pa'lante nº 9

Boletín del International Peace Observatory - IPO Octubre 2010 No. 9

INDICE

Editorial:

Tres incidentes de seguridad en dos meses

2

Noticias Regionales:

Marcha del 20 de Julio: cual independencia?

3

El Ariari, entorno la memoria y el dolor 5

Historias del Campo:

“No soy dueña de nada, no tengo nada”

7

La espera, la respuesta de Acción Social 9

Coyuntura y Análisis:

Sigue:Sucre: la lucha contra la impunidad 11

La persecución política sigue en el Catatumbo 13

Por Jaume Fortuño - IPO

SUCRE

La lucha contra la impunidad

Niños sosteniendo una balaFoto: Enric Barba - IPO.

Desde su nacimiento, el año 2006, el capítulo Sucre del MOVICE ha sufrido más de 60 agre-siones contra sus integrantes, entre las que fi-guran atentados, asesinatos a personas prote-gidas, allanamientos ilegales, amenazas directas, amenazas a familiares, montajes judiciales, seña-lamientos e intimidaciones. Sucre es el capítulo de MOVICE que más hostilidades ha sufrido en el presente año y uno de los que presentan una situación de riesgo más preocupante para la personas que lo conforman.

Para comprender hasta qué punto resulta difícil desarrollar el trabajo de la defensa de los derechos humanos en este departamento, de-bemos tener en cuenta como el paramilitaris-mo ha permeado el tejido social y político, civil e institucional de la región. Siendo Sucre una de las cunas del paramilitarismo, dónde sobre todo a partir del 2000 estas estructuras y sus capos consiguieron altos grados de control territo-

rial, tanto en zonas rurales como en cascos urbanos, y lo hicieron no solo desarrollando vínculos con la Fuerza Pública sino también abriéndose paso en la administración y el es-tamento político, hecho que ha trascendido en diversos casos de “parapolitica”. Como en el resto de la región Caribe, el control parami-litar sobre la vida social y política del depar-tamento ha llegado a consolidarse de manera escandalosa. En el caso de Sucre, donde tres de sus gobernadores han sido condenados por parapolítica, las cuotas de poder de los para-militares en la administración son un secreto a voces.

Como se ha denunciado en innumerables

ocasiones, esta situación no llegó a su fin con la desmovilización de las AUC durante el go-bierno de Uribe. Bajo la fachada de las llamadas “bandas emergentes” o “bandas criminales”,

Pasa a la página 11

Pa’lanteOctubre 2010, No. 92

I N T E R N A T I O N A L P E A C E O B S E R V A T O R Y

Editorial: tres incidentes de seguridad en menos de dos meses

Como IPO queremos mostrar nuestra preocupa-ción en relación a tres incidentes de seguridad que han sufrido nuestros miembros en los últimos meses. Dos de ellos, además, han obstruido el trabajo que IPO desempeña en las regiones donde tiene presencia, al impedir realizar el acompañamiento físico de forma efectiva.

El primero de ellos tuvo lugar el día 22 de julio en la Base Militar de la Esmeralda, municipio de Con-vención, Norte de Santander. En dicha instalación miembros de la Brigada XXX, Batallón Plan Especial Vial y Energético No. 10, bajo el mando del Coronel José Bustamante, retuvieron y empadronaron a los miembros de IPO. Denunciamos la irregularidad de esta actuación por dos motivos; en primer lugar me-diante dicha retención se dificultó la movilidad de los miembros de IPO por la región, pese a estar autoriza-dos a ella por disponer de una visa otorgada por el Ministerio de Exteriores y por lo tanto contar con el permiso del gobierno colombiano . En segundo lugar por ser el empadronamiento por parte de miembros del ejército una práctica ilegal, tal como declaró la Corte Constitucional Colombiana en tres sentencias el año 2004 y siendo también una actuación preocu-pante para la seguridad de los miembros de IPO y las organizaciones a las que acompañamos.

El segundo de ellos, aconteció el 20 de agosto en el centro de Bogotá, en la Carrera Séptima, frente la embajada de Israel. En esta ubicación un integrante de IPO fue retenido por un uniformado con el distintivo de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) y un extranjero vestido de civil que le impartía ordenes y hablaba por radio en una lengua extranjera. Además de retenerlo sin ninguna orden judicial le obligaron a hacer una fotocopia de su cédula que después se lleva-ron. A este procedimiento ilegal cabe añadir que cu-ando miembros de IPO posteriormente preguntaron a la MEBOG por el agente que había retenido a su compañero, esta respondió que el nombre y número de placa con el que se identificó no coincidían con los datos de ningún agente en activo. Estos hechos nos colocan frente a dos posibles delitos, uno por el

proceso irregular vinculado a la retención, copia y cap-tura de la documentación del miembro de IPO sin una orden judicial, otro por una posible suplantación de identidad de un miembro de la Fuerza Pública.

En el tercero de los casos, ocurrido el 7 de sep-tiembre en el Tarra, Norte de Santander, el inciden-te tuvo lugar de nuevo con miembros de la Brigada XXX, Brigada Móvil 23, bajo el mando del Teniente Coronel Andrade. Mientras miembros de IPO acom-pañaban una Comisión de Verificación, fueron reteni-dos por un grupo de unos 30 hombres de la Brigada XXX. La retención duró unas dos horas y durante este tiempo los cooperantes de IPO y miembros de la comisión fueron filmados y recibieron señalamientos de los miembros de la fuerza pública. Algunos de estos señalamientos nos parecen extremadamente preo-cupantes, como el que realizó el Teniente Salcedo al decir “ustedes defienden guerrilleros”, siendo acusa-ciones graves que llegan a poner en riesgo la segu-ridad de los voluntarios al implicarlos en el conflicto en un contexto como el que vive Colombia. Además realizar este tipo de señalamientos viola la legislación colombiana ya que han sido prohibidos por Directivas Presidenciales y del Ministerio de Defensa.

Nos preocupa que en el primer y el tercer caso la Brigada XXX esté violando la misma legislación co-lombiana, poniendo en peligro a la misma población civil, nacional e internacional, a la que tiene el deber de proteger y obstruyendo el trabajo de IPO, que se lleva a cabo de forma pública, transparente y legal, de acuerdo con la legalidad y con el permiso de las auto-ridades colombianas e internacionales. Asimismo en el caso ocurrido frente a la embajada de Israel, nos preo-cupa igualmente el riesgo que dicho proceder puede conllevar tanto para la persona que fue víctima de él como para el conjunto de la organización. Como IPO llamamos la atención sobre el modo en que este ac-cionar dificulta nuestro trabajo, así como el de las or-ganizaciones a las que acompañamos, y rogamos a las autoridades nacionales e internacionales y a la opinión pública estén pendientes de estas situaciones.

