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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SERIES REGIONALES PARTICIPACIÓN DE LA DIÁSPORA

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AMÉRICALATINA Y

EL CARIBE

SERIESREGIONALES

PARTICIPACIÓN DE LA DIÁSPORA

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El Programa Mundial de la Unión Europea para la Diáspora (EUDiF) es el primer proyecto financiado por la Unión Europea que adopta un enfoque global para la participación de la diáspora. Implementado por el Centro Internacional para el De-sarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD), el proyecto busca construir un ecosistema de desarrollo de la diáspora informado, inclusivo y que genere impacto a través de la investigación, el diálogo y el desarrollo de capacidades. EUDiF se extiende desde junio de 2019 hasta diciembre de 2022.

Esta publicación ha sido redactada por la Dra. F. Tittel-Mosser para EUDiF, con el apoyo editorial del Dr. A. Sgro y C. Griffiths y diseño del documento por Marc Rech-dane. Las opiniones presentadas en esta publicación son las de la autora y no rep-resentan necesariamente las opiniones de EUDiF, ICMPD o la Unión Europea. EUDiF agradece al investigador, Dr. Manuel Orozco, la elaboración de las 24 fichas que han hecho posible este panorama regional.

Se anima a los lectores a reproducir el material para sus propias publicaciones, siem-pre que no sea para uso comercial. EUDiF solicita un reconocimiento y una copia de cualquier publicación que contenga material reproducido. Si se publica en línea, pedimos que se incluya un enlace a la publicación original en el sitio web de EUDiF.

Recomendación de citación: Tittel-Mosser, F. (2021) Diaspora engagement: América Latina y el Caribe. Serie regional. EUDiF.

Esta publicación incluye enlaces a fuentes y referencias accesibles en línea. Se recomienda a los lectores que utilicen la versión digital para acceder a todos los enlaces relacionados.

EUDiF es el primer proyecto financiado por la UE que adopta un enfoque global de la participación de la diáspora. El proyecto busca construir un ecosistema de desarrollo de la diáspora informado, inclusivo y que genere impacto a través de la investigación, el diálogo y el desarrollo de capacidades. EUDiF se extiende desde junio de 2019 hasta diciembre de 2022.

Financiado porla Unión Europea Implementado por

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CONTENTS

1. ANTECEDENTES

2. MARCOS POLÍTICOS E INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA DIÁSPORA

A nivel regionalA nivel nacional

3. PIONEROS REGIONALES

4. TERMINOLOGÍA

5. PRINCIPALES TENDENCIAS Y PRÁCTICAS

Remesas y digitalizaciónServicios consulares y digitalización

6. RETOS RECURRENTES

7. RECOMENDACIONES

4

5

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1. ANTECEDENTES

Si esta interesado en saber más sobre la metodología utilizada para seleccionar los países, escríbanos a [email protected]

Los 24 países de ALC incluidos en el mapa son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Jamaica, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela.

En 2020, EUDiF trabajó con un equipo de expertos regionales para realizar un ejercicio de mapeo global centrado en la evaluación de la participación de la diáspora en seis regiones. El objetivo era abordar la fragmentación de los datos sobre las políticas, las instituciones y las prácticas de participación de la diáspora mediante la recopilación de la información en un centro de conocimientos de acceso abierto.

El mapeo global ha generado 107 fichas de países individuales, que están disponibles a través de un mapa interactivo en el sitio web de EUDiF, donde también se pueden com-parar los resultados entre los distintos países.

A través del ejercicio de investigación, EUDiF ha tratado de identificar los intereses y los retos a los que se enfrentan los países del patrimonio cuando se trata de la participación de la diáspora. Esta publicación forma parte de una serie de seis partes que revisan los resultados de la investigación de cada región asociada.

Regiones EUDiF:

ÁfricaAsiaEuropa del Este y Asia Central

América Latina y el CaribeMedio OrientePacífico

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Este documento es un análisis regional de la participación de la diáspora en América Latina y el Caribe (ALC). Se basa en los conocimientos recopilados durante el mapeo de 24 países para estudiar los marcos políticos e institucionales relevantes, las tendencias, las buenas prácticas y las recomendaciones a nivel regional. El documento resultante ofrece una fuente de información consolidada para:

ˮ Promover la contribución de la diáspora de ALC al desarrollo; ˮ Orientar la acción a nivel regional; ˮ Identificar las oportunidades de intercambio

entre pares.

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2. MARCOS POLÍTICOS E INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA DIÁSPORA

A NIVEL REGIONAL

A nivel regional, la emigración es un área de interés primor-dial. Sin embargo, ningún marco regional se centra propia-mente en la emigración ni en la participación de la diáspora, sino que el interés lo muestran los países individualmente.

