paramio ludolfo la crisis de la política en america latina

8/7/2019 paramio ludolfo la crisis de la poltica en america latina

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LA CRISIS DE LA POLTICA EN AMRICA LATINA

LUDOLFO PARAMIO

Unidad de Polticas ComparadasProfesor del CSIC

Introduccin

La vinculacin causal entre desarrollo econmico y democracia, convertida en unlugar comn a partir desde Lipset (1959), hizo que durante la dcada de los 80, tras lacrisis de la deuda y los ajustes econmicos consiguientes, se extendiera un cierto pesimismosobre el futuro de la democracia en Amrica Latina, precisamente en un momento en elque los regmenes autoritarios de la dcada anterior estaban dando paso uno tras otro auna restaurada democracia. Muchos observadores temieron que la crisis econmica y susregresivas consecuencias sociales haran imposible el mantenimiento de regmenesdemocrticos en la regin.

En el perodo trancurrido desde entonces ese temor se ha disipado en buena medida.La norma siguen siendo en Amrica Latina los regmenes democrticos, pese al alto preciosocial pagado por la crisis y los ajustes y reformas posteriores, y el propio rgimenmexicano, siempre considerado un caso anmalo, afronta las elecciones presidencialesdel ao 2000 con serias garantas institucionales de un proceso competitivo y transparente.No obstante, la discutible reeleccin del presidente Fujimori en Per, y la concentracinde poder en la presidencia de Chvez, en Venezuela, arrojan serias sombras sobre lainstitucionalidad democrtica en ambos pases. Y, por otro lado el intento de golpe y eldesplazamiento del presidente Mahuad en Ecuador y el estado de sitio en Bolivia hanmostrado en los primeros meses de 2000 que las tensiones sociales pueden crear seriosproblemas para la gobernacin democrtica.

De esta forma reaparece la cuestin social como clave del futuro de la democracia:hasta qu punto puede asentarse la democracia en sociedades marcadas por altos nivelesde pobreza y creciente desigualdad? El problema sera saber qu variable explica lapermanencia o la fragilidad de los regmenes democrticos cuando se parte de situacionesde fuerte desigualdad social o de crisis econmica profunda. El recuerdo prximo de unrgimen autoritario o la dramtica memoria de un conflicto civil pueden ayudar a que lasinstituciones democrticas se mantengan para evitar el regreso hacia ese pasado indeseable.Pero adems cabe imaginar que algunas caractersticas de las instituciones democrticas


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pueden favorecer especialmente su duracin, motivando que los ciudadanos mantengansu confianza en ellas. La primera de estas caractersticas sera, en buena lgica, la capacidad

para satisfacer las demandas de los electores.

Insatisfaccin y desconfianza: el problema general

El sentimiento de insatisfaccin respecto a los resultados de la democracia es unfenmeno casi universal, si bien en general los ciudadanos afirman preferir la democracia acualquier otra forma de gobierno. Los gobernantes, los partidos y los polticos en su conjuntoson valorados negativamente, incluso en casos en que se les reconoce una gestin eficaz(Maravall, 1995). Lo ms llamativo es que algunas de las razones que explicaran esta

insatisfaccin no parecen responder a la realidad. Por ejemplo, la idea muy extendida en lospases desarrollados de que los partidos no siguen en su poltica las preferencias expresadaspor los electores: por el contrario, los programas se disean casi siempre en estricto seguimientode tales preferencias (Biorcio y Mannheimer, 1995; Fuchs y Klingemann, 1995).

Lo que podra explicar el sentimiento opuesto, sin embargo, sera la peculiar distribucinde las preferencias de los electores. Se viene sosteniendo que desde los aos 70 han emergidonuevos valores y preferencias (posmaterialistas) distintos de los expresados por los electoresdurante el perodo de posguerra: frente a las demandas de empleo, mejoras salariales y servicios

pblicos, los nuevos valores apuntaran a la calidad de vida, el medio ambiente, la paz y losderechos individuales, en particular la igualdad entre hombre y mujeres (Inglehart, 1977, 1990y 1997; Abramson e Inglehart, 1995). Normalmente se entiende que esto se traduce en unasegmentacin del electorado, que obligara a los partidos a buscar frmulas de conciliacin(trade-off) entre los nuevos y los viejos valores para obtener apoyo mayoritario.

