“no somos juguete de nadie…”

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“No somos juguete de nadie…”

Análisis de la relación de movimientos sociales,recursos naturales, Estado y descentralización

2 “No somos juguete de nadie…”

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“No somos juguetede nadie…”Análisis de la relación

de movimientos sociales, recursosnaturales, Estado y descentralización

Shirley Orozco RamírezÁlvaro García Linera

Pablo Stefanoni


Fotografías tapa: Juan Carlos Torrejón (Illimani),José Luis Quintana (Marcha alteña)

© Shirley Orozco Ramírez, Álvaro García Linera, Pablo Stefanoni, 2006© NCCR Norte-Sur / COSUDE, 2006© Plural editores, 2006

ISBN: 99954-1-038-9D.L.: 4-1-1944-06

ProducciónPlural editoresc. Rosendo Gutiérrez N° 595 esquina Av. EcuadorTel. 2411018 / Casilla 5097 / La Paz-BoliviaEmail: [email protected]

Impreso en Bolivia

JACS América del SurEdificio Arco Iris Dep. 1cAv. Aniceto PadillaCasilla 262Cochabamba-Boliviacorreo electrónico: [email protected]

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Índice

Presentación ............................................................................. 9Introducción ............................................................................ 17

I. Dos concepciones del territorio: indígenasy colonizadores en la zona de colonización del Territorio

Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS)

1. Introducción ..................................................................... 312. Algunas características de la región ............................. 32

2.1. El Beni, sede de las misiones jesuíticas ................. 322.2. El Chapare, la región cocalera ................................ 382.3. El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-

Sécure: la sobreposición de normas y conflictosjurídicos ..................................................................... 45

2.4. La Marcha Indígena por el Territorioy la Dignidad (1990) ................................................. 57

3. Actores sociales: las organizaciones sociales del TIPNIS . 623.1. Organizaciones indígenas: Subcentral

del TIPNIS y CONISUR ............................................... 623.2. Los sindicatos de los colonizadores ....................... 713.3. Aliados influyentes y adversarios ......................... 81

4. Indígenas y colonizadores: una convivenciaconflictiva ......................................................................... 85


4.1. Ocupación del espacio y gestiónde los recursos: visiones encontradas.................... 90

5. Bibliografía ....................................................................... 114

II. Los chiquitanos de las comunidades del cantónSan Juan, el gasoducto lateral San Miguel-Cuiabá

y el Bosque Seco Chiquitano

1. Introducción ..................................................................... 1252. Características generales de la región........................... 1263. Actores sociales y empresariales ................................... 130

3.1. Empresas multinacionales ENRON y SHELL .......... 1303.2. Los chiquitanos ......................................................... 132

4. Conflicto ............................................................................ 1464.1. Identificación y descripción .................................... 1464.2. Actores y lugar donde se desarrolla el conflicto,

composición social, forma de organizaciónde las comunidades, actividad económicaproductiva y uso de recursos en la zona ............... 148

4.3. Trayectoria y características del conflicto ............. 1614.3.1. Plan de Desarrollo Indígena PDI .................. 1784.3.2. Aliados y adversarios influyentes................ 2054.3.3. Repertorios tácticos ........................................ 2104.3.4. Impactos sociales y ambientales .................. 2144.3.5. Impactos socioambientales

en las comunidades de estudio .................... 2194.3.6. Resultados de los programas

en las comunidades de estudio .................... 2224.3.7. Diagnóstico postconstrucción

del gasoducto.................................................. 2324.3.8. Para finalizar ................................................... 235

5. Bibliografía ....................................................................... 238

7Índice

III. Comunidades vecinales y lógica empresarialen la gestión del agua en la ciudad de El Alto

1. Características generales de la ciudad de El Alto ....... 2492. Organización social de la ciudad .................................. 2523. Demandas sociales: los barrios “desbordados” .......... 259

3.1. La “guerra del gas” de octubre de 2003 ................ 2643.2. “Octubre negro” y la caída de Sánchez

de Lozada .................................................................. 2653.3. La movilización alteña ............................................. 267

4. Políticas del agua: consideraciones generales ............. 2704.1. La provisión de servicios de agua y alcantarillado:

privatización y sistema pro-poor ........................... 2755. El conflicto: la “guerra del agua” contra Aguas

del Illimani........................................................................ 2885.1. La organización vecinal ........................................... 2985.2. Propuestas de nueva empresa ................................ 301

5.2.1. Alcaldía de El Alto ......................................... 3015.2.2. FEJUVE .............................................................. 303

6. Bibliografía ........................................................................... 314

IV. Actividad petrolera en la región guaranídel Itika Guasu: la Repsol y el campo Margarita

en la tierra sin mal de los guaraníes

1. Introducción ..................................................................... 3252. Características generales de la región: descripción

geográfica, descripción demográficay característica socioeconómica ..................................... 326

3. Actores sociales ................................................................ 3353.1. Multinacional Repsol ypf ........................................ 3353.2. Los guaraníes ............................................................ 337

3.2.1. Antecedentes históricos ................................. 3394. Conflicto ............................................................................ 349

4.1. Identificación y descripción .................................... 349


4.2. Actores y lugar donde se desarrollael conflicto, organización de los guaraníes,actividad económico-productiva y usode recursos en la región, actividadhidrocarburífera y composición social .................. 351

4.3. Antecedentes, trayectoria y característicasdel conflicto ............................................................... 3644.3.1. Aspectos o factores en contra queincidieron en el conflicto y en la negociación....... 3864.3.2. Repertorios tácticos ........................................ 3874.3.3. Marcos interpretativos ................................... 3904.3.4. Aliados y adversarios influyentes................ 3944.3.5. Oportunidades verdaderas, falsaso aparentes de la actividad hidrocarburíferaen el Puerto Margarita ............................................. 4014.3.6. Impactos y problemas socioambientales .... 404

Para finalizar: ¿Qué quieren de aquí en adelantelos guaraníes y un futuro que se visualiza? ................. 409

5. Bibliografía ....................................................................... 411

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“No somos juguete de nadie…” es a la vez parte y resultado deun esfuerzo de análisis comparativo del Programa Mundial“Polo de Investigación de Mitigación de los Cambios GlobalesNorte-Sur” (NCCR Norte-Sur). La sistematización de investi-gaciones inter y trans-disciplinarias realizadas en Bolivia, Ar-gentina, México, India, Nepal y Pakistán ha permitido elabo-rar un marco analítico, interdisciplinario y común para indagarsobre las relaciones entre descentralización, movimientos so-ciales y recursos naturales. La hipótesis fundamental de la in-vestigación era que las políticas de descentralización que seejecutan en los países mencionados tienen mayor probabili-dad de llevar a una redistribución real de poder si se dan lassiguientes seis condiciones:

1. La descentralización expresa una reivindicación políticade actores de la sociedad civil –preferentemente constitui-dos como movimientos sociales–, que definen sus propues-tas en una visión integral, es decir, buscan reconstituir lodescentral-local en perspectiva de una transformaciónsocietal que tome en cuenta los niveles regionales y nacio-nales, de modo que son capaces de considerar los obstá-culos provenientes de los grupos que se reparten el poder

Presentación


político-económico-militar (gobiernos nacionales y orga-nizaciones internacionales, partidos políticos tradiciona-les, empresarios nacionales y transnacionales, etc.).

2. La descentralización es acompañada en su diseño e imple-mentación por movimientos sociales suficientemente fuer-tes, capaces de convertirse en entes de control social-polí-tico de las nuevas estructuras descentralizadas, a fin deevitar que los municipios y gobiernos locales sean coopta-dos por las élites locales, regionales o nacionales.

3. El modelo de descentralización es capaz de articularsecomplementariamente a las formas de gobernanza local,que generalmente tiene fuertes rasgos comunitariosenraizados en los “mundos de vida” y las cosmovisionespropias representadas por los actores de los movimientossociales, haciendo que los recursos naturales y los benefi-cios que se derivan de ellos sean considerados como bie-nes comunes.

4. La descentralización guarda relación con los patrones derepresentación -que son característicos de las propias for-mas de gobernanza-, reconociendo su rol fundamental enla formación de identidades colectivo-comunitarias y per-sonales.

5. En términos conceptuales, se propone entender los múlti-ples conflictos entre diferentes connotaciones, formas y mo-delos de descentralización como expresión de la lucha delos movimientos sociales por la recolonización del “sistemasocietal” dominante. Este sistema, mediante las políticas de“modernización” –que en los últimos veinte años eran declaro corte neoliberal– buscaban la colonización de los “mun-dos de vida” de los actores sociales que se inspiran en sig-nificados y vías de “desarrollo” más allá del eje ideológicoindividualista-materialista-economicista, buscando opcio-nes al avance de una sociedad post-capitalista.

6. Las políticas de descentralizacíon que logran ser acom-pañadas por movimientos sociales, conllevan estable-

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cer vínculos directos con los recursos naturales renova-bles (agua, biodiversidad) y no-renovables (hidrocarbu-ros y minerales) ya que los territorios de los que for-man parte constituye, a la vez, los escenarios deactuación de los movimentos sociales. La defensa de losrecursos naturales y la búsqueda del control sobre susbeneficios son fuente principal para las movilizacionespopulares basadas en identidades colectivas. Estas iden-tidades, enraizadas en construcciones sociales de terri-torios que expresan relaciones entre sociedad y natura-leza son propios de las culturas de las poblacionesmovilizadas.

Sobreel fondo de estas ideas se han enriquecido los dife-rentes estudios de caso con dos investigaciones externas alNCCR Norte-Sur, buscando generar elementos analíticos yempíricos que confirmen o cuestionen las suposiciones bási-cas del equipo de investigadores del NCCR Norte-Sur. En estesentido, se decidió que los estudios complementarios deberíanhacerse en dos contextos de experiencia y tradición consolida-da con el tema de descentralización.

Se optó, entonces, en profundizar en las experiencias dedescentralización en Bolivia y en el Estado de Kerala, de In-dia. Ambos casos se destacan por su modelo de descentraliza-ción, que en términos generales muestra rasgos especiales conalto potencial de aprendizaje: en Bolivia la descentralizaciónsobresale por su coherencia en la transferencia de responsabi-lidades y recursos económicos, y la búsqueda de una articula-ción para el control social. Se trata de ir más allá de un sistemade democracia representativa convencional y que tiene comorecurso principal las elecciones de los concejales municipalescada cinco años.

El caso de Kerala constituye una experiencia de más decuarenta años de un modelo de descentralización que se haconstruido sobre la base de una amplia movilización popular.

Presentación


Esto resultó en un nivel de desarrollo social-económico queexpresamente busca fortalecer al Estado como actor activo delos procesos de desarrollo local, permitiendo colocar al Estadode Kerala en la delantera del desarrollo humano de toda In-dia, lo que le ha permitido, incluso, competir –en algunos as-pectos– con países considerados “desarrollados”. El procesofue promovido por el Frente Democrático de Izquierda, queaunque ligado al Partido Comunista, es democráticamente ele-gido. Sobre principios marxistas logró establecer políticas dedesarrollo que muestran caminos para llegar más allá de laréplica mecánica de las recetas derivadas de las sociedadesneoliberales del norte.

Se ha encargado a dos investigadores reconocidos y crí-ticos contrastar los supuestos básicos formulados por el equi-po de investigadores del NCCR Norte-Sur con su propio aná-lisis de la relación entre descentralización, movimientossociales y recursos naturales. Se tuvo la suerte de poder reci-bir estos aportes de dos investigadores destacados de Boli-via y Kerala. Los estudios han sido encargados al Lic. ÁlvaroGarcía Linera, hoy en día Vicepresidente electo de la Repú-blica de Bolivia, quien junto a un equipo de investigadorescompuesto por la Lic. Shirley Orozco y el Lic. Pablo Stefanoniproporcionaron un excelente estudio de caso de Bolivia, el queahora se pone a disposición del público en general. El estudiode Kerala fue realizado por los profesores universitarios K.N.Nair y R. Ramakumar, quienes, desde hace décadas, acompa-ñaron a los movimientos sociales de Kerala, de forma teóricay también práctica.

Aportes fundamentales

Los aportes más sobresalientes del presente estudio al debatede los investigadores del NCCR Norte-Sur son, sin lugar a du-das, los siguientes:

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Todos los grandes movimientos sociales que retan a lasestructuras políticas, económicas, sociales y simbólicas de lasociedad boliviana están directamente relacionados al controlde los recursos naturales renovables (tierra, agua, bosques-biodiversidad) y no renovables (hidrocarburos y minerales).Es importante resaltar que los “mundos de vida”, enraizadosen las cosmovisiones indígenas o locales propias de los actoresde los movimientos sociales, hacen que los recursos naturales ylos beneficios que se derivan de ellos sean considerados comobienes comunes. Si bien el sustrato ideológico-vivencial del cualse alimentan los movimientos sociales varía de acuerdo al con-texto sociocultural e histórico, considerar los recursos natura-les como bien común es el elemento articulador que los une encontra de la mercantilización de los recursos naturales. Ellomismo los motiva a desarrollar alternativas de su uso y mane-jo en la perspectiva de una sociedad postcapitalista.

La persistencia de la economía mercantil simple, unida alcrecimiento demográfico, marca la “nueva ruralidad” caracte-rizada por el deterioro acelerado de las condiciones sociales yecológicas de su propia reproducción. Esto conduce a una “nue-va urbanización” por falta de alternativas económica viablesen la extensión urbana de la “lógica tradicional agraria”. Se con-cluye que no se pueden entender los conflictos en torno a losrecursos como expresión de una sociedad tradicional en replie-gue, sino más bien como resultado de un orden social, econó-mico y cultural, simultáneamente privado, tanto de las condi-ciones de su reproducción (tierra, agricultura, agua y derechossocioculturales) como de las posibilidades de su transformación.

En esta perspectiva, los conflictos en torno a los recursosnaturales son resultado de la expansión de las relaciones mer-cantiles y capitalistas hacia el ámbito de los recursos naturalesrenovables y no renovables. A pesar de que en su dimensiónteórica estas políticas se fundamentan en un discurso neoliberal,en la práctica lo contradicen de frente ya que son los oligopoliosde las empresas transnacionales del agua, gas, petróleo, mine-

Presentación


rales y recursos biológico-ecológicos los que dominan “los rolesde juego”. Esto impide que la supuesta “mano invisible delmercado” se haga cargo de la asignación y distribución eficien-te de los recursos naturales, financieros y humanos de un modoque permita reducir los elevados grados de pobreza, corrup-ción, exclusión, degradación y la destrucción de las bases socia-les, materiales y simbólicas de la sociedad boliviana.

Entender las relaciones entre descentralización, movi-mientos sociales y recursos naturales requiere de la conside-ración de niveles y actores que operan más allá de los ámbi-tos locales-regionales que son los espacios primordiales parael uso de los recursos naturales. Implica, asimismo, conside-rar la aplicación de las políticas de descentralización y losmovimientos sociales. Es decir, se deben entender los con-flictos entre los actores nacionales e internacionales (organis-mos multilaterales como Banco Mundial, FMI, BID, ONGconservacionistas, empresas transnacionales y sus aliadospúblicos y privados nacionales), y los múltiples movimien-tos sociales, como una lucha por el rol y control del poderdel Estado central como plataforma decisiva para definir eltipo de articulación entre los diferentes grupos sociales quecomponen la sociedad boliviana.

Esto hace que, a pesar de los importantes avances en lasconceptualizaciones y los modos de implementación de la des-centralización, los movimientos sociales –junto con la mayo-ría de los nuevos municipios emergentes–, como aquellos ac-tores que resisten la transformación de las estructuras actualesde poder y siguen concentrando sus esfuerzos políticos prin-cipalmente hacia el Estado central. Ambos grupos de actoresaprendieron –en posiciones societales opuestas– que es en estenivel donde se define tanto el tipo de Estado, su rol en la so-ciedad, así como su capacidad redistributiva material y social.Es decir, la observación –a primera vista contra-intuitiva– quela existencia de actores sociales fortalecidos a nivel local y re-gional, en vez de reducir los conflictos en torno al Estado cen-

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tral, contribuyó a su incremento, lo que es consistente con estaperspectiva analítica.

No querer ser “juguete de nadie…” muestra con toda cla-ridad que las tipologías derivadas principalmente desde lospaíses industrializados, expresadas en términos de movimien-tos sociales “viejos” y “nuevos”, queda obsoleta frente a la rea-lidad social actual de Bolivia. En los movimientos sociales dejuntas vecinales en el área urbana, o los sindicatos agrarios ycomunidades indígenas convergen aspiraciones materiales,sociales e indentitarias de manera específica y original. Estohace imposible diferenciar los movimientos, separándolos porla predominancia de reivindicaciones relacionadas más a as-pectos económicos-materiales y a la condición de la fuerza detrabajo, o los aspectos “identitarios-ético-filosóficos” (caracte-rísticos de los movimientos sociales “nuevos”). La propuestade los autores, de desarrollar una tipología nueva que tome encuenta la manera en la que las clases sociales subalternas ypueblos indígenas originarios confrontan la disputa por el con-trol, gestión y acceso a los diferentes recursos controlados porel Estado, las formas de acción colectiva, los repertorios y es-cenarios de movilización y las estrategias de articulación in-terna y externa desarrollados para este fin, dan pautas concre-tas para ello.

El programa NCCR Norte-Sur es consciente de que con elpresente libro puede contribuir a un proceso societario nuevoque busca superar el rol de Bolivia como “alumno ejemplar”en la aplicación de las políticas neoliberales. Con la elecciónde Evo Morales Ayma como primer presidente indígena enBolivia y en toda Amerindia, y del vicepresidente Lic. ÁlvaroGarcía Linera, se ha empezado a sustituir la “mano invisibledel libre mercado” por la “mano visible”. Teniendo por guíaun corazón sensible y una mente fortalecida, este proceso bus-ca construir un sistema político y social que reconoce los apor-tes específicos de la modernidad, en la medida que permitanenriquecer la realización de las aspiraciones que surgen de los

Presentación


“mundos de vida” y cosmovisiones que son propias de los ac-tores populares e indígenas originarios. Contribuir con nues-tro granito de arena significa no solamente cumplir con unaresponsabilidad social, que es parte central de la investigacióntransdisciplinaria como tal, sino también es expresión de laesperanza de que lo que está ocurriendo en Bolivia pueda en-gendrar un “pacha” (tiempo-espacio) renovado que abra nue-vos horizontes para las sociedades en todo el planeta. Apoyarel paso de la “sociedad clandestina” a la “luz del día” a travésde un gobierno democráticamente legitimado es una primeraoportunidad para todos, sean bolivianos o amigos de corazón.

Stephan RistCoordinador científico del componente

transversal del NCCR Norte-Sur

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Análisis comparativo: la relación entre movimientossociales, recursos naturales, estado y descentralización

Los cuatro estudios de caso tratados en el presente libro abor-dan las relaciones conflictivas y/o negociadas en el manejo derecursos naturales por parte de campesinos, indígenas, empre-sarios y Estado.

La primera investigación indaga las querellas por la tierray el territorio entre campesinos-indígenas migrantes de tierrasaltas (“colonizadores”) e indígenas de tierras bajas a en el Par-que Isiboro-Sécure, en la frontera entre Cochabamba y Beni.

La segunda analiza los efectos de la construcción de un ga-soducto por una reserva natural (el Bosque Seco Chiquitano enSanta Cruz) y los conflictos entre TRANSREDES, la empresa pro-pietaria del gasoducto San Miguel-Cuiabá, y las comunidadeschiquitanas asentadas en las inmediaciones del Bosque Seco.

El tercer estudio de caso es el referido a los conflictos por lagestión del agua potable en la ciudad de El Alto entre un con-sorcio internacional (Aguas del Illimani) y los vecinos organi-zados en torno a las juntas de vecinos en el periodo 1998-2005.

El último estudio está dedicado a las tensiones entorno alos modos de uso y gestión del territorio entre la empresa pe-

Introducción


trolera Repsol YPF y las comunidades guaraníes en el campoMargarita, en la región del Itika Guasu, Tarija.

Si bien el tema de los recursos naturales es una problemáti-ca de larga data en el país debido a las características de su eco-nomía primario-exportadora, la diversidad de recursos natura-les existentes y la amplia base campesina de la poblacióntrabajadora, en los últimos años veinte años las disputas entor-no a su propiedad, gestión y control han retomado una intensi-dad extraordinaria. Para ello han influido varios factores: el cre-cimiento demográfico de la población y la necesidad de accedera nuevos medios de reproducción material con la creciente va-lorización mercantil de recursos anteriormente disponibles fá-cilmente (la tierra); la contracción del mercado laboral indus-trial que presiona la frontera agrícola; la intensificación de unaactividad económica extractiva de recursos naturales no reno-vables (hidrocarburos, minería) y renovables (agricultura inten-siva, bosques), etc. Se trata de procesos de larga duración quelentamente van generando fronteras de fisura entorno al controlde bienes sociales y naturales que tienden a habilitar espaciosde conflicto en caso de que no sean canalizados mediante me-canismos redistributivos de la riqueza socialmente disponible.

Pero lo que más ha influido en este nuevo ciclo de tensio-namientos sociales respecto al control y uso de recursos natu-rales es el régimen de desarrollo económico de los últimos vein-te años, fundado en la atracción de capitales externos y laprivatización de recursos públicos estatales (hidrocarburos,ferrocarriles, minería, etc.,) como no estatales (agua, territoria-lidad indígena).

Como es sabido, Bolivia ha atravesado en los últimos cin-cuenta años dos proyectos de modernización. El primero bajola modalidad de capitalismo de Estado, que intentó procesosde industrialización moderada de la economía en base a la ex-plotación minera. Si bien esta modalidad tuvo un impacto noci-vo en el tratamiento de los recursos naturales, ello no fue temade debate público pues prevalecía en la opinión pública una ra-

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cionalidad industrialista que hacía invisible la temática, ademásde que la propiedad estatal y los procesos de movilidad socialresultantes de la redistribución social del excedente minero mi-tigaban la querella en relación a la propiedad de esas riquezas.

A partir de 1995, la economía boliviana da un giro al pro-mover principios de libre mercado, atracción de inversión ex-terna y privatización de recursos públicos estatales y no esta-tales. Con ello no sólo se modifica las formas de propiedad delos recursos naturales, sino también de apropiación y concen-tración de los excedentes generados por su explotación y pro-cesamiento. La privatización rompe el mito legitimador del usodepredador de los recursos naturales por necesidad “pública(estatal)” o “prioridad nacional” y desata una pelea abierta ycada vez más generalizada entre “privados” (empresarios, ciu-dadanos, comunidades) por el control, gestión y apropiaciónde los recursos naturales. A la vez, el modelo privatizador su-prime los mecanismos de redistribución social de la riquezapública (derechos sociales) al externalizar los excedentes eco-nómicos (cerca del 40% del PNB está en manos de inversionistasexternos), comprime los procesos de asalariamiento (cierre deempresas y ampliación del trabajo informal), y deteriora o es-tanca los ingresos de la población (850 dólares/año/personadesde hace veinte años), cerrando las antiguas rutas de movi-lidad social ascendente.1

Este “modelo” de desarrollo basado en la inversión extran-jera ha llevado a: 1) una ampliación de las áreas geográficasde disputa y apropiación intensiva de recursos naturales paraser sometidas a una economía de enclave de exportación; 2)una reconversión de la lógica del acceso a recursos como dere-cho, a una lógica de provisión y consumo de recursos en fun-

1 Álvaro García Linera, “Los impactos de la capitalización. Evaluación atermino medio”, en 10 años de la capitalización. Luces y sombras, Delega-ción presidencial para la revisión y mejora de la capitalización, La Paz,2005.

Introducción


ción de la rentabilidad y el mercado; y 3) una creciente valori-zación de recursos anteriormente poco mercantilizados.

El primer caso, la extensión geográfica de las zonas de dis-puta de recursos naturales corresponde los estudios sobre lasrelaciones conflictivas entre empresas petroleras y pueblos in-dígenas para la explotación de campos gasíferos (Itika Guasu)y el transporte de gas (la Chuiquitania).

La dinámica del conflicto por la expulsión de la empresaextranjera Aguas del Illimani en la ciudad de El Alto corres-ponde al segundo eje de conflictividad, en tanto que la ten-sión entre “colonizadores” campesinos y pueblos indígenas detierras bajas por el control de tierras y bosques (Parque Isiboro-Sécure) corresponde al tercer eje.

Cada una de estas fronteras de tensión social por el controlde recursos naturales presenta características comunes y diná-micas diferenciadas. Comencemos por lo primero.

Las cuatro áreas de estudio indagan conflictos de recienteformación. Tanto la “guerra del agua” en El Alto, como los cho-ques entre empresas petroleras y pueblos indígenas tienencomo antecedentes circunstancias de reciente data (privati-zaciones, Ley de Inversiones de los años noventa). Incluso ladisputa entre campesinos-indígenas de tierras altas con indí-genas de tierras bajas no tiene más de veinte años de antece-dentes. En ese sentido, se puede decir que buena parte de losejes de tensión, y de hecho los más importantes, son resultadode los recientes procesos de “modernización” económica.

Sin embargo, esto requiere una explicación. A diferenciade estudios sobre otros procesos de modernización que ponenen crisis las sociedades tradicionales, dando lugar a accionesdefensivas de los sujetos sociales,2 en el caso boliviano no es-

2 P. Bourdieu ; A. Sayad, Le Déracinement. La crise de l´agriculturetraditionnelle en Algérie, Les Éditions de Minuit, Paris, 1964. También,Ch. Tilly, L. Tilly, R. Tilly, El siglo rebelde 1830-1930, Prensa Universitariade Zaragoza, España, 1997.

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tamos ante procesos de modernización expansiva que coloquenen crisis a las sociedades tradicionales ante la amenaza de sulenta disolución por nuevas y expansivas relaciones sociales“modernizantes” (economía de mercado, asalariamiento, mo-vilidad social ascendente). En Bolivia, lo que sucede es unaagresión a las condiciones de reproducción de las sociedadestradicionales e indígenas, tanto urbanas (El Alto) como rura-les (Chiquitania, Itika Guasu); pero acompañada de una ex-tensión demográfica y geográfica de la estructura básica deesas sociedades. Las economías de acumulación no se presen-tan como opciones irradiantes, sino como intervenciones deenclave que simplemente deterioran las condiciones de repro-ducción de las economías tradicionales, pero sin la fuerza desustitución histórica. Esto ha dado lugar a una “nueva rura-lidad” de resistencia y sobrevivencia mediante el incrementodel número absoluto de campesinos bajo reacciones mercanti-les simples (Chapare, norte de La Paz) y a una “nueva urbani-dad” mediante la extensión urbana de la lógica tradicionalagraria (economía mercantil simple) al mundo urbano del tra-bajo informal y familiar en continua expansión (en los últimosquince años se ha ampliado del 58 al 69% de la población eco-nómicamente activa de las ciudades).3 Por eso es que no sepuede ver estas tensiones como expresión de una sociedad tra-dicional en repliegue, sino como conflictividades de un ordensocial y económico simultáneamente expropiado de determi-nadas condiciones de existencia (tierra, agricultura, derechossociales) y en expansión geográfica y demográficamente.

Una segunda característica de los casos estudiados es lapresencia de empresas extranjeras en la generación de la dis-puta conflictiva de los recursos naturales. Con excepción delconflicto en la zona del parque Isiboro-Sécure, las tensionespor los recursos naturales han venido de la mano de la expan-

3 Carlos Arce, “Empleo y relaciones laborales en Bolivia”, en Bolivia ha-cia el siglo XXI, CEDLA/CIDES/PNUD, La Paz, 2000.

Introducción


sión de la actividad económica en servicios (agua) o recursosnaturales no renovables (hidrocarburos) por parte de inversio-nistas extranjeros. Esto no sólo es un resultado de los casoselegidos, sino que una rápida revisión de los principales con-flictos entorno a recursos naturales presentes en los periódi-cos y las investigaciones académicas tienen que ver con em-presas extranjeras. Esto no es un hecho casual, pues el 40% delPNB en Bolivia está en manos de capitales externos, en tantoque las fundamentales áreas de inversión en explotación derecursos naturales están en manos de los mismos inver-sionistas. De hecho, esa era la intencionalidad de las reformasestructurales de libre mercado aplicadas desde los años ochen-ta. Por ello no es extraño que los principales problemas res-pecto a control y uso de recursos naturales, las principalesmovilizaciones sociales y las sublevaciones más extendidas enel país hayan tenido y tienen como protagonistas a los inver-sionistas externos, más aún cuando la actividad extractiva rea-lizada por inversiones externas se caracteriza por ser de encla-ve de extracción de recursos, materia prima que no posibilitala redistribución de beneficios, vía creación de empleos o in-versiones en modos de industrialización. Sin embargo, esto nosignifica que toda la inversión externa pueda ser consideradacomo foco de inevitable conflictividad social. En la minería oen telecomunicaciones hay ejemplos de presencia de capitalesexternos con capacidad de articular consensos regionales ynacionales por el modo de accesibilidad a los servicios, el em-pleo de fuerza de trabajo de las zonas, el tratamiento de cier-tas compensaciones ambientales acordadas con organizacio-nes sociales, etc.

Con todo, está claro que por la nueva estructura propieta-ria de la economía “moderna” y su propia orientación extrac-tiva de recursos naturales, las inversiones extranjeras son yseguirán siendo sujetos de tensiones y confrontaciones conotros actores sociales locales en la disputa por el uso y gestiónde recursos naturales.

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Un tercer elemento en común de estas experiencias estu-diadas es la irrelevancia del sistema político formal para de-tectar, canalizar, conducir o resolver los puntos de conflicto.En la medida que el Parlamento y el Ejecutivo han estado con-trolados de manera indistinta por partidos y funcionarios con-vencidos de las virtudes de la economía de mercado, la institu-cionalidad estatal no sólo que no tiene ningún interés pararesolver las demandas colectivas de los sectores afectados, sinoque además toma decisiones directamente favorables a aque-llos actores promotores de apropiaciones empresariales de losrecursos. De hecho, tal como se muestra en el estudio, buenaparte de arquitectura legal reformada en los últimos veinte añostiene este contenido estructural de libre mercado y de ahí quelos incentivos que tienen los sectores subalternos por utilizarlos recursos legales para resolver o defender sus intereses seanescasos, ampliándose la inclinación del uso de la acción colec-tiva antes que la institucionalidad legal.

Pero además la baja capacidad de representación políticade partidos políticos que únicamente se acercan a sus votan-tes en el momento de elecciones reduce aún más la confianzaen las instituciones como escenarios de resolución de conflic-tos, incrementando la separación entre institucionalidad polí-tica y confrontaciones sociales.

En todos los casos estudiados, la visualización del conflic-to, el tratamiento del mismo, el acercamiento de partes e in-cluso las resoluciones parciales a cada uno de los temas de con-frontación entre actores empresariales, campesinos, indígenasy vecinales muestra una sorprendente autonomía respecto alos organismos de representación política formal, por lo que labúsqueda de soluciones es siempre leída como un tema de co-rrelación de fuerzas capaces de movilizar. Incluso las razonesy la legalidad esgrimidas por los actores no son un fin en símismo, sino simples medios de legitimación de accionesextrainstitucionales (presiones empresariales o movilizacionessociales dirigidas al gobierno) para incrementar la correlación

Introducción


de fuerzas de uno u otro bando. En ese sentido, la baja institu-cionalidad de la resolución de conflictos es la que permite quelas disputas entorno a problemas de propiedad, gestión y usode recursos naturales sean siempre leídas por todos los acto-res, incluido el Estado, como problemas de confrontación, demedición de fuerzas de una especie de guerra de baja intensi-dad perpetua por recursos.

En términos de resultados, está claro que estos son siem-pre dudosos, susceptibles de una nueva lectura dependiendode las circunstancias y las modificaciones de la correlación defuerzas. Por eso las “soluciones” a las que se arribe sobre lostemas en disputa siempre tienen la carga de simples treguas, dearmisticios temporales expuestos a nuevas querellas en funciónde la variación de la situación de fuerza de los actores. A todoesto podemos denominarlo como conflictos de débil canaliza-ción institucional y de frágil perdurabilidad en el tiempo.

Directamente vinculado a lo anterior, una cuarta caracte-rística común de los estudios de caso es la escasa e irrelevantepresencia de los niveles intermedios de las funciones adminis-trativas del Estado (prefecturas y municipios) en la regulacióno atención del conflicto. En la medida que los temas sobre re-cursos naturales (tierra, hidrocarburos, minerales, bosques,agua, biodiversidad, etc.) están bajo legislación nacional, lasdisputas y diferencias respecto a su control, propiedad y usoconfrontan directamente actores privados (empresas) y colec-tivos (comunidades indígenas, vecinos urbanos, sindicatosagrarios) reconocidos en sus derechos y prerrogativas por lalegislación nacional. Por tanto, la querella entre partes de ma-nera inmediata ubica al gobierno central como un actor inevi-table del conflicto, dejando de lado la intervención ejecutivade cualquier otro nivel intermedio del Estado (Prefectura, Al-caldía). De ahí que las propias movilizaciones sociales seanencaminadas directamente al gobierno nacional en suinstitucionalidad superior (Ejecutivo y Legislativo), de quiense espera la atención final de la demanda.

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Esto es mucho más evidente en zonas rurales donde lapresencia del Estado y de sus representaciones intermedias es“gelatinosa”, de reciente existencia y poco efectiva por sus li-mitaciones legislativas, los bajos recursos y los límites de sucapacidad de representación social. Pero incluso en el caso deEl Alto, donde la Alcaldía de la ciudad tiene una presenciaimportante en la regulación de los servicios, su presencia fuemarginal en el conflicto y no fue considerada como central almomento de la realización de las movilizaciones de las juntasde vecinos, que interpusieron la demanda de expulsión de laempresa concesionaria ante el gobierno central. En esto tam-bién cuenta una larga cultura “centralista” de los movimien-tos sociales bolivianos que a lo largo de su historia tienen lamemoria de que los temas fundamentales de sus demandas seresuelven desde “arriba”, en confrontación o petición al go-bierno central.

Esto no quita que los niveles intermedios de la adminis-tración estatal no intervengan en algún momento del conflic-to, aunque por lo general lo hacen al momento de la legaliza-ción de los acuerdos hallados, sin su participación, entre lossectores sociales movilizados y el gobierno central; o bien paraobtener algún beneficio colateral en la gestión de recursos, pri-vados o estatales, en caso de que los acuerdos concluyan conla conquista de beneficios económicos para la región de lossectores movilizados.

La intervención de estos niveles descentralizados del Es-tado es, por tanto, de carácter meramente administrativo y casinunca resolutivo ni mucho menos político. Y ello no solamen-te por las escasas atribuciones político-administrativas y legis-lativas que poseen legalmente, sino además porque se trata deinstitucionalidades de aún débil presencia política regional,más aún cuando los problemas planteados tienen una dimen-sión de carácter político-nacional. En algunos casos, especial-mente en el campo, la autoridad de estos niveles intermediospuede llegar a ser incluso menor a la de las propias estructu-

Introducción


ras sindicales o gremiales de la sociedad, por lo que su influen-cia es por lo general reducida.

Sin embargo, en un escenario cambiante de correlación defuerzas, cada uno de los actores sociales buscará sumar fuer-zas incorporando a su lado a estas instancias administrativas,aunque esa sumatoria no sea necesariamente decisiva.

Una quinta continuidad de los estudios es la presencia demovimientos sociales como modos de visibilización, organiza-ción y gestión social del conflicto por los recursos naturales.

Ya sea el tema del agua, la tierra, el territorio, el bosque, elgas, las disputas sociales respecto al control de recursos natu-rales tienen como a un sujeto privilegiado a distintos tipos demovimientos sociales. Las juntas de vecinos, los sindicatosagrarios, las comunidades indígenas, en todos los casos en quelas clases sociales subalternas o los pueblos indígenas se hanvisto confrontados a temas de disputa por el control, gestión oacceso a determinados recursos naturales, se ha gestado en-torno a ello particulares estructuras de acción colectiva concapacidad de organización territorial estable, repertoriosidentitarios, palestras de movilización y estrategias de articu-lación social características de la constitución de un movimien-to social.4

En algunos casos, como en Itika Guasu o la Chiquitania,la disputa de los recursos ha sido el elemento articulador de lamovilización colectiva y de la construcción de niveles organiza-tivos regionales e institucionalizados. En otros, como el de ElAlto, la disputa por el agua ha llevado a una politización delmovimiento vecinal, convirtiéndolo en un movimiento socio-político que incluso ha llegado a plantearse el tema de presen-cia política en el Parlamento o la propia toma del poder comomecanismo eficaz de cumplir sus objetivos. En el caso de loscampesinos e indígenas del trópico (Parque Isiboro-Sécure), el

4 D. McAdam; J. McCarthy; M. Zald, Movimientos sociales: perspectivas com-paradas, ISTMO, España, 1999.

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desplazamiento territorial del lado de los “colonizadores” o ladefensa territorial, del lado de los indígenas de tierras bajas,viene de la mano de fuertes estructuras organizativas y demovilización que cotidianamente ponen a prueba sus reperto-rios tácticos.

Ciertamente, se trata de una propensión organizativa muycaracterística de la sociedad boliviana. De hecho, se puede de-cir que las clases subalternas en Bolivia, en cualquiera de susubicaciones, son organizadas por excelencia y de ahí que conrelativa facilidad el acceso o disputa por el control de algúnrecurso, natural o social, de beneficio público lleve inmediata-mente a la formación de “empresas de movilización” durade-ras y con gran capacidad de presión.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucedía décadas ante-riores cuando los distintos movimientos sociales quedabanorganizados jerárquicamente entorno a la Central Obrera Bo-liviana (COB), hoy existe una proliferación de estructurasorganizativas de la sociedad de carácter local o regional, celo-sas de su autonomía y fuertemente territorializadas entorno atemáticas específicas. Si bien ello permite la construcción deredes organizativas de movilización fuerte en lo local, su debi-lidad viene por las limitaciones para articular movilizacionesnacionales capaces de ampliar su fuerza de presión. Con todo,en momentos excepcionales como octubre de 2003 o mayo-ju-nio de 2005, se han podido configurar alianzas temáticas y tem-porales orientadas a objetivos comunes (renuncia del ex presi-dente Sánchez de Lozada, nacionalización del gas, etc.), paraluego cada cual volver a sus temáticas específicas y regionales.

Junto con estas similitudes que presentan los estudios, tam-bién hay notables diferencias resaltadas por cada una de lascuatro investigaciones. Los temas de conflicto son diferentes ymovilizan intereses, sujetos colectivos y fuerzas claramentediferenciadas. En unos casos tenemos a empresas petroleras,en otros a empresas de agua y en el otro ejemplo a campesinoscontra indígenas.

Introducción


Asimismo, las identidades, los repertorios de movilizaciónson diferentes de una zona a otra, al igual que la capacidad dearticular aliados. Incluso los objetivos y los resultados son di-ferentes. Mientras que en el caso de los hidrocarburos hay uncierto fatalismo respecto a la imposibilidad de detener su ex-pansión en territorialidades indígenas, lo que lleva a las co-munidades a buscar la mejor manera de negociar compensa-ciones, en el caso de las juntas de vecinos de El Alto, laposibilidad de revertir la presencia de capital externo se hapresentado como un objetivo realizable e incluso extensible alámbito de los hidrocarburos.

En conjunto, tenemos cuatro ejemplos que grafican la com-plejidad de estrategias, resultados, institucionalidades y objeti-vos que hoy mantienen tensionada, de una manera generaliza-da y expansiva, a la sociedad boliviana. Pensar en mecanismosinstitucionales que resuelvan esta conflictividad es uno de losretos de los distintos actores involucrados en la problemática.Sin embargo, la investigación muestra que de momento tantoEstado, empresas extranjeras y movimientos sociales se mue-ven entre una preservación del orden legal e institucional pre-valeciente, pese a los conflictos y desavenencias que provoca, oa una reversión total de ese orden legal-institucional. Las reflexio-nes sobre salidas intermedias o de equilibrio entre estas dos vi-siones son escasas en las estrategias de los actores involucrados.

Quizás esa sea precisamente la gran tarea de transforma-ción legal, institucional y cultural que debería acompañar larealización de la Asamblea Constituyente como modo de arti-culación de racionalidades e intereses sociales que actualmen-te aparecen confrontados.

Shirley Orozco Ramírez Pablo StefanoniInvestigadora Investigador

Álvaro García LineraCoordinador

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I. Dos concepciones del territorio:indígenas y colonizadores en la zona

de colonización del TerritorioIndígena Parque Nacional

Isiboro-Sécure (TIPNIS)

Río Moleto, la “línea roja”. Vista frente a la comunidad de San José de la Angosta.

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1. Introducción

El propósito de este capítulo es indagar acerca de las diferentesconcepciones del territorio presentes en el área de colonizaciónubicada al sur del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). Para ello se ha seleccionado dos comunidades,donde se recogieron testimonios de informantes claves (dirigen-tes colonizadores e indígenas) mediante entrevistas cerradas ydiálogos informales: Santísima Trinidad, al interior de la zonade colonización, y San José de la Angosta, colindante a la “línearoja” que pone un límite a la expansión de los colonizadores ymenos expuesta a la influencia de estos últimos. Adicionalmente,hemos entrevistado al Alcalde del municipio chapareño de Vi-lla Tunari y a algunos integrantes del Concejo Municipal, pro-venientes de localidades del Isiboro-Sécure.

El acceso a la zona de colonización del TIPNIS se realizadesde el pueblo de Isinuta (a aproximadamente dos hora deVilla Tunari). En época de lluvia (de diciembre a marzo) el ca-mino, construido y mantenido por los colonizadores, es atra-vesado por varios ríos, por lo que la entrada sólo es posiblemediante camiones “unimog”; en temporada seca pueden in-gresar algunas movilidades. Estos camiones salen de Isinuta“cuando hay pasajeros” y tardan tres horas en llegar a Santísi-ma Trinidad. A San José de la Angosta entran generalmentedos veces por semana y el viaje dura unas seis horas. Santísi-ma Trinidad está ubicada entre dos grandes asentamientos decolonizadores: Villa Bolívar al sur y Aroma al norte, y está po-blada por colonos aymaras y quechuas, e indígenas mojeños-trinitarios (viven aproximadamente cincuenta familiastrinitarias y veinte de colonizadores). Pese a que el área de co-lonización se encuentra, de hecho, bajo jurisdicción del depar-tamento de Cochabamba (provincia Chapare) y del municipio


de Villa Tunari, Santísima Trinidad depende del Beni (provin-cia de Moxos y del municipio de San Ignacio de Moxos). SanJosé de la Angosta se encuentra cruzando el río Moleto, su po-blación asciende a 18 familias, todas de origen mojeño-trinitarioy en los últimos años ha reforzado sus vínculos con el munici-pio de Villa Tunari, especialmente desde la gestión de FelipeCáceres, alcalde electo por el Movimiento al Socialismo-Instru-mento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).

2. Algunas características de la región

Bolivia –que ocupa una superficie de 1.098.581 km2 y poseeuna población de 9,3 millones de habitantes–1 se dividefisiográficamente en dos grandes regiones: la región andina ylas tierras bajas. Estas últimas, que abarcan el oriente, el Cha-co y la Amazonia, cubren el 70% del territorio nacional e in-cluyen zonas tropicales amazónicas, sabanas, zonas de transi-ción y el árido Gran Chaco. Actualmente, 36 de los 39 pueblosindígenas existentes en Bolivia se encuentran en las tierras ba-jas,2 aunque demográficamente estas poblaciones son signifi-cativamente menos numerosas que las andinas. Según el Cen-so Indígena de 1994, la población indígena de tierras bajasascendía a 220 mil personas, con pueblos cuyo tamañopoblacional se ubica en aproximadamente 50 mil personas,frente a otros con menos de cincuenta.

2.1. El Beni, sede de las misiones jesuíticas

El departamento del Beni –en cuya jurisdicción se ubica lamayor parte del TIPNIS, incluyendo la localidad de Santísima

1 Instituto Nacional de Estadística, población calculada para junio de 2005sobre la base del Censo de Población y Vivienda del 2001 (La Prensa, 10de julio de 2005).

2 Wilder Molina, “Las luchas indígenas en el Beni: resultados y efectospolíticos”, CIDDBENII, publicación Nº 38, julio de 1993.

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Trinidad– ocupa el 20% del territorio nacional boliviano, conuna superficie de 213.564 km2. Sin embargo, su población re-presenta sólo el 4,3% del total: 276.174 habitantes y una densi-dad de 1,29 hab./km2. Se trata de una zona caracterizada poruna economía basada en la explotación de recursos naturalesy por la existencia de varios centros urbanos con un alto gradode incomunicación física y económica entre sí, que dificulta suarticulación como región3 dada la inexistencia de infraestruc-tura vial. Los llanos de Moxos, territorio que abarca una granparte del Beni, han sido desde hace miles de años un territoriomultiétnico y actualmente los indígenas representan aproxi-madamente un 20% de su población total.4 Fue en este territo-rio donde, en 1593, se establecieron las misiones jesuíticas es-pañolas que entre 1682 y 1744 organizaron 26 reducciones–espacios que concentraban grandes poblaciones indígenasbajo la tutoría de los religiosos– en las que predominaban losmojeños.5

Esta presencia de los jesuitas, junto a la de los colonizado-res españoles, afectó fuertemente a las formas de organizaciónsocial y ocupación del espacio territorial de los pueblos indí-genas. Lehm6 –retomando la tesis de Block (1980)– habla deuna “cultura reduccional” que sobrevivió a la expulsión de losjesuitas por la Corona española en 1767 y que perdura en nues-tros días, consistente en la síntesis de elementos de la culturaprereduccional mojeña con elementos europeos, en un proce-so en el que los indígenas jugaron un rol dinámico, “seleccio-

3 Wilder Molina, “Cultura política y movimientos sociales. La culturapolítica en la emergencia del movimiento indígena de la marcha por elterritorio y la dignidad de 1990”, tesis de maestría, Universidad de laCordillera, 2002.

4 Molina, “Las luchas indígenas…”.5 Molina, Ibíd. Lehm, Zulema, La búsqueda de la Loma Santa y la marcha

indígena por el territorio y la dignidad, APCOB; CIDDEBENI; OxfamAmérica, Santa Cruz de la Sierra, 1999.

6 Lehm, Ibíd.



nando, fusionando y refuncionalizando los elementos europeosa sus propias condiciones culturales y a las condiciones de sumedio”, en una suerte de “pacto reduccional”.7 Históricamen-te, se fueron configurando escenarios de conflicto –muchos deellos invisibilizados hasta nuestros días– y de emergencia dediversas formas de resistencia para enfrentar los procesos deagresión y usurpación de sus territorios; acciones que gene-ralmente se caracterizaron por ser defensivas y restringidas alos espacios locales.8

Con la instauración de la República en 1825, las condicio-nes de vida de estos pueblos del oriente no mejoraron; por elcontrario, con el auge de la goma –con posterioridad a la fun-dación del departamento del Beni, en 1842– se abre un proce-so de invasión y agresión más drástico, que incluyó el recluta-miento violento y el “enganche” de indígenas hacia las zonasde producción gomera,9 cuyo apogeo se produjo entre 1870 y1910.10 Una de las respuestas colectivas de resistencia a losavasallamientos criollos –fundamentalmente mojeña– fue la“búsqueda de la Loma Santa”, consistente en un movimientosocial de características milenaristas en busca de autonomíarespecto de la sociedad mestizo-criolla, que articula tres ver-tientes: la cristiana, la guaraní (Tierra sin Mal) y la mojeña (in-

7 Este “pacto” –mediante el cual lo indígenas accedían a ser reducidos acambio de bienes y servicios fundamentales como el acceso a herra-mientas y bienes materiales de origen europeo y a la protección jesuíticafrente al ingreso de españoles que llegaban desde Santa Cruz de la Sie-rra para “cazar” indios– no estuvo exento de brotes de resistencia. Así,algunas misiones fueron quemadas, hubo intentos por envenenar a losmisioneros y la forma más común de esta resistencia eran las fugas deindígenas al monte (Lehm, op. cit.).

8 Molina, tesis de licenciatura, mimeo, 1996.9 Molina, “Las luchas indígenas…”.10 El régimen de las barracas gomeras disolvió los lazos étnicos y cultura-

les de los pueblos indígenas: “Toda huella, todo rudimento de la des-treza artística indígena o cultura ha desparecido”, escribía Nordenskiolden 1910. Lehm, op. cit.

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cluso la Loma Santa asume, por momentos, la forma de unaimagen idealizada de las misiones jesuíticas). Lehm señala quelas sucesivas migraciones en busca de la Loma Santa conduje-ron a un proceso de reocupación de los espacios habitados porlos mojeños en el periodo precolonial. A la vez, constata que“el movimiento de la población a través de las migracionesmilenaristas implica el acceso a una variedad de ecosistemasy, al mismo tiempo, la rotación de las áreas agrícolas, de caza,de pesca y de recolección, elementos que caracterizaban al sis-tema de uso de los recursos en el periodo inmediatamente an-terior a la reducción”.11 Tanto en el TIPNIS como en el Bosquede Chimanes han emergido, de forma cíclica, convocatoriasproféticas para salir en su búsqueda.

“Esta dinámica de las migraciones milenaristas –señalaLehm–12 conduce a procesos de concentración poblacional decientos de familias en un momento culminante de la convoca-toria profética y a momentos de dispersión al quebrarse dichacapacidad de convocatoria”, lo cual evidencia una constantetensión en las poblaciones mojeñas “que se debaten entre laconcentración y la dispersión, entre la sedentarización y lamigración”. Desde mediados de 1991 comenzó a circular undocumento en la región del TIPNIS convocando a una nuevabúsqueda milenarista, que expresa un profundo sentimientoanticolonial e induce a una recuperación de los elementos dela cultura mojeña, “poniendo distancia espacial y cultural res-pecto de los opresores a través de las migraciones milenaris-tas”.13 En la actualidad, los comunarios consultados en la zonade colonización hablan de la búsqueda como una reminiscen-cia cultural de sus antepasados y, por ejemplo, en la comuni-dad de San José de la Angosta indican que si alguien dice te-ner información acerca de la Loma Santa, se lo comisiona para

11 Lehm, op. cit. p. 44.12 Ibíd.13 Ibíd.



que inicie un viaje, pero ya no lo sigue el conjunto de la comu-nidad y en los testimonios aparece más como una creencia delpasado que se mantiene como “parte de la cultura” más quecomo una creencia vigente.

La Reforma Agraria de 1953 –producto de la RevoluciónNacional de 1952– tampoco benefició a los pueblos indígenasde tierras bajas, sino que, por el contrario, consolidó legalmentelas grandes propiedades ganaderas,14 incluyendo su cercamien-to, lo cual implicó un proceso de expulsión de la poblaciónindígena asentada en las islas de bosque de la sabana e impul-só su reubicación en los bosques ribereños y la reocupación delas áreas boscosas de la Cordillera Oriental.15 Además, estamedida desarticuló legalmente la noción de territorialidad enla que se funda la subsistencia de los pueblos indígenasamazónicos, pues estas poblaciones no sólo requieren de unaextensión de tierra para la agricultura, sino también de los re-cursos que proporcionan ríos y bosques (mediante la caza y lapesca).16 Así, en el artículo 129 de la Ley de Reforma Agrariase estableció que “los grupos selvícolas de los llanos tropica-les y subtropicales que se encuentran en estado salvaje y tie-nen una organización primitiva quedan bajo la protección delEstado”.17 Siguiendo esta idea, se planteará su sedentarización,concentración y conversión en campesinos agricultores,18 ca-tegoría asociada a la idea de modernización del agro encarna-da por el nacionalismo revolucionario, frente a lo indígena

14 La Ley de Reforma Agraria distinguía el latifundio de la “empresa agrí-cola” (en las cuales el hacendado había invertido capital y pagado sala-rios) que no eran afectadas (María Lagos, Autonomía y poder. Dinámicade clase y cultura en Cochabamba, Plural editores, La Paz, 1997 [1994]).

15 Lehm, op. cit.16 Molina, “Las luchas indígenas…”.17 María Soledad Quiroga; Elvira Salinas, “Áreas protegidas y territorios

indígenas en la Amazonia boliviana”, Grupo de Reflexión y Acción so-bre el Medio Ambiente, mimeo, La Paz, 1996.

18 Quiroga; Salinas, Ibíd.

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como sinónimo del pasado colonial –estratificación étnica– quese deseaba superar en favor de un desarrollo capitalista y laciudadanización de la sociedad en términos de clase.

En la propia distribución de tierras prevaleció la imagendel “vacío amazónico”, es decir, “la idea de que los bosquestropicales son territorios vacíos susceptibles de ser apropia-dos y explotados libremente”,19 “prejuicio geográfico” quepervivió hasta los años ochenta. Adicionalmente, el mito delvacío amazónico fue el basamento de los procesos de coloni-zación hacia el oriente promovidos por el Estado, de forma talque la apertura de carreteras (Trinidad-La Paz y Trinidad-San-ta Cruz a partir de los años setenta) y la explotación forestalincidieron conjuntamente en los espacios territoriales ocupa-dos por las poblaciones indígenas.20 Al tiempo que lacastellanización, impulsada por el Estado a través de las nue-vas escuelas rurales, se hacía sentir en el debilitamiento de laslenguas nativas.21

De esta forma, los posteriores procesos de titulación de tie-rras en la región no contemplaron las formas tradicionales deocupación del espacio, que serán recuperadas parcialmente enla legislación aprobada durante la década de los noventa, cuan-do los pueblos indígenas de tierras bajas emergen como movi-mientos sociales con incidencia en la agenda política nacional;es decir, consolidan estructuras de movilización, repertorios deacción colectiva, un conjunto de valores y símbolos, y una iden-tidad colectiva que les permitió concertar y movilizar volunta-des en favor de objetivos comunes y atraer la simpatía de am-plios sectores de la población boliviana –incluyendo aymaras yquechuas de tierras altas– que durante décadas los habían con-siderado como simples “tribus selvícolas”. Se trata de un movi-miento no subordinado ni reducible a otras categorías –como la

19 Molina, op. cit.20 Ibíd.21 Lehm, op. cit.



de clase– antes consideradas centrales para el análisis de los cam-bios sociales22 y en cuya emergencia –y construcción de marcosinterpretativos de la realidad social– participaron como actoresde primer orden, intermediarios culturales, especialmente or-ganizaciones no gubernamentales y la Iglesia Católica.

2.2. El Chapare, la región cocalera

La región cochabambina conocida genéricamente como elChapare comprende las zonas tropicales –de aproximadamente2.000 msnm hacia abajo– de las provincias de Chapare, Ca-rrasco y Tiraque. El centro de su actividad económica es VillaTunari, fundada por los jesuitas en 1695 y posteriormente aban-donada.23 Habitado antiguamente por indígenas yuracarés, eltrópico cochabambino constituye uno de los contextos socia-les más atípicos de la geografía boliviana por sus característi-cas sociales, económicas, demográficas y políticas. Su confor-mación histórica responde a diversos procesos de colonización:a) dirigidos desde el Estado: iniciados en los años veinte yprofundizados a partir de los años sesenta, cuando se funda elInstituto Nacional de Colonización, y b) espontáneos: especial-mente durante los primeros años setenta, producto de la crisiseconómica, y en la década de los ochenta impulsados por lassequías en las zonas expulsoras (1981-85) y la “relocalización”minera (1985).24 La colonización de la zona operó desde losaños veinte, en los años cuarenta ingresaron algunos coloniza-dores desde el valle alto de Cochabamba, aunque su número

22 Molina, “Cultura política…”.23 Alison Spedding, Kawsachun coca. Economía campesina cocalera en los

Yungas y el Chapare, PIEB, La Paz, 2004.24 María Teresa Zegada, “Dinámica política en el trópico: actores, con-

flictos y estrategias destructivas”, en Álvaro Argandoña; CarlaAscarrunz (comp.) Seminario Futuro del trópico de Cochabamba. Escena-rios para el desarrollo sostenible, UMSS; Centro de Estudios de Pobla-ción, Cochabamba, 2002.

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era poco significativo.25 En esa época, “las condiciones deltransporte en lomo de mula eran tan deficientes que ni la cocaera un producto factible para llevar al mercado”.26 Posterior-mente surgiría en Villa Tunari un mercado de rescatistas de lahoja de coca, de amplio consumo ritual y tradicional en el país,lo que consolidó la economía de la coca entre quienes se que-daron en la zona, pese a la falta de la asistencia técnica, decréditos y de infraestructura prometida por las autoridadesestatales encargadas de los planes de colonización de las tie-rras bajas.27 De esta forma, la coca se constituyó en el principalcultivo con fines mercantiles, mientras que los cultivos de yuca,arroz, plátano, cítricos o maíz se destinaban al autoconsumo,situación que continúa en la actualidad en el área de coloniza-ción del Isiboro-Sécure.

Como señala Speeding,28 en los años setenta se consolidóel cultivo de coca “con fines de acumulación”, ya que en esemomento ya se contaba con cierta infraestructura caminera –puentes, etc.– que permitió el tránsito de vehículos motoriza-dos. Y al final de esa década apareció la demanda ilegal decoca para elaboración de cocaína, lo que dio lugar al “auge dela coca”. Apareció así el oficio de “pisacoca” y el auge econó-mico de la región convocó a nuevos migrantes, “de caracterís-ticas más flotantes y oportunistas”,29 atraídos por las ganan-cias extraordinarias que la nueva coyuntura ofrecía. En esosaños se conformó un mercado de tierras en el Chapare y latierra adquirió un valor elevado, hasta el fin del “auge” hacia1986. Desde mediados de los años ochenta la dinámica socio-económica del Chapare estuvo marcada por la erradicacióncompensada de las plantaciones de hoja de coca30 y luego por

25 Spedding, op. cit.26 Ibíd.27 Ibíd.28 Ibíd.29 Ibíd.30 La compensación por hectárea llegó a 2.500 dólares.



los enfrentamientos ocurridos por la erradicación sin compen-sación (especialmente durante el mandato de Hugo BanzerSuárez, 1997-2000).

El tema de la erradicación de los cultivos de hoja de cocase remonta a 1961, cuando el entonces presidente de la repú-blica, Víctor Paz Estenssoro, firmó la Convención de Viena,31

donde se comprometía a suprimir el cultivo de la coca supues-tamente hasta 1985 y eliminar el akhullicu,32 nombre del consu-mo tradicional ampliamente difundido entre pobladores ur-banos y rurales del país. Por el contrario, la producción nodisminuyó, sino que se incrementó. La política antidrogaspropugnada desde el Gobierno de Estados Unidos a princi-pios de los años ochenta estuvo ligada al inicio de los planesde sustitución y eliminación de los cultivos de hoja de coca,para lo cual llegó ayuda norteamericana no sólo en dinero parapagar las compensaciones a los cocaleros, sino en un reforza-miento de las Fuerzas Armadas bolivianas con equipamientoy entrenamiento.33 De esta manera se establecieron en la zonavarios cuarteles y centros de entrenamiento como el cuartel dela Fuerza de Tarea Expedicionaria, en Chimoré (creado en 2001,no son militares pero se dedican a la erradicación y a tareas decontrol); el Centro de Entrenamiento Internacional “garras delvalor”, en la localidad de Senda Tres; campamentos de la Fuer-

31 Grupo de trabajo “En defensa de la hoja de coca”, Así erradicaron micocal, Mama Huaco, Bolivia, 2004.

32 Ibíd.33 En 1993, el representante del Comando Sur de Estados Unidos, general

George A. Joulwan, llegó al Chapare boliviano no sólo para exigir sumilitarización en lo que llamó la guerra contra el narcotráfico (aunque elministro de Defensa de ese entonces, Alberto Saenz, lo negó), sino ade-más para reforzar la ayuda militar que hasta ese momento constaba deuna flota de 22 helicópteros artillados Huey UH 1H, así como avionesHércules, volquetas, grúas y vehículos livianos tipo comando con baseen Santa Cruz, renovando además el armamento y entrenamiento amilitares del Ejército boliviano, y el equipamiento de lanchas rápidas(El Deber, 19 de julio de 1993).

41

za de Tarea Conjunta en diversos poblados como Isinuta oIchoa, etc.34

Las políticas de erradicación hasta 1986 (y que se habíandado ya desde 1961) incluían planes de sustitución de la cocapor cítricos,35 pero no habían tenido una planificación ni apli-cación sistemática. Esta sistematización llegó a partir de 1986,cuando se erigió el “Plan Trienal de Lucha Contra el Narco-tráfico”,36 que después de un análisis de la situación bolivianarespecto al narcotráfico establecía que “[la cocaína] estupefa-ciente del cual Bolivia es uno de los principales productores”,37

por lo cual se precisaban recursos internacionales para termi-nar con el problema del narcotráfico,38 definiendo que las tie-rras aptas para el cultivo de la coca, que luego serviría para lafabricación de cocaína, eran las del Chapare.39 Esta situación,señalaba el Plan Trienal, ameritaba una solución que para ellossignificaba: “Erradicar las plantaciones excedentarias de cocaen Bolivia para eliminar la producción de cocaína”,40 reempla-zando las ganancias producidas por la hoja de coca, por la queproducirían otros productos alternativos; proyectando enton-ces planes compensatorios, en especial los proyectos de diver-sificación de productos, todo financiado por organismos ex-ternos como la cooperación italiana41 y fundamentalmente porel Gobierno estadounidense.42 Pero no sólo se fijaba el apoyo

34 La Razón, 3 de octubre de 2001.35 Grupo de trabajo “En defensa de la hoja de coca”.36 Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas: Ley 1008, en Coca-

cronología. Bolivia 1986-1992, ILDIS; CEDIB, Bolivia, 1992.37 Plan Trienal de Lucha Contra el Narcotráfico, en Coca-cronología. Boli-

via 1986-1992, ILDIS; CEDIB, Bolivia, 1992.38 Ibíd.39 Ibíd.: 15.40 Ibíd.41 Este monto sirvió de base para la creación de AGROYUNGAS (Plan

trienal…).42 Otra parte de la ayuda norteamericana sirvió para la creación del Pro-

yecto para el Desarrollo Regional del Chapare (PDRCH) (Plan trienal…).



a productos alternativos, sino que se estableció el Programade Interdicción, que se basaba en la creación previa de DIRECO,UMOPAR y Coca Legal mediante un convenio anterior, decla-rando al Chapare como “zona militar”;43 además se declara-ba entre sus principales objetivos “erradicar por la fuerza to-dos los cultivos ilegales de coca que todavía existen despuésdel periodo de eliminación voluntaria de los mismos […] latercera fase consiste en la erradicación forzosa de todos loscultivos de coca existentes, 5.000 hectáreas en el Chapare y5.000 en los Yungas”.44

Posteriormente se comenzó con el diseño de la Ley delRégimen de la Coca y Sustancias Controladas, más conocidacomo Ley 1008, mediante la cual se definían las zonas legales,excedentarias e ilegales de producción de la hoja de coca,explicitando que las provincias chapareñas productoras eranzonas excedentarias en transición,45 lo cual significaba que lasprovincias Chapare, Carrasco, Tiraque y Arani del departamen-to de Cochabamba debían sustituir sus plantaciones de cocapor otros productos, apoyados por lo que la Ley llamaba Pro-grama Integral de Desarrollo y Sustitución (PIDYS).46 Precisa-mente por el tema de la Ley 1008 comenzó la resistencia de lasasociaciones de familias campesinas productoras de hoja decoca (sindicatos cocaleros) contra la aprobación de esta nor-ma, puesto que para ellos significaba la desaparición de susfuentes de subsistencia47 porque el desarrollo alternativo nohabía representado una verdadera y mejor opción de supervi-vencia para los productores.

43 Ibíd, p. 24.44 Ibíd, p. 24-25.45 Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas: Ley 1008, en Coca-

cronología. Bolivia 1986-1992, ILDIS; CEDIB, Bolivia, 1992.46 Ibíd.47 “Conclusiones del III Encuentro Nacional de Productores de Coca”, en

Coca-cronología. Bolivia 1986-1992, ILDIS; CEDIB, Bolivia, 1992

43

La erradicación se concentró en el Chapare, aunque tam-bién quiso iniciarse en Yungas48 a pesar de ser ésta una zonaconsiderada de cultivo tradicional. Al principio, la erradica-ción fue compensada, es decir, se pagó desde 350 dólares has-ta 2.500 dólares por hectárea erradicada, aunque en realidadsiempre surgían nuevos cultivos puesto que los productos al-ternativos no rinden en productividad como la hoja de coca.49

Esto fue la erradicación voluntaria, en la que un campesino iba alas oficinas de DIRECO y ofrecía algunas extensiones pequeñas(“catos”) de coca para erradicar, recibiendo a cambio dinero oherramientas. Sin embargo, por lo general se ofrecían para suerradicación cocales viejos que ya no producían como los nue-vos y muchas veces se usaba el monto compensado por la erra-dicación de un cocal viejo para plantar uno nuevo.50

Durante la primera presidencia de Sánchez de Lozada (1993-1997) se continuó con la política de erradicación con lo que sellamó la “opción cero”, registrándose otros enfrentamientos en-tre cocaleros y las fuerzas de erradicación. El propio Gobiernoestadounidense y su presidente Bill Clinton presionaron paraque se aprobase en Bolivia un plan de erradicación completo.51

Finalmente, en la presidencia de Hugo Banzer Suárez, ini-ciada en 1997, se diseñó el llamado Plan Dignidad, cuya polí-tica se resumía en el lema “coca cero”, afirmando que Boliviasaldría del circuito del narcotráfico hasta el año 2001,52 objeti-vo que se lograría mediante la erradicación forzosa de culti-vos y cero compensación monetaria.53 Las columnas del PlanDignidad eran cuatro: desarrollo alternativo, prevención y re-habilitación, erradicación de la coca excedentaria e interdic-ción con “responsabilidad compartida” con la comunidad in-

48 Especialmente en el segundo gobierno de Banzer Suárez desde 1997.49 “Conclusiones…”.50 Ibíd.51 La Razón, septiembre de 1993.52 Opinión, 9 de julio de 2000.53 Grupo de trabajo “En defensa de la hoja de coca”.



ternacional.54 La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) o “coca t’iras”,que se encargaba de la erradicación de los cocales,55 protago-nizó enfrentamientos por la erradicación contra los sindicatos;estas luchas entre ambos bandos se hicieron casi cotidianas ydieron lugar a denuncias graves sobre el atropello de las fuer-zas de erradicación y UMOPAR contra las familias cocaleras,según declaraciones de los propios cocaleros. En torno a la re-sistencia a estas políticas de erradicación los campesinos, pe-queño-productores de hoja de coca (“sindicatos agrarios”), secohesionaron, movilizaron y construyeron a lo largo de veinteaños uno de los movimientos sociales mas importantes del país.

Entre 1976 y 1992 la población censada en esta región seincrementó de 32.836 a 108.276 habitantes, un elevado porcen-taje tiene un origen quechua y aymara, y un 81% habla que-chua.56 De las 40 mil familias que habitan el trópico una partede la población es “flotante”, manteniendo una doble residen-cia entre su actividad en el Chapare y la zona de origen (por logeneral, zonas de los valles interandinos y del altiplano), adon-de regresan en época de cosecha o fiestas rituales. Con el des-censo de los precios de la coca –y el fracaso de los cultivosalternativos: piña, plátano, palmitos o pimienta– en cierta for-ma “ha resurgido la pauta inicial de la colonización, con pre-sencia estacional en el chaco, pasando [los campesinos] la ma-yor parte del tiempo en pueblos como Sinahota o Ivirgarzama,en la comunidad de origen o en las ciudades, según los recur-sos u oportunidades a que se tuviera acceso”.57 Como ocurreactualmente en el área de colonización del Isiboro-Sécure, frentea la erradicación forzosa de los cocales que aún quedan en laregión, los campesinos ensayan diferentes estrategias para con-servar sus cultivos –los únicos que más allá de la fluctuación

54 República de Bolivia, Estrategia boliviana de lucha contra el narcotráfico,enero, 1998.

55 Grupo de trabajo “En defensa de la hoja de coca”.56 Zegada, op. cit.57 Spedding, op. cit.

45

de los precios conservan un mercado seguro– como las medi-das de presión (bloqueos de caminos, marchas o comités deautodefensa), negociaciones con el Ejecutivo, replantacionesde las plantas erradicadas, ocultamiento de los cocales en me-dio de la maleza o de cultivos legales (por ejemplo, la yuca), oel traslado de los chacos a zonas de difícil acceso para las fuer-zas erradicadoras.58

2.3. El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure:la sobreposición de normas y conflictos jurídicos

Creado en 1965, durante la presidencia del general RenéBarrientos, el Parque Nacional Isiboro-Sécure se ubica en laprovincia de Moxos, en el departamento del Beni; sus límitesnaturales son el río Isiboro y el río Sécure. El TIPNIS se carac-teriza por su diversidad de ecosistemas en función a su am-plio rango altitudinal, destacando el bosque nublado de ceja,el bosque húmedo a muy húmedo, bosque pluvial subandino,bosque muy húmedo pedemontano, bosque húmedoestacional basal, palmares pantanosos, sabanas de inunda-ción, pantanos de cyperáceas y gran cantidad de lagunas.59 Estápoblado por indígenas mojeños-trinitarios, chimanes yyuracarés, además de colonizadores aymaras y quechuas pro-venientes del altiplano y los valles. Los habitantes nativosdel parque son los yuracarés, luego los mojeños, huyendo delos gomeros, se asentaron también en este territorio y másrecientemente, cuando ya era parque nacional, se asentó otrogrupo mojeño buscando la Loma Santa. Por su parte, loschimanes vinieron del lado del departamento de La Paz.

58 Ibíd.59 Molina, “Las luchas indígenas…”. Sernap, 2000, citado en Cynthya

Vargas; Wilder Molina; Miguel Molina, “El Territorio Indígena ParqueNacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) en un escenario con la carretera SanIgnacio de Moxos - Villa Tunari. Análisis de los posibles efectos socia-les, ambientales y políticos de la carretera en el TIPNIS”, 2003.



Como señalan Quiroga y Salinas,60 “la región del Isiboro-Sécure se convierte en un espacio recurrente donde acuden [losindígenas] en busca de condiciones que garanticen su subsis-tencia y donde puedan verse libres de presiones”.61

Actualmente, los dos grupos más grandes en poblaciónque habitan el parque son: 1) los mojeños-trinitarios (una sub-división del antiguo grupo tribal llamado los moxos arawaka-nos) y 2) el grupo de colonos comprendido por poblaciónquechua y aymara que ha migrado del altiplano y de los va-lles de Bolivia.62 Como señala el informe de Vargas et al.:

Es posible diferenciar a cada comunidad asentada en el parque porel patrón de asentamiento, el uso del idioma y las formas de repro-ducción étnica. Los chimanes, al igual que los campesinos coloni-zadores, ocupan específicamente una subárea en el espacio territo-rial del TIPNIS, están más “localizados”, en cambio mojeños yyuracarés de alguna manera ocupan todo el TIPNIS y circulan tem-poralmente por sus diferentes subespacios… Un hecho relevantede la cuestión étnica es la tendencia a la formación de comunida-des bi y multiétnicas, fenómeno que se expresa con mayor claridaden el área de colonización.

El parque posee una extensión de 1.200.000 hectáreas, quecontienen más del 90% de ecosistemas existentes en el Beni yuna gran diversidad biológica, razón por la que es considera-da una importante área protegida de Bolivia. Al mismo tiem-po, su particular composición de múltiples ecoregiones deter-mina una alta fragilidad ecológica, principalmente el área delas serranías y pie de monte del sur del Isiboro-Sécure, cuando

60 Quiroga y Salinas, op. cit., p. 41.61 Según el primer Censo Indígena, Área Piloto Isiboro-Sécure, 1993, la

población indígena en ese momento era de 4.563 habitantes, distribui-dos en 47 comunidades y más de cincuenta viviendas aisladas. El 68%de la población era mojeña, el 26% yuracaré, el 4% chimán y el 2% deotro origen étnico (Quiroga; Salinas).

62 Vargas et al., op. cit.

47

se establecieron asentamientos de campesinos colonizadores.63

La situación jurídica del TIPNIS se rige por un marco legal am-plio que involucra a la Ley de Medio Ambiente, la Ley Fores-tal, la Ley INRA, el Convenio 169 y la Ley de Participación Po-pular. Después de la Marcha por el Territorio y la Dignidad,en 1990, el Isiboro-Sécure fue declarado Territorio Indígena porla administración del presidente Jaime Paz Zamora.

En 1996 el Poder Ejecutivo promulga la Ley INRA, que de-clara la prioridad de titulación y saneamiento de todos los te-rritorios indígenas reconocidos mediante decreto supremo, en-tre ellos el Isiboro-Sécure. En 1997 el Gobierno emite el títulode Tierra Comunitaria de Origen (TCO)64 en forma provisionalhasta ejecutar el proceso de saneamiento, por lo que en la ac-tualidad este territorio –denominado Territorio Indígena Par-que Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS)– se encuentra, al mismotiempo, bajo la legislación de Áreas Protegidas y de TierrasComunitarias de Origen (la Subcentral es la portadora del tí-tulo y en gran medida la autoridad interna en el parque, conexcepción del área de colonización). En este sentido, el TIPNISforma parte de una cadena de TCO con las cuales mantiene

63 Molina, “Las luchas indígenas…”.64 Las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) son un tipo de propiedad

indígena-campesina reconocida por la Constitución Política de Estado(artículo 171) y fueron incorporadas en la legislación agraria (Ley delInstituto Nacional de Reforma Agraria –INRA– recién en 1997), juntocon el solar campesino, la pequeña propiedad, la mediana propiedad yla empresa agrícola. La TCO es una delimitación territorial que permi-te el reconocimiento de títulos de propiedad de comunidades o de de-cenas de comunidades, de carácter indivisible e inembargable. Parale-lamente, las TCO reconocen un conjunto de derechos de los pueblosindígenas en cuanto a su sistema de autoridad local, a cierto control,regulado normativamente por el Estado, de recursos naturales. Hasta2003 existían 33 demandas de solicitud de TCO por un total de 14 mi-llones de hectáreas, habiéndose titulado hasta entonces 2,5 millones(Carlos Romero, “La reforma agraria en las tierras bajas de Bolivia”, envarios autores, Proceso agrario en Bolivia y América Latina, CIDES; UMSA;CIPCA; Fundación Tierra; CEJIS; DANIDA; Plural editores, La Paz, 2003.



varios elementos en común, como ser su relación con los blo-ques petroleros y la presencia de serranías, o la situación deexclusión de los ámbitos de decisión política a nivel munici-pal y con las cuales no se ha tomado iniciativas de acuerdosconjuntos de gestión o alianzas mancomunadas directas res-pecto a temas o problemas comunes.65 De acuerdo al artículo44 de la Ley 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria,“la titulación de tierras comunitarias de origen es compatiblecon la declaratoria de áreas protegidas, en concordancia con elartículo 64 de la Ley 1333 de abril de 1992”. Esta última esta-blece que las áreas protegidas son compatibles con la presen-cia humana, de acuerdo a los objetivos de conservación y alplan de manejo.66 A su vez, “la denominación de tierras comu-nitarias de origen comprende el concepto de territorio indíge-na, de conformidad con la definición establecida en la partedos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Tra-bajo, ratificado mediante Ley 1257 del 11 de julio de 1991” (LeyINRA). Entre las disposiciones de los decretos de reconocimien-to de territorios indígenas, entre ellos el TIPNIS, se destaca:

Que son espacios socioeconómicos necesarios para el desarrollo delos pueblos indígenas que los habitan.El derecho de los indígenas a la utilización de los recursos natura-les, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.Su carácter inalienable, indivisible, imprescriptible e inembargable.Su reconocimiento como propiedad colectiva.Que su condición de territorio indígena no es incompatible con lade área protegida.Que las organizaciones indígenas deben garantizar el cumplimien-to de las normas necesarias para el manejo y conservación comoárea protegida.

65 Vargas et al. El TIPNIS colinda con la TCO Chimane - TICH y el TIMMultiétnico en la parte beniana, la primera con mayor presencia en elmunicipio de San Borja y la otra en el municipio de San Ignacio deMoxos. Por su parte, se encuentra muy cerca de la TCO Mosetén en lazona de Alto Beni de La Paz y en frontera con la TCO Yuracaré situadaen la provincia Chapare de Cochabamba.

66 Quiroga; Salinas, op. cit.

49

La necesidad de reglamentar, planificar y zonificar el área de acuerdoa su doble condición, con la participación de las organizacionesindígenas.Que toda construcción y obra de desarrollo debe contar con un es-tudio de impacto ambiental aprobado.La participación de las organizaciones indígenas en todo estudio yproyecto, a través de la consulta y la coordinación.La prohibición de otorgamiento de nuevas áreas para colonización,actividad agropecuaria, forestal, minera y petrolera, garantizándose,sin embargo, las establecidas legalmente con anterioridad al recono-cimiento del territorio, quedando sujetas a reglamentación especial.67

El trazado de una “línea roja” que separa el área de colo-nización –reconocida por el Estado– del área de “protecciónestricta” pretende resolver el problema de que plantea la exis-tencia de campesinos-agricultores no sujetos a los planes demanejo, con prácticas sociales y productivas que contradicenel estatus de área protegida de la región. Adicionalmente, lacompatibilización de parque nacional y territorio indígenaplantea el problema de la propiedad: mientras que el territo-rio indígena es un área privada reconocida legalmente, la ad-ministración de las áreas protegidas es competencia del Es-tado nacional. Una forma de resolver esta contradicción es lafirma de acuerdos, sea con organizaciones no gubernamen-tales o con las propias poblaciones locales, si éstas poseen ladensidad organizativa y las capacidades para asumir estasresponsabilidades.

El TIPNIS se caracteriza por una marcada ambigüedad desus límites y su pertenencia político-administrativa, que a suvez tiene repercusiones negativas en su relación con los nive-les departamentales y municipales del Estado.68 De esta for-

67 Quiroga; Salinas, op. cit.68 Desde la posición del Beni, un 90 % del área pertenece al municipio de

San Ignacio de Moxos, pero parte de la zona externa del río Isiboro,desde Gundonovia hasta Santa Loma Alta, corresponde al municipiode Loreto, en la provincia Marbán (Vargas et al.).



ma, “aunque entre actores regionales del Beni no se reconocemás que a municipios benianos, desde el punto de vista deactores y oficinas de Cochabamba, el 100% del TIPNIS estaríapermaneciendo al municipio de Villa Tunari, como asume elPlan de Desarrollo del Distrito Municipal del TIPNIS, formula-do por el Gobierno Municipal de Villa Tunari”.69 Ambigüedadpolítico-administrativa que constituye uno de los factores másperniciosos para el TIPNIS, con efecto en diversos componen-tes que abarcan la gestión del área, sea desde la perspectivadel “territorio indígena” como de área protegida. Según el men-cionado estudio acerca de las percepciones indígenas “el temade las leyes […] es uno de los menos explícitos en las percep-ciones de los comunarios; es decir, no encontramos referen-cias concretas a algunas leyes, a su papel en los problemas oexpectativas de los habitantes”, más bien los argumentos le-gales son invocados en ámbitos dirigenciales como forma dejustificar sus demandas.