Se han hecho algunos intentos para aumentar la cooper-ación regional en diversas áreas específicas que contribuyen a la participación de la diáspora. Sin embargo, estos esfuer-zos siguen siendo marginales. Por ejemplo, la Declaración de Quito fue adoptada en la reunión de 2016 de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latino-americanos y Caribeños (CELAC). Esta declaración subraya la necesidad de apoyar la posibilidad de promover los in-tercambios, la cooperación y los diálogos con la diáspora, de acuerdo con las directrices establecidas en el Plan de Acción del Decenio de los Afrodescendientes en las Améri-cas (2016-2025). Este Plan de Acción es un documento de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el que los Estados miembros se com-prometen a adoptar y fortalecer gradualmente políticas públicas y otras medidas para que los afrodescendientes en las Américas puedan ejercer plenamente sus derechos (económicos, sociales, civiles, políticos, etc.) y disfrutar de una participación igualitaria en todos los ámbitos de la so-ciedad. Esta declaración, sin embargo, no incluye a todas las diásporas de ALC, ya que sólo se centra en los afrode-scendientes y se refiere principalmente a su integración.

Además, el Convenio Multilateral Iberoamericano de Se-guridad Social, ratificado por Argentina, Bolivia, Brasil, Co-lombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú y Venezuela, permite a los trabajadores en el extranjero ac-ceder, en su caso, a pensiones de vejez, invalidez o muerte en otros países. Además, la Alianza del Pacífico fue creada en 2011 por Chile, Colombia, México y Perú como una inicia-tiva de integración regional. En 2014, los cuatro países pu-sieron en marcha el programa “embajadas compartidas” y abrieron varias embajadas conjuntas, para cumplir con el propósito de reforzar su presencia en el mundo y, al mismo tiempo, reducir sus costos de funcionamiento.

El Organismo Regional de Enfermería de CARICOM ha ini-ciado una incipiente política regional relacionada con la participación de la diáspora, con el objetivo de abordar la fuga de cerebros en el sector sanitario de los Estados del Caribe. Ha definido una estrategia para retener un núme-ro adecuado de personal de enfermería competente. Esta estrategia se basa en el reconocimiento de que la migración no puede detenerse cuando se respetan los principios de la libertad individual y apoya la opinión de que la migración de las enfermeras y enfermeros puede gestionarse en beneficio de todas las partes interesadas.

A NIVEL NACIONAL

Varios países de ALC han tomado medidas para in-stitucionalizar la participación de la diáspora y crear un entorno propicio para la contribución de la diáspora al de-sarrollo, especialmente mediante políticas relacionadas con los derechos cívicos y las prestaciones sociales para los ciudadanos en el extranjero.

El Índice de Políticas de Emigración (EMIX) ha construi-do un marco para analizar el “grado de adopción” de las políticas de emigración en 22 países1 de ALC. Los resulta-dos muestran que existen disparidades sustanciales en la región de ALC en cuanto al grado de adopción de políti-cas de emigración diseñadas para mantener los víncu-los económicos, políticos o sociales con los emigrantes. Brasil, Ecuador y México han desarrollado la mayoría de las políticas de emigración utilizadas por el EMIX en su marco analítico, mientras que otros países tienen un débil enfoque en las políticas de emigración. El EMIX también muestra que no existe una estrategia común para man-tener o crear vínculos con la diáspora en términos de pri-oridades políticas o del tipo de instituciones creadas para cubrir los asuntos de la diáspora. De los 24 países de ALC incluidos en el mapeo, 14 tienen una institución dedica-

1 Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nica-ragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

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da específicamente a la participación de la diáspora. La República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica y México tienen autoridad a nivel ministerial. En Brasil, Colombia, Cuba, Guyana, Paraguay y Perú la institución dedicada es de nivel subministerial.

Sin embargo, sólo un número muy limitado de países de ALC incluidos en el mapeo de EUDiF cuentan con una políti-ca de la diáspora. De los 24 países, sólo Dominica (2010) ha adoptado una política de participación de la diáspora (Jamaica y Guyana están en proceso de hacerlo). La política de participación de la diáspora de Dominica se centra en los derechos de ciudadanía, la retención de habilidades, la transferencia de habilidades, los incentivos financieros y económicos, las oportunidades de inversión, la promoción del comercio, la promoción del turismo y los intercambios culturales. El objetivo de la Política Nacional de la Diáspora de Jamaica, aunque todavía está en fase de redacción, es que para 2030 se produzcan “compromisos y asociaciones transformadoras que proporcionen un entorno propicio para el empoderamiento de la diáspora jamaicana a fin de que desarrolle todo su potencial [...] al tiempo que se optimizan las contribuciones al desarrollo nacional”. El documento de trabajo destaca ocho objetivos principales, entre ellos: aumentar la participación de la diáspora en la planificación del desarrollo nacional, reconocer las redes de la diáspora, fomentar la inversión de la diáspora y promov-er la investigación de las contribuciones de la diáspora al desarrollo. En Guyana, el borrador de la Estrategia de Par-ticipación de la Diáspora y el Plan de Acción está diseñado para guiar formalmente la relación de la administración con la diáspora, centrándose en tres áreas operativas prin-cipales: Las comunidades de la diáspora, el país de origen y los medios sociales de TI. La estrategia pretende reforzar y gastar los recursos de la Unidad de la Diáspora, impulsar los programas para jóvenes a corto y largo plazo, y aumen-tar las remesas en forma de filantropía.