Desde este planteamiento los partidos tendran un problema para reformularsus discursos y sus estrategias: los partidos socialdemcratas europeos, en particular,oscilaran entre la tentacin de aferrarse a su pblico tradicional, renunciando a las

nuevas demandas sociales, y la de intentar satisfacerlas corriendo el riesgo de perder elapoyo de los trabajadores identificados con las viejas demandas materialistas (Kitschelt,1994). Pero no se plantea otro problema distinto: que la contradiccin entre viejos ynuevos valores suponga la coexistencia en los propios electores de dos o ms ejes depreferencias distintos, no agregables, y que por tanto las mismas polticas que suscitensu apoyo les puedan dejar insatisfechos en alguna medida.

La idea de que los electores se manejan a la vez en varios ejes de preferencias esen realidad muy anterior a la entrada en escena de la nueva poltica (Stokes, 1966),

pero entonces se plante ms bien como un reto al modelo espacial de la competencia


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electoral (Downs, 1957). Paradjicamente, sin embargo, el modelo espacial y enparticular el teorema del votante mediano puede salvarse en un espacio de dos o ms

dimensiones: para competir por la mayora los partidos debern concentrar sus propuestasen un conjunto de posiciones (uncovered set) en el que se aglutinan la mayora de loselectores (McKelvey, 1986; Ordeshook, 1986).

El problema de la insatisfaccin de los electores, en cambio, slo se ha planteadoa partir de la posibilidad de una distribucin bimodal de las preferencias sobre un mismoeje (Miller y Listhaug, 1998). Es evidente que en este caso una poltica (centrista) queresponda a las preferencias del votante mediano ser la que obtenga mayor apoyo omenor rechazo, pero a la vez crear una insatisfaccin mayoritaria. Lo que no es tan

obvio es que, cuando se definen polticas para atender a demandas sobre dos o ms ejes depreferencias, las metapreferencias de los electores su ordenacin relativa de estos ejesdifcilmente correspondern a las prioridades de la agenda poltica desarrollada por losgobiernos, por lo que la insatisfaccin de los electores crecer incluso si sus demandasson atendidas en mayor o menor medida (Paramio, 1999a).

Una vez que se admite la existencia de ms de un eje de preferencias, se puedehablar de un eje de metapreferencias: si sobre ste existiera una distribucin unimodal delos electores, la posicin del votante mediano sobre este eje correspondera a la poltica al orden de prioridades que minimizara la insatisfaccin de los electores. Pero si noexiste tal distribucin unimodal, sino que las metapreferencias estn distribuidasaleatoriamente o de forma n-modal, ninguna poltica mayoritaria podr dejar de suscitarinsatisfaccin en los mismos electores a cuyas demandas se pretende ofrecer solucin,independientemente de que cada demanda en si pueda considerarse razonablementesatisfecha. La insatisfaccin de las prioridades (metapreferencias) sera vivida por loselectores, paradjicamente, como insatisfaccin de las demandas.

Se podra suponer que la nueva situacin de insatisfaccin generalizada ante lapoltica refleja, en este sentido, una ruptura de la ordenacin de las prioridades sociales

propia de las dcadas de posguerra. No habra existido quiz nunca una poca en la que laspreferencias polticas se distribuyeran sobre un nico eje, pero s habra habido un nmerolimitado de metapreferencias proyectables sobre un eje ordenado transitivamente en trminosideolgicos. Cada posicin sobre este eje de las metapreferencias (cada ordenacin de laspreferencias) tendra su equivalente en una identidad partidaria. Las prioridades de los distintospartidos por ejemplo, redistribucin frente a crecimiento de las ganancias seran opcionessobre las que se decantaran los electores, en funcin de sus propios intereses.

