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OBJETO: FORMULA REQUERIMIENTO DE CITACION A JUICIO.
Ref.: Expte. Nº P-145.222/16, recaratulado: “AROSTEGUI
Francisco Javier p.s.a. de Abuso de Autoridad, Prevaricato
(Dos Hechos) en Concurso Real, Denegación de Justicia y
Encubrimiento Calificado por la Gravedad del Delito Anterior y
en Ocasión de su Desempeño – Ciudad”.
Excmo. Tribunal en lo Criminal Nº 2:
Dr. DARIO E. OSINAGA GALLACHER, Agente Fiscal de Investigación
Penal Nº 7, en los autos referenciados, respetuosamente me
presento y digo:
I.- OBJETO:
Que, estimando cumplida la investigación penal preparatoria, y
de acuerdo a lo establecido por los arts. 383 y 384 del
C.P.P., vengo por este acto a requerir se cite a juicio al
imputado Francisco Javier Arostegui, por el hecho que a
continuación se describe y en base a los fundamentos que
también seguidamente se expondrán.
II.- DATOS PERSONALES DEL IMPUTADO:
Se ha practicado investigación jurisdiccional con relación al
imputado FRANCISCO JAVIER AROSTEGUI, argentino, de 61 años de
edad, D.N.I. Nº 11.664.996, con domicilio real en Pasaje José
Martí Nº 139, del barrio Gorriti, de esta ciudad, de estado
civil casado, de profesión abogado y Juez de Instrucción Nº 1
de Causas Ley Nº 3584, nacido en San Salvador de Jujuy,
Provincia de Jujuy el 03 de marzo de 1956, hijo de Francisco
Javier Arostegui (f) y de Celia Reuter (f).
III.- LOS HECHOS:
Se atribuye al imputado Francisco Javier Arostegui los
siguientes hechos:
Primer Hecho: En el Expte. Nº 2990/12, caratulado: “AVILA,
Fabian Alberto; PAEZ, Jorge Rafael p.s.a. de Tentativa de
Homicidio - Ciudad”, en su calidad de Juez de Instrucción de
Causas Ley Nº 3584, por decreto de fecha 04-04-13 (fs. 47),
dispone que se oficie vía fax a la Sección Extradiciones de
Interpol Bs.As., a la Policía Federal Argentina, a los Jefes
del Convenio Policial Argentino, del Escuadrón Gendarmería
Nacional y de Antecedentes Personales, a los Directores de
Seguridad Aeroportuaria y de Migraciones Delegación Jujuy
informando respecto a la situación procesal actual de los
procesados de autos; y no obstante ello, libra oficio Ley Nº
22.172 Nº 91, con fecha inserta 03-04-13, a Sección
Extradiciones de Interpol (fs. 51), donde no sólo omite
transcribir el decreto que dispone el libramiento del oficio,
sino arbitrariamente agrega afirmaciones sin respaldo válido y
contrariando el art. 285 del C.P.C.C.N., y con el solo objeto
de favorecer y beneficiar al imputado, de la manera que sigue:
“Este Juzgado de Instrucción de Causas Ley Nº 3584, de la
Provincia de Jujuy, a cargo del Dr. Francisco J. Arostegui, se
dirige a Ud., en respuesta a su nota Nº 124-01-00 694/13-
ER26.477/UD/G9, donde requiere informe sobre si continua
vigente la medida restrictiva de libertad que pesa sobre PAES,
JORGE RAFAEL ordenada por el Dr. Raul Gutierrez y comunicada
mediante Oficios Nº 1775/07 y 1799/07, asimismo informo que
dicha medida estaba dispuesta tambien para el ciudadano Avila,
Fabian Alberto; con NOTIFICACION ROJA, control Nº A-948/2-2010
referente al ciudadano Paez, Jorge Rafael y NOTIFICACION ROJA,
control Nº A-950/2-2010 referente al ciudadano Avila, Fabian
Alberto; al respecto informo que por el momento no interesa la
detención de Paes, Jorge Rafael ni la de Avila, Fabian
Alberto, por cuanto dicha medida se encuentra en suspenso por
haberse interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, un Recurso de Queja por Recurso Extraordinario Federal
Denegado.-...”.
Segundo Hecho: En el Expte. Nº 2990/12, caratulado: “AVILA,
Fabian Alberto; PAEZ, Jorge Rafael p.s.a. de Tentativa de
Homicidio - Ciudad”, con fecha 05-04-13, libró oficios Nº
9000, 9001, 9002, 9003, 9004 y 9005 al Jefe de la Policía
Federal Argentina-Jujuy, Jefe de Antecedentes Personales de la
Policía de la Provincia, Jefe del Convenio Policial Argentino,
Jefe del Escuadrón de Gendarmería Nacional 53-Jujuy, Director
de Migraciones Delegación Jujuy y Director de Seguridad
Aeroportuaria de la Provincia de Jujuy, respectivamente (fs.
52/57), donde también no sólo omite la transcripción del
decreto que ordena el libramiento de los oficios, sino que en
forma arbitraria agrega afirmaciones sin respaldo válido y que
la ley no establece (art. 285 del C.P.C.C.N.), y además con el
solo objeto de favorecer y beneficiar al imputado, señalando
que: “Este Juzgado de Instrucción de Causas Ley Nº 3584, de la
Provincia de Jujuy, a cargo del Dr. Francisco J. Arostegui, se
dirige a Ud., en relación al oficio Nº 1778/07, donde se
dispone se inserte el pedido de individualización y detención
por el delito de Tentativa de Homicidio para AVILA, FABIAN
ALBERTO Y PAEZ, JORGE RAFAEL, ordenado por el Dr. Raul E.