En el parque no hay propiedad privada de la tierra –ex-cepto entre los colonos y algunas comunidades dentro de lazona de colonización, como Santísima Trinidad–, el uso y ocu-pación del espacio se realiza según normas comunales, con unpatrón de ocupación espacial que históricamente involucra ladesaparición, cambio de lugar y formación de nuevas comu-nidades.70 Estos movimientos –motivados por diversas causas,entre ellas las religiosas– tienen efectos favorables sobre el en-torno ecológico, ya que evitan una mayor presión sobre losrecursos y frenan la degradación natural del área. En el casode las comunidades yuracarés y trinitarias del área de coloni-zación, su producción económica, de igual manera, abastece

69 De acuerdo al punto de vista que se privilegie, el TIPNIS tiene diferen-te situación. Puede ser que pertenezca a tres provincias del Beni o ade-más a dos provincias de Cochabamba. La otra versión es a dos munici-pios en el Beni y a uno de Cochabamba (Vargas et al.).

70 Molina, “Las luchas indígenas…”.

51

el consumo propio, no tienen como destino los mercados ur-banos de los municipios cochabambinos, entre otros motivosdebido a los precios y a la excesiva oferta de la zona del Cha-pare.71 La gran diferencia de la producción en las dos áreasmencionadas es el cultivo de coca que, en el caso de la zonacampesina del TIPNIS, tiene un peso específico respecto a lageneración de un excedente monetario y la creación de unmercado de trabajo temporal en manos de los campesinos co-lonizadores.72

La economía del TIPNIS se basa en la agricultura, la caza,la pesca y la recolección. Desde la época de las misiones, a losmojeños se los caracterizaba como “más agricultores” que losotros pueblos, sin embargo, hoy la agricultura –prioritaria-mente para autoconsumo– forma parte del sistema económi-co de los tres pueblos indígenas que habitan esta área.73 Es más,estudios recientes reconocen que los chimanes son, en primerlugar, agricultores, más aún por las condiciones favorables desu ubicación en el TIPNIS.74 En algunas comunidades es visiblela existencia de actividades de ganadería, situación que nosmuestra un cambio importante en el sistema económico75 y enlas zonas de colonización, algunos comunarios realizan traba-jos temporales para los campesinos colonizadores. Vendermadera entre los chimanes, articular la ganadería entre losmojeños, sobre todo de puerto San Lorenzo, son dos nuevos com-ponentes económicos que se pretenden como forma de aprove-char los recursos naturales en beneficio de las comunidades.

Al declararse Parque Nacional en 1965, las poblacionesindígenas locales no fueron consideradas, sino que se enfatizóla “protección de los recursos naturales” y se incorporó la pro-

71 Vargas et al.72 Ibíd.73 Molina, “Las luchas indígenas…”. Wilder Molina, “Informe línea base

cualitativa”, Trinidad, 2002.74 Vargas et al.75 Molina, “Informe…”.



hibición de asentamientos de colonizadores que “ponen enserio peligro la integridad de los recursos naturales renova-bles y, consiguientemente, de la belleza escénica de la región”(Decreto Ley N° 07401, archivo CIDDEBENI). Más allá de sudeclaración como área protegida, “el parque nunca tuvo unapolítica gubernamental de protección; a partir de la década delsetenta la destrucción de la fauna y flora se intensificó, con lacacería furtiva de animales, la extracción de madera y másadelante con la penetración masiva de colonizadores quechuasy aymaras”, hoy mayoría poblacional en el área.76 En 1990,mediante el Decreto Supremo 22610, luego de la Marcha porel Territorio y la Dignidad, al declararse al parque como Terri-torio Indígena se fija una “línea roja” para evitar nuevosasentamientos y legalizar los ya existentes. Dicho decretohomologaba el convenio firmado con anterioridad por el Mi-nisterio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios con la Cen-tral Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Únicade Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confe-deración de Colonizadores (archivo CIDDEBENI). El sistema eco-nómico de los colonizadores se basa en una lógica de ocupa-ción espacial que tiene como base un área (parcela o lote)delimitada como propiedad familiar. Priorizan la producciónde coca como la principal fuente de ingreso monetario de lafamilia y los otros productos agrícolas están destinados bási-camente al consumo familiar.77

Pese a ser considerado Parque Nacional desde 1965 hasta1992, con la formación del Equipo de Protección Indígena delTIPNIS, el área no contó con personal permanente, con equiposy puestos de control en diversos lugares. Con el reconocimientode Territorio Indígena, la protección se asume como una fun-ción de la Subcentral, para lo cual con el apoyo de la ONGCIDDEB ENI capacitan a un grupo de jóvenes indígenas como

76 Molina, “Las luchas indígenas…”.77 Hoffman, 1994, citado en Molina, Ibíd.

53

“guardaterritorios”.78 Con la llegada de SERNAP (1997), como or-ganización especializada del Estado para ejercer control en el lu-gar, se inicia otra etapa de la protección, momento que laSubcentral del TIPNIS deja de tomar el papel principal y aparecenlos actuales guardaparques.79 Adicionalmente, existe un antiguoconflcito de límites entre los departamentos del Beni yCochabamba, que involucra a la parte sur del TIPNIS y que, comomecionaremos más adelante, fue utilizado por los indígenas detierras bajas para obtener el apoyo del Comité Cívico de Trinidady de sectores de élite benianos a sus demandas territoriales. Porsu parte, los colonos –también indígenas, pero provenientes delas zonas altas– se asumen como cochabambinos,80 introducien-do elementos identitarios que –junto a la cuestión de la coca, li-mitada a las culturas andinas– contribuyeron a profundizar elclivaje entre “indígenas” y “colonizadores”. La Confederación dePueblos Indígenas del Beni (CPIB) solicitó a los representantes deldepartamento de Cochabamba que cesen las “actitudesexpansionistas” en el TIPNIS. Los principales dirigentes indíge-nas del TIPNIS denunciaron que en forma constante son amena-zados por los colonizadores cochabambinos porque no permitenque éstos continúen la construcción de un camino de penetra-ción por donde posteriormente construirán la carretera VillaTunari- Trinidad.81 Incluso operó una articulación entre el Comi-té Cívico del Beni y la Central de Pueblos Indígenas del Beni paraevitar la extensión de los cultivos de coca “cochabambinos” y to-mar “en forma inmediata medidas que lleven a evitar que estossembradíos se vayan expandiendo ya que van contra las culturasde las etnias benianas y atentan contra su hábitat natural”.82

78 Molina, “Informe…”.79 Ibíd.80 Los colonizadores, al reclamar la pertenencia del Parque a Cochabamba,

también trataban de mostrar que su salida implicaba un riesgo para losintereses departamentales.

81 Presencia, 25 de mayo de 1995.82 Presencia, 21 de mayo de 1995.



Como señala Molina,83 los conflictos sociales en el Parquesurgieron como resultado del choque de formas antagónicasde ocupación del espacio y uso de los recursos naturales pre-sentes en este territorio. Consiguientemente, la defensa del te-rritorio se presentará como una “necesidad vital” para los in-dígenas, tanto en términos de reproducción material comocultural en tanto grupo étnico. En ese marco, el ingreso de co-lonizadores, empresarios madereros y narcotraficantes –con-secuentemente policías y militares–, facilitado por la aperturade caminos hacia el Parque, principalmente desde los añosochenta,84 junto con el desarrollo de ideologías etnoecologistasen los países centrales (que pernearon incluso a los organis-mos internacionales) facilitó la organización de los pueblosindígenas amazónicos y la politización de sus conflictos. Emer-gieron así nuevos marcos para la acción colectiva,85 en el senti-do de “señalar agravios”, pero al mismo tiempo atribuir esosagravios a agentes sociales concretos y enfatizar la posibilidadde transformar esas condiciones de injusticia por medio de laacción colectiva. O dicho sintéticamente, “inscribir los agra-vios en marcos globales que identifiquen la injusticia, atribuirla reponsabilidad de la misma a otros y proponer soluciones”,86

lo que permitió a las organizaciones indígenas transformar sím-bolos culturales en señales de movilización.

83 Molina, “Tesis…”.84 El grado de deterioro ecológico y la nula atención del Estado a la con-

servación del Parque hizo que se excluya de la lista de parques nacio-nales y reservas equivalentes de Naciones Unidas (Lehm, Lijeron, 1992;citados en Molina, “Tesis…”).

85 Un marco –señala Tarrow, Sydney (El poder en movimiento. Los movi-mientos sociales, la acción colectiva y la política, Alianza, Madrid, 1997[1994] citando a Show y Benford)– es “un esquema interpretativo quesimplifica y condensa ‘el mundo de ahí fuera’ puntuando y codifi-cando selectivamente objetos, situaciones, acontecimientos, experien-cias y secuencias de acciones dentro del entorno presente o pasadode cada uno”.

86 Tarrow, op. cit.

55

Desde 1990, la presencia institucional se diversifica y sehace más activa, tanto desde Trinidad como desde Cochabambase interviene con proyectos. De acuerdo a la Ley de Municipa-lidades, para preservar un área indígena como unidad cultu-ral y territorial perteneciente a más de dos municipios, debefuncionar como una mancomunidad de distritos indígenas, conun trámite específico ante cada Gobierno Municipal. Por tan-to, el distrito municipal del TIPNIS legalmente sólo abarca laparte que corresponde a San Ignacio de Moxos.87 La situaciónmunicipal del TIPNIS es más complicada en la zona de la colo-nización por la indefinición de límites departamentales por-que en los hechos los sindicatos responden a las acciones ydecisiones de Villa Tunari y de la Prefectura de Cochabamba,de donde reciben inversión en obras de infraestructura (comola conexión eléctrica), mientras que el municipio de San Igna-cio de Moxos no interviene en la zona. Los dirigentes de laSubcentral en Trinidad hicieron pública una propuesta queapunta a trabajar el “TIPNIS como municipio”, posición quesurge con fuerza entre los dirigentes de la Subcentral e inclusoentre los de CONISUR (organización afiliada a la Confedera-ción de Indígenas del Trópico de Cochabamba, CEPITCO); peroes rechazada por los colonizadores, quienes participan en elmunicipio de Villa Tunari, en manos del MAS-IPSP (dos de losconcejales provienen de sindicatos del TIPNIS).

La actual organización política de las comunidades indígenas en elIsiboro-Sécure se encuentra en una etapa de reajuste, proceso quepuede dar lugar a la formación de varios “subsistemas políticos”,88

es decir, el TIPNIS ya es un territorio con una diversificación deámbitos desde donde se toman decisiones –normas, reglas, acuer-dos– cada vez más reducidas a espacios territoriales locales.89 De

87 Molina, “Informe…”.88 Es el lugar legítimo desde donde se toman decisiones válidas para una

sociedad de un territorio específico.89 Vargas et al.



esta forma, para lograr una política conjunta –por ejemplo, un plande manejo– resulta necesario cambiar las condiciones constitutivasde deliberación y representación. Así, una gran asamblea del TIPNISya no tendrá que referirse solamente a un encuentro de corregido-res y representantes indígenas, como se denominaba hasta hacepoco. Hasta ahora, la Subcentral se presenta y funciona más comouna organización de las comunidades que como una organizaciónde pueblos, siguiendo el “modelo mojeño”, hegemónico en laSubcentral. Por su parte, la nueva organización proveniente del ríoSécure, denominada Subcentral de Comunidades del río Sécure,excluye por tanto identificar el modo de organización particular yel concepto de pueblos.90

En la actualidad hay un sentimiento de desfase entre lasofertas de la autogestión indígena, que difundió las luchas in-dígenas de los años noventa y lo que ocurre ahora,91 mientraspor un lado se visibiliza al Servicio Nacional de Áreas protegi-das (SERNAP) con la protección, con los guardaparques, se sien-te que las comunidades y la Subcentral ya no tienen un lugarcentral en las decisiones y no se ve la autogestión “antes” pro-metida. Se siente a los guardaparques como extraños, comoajenos y a los cuales es difícil exigirles responsabilidad desdelas comunidades.92 El SERNAP asume la dirección del TIPNIScomo área protegida el año 1997 y por consiguiente introduceun nuevo concepto de protección. Hasta ese momento laSubcentral dirigía las acciones de control a través del equipode protección que recibía capacitación, equipamiento yfinanciamiento a través de proyectos de CIDDEBENI.93

Los guardaparques que están, yo veo un poco mal el trabajo por-que su deber es cuidar todo lo que es, digamos, la biodiversidaddel parque, la pesca; en eso hay problemas, viene el tiempo de pes-car y llegan de Sinahota, de Ivirgarzama a pescar con sus mallas…

90 Ibíd.91 Molina, “Informe…”.92 Ibíd.93 Molina, “Informe…”.

57

viene gente desconocida con sus mallas y pescan. Yo veo que noestán cumpliendo con su deber.94

2.4. La Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad (1990)

En el contexto internacional, a partir de la década de los ochentase produjo un auge de los discursos acerca de la cuestiónetnoecológica, que se manifestó básicamente en dos aspectos:la valoración de los bosques tropicales-amazónicos como com-ponentes esenciales para la preservación del equilibrio ecoló-gico y en el reconocimiento de los pueblos indígenas comoposeedores de modelos alternativos de desarrollo sostenible.95

En Bolivia, al finalizar la década, estas temáticas comenzarona ser introducidas en las políticas gubernamentales mediantela influencia de organizaciones internacionales, gobiernos depaíses centrales, movimientos ambientalistas y redes de orga-nizaciones no gubernamentales.96 El Convenio 169 de la OITsobre pueblos indígenas, aprobado por Naciones Unidas e in-vocado permanentemente por los líderes indígenas y los gru-pos de presión aliados, operó en el mismo sentido.97 Sin em-bargo, este proceso de “reconocimiento de la diversidad” searticuló a un programa más amplio de reformas estructuralesque reemplazó la estructura estatal “intervencionista” emergentede la Revolución del 52 por un Estado neoliberal sustentado enla defensa de un modelo económico basado en la inversión ex-tranjera y la libertad de mercado, en línea con las recomenda-ciones de los organismos financieros internacionales.

94 Entrevista a Cástulo Semo, ex corregidor de San José de la Angosta,febrero de 2005.

95 Mires, 1990, citado en Molina, “Cultura política…”.96 Molina, “Cultura política…”.97 “Gradualmente los países ricos comenzaron a condicionar la coopera-

ción económica a los pobres a la aplicación de políticas especiales endefensa del medio ambiente y la conservación de los recursos natura-les, sobre todo en los bosques tropicales y amazónicos”, en Molina, Ibíd.



Así pues, este proceso de reformas también incentivó lallegada de nuevos agentes económicos y organizaciones so-ciales a los bosques tropicales de las tierras bajas, territoriosnaturales de los pueblos indígenas. El impulso al “libre mer-cado” indujo un doble proceso: por una parte, el ingreso deempresas privadas –fundamentalmente madereras– y por otra,el ingreso de colonizadores (ex trabajadores mineros que per-dieron su fuente de trabajo luego del cierre de las minas esta-tales de COMIBOL o campesinos del altiplano y de los vallesafectados por la presión demográfica sobre la tierra, las inun-daciones y la apertura económica, en busca de la ampliaciónde los escenarios reproductivos de sus familias). De esta forma,nuevos actores, ya sea con un interés lucro o supervivencia, seestablecieron en la región “con una lógica de percepción y usodel espacio contraria a la de sus habitantes originarios”,98 loque provocó fuertes efectos económicos y culturales sobre lascomunidades cercanas a las zonas afectadas.99

En el Beni, el ingreso de empresas fue apoyado por unmovimiento cívico100 que demandaba la explotación privadade madera bajo un control descentralizado con sede en la ca-pital del departamento.101 Una vez emitidos los decretos ad-

98 Molina, “Las luchas indígenas…”.99 Kely Zajechowshy, “Cambios culturales y económicos en tres comuni-

dades trinitarias ante el incremento de la colonización en el Parque Na-cional Isiboro-Sécure”, mimeo, tesis de grado, 1992.

100 El Comité Cívico fue fundado en Trinidad en octubre de 1967 en uncabildo abierto, si bien es una instancia de participación de la sociedadcivil, se trata de una institución con hegemonía empresarial, potencia-da en el periodo de las dictaduras militares (1971-1982). Las presionescívicas contribuyeron a la apertura del Bosque de Chimanes a la explo-tación forestal (Molina, “Tesis…”). Entre 1985 y 1990, el destino de lasregalías, el control descentralizado de la explotación de los bosques ylas demandas de reconocimiento de territorios indígenas son los temasque definieron la forma y carácter de la relación del comité cívico conel gobierno y el naciente movimiento indígena en el Beni (Ibíd.).

101 ILDIS, 1989, citado en Molina, “Las organizaciones del Beni”, Trinidad,1997.

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ministrativos que legalizaban la explotación comercial, a par-tir de 1986 se iniciaron las actividades para comercializar es-pecies forestales con alto valor en el mercado nacional e inter-nacional.102 Sin embargo, “contradiciendo el mito de los‘bosques deshabitados’ con el que se había justificado laprivatización de los bosques tropicales, se hizo manifiesta lapresencia de comunidades indígenas a raíz de los conflictosemergentes por la ocupación de sus espacios territoriales. Eneste momento de tensión social comienzan a formarse, en laciudad de Trinidad y San Ignacio de Moxos, nuevas organiza-ciones indígenas con líderes propios que dirigen las accionesdefensivas de las comunidades”.103

Se trató de un largo proceso de articulación organizativade comunidades, capitanías y pueblos indígenas, territorial-mente discontinuos, que habían resistido de manera aislada laexpropiación de sus territorios y la exclusión estatal, y “cuyascondiciones de vida, culturas, necesidades y luchas permane-cieron olvidadas o desconocidas por el resto de la poblaciónboliviana”.104 En ese sentido, la Marcha por el Territorio y laDignidad –iniciada el 16 de agosto de 1990 y que movilizó a800 representantes indígenas de tierras bajas desde Trinidadhasta La Paz– fue el resultado de un largo proceso de forma-ción organizativa, discursiva e identitaria de estos pueblos yejerció una fuerte presión moral sobre la administración delpresidente Jaime Paz Zamora y sobre el conjunto de la socie-dad boliviana.105 “Después de un proceso de acciones reivin-dicativas locales y circunscritas a áreas específicas del Beni,con la marcha se inaugura una nueva etapa de movilizacionesconjuntas por la defensa de los pueblos indígenas de las tie-rras bajas de Bolivia. Esta movilización determinó la emergen-

102 Molina, “Las organizaciones…”.103 Ibíd.104 García Linera et al., op. cit.105 Entre los marchistas se encontraban 190 representantes del TIPNIS, en

García Linera, Ibíd.



cia de un movimiento social indígena, con el reconocimientode los pueblos indígenas como nuevos actores sociales y laposterior institucionalización de sus demandas como parte delas reformas a la Constitución Política del Estado, así como enlas nuevas leyes aprobadas posteriormente”.106

La defensa del territorio –en tanto lugar de la significa-ción colectiva de la historia, de la herencia que debe prolon-garse hacia el porvenir107 y como eje de integración simbólicade los participantes– emergió como la principal demanda delas comunidades, junto a la de ser reconocidos como “socie-dad vigente” y no como una simple atracción antropológica.Como recuerda Molina,108 la posición conciliadora y aparente-mente neutral del Comité Cívico del Beni cambia una vez queel Gobierno anuncia el reconocimiento de territorios. Cuandoel movimiento de los indígenas logra interpelar al Ejecutivo,varios sectores organizados en torno al comité cívico del Beni(Prefectura, senadores, empresarios privados, ganaderos, cí-vicos provinciales) se pronuncian en defensa de la explotaciónde madera en el bosque Chimanes con el argumento de la ne-cesidad de regalías para el departamento, aunque reconocenque las reivindicaciones de los indígenas son justas. En unasolicitada en el periódico paceño Presencia, citada porMolina,109 los sectores empresariales reclaman:

Que los recursos provenientes del 11% sobre regalías madereras, apor-tes voluntarios y otros son invertidos en obras de desarrollo regional.Que no se aceptará el cercenamiento de nuestros recursos bajo nin-gún concepto, por constituir conquistas de los movimientos cívicosy lucha de los pueblos beneficiarios, reservándose tomar medidasde hecho de ser necesario.Detectar, identificar y condenar a las personas que precisamentecon su diálogo ecologista y conservacionista pretenden mantener

106 Molina, “Las organizaciones…”.107 García Linera et al., op. cit.108 Molina, “Cultura política…”.109 Ibíd.

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indefinidamente el atraso y la miseria de esta región que jamás re-cibió la ayuda de los gobiernos de turno [solicitada de los comitéscívicos de San Borja, Santa Ana y San Ignacio. Presencia, 16-9-90].

Además denuncian que “el actual movimiento de los pue-blos aborígenes del Beni, denominado ‘por el Territorio y laDignidad’, es manipulado por intereses contrarios a los deBolivia y de la empresa privada nacional. Las relaciones entregrupos étnicos y empresarios madereros han sido siempre pa-cíficas y de buen entendimiento y las versiones aisladas e in-fundadas respecto a conflictos que pudieran existir entre am-bos sectores son parte de una manipulación que pretendedesvirtuar la paz social predominante en la región”.110 “Lasdemandas indigenistas están siendo manipuladas por intere-ses oscuros que pretenden convertir a nuestro país en una na-ción de ‘territorios’, donde cada uno se rige por su propialey”.111 Todo ello se empeñaba en demostrar que los indígenascarecen de agencia y sus reclamos no son “genuinos”. Por otrolado, los empresarios se presentan como defensores de la inte-gridad del Estado boliviano frente a un movimiento que pre-tende la destrucción de la “nación”. En ese sentido intenta re-lacionar el reconocimiento de territorios con el riesgo para launidad nacional, equivalente a levantar las puertas de la des-integración nacional.112

Sin embargo, la marcha indígena constituyó un hecho his-tórico con fuertes efectos simbólicos en términos de reconoci-miento de los indígenas orientales que permitió, siguiendo aQuiroga y Salinas:113

110 Arturo Bowles, Cámara Forestal de Bolivia, El Mundo, 1 de septiembrede 1990. Última Hora, 1 de septiembre de 1990, citado en Molina, “In-forme…”.

111 Carlos Chazal, presidente de la Confederación de Empresarios Priva-dos del Beni, El Mundo, 8 de septiembre de1990, citado en Molina, “Cul-tura política”.

112 Molina, Ibíd.113 Quiroga y Salinas, op. cit., p. 21.



• Revelar la existencia de la realidad indígena del oriente.• El surgimiento de nuevos actores sociales con demandas pro-

pias, capacidad para movilizar a distintos sectores y obtener re-conocimiento de parte del Estado.

• La formación de dirigentes indígenas de talla nacional, capaces denegociar directamente con los principales dignatarios del Estado.

• El reconocimiento legal de los territorios indígenas (el Estadocentral reconoció nueve territorios indígenas, con una extensiónde 2.576.289 hectáreas, entre ellos el Isiboro-Sécure).

• El inicio de un proceso de legalización de las tierras comunales.• La creación de condiciones que garanticen la prioridad del

aprovechamiento de los recursos naturales por las comunida-des locales.

• Sentar las bases para iniciar acciones de conservación y desa-rrollo a partir de comunidades locales.

3. Actores sociales: las organizaciones sociales del TIPNIS

3.1. Organizaciones indígenas: Subcentral del TIPNIS yCONISUR

Hasta 1987 no existía en el Beni ninguna organización indíge-na que representara a un pueblo o espacio territorial amplio yque expresara sus demandas políticas frente al Estado. Los di-versos pueblos indígenas contaban solamente con organiza-ciones localistas que abarcaban un territorio comunal y fun-cionaban como autoridades de cohesión social, administraciónde justicia y gobierno interno.114 En ese año, los indígenas moje-ños se organizaron –en base a los cabildos indigenales– en laCentral de Cabildos Indigenales Mojeños (CCIM), afiliada a laConfederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) ydirigida por Ernesto Noe Tamo,115 promoviendo un movimien-

114 Molina, “Cultura política…”.115 Para un análisis detallado de la CIDOB, ver García Linera et al., Sociolo-

gía de los movimientos sociales, Diakonía; Oxfam, La Paz, 2004.

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to social que procuraba el reconocimiento legal de sus territo-rios, de sus autoridades y la revitalización de su cultura,116 conuna base originalmente urbana, poco después extendida a SanIgnacio de Moxos y al Parque Isiboro-Sécure. Como señalaMolina.117

Las modalidades de organización [de los pueblos de tierras bajas]son diversas, las más conocidas son los cabildos que funcionan en-tre las comunidades indígenas que fueron parte de misiones, comolos mojeños, baures, itonamas, cayubabas. En cambio, otras comu-nidades como los chimanes, yuracarés o los sirionó, al momentodel proceso de movilización indígena, cuentan con organizacionesmenos formales y más determinadas por los líderes de clanes fami-liares y comunales.

Posteriormente, en 1989 y en un contexto de visibilizaciónde las luchas de los indígenas de tierras bajas, se constituye laCentral de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), con lo que dalugar a formas de representación a mayor escala entre pueblosterritorialmente discontinuos pero que compartían una seriede demandas, muchas de ellas vinculadas a la penetración deempresas madereras en sus territorios. En las construccionesdiscursivas –y de los marcos interpretativos– resultó muy im-portante la participación de “aliados influyentes”, especialmen-te las ONG –fundamentalmente CIDDEBENI y la Coordinadorade Solidaridad con los Pueblos Indígenas–, la Iglesia Católicay algunos grupos protestantes que “certificaron” las luchas in-dígenas y fueron sedimentando “nuevas definiciones de sen-tido de lo indígena, la sociedad y la historia del Beni”,118 quepolitizaron lo étnico y ampliaron el espectro de demandas (ori-ginalmente vinculadas a problemas de la vida cotidiana). Deesa forma se fue promoviendo el imaginario de una “identi-

116 Lehm, op. cit.117 Molina, “Cultura política…”.118 Ibíd.



dad regional multifacética” frente a la identidad beniana (crio-lla) tradicional que se trató de introducir en el Comité Cívico.

Es en el marco de este proceso que en el TIPNIS se creanorganizaciones supracomunales que se articularán a la CPIB.Con la designación de Marcial Fabricano como dirigente re-gional se inicia una febril etapa de movilización con reunionesintercomunales, denuncias en los periódicos y viajes a Trini-dad para presionar a las autoridades y dirigentes cívicos loca-les.119 En julio de 1988, por primera vez corregidores y repre-sentantes de trece comunidades indígenas del Isiboro-Sécurese reunieron en un evento promovido por la Central de Cabil-dos Indigenales Mojeños (CCIM) y el Cabildo Indígena de Tri-nidad.120 En este evento crean la Subcentral de Cabildos Indí-genas del Isiboro-Sécure. La nueva organización está lideradapor dirigentes de “nuevo tipo” elegidos por votación directa,entre ellos Marcial Fabricano Noe.121 Entre las primeras deman-das, los indígenas reclamaron al Centro de Desarrollo Forestalla dotación de un área dentro del parque, amparándose en elartículo 120 de la Ley General Forestal, lo que indirectamentees una lucha por la “visibilidad”. En paralelo, las organizacio-

119 Molina, “Las luchas indígenas…”.120 Presencia, 26 de julio de 1988, citado en Molina, “Las luchas indígenas…”.121 Molina, Ibíd. Un dato relevante es que los principales líderes del movi-

miento emergente hasta la marcha de 1990, entre ellos Tomás Ticuazude la comunidad sirionó, Marcial Fabricano de los mojeños del Isiboro-Sécure, Ernesto Noe de los indígenas de Trinidad y Antonio Coserunade la comunidad indígena de San Ignacio de Moxos, tienen una expe-riencia en la vida urbana, formación escolar básica y no son “autoridadtradicional” de comunidades (Molina, “Cultura política…”). Suliderazgo se conforma en función de una suerte de “capital militante”(García Linera et al.) y de la posesión de capacidades para enfrentarnuevos temas, como territorio, Ley INRA, lo cual relega a los más an-cianos, “antes respetados por su experiencia y conocimiento de la rea-lidad indígena”, presentándose un vacío entre las bases –también des-conocedoras de esta nuevas problemáticas– y los jóvenes dirigentes conmayores capacidades (Quiroga; Salinas, op. cit., p. 50).

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nes indígenas del TIPNIS, como mencionamos, tomaron parti-da por los reclamos territoriales benianos frente a los cochabam-binos, en un contexto de reactivación del conflicto de límites.En esta línea, José Guacebe, entonces presidente de la CPIB,declaró que “la penetración de colonos del Chapare en las zo-nas benianas responde a que, por un lado, están escapando delos militares que los cercaron, impulsados por los cívicos deCochabamba, que intentan apropiarse de una región que siem-pre fue beniana”.122 Esta compatibilización entre conflictointerdepartamental y demanda indígena será la que determi-ne en el caso del Isiboro-Sécure –y a diferencia del Bosque deChimanes– una posición unitaria desde diferentes sectores dela región,123 a la vez que permitió ampliar la legitimidad de lasdemandas indígenas entre las propias élites empresariales de-partamentales preocupadas desde hace tiempo atrás por el avan-ce de los colonos de tierras altas que, junto con su organizaciónmás compacta y aguerrida, traen un modo de ocupación inten-sivo y expansivo del espacio que tiende a disputar el monopo-lio del control territorial a los hacendados y empresarios.

Pese al carácter “multiétnico” de la Subcentral, el informede Vargas et al.124 destaca la existencia de asimetrías entre lostres pueblos “originarios” del TIPNIS en términos de capitalesculturales, lo cual afecta las relaciones interétnicas al interiorde la Subcentral del TIPNIS:

La primera organización, por influencia externa y de líderesmojeños, ha tratado de mostrar una faz multiétnica y un funciona-miento bajo un “poder compartido”, es decir, con presencia de lostres pueblos en la composición del gobierno; sin embargo, las dife-rencias en la posesión de algunos recursos políticos –leer, escribir,carnet, idioma español– pero además la estratificación interna hapuesto los verdaderos límites respecto a los grados de influencia y

122 Última Hora, 10 de mayo de 1995.123 Molina, “Las luchas indígenas…”.124 Vargas et al.



poder de cada uno de los representantes de estos pueblos. Es nota-ble que los chimanes tienen menores posibilidades de tomar la di-rección de estas organizaciones y convertirse en líderessubregionales (…). A su vez, aunque los yuracaré logran tener pre-sencia y cargos de dirección en la Subcentral del TIPNIS (…) estehecho no obstante no es la expresión de un reajuste definitivo –unsaldado de cuentas– de las diferencias en el peso político de los trespueblos indígenas. La reciente pugna entre líderes locales de diver-so origen étnico puede que nos esté dando la pauta para repensarla forma de organización aglutinante y centralista en el territoriodel TIPNIS y esperar la formación de organizaciones separadas porpueblos.

Por otra parte, la progresiva complejización de los actoresdel TIPNIS ha dado lugar a la emergencia de organizacionescomo CONISUR (Confederación de Indígenas del Sur), que ar-ticula a los indígenas de las áreas de colonización en el sur delTIPNIS y reconoce la soberanía cochabambina sobre el área. Porotro lado, en el río Sécure emergió un grupo de comunariosantes vinculados a la dirigencia y los niveles técnicos de laSubcentral, pero que ahora cuestionan la autoridad de ésta yproponen una nueva organización, aunque sin mucha clari-dad en el ámbito territorial que articularían.

Vargas et al.125 señalan la existencia de nuevos escenariosmás locales que a su vez afectan todo el diseño político-organi-zativo del TIPNIS, construido desde 1987 hasta 1996, sobre todocuando el carácter de territorio indígena prevalecía sobre otrascategorías jurídicas y la Subcentral era la máxima autoridad.Estas tensiones no ocultan las facciones político-ideológicas.Así, en 2003 se conformó la Central de Pueblos Mojeños delBeni (CPMB), como una escisión de la CPIB, que se articularácon la Confederación de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC),a su vez un desprendimiento de la CIDOB.126

125 Vargas et al., op. cit.126 Ibíd.

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La división empieza por lo siguiente: primero los de la CPIB se for-maron centralistas y personalistas, cuando había fondos económi-cos para las comunidades, o para las subcentrales, nunca hacíancumplir y después de eso se mete la política, los politiza y empie-zan a discriminarnos como Subcentral, no podemos estar ligados aeste problema… Entonces varias subcentrales nos retiramos en uncongreso que ha hecho la CPIB por estos problemas… malversacio-nes de fondos, nepotismo, había todo un círculo de cosas que noeran convenientes para las subcentrales. Los del CPIB, una vez es-tando en la CIDOB, se ofrecen allá para ocupar cargos a nivel na-cional, cuando el mandato establece que podemos participar comopueblos indígenas en el campo estatal porque somos capaces, tene-mos que tener nuestra presencia allá, que el Estado nos reconozca através de eso y eso es lo que ha hecho ahora la CPMB.127

Sorpresivamente, aprovechando la Ley de AgrupacionesCiudadanas y Pueblos Indígenas, la CPMB ganó la Alcaldía deSan Ignacio de Moxos, tradicionalmente en manos de parti-dos aliados a los intereses empresariales, principalmente ga-naderos.

[La CPBM] defiende los intereses de las comunidades, entonces to-davía el Estado dice: “la CPMB tiene razón, ayudémosle en esto,entonces”… la CPIB inclusive ha hecho convenios con los madererospara que nos puedan saquear, porque si yo soy maderero te ofrezcocomo CPIB, cuando tú me haces sacar la madera te doy tu parte,pero así cállate y los otros no saben, ¿y quiénes no saben? Nosotrosy los comunarios.128

Cuando aparece la Subcentral del TIPNIS, en 1987, emergeun ámbito central de decisiones supracomunal: los encuentrosde corregidores, donde se definen nuevas reglas de comporta-miento y de relación de las comunidades con relación a losrecursos. De los encuentros surge la política de aprovechar losrecursos y la distribución de los ingresos bajo la tuición de la

127 Entrevista con Rubén Yuco, presidente Subcentral del TIPNIS.128 Ibíd.



Subcentral, es entonces cuando la organización queda comoúnica encargada de administrar y otorgar derechos de uso acomunarios o empresas externas.129

Sin embargo, con el correr del tiempo fueron emergiendodiscrepancias acerca de cómo lograr un manejo de los recur-sos que beneficie a las comunidades. Así, los postulados“distibutivos y centralizados” que postula la Subcentral conrelación a la gestión de los recursos y los ingresos son contra-puestos por los comunarios a un concepto de “manejo” vincu-lado a vender, a aprovechar, a buscar una modalidad de dis-tribución con el protagonismo de las comunidades,130 como“una demanda de derecho comunal”. La creación de CONISUR,afiliada a la CEPITCO en Cochabamba y no a la CPMBE, seenmarca en la percepción de que las comunidades del sur delParque están excluidas de las decisiones que se toman en Tri-nidad en los niveles dirigenciales. Por ello no es casual quehayan optado por un acercamiento con el Gobierno Munici-pal de Villa Tunari y la Prefectura de Cochabamba (en la ac-tualidad son los cochabambinos quienes proveen los ítems es-colares en él área de colonización, con excepción de SantísimaTrinidad).

“La Subcentral, como le decía esta tarde, no nos dieronimportancia, [a las comunidades del sur del Parque]… estánnegociando mal, ellos hacen negocios y nunca llegan las cosasacá”.131

Identidad y marcos movilizadores

Desde los años noventa emergieron entre los indígenasorientales nuevos marcos movilizadores en términos de dere-chos, fundamentalmente al control de sus territorios bajo la

129 Molina, “Informe…”.130 Ibíd.131 Entrevista con Cástulo Semo.

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forma de autogobierno: “El Estado boliviano tiene que reco-nocer nuestro derecho a contar con territorio, a tener nuestraspropias organizaciones naturales y a elegir a nuestras autori-dades tradicionales”.132 Al mismo tiempo, los pueblos indíge-nas enfatizan que “que el reconocimiento de territorios es unagarantía para preservar el patrimonio natural y cultural de losbolivianos” (de esta forma se integra el discurso del desarro-llo sostenible y los “valores post materiales” de las sociedadesdesarrolladas con la defensa de culturas tradicionales de lospueblos amazónicos).133 Sin embargo, no hay que perder devista que esta significación de la ciudadanía tiene un fuertecomponente religioso, especialmente entre los mojeños(trinitarios, ignacianos, javerianos y loretanos):

Parten de que existe una igualdad natural: todos somos hijos de Dios,pero que el Estado no toma en cuenta, aunque difunde las condicio-nes de una ciudadanía, pero que no funciona frente a los pueblosindígenas. Entonces, la movilización apunta a cuestionar el porquéde la exclusión y la negación frente a los ‘hijos de Dios’ de parte deun Estado y una sociedad que se proclaman religiosos y católicos.134

Incluso, durante la marcha de 1990, los marchistas se con-centran en la catedral de la ciudad de Trinidad para participarde una misa que legitimó su movilización hasta La Paz.Adicionalmente, como muestra Lehm,135 la ideología milenaris-ta aún conserva peso ideológico en el movimiento indígenabeniano, especialmente mojeño y los buscadores de la LomaSanta –por ejemplo en el TIPNIS– fueron actores relevantes enel fortalecimiento organizativo del movimiento indígena delBeni. Para García Linera et al.136 “el elemento religioso desem-

132 Marcial Fabricano, Última Hora, 15 de septiembre de 1990, citado enMolina, “Cultura política…”.

133 Ibíd.134 Ibíd.135 Lehm, op. cit.136 Ibíd.



peña un papel de aglutinador social, de referente ritual y delegitimador movilizador que en otros movimientos socialesindígenas lo ocupan los héroes míticos o el idioma (…) la con-vocatoria religiosa desempeña el papel de un igualador socialque legitima moralmente la necesidad de ser atendidos y re-conocidos en sus prerrogativas sociales”.

El Presidente Constitucional de la República es criaturade Dios, yo también soy criatura de Dios porque aquí no debehaber en ninguno de los bolivianos la idea de que uno es másy el otro es menos; somos todos iguales porque un día vamosa recibir o tener un encuentro con Dios.137

A diferencia de sectores aymaras, las organizaciones indí-genas de tierras bajas no cuestionan a la sociedad boliviana“en términos de una identidad global que define una perte-nencia nacional y, de hecho, [la bolivianidad] será el justifica-tivo histórico y moral que permitirá que se le pida al Estado elderecho a ser reconocidos en sus demandas y acceso a recur-sos, como cualquier ciudadanos boliviano”,138 que merece untrato igualitario y no discriminatorio. Emergerá así una iden-tidad “firme en lo local y dialogante en lo nacional”, estrate-gia que se vincula con las características de sus adversarios(geográficamente cercanos), la dispersión territorial y la bajadensidad demográfica.

Creemos nosotros que lo que pedimos no es tierra de la luna, estierra de Bolivia, debemos tenerlo también nosotros, los indígenasorientales (…) y nosotros ¿qué somos?, o somos extranjeros parano poder pedir territorio y dignidad.139

En ese sentido, no debe sorprender que la Iglesia Católicase involucrara en el proceso de emergencia del movimiento

137 Bogado, citado en García Linera et al., op. cit.138 Ibíd.139 Ernesto Noe, presidente de la CPIB, en la cumbre, 18 de septiembre

de1990, citado en Molina, “Cultura política…”.

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indígena como uno de los más importantes aliados y “certifi-cadores” del movimiento en el ámbito regional. Los propiosjesuitas, que retornaron a San Ignacio de Moxos en 1982 des-pués de su expulsión en 1768, brindaron un apoyo importantea las luchas por los derechos de los indígenas benianos,reactualizando en cierta medida el “pacto reduccional” vigen-te en las reducciones.140 En representación de la Iglesia Católi-ca, monseñor Manuel Eguiguren, obispo auxiliar del Beni, tuvouna actuación importante respecto a la legitimación de las de-mandas de los indígenas durante la marcha hacia La Paz. Ensus declaraciones públicas le asignó al movimiento indígenaun sentido religioso, de salvación y redención cristiana. Poste-riormente, apoyó la campaña de las cien mil firmas para pre-sionar al Parlamento en pos de la aprobación de una Ley delos Pueblos Indígenas que había surgido como una demandaimportante en el proceso de movilización.141 Incluso el perió-dico Presencia, a través de sus editoriales, fue uno de los prin-cipales interlocutores y aliados de las demandas indígenascomo voz oficial de la Iglesia Católica. Varios sectores y me-dios contrapusieron esta nueva cultura política (“pacífica”) ala cultura “confrontativa” de los sectores sindicales tradicio-nales (fundamentalmente mineros, campesinos y comunariosde tierras altas).142

3.2. Los sindicatos de los colonizadores

Los sindicatos cocaleros del Chapare comenzaron a organi-zarse a principios de los años cincuenta, conforme avanzabael proceso de colonización en la región (Speeding, 2004), si-guiendo las formas organizativas de los sindicatos agrariosde los valles cochabambinos. Los colonizadores ingresaron

140 Lehm, op. cit.141 Entrevista a Manuel Eguiguren, citada en Molina, “Informe…”.142 Molina, “Cultura política…”.



al Isiboro-Sécure a medida que se expandía la frontera agrícolaen el Chapare a fines de la década del setenta. Abarcaron unárea de pie de monte ocupada por pobladores mojeños-trinitarios y yuracarés, siendo su principal actividad la produc-ción de coca, complementada con la agricultura para el consu-mo. Su presencia en la zona no estuvo apoyada en un plan decolonización estatal; empero en diversos momentos tampoco re-conocieron los derechos territoriales de los indígenas, argumen-tando incluso que no tenían títulos.143 Actualmente se encuen-tran asentados en los márgenes del río Isiboro, Puerto Patiño,Aroma, Icoya, Moleto, Sindicato Ichoa, Urqupiña, San Gabriel,Tacopaya, entre las principales poblaciones.

Los colonizadores del Isiboro-Sécure se articulan con elmovimiento colonizador del Chapare en torno a la defensa dela coca y el rechazo a la erradicación forzosa. En ningún mo-mento defendieron sus derechos de tierras en el Parque con elargumento de frenar la depredación o defender la conserva-ción de la ecología del área, como plantean los indígenas, sinoen términos de “derecho a la tierra” y al cultivo de coca.

Mediante el sindicato los migrantes se organizan para re-partir las tierras, regular la circulación de la fuerza de trabajo yconstituir mecanismos de autoridad para la gestión de la vidacotidiana, funciones que continúan hasta la actualidad. “Cuan-do se establece una colonia o asentamiento nuevo, se forma unsindicato que asigna los chacos –lotes– a cambio de participaren trabajos comunales [fundamentalmente de infraestructura,como mantener limpios los caminos]”;144 también hay obligato-riedad de participar en medidas de protesta como manifesta-ciones y bloqueos, y de concurrir a las reuniones sindicales.

Al mismo tiempo, los sindicatos se ocupan de tramitar lostítulos de propiedad ante el Instituto Nacional de Coloniza-

143 La Palabra del Beni, 14 de febrero de 1989, citado en Molina, “Infor-me…”.

144 Spedding, op. cit.

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ción o el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, median endisputas sobre linderos, dan aval en casos de compra-ventade lotes –velando porque el comprador se comprometa a asu-mir los deberes sindicales– e intervienen en casos de conflic-tos entre herederos o problemas conyugales.145 En el caso delChapare –envuelto en la “guerra contra las drogas”– acusa-ciones como ser “espía” o “trabajar para los leopardos (poli-cías)” son fuente de numerosas tensiones interpersonales enlas comunidades, en las que intervienen las autoridades sindi-cales. Al igual que en el resto del mundo andino, “la propie-dad de la tierra está atravesada por el cumplimiento de res-ponsabilidades políticas locales que consolidan un espaciodenso de deberes y derechos colectivos en torno al sindicato.Los sindicatos chapareños emergen, así, de la “agregaciónaleatoria de familias campesinas de las más diversas zonas delpaís que se congregan en una territorialidad nueva”.

Llegó el primer grupo y es el que ha empezado a organizar, medi-ciones correctas, que iba a darle así, un lote, otro lote te correspon-de a vos, así, y eso fue el primer grupo, posteriormente ya llegabanfamiliares que necesitaban, ejemplo yo puedo tener mi hermanoque necesita, yo se muy bien que no está en el lugar, que está enotro lugar y que necsita, entonces doy conocimiento de que allá haytierras vacantes ¿por qué van a tener que estar sufriendo el mini-fundio? Yo por ejemplo soy hijo de un minero de Oruro… Toda lagente llegaban a trabajar así, mancomunadamente, en como unaespecie de ayni primero, o sea, entre todos para uno y luego, al díasiguiente para otro…luego cada uno se dedica a su parcela…perocada uno tenía su demanda y ahí entra el sindicato.146

Al nivel de una “sociología de los cocaleros”, puede en-tenderse al sindicato como la asociación de propietarios indi-viduales para quienes esa instancia constituye una apuesta fa-

145 Ibíd.146 Entrevista con Rodolfo Bazos Ramos, concejal de Villa Tunari (zona de

colonización TIPNIS), febrero de 2005.



miliar, individual, para acceder a una porción de tierra y asíconvertirla en base de reproducción de esa unidad familiar.Aunque esto no debe opacar que los migrantes llevan consigocierto hábito comunal, producto de lo cual el sindicato tras-cenderá ampliamente la representación de intereses económi-cos para transformarse en un poder protoestatal. Siguiendo aCajías de la Vega,147 podemos hablar de la articulación de me-morias campesinas, indígenas y mineras como sostén ideoló-gico, cultural y organizativo de la identidad cocalera del tró-pico de Cochabamba, la cual, no por casualidad, constituirá labase de una nueva fuerza política que trascenderá su territo-rio y se “desbordará” hacia el ámbito nacional.

En la actualidad existen seis federaciones agrupadas entorno a la coordinadora de las seis federaciones del trópico.Estas federaciones agrupan a centrales que, a su vez, reúnen alos sindicatos de base; cada central puede concentrar desdecinco o diez hasta 65 sindicatos.148 En el curso de un año, unacentral debe convocar a tres ampliados ordinarios y un con-greso, donde se elige la directiva para el año siguiente. A suvez, cada sindicato agrario está conformado por hasta 200 afi-liados y su dirección es elegida en asamblea. En el Isiboro-Sécure hay actualmente 47 sindicatos, agrupados en ocho cen-trales que a su vez están afiliados a la Federación del Trópico(27 centrales, 280 sindicatos), una de las seis federaciones.149

La estructura orgánica del sindicato se compone de un Secre-tario General y varias secretarías: de relaciones, de actas, dehacienda, de justicia, de deportes, de salud, de educación, demilicias (organización de fiestas), de organización, de instru-mento político, de temas agropecuarios y de conflictos.

147 Magdalena Cajías, “El poder de la memoria”, en Barataria N° 1, La Paz,octubre de 2003.

148 García Linera et al., op. cit.; Spedding, op. cit.149 Entrevista con Rodolfo Bazos Ramos y Benito Laime, concejales del MAS

(zona de colonización TIPNIS), febrero de 2005.

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Una dimensión característica del sindicalismo cocalero delChapare es su “politización”. A diferencia de otras regionesdel país, los ampliados sindicales no se limitan a temas queson directamente de competencia comunal, sino que se deba-ten cuestiones de orden nacional, como la Ley de Aguas o laexportación de gas.150 El ex dirigente cocalero William Condorisintetiza: “Primero, la coca como parte de nuestra identidad;segundo, la coca como parte de nuestra economía; tercero, quees una política internacional, que so pretexto de lucha contrael narcotráfico, puede destrozar al movimiento cocalero”.151

La represión de las fuerzas erradicadoras ha propiciado laconsolidación de una estructura fuertemente cohesionada, tan-to organizativa como ideológicamente, de allí que a Evo Mora-les le guste insistir que “en el movimiento cocalero hay unidadsindical, política e ideológica”. La intervención estadounidenseactuó como el “exterior constitutivo” de la identidad cocalera,tanto a partir de la ingerencia en la legislación vigente como enla represión al movimiento campesino en el Chapare, la cual haderivado en detenciones, abusos, heridos y muertos: según in-formes de la Defensoría del Pueblo, las intervenciones policialesy militares causaron entre 1987 y 2002, 57 cocaleros muertos,500 heridos de bala y 4 mil detenidos sin el debido proceso.152

Estas características del movimiento cocalero posibilitaronla emergencia del Instrumento Político por la Soberanía de losPueblos, cuya sigla electoral es el Movimiento al Socialismo(MAS), que desde un núcleo territorial específico –la regióncocalera del Chapare– se desbordó hacia el ámbito nacional comofuerza articuladora de diversos sectores sociales subalternos.153

El MAS constituye una coalición negociada, muchas veces ten-

150 Spedding, op. cit.151 Citado en García Linera et al., op. cit.152 Stefanoni, “Conflicto social, crisis hegemónica e identidades políticas

en Bolivia”, informe final beca Clacso-Asdi, mimeo, 2002.153 Luis Tapia, “Izquierdas y movimiento social”, en autores varios, Me-

morias de octubre, Comuna; Muela del Diablo editores, La Paz, 2004.



sa, de sindicatos campesinos y algunos urbanos que canalizó lafuerza social conquistada por los movimientos sociales desdela “guerra del agua”154 hacia el ámbito político-institucional yen los últimos años fue consolidando una estructura discursivaque combina elementos del discurso katarista (étnico-cultural)de los setenta, del nacionalismo revolucionario de los años cua-renta y cincuenta (dicotomización del campo político) y de laizquierda tradicional (clasista) de base minera.

El MAS no tiene una estructura política partidaria, sino que las mis-mas estructuras del sindicalismo campesino e indígena son las es-tructuras del MAS, por tanto son esas mismas estructuras las quecontrolan; acá no se manejan las cosas verticalmente, no hay impo-siciones. Los dirigentes principales deben cumplir lo que decidenlas organizaciones sociales que componen el IPSP.155

Lo cocalero y lo indígena actuará como dos formas deautoidentificación de los sindicatos del Chapare, las cualesfueron variando con el tiempo y los diferentes contextos po-lítico-ideológicos. En los años setenta y ochenta prevaleció laidentidad campesina, con la hoja de coca como el pilar de laafirmación identitaria y la defensa del cultivo de coca les per-

154 La “guerra del agua” de abril de 2000 fue una movilización de pobla-dores urbanos, campesinos, vecinos, trabajadores y clases medias enrechazo a la elevación de las tarifas del servicio de agua potableimplementadas por la empresa de capitales extranjeros Aguas delTunari. A la movilización urbana se sumaron comunidades campesi-nas organizadas en torno a los sistemas de riego tradicional (“regantes”),debido a que simultáneamente a la privatización del servicio de aguapotable en la ciudad de Cochabamba, el Gobierno elaboró unos decre-tos que entregaban en concesión privada parte de los sistemas de riegocomunales. Después de varios días de paralización de actividades y debloqueo de carreteras, la empresa extranjera fue expulsada del depar-tamento. Sobre el tema, ver Álvaro García Linera; Raquel Gutiérrez;Raúl Prada; Luis Tapia, El regreso de la Bolivia plebeya, Muela del Diabloeditores, La Paz, 2000.

155 Evo Morales, citado en Stefanoni, op. cit.

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mitirá a los campesinos chapareños lograr una hegemonía so-bre otros sectores sociales, como transportistas, comerciantes,vecinos, etc. Posteriormente, el denominado “desarrollo alter-nativo” (a la coca) fue “politizando” la cuestión del cultivo decoca. Así, en los años noventa, frente a la estigmatización de lacoca –producto de la guerra mediática y policial-militar “con-tra el narcotráfico”– los campesinos comenzaron a resaltar sudimensión identitaria-cultural (étnica) para el mundo andino.Ello no resultó difícil en la medida en que los colonizadoresprovienen de las tierras altas, donde desde los años setenta sepuso en circulación el discurso indianista-katarista en el quela etnicidad constituía uno de los principales significantes enla institución de fronteras políticas y construcción de solidari-dades internas dentro del movimiento campesino-indígena.

Entonces, me acuerdo, entramos a Tacopaya [en el área de coloni-zación del TIPNIS] ahí poníamos el motor generador, televisor, suVHS y entre dos cargaban. De día yo informaba, todo el día, ta, ta,problemas orgánicos, todo eso, de noche vamos a ver videos, videodel Mama Llanta del Ecuador, del levantamiento indígena del Ecua-dor […] nuestra lucha no solamente y ahí metes el tema indígenade los 500 años [de colonización], una identificación cultural.156

En este sentido, sobre un mosaico de diversas identidadeslocales, producto de los orígenes diversos, se fue desarrollan-do una plataforma simbólica, ritual y discursiva que cumplela función de representación pública del colectivo movilizado.La articulación de elementos identitarios “originarios” y cam-pesinos –junto con la mencionada perspectiva “antiimperia-lista”– le permitirá a los cocaleros salir de esa suerte de “sole-dad heroica” en la que se encontraban resistiendo las políticasde erradicación –corporizadas en la Ley 1008–157 y articular un

156 Feliciano Mamani, alcalde de Villa Tunari (MAS), citado en García Lineraet al., op. cit.

157 La Ley 1008 –Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, del19 de julio de 1988– constituye el marco legal que regula las políticas



conjunto de demandas nacionales y populares. Especialmentedesde mediados de los años noventa, el discurso en defensade la coca se fue convirtiendo en una superficie de inscripciónpara el creciente cuestionamiento a la subordinación nacionala los mandatos de la Embajada estadounidense y al carácter“racializado” del Estado y la sociedad bolivianos, combinan-do la denuncia del colonialismo de “corta duración” (estado-unidense) con el de “larga duración” (español), aunque el pri-mero cumple una función estructurante de mayor importanciaen la agenda política del MAS.

Desde su “instrumento político” los campesinos cocaleroshan logrado desplegar un importante poder territorial. La Leyde Participación Popular les permitió transformar ese poderde facto en poder político-institucional en el ámbito munici-pal a lo largo y ancho del Chapare. “En Villa Tunari ganamoslos nueve concejales, en Entre Ríos los cinco, en Ivirgarzamaseis sobre siete, en Chimoré cuatro sobre cinco”, sintetiza EvoMorales.158 Por lo que en la actualidad son las federaciones lasque –a través del MAS-IPSP– controlan el poder político localen la región ya que, como señala su líder, Evo Morales:

Donde las organizaciones sindicales funcionan bien [y adhieren alMAS] el Instrumento Político no existe por separado, como por ejem-plo en la mayoría de las seis federaciones cocaleras del Chapare.159

Villa Tunari es el municipio del cual –según los cochabam-binos– depende el área de colonización del TIPNIS. En el Con-cejo Municipal participan dos concejales del Isiboro-Sécure:Rodolfo Bazos Ramos (del sindicato Tacopaya) y Benito Laime(del sindicato de Villa Bolívar). Incluso la contabilización de

estatales frente a la coca, sobre la que se sustentaron posteriores políti-cas gubernamentales como El Plan de Acción Inmediata Opción Cero(1994) o el Plan por la Dignidad (1997).

158 Entrevista, La Paz, diciembre de 2004.159 Evo Morales, citado en Stefanoni, op. cit.

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los pobladores de esta región dentro de la jurisdicción munici-pal de Villa Tunari le ha permitido a este municipio aumentarde siete a nueve el número de concejales.

Sintéticamente, podemos afirmar que mientras que los mar-cos de movilización de los indígenas de tierras bajas –fuertemen-te ligados a ONG y a la Iglesia, aunque con un basamento en suspropias tradiciones de ocupación del espacio y utilización de losrecursos– enfatizan elementos ecológicos y ambientalistas, los delos indígenas colonizadores de tierras altas –con una trayectoriavinculada a las organizaciones sindicales campesinas y mineras,más “politizadas”– tienen como elemento de primer orden el“antiimperialismo” y una posición recelosa hacia las organiza-ciones no gubernamentales y la propia Iglesia, a las que se asocia–con excepciones– con intereses extraños a los de los campesinosy de la propia nación. Los colonizadores no reconocen la protec-ción legal de las áreas protegidas como argumento para abando-nar sus asentamientos, señalan que su permanencia es legítima yque los reglamentos sobre áreas protegidas son manipulados porintereses foráneos vinculados a la destrucción de la coca.

Al defender los asentamientos en los parques, la posiciónde los campesinos es presentada como parte de la defensa delos recursos naturales frente al dominio extranjero y los capi-tales privados.

Exigimos la consolidación definitiva de nuestras tierras,considerando que la mayor parte de los parques nacionales yreservas forestales tienen asentamientos humanos con dota-ción de tierras por la Reforma Agraria y el Instituto Nacionalde Colonización, asentamientos de comunidades con más deveinte años, antes de la creación de dichas reservas.160

Los colonizadores, desde el presidente Jaime Paz Zamora, ya no avan-zamos más sino se quedó allí, en ese tiempo la línea roja ya se define,pero las ONG y también otros intereses que vienen de nuestros re-

160 Memorias de los congresos de la CSUTCB, abril, septiembre, 1989, cita-do en Wilder Molina.



cursos naturales, interesados en nuestros recursos naturales, mane-jan con plata a los pueblos indígenas… donde hay recursos natura-les hay cientos de ONG que confunden a los pueblos indígenas y esoes lo que hacen declarar, falsas declaraciones, ‘que los colonizadoresestán avasallando’ y eso está muy mal, pero los verdaderos asenta-dos ya convivimos con los hermanos indígenas que también tienenel derecho, pero dentro de esos están respetados como pueblos indí-genas. El sindicalismo ya no convive con las ONG y esa es la diferen-cia que tenemos con los pueblos indígenas, pero ahora… ellos mis-mos en algunas partes ya rechazan a las ONG… son los caciques losprincipales que se benefician tal vez con pasajes, con algunas cosas,pero la verdadera base no llega a desarrollar alternativas y está lomismo.161 Aunque tenemos [relación con la Iglesia], sabemos que delotro lado, la Iglesia siempre ha traído dependencia, pero si pensa-mos bien si queremos liberar a nivel latinoamericano y a nivel mun-dial, la dependencia siempre ha sido el centralismo, o tal vez el favo-ritismo a las transnacionales o tal vez a los invasores.162

161 Entrevista con Feliciano Mamani, alcalde de Villa Tunari, febrero de 2005.162 Ibíd.

Organización Centro Legitimación Base social dede demandas externa movilización

Subcentral de ca- Prefectura del Beni Prefectura del Beni Trinitarios, yura-bildos indigenales Municipio de San rés y chimanes deldel TIPNIS Ignacio de Moxos TIPNIS

Subcentral de co- Prefectura del Beni Prefectura del Beni Comunidades demunidades del río Municipio de San Asunta y OromomoSécure Ignacio de Moxos (noreste del

TIPNIS)

CONISUR Prefectura de Prefectura de Trinitarios y yura-Cochabamba Cochabamba carés del área deMunicipio de Villa Federación de colonizacion (surTunari cocaleros del TIPNIS)

Sindicatos agrarios Prefectura de Prefectura de Colonizadores(colonizadores) Cochabamba Cochabamba quechuas y

Municipio de Villa Federación de aymarasTunari cocaleros

Fuente: Vargas et al. y entrevistas.

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3.3. Aliados influyentes y adversarios

Siguiendo a Tarrow,163 el concepto de estructura de oportuni-dades políticas pone el énfasis en recursos exteriores al grupo,que pueden ser explotados incluso por sectores débiles o des-organizados. Estas trasformaciones en las oportunidades po-líticas reducen los costos de la acción colectiva, permiten des-cubrir aliados potenciales y ponen de relieve la vulnerabilidadde las élites. En este sentido, la “disponibilidad de aliados in-fluyentes” es identificada por Tarrow como uno de los com-ponentes de dicha estructura de oportunidades. Pero tambiénen la constitución de un movimiento social es necesario iden-tificar enemigos cohesionadores o “exteriores constitutivos”que estructuran un espacio de solidaridades al interior delmovimiento.

En el caso del Isiboro-Sécure, los adversarios de las orga-nizaciones indígenas son los “agentes externos” representa-dos por los madereros, ganaderos, colonizadores, junto conlos partidos tradicionales –MNR y ADN– asociados a los dosprimeros grupos de poder local. Junto con la Federación deGanaderos del Beni, la Cámara Forestal –creada en 1977– esuno de los sectores empresariales con mayor poder político yeconómico en el departamento del Beni.164 Durante la movi-lización de los indígenas por el reconocimiento de territoriosen Chimanes (1987-1990), representantes de la Cámara Fo-restal ocupaban puestos de dirigencia en el MNR y ADN, te-nían presencia en el Parlamento y eran miembros del PoderEjecutivo, desde esos espacios defendieron los intereses desus afiliados frente a las demandas de los indígenas. Estastramas de intereses –y sus amenazas sobre la territorialidadindígena– actúan en momentos como el adversario que con-tribuye a cohesionar al movimiento indígena en defensa de

163 Tarrow, op. cit.164 Molina, “Tesis…”.



sus espacios vitales de reproducción. Sin embargo, es posi-ble también otro tipo de alianzas de los indígenas de tierrasbajas. En momentos de confrontación con el avance de loscolonizadores indígenas de tierras altas,165 ciertos sectores delos indígenas de tierras bajas (los mojeños y las comunida-des del río Isiboro) movilizan un conjunto de simpatías yapoyos regionales, incluidos los de los ganaderos y élites re-gionales a fin de obtener legitimidad y mayor fuerza de pre-sión política para intentar contener la presencia de las estruc-turas sindicales de los campesinos, que traen consigo unamayor fuerza de cohesión, movilización e ímpetu económicofrente a las estructuras sociales indígenas.

Se puede hablar entonces de un sistema de alianzas móviles flexi-bles y territorialmente diferenciadas que se mueven en distintosniveles y varían según los problemas a enfrentar. Incluso, el dis-curso “erradicador” promovido por el Estado puede ser asumidopor los indígenas de tierras bajas como necesario al momento dedesplegar estrategias de contención a la presencia en el TIPNIS decolonizadores que, poco a poco, se dedican al cultivo de la hoja decoca como una más de sus actividades económicas.

Comunidades indígenas que se ven afectadas por estarealidad porque están viviendo en zozobra también han de-cidido defender su territorio a como dé lugar y por encimade cualquier cosa, por esta razón, junto con las diversas ins-

165 “Los hermanos colonizadores han ocasionado una serie de problemas,como el desmonte indiscriminado, la siembra de coca, contaminaciónde los ríos y muerte de los peces con dinamita; por eso solicitamos quelas autoridades tomen cartas en el asunto ya que los colonos pretendenprohibir el ingreso de los comunarios a su propia tierra, cobrar por pa-sar por dicho camino, además pretenden enfrentarse con nosotros sino se les permite la apertura de dicho camino hasta la desembocaduradel río Eterazama, que desemboca en el Isiboro… Nosotros como due-ños del parque hemos respetado sus asentamientos, pero con todo estono quiere decir que ellos abusen” (Rubén Yuco, Presencia, 27 de mayode 1995).

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tituciones de esta región, han exigido al gobierno y a la Em-bajada estadounidense que inicien de forma inmediata laerradicación forzosa de la coca existente en el Isiboro-Sécure.166

Con todo, en términos generales, en el plano de los alia-dos continuos, las alianzas no se producen con movimien-tos campesinos y obreros con experiencia en luchas socia-les, sino más bien con otros grupos como las ONG ymiembros de la Iglesia Católica, que constituyen nuevas re-des de apoyo a los indígenas y son difusores y creadores designificados que articulan defensa del medio ambiente, de-sarrollo sostenible y pueblos indígenas.167 Los movimientosindígenas articulan sus reivindicaciones en un ámbito másglobal, donde la defensa de la cultura y el territorio es pre-sentada, al mismo tiempo, como la defensa de la naturalezay la vida. De esta forma, vinculan sus preocupaciones a unmovimiento ecológico en permanente crecimiento en elámbito internacional.168 Al situarse como parte de una lu-cha general por la supervivencia de los humanos y de suentorno, la movilización específica de los indígenas se vuel-ve parte de una contienda internacional, constituyen movi-mientos sociales cuyas características son la universaliza-ción de los conflictos y el localismo de las acciones al mismotiempo.169 La nueva dimensión determina una ventaja polí-tica: extiende toda movilización indígena hacia al ámbitointernacional, atrae la atención, la simpatía y la solidaridadde toda una gama de organizaciones nacionales e interna-cionales influyentes.170 En este plano, la organización no gu-bernamental y la Coordinadora de Solidaridad con los Pue-

166 Presencia, 27 de mayo de 1995.167 Cardozo de Oliveira, 1990, Salm, 2001, citado en Molina, “Cultura polí-

tica…”.168 Molina, “Informe…”.169 Wagner, 1990, citado en Molina, “Cultura política…”.170 Toledo, 1995, citado en Molina, Ibíd.



blos Indígenas constituyen dos aliados claves para el movi-miento indígena beniano.171

El Centro de Investigación y Documentación para el Desa-rrollo del Beni (CIDDEBENI) –fundado en 1984– participó activa-mente en el proceso de movilización indígena. Su aporte másimportante ha sido la elaboración de una serie de estudiossocioeconómicos y cartográficos que sustentaron técnicamente lasdemandas territoriales indígenas.172 A su vez, en la Coordinado-ra de Solidaridad con los Pueblos Indígenas –encabezada por Ju-lio Ribera–participan varias organizaciones locales, el VicariatoApóstólico del Beni, el CIDDEBENI, la Asamblea de Derechos Hu-manos, el Equipo Pastoral Rural, la parroquia de San Ignacio deMoxos y organizaciones dependientes de la Iglesia Católica.

En el caso de los colonizadores campesinos e indígenasque vienen de tierras altas, la identidad colectiva se construyealrededor de la defensa de sus cultivos de coca, por lo que losenemigos cohesionadotes son las fuerzas de la Unidad Móvilde Patrullaje Rural (UMOPAR) y la Fuerza Especial de Luchacontra el Narcotráfico (FELCN). Aunque, en la medida que es-tas fuerzas policiales y militares actúan en el marco de la Ley1008, el propio Estado –gobernado por los “partidos tradicio-nales”– aparece como el “enemigo”. La Embajada estadouni-dense ocupa un lugar central como “exterior constitutivo” delmovimiento cocalero, debido a las constantes presiones ejerci-das sobre el Gobierno boliviano a través de la amenaza de “de-certificación” y reducción de la ayuda económica a través delas agencias de cooperación.

Entre sus aliados aparece el municipio de Villa Tunari, quea través del “Instrumento Político” –el MAS– es gobernado por

171 En el momento, el SERNAP mantiene su alcance territorial en todo elTIPNIS, aunque seguramente tiene que hacer un reajuste en sus conve-nios con las contrapartes locales a medida que se consolide su existen-cia legal y su reconocimiento por los actores locales (Molina, “Infor-me…”).

172 Molina, “Cultura política…”.

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sus propias organizaciones sindicales, de donde provienen losúltimos alcaldes.173 También algunas ONG europeas apoyan la“causa” del movimiento cocalero, aunque su rol es menor queen el caso de los indígenas de tierras bajas y desde 2002 el MAScuenta con una numerosa bancada parlamentaria (27 diputa-dos y cinco senadores).

4. Indígenas y colonizadores: una convivenciaconflictiva

La Reforma Agraria de 1953 no logró resolver los problemasde tierras en un país donde actualmente un 38% de su pobla-ción aún vive en el campo.174 La presión sobre la tierra conti-núa siendo la fuente de numerosos conflictos sociales y políti-cos, y de diversos procesos de colonización, tanto dirigidoscomo espontáneos. En el caso del TIPNIS, en el decreto de de-claración como Parque Nacional se prohíbe el asentamientode colonizadores, pese a ello ha sido constante la llegada demigrantes quechuas y aymaras provenientes de las zonas ru-rales de Cochabamba, Oruro, Sucre y Potosí; la mayoría tieneun origen campesino y en menor medida provienen de ex cen-tros mineros, donde fueron agricultores.

Aproximadamente desde 1979 y más antes [llegaron colonizadores]pues yo he llegado en 1984 estando muy joven y ya estaban, y he llega-do a un sindicato que ya estaba ampliamente colonizado… ha habidoun momento crítico en el que la gente ha tomado el Parque, que son

173 El Gobierno Municipal de San Ignacio de Moxos funciona como un ac-tor neutro e indiferente a los procesos políticos locales, no puede serconsiderado como un aliado en ningún caso, carece de presencia y con-fianza en el área del TIPNIS (Molina, Ibíd.). Habrá que ver si con eltriunfo municipal de la CPMB cambia esta situación.

174 Instituto Nacional de Estadística, Censo de Población y Vivienda 2001,INE, La Paz, 2002.



áreas de reserva, pero es pues la necesidad que uno tiene, esto del De-creto 21060,175 la relocalización de los mineros, el minifundio…176

La entrada de colonizadores se produce desde la regiónde Villa Tunari, en el Chapare. Esta región ha visto incremen-tarse fuertemente su población desde los años ochenta, cuan-do la explosión de los precios de la coca, junto a la severa se-quía que se produjo en las tierras altas y la declinación de laindustria minera –agravada con la relocalización en 1985– fa-vorecieron migraciones sin precedentes hacia el trópicocochabambino.177 Desde 1987, los indígenas de tierras bajascomenzaron a poner en cuestión la presencia de los coloniza-dores en el área pues los identificaron como el principal factorde desequilibrio ecológico de su hábitat.178 Marcial Fabricanoseñaló a Presencia (20 de junio de 1995) que “el desbosque parala plantación de coca provoca inundaciones, riadas y derrum-bes que afectan a las comunidades indígenas”.

“En la zona de colonización, los reportes señalan la pocaexistencia de la cacería, que cada vez tiende a disminuir por eldespoblamiento de la fauna, sobre todo en áreas de directa ocu-pación de la colonización… la carne de vaca, los charques devaca y de llama son los principales sustitutos emergentes en ladieta de trinitarios, yuracarés y chimanes. Esta situación im-plica un cambio en la nutrición familiar, pero también ingresacomo un gasto adicional a cubrirse, sobre todo con la ventatemporal de mano de obra en chacos y cultivos de coca de los

175 El Decreto 21060, del 29 de agosto de 1985, es considerado como el ini-cio de una serie de reformas neoliberales en la economía. En particular,aparte de las decisiones sobre la estabilización macroeconómica, lamedida dio inicio también al cierre de empresas mineras estatales y ala flexibilización laboral, cuyo impacto en términos de “desasala-ramiento” de la sociedad boliviana dura hasta hoy.

176 Entrevista con Rodolfo Bazos Ramos, op. cit.177 Zajechowski, op. cit.178 Molina, “Las luchas indígenas…”.

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colonizadores”.179 Incluso a principios de la década de los no-venta, los yuracarés del sur producían coca como los colonos,aunque en niveles muy inferiores. Aparentemente esta prácticacontinúa, pero no se tiene datos precisos respecto a la cantidadproducida.180

A fines de 1992 se realizó en Trinidad una reunión parapresentar el plan preliminar de manejo y definir los lineamien-tos generales del Proyecto de Demarcación de la Zona de Co-lonización al interior del TIPNIS: freno al avance de la coloni-zación (“línea roja”) y desarrollo de la zona colonizada en elmarco del Plan de Manejo.181

Hacia 1995, Hofman (1994, 1995, citado en Molina)182 estima-ba la presencia de los colonizadores en unas 9.800 personas queocupaban aproximadamente 100 mil hectáreas en la parte sur delTIPNIS, “constituyéndose en los ‘actores externos’ más numero-sos del parque”.183 De esta forma, aunque viven en un perímetroequivalente a un 10% de la extensión total, los colonizadores queirrumpieron en pleno hábitat yuracaré y mojeño del Isiboro-Sécureconstituyen hoy la mayoría poblacional frente a los pueblos indí-genas del lugar.184 De acuerdo a informes preliminares y a la ten-

179 Vargas, et al., op. cit.180 Beneria, 2002, citado en Vargas, Ibíd.181 Quiroga; Salinas, op. cit. Incluso se planteó el traslado de colonizadores

del TIPNIS a otras regiones. El agosto de 1994, cerca de 600 familias decolonizadores suscribieron un convenio con el Secretario de DefensaSocial y el Prefecto de Cochabamba para la dotación de veinte hectá-reas de tierra para cada familia campesina en la zona de Tablas Monte(Presencia, 2 de diciembre de 1994, citado en Quiroga; Salinas, Ibíd.).Posteriormente se anunció la puesta en marcha de un proyecto finan-ciado por el Estado boliviano, el BID y la ONU para el traslado de pro-ductores de coca del TIPNIS a la provincia Mamoré, del Beni, donde seles haría entrega de 25 hectáreas de tierra, nueve vacas y un toro porcada hectárea de coca (La Razón, 18 de agosto de 1995, citado enQuiroga; Salinas, Ibíd.).

182 Molina, “Las luchas indígenas…”.183 Molina, “Informe…”.184 Molina, “Las luchas indígenas…”.



dencia general de la región del Chapare,185 podemos aceptar quela cantidad de la población colonizadora se mantiene en los últi-mos cinco años, aunque ha crecido el número de sindicatos.186

Algunos informes de comunarios, a falta de datos oficiales, indi-can que la población colonizadora se mantiene estable pero ob-servan cambios por temporadas187 y en general se respeta la línearoja. En la lucha discursiva por el control de los territorios, lo “ori-ginario” constituye una clave significante de legitimación que da“derechos” sobre los “inquilinos”.

Ahorita no hay conflictos fuertes, claro, en el inicio había un con-flicto fuerte, ese temor de la coca ha podido tener susceptibilidadestanto de ellos como de nosotros, pero el fin no era ese, sino simple-mente limpiar la línea roja para saber cuántos kilómetros cuadra-dos tienen ellos y cuántos tenemos nosotros, es la única intenciónque teníamos nosotros… cuando se traza la línea roja, todos los queestán sobrepasados deben retroceder a sus sindicatos y eso se estáhaciendo ahora… o sea, hay un acuerdo entre ellos para respetarlas dos culturas diferentes, que los tenemos como inquilinos.188

No pueden avanzar porque nosotros somos los dueños deaquí, somos nativos los tatarabuelos, antiguos ¿no?189

En comunidades limítrofes a la línea roja como San Joséde la Angosta, puede observarse una relación de convivenciapacífica entre indígenas y colonos, aunque los primeros semantienen “alerta” ante los posibles avances de estos últimos:en la percepción de los indígenas subyace la idea de que, ape-nas tengan la oportunidad, los colonizadores van a seguir avan-zando, sin respetar los acuerdos previos.

Ahora no tenemos casi ningún problema [con los colonos], peroantes ellos eran medio malitos con nosotros, no nos querían, se

185 Spedding, op. cit.186 Vargas, et al., op. cit.187 Ibíd.188 Entrevista con Rubén Yuco.189 Entrevista con Modesto Nosa, corregidor de San José de la Angosta.

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mezquinaban… querían molestarse un poco porque, según he es-cuchado a un colono, no les gustaba esa línea roja, pero ellos mis-mos la han marcado, pues ni modo…ellos querían seguir por todoel Parque.190

En el caso de Santísima Trinidad –en medio del área decolonización– la relación con los colonizadores y con Cocha-bamba varía de acuerdo a la pertenencia organizativa: mien-tras que las autoridades –corregidor– pertenecen a la Subcentraldel TIPNIS, generalmente más hostil a los colonizadores y aCochabamba, otros sectores de la comunidad responden alCONISUR, más cercano a Villa Tunari y a las prácticas introdu-cidas por la colonización, como el cultivo de coca. AquinoGuaji, ex corregidor de Santísima Trinidad y dirigente delCONISUR, explica estas disputas entre ambas organizaciones:

Cuando me sacaron de mi autoridad [como corregidor] apenas unaño nomás, me dijeron que yo he vendido Santísima a Cochabamba,todo me dijeron, pero no era así. Mi sueño era que nosotros [indí-genas y colonizadores] estuviéramos unidos siempre, todos somosiguales, para buscar la forma, hacer presión para hacer carreteraspara sacar nuestros productos, sin embargo, mucha gente de laSubcentral, de la Prefectura [del Beni] como la Alcaldía de San Ig-nacio pensaron mal, de ahí quedamos siempre…191

Zajechowski192 advierte que los argumentos sobre a quiénculpar por el deterioro de los bosques tropicales latinoameri-canos están fuertemente politizados y sostiene que un mitoque Partridge (1989) desenmascara es “el del pequeño agri-cultor como el principal agente de la deforestación de los tró-picos” en el subcontinente latinoamericano. Así, los colonoshacia el trópico boliviano son corrientemente representados

190 Ibíd.191 Entrevista con Aquino Guaji, dirigente de CONISUR, Santísima Trini-

dad, febrero de 2004.192 Zajechowshy, op. cit.



tanto como “recién llegados descuidados e ignorantes que ex-plotan el territorio indígena” o, alternativamente, como “pue-blos también desposeídos de sus tierras en busca de una vidamejor para ellos y sus familias”.

4.1. Ocupación del espacio y gestión de los recursos: visio-nes encontradas

Los conflictos de los indígenas del TIPNIS con terceros se vin-culan, como señalamos, a las diferentes formas de ocupacióny gestión del territorio. En ese sentido, los “actores externos”193

son percibidos como “factores de destrucción y avasallamientode [sus] derechos”. A ellos se los vincula con la situación deincertidumbre, con los riesgos territoriales de despoblamientoy pérdida de recursos. El énfasis puesto en uno u otro actorvaría de acuerdo al lugar; así, entre los chimanes, los madererosson el principal actor puesto en debate, y entre los mojeños ylas comunidades del río Isiboro, los colonos.194

“Las demandas de territorios de propiedad colectiva, comoespacios grandes con diversas zonas de recursos, se justificópor las características de los patrones de asentamiento de lospueblos indígenas y, en consecuencia, porque solamente conun territorio reconocido es posible reproducir estos patrones,moverse de un lado a otro, acceder a una u otra zona de recur-sos, sin riesgos ni conflictos con terceros”.195 Sin embargo, enel citado trabajo de Molina,196 que recoge las percepciones delos indígenas en temas relevantes para los pobladores del TIPNISy en las entrevistas realizadas tanto en Santísima Trinidad comoen San José de la Angosta se visualiza una tendencia a la“sedentarización”, vinculada a “la posibilidad de desarrollo, deprogreso, de tener, de estudiar, de contar con servicios”.