En teora los electores deciden su voto calculando los beneficios que pueden obtener

de un gobierno de uno u otro partido. En la prctica, dado que la informacin sobre los


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programas y sus posibles repercusiones, la competencia de los candidatos y la sinceridadde sus intenciones, excede a la que puede reunir y analizar cualquier elector comn, los

electores utilizan lo que podemos llamar atajos informacionales: la ideologa o identidadpartidaria es el fundamental de estos atajos. Sobre esa base los electores construyen vnculosde identificacin que tienen una componente valorativa y otra afectiva: la decisin devotar, cuando los beneficios esperables de ese voto son remotos, se explica en buenamedida por la carga expresiva que conlleva el hecho de votar (Riker y Ordeshook, 1968),por ejemplo al hacerlo por un partido con el que el elector se siente identificado.

Se suele aceptar que el auge de los medios audiovisuales ha disminuido el papelde los partidos polticos como canales de informacin y formacin de opinin poltica, yque en la misma medida, al hacerse menos relevantes los partidos en la vida social, losvnculos de identificacin partidaria se han debilitado (Wattenberg, 1998). Eso no tendraque haber afectado necesariamente al papel de las identidades o ideologas partidariascomo atajos informacionales, aunque erosionara la relacin afectiva entre los electores ylos partidos, y en lgica consecuencia disminuyera la lealtad de los primeros hacia lossegundos. Pero, si efectivamente se ha producido en paralelo la aparicin de nuevaspreferencias en los electores, las identidades partidarias anteriores no tendrn inicialmentevalor informacional sobre estas nuevas preferencias. Por tanto, el eje ideolgico sobre elque se alineaban las identidades partidarias se mostrar ahora no slo menos relevante,sino tambin insuficiente para ordenar las prioridades (metapreferencias) en el nuevoespacio n-dimensional de las demandas sociales.

En todo el razonamiento anterior se parte de la hiptesis de que existen unaspreferencias o demandas tradicionales, respecto a las cuales los partidos representanidentidades o posiciones ideolgicas claras, y que el nico cambio lo representan las nuevaspreferencias o demandas que traducen los valores posmaterialistas. No es as, sin embargo.Como es bien sabido, desde los aos 80 se ha producido en todo el mundo, y en AmricaLatina de forma ms marcada, un cambio en las reglas de juego de la economa, comoconsecuencia del auge de unos mercados financieros globales caracterizados por una

extraordinaria movilidad. Esos cambios han provocado una modificacin de las polticasposibles para los gobiernos, y esto a su vez ha supuesto una alteracin de las identidadespartidarias: los partidos que antes se identificaban con la redistribucin ahora deben asumirpolticas de ajuste con resultados sociales regresivos, al menos a corto plazo.

Por tanto, junto con la prdida de valor de las identidades partidarias para ordenarlas metapreferencias, al desarrollarse nuevas demandas y preferencias sociales, se producetambin un cambio de dichas identidades partidarias, cambio que ser percibido por suselectores tradicionales como un desdibujamiento y causa previsible de desconfianza. Lo

esperable entonces ser no slo que se debiliten o disminuyan los vnculos de identificacin


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entre los ciudadanos y los partidos, sino que caiga drsticamente la funcionalidad de lospartidos para agregar las preferencias sociales sobre un nico eje de metapreferencias. La

consecuencia ser que las polticas capaces de obtener el apoyo de la mayora sern,simultneamente, incapaces de satisfacerla: los partidos podrn ganar las elecciones, perono la confianza de los electores, en la medida en que stos no reconozcan ni hagan suyaslas prioridades de los partidos. Crecer por el contrario la distancia entre la lgica de lagobernacin y la lgica de las demandas individuales.

No es evidente sin embargo que este proceso deba considerarse irreversible, alcontrario de lo que sugiere la mayor parte de los estudios. En el caso norteamericano sepuede sostener que el peso en el voto de las identificaciones partidarias ha recuperado enlas elecciones presidenciales el nivel de posguerra en la dcada de los 80, y ha crecidoposteriormente (Bartels, 2000). Se puede pensar que la causa es el realineamiento ideolgicoque se ha producido en Estados Unidos durante las presidencias de Reagan y Clinton,pero el hecho es que en general puede considerarse factible que la capacidad de los gobiernospara ofrecer de forma duradera resultados coherentes se traduzca en un reforzamiento delas identificaciones partidarias. El proceso implicara la satisfaccin de las demandasinmediatas de los ciudadanos dentro del orden de preferencias fijado por los partidos, loque hara aceptable esa ordenacin para los electores.