Una vez que se adopten la política y la estrategia de participación de la diáspora, Jamaica y Guyana se convertirán en los únicos países de América Latina y el Caribe con una institución dedicada a la diáspora y una política de participación de la diáspora.

También cabe mencionar que México no cuenta con una política de participación de la diáspora en sí, pero tiene un marco de la diáspora, que se manifiesta en difer-entes esfuerzos oficiales, incluyendo leyes, normas e in-stituciones. Además, las políticas de desarrollo de Domi-nica, República Dominicana, Jamaica y Trinidad y Tobago

Permite doble nacionalidad

No permite doble nacionalidad

reconocen explícitamente el papel de la diáspora en el desarrollo del país de origen. La política de desarrollo de Honduras hace hincapié en el retorno y la reintegración; en Guyana se centra principalmente en la transferencia de competencias; y en Nicaragua y México se tiene en cuenta la protección de la diáspora.

De los 24 países de América Latina y el Caribe que ha ma-peado EUDiF, 21 permiten la doble nacionalidad. El EMIX subraya que las políticas de ciudadanía pueden consid-erarse un tipo fundamental de política de emigración, porque marcan la base de una conexión formal con la co-munidad nacional. Como se ha indicado anteriormente, la ciudadanía es uno de los ejes de la política de partici-pación de la diáspora de Dominica. El gobierno de Argen-tina también tiene una política de naturalización de ciu-dadanos muy acogedora, que permite a cualquier padre o madre argentina nativa solicitar la ciudadanía para su hijo o hija. En Barbados también han surgido acciones que fomentan la identidad nacional intergeneracional, como las iniciativas legislativas para conferir la ciudadanía por descendencia a las segundas y terceras generaciones.

Entre los países incluidos en el mapeo, sólo Brasil, Guatema-la y Surinam no permiten la doble nacionalidad. En Surinam, la Ley de Personas de Origen Surinamés (Ley PSA) define la ascendencia surinamesa para incluir a las personas con al menos un padre/madre o abuelo/abuela nacido en Surinam.

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Por lo tanto, se puede crear el estatus de beneficiario de la PSA para todos aquellos que no tengan la nacionalidad suri-namesa pero sean descendientes de surinameses. Los ben-eficiarios de la PSA deben solicitar el estatus para activarlo y recibir los beneficios de trabajo y residencia asociados. Este estatus no es sinónimo de doble nacionalidad. En Paraguay, la doble nacionalidad se limita a dos países: sólo España e Italia han firmado un acuerdo bilateral.

Al igual que en el caso de la doble nacionalidad, el voto de la diáspora está permitido en la mayoría de los países de ALC incluidos en el mapeo de EUDiF. Sólo cuatro países no autorizan el voto de los ciudadanos que residen en el ex-tranjero: Barbados, Haití, Surinam y Trinidad y Tobago. En 2017, a los chilenos y chilenas en el extranjero se les con-cedió el derecho a votar en elecciones presidenciales, pri-marias presidenciales y plebiscitos nacionales. En las prim-eras primarias presidenciales hubo una baja participación de votantes de la diáspora. Sin embargo, el 25 de octubre de 2020, por primera vez, los chilenos en el extranjero ejer-cieron este derecho en un referéndum nacional sobre una nueva Constitución acordada por los políticos tras un mes de disturbios sociales. Considerando la oportunidad de la diáspora de ser parte de un proceso histórico, el número de chilenos en el extranjero inscritos para votar aumentó en un 48%, lo que llevó a una participación del 51,93%. En Nic-aragua, el derecho a votar en las elecciones nacionales está reconocido para los ciudadanos residentes en el extranjero, pero nunca se ha ejercido. El voto a través de medios digi-

No permite el voto de la diáspora

Permite el voto de la diáspora

Barbados

SurinamTrinidad y Tobago

Haití

tales está disponible o se está desarrollando en unos pocos países. En Colombia, por ejemplo, en 2016 una organización tecnológica sin ánimo de lucro lanzó la plataforma de voto digital Plebiscito Digital y trabajó con varias organizaciones de la sociedad civil para permitir a los colombianos y co-lombianas en el extranjero emitir votos simbólicos a través de la plataforma. El Plebiscito Digital fue impulsado por la tecnología blockchain, para probar una nueva forma de validar y autenticar los votos electorales. En México, se ha creado un sitio web para promover e incentivar el voto de la diáspora y se han diseñado campañas para facilitar el reg-istro y el voto de los mexicanos y mexicanas en el exterior. Además, se mejora el acceso al ejercicio de los derechos de los migrantes a través del proyecto Título Net, una inicia-tiva conjunta del Tribunal Superior Electoral de Brasil y el Tribunal Regional Electoral del Distrito Federal. Esto per-mite el registro, la transferencia y la regularización de los votantes brasileños en el exterior por medios electrónicos, con un procesamiento inmediato por parte de la Justicia Electoral después de que los datos y los documentos hayan sido verificados y avalados por agentes consulares regis-trados. Sin embargo, en la práctica, el voto de la diáspora sigue siendo escaso en Brasil.