Gutierrez, al respecto informo que por el momento no interesa
la detención de Paes, Jorge Rafael ni la de Avila, Fabian
Alberto, por cuanto dicha medida se encuentra en suspenso por
haberse interpuesto ante la Corte Suprema de la Nación, un
Recurso de Queja por Recurso Extraordinario Federal Denegado.-
...”.
Tercer Hecho: En el mismo Expte. Nº 2990/12, no obstante el
recurso de reposición con apelación en subsidio interpuesto
por la Agente Fiscal Dra. María Mercedes Cravero, debidamente
fundada con el objeto de que se deje sin efecto el decreto de
04-04-13 y consecuentemente se de cumplimiento a lo resuelto
por el Juez Dr. Raúl Gutierrez y disponga la detención
inmediata y efectiva prisión preventiva de los imputados
Fabián Alberto Avila y Jorge Rafael Páez (fs. 58/67); el Juez
de Instrucción de Causas Ley Nº 3584, con fecha 18-04-13,
dicta resolución (fs. 70/73 vta.), y a los fines de favorecer
y beneficiar a los mencionados imputados, no hace lugar al
referido recurso sino que dispone la sustanciación de la
apelación planteada en subsidio, con fundamentos incoherentes
y en contra de lo establecido en los arts. 16 y 18 de la
Constitución de la Nación y art. 285 del C.P.C.C.N.,
refiriendo que disiente con los argumentos jurídicos,
doctrinarios y jurisprudenciales de la Sra. Fiscal y se
mantiene en que el recurso de queja tiene efecto suspensivo.
Cuarto Hecho: En el Expte. Nº 18.212/15 caratulado: “Incidente
de Excarcelación promovido por el Dr. Alberto Bellido en favor
del inculpado Ávila Fabián Alberto, en Expte. Ppal. 2990/12”,
otra vez, en contra de los arts. 16 y 18 de la Constitución
Nacional, art. 26 del C.P. y arts. 331, 332 y ss. del C.P.P.-
Ley Nº 3.584, invocadas por el Ministerio Público Fiscal; el
Juez de Instrucción Nº 1 de Causas Ley Nº 3.584 dicta
resolución, con fecha 10-04-15 (fs. 9/14), con el solo objeto
de favorecer y beneficiar al imputado Fabián Alberto Ávila,
haciendo lugar a la excarcelación en su favor, bajo caución
real de conformidad a los arts. 330 ss. y cc. del C.P.P. y Ley
Nº 5623 y los considerandos de la misma, y que la suma de $
118.861,09 inmovilizados en la caja de ahorro Nº 4-200-
0940240615-5 cuyo titular es Ávila Fabián Alberto, en virtud
del oficio Nº 2065 de fecha 29/11/07 librado por el ex Juzgado
de Instrucción en lo Penal Nº 3, Secretaría Nº 6, sean tenidos
como caución real a favor del encartado Avila a pesar de que
dicha suma de dinero se encontraba cautelada y no tenía el
imputado su disposición.
IV.- DECLARACION DEL IMPUTADO:
Con fecha 13 de marzo del año 2.016 se recibió declaración al
imputado Francisco Javier Arostegui en los términos del art.
294 y ss. del C.P.P. (fs. 161/167 vta.), donde expresa: “Se le
dio trámite al expte. y se comenzó por ordenarlo al mismo, en
el sentido de que como habían actuado dos colegas
anteriormente, los Dres. Nieve y Gutierrez respectivamente y
había un fallo de la Sala de Apelaciones al respecto, y lo 1º
que se hizo fue librar nuevamente los oficios a todos los
organismos de seguridad a los fines de hacer efectiva la
detención de los imputados Ávila y Páez; dado que si bien en
el expte. Constataba los oficios librados por el Dr.
Gutierrez, en la Policía, Gendarmería, etc. no existía
constancia de que los mismos haya llegado a esos lugares y si
mal no recuerdo el imputado Ávila es notificado por mi persona
del procesamiento, lo cual no estoy seguro pero creo que yo lo
notifiqué, también se ordeno el secuestro de dinero de una ONG
que constaba e el expte. y en mi gestión abrí una caja de
ahorro a cuenta del expte. para que no se siguiera
desvalorizando esa cifra monetaria. En la carencia de pruebas
que había en dicho expte. se transformó ese secuestro en una
fianza real, y se le dio a Ávila la libertad bajo fianza,
respecto Páez mientras trabajé en el expte. nunca lo pudimos
encontrar, en dos oportunidades se estuvo cerca de hacerlo
pero fracasó la gestión policial y una de ellas fue la vecina
provincia de Salta. Es decir que respecto de Ávila por la poca
pruebas que eran dos o tres testimoniales, había una total
orfandad de elementos probatorios, no había secuestro de armas
y las pericias de criminalisticas fueron negativas salvo medio
círculo en una tela mosquitera de una carnicería donde fue
herida la menor víctima, pero aún así criminalística no podía
aseverar que dicho medio orificio era producto de un balazo,
en otro carácter debo destacar uno de los problemas que
tenemos los jueces inferiores y que son relativos a los fallos
de la Sala de Apelaciones, antes sabía guardar cuando ejercía
como Fiscal dicho fallos para citarlos en posteriores
resoluciones, pero dejé de hacerlo por el Tribunal empezó a
variar muy rápidamente de los criterios jurídicos, así también
había fallos de la Sala de Apelaciones confirmando actuaciones
del Juez o revocándolas y cuando los expedientes iban a
juicio, a las Cámaras Penales en muchas oportunidades
volvieron a mis manos con sentencias contrarias a lo que había
resuelto la Sala de Apelaciones y en toda esta situación es
dable destacar que oportunamente el STJ sacó una acordada por
la cual los distintos tribunales colegiados debían respetar
los fallos, cosa que en muchas oportunidades se efectivizó,
incluso la Sala de Apelaciones en una oportunidad me hizo una
severa advertencia por cuanto respetando la normativa del
Código Procesal Penal declaré nulidades absolutas, tanto de
oficio como por solicitud o requerimiento de la Fiscal María
Mercedes Cravero de Savio, en esa oportunidad la Sala de
Apelaciones resaltó que por más que ellos no hubieran
advertido la nulidad absoluta el Juez inferior carecía total y
absolutamente de facultades para revisar el fallo superior y
declarar las mismas. Considero fundamental para el ejercicio
de la defensa compulsar el expte. original como así también un
expte. que se desprende de estos obrados en donde hay varios
imputados por el encubrimiento. Cedida que fuera la palabra a
sus Abogados Defensores si formulara pregunta a su asistido a
lo que dijo: el Dr. Luis Canedi que sí. Preguntado para que
diga si recuerda cuando se promovió el jury de enjuiciamiento
que tramitó por expte. 3864/2013 caratulado Actuaciones
Administrativas- al Dr. Francisco Javier Arostegui Juez de
Instrucción de Causa Ley Nº 3584, la situación ahora
denunciada fue considerada en la denuncia como una de las
causas que le daban fundamento. DIJO: que si perfectamente y
el Superior Tribunal se expidió manifestando que nunca
favorecí a la Sra. Milagro Sala ni a gente de su entorno y
esto debo recalcarlo por cuanto el Senador Morales hablaba de
Ávila y de Páez como que eran choferes o algo así de la Sra.