La frustracin de las expectativas en Amrica Latina

La situacin se complica considerablemente si recordamos que en Amrica Latinala alta movilidad de los mercados financieros no slo limita las posibilidades de actuacin delos gobiernos, sino que tambin ha producido drsticos retrocesos en los resultados obtenidospor ellos. Los ejemplos ms notorios los ofrecen la devaluacin catastrfica de diciembre de1994, en Mxico, y el impacto subsiguiente del efecto tequila sobre la economa argentina,en 1995, y las secuelas de las crisis asitica y rusa en Brasil, a comienzos de 1999. En todosestos casos los ciudadanos sentan que se haban superado con alto coste social la crisisde la deuda y sus secuelas, incluyendo la hiperinflacin en Argentina y Brasil, y que lossucesivos ajustes y reformas estructurales haban logrado poner a los respectivos pases enuna senda estable de crecimiento econmico. Las nuevas crisis supusieron, por tanto, unafuerte frustracin de expectativas, independientemente de la mayor o menor responsabilidadque los ciudadanos atribuyeran a los gobiernos en el origen y manejo de la coyuntura adversa.

En los modelos econmicos de voto se supone que los electores castigan a losgobiernos por los reveses econmicos en su gestin voto retrospectivo o bien quedeciden si las expectativas ms favorables de comportamiento futuro de la economa lasofrece la continuidad del partido en el gobierno o, por el contrario, la llegada a ste del

(principal) partido de oposicin (Fiorina, 1978 y 1981; MacKuen et al., 1992). En los tres


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casos mencionados (Mxico, Argentina y Brasil) se daba sin embargo una paradoja: castigaral partido en el gobierno supona favorecer a partidos que no prometan mejores perspectivas

para el futuro, por haber tenido recientes experiencias negativas de gobierno o por nocontar con una reputacin favorable en la gestin de la economa, al no haber gobernadopreviamente o mantener un discurso poco creble en este campo.

En una situacin as cabe hablar de frustracin de los electores: una vez que hafallado la nica opcin que garantizaba resultados econmicos positivos no existenalternativas racionales, y en lo sucesivo el comportamiento electoral oscilar entre el votoaleatorio y el simple voto agresivo hacia los gobernantes en las convocatorias cuyo resultadono pueda agravar en exceso la situacin ya existente. Esta conducta frustrada es la esperableuna vez que los clculos racionales no han logrado conducir a los resultados deseados(Eckstein, 1991). La frustracin no tiene por qu convertirse en un patrn estable deconducta, ya que cambios posteriores en la oferta partidaria pueden significar la reaparicinde alternativas y clculos racionales. Pero lo ms probable es que un caso grave defrustracin de expectativas induzca en los electores una desconfianza duradera hacia losresultados de la poltica.

Puede ser til contraponer la experiencia de Argentina con la de Venezuela,donde la frustracin se ha agravado hasta afectar seriamente a la legitimidad del sistemapoltico. En Argentina, la Alianza que derrot al peronismo a finales de 1999 no

despertaba grandes expectativas, sino que se limit a presentarse como una alternativaracional a la forma de gobierno de Menem, conservando las reformas econmicas demercado introducidas por ste pero haciendo hincapi en la restauracin de latransparencia y las normas del Estado de derecho, tras diez aos de una gestin pocoescrupulosa. En suma, el programa de la Alianza propona mayor atencin a la educaciny a la poltica social pero reconociendo un escaso margen de actuacin y sin ofrecermilagros y una gestin ms austera y responsable de la economa, manteniendobsicamente el modelo heredado de los gobiernos anteriores.