193 Molina, “Informe…”.194 Ibíd.195 Ibíd.196 Ibíd.

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Antes, cuando nuestros abuelos no eran estables, las comunidadesde los pueblos indígenas, un año o medio año y después seiban…pero ahora ya son estables, antes nuestros hijos no entrabana la escuela.197

Por ahí nomás siempre se cazaba animales, pescado, no le costaba,pues ahora ya ha cambiado, mientras uno no trabaja no va a cam-biar nada, pero si uno trabaja ya es otra conciencia.198

Así, fundamentalmente en la visión de los mojeños (pue-blo ‘reducido’ por los jesuitas) “quien se mueve más tienemenos posibilidades de lograr aquellos objetivos”. Para Mo-lina199 estos argumentos “guardan, por debajo del sentido ex-plícito, una necesidad de rechazar al nomadismo, en tanto esteha sido difundido con un sentido negativo desde la sociedadcarayana (blanca), como un equivalente de salvaje, del que notiene hogar, y por tanto de los indígenas”.

En el plan preliminar de manejo –elaborado en 1992 conapoyo del CIDDEBENI– el equipo técnico indígena define al te-rritorio como “el espacio geográfico reconocido legalmente enel que los pueblos indígenas que lo habitan desarrollan su vidasocial, económica, cultural y espiritual, haciendo uso de losrecursos naturales en forma sostenida, conforme a las prácti-cas tradicionales y de acuerdo a sus necesidades de desarro-llo. Constituye la base material de la sobrevivencia y desarro-llo como pueblos” (Quiroga; Salinas).200

Como mencionamos, la agricultura fue adquiriendo másimportancia en las últimas décadas entre los pueblos indíge-nas del oriente, desplazando actividades más tradicionalescomo la caza y la recolección, aunque se mantiene la pescacomo fuente de proteínas. En San José de la Angosta, las tie-

197 Entrevista con Cástulo Semo.198 Entrevista con Aquino Guaji.199 Molina, “Informe…”.200 Quiroga; Salinas, op. cit. p. 46.



rras, a diferencia de las áreas colonizadas, son comunitarias,manteniéndose el trabajo conjunto de la comunidad en la lim-pieza y en la cosecha de los chacos, no así en la siembra: “En lacomunidad la propiedad no la hacemos como los colonos, no-sotros lo hacemos en global, todo es de uno, puedes chaquearacá, allá…algunos chaquean menos, otros más, depende deltrabajo que uno pone…pero hay un límite, tampoco me pue-do apropiar de todo.201 De allí que no haya herencia ni merca-do de tierras y la extensión de la comunidad depende de“acuerdo con las comunidades vecinas”.202 Los principales cul-tivos en San José de la Angosta son plátano, arroz, yuca, frijo-les, coco, sandía, palta, papaya, etc. Y en los últimos años –conayuda de ONG que les proporcionaron semillas– incorporaron,mediante una decisión en asamblea, cebolla, tomate y zanaho-ria. Además, los trinitarios de esta zona crían gallinas, patos,chanchos, los cuales son de propiedad familiar. En estas co-munidades ganado no existe, como vacas u ovejas.

Algunos ya están en la cosecha de arroz, desde el año pasado yahan chaqueado, desde el mes de agosto, octubre chaquea la gente,nos ponemos de acuerdo, decimos cuánto vas a hacer, cuántas hec-táreas vas a hacer, media, una, dos, tres y en todo conjunto hace-mos eso [la limpieza] primero del uno, del otro, de toda la comuni-dad… se va trabajando la tierra de uno, de otro, en la chaqueada yen la cosecha, en la siembra ya no.203

Según el testimonio de Semo, la agricultura, además de laayuda conseguida de instituciones estatales y ONG, le permitea la comunidad “tener algo para sostenernos a nosotros mis-mos” y no siempre “vivir de los colonos”.

201 Entrevista con Cástulo Semo.202 “Nosotros no vendemos la tierra. Si queremos dejar este lugar no lo

vendemos, así nomás lo dejamos y nos vamos a buscar dónde vivirmás bonito” (entrevista con Modesto Nosa).

203 Entrevista con Cástulo Semo.

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Antes no teníamos de dónde más, pero ahora ya se estándando cuenta [los trinitarios] y muy poco ya van, ya no traba-jan como antes [para los colonizadores].204

Básicamente el trabajo que realizaban en las tierras de loscolonos consiste en desyerbar, desmalezar y/o chaquear suslotes. La dificultad para transitar el camino hasta Isinuta difi-culta la comercialización de los productos de las comunida-des. Como señalan los testimonios, a veces aprovechan los ca-miones en los que los colonos transportan sus mercancías yllevan algunos de sus productos hasta la ciudad de Cochabam-ba pero, en general, el “mercado” se reduce al intercambio conlos colonizadores para de esa forma acceder a productos nodisponibles como sal, aceite, azúcar, vestimenta, útiles escola-res, combustible (por ejemplo, para hacer funcionar la peladorade arroz), etc. Ocasionalmente, dada la escasez de dinero enefectivo en las comunidades, se realiza trueque entre charquede pescado –producido por los indígenas– y productos comer-cializados por los colonizadores.

En torno al cultivo de hoja de coca, actividad comercialpor excelencia, de acuerdo al testimonio de Semo, los indíge-nas que quieren sembrar coca sufren presiones de los coloni-zadores, dado que no están afiliados a los sindicatos cocalerosni participan de sus medidas de lucha para evitar la erradica-ción de los cocales;205 además, al no pertenecer a las organiza-ciones cocaleras, carecen de la credencial que autoriza a co-mercializar la coca en los mercados legales, por lo que sólopueden vendérsela a “rescatistas” que van a comprarla a lascomunidades. Estas presiones de los colonos –al menos percibi-das como tales– sumadas a la ilegalidad de los cultivos, hangenerado que la coca sea muy marginal pasando la zona decolonización; aunque ya existen indígenas de tierras bajas que

204 Ibíd.205 En Santísima Trinidad no fueron mencionadas estas presiones entre los

indígenas que cultivan coca.



la están comenzando a cultivar en pequeñas cantidades y lainclinación de hacerlo aumenta en la medida en que es un pro-ducto de rápida comercialización.

Sí, [los comunarios] quieren sembrar un poquito… grave es la cosasi queremos sembrar, [los colonos] ya están protestando también,además ya hay esa Ley [1008]… no tenemos cómo sacar la coca másallá, ¿no ve?, los cocaleros tienen sus credenciales.206

Esta situación cambia significativamente en la comunidadde Santísima Trinidad, en plena zona de colonización. Aquí,en gran medida, los trinitarios han incorporado las formas deocupación territorial de los colonizadores e incluso algunoshan incorporado su forma de construir las casas (con paredesde tablas en lugar de cañas). A diferencia de San José, en Santí-sima Trinidad las tierras fueron loteadas y transformadas enpropiedad familiar, constituyéndose un mercado de tierras.Junto con la agricultura y la pesca, los trinitarios de esta co-munidad han incorporado la actividad ganadera, aunque enpequeña escala.

Como el camino todavía no llegó [en San José], por eso están asínomás; en cambio, nosotros estamos aquí sobre el camino y a lafuerza teníamos que lotearlo para manutención, por ejemplo, uste-des han visto cómo hemos limpiado porque así nomás no se puedemantener tampoco.207

Además, los trinitarios de esta zona han comenzado a sem-brar coca, al igual que los colonos. El incentivo es económico:mientras la comercialización de plátano o arroz no resulta ren-table –dados los costos del transporte– la libra de coca se coti-za en Bs 14 (una bolsa contiene cincuenta libras), por lo quealcanza un valor de unos Bs 700. De allí que este cultivo fuera

206 Entrevista con Modesto Nosa.207 Entrevista con Aquino Guaji.

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incorporado por los trinitarios, ajenos a la cultura andina de lacoca, e incluso algunos están de acuerdo con afiliarse a las cen-trales campesinas.

Más antes íbamos siempre trabajando [con los colonos] y viendocómo cultivaban y nosotros lo hemos hecho igual que ellos… vivi-mos por la coca, para tener economía siempre, porque la verdadnosotros acá siempre estamos peleando por el camino, pero resultaque no nos atienden siempre por el Beni y por eso no sacamos pro-ductos… mayormente aquí vivimos por la coca, porque ni modotambién ¿no?… Por mi parte yo estaba de acuerdo [en afiliarnos alas federaciones cocaleras], ¿por qué? Porque si nosotros nos afilia-mos a la federación en ese mismo tiempo nos iban a dar documen-tos para que podamos llevar ese producto [la coca] al mercado…208

Pese a haber incorporado elementos societales de los colo-nizadores, perviven clivajes vinculados a la percepción acercade los valores mercantiles promovidos por estos últimos, loscuales actúan como fuerzas “modernizantes” entre las comu-nidades indígenas, consideradas por ellos mismos “gente atra-sada” (es común escuchar frases como “no van a progresar sise pasan todo el día en una hamaca”),209 mientras que los indí-genas perciben a los colonizadores como gente que siempreestá “contando platita”.

La coca perjudica cuando no hay control, porque los colonos siem-bran harto, prefieren tener plata para comprarse su movilidad, esaidea ellos tienen. Nosotros, la gente indígena, como por decir nohay ambición de tener harta plata… medio cato, menos de mediocato ni un cato tiene nadie ahorita los trinitarios; pero gente collaque están acá metidos en la comunidad, ellos sí tienen.210

208 Ibíd.209 Estas percepciones surgen más de diálogos informales que de entrevis-

tas. Los dirigentes mantienen un discurso más “político” en el sentidode que “son nuestros hermanos”.

210 Entrevista con Cayo Cueva, corregidor de Santísima Trinidad, febrerode 2005.



Pese a cultivar coca, los indígenas no participan en lasmovilizaciones de los campesinos cocaleros contra las activi-dades de erradicación. Mientras que el CONISUR, pese a lastensiones, está más próximo a los colonizadores, la Subcentraldel TIPNIS mantiene una posición más reticente a la coca, comoexpresión de una identidad “ajena a los benianos” y produc-to de la colonización cochabambina de sus territorios. Así,José Guasebe, entonces presidente de la CPIB, señaló que “loscolonos permanentemente penetran en el Parque con los con-siguientes problemas de pérdida de identidad de los indíge-nas benianos, arrastrándolos a la masticación y producciónde hojas de coca”.211

Las comunidades trinitarias están organizadas por medio delcabildo –forma heredada del periodo de las reducciones jesuíticas–con el corregidor como la máxima autoridad del pueblo.

El corregidor es elegido en asamblea, es como una persona mayorpero que un poco entienda. Si es que, digamos, no era tan apto,entonces de vuelta cambiamos a una persona que más o menos en-tienda y se vea camino porque a veces cuando la autoridad no estáal tanto entonces nos perjudica.212

Luego en la estructura organizativa viene el capitán gran-de (encargado del trabajo comunal), el secretario de actas, elprimer cacique, el segundo cacique y el alcalde (encargadosde las fiestas), el comisario (encargado de “comunicar”, deenviar mensajes), el vocal (encargado de convocar a la gente alas reuniones). En algunas comunidades hay juez de paz ypolicías comunales. En el marco de la cultura comunal, cadamiembro de la comunidad está obligado a contribuir a los tra-bajos en beneficio de la colectividad.

211 Última Hora, 10 de mayo de 1995.212 Entrevista con Cástulo Semo.

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Para la comunidad, la obligación del comunario es cumplir con loque manda nuestro corregidor, un trabajo comunal, es decir, esta-mos construyendo un aula [para la escuela], entonces todos debe-mos trabajar, tenemos la obligación de trabajar en la limpieza de lacomunidad, en la limpieza de chacos o ir a ayudar al profesor quetiene su chaco, entonces tenemos la obligación de ir a ayudarle acosechar su arroz.213

El desarrollo de la comunidad indígena, en sus componen-tes básicos, se lo piensa en función a contar con servicios básicos,“poseer determinados bienes colectivos como escuela, estudios,postas sanitarias, a tener profesionales, energía eléctrica, mediosde transporte, carreteras, camionetas, medios de comunicación,radios, es decir, todo lo que corresponde al ámbito de los servi-cios básicos”.214 Contrariamente a una defensa de lo “tradicional”o de un “purismo cultural”, que a veces se pregona desde otrospuntos de vista, los indígenas ponen de relieve que, al igual quelas sociedades urbanas, tienen expectativas de progreso material.215

En el caso de los campesinos colonizadores, su sistema eco-nómico se basa en una lógica de ocupación intensiva y extensivadel espacio, que tiene como base un área (parcela o lote) delimita-da como propiedad familiar216 (aunque sólo una parte está titula-da) y la principal actividad económica es el cultivo de coca. Sibien se cultiva otros productos, éstos no tienen como finalidad elmercado, sino el autoconsumo. Adicionalmente, los colonizado-res realizan actividades comerciales, trayendo productos de pri-mera necesidad de Cochabamba y comercializándolos en peque-ñas despensas en sus comunidades y de transporte. También loscolonizadores cultivan arroz, yuca, plátano, etc., aunque la ma-yoría de esos productos son destinados al autoconsumo, mien-tras que la coca es destinada al mercado y constituye su principalfuente de ingresos.

213 Ibíd.214 Molina, “Informe…”.215 Ibíd.216 Hoffman, 1994, citado en Molina, “Las luchas indígenas…”.



A mediados de la década de los noventa se reavivaron losconflictos entre los cocaleros y el Ejecutivo, se intensificaron du-rante la administración de Banzer-Quiroga (1997-2002). Segúnla legislación vigente –Ley 1008, Régimen de Sustancias Con-troladas– la producción de coca en el TIPNIS es “ilegal” –a dife-rencia de otras regiones del Chapare, donde es “excedentaria”–, por lo que no corresponde compensación por las hectáreaserradicadas. Así, las actividades erradicadoras dieron lugar aviolentas refriegas entre las fuerzas de seguridad y los campesi-nos, con saldos de muertos y heridos. También el Gobierno y laFuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico se refirieron envarias ocasiones a la existencia de pozas de maceración dentrodel TIPNIS. El entonces ministro de gobierno, Carlos SánchezBerzaín, declaró que el Isiboro-Sécure era “propiedad del Esta-do y las familias allí asentadas debían abandonar el área”.217 Sinembargo, la presión sindical logró que la erradicación fueraacompañada por compensación económica, la cual ascendióhasta $us 2.000 por hectárea erradicada.218 Por otra parte, en 1994,el Comité Coordinador de las cinco federaciones de producto-res de coca del trópico firmó un convenio con el Ejecutivo me-diante el cual éste se comprometía a respetar y titular a los asen-tados en el TIPNIS y en el Parque Nacional Carrasco.219

Las negociaciones se caracterizaron por la inestabilidad delos acuerdos, la posibilidad siempre latente de reanudación delos conflictos, el incumplimiento de los convenios y la descon-fianza en los procesos de negociación entre el Gobierno y loscocaleros.220 Entre “pausas” y enfrentamientos, esa situación

217 La Razón, 23 de junio de 1995, en Quiroga; Salinas, op. cit.218 La Razón, 27 de junio de 2005, en Quiroga; Salinas, op. cit.219 Quiroga; Salinas, op. cit.220 Natalia Camacho Balderrama, “La marcha como táctica de concertación

política (las marchas cocaleras de 1994 y 1995)”, en Roberto Laserna(coord.); Natalia Camacho; Eduardo Córdova, Empujando la concertación.Marchas campesinas, opinión pública y coca, CERES-PIEB, Cochabamba,1999.

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continuó en los años siguientes. Así, en enfrentamientos ocu-rridos en septiembre de 2004 con policías y militares en inme-diaciones del campamento Amarillo III de la Fuerza de TareaConjunta, en el sindicato Bustillo, un campesino murió pro-ducto de un disparo con armas de fuego.221 Luego de estosenfrentamientos –expandidos a lo largo del Chapare–, el Eje-cutivo y las federaciones cocaleras firmaron un acuerdo que,en una flexibilización de facto de la Ley 1008, excluye 2.300hectáreas de coca de la erradicación en el Chapare, garanti-zando un cato por familia.

En el área colonizada existe un mercado de tierras, sinembargo, los colonizadores relativizan que “se vendan tierras”y destacan que lo que se vende es “el trabajo realizado en ellas”:

Hay muchos casos sobre eso, por ejemplo que ahí tienen hijos losafiliados que están por entrar a la universidad y para estudiar unacarrera así se necesita recursos y lo único que pueden hacer, a ve-ces, es deshacerse de sus lotes, y venderlos por la necesidad quesus hijos continúen el estudio y se les da esa prioridad, pero no esuna venta en sí, es como un traspaso de todo el trabajo que él lo harealizado y que lo está dejando a otro.222

Como mencionamos, pese a ser “zona ilegal”, la presióncampesina ha logrado un tratamiento en gran medida similaral de la zona “excedentaria”. Por otra parte, los indígenas delBeni cuestionaron haber sido “excluidos” de las negociacio-nes iniciadas con posterioridad a la marcha cocalera de 1994,cuando los colonizadores consiguieron la titulación de tierras.Ese fue uno de los puntos más criticados por las organizacio-nes matrices indígenas, “dada la condición legal de ser un áreaprotegida y sin tomar en cuenta la posición de los pueblos in-dígenas”. Dichas organizaciones cuestionaron la “cultura po-lítica de la exclusión”, que no se ha podido superar pese a la

221 Los Tiempos, 29 de septiembre de 2004.222 Entrevista a Rodolfo Bazos Ramos.



“reconversión étnica” del Estado boliviano durante los últi-mos años. La preocupación indígena se vinculaba, fundamen-talmente, a la defensa de sus espacios territoriales tradiciona-les que, como en el caso del TIPNIS, están siendo afectados porla “guerra de la coca” y la consiguiente militarización del con-flicto (Última Hora, 30 de mayo de1995). Sin embargo, los co-lonizadores responden que la coca es la única fuente de ingre-sos, en una justificación en la que lo económico predominasobre lo étnico:

En uno de esos primeros ingresos de colonización nos hemos pues-to de acuerdo en sembrar una hectárea de arroz por afiliado, peropor el estado de la carretera no sabíamos dónde lavar el arroz y eneso hemos llegado a protestar porque [la Fuerza de Tarea Conjun-ta] tienen unos cinco helicópteros que llegaban a la zona, pero pe-dimos que no sirva solamente para la interdicción, sino que nosayude para transportar el arroz pues no tenemos otro medio. No-sotros gritamos, proponemos, pero…223

Los cocaleros señalan que –a diferencia de otras regionesdel Chapare– al área de colonización del Parque no ha llegadoel “desarrollo alternativo” y que todo lo “que se ve en el Isiboro-Sécure” ha sido obra de los colonizadores. En su imaginario“modernizador” la construcción de la carretera Trinidad-Cochabamba es clave para poder “sacar nuestros productos”a los mercados.

Ahora podemos cultivar un cato [40 m por 40 m], pero en sí yo acáquiero recalcar un poco sobre la producción; ustedes se han debidoconvencer, nosotros como Isiboro-Sécure no hemos visto ni un bo-lígrafo del desarrollo alternativo, el trabajo que ustedes han visto,el camino… todo eso ha sido sacrificio de los compañeros, han de-bido ver postas sanitarias, la educación, eso ha sido sacrificio de lascomunidades, de los pueblos. Es cierto, en los últimos años el Go-

223 Entrevista con Benito Laime, concejal de Villa Tunari por la zona decolonización del TIPNIS, febrero de 2005.

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bierno Municipal nos ha ayudado en algunas infraestructuras, ensí el lugar para la producción es bueno, pero lo más importante,preciso y necesario son los caminos, infraestructura caminera ypuentes.224

La coca es vendida en el mercado de Aroma, “ahí vienenlos intermediarios, ahí vendemos y los intermediarios en elmercado de Cochabamba”. En estos momentos prosigue laerradicación sin resistencia de los campesinos:

No [estamos resistiendo] porque hay unos tratos con el gobiernode la parte sindical, entonces la organización está dando una liber-tad de que se pueden reducir los excesos, pero respetando el catopor afiliado.225

Los indígenas acusan corrientemente a los colonizadoresde “destruir el monte” para extender sus cultivos de coca. Pesea que ellos también han asumido el cultivo de tierras comouna de las actividades económicas más importantes, en suspercepciones lo hacen con una lógica conservacionista frentea los colonizadores, más motivados por crecientes procesos deacumulación económica.

El monte lo han destruido [los colonizadores] ¿no ve? Acá nosotroscuidamos este monte, claro que tenemos chaco pero nosotros nodestruimos, no hacemos como ellos… casi no se ve monte ya… ellosya están sembrando pasto, quieren volver pastizal el monte… yahan alambrado todo y no nos dejan entrar a sus lotes. Si entramosallí ya ellos mezquinan las palmas, palos, todo eso quieren que [les]compremos; pero ellos también son inquilinos digamos, porque noson de aquí, son de Potosí, Oruro, Cochabamba, de Sucre, ellos vie-nen, nosotros no vamos pues a su lugar de ellos. Está bien que tra-bajen, pero que nos prohíban… para mí está mal, cómo van a que-rer cobrar también, si ellos no son dueños de esta tierra.226

224 Entrevista con Rodolfo Bazos Ramos.225 Entrevista con Benito Laime.226 Entrevista con Modesto Nosa.



Los colonizadores consideran que el TIPNIS –en tanto áreaprotegida– comienza pasando la línea roja (ver mapa), paraello presentan el “hecho consumado” de la transformación delárea de colonización en una zona agraria, cuyo manejo no seenmarca en la legislación de áreas protegidas y, por lo tanto,no participan de la elaboración del Plan de Manejo:

Nosotros, que habitamos este sector, entendemos que porque es-tamos afiliados a una federación realmente nos consideramoszona agraria, ni siquiera ya parque, es ya una zona agraria, comoárea colonizada, por esa razón hemos tenido algunas diferencias[con los indígenas], por ejemplo, hace rato decía, el Plan de Ma-nejo.227

El asentamiento humano define, donde ya está asentado el huma-no es difícil que se haya declarado como área protegida, sólo va adefinir la línea roja que está, eso es lo que no entienden ellos, yauna línea demarcatoria de allá nadie está asentado, eso se llamaárea protegida y nosotros queremos que se respete eso, que nadieentre, como los empresarios y tampoco los colonizadores, eso yaestá definido; pero ahorita los gobernantes han declarado todo elIsiboro-Sécure como Parque Nacional y eso ya está siendo difícil,ya se está desmontado, ya hay escuelas… eso es ilegal, por eso no-sotros siempre hemos visto que no va a surtir la declaración de nues-tros gobernantes, sino el asentamiento humano ya define. Noso-tros consideramos de la línea [roja] para abajo como área protegida,consideramos también como parque, pero de la línea hacia este ladocomo asentamiento humano que está hecho, eso no está considera-do como parque, como área protegida.228

La diferencia es que ellos se consideran que fueron los protectoresdel lugar y del mismo manejo, entonces cuando los colonizadoresingresamos, bueno, a veces como se dice, ‘comer es destruir’, he-mos tenido que arrasar montes para tener tierras preparadas parael cultivo, o sea es un hábito de vida, estamos acostumbrados a tra-bajar la tierra, lo que la gente del lugar no lo hacía, esa fue la grandiferencia.229

227 Entrevista con Rodolfo Bazos.228 Entrevista con Feliciano Mamani.229 Entrevista con Rodolfo Bazos.

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Características de la ocupación territorialde los indígenas

Movilidad poblacional de corto y largo plazo incentivada odeterminada por factores de tipo ecológico (inundaciones, cam-bios de cursos de ríos), religioso (búsqueda de la Loma Santa,aparición de brujerías y espíritus) y productivo (debilitamien-to de la tierra, baja de la producción agrícola o prevalencia dela cacería en el sistema económico). Aunque se observa unatendencia a la sedentarización.

Uso extensivo, integral y diversificado de los recursos na-turales de flora y fauna, que permite atenuar la presión sobredeterminadas especies. Por ejemplo, el recurso árbol no sólotiene valor por la madera, también sirven sus partes secunda-rias para utilizarlos en medicina, utensilios domésticos, etc.

Sistemas económicos que integran la cacería, pesca, reco-lección y agricultura.

Cambio permanente y periódico de áreas de cultivo, caza,pesca y recolección.

Agricultura bajo sistemas de multicultivos y rotación pe-riódica de cultivos.

Acceso libre, individual o familiar, a diferentes ecosistemasque se consideran de propiedad comunal.

Ausencia de límites espaciales en zonas de recursos.Ausencia de propiedad privada de tierras a nivel familiar

o personal, aunque a nivel comunal ya existe un sentido deapropiación.

Comunidades indígenas del área de influencia directade la carretera (incluyendo el área de colonización):

Poca movilidad poblacional y cambio de lugar, al menos entrelas comunidades más antiguas como Santísima Trinidad,Oromomo, Asunta, Areruta y Santo Domingo no hubo cam-bios de lugar en los últimos diez años.



Sistemas económicos con un predominio de la agricultu-ra, la pesca y la cría de animales menores, menor prevalenciade recolección y cacería para fines de alimentación, con pre-sencia y expectativas para desarrollar la ganadería.

Acortamiento del ciclo de rotación de áreas de cultivo, caza,pesca y recolección.

Predominio de la agricultura bajo sistemas de multicultivosy rotación periódica, pero de menor tiempo.

Se mantiene el acceso libre, individual o familiar a dife-rentes ecosistemas que se consideran de propiedad comunal,aunque la inserción a los bosques se reduce justamente por lareducción de los recursos.

Ausencia de propiedad privada de tierras a nivel familiaro personal, aunque a nivel comunal ya existe un sentido deapropiación (en Santísima Trinidad ya se está loteando loschacos como propiedad familiar).

Las extensiones de los chacos se mantienen en una exten-sión tope de una y media hectárea.

Características de la ocupación territorialde los colonizadores

Apertura constante de la frontera agrícola en base al desbosquecon fines de agricultura.

Tendencia al monocultivo priorizando la producción deun solo cultivo comercializable.

Delimitación de parcelas de uso estrictamente familiar.Prevalencia de una sola actividad económica, en este

caso la agrícultura y el cultivo de coca frente a las otras acti-vidades.

Sedentarización de la población en lugares determinados.Apertura de chacos con extensiones superiores a las tres

hectáreas.Producción agrícola con prioridad para el mercado.Tenencia de la tierra bajo la forma de propiedad familiar.

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Características de la ocupación territorial de las empresas

La lógica empresarial está orientada exclusivamente a la pro-ducción económica que prioriza la extracción selectiva e in-tensa de recursos (árboles de mara, roble, etc.), la utilizaciónde maquinaria pesada y el aprovechamiento parcial de un re-curso, orientado fundamentalmente a la producción de mate-ria prima. Esta lógica de ocupación destaca los siguientes com-ponentes:

Monoproducción, con prioridad de un producto que tienevalor en el mercado.

Extracción selectiva y acelerada de especies forestales pre-ciosas como mara, roble, ochoó.

Determinación del bosque como simple productor de ma-teria prima.

Aprovechamiento parcial del árbol priorizando la partecomercial y desechando las partes menores como desperdiciosdiseminados en los bosques.

Sedentarización temporal de la población hasta que se pro-duzca la desaparición total del recurso.

Delimitación de áreas de extracción forestal y uso con ac-ceso restringido a propietarios individuales.

Apertura desordenada de carreteras en los bosques parafacilitar el transporte de madera.

Concentración del bosque como propiedad privada(Vargas et al., op. cit.)

En esta proximidad territorial –e incluso convivencia–pueden observarse influencias culturales en ambos sentidos.Zajechowski230 señala que “es importante observar que, aun-que pueda parecer que todos los préstamos y adopción de

230 Zajechowski, op. cit.



asuntos culturales es un sistema de una vía [de colonizadoreshacia indígenas], esto no es verdadero. Los colonos, aunquesobrepasan en número a los mojeños-trinitarios, se han pres-tado muchas ideas y tecnologías de los trinitarios”. Normal-mente, los entrevistados señalan que “aprendieron” de los co-lonos “cómo demandar” y, en las zonas insertas en el áreacolonizada, “a cultivar coca”. Las transmisiones en sentido con-trario se relacionan con los saberes sobre navegación, cultivostropicales, preparación de comidas con esos insumos, etc.

En temas de organización [los colonos] han enseñado cómo debe-mos presentarnos, cómo hacer, cómo pedir, como debían conseguirpara las comunidades.231

Por ejemplo, ellos a veces no sabían producir lo que nosotros pro-ducimos, [ahora] igualito ellos producen como nosotros, podemosdecir como que nos hubiéramos enseñado ambos.232

Nosotros les hemos enseñado a navegar, les hemos enseñado a pes-car, han aprendido la comida igual, ahora realmente ya han apren-dido, la chicha [de yuca] hacen igual que nosotros.233

Aunque también es cierto que la construcción de peque-ños mercados locales, el uso ampliado de productos comer-ciales (ropa, bebida, alimentos, distracciones, comunicación)y la mercantilización de las relaciones sociales, incluidos losprocesos de acumulación, viene exclusivamente de la manode los colonizadores. En ese sentido se puede decir que losindígenas de tierras altas y ex trabajadores asalariados recam-pesinados son con mucho el mayor factor de mercantilizaciónde las relaciones sociales y los que están expandiendo la fron-tera mercantil de la sociedad boliviana.

Molina234 destaca que “las percepciones nos permiten verformas de estratificación étnica a partir de ciertos criterios que

231 Entrevista con Cástulo Semo.232 Entrevista con Aquino Guaji.233 Entrevista con Cástulo Semo.234 Molina, “Informe…”.

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provienen del mundo urbano y se usan también como criteriosde diferenciación entre los ‘más desarrollados’ y los ‘menos de-sarrollados’ en el TIPNIS”. Y agrega que “en los discursos de losindígenas, dirigentes y comunarios, encontramos varios elemen-tos a partir de los cuales se puede explicar las dificultades paraencarar un diálogo abierto con los colonizadores, ya que exis-ten códigos de significados que muestran elementos que tien-den a devaluar al otro, a situarlo en una posición inferior. Talvez por esto también se explica que ahora son más radicales lasposiciones de los indígenas respecto a los colonizadores (fun-damentalmente a nivel de la Subcentral), a quienes se les asignauna serie de ‘responsabilidades y actitudes negativas’. Losmojeños y en particular los dirigentes, técnicos o ex dirigentesson los que presentan las percepciones más negativas sobre loscolonizadores”. A su vez, “los colonos definen a los mojeñostomando los criterios con los cuales los de ‘más arriba’ los defi-nen a ellos, a su vez los mojeños utilizan los mismos códigoscuando se refieren a los yuracarés y chimanes, los yuracarés res-pecto a los chimanes. Los chimanes ocupan la última escala enla jerarquía y por tanto ya no tienen opción de definir. Inclusi-ve, entre los mojeños se asume que los colonos son más aptos,más organizados, más emprendedores, pero al mismo tiempodestructores, contaminadores, avasalladores, etc.”.

Nosotros [los trinitarios] tenemos más costumbres, sabemos rezar,por decir, vamos a la iglesia, en cambio los yuracarés no, nuncatienen su iglesia. Nosotros sabemos bailar macheteros, o sea nues-tras costumbres, en cambio los yuracarés no, netamente cazar ypescar, hacer chicha y tomar nada más…es igual que el colla pues,por ejemplo hay unas monjitas que están, que vienen del Perú, yellas van a las colonizaciones y los collas no saben ni rezar; en cam-bio aquí sabemos, por eso digo, ancestralmente nuestros padres noshan enseñado. [A las monjas] Les cuesta enseñarles a los colonos,están empezando como básico ahorita.235

235 Cayo Cueva, op. cit.



Vargas et al. señalan que se están desplegando algunas es-trategias de fusión y habituación compartida entre coloniza-dores e indígenas, entre ellas matrimonios entre hombres collasy mujeres, o en otros casos, con yuracarés. Incluso, “en el casode Santísima, algunos colonos se insertaron a la comunidad,en áreas que abandonaron algunos trinitarios que se marcha-ron a otro lado y participan en los cargos de la organización.Informes recientes de Silva y Beneria raitifican también la ex-pansión de la comoposición bi y multiétnica, multiplicaciónde comunidades collas o de comunidades yuracaré-collas quepuedan dar lugar a un fenómeno nuevo de identidad étnica oen su defecto a una reproducción de una de las existentes. Enel área colonizada, los límites entre lo colla y lo indígena –seatrinitario o yuracaré– ya no están acompañados por espaciosde vivienda y ocupación delimitada y diferenciada. Es decir,no sólo se observa un espacio compartido y multiétnico, ade-más hay una cohabitación cercana en el área de viviendas o alinterior de los hogares. Para el caso de Santísima Trinidad, in-cluso hay miembros collas que participan en el sistemaorganizativo de la comunidad, ocupando cargos propios de laorganización tradicional, aunque no sabemos con qué senti-dos, ya que habría que indagar más profundamente los meca-nismos de socialización que los indígenas están utilizando parareproducir su cultura organizativa”.236

En el caso de las comunidades más alejadas del núcleo delárea colonizada hay más “reglamentaciones”. En la comuni-dad de San José de la Angosta se busca evitar que quien seincorpore a la comunidad “traiga a toda su familia”, en asam-blea se aprueba su ingreso “porque a veces el colono viene porinterés”. “Tiene que respetar nuestra cultura y eso se apruebaen una reunión, haciendo un acta y el colono tiene que fir-mar”.237

236 Vargas et al., op. cit.237 Entrevista a Cástulo Semo.

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La construcción de la carretera San Ignacio-Villa Tunari-Cochabamba es un proyecto impulsado fundamentalmente porvecinos, dirigentes cívicos y autoridades políticas de San Ig-nacio de Moxos, cuenta con el apoyo de los sindicatos de colo-nizadores. Actualmente, el camino desde Isinuta (en el Cha-pare) termina en la comunidad de Moleto y es uno de los temasmás polémicos y debatidos dentro y fuera del propio TIPNIS,entre los actores regionales como la Prefectura, la Subcentraldel TIPNIS, el Gobierno Municipal de San Ignacio y el ComitéCívico del Beni.239 Para unos camino es “desarrollo” departa-mental y para otros, principalmente los dirigentes indígenas,el camino es destrucción cultural y ambiental. Sin embargo, elestudio sobre percepciones de los indígenas en relación a estetema240 muestra que la posición de los dirigentes no es unáni-me entre las bases, que en algunos casos coinciden con las vi-siones oficiales que ven en la carretera una posibilidad de salirdel aislamiento, obtener mercados para sus productos y rete-ner los beneficios de la explotación de los recursos naturalespara, de esta forma, mejorar las condiciones materiales de lascomunidades. “Para unos comunarios –principalmente chima-nes– los ríos son atraso, lentitud, encierro, encarecimiento, en

Población colonizadora e indígena estimada en la zonade la colonización del TIPNIS, según estimaciones de Vargas et al.238

Origen Habitantes

Quechua y aymara 7.000

Trinitario 620

Yuracaré 80

Total 8.700

238 Vargas et al., op. cit.239 Vargas et al., op. cit. Molina, “Informe…”.240 Molina, “Informe…”.



otros –los mojeños– es cultura, es mantener la tradición, con-trol ambiental”.

Nosotros [los colonizadores] siempre hemos pedido, estamos deacuerdo [con la carretera], es un desarrollo para el municipio deVilla Tunari porque está pasando por su jurisdicción, entonces coneso ya beneficiaría a cada comunidad, a cada pueblo, pero eso tam-bién como parque ya se va a avasallar y para eso es que estamosviendo cómo proteger el verdadero parque, no el asentado, pero yatenemos la demarcación de la línea roja.241

Ah, claro, [estamos de acuerdo] ya usted vea, por ejemplo, que sinosotros tenemos carretera aquí vamos a sacar nuestros produc-tos.242

Sí, estamos en contra de que se haga la carretera porque se va allenar de colonos y nosotros ¿a dónde vamos a ir?243

Casi no estamos de acuerdo, pero si se va a hacer, ni modo, tampo-co ya no podemos atajarlos porque el Gobierno ya va… pero si nohacen todavía, porque todo eso va a destruir este monte si se hacela carretera.244

Como hemos señalado, es el municipio de Villa Tunari,controlado por los productores cocaleros, el que ejerce “sobe-ranía” sobre el área de colonización del TIPNIS, con excepciónde la comunidad de Santísima Trinidad, que depende jurídi-camente del municipio de San Ignacio de Moxos. Incluso pue-de visualizarse una estrategia de Villa Tunari –y de la Prefec-tura de Cochabamba– para consolidar su jurisdicción en lazona, especialmente a través de obras de infraestructura (elec-trificación, postas sanitarias, escuelas, etc.), por ejemplo el in-ternado en San José de la Angosta, recientemente concluido.

El año pasado ha mejorado muchísimo, especialmente en la infra-estructura de educación, de salud… han debido ver en Aroma, te-

241 Entrevista con Feliciano Mamani.242 Entrevista con Aquino Guaji.243 Entrevista con Cástulo Semo.244 Entrevista con Modesto Nosa.

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nemos un colegio modelo que es con el presupuesto de copartici-pación del municipio de Villa Tunari y algunas obras están reali-zándose en Villa Bolívar, Isiboro, Tacopaya, Uncía.245

De acuerdo al alcalde de Villa Tunari, Feliciano Mamani(ex dirigente colonizador), la jurisdicción de su municipio den-tro del Isiboro-Sécure (Distrito N° 8) llegaría hasta San José dela Angosta: “Orgánicamente y culturalmente ya está definido,pero las autoridades buscan pretexto de los recursos naturalesque tenemos como petróleo y madera y hasta ahorita no pue-den definir y por eso estamos dispuestos a respetar la línearoja para que se consolide como municipio de Villa Tunari ytambién como departamento de Cochabamba, pero hasta aho-ra no se soluciona”.246 El Alcalde vincula la pertenencia de San-tísima Trinidad al Beni con una estrategia prebendalista “paraque no pertenezcan a Cochabamba”.

En Santísima Trinidad ahora recién se documentó a las personas[desde Cochabamba]… sólo en las elecciones vota el 60%, 40% novota, pero siempre han manejado las ONG o las empresas para queno pertenezcan a Cochabamba. En las elecciones ellos siempre haninvertido, tal vez con regalos, con víveres y los pueblos indígenassiempre se han conformado con eso, la bandera del Beni no faltabaen Santísima Trinidad; pero ahora mayormente se dan cuenta, aho-ra recién entramos con obras, para eso el POA también ya tenemosaprobado para Santísima Trinidad y recién estamos entrando por-que también respetamos la cultura, su visión de los pueblos indíge-nas, no es fácil avasallar, sino ellos mismos tienen que decidirse,por eso en Santísima Trinidad no tienen grandes obras impactoscomo para demostrar, pero esa gente es más pobre que nosotros ycada uno no tiene un hijo, dos hijos, sino vas a ver de cinco arriba,siete tienen… entonces vamos a entrar a Santísima Trinidad conobras.247

245 Entrevista con Benito Laime.246 Entrevista con Feliciano Mamani.247 Ibíd.



Vargas et al. señalan que en 1998 el Gobierno Municipalde Villa Tunari, en coordinación con el Viceministerio de Par-ticipación Popular, hizo formular el Plan de Desarrollo Indí-gena del TIPNIS (PDDI) una vez que es declarado Distrito No 8del municipio de Villa Tunari. El documento presenta variasincoherencias que van desde el manejo de información hastala formulación de las vocaciones de desarrollo, pero tampocoparece partir de la base legal y los procedimientos que la Leyde Municipalidades y el Manual de Distritación Indígena exi-gen para conformar distritos municipales indígenas. “Peroaunque abarca a todo el TIPNIS como limite del Distrito N° 8,registra sólo a las comunidades indígenas que se ubican en loslímites de influencia de la carretera y la colonización, en cam-bio no figuran las comunidades de la zona central bajo Isiboroy todo el Sécure. Desde esta visión el mapa del TIPNIS aparececomo un amplio territorio vacío y con una población concen-trada en una sola área”.

El saneamiento es asimilado a consolidación, se lo tomacomo un tema que da seguridad, tranquilidad, adelanto, es unprogreso, es parte de un futuro, una forma de marcar la dife-rencia frente al presente que se muestra como de incertidum-bre, de atraso. Con referencia a la relación con los municipios,en las percepciones de los indígenas no hay referencias explí-citas al tema de la participación en el control social ni en laplanificación municipal. La relación con los organismos estata-les se vincula a la satisfacción de algunas demandas, principal-mente en infraestructura (salud, educación, etc.). La situaciónde los colonizadores es diferente; mediante su “instrumentopolítico” controlan el Gobierno Municipal de Villa Tunari, don-de han conseguido los nueve concejales del Concejo Munici-pal. Actualmente, como ya mencionamos, dos de los nueveconcejales provienen de sindicatos del Isiboro-Sécure, lo queles da capacidad de influir en las decisiones del GobiernoMunicipal y aprovechar los recursos para las comunidades deesta zona. En el caso de los indígenas del área colonizada, no

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participan de los planes de gestión municipal ni de las instan-cias de control provistas por la Ley de Participación Popular,ni en Villa Tunari ni en San Ignacio de Moxos.

En cuanto al papel de los gobiernos municipales y las pre-fecturas, sin duda la zona sur del TIPNIS es el lugar donde so-lamente llega la Participación Popular y tiene un impacto sus-tantivo, esto seguro que tiene que ver con la claridad deobjetivos políticos y sociales que tienen las autoridades muni-cipales de Cochabamba (actualmente, mayoritariamente delMAS) y sus organizaciones de la sociedad civil (especialmentelos sindicatos de colonizadores), pero además con la cercaníay la facilidad de acceso.248 Hoy en día no cabe duda de queesta área es donde hay mayor concentración de infraestructu-ra y servicios sociales en todo el TIPNIS. Luego de la aproba-ción de la Ley de Participación Popular en 1994, representan-tes de los colonos –a través del “instrumento político”– logranel control sobre el municipio de Villa Tunari y desde el Gobier-no proyectan un enfoque con un fuerte énfasis en las necesi-dades sociales de la población del municipio, en su mayoríason colonos. Por su parte, la Prefectura del Beni y el GobiernoMunicipal de San Ignacio cumplen un rol bastante diferente alos del Gobierno Municipal de Villa Tunari y la Prefectura deCochabamba. En las áreas del TIPNIS pertenecientes a munici-pios del Beni aún no se conoce el proceso de participación po-pular.249 Desde 1994 en municipios como el de San Ignacio deMoxos, los alcaldes son ganaderos y algunos profesores veci-nos de la ciudad de San Ignacio que desconocen la realidadcultural y social del TIPNIS, sin embargo, como mencionamos,en las últimas elecciones en este municipio triunfó la CPMB, loque podría dar un giro en las formas tradicionales de ejercer elpoder local.

248 Vargas et al., op. cit. y entrevistas.249 Ibíd.



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Entrevistas y testimonios

Cástulo Semo, dirigente trinitario, ex corregidor de San Joséde la Angosta, febrero de 2005.

Rubén Yuco, presidente Subcentral TIPNIS, febrero de 2005.

Cayo Cueva, corregidor de Santísima Trinidad.

Modesto Nosa, corregidor de San José de la Angosta, febrerode 2005.

Aquino Guaji, dirigente CONISUR Santísima Trinidad, febrerode 2005.

Benito Laime, concejal de Villa Tunari por la zona de coloniza-ción, febrero de 2005.

Rodolfo Bazos Ramos, concejal de Villa Tunari por la zona decolonización, febrero de 2005.

117

Feliciano Mamani, alcalde de Villa Tunari, febrero de 2005.

Fuentes hemerográficas

La PrensaLa RazónÚltima HoraEl DeberEl MundoLos Tiempos



El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure, TIPNIS.

Ingreso al Sindicato de Moleto, área de colonización.

119

El alcalde de Villa Tunari y dirigente cocalero, Feliciano Mamani, en su oficina.

Vista de San José de la Angosta.



Vista general de la comunidad de Santísima Trinidad.

A la derecha, Modesto Nosa, corregidor de San José de la Angosta junto a un comunario.

121Isiboro-Sécure (TIPNIS)

Territorio indígenaParque Nacional Isiboro Sécure

Fuente: Elaboración propia en base a mapa CPTI-CIDOB Centro de Planificación TerritorialIndígena Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia, en Atlas Territorios Indígenas enBolivia (2000).

123

II. Los chiquitanos de las comunidadesdel cantón San Juan, el gasoducto

lateral San Miguel-Cuiabáy el Bosque Seco Chiquitano

Comunidad San Juan de Chiquitos.

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1. Introducción

En el presente trabajo realizamos la indagación, en primerainstancia, de la actividad hidrocarburífera de las multinacio-nales ENRON y SHELL con la construcción del gasoducto late-ral San Miguel-Cuiabá en importantes zonas de reservasecológicas en el Pantanal, en el área de Reserva Natural de SanMatías, en el Bosque Seco Chiquitano (BSCH) y en territoriosindígenas –entre estos los del pueblo chiquitano– que ancestral-mente habitan esa zona. En segunda instancia, como conse-cuencia de la primera, de la actividad de conservación realiza-da por cuatro ONG junto con las transnacionales en el lugarimpactado y habitado por los chiquitanos a través de la con-formación de la Fundación para la Conservación BosqueChiquitano (FCBC). Describiremos el conflicto, la negociación,los acuerdos y desavenencias sucintas entre los chiquitanos,las multinacionales y la FCBC, además de otros actores localesen busca de conseguir una compensación socioambiental jus-ta, el cumplimiento de sus derechos y la defensa de los recur-sos naturales y del BSCH. Además nos referiremos a las tácti-cas de lucha utilizadas por los indígenas en el conflicto, suslogros y los problemas irresueltos, los impactos socioambien-tales en la zona y los resultados postcompensación de los pro-gramas de mitigación.

Para ello se ha escogido –entre otras– a tres comunidadeschiquitanas directamente afectadas por la construcción del ga-soducto San Miguel-Cuiabá: San Juan, Buena Vista y Entre Ríos,ubicadas en el municipio de San José de Chiquitos, en el can-tón San Juan y en el BSCH, a un poco más de 100 kilómetros dela población de San José. Estas comunidades chiquitanas es-tán afiliadas a la Central de Comunidades Indígenas de Chi-quitos-Turubó, son parte de la Organización Indígena Chiqui-


tana (OICH) y conforman el movimiento indígena de tierrasbajas de Bolivia.

Esta investigación rescata una de las primeras experienciasde negociación entre empresas transnacionales de actividadextractiva de los recursos naturales y los pueblos indígenas. Esun caso muy singular por la participación de los indígenas engeneral, y los chiquitanos en particular, en diferentes niveles (co-munal, provincial, regional y departamental), a través de diver-sas acciones concretas desplegadas. A su vez, lo es también porla emergencia de un nuevo conflicto que resulta de la actividadhidrocarburífera, que implica la intervención y apropiación –por parte de empresas conservacionistas aliadas a lastransnacionales– del Bosque Seco Chiquitano (BSCH) para reali-zar actividades de conservación sin participación de las comu-nidades indígenas chiquitanas y ayoreas que habitan el lugar.

Finalmente, el desarrollo de los dos conflictos con todassus aristas, altas y bajas, describe la relación conflictiva entremovimientos sociales y políticas públicas que se da en el paísy resalta una experiencia precedente para los pueblos indíge-nas de Bolivia, que tendrán que lidiar y afrontar problemascon empresas de actividad extractiva, por ejemplo, se estimaque la construcción de nuevos gasoductos en territorios indí-genas se incrementará en los siguientes años.1

2. Características generales de la región

Bolivia, con una superficie de 1.098.581 km2 y una poblaciónde 8.274.325 habitantes, está dividida fisiográficamente en dosgrandes regiones: la andina y las tierras bajas. Las tierras bajasabarcan una superficie de 76,3 millones de hectáreas, es decir,más de 2/3 del territorio nacional, caracterizada por poseeruna altitud inferior a 500 metros sobre el nivel del mar y tener

1 Inspección “INSU”…Informe de los pueblos indígenas, p. 3.

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un clima cálido.2 En la actualidad, de los 39 pueblos indígenasexistentes en Bolivia, 363 se encuentran en las tierras bajas,4aunque numérica y demográficamente estas poblaciones sonsignificativamente menos numerosas que las andinas, comolos quechuas y los aymaras.

En las tierras bajas se distingue siete regiones,5 entre ellasla Chiquitania, que tiene el 31,5% del total de superficie,6 terri-torio tradicional de la cultura chiquitana que comprende bue-na parte de lo que ahora es el departamento de Santa Cruz,uno de los más grandes del país. Este departamento se encuen-tra al sureste de Bolivia, se divide política y administrativa-mente en quince provincias y cincuenta municipios; tiene unapoblación de 2.029.471 habitantes,7 que representa el 24,53%,de los cuales la mayor cantidad (1.545.648) se encuentra en elárea urbana y 483.823 en el área rural. Actualmente está habi-tado por los siguientes grupos indígenas: chiquitanos, ayoreos,guarayos, guaraníes (Isoso), los yuracaré y mojeños, cuantita-tivamente, mucho menos numerosos que la población mesti-za-crilla y en la Chiquitania específicamente se encuentran loschiquitanos, ayoreode y guarayos.

Los chiquitanos viven en las provincias Ñuflo deChávez, Velasco, Chiquitos, Ángel Sandóval y GermánBusch, y dentro de la jurisdicción de la provincia Chiquitosse encuentran las ex reducciones de San Juan, Santiago y la

2 Carlos Romero, “La Reforma Agraria en las tierras bajas de Bolivia”,en Reforma Agraria, 50 años TCO y tierras campesinas, CEJIS, Santa Cruz,2003, p. 55.

3 Entre estos los chiquitanos, guaraníes, ayoreos, weenhayek, tapiete,moxeños, guarayos, sirionó, yuracarés, tacana, yuqui, etc.

4 Molina, Wilder, “Informe Línea Base Cualitativa”, Trinidad, tesis de li-cenciatura, mimeo, 1996).

5 Los Yungas, el Chapare, los llanos cruceños, los llanos benianos, laChiquitania, la Amazonia y el Chaco.

6 Montes de Oca, citado en Pablo Pacheco, Estilos de desarrollo, deforestacióny degradación de los bosques en las tierras bajas de Bolivia, Serie Bosques ySociedad Nº 2, CIFOR; CEDLA; TIERRA, La Paz, 1998, p. 46.

7 Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en septiembre de 2001.

Chiquitanía


capital San José.8 Aunque antes de que el Estado llevara ade-lante un ordenamiento político administrativo, la provinciacomprendía buena parte del territorio chiquitano y conteníaen su interior a varias ex reducciones. Para el año 2001, segúnel Censo Nacional de Población, la provincia tenía una pobla-ción de 59.754 habitantes y una densidad de 1,62 habitantespor km2. Política y administrativamente está dividida en tressecciones de provincia: la primera sección es San José de Chi-quitos, la segunda sección Pailón y la tercera sección Roboré.

San José de Chiquitos, primera sección de provincia y mu-nicipio –lugar donde se encuentran las comunidades de SanJuan, Buena Vista y Entre Ríos, afectadas por la construccióndel gasoducto y elegidas para el siguiente trabajo–, fue fundadaa fines del siglo XVII, el año 1698, durante la Colonia, por losjesuitas que establecieron en ese tiempo una reducción: la Re-ducción de San José, ubicada al centro de la región conocidacomo la Chiquitania. Limita al norte con la provincia Velasco, alsur con la provincia Cordillera, al este con el municipio deRoboré, que es tercera sección de la provincia Chiquitos, y fi-nalmente al oeste con el municipio Pailón, que es segunda sec-ción de la misma provincia. Se encuentra a 280 kilómetros de lacapital de departamento (Santa Cruz), muy cerca de Santa Cruzde la Sierra la Vieja, tiene una población de 16.599 habitantes,de los cuales 9.211 se encuentran en el área urbana y 7.388 habi-tantes en el área rural, cuenta con una superficie de 31.429 km2

y según el ranking municipal de Índice de Desarrollo Humanoen Santa Cruz, ocupa el duodécimo lugar de los cincuenta mu-nicipios con un valor de 0,6439 y el índice de pobreza es 68,24%.

8 Roberto Balza, “Tierra, territorio y territorialidad indígena. Un estudioantropológico sobre la evolución en las formas de ocupación del espa-cio del pueblo indígena chiquitano de la ex reducción jesuita de SanJosé”, en Serie pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia, Vol. 17,APCOB-SNV-IWGIA, Santa Cruz, 2001, p. 190.

9 Índice de Desarrollo Humano en los municipios de Bolivia, PNUD; Plu-ral editores, La Paz, 2004.

129

Tiene como principal y tradicional actividad económica ala ganadería, abocada fundamentalmente a la producción delganado bovino. Según Balza, la ganadería mantiene esta posi-ción de actividad productiva primaria desde el momento quela población cruceña ingresó a la región luego de la abolicióndel sistema reduccional10 y forma grandes, medianas y peque-ñas propiedades ganaderas. Le sigue la actividad extractivaforestal y la agricultura practicada por un porcentaje de la po-blación, sobre todo del área rural e indígena, con una econo-mía fundamentalmente campesina dedicada a la producciónde soya, maíz, yuca, fréjol y arroz.

La élite local de San José, formada por la población urba-na dominante, por lo general está constituida por cruceños noindígenas dedicados a la ganadería y habitan principalmenteen las primeras cuadras circundantes a la plaza principal. Den-tro de la estructura social, en el polo opuesto de los ganaderoses la población indígena, integrada fundamentalmente por loschiquitanos y los ayoreos que viven en las zonas periféricas dela ciudad o en comunidades ubicadas en el área de influenciade San José. En el caso de los chiquitanos, dentro de la urbe deSan José existen 17 barrios chiquitanos que no pertenecen a laorganización chiquitana y 28 comunidades ubicadas a las afue-ras de la ciudad.

Al lado este y dentro de la jurisdicción del municipio yprimera sección de provincia San José de Chiquitos se en-cuentra ubicado el cantón San Juan, lugar por donde pasaparte del gasoducto San Miguel-Cuiabá, donde se encuentraparte del Bosque Seco Chiquitano (BSCH) y en el que habitancinco comunidades chiquitanas (San Juan, Buena Vista, En-tre Ríos, Ramada e Ipias) y dos ayoreas (Santa Teresita yTobité), poblaciones directamente afectadas por la construc-ción del gasoducto.

10 Balza, op. cit.

Chiquitanía


Es importante resaltar que el gasoducto San Miguel-Cuiabáparte y se desprende del gasoducto principal Bolivia-Brasil,11

próximo al río San Miguel, hasta llegar a San Matías dentro elterritorio boliviano. En esa ruta pasa por dos provincias deldepartamento de Santa Cruz: Chiquitos, específicamente elmunicipio y primera sección de provincia San José de Chiqui-tos y el cantón San Juan, y por la provincia Ángel Sandóval,concretamente por la capital de provincia y municipio SanMatías; atraviesa por importantes zonas y áreas ecológicascomo el Pantanal de San Matías y parte del Pantanal de Otu-quis, el Área Natural de Manejo Integrado San Matías y el BSC,dentro de su área de influencia se encuentran más o menos 35comunidades chiquitanas y dos comunidades ayoreas.

3. Actores sociales y empresariales

3.1. Empresas multinacionales ENRON y SHELL

ENRON era la empresa multinacional norteamericana hidro-carburífera más grande del mundo, denominada incluso pormuchos como el gigante de la industria energética, además

11 El gasoducto Bolivia-Brasil tiene una extensión de 3.159 kilómetros delargo, parte del Río Grande, en el departamento de Santa Cruz, pasapor Puerto Suárez, en la frontera Bolivia-Brasil, y llega hasta Sao Paolo,Brasil. En el lado boliviano la extensión del gasoducto es de 557 kiló-metros, aunque su conexión, ya existente, llega hasta los camposgasíferos de propiedad de PETROBRAS San Alberto y San Antonio,dos de los tres mega campos del país. La construcción demandó unainversión total de 2.015 millones de dólares y en la parte boliviana éstafue de 435 millones. La propiedad del lado boliviano está en manos dePETROBRAS, BTB y TRANSREDES, esta última resultante de una aso-ciación entre las compañías SHELL, ENRON y los fondos de pensionesAFP. El gasoducto Bolivia-Brasil es el mayor proyecto de transporte degas en América Latina, tiene la capacidad de exportar 30 MM/m3/día(Energy Press, N° 29, junio de 2002).

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de haber sido la séptima empresa más grande de EEUU.12 A lolargo de varias décadas, con la actividad gasífera y petrolerase fue extendiendo por más de cuarenta países y tras el proce-so de capitalización se transformó en el “socio estratégico deBolivia” en la capitalización de la Unidad Transportadora deYPFB TRANSREDES,13 haciéndose propietaria de toda la red degasoductos, oleoductos de exportación y de poliductos locales.

El año 2001, la multinacional fue declarada en quiebra porprácticas de contabilidad ficticias, distorsión de informes eco-nómicos y la construcción de actividades económicas que ofre-cían la apariencia de un gran negocio cuando en verdad losresultados financieros eran lo contrario,14 además de otros ac-tos de corrupción corporativa.

SHELL es una compañía multinacional dedicada a la acti-vidad hidrocarburífera, es de origen británico-holandés y esuna de las más importantes del mundo. Controla y maneja lasmayores reservas y producción de gas en más de cien países,15

en Latinoamérica tiene sus inversiones en exploración y pro-ducción en Argentina, Brasil, Colombia y Perú, e inversionesen gasoductos en Bolivia, Brasil y México.16

12 En www.perspectivaciudadana.com.13 La capitalización fue el nombre que se dio al proceso de privatización de

las más importantes empresas estatales del país. Aprobada como Ley en1996 por el presidente Sánchez de Lozada, la capitalización convirtió lapropiedad del Estado en un conjunto de acciones depositadas en fidei-comiso en los Fondos de Pensiones (AFP), en tanto que cedía el controlde la empresa a un socio capitalizador que aportaba a la empresa unmonto similar al valor en libros de las antiguas empresas estatales. Conel tiempo, un pequeño porcentaje de estas acciones que estaban en ma-nos de los trabajadores fueron vendidas a los socios capitalizadores, conlo que en la actualidad no sólo tienen el control del directorio, sino tam-bién de la mayoría del paquete accionario. Sobre el tema, ver VVAA, Lasreformas estructurales en Bolivia, Fundación Milenio, La Paz, 1999.

14 En www.perspectivaciudadana.com.15 OICH-CEADES, p. 89.16 Carlos Villegas, Privatización de la industria petrolera en Bolivia. Trayecto-

ria y efectos tributarios, 2ª edic., CIDES-UMSA; CEDLA; FOBOMADE;Diakonía; Plural editores, La Paz, 2004, p. 97.

Chiquitanía


Junto a ENRON y fruto de la capitalización, en Bolivia lo-gró apoderarse del sistema nacional de transporte de gas deexportación y transporte interno de gas y petróleo.

ENRON y SHELL poseen cada una el 25% del total de lasacciones de TRANSREDES17 (Empresa Transportadora de Hidro-carburos en Bolivia), constituida en 1997 como resultado delproceso de capitalización de la Unidad de Transporte de YPFB,para el transporte de gas de exportación a Brasil y para el trans-porte interno de gas natural, crudo, diesel oil, GLP y gasolinanatural.18 Actualmente, por su posición están a cargo de la ad-ministración de TRANSREDES, subsidiaria en Bolivia de las dosmultinacionales.

La operación del gasoducto San Miguel-Cuiabá en el ladoboliviano está a cargo de Gas Oriente Boliviano S.A., empresasubsidiaria de TRANSREDES representante del tramo bolivia-no,19 que tiene entre sus principales accionistas a las dos mul-tinacionales, cada una con el 50% de acciones.

3.2. Los chiquitanos

Se trata de una cultura indígena relativamente nueva, forma-da por elementos indígenas antiguos de diferente origen y deelementos cristianos,20 fruto ante todo del aglutinamiento devarios grupos indígenas en la gran Chiquitania en las misio-nes jesuíticas a partir del siglo XVI. El pueblo chiquitano haincorporado a varios otros grupos indígenas, se estima másde 35,21 con lenguas, organización, culturas y economías muy

17 El 34% de las cuotas de capital de TRANSREDES le pertenece a losbolivianos y es administrado por las AFP, el 16% de esas cuotas le per-tenece a los ex trabajadores de YPFB, la restante accionaria del 50% sedivide entre la SHELL (25%) y ENRON (25%) (Villegas, p. 98).

18 Villegas, op. cit.19 OICH-CEADES, p. 82.20 Bernd Fischermann, Campesino e indígena. La cultura chiquitana actual, p.

103.21 K. Zamora, Culturas bolivianas, p. 125.

133

distintas, a agricultores como los aruak o cazadores-recolectorescomo los ayoréode.22

Los indígenas chiquitanos fueron denominados con esenombre por los primeros conquistadores españoles, quieneslos llamaron “los chiquitos” a causa de las entradas pequeñasde sus cabañas o por la expresión guaraní tapuy miri, que sig-nifica enemigos pequeños, que en otros sitios se traduce porchiquito.23

Los jesuitas, desde la fundación de la primera reducción en1692 hasta 1760, fundaron diez reducciones24 en la Chiquitania,entre estas la reducción de San Juan, alcanzando congregar se-gún Knogler aproximadamente 37 mil indígenas.25 En 1767, antela expulsión de los jesuitas, las reducciones establecidas pasana manos de administradores españoles (gobernadores, coman-dantes militares, administradores y sacerdotes) y se abren laspuertas para la penetración de la sociedad nacional y cruceña,26

muchas de estas autoridades ingresan a las reducciones con susfamilias y generan un nuevo tipo de mestizaje cultural.

Con el tiempo, las reducciones son apropiadas por la ex-pansión criollo-mestiza cruceña y los chiquitanos son despoja-dos y marginados a las periferias de las reducciones, y obliga-dos a ceder su fuerza de trabajo de manera gratuita en las nuevasestancias y establecimientos en diferentes tareas. Entre 1840 y1850 prácticamente se disuelven las reducciones,27 muchoschiquitanos salen de las ex reducciones y vuelven al monte aformar comunidades chiquitanas llamadas también ranchos.

22 Fischermann, op. cit.23 Métraux, 1942, p. 122, en B. Krekeler, Historia de los chiquitanos, p. 26.24 San Javier, 1692; San Rafael, 1696; San José, 1698; San Juan, 1699; Con-

cepción, 1709; San Miguel, 1721; San Ignacio, 1748; Santiago, 1754; San-ta Ana, 1755 y Santo Corazón, 1760.

25 Burkhard Schwarz, Estrategias neocoloniales de “desarrollo” versus territo-rialidad chiquitana, p. 29.

26 Ibíd., p. 37.27 Fischermann (apuntes de clase).

Chiquitanía


Desde el año 1880 hasta 1945, durante el auge del caucho,miles de chiquitanos fueron llevados por la fuerza a los bos-ques de goma28 para trabajar en condiciones de servidumbrepara las élites cruceñas y empresas internacionales. En estaépoca, miles de indígenas mueren en los gomales de Ñuflo deChávez y Velasco, y muchos otros son llevados a los departa-mentos de Beni y Pando en el norte amazónico del país.

En 1953 se lleva adelante la Reforma Agraria con el objeti-vo –entre otros– de redistribuir las tierras afectando los lati-fundios y la abolición del sistema patronal, sin embargo, estaReforma no reconoce el derecho de propiedad de las comuni-dades chiquitanas al territorio, en consecuencia, muchos indí-genas pierden otra oportunidad de recuperar su territorio, nose cumple en gran parte de las tierras bajas la abolición delsistema patronal y la afección de los latifundios; por el contra-rio, produce la redistribución de gran parte del espacio chiqui-tano entre otros grupos sociales: “La primera Reforma Agra-ria nunca se dio en las tierras bajas de Bolivia, más por elcontrario, las antiguas formas de latifundio y servilismo fue-ron fortalecidas por una clase pudiente que se salió de su po-sición para que todas estas leyes de cambios pasen desaperci-bidas sin pena ni gloria”.29

Aproximadamente en la década de los setenta, resultadode una compleja dinámica social y cultural en América Latina,el paulatino reconocimiento internacional de derechos socialese indígenas, los primeros contactos interétnicos de los represen-tantes de los grupos indígenas y otros comienzan a generar unaserie de movilizaciones en el campo y las ciudades, lo que dalugar a la organización y reorganización de nuevas y viejas es-tructuras indígenas y campesinas. Tras esta oleada, los movi-

28 Schwarz, op. cit., p. 40.29 Wigberto Rivero, “Indígenas y campesinos de la Amazonia y el Chaco:

movilizaciones y demandas por tierra y recursos naturales”, en Opinio-nes y análisis, tierra, campesinos e indígenas, FUNDEMOS, La Paz, 2003,p. 103.

135

mientos indígenas de las tierras baja de Bolivia, entre estos loschiquitanos, comienzan a organizarse en busca de la defensa yreivindicación de sus derechos y su cultura, ante el avasallamientoy expropiación de las tierras donde habitaban por parte de gana-deros, explotadores de madera, de exploraciones hidrocarbu-ríferas, etc., y ante la exclusión de las políticas del Estado. En 1982,como inicio de un proceso, los chiquitanos, entre otros pueblosindígenas, promueven la estructuración de la primera Central deIndígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y a partir de ese año hastael presente auspician la estructuración de diferentes organizacio-nes en varios niveles (regional, departamental, nacional, interna-cional) y de grupo (organizaciones de cada pueblo indígena), ycomienzan unas movilizaciones sociales por medio de marchas,acciones legales, negociaciones, etc., en busca del reconocimientode sus derechos, entre ellos de sus territorios.

Actualmente, el pueblo chiquitano tiene una poblaciónaproximada de 84.900 habitantes distribuidos en 441 comuni-dades, en las provincias Ñuflo de Chávez, Chiquitos, ÁngelSandóval, Germán Busch y Velasco,30 contando sólo la pobla-ción que vive en las comunidades, sin tomar en cuenta a loschiquitanos que viven en barrios de poblaciones urbanas y/oex reducciones. Aunque en estos datos numéricos figuran mu-chos chiquitanos que ya no viven de la manera o con prácticasde la cultura chiquitana, o por el grado de mestizaje que hayen algunas comunidades por la diferente procedencia que tie-nen muchos comunarios no son chiquitanos o ya no seautoidentifican como tales.

A diferencia de los ayoreos, que tienen una identidad étnicamuy fuerte, los chiquitanos en el presente se mueven entre laidentidad campesina y la indígena. Como señala Fischermann,el chiquitano no es sólo indígena ni sólo campesino, es un in-

30 CPESC, Organización Indígena Autónoma, Unidos en la diversidad cul-tural en defensa de nuestros derechos civiles, políticos, sociales cultu-rales y económicos, Santa Cruz, 2004.

Chiquitanía


dígena-campesino que se mueve en dos culturas.31 A veces, se-gún el tipo de interacción y situación, sobrepone su identidadétnica y subordina la identidad campesina o viceversa. SegúnFischermann, dentro de la comunidad es indígena, con reglaspropias de comportamiento y comunicación con los demás co-munarios; hacia fuera, en su relación con los no chiquitanospuede ser campesino32 y así da lugar a una trama de identida-des flexibles y relacionales.

Organización social y política de los chiquitanos

El pueblo chiquitano tiene como base de unidad social, económi-ca y política a las comunidades, en tanto que los procesos de arti-culación regional se realizan a través de la Organización Indíge-na Chiquitana (OICH), originada en 1995 tras la conformación deun Comité Impulsor para la coordinación de la Central Indígenade Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), la Central In-dígena de Comunidades de Concepción (CICC) y la Central deComunidades Indígenas de San Miguel (CCISM).33 Surge ante lanecesidad de coordinar tareas, mantenerse organizados y bieninformados entre los chiquitanos de las diferentes comunidades,zonas y regiones, en momentos en que hay un creciente procesode ocupación, intervención e ingreso de diversos actores en susterritorios movidos por diversos intereses. La OICH inicia sus pri-meras acciones a principios de 1996 cuando el pueblo chiquitanoparticipó en la marcha indígena de agosto de ese año, organizadapor la CIDOB, denominada “Marcha por el territorio, la tierra, losderechos políticos y el desarrollo”.

En el presente, cuenta con doce centrales indígenas pro-vinciales que congregan a varias comunidades chiquitanas dedeterminadas zonas o regiones de las cinco provincias de San-

31 Fischermann, op. cit., p. 108.32 Ibíd.33 Guía metodológica para la vigilancia, OICH; CEADES; Oxfam, p. 115.

137

ta Cruz: en Ñuflo de Chávez, Chiquitos, Velasco, Sandóval yBush, en total a 411 comunidades.

La OICH, aparte de estar constituida por las centrales, cuen-ta con un directorio compuesto por cinco cargos: Presidente,Secretario de Tierra y Territorio, Secretario de Salud y Educa-ción, Secretario de Economía, y Secretario de Organización yComunicación.34 El directorio es elegido por consenso en unaasamblea llevada adelante con la participación de todos susmiembros, además que cada cargo es ocupado por un repre-sentante de cada una de las cinco provincias.

El objetivo general que encamina el trabajo de la OICH juntoa sus centrales es: “Promover la unidad y solidaridad del pue-blo indígena chiquitano, fortalecer política y organizativamentea las centrales miembros para la participación efectiva en latoma de decisiones y en los procesos de desarrollo integralsostenible a nivel local, regional y nacional”.35 Y sus accionesvan dirigidas fundamentalmente a conseguir:

• La consolidación de la situación jurídica de las TCO ysu gestión con autonomía e identidad.

• La participación indígena en los espacios de toma dedecisiones a nivel local, regional y nacional.

• La defensa de los derechos de los pueblos indígenas.• Proponer reformas a leyes para garantizar el desa-

rrollo sostenible de las comunidades y el respeto delos derechos indígenas.

34 Ibíd., p. 116.35 Ibíd.

Chiquitanía


En el conflicto con las multinacionales y la FCBC, la OICHrepresenta y defiende a los chiquitanos involucrados en el con-flicto a través de diferentes gestiones, que van desde la emi-sión y difusión de votos resolutivos tomando posiciones, laparticipación en las negociaciones y otro tipo de reuniones, yseminarios de capacitación y de información a las bases, laimplementación de campañas de denuncia internacional antelos malos tratos, la elaboración de propuestas alternativas alos planes de compensación indígena por el uso de recursosnaturales existentes en sus territorios y otros.

El pueblo chiquitano, a través de su organización matriz,la OICH y junto a sus centrales, también forma parte de la es-tructura orgánica del movimiento indígena a nivel regional,nacional e internacional.

En el espacio regional, los chiquitanos forman parte de laCoordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC). Or-

OrganizaciónIndígena

Chiquitana (OICH)

Doce centrales comunales

En la provinciaÑuflo de Chávez

En la provinciaVelasco

En la provinciaChiquitos

En la provinciaGermán Bush

En la provinciaÁngel Sandóval

CICHGBPuerto Suárez

CICCConcepción

ACISIVSan Ignacio

CICCH-TURUBÓSan José

CIRPASSan Matías

CIPSJSan Javier

ACISARVSan Rafael

CICHIPAPailón

CICOLLomerío

CCISMSan Miguel

CICHARRoboré

CIBAPA-BajoParaguá

Estructura interna de la OICH

139

ganización encargada de la coordinación regional de articula-ción de necesidades y acciones de los diferentes pueblos indí-genas del departamento de Santa Cruz: guaraníes (Isoso),chiquitanos, ayoreos y guarayos. Tiene sus inicios en 1992 cuan-do los pueblos guarayos, chiquitanos, ayoreos y guaraníes(Isoso) crean un comité impulsor con el objetivo de construirun nivel de coordinación departamental de los pueblos indí-genas de Santa Cruz. En 1994, se convocó a los representantesde los pueblos indígenas al I Congreso Departamental, queconsolidó a la Coordinadora Étnica de Santa Cruz CESC y queposteriormente (1995), en la primera asamblea general, ven-drá a ser la CPESC, la representación indígena en el departa-mento de Santa Cruz.36

La Coordinadora tiene como misión: “Fortalecer políticay organizativamente a sus organizaciones miembros para laparticipación efectiva en la toma de decisiones como en losprocesos de desarrollo local, regional y nacional, en el marcode la dinámica social, política y de nuevas leyes que se gene-ren en el país”.37 Sus objetivos son:38

• La reivindicación y defensa de los derechos sociales,civiles, políticos, culturales y económicos de los pue-blos indígenas.

• La promoción y consolidación del desarrollo econó-mico de las familias indígenas, con base en estrate-gias sostenibles y con identidad cultural.

• La defensa y la conservación de los recursos natura-les y el medio ambiente de nuestras TCO y TC.

• La consolidación y desarrollo político-organizativo-institucional del movimiento indígena.

36 CPESC, Organización Indígena Autónoma, Unidos en la diversidad cul-tural en defensa de nuestros derechos civiles, políticos, sociales culturales yeconómicos, Santa Cruz, 2004.

37 Ibíd.38 Ibíd.

Chiquitanía


• La implementación y desarrollo de la educaciónintercultural y bilingüe.

• La reivindicación y vigencia de la cultura de los pue-blos indígenas.

• La consolidación y promoción de la participación ciu-dadana de los pueblos indígenas en los procesos de-mocráticos electorales.

• El reconocimiento de los conocimientos tradicionalescolectivos e individuales de los pueblos indígenas.

• El relacionamiento político-social de manera horizon-tal con todos los sectores sociales del país.

• La titulación y gestión político-administrativa de lasTierras Comunitarias de Origen (TCO).

• La consolidación de gobiernos indígenas autónomosde las TCO.

Con el tiempo, sobre un escenario de diferencias estraté-gicas acumuladas desde hace años en cuanto a la manera deconducir al movimiento indígena y de claras diferencias polí-ticas entre los dirigentes –principalmente de la CIDOB y laCPESC– la CPESC abandonará su pertenencia a la CIDOB y ofi-cialmente asumirá una autonomía respecto a la conducción ypráctica organizativa,39 además en ese clima de ruptura, la con-formación inicial de la estructura, con la participación de lospueblos indígenas guarayos, chiquitanos, ayoreos y guaraníes(Isoso) también ira cambiando parcialmente a medida que losguaraníes se alejarán del ente matriz y nuevos grupos ingresa-rán a la estructura, es el caso de los yuracaré-mojeño. Estasdiferencias en la toma de acciones y en la asunción de estrate-gias entre la CIDOB y la CPESC, y la escisión entre ambas orga-nizaciones también se manifestará en la defensa y representa-ción que asumen estas organizaciones matrices ante el conflictoentre las multinacionales ENRON y SHELL, y los indígenas

39 García Linera et al., p. 353.

141

chiquitanos y ayoreos afectados por la construcción del ga-soducto San Miguel-Cuiabá.

Estructura orgánica de la CPESC

A lo largo del conflicto entre chiquitanos-ayoreos, las mul-tinacionales (ENRON y SHELL) y la FCBC, se puede evidenciarque la CPESC, dentro del marco de autonomía que le caracteri-za respecto a la conducción y práctica organizativa de la

ASAMBLEADEPARTAMENTAL

ASAMBLEACONSULTIVA

DEPARTAMENTAL

DIRECCIÓNEJECUTIVA

DEPARTAMENTAL

Una vez al año

Cada tres meses

Nivelespolítico-ideológicos

de toma de decisiones

Cada cuatro años

DIRECTORIODE LA CPESC

ORGANIZACIONES MATRICES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

OICHOrganización

IndígenaChiquitana

* 12 centralesy 441

comunidades

COPNAGCentral de

Organizaciones delPueblo Nativo

Guarayo* 13 centrales

comunales

CPIYSCConcejo de

Pueblos IngígenasYuracaré-Mojeño* 4 comunidades

CANOBCentral Ayorea

Nativa del OrienteBoliviano

* 16 comunidades

Órganooperativo

Nivel ejecutivo delos planes,

programas y proyectos

CENTRALESINTERCOMUNALES

CENTRALESCOMUNALES

COMUNIDADES

Chiquitanía


CIDOB,40 asume un papel fundamental en el conflicto, repre-sentando y llevando a cabo diversas acciones como oposicio-nes legales, participación en las negociaciones, elaboración deuna propuesta alternativa para la conservación del BSCH yotros. Incluso, de manera más cercana, con acciones más radi-cales que la CIDOB.

A nivel nacional, los chiquitanos son parte de la Confede-ración de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). Organizaciónconformada en octubre de 1982 tras un proceso de fortaleci-miento de organizaciones y autoridades naturales y tradicio-nales, y la conformación de espacios de discusión y reflexión,compuesta en su primera etapa por los guaraníes izoceños,chiquitanos, guarayos y ayoreos. La CIDOB surgió inicialmen-te como una organización representativa de los pueblos indí-genas del departamento de Santa Cruz, pero más adelante seexpande prácticamente a todas las tierras bajas, incorporandoa otros grupos étnicos del Chaco y la Amazonia, manteniendola sigla, pero cambiando el contenido: Confederación de Pue-blos Indígenas de Bolivia (CIDOB). Desde entonces se convir-tió en el representante nacional del movimiento indígena detierras bajas de Bolivia.41

Sin embargo, en los últimos años, tras varias divergenciasen la manera de conducir el movimiento indígena de tierrasbajas y conflictos dirigenciales, algunas organizaciones comola CPESC asumieron una autonomía y distanciamiento de laorganización nacional. En el caso de los chiquitanos, aunqueadmiten y reconocen que la CIDOB sigue siendo su matriz anivel nacional, porque ellos la fundaron junto a otros gruposindígenas, pero en este último tiempo han asumido una posi-ción crítica ante el ente matriz nacional.42

Sin bien la CIDOB, como representante de los chiquitanosy ayoreos, participó con diferentes gestiones en el conflicto,

40 Ibíd.41 Ibíd., p. 217.42 Entrevista con dirigentes de CCICH-Turubó, 13 de abril de 2005.

143

no jugó un papel preponderante en éste. Incluso llegó a tomardecisiones unilaterales y firmar acuerdos con los oponentes,que con el tiempo y por petición de la CPESC y OICH se vio enla obligatoriedad de romper. Es el caso del convenio firmadocon la FCBC y las primeras negociaciones con las multinacio-nales sin participación de los indígenas sobre las compensa-ciones socioambientales.

La Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos-Turubó(CCICH-Turubó)

Tiene sus orígenes en el año 1989 cuando “se crea una Asocia-ción Mancomunada de Trabajo donde se forman grupos detrabajo y un directorio para beneficiar a todas las comunida-des”43 del Programa de Desarrollo Rural Micro Regional deSan José de Chiquitos PRODESA,44 creado en la segunda déca-da de los ochenta mediante un convenio entre el Gobierno deBolivia, representado por CORDECRUZ, y el Gobierno de Ale-mania, representado por la IP/GTZ.45 El objetivo de este pro-grama era proporcionar de manera directa a las comunidadesindígenas créditos en insumos y asistencia técnica para la pro-ducción agrícola, con la meta de introducir cultivos comercia-les que mejoren el nivel de ingresos monetarios en grupos decomunarios interesados en esta actividad,46 a partir de ello laorganización indígena inicialmente se denominó Asociaciónde Grupos Mancomunados de Trabajo Turubó.