El índice EMIX muestra que los países adoptan enfoques variados para retener o construir relaciones con sus diáspo-ras. Una de las conclusiones es el amplio desarrollo de políti-cas sociales, que incluyen prestaciones de jubilación, asist-encia sanitaria o programas de educación. De los 24 países analizados, 14 han adoptado este tipo de políticas o han celebrado acuerdos internacionales pertinentes (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecua-dor, El Salvador, Haití, México, Paraguay, Perú y República Dominicana). Por ejemplo, en Brasil, el Plan de Acción 2011 comprende un centenar de actividades conjuntas destina-das a satisfacer las demandas de la diáspora brasileña. El plan abarca áreas como los servicios y la asistencia consu-lar, la educación, la seguridad social, el trabajo, la salud, los servicios sociales y los derechos humanos. En Argentina, de acuerdo con la Ley de Migraciones, el gobierno puede su-scribir acuerdos internacionales para garantizar los derechos laborales y de seguridad social a los argentinos en el exte-rior. Chile ha firmado acuerdos bilaterales sobre seguridad social con al menos 27 países. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en estrecha colaboración con la Sec-retaría de Salud y con el apoyo de la red consular mexicana, ha puesto en marcha varias iniciativas de salud para facilitar el acceso de los mexicanos en el exterior a los servicios de salud primaria y preventiva, además de proporcionar infor-mación, educación y asesoramiento en materia de salud.

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3. PIONEROS REGIONALES Los pioneros regionales de EUDiF son países que han mostrado un interés y un progreso significativo en el cam-po de la participación de la diáspora a lo largo del tiempo. Los países suelen ser identificados como pioneros region-ales porque:

• El marco institucional nacional y el entorno propicio se han desarrollado con el reconocimiento explícito del papel clave de los migrantes y/o la diáspora en el desarrollo del país de origen; se ha destacado la importancia de optimizar las contribuciones de la diáspora al desarrollo.

• Y/o, el país ha puesto en marcha notables iniciativas relevantes para la diáspora en un determinado sector de desarrollo.

No hay una clasificación de los pioneros. Para más det-alles sobre cada uno de los pioneros regionales, consúl-tese la ficha del país.

México: Actualmente, México es uno de los países más avanzados de la región en cuanto a la participación de la diáspora. El gobierno mexicano tiene un enfoque muy completo de su diáspora, con un compromiso con la partic-ipación de la diáspora evidente en una variedad de esfuer-zos oficiales, incluyendo leyes, normas e instituciones. De hecho, la participación de la diáspora en México es fuerte tanto a nivel federal como estatal, aunque no tenga una política de participación de la diáspora en sí. La partici-pación de la diáspora a nivel estatal se ha desarrollado considerablemente en México desde el año 2000. Cabe destacar algunas iniciativas locales interesantes, como la réplica del “Programa 2x1” federal en el Estado de Zacate-cas. México también trabaja para abordar la migración de retorno. Se han diseñado algunos programas para animar a la diáspora a regresar, ya sea de forma permanente o no, como la Guía Paisano, “Vivienda para mexicanos en el exterior” y “Construye en tu tierra”.

Jamaica: Ha habido avances en las iniciativas políticas para ampliar la inclusión y el desarrollo de la población de la diáspora, así como para establecer relaciones entre las po-blaciones juveniles de la diáspora y los jamaicanos que viven en la isla. En 2019 se creó el Consejo Global de la Juventud de la Diáspora para mantener estas conexiones. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior ha dado prioridad al

desarrollo de juntas y comisiones centradas en la población de la diáspora. En última instancia, el gobierno alienta a los miembros de la diáspora a regresar a su país para trabajar, formar familias, invertir y jubilarse. Actualmente, Jamaica es el segundo país de toda la región que está elaborando una política de participación de la diáspora integral.

Guyana: En 2011, como resultado del reconocimiento por parte del gobierno guyanés del importante papel que puede desempeñar la diáspora como contribuyente al de-sarrollo de Guyana, se creó una Unidad de la Diáspora den-tro del Ministerio de Asuntos Exteriores. La Unidad está diseñada para servir de enlace entre la diáspora y el gobier-no, y algunas de sus principales funciones son recopilar in-formación sobre la diáspora y mantener relaciones con sus líderes. El gobierno ha adoptado una retórica continua en la que reconoce que la diáspora está ayudando a llenar el vacío de capital humano en Guyana y que está en condi-ciones de contribuir a la implementación de su Estrategia Nacional de Desarrollo (NDS). Guyana es actualmente el tercer (y último) país de toda la región que está elaborando una política de participación de la diáspora integral.