Pa’lanteOctubre 2010, No. 9 3

w w w . p e a c e o b s e r v a t o r y . o r g

NOTICIAS REGIONALES

BOGOTÁ

Marcha por del 20 del julio: cual independencia?

Por Sergi Ramon Aguilar - IPO

La Independencia de 1810El 22 de mayo de 1810 se inició en Cartagena el

conocido como “Movimiento de Cabildos”. Aprove-chando la debilidad que en la metrópoli española había causado la invasión napoleónica de 1808, los criollos decidieron organizarse en cabildos abiertos, expulsan-do a los gobernadores españoles e instalando juntas en su lugar.

Este movimiento, sin ser estrictamente indepen-dentista, culminó el 20 de julio de 1810 con la instau-ración de la Junta Suprema de Gobierno en Santa Fe, capital del Nuevo Reino de Granada. El pueblo bajo el grito de “Cabildo Abierto. Junta” fue un soporte inestimable para poder expulsar los dirigentes espa-ñoles de Colombia. Todo este movimiento político revolucionario fue el inicio de la Independencia del Nuevo Reino de Granada que quedó completamen-te confirmada cuando el Ejército Libertador, liderado por Simón Bolívar, expulsó los últimos representantes españoles años más tarde.

Este año mientras el gobierno convocó una marcha y fiesta oficial para celebrar el bicentenario, miles de sus compatriotas se reunieron en Bogotá los pasados 20 y 21 de julio, llegados de todo el país. Esta mul-titud ocupó la ciudad capitalina bajo la convocatoria en la que cincuenta y cuatro organizaciones sociales llamaban a la Marcha Patriótica por la Independencia y Cabildo Abierto.

Porqué reclamar la Segunda Independencia?Doscientos años después de la independencia, Co-

lombia sigue siendo un país donde las desigualdades entre la población son la norma general. Según el ma-nifiesto consensuado por las personas participantes en el evento, la independencia sólo supuso un cambio de oligarquías pero ninguna solución para las masas populares que con su apoyo la hicieron realidad. Esta nueva oligarquía traicionó los verdaderos objetivos que se perseguían con la independencia, cambiaron las caras sin cambiar la situación real del pueblo.

El problema de la tierra sigue siendo uno de los mayores del país y, tras los cincuenta años de conflicto armado que lo siguen desangrando, sigue sin encon-trarse una solución, perpetuando a miles de personas en la pobreza y la exclusión mientras un pequeño gru-po de privilegiados posee la mayoría de las tierras.

Colombia es, además, un país con una gran depen-dencia del exterior. Los dos billones y medio de pesos anuales que el país destina de su presupuesto a pagar la deuda externa lo demuestran. Un gran número de transnacionales, sobretodo españolas y estadouniden-ses, tienen grandes intereses en el país condicionando sus políticas. La gran cantidad de riquezas naturales que posee son un plato demasiado suculento que na-die quiere perder. Los Tratados de Libre Comercio tanto con Europa como con Estados Unidos son la prueba de ello.

Foto: Hasan Dodwell - IPO



Además los abusos a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario son tan comunes que han llegado a ser interiorizados por una parte de la población colombiana. El Gobierno Colombiano, con la ayuda inestimable de los Estados Unidos y su Plan Colombia, tiene sobre si multitud de denuncias; las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones for-zadas, los montajes judiciales, las “chuzadas” del DAS y así una larga lista son la prueba de que la Doctrina de Seguridad Democrática del ya ex-presidente Álvaro Úribe Vélez no han ayudado a solucionar los proble-mas de un país que ya hace muchos años que arrastra.

Una muestra de fuerzaEl día 19 de julio centenares de autobuses llegaban

a la Plaza de las Naciones donde se congregaron miles de campesinos y campesinas procedentes de todas las partes del país a pesar de todas las dificultades que tuvieron que atravesar. Cuando no fueron los proble-mas de movilidad que tienen gran parte de las regio-nes por la falta de infraestructuras, fueron las propias Fuerzas Militares que, saltándose de nuevo el principio de distinción del DIH y la libertad de movimiento por el interior del país que la Constitución Colombiana garantiza a toda la población, intentaron evitar la llega-da de estos autobuses acusándolos de estar infiltrados por la guerrilla.

Todas estas personas se dirigieron posteriormente a la Universidad Nacional, que pasó a ser su casa en los días siguientes. En un ejemplo de convivencia, unas cinco mil personas hicieron de la Universidad Nacio-nal un lugar de intercambio de ideas, recuperando un espacio vedado para la mayoría de los campesinos e indígenas allá presentes.

El día 20 en la misma Universidad Nacional se reali-zaron los distintos Cabildos Abiertos. Organizados en diez cabildos se discutieron las diferentes problemáti-cas que amenazan a la población colombiana. En cada

uno de ellos se llegaron a conclusiones que fueron puestas en común en la Plaza Ernesto Che Guevara a lo largo de la tarde, para posteriormente e intentando recoger todas esas ideas, redactar el que sería el mani-fiesto para la marcha del día siguiente.

La gente allá reunida se declaró en Cabildo Abierto Permanente con la intención de proponer una alterna-tiva real al gobierno colombiano que actualmente no aporta soluciones a las problemáticas discutidas.

Desde ese momento se declaró la intención de convocar para el próximo año un “combativo y beli-gerante paro cívico nacional, que ponga sobre la mesa lo insostenible del anti-democrático régimen actual, y las impostergables reivindicaciones de estudiantes, campesinos, indígenas, trabajadores y colombianos en general”, tal y como se indica en la manifiesto.

Todas estas actividades culminaron el día 21 de julio con una larga marcha, donde una multitud recorrió la ciudad desde la misma Universidad Nacional hasta la Plaza de Bolívar. La ciudad quedó colapsada durante todo el día, donde las personas recuperaron las prin-cipales vías.

La Marcha Patriótica fue todo un éxito, la multitud participante gritó constantemente consignas por sus derechos, preguntando por sus desaparecidos y por los falsos positivos, entre otras muchas. La marcha fue un gran acto reivindicativo en el que se mostró que hay una gran parte de la población dispuesta a partici-par en un cambio real de Colombia. Todo transcurrió sin incidentes, en un día para recordar por toda la gen-te allá presente.