Una vez conformada la Asociación, “en la primera asam-blea y en las diferentes reuniones que se dieron se vio que lasnecesidades de las comunidades no eran sólo crédito y la asis-

43 Entrevista con Julio Socoré, ex presidente de CCICH-Turubó (CEADES-OICH, p. 117).

44 El Programa se desestructuró varios años después junto aCORDECRUZ.

45 Balza, op. cit., p. 193.46 Ibíd.

Chiquitanía


tencia técnica, que sólo eran parte de las necesidades y proble-mas que habían en salud, educación, caminos vecinales, el temade tierra que no estaban saneadas, es ahí cuando se decide crearuna organización que beneficie a todas la comunidades, nosolamente a grupos de trabajo”.47

En esa dirección en 1996 se forma la Central de Comuni-dades Indígenas de Chiquitos-Turubó, al principio con gran-des limitaciones “la Central comenzó a tomar cuerpo, pero lefaltaba su propia sede, tener una estructura definida y le falta-ba tener sus propios estatutos y reglamentos”.48

Sin embargo, los años siguientes logran conformar unaestructura –descrita más adelante– y conseguir la sede de laorganización, que en principio “fue una oficina instalada en1995 financiada por la Cooperación GTZ y el Proyecto TierrasBajas del Este”.49

Actualmente, la Central tiene afiliadas a 28 comunidades,con una población aproximada de 5.400 habitantes,50 todas enla zona de influencia de San José, entre éstas las cinco comuni-dades afectadas por la construcción del gasoducto: El Cerro,Motacusito, El Tinto, Quimome, Piopoca, San Juan del Norte,Natividad, San Agustín, La Esperanza, Nuevo Horizonte,Quituquina, Portoncito, San Antonio, La Fortuna, Candelaria,Pozo del Cura, Cruz Blanca, Pororó, Losiro, Taperita, Dolores,San Ceferino, San Juan de Chiquitos, Buena Vista, Ramada,Entre Ríos, Ipias y Portón.51 Asume la representatividad delconjunto de estas comunidades ante instituciones del Estado,

47 Entrevista con dirigentes CCICH-Turubó.48 Entrevista con Ernesto Hurtado, OTB de la comunidad de Entre Ríos y

Promotor del PDI de la CCICH-Turubó.49 Entrevista con Julio Socoré, ex presidente de CCICH-Turubó (CEADES-

OICH, p. 117).50 CPESC, Organización Indígena Autónoma, Unidos en la diversidad cul-

tural en defensa de nuestros derechos civiles, políticos, sociales culturales yeconómicos, Santa Cruz, 2004.

51 Mapa, Área de Influencia de la CCICH-Turubó.

145

ONG, agencias internacionales de financiamiento y se encargade gestionar para ellas proyectos productivos y de fortaleci-miento organizativo.52

ASAMBLEAGENERAL

ASAMBLEAEXTRAORDINARIA

DIRECTORIO

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

El Directorio es elegidocada tres años

Cada año se plantea laresolución de problemas,se evalúa los avances, etc.

CINCO SECRETARÍAS

Secretaríade Tierra

y Territorio

Secretaríade

Organización

Secretaríade

Economíay Desarrollo

Secretaríade Salud,Educacióny Cultura

Secretaríade

Comunicacióne Información

Órganooperativo

28 COMUNIDADES

Estructura orgánica CCICH-TURUBÓ

En la asamblea general participan las 28 comunidades a tra-vés de sus delegados representantes y es la principal instanciade deliberación y evaluación, tanto de las actividades realiza-das en la gestión como del desempeño de los dirigentes:

“En la asamblea general se tocan todas las actividades quese han realizado [durante los tres años], se ve como esta mar-chando la Central, qué proyectos se han implementado y cómo

52 Balza, op. cit., p. 255.

Chiquitanía


están, si están bien o han fracasado, y se extrae las conclusio-nes, también se evalúa si los dirigentes están cumpliendo acabalidad sus funciones, si son buenos o malos y se determinasi se los cambia o no”.53

4. Conflicto

4.1. Identificación y descripción

A partir de 1997 las multinacionales ENRON y SHELL patrocinany promueven la construcción del gasoducto lateral San Miguel-Cuiabá, con financiamiento de Overseas Private InvestmetCorporation OPIC,54 como parte del Proyecto Integrado de Ener-gía Cuiabá, que tenía como meta ampliar y alimentar con gasboliviano una planta termoeléctrica en la ciudad de Cuiabá, enel estado de Matto Grosso, Brasil. Para la ejecución, OPIC,enmarcada en las directrices del Banco Mundial, no podía fi-nanciar un proyecto que impacte y pase por bosques primarioscomo lo era el Bosque Seco Chiquitano, sin embargo, tras variasgestiones realizadas por ENRON,55 OPIC otorga el financiamientocon la condición de que las multinacionales implementen unPlan de Conservación del Bosque Seco Chiquitano.

Consecuentemente, una vez acordada la ruta entre multi-nacionales, instituciones conservacionistas y OPIC, la construc-

53 Entrevista con Johnny Mendoza, secretario de Organización de CCICH-Turubó.

54 Agencia Federal de Inversiones del Tesoro de EEUU. Financia y garan-tiza inversiones de compañías norteamericanas en países extranjeros.

55 Según el periódico The Washington Post, ENRON propició un tráficode influencias para que OPIC financiara el gasoducto por el BosqueSeco Chiquitano porque la construcción del gasoducto por otra rutaalternativa implicaba para las multinacionales mayor costo. (FundaciónConservación Bosque Chiquitano: delitos, ilegalidades y contravenciones conlos recursos naturales del Estado, Dossier Informativo, Santa Cruz, 2003).

147

ción del gasoducto a lo extenso atraviesa importantes zonas dereservas ecológicas: el Área Natural de Manejo Integrado SanMatías, los ecosistemas del Bosque Seco Chiquitano (BSCH), si-tios RASMAR del Pantanal y territorios indígenas de los puebloschiquitanos y ayoreos que ancestralmente habitan esa zona.

No deja de ser llamativo que la afectación del BSCH entérminos de patrimonio nacional e incluso humano no hayasido objeto de preocupación de autoridades gubernamenta-les, para entonces más interesadas en dar “buenas señales” ala inversión externa que en evaluar el impacto negativo enlos patrimonios colectivos. Incluso la propia opinión públicase mostró bastante indiferente a los efectos de la construc-ción del gasoducto y si no hubiera sido por la presencia delos pueblos indígenas que comenzaron a asumir la defensade sus derechos, el debate en torno a los impactos en el bos-que hubiera pasado desapercibido para las autoridades y laspropias empresas. La “indigenización” del tema tuvo la vir-tud de darle un marco de interpretación en función de losderechos de las territorialidades indígenas, aunque dejó delado el aspecto del patrimonio nacional y humano, ademásde la responsabilidad ambiental, que no es solamente de com-petencia indígena.

Así, tras la intención de llevar adelante el proyecto de de-sarrollo en territorios indígenas, los chiquitanos y ayoreos tu-vieron que afrontar dos conflictos. El primero tiene que vercon la negociación de las multinacionales y los pueblos indí-genas por la compensación socioambiental, en busca de miti-gar los impactos socioambientales y el respeto a los derechosindígenas. El segundo conflicto –que desemboca del primeroporque por la ejecución del gasoducto se tiene que llevar ade-lante un Plan de Conservación del BSCH–, casi paralelamenteal desarrollo del primero, tiene que ver con la demanda de losindígenas, en concordancia con sus derechos, de participar enla conservación y preservación del BSCH y formar parte de laFCBC, institución creada para realizar este trabajo.

Chiquitanía


Dentro el área de influencia del gasoducto San Miguel-Cuiabáson 36 comunidades indígenas involucradas y afectadas, en con-secuencia sujetas a ser compensadas, 26 afectadas directamente ydiez indirectamente, divididas de la siguiente manera por los in-dígenas: en la zona sur (San José) cinco comunidades chiquitanasy dos ayoreas afectadas directamente, en la zona norte (SanMatías) 19 comunidades chiquitanas directamente afectadas ydiez comunidades chiquitanas afectadas indirectamente.

Cada pueblo indígena es representado por su organiza-ción matriz, los chiquitanos por la Organización IndígenaChiquitana (OICH) y los ayoreos por la Central Ayoreo Nativodel Oriente Boliviano (CANOB), aparte de las otras organiza-ciones a diferentes niveles.

4.2. Actores y lugar donde se desarrolla el conflicto,composición social, forma de organizaciónde las comunidades, actividad económica productivay uso de recursos en la zona

Actores

1. Los chiquitanos y sus organizaciones: comunidades delcantón de San Juan, Central de Comunidades Indígenasde Chiquitos-Turubó (CCICH-Turubó), OICH y CEPESC. Parael siguiente estudio se ha tomado en cuenta a tres comuni-dades y actores de base (San Juan, Buena Vista y Entre Ríos)de las cinco comunidades chiquitanas afectadas por el ga-soducto que pertenecen al cantón de San Juan.

2. ENRON, SHELL, TRANSREDES S.A. y Gas Oriente BolivianoLtda. (GOB).

Lugar:

El cantón de San Juan está ubicado al centro de lo que sellama el territorio tradicional chiquitano y se encuentra al

149

este de la población de San José de Chiquitos. En su inte-rior se encuentran cinco comunidades chiquitanas (SanJuan, Buena Vista, Entre Ríos, Ramada e Ipias), con 1.568personas y aproximadamente 289 unidades familiares, ydos ayoreas (Santa Teresita y Tobite), con 274 habitantes yunas 57 unidades familiares.56

La comunidad San Juan de Chiquitos, ubicada a 105 km deSan José, fue una de las primeras57 misiones fundada porlos jesuitas en 1699 y cumplió recientemente 306 años. Laex reducción, en el transcurso de su historia y a causa dediferentes movimientos migratorios, transcurre un procesode desestructuración por la migración definitiva, la fragmen-tación del sistema de parentesco y por un proceso acelera-do de transculturación,58 sin embargo, actualmente tiene unapoblación de 350 habitantes y 66 unidades familiares.59

A excepción de la comunidad de San Juan, las otras doscomunidades chiquitanas (Buena Vista y Entre Ríos) sonresultado del proceso de desestructuración versus reestruc-turación del espacio chiquitano.60 Es decir, el desplazamien-to y la migración a otros lugares donde surgieron nuevascomunidades por el impulso de diferentes factores. En par-ticular, es importante mencionar dos flujos poblacionales:el primero, postguerra del Chaco 1936 y 1939, que produ-jo un movimiento migratorio después de la guerra y, elsegundo, la construcción del ferrocarril Santa Cruz-Corumbá entre 1945 y 1955, que auspició el desplazamientode gran parte de los chiquitanos, en este caso de las exreducciones de San Juan y San José a las zonas donde serealizaba la construcción del tramo.

56 CEADES-OICH, p. 44.57 La primera reducción es la de San Javier, en 1691.58 Schwarz, op. cit., p. 41.59 CEADES-OICH, p. 44.60 Schwarz, op. cit., p. 177.

Chiquitanía


La comunidad de Buena Vista, como señala Balza, tienesus inicios en la época de la postguerra del Chaco, cuandochiquitanos con carácter más subversivo retornaron de lacontienda y huyeron del régimen patronal a otras zonas:En 1938 empezamos a trabajar chacos en Buena Vista. Aquítrabajamos Rufino Surubí, el hermano Alejandro Méndez,Miguel Taborga, un anciano Pantalón Taborga, sus hijosUrbano, José María, Marcial Taborga, así sucesivamente;Manuel Charupá y como se sigue aquí el lugar fue ocupa-do por mi papá, Juan de la Rosa Surubí en el año 1928. Seha venido para hacer su chaco él solo, despues de la cam-paña del Chaco, el año 1935. Cuando salimos de nuestroservicio militar yo y Urbano Taborga ya hemos empezadoa trabajar aquí en este lugar de Buena Vista desde 1938, enlos primeros días de septiembre de ese año.61

Años después, también a causa de otro movimiento mi-gratorio –la construcción del ferrocarril–, en Buena Vistaexisten nuevos asentamientos: “Son asentadas cuando sehizo la construcción del ferrocarril hace unos treinta añosmás o menos”,62 por lo general de chiquitanos de las exreducciones de Santo Corazón, Santiago, San José y delmismo San Juan debido a que gran parte de loschiquitanos de las zonas de las ex reducciones sirvieronde fuerza de trabajo barata en la construcción del tramo.63

Según Balza, los chiquitanos de estas ex reduccionesadoptaban esta alternativa para librarse de la situaciónen la que se encontraban, de sometimiento y esclavitud acausa del empleo de mano de obra gratuita de loschiquitanos por parte de los cruceños que ingresaronnumerosamente a la provincia de Chiquitos.

61 Testimonio de un comunario de Buena Vista (Balza, p. 199).62 Entrevista con Johnny Mendoza, secretario de Organización de CCICH-

Turubó.63 Schwarz, op. cit., p. 41.

151

Buena Vista se encuentra a 112 kilómetros de San José y esuna de las comunidades más jóvenes en la zona. Actual-mente, tiene 800 habitantes y 151 unidades familiares.64

La comunidad de Entre Ríos, ubicada a 134 km de la po-blación de San José, tiene 134 habitantes y 21 unidades fa-miliares.65 Es una de las más recientes del lugar, tambiénresultado del movimiento migratorio originado por laconstrucción del tramo del ferrocarril. Para Schwarz, va-rias comunidades, entre ellas Entre Ríos, son producto deuna imposición infraestructural exógena a lo largo del tra-mo del ferrocarril Santa Cruz de la Sierra-Corumbá.Las tres comunidades, al igual que otras que actualmenteocupan la microregión de San José de Chiquitos, están for-madas por personas de distinta procedencia, como se men-cionó en anteriores párrafos, chiquitanos de las ex reduc-ciones de Santo Corazón, Santiago, San José y otros, y otragente foránea; según Balza, cada una de ellas con pose-sión de una memoria histórica diferente. Como consecuen-cia de ello, en estas comunidades han perdido gran partede la identidad colectiva chiquitana.66 En otras palabras,los grupos étnicos de las tres comunidades en esa regiónhan experimentado un debilitamiento de la identidadétnica por la migración y como resultado actualmente exis-te en las comunidades un fuerte grado de mestizaje.

Características de la región y composición social

Fruto de las características geográficas y de los recursos natu-rales en esta zona, donde existen muchos recursos forestales ymaderables, recursos auríferos y otros, en el lugar actualmen-

64 CEADES-OICH, p. 4465 Ibíd.66 Balza, 1991, p. 5, en Fischermann, Campesino e indígena. La cultura

chiquitana actual, p. 106.

Chiquitanía


te están asentadas varias empresas extractivas de los recursosnaturales: empresas forestales y mineras. Además también exis-te la presencia de ganaderos medianos y pequeños, y una queotra comunidad campesina.

En cuanto a la actividad de extracción forestal en la zona:

Dentro del territorio consolidado en las cinco comunidadestenemos cuatro empresas privadas, CIMAL, que exporta; laaserradora en Buena Vista a un kilómetro y medio de la comu-nidad, es de la empresa El Salvador, el dueño es un diputadoque está en La Paz y se llama Óscar Claros. Ahorita nos estáperjudicando dentro la TCO porque no tiene una concesión fo-restal, compra a terceros o personas particulares que tienen asen-tados alrededor de la TCO, como son colindantes los terceros,avasallan nuestros territorios y extraen recursos naturales, deahí vienen los conflictos porque ellos no tienen madera [en elterritorio] donde han comprado, entonces entran y avasallannuestro territorio. Las otras empresas que están asentadas en lacomunidad de San Juan son rescatadoras de madera, la extraende ahí pero sin ningún permiso ni orden de la SuperintendenciaForestal, entonces ese es otro problema. También está el aserra-dero de la comunidad de Buena Vista, que son rescatadores, perono cuentan con manejo forestal, entonces vamos a llamarlos clan-destinos porque no tienen concesiones.67

A pesar de que la zona donde están ubicadas las tres co-munidades de estudio y el BSCH no es tan apropiada comootros lugares circundantes de San José para realizar actividadganadera, esta actividad con el tiempo se amplía y va apro-piándose progresivamente de las tierras de la zona, consecuen-temente, hay ganaderos medianos y pequeños en los territo-rios próximos a las comunidades: “Hay propiedades ganaderasque tienen cien cabezas, cincuenta vacas”.68

67 Entrevista con dirigentes CCICH-Turubó.68 Entrevista con Francisco Ferrugón Melgar, dirigente del Comité Cívico

de la comunidad de Buena Vista.

153

También se encuentra dentro de la jurisdicción del cantónSan Juan y en la ruta del gasoducto San Miguel-Cuiabá la minaDon Mario, de propiedad de Orvana Mineral, empresa extrac-tora de oro, plata y cobre que tiene entre sus principales ac-cionistas a Gonzalo Sánchez de Lozada.69 Después de la cons-trucción del gasoducto, organizaciones ambientalistas70

encontraron y denunciaron la instalación y posterior habili-tación de una válvula de gas construida en secreto (no con-templada en el EEIA) por las multinacionales para abastecery de ese recurso energético a esta mina. De hecho, se puededecir que este “desvió” de gas para favorecer a una empresaprivada vinculada con el ex presidente fue uno de los moti-vos que aceleró la aprobación de la construcción por partede las autoridades gubernamentales.

La mina Don Mario está a 12 kilómetros de donde termi-nan nuestros territorios, somos vecinos, extraen oro, plata yotros. Cuando se hizo inspección vino Amazon Watch y conlos dirigentes de acá se hizo un recorrido al ducto, cuando seinspeccionó en esta mina se observó que dejaron una válvulacon la finalidad de que puedan sacar el gas y su maquinariafuncione”.71

Forma de organización de las comunidades

Las comunidades de San Juan, Buena Vista y Entre Ríos tienencomo autoridad comunal máxima al cacique, elegido por losmiembros de la comunidad y a quien colaboran otras perso-nas como el representante de la junta escolar, el o la líder reli-giosa, un docente o una enfermera, es indistintamente:

La comunidad tiene su autoridad, su cacique comunal, esla autoridad máxima, los apoyan sus secretarios que general-

69 FOBOMADE, El gran sistema Pantanal en Bolivia, p. 85.70 Amazon Watch.71 Entrevista con dirigentes CCICH-Turubó.

Chiquitanía


mente son tres o cuatro miembros que están dentro de cadaorganización72

Con la aplicación de la Ley de Participación Popular estafigura tradicional, el cacique, como señala Balza, fue revalida-da en las comunidades por medio de las OTB. Las organizacio-nes son unidades básicas de carácter comunitario en el árearural, que por lo general son comunidades campesinas o pue-blos indígenas que ahora pueden obtener su personería jurí-dica ante el Estado.73 En las tres comunidades chiquitanas losentrevistados señalan que “el de la OTB es el mismo cacique”,74

vale decir, el que representa a la OTB en la planificación, controly gestión municipal es el cacique de la comunidad, aunque se-ñalan también que “en otras comunidades hay sólo cacique yno OTB”, no obstante, éste no es el caso de las tres comunidades.

Al cacique-OTB, aparte de encargarse de los asuntos in-ternos dentro de la comunidad y velar por los asuntos queconciernen a la comunidad en general, últimamente y no demanera contradictoria, se le han ampliado las siguientes com-petencias en cuanto a la planificación y control de los recursoscanalizados vía Participación Popular.

De acuerdo a los artículos 7 y 8 de la Ley de ParticipaciónPopular, los derechos y deberes de las OTB son los siguientes:

72 Ibíd.73 Porque en el área urbana cambia la figura y la unidad básica, en este

caso, son las juntas de vecinos.74 Entrevista con Omar Mendoza, ex agente municipal de la comunidad

de Buena Vista. Ernesto Hurtado, cacique-OTB de la comunidad deEntre Ríos.

155

Deberes

– Identificar, priorizar, participar y co-operar en la ejecución y administra-ción de las obras para el bienestarcolectivo, atendiendo preferente-mente la educación, salud, vivienda,deporte y la producción.

– Participar y cooperar con el trabajosolidario en la ejecución de obras yen la administración de los serviciospúblicos.

– Cooperar con el mantenimiento, res-guardo y protección de los bienespúblicos, municipales y comunita-rios.

– Informar y rendir cuentas a la comu-nidad de las acciones que desarro-llen en su representación. - Interpo-ner los recursos administrativos yjudiciales para la defensa de los de-rechos reconocidos en la ley.

– Promover el acceso equitativo demujeres y hombres a niveles de re-presentación.

Derechos

– Proponer, pedir, controlar y super-visar la realización de obras y la pres-tación de servicios públicos deacuerdo a las necesidades comuni-tarias, en materia de educación, sa-lud, deporte, saneamiento básico,microrriego, caminos vecinales y de-sarrollo urbano y rural.

– Participar y promover acciones rela-cionadas con la gestión y preserva-ción del medio ambiente, el equilibrioecológico y el desarrollo sostenible.

– Representar y obtener la modifica-ción de acciones, decisiones, obraso servicios brindados por los órga-nos públicos cuando sean contrariosal interés comunitario.

– Proponer el cambio o la ratificaciónde autoridades educativas y de sa-lud dentro de su territorio.

– Acceder a la información sobre losrecursos destinados a la Participa-ción Popular.

Debido a la ambivalencia de la identidad de los chiquitanosde estas tres comunidades, reflejada por Fischermann cuandoseñala que los chiquitanos se mueven entre lo indígena y lo cam-pesino, y que hacia afuera, contrariamente a lo que pasa inter-namente, en su relación con los no chiquitanos pueden ser cam-pesinos habitualmente, las OTB de las tres comunidadeschiquitanas están registradas como comunidades campesinas yno como pueblos indígenas, a diferencia de la comunidad San-ta Teresita, de los ayoreos, que figura como pueblo indígena.

La organización a nivel comunal mantiene ciertas varia-ciones de comunidad a comunidad en cuanto a los diferen-tes cargos que existen como en el número de cargos que hay.Por ejemplo, a diferencia de lo que pasa con la comunidad

Chiquitanía


de Entre Ríos, que es más pequeña, en las comunidades deSan Juan y Buena Vista aparte del cacique-OTB, al mismo ni-vel tienen otras dos autoridades: el agente municipal comu-nal75 y el Comité Cívico:

En este momento, la comunidad de Buena Vista está dirigi-da por tres instancias: la OTB, el agente municipal y el ComitéCívico. El agente municipal es el que busca cómo llegar al Al-calde con proyectos de mejoramiento para la comunidad; la OTBse encarga de fiscalizar esos trabajos y también el territorio den-tro del que está la comunidad; el Comité Cívico, que se basamás que todo en negociar, por ejemplo, en estos momentos conla mina buscando que ésta no sea avasallada y aparte de esohay un corregidor cantonal y un Comité Cívico cantonal”.76

A nivel cantonal, en el cantón de San Juan, del que formanparte las siete comunidades afectadas por el gasoducto y tresde las comunidades visitadas, existen las siguientes autorida-des cantónales: “Está el corregidor cantonal, o sea mandadopor el Gobierno, le sigue al Subprefecto y éste al Prefecto”.77

También está el agente municipal cantonal, elegido por elAlcalde mediante una terna propuesta por los comunarios delcantón; sus funciones duran el mismo tiempo que de los con-cejales: “Es el que se pone directamente en contando con elmunicipio”.78 Antes de que se introduzcan las OTB, señalan que“el agente municipal cantonal tenía más relaciones, era el re-presentante nato del Alcalde de San José”.79

75 No estipulado por la Ley de Municipalidades esta figura de agentesmunicipales a nivel comunal, sólo a nivel cantonal.

76 Entrevista con Omar Mendoza, ex agente municipal de la comunidadde Buena Vista.


78 Entrevista con Ernesto Hurtado, cacique-OTB de la comunidad de En-tre Ríos.

79 Entrevista con Omar Mendoza.

157

Y en este último tiempo se ha conformado un Comité Cí-vico cantonal que abarca a todo el cantón, a toda la jurisdic-ción de la Propiedad Comunal PC [de las cinco comunidadesafectadas por el gasoducto San Miguel-Cuiabá].80

Actividad económica-productiva y uso de recursos naturales

Siguiendo la aseveración de Balza cuando se refiere a la econo-mía actual de los chiquitanos, en las comunidades de estudio laeconomía está basada en la combinación y complementariedadde diferentes actividades81 como la agricultura, la cacería, la pes-ca, recolección, ganadería en pequeña escala, la cría de aves decorral o chanchos, y otras actividades orientadas a la genera-ción de recursos monetarios como la artesanía, el empleo demano de obra, etc.

Durante los últimos años, buena parte de la población delas tres comunidades trabaja vendiendo su mano de obra (de em-pleados), contratados por las empresas madereras, forestalesy mineras de la zona, o en la construcción del corredor bioceá-nico.82 En la comunidad de San Juan, “todos son empleadosde la empresa minera, otros de la empresa maderera, hay otraempresa para cacería y hay otros que trabajan su chaquito”.83

En la comunidad de Entre Ríos, “algunos trabajan en em-presas, ahorita que es la construcción de la carretera se van atrabajar allá, otros se van a trabajar en empresas madereras,otros en las minas”.84

La cacería, a pesar de ser en este último tiempo una activi-dad que ha rebajado por el desempeño de los chiquitanos en

80 Entrevista con Ernesto Hurtado, cacique-OTB de la comunidad de En-tre Ríos.

81 Balza, op. cit., p. 211.82 Sistema de carreteras que interconectan el océano Atlántico, en Brasil,

pasan por Bolivia y terminan en el océano Pacífico, en Chile y Perú.83 Entrevista con el agente municipal de la comunidad de San Juan.84 Entrevista con Luis Hurtado, promotor ambiental de la comunidad de

Entre Ríos.

Chiquitanía


otras actividades, o por el impacto en el bosque y en los anima-les (deforestación, apertura de caminos y tránsito de personas ymaquinarias) sigue siendo una de las prácticas más usadas:

Casi toda la población vive de la caza, las personas dellugar cazan para el consumo de la familia.85

La gente vive de eso, de eso se alimenta; hay cacería, pero nocerca, se va más lejos, sólo que un poco ya no hay últimamente.86

La pesca también es una práctica económica utilizada a granescala por los chiquitanos, sobre todo destinada alautoconsumo, con la diferencia en relación a la cacería de queesta actividad solamente se la realiza según las condicionesclimáticas:87

La pesca es lo que se está dando ahorita, gracias a Dios,que nos ha mandado hartos peces a los ríos y ahorita es de loque estamos alimentándonos.88

También la pesca realizamos, ahorita abunda el pescado,pero eso es solamente para el consumo familiar.89

La recolección, destinada no sólo a la alimentación, sino a lapráctica de medicina tradicional y para la fabricación de objetoses una actividad desempeñada por lo general por la mayoría dela población. A veces se trata de una actividad paralela a la ca-cería, es decir, cuando los hombres van a cazar también recolec-tan o cuando las mujeres recolectan hierbas medicinales en lu-gares cercanos a las viviendas,90 o cuando algunas comunidades

85 Entrevista con Cecilio Suárez, presidente del Comité Cívico de la co-munidad de San Juan.

86 Entrevista con Miguel Varda, dirigente municipal de la comunidad deBuena Vista.

87 Balza, op. cit., p. 223.88 Entrevista con Miguel Varda, dirigente municipal de la comunidad de

Buena Vista.89 Entrevista con Cecilio Suárez, presidente del Comité Cívico de la co-

munidad de San Juan.90 Balza, op. cit., p. 223.

159

como Entre Ríos se encuentran ubicadas en lugares donde exis-ten todavía muchos frutos del bosque:

En esta zona casi no hay frutos silvestres [Buena Vista], enlas otras comunidades como Entre Ríos hay hartos frutos sil-vestres, en el campo se encuentra, aquí nosotros tenemos elmonte alto.91

La recolección empieza en enero, en febrero y hay todo, seacaba… Recolectan el pitón, la chirimoya silvestre, el cupesí,el pachió, maracuyá que le dicen el pachió silvestre, el motoyoéy otros.92

La agricultura es una actividad realizada por la mayoría de lapoblación, a pesar de no ser tierras tan aptas para el cultivo porser poco fértiles, mediante el sistema de roza, tala y quema, com-binando los cultivos y dejando “descansar” el lugar habilitadoluego de tres o cuatro años.93 Los productos cultivables, entre otros,son el maíz, el arroz, la yuca, el plátano y el fréjol, y la producciónes destinada exclusivamente al autoconsumo; aunque a vecescuando hay buena cosecha se destina una cantidad para la venta:

[La agricultura] se realiza un 80% y se cultiva mayormen-te yuca, maíz, frijoles.94

Acá la gente se dedica más a la agricultura, pero en pocaescala, o sea solamente para su subsistencia, tienen cultivostradicionales de arroz, maíz, yuca, fríjol.95

En este último tiempo, por la proliferación de la venta demano de obra por parte de los comunarios a las empresas, va-



93 Balza, op. cit., pp. 212-213.94 Entrevista con el agente municipal de la comunidad de San Juan.95 Entrevista con Luis Hurtado, promotor ambiental de la comunidad de

Entre Ríos.

Chiquitanía


rias otras actividades fuentes de alimentación como la caza, lapesca, la recolección e incluso la agricultura está siendo des-plazada y van perdiendo su peso relativo:

Antes se hacia la recolección, ahora ya no mucho, se havisto que por influencia del trabajo en la empresa, la mayorparte de la gente se ha dedicado a los trabajos en la empresa ypor eso hasta nos estamos olvidando de chaquear.96

Hace un poco más de una década, los chiquitanos en suscomunidades han introducido e incrementado la ganadería enpequeña escala, rompiendo la exclusividad que tenía hasta esemomento el sector ganadero en esa actividad productiva. Enlos años noventa, PRODESA inicia un proyecto para implemen-tar “módulos ganaderos” en las comunidades y a finales deesa década esta iniciativa es continuada con la implementaciónde “módulos ganaderos” dentro el PDI, producto de la com-pensación por la construcción del gasoducto San Miguel-Cuiabá. Esta actividad genera ingresos complementarios parael ahorro en algunos casos, en otros para la subsistencia y fi-nalmente en otros para momentos de necesidad:

Cuando hay alguna necesidad urgente, para eso este elmódulo ganadero, se habla a los socios y se dice yo necesitourgente tengo alguna enfermedad grave, necesito una cabezayo lo devuelvo más tarde, entonces se coordina con toditos yse le da la cabeza de ganado.97

Todavía no es una zona potencial, sigue siendo nomás unacomunidad que se abastece de eso para la subsistencia fami-liar.98

96 Entrevista con Cecilio Suárez, presidente del Comité Cívico de la Co-munidad de San Juan.


98 Entrevista con Cecilio Suárez, presidente del Comité Cívico de la co-munidad de San Juan.

161

Además, algunos chiquitanos de las comunidades tambiénse dedican a la extracción forestal y/o venta de madera en peque-ña escala, en coordinación con los “rescatistas” (intermedia-rios) de los aserraderos de la zona. Esta actividad encuentrasu auge desde la construcción del gasoducto, cuando losmadereros, “rescatistas” y otros cuentan con diferentes acce-sos para extraer la madera expuesta por la apertura de vía ycaminos.

[Los aserraderos y los rescatadores] Rescatan madera dedonde sea, de los mismos comunarios a veces, porque los mis-mos comunarios por ganarse unos pesos van y les venden sumadera a precio de gallina muerta, porque un cubo de made-ra bien preciada que vale unos 600 ellos los venden en 100, losestán beneficiando a ellos y el que los vende se esta quedandomás pobre, porque la necesidad hace, obliga digamos alcomunario.99

Para terminar, en los últimos años la artesanía es una acti-vidad que va cobrando adhesión en las mujeres de las comu-nidades, por la introducción de los módulos de artesanía con-templado en el PDI. Por lo general, los grupos artesanalesconformados por mujeres de las diferentes comunidades se de-dican a la producción de tejidos de hilo como bolsos, fajas,hamacas, etc., en pequeña escala.

4.3. Trayectoria y características del conflicto

Desde 1985 hasta la fecha, Bolivia ha visto modificar los pa-trones de su modelo de desarrollo. El capitalismo de Esta-do que había prevalecido desde 1952 es sustituido por unmodelo de economía “abierta” (apertura de fronteras, con-tracción del gasto público, privatización de empresas pú-blicas, apertura a las inversiones privadas extranjeras, etc.).Paralelamente se ponen sucesivamente en vigencia una se-

99 Entrevista con dirigentes CCICH-Turubó.

Chiquitanía


rie de disposiciones legales –que establecerán un nuevomarco jurídico– (Ley de Inversión, Ley de Capitalización,Ley de Hidrocarburos N° 1689 y otros) en función de lasnecesidades de los objetivos de lo que desde entonces se hadenominado neoliberalismo. Con ello se da inicio a procesosde capitalización con privatizaciones de las empresas esta-tales de los bolivianos, se otorga la propiedad de los recur-sos naturales a corporaciones multinacionales, para el casoespecífico de los hidrocarburos se otorga la propiedad enboca de pozo a las transnacionales100 transfiriendo con elloel poder de decisión y gestión de los recursos naturales delámbito público a lo privado. Finalmente, para el tema deltransporte de los hidrocarburos, por medio de la Ley N°1991, conocida como “ley corazón”,101 se privatiza las acti-vidades del downstream102 (refinación, comercialización yalmacenaje)103 y se legaliza la construcción privada de nue-vos gasoductos de exportación, legalizando la propiedadprivada en la frontera.

En síntesis, en el sector hidrocarburífero, anteriormentecontrolado por el Estado,104 se crean las condiciones necesarias

100 Mediante el Decreto Supremo Nº 24806 aprobado el 4 de agosto de 1997.101 Promulgada en 1999 en la gestión de Hugo Banzer Suárez.102 Villegas, op. cit., p. 111.103 En ese marco, la Empresa Transportadora de Hidrocarburos

TRANSREDES es constituida en 1997, fruto de la capitalización de Ya-cimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB para el transporte degas de exportación a Brasil y para el transporte interno de gas natural,crudo, diesel oil, GLP y gasolina natural (Villegas, p. 97).

104 La presencia de capitales externos en el área hidrocarburífera en Boli-via ha estado marcada por ciclos históricos. Hasta 1936, la exploracióny explotación de petróleo estuvo en manos de inversionistas extranje-ros. En 1936 se fundó la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fisca-les Bolivianos (YPFB) y se nacionalizó las instalaciones de la StandardOil. Esta presencia del Estado, de carácter monopólico, comenzó aflexibilizarse a mediados de los años cincuenta, cuando se vuelve apermitir la presencia de capitales extranjeros en el área, especialmenteen zonas donde el Estado no podía realizar prospecciones. En 1969,

163

para la inversión extranjera y la entrada sin límites de las em-presas petroleras al territorio boliviano, muchas financiadas porlas principales entidades multilaterales de crédito como el Ban-co Interamericano de desarrollo BID, el Banco Mundial/ Inter-nacional Finance Corporación BM/IFC, la Corporación Andinade Fomento CAF, la Overseas Private Investment CorporationOPIC, etc. Y en el tema específico del transporte, comercialización,exportación de gas natural y líquidos (petróleo y condensado),es el comienzo de la construcción privada de una red degasoductos105 y oleoductos, entre estos el gasoducto río San Mi-guel-Cuiabá, del que nos ocuparemos en el presente trabajo.

Gasoducto San Miguel-Cuiabá

Conocido también como el gasoducto lateral a Cuiabá, ramal de Cuiabá y ga-soducto río San Miguel-San Matías-Cuiabá,106 forma parte del Proyecto Integra-do de Energía Cuiabá, que tiene como objetivo alimentar con gas natural bolivia-no a la planta de energía eléctrica CEMAT107 en la ciudad de Cuiabá,108 en el estadode Matto Grosso, a fin de satisfacer la demanda energética en esa región de

nuevamente otra importante empresa norteamericana, la Gulf Oil, fuenacionalizada, lo que permitió al Estado controlar unas reservasgasíferas con las que emprendió el proyecto de exportación de gas aArgentina por un lapso de veinte años. En 1991 se modificó la Ley deHidrocarburos, habilitándose contratos de operación con empresas ex-tranjeras y estableciéndose el pago de cerca de 50% de royalties. Poste-riormente, primero con la Ley de Hidrocarburos N° 1689, que estable-ció un nuevo marco regulatorio para la actividad hidrocarburífera ydespués con la Ley de Capitalización, la totalidad de la actividad pe-trolera y gasífera pasó a manos de empresas privadas extranjeras.

105 El gasoducto Bolivia-Brasil, el gasoducto Yabog, el gasoducto Gasyrg.106 CEADES-OICH, p. 82.107 De propiedad de ENRON (CEADES-OICH, p. 84).108 La planta termoeléctrica está destinada a suministrar electricidad a un

millón de consumidores brasileños y a las poblaciones fronterizas deBolivia, que comprarán su propio gas convertido en kilovatios. Ver MarcGavaldá, La recolonización. Repsol en América Latina: invasión y resisten-cias, Grupo Editorial Kipus, Cochabamba, 2005, p. 134.

Chiquitanía


Brasil.109 Es un ramal del gasoducto principal Bolivia-Brasil, que se desprende enel punto KP-242110 a la altura del río San Miguel, en dirección noreste y atraviesael Bosque Seco Chiquitano hasta las poblaciones de San Matías en Bolivia y Cuiabáen Brasil. Dentro el territorio boliviano, el gasoducto pasa por las provincias Chi-quitos y Ángel Sandóval del departamento de Santa Cruz y tiene una longitud de360 km, mientras que en el lado brasileño cruza por el sur del estado Mato Grossoy su longitud es de 265 km. El gasoducto San Miguel-Cuiabá consistió en eltendido y depósito de una tubería de 18 pulgadas de diámetro a una profundidadde un metro y medio (1,5 m), con el objeto de transportar 2,5 millones de m3/díade gas natural111 hasta Cuiabá.112 El derecho de vía (DDV) durante la construcciónfue de 30 m, que debería reducirse a 15 m durante la operación.113

Este proyecto propiciado por ENRON y SHELL fue financiado por Overseas PrivateInvestiment Corporation (OPIC)114 y tuvo un costo –según las corporaciones pro-pietarias– de $us 230 millones, 130 en el tramo boliviano y 100 en Brasil; aunqueel proyecto completo, incluyendo la ampliación de la planta termoeléctrica, tuvoun costo de 740 millones de dólares.115 La obra fue iniciada en agosto de 1999 yse terminó de construir en agosto de 2001. La empresa Gas Oriente BolivianoS.A. (GOB),116 subsidiaria de ENRON y SHELL, estuvo encargada de la operación delgasoducto en el lado boliviano y adjudicó la construcción del tramo boliviano alconsorcio Conducto-Bolinter hasta San Matías. Bolinter117 construyó el 61% deltramo boliviano y Conducto118 el 39% restante, en tanto que Conducto construyóla totalidad del tramo brasileño desde San Matías hasta Cuiabá.119

109 Loreto Correa, Los laberintos de la tierra. Gasoductos y sociedad en el orienteboliviano: San José, San Matías y Puerto Suárez, Fundación PIEB, La Paz,2003, p. 73.

110 Convenio para la Ejecución del Plan de Desarrollo Indígena, p. 3.111 Aunque durante 2003 sólo se exportó 0,75 millones de m3/día

(CEADES-OICH, p. 77).112 FOBOMADE, El gran sistema Pantanal en Bolivia, p. 85.113 FOBOMADE, El Pantanal boliviano y los proyectos de desarrollo, p. 15.114 Una Agencia de Crédito a la Exportación (ACE) del Gobierno de Esta-

dos Unidos de Norteamérica, cuya función principal es financiar, pro-teger y garantizar los intereses de las empresas norteamericanas en elextranjero (CEADES-OICH, p. 91).

115 CEADES-OICH, p. 84.116 Empresa perteneciente a las multinacionales ENRON y SHELL con 50%

cada una (CEADES-OICH, p. 85).117 Empresa boliviana.118 Empresa brasileña.119 Correa, op. cit., p. 73.

165

Una vez patrocinado el proyecto del gasoducto San Mi-guel-Cuiabá por las multinacionales ENRON y SHELL, en el mar-co jurídico de la legislación boliviana y ante todo, según lasdirectrices operacionales de los organismos financieros inter-nacionales, entre estos el Banco Mundial, tuvieron que reali-zar un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental EEIA, re-quisito indispensable para el financiamiento del proyecto. ElEEIA es un “estudio destinado a identificar y evaluar los po-tenciales impactos positivos y negativos que pueda causar laimplementación, operación, futuro inducido, mantenimientoy abandono de un proyecto, obra o actividad, con el fin deestablecer las correspondientes medidas para evitar, mitigar ocontrolar aquellos que sean negativos e incentivar los positi-vos”,120 contempla entre otros puntos: la descripción del pro-yecto, obra o actividad y sus objetivos, diagnóstico del estadoinicial del ambiente existente donde se realizarán las opera-ciones, predicción y evaluación de los impactos, propuestasde medidas de mitigación de los impactos negativos y un pro-grama de prevención y mitigación.121

Para ese cometido, la empresa Gas Oriente Boliviano GOB,subsidiaria de TRANSREDES, contrata a la consultora interna-cional ENTRIX - PCA para que elabore el EEIA, dentro de la di-rectrices operacionales del Banco Mundial, en especial de ladirectriz operacional 4.20: pueblos indígenas122 –por recomen-dación de OPIC–123 donde, entre otras cosas, establece que losprestatarios tendrán que formular un Plan de Desarrollo Indí-

120 Reglamento para la preservación y control ambiental, Art. 7, Inc. b) De-finiciones.

121 Para mayor información, revisar el Reglamento para la preservación ycontrol ambiental, Art. 23.

122 La directriz 4.20 está orientada a asegurar que los pueblos indígenas sebeneficien de los proyectos de desarrollo, y evitar o mitigar efectos po-tenciales adversos en los pueblos indígenas, causados por actividadesapoyadas por el Banco.

123 Entidad financiadora del proyecto.

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gena (PDI) como condición de financiamiento:124 “Para proyec-tos de inversión que afectan a los pueblos indígenas, el presta-tario deberá preparar un plan de desarrollo de pueblos indí-genas que sea consistente con la política del Banco”.125

Es importante resaltar que los planes de desarrollo in-dígena son un instrumento ideado por el Banco Mundialpara compensar los impactos negativos que producen losproyectos de actividad extractiva126 y son el vehículo me-diante el cual los pueblos indígenas son compensados porlos impactos.

Además, se debe destacar que tanto la figura de los pla-nes de compensación socioeconómica ambiental para pueblosindígenas como las compensaciones socioambientales, a ex-cepción de la Ley Nº 1257, que homologa el Convenio 169 dela OIT, en la demás legislación respecto a la actividadhidrocarburífera en nuestro país no se contempla esta temá-tica, en consecuencia existe un vacío legal que va en detri-mento de los indígenas del país y de otros actores como loscampesinos. En cambio, en otras leyes y reglamentos referi-dos a la actividad hidrocarburífera –como la Ley Nº 1333 delMedio Ambiente y el Reglamento Ambiental para el SectorHidrocarburifero Nº 24335– sí introducen en su contenido eltema referido a los impactos ambientales y la mitigación delos daños ambientales, aunque con grandes limitaciones.127

124 CEADES-OICH, p. 111.125 Directriz operacional 4.20: pueblos indígenas del Banco Mundial. Ver-

sión en español no oficialmente aprobada por el Banco Mundial, del 17de septiembre de 1991.

126 CEADES-OICH, p. 51.127 Cabe resaltar en esta temática, siguiendo el razonamiento del Comité

de Fiscalización de Carmen Rivero Torres, que evidentemente se puedellevar a compensar y negociar los impactos socioeconómicos, perodado que “los impactos ambientales son irreversibles y no se puedencuantificar, sólo se deben prevenir y evitar, pero nunca compensarporque es poner precio a la destrucción de la naturaleza”. Ver Gavaldá,op. cit.

167

Para este cometido, entre septiembre y noviembre de 1997,los miembros de la consultora ENTRIX128 propician las prime-ras interacciones y contactos con los indígenas, desplazándo-se directamente hasta siete comunidades129 ubicadas en la re-gión donde se iba a llevar adelante la instalación del gasoducto,con el objeto de informar sobre el proyecto, realizar las con-sultas públicas y recoger información sobre las comunidades,como sus necesidades, características y otros.

Como es descrito por los actores, las visitas propiciadasson acciones esporádicas, circunstanciales y las reuniones sonllevadas a cabo con algunos dirigentes de las comunidadesde manera separada –y no con los comunarios–, con los cua-les platicaban sobre algunas demandas o necesidades de lascomunidades, e incluso donde llegaban a sobornar a las au-toridades:

…antes de que se abra la senda o se realice la picada para que paseel gasoducto, vinieron a las comunidades [miembros de la consul-tora] y se dirigían a los dirigentes las comunidades [porque], cadacomunidad tiene su representante legal puesto por la misma co-munidad, venían así y a ellos les decían les vamos a dar, por decir,Bs 100. Mirá si vos quieres le das a tu comunidad o no, la gentemiraba más el recurso económico para beneficio personal, de ahínosotros comenzamos a darnos cuenta de que teníamos dirigentesbuenos y malos, que se dejaban corromper por unos cuantos bille-tes que les daban los que venían a negociar.130

ENTRIX quería pagar a los caciques $us 100. Pedían carnets y pla-nos de las comunidades y hacían firmar a los caciques.131

En Entre Ríos sólo quisieron reunirse con los dirigentes y no con lascomunidades.132

128 Empresa consultora contratada por GOB para elaborar el EEIA.129 Elegidas por ellos mimos con el criterio de que estas comunidades iban

a ser afectadas y en consecuencia sujetas a ser compensadas.130 Entrevista con Johnny Mendoza, secretario de Organización de CCICH-

Turubó.131 Antonio Espinoza, dirigente CIRPAS (CEADES-OICH, p. 147).132 Ernesto Hurtado, dirigente comunal de Entre Ríos (CEADES-OICH, p. 148).

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Consecuentemente, el proceso de consulta pública reali-zada por la empresa ENTRIX se aleja del marco jurídico esta-blecido sobre el tema, como lo prueba el caso, no informancorrectamente a los miembros de la comunidad sobre la acti-vidad que van a realizar en esa zona ni las consecuencias eimpactos que va a acarrear esa actividad, información nece-saria e indispensable para propiciar una interrelación másequitativa, además por el apuro que tiene la empresa ENTRIXen llevar adelante todo el EEIA. Tampoco realizan una con-sulta democrática y participativa con todos los actores quevan a ser alterados e impactados en sus actividades diarias yproductivas.

La legislación boliviana acerca de los derechos que tienela población en general, y los pueblos indígenas en particular,respecto a conflictos socioambientales de los proyectos de ac-tividad extractiva, entre otros, señalan:

En el Convenio 169 de la OIT, ratificado por la Ley N° 1257,los pueblos indígenas tienen derecho a Art. 6.1 “a la consultainformada y oportuna”, Art. 6.1b “a participar libremente enla adopción de decisiones”.

Artículo 93 de la Ley del Medio Ambiente Nº 1333: “Todapersona tiene derecho a ser informada veraz, oportuna y sufi-cientemente sobre las cuestiones vinculadas con la proteccióndel medio ambiente…”.133

El Reglamento de Prevención y Control Ambiental, ensu Art. 162 indica: “En la fase de identificación de impactospara considerar en un EEIA, el REPRESENTANTE LEGAL debe-rá efectuar la consulta pública para tomar en cuenta obser-vaciones, sugerencias y recomendaciones del público quepueda ser afectado por la implementación del proyecto, obrao actividad…”.

133 Ley del Medio Ambiente Nº 1333, en Ley y reglamentos ambientales,FOBOMADE, p. 31.

169

Sin embargo, la consultora ENTRIX, en base al trabajo rea-lizado y la consulta incorrecta –según los indígenas–, elaborapreliminarmente una propuesta y plantea lo siguiente:

Según el diagnóstico para la caracterización de la zona deinfluencia del gasoducto, realizada por la empresa, identifi-can como comunidades directamente afectadas sólo a siete. Delas cinco comunidades pertenecientes al cantón San Juan134 y ala CCICH-Turubó, sólo la comunidad de San Juan es conside-rada dentro la compensación.

Se identificó y aglutinó en cuatro áreas las demandas delas comunidades chiquitanas y ayoreas: apoyo a la producción,titulación de tierras, fortalecimiento organizativo y artesanía.

Propusieron una compensación total de 600 mil dólares.135

Esta propuesta es presentada al CIDOB para el inicio dela negociación, donde además se acordaría el pago del usu-fructo y/o expropiación de terrenos de posesión indígenaubicados en la ruta del gasoducto. La CIDOB asume la repre-sentación de los chiquitanos y ayoreos afectados por la cons-trucción del gasoducto y deja de lado –como la experienciadel gasoducto Bolivia-Brasil– a las organizaciones chiquitanasOICH, CCICH-Turubó y CIRPAS, y a la organización ayoreaCANOB. Para ello delega la negociación a un asesor del Cen-tro de Planificación Territorial Indígena, área técnica de estaorganización,136 y negocia y acuerda un monto de $us 1.000por “pago de servidumbre”137 del territorio habitado por losindígenas que será DDV.

134 San Juan, Buena Vista, Entre Ríos, Ramada e Ipias.135 OICH, p. 35.136 CEADES, OICH, p. 150.137 Servidumbre: el pago por el uso y/o expropiación de un espacio de

territorio de propiedad o posesión de indígenas, campesinos u otros.No es una norma legal, aunque distintas comunidades la han incorpo-rado como figura legítima en sus negociaciones con las empresas pe-troleras.

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Hasta ese momento, la consultora no reconoce las formasde organización y de representación de los indígenas, ademásque no son consideradas la central CCICH-Turubó y CIRPAS, laOICH y la CPESC interlocutoras válidas para cualquier tipo derelacionamiento. Como señalan los dirigentes de la CCICH-Turubó, la consultora no realiza distinciones entre el sujeto or-ganizado, afiliado y perteneciente a una estructura, que porsu condición actúa comunitariamente y el sujeto individua-lizado: “Al principio, ellos querían negociar de una manerafragmentada con cada comunidad, como hacían con el casode las propiedades, pero son muy diferentes las comunidadescon las propiedades”.138

Al parecer, las multinacionales al principio sólo queríanpagar los usufructos, y realizar o ejecutar algunas obras o pro-gramas, pero no un plan de compensación dirigido al desarro-llo de las comunidades. Correa, en su estudio, señala que adiferencia de lo que pasó con la construcción del gasoductoBolivia-Brasil y la ejecución del PDPI, en el Plan de DesarrolloIndígena PDI fueron los indígenas los que solicitaron la ges-tión. Las empresas, como compensación, querían llevar ade-lante algunas obras o programas no con los lineamientos esti-pulados de un PDI sustentable:

La empresa al principio vino acá [Entre Ríos] y se juntaba con los quepodían –claro, esa era su táctica– y nos preguntaban: ¿qué quierenustedes? Uno no sabe, como nunca nos ha llegado nada, para noso-tros era gran cosa que nos llegue algo, nosotros pedimos una escuelita,que den artesanía, pero cosas así, no un Plan; no sabíamos qué eraun Plan de Desarrollo, ahora recién estamos sabiendo, entonces vi-nieron acá, nos emborracharon y firmamos un documento.139

…la empresa petrolera no quería aceptar los proyectos, le llamabancompensación que a cada comunidad por el espacio que iban a ocu-

138 Entrevista con dirigentes CCICH-Turubó.139 Entrevista con Ernesto Hurtado.

171

par solamente le iban a compensar según lo que ellos habían eva-luado, el perjuicio que habían estado haciendo.140

Es así que en mayo de 1998, tras la negociación de servi-dumbre sin la participación de los actores directamente afec-tados y por el desacuerdo de cómo estaba llevando la CIDOB lanegociación: “La CIDOB levantó prácticamente las manos por-que nosotros los criticamos mucho, por ejemplo, en la primeranegociación sólo colocaron su firma y nada más”,141 la OICHexige a la empresa la realización de talleres donde participentodas las organizaciones; en respuesta, ENTRIX y GOB convo-can a un taller llevado adelante en San José142 para elaborar losprogramas del PDI. En este taller las diferentes organizacionesindígenas participan por primera vez en el conflicto y entreotros puntos firman los primeros acuerdos con la empresa:

• Separar los dos planes de compensación –el Plan deDesarrollo Comunitario PDC143 y el Plan de DesarrolloIndígena– en la planificación, ejecución y evaluación.

• Incluir a CANOB (organización ayorea) en el PDI.• La conformidad a los cuatro programas del PDI.• El directorio de negociación, de ahí para adelante, es-

tará constituido por representantes de la CIDOB,CPESC, CANOB, OICH, TURUBÓ y CIRPAS. Esto marcaráun avance en las negociaciones de los pueblos indíge-nas pues las comunidades directamente afectadas, yno sólo los dirigentes “nacionales”, participarán enel directorio.

140 Entrevista con dirigentes CCICH-Turubó.141 Entrevista con dirigentes CCICH-Turubó.142 CEADES-OICH, p. 153.143 Planes de compensación por los impactos socioambientales que causa-

ban en el municipio, acordados entre las empresas y municipios pordonde pasa el gasoducto. Muy parecido al PDI, comprende varios pro-yectos de apoyo a la salud, energía, cultura, educación.

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Meses después, sin propiciarse ningún nuevo encuentro en-tre ambas partes, pero a la vez sin concretar ni acordar variostemas pendientes no resueltos en el taller de San José, la empresaincorpora el plan de compensación al EEIA, presenta al Gobierno,específicamente al Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planifi-cación y a la Unidad Ambiental del Viceministerio de Energía eHidrocarburos, y es aprobado por las instituciones, logrando ob-tener la licencia ambiental que le permitiría iniciar las activida-des de construcción,144 todo esto sin el conocimiento y aproba-ción de las comunidades afectadas, según los actores afectados.145

Ante la respuesta positiva obtenida por las multinacionales,los indígenas a través de la nueva directiva de la CIDOB146 presen-tan una carta de observación a la financiadora del gasoducto (OPIC)el 22 de enero de 1999, informando el desacuerdo existente entreGOB y las organizaciones indígenas, lo que dificultaría elfinanciamiento hasta un acuerdo.147 Además rechazando la ma-nera en la que se estaba llevando adelante la negociación sin in-tervención de los actores directamente afectados, propician talle-res en San Ignacio de Velasco de socialización del posible convenioy del PDI con la participación no sólo de todas las organizaciones,sino de muchos comunarios, donde recogen una serie de obser-vaciones presentadas posteriormente a GOB e INDACOECHEA. Ensíntesis, los indígenas rechazan la primera consulta pública reali-zada por ENTRIX debido a que estaba fuera de Ley y obligan a lasempresas a realizar otra consulta, pero esta vez con la participa-ción de los actores directamente involucrados y con el recono-cimiento de sus organizaciones:

144 El 18 de diciembre de 1998, el Ministerio de Desarrollo Sostenible yPlanificación otorga a GOB la Declaratoria de Impacto Ambiental DIApara la construcción del gasoducto.

145 CEADES-OICH, p. 111.146 Porque cabe resaltar que la directiva en la anterior gestión realizó la

primera fase de negociación unilateralmente, sin participación de losdos grupos indígenas afectados por la construcción

147 CEADES-OICH, p. 156.

173

Hemos rechazado el primer estudio del impacto, donde tu-vimos que llamar a la empresa para poder reunirnos con ellos enSan José, en San Matías, en San Ignacio de Velasco, tres reunionesen diferentes lugares para evaluar el estudio. Tiene que ser labase, en una asamblea de todas las comunidades se debe defi-nir porque nosotros no podemos valorar y decidir por un pro-yecto que va a impactar a las comunidades sin que ellos sepan.148

Ante la participación conjunta y unida de las diferentes or-ganizaciones indígenas y ante las dificultades a las que asistenlos representantes de las multinacionales en la negociación, ape-lan a una estrategia de división del movimiento indígena. Prime-ro, a pesar de haber reconocido y aceptado como interlocutoresválidos a las diferentes organizaciones en anteriores reuniones,deciden convocar a la ex dirigencia del CIDOB para seguir nego-ciando con ellos,149 además con el mismo propósito de desmarcara las organizaciones indígenas, persuaden a los comunarios debase a firmar de una vez los acuerdos: “Ellos, en la negociacióninclusive, quisieron convencer de que ya nomás se firme el docu-mento, que dejen a un lado a la Central [CCICH-Turubó], que másse interesaban los dirigentes porque se iban a gastar la plata”.150

A partir de la intervención conjunta de las diferentes or-ganizaciones indígenas cambian los términos de negociacióny se inicia un nuevo proceso mucho más conflictivo, dondeingresan otros actores al escenario. Las ONG, CEADES y CEJISapoyan, y asesoran a las organizaciones indígenas y por de-manda de los indígenas, argumentando que la negociación noavanza porque ENTRIX no tiene poder de decisión,151 la empre-sa GOB y TRANSREDES entran en la negociación junto a sus re-presentantes legales INDACOECHEA.152

148 Entrevista con Manuel Dosapey, presidente CPESC.149 CEADES-OICH, p. 156.150 Entrevista con dirigentes CCICH-Turubó.151 La consultora, a partir de ese momento, ocupa una posición secunda-

ria en el conflicto.152 Estudio jurídico que asesora a GOB.

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El equipo de negociación indígena estaba constituido porrepresentantes de las siguientes organizaciones indígenas: dela CIDOB, de la CPESC, de la OICH y dirigentes de las centraleschiquitanas CIRPAS y CCICH-TURUBÓ, y comunidades ayoreasCANOB; incluía además representaciones de los dos pueblosindígenas directamente afectados (chiquitanos y ayoreos).

En febrero de 1999 en la ciudad de Santa Cruz vuelven areunirse los indígenas con los personeros de la empresa paraconsensuar las observaciones propuestas por los primeros, fir-man un acuerdo de condiciones del que se rescata: GOB aceptala titulación de tierras fuera de lo estipulado en el PDI, perosuscrito dentro el convenio final, las organizaciones indígenasharán administración y gestión del PDI y GOB sólo podrá fisca-lizar; el techo presupuestario será de $us 1,5 millones y se re-dactará el segundo borrador del PDI.153

Cabe resaltar que GOB admite recoger las observacionessociales y técnicas en el marco del PDI –como se observa en elpárrafo anterior–, pero rechaza las observaciones ambientalesplanteadas por los indígenas de revisión del EEIA y las medi-das de mitigación contempladas para la sostenibilidad de losecosistemas154 por considerar que tiene que negociar ese temacon el Estado. A lo largo del proceso de negociación, GOB des-articula el aspecto social-económico del tema ambiental, in-clusive contraviniendo las directrices del Banco Mundial, queindican: “Poner en práctica las recomendaciones de las partesinteresadas locales con respecto a la mitigación del impactodel proyecto y los planes de compensación”.155

Sin embargo, en este proceso de ida y vuelta, la CPESC yOICH realizan junto a los indígenas un autodiagnóstico y plan-tean una propuesta de PDI que será base para la negociación

153 CEADES-OICH, p. 158.154 CEADES-OICH, p. 113.155 Recomendaciones del Banco Mundial y del Banco Interamericano de

Desarrollo para las obras que financian, acerca de “El medio ambientey los pueblos indígenas”, en Los laberintos de la tierra, p. 107.

175

junto a asesores técnicos de CEADES. En esta propuesta prácti-camente se mantiene los cuatro programas propuestos por elPDI de la empresa, con la diferencia de que las organizaciones,bajo otro criterio del área afectada por el gasoducto, exigen laincorporación y la compensación a 36 comunidades indígenasdivididas entre afectadas directamente (26) y afectadas indirec-tamente (10); a diferencia de la propuesta de la empresa, de com-pensar solamente a siete comunidades, lo que genera un reajus-te y elevación del presupuesto.156 Según el criterio de la empresa,las comunidades afectadas eran aquellas cuyos asentamientos(área de viviendas) estaban localizadas dentro el derecho de víaDDV o serían cruzados por caminos o vías de acceso suplemen-tarios utilizados para la construcción en una franja de 20 km (10a cada lado del tubo), mientras que para los indígenas, las dife-rentes actividades de la empresa también afectaban áreas de usotradicional de caza, pesca y recolección, y fuentes de agua im-portantes para la subsistencia y economía de los indígenas.157

Como se observa, después de la elaboración del PDI por laempresa, que incluye cuatro programas específicos, los indí-genas en su propuesta de PDI podían reformular en su totali-dad el contenido del PDI propuesto por la empresa, e introdu-cir y recoger otras necesidades y demandas de los chiquitanosque no están reflejadas en el Plan, y no ser incididos o delinea-dos por la empresa en su contenido, lo que sucedió.

Para una muestra, una de las demandas de primera necesi-dad que no fue retomada por el PDI por olvido o falta de conoci-miento de los representantes indígenas es la instalación de ener-gía eléctrica en las comunidades, porque si bien tienen el tendidode cables y el servicio instalado, no cuentan con este servicio:

Como nosotros no teníamos mucho conocimiento, algu-nas cosas se nos han pasado, actualmente nos hacen falta yahora vemos la necesidad, por ejemplo, un atraso que tene-

156 Esta contrapropuesta de presupuesto asciende a $us 4.105.247.157 CEADES-OICH, p. 36.

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mos en las cinco comunidades es que no tenemos luz eléctrica,eso fue uno de los errores que hemos tenido nosotros en lanegociación, cuando tenemos tan cerca el gasoducto que vaproveer de energía a Brasil.158

La propuesta del PDI y la contrapropuesta del presupues-to elaborado por las organizaciones indígenas, tras varias jor-nadas de negociación, fueron rechazadas por GOB y ENTRIX –aunque mantienen la predisposición de seguir negociando–y el 28 de marzo de 1999 presentaron una solicitud de conce-sión para la construcción y operación del gasoducto a laSuperintendencia de Hidrocarburos.159 En respuesta –dudan-do de la imparcialidad de la Superintendencia de Hidrocar-buros–, la CPESC, en representación de los indígenas, presen-ta un recurso de oposición pública a la solicitud de GOB, comoes estipulado en el marco legal; se logra la aceptación del re-curso y se consigue la suspensión del trámite hasta que secumpla la Ley N° 1257160 (Ley que homologa el Convenio 169de la OIT).

Con la acción legal, los indígenas detienen la construc-ción del gasoducto y obligan a la empresa a seguir negocian-do. En las próximas negociaciones entra en discusión un temafundamental para la conservación y la defensa del BosqueSeco Chiquitano: el estudio de la ruta del gasoducto San Mi-guel-Cuiabá:

…negociábamos con la empresa porque nosotros no hemos queri-do que pase por el Bosque Seco Chiquitano, entonces ya habían otrosestudios que recomendaban que dé la vuelta aquí porque teníamosque estar cerca del camino de San Ignacio, ahora mejor que salgapor aquí, dar la vuelta…161

158 Entrevista con Francisco Ferrugón, dirigente del Comité Cívico de lacomunidad de Buena Vista.

159 CEADES-OICH, p. 163.160 Ibíd.161 Entrevista con Manuel Dosapey, presidente CPESC.

177

La posición respecto a que el gasoducto pase por otra rutay no por la propuesta por las multinacionales desde el sur, elrío San Miguel en dirección al norte a la primera sección mu-nicipal San José de Chiquitos, luego por el municipio San Ma-tías hasta la frontera con Brasil, en el movimiento indígena ychiquitano no fue una posición unánime. Al cambiar de rutamuchas comunidades no iban a ser compensadas ni “benefi-ciadas” con los planes de mitigación, en ese sentido, para mu-chas comunidades prima la compensación monetaria ante laposición conservacionista que caracteriza a los indígenas engeneral y a los chiquitanos en particular. Por ejemplo, las au-toridades de las comunidades de Buena Vista y Entre Ríosmanifiestan que estaban en favor de que el gasoducto pase porsus comunidades y por el Bosque Seco Chiquitano porque conello vieron la posibilidad de lograr algunos beneficios y/o so-lucionar algunos problemas que les aquejan como la carenciade servicios, infraestructura, etc.

Como dirigente de mi comunidad [Buena Vista], estaba de acuerdopara que el gasoducto pase por la zona por varios motivos, paraque se abran las puertas a las comunidades, porque era la únicamanera de que nos tomen en cuenta las autoridades nacionales,departamentales y provinciales; somos un cantón olvidado de lazona y lastimosamente no progresamos.162

Yo fui el que dije sí [cacique de la comunidad de Entre Ríos] paraque pase el gasoducto, pero porque las comunidades me dijeronque ya estaba de buen tamaño que no tengamos nada y que hayade una vez.163

El segundo proceso de consulta y negociación –demanda-do por los indígenas porque el anterior carecía de legalidad ylegitimidad ya con la participación de las diferentes organiza-

162 Entrevista con Omar Mendoza, dirigente de la comunidad y ex agentemunicipal.

163 Entrevista con Ernesto Hurtado.

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ciones indígenas, el apoyo de CEADES y CEJIS y las acciones le-gales– es relatado por uno de los actores de la siguiente manera:

Después nosotros ya tomamos decisiones de ir donde nuestra cen-tral [Turubó] y con nuestra central ir a Santa Cruz, negociamos conTRANSREDES, pero ya en otra forma porque en el anterior nego-ciado se estaban aprovechando de nuestra forma de vida, para no-sotros era difícil, nadie era profesional ni tenía el conocimiento ade-cuado, ellos tenían toda la asociación de abogados y nosotros todala vida con nuestro lenguaje, con nuestra cultura, con esos respetosun poco tímidos para hablar. Ellos querían aprovecharse y no avan-zábamos en la negociación durante meses, tuvimos que hacer unparo en Santa Cruz, definir y decirles que no queríamos más elducto, estaban los ayoreos, la Central de San Matías CIRPAS, laOICH, la Central TURUBÓ, el CPESC, CEADES siempre los busca-mos como apoyo y desde entonces como socio saben ayudarnos.164

Tras el bloqueo legal y más o menos dos años de un proce-so de negociación y de movilizaciones, el 12 de mayo de 1999se firmó el acuerdo final entre GOB Ltda. y las organizacionesindígenas, denominado Convenio para la ejecución del Plande Desarrollo Indígena:

Fue como enfrentarse contra un muro, pero ese muro sepudo romper, se logró avanzar para que aprueben los recur-sos porque ha costado dos años la negociación y se logró fir-mar un programa de compensación por casi dos millones dedólares para el ramal.165

4.3.1. Plan de Desarrollo Indígena PDI

Comprende los siguientes programas y presupuestos:166

164 Entrevista con Ernesto Hurtado.165 Entrevista con dirigentes CCICH-Turubó.166 Convenio para la Ejecución del Plan de Desarrollo Indígena, p. 8.

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Aparte de los programas del PDI, los indígenas dentro elConvenio consiguen la financiación para lo siguiente:

• Titulación de tierras en 36 comunidades. El costo quedemande la contratación del saneamiento y titulación.

• Sistema de agua potable para las comunidadeschiquitanas Ipías, Ramada y Entre Ríos.167

• La contratación de los servicios de un asesor legalpor el tiempo de un año.

• La adquisición de tres camionetas Toyota que seránpropiedad de las organizaciones.

• Alquiler de una sede para la organización CIRPAS. Porel tiempo que dure la construcción de su sede.

• Gastos Dirección Ejecutiva del PDI. Alquiler de unaoficina, luz, teléfono, agua, limpieza, transporte y viá-ticos de los miembros.

Apoyo y fortalecimiento Para la consolidación de la or- $us 558.067 organizativo ganización: medios y equipos

para las organizaciones indíge-nas, y formación profesional yeducación sobre el medio am-biente

Apoyo a la titulación de tierras Títulos de propiedad para 36 Inversióncomunidades indígenas adicional

Apoyo a la producción agrope- Promoción de la agricultura y de $ud 1.232.004cuaria la industria ganadera y avícola

Apoyo a la producción artesanal Promoción de artesanías ma- $us 100.000nuales. Programas de capacita-ción y comercialización

Administración y gestión del PDI $us 81.616

Total $us 1.971.687

167 Las otras dos comunidades chiquitanas, San Juan y Buena Vista, ubica-das en la zona de influencia de San José, consiguen a través del Plan deRelaciones Comunitarias PRC la implementación del sistema de agua.

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• Búsqueda y recopilación de información y/o estu-dios referidos al potencial turístico de las provinciasChiquitos y Ángel Sandóval.

También incluyen el PDI dentro el Programa de Fortaleci-miento Organizativo la Promoción Ambiental, con la creacióny formación de Promotores Ambientales Indígenas PAI paraefectuar un monitoreo y control indígena independiente de laconstrucción del gasoducto. Para ello capacitan mediante cur-sos medio ambientales a 26 PAI comunidades directamenteafectadas, uno por comunidad.

[Promotor Ambiental de la comunidad de Entre Ríos], hemos he-cho cinco talleres en San Matías referentes al medio ambiente paraver los impactos que han sucedido en cuanto a la construcción delgasoducto, para las cinco comunidades se convocó a cinco, perosolamente cuatro asistimos: la Ramada, Ipias, Buena Vista y EntreRíos, menos San Juan168

La incorporación del programa de titulación de tierras res-ponde a las directrices de los organismos internacionales, en-tre estos el Banco Mundial, que recomiendan “abstenerse definanciar proyectos en zonas donde las tierras indígenas noestén claramente demarcadas y su titularidad legalmente es-tablecida, salvo que eso se resuelva antes del préstamo o cons-tituya una condición para el mismo”.169

Para coordinar e implementar el desarrollo de los progra-mas, así como asegurar el correcto y adecuado manejo y utiliza-ción de los fondos, ambas partes convienen formar una estruc-tura orgánica y crear el Comité Directivo del PDI, compuestopor un representante de cada una de las organizaciones pre-

168 Entrevista con Luis Hurtado.169 Recomendaciones del Banco Mundial y del Banco Interamericano de

Desarrollo para las obras que financian acerca de “El medio ambientey los indígenas”, en Los laberintos de la tierra, p. 106.

181

sentes: CIDOB, CPESC, OICH, TURUBÓ, CIRPAS y CANOB, un re-presentante de GOB y otro independiente elegido por ambaspartes,170 la Dirección Ejecutiva y coordinaciones zonales enSan José de Chiquitos y San Matías. A diferencia de lo que pasócon el gasoducto principal Bolivia-Brasil y la participación sólode la CIDOB y la CABI en el Comité Directivo del PDPI, en esteComité Directivo, como se observa, las organizaciones indíge-nas por la representatividad que existía, lograron tener un con-trol en las decisiones ejecutivas.171

A la cabeza está la organización matriz que es la OICH, también for-man parte la organización CIRPAS, CANOB y CCICH-TURUBÓ, de ahíse organiza un Comité Directivo, el presidente es Carlos Cuasace[Presidente de la OICH], la empresa ocupa la vicepresidencia y lasotras organizaciones son miembros del comité directorio.172

Una de las estrategias más sobresalientes de los indíge-nas, fundamental para el logro de algunos de sus objetivos através de diferentes acciones citadas con anterioridad, fue nopermitir la construcción del gasoducto sin antes firmar el acuer-do de compensación: “Nosotros no dejamos trabajar mientrasno haya habido un programa de compensación”.173

Dos debilidades de las organizaciones indígenas en la con-cepción del PDI y a la hora de negociar –que posteriormentedesembocaron en otro conflicto expuesto posteriormente– es-tán referidas a la implementación de un Plan de Conservacióndel Bosque Seco Chiquitano y la creación de la Fundación parala Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) por las empre-sas multinacionales en asociación con cuatro ONG, sin la parti-cipación de los indígenas, violando sus derechos “a participaren la utilización, administración y conservación de los recur-

170 Convenio para la Ejecución del Plan de Desarrollo Indígena, p. 10.171 Gavaldá, op. cit., p. 136.172 Entrevista con dirigentes de la CCICH-Turubó.173 Ibíd.

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sos naturales”174 y “a la protección y preservación de su medioambiente en cooperación con el gobierno”.175 Estas debilida-des pueden resumirse en: 1) la falta de incorporación dentrodel PDI de programas que planteen el manejo sostenible de losrecursos naturales de esa región con gestiones claras de con-servación por los indígenas, además del manejo del Área Na-tural de Manejo Integrado San Matías (ANMI-San Matías) porlos indígenas de esa zona; 2) aceptar el delineamiento por par-te de la empresa de separar, en la compensación a los pueblosindígenas, el aspecto económico y social del tema ambiental.

Es evidente que estos errores respondan a que “las orga-nizaciones indígenas no contaban con una propuesta propia[de PDI], quedando expuestas a las ideas de la empresa, esta-blecidas en las primeras versiones del PDI [planteado por laempresa]”.176 Pero ademas, “desde el inicio de la consulta, laempresa hábilmente dividió el análisis de los problemas entresociales y ambientales, logrando apartar a las comunidadesindígenas de la discusión acerca de los impactos del gasoduc-to sobre los recursos naturales”,177 a pesar de que ellas ya con-taban con una experiencia anterior: la construcción del ga-soducto Bolivia-Brasil, en la cual los indígenas introdujerondentro su plan el manejo sostenible de los recursos naturales yla consolidación del Parque Nacional KAA-IYA Gran Chaco.178

174 Artículo 15.1 del convenio 169 de la OIT.175 Artículo 7.4 del convenio 169 de la OIT.176 CEADES-OICH, p. 49.177 Ibíd.178 Correa, op. cit., p. 111.

183

Bosque Seco Chiquitano

El Bosque Seco Chiquitano es un bosque virgen de 100 kilómetros de diámetro179

y uno de los bosques tropicales deciduos con mayor diversidad de especies en elmundo, también denominado con el nombre de Bosque Primario o Prístino. Po-see una gran cantidad de especies “raras” de vegetación y de vertebrados endé-micos, lo que permite considerarla como una ecoregión de gran importancia parala conservación.180 Forma parte del Pantanal boliviano, área compuesta de unmosaico de lagos, lagunas, ríos, sabanas inundadas, palmares, bosque seco ycerrado, reconocido como Humedal Ramsar de importancia internacional el 17de septiembre de 2001181 y del gran Pantanal sudamericano.182 También está ubi-cado al interior del Área Natural de Manejo Integrado San Matías (ANMI-SanMatías),183 declarado como Área Protegida mediante el D.S. 24734 del 31 de juliode 1997, bajo la administración del Servicio Nacional de Áreas ProtegidasSERNAP.184 El BSCH se desarrolla principalmente en las serranías del Pantanal enel sector de Otuquis y es transicional con el Gran Chaco; pasa al sector del Pantanalde San Matías y forma parte de un paisaje naturalmente fragmentado pormanchones y corredores de sabanas de cerrados y humedales que confiere alpaisaje un alto grado de diversidad y complejidad de hábitats.185 Posee una diver-sidad apreciable de flora-vegetación, tal es el caso de los árboles, comprendidosentre 26 y 35 diferentes variedades por hectárea, de altura media hasta 35 me-tros, caracterizados por perder solamente una parte de su follaje paulatinamenteen épocas secas, de manera que nunca está completamente desprovisto de ho-jas. Las especies principales son Palo Blanco, Cedro, Ajo, Ochoó, Cuchi, Tarara,Jichituriqui, Sirari, Curupaú, Verdolago, Soto, Cedro, Tajibo, Roble, etc.186 Antesde la intervención para la construcción del gasoducto San Miguel-Cuiabá era unbosque con zonas nunca intervenidas por el ser humano, considerado en la listade los doscientos ecosistemas mejor conservados del mundo según la institu-ción conservacionista Word WildLife Foundation (WWF).

179 Gavaldá, op. cit., p. 135.’180 FOBOMADE, El Pantanal boliviano y los proyectos de desarrollo, p. 7.181 Ibíd., p. 8.182 El Pantanal está considerado como el mayor y más diverso humedal

del mundo.183 Esta categoría de Área de Manejo Integrado permite un manejo soste-

nible de los recursos naturales en el Área Protegida, bajo ciertas condi-ciones normativas y técnicas (FOBOMADE, El gran sistema Pantanal enBolivia, p. 25).

184 Ibíd.185 Ibíd., p. 20-21.186 CEADES-OICH, p. 49.

Chiquitanía


La agencia de Crédito OPIC, futura financiadora de la cons-trucción del gasoducto San Miguel-Cuiabá, al estar enmarcadossus préstamos en estándares ambientales definidos en las direc-trices del Banco Mundial,187 no podía financiar un proyecto queafecte bosques primarios y prístinos como el Bosque SecoChiquitano. En ese sentido, varias organizaciones no guberna-mentales bolivianas e internacionales188 –paralelamente a la ne-gociación de los indígenas con las multinacionales–, al ver laspretensiones de las multinacionales, solicitan a OPIC y ENRONel cambio de ruta del gasoducto ya que la construcción ocasio-naba la destrucción del BSCH. Sin embargo, luego del tráfico deinfluencias de ENRON189 y violando sus propias directrices, el 15de junio de 1999 OPIC aprueba un financiamiento de 200 millo-nes de dólares en favor de ENRON, poniendo como condición laejecución de un Plan de Conservación del Bosque SecoChiquitano e incluyendo el financiamiento de $us 20 millones.190

Para corroborar esta tensión entre las multinacionales ysus influencias, y las instituciones conservacionistas no guber-namentales con el objeto de definir la ruta del gasoducto, cuan-do el 12 de mayo GOB firma el convenio para la ejecución PDIcon los indígenas, en el documento las multinacionales tienenla convicción de que el gasoducto va a pasar por la ruta delPSCH, pero no tienen la certeza y textualmente señalan: “Encaso de producirse un cambio de la ruta del gasoducto, seapor argumentos técnicos o legales, podrá variar el área de in-fluencia directa o indirecta, y consecuentemente la cantidad yla calidad de las comunidades beneficiadas”.191

187 Al igual que otras agencias de crédito a la exportación.188 Entre estas, la organización conservacionista WWF Word WildLife

Foundation.189 Denuncia realizada por The Washington Post, en Fundación Conserva-

ción Bosque Chiquitano, Delitos, ilegalidades y contravenciones con los re-cursos naturales del Estado, Dossier informativo, Santa Cruz, 2003.

190 Carta de OPIC aprobando el proyecto y resaltando la condicionante.191 Convenio para la ejecución del Plan de Desarrollo Indígena, p. 9.

185

Para la implementación del Plan de Conservación del Bos-que Seco Chiquitano las multinacionales ENRON y SHELL sereúnen con cinco organizaciones no gubernamentales conser-vacionistas para el proyecto Fundación Amigos de la Natura-leza (Bolivia), Museo Noel Kempff Mercado (Bolivia), MissouriBotanical Garden (EEUU), Wild Life Conservación Society(EEUU) y Word Wild Life Foundation (Bolivia).