4. TERMINOLOGÍA El término diáspora se utiliza en: Costa Rica, Cuba, Haití, Guyana, Surinam, Barbados, Dominica, Jamaica, Trinidad y Tobago, Perú, Venezuela y República Dominicana.

Sin embargo, la mayoría de los estados se refieren a los y las nacionales que viven en el extranjero (bolivianos en el extranjero, brasileños en el extranjero, colombianos en el extranjero, ecuatorianos en el extranjero, guatemaltecos en el extranjero, mexicanos en el extranjero, nicaragüens-es en el extranjero, argentinos en el extranjero, costarri-censes en el extranjero, peruanos en el extranjero, chile-nos en el extranjero, paraguayos en el extranjero) o a las “personas migrantes” (es decir, El Salvador, Honduras).

En Guyana, el gobierno también utiliza los términos “guy-anés de ultramar”, “guyanés expatriado” y “guyanés que vive en el extranjero”.

En México, en muchos documentos oficiales y comunica-dos de prensa, el gobierno se refiere a la diáspora como “paisanos” y “connacionales”.

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5. PRINCIPALES TENDENCIAS Y PRÁCTICAS El mapeo mundial de la participación de la diáspora realizado por EUDiF mostró que algunas tendencias son globales (por ejemplo, el aumento de las remesas, la atracción de inversiones, la creación de vínculos con la diáspora a través de eventos y la creación de redes). Sin embargo, cada región también tiene sus propias tendencias específicas y prácticas distintas.

En ALC, los esfuerzos se centran principalmente en las remesas, la digitalización y los servicios consulares.

REMESAS Y DIGITALIZACIÓN

Mantener el flujo de remesas es una prioridad clave en toda ALC. En 2019, 40 millones de hogares de la región recibieron remesas, lo que corresponde a la parte principal del producto interior bruto en algunos países:

Haiti

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Chile

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Cuba

34.3

%

21.4

%

20.8

%

15.9

%

13.1%

13%

8.6%

8.6%

8.4%

4.4%

3.1%

3% 3% 2.2%

2.1%

1.5%

1.4%

0.9%

0.6%

0.2%

0.1%

0.02

%

0% N/A

Haití (34,3%), Honduras (21,4%), El Salvador (20,8%), Jamaica (15,9%), Nicaragua (13,1%) y Guatemala (13%). Estas remesas ayudan a las familias a cubrir sus gastos de manutención, educación y salud; además, apoyan la inversión en mejoras de la vivienda y en negocios famil-iares. Una reciente encuesta realizada por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos a 32.000 traba-jadores migrantes en los ocho principales países recep-tores de remesas de ALC muestra que, para el 22% de los hogares, las remesas son la única fuente de ingresos. Se esperaba que la pandemia de Covid-19 provocara una se-vera disminución de las remesas hacia América Latina y el Caribe. Sin embargo, esta proyección ha resultado ser

inexacta en varios países de ALC. De hecho, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, entre otros, han experi-mentado un aumento de las remesas en comparación con años anteriores en el mismo periodo.

Las predicciones también indicaban que la crisis sanitar-ia de Covid-19 podría ser un factor que contribuyera a la creciente digitalización de las transferencias de dinero y los servicios bancarios en la región. Sin embargo, inclu-so antes del brote de coronavirus, las estimaciones indi-caban que el 30% de las remesas a América Latina serían digitales en 2030. La Política Nacional de Migración Inter-nacional y Desarrollo de Jamaica establece que el gobierno

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pretende, para 2030, contar con mecanismos modernos que faciliten los avances tecnológicos globales en las transmisiones de remesas para mejorar la accesibilidad a los servicios de transferencia de remesas para la comu-nidad de la diáspora. La transición podría acelerarse, ya que se está animando a la gente a quedarse en casa, ya que algunos puntos bancarios y de cobro permanecen cer-rados (en el momento de escribir este artículo), en cum-plimiento de las restricciones para frenar la propagación del coronavirus. Antes del brote de coronavirus se pusi-eron en marcha notables iniciativas de apoyo a la digital-ización de las remesas. Por ejemplo, para mejorar la efica-cia de las remesas a Bolivia, Tigo Money y Western Union comenzaron a colaborar en 2016, ofreciendo transac-ciones de remesas internacionales inmediatas a través de carteras móviles. Como resultado, los usuarios pueden enviar fondos a través de un agente de Western Union o a través de sus canales digitales a la aplicación Mobile Wal-let de Tigo. Los fondos pueden ser transferidos o utiliza-dos para realizar pagos. Las tarifas de Western Union se aplican a la transferencia de dinero, que paga la persona que envía el dinero; al destinatario no se le cobra. El ob-jetivo es proporcionar a los clientes acceso a los servicios de Western Union las 24 horas del día, los siete días de la semana. En 2019, el corredor de bolsa brasileño Frente Corretora de Câmbio (La Bolsa del Frente) lanzó “Sim-ple”, una colaboración fintech con la start-up Ripple, con sede en San Francisco. La plataforma de blockchain está diseñada para permitir a la gente en Brasil enviar dinero al extranjero sin las altas tarifas y los lentos tiempos de transacción que son comunes en los mecanismos tradi-cionales de transferencia de dinero. Ripple utiliza Simple para hacer frente a la fragmentación y falta de fiabilidad de las estructuras actuales de envío de remesas.