IPO estuvo presente durante todos estos días

acompañando a ASCAMCAT, una delegación de más de trescientos campesinos y campesinas se desplaza-ron hasta Bogotá desde las veredas más lejanas del Catatumbo. Fue una experiencia inolvidable para la mayoría de estas personas, muchas nunca habían esta-do en Bogotá y menos en un evento de tales dimen-siones. Fueron unos días muy especiales para todos los presentes y más cuando al llegar a la Plaza Bolívar se dieron cuenta de la magnitud de lo que habían vivido.

Foto: Hasan Dodwell - IPO

“El Cabildo Abierto Permanente propone una alternativa real al gobierno colombiano que ac�tualmente no aporta soluciones a las problemá�ticas de los campesinos e indígenas”

“La marcha fue un gran acto reivindicativo en el que se mostró que hay una gran parte de la población dispuesta a participar en un cambio real de Colombia”



Foto: IPO

META

El Ariari, entorno la memoria y el dolor

El pasado once de septiembre en el municipio de Lejanías, en el alto Ariari (Meta), se respiraba el dolor de una familia y el temor de toda una Comunidad.

El motivo era el entierro de Nelson Murillo Tabor-da, el cual había sido asesinado dos días antes por las AUC en la vereda Caño Lindo (Municipio del Castillo). Sin embargo, para la familia Murillo, ésta no es una des-gracia aislada: en febrero, la hermana de Nelson, presi-denta de la Junta de Acción Comunal de la vereda de la Esmeralda, fue desaparecida en la misma vereda dónde asesinaron a Nelson. Otro hermano, Guillermo Alfon-so Murillo Taborda fue encontrado recientemente en la fosa de la Macarena y el día 29 de agosto, la casa del hermano Liderman Murillo fue allanada, siendo éste y su vecino señalados como colaboradores de la gue-rrilla por soldados que se identificaron como Grupo Gaula de Derechos Humanos del Batallón 21 Vargas.

Así, el cerco se cierra entorno esta familia y aque-llos que están organizados en asociaciones y sindicatos para la defensa del sus derechos. Ferney Murillo, her-mano de Nelson y miembro de la junta directiva de SINTRAGRIM siente cómo estos asesinatos son una amenaza directa al trabajo que él y su organización vienen desempeñando en la región y con la comunidad.

El drama de esta familia no es un hecho puntual. Úl-timamente, en la región del Meta se están presencian-do seguimientos y detenciones constantes. La pobla-ción tiene miedo, teme por su vida y la de sus familias.

En las cinco veredas correspondientes al munici-

pio del Castillo, setenta familias de las quinientas que las habitan, están siendo señaladas y amenazadas por colaboración a la guerrilla. Una de ellas ha sufrido se-guimiento por parte de las Águilas Negras, llegando al punto de un despido forzado de su trabajo y a instarla a abandonar la ciudad.

En esta zona del país se encuentran 25.000 solda-dos del Ejército Nacional. Teniendo presente que en el área de operaciones se encuentra una población aproximada de 73.246 habitantes, distribuida en los municipios de Puerto Lleras, Puerto Rico, Vista Her-mosa y la Macarena, la presencia militar es de un pro-medio de un miembro de la Fuerza Pública por cada 3 habitantes. En este sentido, llama la atención que el 44.2% de las ejecuciones extrajudiciales reportadas en la región presuntamente fueron cometidas por parte de grupos paramilitares. ¿Cómo pudieron operar libre-mente en una zona con alta presencia de la Fuerza Pública y donde se encuentran varias bases militares?

Estos últimos hechos ocurridos en el municipio del Castillo son un ejemplo de la vulnerabilidad de los ha-bitantes de la región, así como de la impunidad con la que actúan los grupos paramilitares. La población se siente atemorizada por la situación, y conjuntamente con las organizaciones sociales y de derechos huma-nos están buscando cómo preservar la vida y prevenir el desplazamiento forzado mediante la atención nacio-nal e internacional sobre el departamento del Meta.

Por Montserrat Angulo y Míriam Malenka - IPO



La estrategia integral del miedoLos señalamientos y la persecución política no se

deben sólo a los grupos paramilitares. Después de la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares y de la subsiguiente consolidación en el territorio por parte de las Fuerzas Públicas, la violación a los De-rechos Humanos y al Derecho Internacional Huma-nitario se ha sistematizado en la región, tal y como se mostró en la Audiencia de la Macarena, celebrada el 22 de julio de 2010 para poner énfasis en la cri-sis humanitaria que se vive en los Llanos Orientales y denunciar la existencia de fosas comunes de NN (personas sin identificar). En este sentido, en el Meta, el 99% de las Ejecuciones Extrajudiciales fueron co-metidas presuntamente por la Fuerza Pública y los grupos paramilitares, siendo el 55.1% presuntamente de responsabilidad del Ejército Nacional.

Así, a las ejecuciones extrajudiciales y el amparo de las actuaciones paramilitares, se le suman las políticas de persecución judicial en contra de los pobladores ejecutadas por miembros de las mismas fuerzas mili-tares presentes en la zona bajo la modalidad de cap-turas masivas y selectivas. La población civil, víctima del paramilitarismo y del actuar del Ejército Nacional, también es vulnerable de la persecución judicial. Or-ganizarse y defender los derechos de la comunidad, buscar la verdad y la justicia significa, en estos térmi-nos, colaborar con los grupos insurgentes. Delicada y grave acusación, cuando la estrategia global del Estado, los paramilitares y el Ejército Nacional es romper el tejido social, promoviendo el silencio y el temor.

La sistematicidad en la vulneración de derechos y la coordinación operativa de la Fuerza Pública con otros estamentos gubernamentales del Estado colombiano, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación, el CTI, el DAS, la DIJIN, la SIJIN, y demás cuerpos de investiga-ción judicial, policía secreta, policía judicial o de inteli-gencia del Estado, permite desvelar la puesta en ejecu-ción de un Plan de Recuperación y Consolidación del Territorio, habiendo sido derrogada esta figura por la Corte Constitucional, pero que se implementa muy a pesar del marco legal del país.

En el marco de esta estrategia se ha podido ob-servar cómo se ha golpeado, en los últimos meses, las organizaciones sociales del Meta. Han proliferado los casos de detenciones contra líderes y miembros de organizaciones sociales, generando en la comunidad temor a judicializaciones contra aquellos que denun-cian los atropellos del Ejército Nacional: el pasado día diez de septiembre detuvieron a Maricela Uribe cuan-do iba a solicitar su pasado judicial y el día trece de septiembre también fue detenido otro trabajador de la tierra, Jamid Crusmedina, en Puerto Toledo.