Sala o de la Organización Tupac Amaru lo cual en lo que yo
trabajé la causa nunca se acreditó dicha situación y el
Tribunal Investigador del Jury resolvió esas actuaciones
administrativas y en este caso puntual que podría tratarse de
un error de derecho. Preguntado para que diga si recuerda que
la resolución del Tribunal Investigador fue recurrida a través
de un recurso de inconstitucionalidad que tramitó por expte.
nº 1141/2014 y que entre los hechos que motivaban el agravio
del Senador recurrente se contaba el caso que motiva, esta
causa porque entendía que había sido resuelto de manera
incorrecta. DIJO: si recuerdo e inclusive el Senador Morales
con sus abogados es una de las causas en que más insistió por
esta situación. Preguntado para que diga si recuerda que en
contra del pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia
en las referidas actuaciones (expte. 11241/2014) cuando recayó
la sentencia que desestimó el recurso de inconstitucionalidad
el Senador Morales interpuso un recurso extraordinario ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación e insistió en el
agravio que le producía lo resuelto con respecto a esta causa
que es motivo de denuncia. DIJO: si recuerdo y es tal cual se
manifiesta en la pregunta debiendo destacarse que con el
pedido de jury el senador Morales según las causas se
investiga voluntariamente como querellante o como abogado
defensor y en esta causa en lo puntual hacía las veces de
querellante. Preguntado para que diga si recuerda que en
contra del pronunciamiento del STJ que rechazó la concesión
del recurso extraordinario el senador Morales interpuso un
recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y que el mismo le fue denegado. DIJO: Si, inclusive la
denegatoria de la Corte fue en el mes de diciembre del año
pasado. Se cede la palabra al Dr. Marcelo Elías y dijo que no
va a formular preguntas. Se le cede la palabra al Agente
Fiscal 1) Preguntado para que diga por que motivo los oficios
que obran a fs. 51/57 de estos obrados no guardan relación con
el decreto de fecha 04/04/2013 obrante a fs. 47 de autos.
DIJO: por la sencilla razón que como sucedía en muchas causas
del Juzgado residual a veces me anoticiaba de las mismas por
la actuación de las fuerzas de seguridad y si mal no recuerdo
me entero de que uno de los imputados Páez estaba ingresando
al país por Chile en una comitiva con Máximo Kirchner y cuando
compulso la causa surge a mi criterio en la orfandad de
pruebas y que por el momento se dejara sin efecto o se
suspendiera la orden de detención. Si mal no recuerdo en esa
época se había interpuesto el recurso de queja por el Abogado
Bellido, defensor de los imputados. En mi juzgado el imputado
Ávila es notificado del procesamiento del Dr. Gutierrez, no
recordando con exactitud si se hizo en la misma resolución o
la secretaria Dra. Checa hizo un acta al respecto. 2)
Preguntado para que diga por que en los oficios librados a los
distintos organismos de seguridad informó que no interesaba la
detención de Páez, Jorge Rafael ni de Ávila, Fabián Alberto
por cuanto la medida se encontraba en suspenso por haberse
interpuesto un recurso de queja ante la CSJ o recurso
extraordinario Federal denegado contraviniendo lo dispuesto
expresamente en el art. 285 del Código Procedimiento Civil y
Comercial de la Nación. DIJO: lo hice por varios motivos, el
1º de ellos por la orfandad de pruebas y para priorizar la
libertad de los imputados en autos, 2º por el recurso de queja
interpuesto, 3º por haber compartido en su totalidad el voto
de la Dra. Mosca Reghin en la sentencia de la Sala de
Apelaciones con voto en disidencia de la misma, 4º también
porque uno en este trabajo va sumando experiencia y advertí
que como estaba la causa si la misma llegaba a juicio tenía
casi la certeza de que los imputados iban a ser sobreseídos.