Que esta oferta modesta y racional obtuviera el apoyo de la mayora fue elresultado de varios factores. El primero es la propia reduccin de expectativas de loselectores: la crisis de 1995, bajo el impacto del efecto tequila, disip las ilusioneseconmicas creadas por el xito del primer gobierno de Menem desde la fijacin de laparidad del peso por ley. Olvidado el triunfalismo de aquel momento, unas expectativasms realistas permitieron a los electores valorar positivamente las propuestas de laAlianza. El segundo fue la recuperacin de la credibilidad de la oposicin como gestorade la economa, superando el recuerdo del final hiperinflacionario del gobierno de laUCR con Ral Alfonsn. A esta superacin contribuyeron a su vez varios factores,

entre ellos el perfil positivo como gestor del candidato presidencial Fernando de la


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Ra, pero quiz el sustancial fue la recomposicin de la oferta partidaria que condujo ala formacin de la Alianza.

El Frepaso (Frente por un Pas Solidario) surge, a partir del Frente Grande, comouna escisin del justicialismo en protesta por las reformas neoliberales emprendidas porMenem. El discurso del Frepaso pasa pronto a centrarse en la defensa de los derechosindividuales y sociales, y en la denuncia de la corrupcin, abandonando toda nostalgia delmodelo econmico anterior, a la vez que se corta la tentacin de convertir a la organizacinen polo de atraccin para los sucesivos disidentes del menemismo dentro del justicialismo.Ese proceso de modernizacin poltica culmina con el acuerdo para la constitucin de laAlianza con la Unin Cvica Radical.

De esta forma se introducen en la agenda de la oposicin las demandas de la clasemedia urbana simpatizante de la izquierda y del peronismo, y a la vez la oposicin recuperauna imagen de alternativa de gobierno en torno al perfil de gestor honesto y eficaz de Dela Ra. El Frepaso supera as su marginalidadinicial, y la UCR las hipotecas adquiridaspor la catstrofe hiperinflacionaria del final del gobierno de Alfonsn, por el malcomprendido pacto de Olivos con el que se hace posible la reeleccin de Menem, ypor las divisiones internas a las que haba conducido a la UCR la contradiccin de estar deacuerdo en principio con las reformas econmicas de Menem, pero no con la forma en queste las introduca y, sobre todo, con la desenvoltura de su gestin y sus aspectos colaterales

(incluyendo las sospechas de corrupcin).

En Venezuela Carlos Andrs Prez lleg por segunda vez a la presidencia, tras laselecciones de diciembre de 1988, con un aura de impulsor de prosperidad procedente desu primer perodo (1974-79), que haba estado marcado por la riqueza petrolera y laampliacin de la actuacin econmica del Estado. Sin embargo, Prez opt por un giroradical para lograr sanear unas finanzas pblicas al borde de la bancarrota, anticipandolas consecuencias futuras de esta situacin y probablemente influido por las polticas dereforma aplicadas en aos anteriores por los gobiernos socialistas espaol y francs. El

choque entre las expectativas populares y la inmediata realidad de una drstica reduccinde subsidios, que afectaba duramente a las clases bajas y medias bajas, se tradujo enfebrero de 1989 en una explosin social, el caracazo, reprimida adems de forma sangrienta.

En 1992, tras dos aos de recuperacin econmica, el teniente coronel HugoChvez intent un golpe de Estado que no triunf, pero le convirti en hroe popular delos sectores sociales frustrados por la presidencia de Carlos Andrs Prez, induciendo unapreocupante tolerancia entre los electores hacia la intervencin militar como va para lareafirmacin de la voluntad popular. Prez fue removido de la presidencia ya en el final de

su mandato, acusado de mal uso de fondos pblicos, y, en medio de la crisis de Accin


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Democrtica, el ex presidente Rafael Caldera, que haba abandonado el otro gran partido(Copei), regres a la presidencia apoyndose en un movimiento propio (Convergencia

Nacional) y una coalicin con el MAS y una ristra de pequeos partidos.

Tras un breve ensayo de retorno al populismo debi volver a la ortodoxiaeconmica, provocando una nueva frustracin y abriendo as la puerta al triunfodemocrtico de Hugo Chvez, convertido en presidente y vencedor arrollador en laconvocatoria de una Asamblea Constituyente destinada a acabar con el anterior sistemade partidos y con el conjunto de las instituciones democrticas que Chvez y sus seguidoresasocian con la partidocracia y su corrupcin. La diferencia con el caso argentino deberaser obvia: en Argentina, la disconformidad con las reformas abre el paso a una recuperacinde la credibilidad de la oposicin partidaria. En cambio, en Venezuela, esa disconformidad,a travs de la experiencia de Caldera, supone la definitiva prdida de credibilidad delconjunto del sistema de partidos.