Ante esta combinación de atropellos contra las co-munidades que persisten en la región, se está buscan-do el apoyo nacional e internacional para poder pro-teger a las víctimas y la comunidad e intentar evitar el desplazamiento forzado de todos ellos. La memoria de la entrada paramilitar el 1997 es aún presente, y la situación actual recuerda el miedo que se vivió en aquel entonces.

Restos de las acciones paramilitares: casas quemadas y abandonadas. Foto: Tanja Sorensen - IPO



Foto: IPO

HISTORIAS DEL CAMPO

Foto: Tanja Sorensen - IPO

CATATUMBO

“No soy dueña de nada, no tengo nada”

La campesina que cuenta su historia en el siguiente testimonio ha vivido todo lo terrible y lo maravilloso que tiene la región del Catatumbo, en el nororiente de Colombia. Ha sobrevivido la violencia de los paramilita-res AUC, los atropellos cometidos por el Ejército Na-cional y la pobreza que sufre la región. Pero también ha visto crecer sus hijos en una tierra campesina que es suya y se ha organizado con sus vecinos para que esa tierra siga siendo de los campesinos. Ahora es una de los integrantes del Refugio Humanitario.

Nos tocó salir corriendo. Yo llegué a la región del Catatumbo cuando tenía cinco años. Éramos muy niños, y llegamos a trabajar a la Gabarra. Mi papá siempre ha sido albañil y mis her-manos también han sido albañiles. Todos trabajábamos. Nosotros éramos unos de los que teníamos casa en la Gabarra. Pero cuando llegaron las Autodefensas (Las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC) nos tocó salir corriendo. Nos tocó dejar botada la casa, dejar botado todo y así fue con muchas personas. Fue demasiada, de-masiada, la masacre que hicieron.

Las Autodefensas dijeron que entraban [a la región del Catatumbo, en el 1999] para buscar a la guerrilla y acabar con la droga. Pero eso es mentira, porque la mayoría de la gente que murió fueron campesinos. Los que mataron fueron líderes, presidentes de junta, algu-nos que estaban trabajando por lo social. Eso fue muy duro, porque dejaron muchos niños huérfanos, madres sin hijos, muchas esposas viudas. Fue mucha la violencia que hubo. Acabaron con todo, con todo.

No soy dueña de nada, no tengo nada.Yo cocinaba, nunca he sido patrona, siempre he sido

obrera. Yo cocinaba de finca en finca, cuando hay obre-ros, cuando hay raspa, y cuando no había que cocinar, o raspaba, abonaba, lo que saliera.

No soy dueña de nada, no tengo nada, donde vivo es porque trabajo y estoy aquí en el Refugio [Humani-tario], porque es donde podemos vivir. No tengo ni un pedazo de tierra ni nada, pero yo si defiendo esta región porque aquí me crié y lo quiero como si fuera mi propia casa.

Por Eric Schwartz - IPO



La única opción fue la coca.Yo me acuerdo que cuando llegué a la Gabarra, era

una zona de pura agricultura y había poca coca. Cu-ando eso, había como vender el producto [pancoger] que sacaba la gente. Pero después, ya lo que cultivaban no valía nada. Valía más [el transporte] de la finca, que lo que valía la yuca, el plátano, el maíz. Entonces la única opción fue la coca, porque era lo que más daba.

Salimos de la vereda por el miedo.

Lo que nos hizo salir de la vereda fue la violencia. Primero, pues las fumigaciones acabaron con muchas cosas. Acaba con la mata [de coca], pero también acaba con la agricul-tura. Y nos hizo venir para acá [el Refugio Humanitario] porque en esos días mataron a dos líderes de la región. A uno lo mataron, le metier-on un tiro, le rajaron el estómago, y lo querían desaparecer. Nosotros lo encontramos a las ocho de la noche. Así que fue por eso, por el miedo.

Habían muchas violaciones de los derechos humanos, porque los sol-dados, el ejército, es él que más vio-lan los derechos humanos. Por ejem-plo, mis hijos iban a estudiar y ellos les requisaban los bolsos, no dejaban pasar, interrogándolos. Que quiénes eran sus papás, que sus papás traba-jaban con la guerrilla, que si han visto guerrillas. Cosa que no deben hacer ellos, porque eso es una violación.

Por eso nos venimos al Refugio, y decidí quedarme en el Refugio para hacer resistencia, porque si no hac-emos resistencia, pues ¿qué vamos a hacer? Y de todas maneras, yo me vine al Refugio porque yo quiero que mis hijos tengan un futuro mejor. Algún día, no se sabe si hoy o mañana, pero algún día, que ellos puedan salir adelante.

Él que venga aquí es bien recibido.Llegué [al Refugio Humanitario] en agosto, voy para

ocho meses.Aquí la regla es, la hora de levantada, todos a la mis-

ma hora, a las cinco y media de la mañana. Que el aseo, que después el desayuno. Hay varios trabajos. Hay que cortar madera, hay que traer leña, hay que sembrar una huerta, cualquier cosa.

Y aquí, él que venga, sea pobre, sea rico, es bien re-

cibido. Lo único que aquí no permiten en el Refugio, es ningún grupo armado, no permiten ninguna persona civil con armas, no permiten droga, no permiten ningu-na persona con trago. La gente está aquí porque quiere estar, aquí nadie obliga a nada. Él que se quiere irse va, el que se quiere quedar se queda.

Hacen guerra para que haya desplazados.Las Autodefensas entraron [al Catatumbo] para

sacar a la gente, porque esto les interesa a las multi-nacionales, y al capitalismo. Imagínate, al Estado le con-viene hacer guerra para que hayan desplazados. Ellos, lo único que quieren, es sacar a todos los campesinos de aquí para acabar esto que tenemos. Y eso es lo que nosotros no queremos. Tenemos que hacer resisten-ciaaquí para no dejar que nos exploten. Porque si llevan las riquezas que tenemos, quedamos muy pobres. Ya a lo último no vamos a tener ni agua para tomar y lo que sembramos no se va a dar.

Entonces yo me pongo a pensar, el día de mañana, ¿qué voy a hacer? Uno en la ciudad tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar agua, tiene que pagar todo.

Foto: Enric Barba - IPO



Y en una ciudad mis hijos no van a vivir como viven en el campo. No van a respirar aire puro, no van a com-er cosas que uno mismo cultiva, no van a tomar agua pura. Mis hijos en la ciudad se van a enfermar porque no están acostumbrados a vivir en la ciudad. La vida de nosotros es el campo, por eso no puedo permitir de ninguna manera que vengan a explotar la riqueza natural que tenemos.