Lo cual por razones obvias no lo puedo volcar por escrito en
ninguna resolución, así también tenía la experiencia de un
caso de un homicidio famoso en Jujuy, el caso Carretero en que
procesé a 7 personas y al ser elevados a juicio se condenó a
una sola por ser el autor material y a los 6 se los sobreseyó
por cuanto la Cámara Penal consideraba que los gendarmes no
eran una Fuerza de Seguridad. 3) Preguntado para que diga por
que en el expte. 18212/15 incidente de excarcelación hace
lugar a la excarcelación del imputado Ávila bajo caución real
cuando la misma no está prevista en el Código de Procedimiento
Penal por el que se tramitaba la causa. DIJO: fue a los fines
de priorizar la libertad individual por la orfandad de pruebas
y que incluso si mal no recuerdo en esa resolución cito
antecedentes de libertades con fianza real incluso en caso de
homicidios, y si mal no recuerdo algunos de ellos se dictaron
en los Juzgados de Control actuales y que existen no tan solo
en tentativas de homicidio sino en otros tipos de delitos
extremadamente graves, antecedentes de resoluciones como lo
que yo dicté. 4) Preguntado para que diga porque a la
excarcelación a la que se hace referencia anteriormente
dispuso precisamente como caución real la suma de pesos
118.861,09 sin que ello lo haya solicitado el imputado o su
defensa técnica. DIJO: Que lo hice puntualmente en base al
monto dinerario embargado y/o secuestrado por el Dr. Gutierrez
y el cual en la causa pasaba desapercibido, entendiendo de ese
modo al depositarlo en la caja de ahorro y fijarlo como
caución real interpreté que regularizaba la situación y
evitaba una eventual acción por daños y perjuicios por cuantos
montos eran de una ONG. Las partes manifiestan que no
formularán preguntas, se le cede la palabra al imputado a los
efectos de agregar, aclarar, enmendar o quitar a su
declaración. DIJO: que es de vital importancia que el Juzgado
requiera al STJ la totalidad de exptes. Nº 3864/13,
Actuaciones Administrativas al Dr. Francisco Javier Arostegui;
expte. Nº 11241/14 Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto
por Gerardo R. Morales c/Acordad nº 17 Folio 414/425 nº 206
STJ; expte. Nº 5610/I/2010 caratulado: Incidente de ejecución
de Sentencias en expte. Nº 5610/07: Acción de Amparo: Elsa
Rosa Bianco y otros c/ Poderes Ejecutivos y Legislativos del
Estado Provincial radicados en el STJ y las fotocopias
certificadas de los libros recibos del SYJ relacionado con la
totalidad de exptes. que tengan que ver con el pedido de jury
hacia mi persona.”
V.- DE LA PRUEBA:
1.- Denuncia del Sr. Fiscal General del Ministerio Público de
la Acusación, Dr. Sergio Enrique Lello Sánchez en contra del
Sr. Juez de Instrucción Nº 1 de Causas Ley Nº 3.584 Dr.
Francisco Javier Arostegui (fs. 1/8).
2.- Copia de la resolución del Juez de Instrucción de Causas
Ley Nº 3584, Dr. Francisco J. Arostegui, de fecha 10 de abril
de 2.015, en el Expte. Nº 18212/15 caratulado: “Incidente de
Excarcelación promovido por el Dr. Alberto Bellido en favor
del inculpado Ávila Fabián Alberto, en Expte. Ppal. 2990/12”
(fs. 9/14).
3.- Copia del oficio Nº 22981 de fecha 10-04-15, dirigido al
Banco Macro – Sucursal Tribunales (fs. 15/15 vta.).
4.- Copia del informe del Banco Macro, de fecha 21-04-15,
dirigido al Juzgado de Instrucción de Causas Ley 3584,
informando que se dio cumplimiento al oficio de fecha 10-04-
15, procediendo a constituir el plazo fijo requerido (fs. 16).
5.- Copia de la resolución de fecha 05-11-10, dictada por el
Juez de Instrucción Penal Nº 3, Dr. Raúl Eduardo Gutiérrez en
Expte. Nº 1401/07, caratulado: Reconstrucción: Ávila Fabián
Alberto y Páez Jorge Rafael p.ss.aa. de Tentativa de Homicidio
- Ciudad” (fs. 22/34 vta.).
6.- Copia de la resolución de fecha 12-11-10, dictada por el
Juez de Instrucción Penal Nº 3, Dr. Raúl Eduardo Gutierrez en
Expte. Nº 1401/07, caratulado: Reconstrucción: Ávila Fabián
Alberto y Páez Jorge Rafael p.ss.aa. de Tentativa de Homicidio
- Ciudad” (fs. 36/38).
7.- Copia de la resolución de fecha 04-04-13, dictada por el
Juez de Instrucción Causas Ley Nº 3584, Dr. Francisco Javier
Arostegui (fs. 47).
8.- Copia de oficio Ley Nº 22.172 Nº 91, con fecha 03-04-13,
dirigido a Sección Extradiciones de Interpol (fs. 51).
9.- Copias de oficios Nº 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 y 9005,
con fecha 05-04-15, dirigidos al Jefe de la Policía Federal
Argentina-Jujuy, Jefe de Antecedentes Personales de la Policía
de la Provincia, Jefe del Convenio Policial Argentino, Jefe
del Escuadrón de Gendarmería Nacional 53-Jujuy, Director de
Migraciones Delegación Jujuy y Director de Seguridad
Aeroportuaria de la Provincia de Jujuy, respectivamente (fs.
52/57).
10.- Copia del recurso de reposición con apelación en
subsidio, interpuesto por la Agente Fiscal de Causas Ley Nº
3584, Dra. María Mercedes Cravero, en el Expte. Nº 2990/12,
caratulado: “Ávila Fabián Alberto; Páez Jorge Rafael p.s.a. de
Tentativa de Homicidio - Ciudad” (fs. 58/67).
11.- Copia de la resolución de fecha 18-04-13, dictada por el
Juez de Instrucción Causas Ley Nº 3584, Dr. Francisco Javier
Arostegui, en el Expte. Nº 2990/12, caratulado: “Ávila Fabián
Alberto; Paez Jorge Rafael p.s.a. de Tentativa de Homicidio -
Ciudad” (fs. 70/73 vta.).