Estas organizaciones conservacionistas, antes de ser partedel Plan de Conservación del Bosque Seco Chiquitano, fueronlas que inicialmente luchaban para que el gasoducto siga laruta del camino San José de Chiquitos-San Rafael-San Loren-zo-Las Petas-San Matías, sin atravesar el BSCH192 y posterior-mente cambiaron su posición aceptando y permitiendo la cons-trucción del gasoducto por el medio del BSCH. Es por esta razónque los indígenas señalan que antes de la aprobación del pro-yecto por OPIC, las ONG negociaban paralelamente a ellos eldestino del BSCH y acordaban su manejo:

Cuando nosotros nos encontrábamos en las negociaciones discu-tiendo con la empresa, porque nosotros no hemos querido que pasepor el Bosque Seco Chiquitano, no sabíamos el acuerdo que esta-ban haciendo las organizaciones ambientalistas, ya estaban pidien-do manejar los recursos del Bosque Seco Chiquitano.193

En septiembre de 1999,194 para ejecutar el plan de conser-vación, ENRON y SHELL junto a la Fundación Amigos de la Na-turaleza (Bolivia), Museo Noel Kempff Mercado (Bolivia),Missouri Botanical Garden (EEUU) y Wild Life ConservationSociety (EEUU), crearon la Fundación para la Conservación delBosque Chiquitano (FCBC).195 Esta organización nace sin cono-

192 FOBOMADE, El gran sistema Pantanal en Bolivia, p. 85.193 Entrevista con Manuel Dosapey, presidente CPESC.194 En www.fcbcinfo.org.195 Para mayor información sobre los antecedentes, orígenes, estructura

y/o conformación, situación jurídica, actividades de biopiratería, vio-

Chiquitanía


cimiento del Estado, no obstante obtener recursos financierosa través del patrimonio estatal,196 a través de un acuerdo pri-vado entre dos partes, convirtiéndose en juez y parte de lascuestiones ambientales, usurpando las funciones y atribucio-nes del Estado nacional consagradas por ley.197 Como se verámás adelante, atentan y violan los derechos y las leyes de losbolivianos, especialmente de los pueblos indígenas que habi-tan en el área de influencia del gasoducto, además excluyen yniegan la incorporación y participación directa de los indíge-nas en la administración del plan de conservación, marginan-do al principal actor local que había garantizado la sustenta-bilidad del bosque por cientos de años antes de la llegada delas corporaciones.

El compromiso firmado entre ambas partes establece unfinanciamiento de $us 30 millones para quince años (prove-nientes de aportes voluntarios efectuados por dichas empre-sas), 20 millones son financiados por OPIC, en consecuenciamonto otorgado por ENRON y SHELL, y 10 millones adiciona-les debían ser aportados en partes iguales por las institucionesconservacionistas (2,5 millones por cada una de las ONG parti-cipantes), para ser utilizados en actividades de conservaciónresultantes de un plan previamente elaborado por la FCBC.

A mediados del año 1999, antes de la creación de la FCBC,una de las organizaciones que originalmente era parte del Plande Conservación del Bosque Seco Chiquitano PCBC, WordWildLife Foundation WWF, renuncia y se retira alegando “fal-ta de transparencia, conflictos de intereses entre los ejecutoresy falta de representación y participación de los sectores afecta-dos en la toma de decisiones”.

lación de leyes bolivianas y otros, ver Fundación Conservación BosqueChiquitano, Delitos, ilegalidades y contravenciones con los recursos natura-les del Estado, Dossier informativo, Santa Cruz, 2003.

196 Ibíd.197 Ibíd.

187

Actualmente, la FCBC está integrada por:198

I. Organizaciones científicas y ambientalistas1. Fundación Amigos de la Naturaleza (Bolivia).2. Museo Noel Kempff Mercado (Bolivia), quien cam-

bió subrepticiamente su razón social por FundaciónAmigos del Museo Noel Kempff Mercado.

3. Missouri Botanical Garden (EEUU).4. Wild Life Conservation Society (EEUU).

II. Entidades empresariales1. ENRON (EEUU).2. SHELL (británico-holandesa).3. TRANSREDES - Transporte de hidrocarburos S.A. (Bo-

livia).199

Durante y después de la conformación de la FCBC y la aso-ciación extraterritorial entre multinacionales y ONG conservacio-nistas estalla un conflicto de gran magnitud, donde intervienendiferentes actores nacionales e internacionales: organizacionesindígenas, municipios (San José y San Matías), comités cívicos(San José y San Matías), instancias estatales (Prefectura del de-partamento de Santa Cruz, Consejo Departamental de la Prefec-tura de Santa Cruz, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planifi-cación, Defensoría del Pueblo y otros), prensa, Banco Mundial,instituciones conservacionistas. A partir de este momento, los di-ferentes actores van asumiendo y ubicándose en dos posiciona-mientos opuestos de apoyo o en contra respecto a la creación ytrabajo desplegado por la FCBC; los delitos, ilegalidades, irregula-ridades y contravenciones realizadas por ésta (las multinaciona-

198 Estatuto de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano,p. 2.

199 Figura como entidad empresarial boliviana, sin embargo, las dos em-presas son propietarias del 50% y manejan la directiva.

Chiquitanía


les y las cuatro ONG conservacionistas), amparados según indi-cios en tráfico de influencias de funcionarios estatales, que mere-cerían la elaboración de una investigación, empero, estas son al-gunas irregularidades, delitos y desavenencias:

• La exclusión y negación a las organizaciones ciuda-danas, gobiernos municipales y organizaciones indí-genas ubicadas en el área de trabajo de la FCBC a for-mar parte del directorio de la fundación, participaren la toma de decisiones y no sólo en gestión.

• Actividades de biopiratería. Exportación, sin autori-zación, de material genético de una especie origina-ria de “maní silvestre” encontrada en el BSCH.200 LaFAN, a petición del Departamento de Agricultura deEstados Unidos (USDA), canalizó un permiso para elacceso a los recursos genéticos para colectar mues-tras de maní silvestre.201

• Especies por dólares. Según los informes a los queaccedió el periódico Los Tiempos, el Museo NoelKempff Mercado estaría permitiendo el robo de losrecursos naturales para cubrir su cuota de 2,5 millo-nes de dólares como parte del PCBC. Como pruebade ello, hasta 1996 se envió 3 mil especies en calidadde regalo o canje al Jardín Botánico de Missouri(MBG)202 y se estima que a la fecha (2000) las mues-tras sobrepasan las 10 mil y a cambio, empero, el Mu-seo recibió de otras varias instituciones en un perio-do de cinco años (1991-1996) sólo 900 especímenes.203

200 FOBOMADE, El gran sistema Pantanal en Bolivia, p. 85.201 La Prensa, 30 de julio de 2000.202 El MBG, según la Rural Advancement Foundation International (insti-

tución que hace seguimiento a los impactos tecnológicos del área ru-ral), trabaja principalmente en bosques tropicales en diferentes partesdel mundo, realizando colectas de material genético destinadas a laproducción de fármacos (La Prensa, 30 de julio de 2000).

203 La Prensa, 30 de julio de 2000.

189

• Privación de los derechos intelectuales. Según un in-forme de la Organización de las Naciones Unidas, di-ferentes fundaciones e instituciones no gubernamen-tales, como la FCBC a nivel internacional, privananualmente de cinco millones de dólares en derechosintelectuales de productos biológicos a los países sub-desarrollados.204

• Sin personería jurídica y personería jurídica falsa. Enabril de 2003, a través de la inspección in situ llevadaadelante por el VRNMA y por los indígenas, comprue-ban que la FCBC no contaba con personería jurídica yque estaba realizando actividades en nuestro paísdurante varios años sin ella; sin embargo, en septiem-bre de 2003 en la página web de la fundación figurauna acta de personería jurídica con la fecha 8 de ene-ro de 2003 (en consecuencia falsa) y firmada por elex prefecto Mario Justiniano, cuando el director eje-cutivo de la FCBC, Hermes Justiniano, mediante unacarta dirigida al Prefecto en fecha 20 de agosto de2003 (recepcionada en la Prefectura) señala que es-tán a punto de vencer el plazo de presentación dedocumentación legal para acceder a unas donacionesde la Fundación Wilson y la Fundación Rotaria por-que les hace falta el certificado de impuestos y la per-sonalidad jurídica.205

• El área de estudio y de trabajo de la FCBC es todo elPantanal boliviano y no sólo el BSCH. Como su nom-bre lo indica, el objeto de la implementación del PCBCpor la FCBC está dirigido a preservar y conservar sóloel BSCH y no así otras regiones o zonas ecológicas.

204 Ibíd.205 Fundación Conservación Bosque Chiquitano, Delitos, ilegalidades y con-

travenciones con los recursos naturales del Estado, Dossier informativo,Santa Cruz, 2003, p. 3.

Chiquitanía


Pero la FCBC actualmente opera y tiene como área deestudio no sólo al BSCH, sino a casi la totalidad delPantanal boliviano, en su interior a diferentes áreasprotegidas como el Área Natural de Manejo Integra-do San Matías, al Parque Nacional y Área Natural deManejo Integrado Otuquis, el Área Protegida Munici-pal Roboré. En consecuencia, hay una expansión ha-cia otras áreas que no integraban su misión original.

• Apropiación de concomiendo de los indígenas. El Jar-dín Botánico de Missouri (MBG), conocido por las co-lectas de material genético que realiza en bosques tro-picales, destinado a la producción de fármacos, ahoradespliega actividades junto a la FCBC en el Pantanaly las empresas transnacionales farmacéuticas bene-ficiadas con el material genético, según un estudiorealizado por la antropóloga Annie Oelhlerich de Zu-rita hasta el momento han creado siete mil produc-tos farmacéuticos elaborados a partir del conocimien-to indígena.206

A mediados del año 1999, la CPESC presentó la primeradenuncia contra la Fundación por violación de leyes y dere-chos de pueblos indígenas. A partir de ese momento una ca-dena de acciones legales y otras medidas de presión han co-menzado. Las irregularidades y anomalías que se denunciancontra la FCBC son muchísimas. Se refieren a que el trabajo deesta institución crea división entre las organizaciones actuantesen la zona, avasalla territorios y comunidades indígenas sincontar con su acuerdo y consenso, establece convenios ilegíti-mos que no consideran las opiniones de las comunidades lo-cales, realiza investigación científica que atenta contra los de-rechos intelectuales de las comunidades, negocia con recursosnaturales que no le pertenecen, entre otras.

206 La Prensa, 30 de julio de 2000.

191

A partir del mes de agosto de 2000, los chiquitanos, ayoreosy sus diferentes organizaciones indígenas matrices, al ver vul-nerados sus derechos, a través de actas, resoluciones, manifies-tos y otros dirigidos al Gobierno boliviano, a las multinaciona-les y a la opinión pública empiezan a denunciar la violaciónde las leyes bolivianas por parte de la FCBC junto a las multi-nacionales y los atropellos en los que incurren las petrolerasdentro de su territorio.

Como una de las primeras acciones de base, el 9 de agostode 2000 los chiquitanos de las cinco comunidades ubicadas enel BSCH, en el cantón San Juan y en el área de influencia delgasoducto, al advertir el trabajo de la FCBC en el bosque sin laconsulta y participación de los chiquitanos, realizan las pri-meras denuncias y afirman: “Advertimos a estas organizacio-nes que no permitiremos ninguna acción en el Bosque sin nues-tro consentimiento”.207

En concordancia con lo manifestado por los chiquitanosque habitan el BSCH, su organización matriz, la OICH, el 10de agosto de 2000 saca una resolución en la cual acuerdan,entre otros puntos: “Desconocer a las instituciones que vie-nen ejecutando el PCBC, por cuanto vienen confundiendo einterfiriendo en la vida de nuestras comunidades; declararpersonas no gratas a todos los representantes y promotoresdel PCBC porque han violado nuestros derechos a decidir yser consultados oportunamente sobre el destino de nuestroterritorio y el uso de nuestros recursos naturales; instruir atodas las comunidades para que rechacen la presencia depersoneros de la PCBC en nuestras comunidades; convoca-mos a las empresas ENRON y SHELL a comprometerse y demanera urgente al diálogo directo con las organizacionesindígenas locales para definir un PCBC que represente las

207 Acta Sobre el Bosque Seco Chiquitano, de las cinco comunidadeschiquitanas del Cantón de San Juan, Comunidad de Entre Ríos, 9 deagosto de 2000.

Chiquitanía


auténticas prioridades y necesidades de los habitantes delbosque”.208

Los chiquitanos rechazan y cuestionan la legalidad y legi-timidad de la FCBC, e invitan a ENRON y SHELL al diálogo di-recto con el objetivo de definir un PCBC que sea acorde con lasprioridades y demandas de los indígenas. Sin existir respues-ta alguna de las empresas, la CPESC, el 4 de septiembre de 2000,envía a la FCBC una propuesta de conservación del Bosque SecoChiquitano por parte de las organizaciones indígenas, en lacual se plantea la sinergia entre el PCBC llevado adelante porla FCBC y el Programa de Conservación de RRNN y GestiónSocioambiental Indígena209 planteado por ellos y a un futuroejecutado por el PDI con el objetivo de emprender acciones debeneficio mutuo. Además demandan una reunión con el di-rectorio en pleno de la FCBC y las organizaciones indígenasCPESC, IOCH, CANOB (el reconocimiento y respecto a su estruc-tura organizativa); la inclusión en el directorio de la FCBC delos representantes de las organizaciones indígenas porque sonlos directamente involucrados en el tema; definir las caracterís-ticas y alcances de la participación de las comunidades en lasacciones de conservación del BSCH; crear un campo de intersec-ción entre las acciones del FCBC y el PDI a través del Programade Conservación de RRNN y Gestión Socioambiental Indígena210.

208 Resolución de la reunión de las organizaciones de la OICH relacionadoal PCBC, San Javier, 10 de agosto de 2000.

209 En este programa, los indígenas plantean la conservación y aprovecha-miento de los recursos naturales a través de cinco módulos: 1) la crea-ción de la Escuela de Manejo de Recursos de Biodiversidad y Vida Sil-vestre de carácter itinerante, 2) la institucionalización de los PromotoresAmbientales Indígenas (PAI), 3) diseño y elaboración de planes de or-denamiento territorial, ordenamiento predial y planes de manejo derecursos naturales y de biodiversidad, 4) plan de ecoturismo en el áreadel BSCH, 5) instalación de una radioemisora de onda corta y larga enCPESC para el monitoreo ambiental y para la difusión de programas.

210 Propuesta de Conservación del Bosque Chiquitano por parte de las or-ganizaciones indígenas, Santa Cruz, 4 de septiembre de 2000.

193

Asimismo, para garantizar el respeto a sus derechos, la CPESCpresenta a la Prefectura del departamento de Santa Cruz unmemorial solicitando que esta institución no dé curso a la soli-citud de personería jurídica planteado por la FCBC.211

El 8 de septiembre, las doce centrales de la OICH, con elobjetivo de mostrar su solidaridad y la unión del movimientoindígena y chiquitano, sacan una resolución apoyando la po-sición de las comunidades afectadas, de la organización ma-triz OICH y de la CPESC, en respaldo a la propuesta indígenade conservación del BSCH y ratificando el rechazo y la expul-sión de sus territorios a los representantes de la FCBC porquecontradicen las determinaciones de la organización y creanfalsas expectativas que crean conflictos y dividen la unidaddel pueblo indígena chiquitano.212

Estos pronunciamientos son emitidos paralelamente al in-greso de personeros de la fundación a las comunidades delcantón de San Juan. Previamente, los chiquitanos habían des-conocido a la FCBC y decidido no permitir el ingreso de cual-quier miembro de ésta a las comunidades debido a la viola-ción de sus derechos, al no ser consultados ni tomados encuenta en la estructura de la FCBC ni en las actividades de con-servación, y por considerar ilegitima e ilegal a la FCBC pararealizar consultas médicas cobrando un mínimo costo y pro-porcionar algunos regalos, creando división y conflicto inter-nos porque unos aceptan el ingreso y otros no:

Ellos venían con una cosa, con otra, iban a las comunidades a aten-der a los pacientes, a los enfermos.213

211 Memorial dirigido al Prefecto del departamento de Santa Cruz, 5 deseptiembre de 2000.

212 Resolución de las centrales de la OICH, San Javier, 8 de septiembre de2000.

213 Entrevista con Johnny Mendoza.

Chiquitanía


Venían, daban su recorrido y entregaban cepillos dentales, cositasasí, que nada que ver.214

Venían a sacar una muelita los médicos a costa de nosotros y connuestra plata, estaban cobrando a la gente que a veces no tiene nipara pagar un mejoral.215

Pero, en vista de lo ocurrido, consecuentemente con lo ex-puesto tiempo antes, los chiquitanos del cantón de San Juansacan otro voto resolutivo prohibiendo nuevamente el ingresoa sus comunidades, con el agravante de que personeros de laFCBC ingresan directamente a realizar consultas médicas sinconsultar ni mencionar el objetivo de su trabajo, lo que causómolestia a las autoridades de esa zona:

Llegaron directamente con médicos a atender, ellos no vinieron adecir se está formando una asociación o venimos para hacer esto,este es nuestro objetivo y nosotros queremos saber si ustedes estánde acuerdo; tampoco se explicó quienes eran los que financiaban,no se consultó nada, por esa razón se mandó una resolución recha-zando esta medida y luego de que venían en eso se cortó.216

No vinieron por acá desde que se sacó este voto resolutivo de nodejarles ingresar más porque venían con sus mentiras.217

Sin embargo, muy parecido a la posición dividida de acuer-do o desacuerdo a la construcción del gasoducto por la rutaque pasa sus comunidades y por el BSCH, posterior a la deter-minación de prohibir de nuevo el ingreso a las comunidades agente de la FCBC y de que ellos no volvieran por el lugar, haycomunidades que han solicitado de manera individual el in-greso del personal contratado por la FCBC para realizar con-

214 Entrevista con autoridades de la comunidad de San Juan.215 Entrevista con Ernesto Hurtado.216 Entrevista con autoridades de la comunidad de San Juan.217 Entrevista con Johnny Mendoza.

195

sultas médicas por necesidad. En cambio, otras comunidadeshan tomado una posición mucho más radical a pesar de la ne-cesidad de rechazar rotundamente toda forma vertical y auto-ritaria de relacionamiento, porque manifiestan que han hechoun negociado valiéndose de ellos y del BSCH.

Al margen de las acciones, subjetivamente también haydos situaciones y visiones claras de los chiquitanos de estascomunidades al respecto. La primera, que carece de conoci-miento e información sobre el tema y prácticamente descono-ce el origen y la forma de cómo ha sido conformada la FCBC yde los derechos que tienen, llega inclusive a negar esos dere-chos y aceptar la vulneración al ver a las acciones llevadas acabo por la FCBC como una ayuda solidaria, por la cual estándispuestos a someterse a las acciones verticales con tal de reci-bir algo, por necesidad; es el caso de la comunidad de San Juan:

Mandaron una resolución rechazándolos, existió un rechazo de lascomunidades hasta el colmo que les dijeron que no quieren quevuelvan, pero como nosotros de San Juan no tenemos el privilegiode tener un doctor permanente para que atienda la salud, entoncespor necesidad hemos determinado mandar una carta a la gerenciade la FCBC solicitando el regreso de los médicos, ese equipo de mé-dicos que venía para que nos apoyen y recién en este mes de marzohan venido, apoyándonos con los médicos vienen para hacer la con-sulta de las extracciones dentales y medicamentos a bajo costo, deeso nomás no pasa, porque vienen a la posta y de aquí otra vez sevuelven incluso no van ni a las otras comunidades.218

El segundo posicionamiento muestra un conocimiento einvolucramiento en el conflicto con la FCBC. A partir de ello, tomauna posición de rechazo a la vulneración de los derechos y a lasacciones autoritarias a pesar de sus necesidades; asimismo sepercibe a la FCBC como “oportunista y aprovechadora”, y mues-tran su posición de rechazo a la presencia de la institución. Unejemplo de ello es el caso de la comunidad de Entre Ríos:

218 Entrevista con autoridades de la comunidad de San Juan.

Chiquitanía


Han venido aquí y los hemos botado, no les hemos dejado porquevenían a mentirnos, ya no somos unos chiquillos y tenemos nuestrosderechos, costumbres y ellos están ganando la plata a costillas nues-tras porque el bosque está aquí donde nosotros vivimos y somosdueños por nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos;ahora ellos vienen y se hacen dueños de todo, hacen lo que les da lagana y no es así, eso les hemos dicho: “Señores, van a disculpar, no-sotros no somos juguete de nadie, ustedes no vuelven por aquí si nohacen un buen programa o un buen proyecto, y no quieren aceptarlas necesidades de nosotros, no vuelven por favor o les vamos a aga-rrar y les vamos a quitar su movilidad”, y no vinieron más.219

El ingreso de la FCBC a las comunidades sin tomar en cuen-ta a las organizaciones indígenas también ha originado divi-sión y conflictos internos entre la población indígena de lascomunidades o entre población y dirigencia:

Ellos iban directamente por encima de la organización a las comuni-dades y tuvimos problemas internos con nuestra base, entonces íba-mos a una reunión, pero nuestra base se oponía a nosotros y defen-día a la Fundación porque recibían algunas cosas, entonces nosotrosestábamos en contra porque siempre han violado nuestros derechos,nunca han respetado a nadie, ni a nosotros como dirigentes.220

En ese contexto llega un momento en el que las multina-cionales incumplen el EEIA, el convenio para la ejecución delPDI, paralelamente inician el PCBC sin la participación de lascomunidades afectadas y no dan respuesta a la propuesta deconservación del BSCH planteado por los indígenas, lo que pro-fundiza el conflicto y lleva a las comunidades ubicadas en elárea de influencia del proyecto a tomar otras medidas.

El comité directivo del PDI emite la primera resolución el9 de septiembre de 2000,221 donde da a conocer a las multina-

219 Entrevista con Ernesto Hurtado.220 Entrevista con Manuel Dosapey, presidente de CPESC.221 Resolución del Comité Directivo del PDI, Santa Cruz, 9 de septiembre

de 2000.

197

cionales el incumplimiento del convenio de PDI, por consi-guiente advierten y otorgan quince días para solucionar y res-ponder sus demandas, entre éstas el desembolso a su cuentainstitucional de todos los fondos que corresponden al PDI.222

En caso de ausencia de respuesta, las comunidades indígenasamenazan con tomar acciones de hecho en el área del gasoductoocupando los recintos y evitando las actividades de las dife-rentes empresas subsidiarias en las áreas indígenas.

En respuesta, a pocos días y por medio de dos cartas diri-gidas a las organizaciones indígenas, GOB indica, por un lado,que ellos han cumplido a cabalidad los términos del Conve-nio para la Ejecución del PDI y por otro, solicitan a los indíge-nas reunirse con ellos para analizar la problemática el 26 deseptiembre de 2000 debido a que les es imposible reunirse conanterioridad.223 Esta posición es asumida por los indígenascomo dilatoria, por cuanto consideran inoportuno esperar yaque en varias ocasiones demandaron sus peticiones no atendi-das a tiempo y ante ello deciden iniciar las medidas de pre-sión anunciadas en el voto resolutivo de 9 de septiembre.

Primeramente, son las comunidades chiquitanas afiliadasa CIRPAS de San Matías las que el 17 de septiembre bloqueancaminos y retienen maquinarias de la empresa constructoradel gasoducto: CONDUCTO. Les siguen las siete comunidadeschiquitanas y ayoreas del cantón de San Juan el 18 de septiem-bre, bloqueando el campamento de la empresa constructoradel gasoducto BOLINTER en la comunidad de San Juan. En elvoto resolutivo emitido por el comité de huelga de San Juande Chiquitos a los tres días del bloqueo son muy claras susdemandas: i) Desembolso a la brevedad posible del montoadeudado al PDI. ii) Atención favorable a su propuesta de

222 Esto, según los indigenas, porque el desembolso en partidas pequeñasrealizadas hasta ese momento no permitía dar continuidad a los pro-gramas, lo que hacia peligrar la sostenibilidad de los proyectos.

223 Cartas de GOB en respuesta al voto resolutivo del Comité Directivodel PDI, Santa Cruz, 13 y 16 de septiembre de 2000.

Chiquitanía


“acciones de conservación del Bosque Chiquitano”, enviadopor CPESC en fecha 4 de septiembre a la FCBC, para ello es ne-cesario un diálogo directo con ENRON y SHELL. iii) Cumpli-miento de compromisos asumidos por GOB mediante actas antelas comunidades, relacionadas con la titulación de tierras, arre-glo de caminos, instalación de sistemas de agua, etc.224

La primera experiencia de bloqueo llevada adelante porlas comunidades del cantón de San Juan es descrita por losactores de la siguiente manera:

Se hizo un bloqueo que duró una semana, se les paralizó todo, nose movía nada, en el campamento de BOLINTER en San Juan nosorganizamos bien, se formó una comisión de negociación para notener problemas, de todas las comunidades había un representan-te, incluso vino directamente una comisión o como se dice el “due-ño de la plata” a hablar con los ejecutivos de la empresa, de esamanera se consiguió el desembolso.225

Paralelamente a las medidas de presión, a través de accionesmuy características utilizadas por las empresas petroleras, lasmultinacionales inician una campaña mediática dirigida a des-prestigiar y desvirtuar las medidas asumidas por los indígenas.Para ello pagan una solicitada en el periódico El Deber, de SantaCruz, el 18 de septiembre, titulada “Aclaración necesaria”, en laque realizan aclaraciones sobre calidad e idoneidad de su traba-jo, el cumplimiento del EEIA y otros. Además, respecto a las de-nuncias de actividades de piratería cometidas por algunas ONGmiembros de la FCBC, GOB expresa desconocerlas.226

Ante el evidente bloqueo realizado a la construcción delgasoducto, GOB, en respuesta, acepta algunas exigencias de las

224 Voto resolutivo de las comunidades chiquitanas afiliadas a Turubó ycomunidades ayoreas afiliadas a CANOB, comunidad de San Juan, 20de septiembre de 2000.

225 Entrevista con dirigentes CCICH-Turubó.226 El Deber, 18 de septiembre de 2000.

199

comunidades indígenas como el desembolso de los recursosdel PDI y el cumplimiento de otros compromisos acordadoscon las diferentes comunidades afectadas. Paralelamente, so-licita levantar las medidas de presión y compromete auspiciarun diálogo directo con las empresas ENRON y SHELL para tra-tar el tema de la participación de las organizaciones indígenasdentro la FCBC y otros temas,227 porque ellos no tienen compe-tencia para esto. Por su lado, la FCBC –en una carta dirigida alComité Ejecutivo del PDI–, en respuesta al planteamiento deconservación del BSCH realizada por CPESC, rechaza la propo-sición de los indígenas y ratifica su accionar y su estructurainstitucional indicando: “La FCBC es una institución privada,autónoma dentro la cual las empresas que conforman GOB notoman ninguna decisión sobre las acciones de la funda-ción…”.228

Habrá que preguntarse ¿cómo los miembros del directo-rio aportantes de 20 millones no tienen ningún poder de deci-sión y cómo es una organización privada y autónoma, cuandohan canalizado sus fondos gracias al patrimonio nacional? Tam-bién “la FCBC tiene una estructura en la cual se ha definidoclaramente los mecanismos de consulta, buscando la partici-pación paritaria de los actores regionales en la toma de deci-siones: todas las solicitudes para la utilización de los fondosdeben dirigirse a través de los canales correspondientes en estecaso a través del comité de gestión”.229 Entonces, ¿quiénes sonlos que han definido la estructura de la FCBC, ¿será que losactores regionales toman decisiones cuando participan dentrola estructura en un segundo nivel y sólo en el ámbito de lagestión?, y por último ¿será que los actores regionales con po-

227 Carta de GOB en respuesta al voto resolutivo de San Juan, Santa Cruz,21 de septiembre de 2000.

228 Carta de la FCBC dirigida al Comité Ejecutivo del PDI, Santa Cruz 22de septiembre de 2000.

229 Ibíd.

Chiquitanía


der de decisión han sido consultados para el rechazo al plan-teamiento de conservación de los indígenas?

En el marco del desarrollo de bloqueos y la paralización deactividades de construcción del gasoducto, el 24 de septiembrese llevó a cabo una reunión entre las organizaciones indígenasy personeros de ENRON y SHELL –los señores Laine Powell yJohannes Walsebuck–, en la cual los indígenas denuncian losatropellos, la violación de sus derechos, la falta de transparen-cia de la FCBC y la falta de respeto del señor Hermes Justinianocon las comunidades y organizaciones indígenas. Además plan-tean su propuesta de conservación del BSCH y piden oficializarmediante una carta la posición de las transnacionales sobre eltema. En oposición a este planteamiento, las ENRON y SHELLratifican la legalidad de la FCBC y proponen apoyar las iniciati-vas de conservación de las organizaciones indígenas, pero unavez considerado por la FCBC para su aprobación. Luego de ha-llar acuerdos y logradas dos de las tres demandas más impor-tantes (el desembolso de los recursos al PDI y el compromiso decumplimiento de otros compromisos asumidos con las comuni-dades), en vista de la complicidad y la unificación de su discursoentre multinacionales y la FCBC sobre el tema de conservación,además de no contar con el aparato y la experiencia para mante-ner las medidas de presión, los indígenas deciden levantar tem-poralmente los bloqueos hasta una próxima reunión a realizarseel 24 de octubre y ratificar su desconocimiento a la FCBC.

Entra en tregua el conflicto por alrededor de un mes, perola CPESC, principal denunciante de las irregularidades eilegalidades de la FCBC, no desatiende el tema y mediante unasolicitada en el periódico El Deber denuncia y da a conocer ala opinión pública los atropellos y la violación de los derechoseconómicos, sociales y culturales contemplados en el Conve-nio 169 de la OIT, por parte de las transnacionales (ENRON ySHELL),TRANSREDES y la FCBC.230

230 El Deber, 14 de octubre de 2000.

201

En la próxima reunión entre organizaciones indígenas yrepresentantes de ENRON y SHELL, del 24 de octubre, los pri-meros, rechazan la propuesta de las multinacionales, consis-tente en reconocer a la FCBC y aceptar a esta instancia comoúnico vehículo, a través del cual se solicite los requerimientosde conservación del BSCH. Asimismo, explican detalladamen-te el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado bolivianoy manifiestan a las compañías que los indígenas aceptan la con-servación sólo en ese marco. Como se puede percibir, de vuel-ta las multinacionales logran separar el tema de la compensa-ción ante todo socioambiental de los impactos netamenteambientales, dejando irresuelto el conflicto de los indígenascon la FCBC, legitimando las actividades de la Fundación y ne-gando la posibilidad a los indígenas de participar activamen-te en la conservación y preservación del BSCH.

Pero las organizaciones indígenas continúan la demanday propician diferentes gestiones. Solicitan mayor informaciónante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Di-putados, relacionada al EEIA del proyecto Gasoducto a Cuiabá,tramo Bolivia; también mediante un requerimiento fiscal pi-den la remisión de documentos sobre la FCBC. Realizan unadenuncia ante la Prefectura, el 6 de noviembre, por la viola-ción de las leyes bolivianas y derechos de los pueblos indíge-nas en contra de las multinacionales y piden garantías, tam-bién realizan su queja ante el Defensor del Pueblo y otrasinstituciones, la mayoría sin resultados positivos.

La FCBC y las multinacionales también siguen sus gestio-nes con el afán de lograr legitimación ante la sociedad bolivia-na y los pueblos indígenas mediante un acuerdo con éstos, paraello encaminan un acercamiento estratégico con la CIDOB y enfecha 15 de febrero de 2001 suscriben un Convenio Marco deCoordinación y Participación CIDOB-PCBC, entre el por enton-ces presidente de la CIDOB, Nicolás Montero, Hermes Justinianoy Michael Painter representando a la FCBC. Pero pocas sema-nas después, las diferentes organizaciones una vez advertidas

Chiquitanía


del Convenio, el 20 de marzo de 2001 en una reunión de emer-gencia convocada por la OICH deciden: i) Desconocer y recha-zar dicho acuerdo porque viola los derechos de los pueblosindígenas e ignora las diversas determinaciones, votos resolu-tivos y otros asumidos por las diferentes organizaciones indí-genas en contra de la FCBC. ii) Respaldar todos los procedi-mientos iniciados por la CPESC y la OICH en contra de la FCBC.iii) Exigir que la CIDOB disuelva por escrito el Convenio CIDOB-FCBC y respalde las determinaciones emanadas por la CPESC,comunidades y organizaciones chiquitanas.231 Al día siguien-te, en réplica, la CIDOB mediante una resolución de la comi-sión nacional resuelve: i) Dejar sin efecto el Convenio firmadopor la CIDOB y la FCBC, y dar a conocer formalmente la deci-sión a los personeros de la FCBC. ii) Dejar a la CPESC y sus or-ganizaciones de base del pueblo chiquitano y ayoreo la res-ponsabilidad de todo cuanto tuviera que ver con el tema delPCBC y/o FCBC.232 Y siendo consecuentes, el 22 de marzo man-dan una carta al director de la FCBC indicando que por ser unaresolución unilateral del Convenio Marco de Coordinación yParticipación entre la CIDOB y el PCBC queda sin efecto.233 Asi-mismo, manifiestan que a partir de la fecha cualquier relaciona-miento con los pueblos indígenas tiene que realizarse vía CPESCy las organizaciones de base de los chiquitanos y ayoreos. Lasmultinacionales, en la lógica de crear división en el movimientoindígena respecto a ese tema, crean conflictos internos entrelas organizaciones y cumplen su cometido, pero no logra fir-mar un acuerdo en los términos deseados.

En el desarrollo de los conflictos, como se advierte en ladocumentación y en las diferentes acciones, las multinaciona-les y la FCBC legitiman y reconocen, o desconocen y deslegiti-

231 Resolución de las organizaciones indígenas chiquitanas, Santa Cruz,20 de marzo de 2001.

232 Resolución CIDOB, Santa Cruz, 21 de marzo de 2001.233 Carta de la CIDOB dirigida al director de la FCBC, Santa Cruz, 22 de

marzo de 2001.

203

man a diferentes organizaciones, dependiendo el grado dedesempeño y de lucha de cada organización. Mientras me-nor sea el grado de involucramiento y más tenues sean lasacciones, mejor es el relacionamiento; este es el caso de laCIDOB y los acuerdos consensuados con el oponente, mien-tras haya mayor involucramiento y más enérgicas y absolu-tas sean las acciones, peor será el reracionamiento o práctica-mente los oponentes evitarán y coartarán cualquierrelacionamiento, este es el caso de la CPESC. Un ejemplo muyclaro para el primer caso es la negociación delegada efectua-da por un asesor de la CIDOB y personeros de las multinacio-nales para la compensación socioambiental, sin la participa-ción de las autoridades de la CIDOB. Y para el segundo, laCPESC es la que mediante el envío de una propuesta a la FCBCplantea la conservación alternativa del BSCH, pero es preci-samente a la CPESC que la FCBC no envía la respuesta a lapropuesta y sólo a las demás organizaciones.

La Fundación, con el objeto de buscar legitimación en lademás población local que habita el área de influencia de con-servación y desprestigiar al sector indigena, mostrándoloscomo radicales, propicia también acercamientos y suscribeacuerdos en algunos lugares con otros actores y/o sectoressociales como municipios, comités de vigilancia, comités cívi-cos e instituciones privadas, dentro los términos planteadospor la fundación. Este es el caso de San José:

[La FCBC] Trabaja con el municipio, a los municipios los han aga-rrado por las migajas que les dan, usted sabe que los políticos sonpolíticos, también sabemos que el Comité de Vigilancia inclusiveestá metido también, que recibe unas migajas para que pueda sub-sistir. El Comité Cívico también, pero es gente que todavía no pien-sa, que no sufre, que tienen sus cargos, tanto políticos como en otrarama; en cambio nosotros no.234


Chiquitanía


Sin embargo, este acuerdo con el tiempo a varias autori-dades les ha costado la destitución de sus cargos, por ejemplo,el alcalde de Carmen Rivero Torres por su vínculo con la FCBCy con el alcalde de San José de Chiquitos.235

Con las denuncias y una serie de acciones realizadas anivel nacional, las organizaciones indígenas han lograndoque el Estado declare ilegal a la Fundación de Conserva-ción del Bosque Chiquitano, creada por las multinacionalesa través de diferentes cartas, hojas de ruta, etc. Además, me-diante la solicitud y realización de una auditoria ambientala las empresas multinacionales patrocinadoras (ENRON ySHELL) que conllevó a la realización de una inspección insitu del gasoducto, se evidencia el incumplimiento del plande reforestación, incumplimiento del plan de desarrollo in-dígena, destrucción de hábitats de vida natural, destruccióndel Bosque Seco Chiquitano y violación de los derechos in-dígenas al promover la creación de la FCBC, formada porcuatro organizaciones conservacionistas a espaldas de gru-pos ambientalistas e impidiendo la participación de los pue-blos indígenas afectados en la preservación de los recursosnaturales en su propio territorio. Sin embargo, las institucio-nes competentes no han tomado ninguna acción al respecto.No obstante, los indígenas siguen realizando gestiones anteorganismos internacionales y ante los propios directorios delas empresas multinacionales.

Hasta el momento, las diferentes oposiciones, acciones le-gales y denuncias a diferentes instituciones nacionales e inter-nacionales han sido vanas; la FCBC sigue funcionando y ejecu-tando los 20 millones sin la participación de los indígenasdirectamente afectados por la construcción del gasoducto y ladestrucción del BSCH, y en la mayoría de las comunidades si-guen prohibiendo el ingreso de personeros de la FCBC.

235 Gavaldá, op. cit., p. 137.

205

4.3.2. Aliados y adversarios influyentes

En el conflicto de las corporaciones multinacionales, FCBC ylos pueblos indígenas, en este caso los chiquitanos, se puedeadvertir el involucramiento de otros actores regionales y ex-ternos que participaron en el transcurso del proceso, movidospor diferentes intereses y posicionamientos muy claros apo-yando directa o indirectamente los intereses de las organiza-ciones indígenas o de las empresas auspiciadoras del gasoduc-to. A continuación detallamos el rol y el perfil que han adoptadoalgunos de estos actores:

Aliados

En la trayectoria del conflicto, los principales actores que ocu-paron un papel de aliados de los chiquitanos son algunas ONG,constituyentes de nuevas redes de apoyo, difusores y creado-res de significados que articulan la defensa y preservación delmedio ambiente, el fortalecimiento y apoyo a las organizacio-nes indígenas y el liderazgo, además de la defensa de los dere-chos de los pueblos indígenas.

Las dos ONG involucradas directamente en los conflictosy aliados permanentes son:

El CEADES (Colectivo de Estudios Aplicados al DesarrolloSocial). Prestó apoyo y asesoría a los indígenas en temas técni-co-ambientales, participó activamente en el proceso de nego-ciación para el plan de compensación, realizó seguimiento yapoyo en el desarrollo del monitoreo indígena del EEIA delgasoducto y otros.

“Nos apoyó bastante CEADES con sus técnicos en la nego-ciación”.236

236 Dirigentes de la CCICH-Turubó.

Chiquitanía


“A CEADES siempre lo buscamos como apoyo y desde en-tonces como socio saben ayudarnos”.237

Entre sus aportes más importantes están la reformulacióno formulación de una propuesta alternativa del PDI junto a lasdiferentes organizaciones indígenas y el auspicio de diferen-tes reuniones dirigidas a fortalecer las organizaciones y capa-citar a los indígenas en temas relacionados con las actividadesextractivas con el afán de que ellos afronten los conflictos, sino es en iguales condiciones que las multinacionales con algode información y conocimiento sobre el tema.

El CEJIS (Centro de Estudios Jurídicos e Investigación So-cial). Apoyó y asesoró legalmente a los indígenas durante lanegociación del PDI y la construcción y postconstrucción delgasoducto, con el objeto de promover y hacer prevalecer losderechos económicos, sociales y culturales de los pueblos in-dígenas.

Como contribución más destacada, tenemos a las accio-nes legales, oposiciones legales, remisión de documentos, etc.,junto a los indígenas, ante las diferentes instituciones estatalescompetentes en el tema.

Otras organizaciones internacionales aliadas transitoriasde los indígenas fueron Amazon Watch, Alianza Amazónica,FOE, BIC, COICA y CIEL, que llevaron las denuncias a nivel in-ternacional ante los directorios de OPIC, de las multinaciona-les ENRON y SHELL, del Banco Mundial y del departamento deEstado del Gobierno norteamericano para que estas cumplancon las políticas, directrices, convenios y leyes establecidas.238

En el ámbito local, el Consejo Departamental de SantaCruz, componente de la Prefectura del departamento, a dife-rencia de la propia Prefectura elegida por el Gobierno, se des-empeñó como aliada eventual de los indígenas aportando prue-bas de la violación a los derechos económicos, sociales y

237 Entrevista con Ernesto Hurtado.238 CEADES-OICH, p. 172.

207

culturales de los indígena, y la vulneración e incumplimientode otras leyes y decretos por las multinacionales, las ONGconservacionistas y demás aliados. De la misma forma, a esca-la nacional, el Defensor del Pueblo, aliado circunstancial delos indígenas, mediante diferentes gestiones exige al Ejecuti-vo transparencia, cumplimiento y respeto del Convenio 169de la OIT.

Adversarios influyentes

En los conflictos, los indígenas a nivel internacional tienen alfrente como oponentes a grandes adversarios influyentes, selos podría hasta denominar “adversarios invencibles”, este esel caso del Banco Mundial, Overseas Private InvestimentCorporation (OPIC), el Departamento de Estado del Gobiernonorteamericano y otros, que tras conllevar una sinergia conlas multinacionales ejecutoras del proyecto y sus aliadasconservacionistas, no cumplen las políticas, directrices y con-venios elaborados por ellos mismos con el afán aparente deacortar las simetrías, proteger y favorecer a los pueblos indí-genas con los proyectos de desarrollo, y proteger y resguardarlas reservas ecológicas.

El Estado y sus instituciones a nivel nacional y departa-mental: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación,Cámara de Diputados, Prefectura del departamento de SantaCruz –administrado y presidido por los “partidos tradiciona-les”–239 aparece como el “enemigo” o adversario influyente másimportante, porque tanto las instituciones como la mayoría delos funcionarios no cumplen el marco legal vigente ni velanpor los intereses del país. Durante casi los últimos veinte añosde la aplicación del modelo de libre mercado, las multinacio-

239 Como el MNR, MIR, ADN, CONDEPA, NFR, que formaron parte delos gobiernos de los últimos veinte años y llevaron adelante varias re-formas encaminadas a favorecer a las empresas transnacionales.

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nales ingresaron al 60% del territorio nacional240 y se encuen-tran ante un Estado debilitado, subordinando y reducido, sincapacidad de gestión, desprovisto de infraestructura y capaci-dad técnica en el campo hidrocarburífero para fiscalizar, sinpredisposición y motivación de cuestionar y frenar accionesirregulares de las petroleras.

Los municipios, por compartir varias demandas y preocu-paciones con los indígenas como los impactos socioambientalesy los planes de compensación, podían posicionarse como alia-dos de los indígenas; aunque –también dirigidos en su mayo-ría por funcionarios de los partidos tradicionales– apoyaron,legitimaron y permitieron el ingreso y el desarrollo de la acti-vidad petrolera y conservacionista sin límites, a cambio de lagestión de recursos económicos resultantes de los diferentesplanes de mitigación de los impactos ambientales. Esto parael caso del municipio de San José porque el de de San Matías,a pesar de su condición, se opuso ante todo contra la FCBC enbusca de hacer respetar sus derechos y participar en el plan deconservación del BSCH. Con todo, ni el municipio ni la Prefec-tura, niveles de descentralización administrativas del Estado,tienen un papel decisivo en el curso de los acontecimientos.En primer lugar porque carecen de competencias sobre temashidrocarburíferos y territoriales, y si bien las prefecturas pu-dieran intervenir en algunas áreas de impacto medioambien-tal,241 en la medida en que son (hasta ahora) dependientes es-trictamente de la administración central, es este el encargadode asumir los tratativas y negociaciones, tanto con las empre-sas extranjeras como con los pueblos indígenas afectados. Porotra parte, ni Prefectura ni Alcaldía tienen funcionarios capa-

240 Gavaldá, op. cit., p. 120.241 Según la Ley de Descentralización Administrativa de julio de 1995, las

prefecturas, cuya cabeza está designada por el presidente, tienen la pre-rrogativa de implementar servicios, inversiones y operaciones de man-tenimiento en el área de protección del medio ambiente y del manejode recursos naturales.

209

citados para intervenir de manera relativamente efectiva en elseguimiento de los acuerdos.

Por si fuera poco, las grandes inversiones realizadas enlos últimos años con financiamiento de las principales entida-des multilaterales de crédito (BID, BM/IFC, CAF, OPIC) para lle-var adelante proyectos regionales de desarrollo en Santa Cruz,como el gasoducto San Miguel-Cuiabá, están subordinando yreduciendo la capacidad de gestión, fiscalización y autonomíade las instancias estatales, no sólo de la Prefectura, sino tam-bién de instancias superiores a nivel nacional como el Minis-terio de Desarrollo Sostenible. Todo ello a cambio de la sub-vención de proyectos.

También hubo varias organizaciones no gubernamentalesconservacionistas aliadas a las multinacionales, como la Fun-dación Amigos de la Naturaleza, Fundación Amigos del Mu-seo Noel Kempff Mercado, el Missouri Botanical Garden y WildLife Conservation Society, interesadas en vender sus serviciosa las compañías multinacionales y hacer un negocio propio conlas áreas protegidas y de conservación.242 Desde el principioapoyaron la construcción del gasoducto por el medio del BSCHy formaron parte de la fundación de conservación más cuestio-nada del país. La cercanía, el apoyo y la simbiosis se justificanpor intereses mutuos de grupo que hay al medio, un ejemplode esta situación es que uno de los directores de la FundaciónAmigos del Museo Noel Kempff Mercado FAMHNNKM –queforma parte de la FCBC– es el presidente de TRANSREDES.243

242 CEADES-OICH, p. 120.243 Fundación Conservación Bosque Chiquitano, Delitos, ilegalidades y con-

travenciones con los recursos naturales del Estado, Dossier informativo,Santa Cruz, 2003.

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Logros de las organizaciones indígenas chiquitanas y ayoreas, y de sus organi-zaciones matrices en general y de los chiquitanos en particular:

• El reconocimiento de la estructura orgánica del movimiento indígena y desus autoridades originarias –en ambos caso legítimos– como interlocutoresválidos para llevar adelante la negociación, aunque sea sólo en el primerconflicto.

• Elevar el monto de compensación de inicialmente de $us 600 mil a $us1.971.687 o un fondo aproximado de USD 2,2 millones,244 incluso llegan-do a triplicar.

• El programa de titulación de tierras para 36 comunidades.• Sistemas de agua potable para las comunidades donde fueron afectadas

sus fuentes a agua.• Por medio de acciones legales, las organizaciones indígenas consiguen

que se realice un nuevo proceso de consulta pública que serviría de basepara el PDI contemplado en el EEIA.

• Consiguieron que se compense a 36 comunidades, 29 más de las sieteidentificadas por la empresa.

• La participación de los indígenas de los diferentes niveles de la organiza-ción indígena a lo largo de todo el proceso de negociación y la representativi-dad de ambos grupos étnicos (chiquitanos y ayoreos) en las diferentesinstancias de decisión, cada uno con su propia voz y sus propias organiza-ciones matrices.

• El fortalecimiento de las relaciones interorganizacionales entre las diferen-tes estructuras de los indígenas que aprendieron a actuar de maneracohesionada ante el oponente en el conflicto.

• La formación y el aprendizaje sobre: la lógica y funcionamiento de la activi-dad hidrocarburífera, el marco legal que envuelve esa temática, los dere-chos que tienen y por último la experiencia adquirida al haber participadoen una negociación con una empresa extractiva.

• La administración y gestión del PDI.

4.3.3. Repertorios tácticos

El movimiento indígena de tierras bajas en general, y el movi-miento chiquitano en particular, habitualmente hacen uso de

244 Esto es el 1% del costo total del gasoducto (Informe indígena de ins-pección in situ gasoducto Cuiabá, tramo boliviano).

211

repertorios tácticos de negociación, diálogo y conciliación enla lucha por sus demandas. Privilegian repertorios como lasresoluciones o votos resolutivos,245 la elaboración y presenta-ción de propuestas alternativas,246 acciones legales247 y otros, ycuando encuentran agotados todos los recursos en el plano dela concertación y el diálogo recién deciden adoptar otras ac-ciones colectivas directas como medidas de presión. GarcíaLinera, cuando hace referencia a las tácticas de lucha utilizaspor el movimiento indígena de tierras bajas, señala: “Se incli-nan por un uso limitado y extraordinario de las movilizacionesdirectas, y hay un mayor apego al ejercicio de otros medios depresión legales en la búsqueda de la satisfacción de sus reque-rimientos”.248

A continuación exponemos los repertorios tácticos privi-legiados y utilizados por los indígenas en el conflicto con lasempresas petroleras y las instituciones conservacionistas:

Los votos resolutivos y/o resoluciones son los primerosrepertorios tácticos empleados por los indígenas con el fin dedar a conocer a ENRON, SHELL y FCBC su posición sobre variostemas relacionados al conflicto, sus demandas, además de in-vitar al diálogo y concertación. La emisión de las resolucioneses efectuada por las diferentes organizaciones y a todo nivel:comunal, zonal, regional, nacional, y las manifestaciones a tra-vés de este recurso son innumerables en el conflicto.

245 Mediante los cuales dan a conocer a las instituciones de gobierno, opi-nión pública, transnacionales, etc. El problema que tienen, la situaciónque les afecta, su posición como organización y pueblos indígenas ysus demandas y/o peticiones.

246 Documentos donde plantean sus puntos de vista, posición referente altema o conflicto que les aqueja y salidas alternativas en vía de conciliary resolver el problema.

247 Recursos y oposiciones legales interpuestas ante las instituciones esta-tales, apoyados en la legislación boliviana con el objetivo de hacer res-petar y prevalecer sus derechos.


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Las acciones legales son otro método de lucha empleado envarias ocasiones. Apoyados en el marco legal boliviano, los in-dígenas con el objetivo de hacer cumplir la normativa y hacerprevalecer sus derechos presentan “oposiciones legales” a lostrámites efectuados por los adversarios ante las institucionesgubernamentales. Tal es el caso de la oposición legal interpues-ta por la CPESC el 7 de junio de 1999 a la solicitud de concesiónpara la construcción y operación de gasoducto, realizada porlas multinacionales ante la Superintendencia de Hidrocarburos,o el recurso legal presentado por los presidentes de CPESC, OICHy CANOB a la Prefectura para evitar que esta institución dé cur-so a la solicitud de personería jurídica presentada por la FCBC.

A nivel nacional hemos denunciado ante la Defensoría del Pueblo,Derechos Humanos y aquí a instancias legales también, a la Prefec-tura, a la Secretaría Nacional de Recursos Naturales y Medio Am-biente y el Ministerio.249

Otra estrategia sobresaliente, empleada por lo general unavez agotados todos los recursos en el ámbito nacional, es elreclamo internacional que realizan a diferentes instituciones yorganismos internacionales. Como indica García Linera, en estetipo de conflicto se articula una red de acciones y solidarida-des que van más allá del país, rompiendo el clásico enfoquelocalista con el que por lo general los movimientos socialesabordan las temáticas que les interesan.250 Uno, entre otros ca-sos, es la denuncia efectuada por la OICH ante el Alto Comi-sionado de Derechos Humanos de la ONU por violación de de-rechos indígenas.

[Respecto a la FCBC] nosotros hemos tomado cartas en el asunto yhemos denunciado a tiempo prudente ante las instancias del Esta-

249 Entrevista con Anacleto Supayabe, secretario de Tierra, Territorio y Re-cursos Naturales de la CPESC.


213

do boliviano y nunca tuvimos respuesta positiva, entonces noso-tros tuvimos que hacer la denuncia a nivel internacional, hemosdenunciado ante el Banco Mundial, ante los derechos de las Nacio-nes Unidas.251

La elaboración y presentación de propuestas alternativasa los planes y proyectos presentados por los grupos de podereconómico y político, sin lugar a duda, es una estrategia ca-racterística en el conflicto porque el movimiento indígena pasade la negación y rechazo a la propuesta; además que con ellofacilitan la concertación de una salida y así resolver el proble-ma. Aunque cabe resaltar que ha sido un método de lucha nomuy efectivo. Como ejemplo, citaremos la propuesta alterna-tiva del PDI, que sí ha sido tomada en cuenta por los oponentesy la propuesta alternativa para la conservación del BSCH, queha sido rechazada.

También hay una tendencia a ampliar los repertorios tác-ticos, rescatando tácticas de acción directa utilizadas por otrosmovimientos sociales en el país como el bloqueo y otras movili-zaciones. Como lo prueba el bloqueo realizado por las sietecomunidades ayoreas y chiquitanas afectadas por el gasoduc-to al campamento de la empresa BOLINTER, ubicado en la co-munidad de San Juan en defensa de sus derechos, demandan-do el desembolso total de los recursos económicos adeudadosal PDI y la atención favorable a la propuesta de conservaciónplanteada por los indígenas a la FCBC:252

Todas las comunidades nos hemos organizado, incluso las otrascomunidades vinieron con sus niños y nos hemos concentrado enel campamento donde estaba BOLINTER, todos hemos estado ahípara hacer cumplir de una vez nuestras peticiones.253

251 Entrevista con Anacleto Supayabe.252 Voto resolutivo de las comunidades ayoreas y chiquitanas afectadas

por la construcción del gasoducto de la zona de San José, comunidadde San Juan, 20 de septiembre de 2000.


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Otra es la marcha realizada por las cinco comunidadeschiquitanas, directamente afectadas por la construcción delgasoducto, a la población de San José –donde se encuentranlas autoridades representantes del poder ejecutivo– con el ob-jetivo de presionar y conseguir la titulación de sus tierras:

Realizamos una marcha de protesta, de aquí nos movilizamos, lle-gamos a San José y más que todo lo que queríamos era hacerlessaber a las autoridades provinciales, departamentales y nacionalesque necesitábamos una titulación lo más pronto posible porque yano podíamos presionar (la constructora) del gasoducto pues ya sehabía ido, entonces teníamos que buscar que el Gobierno nos cum-pla porque uno de los temas de la compensación era la titulaciónde nuestro territorio.254

En este último tiempo también están dando origen a nue-vos repertorios de protesta que implican la acción colectiva yel desplazamiento territorial del movimiento a predios y luga-res de posesión de las empresas extractivas –que por lo gene-ral son los adversarios de los que tienen conflictos–, como latoma e intervención de los campos petroleros, campamentosu otros lugares donde llevan adelante sus actividades, el cie-rre de válvulas de exportación de gas, el bloqueo a los cami-nos de acceso a los campos petroleros u otras instalaciones.Estas formas de lucha por lo general son muy efectivas por lasimplicancias que tienen para las empresas extractivas pararsus actividades y en muchos casos es a través de esta vía querecién consiguen sus demandas.

4.3.4. Impactos sociales y ambientales

Destruir el Bosque Seco Chiquitano y atentar contra su ecosis-tema y biodiversidad ha sido el impacto macro del proyectode desarrollo gasoducto San Miguel-Cuiabá. Efectuar el dere-

254 Entrevista con Omar Mendoza, comunidad de Buena Vista.

215

cho de vía (30 m de ancho) para depositar el gasoducto, comola apertura y planchado de superficies para abrir caminos haimplicado la destrucción de una gran superficie de bosque.Según CEADES, son 1.083 hectáreas destruidas y afectas parael depósito del gasoducto y 722 mil hectáreas por la aperturade caminos de acceso y campamentos; asimismo, el gasoduc-to atraviesa a lo largo de 150 km del Bosque Seco Chiquitano.

La destrucción del BSCH ha significado pérdida de biodi-versidad, deforestación, contaminación, destrucción de fuen-tes de agua de las comunidades, reducción de poblaciones devegetación, mayor presión de caza sobre especies amenaza-das, destrucción de hábitats naturales, y degradación de re-cursos por la ampliación de la frontera agrícola y extracciónforestal.255

En la inspección in situ realizada al proyecto del gasoduc-to256 el año 2003, se ha podido establecer la existencia de severosimpactos socioambientales en el área de influencia del gasoduc-to, al igual que el incumplido del EEIA y de otros conveniossuscritos con los indígenas y pobladores. Los impactossocioambientales verificados durante la inspección son los si-guientes:

• Destrucción de lagunas y fuente de agua. Privación de abas-tecimientos tradicionales de agua a las comunidades, ade-más de la disminución de peces y contaminación del agua.

• Extracción de madera y caza ilegal. Destrucción del bosqueque conlleva la reducción de población vegetal y animal,

255 FOBOMADE, El gran sistema Pantanal en Bolivia, p. 85.256 La inspección in situ se efectuó del 14 al 28 de abril de 2003 como parte

del proceso de auditoría ambiental solicitado por la CPESC. Fue reali-zada por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Plani-ficación, comunarios afectados, dirigentes indígenas, dirigentes cívi-cos de la chiquitania, funcionarios de GOB y autoridades de losmunicipios de San José y San Matías (Ver Inspección in situ del gasoductorío San Miguel-San Matías-Cuiabá, p. 7).

Chiquitanía


y una agresión a la seguridad alimentaría de loscomunarios.

• Inadecuada revegetación natural. No hay desarrollo de espe-cies vegetales propias de la zona debido al tránsito de ani-males domésticos por el DDV (ganado bovino y equino), yla presencia de fuego dentro el DDV, que marchita cual-quier especie en proceso de regeneración.

• Inseguridad en la zona. Presencia de ladrones y de perso-nas ajenas a las comunidades que utilizan el DDV pararealizar actividades ilícitas, por ejemplo abigeato, trans-porte de vehículos robados por la franja abierta para elgasoducto; presencia del narcotráfico y atraco de bienesde la propia empresa.

• Apertura de caminos de acceso al DDV. No previstas en el EEIA,algunas construidas en estos últimos años para realizar ac-tividades ilícitas que afectan a la pérdida de biodiversidad.

• Falta de seguridad del gasoducto. Inadecuada señalización enel DDV, ausencia de control y mantenimiento permanente.Se percata el hundimiento del terraplén del gasoducto y lafuga de gas, ocasionado por la ruptura de de la válvula queafortunadamente no tuvo desgracias, toda vez que se evi-denció la presencia de fuego en las cercanías del accidente.

• Habilitación de varias válvulas de gas en el tramo del gasoduc-to, que no estaban contempladas en el EEIA y tampoco fue-ron consultadas ni informadas a las comunidades.

• GOB incumple con los objetivos de los planes de compensación:Plan de Desarrollo Indígena PDI y Plan de Relaciones Comuni-tarias. El PDI, elaborado y acordado mutuamente entre GOBy las comunidades indígenas, tiene como una de sus mi-siones y objetivos “consolidar el proceso de desarrollo hu-mano y sostenible de las comunidades chiquitanas yayoreas localizadas en el área de influencia del proyecto,fortaleciendo sus organizaciones comunitarias, mejoran-do sus ingresos económicos, asegurando el acceso y ma-nejo de los recursos naturales y revalorizando su cultura e

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identidad”. Como algunos puntos son vulnerados a tra-vés de diferentes acciones o pasividad de la empresa, hayincumplimiento de acuerdos por la falta de compromisoen el desarrollo sustentable y vulneración de derechos in-dígenas que ponen en riesgo la sostenibilidad del propiobosque chiquitano y el de sus habitantes.

• Incumplimiento de convenios y compromisos que GOB adqui-rió con diferentes comunidades afectadas por la construc-ción y operación del gasoducto. Entre otros referidos alrestablecimiento de caminos y puentes utilizados, y dete-riorados por GOB, habilitación de energía eléctrica, etc.

• Inhabilitación de una cancha de fútbol y del aeropuerto de SanMatías. Obras construidas por el Estado boliviano.

Los impactos sobre el medio físico y biológico del BosqueSeco Chiquitano han sido significativos y mucho mayores quelos impactos socioeconómicos, porque de alguna manera los im-pactos socioeconómicos que afectan a la población indígena de lazona han sido mitigados en cierta forma con la ejecución de losplanes de compensación. Sin embargo, muy poco o casi nada seha hecho para remediar o mitigar los impactos ambientales. Co-incidiendo con la aserción de FOBOMADE cuando señala que “elsupuesto plan de conservación del bosque nunca funcionó” y conel testimonio de los comunarios del lugar cuando señalan:

Han roto el BSCH y han dicho vamos hacer conservación y preser-vación, pero ¿qué preservación y conservación?, no están haciendonada, ni siquiera un monitoreo ambiental, yo he visto hanreforestado sólo algunos lugares ni siquiera como es debido, unazona frágil en San Matías ¿yel resto?257

Sin lugar a dudas, el BSCH ha sufrido daños irreversibles ypadece día a día los impactos indirectos como consecuenciadel proyecto de desarrollo (gasoducto San Miguel-Cuiabá).


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Impactos indirectos

La apertura de derecho de vía y de red de caminos de accesopor el corazón del Bosque Seco Chiquitano y por lugares nun-ca antes intervenidos por el ser humano actualmente posibili-ta el ingreso de movilidades y personas a zonas antes inacce-sibles para la invasión y el desarrollo de actividades deganadería, extracción forestal y caza. Al haber quedado expues-tos los recursos de fauna y flora, por la apertura de brechas,estos lugares se convierten en sitios cotizados para la realiza-ción de este tipo de actividades, muchas veces ilegales.

La cacería de animales, posterior a la apertura del derechode vía, se ha incrementado en esa región. La caza no es sólopracticada por los comunarios u otros habitantes de las pobla-ciones más cercanas, que por lo general destinan al consumo,sino por personas de la ciudad de Santa Cruz y otros lugarescon el objetivo de practicar como deporte o destinado a la venta.

En lo que era la cacería, había poco acceso porque al abrir la brechase dio luz verde. Vienen a cazar de otras partes, de San José, deSanta Cruz, y se apuestan sobre el camino, entran y cazan de formaindiscriminada, nosotros siempre hemos dicho que hubiera unproyectito donde mandaran a un guardabosques que camine todoel tiempo de cerca para ver, porque cuando el cazador del lugar yallega al lugar donde tiene que cazar y ya no caza nada, entoncesellos ya vienen con otras intenciones de vender, no es para el con-sumo de la familia, lo que no pasa con las personas de acá. Noso-tros también nos contradecimos porque a veces queremos defen-der una cosa, pero llega un cazador de afuera y son los mismoscomunarios quienes llevan a conocer donde hay esa fuente [lugardonde hay animales], pero en la segunda vez ya no viene y busca alcomunario, se va solo nomás.258

A lo largo de los caminos de acceso a las comunidades yotras brechas próximas al derecho de vía es común ver correr


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a animales totalmente desubicados y temerosos, u observar acazadores en grupos de dos o más personas –algunos ahoraempleados de la construcción de la carretera bioceánica– pos-trados en diferentes puntos de las brechas y caminos de acce-so, sometiendo a una persecución a los animales.

Muy similar a la cacería, la extracción forestal en esa re-gión ha incrementado en gran magnitud, muchas veces reali-zada ilegalmente y en gran parte con fines comerciales. Estaactividad está provocando deforestación, pérdida debiodiversidad, declinación de hábitat, etc.

Con el paso del ducto se ha visto que hay madera de ciertas partes,entonces hay ambición a la madera, no solamente de construcción,sino tenemos morado, roble, cedro… son maderas que cuestan.Como organización han pedido que alguien de la comunidad sehaga cargo para controlar todo esto para que no entren a sacar ma-dera, esa es la posición, que haya una persona de las comunidadesque le toque y que gane un sueldo. Porque sigue siendo el proble-ma hasta hoy, los madereros están aprovechando las vías del ga-soducto para penetrar a ciertas áreas, esto ha sido un problema conla empresa que está haciendo el mantenimiento [del DDV] pues losmadereros violan sus alambres de seguridad. Hay empresarios pe-queños de otras partes que sacan [madera], eso ha ocasionado lallegada a la comunidad de personas que han venido con esa finali-dad de explotar la madera aprovechando el paso, el camino justa-mente, como también lo están haciendo las empresas madereras queacá recién han ingresado a partir de 2000.259

4.3.5. Impactos socioambientales en las comunidades de estudio

Las comunidades Entre Ríos y Buena Vista han sido impactadaspor la alteración y contaminación de una vertiente de agua,260

ocasionando desabastecimiento de agua, y afectando a la sa-lubridad y a la calidad de vida de la población por la presen-cia de agua detenida y contaminada.

259 Entrevista con el agente municipal de la comunidad de San Juan.260 Inspección in situ, p. 17.

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El impacto más grande que tuvimos es que ha atravesado [el ga-soducto] por las vertientes de agua que tenemos, es la que llegahasta a San Juan y eso ha hecho que el agua –tenemos un río que lellamamos el Curichi– desde esa época baje su nivel y tienda a des-aparecer.261

Quisiera que conozcan esa agua donde pasa el río. Como el ductoestá enterrado ya varios años y está saliendo un lodo y esos siste-mas de agua que tenemos [lo que instalaron como parte de com-pensación] se han fregado los de motores, entonces estamos toman-do esa agua cochina, sucia; la gente de aquí subsiste porque ya seestá acostumbrada, pero nadie sabe cómo los niños y la misma gen-tes vieja se enferma y ellos tranquilos, pero nosotros siempre mi-rando lo que hacen.262

También en Entre Ríos hay otro problema/impacto: la aper-tura de caminos de acceso al DDV para robo de ganado,263 quegenera inseguridad en la comunidad porque estos caminos sonutilizados por personas ajenas para realizar esta actividadilícita, por lo general porque no existe control en el DDV, lo quefacilita este tipo de actividades. Mientras en Buena Vista, el trán-sito del ganado a lo largo del DDV ubicado a la altura de la co-munidad ha arrasado y se ha pisoteado el bosque, impidiendola revegetación natural; además ha destruido los cultivos agrí-colas de la comunidad,264 por lo que sus habitantes se vieronobligados a alambrar el DDV para evitar el tránsito del ganado.

En las comunidades de Entre Ríos y San Juan hay dos im-pactos/problemas estrechamente relacionados: la cacería ile-gal mediante la apertura de caminos de acceso para realizaresta actividad o en otros casos mediante el tránsito del caminoa la mina Don Mario, que cruza varias partes del DDV.265 Esta

261 Entrevista con Luis Hurtado, promotor ambiental de la comunidad deEntre Ríos.

262 Entrevista con Ernesto Hurtado.263 Inspección in situ, p. 18.264 Ibíd., p.24.265 Ibíd., p.19-30.

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práctica atenta la seguridad alimentaría de las comunidadesindígenas e impacta a la población animal silvestre.

En Entre Ríos la apertura de caminos de acceso tambiénestá siendo utilizada por otras personas para extraer maderade forma ilegal,266 afectando a la población vegetal del bosque.Esto ha tenido un impacto directo en el manejo y acceso a losrecursos naturales a las poblaciones indígenas por la falta decontrol en el DDV y revegetación insipiente que provoca el li-bre tránsito de motorizados.

En el tiempo de construcción del gasoducto, San Juan hasido, entre otras comunidades, la que mayores problemassocioculturales ha tenido: prostitución, alcoholismo, abandonoa mujeres embarazadas, etc. Tanto por la cercanía de la comuni-dad al DDV como porque uno de los cuatro campamentos insta-lados para la construcción estaba ubicado en la comunidad.

En San Juan estaba el campamento más grande y como decía ahí enlos contratos que han hecho las empresas constructoras, los campa-mentos nunca debían estar dentro de las comunidades, pero ahíestaba.267

En el tema de las mujeres, porque bastante gente ha venido, ha pa-sado en algunas comunidades de embarazos de algunas jóvenes,también proliferaron un montón de cantinas y karaokes, me estoyrefiriendo a San Juan porque el campamento estaba asentado ahí,entonces cuando recibían sus sueldos iban y gastaban su plata; perodaba lugar a que no solamente los trabajadores de la empresa, sinotambién la misma gente que no trabajaba ahí se dedicara a eso.268

Hubo esos chongos [prostíbulos improvisados] que llamaban, don-de venían las mujeres y hacían sus campamentos, unos dos campa-mentos han hecho. Ahí me acuerdo en una oportunidad inclusivese agarraron a puñaladas entre ellas, también en algunos matrimo-

266 Ibíd., p.19.267 Entrevista con Luis Hurtado, promotor ambiental de la comunidad de

Entre Ríos.268 Entrevista con dirigentes de la CCICH-Turubó.

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nios un poco de riña había porque su sueldito se lo gastaban allá,también tomaban.269

Finalmente, por el uso que realizan las comunidades de losrecursos naturales en esa zona, como es corroborado en el acápite:actividad económica-productiva y uso de recursos naturales, porla reforestación del bosque, la práctica de caza indiscriminaday otros, a un futuro a largo plazo, está en riesgo la seguridadalimentaria y la sostenibilidad de la población indígena.

4.3.6. Resultados de los programas en las comunidadesde estudio

Muy parecido a lo que pasó con los programas de cultivosintroducidos en su tiempo por PROCESA, que tuvieron un éxitorelativo, sobre todo en cultivos de fréjol carioca y el cajú,270 losprogramas de agricultura llevados adelante como parte del PDIno tuvieron buenos resultados ni respondieron a consolidar undesarrollo sostenible de chiquitanos de las tres comunidades:

Los proyectos de siembra de fréjoles, cayu y otras cosas no dieronresultado por los mismos factores climáticos que cada año han es-tado cambiando.271

Lastimosamente hubo una época mala en que no llovía y se perdie-ron alrededor de cien hectáreas de monte ya cultivada, ya por flore-cer, se fregó todo, hicimos la segunda vez el intento y otra vez sevolvió a fregar, bueno el plan era por dos años, lastimosamente unplan no funciona en dos años, no teníamos experiencia y fracasamos.272

Los módulos ganaderos, cuya principal actividad se orienta-ba a continuar con la iniciativa de PRODESA años antes, cuan-

269 Entrevista con autoridades de la comunidad de San Juan.270 Balza, op. cit., p. 194.271 Entrevista con dirigentes CCICH-Turubó.272 Ernesto Hurtado, OTB de la comunidad de Entre Ríos.

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do implementaba créditos para la cría de ganado vacuno,273 enla práctica fue uno de los programas más exitosos, con buenosresultados en las tres comunidades:

La comunidad de Buena Vista al principio se benefició contres módulos ganaderos [el módulo comprende 25 vacas másun toro, en total 26 cabezas] y ahora cuenta con cinco o seismódulos.274 En la comunidad de San Juan “casi el 90% de lasfamilias ya están participando de los módulos porque es rota-torio, entonces eso fue lo único que dio resultado y se lo estáhaciendo, en la comunidad ya hay tres módulos y me pareceque ya van a entregar para un próximo módulo”,275 y en lacomunidad de Entre Ríos también “aquí hay dos módulos queestán funcionando”.276 En total, en todas las comunidades “elaño pasado he implementado dos nuevos módulos, ahora es-tamos en un número de trece en todas las comunidades [en lascinco] y dos más que van a salir este año para ser quince.277

Los módulos de gallinas y puercos, también introducidos enlas tres comunidades, fracasaron en su implementación. Nolograron su sostenibilidad y se fueron perdiendo por diferen-tes razones:

En Entre Ríos, “las gallinas, los puercos y todas esas cosas que seentregaron se perdió, la mayor parte por falta de alimento; muchagente decía que era porque no estaban adaptados a los lugares yefectivamente algunos de los chanchos no se adaptaron, aunquenosotros hemos tenido en la zona [Entre Ríos] a muchas familiasdonde ha dado buenos resultados, pero lastimosamente no huboqué darles, el maíz salía Bs 60, Bs 70 el quintal entonces buena par-te decidían venderlo y a otra parte les vino la peste”.278

273 Balza, op. cit., p. 194.274 Entrevista con Omar Mendoza, ex agente municipal de la comunidad

de Buena Vista.275 Entrevista con autoridades de la comunidad de San Juan.276 Entrevista con Luis Hurtado, promotor ambiental de la comunidad de

Entre Ríos.277 Ernesto Hurtado, OTB y promotor de los programas y proyectos de la

comunidad de Entre Ríos.278 Entrevista con Ernesto Hurtado, OTB de la comunidad de Entre Ríos.

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En Buena Vista, “las gallinas comenzaron a morirse, ellas mismasfueron carnívoras, se iban devorando entre ellas, la mayoría semurieron”.279

En San Juan “hubo los módulos avícolas, pero no dieron resultado;porcino tampoco dio resultado”.280

Los módulos de artesanía han tenido por lo general buen re-sultado, dependiendo de las comunidades; en algunas los re-sultados son negativos mientras que en otras ha tenido éxito, apesar de ser uno de los programas con menor financiamiento.

Entre Ríos es la comunidad donde mejor ha funcionado ydonde muestran los mayores éxitos:

Lo que ahorita funciona en mi comunidad [Entre Ríos] y en algu-nas otras también es la artesanía tradicional, en esta comunidadson muy buenos artesanos, hay un grupo de señoras que están bienorganizadas, hacen hamacas, alforjas, fajas, todo; otras hacen cu-brecamas, manteles, vestidos y blusas que inclusive llevan a SantaCruz.281

Mientras que en las comunidades Buena Vista y San Juansí han funcionado, pero no con los resultados de la anteriorcomunidad: “Ha llegado muy poquito y para muy pocas per-sonas también la cuestión de la artesanía para las mujeres, hayuna platita, son cincuenta dólares que les han dado por mujer,que gira un poco pero ahora se estancó, yo no veo que sigagirando dentro la comunidad”.282

Debido a que los módulos tenían un carácter rotativo, valedecir, primero se beneficiaban algunas familias a través demódulos y después de un tiempo preciso de producción te-

279 Entrevista con Omar Mendoza.280 Entrevista con autoridades de la comunidad de San Juan.281 Entrevista con Ernesto Hurtado, OTB de la comunidad de Entre Ríos.282 Entrevista Miguel Varda, dirigente municipal de la comunidad de Buena

Vista.

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nían que devolver parte de la producción para que otras fami-lias mediante otros módulos nuevos se beneficien, como nohubo continuidad y varios módulos se quedaron en medioproceso. Por ello, muchas familias quedaron sin los beneficiosde la compensación, lo que ocasionó algunos conflictos inter-nos entre los comunarios.

En síntesis, de todos los programas productivos desarrolla-dos, sólo los módulos de ganadería y en parte los de artesaníahan logrado cumplir las expectativas y cosechar buenos resul-tados, en cambio los otros módulos implementados en su ma-yoría no han funcionado en las comunidades de estudio.

En cuanto al apoyo a la titulación de tierras

Antes de la construcción del gasoducto, la titularidad legal-mente establecida de las tierras en esa zona no estaba defi-nida, esto porque las comunidades no contaban con títulosde propiedad. Además porque con la implementación de laLey INRA,283 todas las tierras del país –debido a diferentesarbitrariedades y problemas–284 a partir de 1996 son sujetasa saneamiento,285 proceso encargado de regularizar la pro-

283 Ley N° 1715 aprobada el 18 de octubre de 1996, encargada de planifi-car, ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria en el país.

284 La sopreposición de títulos de propiedad, la tenencia latifundiaria detierra de sectores minoritarios que no cumplían la función económica –establecida en la reglamentación vigente–, la parcelación a mínimasunidades territoriales o minifundio de las tierras campesinas en el tie-rras altas, el despojo de territorio a indígenas y campesinos, resultadode la legislación vigente, malos manejos evidentes en la distribuciónde tierras de las instancias competentes en esa área, el manejo políticoestatal arbitrario y corrupto de gobiernos militares y vacíos jurídicosrespecto a otros tipos de propiedad.

285 Proceso técnico –jurídico transitorio encargado de regularizar la pro-piedad agraria del país, incluidos los títulos que fueron logrados enanteriores años– que es sujeto a revisión y a la aplicación de la FunciónEconómica y Social (FES) para calificar la legalidad.

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piedad agraria y calificar la legalidad. En ese sentido, lastierras de esa zona no habían sido sujetas a este proceso ysólo la comunidad de San Juan contaba con un trámite agra-rio, pero que carecía de legalidad. El asesor legal de GOBseñala: “La comunidad de San Juan era la única que conta-ba con un trámite agrario, el resto posesionó nada más por-que San Juan era una comunidad y las otras eran comuni-dades individuales”.286

Entonces como condicionante de financiamiento lasmultinacionales introdujeron en el PDI el programa de titu-lación de tierras para las comunidades indígenas ubicadasdentro el área de influencia del gasoducto. Tras llevar ade-lante un largo proceso de titulación de tierras que incluyóel saneamiento, lograron para las cinco comunidadeschiquitanas afectadas en la zona de influencia de San José –incluidas las tres comunidades de estudio– la PropiedadComunal Turubó (PC-Turubó), que actualmente se encuen-tra en el trámite de procedimiento de conversión287 a TCOTierra Comunitaria de Origen.

Ellos se comprometieron a titularnos las tierras y es lo que tenemoshoy consolidadas, primero de las cinco comunidades [San Juan,Entre Ríos, Buena Vista, Ramada e Ipías] tenemos la propiedad co-munal (PC) de 101 mil hectáreas que ya hemos hecho la conversióna tierra comunitaria de origen (TCO), ya contamos con la resoluciónministerial, solamente nos falta la firma del Presidente para quesalgan nuestros títulos porque ya tenemos un título de propiedadcomunitaria. Inicialmente la demanda fue de 230 mil hectáreas yahora se ha reducido el territorio bastante, casi el cincuenta por cien-to [101 mil hectáreas]288

286 Entrevista con Adalid Montaño, ex asesor legal de GOB.287 Un procedimiento legal que permite de modo ágil, simple y simultá-

neo la conversión en TCO de las tierras ya tituladas en favor, en estecaso, de los chiquitanos y bajo su posesión.