Un primer factor para explicar las distintas trayectorias es la inevitabilidad de lasreformas econmicas (Paramio, 1999b). Si stas resultaban forzosas independientementede que las razones fueran internas o externas, una nueva fuerza poltica que tratara deeludirlas, como el movimiento encabezado por Caldera, estaba condenada a ofrecer unbalance negativo y a acentuar el descrdito de la poltica partidaria. Un segundo factorsera la percepcin social en Venezuela de la corrupcin como un fenmeno generalizado,

mientras que en Argentina la Alianza del Frepaso y la UCR ofreci la imagen de unaalternativa honesta y regeneracionista. Pero quiz un tercer factor fuera el decisivo: ladivisin interna de los grandes partidos en Venezuela. Caldera se presenta contra Copei,su partido de origen, y AD no consigue resolver las divisiones abiertas por la presidenciade Carlos Andrs Prez y su traumtico final.

Oferta partidaria y resultados de los gobiernos

La misma combinacin de frustracin de expectativas y divisin de la oposicin(Izquierda Unida) podra explicar el irresistible ascenso de Fujimori en 1990 y la prolongadairrelevancia de los partidos en la poltica peruana desde entonces, aunque merecera captuloaparte la situacin del APRA por las acusaciones pendientes sobre el ex presidente AlanGarca. Pero hay otro tipo de situaciones que llama la atencin a comienzos del ao 2000:los movimientos de protesta social en democracias ya razonablemente duraderas, comoEcuador o Bolivia, que reabren la posibilidad de crisis profundas de gobernacin.

Inicialmente hubo serios temores, sustentados en estallidos sociales aislados, deque los ajustes y reformas estructurales que siguieron a la crisis de la deuda provocaran

un creciente malestar social y pusieran en peligro la estabilidad de los regmenes


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democrticos en Amrica Latina. Que el deterioro social no se haya traducido en mayorconflictividad tiene varias explicaciones. La primera se refiere a la propia lgica de la

accin social: un colectivo que se ha visto gravemente afectado en sus intereses slo semovilizar si cuenta con los recursos organizativos necesarios para ello. Los sectorespopulares ms afectados por la crisis carecen a menudo de organizacin y direccin queles permitan movilizarse, y la protesta de las clases medias pasa normalmente por lapoltica democrtica, en forma de voto de castigo a los gobiernos o de voto frustrado acandidatos excntricos. En cuanto a los sindicatos, su debilitamiento a causa de la crisis,los incentivos selectivos ofrecidos a sus dirigentes, y el juego estratgico derivado de susrelaciones con los partidos, se han combinado para reducir su movilizacin frente a lasreformas econmicas (Astudillo, 1999; Murillo, 2000).

Una segunda explicacin es que los actores sociales golpeados por la crisis y lasreformas econmicas se han visto limitados a menudo por la conciencia social de la gravedadde la situacin, gravedad que deslegitimaba cualquier intento de defensa del statu quo.Esta conciencia no slo les obstaculizaba una posible confrontacin abierta con losgobiernos que introducan las reformas econmicas de mercado, sino que les dificultabaseriamente el establecimiento de coaliciones para dar una respuesta coordinada a la crisis:cada uno de los actores reclamaba proteccin o mejoras de los gobiernos, pero sin poderpresentar propuestas alternativas a las reformas ni hacer frente comn con los restantesen torno a un programa comn.