12.- Copia de la resolución de fecha 26-03-13, dictada por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos “Recurso
de hecho deducido por la defensa de Fabián Alberto Ávila y
Jorge Rafael Páez en la causa Ávila, Fabián Alberto y otro s/
p.s.a. tentativa de homicidio” (fs. 75/76).
13.- Copia de la resolución de fecha 11-07-13, dictada por la
Cámara de Apelaciones y Control, en el Expte. Nº C-61/13
“Recurso de Apelación interpuesto por la Sra. Agente Fiscal
Dra. María Mercedes Cravero de Savio en Expte. Nº 2990/12 (JIC
Ley 3584) caratulado: “Ávila Fabián Alberto; Páez Jorge
Rafael, p.s.a. de tentativa de homicidio.Ciudad” (fs. 78/81
vta.).
14.- Copias de expedientes que corren por cuerda: 14.1.-
Expte. Nº 18212/15 caratulado: “Incidente de Excarcelación
promovido por el Dr. Alberto Bellido en favor del inculpado
Avila Favian Alberto, en Expte. Ppal. 2990/12”; 14.2.- Expte.
Nº 11795/15, caratulado: Recurso de inconstitucionalidad
interpuesto en el expte. Nº 60/15 (Cámara de Apelaciones y
control) “Recurso de Apelación interpuesto por el Dr. Diego
Cussel, Agente Fiscal de Causas en Expte. Nº 18212/15
Incidente de Excarcelación promovido por el Dr. Alberto
Bellido a favor del inculpado AVILA Fabián Alberto en Expte.
Ppal. 2990/12 AVILA, Fabián, PAEZ Jorge Rafael p.ss.aa. De
tentativa de Homicidio, Ciudad”, y 14.3.- Expte. Nº 111/15
caratulado: Recurso de Apelación en subsidio interpuesto por
el Dr. Alberto A. Bellido en Expte. Nº 18212/15 (Juez de Inst.
Nº 2 de Causas-por habilitación) caratulado: “Incidente de
excarcelación a favor del inculpado AVILA Fabian Alberto en
el Expte. Ppal. Nº 2990/12 “AVILA Fabián Alberto y PAEZ Jorge
Rafael p.s.aa. Tentativa de Homicidio-Ciudad”; cuyos
expediente originales por este acto se requiere sean
solicitados ad efectum videndi et probandi; y demás
constancias de autos.
VI.- FUNDAMENTOS DE LA ACUSACION:
Con los elementos que obran autos, entendemos que está
acreditado con el grado de convicción necesario para esta
etapa del proceso, la existencia de los delitos atribuidos y
la participación del imputado en cuestión en carácter de autor
penalmente responsable.
En efecto, para ello se pondera las resoluciones y demás
constancias donde intervino el imputado en su calidad de Juez,
así como su declaración defensiva donde admite la comisión de
los hechos que se le atribuye.
A).- Si bien el imputado en su carácter de Juez en el Expte.
Nº 2990/12, caratulado: “Ávila Fabián Alberto; Paez Jorge
Rafael p.s.a. de Tentativa de Homicidio - Ciudad”, por decreto
de fecha 04-04-13 (fs. 47), dispone que se oficie vía fax a la
Sección Extradiciones de Interpol Bs.As. y otros organismos
informando respecto a la situación procesal actual de los
procesados Fabián Alberto Ávila y Jorge Rafael Páez; procede
primero con fecha 03-04-13, libra oficio Ley Nº 22.172 Nº 91
(fs. 51) y después con fecha 05-04-13, libra oficios Nº 9000,
9001, 9002, 9003, 9004 y 9005 (fs. 52/57), donde no sólo omite
transcribir el referido decreto conforme prevé el art. 3 de la
Ley 22.172 Convenio sobre Comunicaciones de Tribunales, sino
que arbitrariamente agrega afirmaciones sin respaldo válido y
que no dice la ley ni resolución judicial alguna, informando
lo siguiente: “… al respecto informo que por el momento no
interesa la detención de Paes, Jorge Rafael ni la de Avila,
Fabian Alberto, por cuanto dicha medida se encuentra en
suspenso por haberse interpuesto ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, un Recurso de Queja por Recurso
Extraordinario Federal Denegado.-…”.
En efecto, como juez de la causa, no obstante las instancias
recursivas, conocía que se encontraban firmes las resoluciones
de fechas 05-11-10 (fs. 22/34 vta.) y 12/11/10 (fs. 36/38),
del Juzgado de Instrucción Penal Nº 3, en Expte. Nº 1401/07,
caratulado: Reconstrucción: Ávila Fabián Alberto y Páez Jorge
Rafael p.ss.aa. de Tentativa de Homicidio - Ciudad”, que
disponen el procesamiento de Fabián Alberto Ávila y Jorge
Rafael Páez y la inmediata detención en calidad de detenidos
comunicados y habidos estos convertir en Prisión Preventiva,
así como los allanamientos a los fines de la detención de los
procesados.
No obstante el carácter firme de estas resoluciones, en contra
de las mismas y de la validez que le da la ley a una
resolución firme, en los referidos oficios el Juez Arostegui,
con el objeto de favorecer y beneficiar a los imputados,
arbitrariamente informa que por el momento no interesa la
detención de Jorge Rafael Páez ni de Fabián Alberto Ávila, con
el argumento de que dicha medida se encuentra en suspenso por
haberse interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, un recurso de queja por recurso extraordinario federal
denegado.
Es más, ha actuado en contra de la ley, en contra de lo que
dispone el art. 285 del C.P.C.C.N., que expresa: "... mientras
no se haga lugar a la queja no se suspenderá el curso del
proceso...".