288 Entrevista con dirigentes CCICH-Turubó.

227

De manera aclaratoria, la Ley INRA establece y reconoce–entre los seis tipos de propiedad–289 dos tipos de propiedadcomunal, la TCO Tierra Comunitaria de Origen y la PC Propie-dad Comunal. Debido a que el tipo TCO se acerca en mayormedida al concepto de territorialidad que tienen los indígenasde tierras bajas, los diferentes pueblos indígenas optan por estetipo de propiedad. Para los chiquitanos como para otros pue-blos indígenas, el reconocimiento y ejercicio del derecho inte-gral al territorio indígena representa dar vigencia a otros dere-chos indígenas como: el acceso a la tierra y los recursos naturales,el desarrollo de sus propios sistemas económicos, el respeto asus organizaciones naturales, la vigencia de su derecho consue-tudinario, el derecho según su propia identidad, etc.290

Tierras Comunitarias de Origen TCO

“Son los espacios geográficos que cons-tituyen el hábitat de los pueblos y co-munidades indígenas y originarias, a loscuales han tenido tradicionalmente ac-ceso y donde mantienen y desarrollansus propias formas de organización eco-nómica, social y cultural, de modo queaseguren su sobrevivencia y desarro-llo”.291 Características: son inalienables,indivisibles, irreversibles, colectivas,inembargables e imprescriptibles.

Propiedades Comunarias PC

Aquellas tituladas colectivamente en fa-vor de comunidades. Características:son inalienables, indivisibles, irreversi-bles, colectivas, inembargables eimprescriptibles.

289 Solar campesino, pequeña propiedad, mediana propiedad, empresaagropecuaria, las tierras comunitarias de origen y las tierras comu-nales.

290 Romero, p. 78.291 Ley INRA, artículo 41.

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Tras un proceso de lucha del movimiento indígena duran-te muchos años, la Ley INRA reconoce el derecho propietariocolectivo de los pueblos indígenas sobre sus territorios y el de-recho de administrar los recursos naturales en él existentes,aunque en el marco general de las normativas estatales y siem-pre y cuando no las contravengan. Pese a este carácter limita-do de jurisdicción de las TCO, aún su titulación tropieza congrandes limitaciones. A la hora de ejercer este derecho los pue-blos indígenas chocan con un trámite burocrático y largo paraobtener la titulación de sus tierras: presentación de la deman-da, caracterización (georeferenciación y mapeo), inmoviliza-ción, identificación de necesidades espaciales, saneamiento, ti-tulación y compensación;292 para lo que es necesario contar conrecursos económicos –a pesar de que el saneamiento de tie-rras de origen es gratuito– o esperar que el INRA cuente conrecursos para poder llevar adelante el proceso de saneamien-to. Esto, sumado a los intereses, oposición y obstáculos de gru-pos de poder beneficiarios hasta ese momento de los recursos,hace del reconocimiento del territorio una vía crucis. Por estemotivo, los pueblos indígenas, al no tener garantizado el dere-cho al territorio por el Estado y para solucionar su problemade territorio, aprovechan el desarrollo de estos proyectos y con-solida su territorio con apoyo e intervención de empresas pri-vadas, en este caso de las transnacionales.293

Apoyo y fortalecimiento organizativo

Es oportuno resaltar que los proyectos hidrocarburíferos lle-vados adelante en la región, cada uno a su turno, pero antetodo el gasoducto San Miguel-Cuiabá –porque las organiza-

292 José Martínez, p. 80.293 En otros casos, los pueblos indígenas llevan adelante el trámite de titu-

lación o logran la consolidación de su territorio con el apoyo de algu-nas ONG.

229

ciones indígenas chiquitanas participaron directamente en lanegociación del plan de compensación y en la ejecución delPDI– indirecta y paradójicamente contribuyeron al fortaleci-miento organizativo, sobre todo a nivel de la Central Turubó yla relación de la Central Turubó con las comunidades, de lascomunidades y entre las comunidades. Es que, como señala elasesor jurídico de GOB, años atrás, los chiquitanos en esa zonano contaban con el grado de organización que tienen ahora:“El gasoducto se construyó en un momento en que las comu-nidades no tenían la organización que tienen ahora”.294

La ejecución del proyecto San Miguel-Cuiabá y el conflic-to a ser afrontado con las multinacionales impulsó y favoreciólas relaciones intercomunales entre las comunidades de la zonade San Juan, tanto en el tiempo de la negociación como en laetapa de la ejecución de los proyectos y posterior a la imple-mentación. Como afirma uno de los entrevistados, son recien-tes los vínculos intercomunales entre las comunidades en bus-ca de un objetivo común.

Antes por ejemplo las comunidades estaban casi dormidas, enton-ces viene la negociación, las comunidades llegan a hacer un bloquemás fuerte, ya no es solamente Buena Vista y ya no es solamenteSan Juan, sino es cinco comunidades juntas que buscan un objeti-vo, antes todo era individualizado, por ejemplo en ese tiempo éra-mos hasta medios malos con todas las otras comunidades.295

También propició un acercamiento entre las comunidadesy la CCICH-Turubó, y fortaleció la relación y el grado de interac-ción entre ambas:

Hace once años, Turubó era débil, no tenía lo de ahora, se dedicabamás que todo a trabajar con grupos, en ese tiempo no trabajaba di-rectamente con las comunidades, sino con grupos, uno era los

294 Entrevista con Adalid Montaño, ex asesor jurídico de GOB.295 Entrevista con Omar Mendoza, ex agente municipal de la comunidad

de Buena Vista.

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frejoleros, otro los arroceros y con dinero del Gobierno alemán; perocuando vino el tema del gasoducto ya hubo mucho más acercamien-to entre Turubó y las comunidades de esta zona.296

A nivel de la Central Turubó, se ha conseguido un fortale-cimiento y un afianzamiento o consolidación de la organiza-ción, fundamentalmente vía dos aspectos. Primero, en forma-ción, capacitando en diferentes temáticas a miembros de lacentral y de las comunidades (medio ambiente, ámbito jurídi-co, etc.), además de la capacitación y formación de los moni-tores ambientales. En segundo lugar está la parte logística einfraestructura. Si bien la Central Turubó contaba y cuenta consu sede en la población de San José, dentro la compensaciónambiental se ha estipulado –en fortalecimiento a la organiza-ción– el equipamiento de la oficina, la adquisición de tres ca-mionetas propiedad de las organizaciones.

Sin embargo, los chiquitanos de la Central Turubó toda-vía no han logrado el grado de organización que han construi-do otras organizaciones y pueblos indígenas, incluso de losmismos chiquitanos, que han formado un brazo o instanciapara participar políticamente. En el caso de los otros pueblos,ello les ha permitido complementar sus demandas de planoreivindicativo económico-social al plano político a través de laparticipación y representación política. Al respecto, el presi-dente de la CPESC señala:

Una debilidad que vemos que en los Turubó es que no tienen unavisión política organizativa todavía, en su pensamiento están enlos proyectos, están ahí nomás, más operativos son ellos, si tienenun proyecto hasta diez años ahí nomás están, pero no tienen unproyecto largo más político, seguramente van a ver que es necesa-rio un proyecto más político también.297

296 Entrevista con Omar Mendoza, ex agente municipal de la comunidadde Buena Vista.

297 Entrevista con Manuel Dosapey, presidente CPESC.

231

Por ejemplo, en las últimas elecciones municipales de 2004,en el municipio de San José, los chiquitanos de la CentralTurubó, a diferencia de otros, no han participado en las elec-ciones como pueblos indígenas a pesar de que ya cuentan consu personería jurídica:

Aquí en las elecciones salió una agrupación ciudadana [ChiquitanosIndependientes Nueva Opción], pero no representando a la Cen-tral, el Alcalde no es chiquitano, es mestizo, pero si hay un concejalsuplente que era el Presidente de la Central hasta hace unos mesesatrás, pero participó como persona nada más. Cuesta ir maduran-do, socializar un poco, para la prosperidad puede ser como Centraltengamos la posibilidad de participar, pero en otros lugares si conla personería de la OICH han participado en San Miguel, que sacócuatro concejales, por ejemplo en Roboré, Puerto Suárez han parti-cipad; por ejemplo, en Roboré es Presidente del Concejo Municipalla OICH.298

Julio Socorre era muchos años presidente de la Central Turubó, muybuen dirigente, pero metió la pata al meterse a la política en el ac-tual gobierno municipal y se puso de frente a hacer campaña paraél en las comunidades, entonces cuando vino la votación para ele-gir el directorio perdió, el meterse a la política parece que eso fuesu derrota.299

Si bien en los últimos años, organizativamente los chiquita-nos en esa zona han conseguido consolidar, desarrollar y sos-tener una estructura a nivel de la Central Turubó y las comu-nidades, en gran parte con recursos de compensación por laconstrucción del gasoducto Bolivia-Brasil y San Miguel-Cuiabá,actualmente y/o a un futuro está en peligro la sostenibilidadde esa estructura por la necesidad de recursos económicos; ahíse presenta un nuevo desafío para los dirigentes: asegurar lasostenibilidad conseguida hasta este momento.

298 Entrevista con dirigentes de la CCICH-Turubó.299 Entrevista con Ernesto Hurtado, comunidad de Entre Ríos.

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Cuando ha venido el PDPI [Plan de Desarrollo de Pueblos Indíge-nas], que es el plan de desarrollo del otro gasoducto [Bolivia-Bra-sil] hicieron entonces ya unas casas en San José, una infraestructurapara hacer ya la oficina, entonces, después con el PDI [Plan de De-sarrollo Indígena] ya se amobló, se buscó todo lo que eraequipamiento y el apoyo, pero es muy corto el tiempo, ahora lacentral tiene mayor cuerpo, una visión de futuro de las comunida-des indígenas, pero hay que buscar recursos de donde se puedamantener a los dirigentes, las oficinas porque nadie vive con aguay viento y porque es para bien de toda la región. Hay ONG quepueden ayudar para que esta organización en lugar de quedarseahí o morir prevalezca y pueda darle mejores días a las comunida-des, también capacitación, yo creo que nuestra organización estábien parada, también nosotros estamos bien amparados por ellaporque tenemos toda la personería jurídica, tenemos todos los es-tatutos, reglamentos.300

4.3.7. Diagnóstico postconstrucción del gasoducto

En la actualidad, las empresas petroleras en nuestro país si-guen funcionando en la lógica de la economía del enclave. Lasituación respecto a la actividad extractiva de los recursos na-turales (minerales, petróleo y ahora gas) durante décadas, sinoson siglos, no ha cambiado en lo absoluto. Las empresas esta-blecen sus maquinarias y campamentos, instalan los gaso-ductos, plantas procesadores y otros, extraen los recursos ytransportan gas natural y líquidos (petróleo y condensado)destinados a satisfacer las necesidades y demandas de otrasregiones, alimentar otros mercados y dejan muy poco para ellugar donde ha realizado las operaciones (comunidades indí-genas, campesinas) y se van. Lo que quedan son senderos yzanjas entrecruzados como laberintos sin o con poca vegeta-ción que pasan por cerros, bosques y llanos, superficies y pla-nicies deforestadas en su mayoría vacías por el retiro de loscampamentos; todo esto en medio de comunidades en su ma-

300 Entrevista con Ernesto Hurtado, comunidad de Entre Ríos.

233

yoría pobres, donde muy poco o nada ha cambiado la condi-ción social, la situación económica de los indígenas y campe-sinos afectados.

Algunos investigadores como Juan Carlos Rojas301 seña-lan que fue más el perjuicio que los beneficios que trajo la ex-portación de los hidrocarburos, sumados a los innumerablesimpactos de la actividad de exploración y explotación, en sumayoría negativos, como la contaminación del agua, ladeforestación, degradación de suelos, invasión cultural y con-flictos internos por ofertas de la empresa, son la punta del ice-berg en esta problemática.

En este caso específico con mayor razón porque aparte decuantificar los perjuicios que trajo la construcción del ga-soducto, se tienen que sumar los otros prejuicios que conlle-va la formación y actividades de la FCBC, como la apropia-ción territorial del territorio de los indígenas con el desplieguede diferentes actividades, la apropiación de conocimientos in-dígenas, la biopiratería, los conflictos internos, etc.

Como rasgo característico de las actividades extractivasde enclave que implica migración eventual a los lugares don-de operan, en las comunidades de estudio en el tiempo de cons-trucción del gasoducto hubo afluencia y migración de perso-nas de otros lugares por la actividad económica, pero quedespués de las operaciones se fueron:

No ha venido más gente a vivir [a San Juan], sólo en el tiempo de cons-trucción ha llegado bastante, ahora se fueron, alquilaron o abrieron unbar, unas tiendas, porque había ingresos económicos, entonces por esaexpectativa se vinieron, pero cuando había pasado todo después seiban, inclusive ahora hay dos casas abandonadas, construyeron y pu-sieron comercio; pero se fueron nomás, se han vuelto.302

301 Juan Carlos Rojas, responsable de la Unidad de Acción Política del Cen-tro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) (La Ra-zón, 10 de agosto de 2004).


Chiquitanía


Entre otros, los objetivos de la implementación del PDI eran:i) evitar o mitigar los posibles impactos negativos y potenciarlos positivos en el ámbito social y económico, ii) consolidar elproceso de desarrollo humano y sostenible de las comunidadesayoreas y chiquitanas localizadas en el área de influencia delproyecto, fortaleciendo sus organizaciones comunitarias, mejo-rando sus ingresos económicos, asegurando el acceso y manejode los recursos naturales y revalorizando su cultura e identi-dad, iii) promover un desarrollo con equidad entre las mujeresy hombres, y entre las comunidades indígenas para acceder alos beneficios del proyecto. Aquí quedan y surgen las siguien-tes preguntas ¿Se habrán cumplido los objetivos del PDI?, ¿lascompensaciones realizadas a los chiquitanos por la construc-ción del gasoducto, habrá contribuido a mejorar la calidad devida de estos o no?, ¿en el presente, se habrá garantizado con elPDI satisfacer las necesidades de los chiquitanos?, ¿no se habrácomprometido con estos planes de mitigación el bienestar delas generaciones futuras?, ¿podrán ser sujetos a compensacio-nes monetarias los impactos ambientales, ya que la naturalezay las regiones ecológicas no tienen precio ni deberían estar suje-tas a negociación y compensación?

Y también habrá que preguntarse si los pdi, como forma ovehículo de compensación diseñado por el Banco Mundial ensinergia con sus políticas a nivel mundial y con un sentidopaternalista, primeramente van con la concepción de desarrolloque tiene los pueblos indígenas por la diferencia en muchos ca-sos en la conceptualización de “las necesidades humanas”, y ensegundo, si estos planes no pasan de ser un instrumento me-diante el cual a nombre de desarrollo sostenible se pretendelegitimar la continuidad del proceso de un tipo de moderniza-ción depredadora y de enclave.

En síntesis, una vez cumplidos los objetivos de las trans-nacionales, a varios años de la compensación y negociación, lasituación actual, en cuanto a la calidad de vida de loscomunarios afectados por la construcción del gasoducto es

235

expuesta en una frase por una pobladora de la comunidad deSan Juan de esta manera: “¡Mire este pueblo cómo está! ¿Quénos ha dejado la empresa que ha trabajado aquí tantos años?”.303

4.3.8. Para finalizar

Prácticamente, el primer conflicto, la negociación en busca deuna compensación socioambiental razonable, ha llegado a sufinal, inclusive la implementación de los diferentes programasdel PDI ya han sido ejecutados con resultados positivos y ne-gativos. Sin embargo, como es señalado por los actores, en estemomento están retomando conversaciones con las petroleraspara propiciar una nueva fase del PDI a largo plazo, claro, estavez con la contraparte de recursos de otras empresas, multi-nacionales u ONG y para todas las comunidades afiliadas a laCCICH-Turubó.

Ahora se está elaborando un plan a largo plazo, pero no sólo conlas cinco comunidades que fueron afectadas, sino con las 27 queforman parte de la organización CCICH-Turubó, ya no para dosaños, tal vez para cinco o más, se ha planteado a las petroleras quese haga un plan de desarrollo amplio porque sabemos que la em-presa va a estar por 40 años, más que todo para precautelar por sihay un desastre, revienta el gasoducto y ellos son responsables dealguna manera, pero que pongan una parte y las comunidades otraparte con apoyo de otro organismo que pueda hacer unfinanciamiento para ejecutar los proyectos u otras empresas queestán en el lugar, la constructora del corredor bioceánico o la minaDon Mario, por ejemplo, que ellos pongan un 70% y nosotros un30%.304

En cuanto al conflicto con la FCBC, se podría decir que noes un capítulo cerrado; a pesar de que la fundación está fun-cionando y ejecutando los 20 millones destinados a la conser-

303 Entrevista con una comunaria de la comunidad de San Juan.304 Entrevista con dirigentes de la CCICH-Turubó.

Chiquitanía


vación y preservación del BSCH, ya que los indígenas afecta-dos,305 a excepción de algunas comunidades en San José, uná-nimemente siguen manteniendo su posición de rechazo y opo-sición a las actividades de la FCBC, prohibiendo el ingreso asus comunidades al igual que sus organizaciones matrices. Yconjuntamente, los indígenas han seguido denunciando a ni-vel internacional y nacional la violación de sus derechos, aun-que sin resultados positivos:

Los de la FCBC ahora irán a la zona de San José, pero no tienenacceso al Rincón del Tigre, peor en San Matías, seguramente sólovan a la zona de San José.306

Nosotros hemos hecho las denuncias a nivel nacional, al Ministeriode Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, a la Defensoría delPueblo y demás, hemos hecho la campaña, denuncias a nivel inter-nacional; ahora estamos con un abogado en La Paz y vamos a darleseguimiento, también estamos haciendo las gestiones para que unosabogados de Francia nos puedan ayudar en este tema a nivel inter-nacional, van a hacer la denuncia porque ellos son de una funda-ción que tiene poder por vía internacional, entonces van a hacerdos juicios seguramente, uno al Ministerio y la Prefectura, y otro ala SHELL y la FCBC [porque la ENRON quebró el 2001].307

Específicamente en las comunidades de estudio, según elcacique de la comunidad de Entre Ríos, tampoco el conflictoha terminado y señala:

Mientras tanto estamos un poco calmados esperando resultados,no tenían personería jurídica, no sé cómo han sacado y han segui-

305 Incluso otras organizaciones sociales y municipios en otras zonas comoSan Matías rechazan las actividades de la FCBC. A diferencia del Co-mité Cívico, comités de vigilancia y municipio de San José, en la pro-vincia Ángel Sandóval y en el municipio de San Matías ha asumidouna posición más radical en cuanto al trabajo de la FCBC.

306 Entrevista con Manuel Dosapey, presidente CPESC.307 Entrevista con Manuel Dosapey, presidente CPESC.

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do insistiendo, y nosotros no nos vamos a quedar así, eso le puedodecir, vamos a tomar decisiones más drásticas porque la plata laestán tirando a costa de nosotros y ahora mire ¿cómo han conser-vado? Ahora hay un montón de piratería de madera, ¿dónde estála conservación y la preservación?, ¿cómo está la fauna, la flora?,yo creo que eso para nosotros es un impacto más grande todavíaque no lo vamos a dejar así, estamos esperando que la CentralTurubó nos indique qué decisión han tomado porque son ellos losque están haciendo seguimiento, no podemos entorpecer mientrasno haya algún resultado.308

Este estado de situación nos da una referencia para preverque las organizaciones chiquitanas no van a llevar a cabo ningu-na acción colectiva u otra medida de presión sobre el primer con-flicto –compensación socioambiental–, a no ser que se dé algúnaccidente o incidente que implique algún daño ambiental en ade-lante y que obligue a las empresas a compensar por los impactosdebido a que la empresa GOB seguirá desempeñando sus activi-dades de mantenimiento del DDV y otros durante 40 años, segúnla legislación de hidrocarburos vigente. En cambio, por la situa-ción irresuelta del tema de la FCBC y la violación de los derechosde los indígenas, posiblemente a un futuro puedan propiciarsealgunos conflictos, no obstante que muchos recursos de denun-cias a nivel nacional e internacional han sido agotados. Tambiénse avizora la realización de medidas de presión por los nuevosconflictos que tienen que afrontar los chiquitanos por la ejecu-ción de otros proyectos de desarrollo en su territorio.

Actualmente, el pueblo chiquitano en general y loschiquitanos de la CCICH-Turubó en particular se encuentranen plena negociación y gestión con los representantes delPPRAS (Programa de Protección Ambiental y Social),309 en

308 Entrevista con Ernesto Hurtado, comunidad de Entre Ríos.309 Programa de Protección Ambiental y Social del Corredor, financiado

por el BID y encargado de llevar adelante planes y programas de com-pensación mediante acciones previas en el inicio y en la construcciónde la carretera.

Chiquitanía


similares términos del estudio de caso al que abordamos eneste trabajo –la construcción lateral del gasoducto San Mi-guel-Cuiabá–, demandando la compensación socioambientalpor la construcción de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez,proyecto parte del Corredor de Integración Bioceánico fi-nanciado por la CAF, UE y BID, que también atraviesa por suterritorio.

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La inspección in situ fue realizada del 14 al 28 de abrilde 2003 como parte del proceso de auditoria ambien-tal solicitado por la CPESC.

241


Entrevista con Manuel Dosapey, presidente CPESC, abril de2005.

Entrevista con Anacleto Supayabe, secretario de Tierra, Terri-torio y Recursos Naturales de la CPESC, abril de 2005.

Entrevista con Ernesto Hurtado, cacique-OTB y promotor delos programas del PDI de la comunidad de Entre Ríos,abril de 2005.

Entrevista con Francisco Ferrugon, dirigente del Comité Cívi-co de la comunidad de Buena Vista, abril de 2005.

Entrevista con dirigentes de la CCICH-Turubó, abril de 2005.Entrevista con Johny Mendoza, Secretario de Organización de

CCICH-Turubó, abril de 2005.Entrevista con autoridades de la comunidad de San Juan, abril

de 2005.Entrevista con Adalid Montaño, ex asesor jurídico de GOB, abril

de 2005.Entrevista con Omar Mendoza, ex agente municipal de la co-

munidad de Buena Vista, abril de 2005.Entrevista con Miguel Varda, Dirigente Municipal de la comu-

nidad de Buena Vista, abril de 2005.Entrevista con Luis Hurtado, promotor ambiental de la comu-

nidad de Entre Ríos, abril de 2005.Entrevista con Cecilio Suárez, presidente del Comité Cívico

de la Comunidad de San Juan, abril de 2005.


La PrensaEl Deber

Documentos

Votos resolutivos, cartas oficiales, documentos oficiales, do-cumentos internos de las organizaciones.

Chiquitanía


Datos estadísticos

INE, Censo de Población y Vivienda, La Paz, 2001.Ver www.perspectivaciudadana.com.Ver www.fcbcinfo.org.

243

Camino a la comunidad de San Juan en el Bosque Seco Chiquitano.

Desmonte y destrucción del Bosque para la construcción del gasoducto.(Fotografía CEADES, 1999)

Chiquitanía


Apertura del DDV (30 metros) del Gasoducto San Miguel-Cuiabá. Destrucción de1.083 hectáreas para el depósito del gasoducto (Fotografía CEADES)

Oficina de la Central de Comunidades Indígenas Chiquitanas – Turubó CCICH-TURUBÓ en San José de Chiquitos.

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A 4 años de la construcción delgasoducto San Miguel-Cuiabá, noexiste reforestación en el Derechode Vía DDV. (Fotografía CEADES,2003)

Válvula Secreta que dejaron en legasoducto para favorecer a la MinaDon Mario del Ex presidenteGonzalo Sánchez de Lozada.(Fotografía CEADES, 2002)

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III. Comunidades vecinales y lógicaempresarial en la gestión del agua

en la ciudad de El Alto

Marcha de la población y organizaciones Alteñas al centro de la ciudad de La Paz.(Fotografía: Jose Luis Quintana) .

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1. Características generales de la ciudad de El Alto

Ubicada a 4 mil metros sobre el nivel de mar, El Alto es una“ciudad en movimiento”, tanto desde el punto de vista demo-gráfico como político-social. Sandóval y Sostres1 se refirierona esta urbe como una “ciudad problema”, en referencia a suclima, perfil urbano y carencia de servicios básicos. Ello deter-mina una realidad que para Rossell y Rojas2 se compone decuatro dimensiones principales: crecimiento demográfico ace-lerado –a una tasa anual de 9,23% entre 1976 y 1992, y de 5,3%entre 1992 y 2001–, informalidad laboral creciente, extremapobreza, irrupción de movimientos sociales.

El proceso de formación de El Alto comprende tres gran-des fases: 1) como zona rural (hasta los años cincuenta), 2) comozona urbana de La Paz (desde fines de los años cincuenta has-ta 1988) y 3) como ciudad independiente (desde 1988)3.

En 1781, las milicias del caudillo aymara Túpac Katari es-tablecieron en estas tierras su cuartel general, desde dondebajaban hasta las puertas de La Paz, ciudad cercada por lasfuerzas indígenas sublevadas. En la primera mitad del sigloXX, El Alto continuó siendo un área predominantemente ru-ral, donde se alternaban terrenos comunitarios y propiedadesde hacienda. Desde 1910 se establecieron varias instalacionescomo la del ferrocarril a Guaqui en la Ceja de El Alto o la Es-cuela de Aviación.4 Aproximadamente en 1940 estos terrenoscomenzaron a ser vendidos y loteados por los hacendados, es

1 Godofredo Sandóval; M. Fernanda Sostres, La ciudad prometida, Siste-ma-ILDIS, La Paz, 1989.

2 Pablo Rossel; Bruno Rojas, Destino incierto. Esperanzas y realidades labo-rales de la juventud alteña, CEDLA, La Paz, 2001, p. 6.

3 Ibíd.4 Sandóval; Sostres, op. cit.


entonces cuando se inicia el proceso de urbanización, que con-llevará la fundación de las primeras villas alteñas.5 En los añoscincuenta, los comandos zonales del Movimiento Nacionalis-ta Revolucionario (MNR) –que lideró la Revolución Nacionalde 1952– organizaron los sindicatos de inquilinos, que fueronlos primeros beneficiarios de la política de loteos oficiales im-pulsada por el Gobierno revolucionario.

Así, poco después de la Revolución de 1952 ya existían enEl Alto seis zonas establecidas: Villa Dolores, Villa 12 de Octu-bre, Villa Bolívar A, Zona 16 de Julio, Villa Ballivián y AltoLima. En esta época la planicie alteña estaba poblada por cer-ca de 11 mil habitantes.6 Sin embargo, desde 1960 la poblaciónaumentó considerablemente, especialmente entre 1976 a 1985,periodo en el cual se registró un considerable incremento dela migración desde centros mineros, otros departamentos ysobre todo de las áreas rurales aymaras y quechuas afectadaspor el minifundio. En la década de los setenta –especialmentedurante la dictadura del general Hugo Banzer Suárez– con lainstalación de fábricas y la configuración paulatina de unempresariado local El Alto, aunque vinculado a la dinámicasocial y económica de La Paz, fue emergiendo como un centrourbano con proyecciones propias.7

El crecimiento urbano continuó y dio lugar al nacimientode nuevas zonas como Río Seco y Villa Ingenio.8 Posteriormen-te, El Alto logró constituirse en la cuarta sección de la provin-cia Murillo de La Paz, el 6 de marzo de 1985, en parte gracias ala movilización de un grupo que se denominó Frente de Uni-dad y Renovación Independiente de El Alto (FURIA).

En el desarrollo de las organizaciones urbanas alteñas tu-vieron una fuerte influencia las tradiciones organizativas pro-venientes del área rural ya que ante el abandono del Estado

5 Ibíd.6 Ibíd.7 Rossel; Rojas, op. cit.8 Sandóval; Sostres, op. cit.

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–que la consideraba y en parte la sigue considerando como unpueblo rural– los migrantes tuvieron que reactualizar y urba-nizar el conjunto de sus instituciones asociativas agrarias a finde poder construir sus casas, obtener alumbrado público, abrircalles entre la pampa, colocar alcantarilla, erigir escuelas, et-cétera. De allí que algunos se refieran a El Alto como a una“ciudad con mentalidad rural”. El carácter fuertemente terri-torializado de la formación de los lazos sociales –característi-cos de la vida rural y del proceso trunco de modernizacióncapitalista operado en Bolivia– trasformó a las juntas vecina-les en las principales organizaciones colectivas, tanto comoinstrumento de presión sobre el Estado como formas deautogobierno barrial.9 De allí que el “vocabulario de motivos”cohesionador de la acción colectiva se vincule con la accióncomunal: legalización de terrenos, construcción de escuelas yhospitales, obras de infraestructura urbana y, más recientemen-te, autonomía municipal y creación de la Universidad Públicade El Alto (UPEA), visualizada como una forma de superar elatraso crónico de la ciudad y como constructora potencial deuna nueva “intelectualidad aymara”.

De manera general, El Alto puede dividirse en tres zonas:la zona norte, poblada fundamentalmente por migrantes delaltiplano y donde la actividad es básicamente artesanal, ma-nufacturera y comercial (principalmente la Feria de la 16 deJulio); la zona central, donde están ubicadas personas que po-seen comercios y se estableció las oficinas de distintos servi-cios públicos (empresas de luz, agua, etc.);10 en tanto que en lazona sur están instaladas varias fábricas y además es de másreciente poblamiento, en especial por migrantes de otros de-partamentos del país.

9 Pablo Stefanoni, “Resistencia y autonomía en la ciudad de El Alto”, enEl Viejo Topo, N° 195-196, Barcelona, julio-agosto de 2004; PabloMamani, “Microgobiernos barriales en El Alto”, en Barataria, N° 1, LaPaz, octubre-diciembre de 2004.

10 Sandóval; Sostres, op. cit.

Ciudad de El Alto


Ya en el decenio de 1990, El Alto se consolida como una delas cuatro ciudades más pobladas de Bolivia. Actualmente, estaurbe posee una población de más de 750 mil habitantes, de loscuales el 80% de autoidentifica indígena, fundamentalmentede origen aymara.11 El 60% de los habitantes alteños son me-nores de 25 años y el 69% de la población trabajadora se des-empeña en el ámbito informal, bajo condiciones de empleoprecario y relaciones laborales semiempresariales o familiares.El 43% de los alteños son obreros o empleados de la mediana,pequeña y micro manufactura, lo que convierte a esta ciudaden la mayor concentración obrera de Bolivia.12

2. Organización social de la ciudad

En la mayoría de las ciudades importantes del país, en las zo-nas populares, en los últimos cincuenta años se han confor-mado agrupaciones barriales llamadas juntas de vecinos, com-puestas por un representante de la unidad doméstica, con elobjetivo de demandar servicios básicos, construir con esfuer-zo propio sedes sociales, escuelas y en general asumir la reso-lución de asuntos de interés colectivo. La suma de todas estasunidades territoriales vecinales ha dado lugar a la constitu-ción de Federaciones de Juntas de Vecinos.

En El Alto, después de la creación de las primeras formasde unificación intervecinal, la Subfederación creada en 1966 fuereconocida y elevada al rango de Federación de Juntas Vecina-les de El Alto (FEJUVE) en el Primer Congreso Nacional de Jun-tas Vecinales realizado en Cochabamba en 1979, obteniendo el

11 De un total de 393.224 habitantes mayores de 15 años, el 74% se identi-fica como aymara y el 6% como quechua, sumando un 80% de la po-blación identificándose con algún “pueblo originario”.

12 Álvaro García Linera, “La crisis del Estado y las sublevaciones indíge-nas-plebeyas”, en Memorias de octubre, Comuna; Muela del Diablo edi-tores, La Paz, 2004.

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reconocimiento legal de la Confederación Nacional de JuntasVecinales de Bolivia. La FEJUVE nació bajo dos impulsos: la lu-cha política y social por conquistar la democracia en el país (1978-1980) y la presión social del movimiento barrial por alcanzarsus derechos y reivindicaciones urbanas,13 haciendo aparecer alespacio de la ciudad como un recurso en disputa y como unabase para la formación de nuevos vínculos organizacionales.

Otra de las organizaciones representativas alteñas es laCentral Obrera Regional (COR), producto del desarrollo indus-trial de la ciudad. A finales de los años sesenta y principios delos setenta, lentamente se fueron creando federaciones labora-les regionales en El Alto, especialmente entre los comerciantesy artesanos que, a diferencia de los obreros de empresa, tienenuna identidad laboral de fuerte arraigo territorial. En 1988, laCentral Única de Trabajadores de El Alto (CUTAL) deviene enla actual Central Obrera Regional de El Alto, que agrupa a va-rios sectores de acuerdo a su oficio. La COR surgió como unente que desde su inicio coordinó acciones de protesta con laFEJUVE; así, por ejemplo, reclamarán conjuntamente la amplia-ción de la Facultad Técnica en la ciudad de El Alto y posterior-mente serán componentes centrales de la lucha por la consti-tución de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), mostrandouna gran capacidad para convocar y movilizar a sus afiliados.

Durante 2003, ambas organizaciones –FEJUVE y COR El Alto–participaron en dos grandes movilizaciones: la primera, el 8 deseptiembre, en oposición a la implementación de un formulariomunicipal denominado Maya y Paya (“uno y dos” en aymara)

13 En la constitución del organismo vecinal influyó la acción político-ad-ministrativa que empezaban a desarrollar en esa época algunos parti-dos de izquierda que favorecieron la renovación del discurso político,el surgimiento y la conformación de la fejuve (Sandóval y Sostres, op.cit). Vale mencionar que la población alteña fue uno de los bastionesdel voto por la izquierda en los procesos electorales truncos de 1978-1980 (Máximo Quisbert Quispe, “Mediación clientelar y la crisis defejuve de El Alto”, tesis de licenciatura, La Paz, 1998).

Ciudad de El Alto


que, a decir de las organizaciones, proporcionaba una informa-ción sobre las actividades laborales de sus asociados que iba a serutilizada para el posterior cobro de mayores impuestos.14 Estaacción colectiva fue el primer ensayo de la articulación de un densoentramado de redes sociales territoriales y laborales que sema-nas después derivó en las jornadas de septiembre y octubre de2003, conocidas como la “guerra del gas”. Estas acciones pusie-ron a la ciudad en estado de insurrección y produjeron la caídade la administración “neoliberal” de Gonzalo Sánchez de Lozada.

La estructura de la FEJUVE varió de acuerdo a los nuevosplanteamientos de la Ley de Participación Popular (LPP), quedeterminó la creación de Organizaciones Territoriales de Base(OTB), cuya obtención de personería jurídica depende de la apro-bación de la Prefectura o Subprefectura de la Sección de Provin-cia y desarrollan tareas de control, por ejemplo, en la realiza-ción de obras públicas (“planificación participativa”) y en suejecución, en coordinación directa con el Gobierno Municipal.15

La FEJUVE se define a sí misma como una institución cívica ycorporativa, apartidista y participativa en el ámbito municipal;esta participación se traduce en el impulso a la realización de losPlanes Operativos Anuales (POA) regionales o distritales16 (Esta-

14 Luis Gómez, El Alto de pie. Una sublevación aymara en Bolivia, HdP; Fun-dación Abril; Indymedia Bolivia, La Paz, 2004.

15 Álvaro García Linera; Marxa Chávez; Patricia Costas, Sociología de losmovimientos sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios cul-turales y acción política, Diakonía; Oxfam, La Paz, 2004.

16 El Programa Operativo Anual (POA) es el plan de gestión y obras queimplementará la Alcaldía en un año. Formalmente, el POA se elaboramediante consultas que la Alcaldía realiza con las distintas organiza-ciones sociales, especialmente territoriales, las juntas de vecinos, queaparte de intervenir en su elaboración cuenta con unos Comités de Vi-gilancia encargados de hacer el seguimiento de los POA. Sin embargo,por lo general las obras emprendidas por el ejecutivo difieren notable-mente de lo establecido en el POA, así como la “vigilancia” vecinal esdeformada mediante diversas redes clientelares que despliegan los eje-cutivos del municipio con estos representantes.

255

tuto orgánico, 2001). La Federación de Juntas Vecinales está cons-tituida por las representaciones de las juntas de vecinos de todoslos distritos que hay en El Alto (siete en total), las cuales tienen ensu estructura un delegado que asiste a las reuniones de FEJUVE yque –excepto para las carteras de presidencia, vicepresidencia ysecretaría general– tiene una participación por cuota distrital enforma proporcional (Estatuto orgánico, 2001).

Como ocurre en los sindicatos, los mecanismos por loscuales se interconectan todos los miembros de las secretarías ylas bases con la directiva de la junta vecinal son las asambleasconvocadas semanal o mensualmente, donde se discuten losproblemas que atañen al barrio; aunque por lo general lo quemantiene con vida orgánica permanente a la junta es la activi-dad de su directorio. Las asambleas vecinales son un eje im-portante de la vida de las juntas vecinales, es el modo median-te el cual se unen las dos instancias que conforman la FEJUVE:la instancia del Comité Ejecutivo y las bases, aunque existenmuchos problemas, ya que la intromisión partidaria constitu-ye un verdadero obstáculo en el reracionamiento bases-dirigencias. Una de las características esenciales de la organi-zación en cada una de las juntas vecinales es que está basadaen territorialidades. Cada junta, para ser reconocida por laFEJUVE, debe representar a zonas que tengan por lo menos 200miembros, además que ocupe y tenga sus límites en el territo-rio de extensión de la zona. Esta cualidad territorial es impor-tante puesto que se transforma en una potencialidad al mo-mento de la movilización.

La organización mediante juntas por zona está presentedesde las épocas anteriores a 1952. La organización barrial porjuntas de vecinos surgió, y continúa, como un proceso deautoorganización social de los habitantes de zonas urbanas paradebatir y buscar resolver las necesidades básicas urbanas insa-tisfechas (agua potable, electricidad, alcantarillado, atención desalud, educación, campos recreativos, etc.) de la población ensus barrios. Aunque la ocupación territorial de las ciudades es

Ciudad de El Alto


relativamente aleatoria –sus pobladores proceden de múltiplesoficios y condiciones sociales–, es posible observar ciertassegmentaciones zonales con una mayor presencia de ex mine-ros, profesores, comerciantes y oficinistas, migrantes rurales, deuna provincia u otra, etc. Como no hay una única identidad la-boral o gremial en las zonas, la ocupación de una vivienda sepresenta como el mecanismo identificador de pertenencia a unajunta de vecinos, anclando en lo territorial la fuerza unificadorade personas de condiciones socioeconómicas distintas. En oca-siones, esa identidad barrial es más fuerte que otras identida-des sociales, como por ejemplo la obrera, que en los últimos añosha sido profundamente debilitada en sus estructuras materia-les internas. De ahí que sea posible ver a obreros movilizarse entorno a sus juntas vecinales antes que en el sindicato o en em-presas que por lo general carecen de sindicato.

La función principal de la junta es velar por las necesida-des vitales de la zona. Para pertenecer a la junta de vecinoshay que ser propietario de una vivienda, ser inquilino o vi-viente,17 a la asamblea vecinal debe asistir un miembro por fa-milia o núcleo habitacional, y cada uno de los asistentes tienelas mismas obligaciones y derechos. Como ya mencionamos,en El Alto se articulan diversas memorias y tradicionesorganizativas, ya que se trata de migrantes con diferentes tra-yectorias, que han pasado por múltiples oficios agrario-ruralesu obreros, existiendo muchos tipos de organizaciones locales,desde gremios y asociaciones hasta clubes, ligas y sindicatos.Destacamos, entre esta multiplicidad, por lo menos dos for-mas generales: las experiencias que provienen de los sindica-tos agrarios comunales y la del sindicalismo minero; ambasson refuncionalizadas en un ámbito urbano al interior de lasorganizaciones vecinales, donde deben convivir, combinarsey fusionarse con otras experiencias laborales.

17 Como veremos más adelante, los barrios que no poseen título de pro-piedad sobre sus tierras no están reconocidos por la fejuve.

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En la vida cotidiana, las juntas vecinales también asumenel papel de mediadoras en los conflictos intervecinales, demanera similar a los sindicatos o comunidades agrarias, esta-bleciendo sanciones que por lo general consisten en trabajosen beneficio del barrio y otro tipo de castigos que son caracte-rísticos en las comunidades. De la misma forma, en los mo-mentos de movilización se establecen, al igual que en las co-munidades, sanciones por el incumplimiento de acuerdos ydeberes colectivos, que por lo general implican trabajos parala comunidad. Esto hace de las juntas de vecinos una estructu-ra de organización territorial en cuyo interior se combinanmodos de deliberación y consenso pleno en la toma de deci-siones, por lo que es imposible tomar la decisión de movilizar-se sin el acuerdo de los miembros de familia del barrio, conmodos de coerción aceptados por todos los afiliados a la juntavecinal, en caso del incumplimiento de las decisiones colecti-vas por algún miembro.

Asimismo, en los barrios con una fuerte presencia de obre-ros y ex obreros, como Santiago Segundo, la disciplina sindi-cal, el asambleísmo permanente, las construcciones discursivasy las puestas en escena clásicas del sindicalismo obrero se re-producen en un ambiente urbano en el que –si bien ya no hayuna única actividad laboral que los une a todos– hay un fuertegregarismo territorial e identidad laboriosa que le otorga a lazona una personalidad diferenciada. En este sentido, no existeun solo molde organizativo al interior de las juntas de veci-nos. Cada una de ellas es –hasta cierto punto– un “microcos-mos” local, con asimetrías en los sistemas de autoridad, en ladisciplina interna, en el régimen de derechos y sanciones, y enlas propias tareas que unen a los vecinos.

La FEJUVE, aunque en un principio se constituyó como unente autónomo del Estado,18 rápidamente se convirtió en unaorganización que atrajo la atención de varios partidos políti-

18 Sandóval; Sostres, op. cit.

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cos y gobiernos, por un lado en miras a las elecciones munici-pales en esa urbe, que se dieron a partir de 1988 cuando ElAlto ascendió a categoría de ciudad19 y, por otro, a raíz de lapromulgación de la Ley de Participación Popular, que descen-tralizó el manejo presupuestario.

En este marco, la FEJUVE y la COR se convierten en espa-cios de disputa para líderes sindicales que aspiran a convertir-se en clientela de los partidos hegemónicos.20 El rápido creci-miento demográfico de la ciudad –que fue consolidando unapetecible mercado político– y la búsqueda de reconocimien-to e integración social de los migrantes ampliaron el interés delos partidos políticos para buscar capitalizar esas expectativasmediante ofertas de apoyo y servicios sociales que luego de-ben ser “devueltas” en votos y fidelidad electoral. Así, parti-dos como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR,de centro), Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y –fundamental-mente– Conciencia de Patria (Condepa, “neopopulista”) du-rante las décadas de los ochenta y noventa se dieron a la tareade formar un amplio mercado vecinal de receptores de ayu-das sociales (alimentos, material de construcción, apoyo legal,agilización de trámites, etc.) y capturar dirigentes barriales quegarantizaran el apoyo corporativo de las juntas vecinales a lospartidos benefactores. Pese a los amplios procesos de autono-mía organizativa que los vecinos de El Alto han construido enlos últimos años, parte de estas redes clientelares aún se man-tienen activas en determinados niveles dirigenciales.

En años anteriores, varios dirigentes que conformaban elComité Ejecutivo de la FEJUVE no sólo ayudaron a consagrarlas redes de clientelismo partidario en numerosas juntas, sinoque también terminaron como candidatos a diputaciones o ala Alcaldía.21 Para un dirigente vecinal, obtener el reconoci-

19 Quisbert, op. cit.20 Ibíd.21 Ibíd.

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miento de un partido político significaba mayor facilidad paraviabilizar las demandas de cada zona, ya sea en la Alcaldía oen el ámbito gubernamental. Entretanto, con la ParticipaciónPopular, que descentralizó municipalmente el manejo admi-nistrativo del Estado desde 1994, la estructura clientelar se re-forzó y extendió. A pesar de que supuestamente las juntas ve-cinales podían participar en la elaboración de los ProgramasOperativos Anuales (POA), gran parte de estas demandas nollegan a realizarse porque varios partidos políticos tienen lacapacidad de hacer viables u obstruir estos proyectos vecina-les, ya sea en el Concejo Municipal o en las comisiones de Ha-cienda y Participación Popular del Parlamento. Todos estosproblemas significaron la disminución del poder de convoca-toria de la FEJUVE, habiéndose presentado incluso denunciasde las juntas de vecinos de los barrios en contra de los dirigen-tes de la Federación,22 reforzando con ello el protagonismo lo-cal de las juntas que han ido ampliando sus comportamientosautónomos y la preferencia por redes vecinales construidasdistritalmente y de manera directa sin necesidad de laintermediación de los niveles de dirección superior. Es estaexperiencia organizativa de tipo horizontal la que precisamentese tensará exitosamente durante las jornadas de sublevacióncivil de octubre de 2003 y enero-junio de 2005.

3. Demandas sociales: los barrios “desbordados”

Por lo general, el marco de reivindicaciones que moviliza a laFEJUVE se caracteriza por demandas de tipo local referidas a lasatisfacción de servicios básicos y es en torno a ellas que laorganización vecinal se ha ido consolidando organizativamentey ha ampliado su base de convocatoria social. En los últimosaños, por ejemplo, la demanda de delimitación de la jurisdic-

22 Ibíd.

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ción territorial de la ciudad de El Alto ha sido una constanteexigencia que ha llevado a las juntas vecinales a promover di-versas movilizaciones en contra del Parlamento, que dilató estadelimitación23 y así genenró conflictos con otros municipios,como el de Achocalla, Laja y Viacha.24 Igualmente, el apoyo ala construcción de viviendas sociales, la condonación de lasdeudas al Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS), el con-trol de los recursos prefecturales en obras de beneficio para laciudad, la demanda de becas de capacitación, el traslado delaeropuerto, el congelamiento de impuestos a inmuebles, laconexión automática al alcantarillado, el arreglo de calles, laconstrucción de baños públicos o la regularización de cons-trucciones clandestinas han sido objeto de atención, debate ymovilización colectiva de sus afiliados.

Sin embargo, a partir de 2000 y a raíz del nuevo escenariosociopolítico abierto por las rebeliones de Cochabamba y elaltiplano –que colocaron el tema de las necesidades y servi-cios básicos (agua, tierra, energía, hidrocarburos, etc.) comoagenda de reivindicación política y nacional– se ha producidouna focalización de las luchas urbanas en torno a la resistenciaal alza y la dolarización de las tarifas de servicios como agua,luz y carburantes, y es alrededor de estas reivindicaciones quela estructura vecinal, especialmente alteña, ha adquirido unamayor cohesión y una actitud de interpelación al régimen po-lítico y económico vigente.

Desde 2000, la FEJUVE ha protagonizado varias marchas yparos contra el alza del precio de los carburantes, en oposiciónal sistema tarifario y la elevación de los precios de conexión alservicio de agua potable y electricidad. En el paro vecinal del15 de noviembre de 2004 uno de los puntos centrales de con-vocatoria ya no sólo fue el rechazo a la elevación de las tarifas,sino primordialmente la revisión del contrato con la empresa

23 Última Hora, 7 de noviembre de 2000.24 La Prensa, 18 de enero de 2001.

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privada que administra la distribución de agua en la ciudad,Aguas del Illimani, y la conversión de la empresa distribuidorade agua en una empresa pública controlada por los vecinos.25

En este proceso de maduración de una civilidad política es-tructural ciertamente hay una fuerte influencia de la experienciacochabambina que desprivatizó la empresa de distribución deagua potable en el año 200026 (de hecho, uno de los aliados cerca-nos a la nueva directiva de FEJUVE elegida en el Congreso de 2004es la Coordinadora de Defensa del Agua de Cochabamba), perotambién tiene que ver con las propias características de los movi-mientos urbanos latinoamericanos que siempre tienden a colo-car la “lucha por los bienes de consumo” urbanos como partecentral de una defensa al acceso de bienes por su utilidad social yno por criterios de rentabilidad empresarial.27

Todos los últimos congresos vecinales han tenido comoprincipal tema de debate estos puntos y lo relevante es que nosólo se ha planteado en términos de una querella entre veci-nos y empresas privadas, sino como un doble cuestionamiento

25 La Prensa, 15 de noviembre de 2004.26 En abril de 2000, en la ciudad de Cochabamba, gigantescas

movilizaciones de vecinos, trabajadores, campesinos y clases mediasculminaron con la ruptura del contrato y la expulsión de Aguas delTunari, una filial de la transnacional Wechtel y otros asociados, que sehabía hecho cargo de la gestión del agua desde octubre de 1999. Lamovilización se gestó en rechazo al incremento de las tarifas de ventadel agua, que llegaron a subir hasta en un 250% en tres meses, y ante laentrega en concesión a la misma empresa extranjera de los sistemasautónomos y tradicionales de agua y riego que poseían las comunida-des campesinas y numerosos barrios periurbanos de la ciudad. Estehecho marcó una inflexión en la vida política boliviana, ya que estaprimera “guerra del agua” dio lugar a un ciclo creciente de protesta ymovilización social que viene cuestionando las políticas de privatizaciónde recursos públicos implementadas desde hace veinte años. Al res-pecto, se puede revisar Álvaro García Linera; Raquel Gutiérrez Aguilar;Raúl Prada Alcoreza; Luis Tapia, El regreso de la Bolivia plebeya, Mueladel Diablo editores, La Paz, 2000.

27 M. Castells, Movimientos sociales urbanos, Siglo XXI, México, 1980.

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de las políticas públicas. Por un lado, se comenzó a demandarla revisión de los contratos de privatización de las empresasde servicio básico, con lo que se cuestiona directamente la ló-gica económica de inversión externa como núcleo de la econo-mía y, por otro, si bien esta demanda afecta a las empresas pri-vadas, se le exige al Poder Ejecutivo que él sea el que modifiquela estructura de precios del servicio, los contratos y la regula-ción. De ahí que no sea raro que en los momentos de insur-gencia social que cuestionan la base de las políticas públicas“neoliberales”, como en febrero de 2003, las oficinas de Elec-tropaz y Aguas del Illimani hayan sido objeto de ataques ydestrucción por parte de las fuerzas vecinales de El Alto.

De esta manera, la lucha contra los niveles tarifarios y endefensa de una lógica de gestión de las necesidades básicasdiferente a la existente, que sólo toma en cuenta la rentabili-dad, se ha convertido en la plataforma de un creciente procesode interpelación a las políticas públicas nacionales y depolitización social de las demandas vecinales que han permi-tido que en 2003 se haya podido articular exigencias de tipopolítico-reivindicativo, como el rechazo a los formularios mu-nicipales, el repudio a la venta del gas vía puertos chilenos yla renuncia del Presidente de la República.

En ese sentido, se puede afirmar que este tipo de movili-zaciones con demandas de carácter político-reivindicativo hansedimentado una serie de experiencias de lazos sociales y denarrativas discursivas entre las múltiples redes vecinales (for-males e informales) que no sólo están consolidando un senti-do de cohesión territorial urbana de tipo plebeyo, sino queademás están convirtiendo a estas redes barriales y vecinalesen un actor político cuyo temperamento y acción colectiva, yno sólo electoral, se ha convertido en decisivo para garantizarestabilidad política a los gobiernos.

Que el presidente Carlos Mesa se haya dirigido a El Altoapenas fue ungido en el cargo por el Parlamento o que la legi-timación de sus iniciativas pase por la visita a la ciudad marca

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hasta qué punto las actuales políticas públicas requieren deun tipo de anuencia civil de la urbe más grande y empobreci-da del país, pero también la más organizada. En septiembre yoctubre de 2003 se consolida un quiebre cognitivo y un “des-borde” de lo barrial a lo nacional pues se produce un paro cí-vico con demandas estrictamente políticas (rechazo a la ventade hidrocarburos, renuncia de Sánchez de Lozada), lo que cons-tituye un hecho inédito en la historia vecinal de la ciudad deEl Alto y de las juntas de vecinos del país.28

Esta politización de la acción y de la conciencia colectivavecinal se ha reafirmado recientemente con la realización delXIII Congreso Ordinario de FEJUVE, denominado “Por la re-cuperación de nuestros hidrocarburos, nacionalización del gas.El Alto de Pie nunca de Rodillas”, instancia en la que resultóelegido como actual presidente de la organización Abel Mama-ni Marca, quien se comprometió a luchar contra el neoliberalis-mo recuperando la “agenda de octubre”,29 con una plataformareivindicativa que ubica a la “nacionalización sin indemniza-ción de los hidrocarburos”30 como la principal exigencia, ade-más de otras demandas de tipo social, político, económico ycultural local, como el planteamiento de la reducción de lasdietas de los parlamentarios en un 50%, el juicio de responsa-bilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada por los muertos y he-ridos de octubre de 2003, o el rechazo al denominado Plan Pro-greso, el proyecto político del ex alcalde José Luis Paredes.31

Aunque como organización no se ha tomado una posicióndefinitiva sobre la Asamblea Constituyente, actualmente se

28 El flamante presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien reemplazó aCarlos Mesa, también se desplazó hasta El Alto como uno de sus pri-meros actos de gobierno, con el objetivo de desactivar las protestas so-ciales en esa ciudad.

29 Radio Pachamama, 11 de julio de 2004.30 Resoluciones del XIII Congreso de FEJUVE, El Alto, julio de 2004.31 Pese a ello, el actual Alcalde mantiene “aceitados” mecanismos

clientelares que garantizan apoyo social a su gestión.

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debate al interior de las juntas vecinales la pertinencia o in-conveniencia de participar en ella. En ese contexto, existenposiciones que propugnan un rechazo porque consideran queserá el mecanismo para la legitimación histórica de las élites tra-dicionales y de los partidos conservadores. Pero también hayquienes consideran necesario participar orgánicamente en laAsamblea con candidatos propios que permitan la conforma-ción de una hegemonía indígena y popular destinada a promo-ver cambios profundos en el sistema normativo del Estado.

Lo relevante de todo este debate es que las asociacionesvecinales se están convirtiendo en núcleos de deliberación so-cial sobre temas de corte nacional o, si se prefiere, en escena-rios de democratización de los temas político-gubernamenta-les que afectan al resto de la población. En este sentido, sepuede decir que hay una creciente territorialización urbana yvecinal de los temas de Estado que amplía geográficamenteesta renovada preocupación sobre asuntos públicos naciona-les que se había iniciado en Cochabamba y las comunidadesrurales. En qué medida esta práctica política de las juntas ve-cinales será meramente un ímpetu temporal o duradero, y enqué medida mantendrá la fidelidad de su base social, es untema que será dilucidado en los siguientes meses y años.

3.1. La “guerra del gas” de octubre de 2003

El año 2000 comenzó un ciclo de acción colectiva popular pro-tagonizado por un conjunto heterogéneo de movimientos quetienen como uno de los ejes de movilización la lucha contra lamercantilización de los servicios públicos. Así, la Coordina-dora del Agua y la Vida de la ciudad de Cochabamba logróexpulsar a la transnacional Wechtel en abril de 2000 trasmovilizaciones masivas, de características insurreccionales,contra el aumento de las tarifas y que posteriormente derivóen un cuestionamiento a la privatización de los sistemas deriego y de agua potable. Un segundo momento de moviliza-

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ción social emergió ese mismo año, llevado adelante por elmovimiento indígena aymara organizado en torno a la Confe-deración Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Boli-via (CSUTCB), la cual protagonizó tres grandes bloqueos de ca-rreteras en el altiplano y cercó la ciudad de La Paz, sede delGobierno boliviano. Medidas de fuerza repetidas con pareci-da intensidad el año siguiente.

Paralelamente, los campesinos cultivadores de coca (coca-leros) de la región del Chapare –que participaron en la “guerradel agua” en Cochabamba– protagonizaron fuertes enfrenta-mientos con las fuerzas erradicadoras de sus cultivos de coca32

y posteriormente se constituyeron en la columna vertebral deun nuevo movimiento político: el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).33 Esta fuerza político-sindical de base campesina se ubi-có en el segundo lugar en las elecciones presidenciales de juniode 2002, con algo más del 20% de los votos llevando al lídercocalero Evo Morales como su candidato. En esa ocasión fueelegido presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada,quien en su primera presidencia (1993-1997) implementó unconjunto de reformas estructurales de cuño neoliberal.

3.2. “Octubre negro” y la caída de Sánchez de Lozada

En septiembre de 2003 se declara una huelga indefinida en laszonas rurales del altiplano pidiendo la libertad del dirigenteEdwin Huanpo, acusado del ajusticiamiento de dos ladronesen una comunidad rural del altiplano aymara. A esta acción se

32 Los cultivos de coca en el país se rigen por la Ley 1008, que establecezonas “tradicionales” (legales) y zonas “excedentarias” (sujetas a erra-dicación de los cultivos). El Chapare, en el trópico de Cochabamba, escasi en totalidad zona excendetaria.

33 Ver Pablo Stefanoni “Conflicto social, crisis hegemónica e identidadespolíticas en Bolivia: la emergencia del MAS-IPSP”, informe final becaCLACSO-Asdi, 2002; García Linera et al. (op. cit).

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sumó el movimiento social alteño, articulado en torno a orga-nizaciones vecinales, gremiales y sindicales bajo la direcciónde la FEJUVE y la COR con un despliegue de diferentes formasde protesta. El centro de las demandas era la oposición a laventa de gas a Estados Unidos y México por puertos chilenos–país que en la guerra del Pacífico (1879-1880) se apropió dellitoral marítimo boliviano– y cuya irradiación produjo, el 17de octubre, la caída y huída del país del presidente GonzaloSánchez de Lozada.

Con el correr del tiempo, y en medio de la intransigenciaoficial, las movilizaciones se masificaron. El Ejecutivo opta porel uso de la fuerza para recuperar el “principio de autoridad”y moviliza fuerzas militares para “rescatar” a los turistas va-rados en la localidad de Sorata, en el altiplano paceño. El sal-do: ocho muertos, hecho que enardeció más los ánimos y lacrispación social y se sumaron nuevos sectores a las protestasa lo largo del occidente del país; a la consigna “el gas para losbolivianos” se agregó otra que marcó el ritmo de los aconteci-mientos: “la renuncia del Presidente de la República”. El epi-centro del conflicto –el altiplano paceño, El Alto y el centro deLa Paz– había conseguido irradiar, contagiar y desplegar suconstrucción discursiva en torno al tema del gas a otras regio-nes y sectores del país. Además de crear todo tipo de lazos ysolidaridades entre el área rural y el área urbana, irradiandouna identidad indígena aymara en las ciudades de El Alto yLa Paz. El lunes 7 de octubre se realiza una de las marchasmás importantes y masivas realizadas por habitantes de la ciu-dad de El Alto y de La Paz, un día antes del paro cívico alteño.Uno de los periódicos paceños describe de esta manera la mar-cha que partió de la Ceja hacia el centro paceño: “Mientras lacabeza de la marcha se encontraba en el Cementerio, la colatodavía no había partido de la Ceja” (Fuente: La Razón).

El miércoles 8 de octubre en la ciudad de El Alto se dainicio a un nuevo paro cívico –esta vez indefinido– convocadopor la COR y la FEJUVE, acompañado de mítines, marchas y el

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bloqueo total de calles y avenidas troncales que unen esa ciu-dad con la sede de Gobierno, las provincias del altiplano y ru-tas interdepartamentales. Esta medida, por la magnitud y la re-sonancia que encuentra en la población, convierte a la urbe alteñaen uno de los lugares más notables de lucha y resistencia enestos días; además, por la posición geográfica que ocupa la ciu-dad de El Alto, se constituye en un lugar estratégico para sitiary desvincular a la urbe paceña de las demás regiones.

La represión indiscriminada de un convoy del Grupo Es-pecial de Seguridad (GES) –cuya misión era escoltar camionescisterna hasta La Paz–, con un saldo de decenas de muertos,marca el principio del fin para el jefe de Estado: la consigna“que se vaya” se expandió a todo el país, incluyendo a los sec-tores medios urbanos. El 16 de octubre se da una de las últi-mas manifestaciones en la ciudad de La Paz; la plaza de SanFrancisco es copada por los marchistas, tanto que se cruzabany entrecruzaban diferentes grupos de un lado a otro, a pesarde que días antes varios manifestantes habían sido atacadospor armas de fuego lanzadas por francotiradores apostadosen varios edificios del centro de la ciudad. Poco a poco el Po-der Ejecutivo se derrumbaba, ya había roto su cohesión díasantes con el alejamiento del vicepresidente Carlos Mesa y otrasautoridades, incluso el vocero de la presidencia, MauricioAntezana, hizo público su alejamiento y renuncia a su cargo.El 17 de octubre, en medio de una situación política insosteni-ble, el presidente Sánchez de Lozada renuncia al cargo y parterumbo a Miami. Carlos Mesa lo sucede constitucionalmente.

3.3. La movilización alteña

Cuando en octubre de 2003 la “posta” de la sublevación socialque expulsó del Gobierno a Sánchez de Lozada pasaba de lascomunidades aymaras del altiplano a la ciudad de El Alto, cen-tenares de miles de personas, en esa ciudad que cotidianamentese presenta como una Babel de migraciones, de los oficios y de

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las identidades sobrepuestas, se articularon como una sofisti-cada maquinaria social en movimiento que al final derrotó ala Policía y al Ejército en el control territorial de la ciudad yderrumbó a un Ejecutivo que había contado con uno de losrespaldos parlamentarios más grandes que se recuerde en lahistoria democrática boliviana.

Con estupor, el Estado vio cómo por encima de las redesclientelares y los localismos barriales, con los que cotidiana-mente negocia sumisiones, las calles y avenidas comenzaron ahacer visibles en sus barricadas de gente y escombros unasextendidas, multidimensionales y complejas redes sociales detipo laboral, vecinal, de parentesco y amistad que no sólotupieron la ciudad de un sistema de autodefensa territorial,sino que además funcionó como una confederación regionalde multitudinarios ejércitos civiles armados de palos, perfec-tamente organizados y disciplinados por barrios y calles, quecaminaban varias horas para surcar la ciudad de La Paz enafirmación corpórea de una decisión inapelable: la renunciadel Presidente.

Si bien no fueron los únicos actores, las estructurasorganizativas de base de la Central Obrera Regional y de laFederación de Juntas Vecinales tuvieron un desempeño muydestacado en la conformación de una imponente fuerza demovilización. En particular, fue el ímpetu de las organizacio-nes de base, las redes barriales, de calle, las que en la últimasemana de la sublevación, de manera autónoma, sin coordi-nación ni mando unificado, le imprimieron a la movilizaciónsu dinámica y orientación, en tanto que los dirigentes queda-ron rebasados, en la mayoría de los casos, o atrapados y con-vertidos en portavoces de un movimiento que –como ningúnotro en el país– careció de líderes generales.

En sentido estricto, se puede decir que la sublevaciónde octubre de 2003, organizativamente estuvo a cargo delas redes barriales cotidianas, de grupos de vecinos de cua-dra que asumieron la logística y ejecución de los bloqueos,

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las barricadas, las ollas comunes, el alambrado de los ba-rrios, las guardias zonales, etc. En tanto que le tocó a la es-tructura formal de las juntas de vecinos el encabezamientopúblico de las marchas hacia la ciudad de La Paz, la imple-mentación de una disciplina y compromiso local para lamovilización en ciertos barrios, en tanto que a la FEJUVE yla COR sólo le tocó la toma de palabra pública en los mediosde comunicación. En los hechos, los dirigentes departamen-tales no dirigían ni organizaban nada, aunque desempeña-ron el papel de portavoces de un movimiento multiformearticulado reticularmente en los barrios y calles alteñas entorno a estas netness34 locales.

Se puede decir que durante la rebelión de octubre asisti-mos a la articulación de una “comunidad de vecinos” en elsentido weberiano del término. Para Weber, la “comunidadvecinal” es una situación de intereses acondicionada por laproximidad espacial entre vecindades domésticas asentadasen inmediata proximidad.35 Caracterizada por una mezcla en-tre “servicialidad entre vecinos” y la distancia en las relacionesque, en momentos de “peligro común”, se despliegan modosde “acción comunitaria” entre los miembros del asentamientoo la calle, que en este caso se tradujo en la formación de micro-estructuras de movilización barrial que sostuvieron la logísti-ca y la fuerza de masa de la sublevación.

Estas redes barriales, con una mejor articulación con lasestructuras dirigenciales locales y regionales de las juntasde vecinos, fueron posteriormente las protagonistas de lasmovilizaciones de 2005 en contra de la empresa Aguas delIllimani, en El Alto, y que culminaron con la rescisión delcontrato.

34 Redes de sociabilidad cotidiana de carácter voluntario, ver Charles Tilly,From Mobilization to Revolution, Addison-Wesley, Reading, Mass, 1986.

35 Max Weber, Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica, México,1996.

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4. Políticas del agua: consideraciones generales

En los últimos años –y en línea con el modelo económico hege-mónico a escala mundial– el agua ha pasado a ser consideradacomo un “bien económico” –distribuido por mecanismos demercado– cada vez más “escaso” y, por lo tanto, de importanciaestratégica; y no un derecho humano. En ocasión del Tercer ForoMundial organizado por el Consejo Mundial del Agua –en 2003,en Kyoto– los representantes de gobiernos, organismos espe-cializados de la ONU y de empresas multinacionales afirmaronque la política de agua debe regirse por principios generales queincluyen la promoción de la gestión del recurso agua a nivelmundial siguiendo el modelo denominado IWRM (IntegratedWater Resources Management) elaborado por el Banco Mun-dial. Modelo fundado sobre el mecanismo de mercado y la fija-ción de un “precio justo” basado en el principio del “full costrecovery”, vale decir, la recuperación del costo total que incluyeel retorno sobre las inversiones, el cual puede representar untercio del costo total.36 Reconociendo, entre sus objetivos, la li-beralización de los servicios hídricos en el cuadro de la negocia-ción OMC (Organización Mundial del Comercio)-AGCS (Acuer-do General sobre el Comercio de Servicios). Un acuerdo quetiene entre sus más firmes apoyos en la Unión Europea a em-presas francesas, británicas y alemanas de agua que figuran en-tre las más importantes del mundo.

Estas políticas de privatización son parte de los condiciona-mientos impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Moneta-rio Internacional para el otorgamiento de líneas de financia-miento, especialmente a los países “en desarrollo”. La prioridada la inversión privada fue consagrada también en el reporteCamdessus (ex titular del FMI) sobre el “Financing Water forAll”,37 presentado en Kyoto.

36 Manifeste du Forum Alternatif Mondial de l´Eau, Florencia, 21 y 22 demarzo de 2003.

37 Ibíd.

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Algunas cifras grafican el “salto” de las empresas priva-das en la oferta de agua a nivel mundial. En los años ochenta,las dos principales firmas de agua que operaban en el ámbitointernacional –Générales des Eaux, hoy Vivendi Environne-ment, y Lyonnaise des Eaux, hoy Ondeo, filial de Suez– noaseguraban agua más que a 300 mil personas fuera de Francia.El año 2000, las personas servidas por empresas privadas alre-dedor del mundo alcanzan los 400 millones.38 Y en la mayoríade los casos –Cochabamba en Bolivia, Manila en Filipinas oSanta Fe en Argentina– los precios han subido, la transparen-cia de las licitaciones ha sido corrientemente puesta en duda,el agua se alejó de la categoría de “bien común” y varios paí-ses han asistido a diversas modalidades de “guerras del agua”,en tanto disputa político-social por un recurso vital. Cuestiónque adquiere una importancia específica en los asentamientosperiféricos de las ciudades, plagados de privaciones –falta deservicios públicos, inundaciones, contaminación, hacinamien-to, presencia de basura y residuos industriales, etc.– e insertosen redes clientelares con el sistema político que reproduce –más que reduce– las carencias de sus habitantes.

Como señala Casabona,39 “en esos espacios urbanos el con-trol de recursos escasos, como es el agua, se convierte en unlugar de construcción y refuerzo de asimetrías”, las cuales semanifiestan tanto en las relaciones intravecinales como entrepobladores y agentes políticos. En este sentido, “el acceso ygoce del patrimonio ambiental se tornan inteligibles en el marcode los vínculos socioeconómicos y políticos que los grupossociales mantienen entre sí”.40 Y el “derecho al espacio urba-no” –cuya estructura de ocupación tiende a reproducir y yuxta-

38 Ibíd.39 Victoria Casabona, “El agua: recurso de poder en un barrio periférico”,

en Mauricio Boivin; Ana Rosato; Victoria Arribas, Construcciones deotredad. Una introducción a la antropología social y cultural, Eudeba, Bue-nos Aires, 1999, p. 193.

40 Ibíd., p. 194.

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ponerse a la estructura social– debe ser escrutado en el con-texto del conjunto de los derechos ciudadanos.

En los últimos años, el agua llegó a ser un tema de primerorden en las agendas –y discursos– de los organismos interna-cionales como las Naciones Unidas o el Banco Mundial, a loscuales se viene oponiendo una literatura militante no menostécnica, generalmente producida por ONG y organizaciones deconsumidores.41 El fuerte crecimiento del “mercado del agua”permitió a los dos gigantes franceses del agua –Vivendi y Suez–y sus filiales suscribir contratos muy lucrativos en decenas depaíses.42 Aunque también estas empresas debieron enfrentarvarios traspiés, viéndose obligadas a retirarse de algunos paí-ses de América Latina y a encarar procesos en tribunales inter-nacionales. Es el caso de la filial de Vivendi en la provinciaargentina de Tucumán (1997), donde los consumidores empren-dieron un movimiento de “desobediencia civil” que incluyó elrechazo a pagar las facturas de agua frente al “deterioro delservicio y el aumento de las tarifas” (aproximadamente 104%).43

En junio de 2001, el Grupo Banco Mundial puso en circula-ción un documento de discusión denominado “Estrategia deDesarrollo del Sector Privado (DSP): Temas de Discusión y Op-ciones”. Dicho documento se ocupa más de la expansión del roldel sector privado en el suministro de servicios públicos quedel desarrollo de empresas locales efectivas en los países en de-sarrollo. Promueve un mayor involucramiento del sector priva-do en los servicios públicos en los países en desarrollo.44

41 Franck Poupeau, “La gestion de l´eau à El Alto, Bolivie”, conferenciaGrupo Comuna, La Paz, abril de 2005.

42 Franck Poupeau, “La privatisation de l´eau: les profits illicites desmultinationales françaises”, mimeo, 2002.

43 Norma Giarraca, citada en Poupeau, “La privatisation…”. Ver también JohnTagliabue, “Backlash spreads over privatization of water”, en Interna-tional Herald Tribune, 27 de agosto de 2002 (edición impresa en París).

44 Kate Bayliss; David Hall, “Respuesta de PSIRU a la Estrategia de Desa-rrollo del Sector Privado: Temas de Discusión y Opciones elaborada por

273

“Estudios realizados sobre varios miles de casos de priva-tización en todo el mundo sugieren que la privatización haciaun ambiente de mercado competitivo y bien regulado normal-mente es mejor que tener al Estado como propietario. Auncuando el ambiente no estaba perfectamente preparado, laprivatización ha funcionado relativamente bien comparada conotras alternativas realistas” (p. 7).

Observando cuidadosamente el documento, Bayliss yHall45 unen el rol residual que el Banco tiene en mente para elsector público:

Página 5: “…la esperanza de brindar mejores servicios básicos parala gente pobre en muchos casos se asienta en el traslado del riesgode desempeño a personas privadas, mientras que se enfoca el es-fuerzo del sector público en el mejoramiento del marco regulatorioy la construcción de la capacidad institucional”.Página 6: “El DSP es una forma de ayudar al Estado y otras institu-ciones a enfocarse en funciones públicas críticas y hacerlas más efec-tivas”.Página 6: “…un rol clave para el Gobierno es abrir el ingreso de em-presarios y dar a los ciudadanos la posibilidad de elegir. Tales enfo-ques en la política y la consiguiente reducción del papeleo ‘red tape’tienden a reducir las oportunidades para la corrupción”.Página 8: “La acción recíproca entre mejores sistemas degobernabilidad y el desarrollo de empresarios y mercados es crucial”.Página 17: “Se requiere la capacidad del Gobierno de subcontratar yde regular, particular para prevenir que proveedores privados tras-laden nuevamente el riesgo a los contribuyentes a nivel doméstico…”.

Uniendo todas estas líneas podemos asimilar lo que elGrupo Banco Mundial considera el rol viable para el PoderEjecutivo. Se requerirá que los gobiernos regulen el sector

el Banco Mundial”, Unidad Internacional de Investigación de Servi-cios Públicos (PSIRU), Universidad de Greenwich, 2001, en Privatizaciónde los servicios públicos. Tema agua, CEDIB, Cochabamba (formato CD).

45 Ibíd.

Ciudad de El Alto


privado, desempeñen ciertas “funciones críticas”, aseguren quelos mercados estén abiertos para firmas privadas. Esencialmen-te, la misión del Estado es asegurar que todo marcha “suave”para el sector privado. Otros posibles roles, como la políticaindustrial o las políticas redistributivas, no son mencionadosy están lejos de ser impulsados en la literatura del Banco. Sinembargo, la mayoría de la población en los países desarrolla-dos, incluyendo USA, Europa, y Japón, tiene agua provista porel sector público y en varios indicadores las empresas públi-cas salen airosas de la comparación con sus contrapartes delsector privado. Servicios de agua eficiente son también dirigi-dos por autoridades públicas en muchos países en vías de de-sarrollo: por ejemplo en San Pablo, Brasil; Debreen, Hungría;Lolongwe, Malawi, Tegucigalpa, Honduras.46

Entre los agentes de la privatización del agua, los represen-tantes sindicales identifican a la cooperación internacional –dela que Bolivia sufre una fuerte dependencia presupuestaria–47

fundamentalmente la Cooperación Técnica Alemana (GTZ):

En la identificación de la raíz de la privatización no debemos equi-vocarnos: allí está la Cooperación Técnica Alemana. De allí vieneesta política de sociedades anónimas mixtas que quieren imponer-nos. Las sociedades mixtas se basan en el código de comercio y elcódigo de comercio en su artículo 11 determina que el agua es unamercancía. Bajo este sistema excluyente sólo el síndico –no los agen-tes sociales– pueden fiscalizar… en Cochabamba terminamos ne-gociando con los técnicos alemanes.48

46 Kate Bayliss; David Hall, op. cit., Véase también D. Hall, “Agua en ma-nos públicas”, en www.psiru.ort/reportsindex, junio de 2001.

47 Frente a los intentos de aprobación de una Ley de Hidrocarburos “na-cionalista”, el presidente Carlos Mesa ha “recordado” a los bolivianosque el país necesita de la cooperación externa incluso para pagar lossalarios de médicos y maestros.

48 Entrevista con Omar Fernández, dirigente de la Federación de Regantesde Cochabamba, abril de 2005. Debido a esta actuación de la GTZ en elconflicto, en el movimiento social se baraja la propuesta de tomar lasoficinas de la GTZ en la ciudad de La Paz.

275

La cooperación internacional está presionando al Gobierno y a losmunicipios para conformar una empresa mixta, incluso la coopera-ción alemana le ha enviado una nota al Ejecutivo. Pero una cosa esayudar y otra cosa es imponer. Los alteños no estamos dispuestos atolerar esto.49

4.1. La provisión de servicios de agua y alcantarillado:privatización y sistema pro-poor

En el contexto de las políticas de ajuste estructural y privatiza-ciones impulsadas durante la primera gestión de GonzaloSánchez de Lozada se creó el sistema regulatorio del agua, bajola figura jurídica de la Superintendencia de Aguas (que poste-riormente se transformaría en la Superintendencia de Agua ySaneamiento Básico), previo a la concesión de La Paz-El Alto.Complementariamente, se implementó una política de forta-lecimiento institucional de las tres empresas de agua más im-portantes del país a ser privatizadas con financiamiento delBanco Mundial; la empresa municipal Servicio AutónomoMunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SAMAPA), queoperaba en La Paz y El Alto, recibió 490 mil dólares con el pro-pósito de mejorar su capacidad institucional y transferir al sec-tor privado una empresa saneada y eficiente.50

En 1997 se aprueba, mediante Decreto Supremo 24719 (22de julio de 1997), el Reglamento de Organización Institucionalde las Concesiones del Sector Aguas para facilitar el procesopaceño y el 24 de julio de ese año se firmó el contrato de conce-sión entre la empresa Aguas del Illimani y la Superintendenciade Aguas para operar y expandir los servicios de agua potabley saneamiento. El contrato comprende a los municipios de LaPaz y El Alto (los cuales, sin embargo, fueron “excluidos” de lafirma del contrato), y tiene una duración de treinta años. Por

49 Entrevista con Abel Mamani, secretario ejecutivo de la fejuve El Alto,abril de 2005.

50 Carlos Crespo Flores, “Aguas del Illimani y resistencia social”, La Paz,mimeo, 2004.

Ciudad de El Alto


otro lado, se firmó un contrato entre la ex empresa SAMAPA yAguas del Illimani, por medio del cual se le otorga a la nuevaempresa la infraestructura que era propiedad de los municipios.51

Esta entidad está integrada por los siguientes inversionistas:

Tanto desde el Gobierno y la cooperación internacionalcomo desde el sector privado existe una valoración absoluta-mente positiva de la concesión de La Paz, por su enfoque orien-tado a los pobres (pro-poor) y el cumplimiento de las metas fi-jadas.52 El Banco Mundial considera que el sistema condominialimplementado en la ciudad de El Alto permite reducir costosy de esta forma beneficiar a los sectores más pobres de la po-blación.53 Por su parte, según la revista boliviana Nueva Eco-nomía, Aguas del Illimani aparece entre las empresas que ven-cieron la crisis por su capacidad de inversión en servicios,bienes no transables y por su rentabilidad estable y segura;54

además de optimizar gastos operativos, intensificar el uso detecnología, reducir personal, maximizar el uso de recursosmateriales, en suma implementar modernos sistemas de ad-ministración y gestión empresarial (Nueva Economía, 14 al 20de agosto de 2000, citada en Crespo Flores, 2004).55

51 “14 razones para romper el contrato con Aguas del Illimani”, fejuve ElAlto.

52 Nickson, 2001, citado en Crespo Flores, “Aguas del Illimani…”.53 Foster, 2001, citado en Crespo Flores, “Aguas del Illimani…”.54 Crespo Flores, op. cit.55 El autor recuerda que años antes, el entonces alcalde paceño Germán

Monroy, al inaugurar un sistema de agua potable afirmaba: “Estamos in-augurando un modero sistema de agua potable para los pobres, para lasvillas, para nuestros queridos paceños, por ellos destacamos el trabajo deAguas del Illimani” (Última Hora, 18 de enero de 1998). Dos años despuésde la concesión, el entonces gerente de Aguas del Illimani (AISA) remarcabaque “los principales beneficiarios del ingreso de un operador privado enel sector son los estratos sociales más necesitados y con menor capacidadeconómica” (La Razón, 10 de febrero de 1999). Y en 2002, el nuevo gerente,Arnaud Bazire, al evaluar la gestión de Aguas del Illimani señalaba: “Elobjetivo era demostrar que la Lyonnaise des Eaux puede también ocupar-se de zonas difíciles” (Poupeau, “La privatisation…”).

