM Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado MENA Amplio Oriente Medio y África del Norte OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OIEA Organización Internacional de la Energía Atómica OLP Organización para la Liberación de Palestina ONG Organizaciones no Gubernamentales ONGD Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo ONU Organización de las Naciones Unidas OSCE Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte PAM Plan de Acción del Mediterráneo PCE Partido Comunista de España PESC Política Exterior y de Seguridad Común PESD Política Europea de Seguridad y Defensa PGM Política Global Mediterránea PIB Producto Interior Bruto PMR Política Mediterránea Renovada PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PP Partido Popular PSM Países del Sur del Mediterráneo PSOE Partido Socialista Obrero Español RASD República Árabe Saharaui Democrática TIJ Tribunal Internacional de Justicia TNP Tratado de No Proliferación UCD Unión de Centro Democrático UEO Unión Europea Occidental UMA Unión del Magreb Árabe UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura



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