Esta conducta constituye abuso de autoridad, previsto en el
art. 248 del C.P. Este delito se caracteriza porque contempla
un despliegue arbitrario de la función, contrariando lo que la
Constitución o la ley previenen como lo que es debido y
obligatorio; Núñez sostiene que el abuso de autoridad no es
una extralimitación funcional en el sentido extensivo, sino
que es un mal uso de la autoridad dentro de la propia función;
es cuando el funcionario emplea la autoridad recibida para
violar la Constitución o las leyes. Se trata del funcionario
público que utiliza su cargo a los efectos de actuar
ilegalmente (Edgardo Alberto Donna. Delitos contra la
administración pública. 2sa. Ed. Actualizada, ed. Rubinzal
Culzoni, p. 186).
La norma penal protege el regular funcionamiento de la
administración pública y la legalidad de sus actos, así como
la ilegalidad del acto no radica solamente en la contradicción
con la Constitución o con las Leyes, sino que la
característica del delito de abuso de autoridad radica en el
uso abusivo o arbitrario de la función pública, cuando es
utilizada como instrumento para violar la Constitución o las
Leyes.
Para Carrara el abuso contempla dos significados, uno en
sentido ontológico y el otro en sentido jurídico. En sentido
ontológico se abusa de una cosa siempre que se emplea para un
servicio diverso de su destino natural. En sentido jurídico se
abusa de una cosa aunque se la emplee según su destino, si
esto se hace de modo ilícito o por fines ilícitos.
Por su parte, Sebastián Soler, señala que “un acto puede ser
abusivo solamente por dos motivos: a) por ser contrario a la
constitución a la ley en el sentido formal, esto es, por
consistir en una acción que la ley no consiente... b) por ser
el acto sustancialmente improcedente en concreto, aun cuando
sea posible en derecho... El abuso de autoridad presenta,
pues, la doble forma del ejercicio de una facultad que se sabe
inexistente como tal, y la del ejercicio de una facultad
existente en condiciones conocidamente falsas...” (Soler,
Sebastián, “Derecho Penal Argentino”, ed. Tea., Buenos Aires,
1992, tomo V, pág. 182/3).
Consecuentemente, podemos inferir que la actuación del
imputado ha sido contraria a la ley, puesto que con sus actos
como funcionario público ha utilizado la función pública como
instrumento para violar la ley, y para favorecer y beneficiar
a los imputados, facilitándoles que logren eludir las
investigaciones y/o la acción de las autoridades.
B).- En el mismo Expte. Nº 2990/12, en contra de la
Constitución y de las leyes Nacional y Provincial expresas que
fueron invocadas por el Ministerio Público Fiscal, ha dictado
resolución, con fecha 18-04-13 (fs. 70/73 vta.), por el que no
hace lugar al recurso de revocatoria interpuesto por la Agente
Fiscal en contra del decreto de fecha 04-04-13 (fs. 47), y
dispone la sustanciación de la apelación planteada en
subsidio; en los fundamentos que son incoherentes y contrarios
a nuestro Derecho vigente, refiere: a) que entiende que la
sentencia en crisis de procesamiento con prisión preventiva de
fecha 05-11-10 (fs. 22/34 vta.), había quedado firme; que por
la presentación del Dr. Alberto Bellido adjuntando
documentación respaldatoria de la interposición del recurso de
queja por recurso extraordinario federal denegado, y ante el
convencimiento absoluto que este recurso tenía efectos
suspensivos, criterio que continúa manteniendo revoca el 2º
párrafo del decreto de fs. 411, donde se ordenaba dar
cumplimiento a la prisión preventiva de Páez y Ávila y a las
ordenes de allanamiento a los fines de la detención de los
mismos; b) el fundamento legal se respalda en el art. 455 del
C.P.P. que establece como regla general el carácter suspensivo
de los recursos; como así también establecen el art. 443 del
nuevo Código Procesal Penal (ley Nº 5623) y el art. 422 del
C.P.P.N. cuando dice que la interposición de un recurso
ordinario o extraordinario tendrá efecto suspensivo; y c)
Respecto del criterio de que se encuentra en suspenso la
prisión preventiva, encuentra apoyo en el fallo de la
CNCCorr., sala I 10-11-2003, caso Barbara, Rodrigo Ruy
s/Exención de prisión, que exige para la procedencia de tal
medida cautelar la existencia comprobada de peligro de fuga o
de oscurecimiento de la investigación, con independencia del
hecho atribuido; en el caso tuvo en cuenta que los procesados
Avila y Paez, ante el primer llamado comparecieron
voluntariamente a notificarse del procesamiento con prisión
preventiva.
Al respecto, como reconoce el propio imputado en la misma
resolución, así como en su declaración defensiva, a pesar de
las instancias recursivas, de conformidad con los art. 118,
326, 330 y cc. del C.P.P., se encontraba firme y ejecutoriada
esta resolución de fecha 05-11-10 (fs. 22/34), que dispone el
procesamiento y detención de los imputados, y habidos éstos
convertir en prisión preventiva, a sabiendas de lo que
disponen los arts. 16 y 18 de la Constitución Nacional y 285
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, invocadas
por el Ministerio Público Fiscal, y la prohibición de que no
admite revocación ni modificación de oficio, el imputado
procede a revocar la parte que dispone dar cumplimiento a la
prisión preventiva de Páez y Ávila y a las ordenes de
allanamiento para la detención de los mismos.
Las citas legales en que fundamenta la suspensión de la medida
de detención por la interposición del recurso de queja (art.
455 del C.P.P.; art. 443 del nuevo C.P.P. ley Nº 5623 y art.
422 del C.P.P.N.), no resultan aplicables al caso concreto;
puesto que la norma legal que debe aplicarse es el art. 285
del C.P.C.C.N., que dispone: "... mientras no se haga lugar a
la queja no se suspenderá el curso del proceso...". Es decir,
los efectos que produce el recurso de queja no es el
suspensivo, sino el devolutivo.