Lo que más queremos es defender la tierra.Lo que más queremos es defender la tierra, defender

la vida y defender el territorio como sea posible. Lo que queremos es justicia. Que tanto desastre que hicieron las Autodefensas, se reponga un poquito al menos. Y el Estado no nos ha respondido cómo tiene que respond-ernos. El Estado, con mandar más tropas del ejército, hay más atropellos, hay muchas violaciones de los derechos humanos. Y el Estado cree que ellos, matando los líderes o acabando con los líderes que haya, se va a acabar esto. Pero ahorita hay mucha gente que está unida. Yo por lo menos, que soy madre soltera, si no defiendo a mis hijos, ¿quién más los va a defender? Y si yo me llego a morir en esto, lo hago por defender los derechos de mis hijos.

El gobierno de los Estados Unidos nos quiere acabar.

Lo que nos quiere acabar es el gobierno de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, al gobierno, [yo diría] que nos dejen vivir en paz. Que no siga haciendo tanto daño a Colombia, que deje de ser tan egoísta, porque es un gobierno egoísta. Él lo que quiere, es acabar con lo que tenemos, para que ellos puedan vivir mejor. Pero todos tenemos derecho de vivir en esta tierra, seamos pobres, seamos ricos, seamos como sea. Y la gente [en los Esta-dos Unidos] que esté de acuerdo con esto, que luche, que luche por sus principios, por defender su vida, que luchen por sus hijos, que defienda el derecho de sus hijos a como dé lugar.

Para seguir adelante, tenemos que resistir.Aquí [al Refugio], los que vienen son campesinos. Él

que viene aquí es porque necesita defenderse, porque es la única alternativa que nos deja el gobierno, no hay más alternativas. Si queremos seguir adelante, tenemos que resistir. Tenemos que hacerle frente a esto porque si no, nos matan a todos. Es la única forma.

SUCRE Y CÓRDOBA

Reflexiones desde el Caribe

Desde los meses de julio y agosto IPO ha empezado a acompañar en el Caribe colombiano, concretamente en Sucre y, ocasionalmente, en Córdoba. En esta re-gión los movimientos sociales han sido prácticamente aniquilados por la guerra sucia y el exterminio político que vienen padeciendo desde hace años. No en vano parte de este territorio es considerado la cuna del pa-ramilitarismo y hoy permanece en gran medida bajo su influencia, cuando no de su control. Más de media década después de la presunta desmovilización de las AUC diversos análisis apuntan a una reorganización de estas estructuras (1) que, como vemos en las regiones donde trabaja IPO, nunca desaparecieron.

En Córdoba, las comunidades han relatado a miem-bros de IPO que siguen habiendo ejércitos paramilita-res de cientos de hombres, con control territorial y armamento militar, enfrentados entre sí por el acceso a las economías legales e ilegales de la región. Pese a las características de estos grupos, el ejército no los confronta porqué son considerados BACRIM (bandas criminales) y esa es tarea de unidades de policía de pequeños municipios que carecen de los recursos ne-cesarios para ello. En municipios como Montelibano o Puerto Libertador, donde miembros de IPO han hecho presencia, la crisis humanitaria generada por estos gru-pos es de extrema gravedad; el desplazamiento forza-

do sigue siendo una realidad patente, a pesar de que este ya no se dé de un modo masivo sino selectivo, sacando a las familias de una en una para que no pueda denunciarse que una población ha sido desplazada por un actor armado.

Sucre; la ley del silencioA primera vista, Sincelejo, como otras ciudades de

Sucre y el Caribe colombiano, puede parecer un lugar tranquilo y ajeno al conflicto armado y la crisis huma-nitaria que vive Colombia. Pese a la miseria que vive la población del tercer departamento más pobre del país, a penas hay rastro de protesta social ni movilización popular. Uno se pregunta el porqué, cuando empieza a conocer gente que trabaja diez o doce horas diarias por 15000 pesos (unos 6 euros) y cuya única opción laboral es el mototaxi o alguna otra forma de econo-mía sumergida. Sin embargo, tanta apatía no es gratuita y tiene más bien poco que ver con la vagancia y la des-preocupación que se le atribuyen al costeño y mucho con el modo en que esa aparente tranquilidad es resul-tado del control social ejercido por el paramilitarismo.

En Sucre conocí a gente en cuya memoria vivía un pedazo de la historia del país; las tomas de tierra de los campesinos de la ANUC en los años 70, el naci-miento de la UP y su pronto exterminio en los 80... resistencias que fueron ahogadas en sangre para que

Por Jaume Fortuño - IPO



Pese a todas las difictultades la lucha contra la impunidad continúa en Sucre y el resto de la región Caribe. Foto: MOVICE

no pudrieran seguir adelante. La situación empeoró mucho con la conformación de las AUC que, sobre-todo a partir de 1997, vinieron golpeando a todos los movimientos sociales y ejerciendo su control en la re-gión por medio de amenazas, masacres, desapariciones, toques de queda…

Pero en Sucre los paramilitares, en muchos casos nacidos en el mismo departamento, nunca se mar-charon. Pese a que hoy mantienen un bajo perfil en la región, los paramilitares han copado la administración colocando a sus candidatos en los puestos de poder que les permiten desviar los fondos públicos y ejercer un control político encubierto (2). Esto es lo que hace que en Sucre, pese a que la pobreza pase del 70% en la población y esta cuente con dicha tradición de movi-miento civil, la organización popular se encuentre des-membrada, cuando no borrada del mapa por la ley del plomo y el silencio que se ampara en la impunidad. Aún así, pese a los miedos, desmoralizaciones, divisiones y todas las dificultades, varias redes de víctimas formadas tanto por organizaciones sociales, políticas y de defen-

sa de los DDHH siguen trabajando en la región. Una de estas redes es el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes Estado, que en la mas reciente historia de Sucre ha visto como sus dirigentes pagaban la defensa de sus derechos con la cárcel, como Carmelo Ágamez, el exilio, como Juan David, o la muerte, como Rogelio Martinez.

Las dinámicas que observamos en Sucre, en Cór-doba y otros departamentos de la región Caribe y del resto del país, pese a sus diferencias, tienen algunos elementos como común denominador. Uno de ellos es que tras la fachada de la desmovilización, buena par-te de los paramilitares nunca dejaron las armas y que asimismo se están reestructurando y manteniendo su control. Es cierto que el paramilitarismo ya no esta unificado bajo un solo mando a nivel nacional sino di-vidido en pugnas entre los diferentes grupos. Así como que los intereses de estos grupos entran a veces en contradicción con sectores del Estado. Pero también que no se puede hablar de desmovilización cuando es-tos actores están consolidando el control territorial y las cuotas de poder que lograron con las AUC. Ni de un “tercer actor” sin relación con el Estado, cuando autoridades civiles y miembros de las Fuerzas Públicas han formado parte estas estructuras en unos casos y en otros han sido sus colaboradores, sea por acción o por omisión de su responsabilidad de proteger de ellas a la población.