La cooperación internacional se ha centrado en la inclusión financiera, a través de la educación financiera como medio para formalizar el ahorro de los receptores de remesas. La educación financiera y la inclusión financiera que ofrece es un objetivo pertinente en sí mismo. A nivel regional, el Programa de Remesas e Inclusión Financiera, financia-do principalmente por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos y el Fondo Multilateral de Inversiones, pretende desarrollar marcos regulatorios que promuevan la inclusión financiera de los clientes de remesas a través de servicios, información y productos. El programa apoya a los bancos centrales y a otras autoridades competentes en la identificación, reducción y eliminación de las barre-ras a la inclusión financiera; al mismo tiempo, subraya

la importancia de promover el conocimiento sobre cómo aprovechar las ventajas de la digitalización. Sin embargo, para que sean realmente beneficiosas para el desarrollo del país de origen, las ventajas de los programas de educación financiera deberían aprovecharse más. En la actualidad, sólo se han desarrollado algunas iniciativas de este tipo. La más destacada es el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (socio de la CAIXA) que ha tomado medidas para que los receptores de remesas en Brasil re-ciban formación para iniciar y fortalecer sus propios nego-cios. Otra iniciativa interesante es el “Subsidio de Vivienda para Migrantes”, proporcionado por el gobierno ecuatori-ano. El programa tiene como objetivo: facilitar el acceso a la vivienda para los migrantes y sus familiares directos; for-talecer los vínculos de los migrantes con Ecuador; aumen-tar la participación del sector privado a través de la indus-tria de la construcción; y alentar a las personas mediante la provisión de incentivos para ahorrar sus remesas para adquirir una vivienda. Por último, desde 2014, el Programa de Remesas y Ahorro del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Banco Interamericano de Desarrollo, y Visión Banco firmaron un acuerdo de proyecto para re-ducir la vulnerabilidad de los clientes de remesas en Para-guay y mejorar sus medios de vida mediante la promoción del ahorro en una institución financiera formal. En 2011, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) puso en marcha el “Proyecto Amigos del Migrante”, una iniciativa de responsabilidad social corporativa que incluye la asistencia en: la concientización y educación de los mi-grantes y sus familias sobre el buen uso de las remesas, el fomento de la cultura del ahorro y la celebración de una carrera semestral para recaudar fondos para los migrantes retornados con discapacidad. AHIBA y el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) de Honduras firmaron un Acuerdo de Cooperación en 2012, a través del cual of-recen formación sobre emprendimiento a los deportados (retornados forzosos). En el mismo sentido, una campaña promovida por el gobierno mexicano ofrece a los mexicanos en Estados Unidos información y servicios para fortalecer su educación e inclusión financiera, a través de alianzas estratégicas con actores en México y Estados Unidos. En 2017, más de 70.000 personas se beneficiaron de talleres de orientación sobre acceso a servicios financieros, desar-rollo de negocios y desarrollo de habilidades básicas para la gestión financiera personal y familiar. Un programa similar que promueve la educación financiera para los migrantes mexicanos fue lanzado en 2019 por el Instituto de los Mexi-canos en el Exterior a través de la red consular con la colab-oración de diversos actores financieros.

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Por último, las remesas también pueden estar estrecha-mente vinculadas a los servicios educativos en ALC. El ob-jetivo de las iniciativas que se enumeran a continuación es animar a un gran número de personas a movilizar ahor-ros para invertir en educación, contribuyendo así al desar-rollo económico y humano. Uno de los mejores ejemplos de este tipo de iniciativas, destacado por el mapeo de EUDiF, es el Proyecto Oportunidades para mi Comunidad, implementado por USAID y el Diálogo Interamericano, que vincula las remesas, la educación y el ahorro para pro-mover el desarrollo económico y humano en Guatemala. Trabaja para comprometer al gobierno guatemalteco y a la diáspora con el desarrollo del país mediante la mo-vilización de recursos dirigidos a programas educativos dentro de Guatemala. El proyecto también ha colabora-do con empresas de remesas para que la diáspora gua-temalteca participe en la solución de los obstáculos al desarrollo. Por ejemplo, trabajó con las empresas Dolex y Viamericas para entregar unos 20.000 folletos informa-tivos a los remitentes de remesas guatemaltecos, sensi-bilizando sobre la importancia de la educación financiera en Guatemala. El Ministerio de Educación trabaja con las escuelas locales y las organizaciones de la diáspora para poner en marcha programas educativos extraescolares financiados por la diáspora. Las remesas también han financiado un campamento educativo para personas con discapacidad en Guatemala. En Honduras, el Programa de Solidaridad y Remesas Productivas del gobierno -que finalizó en 2017- fue una iniciativa apoyada por el Pro-grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para apoyar 17 proyectos de desarrollo comunitario. Estos proyectos incluían donaciones en efectivo de la diáspora igualadas por el gobierno para construir y apoyar escuelas y centros comunitarios en las ciudades de Comayagua, La Paz e Intibucá. En México, el programa de fondos de con-trapartida “Tres por Uno” es un programa de ayuda pú-blica por el que cada dólar aportado por las asociaciones de la diáspora es igualado por los gobiernos federal y estatal. Este dinero se recoge en un fondo que luego se utiliza para invertir en el desarrollo local (incluidas las in-fraestructuras, la creación de empleo, el tratamiento del agua, los edificios escolares y universitarios, los centros deportivos y las instalaciones sanitarias). Las comuni-dades locales desempeñan un papel activo en el plan, ya que las decisiones de inversión son tomadas por los resi-dentes locales y los emigrantes contribuyentes.