De otro lado, en el Expte. Nº 18.212/15 caratulado: “Incidente
de Excarcelación promovido por el Dr. Alberto Bellido en favor
del inculpado Ávila Fabián Alberto, en Expte. Ppal. 2990/12”,
no obstante que Ministerio Público Fiscal dictamina: que no
existe mérito para considerar que la situación fáctica y
jurídica dispuesta por la Excma. Cámara de Apelaciones y de
Control haya sido mutada, respecto del procesamiento de Fabián
Alberto Ávila y Jorge Rafael Páez por el delito de homicidio
en grado de tentativa, la detención en calidad de comunicados
de los mismos, y habidos éstos convertir en prisión
preventiva, y el embargo de los bienes hasta la suma de $
5.000; en virtud de que la entidad del delito endilgado y la
extensión de la escala penal prevista en abstracto en los
arts. 79, 42 y 54 del C.P.N.; que el auto de procesamiento se
encuentra firme y de recaer condena estima que no sería de
ejecución condicional; así como la conducta puesta de
manifiesto por el encartado Ávila Fabián Alberto ha sido
reticente al accionar de la justicia y para el caso de
concederse eludiría el accionar de la justicia, y de esa
manera al sustraerse de la misma la potestad punitiva del
estado se vería obstaculizada; que el prevenido registraba
pedido de individualización, comparendo y detención; el Juez
Arostegui dicta resolución con fecha 10-04-15 (fs. 9/14),
donde dispone la excarcelación solicitada a favor del
prevenido Ávila Fabián Alberto, bajo caución real, y en forma
arbitraria de oficio dispone que la suma de $ 118.861,09
inmovilizados en la caja de ahorro Nº 4-200-0940240615-5 cuyo
titular es Ávila Fabián Alberto, sean tenidos como caución
real a favor del encartado; con argumentos inconsistentes
desde la óptica del Derecho vigente, se trata de meras
afirmaciones dogmáticas sin respaldo legal ni fáctico, cuando
refiere que la Constitución Nacional y los Tratados
Internacionales incorporados contienen una serie de normas
vinculadas a la coerción personal del imputado que se
encuentran presididas por el principio de inocencia, así como
la prisión preventiva es regulada a partir del art. 318 del
C.P.P. Ley 5623, que dispone que no se dictará auto sino
basado en plena prueba de la existencia el delito y la
semiplena prueba de la culpabilidad del imputado, conforme
manda el art. 27 numeral 2 de la Constitución Provincial; que
debe aplicarse aquella norma o interpretación que brinde una
mayor protección al individuo o aquella regla o interpretación
que restrinja en menor medida los derechos del individuo; y
que aprecia que el imputado no tiene intenciones de evadirse a
la aplicación de la justicia ya que se ha presentado
voluntariamente aun conociendo el pedido de detención que
pesaba sobre el mismo.
Esta resolución es una muestra de la actitud de favorecimiento
al imputado, puesto que sin fundamento ni dar razones
atendibles, y sobre todo sin que el letrado defensor o el
propio imputado, arbitrariamente muta de oficio la naturaleza
jurídica de un secuestro de dinero que estaba en manos del
sospechoso del ilícito al momento de su detención, en un
ofrecimiento voluntario de caución real; lo que torna en un
claro abuso de autoridad e inequívocamente designio de
favorecer a un imputado de un grave delito.
Las referidas resoluciones no son simples actos procesales
sino que se tratan de acciones típicas prohibidas por nuestro
ordenamiento penal.
Sabemos que quien hace pasar como derecho algo que
positivamente sabe que no lo es, o aquel que funda su decisión
en hecho o resolución que sabe falso y quiere hacer pasar por
verdadero, simple y llanamente prevarica. Además, como en el
caso de autos, el autor poseía conocimiento y voluntad de
resolver contra lo que dispone la ley y dos resoluciones
judiciales, que fue invocada como fundamento de su fallo.
En el delito de prevaricato nos encontramos ante una conducta
que lesiona de manera directa el bien jurídico administración
pública; se trata de una infidelidad que atenta contra la
administración pública, más precisamente, contra la
administración de justicia ya que el delito es cometido por
medio de la actuación infiel de un órgano jurisdiccional.
Al respecto, la jurisprudencia nacional tiene dicho:
“[p]revarica quien hace pasar como derecho algo que
positivamente sabe que no lo es, aquel que funda su decisión
en hecho o resolución que sabe falso y quiere hacer pasar por
verdadero (…) o que los hechos o las resoluciones en las que
se basó no existieron o no tuvieron la significación que él
les otorgó, independientemente de los resultados perjudiciales
o beneficiosos que, para una parte, pueda tener” (Excma. CCC,
Sala VII, reg. 23.681, rta. 31/03/05). La Excma. CSJN in re
“SERVINI” tiene dicho que el prevaricato “no consiste en que
la resolución impugnada sea objetivamente contraria a la ley o
se funde en una errónea interpretación del derecho, casos en
los cuales toda sentencia revocada constituiría un delito de
prevaricación, sino en la malicia o en la mala fe del
juzgador” (Fallos 298:810 del 14/07/77).
También sabemos que si bien frente al rechazo del recurso
extraordinario por parte del Superior Tribunal de Justicia, la
norma procesal autoriza a interponer recurso de queja ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, toda vez que es la
única vía legal para llegar al máximo Tribunal en los casos
previstos en el art. 14 de la ley 48; la mera interposición
del recurso de queja no suspende la ejecución de la resolución
puesta en crisis.
Esto es categórico, puesto que la norma legal aplicable al
caso concreto es el último párrafo del artículo 285 del
C.P.C.C.N. que manda: "... mientras no se haga lugar a la
queja no se suspenderá el curso del proceso...".