“Buena parte de los paramilitares nunca dejaron las armas, se están rees�tructurando... consolidando el control territorial y las cuotas de poder que lo�graron con las AUC”



lo que hay son las mismas estructuras, pese haber ex-perimentado cambios para reacomodarse a una nue-va situación, no piensan abandonar el control de sus feudos, como es el caso de Sucre. Cabe resaltar que a diferencia de en otros puntos del país, los ejércitos paramilitares no llegaron desde otras regiones, sino que en muchos casos eran nacidos en la misma región, quedándose en ella después de haber eliminado a casi toda la oposición y haber copado los centros de poder del lugar.

Esta “institucionalización” del paramilitarismo, simi-lar a la que se da en otros departamentos de la región Caribe, así como el elevado grado de impunidad en el que permanecen sus crímenes, hace que muchas veces las víctimas tengan que convivir con sus víctimarios en las mismas comunidades y sufran procesos de revicti-mización especialmente preocupantes. Los casos rela-tados más abajo, así como otros reportados por los miembros de MOVICE que siguen en la región, como la vocera del MOVICE Ingrid Vergara Chávez o el líder estudiantil de la ACEU Eduardo Castro, nos pueden dar cuenta de en que condiciones se ven obligados a desa-rollar su trabajo los defensores de derechos humanos en Sucre. Ingrid Vergara, secretaria técnica del Capitulo Sucre de MOVICE, ha sufrido numerosas amenazas e incluso intentos de atentado por su activo papel en el movimiento de víctimas de Sucre. Los últimos de estos episodios han sido los seguimientos de que fue objeto

por parte de una camioneta negra que merodeaba al-rededor de su casa y varias amenazas que recibió por correo electrónico el pasado mes de agosto. Eduardo Castro ha sido uno de los miembros más activos de la comunidad universitaria de Sucre, encabezando movi-lizaciones contra la privatización de la Universidad y por la elección democrática de rectores, actualmente trata de denunciar la crisis humanitaria que se vive en las universidades del Caribe. Su trabajo como activista ha hecho que recibiera varias amenazas como las que denunció entre mayo y junio de este año.

Pese a ello, espacios como el MOVICE y las distintas organizaciones sociales y políticas que lo conforman siguen adelantando legítimos procesos en la región; re-lacionados con el acompañamiento a víctimas y repa-ración de los crímenes sufridos, el retorno a las tierras y la permanencia en ellas de los campesinos desplaza-dos, la defensa integral de los DDHH y la exigencia del cumplimiento del DIH, constituyendo un ejemplo de entereza, dignidad y valor por parte de las mujeres y hombres que desarrollan tan importante trabajo.

Juan David DíazJuan David Díaz, hijo del ex alcalde del Roble, ase-

sinado el 10 de abril de 2003, fue amenazado desde el día siguiente de la muerte de su padre, cuando le dieron 24 horas para salir de Sucre. Sin embargo Juan David continuó de forma incansable su trabajo por

Foto: MOVICE

COYUNTURA Y ANÁLISIS

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lograr que crímenes como el de su padre no queden en la impunidad, lo que le conllevó amenazas y perse-cuciones durante años. Entre finales de 2009 y princi-pios de 2010, las amenazas a Juan David y su familia incrementaron de modo preocupante, hecho que co-incidió con el proceso del ex gobernador de Sucre Sal-vador Arana Sus, hoy condenado por vínculos con los paramilitares. En algunas de las amenazas recibidas por Juan David, se le advertía que “si la condena a Salvador Aran Sus llega, para nosotros también va a haber una”, hecho que da a pensar que la relación entre el trabajo de denuncia adelantado contra el ex gobernador y la intensificación de la persecución de la que Juan David es objeto es más que casual.

Carmelo ÁgamezCarmelo Ágamez, ex secretario técnico del MO-

VICE Sucre fue detenido en noviembre de 2008, en un montaje judicial en el que se le acusaba de formar parte de las mismas estructuras paramilitares a las que ha denunciado durante años. Carmelo interpuso una Acción de Tutela para denunciar las irregularidades que se estaban dando en el proceso, ante lo que el 13 de mayo de 2009 la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo falló reconociendo la vulneración al derecho fundamental de debido proceso. En julio de 2009 el Fiscal General de la Nación ordenó una investigación penal y disciplinaria contra el fiscal que había abierto el proceso por corrupción vinculada a la investigación contra Carmelo. Pese a estos hechos, y a todos los recursos interpuestos por la defensa, el llamamiento a

juicio contra Carmelo por el delito que se le imputó en un inicio sigue en pie. Además en julio de este año supimos que el juicio se celebraría en Sincelejo, ne-gando la solicitud de la defensa que consideraba que en dicha ciudad no había garantías para llevar a cabo este proceso.

Rogelio MartínezRogelio Martínez fue asesinado el 18 de mayo de

2010, cuando se desplazaba en moto hacia la finca de la Alemania, cerca de San Onofre. La Alemania es un una propiedad comunitaria de 52 familias, que les fue adjudicada por el INCORA en 1997, iniciándose me-ses después las operaciones paramilitares que obli-garían a las familias a desplazarse en el año 2000. Hasta la presunta desmovilización la finca permaneció en posesión de los paramilitares bajo el mando de “Cadena”, que acumularon deudas que después que-daron a nombre de los propietarios desplazados y se rumorea que hoy tienen la intención de poner freno al retorno de los mismos. Hace más de tres años Rogelio Martínez, miembro de MOVICE y también el líder más destacado de la Alemania, regresó a la finca y encabe-zó el proceso de retorno de las familias a sus tierras. Desde entonces sufrió amenazas y hostigamientos, que lamentablemente se materializaron hace 4 meses, asestándole un duro golpe a la comunidad de la que hacia parte y a todo el Movimiento de Victimas, pero que no ha logrado quebrar la voluntad y la dignidad de sus compañeros y compañeras en resistencia, que siguen reclamando verdad, justicia, reparación y so-bretodo no repetición.

Como IPO hemos empezado a acompañar al MO-VICE Sucre desde el mes de agosto para contribuir a su proceso mediante nuestra presencia física en la región y el apoyo político que brindamos a las organi-zaciones a las que acompañamos.