SERVICIOS CONSULARES Y DIGITALIZACIÓN

La ampliación de los servicios consulares es una prior-idad creciente en muchos países de ALC. La prestación de servicios consulares de calidad a los ciudadanos en el extranjero puede considerarse una forma básica de rela-cionarse con la diáspora. De hecho, esto desempeña un papel fundamental en el fomento de las relaciones y la confianza. Por ejemplo, la diáspora brasileña es relativa-mente autónoma y no se compromete sustancialmente con el desarrollo del país. A su vez, el gobierno brasileño mantiene un perfil bajo, y sus esfuerzos se limitan prin-cipalmente a permitir las transferencias de remesas y a proporcionar servicios consulares. En Cuba, la División de Política Migratoria y Residentes Cubanos en el Exterior se centra principalmente en los servicios consulares para los cubanos en el extranjero. El Salvador se ha esforzado por facilitar la participación de la diáspora a través de la am-pliación de sus embajadas y oficinas consulares, dotando de nuevo personal para ello. Los salvadoreños tienen aho-ra un acceso más amplio a la asistencia del gobierno con la apertura de nuevas embajadas, como la establecida en China en 2018, así como la incorporación de cuatro nuevos consulados. Los servicios ampliados por El Salvador in-cluyen la asistencia legal a los salvadoreños en Estados Unidos. El compromiso de la diáspora en Bolivia, por otro lado, es bastante limitado y no parece ser una prioridad en la agenda nacional. Sin embargo, se observan avances en la prestación de servicios consulares que permiten a los bolivianos en el extranjero relacionarse con funcion-arios del gobierno, realizar consultas sobre los servicios a los que pueden acceder y mantener su documentación boliviana actualizada con procesos más sencillos. Es inte-resante señalar que ya se han puesto en marcha algunas iniciativas de hermanamiento para mejorar los servicios consulares. Por ejemplo, en un esfuerzo por fortalecer los programas para los paraguayos en el exterior, una del-egación de la Dirección de Atención a las Comunidades Paraguayas en el Extranjero y los cónsules con sede en las principales ciudades de Estados Unidos asistieron en 2018 a una reunión sobre mejores prácticas consulares en el Consulado de México en la ciudad de Nueva York.

Varios países se han esforzado por mejorar los servicios consulares mediante la digitalización. Por ejemplo, el gobierno chileno ha creado un sitio web detallado e inter-activo en el que cualquier persona puede encontrar una embajada o consulado local e información sobre cualqui-er evento próximo o anterior relacionado con las culturas

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chilenas. Además, para facilitar la comunicación con los salvadoreños en el extranjero, se creó un WhatsApp in-stitucional. A través de estos esfuerzos, los salvadore-ños que residen en el extranjero han recibido asistencia relacionada con el registro familiar, servicios notariales, visados y otros asuntos relacionados. También se han introducido nuevas tecnologías para aumentar el acceso a los servicios consulares de los bolivianos y bolivianas en el exterior. “Bolivia en Tus Manos” aplica técnicas de reconocimiento facial para facilitar documentos a los bo-livianos. Un Consulado Digital permite a los bolivianos que viven en el extranjero tramitar documentos y renovar sus permisos de conducir. Además, un Cónsul Móvil asiste a las personas las 24 horas del día con sus preguntas.

A principios de la década de 2000, el estado mexicano promovió la emisión de su “matrícula consular” (MC) en-tre su diáspora, lo que se consideró un éxito importante en la región. La MC es una tarjeta de identificación emiti-da por el gobierno a través de las oficinas consulares para confirmar que el portador es un ciudadano mexicano. La tarjeta de identificación consular se convirtió en un im-portante vehículo para que los mexicanos en el extranjero pudieran obtener permisos de conducir y abrir cuentas bancarias, por ejemplo.