La novedad del escenario en que se producen las protestas sociales actuales esque no se plantean slo en contra de las reformas econmicas, sino tambin en denunciade sus promesas incumplidas. El caso boliviano es ejemplar en este sentido, ya que sesuele considerar que es uno de los pases que ha ido ms lejos en el proceso de reformas:las demandas salariales se han combinado con la oposicin a una privatizacin delsuministro de agua que supona un aumento de su precio para los actuales usuarios. Encambio, Ecuador est ms prximo al caso de Venezuela: reiterados intentos de reformasde mercado que no han llegado a culminar pero han discurrido en paralelo a un imparable

deterioro social, con fuerte crecimiento del desempleo y de la pobreza a consecuencia dela inflacin. La cuestin es saber por qu, ahora, estas protestas pueden al menos enEcuador llegar a poner en cuestin las instituciones de gobierno.

En realidad la respuesta en el caso ecuatoriano es muy simple: la movilizacinindgena condujo a la salida del presidente Mahuad porque dentro de la propia clasepoltica y del ejrcito ya existan proyectos para sustituirlo. En un contexto, adems, en elque el respeto a la estabilidad institucional no es precisamente la norma, como se habapuesto de relieve en su momento con el desplazamiento del presidente Bucaram y el confuso

proceso de su sustitucin. Quiz la verdadera pregunta no es entonces la que se refiere al


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impacto de las protestas, sino a su alcance: cul es la razn de que las movilizacionessociales adquieran estas dimensiones en regmenes democrticos razonablemente asentados?

La primera tentacin sera buscar una respuesta en las deficiencias de la democraciao de los gobernantes, por ejemplo en el hecho de que el general Bnzer, en Bolivia, tengaun pasado de gobernante autoritario. Pero, yendo ms al fondo de la cuestin, parecelgico preguntarse por las posibilidades de representacin poltica eficaz que el sistemademocrtico ofrece a quienes se movilizan en defensa de sus intereses. Y esta cuestin, asu vez, tiene dos partes: la oferta partidaria si existen partidos que representen lasdemandas de estos grupos y la capacidad del sistema poltico para ofrecer respuestassatisfactorias a estas demandas. Estamos ahora muy lejos del problema de la insatisfaccinante gobiernos que atienden realmente las demandas sociales, pero cuyas prioridades nose ajustan a las expectativas de los electores, y ante un problema mucho ms palpable einmediato: la existencia o inexistencia de resultados.

Con ello llegamos al terreno de la poltica econmica en contextos de drsticalimitacin de las opciones de los gobiernos, y en los que, adems, la estructura econmicade partida condiciona fuertemente los resultados a los que los gobiernos pueden aspirar.La existencia de extensas capas indgenas, vinculadas a la agricultura de subsistencia o ala economa informal, no admite un tratamiento rpido para la mejora de las condicionessociales cuando el Estado ha visto reducirse drsticamente sus recursos y el dinamismo

del sector exportador es insuficiente para impulsar un crecimiento econmico global. Siadems los problemas estructurales permanecen irresueltos, y las reformas se han traducidoen la formacin de oligopolios privados sin beneficios para la mayora, los resultados delos gobiernos sern insatisfactorios en el sentido ms literal del trmino.

Se abre entonces la posibilidad de que los sectores ms desprotegidos lleguena organizarse localmente para protestar contra medidas concretas el encarecimientodel agua, en Bolivia y que la acumulacin de protestas, en una situacin deestabilidad econmica, pueda traducirse en un frente de rechazo a las polticas del

gobierno, aunque ste cuente con respaldo parlamentario. Adems, la baja participacinun tercio de los potenciales electores no estn registrados pone en cuestin larepresentatividad democrtica de las instituciones, mientras las lites polticasmantienen un amplio consenso sobre el modelo econmico y, dadas las caractersticasdel sistema de partidos, participan o han participado casi sin excepciones en sucesivosgobiernos que no han resuelto los problemas populares (Ibez, 1999). La falta dedesarrollo social, combinada con una fuerte autoexclusin popular de la participacinpoltica, fruto a su vez de la marginalidad de la poblacin indgena respecto a lospartidos tradicionales (Van Cott, 2000), no permite descartar un desbordamiento de

las instituciones democrticas.