277

En un boletín de prensa fechado el 10 de marzo de 2005,en medio de los conflictos en la ciudad de El Alto –“Bilan desactivités d´Aguas del Illimani (Suez) en Bolivia”– la empresafrancesa indica:

(…) Desde 1997, Aguas del Illimani realizó 87.000 conexiones deagua potable, de las cuales 57.000 fueron en El Alto. En alcantarilla-

Sociedad original (1997) Sociedad modificada (2001)

Empresa o sector % Empresa o sector %

Lyonnaise des Eaux (France) 35 Lyonnaise des Eaux 54 (*)(hoy llamada Ondeo)56

Sociedad Comercial 18 Bolivian Investment 22del Plata (Argentina) Corporation (BICSA)

Bolivian Investment 20 Inversora en Servicios S.A. 9Corporation (BICSA)

Meller S.A. (Argentina) 12 CONNAL S.A. 5

Consultora Nacional 5 Trabajadores de Aguas del 2 (*)(CONNAL S.R.L. Boliviana) Illimani (con más de dos

años de antigüedad)

Arousa (filial del Banco de 10 Internacional Finance 8Galicia en Argentina) Corporation (IFC) 57

TOTAL 100 TOTAL 100

(*) Una presentación de AISA el año 2004, señala que las acciones Suez son del 55% y los trabajadoressólo el 1% (Aguas del Illimani, 2004). Fuente: Crespo Flores, op. cit.

56 En Argentina, Indonesia y Filipinas se denunció el incumplimiento delos acuerdos con los gobiernos de dichos países, reclamos relacionadoscon la no conexión de las cañerías comprometidas y el excesivo costo delas conexiones (Tunup@ 57, Boletín Informativo de la Fundación Solón,La Paz, 7 de enero de 2005 y Tunup@ 60, La Paz, 21 de enero de 2005).

57 La participación se oficializó en abril de 2001, un año después de la“guerra del agua en Cochabamba”. El Banco Mundial ya había mostra-do interés por la concesión de Aguas del Illimani y con su entrada bus-caba dar buenas señales a las compañías inversionistas, una suerte de“sello de aprobación” en países en riesgo, K. Bakker, entrevista, citadoen Crespo Flores, “La concesión…”.

Ciudad de El Alto


do fueron realizadas 69.000 conexiones, 47.000 de ellas en El Alto.Esto representa una tasa de conexión media anual casi tres vecessuperior a la de la gestión pública anterior a la conexión. Las tarifasde agua, fijadas en dólares antes del comienzo de la concesión porel Estado boliviano, no aumentaron desde 1997; actualmente lastarifas en vigor en La Paz y El Alto son inferiores a las de otrasgrandes ciudades bolivianas, como Santa Cruz o Cochabamba. (…)En siete años, Aguas del Illimani invirtió $us 63 millones en infra-estructura de agua y alcantarillado.(…) Desde el comienzo de la concesión, 92% de los recursos gene-rados por la empresa fueron revertidos a la comunidad boliviana,sea a través del Estado (65% en impuestos, inversiones y alquile-res), sea en remuneración al personal (20%) o en suministros (7%).(…) Aguas del Illimani ha sobrepasado sus compromisos contrac-tuales para actuar a favor de las poblaciones desfavorecidas en cier-tos distritos de El Alto fuera del área servida. En este sentido, laempresa destinó en abril de 2004 una donación de $us 3 millonesdel Gobierno suizo, destinado al financiamiento de nuevas conexio-nes de agua y alcantarillado, a una zona adyacente al perímetro delservicio.

Finalmente, en el documento se llega a la siguiente con-clusión: “Aguas del Illimani posee las tasas de cobertura másaltas del país: 98,85% en agua potable y alrededor del 80% enalcantarillado en la zona de concesión”.

Sin embargo, el conflicto surge porque hay aproximada-mente 200 mil personas en la ciudad de El Alto, técnicamentefuera del “área servida” establecida en el contrato. En opiniónde Sara Grusky58 –miembro la Water for All Campaign– “elloscrearon artificialmente el ‘área servida’ donde la empresa tie-ne efectivamente responsabilidad.59 De este modo, la empresa

58 Comunicación informal.59 Para 2001 se estableció en El Alto una cobertura de 82% y 41% en agua

potable y alcantarillado respectivamente. El problema es que El Alto seha expandido y Aguas del Illimani se niega a prestar servicio fuera delárea servida, excepto que los vecinos o financiamiento externo cubranlos costos.

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no falla técnicamente en relación a la obligación contractual,pero deja de sostener estándares que hacen a una compañíasocialmente responsable. Adicionalmente, hay 70 mil perso-nas dentro del ‘área servida’ que no pueden pagar los honora-rios de conexión, en 2001 de $us 196 para agua potable y $us249 para alcantarillado, lo que totaliza $us 445 cuando el sala-rio mínimo en Bolivia es de $us 60 mensuales”. Por su parte,el asesor técnico de la FEJUVE, Julián Pérez, describe de estaforma los cambios que, según el sector que representa, acom-pañaron el proceso de privatización del servicio de agua en laciudad de El Alto:

El cambio de SAMAPA a Aguas del Illimani conllevó cam-bios en varios aspectos. Uno es el tema de los costos de co-nexión; los costos de conexión que cobraba SAMAPA eran infe-riores a $us 335 para agua potable y alcantarillado. A partir de2001, con la empresa Aguas del Illimani, los costos de conexiónsuben a $us 445. Esto, en la ciudad de El Alto, representa in-vertir ocho salarios mínimos para poder conectarse. Por otrolado, las expectativas de que quienes no poseían agua iban atenerla con la empresa privada se vieron frustradas. No hayprácticamente una extensión de la red, sino nuevas conexio-nes donde ya existía la red. Por eso no hay posibilidad de quegente que está fuera de la denominada “área servida” puedacontar con el servicio de agua potable… pero el contrato deconcesión dice muy claramente que el área de concesión estácompuesta por los municipios de La Paz y El Alto según elplano de esas ciudades de 1994 (utilizado en la Ley de Partici-pación Popular), luego la empresa –con la complicidad de laSuperintendencia de Servicios Básicos– hace aparecer el “áreade concesión” y el “área servida” (por SAMAPA, antes de laprivatización) como dos cosas separadas.60

Por otra parte, las tarifas fueron reajustadas –antes de laconcesión– en un 57,70% para uso doméstico, 17,88% para uso

60 Entrevista, La Paz, abril de 2005.

Ciudad de El Alto


comercial y 21% para uso industrial.61 El precio de las conexio-nes y la población excluida de la red de agua –más que el pre-cio de las tarifas– ha sido el eje de los cuestionamientos de laFEJUVE. Además, agrega Grusky, Aguas del Illimani cuenta en-tre sus inversiones los préstamos recibidos por el Gobiernoboliviano para proyectos en La Paz y El Alto: $us 15 millonesdel Banco Interamericano de Desarrollo, $us 15 millones delBanco Mundial y $us 10 millones de la Corporación Andinade Fomento (CAF). Lo que totaliza $us 40 millones.

De acuerdo con la FEJUVE, “la adjudicación de SAMAPA aAguas del Illimani no fue un proceso transparente, marginó laparticipación de la sociedad civil y del municipio, y ademásvulneró las normas legales del país”.62 Según la organizaciónvecinal, “la convocatoria a la concesión se realizó en base a unestudio realizado por el banco Paribás de Francia bajo el se-guimiento de la Superintendencia de Aguas (creada un mesantes de la concesión); por lo tanto no hubo posibilidad deanalizar los términos de referencia y promover un proceso dediscusión pública como se esperaría de un proceso transpa-rente en una sociedad democrática”. El único proponente a lalicitación fue Lyonnaise des Eaux-Aguas del Illimani. Los mu-nicipios fueron relegados por el Ministerio de Capitalizacióny la Superintendencia de Aguas a través del Decreto Supremo24663. La privatización de SAMAPA fue una condición del BancoMundial, el BID y el FMI para la renegociación de la deuda exter-

61 La expulsión de Aguas del Tunari en Cochabamba –debido al fuerteaumento de las tarifas– modificó la estrategia de los funcionarios de laSuperintendencia, elevando en este caso las tarifas antes de la entregaen concesión de la empresa.

62 “14 razones para romper el contrato con Aguas del Illimani”, fejuve ElAlto. Además, Crespo Flores (“Aguas del Illimani…”) señala que el DS24663, que establece ajuste a los procedimientos de licitación públicainternacional para la participación privada, fue emitido el 21 de juniode 1997 y publicado en la Gaceta Oficial No 2008 el 23 de junio de1997,con anticipación de sólo tres días a la presentación de ofertas, que sellevaría a cabo el 26 de junio de 1997.

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na en 1996.63 Así, pese al discurso de la descentralización, losactores más interesados en el tema –municipio y organizacio-nes vecinales– fueron excluidos de la licitación y de las deci-siones estratégicas, centralizándose todas las decisiones en elMinisterio de Capitalización, donde se elaboraron todas lasreglas del juego para la concesión.64

Una de las grandes preocupaciones de la empresa es elbajo consumo de la población en El Alto. Mientras en la ciu-dad de La Paz el consumo es de 140 lts/hab/día, en El Alto essólo de 44 lts/hab/día. La vivienda tipo en El Alto sólo poseeun punto de agua, normalmente en el patio, sin instalacionessanitarias. Atribuyen a factores socioculturales (“los aymarasno tienen costumbre de bañarse, por el frío”).65 Sin embargo,todo apunta a que son razones socioeconómicas no tomadasen cuenta por el consorcio cuando realizaban sus estudios deproyección del consumo:

El consumo de agua es muy bajo, los vecinos tienden atener sólo un punto de agua (normalmente en el patio), resis-tiéndose a instalar sanitarios, duchas, lavanderías, por el ma-yor costo que les implicaría. Por otro lado, no se debe olvidarque esta es una ciudad dormitorio, por tanto la población sólollega para dormir. Adicionalmente, instalar una ducha impli-caría pagar por el consumo de energía eléctrica.

Un mayor consumo les implica un gasto extra, que la crí-tica economía alteña no podría soportar. El Alto se halla entrelas ciudades con mayores índices de pobreza en el país.

Por otro lado, en El Alto no existe un adecuado declive,por tanto el arrastre de los desechos requiere mayor cantidadde agua. Como el consumo es bajo, son frecuentes los tapona-

63 Documento de la supervisión del crédito 2187-BO del Banco Mundial,citado en Lora, “Nacionalizar el agua”, en El Juguete Rabioso, N° 124,La Paz, 6 al 19 de marzo de 2005.

64 Crespo Flores, “Aguas del Illimani…”.65 Crespo Flores, “La concesión de La Paz a los cinco años; elementos para

una evaluación”, Cochabamba, mimeo, 2004.

Ciudad de El Alto


mientos de la alcantarilla, generando malos olores, en muchoscasos dentro la vivienda pues en varios lugares la tubería pasapor medio de la vivienda.

En 2000, representantes de Aguas del Illimani declararon queEl Alto era “el peor consumidor del mundo” y Álvaro LarreaAlarcón, ingeniero del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,indicaba que “es primordial enseñarle a la población que debeacostumbrarse a pagar las facturas de agua. Una persona crecesin agua y va a las instalaciones públicas o al río. Se habitúa aeso y a no tener agua dentro de la casa. Es una cuestión de cul-tura. Hay que enseñarle a la gente a bañarse una vez por día, aregar las plantas y a lavar el auto”.66 Por esa época se indicabaque “la población de El Alto tiene malos hábitos porque creeque el servicio debería ser gratuito”. En este contexto, Aguasdel Illimani argumenta que el servicio de El Alto produce pér-didas a la empresa: sólo recauda Bs 5 millones al año, que nocubren los gastos operativos: “sólo la necesidad de mantener laimagen de la empresa los mantiene en la zona”.

Sin embargo, un informe de la calificadora de riesgo de FitchRatings Corporales América Latina,67 de octubre de 2004, men-ciona entre los fundamentos de la calificación el “monopolionatural en el territorio de operación (La Paz y El Alto)”, el cualfue dado en concesión por treinta años “con metas y tarifas quehan sido reajustadas por la Superintendencia de SaneamientoBásico para el periodo 2002-2006”, además el contrato de conce-sión “garantiza la rentabilidad de sus inversiones”. Adicional-mente –continúa el informe de Josseline Jenssen–, “la empresaespera incrementar sus ventas fuera del área servida, las mis-mas que son financiadas con donaciones del exterior”. Las uti-lidades en 2003 fueron de $us 2,6 millones, mostrando una ten-

66 “Comenzó la guerra del agua en El Alto”, Indymedia Bolivia, 29 no-viembre de 2004, en www.bolivia.indymedia.org/es/2004/11/13381.shtml.

67 www.fitchratings.com.bo.

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dencia creciente que continuó en 2004, cuando las utilidadesascendieron a $us 2,1 millones sólo en el primer semestre.

Aunque en el contrato se establece que las tarifas debenser “justas y equitativas” (10.2.2.), los principios que guían ladeterminación de las tarifas son la eficiencia económica, la via-bilidad financiera y la simplicidad y transparencia; es decir,criterios económicos y de ganancia, lo social está ausente. Deesta manera, antes de la concesión existía una tarifa básica hasta10m3, hoy se cobra por metro cúbico consumido, ignorandocriterios de solidaridad y equidad. Por otro lado, las tarifasestán indexadas al dólar estadounidense, según el primer díadel periodo de facturación (anexo 10. Numeral 1.4.).68

Uno de los proyectos piloto estrella implementados porla empresa francesa es el mencionado sistema condominial,con financiamiento del BID, originalmente desarrollado enBrasil y ofrecido en El Alto como “un sistema que ha tenidoéxito en el mundo”. El sistema está pensado como un mode-lo de instalación pro-poor de agua potable y saneamiento quebusca reducir los costos e implica la participación de los po-bladores en la instalación y mantenimiento de la red a travésde las juntas de vecinos. El modelo consiste en la instalaciónde sistemas de agua y alcantarillado que carecen de las tradi-cionales matrices en medio de las calles secundarias; las tu-berías pasan por medio de la vivienda o la acera, con diáme-tro menor y van directamente a la tubería mayor en la calleprincipal. Los vecinos se encargan de mantener el sistema yel costo es un 30% menor al costo de instalación normal. Sinembargo, el sistema es cuestionado por ser un “sistema desegunda para gente de segunda”, promovido por el BancoMundial, según Julián Pérez.

Costo de instalación de agua potable y alcantarillado paraun vecino en Villa Ingenio, una de las áreas donde se ha insta-lado el sistema pro-poor:

68 Crespo Flores, “La concesión…”.

Ciudad de El Alto


El sistema ha traído muchos problemas, ¿por qué? el sistemacondominial baja el diámetro de las tuberías –de 10 a 6 pulgadas–,El Alto es relativamente plano y la profundidad de excavación ycolocado de estas tuberías ha sido relativamente superficial, enton-ces no ha tenido la pendiente necesaria, todo eso para bajar los cos-tos. Entonces la mierda ha retornado a las viviendas debido a lapoca pendiente y el poco consumo de agua en El Alto, entonces esuna solución de segunda para gente de segunda, como siempre haconsiderado Aguas del Illimani a la gente de El Alto.69

Para Poupeau,70 detrás de las políticas pro-poor (privadas)se engendra un sistema dual: los ricos –y los sectores medios–se benefician de las instalaciones públicas mientras que los sec-tores más pobres son incitados a “soluciones colectivas”, a

Conexión de agua y alcantarillado$us 135$us 105Número de cuotas6060Cuota mensual (con intereses)$us 2,25$us 1,75

Además, el vecino pagó Bs 45 ($us 6,6) como aporte en materiales y puso sumano de obra en la instalación (5 días x Bs 20 = 100 Bs).Adicionalmente este vecino debe realizar el mantenimiento de su sistema pe-riódicamente 1 día x mes x Bs 20 = Bs 20/mes ($us 2,9) x 12 meses = $us 34,8x 5 años = $us 174.En los 5 años este vecino gastará 135 + 105 + 6,6 + 174 = $us 416,6. Es decir,más que el costo total del sistema convencional ($us 335 *) y en el que el man-tenimiento es obligación de la compañía.

* Luego de negociaciones con la empresa, el precio de la conexión anterior al aumento de 2001.Fuente: Crespo Flores, “Aguas del Illimani…”.

69 Entrevista, La Paz, abril de 2005.70 Poupeau, “La gestion de l´eau…”.

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“recuperar las formas comunitarias” basadas en la utilizaciónde su propio trabajo para conseguir el agua a “precios másaccesibles”. En ese caso la pregunta que surge es si ese traba-jo comunal está sustituyendo inversiones en beneficio de lasutilidades empresariales. Así, se puede observar –señalaPoupeau– cómo “la mitología del ayllu71 puede ser fácilmen-te ‘recuperada’ por el discurso neoliberal de las grandes ins-tituciones internacionales” como complemento de las políti-cas de privatización.

Un informe de una “comisión de expertos” de SAMAPAresidual72 observa que no existe documento alguno que vincu-le al concesionario directamente con los gobiernos municipa-les de La Paz y El Alto, excepto aquel que deriva de la relaciónusuario-proveedor del servicio. Adicionalmente emite una se-rie de conclusiones:

Se observan “transgresiones graves” a la base de la licita-ción, entre ellas se menciona que “fueron introducidos cam-bios en la redacción de los contratos, modificando la que acom-pañaba la propuesta del concesionario, notándose que dichoscambios no se encuentran amparados legalmente”.

Se demuestra una sobrevaluación de las tarifas cobradaspor Aguas del Illimani, respecto a las aprobadas para SAMAPA,cercana al 20% de exceso.

Se demuestra que una porción de la tarifa, calculada en elEstudio de Mejoramiento Tarifario (noviembre de 1996) esta-ba destinada a la remuneración por los activos de SAMAPA (laantigua empresa municipal) y hoy es parte componente de losingresos anuales de Aguas del Illimani.

71 Ayllu: organización comunitaria tradicional del mundo andino basadaen la línea de parentesco y mediante la cual se regula el acceso familiara los recursos territoriales, las responsabilidades públicas locales y lasfundamentales fidelidades culturales e históricas. Los ayllus están com-puestos de decenas de comunidades que tienen como núcleo funda-mental a la unidad domestica rural.

72 Análisis de la “Comisión de expertos” convocada por la Alcaldía de LaPaz, abril de 2000.

Ciudad de El Alto


Se demuestra que la exclusión del alcantarillado pluvialcomo obligación del concesionario ha ocasionado una contra-dicción en el contrato y un vacío en las obligaciones para aten-der las necesidades de su construcción y mantenimiento, elcual resulta oneroso para la Alcaldía y la ciudad.

Uno de los barrios que carecen de agua potable y alcanta-rillado es la urbanización Solidaridad, ubicada en el distritoseis de la ciudad de El Alto. Se trata de una de las zonas máspobres de la ciudad, ubicada en la periferia y poblada por cam-pesinos migrantes, sin trazado de calles ni luz eléctrica y afec-tada por una doble marginalidad: ser un área marginal dentrode una ciudad marginal. Los pobladores de esta urbanizacióncarecen de títulos de propiedad, razón por la cual la FEJUVE noreconoce a sus dirigentes barriales dentro de sus estructuras or-gánicas.73 Pero además este barrio tiene una particularidad: seencuentra a menos de 100 metros de la planta de Aguas delIllimani. Las opciones para conseguir agua son dos: un peque-ño pozo o un caño que viene de la planta, pero que general-mente provee agua sucia (ver fotos). Los baños públicos –cons-truidos por la cooperación francesa– no están habilitados debidoa la falta de conexión a la red de agua corriente, prometida porla Alcaldía, pero que todavía no se ejecuta.

Con lo que bota la empresa lavamos nuestras ropas. Hacemos fila,a veces tenemos que esperar horas hasta que llega agua limpia.74

Acá no tenemos agua, ni siquiera en la escuela [un edificio de dospisos, bien construido]. Cuando no hay más agua en el pozo, vamosal caño, de donde sale agua sucia, que incluso percude nuestra ropa.75

73 “Efectivamente, si la junta vecinal no tiene al día el título de propiedadsobre los terrenos, no se puede afiliar a la fejuve, pero en muchos casosesta entidad ha estado tomando en cuenta a esta gente porque son per-sonas que viven en la ciudad de El Alto” (entrevista con Julián Pérez,La Paz, abril de 2005).

74 Entrevista con vecina del barrio (vecina 1, El Alto, abril de 2005).75 Entrevista con vecina 2, portera de la escuela, El Alto, abril de 2005.

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El río [seco] es nomás nuestro baño público. Ese pocito es lo quenos abastece de agua [no potable]. Hay días que nos quedamos sindesayunar o sin almorzar hasta que se llena el pozo. Aguas delIllimani se creen reyes. Nos quieren cobrar en dólares como si fué-ramos extranjeros. Pero todos sabemos que el agua no se fabrica. ElSeñor del cielo la provee. Entonces por qué la tenemos que pagaren dólares. Estamos pidiendo una o dos piletas públicas de emer-gencia. Tampoco tenemos luz, andamos en tinieblas. Alguna vezhemos ido a la empresa con un balde para pedir que nos den unpoco de agua y nos respondieron: ‘Acá no se regala agua, hagan eltrámite para tener agua’.76

El día que visitamos la comunidad junto a dirigentes de laFEJUVE era la primera que su presidente, Abel Mamani, reco-rría la zona. “Agradecemos la presencia del compañero Ma-mani, que es la primera vez que viene al barrio”, enfatizó OrtizSilva y cada uno de los vecinos que hizo uso de la palabra,poniendo de relieve el cuestionamiento tácito a la dirección dela FEJUVE y el sentimiento de abandono que atraviesa a los ha-bitantes de esta zona periférica de El Alto. “La FEJUVE se com-promete a ayudar pese a que en estos barrios los vecinos notienen títulos de propiedad. Asumimos aquí el compromisode conformar un directorio y acreditar a la junta vecinal antela FEJUVE”, prometió al final de la visita uno de los dirigentesque acompañaba a Mamani.

Solidaridad –desde donde, pese a no “estar conectado”, sepuede visualizar el agua que, provocativa e inalcanzable fluye“inodora, incolora e insípida” de las cañerías de la planta, trasel alambrado que separa a la empresa del barrio– es uno de lossectores que forman parte de las 200 mil personas que no po-seen conexión a la red. En febrero de 2003, las oficinas de AISAen El Alto fueron quemadas por la multitud en el contexto de larevuelta contra el denominado “impuestazo” que pretendíaaplicar Sánchez de Lozada. Este hecho se explica por la pésima

76 Entrevista con Carlos Ortiz Silva, dirigente barrial, El Alto, abril de 2005.

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opinión de los usuarios. Así, “la empresa que roba nuestra agua”se fue construyendo como uno de los marcos interpretativos quecontribuyó a conformar el imaginario movilizador de enero de2005, cuando la ciudad de El Alto se movilizó reclamando laexpulsión “inmediata” del consorcio francés.

5. El conflicto: la “guerra del agua” contra Aguasdel Illimani

A partir de las jornadas de octubre de 2003, la FEJUVE alteña seconstituyó en un sujeto político y en un movimiento social coniniciativa histórica, es decir, con la capacidad de plantear en laagenda de discusión pública temas de carácter social, econó-mico y político, con un amplio poder de convocatoria y movi-lización. Con la elección del nuevo Comité Ejecutivo, la FEJUVEcomenzó la redacción del nuevo pliego petitorio para ser pre-sentado al Poder Ejecutivo. En este contexto, el tema del aguafue incorporado por las juntas vecinales en el marco de un dis-curso sobre la “recuperación de los recursos naturales” paralos bolivianos. El agua se introdujo, entonces, como cuestiónde debate a nivel vecinal, girando alrededor del rechazo a laprivatización de los servicios de agua y alcantarillado realiza-da durante el primer mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada(1993-1997).

Entonces las juntas vecinales decidieron movilizarse. Pri-mero porque consideraron “un abuso” el precio cobrado porlas conexiones (ver supra); segundo, porque muchos vecinospresentaron denuncias de cobros ilegales por una cantidad delitros cúbicos de agua que en realidad no habían consumido.En las inspecciones realizadas en diversos barrios de El Alto,con la presencia de representantes de la Superintendencia deSaneamiento Básico y el Viceministerio de Servicios Básicos, de-legados de la empresa y de las juntas vecinales se comprobó lafalta de mantenimiento del alcantarillado. Los reclamos alu-

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dían al hecho de que la empresa se había comprometido a es-tablecer un determinado número de conexiones en las ciuda-des de La Paz y El Alto –en lo que se llamó el “área de conce-sión”– y había incumplido su compromiso. Por otro lado, selogró determinar que las inversiones que supuestamente ha-bía realizado Aguas del Illimani en realidad provenían de “cré-ditos blandos”, que el mismo Gobierno boliviano había ayu-dado a conseguir, provenientes de entidades financieras comoel Banco Mundial, la CAF o el BID.

De esta forma, las juntas vecinales propusieron la expul-sión de Aguas del Illimani por la falta de respuesta ante los pe-didos de conexión de agua y alcantarillado, y porque conside-raron que la empresa “se apropió del trabajo de los vecinos,quienes de forma autónoma no sólo compraron los elementosnecesarios sino que se encargaron de la instalación de las redesde tuberías… y luego la empresa –sin invertir mucho– colocómedidores y cobró por el servicio”.77 Por ejemplo, en la zonaFranz Tamayo –ubicada en el distrito cuatro– se estableció quela inversión para la conexión de agua potable había estado acargo de los mismos vecinos, quienes pagaron 56 mil dólares,que en gran parte provinieron de financiamiento español; laempresa Aguas del Illimani había invertido solamente 6.600dólares, apropiándose a la larga del esfuerzo vecinal al cobrarsobre la conexión realizada por los habitantes de la zona.78 Engran medida, las juntas vecinales tuvieron como tarea fundamen-tal, desde sus inicios, la resolución de los problemas de dotaciónde servicios básicos, como la electricidad, el agua y el alcantari-llado, poniendo en práctica formas de autogestión vecinal.

77 “Las conexiones de agua potable las han hecho los mismos vecinos,que incluso compraron los materiales. Pero Aguas del Illimani dice queeso es inversión de ellos” (Abel Mamani, declaraciones 29 de abril de2005, El Alto). En muchos barrios las juntas vecinales –como OTB– uti-lizaron dinero proveniente de la Participación Popular para actuar comocontraparte e instalar la red de agua en los barrios.

78 Tunup@ 53, Boletín Informativo Fundación Solón, La Paz, 2005.

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Se realizaron varias reuniones entre el Ejecutivo, la Super-intendencia de Saneamiento Básico y los representantes de laFEJUVE en la sede de la Prefectura alteña, las cuales resultaroninfructuosas. El Estado se comprometió a la revisión del con-trato con la empresa francesa, pero se resistía a dar paso a laexigencia vecinal sobre la salida definitiva de Aguas del Illi-mani.79 En vista de esta situación, la organización vecinal con-vocó a un “paro cívico movilizado” de 24 horas para el 8 denoviembre de 2004, como un preludio de las movilizacionesque sobrevendrían después.

La respuesta gubernamental no varió: se continuó con lapropuesta de “revisar el contrato”. La FEJUVE conminó a losrepresentantes estatales a presentar, antes del 10 de enero de2005, los resultados de la revisión y el inicio de los procesos determinación del contrato con la empresa transnacional. El 5 deenero, representantes de las juntas de vecinos, del Gobierno,de derechos humanos y el Superintendente de Saneamientointentaron llegar nuevamente a un acuerdo. La iniciativa vol-vió a fracasar.

Entretanto, la dirigencia de la FEJUVE estableció diversospactos y alianzas con otros sectores sociales como la Coordi-nadora de Defensa del Agua y de la Vida de Cochabamba.80

Desde el 4 de enero de 2005, diversas organizaciones se unie-ron a los vecinos alteños para apoyarlos en sus demandas: laFederación Departamental de Mujeres Campesinas de La PazBartolina Sisa, la Federación Sindical de Trabajadores Campe-sinos de La Paz Túpac Katari, la COR El Alto, la Central Obre-ra Departamental de La Paz, el sindicato de transporte pesadoe interprovincial, los microempresarios, la Federación de laPrensa de El Alto, los pesqueros de cinco provincias paceñas,

79 La Prensa, 1 de septiembre de 2004.80 Sobre la “guerra del agua” en Cochabamba (2000) ver, entre otros,

Raquel Gutiérrez Aguilar, “La Coordinadora en defensa del Agua y laVida. A un año de la guerra del agua”, en varios autores, Tiempos derebelión, Muela del Diablo editores, La Paz, 2001.

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los estudiantes de la UPEA, trabajadores sin jubilación, mine-ros, juntas vecinales de la zona sur, de las laderas paceñas y deViacha.81 Todos estos sectores se comprometieron a apoyar lasmovilizaciones “no sólo moral, sino materialmente” y de ahísurgieron instructivos para la realización de bloqueos de ca-rreteras, barricadas, mítines y marchas de protesta.

En la reunión del 4 de enero de 2005, con la presencia desiete organizaciones, se redactó un pliego petitorio que unifi-caba varias demandas; entre ellas la salida inmediata de Aguasdel Illimani, el juicio de responsabilidades a Gonzalo Sánchezde Lozada (por la represión estatal en octubre de 2003), la na-cionalización de los hidrocarburos (gas y petróleo), la abroga-ción de un decreto que incrementaba el precio de los carbu-rantes y el rechazo a la aprobación de la inmunidad para lossoldados estadounidenses, entre los diecisiete puntos.82

Por su parte, el Gobierno, en un último intento de mante-ner el diálogo, convocó a la gerencia de Aguas del Illimani parainiciar la revisión del contrato, para lo cual se aprobó el Decre-to Supremo 27965, que ordenaba la revisión del contrato sola-mente en dos aspectos: la metas de expansión del servicio y elmonto de las tarifas, lo que fue rechazado por las juntas veci-nales.83 Cuando finalmente se estableció la mesa de negocia-ción, las autoridades gubernamentales acusaron a la dirigenciade FEJUVE de tener vínculos con algunas personas del MNR,que respondían al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.84

De forma inmediata, las juntas decidieron suspender las ne-gociaciones y la dirigencia de la FEJUVE, a la cabeza de AbelMamani, exigió que el Ejecutivo presente una retractación pú-blica sobre dicha afirmación.

A pesar de que el Gobierno ofreció sus disculpas por lasacusaciones vertidas contra los dirigentes alteños y un día an-

81 La Prensa, 9 de enero de 2005.82 La Prensa, 9 de enero de 2005.83 La Prensa, 7 y 8 de enero de 2005.84 La Razón, 7 de enero de 2005.

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tes de la movilización afirmó estar dispuesto a revisar el contra-to en su integridad, pese al ofrecimiento del Banco Mundial de25 millones de dólares para ampliar la cobertura de agua y al-cantarillado,85 y de la asistencia del prefecto del departamentode La Paz, Nicolás Quenta, a la localidad alteña de Senkata (dis-trito ocho) para iniciar los trabajos de instalación de agua pota-ble, el paro cívico fue confirmado, mientras otras organizacio-nes como la COR iniciaban marchas de protesta.

El 10 de enero se inició el “paro cívico movilizado” en laciudad de El Alto. Los representantes de las juntas de vecinosse congregaron desde las ocho de la mañana en la Ceja –zonacercana a la autopista– convocando, a través de megáfonosinstalados en las puertas de la FEJUVE, a los demás vecinos aque se sumaran a la medida de protesta; pronunciándose ade-más sobre el mensaje que el presidente de la República, CarlosMesa, había pronunciado la noche del domingo y en el marcodel cual denunció a las organizaciones en movilización como“minorías eficaces”.

A la concentración se sumaron, paulatinamente, represen-tantes de varias zonas, las cuales se hicieron presentes con susrespectivos estandartes. En casi todos los barrios de El Alto sedesplegaron bloqueos de las principales calles y avenidas, conbarricadas construidas y vigiladas por los vecinos organiza-dos por turnos; las siete vías de acceso a la ciudad quedaroncerradas por las juntas vecinales. Los representantes de laFEJUVE se movilizaron en todos los puntos de bloqueo cerca-nos a la Ceja. En otras zonas los vecinos movieron piedras yutilizaron alambres para obstruir las avenidas principales, deforma tal que la avenida Juan Pablo II, la 6 de Marzo y lascarreteras a Senkata y a Viacha quedaron totalmente bloquea-das. Por su parte, el Ejecutivo movilizó a la Policía hacia laautopista La Paz-El Alto ante la amenaza de los alteños de “to-mar las casillas del peaje”.

85 La Razón, 6 de febrero de 2005.

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El primer día, el bloqueo fue contundente, sin embargo, elgerente de operaciones de Aguas del Illimani afirmaba que el 97%de las instalaciones de servicios de agua comprometidas se ha-bían realizado.86 La Central Obrera Boliviana (COB) también con-vocó a movilizaciones en apoyo a las demandas alteñas y tam-bién contra el alza de los carburantes, este llamamiento se tradujoen marchas de protesta en por lo menos cuatro ciudades.

Durante la segunda jornada de movilizaciones, bajo unaintensa lluvia, el bloqueo de avenidas fue total, nuevamenteen todos los distritos los vecinos se apostaron a los costadosde los caminos y realizaron turnos para mantener las barrica-das. Inclusive el bloqueo llegó casi hasta La Portada, una zonaque está entre el límite de la ciudad de El Alto y La Paz.87 Estavez, los mercados amanecieron cerrados.

Las marchas también continuaron y las juntas –aplicandoel método de la “disciplina vecinal”, tomado del sindicalismocampesino– recorrieron las calles anunciando por megáfonoel objetivo de la movilización. Esta protesta pudo impedir eltránsito vehicular en su totalidad. Las marchas vecinales con-tinuaron realizándose después de mítines organizados por lasjuntas. Por ejemplo, en la zona 16 de Julio, caracterizada porser un sector comercial, todas las actividades fueron suspen-didas. Los representantes de junta se encargaron de hacer cum-plir los instructivos de movilización emanados desde la FEJUVE,inclusive se protagonizó una “toma pacífica” de una de las ofi-cinas de la empresa de aguas. Estudiantes de la UPEA se hicie-ron presentes para demostrar su apoyo a las medidas convo-cadas por las juntas vecinales, cerca del peaje, encendiendofogatas.88 Por la tarde, el Ejecutivo hizo llegar una propuesta através de una carta firmada por el presidente de la República,Carlos Mesa, que planteaba:

86 La Razón, 11 de enero de 2005.87 La Prensa, 12 de enero de 2005.88 Indymedia Bolivia, enero de 2005.

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El Gobierno iniciará la terminación del contrato de concesión conAguas del Illimani en forma concertada, por las vías legales que leasistan y que sean consistentes con las legítimas pretensiones y ne-cesidades de servicios básicos de las ciudades de La Paz y El Alto.

En defensa de su propuesta, el Ejecutivo arguyó que debe-ría realizarse un acuerdo en términos “amistosos” con la em-presa y de forma concertada.89 La FEJUVE convocó a un amplia-do urgente de todos los representantes de las zonas movilizadaspara discutir y decidir una respuesta a la proposición guberna-mental. Tras una tensa discusión, entre silbatinas y aplausos,siete de los ocho distritos anunciaron el rechazo categórico a lacarta enviada por el gobierno, mientras uno propuso un tiempomás amplio para la discusión. Por mayoría, la carta fue consi-derada “ambigua” y que no respondía al pedido de “salida in-mediata de la empresa”, resolviendo continuar con el paro cívi-co y dar un plazo de 24 horas al gobierno para la redacción deun decreto que cumpliese con los pedidos de los vecinos alteños.En caso contrario, anunciaron “una marcha multitudinaria”hasta la ciudad de La Paz. Después de estas resoluciones, elampliado se disolvió en tanto que varios grupos de vecinos aúndiscutían sobre lo determinado. Mientras esto ocurría, la geren-cia de Aguas del Illimani había enviado otra carta a la presiden-cia de la República, en la nota se argumentaba que “la obliga-ción de Bolivia es asegurar la protección y seguridad plenas ensu territorio a las inversiones francesas”.90

Casi de inmediato, el Gobierno –a través del director deRégimen Interior y Prevención de Conflictos, Gregorio Lan-za– anunció que estaría dispuesto a redactar un decreto en lostérminos exigidos por la FEJUVE, de esta forma inclusive se ha-

89 En un discurso posterior, en medio de la agudización de la crisis políti-ca y social en el país, Mesa sostuvo: “Usted (Abel Mamani) quiere queyo, a su lado, le pegue una patada en el trasero a Aguas del Illimani; nolo voy a hacer”.

90 La Razón, 12 de enero de 2005.

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bía pensado en apuntar un decreto con un artículo único, elcual permitiría “realizar todas las acciones necesarias para laterminación del contrato de concesión suscrito con la empresade Aguas del Illimani SA”.91 En dos oportunidades la empresase negó a “revisar el contrato”.92

El tercer día de movilizaciones se inició con una conferenciade prensa ofrecida por Abel Mamani, quien reiteró las resolucio-nes del ampliado llevado a cabo la noche anterior. Fuera de lasede de la FEJUVE, sobre todo mujeres de la zona Los Andes, exi-gían un informe público por parte de la dirigencia sobre el cursode las movilizaciones; de esta manera, en un cabildo realizado enla calle, los dirigentes pudieron comunicar a la gente congregadaque la movilización no se había levantado y que esperaban undecreto que determinase la salida definitiva de Aguas del Illimani.Mientras en La Paz, por la mañana y a convocatoria de la FEJUVEde esta ciudad, se realizaban algunos bloqueos esporádicos condiversos pedidos.93 En El Alto, cerca del peaje, los mítines conti-nuaban y algunos vecinos hacían sonar una campana para con-vocar a la demás gente al bloqueo. Desde temprano, en la aveni-da Juan Pablo II las barricadas eran vigiladas por los vecinos,quienes convocaban a los jóvenes a “hacer guardia” en el puntode bloqueo, mientras ellos realizaban una marcha.

Poco después llegó el Decreto –con el número 27973– quecontenía un artículo único que determinaba: “Proceder a la ter-minación del Contrato de Concesión suscrito con la empresade Aguas del Illimani S.A., en sujeción a las leyes bolivianas ylos términos del contrato”.

Nuevamente se realizó un ampliado en el cual los repre-sentantes de todas las zonas se hicieron presentes. Hubo po-

91 La Prensa, 12 de enero de 2005.92 Miguel Lora, op. cit.93 Los cuales pedían la salida de las transnacionales o no al “dieselazo”,

medida implementada por el gobierno a partir de los últimos días dediciembre y que subía el precio de los carburantes entre un 10% y 30%(La Prensa, 13 de enero de 2005).

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siciones encontradas respecto a esta respuesta, algunos diri-gentes sostenían que el decreto era igual que la carta recha-zada el día anterior. Tras no pocas discusiones,cuestionamientos y algunos incidentes –por exigencia de laspersonas que se hallaban en las afueras de FEJUVE– se escri-bió una enmienda al decreto gubernamental, según la cualse debía añadir la frase “de manera inmediata” con el propó-sito de establecer un tiempo para la salida de Aguas delIllimani, lo que según los vecinos, tal y como estaba redacta-do, el decreto no aseguraba.

En el balcón de FEJUVE, Abel Mamani se encargó de leer laenmienda al decreto enviado por el Poder Ejecutivo. Esta correc-ción, se acordó, debía ser consultada por cada junta vecinal consus bases, dándose una respuesta final la mañana del día siguiente,jueves 13 de febrero. La marcha, que desde un inicio había pro-puesto FEJUVE, fue ratificada para la mañana siguiente. Sin em-bargo, antes de esta consulta a las bases, el Gobierno ya habíaaceptado la revisión realizada por el ampliado vecinal.94

94 La Prensa, 13 de enero de 2005. Sin embargo, la situación volvió atráscon la decisión del gobierno de realizar una auditoría previa a la resci-sión del contrato para evitar, de esta manera, juicios internacionalescontra el Estado boliviano. La fejuve terminó aceptando la auditoria,pero a la fecha persisten las discrepancias acerca de sus característicasy alcance: “Estamos en un proceso de negociación para determinar quétipo de auditoría se va a llevar adelante. Aguas del Illimani –y creemosque también el gobierno– buscan una ‘auditoría de libros’, donde ha-ces unas sumas y restas, y determinas cuánto se le debe devolver a laempresa por sus inversiones. Nosotros, como fejuve, vamos más allá yqueremos una ‘auditoría de cumplimiento de contrato’. Debemos veren el terreno que las inversiones se hayan realizado, junto con otrosfactores del contrato como la relación calidad-precio. Nosotros pensa-mos que Aguas del Illimani ha sobrevalorado algunas obras y con unacalidad baja, y eso en el contrato está penado”. En las últimas negocia-ciones realizadas entre el gobierno, la Alcaldía de la ciudad de El Altoy la de la ciudad de La Paz, se acordó que en el mes de agosto de 2005una nueva empresa mixta se haría cargo de la distribución del aguapara ambas ciudades (La Prensa, 14 de julio de 2005)

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El jueves 13 por la mañana, en otra conferencia de prensay con una gran concentración de vecinos de todas las zonasalteñas, se anunció que las medidas de presión y paro de acti-vidades entraban en un “cuarto intermedio”, esto es en unasuspensión temporal, ya que no se aceptó la declaratoria de“levantamiento” de las medidas de presión. Por otro lado, seaclaró que, aunque “suspendían temporalmente las medidas,aún pedían la respuesta a los otros puntos del pliego redacta-do con otras organizaciones”.95 La movilización hacia La Pazfue entonces denominada por los mismos vecinos “la marchade la victoria”, que congregó entre 30 y 50 mil personas quepartieron desde la Ceja de El Alto y recorrió las laderas de LaPaz con cánticos de triunfo y dinamitas, sin embargo, los veci-nos declaraban que ahora se discutiría sobre la situación delos servicios de energía eléctrica, también en manos privadas.Luego se realizó un gran cabildo en la plaza San Francisco,donde tomaron la palabra varios dirigentes tanto de la FEJUVEcomo de otras organizaciones que habían apoyado moral ymaterialmente la movilización.

En los tres días de movilización se habían realizado variosplanteamientos por parte de los vecinos respecto al manejo quedebería proponerse en caso de que Aguas del Illimani se reti-rase de El Alto. Aunque no existía un proyecto bien definido,de modo general los vecinos movilizados hablaron de controly participación vecinal en la gestión del agua, barajándose va-rias proposiciones que sugerían, por ejemplo, cooperativas parala gestión y administración de los recursos hídricos. Por otrolado, rechazaron la participación de los municipios y las trans-nacionales en el manejo o control del agua. Sin embargo, losalcaldes de El Alto y La Paz –las dos ciudades que manejanconjuntamente la provisión de agua potable– habían comen-zado a referirse a su participación dentro de los planes para lagestión de una empresa de instalación y provisión de agua, o

95 La Prensa, 14 de enero de 2005.

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un “plan metropolitano” que debía impulsarse después de tresmeses que transcurrían en la transición de la empresa de ma-nos de Aguas del Illimani a otra nueva.96

5.1. La organización vecinal

En las movilizaciones de enero de 2005 jugó un rol fundamen-tal el entramado organizativo vecinal. Como se ha señalado,las juntas vecinales son entes que han surgido a partir de pro-blemas básicos como la provisión de agua para los nuevosasentamientos; inclusive, las organizaciones vecinales han lo-grado solucionar autónomamente este tipo de cuestiones. Adiferencia de la “guerra del gas”, en las movilizaciones de enerola estructura de mandos, de dirigencias y de responsabilida-des funcionaron básicamente en torno a niveles grandes deorganización, como el directorio de la FEJUVE, presidido porAbel Mamani, hasta llegar a los más nucleares como el de lasjuntas de base. Las más de 500 juntas vecinales de la ciudad deEl Alto comenzaron a mover toda su maquinaria de moviliza-ción. Aunque basada en la experiencia de octubre de 2003, laorganización vecinal durante estas movilizaciones fue diferen-te: el eje de la movilización fueron el directorio de las juntas devecinos y toda la estructura agrupada en torno a la FEJUVE, locual ciertamente también fue influido por el hecho de que elEjecutivo tomó la decisión de no reprimir las movilizaciones.Durante las “jornadas de octubre”, el paso del mando de lasjuntas de vecinos a las redes barriales se produjo, precisamente,porque estas últimas fueron las que, ante el temor y la persecu-ción de los líderes vecinales, articularon autónoma y espontá-neamente una estructura informal de movilización defensivacontra el uso de armas de fuego por parte del Estado.97

96 La Prensa, 13 de enero de 2005; La Razón, 15 de enero de 2005.97 Poupeau (“La gestion…”) enfatiza la heterogeneidad, en términos po-

líticos y organizativos, entre las zonas más consolidadas de la ciudady las de migración reciente. Estas últimas, según Poupeau, no encajan

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Crespo Flores98 destaca que uno de los pilares del éxitoalteño ha sido contar con un equipo técnico que apoyó en laconstrucción de los contra-argumentos y las propuestas críti-cas a la concesión. Compuesto por académicos y activistas delagua, tanto de Cochabamba como La Paz, constituyó el “bra-zo derecho” de las decisiones de la FEJUVE. También ONG ela-boraron cartillas informativas sobre la cuestión del agua, lascuales –junto con un estudio realizado por algunas institucio-nes académicas– contribuyeron a fortalecer la base argumenta-tiva de la entidad vecinal matriz. “Nuevamente emergió la fi-gura del ‘intelectual activista’, cuya labor es reconstruir, poneren evidencia a los poderes dominantes”.99

Por otro lado, sostiene Crespo Flores,100 “el movimientopartió en desventaja, pues los media oficiales, particularmen-te de la ciudad de La Paz, al inicio del conflicto no dieron im-portancia al hecho”, situación que podría ser explicada a par-tir del “imaginario racista de los medios de comunicación, dedesprecio de la ‘plebe insurgente’, pero al mismo tiempo es elcansancio estatal y de la clase media, a las continuas accionesdirectas ciudadanas”. Recién con el paro total de diciembre,pero fundamentalmente con el paro indefinido de enero losalteños se convirtieron en sujetos de la noticia,101 aunque engran medida para revivir el fantasma de Cochabamba. Al igual

fácilmente en la imagen de “una ciudad movilizada y fuertementepolitizada”; situación que, a modo de hipótesis, el autor asocia a lasconsecuencias del “desarraigo” de los migrantes campesinos. La ideade que “todo se paga” –incluso los recursos naturales– forma parte delas respuestas recogidas en el barrio de Huayna Potosí, al igual queuna fuerte desconfianza en los políticos que “toca” a la propia fejuve.

98 Carlos Crespo Flores, “Los factores para la expulsión de Aguas delIllimani de las ciudades de La Paz y el Alto”, Observatorio conflictos ymovimientos sociales, CESU; UMSS; Oxfam, Gran Bretaña,Cochabamba, mimeo, 2005.

99 Ibíd.100 Ibíd.101 Ibíd.

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que durante las “jornadas de octubre” (de 2003) radios alteñascomo Huayna Tambo y Pachamama se transformaron en la ex-presión oral de los movilizados, labor complementada por me-dios alternativos en internet. Para Crespo Flores, “en general,los dirigentes y equipo técnico alteño supieron comunicar suargumento. Cuando les dieron la oportunidad de salir en loscanales y radios de cobertura nacional, o debatir con los funcio-narios de gobierno, se mostraron seguros y claros en la deman-da, evitando caer en el insulto y el panfletarismo de ciertoactivismo tradicional. A pesar de tener a los medios oficiales encontra, la FEJUVE supo manejar el tema comunicacional y supodesplegar dispositivos eficientes para hacer llegar su mensaje”.

Frente al ascenso de las movilizaciones, el Ejecutivo en gene-ral mostró nuevamente una escasa capacidad de manejar el con-flicto, minimizando en un principio su alcance, acusando inclusoa sus dirigentes de connivencia con Gonzalo Sánchez de Lozada.El Director Nacional de Prevención de Conflictos (Gregorio Lan-za) fue repudiado por los representantes vecinales como interlo-cutor en las negociaciones por cierto comportamiento poco trans-parente, grave para una autoridad que supuestamente debeprevenir y no generar conflictos. Por su parte, la Superintendenciade Agua y Saneamiento (SISAB) desde el principio defendió abier-tamente a Aguas del Illimani, tanto que la dirigencia alteña pidiósu cabeza pues obstaculizaba la negociación.102

Sin embargo, un elemento decisivo que contribuyó al des-enlace relativamente exitoso de las medidas de presión fue laestructura de oportunidades políticas del momento, que con-virtió una movilización de mediana intensidad en una accióneficiente frente al Estado. Si bien la acción de los vecinos de ElAlto fue contundente, ésta no tuvo las características masivasni radicales de la sublevación de octubre de 2003, cuando tuvoque renunciar el ex presidente Sánchez de Lozada. La rapidezcon la que el presidente Carlos Mesa estuvo dispuesto a nego-

102 Carlos Crespo Flores, “Los factores…”.

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ciar y a ceder ante las presiones del los ciudadanos de El Altoestuvo influida por la creciente debilidad del Ejecutivo, que nosólo se hallaba enfrentado con el Parlamento en una larga bata-lla de creciente ingobernabilidad de las relaciones entre Ejecuti-vo y Legislativo, sino que además ya se estaba gestando otrapresión: la de los dirigentes empresariales de Santa Cruz, quedesde entonces levantaron como consigna el rechazo a la eleva-ción de los precios de los carburantes y poco después llevaronadelante la movilización más importante de toda la historia re-gional de Santa Cruz en demanda de un régimen de descentra-lización político-administrativa (autonomía departamental).

De esta forma, a fuerza de medidas de presión, El Alto –en lalínea de las anteriores movilizaciones en los valles deCochabamba– logró introducir la cuestión del agua (y los servi-cios públicos) en la agenda nacional, con proyección a la Asam-blea Constituyente convocada para 2005-2006. El gran desafío parala FEJUVE es el diseño de la nueva arquitectura institucional de lafutura empresa de agua. Hay conciencia entre los alteños de queno basta con regresar al estatismo de antaño, que utilizaba a lasempresas públicas como un nicho más de la extendida redclientelar, de allí el énfasis en dar a luz una empresa “autónoma,participativa, transparente, con alto fuerte social y eficiente”.

5.2. Propuestas de nueva empresa

5.2.1. Alcaldía de El Alto

En su propuesta,103 la Alcaldía de la ciudad de El Alto –con elahora ex alcalde José Luis Paredes–104 planteó la creación deuna empresa (sin la participación de Samapa transitoria) de-

103 “Propuesta de conformación de nueva empresa de aguas y alcantarilladosanitario, pluvial y de canalización”, Gobierno Municipal de El Alto, 2005.

104 El ex alcalde de la ciudad de El Alto, José Luis Paredes, es un antiguomilitante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), partidode centro derecha que durante la década de los ochenta y noventa fue

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nominada K’ana Uma (Aguas claras en aymara). Se trata deuna empresa mixta que mantiene una participación para laempresa “expulsada” (Suez), con una estructura societaria quecontaría con un 65% de participación nacional y un 35% departicipación extranjera, con la siguiente distribución:

Alcaldía de La Paz: 20% (aporte de la cooperación internacional)Alcaldía de El Alto: 20% (aporte de la cooperación internacional)Alcaldía de Viacha: 3% (aporte de la cooperación internacional)Trabajadores de ex Aguas del Illimani: 2%Empresa Privada: 20%Suez: 35% (inversión ya ejecutada)

El directorio se conformaría de la siguiente forma:Presidente. Alcalde de la ciudad de La PazVicepresidente: Alcalde de la ciudad de El AltoUn representante del Gobierno Municipal de La PazUn representante del Gobierno Municipal de El AltoDos representantes de la empresa privadaDos representantes de Suez

Con un organismo de “control social” conformado por:Seis miembros de la fejuve, La PazSeis miembros de la FEJUVE, El AltoLa presidencia de la FEJUVE, El Alto

parte de los tres grandes partidos (MNR, MIR, ADN) que construye-ron gobernabilidad política en el país a través de pactos entre dos deellos a cambio de la ocupación, proporcional a su porcentaje electoral,de los cargos públicos. El MIR ocupó la presidencia entre 1989 y 1993,dando inicio a la privatización de empresas públicas y en 2002 formóparte de la alianza gubernamental junto al ex presidente Sánchez deLozada. Paredes, elegido alcalde en 1999, tomó distancia, poco después,de su antiguo partido y fundó el partido Plan Progreso, volviendo a serelecto en diciembre de 2004. Controlador de tupidas redes declientelismo urbano en la ciudad de El Alto, Paredes ha logrado la ad-hesión de los votantes movilizando en el imaginario popular una ofer-ta de modernidad, de progreso, de trabajo y ascenso social que le havalido la victoria frente a otros líderes sociales que han reivindicado lamemoria de las movilizaciones, pero no así la posibilidad de un pro-yecto de porvenir urbano.

303

Entre los objetivos de la empresa propuesta por el Gobier-no Municipal alteño –justificada en una administración “pro-fesional”– se prevé “realizar programas de corto y medianoplazo que consideren la ampliación de los servicios hasta al-canzar el 100% de beneficiarios de las ciudades de La Paz y ElAlto en dos años”. Además de la reducción del costo de la tasade conexión en un 40% y lograr un financiamiento a diez años.

En un cuadro comparativo,105 la Alcaldía de El Alto pre-senta las diferencias que –en su criterio, no carente de sesgos–existen entre las propuestas elaboradas hasta el momento:

105 “Propuesta de conformación de nueva empresa de aguas y alcantari-llado sanitario, pluvial y de canalización”, Gobierno Municipal de ElAlto, 2005.

Características de la empresa Alcaldía La Paz - Alcaldía El AltoFEJUVE*

Nombre Samara K’ana Uma

Tipo de empresa Pública Mixta

Inversión 100% pública 65% nacional35% extranjera

Pago de inversiones realizadas Sí No

Pago de indemnizaciones Sí No

Pago de lucro cesante Sí No

Pago de daño emergente Sí No

Cooperación internacional En duda Plena

Credibilidad Baja Alta

Eficiencia En duda Alta

5.2.2. FEJUVE

La propuesta de la FEJUVE alteña busca superar las dificulta-des que acompañaron la reestructuración de la empresa

* La Alcaldía de La Paz ya no defiende este tipo de empresa pública-social.

Ciudad de El Alto


SEMAPA, en Cochabamba, luego de la expulsión de Aguas delTunari en 2000 (falta de control social, nombramiento clientelarde personal, etc.). La organización vecinal es consciente de queuno de los desafíos del movimiento social es demostrar unacapacidad de gestión paralela a su capacidad para “expulsar”transnacionales. Su modelo de empresa ha conseguido unaamplia aprobación pública de la ciudad de El Alto, luego deun largo periodo de consulta en distritos y barrios de dichaciudad.106 De acuerdo con la FEJUVE,107 los objetivos de la em-presa se sintetizan en:

• Garantizar la provisión eficiente y sostenible del ser-vicio de agua potable y alcantarillado.

• Ampliar la cobertura del suministro de agua potabley alcantarillado a zonas que actualmente no cuentancon el servicio.

Y la nueva la nueva empresa debe estar regida por cuatroprincipios fundamentales:

• Participación y control social• Transparencia de la gestión• Eficiencia y sostenibilidad• Equidad

Estamos proponiendo una empresa pública y social sin fines de lu-cro, que está dentro de la Ley de Agua Potable 2066. Es un modeloque permite una mayor participación de la población en cuanto alcontrol social dentro de la empresa. ¿Queremos que sea una em-presa eficiente? Sí. Queremos que sea una empresa que gane dine-ro pero ese dinero se reinvierta (Entrevista con Julián Pérez).

106 De acuerdo con la investigadora Susan Spronk, en los talleres barrialesse notó que las frustraciones de los vecinos y sus divisiones internasestán creciendo (Memoria del Taller en Distrito 1, “La Nueva Empresade Agua”, 14 de febrero de 2005, mimeo).

107 Propuesta de empresa de la fejuve, mimeo, 2005.

305

Principio de participación y control social

La nueva empresa debe favorecer la participación social enla definición de políticas, toma de decisiones y fiscalización:las organizaciones sociales deben ser las que definan el rum-bo que debe tomar la empresa y controlar que su mandatose ejecute.

Todos los representantes y funcionarios de la nueva em-presa pueden ser revocados en cualquier momento de su man-dato si hubieran violado alguno de los principios, y si se hu-biera evidenciado incompetencia o corrupción en el desempeñode sus funciones.

Principio de transparencia de la gestión

La gestión de la empresa debe hacerse de manera transparen-te y abierta al público en general.

Todos los actos públicos, ejercidos por los funcionarios yrepresentantes en la “Nueva Empresa”, deben ser obligatoriose inmediatamente publicados y accesibles a través de todoslos medios técnicos disponibles, sin que medie solicitud algu-na. Debe estar garantizada la necesidad irrestricta a toda lainformación legal, contable, administrativa, cartográfica, esta-dística, comunicacional, técnica y de cualquier otra índole.

Principio de eficiencia y sostenibilidad

La nueva institución deberá manejarse de manera eficiente, bus-cando el mejor aprovechamiento de los recursos económicos,humanos y naturales así como la sostenibilidad a largo plazo.

Principio de equidad

La nueva empresa deberá velar que sus políticas y prácticasinstitucionales velen por la equidad en el tratamiento a los

Ciudad de El Alto


usuarios, de forma que se garantice que todos y todas tenganacceso a estos servicios básicos.

Es diferente de una cooperativa, todo lo que sea infraes-tructura debe ser público, debe ser el municipio el dueño, elEstado el dueño, aunque debe ser minoría en la asamblea. Ydebe haber una mayor participación de la ciudadanía porqueellos deben ser portavoces de las demandas de sus diferentesdistritos. Que la sientan suya la empresa porque al momentoque la adoptan en su yo interior –como está en su yo interiorque Aguas del Illimani se debe ir– entonces pensamos quepuede tener éxito esta empresa porque no hay un ejemplo quenos diga que no resulta el control social en El Alto. Siempreque ha habido un efectivo control social en El Alto han resul-tado, pero no así las cooperativas que, en su mayoría, en elcaso boliviano, el poder gira entre logias. Es muy común aquíen Bolivia que se pague el 10% o el 20% como coima con refe-rencia a una obra. Queremos que eso se acabe. Y con partici-pación de la gente pensamos que se puede hacer.108

El modelo de empresa alternativo propuesto por la FEJUVEpuede sintetizarse en el siguiente esquema:

108 Entrevista con Julián Pérez, La Paz, abril de 2005.

307

Asamblea

La asamblea general es la máxima autoridad de la asociación ci-vil que administra el servicio de agua en La Paz y El Alto, susmiembros cumplen la función de voceros de sus distritos y estáninvolucrados en la temática del agua en el ámbito de sus zonas.Esta instancia define la composición del directorio, por ejemplo:

– 25 representantes de la ciudad de El Alto– 25 representantes de la ciudad de La Paz– Ocho representantes del Gobierno Municipal de El

Alto y La Paz– Total de 58 representantes– Reunión anual– Elegidos por voto directo en magna asamblea

Directorio

El directorio diseña y planifica las estrategias de la orga-nización social definidas en la asamblea general. La presiden-cia del directorio es rotativa, por ejemplo:

GERENTES DE ÁREA GERENTES DE ÁREA GERENTES DE ÁREA

GERENCIA OPERATIVA

COMISIÓN DE CONTROLSOCIAL

DIRECTORIO

ASAMBLEAREPRESENTANTES DISTRITALES

Y MUNICIPALES

Ciudad de El Alto


– Cuatro representantes de El Alto– Cuatro representantes de La Paz (macrodistritos)– Dos representantes de los gobiernos municipales de

El Alto y La Paz.– Total: Diez representantes– Reunión trimestral, bimensual o mensual

Comisión de control y seguimiento

Garantiza un control colectivo y que eviten la corrupción, comoahora ocurre con algunos representantes en los comités de vi-gilancia de los gobiernos municipales.

Es una instancia fuera de la estructura, pero que fiscalizalicitaciones (10%), compuesta por:

– FEJUVE El Alto– Iglesia– Derechos Humanos– Defensor del Pueblo, otros– Reuniones semanales o diarias

La gerencia operativa

Es la instancia ejecutiva y técnica. Es nombrada por el directo-rio y está fiscalizada por el Comité de Control Social.

Cuadro resumen comparativo de los modelos de gestiónreconocidos por la Ley 2066.109

109 Propuesta de la FEJUVE, op. cit.

309

Empresa pública Sociedad anónima Cooperativa Asociación civilmunicipal mixta

Naturaleza social Pública o mixta Privada Privada o mixta Privada colectiva (SAM)

Marco legal CPE (si es SAM) Código de Comercio Ley general de socie- Código CivilLey de Municipali- Ley 2066 y normas dades cooperativas Ley 2066 y normasdades 2028 conexas del sector. y sus reglamentos. conexas del sector.Código de Comercio Ley SAFCO Ley 2066 y normas Ley SAFCO, susLey 2066 y normas DS 26587 conexas del sector. estatutos yconexas del sector. Ley SAFCO reglamentosLey SAFCO .

Composición Gobierno Personas públicas Socios con Personas demunicipales (Gobierno Municipal) certificado de aporte acuerdo a sus

o privadas, estatutoscolectivas oindividuales

Posibilidad de Si es titular de Si mediante la bolsa Transferencias Remota, los asocia-enajenación concesión, a través de valores, remates individuales de dos no pueden pedir

de licitación de los títulos valo- certificados de división ni separa-res, compra-venta aportes ción de sus aportes,directa pues constituyen un

FONDO SOCIAL(Art. 66 Código Civil)

Estructura orgánica Determinada por la Determinada por el Determinada por la DiscrecionalLey de Municipali- Código de Comercio Ley general de socie- Según estatutosdades dades cooperativas

Toma de decisiones Directorio y Concejo Junta general de ac- Asamblea general Conforme a sus es-(Autoridad máxima) Municipal cionistas, cuyo voto de socios con certi- tatutos. Todos los a-

es proporcional a las ficado de aportación. sociados tienen igua-acciones que repre- 1 socio = 1 voto les derechos y obli-senta gaciones (Código

Civil)

Responsabilidades Administrativa Civil Civil CivilEjecutiva Penal Penal PenalCivil y las definidas en los Las determinadasPenal reglamentos a la Ley en sus estatutosPor omisión (L. 2028) general de cooperativas

Relación con los Impositiva Impositiva Consensual en las Consensualusuarios pequeñas

Sujeto de crédito o Sí Sí Sí Sífinanciamiento

Regulación Superintendencia de SISAB SISAB SISABSaneamiento Básico Cámara de Industria INALCO(SISAB) y Comercio Federación deContraloría General Comisiones de Dipu- Cooperativas, etc.de la República tados y Senadores

(Art. 59 CPE)

Fiscalización o Directores Síndicos Comité de Vigilancia Discrecional,control social ciudadanos según estatutos

Obligación de pago Media Mayor Mayor Menorde tasas, impuestosy otros

Ciudad de El Alto


Según la FEJUVE, éstas serían las ventajas del modelo pú-blico-social:

Tipo de empresa ¿Quién es dueño de ¿Quién opera? ¿Quién es dueño de ¿Quién fiscaliza?la infraestructura? las utilidades?

Sociedad mixta Municipio y empresa Empresa privada Empresa privada y ¿?privada municipio ¿Gobierno Munici-Sólo municipios pal?

¿Superintendencia?

Pública municipal Municipios Administración mu- Municipio Gobierno Municipalnicipal u operacióndelegada a privado

Público social Municipios Directorio y gerencia Municipio Directorio e instan-operativa dispone el directorio cias de control social

Asociación civil sinfines de lucro

Como se puede ver, la mayor parte de las demandas, reflexio-nes y planteamientos de los vecinos en torno a la gestión del aguatienen que ver con tres temas: el precio de acceso a ese recurso, sucalidad y el control general del recurso agua. El tema de los pre-cios es una preocupación generalizada de los habitantes de todoel país. Fue este tema el detonante para que, por ejemplo, en laciudad de Cochabamba se sumaran las clases medias a lasmovilizaciones de los habitantes de los barrios populares duran-te la primera “guerra del agua” en abril de 2000. En El Alto, conuna población cuyo ingreso promedio está por debajo de los 800dólares al año, el precio del servicio es un tema de primera im-portancia pues cualquier variación puede desequilibrar la preca-ria estructura de ingreso de las familias alteñas. Por ello, no esraro que los primeros reclamos que poco a poco fueron articulan-do la legitimidad de la movilización contra la empresa Aguas delIllimani se hayan debido precisamente al incremento de tarifasdel servicio de instalación y de aprovisionamiento.

Los propios volúmenes de consumo de agua, denuncia-dos como “bajos” por la empresa concesionaria, más allá de locultural, tienen que ver con las propias limitaciones económi-cas de las familias que restringen los costos de instalación depiletas de agua a una por hogar para el abastecimiento gene-

311

ral del domicilio. Es la escasez la que también ha promovidoun hábito de reciclamiento del agua, que permite que ésta pasepor varias funciones antes de ser desechada. Este desencuentroentre recursos monetarios disponibles por la mayor parte dela población y el interés de lucro de las empresas es uno de losproblemas seculares que arrastra la sociedad boliviana paraampliar su mercado interno y, en el caso de los servicios bási-cos, para ampliar su acceso a los mismos.

Durante la época del capitalismo de Estado (1952-1985), elPoder Ejecutivo asumió parte de los gastos de operación, loque ayudó a fomentar la concepción del agua como un biensocial que garantizaba parte de la naciente ciudadanía socialde la población. Esto, a su vez, mantuvo una resonancia histó-rica con la práctica económica agraria tradicional donde estebien escaso está bajo gestión de complejos sistemas de medida,autoridad y control de las comunidades rurales.110 Los procesosposteriores de privatización de las empresas y de la gestión delos servicios básicos han buscado cambiar esta concepción so-cial de los recursos de bienes de usufructo colectivo a mercan-cías accesibles en función de la disponibilidad de dinero. Sinembargo, el principal obstáculo estructural que enfrenta estaposibilidad, al menos en el caso de El Alto, es la escasa capaci-dad de pago de la población que, ante las exigencias de eleva-ción de tarifas, ha opuesto vigorosas movilizaciones, volvien-do a reivindicar una concepción no mercantil del recurso agua,mucho más adecuada a la base económica semi-mercantilizadade una buena parte de las familias alteñas.

Paralelamente, la imposición de una racionalidad mercantilen el acceso al agua está conllevando abiertos y crecientes pro-cesos de exclusión de acceso a ese servicio o de incremento desu uso por parte de familias que no pueden sostener una es-

110 Germen Gerbrandy; Paul Hoogendam, Aguas y acequias. Los derechosdel agua y la gestión campesina del riego en los andes bolivianos, Plural edi-tores, La Paz, 1999.

Ciudad de El Alto


tructura tarifaria mercantilizada y regida por la lógica de acu-mulación empresarial. Es el caso de la zona “no servida” de laciudad de El Alto, que abarca a cerca de 200 mil personas don-de la empresa privada no tuvo intenciones de entrar precisa-mente por la poca o nula rentabilidad que le significaba abas-tecer de sistema de agua potable a poblaciones de bajos ingresosy bajos consumos. En este caso, la racionalidad empresarial sepresenta como un mecanismo de exclusión social del acceso alos servicios básicos por parte de la población de bajos recur-sos monetarios. De ahí que la propuesta de las juntas de veci-nos precisamente busque romper esta lógica de acumulaciónempresarial como motor de la empresa de servicio de aguapotable porque considera que ese es el principal obstáculo parauna socialización y democratización del acceso a los serviciosbásicos e incluso para una ampliación de su utilidad colectiva.

Otro tema movilizador de la población ha sido el de la cali-dad del servicio. Precisamente, la denuncia acerca de la malacalidad del agua por su mezcla con aire a fin aumentar artificial-mente los índices marcados por los medidores que regulan elpago por el servicio ha sido otra de las quejas que ha creadouna conciencia colectiva acerca de la presencia indeseable de lafirma extranjera Aguas del Illimani. Claro, en la medida que elbajo consumo de agua reduce la rentabilidad de la empresa yante la ausencia de regulaciones estatales que defiendan al con-sumidor, no sería raro que las empresas utilicen distintos dis-positivos para reducir costos de operación o para incrementarartificialmente los “volúmenes” a fin de aumentar sus ingresos.

Si bien antiguamente hubo denuncias de problemas decalidad con el agua entregada por la empresa municipal, haysuficientes evidencias presentadas por los vecinos acerca deque el servicio otorgado por la empresa privada no ha mejora-do en calidad y cobertura; por el contrario, se “bombea” airepor las cañerías con tal de aumentar las cifras de consumo.Por si fuera poco, la ausencia de un Estado fuerte como paraasumir un amplio control –y la regulación– de los productos

313

que brindan las concesionarias en todas las áreas (agua, electri-cidad, gasolina, telecomunicaciones), le da más consistencia ala creencia generalizada en la población acerca de la baja de ca-lidad en el servicio otorgado por los concesionarios privados.

Por último, el tema del control en la gestión de los servicios yrecursos de utilidad pública es una preocupación recurrente dela demanda de los movimientos sociales y eso no es reciente. Laaspiración a una participación social en el control de las riquezasy funciones públicas no sólo se remonta a la memoria colectivade “co-gobierno” planteado por los movimientos populares, obre-ros y campesinos desde hace más de cincuenta años y que dieronlugar al co-gobierno MNR-COB entre el año 1952-1954, sino queademás hay una fuerte cultura agraria, ampliamente difundidaen la mayoría de los barrios pobres de la ciudad de El Alto, com-puestos por migrantes campesinos, acerca de que el agua es unrecurso comunitario de acceso no mercantil regulado por los sis-temas tradicionales de autoridad comunal.

El agua como “regalo de la Pachamama” (deidad indíge-na) o “de Dios”, que continuamente evocan los vecinos indí-genas entrevistados, sintetiza todo un complejo tramado deregulación colectiva y familiar del recurso agua en función denecesidades colectivas y no por obra del mercado ni de la ca-pacidad de pago. Esta cultura del “valor de uso” del agua porencima del “valor de cambio” es, con mucho, la fuerza históricay moral que legitima en el imaginario colectivo de los vecinosalteños, y también de los barrios populares de Cochabamba, lanecesidad de un tipo de gestión del agua subordinada a am-plios mecanismos de deliberación, regulación y transparenciacolectiva de un recurso que se considera que debe ser accesi-ble para todos y supervisado por todos. De ahí la propuestade las juntas de vecinos de un tipo de “empresa social” delagua en la que precisamente se quiere llevar esta lógica deluso y del control colectivo, practicado aún en comunidadesagrias, a un nivel de institucionalización y eficiencia para unapoblación de más de 800 mil personas.

Ciudad de El Alto


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319

Movilización de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, FEJUVE.(Fotografía: Julio Mamani Conde)

Ciudad de El Alto


Vista del bloqueo de caminos, método de lucha del movimiento alteño. (Fotografía:Juan Carlos Torrejón).

Planta de Aguas del Illimani, en la urbanización Solidaridad.

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Caño que sale de la planta de agua y provee agua sucia a los vecinos.

Pozo de Abastecimiento de agua, a 50 metros de la planta.

Ciudad de El Alto

322 “No somos juguete de nadie…”M

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323

IV. Actividad petrolera en la regiónguaraní del Itika Guasu: la Repsoly el Campo Margarita en la “tierra

sin mal” de los guaraníes

Camino a la región del Itika Guasu y al Campo Margarita

325

1. Introducción

En el presente trabajo realizamos la indagación de la activi-dad hidrocarburífera de la multinacional Repsol YPF en el te-rritorio indígena de los guaraníes en la provincia O’Connordel departamento de Tarija y en el campo Margarita, el mega-campo más importante del país. Describiremos el conflicto,la negociación, la intervención de otros actores, los acuerdosy desavenencias entre los guaraníes y la multinacional RepsolYPF, sus contratistas y subsidiarias, en busca de conseguir unacompensación socioambiental justa, el cumplimiento y reco-nocimiento de sus derechos indígenas y la defensa de los re-cursos naturales del Itika Guasu, territorio indígena. Ademásnos referiremos a las tácticas de lucha utilizadas por los indí-genas en el conflicto, el discurso manejado, las oportunida-des reales y aparentes para los guaraníes de la actividadhidrocarburífera en sus comunidades, los impactos y/o pro-blemas socioambientales y otros.

Para ello se ha viajado a la población de Entre Ríos, lugardonde se encuentran las oficinas de la Asamblea del PuebloGuaraní-Itika Guasu (APG-IG), organización guaraní de la re-gión del Itika Guasu que a la vez forma parte del movimientoindígena de tierras bajas, y algunas comunidades de la zonade Puerto Margarita y el campo Margarita, donde a través deentrevistas en profundidad y diálogos abiertos con los actores–Presidente de la APG, autoridades guaraníes, monitores am-bientales y otros– se logró recoger testimonios e informaciónsobre el tema en cuestión.

Finalmente, la temática de los hidrocarburos, por ser parala economía nacional un recurso estratégico, durante los últi-mos años está sujeta a discusión en diferentes ámbitos y por logeneral centrada en la nacionalización vs. estado actual (priva-


tización), industrialización, vías de exportación, etc. Sin em-bargo, habitualmente se relega una de las temáticas-problemá-ticas centrales que se originan en el lugar de procedencia:¿cómo viven, qué acciones toman, qué piensan del tema hi-drocarburos, qué demandas y propuestas tienen, qué conflic-tos y problemas afrontan los indígenas, en este caso losguaraníes en cuyos territorios se encuentran estos recursos?Esta situación es descrita por un guaraní en esta frase: “Se pre-ocupan por dónde va a ir el gas, pero nadie se pregunta dedónde sale y a quién afecta”.1

2. Características generales de la región: descripcióngeográfica, descripción demográfica y característicasocioeconómica

El departamento de Tarija está ubicado al sur de Bolivia y susuperficie es de 37.623 km2, que corresponde al 3,4% del terri-torio nacional. Colinda al norte con el departamento deChuquisaca, al este con el departamento de Santa Cruz y laRepública de Paraguay, al sur con la Republica de Argentina,y al oeste con los departamentos de Potosí y Chuquisaca. Polí-tica y administrativamente está dividido en seis provincias y11 secciones de provincia, que a la vez son municipios.

Según el último censo de población y vivienda realizadoel año 2001, el departamento tiene una población 391.226 ha-bitantes, que representa el 4,7% de la población total del país,con una densidad de 10 habitantes por km2.

Parte del territorio tarijeño, más específicamente la pro-vincia Gran Chaco y parte de la provincia O’Connor, compo-ne junto a una porción del territorio del departamento de San-

1 Miguel Castro, Experiencias de negociación, deliberación y diálogo (NEDD).Estudio de caso. Comunidades guaraníes del Itika Guasu y empresas petrole-ras, m.s., Tarija, 2005.

327

ta Cruz2 y Chuquisaca3 el Chaco boliviano –que a la vez formaparte del Gran Chaco americano–,4 con una superficie de127.755 (km2),5 que representa el 16,1%6 de la superficie de tie-rras bajas7 y está distribuida de la siguiente manera: Santa Cruzposee el 67,50%, Tarija apenas el 17,79%, en tanto que el res-tante 14,69% se encuentra en el departamento de Chuquisaca.

El Chaco se caracteriza por poseer una diversidad geo-gráfica y ecológica, además de tener un ecosistema muy frá-gil debido a “el tipo de suelos, mayormente arenosos y po-bres en nutrientes, las escasas e irregulares precipitaciones,las altas temperaturas, que en conjunción hacen difícil losprocesos de recuperación de la vegetación nativa y la pro-ducción de la biomasa”.8

En la región chaqueña se identifica tres grandes unidadesfisiográficas: la subandina, el pie de monte y la llanura chaqueña;cada una con características particulares en los aspectosclimáticos, geográficos, poblacionales y socioeconómicos. Porlo general, el régimen fluvial es uno de los factores primordia-

2 Provincia Cordillera.3 Provincias Hernando Siles y Luis Calvo.4 Con una superficie aproximada de 1.100.000 km2 correspondientes al

territorio argentino, boliviano y paraguayo.5 Miguel Castro, “La región chaqueña: conflictos y gobernabilidad”, en

Cuadernos del Futuro Nº 16, Nuevos actores sociales, Vol. I, PNUD; Plu-ral editores, La Paz, 2002, p. 119.

6 Montes de Oca, citado en Pablo Pacheco, Estilos de desarrollo, deforestacióny degradación de los boques en las tierras bajas de Bolivia, Serie Bosques ySociedad Nº 2, CIFOR, CEDLA, TIERRA, La Paz, 1998, p. 46.

7 Esta denominación abarca una superficie de 76,3 millones de hectáreas,es decir, más de 2/3 del territorio nacional, caracterizada por poseeruna altitud inferior a los 500 metros sobre el nivel del mar y tener unclima cálido. En la actualidad, de los 39 pueblos indígenas existentesen Bolivia, 36 se encuentran en las tierras bajas, entre ellos los guaraníes,aunque numérica y demográficamente estas poblaciones sonsignificativamente menos numerosas que las andinas (los quechuas ylos aymaras).

8 Castro, op. cit., p. 133.

Región del Itika Guasu


les para definir unidades regionales o zonales por la incidenciaen el factor geoclimático y productivo de la región o zona.

Específicamente en la provincia Gran Chaco y en los mu-nicipios de Yacuiba y Villamontes está ubicada una de las áreasprotegidas más importantes del país: el Parque Nacional deÁrea Natural de Manejo Integrado Serranías del Aguaragüe(PNANMI Serranías del Aguaragüe). Esta área, contrariamentea la sequedad del Chaco Tarijeño, cuenta con bastante hume-dad, por ello uno de los objetivos es “proteger el Aguaragüepor su función de regulador del régimen hídrico del Chacoseco y como fuente de agua de las ciudades de Villamontes,Yacuiba y Caraparí, y las comunidades ubicadas en su área deinfluencia”.9 La tarea de protección al Parque, en la situaciónactual, es muy complicada, teniendo en cuenta que una de lasgrandes amenazas –expresadas en destrucción y modificaciónde hábitat naturales– es la actividad hidrocarburífera.10

En el Chaco tarijeño existe una composición socioculturalmuy diversa, por un lado habitan en esa región tradicionalmentelos indígenas guaraníes, tapiete y weenhayek; por otro, migrantesde diferentes lugares del país como aymaras, quechuas, etc.

Y de manera general, la actividad económica de mayorimportancia actualmente en la región es la producción de hi-drocarburos, le sigue la actividad agropecuaria. Consideran-do las características de ambas, la primera está vinculada so-

9 Monitoreo indígena independiente de la APG-IG, Impactos ambientalessociales y culturales de Repsol YPF en territorios indígenas de Bolivia, Pro-grama de Vigilancia Socio Ambiental de las Industrias Extractivas, Tarija,2005, p. 47.