Foto: Sergi Orge - IPO

“el capítulo Sucre ha sufri�do más de 60 agresiones con�tra sus integrantes. Sucre, es el capítulo de MOVICE que más hostilidades ha sufrido”

“en el caso de sucre, como en otras regiones del Caribe, las cuotas de poder de los para�militares en la administración son un secreto a voces”



Falsos positivos judiciales: persecución política y resistencia en la región del Catatumbo

La persecución política en Colombia ha llamado mucho la atención de defensores de derechos hu-manos en todo el mundo. Violaciones graves de los derechos humanos como asesinatos, desapariciones, torturas y recientemente el caso de los falsos positi-vos (ejecuciones de civiles presentados como guerri-lleros dado bajo en combate) ha mostrado el peligro que sufre la oposición política y la falta de libertad de expresión que realmente existe en Colombia. Pero la persecución política no se manifiesta solamente en es-tos casos de ejecuciones extrajudiciales, sino dentro de las mismas instituciones judiciales.

La Asociación Campesina de Catatumbo (ASCAM-CAT) fue en febrero de este año víctima de este tipo de persecución política. Entre el 6 y 9 de febrero fue-ron capturados 18 campesinos, muchos de ellos líderes sociales de la región del Catatumbo, la mayor parte de ellos pertenecientes a ASCAMCAT. Además se conoce un listado con alrededor de 78 nombres de campesi-nos y campesinas a quienes se les ha expedido orden de captura, entre ellos el presidente de la asociación y el coordinador general del Refugio Humanitario (un proyecto de resistencia pacífica de los campesinos en

la región de Catatumbo, organizado por ASCAMCAT). Si preguntas a los campesinos en el Catatumbo esto

no es ninguna casualidad. Al contrario, esto forma par-te de una estrategia de persecución política para inti-midar a sus líderes sociales conocidos y reconocidos por su trabajo en la comunidad para sembrar el temor en la población civil e impedir que ellos se organizen legalmente para defender sus derechos fundamentales.

Estos montajes judiciales van dirigidos a líderes so-ciales y cuentan con falsos testigos, los cuales según se sospecha paramilitares desmovilizados. Además, en el caso concreto del Catatumbo, se encuentra un rela-ción significante entre la práctica del empadronamien-to por parte del ejército y las órdenes de captura; así, se sospecha que estos registros de la población civil sirven para construir montajes judiciales. En el Cata-tumbo, las ordenes de captura de dichos casos, son expedidas por parte de la Fiscalía nº 29,, cuya sede se encuentra al interior de la Brigada 30 del ejército en la ciudad de Cúcuta: la misma brigada que efectuó los empadronamientos y presentó las pruebas en los casos.

Foto : Maja Ingerslev - IPO

Maja Ingerslev y Míriam Malenka - IPO



Como fue dicho en un taller en el evento del pri-mero aniversario del Refugio Humanitario a finales de abril. “Este manera de practicar la persecución política es lo menos costoso para el Estado”, pues es menos espectacular y llama menos la atención hacia el Es-tado Colombiano, que políticamente quiere mostrar una cara democrática a la sociedad internacional. En el mundo occidental, en el contexto del discurso pre-valeciente sobre la guerra contra el terrorismo, se oculta fácilmente la persecución política con cargos de terrorismo. Un desafío importante para los obser-vadores internacionales que trabajamos en el país es que no nos desviemos de esta estrategia estatal y que sigamos informando a todo el mundo que en Colom-bia la persecución política, disfrazada con montajes judiciales, sí existe.

Dentro de las comunidades que sufren estas cap-turas y cargos arbitrarios se ve claramente qué está pasando, se hace obvio que los medios de persecución han cambiado, pero la estrategia sigue siendo la misma. Las víctimas son la sociedad civil y las organizaciones populares que sufren violaciones de sus derechos fun-damentales como las capturas arbitrarias y la perse-cución política.

El 7 de mayo, después de tres meses de cárcel, fueron liberados los presos políticos y levantadas las órdenes de captura de los campesinos y/o líderes sociales del Catatumbo. Esto muestra con claridad lo que sabían desde el principio los campesinos que pertenecen

a las mismas comunidades: que estos cargos no tie-nen nada que ver con la realidad, que son puramente montajes judiciales. Así lo expresó una campesina en la quinta audiencia popular de ASCAMCAT (Cartage-nita, el municipio de Convención): “En el Catatumbo, el Estado nos niega salud, educación e infraestructura como vía de penetración, lo único que no se niega a nadie es un orden de captura”.

Reflorece la lucha en el CatatumboEn este marco de señalamiento y judicialización

que sufre la Asociacion Campesina del Catatumbo, el 20 y 21 de agosto tuvo lugar la Asamblea Campesina en el Refugio Humanitario, en la que participaron 800 campesinos representantes de más de 70 Juntas de Acción Comunal y Organizaciones Comunitarias. En dicha reunión se esperaba, con la finalidad de hacer balance, a las 33 autoridades que en agosto del 2009 se comprometieron con las comunidades a la partici-pación de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA). La no asistencia de estas instituciones, entre las que destaca la ausencia de la gobernación del Norte de

Foto : Míriam Malenka - IPO

“los observadores internacio�nales debemos seguir informando que en Colombia se da la persecu�ción política disfrazada con mon� mon�tages judiciales”



Foto : ASCAMCAT

Santander, la procuradoría y defensoría regional, la vi-cepresidencia de derechos humanos y 5 de las 7 alcal-días, pone de manifiesto un proceso en el que las auto-ridades no asumieron los compromisos acordados en materia crisis humanitaria y derechos humanos, tierra y territorio, recursos naturales y economía campesina así como en cultivos de uso ilícito.

Las comunidades campesinas, frente a la grave si-tuación de derechos humanos que vive la región y el incumplimiento del Gobierno, decidieron fortalecer sus bases organizativas, ampliando la Junta Directiva de ASCAMCAT y enpoderando el trabajo de la mis-ma mediante la creación del Comité Permanente de Refugio Humanitario. Este comité se configura como segunda fase del proceso de lucha y resistencia, inte-grándose varios representantes de campesinos de las diferentes zonas del Catatumbo, y siendo acompañado de diferentes organizaciones defensoras de Derechos Humanos, organizaciones de desplazados y de victimas, medios de comunicación, y autoridades municipales del Tarra y San Calixto.