C).- Finalmente, sostenemos que la conducta del Juez Arostegui
se encuentra atrapada en los delitos de denegación de justicia
y encubrimiento calificado por la gravedad del delito anterior
y en ocasión de su desempeño, previsto en los arts. 273 y 277
incs. 1º a) y 3º a) y d) del C.P.; no sólo con la resolución
de excarcelación sino también con las acciones de informar
mediante oficios a los organismos referenciados ut supra,
donde expresa: “… por el momento no interesa la detención de
Paes, Jorge Rafael ni la de Avila, Fabian Alberto, por cuanto
dicha medida se encuentra en suspenso por haberse interpuesto
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un Recurso de
Queja por Recurso Extraordinario Federal Denegado.-…”; fue con
el fin de favorecer y beneficiar a los mencionados imputados
para que logren eludir el accionar de la justicia, que como
Juez instructor está llamado a preservar; hubo una solapada
voluntad de favorecerlos en el delito de tentativa de
homicidio y posibilitar que se sustraigan del accionar
judicial, en contra de la ley vigente y en perjuicio de la
administración de justicia, esto atento al pedido de captura
librados oportunamente en contra de los imputados. Se ha
materializado en un contexto de encubrimiento por
favorecimiento personal de delincuentes, que implica una
deliberada omisión de persecución de los mismos.
Los imputados Ávila y Páez permanecieron prófugos de la
justicia durante un tiempo más que considerable que impidió el
curso normal del trámite judicial de la causa; que después del
cese de su intervención, recién pudo tomar impulso procesal y
actualmente se encuentra avanzada.
No olvidemos que también en el Expte. 18212/15, caratulado:
“Incidente de excarcelación promovido por el Dr. Alberto
Bellido a favor de Fabián Alberto Ávila”, el Juez Arostegui,
de manera irregular le otorgo la libertad al imputado, pero la
Cámara de Apelaciones y de Control revocó este decisorio,
aplicándole un llamado de atención por no cumplir con las
disposiciones legales vigentes y las órdenes de los superiores
jerárquicos.
Se advierte en el accionar del Juez Arostegui que no adoptó
una posición procesal equidistante en las causas, sino que ha
existido un claro desvío de poder, ha violado el deber de
imparcialidad de manera grave, injustificada e inexplicable su
apartamiento del orden jurídico vigente, con objeto de
beneficiar a los imputados procesados Ávila y Páez; fundando
su decisión en hechos falsos y normas legales no aplicables;
desarrolló una conducta ajena a la recta administración de
justicia, y contrariando expresas disposiciones del superior
jerárquico, la Cámara de Apelaciones y de Control, que
mediante dos resoluciones con fechas 11 de julio de 2.013 y 30
de junio de 2.015, ordenándole al Juez Arostegui la inmediata
detención de los imputados, además de aplicarle un severo
llamado de atención por su defectuosa actuación.
Se ha demostrado que hubo apartamiento del orden normativo, se
ha soslayado directrices consagradas expresamente en la
Constitución de la Provincia, en su art. 168, donde expresa
que los jueces al recibirse del cargo, jurarán desempeñarlo
con lealtad, honradez y dedicación, asumiendo el compromiso de
cumplir con las Constituciones Nacional y de la Provincia y
defender sus instituciones.
VII.- CALIFICACION LEGAL:
Los hechos descriptos anteriormente encuentran su enmarque
típico en las siguientes figuras:
1º Hecho: Abuso de Autoridad, Prevaricato, Denegación de
Justicia y Encubrimiento Calificado por Favorecimiento
Personal, Calificado por la Gravedad del Delito Anterior y en
Ocasión de su Desempeño, previsto en los arts. 248, 269, 273 y
277 incs. 1º a), 3º a) y d), delitos previstos en los arts.
248, 269, 273 y 277 incs. 1º a), 3º a) y d).
2º Hecho: Abuso de Autoridad, Prevaricato, Denegación de
Justicia y Encubrimiento Calificado por Favorecimiento
Personal, Calificado por la Gravedad del Delito Anterior y en
Ocasión de su Desempeño, previsto en los arts. 248, 269, 273 y
277 incs. 1º a), 3º a) y d), delitos previstos en los arts.
248, 269, 273 y 277 incs. 1º a), 3º a) y d).
3º Hecho: Abuso de Autoridad, Prevaricato, Denegación de
Justicia y Encubrimiento Calificado por Favorecimiento
Personal, Calificado por la Gravedad del Delito Anterior y en
Ocasión de su Desempeño, delitos previstos en los arts. 248,
269, 273 y 277 incs. 1º a), 3º a) y d).
4º Hecho: Abuso de Autoridad, Prevaricato, Denegación de
Justicia y Encubrimiento Calificado por Favorecimiento
Personal, Calificado por la Gravedad del Delito Anterior y en
Ocasión de su Desempeño, delitos previstos en los arts. 248,
269, 273 y 277 incs. 1º a), 3º a) y d).
Los cuatro hechos en concurso Real en relación al art. 55 del
Código Penal de la Nación.
VIII.- PETITUM:
Por lo expuesto, y conforme lo normado por los arts. 383 y 384
del C.P.P., solicito a V.E. disponga la Citación a Juicio de
la presente causa seguida contra el imputado Francisco Javier
Arostegui, en su calidad de Juez de Instrucción Nº 1 de Causas
Ley Nº 3.584 como probable autor de los delitos de Abuso de
Autoridad, Prevaricato, Denegación de Justicia y Encubrimiento
Calificado por Favorecimiento Personal, Calificado por la
Gravedad del Delito Anterior y en Ocasión de su Desempeño
(Tres Hechos), en concurso Real, previsto en los arts. 248,
269, 273 y 277 incs. 1º a), 3º a) y d), en relación al art. 55
del Código Penal de la Nación.