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En Ecuador, por el contrario, existen canales para la representacin poltica de losgrupos indgenas y del campesinado, pero el sistema de partidos no ha conducido a coaliciones

que traduzcan los intereses de estos grupos en polticas concretas. El xito de Bucaramprovino de aparecer como representante de la gente de la calle frente a la gente, las litessociales y polticas con las que se identifica el sistema de partidos (De la Torre, 1997). Trasel desplazamiento de Bucaram, Mahuad vino a encarnar una vez ms a esas lites, y en supropio derrocamiento convergieron las demandas de los sectores populares e indgenas conlos intereses de quienes dentro de los grupos dominantes y del sistema poltico le veancada vez ms prisionero de una trama de pactos e irregularidades que le impedan gobernarla economa. Su sustitucin por el vicepresidente Noboa respondi a las exigencias de lagobernacin, pero fue una burla a los ojos de los sectores populares que poco o nada esperan

de la dolarizacin y de sus deseados efectos estabilizadores de la economa.Si la crisis econmica se ha dado por cerrada el caso boliviano, o si nunca

parece terminar como en Ecuador, la fuerza disuasoria de la crisis desaparece y laprotesta social puede generalizarse entre los excluidos. La pregunta que se plantea apartir de los hechos de Ecuador y Bolivia en los primeros meses de 2000 es doble. Enprimer lugar, si el sistema poltico es capaz de dar cabida a las demandas de los gruposms pobres y evitar la tentacin de reducirse a canal de representacin de las demandas delas clases medias y de los grupos dominantes. En segundo lugar, si existen las condicionespara ofrecer resultados polticos positivos a las demandas populares en el contexto de laeconoma globalizada, y desde gobiernos con recursos limitados.

Las respuestas podran ser positivas, pero hay una cuestin de tiempo: frente a laimpaciencia de los ms pobres la legitimidad de las instituciones democrticas podraestar agotndose o haberse agotado, y estar cobrando nueva fuerza el sueo de regmenespopulistas al servicio de la mayora. El ejemplo de Venezuela, con sus tintes de rgimenpersonalista y de liquidacin de la clase poltica tradicional, podra ser una tentacin paralas mayoras sociales de otros pases andinos, pese a las dificultades que Chvez o Fujimoripuedan encontrar para mantenerse en el poder.

Conclusiones

Los regmenes democrticos atraviesan en todo el mundo un proceso de adaptacina dos cambios fundamentales. Por un lado los cambios en los valores y demandas de losciudadanos, que a su vez se relacionan con una prdida de peso de los partidos polticos, yde la identificacin con ellos: la consiguiente individualizacin de la poltica provocaprobablemente una visin ms crtica de los partidos y de los gobiernos. Por otro lado, loscambios en la economa, que afectan a las polticas y resultados posibles de los gobiernos,que tienen as ms dificultad para satisfacer las demandas sociales y, sobre todo, para ajustarse


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a las prioridades de los electores en el diseo de sus polticas. Estos cambios explicanprobablemente que en todos los pases democrticos exista un clima de relativa insatisfaccin

y desconfianza hacia los partidos polticos y hacia los resultados de los gobiernos.

En buena lgica, este clima no puede dejar de afectar a las democracias de AmricaLatina. Pero los problemas ms acuciantes para la gobernacin democrtica en la regintienen mayor relacin con fenmenos especficos: las limitaciones de la oferta partidaria ylos resultados insuficientes de los gobiernos en las nuevas circunstancias creadas por laglobalizacin de los mercados financieros. La aparicin de nuevos partidos y canales derepresentacin de los intereses populares puede resolver el primer problema y conducir aalternativas verosmiles frente a la frustracin de los electores. Pero el segundo remite asituaciones de desigualdad social y falta de desarrollo econmico seriamente agravadasdesde la crisis de la deuda, especialmente en los pases que no han conseguido realizar lasreformas estructurales o que, pese a haberlas realizado, no han logrado volver a entrar enun camino de crecimiento sostenido.

En este punto los problemas del sistema poltico pasan a ser problemas del Estadopara cumplir su funcin, y el reto para los partidos no es slo ya representar las demandassociales, sino encontrar un nuevo modelo de Estado que permita ofrecer soluciones:reconstruir el Estado en las nuevas circunstancias de la economa mundial (Banco Mundial,1997), crear las condiciones para entrar en una nueva fase de desarrollo (Stiglitz, 1998).

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