La reivindicación de este Comité Permanente de Refugio Humanitario se centra en las demandas de tierra para los campesinos a través de las Zonas de Reserva Campesina en el Catatumbo, la construcción de un plan de desarrollo para las comunidades, el cese de la explotación minera y de los proyectos de ex-plotación de carbón a cielo abierto en la región en la reserva forestal del Catatumbo; la construcción de un plan piloto para la sustitución de cultivos, el cierre de

los montajes judiciales, las ejecuciones extrajudiciales, la persecución a las organizaciones y la militarización en la región.

Ante la indignación por el incumplimiento del go-bernador, una comisión de 24 personas del Comité Permanente de Refugio Humanitario se dirigió a Cúcu-ta para exigir una reunión con William Villamizar para que atendiera las demandas de la Asociación Campesi-na. La voz de más de 20.000 campesinos fue escucha-da el día 24 de agosto, en la que el gobernador, entre otros compromisos (entre los que destaca la entrega del kit de emergencia, la entrega de 20 millones para la formulación del plan de desarrollo y la firma a la convocatoria del comité de impulso de la Zona de Re-serva Campesina) sigue participando activamente en el diálogo de la Mesa de Interlocución y Acuerdo, espacio que se mantiene demostrando la voluntad las comuni-dades a mantener el trabajo realizado pese a todas las promesas incumplidas.

“es parte de una estrategia para inti�midar a los líderes sociales reconocidos por su trabajo en la comunidad”

“hay una relación entre el empadron�amiento y las ordenes de captura: se so�specha que estos registros de población civil sirven para construir montages judi�ciales”



A quién acompañamos

Acompañando procesos de autodeterminación

El International Peace Observatory -IPO- es una organización de solidaridad internacional en Colombia. Nuestra misión consiste en realizar acompañamiento internacional a organizaciones campesinas en proceso de resistencia no violenta y puntualmente otras organizaciones defen-sores de DDHH. Los principios que nos guían son la autodeterminación, la solidaridad, la con-ciencia social, la democracia participativa y la alegría. El International Peace Observatory está conformado por grupos nacionales en Catalunya, Escandinavia, Estados Unidos e Italia, teniendo una sede en Bogotá, Colombia. Entendemos el acompañamiento como un medio que, a través del mecanismo de presión-disuasión, protege a las comunidades en riesgo gracias a la presencia de observadores internacionales. Al mismo tiempo, es un instrumento para recoger informa-ciones sobre la situación de DDHH y DIH en las regiones acompañadas. La comunicación es un eje fundamental de nuestro trabajo: a través de una red de apoyo nacional e internacional difundimos el material recogido. Asimismo, identificamos como parte fundamental de nuestro accionar, la gestión y realización de talleres, cursos y proyectos técnicos promovidos y realiza-dos de forma conjunta con las organizaciones.

CopyLeft International Peace Observatory 2009.

!Por favor, distribuye!

ACVC - Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra “La ACVC es una organización social no guber-namental campesina que desarrolla un trabajo organizativo, político y social con el sector rural de ocho municipios del Magdalena Medio colombia-no, incluidos las regiones del Sur de Bolívar, Nor-deste Antioqueño y Valle del Río Cimitarra. Está compuesta por 120 Juntas de Acción Comunal veredales de los municipios de Yondó, Cantagallo, San Pablo, Remedios y del corregimiento Ciénaga del Opón de Barrancabermeja en el Magdalena Medio colombiano.

MAPA - Mesa de Acompañamiento Per-manente al Ariari

“La MAPA acompaña a comunidades campesi-nas de la región del Ariari (Meta) con el objeti-vo de que puedan continuar organizándose. La MAPA está conformada por: Corporación Clare-tiana Norman Pérez Bello,, Asodemuc, Fensuagro, Sintragrim, Comisión Intersindical Justicia y Paz, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Comisión de Defensa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Hu-manitario del Bajo Ariari, Movimiento de Hij@s or la memoria y contra la impunidad, Movice-Meta, Civipaz - Villavicencio, ANDAS y está acompañada por la Corporación por la defensa y promoción de los Derechos Humanos - Reiniciar y el Banco de Datos del CINEP” - MAPA

ACA - Asociación Campesina de Arauca “ACA trabaja en defensa del territorio y de los derechos humanos. Nació con la idea de crear una asociación que recogiera todas las inquietudes y necesidades de los campesinos del departamento, así se consiguió conformar en 5 municipios comi-tés municipales y veredales, y, en la cabecera mu-

nicipales se crearon comités barriales empezando a trabajar en el desarrollo y en el respecto de los derechos humanos de los campesinos.” - ACA

ASCAMCAT - Asociación Campesina del Catatumbo La ASCAMCAT, es una organización conformada a finales del 2005, por habitantes de áreas ru-rales de los municipios de la región Catatumbo” en el departamento Norte de Santander. ASCAM-CAT surge como una propuesta asociativa de re-construcción del tejido social que permita generar condiciones de vida digna y desarrollo para los catatumberos, en torno a la defensa y permanen-cia en el territorio; el respeto a las comunidades; la no fumigación de los cultivos ilícitos y la er-radicación de los factores socio-económicos que dieron origen a la siembra de coca; la defensa de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente; el rescate de nuestras tradiciones cul-turales; la participación en la toma de decisiones que involucren el campo; y el respeto a la vida y en general a los Derechos Fundamentales de los habitantes del Catatumbo. -ASCAMCAT

MOVICE - Movimiento Nacional de Víc-timas de Crímenes de EstadoEl MOVICE de Estado nació el 25 de Junio de 2005, durante el Segundo Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y Vio-laciones a los Derechos Humanos. El Movimiento es fruto de un extenso acumulado histórico de lu-chas de las víctimas por los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral en Colombia.. El MOVICE está conformado por 14 Capítulos en Colombia y otros 4 capítulos a nivel internacional y desarrolla un trabajo de acompañamiento inte-gral a víctimas.

International Peace Observatory(Observatorio Internacional de Paz)

Telefax: +57 1 232 1006Celular: +57 314 296 4769Correo: [email protected]: www.peaceobservatory.org

Realizada con el generoso apoyo de:

Este documento ha sido realizado con el apoyo financiero de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament y l’Ajuntament de Barcelona. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de International Peace Observatory - IPO y de ningún modo se debe considerar que refleja la posición de ninguna de las instituciones financiadoras mencionadas.

Pa’lante: Boletín del International Peace Observatory

Edición PrincipalTanja SorensenSergi Ramon AguilarJaume Fortuño

DiagramaciónJosé Alfredo Patiño GranadosTanja SorensenSergi Ramon AguilarJaume Fortuño

Edición AdicionalHasan DodwellEric SchwartzMaja IngerslevEnric BarbaJaume Fortuño

pa'lante nº 9

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