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6. RETOS RECURRENTES Los siguientes desafíos recurrentes fueron identificados a través del mapeo de la participación de la diáspora de EUDiF en varios de los 24 países mapeados en ALC. Se trata de retos a los que se enfrentan los gobiernos de ALC en su intento de involucrar a su diáspora. En muchos ca-sos, también los afrontan las organizaciones e individu-os de la diáspora que ven obstaculizada su participación en el desarrollo de su país de origen debido a un entorno poco propicio. No existe una clasificación específica de los retos que se enumeran a continuación y la mayoría pueden observarse también en otras regiones.

Baja prioridad: El compromiso de los gobiernos con las diásporas no es una prioridad política común en la región de ALC. No hay diferencias en el compromiso entre los países que son más “dependientes de la diáspora” en términos de remesas (El Salvador, Guatemala y Haití) o en términos de tamaño de la diáspora (emigrantes en la población total en Paraguay 12,2% y en Brasil 0,8%). Además, los países de ALC han dirigido su atención a abordar los retos derivados del éxodo masivo de vene-zolanos y venezolanas. En consecuencia, los recursos se han centrado en la política de migración interna. Los pocos países (República Dominicana, Guyana y Trinidad y Tobago) que han mostrado recientemente una atención

específica a la vinculación de la diáspora con el desarrollo del país necesitarán tiempo para crear relaciones con su diáspora y desarrollar mecanismos para llegar a ella.

Carácter débil e informal de las organizaciones de la diáspora establecidas en la UE: Las organizaciones de la diáspora con sede en la UE y de origen latinoamericano y caribeño están relativamente desorganizadas, son infor-males, pequeñas y fragmentadas. Su capacidad de recur-sos es bastante limitada, y sus agendas de participación tienen un alcance limitado (en relación con un pequeño territorio o una cuestión determinada, pero no a nivel na-cional). Esta situación dificulta bastante el trabajo de los gobiernos, ya que sus recursos son escasos y carecen de personal. Se necesitan más esfuerzos de creación de ca-pacidades para orientar las iniciativas de desarrollo dirigi-das por la diáspora.

Acceso limitado a los recursos: Los gobiernos necesitan dedicar tiempo y recursos para identificar y crear relaciones con la diáspora. En los estados más frágiles, las catástro-fes naturales (en Dominica, por ejemplo) han provocado la reducción de los recursos disponibles para relacionarse con la diáspora, porque los fondos han tenido que reorientarse para responder a las necesidades inmediatas.

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7. RECOMENDACIONES Las recomendaciones para reforzar la participación de la diáspora en ALC son las siguientes

A los países de origen y a las organizaciones de la diáspora:

• Formalización de las organizaciones de la diáspora: Debería prestarse apoyo a las organizaciones en términos de desarrollo de capacidades y acceso a financiamiento para que puedan estructurarse mejor. Organizaciones de la diáspora mejor estructuradas permitirán la aparición de interlocutores para los gobiernos que podrían favorecer el diálogo.

• Aprendizaje entre iguales y creación de redes: Son formas eficaces de seguir desarrollando las capacidades de las instituciones y organizaciones de la diáspora que se ocupan de la participación de la diáspora. Deberían reforzarse y apoyarse aún más los espacios de trabajo en red, incluidas las plataformas de intercambio entre gobiernos y organizaciones de la diáspora en toda ALC. Sería interesante compartir las lecciones aprendidas con colegas de otras regiones del mundo en las que la participación de la diáspora ya está más avanzada (por ejemplo, África). Además, deberían desarrollarse más intercambios temáticos entre pares con vistas a crear redes temáticas entre regiones.

• Centrarse en el desarrollo y la aplicación de marcos políticos: En muchos casos en ALC el marco político e institucional relacionado con la participación de la diáspora es insuficiente. Debería prestarse apoyo para identificar los marcos políticos que ya

se han aplicado con éxito para informar el diseño de las políticas nacionales. Las iniciativas de hermanamiento y las actividades de creación de capacidades pueden utilizarse para alcanzar ese objetivo. Además, debería prestarse apoyo a los responsables políticos para facilitar la aplicación efectiva de las políticas y los programas.

A los donantes y organismos de ejecución:

• Acceso a financiamiento: Debería facilitarse el acceso a financiamiento para las partes interesadas y debería haber más fuentes de financiamiento disponibles específicamente para las iniciativas de participación de la diáspora.

• Desarrollo de capacidades a medida: Es esencial tener en cuenta las diferentes realidades locales y la diversidad de sectores y prioridades de la participación de la diáspora. El apoyo al desarrollo de capacidades no debería tener como objetivo la estandarización de las políticas y prácticas de participación de la diáspora, sino más bien acompañar a los estados y a las organizaciones de la diáspora en el desarrollo de las herramientas más apropiadas y las habilidades técnicas necesarias a lo largo del tiempo. El desarrollo conjunto de los programas de desarrollo de capacidades con las organizaciones de la diáspora y los actores locales/nacionales y la apropiación son primordiales para lograr una mejor comprensión de las realidades del terreno y aprovechar los esfuerzos existentes.