10 Según Arnold, “Prácticamente toda la serranía del Aguaragüe está di-vidida en concesiones que fueron otorgadas a distintas empresas pe-troleras (Chaco S.A., Pluspetrol, Petrobras, Total-Tesoro), que en la ac-tualidad desarrollan labores de prospección y en muchos casos ya seencuentran en la fase de producción”, en Arnold et al., Diagnósticosocioambiental y propuesta de creación del “Parque Nacional y Área Naturalde Manejo Integrado Serranía del Aguaragüe”, 1999, p. 12.

329

bre todo al dinamismo tecnológico y no demanda mucha manode obra, a diferencia de la segunda, afianzada primordialmenteen el trabajo manual, lo cual suscita que en su mayoría la po-blación del lugar esté vinculada a la actividad agropecuaria.

La agricultura es una actividad practicada sobre todo porla población indígena y campesina, dirigida al autoconsumo ysubsistencia. Además, “mayormente practicada por las comu-nidades que habitan el subandino y el pie de monte, en tanto quela actividad ganadera, como dijimos, se produce con mayorintensidad en la llanura chaqueña”11 y en gran escala por losganaderos de la zona.

El Chaco tarijeño, luego del descubrimiento de reservasde gas natural en 2001 y 2002, se ha convertido en la regiónhidrocarburífera más importante del país y en una de las másrelevantes de América Latina, llegándose incluso a denomi-nar la “potencia gasífera regional”.

Según la certificación realizada en marzo de 2001, Boliviaposeía 46,8 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural, locual le posesionaba como el segundo país productor de gasnatural de América Latina.

11 Castro, op. cit., p. 128.12 Castro, op. cit., p. 125.

Reservas de gas natural según país productor12

País productor Reservas de gas natural

Argentina 25,7 TCF

Bolivia 46,8 TCF

Brasil 8,0 TCF

Chile 4,41 TCF

Perú 13.32 TCF

Venezuela 146 TCF Fuente: Energía y Negocios, separata de Energy Press, agosto de 2001, pp. 10-11.



GAS NATURAL (TCF)

Departamento Hidrocarburos Porcentaje Hidrocarburos Porcentaje Total Porcentajeexistentes Nuevos

Cochabamba 0,02 1,0% 1,05 2,3% 1,07 2,3%

Chuquisaca 0,43 25,8% 0,25 0,6% 0,69 1,5%

Santa Cruz 1,14 67,8% 3,70 8,2% 4,84 10,3%

Tarija 0,09 5,4% 40,14 88,9% 40,23 85,9%

Total 1,68 100% 45,15 100% 46,83 100,0%

Fuente: Informe final Proyecto ARG/98/037. Felipe A. Ledesma. Elaboración: Unidad de Políticas e Inversión.

Para el año 2002, estas reservas probadas y probables degas llegaron a 52,2 trillones de pies cúbicos de gas TCF.13

A nivel nacional, Tarija y específicamente el Chaco tarijeñoalcanza a tener la reserva más grande de Bolivia en gas y pe-tróleo:14

Relación de reservas por departamentos petroleros15

Departamento Porcentaje

Tarija 85,81%

Santa Cruz 10,3%

Cochabamba 2,3%

Chuquisaca 1,5%

Fuente: Informe público de la Prefectura, 2002.

13 Walter Mamani y otros, Contaminación del agua e impactos por actividadhidrocarburífera en Aguaragüe, Fundación PIEB, La Paz, 2003.

14 No sólo en gas, como los datos anteriores y los posteriores.15 Mamani, op. cit., p. 9.16 Castro, op. cit., p. 126.

El 85,9% de las reservas nacionales de hidrocarburos estáubicado en el Chaco tarijeño.

Y en cuanto a la relación de gas natural (TCF) por departa-mento, existente y nueva hasta enero de 2001, se puede citar:

Reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 200116

331

Y más o menos a un año después, el departamento y elChaco tarijeño ha pasado de tener 1,6 trillones de pies cúbicos(TCF) probados y probables de gas natural en 1998 a 45,7 (TCF)en 2002. En otras palabras, la cantidad descubierta ha aumen-tado más de 27 veces en sólo cuatro años.17

En este territorio, actualmente son diez las empresas pe-troleras que desarrollan actividad hidrocarburífera y que cuen-tan con sus contratos de concesión para trabajos de explora-ción, explotación y transporte de hidrocarburos.18 Y en cifras,este 85% de reservas totales de gas boliviano que se halla en elChaco tarijeño se encuentran –según orden de cantidad de TCF–en los siguientes campos: Margarita (13,42 TCF), San Alberto(11,05 TCF), San Antonio (5,25 TCF) e Itaú (9,27 TCF).19

Es menester también señalar que este entramado de cam-pos y parcelas cuadriculadas, pozos, gasoductos, oleoductos,campamentos y otros, se encuentran y se sobreponen a los te-rritorios indígenas principalmente de los guaraníes del Chacotarijeño, de los weenhayek (matacos) y tapiete. Como señalael ex ministro de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza: “Elconflicto de sobreposición es delicado, pues la región más ricaen hidrocarburos es también el lugar donde se encuentra unagran cantidad de TCO,20 Tierras Comunitarias de Origen”.21

El Chaco tarijeño también es integrado por cuatro munici-17 Informe de Desarrollo Humano en Tarija, p. 28.18 Mamani, op. cit., p. 13.19 Víctor Orduna, “Margarita y los guaraníes…”, semanario Pulso, Nº 246,

mayo de 2004.20 La Razón, 10 de agosto de 2004.21 Se trata de un tipo de propiedad comunal, reconocida por la Constitu-

ción Política del Estado y por la Ley INRA, que establece ciertos ámbi-tos de gestión de los recursos naturales (flora, fauna, recursos hídricos,etc.) existentes en el territorio a las organizaciones indígenas, siemprey cuando éstas no contravengan disposiciones legales nacionales. En loque se refiere a los recursos minerales e hidrocarburíferos, éstos estánregulados nacionalmente por leyes especiales, aunque en la última Leyde Hidrocarburos aprobada en 2005, se reconoce la necesidad de esta-blecer consultas con las comunidades para poder llevar adelanteemprendimientos de exploración o explotación de esos recursos.



pios: Entre Ríos, correspondiente a la provincia O’Connor, ylos municipios de Yacuiba, Caraparí y Villamontes, pertene-cientes a la provincia Gran Chaco. Estos municipios que com-parten un mismo ecosistema muestran una marcada dispari-dad poblacional, siendo Yacuiba y Villamontes los que tienenmayor población y los lugares más atractivos para los proce-sos migratorios; en tanto que Caraparí y Entre Ríos mantienenuna tasa de crecimiento regular y no son destinos muy recep-tivos de migraciones en relación a los primeros.

La provincia O’Connor tiene una superficie de 5.309 km2,con una población de 19.339 habitantes y una densidad queno llega a cuatro personas por km2. Es una de las provinciascon menor población: sólo alcanza el 19,33% de la poblacióntotal del departamento.22 En esta provincia 2.418 habitantes seencuentran en el área urbana y 16.921 en el área rural.23

Entre las actividades económico-productivas más impor-tantes está la actividad ganadera, extractiva forestal, agraria ehidrocarburífera, con grandes proyecciones de ser incluso laactividad principal de esa región debido al descubrimiento degrandes reservas hidrocarburíferas, en su mayoría todavía noexplotadas y comercializadas.

El municipio de Entre Ríos, primera y única sección de laprovincia O’Connor, de acuerdo a los índices de desarrollo hu-mano (IDH) con 0,569, ocupa el sexto lugar entre los once mu-nicipios del departamento de Tarija. Es el municipio con IDHmás bajo en relación a los otros municipios del Chaco tarijeño:el segundo lugar lo ocupa Yacuiba, el tercero Villamontes y elquinto puesto Caraparí.24

Según M. Castro, este Índice de Desarrollo Humano (IDH)bajo en Entre Ríos se debe a la “escasa población urbana queposee [el lugar], pero también debido al hecho de que entre

22 Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001.23 Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001.24 Índice de Desarrollo Humano en los municipios de Bolivia, PNUD; Plural

editores, La Paz, 2004.

333

sus habitantes rurales se encuentran las comunidades indíge-nas guaraníes, con altos índices de pobreza e inequidad”.25

En relación al índice de Necesidades Básicas Insatisfechas(NBI), Entre Ríos se encuentra con un 91%, uno de los registrosmás altos, en el penúltimo lugar entre los municipios del Cha-co tarijeño. Y respecto al Índice de Vulnerabilidad Social (IVS)–medido en base al promedio de los cinco indicadores: cultural,ambiental, educativo, económico y político–, construido por elPNUD en 1998, da como resultado para la provincia O’Connorun 0,64, con un nivel mayor de vulnerabilidad en relación a lasdemás provincias, incluida la provincia Gran Chaco, porquecuanto más alto es el Índice, mayor es la vulnerabilidad social.26

En su interior se encuentra la región del Itika Guasu, territo-rio habitado por el pueblo guaraní y demandado como TierraComunitaria de Origen TCO ante el Estado boliviano. En esaregión guaraní se ubica buena parte de las más grandes reser-vas de gas de Bolivia y el megacampo Margarita, el campogasífero más grande del país, con 13,42 TCF.

La región del Itika Guasu es un territorio predominante-mente guaraní, habitado por aproximadamente 37 comunida-des guaraníes bien organizadas, delimitadas y consolidas, ade-más de regidas y estructuradas bajo sus propias formas deorganización comunal, zonal y regional. Tiene una extensiónde 216.002 hectáreas demandadas en la actualidad ante el Ins-tituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) como Tierra Co-munitaria de Origen TCO. Ubicada al noreste de Entre Ríos,colinda al norte con el departamento de Chuquisaca, al estecon el municipio de Villamontes, al sur con el cantón Ipaguazuy el municipio de Caraparí y al oeste con el cantón Huayco.

El margen noroeste de la superficie territorial de Itika Guasupasa los bordes del departamento de Tarija al departamento deChuquisaca, dentro de la jurisdicción del municipio de Culpina

25 Castro, op. cit., p. 123.26 Ibíd., p. 121.



y al lado este pasan los límites de la provincia O’Connor hastala provincia Gran Chaco; pero la región guaraní del Itika Guasuse encuentra específicamente en la provincia O’Connor, comotambién la población guaraní del territorio indígena.27

Está considerada en la jurisdicción del municipio de EntreRíos y por ello la participación y representación política legíti-ma28 en la actualidad se la ejerce dentro de esos dominios.

De acuerdo a un censo realizado por el CER-DET, Centrode Estudios Regionales de Tarija y otras instituciones, en laregión existen 502 unidades familiares29 guaraníes y según losdatos del Censo Nacional de 2001, en el municipio y primerasección de la provincia Entre Ríos –donde está ubicado el ItikaGuasu–, de la población de quince años para adelante, 1.645personas se autoidentifican como guaraníes y de seis años paraadelante, 1.781 personas señalan hablar la lengua del guaraní.Este dato nos proporciona una idea del número posible de po-blación guaraní que hay en esa región.

Por el descubrimiento de reservas de gas hace unos añosen esa región en este último tiempo ha agudizado y acentua-do un conflicto limítrofe entre las provincias O’Connor y GranChaco, que data de hace varios años. Esto debido a que el pozoX3 del campo Margarita –uno de los que mayor potencial poseey está siendo explotado desde el año 2000 o 2001– se encuentraen el territorio en disputa de ambas provincias, el cantónIvoca.30 Detrás del conflicto limítrofe está el tema económico,ya que donde se encuentre el pozo es la provincia que percibi-rá las regalías por la producción de gas. Hasta el momento, eltema está irresuelto. En primera instancia, la Prefectura del de-

27 APG-IG, CER-DET, CAECI, INTERMON, Ñande Ñemboati (NuestraOrganización), APG-IG, Tarija, 2002, p. 3.

28 Los guaraníes del Itika Guasu, al margen de formar parte y participaren sus propias formas de organización, también, durante los últimosaños, participan en otros espacios político-administrativos.

29 Castro, op. cit., p. 131.30 La Prensa, 2 de noviembre de 2004.

335

partamento de Tarija31 establece que el pozo Margarita se en-cuentra en la provincia O’Connor32 y en consecuencia resuelveque el 45% del total de las regalías por los hidrocarburos delmegacampo Margarita van a esta provincia y no así al GranChaco.33 Sin embargo, Villamontes y la provincia Gran Chacono aceptan el fallo emitido, se movilizan, demandan y logran laanulación de la medida34 mientras se defina el conflicto de lími-te territorial entre las provincias O’Connor y Gran Chaco.35 A lavez, se convoca a las provincias en conflicto que en noventadías presenten sus memoriales de solicitud de delimitación ydispone que en caso de generación de regalías del megacampoMargarita, éstas queden en la cuenta especial de la Prefecturade Tarija hasta la solución de todo el problema.36

3. Actores sociales

3.1. Multinacional Repsol YPF

Repsol YPF es la principal empresa petrolera española, ubica-da en el decimosexto lugar en el mercado internacional. Es lí-der en la distribución de GLP en Argentina, Ecuador, Perú, Chiley Bolivia, y posee grandes fuentes de producción en Argenti-na, Bolivia y Perú.37 Ingresa al país en 1996 a través de un con-trato de riesgo compartido con YPFB Yacimientos Petrolíferos

31 Más específicamente el Consejo Departamental de Tarija, el 19 de octu-bre de 2004 saca la Resolución 420/2004.

32 La Razón, 29 de octubre de 2004.33 Opinión, 1 de noviembre de 2004.34 Demandan la revocatoria de la resolución prefectural 420/2004 y con-

siguen que el Consejo Departamental saque otra Resolución (439/2004)que suspenda la aplicación de la anterior.

35 En el marco de la Ley de Unidades Político-Administrativas (UPA) ysu Decreto Supremo Reglamentario N° 26564.

36 La Prensa, 2 de noviembre de 2004.37 www.repsolypf.com.



Fiscales de Bolivia.38 Se adjudica el Bloque Securé, con una ex-tensión inicial de 1.300.000 hectáreas.39 Inicia sus operacionesen Bolivia afiliándose o definiendo como sus subsidiarias aAndina S.A., Maxus Bolivia y Repsol Gas.40 En dos áreas de nego-cios, por un lado, el área de exploración y producción, y elárea de GLP.41 Dentro de la actividad hidrocarburífera en el país,aporta con el 25% de la cuota de exportación a Brasil y tieneuna importante participación en el mercado interno.

Además, está presente en la explotación de otros diez blo-ques por medio de sus subsidiarias Pluspetrol y Maxus,42 y del100% de reservas probadas y probables de gas natural (TCF) hastaenero de 2002. Repsol YPF, a través de sus subsidiarias AndinaS.A. con el 10% y Maxus Bolivia Inc. con el 25%, controla el 35%de reservas de gas natural en Bolivia43 entre 18 empresas.

Repsol YPF, a través de la empresa petrolera Maxus Boli-via Corporación, intermediaria y subsidiaria de esta, operaen el campo Margarita –el megacampo con mayores reservasdel país dentro el bloque de exploración Caipipendi–, desde1997 desarrollando actividades de exploración, explotación ycomercialización de hidrocarburos. Al mismo tiempo, medianteel proyecto Pacific LNG entre los años 2002 y 2003 junto a otrasempresas y el Estado pretendieron exportar estas reservas del

38 Empresa representante institucional del Estado, encargada del controlde la cadena de la industria petrolera. Sin embargo, que a partir de laLey de Capitalización Nº 1554 y la Ley de Hidrocarburos Nº 1689, pro-mulgadas por el presidente Sánchez de Lozada, queda excluida de lacadena productiva hidrocarburífera (exploración, explotación ycomercialización), convirtiéndose en una mera mediadora.

39 Marc Gavaldá, La recolonización, REPSOL en América Latina: invasión yresistencias, Grupo Editorial Kipus, Cochabamba, 2005, p. 142.

40 Carlos Villegas, Privatización de la industria petrolera en Bolivia. Trayecto-ria y efectos tributarios, CIDES-UMSA; CEDLA; FOBOMADE; Diakonía;Plural editores, La Paz, 2004, p. 96.

41 www.repsolypf.com.42 Gavaldá, op. cit., p. 142.43 Villegas, op. cit., p. 98-99.

337

campo Margarita a Estados Unidos vía Chile, lo que activó lallamada “guerra del gas” y la caída del autor de las políticasvigentes –en ese momento– en el ámbito hidrocarburífero,Gonzalo Sánchez de Lozada.

3.2. Los guaraníes

Para comenzar la exposición de este acápite, es menester se-ñalar primeramente que por “guaraní” se entiende no a unaetnia en particular, sino a un grupo lingüístico rama del grupolingüístico tupi-guaraní,44 en el cual coexisten diversas etniasy culturas.

En Bolivia, la población del grupo lingüístico guaraní sedivide de la siguiente manera por sectores:

I. SURa) Ava-chiriguano, en los departamentos de Santa Cruz,

Tarija y Chuquisaca.b) Izoceño-chiriguano, en Santa Cruz de la Sierra.c) Ava-izoceño-chiriguano, en los alrededores de Santa

Cruz de la Sierra.

II. NORESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZa) Guarayos.b) Guarasu’we (no existe más como grupo por el

etnocidio y genocidio cometido en la explotación dela goma).

II. DEPARTAMENTO DE BENIa) Sirionó.b) Yuqui.

44 El tronco lingüístico tupi-guaraní viene o surge de los grupos tribalestupí, actualmente ubicados principalmente en territorio de Brasil y losguaraní en Paraguay. En Jüergen Riester; Graciela Zolezzi, Identidadcultural y lengua, la experiencia guaraní en Bolivia, APCOB; Abya-Yala,Quito, 1989, p. 13.



De manera general, los guaraní-chiriguanos, como observa-mos en los párrafos anteriores, pertenecen a la familia lingüísticaguaraní y están ubicados actualmente en diferentes lugares delos departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, lo cual hamarcado con el tiempo diferencias culturales e idiomáticas entrelos diversos grupos que componen al pueblo guaraní.

Los grupos guaraníes-chiriguanos que habitan los territo-rios de las provincias Gran Chaco y O’Connor en Tarija, lasprovincias Hernando Siles y Luis Clavo en Chuquisaca, y laprovincia Cordillera en Santa Cruz son los ava-guaraníes(chiriguanos). Y los guaraníes-chiriguanos que se encuentranen la zona de los bañados del Isoso tienen un origen diferenteal resto de los guaraníes, según algunos autores porque tienenmayor procedencia chane y son denominados isoseños.45

Es importante señalar que la denominación chiriguano, atri-buida e impuesta por la Colonia a los guaraníes, en el presentees rechazada por el pueblo guaraní y sus organizaciones.

En la actualidad el pueblo guaraní es el grupo indígenademográficamente más numeroso de tierras bajas. Cuenta, se-gún Combes, con una población de 60 mil habitantes en todoel Chaco boliviano46 y según otros autores con una poblaciónque está entre 65 y 75 mil habitantes; tienen organizadas 24capitanías o zonas en el país y más de 200 comunidades.47

En el departamento de Tarija existen cinco zonas o capita-nías guaraníes, organizadas a través de la Asamblea del PuebloGuaraní (APG): la zona de Yacuiba, constituida en su interiorpor quince comunidades; la zona de Villamontes, integrada por

45 Raf Stassen y otros, Tierra y territorio: estudio de la ocupación territorial enItika Guasu, CER-DET, Tarija, 2004, pp. 1-2.

46 Isabelle Combes, “¿Con o sin dueños? Participación política y ‘demo-cracia indígena’ en el Chaco boliviano”, en Tinkazos, revista bolivianade Ciencias Sociales, N° 17, La Paz, 2004, p. 120.

47 Francisco Canedo, “Organización del pueblo guaraní”, en APG: Coor-dinadora de Instituciones. Diagnóstico del pueblo guaraní, APG, Camiri, 1999,p. 4.

339

doce comunidades; y la región del Itika Guasu, compuesta portres zonas que a la vez integran en su seno a 34 comunidades.

3.2.1. Antecedentes históricos

En la época incaica “los guaraníes mantuvieron una luchacon el Estado Inca por diversas razones, las más importantesson las que tenían que ver con el espacio territorial, pero tam-bién por el dominio de otros pueblos, como el Chané que for-maba parte del Estado Inca”.48 Resistieron a los incas y nuncase sometieron ante ellos, ni se incorporaron dentro su organi-zación política territorial.

Los guaraníes, que se caracterizaban por poseer una vidatransitoria –una vez enlazadas las llanuras chaqueñas y la cor-dillera–, se establecieron en la cordillera, una región habitadaprincipalmente por los Chané,49 donde según algunos autoresse da el mestizaje y la “guaranización” de este grupo –que per-tenecía a otro tronco lingüístico: el arawak– y fruto del mesti-zaje se da el nacimiento a una nueva identidad: el chiriguano.50

En la época colonial, los guaraníes ejercieron soberaníasobre su territorio, constituyendo el denominado y temido porlos españoles “territorio chiriguano”. Constituyen imaginaria-mente una frontera que los separaba de las actividades de lasociedad colonial, pero al mismo tiempo los hacía partícipesde sus lógicas económicas y culturales en esos límites y már-genes que conformaban esa frontera, produciéndose ya enton-ces una específica relación intercultural signada por el conflic-to, pero también por el intercambio.51 Varias y fallidas fueronlas diferentes estrategias utilizadas por los españoles, tanto

48 Stassen, op. cit., p. 32.49 Un grupo étnico de origen arawak.50 Stassen, op. cit., p. 32.51 Fernando Prada, Diversidad ecológica y descentralización política. Territo-

rialidad indígena, Estado nacional, petróleo y biotecnología, (Borrador de inv.),2003, p. 11.



guerreras como las ocupaciones pacíficas de los territorios fron-terizos por conquistar la cordillera chiriguana o mantener lasfronteras territoriales; tanto que después de medio siglo de fra-casos, desde Toledo (1574) a Rui Díaz (1621), los españoles vendemasiado caras las tentativas de conquista y optan por unestado de paz armada, aunque con hostilidades que no cesan.52

Durante el siglo XVII, a diferencia de otras regiones de lastierras bajas,53 las misiones jesuitas en la cordillera chiriguanafracasan en su labor evangelizadora con el pueblo chiriguano.54

En el mejor de los casos logran establecer una misión por untiempo limitado para luego ser destruido por los guaraníes.Pero en la denominada nueva época misional, a fines del sigloXVIII, esta vez las misiones franciscanas logran establecer re-ducciones para llegar a su auge en 1810 con 24 mil chiriguanosreducidos en 22 misiones.55 Sin embargo, este nuevo intentode conquista espiritual encuentra su ocaso en 1814 cuando lasguerras civiles obligan a los padres franciscanos a abandonarlas misiones.

Es en la época republicana cuando se produce recién laincursión y la derrota en el territorio chiriguano. Los primerosaños, los blancos y mestizos –llamados karai por los guaraníes,por medio de la presencia, la ocupación de facto, sobornos alas autoridades del pueblo guaraní y arremetimiento silencio-so– entran en tierra guaraní con fines ganaderos. Y desde 1840a 1874, siguiendo la política de apertura del Chaco, incursionanen territorio guaraní a mano armada, y causan estragos en suscomunidades y en la población. Durante estos años, las rela-ciones entre guaraníes y karai56 se convierten en una relación

52 Stassen, op. cit., p. 40.53 Por ejemplo, en Moxos y en Chiquitos.54 K. Zamora; R. Durán, Culturas bolivianas, Proyecto Sucre Ciudad Uni-

versitaria, Sucre, 2001, p. 111.55 Stassen, op. cit., p. 42.56 Antiguamente sinónimo de hombre malo, abusivo, amigo de lo ajeno,

invasor blanco. Hoy es más utilizado para nombrar a personas que nopertenecen a la nación Ava.

341

de guerra casi sin interrupción. Paralelamente, los karai intro-ducen el sistema de hacienda, principal institución de controllaboral en la región y ocupación latifundista ganadera que de-mandaba grandes extensiones de tierra y mano de obra indí-gena, y que exigía de cierta manera a los guaraníes incorpo-rarse a ese sistema estatal republicano o huir a tierra a dentroal ver ocupado su territorio. En el caso específico de las comu-nidades guaraníes, de lo que ahora se conoce como la regióndel Itika Guasu, vale decir, las comunidades ubicadas en elárea de influencia del Río Pilcomayo, para comienzos del si-glo XX todavía se mantenían iyambae, es decir, libres. Es en1839, con la entrada del Ejercito boliviano, y en 1845 con lafundación de la Misión de Chimeo, que las comunidadesguaraníes de la zona tres llegan a tener un contacto muchomás prolongado con la sociedad nacional, a diferencia de loque pasa con las comunidades guaraníes de las zonas uno ydos, que logran vivir relativamente libres, con su propia for-ma de vida hasta el inicio de la guerra del Chaco en 1932.57

La última resistencia del pueblo guaraní es durante los años1874-1892, encontrando su ocaso en 1892 cuando se lleva a cabola última resistencia armada y también la más conocida del pue-blo guaraní, la batalla de Kuruyuki. En esta contienda el Ejérci-to boliviano derrota a los guaraníes y esa antigua frontera cae,58

dando paso a la proliferación y multiplicación de las haciendas.La resistencia activa del pueblo guaraní, denominada tam-

bién las guerras chiriguanas, duró desde 1574 hasta 1892.59 Enel siglo XIX lucharon contra el gobierno central republicano,que no respetaba sus leyes y sus costumbres, y despojaba deterritorio a los indígenas de dos maneras: el levantamientoarmado contra autoridades y representantes del gobierno y la

57 Santiago Barrientos y otros, Nuestra historia. Testimonios guaraníes de ItikaGuasu, Serie Pueblos del Chaco N° 1, CER-DET, Bolivia, 2005, p. 5.

58 Prada, op. cit., p. 11.59 Stassen, op. cit., p. 57.



resistencia mesiánica de carácter mítico-religioso, que ocasio-nó grandes desplazamientos territoriales.

Posterior a la batalla de Kuruyuki, como mencionamosanteriormente, el sistema de hacienda se expande librementeen las tierras guaraníes, incorporando en su interior en algu-nos casos a comunidades enteras –sobre todo en las poblacio-nes guaraníes de Chuquisaca y Tarija– prácticamente en cali-dad de esclavos por varias generaciones debido al sistema deendeudamiento y la incorporación de toda la familia en el tra-bajo en la hacienda.

Algunas características y creencias de los guaraníes

Los guaraníes se han caracterizado por cierto espíritu nómaday fuertes tendencias migratorias que estimulan su movilidadsocial. Muchas veces impulsados por la búsqueda de espaciosfértiles para su subsistencia y otras ocasiones por la búsquedade la “la tierra sin mal”. La “tierra sin mal es ante todo la tierrabuena, fácil para ser cultivada, productiva, suficiente y ame-na, tranquila y apacible, donde los guaraníes puedan vivir enplenitud su modo auténtico”60 y donde se da el encuentro conel Kandiré.61

Conlleva un sistema de creencias que representa tres si-tuaciones claras. i) Esta la salida, la huida, el escape, de latierra de males, donde existe el agotamiento de los camposcultivables, se acentúan las tensiones políticas y sociales en elseno de la comunidad, existen muchas enfermedades, muer-te, sometimiento y malos tratos –con la llegada de los españo-les–, el karai explota, somete y abusa –hasta en la época repu-blicana–. Para Prada, apenas surge un poder que empieza aconsolidarse y dividir la sociedad, los guaraníes migran.62 ii)

60 Stassen, op. cit., p. 3.61 Héroe civilizador de cierta tradición mitológica guaraní.62 Prada, op. cit., p. 8.

343

La búsqueda, la gestión, la transitabilidad y iii) de llegada, deconseguir, de encontrar lo que se ha buscado.

El modelo de producción primigenio de los guaraníes fuela caza, la pesca, la recolección y una agricultura itinerante.63

La última es desempeñada como una actividad complementa-ria, diversificada y rotativa, según los desplazamientos querealicen los grupos guaraníes.

Sistemas organizativos de los guaraníes en el tiempo

Coincidiendo con la clasificación realizada por Stassen delas formas organizativas de los guaraníes en base a estructu-ración, desestructuración y reestructuración realizadas. Haytres momentos históricos que marcan los diferentes sistemasorganizativos:

1. La organización tradicional2. Entrada a trabajar a las haciendas3. Fundación de la APG

1. La base y la unidad social mínima de la sociedad chiri-guano-guaraní era la familia extendida, donde la familiacomo representación de un núcleo vivencial es la reme-moración del propio linaje guaraní. “Tradicionalmente, losmatrimonios se realizaban entre primos hermanos cruza-dos. El tío materno era el dador de mujer para su sobrino,quien dejaba su propia casa para ir a vivir a la casa de sutío suegro; entonces, la residencia de la nueva familia eraen torno a la casa de la nueva esposa, así llegaba a un es-quema de familia extensa, con los abuelos, las hijas casa-das y sus respectivos esposos e hijos”.64 Tenían fuertes ybien consolidadas unidades y relaciones familiares, agru-pándose en grandes aldeas.

63 Prada, op. cit., p. 7.64 Zamora; Durán, op. cit., p. 108.



Según Albó, conocían como la menor unidad social a latecua, a la aldea como tenda y al conjunto de aldeas confe-deradas como guara. A su vez, cada tecua estaba goberna-da por el padre o jefe de familia; cada tenda bajo el mandatodel mburuvicha o tubischa o cacique o capitán, como personade más prestigio y autoridad, y finalmente la guara estabagobernada por el tubischa rubischa o mburuvicha guasú ocapitan grande. Consecuentemente, el mburuvicha depen-día del mburuvicha guasú.65

Los mburuvicha o capitanes comunales, “toman su poder por elconsenso temporal de la gente, cuando haya necesidad. Ade-más, ellos tienen que mantener su influencia no por la manodura, sino por su poder de convidar y de solidaridad”.66

2. A la segunda mitad del siglo XIX, de 1850 para adelante, laintroducción del sistema de la hacienda y con ello la coac-ción a la integración casi forzosa de los guaraníes fue des-truyendo, desestructurando, desvirtuando y transfor-mando gradualmente –dependiendo los lugares– el tipode organización y liderazgo (Capitán y Capitán Grande)prevalecido hasta ese momento. Hubo casos en que los pa-trones acomodaron la organización guaraní a las necesi-dades e intereses del hacendado.Este proceso evidentemente abarcó una temporalidad largay fue mucho más complejo de lo que es reflejado en estaslíneas, llena de particularidades, además porque no fue ho-mogéneo, cabe resaltar que hubo lugares –el caso de losguaraníes del Izozog– donde prevalecieron sus organizacio-nes naturales y mantuvieron una independencia relativa.

3. En último término está la creación de la Asamblea del Pue-blo Guaraní (APG) en 1987 como modo de reestructura-ción de comunidades guaraníes y autoridades tradiciona-

65 Ibíd., p. 107.66 Stassen, op. cit., p. 4.

345

les. La búsqueda de autonomía y ruptura con el sistemade hacienda, un alto a las relaciones de subordinación, dis-criminación y opresión.

Tras un proceso de reorganización de las comunidadesguaraníes, en 1987 en las comunidades del Isoso nace la APGcon el apoyo de 96 comunidades,67 con miras a unir a losguaraníes de las cinco provincias: Cordillera, Luis Calvo,Hernando Siles, O’Connor y Gran Chaco. Al poco tiempo deser conformada, la APG inicia una serie de contactos y relacio-nes con otras zonas o capitanías, así como las comunidadesubicadas en provincias de otros departamentos, con el objetode juntar en su seno a todas las comunidades. Las alianzas decapitanías o zonas dentro del pueblo guaraní se realizaban enprocura de preservar y defender el espacio territorial ante laamenaza del sistema colonial y republicano.

La APG está integrada por las máximas autoridades de unacomunidad o zona, vale decir, por los capitanes y capitanesgrandes. En ausencia de la Asamblea, ésta es dirigida por uncomité ejecutivo elegido democráticamente por un año, perosi no cumple con los estatutos que rigen esta organización,podrá ser cambiado antes del tiempo previsto.68

Respecto a su estructura, la APG es una organización deestructura flexible organizada en tres niveles: comunal, zonaly nacional. En cada nivel existen PISET y asambleas.69

Como es un órgano ejecutor, democrático y representati-vo que coordina por encargo de las comunidades el programade desarrollo,70 la estrategia central de la APG está basada en el

67 David Acebey, Quereimba, apuntes sobre los ava-guaraní en Bolivia, Edi-ciones Gráficas “E.G.”, La Paz, 1992, p. 268.

68 Acebey, op. cit., p. 249.69 Canedo, op. cit., p. 6.70 Guido Chumiray, “La experiencia de la Asamblea del Pueblo Guaraní”,

en Futuro de la comunidad campesina, CIPCA, Cuadernos de Investiga-ción N° 35, La Paz, 1992, p. 64.



desarrollo, de Producción, Infraestructura, Salud, Educación,Tierra y Territorio, que se expresa en la sigla PISET (comunalesy zonales).

Se define como una “asamblea” con la participación de to-dos en la toma de decisiones, porque la asamblea se da en todoslos niveles y son instancias donde se formalizan las decisionesconsensuadas previamente.71 Sus objetivos pueden resumirse enla formula: desarrollo humano con identidad guaraní.72

También actualmente es reconocida por el gobierno nacio-nal como la organización matriz del pueblo guaraní en Boli-via. Que a la vez forma parte y está dentro el seno de la Confe-deración Indígena del Oriente, Chaco y Amazonia Boliviano(CIDOB); ha participado en movimientos indígenas bolivianos,en elecciones municipales y nacionales, y se ha relacionado conorganizaciones de otros países de América Latina, incluidaslas organizaciones guaraníes de Argentina, Paraguay y Brasil.

La organización indígena de la APG “sirve como interlo-cutora de las demandas guaraníes y, al mismo tiempo, funcio-na como la única representante legal ante organismos guber-namentales e internacionales”.73

La APG nacional, dentro su estructura también está con-formada por organizaciones menores, la Capitanía del Alto yBajo Izozog (CABI) en el Isoso, la APG en Tarija y el Consejo deCapitanes de Chuquisaca (CCCH). Pero también en los últimosaños se ha constituido el Consejo de Capitanes del ChacoTarijeño “en la perspectiva de articular a las organizacionesindígenas de la región, que encuentran como una de las moti-vaciones fundamentales de su organización la amenaza queimplican las intensas actividades de las empresas petrolerasen los territorios indígenas”.74

71 Canedo, op. cit., p. 6.72 Canedo, op. cit., p. 4.73 Stassen, op. cit., p. 6.74 Castro, op. cit., p. 162

347

Cabe resaltar que a pesar de poseer una organización muyestructurada llena de vínculos, alianzas y sentidos de perte-nencia, muchos grupos guaraníes “eran [y son en algunos as-pectos] sumamente autónomos e independientes entre sí. Noexiste ni existió nunca, entre ellos, una estructura organizativaque los hubiera vinculado o considerado como una nación-Estado”.75

En 1988 la APG comenzó a tomar contactos con comunida-des del departamento de Tarija76 y para 1991, entre el 24 y 25de junio, realizan una reunión en la comunidad de Ñaurenda,77

donde entablan relaciones con la zona del Pilcomayo, ahorallamado Itika Guasu.

A los dos años de la creación de la APG, en 1989, las comu-nidades de la región del Itika Guasu empezaron a organizar-se. En ese entonces, los guaraníes de la provincia O’ Connor seencontraban desarticuladas y todavía no se reconocían comoparte de un mismo pueblo.78 Paralelamente, realizan gestio-nes en vías de recuperar un territorio propio –porque cabe re-saltar que hasta ese momento no contaban con territorio pro-pio y gran parte de los guaraníes vivían empatronados–79,comenzando con el desmonte de potreros comunales y luegofamiliares como una forma de garantizar de ese tiempo paraadelante la subsistencia de las familias.

La reestructuración socioeconómica y cultural de los gua-raníes de O’Connor fue un proceso gradual, no sincrónico,



dependiendo los ritmos y acciones tomadas por las diferentescomunidades o capitanías, por lo cual, los guaraníes de esaregión estuvieron empatronados hasta 1993.80

En estas líneas textuales describen lo mencionado en lospárrafos anteriores:

En O’Connor se vive una efervescencia por el territorio y la liber-tad. Su organización va adquiriendo tal fuerza, que algunos karaipobres [comunarios campesinos por lo general] que son víctimasdel abuso patronal, participan en la organización ava para benefi-ciarse de las conquistas sociales y tener un respaldo en su luchacomún.81

Según R. Sánchez, “en Ñaurenda en 1989 nació la regióndel Itika Guasu”82 y según D. Acebey, en O’ Connor, ya en 1990se han organizado siete comunidades guaraníes en la zona deEntre Ríos: Ñaurenda, Tentapiao, Tacuarandi, Tentaguazu,Yuquimbia, Suarurito y Potrerillos en capitanía, y es a partirde esa fecha que recién eligieron a su mburubicha guazu (Ca-pitán Grande).83

A pesar de estar ya organizadas muchas comunidades,según F. Canedo, para 1999 el “Itika es [seguía siendo un] te-rritorio cautivo, las comunidades se encuentran en situaciónde esclavitud al interior de propiedades ganaderas privadas.Tarija y Chuquisaca son los departamentos de Bolivia dondeexiste mayor cantidad de comunidades cautivas”.84

80 Stassen, op. cit., p. 1.81 Acebey, op. cit., p. 250.82 Entrevista a Renán Sánchez, director del Equipo de Apoyo al Pueblo

Guaraní EAPG, 24 de marzo de 2005.83 Acebey, op. cit., p. 251.84 Canedo, op. cit., p. 33.

349

4. Conflicto


Una vez suscrito el contrato de riesgo compartido entre laempresa Maxus y YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bo-livianos (representante estatal) en mayo de 1997 para el de-sarrollo de actividad hidrocarburífera en la zona noreste dela provincia O’ Connor, la empresa petrolera inicia sus acti-vidades en la región del Itika Guasu; “espacio” vital de re-producción cultural del pueblo guaraní, estructurado con susrespectivas formas de organización, específicos modos devida y con un determinado uso y aprovechamiento de losrecursos naturales, y que a la vez en ese momento es deman-dado –tras varios años de lucha– ante el INRA –representantelegítimo del Estado– para la titulación como Tierra Comuni-taria de Origen (TCO).

El conflicto encuentra su génesis cuando la empresa tomapresencia y se apropia –con toda sus implicaciones– de unaterritorialidad –concedida por el Estado boliviano para la ac-tividad petrolera– que a la vez es ocupada territorialmentepor el pueblo guaraní. Para los guaraníes, como para otrosgrupos indígenas de las tierras bajas de Bolivia, “el territorioabarca todo lo que constituye el hábitat de un pueblo indíge-na, el espacio histórico y religioso heredado de sus antepasa-dos; el espacio que utiliza para las actividades de reproduc-ción, caza, pesca y recolección; el espacio necesario para lapreservación de los ecosistemas y recursos naturales y áreasque garanticen el crecimiento y el desarrollo de la poblaciónindígena”.85

Este problema es descrito por uno de los guaraníes de estamanera:

85 APCOB, Población indígena de las tierras bajas de Bolivia, p. 19.



Todo lo que está pasando nunca hemos pensado ver, ahorita undaño que hace al pueblo guaraní que nunca ha visto esas cosas,esas máquinas pesadas de la empresa, nunca ha visto un gringopasando por su parque y coartando la libertad del pueblo guaranídentro de su territorio, diciendo no compañero guaraní, no pasenpor acá mezquinando su casa del pueblo guaraní. En otras pala-bras, es venir y quitar nuestra casa por esa famosa Ley 1689, que haconcesionado todas nuestras riquezas naturales, entonces ahoritaestamos preocupados por el futuro del pueblo guaraní, que va avenir, por los daños a los recursos no renovables y también un dañoa los renovables, ese daño cada año va ir empeorando, [porque]nosotros como pueblo guaraní vivimos de la caza y de la pesca,qué va a pasar…”.86

Como es señalado por Castro, ahí se da una tensión cultu-ral que pone en antagonismos una disparidad de visionesrespecto i) al derecho consuetudinario indígena frente a la le-gislación nacional y ii) modelos e imaginarios de desarrollo.87

En cuanto al derecho consuetudinario y la legislación na-cional, como observábamos anteriormente, para los guaraníesla territorialidad, las estructuras de movilización y las repre-sentaciones son construcciones naturales y tradicionales quevan muchas veces en contradicción con la visión estatal y lalegislación nacional, que tienen un enfoque territorial y de losrecursos naturales mucho más fragmentada, otras formas po-líticas administrativas legítimas y válidas, y por último otrasautoridades con determinadas competencias establecidas enel marco legal.

Respecto a los modelos e imaginarios de desarrollo, sibien en ambos casos existe una coincidencia en ver al desa-rrollo como algo deseable, los guaraníes desean un desarro-

86 Segunda entrevista a Andrés Segundo, ex presidente de la APG nacio-nal y actual presidente de la APG-IG, 28 de febrero de 2005.

87 Miguel Castro, Experiencias de negociación, deliberación y diálogo (NEDD).Estudio de caso. Comunidades guaraníes del Itika Guasu y empresas petrole-ras, m.s., Tarija, 2005, p. 2.

351

llo sostenible88 y actualmente conviven entre dos sistemas eco-nómicos de reciprocidad y de mercado. Ellos, por un lado,valoran el sistema de reciprocidad y tratan de mantenerinalterado el ecosistema donde viven y, por otro, se introdu-cen a la lógica del mercado, creando sus cooperativas, ven-diendo sus productos al mercado interno, etc. Aunque con elobjetivo central –ante todo– de cubrir sus necesidades bási-cas y eventualmente de acumulación. En cambio, las petrole-ras personifican la visión de la acumulación empresarial,racionalización del tiempo, de eficiencia, de competencia.

La presencia y la actividad petrolera, resumida en ex-plosiones continuas que acompañan el trabajo de prospec-ción y estudios sísmicos, apertura de zanjas para el depósi-to de gasoductos y oleoductos, el transporte de equipopesado para la instalación de campamentos, plantas proce-sadoras, etc., la apertura y planchado de superficies paraabrir caminos, construir pistas aéreas, etc., la excavación yperforación de pozos y el despido de desechos tóxicos agre-de, altera y afecta la forma de vida del pueblo guaraní y eluso y gestión de los recursos naturales utilizados para susubsistencia, en general creando impactos y problemassocioambientales.

4.2. Actores y lugar donde se desarrolla el conflicto, actividadeconómico-productiva y uso de recursos en la región,actividad hidrocarburífera y composición social

Actores:

1. Los guaraníes de la región del Itika Guasu, representados porla Asamblea del Pueblo Guaraní del Itika Guasu APG-IG.

88 Donde el crecimiento económico con límites sólo debe producirse si nose agotan los recursos naturales, si se respeta la biodiversidad y se pro-tege el aire puro, el agua, el suelo.



2. El consorcio: Maxus Bolivia (subsidiaria de Repsol YPF), BG yPan American Energy, representada por su operador MaxusBolivia, que realiza actividades de exploración, explotacióny comercialización de hidrocarburos en el bloque de explo-ración Caipipendi y en el campo de exploración Margarita.

Lugar:

El Itika Guasu en la actualidad

Itika Guasu en guaraní significa río grande. El nombre hace alu-sión al río Pilcomayo, que atraviesa la región y “es su principalfuente de agua. Este río tiene otros afluentes como el río Salado,el río Timboy, el río Suarurito y el río de Palos Blancos”.89

El territorio guaraní del Itika Guasu se encuentra ubicadoen la provincia O’Connor del departamento de Tarija, en loscantones Chimeo, Tarupayo y Timboy.90 Esa región tradicio-nalmente se la conoce como territorios simba.91

Actualmente “son 3.500 los guaraníes que están dentro laorganización APG-IG y habitan la región del Itika Guasu”,92 sonava-chiriguanos y se autodenominan como “AVA, que signifi-ca hombre”.93

La extensión de la región del Itika Guasu, que figura en losdiferentes mapas y es demandada en la actualidad ante el Insti-tuto Nacional de Reforma Agraria, es de 216.002 hectáreas.

La región del Itika Guasu está dividida en tres zonas orga-nizadas como capitanías, la zona uno, zona dos y zona tres,

89 Miguel Castro, “La región chaqueña: conflictos y gobernabilidad”, enCuadernos del Futuro Nº 16, Nuevos actores sociales, Vol. I, PNUD; Plu-ral editores, La Paz, 2002, p. 131.

90 Barrientos, op. cit.91 Canedo, op. cit., p. 33.92 Primera entrevista a Andrés Segundo, ex presidente de la APG nacio-

nal y actual presidente de la APG-IG, 25 de febrero de 2005.93 Stassen, op. cit., p. 2.

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que albergan en su interior aproximadamente 36 comunida-des de la siguiente manera:

Zona uno: Agua Rica, Potrerillos, Itayuro, Mokomokal, Sa-ladito de Ñaurenda, Ñaurenda, Tomatirenda, Yukiporo, AguaBuena Yukupita y Tabasay (diez comunidades).

Zona dos: Ñuairenda, Cahuarina, Fuerte Viejo, Suarurito,Salado Grande, Tentapiau, Ivopeite, Ñaguanaurenda, Tenta-guasu, Chalana Vieja, Yumbia, Arenal, Casa de Piedra, Kara-tindi y Yukimbia (quince comunidades).

Zona tres: Alto los Zarsos, Chimeo, Lagunitas, Mboipi-tarenda, Zapaterambia, Itaparara, Yuati, Kumandaroti, Ivoca,Itaguasuti y Puerto Margarita (once comunidades).

Organización política, social y económica de los guaraníes del ItikaGuasu

La Asamblea del Pueblo Guaraní de la región del Itika Guasu(APG-IG), que es o forma parte de la Asamblea Nacional delPueblo Guaraní de Bolivia (APG), está estructurada interna-mente de la siguiente manera:

Primeramente tenemos el nivel comunal o las comunida-des que tienen como instancia máxima de decisión a la asam-blea comunal, en la cual participa toda la población. Además detener también un máximo representante para el caso de la orga-nización de la capitanía. Este representante es el Mburuvicha oCapitán Comunal, que es elegido en una asamblea comunal porun periodo de mandato indefinido.

Posteriormente tenemos el nivel zonal, donde se establecedel mismo modo la asamblea zonal, en la que participan todoslos Mburuvicha comunales de cada zona para tomar decisio-nes acerca de los problemas intercomunales.



Asamblea regional(la Ñemboati Guasu)

El Consejo Regionalde Capitanes

Comité Ejecutivo/PISET Regional

Consejo de Sabios

Asamblea Zonal -Zona dos

Asamblea Zonal -Zona uno

Asamblea Zonal -Zona tres

Capitanía y PISETZonal



Asamblea Comunal Asamblea Comunal Asamblea Comunal

Capitanía y PISETComunal



A nivel regional está integrado por dos instancias, primera-mente por la autoridad máxima de la región, que está com-puesta por los tres Mburuvicha Guasu de las tres zonas. Y ensegundo lugar, por otra autoridad que es el Comité Ejecutivode la APG, elegido en una asamblea regional por el periodo dedos años. Este Comité Ejecutivo cumple funciones más técni-cas y operativas.94

Podemos graficar de la siguiente manera la estructura y composi-ción interna de la APG-IG:95

94 Stassen, op. cit., pp. 6-7.95 APG-IG y otros, p. 3.

355

El Comité Ejecutivo es elegido por dos años en la AsambleaRegional y es también “en la Asamblea Regional [llevada ade-lante cada año] donde determinan si se quedan más tiempo, eva-lúan, ven si ha trabajado o no”.96 El Comité Ejecutivo de la regióndel Itika Guasu tiene sus oficinas en la localidad de Entre Ríos.

“Los guaraníes del área han desarrollado, paralelamente ala organización tradicional, una estructura funcional, sectorialde desarrollo integral de las comunidades denominada PISET(Producción, Infraestructura, Salud, Educación y Territorio), conresponsables comunales y zonales por cada una de estas áreas”.97

Los responsables de producción se encargan, por un lado,de coordinar y gestionar las demandas del sector productivode las comunidades y, por otro, de coordinar con organizacio-nes estatales y no estatales actividades para mejorar la pro-ducción en el territorio.98

Los responsables de infraestructura están encargados de coor-dinar y hacer seguimiento a las obras en el territorio, además degestionar las demandas de infraestructura en todos los ámbitos.99

Los responsables de salud tienen que velar por el cumpli-miento de las leyes que benefician al sector indígena en elámbito de salud, hacer respetar los conocimientos medicina-les tradicionales de los guaraníes, coordinar y participar delconsejo indígena de salud y por último de coordinar con lasinstituciones que trabajan en salud.100

Los responsables de educación están encargados de velarpor la calidad de la educación bilingüe en el territorio, gestio-nar las demandas del sector de educación y coordinar con lasautoridades del sector educativo.101

96 Entrevista a Benigno Vaca y José Luis Arenas (monitores ambientales),24 de marzo de 2005.

97 Castro, op. cit., p. 161.98 APG-IG y otros, p. 7.99 Ibíd., p. 8.100 Ibíd., p. 9.101 Ibíd., p. 10.



Finalmente, los responsables de tierra y territorio se dedi-can a velar por la integridad del territorio en sus aspectos físi-co, social y cultural, realizar un seguimiento de las diferentesactividades que puedan dañar el medio ambiente y coordinarcon las autoridades regionales y departamentales para la con-solidación del territorio.102

La organización de la APG-IG en los últimos años ha esta-blecido mayor independencia y autonomía de la APG-nacional:

Organizamos y realizamos nuestros proyectos solos, además nego-ciamos solos con la petrolera, e inclusive coordinamos muchas ac-tividades directamente con el CIDOB.103

La APG-nacional antes canalizaba proyectos, ahora ya somos másindependientes.104

Actividad económica y uso de recursos naturales

Dentro de las actividades económicas y el uso de recursos natu-rales en la región del Itika Guasu, tenemos a la ganadería porramoneo, la pesca, la agricultura migratoria a secano en pequeñaescala por vía del chaqueo, la extracción forestal selectiva, enmenor medida la caza y la recolección porque han dejado de serlas actividades primordiales a causa de diferentes factores, y laartesanía. También algunos guaraníes siguen trabajando vendien-do su mano de obra a través de jornales a las haciendas vecinas oa las comunidades campesinas, aunque según A. Segundo ya noen las condiciones de antes: “Ahora si trabajan para los campesi-nos para los ganaderos, pero si les pagan ya no es como antes”.105

La actividad económica y el uso de los recursos naturalesvarían de zona a zona, según las características demográficasy climáticas en cada una de ellas. Por ejemplo:

102 Ibíd.103 Entrevista a Benigno Vaca y José Luis Arenas (monitores ambientales),

24 de marzo de 2005.104 Entrevista a monitores.105 Segunda entrevista a Andrés Segundo.

357

La zona uno se caracteriza por tener mayor potencial agrí-cola y forestal.106 “Tiene vocación agrícola porque es una zonadonde llueve más, pero también se dedican a la ganadería”.107

La zona dos posee un potencial agrícola y forestal, ademásdel componente ganadero.108 “Es una zona mixta, agrícola y ga-nadera, aunque la agricultura y en especial la producción demaíz se la realiza con mayor riesgo en relación a la zona uno”.109

En la zona tres predomina el uso ganadero antes que el fo-restal o agrícola.110 “Es una zona más de actividad ganadera,cría de vacas, cabras, aunque igual cultivan por un hecho tra-dicional, pero con alto riesgo porque no es una zona tan aptapara esta actividad”.111

La agricultura es practicada casi por la mayoría de la po-blación, a pesar incluso de que hay zonas no aptas para el de-sarrollo de esta actividad. Esto se debe, a ser una cultura delmaíz. Es una actividad suplementaria destinada al autoconsumo,aunque en los últimos años con la cooperación y el asesoramien-to de las ONG de la región, esta actividad es practicada en algu-nas comunidades no solamente para autoabastecimiento, sinopara vender en el mercado local, claro en pequeñas cantidades.

La actividad pesquera es desarrollada no por todos losguaraníes, ante todo por las comunidades de la zona PuertoMargarita, debido a que las estrategias de reproducción socialde estas poblaciones están ligadas a la extracción, para elautoconsumo y venta, de esta riqueza.

106 Stassen, op. cit., p. 70.107 Entrevista a Noe Quisbert, forma parte del equipo de agrónomos del

EAPG, 23 de marzo de 2005.108 Stassen, op. cit., p. 70.109 Entrevista a Noe Quisbert110 Stassen, op. cit.111 Entrevista a Noe Quisbert



En los últimos años, con el apoyo de la cooperación inter-nacional y ONG, los indígenas del Itika Guasu preservando suidentidad van introduciéndose a la modernidad progresiva-mente organizando asociaciones productoras o cooperativasproductivas, integrándose al mercado por medio de proyec-tos productivos. Este es el ejemplo de las cooperativas gana-deras, la producción de miel y otros.

Para terminar, desarrollan actividad artesanal, por lo ge-neral con carácter utilitario, destinándose un reducido mar-gen a la comercialización. Es una labor desarrollada principal-mente por las mujeres guaraníes que trabajan cestería de palma.

Composición social de la región del Itika Guasu

Si bien en esta región existe una predominancia guaraní y/oes el actor principal, también hay la presencia de otros actorescomo las comunidades campesinas y ganaderos.

Existen algunas comunidades campesinas dentro el ItikaGuasu, como “Timboy, Potrerillos y otras”.112 Según AndrésSegundo, “un 85% son guaraníes en esa zona y un 15% cam-pesinos”. Un fenómeno muy interesante en la zona es que al-gunas comunidades campesinas han decidido formar parte dela organización guaraní y ser representadas por la personeríajurídica indígena para realizar sus demandas de TCO; este esel caso de Potrerillos, que “se convierte en indígena, o sea queanulando personería jurídica campesina y creando comunidadindígena, actualmente están legalmente como comunidad in-dígena valiendo como personería jurídica indígena”.113

En cuanto a los ganaderos, según el Estudio de Necesida-des Espaciales (EINE) en la región del Itika Guasu, existen 123

112 Primera entrevista a Andrés Segundo, ex presidente de la APG-nacio-nal y actual presidente de la APG-IG, 25 de febrero de 2005.

113 Segunda entrevista a Andrés Segundo, ex presidente de la APG-nacio-nal y actual presidente de la APG-IG, 28 de febrero de 2005.

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terceros, la mayoría ganaderos: “En realidad ya no existe comoantes, deben haber unos 130 ganaderos en la región, claro yano tan grandes, más pequeños, aunque uno que otro en canti-dades”.114

Respecto a la actividad hidrocarburífera en la región del Itika Guasu

La empresa Maxus ha desarrollado sus actividades hidrocar-buríferas en la región del Itika Guasu en general y actual-mente en la zona Puerto Margarita en particular. Aunque tam-bién en la zona dos se ha llevan a cabo actividades deexploración por parte de las petroleras y según R. Sánchez“hay como dos o tres lugares señalados para posibles perfo-raciones o más estudios”.

En la etapa de prospección, la empresa Maxus realizó tra-bajos sísmicos en diferentes lugares de la región del Itika Guasuy posteriormente, en la etapa de explotación, estableció susactividades específicamente en la zona del Puerto Margarita.

Zona de Puerto Margarita

Está ubicada en el área baja de la zona tres, donde se encuen-tran varias comunidades, entre ellas Yuati, Zapaterambia yKumandaroti, según varias personas entrevistadas,115 las trescomunidades más afectadas por la actividad petrolera y lasmás cercanas.

En esta zona habitan más o menos 650 guaraníes dividi-dos en ocho comunidades.116 En la comunidad de Yuati “haymás o menos treinta familias”,117 en la comunidad de Kuman-

114 Ibíd.115 Andrés Segundo, monitores ambientales, Renán Sánchez, etc.116 Ivoca, Kumandaroti, Casa Alta, Yuati, Zapaterambia, Puerto Margari-

ta, Itaparara e Itaguasuti.117 Entrevista a F. Cayo, Capitán Grande de la zona tres, 25 de marzo de

2005.



daroti “doce familias”118 y en Zapaterambia “viven como 27familias”.119

Actividad económico-productiva y uso de recursos en la zona de Puer-to Margarita

La población se dedica en general a la pesca, tanto para el con-sumo como para la venta:

La gente se dedica a la pesca porque es el primer artículo de necesi-dad que tenemos en el puerto. A veces también sacamos para ven-der, pero para consumir es todos los días.120

En los meses de temporada (abril-septiembre) los guaraníesrealizan pesca comercial en el río Pilcomayo:

Ahorita en Puerto Margarita forman su socio como cooperativa,hacen sus socios para pescar y vender pescado hasta Tarija, EntreRíos, entonces sacan su permiso para vender.121

Recientemente, también se dedican también a la ganade-ría con apoyo de una institución suiza. Tienen una cooperati-va ganadera “con 240 cabezas de ganado de propiedad comu-nal”.122 Está compuesta por socios de “cuatro comunidades,cinco de Yuati, cinco de Zapaterambia, cinco de Kumandarotiy cinco de Taguasuti”.123 Los ingresos de la actividad ganade-ra todavía no son percibidos por los miembros de la coopera-tiva porque: “Recién estamos produciendo, nosotros vende-mos ganado a Tarija, pero la plata directamente cae en la

118 Ibíd.119 Ibíd.120 Ibíd.121 Segunda entrevista a Andrés Segundo.122 Entrevista a Noe Quisbert.123 Entrevista a F. Cayo

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cooperativa para hacer los trabajos como alambrada, comprarlas vacunas y otros”.124

Antes de que la empresa Repsol YPF ingresara a realizarlos diferentes trabajos que acompañan la fase de explotación yproducción de hidrocarburos, los guaraníes en esa zona –se-gún testimonios de los mismos comunarios– se dedicaban a laagricultura y a la caza, pero ahora debido a diferentes factoresya no es así.

Antes producíamos [maíz], pero ahora ya no, es zona seca.125

Antes sembraban con bomba (de agua), no en gran cantidad… parael sustento de la familia, pero ahora ya no.126

Antes era más silencio, no había movimiento de nada, se podía cazar,incluso algunos animalitos cruzaban el camino, ahora se van lejos.127

Ahora, algunas familias de las comunidades también tra-bajan en apicultura. Los guaraníes, tras años de lucha y nego-ciaciones con la empresa Maxus, han conseguido la subven-ción de un proyecto de apicultura para esa zona:

Antes era [financiado] por una institución [junto al equipo de apo-yo], repartían cajones, algunos han producido, algunos no, ahora es-tamos con la Repsol gracias a las negociaciones hemos logrado unoscuantos pesos para las abejas y ellos nos dan cajas para los cuatrogrupos de personas que estamos beneficiados. Son 33 colmenas máso menos en cada grupo y las colmenas son comunales.128

Por último, además gran parte de las mujeres guaraníesde las comunidades participan en grupos de artesanía, produ-ciendo recipientes, paneros, en tejido de palma:

124 Ibíd.125 Ibíd.126 Entrevista a Aguilar.127 Entrevista al Segundo Capitán de la comunidad Kumandaroti.128 Entrevista a F. Cayo.



Tienen grupos de artesanía, las hermanas les están ayudando en elgrupo de artesanos y otra institución que está apoyando tambiénes el CERDET.129

Composición social en la zona de Puerto Margarita

En la zona de Puerto Margarita, a diferencia de la zonauno, donde hay varias comunidades campesinas, no existen,pero sí hay la presencia de grandes y medianas propiedadesganaderas:

No se tiene ninguna comunidad campesina, pero sí un montón depropiedades privadas o propiedades de terceros.130

Una de las propiedades ganaderas más grandes de la pro-vincia se encuentra precisamente en esa zona y es de propie-dad de la familia Palacios:

Es la propiedad más grande de la provincia que tiene 12.500 hectá-reas.131

Repsol YPF en el Puerto Margarita

Muy en contraste con las sencillas y humildes casas de losguaraníes, construidas de troncos, adobes y palma, algunoschacos y una que otra infraestructura pequeña que funcionacomo posta de salud o aulas de escuela, y entre cabras y vacas,por los caminos encontramos la llamada “tecnología de pun-ta” en todas sus formas. Existen actualmente tres pozos perfo-rados: X1, X2, X3 y se encuentra en plena perforación el X4, delos cuales “el X3 y X1 ya se encuentran funcionando [en pro-

129 Ibíd.130 Entrevista a César Aguilar, Coordinador de los monitores ambientales,

25 de marzo de 2005.131 Ibíd.

363

ducción, explotando], mientras que el X2 se encuentra selladolisto para explotar y el X4 en perforación”.132 La instalaciónde la “Planta de almacenamiento Bolinter”133 en más o me-nos cincuenta hectáreas –según dato de los guaraníes–, elplanchado de numerosas superficies de diferentes tamaños –hectáreas– en ellas instaladas un aeropuerto con tres vuelospor semana, también un helipuerto y campamentos. Ademásde las aperturas de brechas y caminos de acceso a las dife-rentes instalaciones, también encontramos instalados en sue-los deforestados una maraña de ductos: gasoductos, oleoduc-tos, cañerías de acopio, líneas colectoras y otros. Finalmente,no puede faltar la instalación de una antena, a unos cuantosmetros del X1, que posibilita la comunicación telefónica a lospersoneros de la Maxus, eso sí, con línea y prefijo de la ciudadde Santa Cruz.

Por el momento (marzo de 2005), muchos trabajos estáncasi paralizados, entre ellos la instalación de un gasoducto uoleoducto que posibilite la producción del X4, la perforaciónde otros pozos, etc. Esto, según los entrevistados, debido a quela empresa está esperando la aprobación de la nueva Ley deHidrocarburos: “No están trabajando por el motivo de la Leyde Hidrocarburos”.134 Es una temporada con baja actividadpetrolera, como señala Aguilar: “Ahora no se está viendo mu-cha gente y movimiento, anteriormente hace unos tres, cuatromeses atrás, Palos Blancos era el campamento más grande yhabía cientos de personas en el camino trabajando de una for-ma u otra, pero ahora ya no hay mucho”.135 Sin embargo, a unfuturo se estima “la perforación de más o menos 24 pozos iden-tificados ya en Puerto Margarita”.136


133 Entrevista a monitores.134 Entrevista F. Cayo.135 Entrevista a Aguilar.136 Segunda entrevista a Andrés Segundo.



4.3. Antecedentes, trayectoria y características del conflicto

En la primera mitad de la década de los ochenta, la importan-cia del gas en la economía nacional crece incluso hasta supe-rar el 50% del total de los ingresos del país por exportaciones.Dando inicio paulatinamente con ello a un nuevo ciclo econó-mico también de “base estrecha” dominada por el patrón dedesarrollo: gas.137

Posterior a la aplicación, en 1985, del modelo de “libre mer-cado” en el país, se ponen sucesivamente en vigencia una seriede disposiciones legales –que establecerán un nuevo marco jurí-dico– (Ley de Inversión, Ley de Capitalización, Ley de Hidrocar-buros 1689 y otros) en función de las necesidades de contraccióndel gasto público, apertura a la inversión externa y privatizaciónde recursos públicos. Con ello se da inicio a procesos de capitali-zación con privatizaciones de las empresas estatales de los boli-vianos, se concede la propiedad de los recursos naturales a cor-poraciones multinacionales. Para el caso específico de loshidrocarburos, gradualmente se privatiza la cadena de explora-ción, explotación y comercialización. Primeramente se otorga lapropiedad en boca de pozo a las transnacionales,138 transfiriendocon ello el poder de decisión y gestión de los recursos naturalesdel ámbito público a lo privado y posteriormente se privatiza lasactividades del Downstream139 (refinación, comercialización y al-macenaje), que estaban en manos del Estado.

En síntesis, en el sector hidrocarburífero se crean las condi-ciones necesarias para la inversión extranjera y la entradairrestricta de las empresas petroleras al territorio boliviano. Plan-teando incluso políticas ventajosas de incentivo a la inversiónprivada y extranjera, que disminuyen las exigencias y el control

137 George Gray, “Crecimiento de base ancha: entre la espada y la pared”,en Tinkazos, revista boliviana de Ciencias Sociales, N° 15, La Paz, 2003.

138 Mediante el Decreto Supremo Nº 24806, aprobado el 4 de agosto de1997.

139 Villegas, op. cit., p. 111.

365

140 Monitoreo indígena independiente de la APG-IG, Impactos ambientalessociales y culturales de Repsol YPF en territorios indígenas de Bolivia, Pro-grama de Vigilancia Socio Ambiental de las Industrias Extractivas, Tarija,2005, pp. 5-7.

141 Villegas, op. cit.142 La Razón, 24 de noviembre de 2004.143 Gavaldá, op. cit., p. 195.144 El bloque Caipipendi comprende 648.875 hectáreas, después del blo-

que Tuichi (un millón de hectáreas) y del Sécure (700 mil hectáreas), laconcesión más grande de Repsol YPF en Bolivia, en Víctor Orduna,Pulso, p. 4. Además el bloque se sobrepone totalmente al territorio ItikaGuasu de los guaraníes.

145 Este cuadro es realizado en base a información de www.repsolypf.com,Carlos Villegas, 2004; Walter Mamani y otros, 2003.

socioambiental, con estándares sociales y ambientales muy pordebajo de los establecidos en el Banco Mundial y sus directricesoperacionales, o en los principios y directrices de la OCDE Orga-nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.140

Campo Margarita

El campo Margarita es el más grande de los “megacampos” del país, le siguenlos campos San Alberto, San Antonio, Itaú y Madrejones,141 en los cuales se en-cuentra la mayor cantidad de reservas de gas natural y líquidos (petróleo y con-densado). De los 52 trillones de pies cúbicos de gas que tiene el país en reservasprobables y probadas, se estima que 13 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas142

estarían en este campo, además de 303,48 millones de barriles de petróleo.143

Repsol YPF, a través de la empresa petrolera Maxus Bolivia Corporación, quesería intermediaria y subsidiaria de esta, opera en el campo Margarita y en elbloque de exploración Caipipendi144 desde 1997, desarrollando actividades deexploración, explotación y comercialización de hidrocarburos.A continuación detallamos la conformación del consorcio, el operador y lossocios, y las áreas de exploración y explotación.145

Campo de exploración Margarita

Bloque de exploración Caipipendi

Conformación del consorcio Maxus Bolivia (subsidiaria de RepsolYPF), BG y Pan American Energy



146 Operador es la nominación y designación de una empresa por parte deotras empresas que conforman el consorcio para su representación anteYPFB.

147 Empresas participantes del proyecto de exploración y producción de hi-drocarburos en un campo específico, en este caso en el campo Margarita.

148 La Ley Nº 1689 junto a la Ley Nº 1731 y la Ley 1991 son altamenteatentatorias a los intereses de los bolivianos y del patrimonio nacional,por la privatización de los hidrocarburos y la legalización de la propie-dad privada en la frontera.

149 Promulgada dos meses después que la Ley Nº 1689, el 25 de noviem-bre de 1996.


Operador146 Maxus Bolivia (Repsol YPF)

Socios147 BG y Pan American Energy

Porcentajes de participación Maxus Bolivia-Repsol YPF (37,5%), BG(37,5%) y Pan American Energy (25%)

Nacionalidad de las empresas Maxus Bolivia-Repsol YPF (España), BG(Gran Bretaña) y Pan American Energy(Estados Unidos)

El campo Margarita permitió además la conformación de un consorcio deempresas, Pacific LNG, cuyo proyecto principal era –hasta octubre de 2003,cuando se llevó adelante una sublevación social llamada “guerra del gas”,que terminó con la destitución del presidente de la República Gonzalo Sánchezde Lozada–, la exportación de gas natural a México y Estados Unidos víaChile. En este proyecto Repsol YPF y “sus” reservas de gas del campo Mar-garita fueron consideradas como la base de exportación de dicho proyecto.La actividad hidrocarburífera llevada a cabo en ese campo responde al marcode la Ley de Hidrocarburos Nº 1689, aprobada en 1996 por el gobierno deSánchez de Lozada148 y la Ley Nº 1731.149 En ese sentido, Repsol YPF-MaxusBolivia suscribe “un contrato de riesgo compartido 14/97 en fecha 14 de mayode 1997 con YPFB para el desarrollo de actividades de exploración, explota-ción y comercialización de hidrocarburos”.150

Este contrato de riesgo compartido es uno de los 79 contratos suscritos has-ta el año 2002 por el gobierno boliviano. No obstante de ser uno de los con-

367

tratos resultados de las nuevas licitaciones, está destinado a establecer lascondiciones de relación entre ambas partes en las diferentes fases de la ca-dena hidrocarburífera.La Ley Nº 1689 distingue y clasifica las reservas y los campos entre campos“nuevos y “existentes”,151 teniendo que entregar los primeros cerca del 50% deregalías al Estado, en tanto que los segundos (los nuevos) sólo el 18%. Enton-ces, por haber sido descubierto el campo Margarita por YPFB a mediados delos noventa y por tener un plan estratégico para ir provocando los yacimientosprofundos, a medida que el mercado de gas lo demandara152 es o tenía que serconsiderado como campo existente. Sin embargo, la Ley 1731 –emitida mesesdespués de la primera–, resultado de una jugada política con la intención defavorecer a capitales extranjeros, redefine los conceptos de la primera Ley yreclasifican los campos cambiando su status. En ese cambio, el campo Marga-rita, junto a otros campos, es considerado como “nuevo”, vale decir que losreservorios eran reservas probables o descubrimientos nuevos.Por lo mencionado, la operación petrolera del campo Margarita se acoge alpago de regalías menores en virtud de las nuevas disposiciones. El consorciointernacional se lleva el 82% de los ingresos brutos, en tanto que el 18%restante es repartido de la siguiente manera: el 11% es por concepto de rega-lías departamentales, el 1% para el Fondo de Compensación para Beni y Pando,y el restante 6% para el Tesoro General de la Nación (TGN).153 Mientras queantes de la Ley Nº 1689, la distribución de regalías por hidrocarburos exis-tentes en boca de pozo era de la siguiente manera: el 50% para la empresapetrolera y el restante 50% para el Estado boliviano, dividido en 11% porconcepto de regalías departamentales, el 13% para la regalía nacional com-plementaria, el 19% destinado a la participación nacional, el 6% destinado ala participación de YPFB y TGN, y el 1% designado al fondo de compensaciónpara Beni y Pando.154

En el campo Margarita existen actualmente tres pozos petroleros el X1, X2 yX3 y uno en perforación, el X4. Durante el año 2003 empiezan a realizar las

151 Son existentes los campos en producción y son nuevos aquellos queinicien su producción a partir de abril de 1996.

152 CEDIB, “Margarita, mayor reservorio de gas en manos de susredescubridores”, Revista 30 días, Cochabamba, mayo de 2001, enGavaldá, op. cit.

153 Miguel Castro, “La región chaqueña: conflictos y gobernabilidad”, enCuadernos del Futuro Nº 16, Nuevos actores sociales, Vol. I, PNUD; Plu-ral editores, La Paz, 2002, p. 150.

154 Mamani, op. cit., p. 11.



inversiones necesarias para dar inicio a la explotación y/o producción de hi-drocarburos.155 Y en el mes de febrero de 2004, la Superintendencia de Hi-drocarburos autoriza a Repsol YPF la exportación de gas a Brasil en un pro-medio de 30 a 40 millones de pies cúbicos al día,156 en un marco legalcuestionado por el pueblo boliviano y sin encarar el referéndum vinculante nilograr la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos. Esto dentro la LeyNº 1689 vigente, que deja en manos de los operadores privados la facultad deexportar y/o comercializar los hidrocarburos que hallen en sus concesiones.Pero a pesar de de que Maxus Bolivia estaba habilitada para operar desdeprincipios del año 2004, abre sus válvulas recién el 1 de diciembre de ese añoy exporta un millón de metros cúbicos diarios (mmcd) de gas natural a Bra-sil,157 1,3 millones de metros cúbicos (mmcd) al año.158

El transporte de los hidrocarburos del campo Margarita, destinados a la ex-portación y comercialización, se lo realiza a través del gasoducto Yacuiba-RíoGrande (GASYRG), construido entre 2002 y 2003,159 que va de Tarija a SantaCruz y empalma con el gasoducto binacional Bolivia-Brasil.160

En ese marco, la empresa Repsol YPF firma un contrato deriesgo compartido con el Estado en mayo de 1997 para reali-zar actividades de exploración, explotación y comercializaciónde hidrocarburos en el megacampo Margarita y el territoriode los guaraníes.

En 1997, la presencia de la empresa petrolera en el territo-rio guaraní con los primeros contingentes de trabajadores ymaquinaria para el desenvolvimiento de las primeras activi-dades de prospección origina en los guaraníes –en muchoscasos– un sentimiento de desconcierto y de incertidumbre de-bido a que para ellos la presencia de este actor era una situa-ción totalmente nueva, una experiencia reciente con la que nosabían lidiar ni convivir; pero a la vez con la que se tenía quelidiar, interaccionar y negociar.

155 www.repsolypf.com.156 El Diario, 26 de febrero de 2004.157 La Razón, 24 de noviembre de 2004.158 El Diario, 26 de febrero de 2004.159 Villegas, op. cit., p. 81.160 El Diario, 26 de febrero de 2004.

369

En esa línea, a diferencia de lo que pasó años antes a lahora de afrontar un conflicto, lidiar y negociar con los ganade-ros de esa región, que eran actores conocidos, de los cuales seentendía su forma de vida, se conocía de cerca las actividadesproductivas que desempeñaban, incluso los argumentos y tác-ticas utilizadas para mantener su posición social, etc. De la ac-tividad hidrocarburífera en general y de la petrolera en parti-cular, en cambio, muy poco o nada se conocía, en consecuencia,conllevó un largo proceso para los guaraníes entender la lógi-ca con la que operaba la petrolera, las actividades que realiza-ban, el apoyo legal y estatal con el que contaban, sus derechosy las acciones que ellos tenían y podían llevar adelante: “No-sotros antes no conocíamos por qué venían las petroleras, alos cuatro años que han trabajado recién hemos negociado”.161

Cuando Maxus ingresa al territorio guaraní encuentra a losguaraníes totalmente desinformados respecto a la actividadhidrocarburífera y sobre los derechos que tienen en ese tema.

En ese sentido, al principio y en el marco de las primerasinteracciones y alteraciones-afecciones a la vida cotidiana delos guaraníes y al uso de los recursos, la empresa –manejandoun discurso de “solidaridad”, de “compromiso social”, de“buena vecindad” y de “beneficios de la actividad petrolerapara el país” y no de “compensación socioambiental”– realizaalgunas obras en el lugar de operaciones, además de algunosregalos a los guaraníes por medio de acuerdos y “acciones es-porádicas, circunstanciales llevadas a cabo con algunosmburuvicha [capitán] de la zona y algunas comunidades”.162

Según Noe, “la empresa se reúne de manera separada con di-ferentes comunidades o autoridades para negociar y ofrecer-les algunas obras muy pequeñas”.163

161 Entrevista a Fabián Cayo, Capitán Grande de la zona tres, 25 de marzode 2005.

162 Segunda entrevista a Renán Sánchez, Director del Equipo de Apoyo alPueblo Guaraní EAPG, y Julio Haarman, 5 de abril de 2005.

163 Entrevista a Noe Quisbert, forma parte del equipo de agrónomos delEAPG, 23 de marzo de 2005.



En los primeros años la empresa Repsol YPF ingresa y de-sarrolla actividades en el Itika Guasu, desconociendo porcompleto los derechos de los guaraníes, y aprovechándosedel desconocimiento y la ignorancia en temas relacionadoscon las actividades extractivas. Primeramente, dentro delmarco jurídico de la legislación boliviana, con carácter pre-vio a su inversión, la empresa tenía que realizar el Estudiode Evaluación de Impacto Ambiental164 (EEIA),165 en el cual,entre otras cosas, estaba obligada a realizar la respectiva con-sulta pública. Para este proceso, la legislación boliviana, res-pecto a los derechos que tiene la población en general y lospueblos indígenas en particular en conflictossocioambientales de los proyectos de actividad extractiva,entre otros, señala:

– En el Convenio 169 de la OIT, ratificado por la Ley1257, los pueblos indígenas tienen derecho a, Art.6.1. “a la consulta informada y oportuna”, Art. 15.2.“a ser consultados antes de emprender o autorizarcualquier programa de prospección o explotación delos recursos naturales”, Art. 6.1b “a participar libre-mente en la adopción de decisiones”.

– Artículo 93 de la Ley del Medio Ambiente Nº 1333:“Toda persona tiene derecho a ser informada veraz,

164 Reglamento para la preservación y control ambiental, Art. 7, inc. b) De-finiciones.

165 Estudio destinado a identificar y evaluar los potenciales impactos po-sitivos y negativos que pueda causar la implementación, operación,futuro inducido, mantenimiento y abandono de un proyecto, obra oactividad, con el fin de establecer las correspondientes medidas paraevitar, mitigar o controlar aquellos que sean negativos e incentivar lospositivos. Contempla, entre otros puntos: la descripción del proyecto,obra o actividad y sus objetivos, diagnóstico del estado inicial del am-biente existente donde se realizarán las operaciones, predicción y eva-luación de los impactos, propuestas de medidas de mitigación de losimpactos negativos y un programa de prevención y mitigación.

371

oportuna y suficientemente sobre las cuestiones vin-culadas con la protección del medio ambiente…”.166

– En el Reglamento de Prevención y Control Ambien-tal, en el Art. 162 indica: “En la fase de identificaciónde impactos para considerar en un EEIA, el REPRESEN-TANTE LEGAL deberá efectuar la consulta pública paratomar en cuenta observaciones, sugerencias y reco-mendaciones del público que pueda ser afectado porla implementación del proyecto, obra o actividad…”.

Además, los guaraníes tienen derecho a ser informadossobre la actividad que va a ser desarrollada en su territorio ysobre las decisiones que les puedan afectar, pero esto no fueestipulado ni tomado en cuenta por la empresa:

Art. 15.2. “Participar en los beneficios que reporten las ac-tividades de los proyectos de explotación de recursos delsubsuelo”.Art. 15.2. “A percibir una indemnización equitativa porcualquier daño de las actividades de proyectos”.Art. 15. 1. “A participar en la utilización, administración yconservación de los recursos naturales”.Art. 7.1. “A decidir sus propias prioridades y participar enla formulación, aplicación y evaluación de los planes dedesarrollo”.

Por lo general, para el desarrollo de diferentes proyectosy actividades extractivas en territorios indígenas, las empre-sas petroleras –en este caso Repsol YPF– tienen comprometi-dos acuerdos y convenios internacionales de responsabilidadsocial corporativa, tales como el Pacto Mundial de NacionesUnidas Global Compact, Iniciativa para la Transparencia de las

166 Ley del Medio Ambiente Nº 1333, en Ley y Reglamentos Ambientales,FOBOMADE, p. 31.



Industrias Extractivas (EITI), directrices de la Organización parala Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), directricesdel Banco Mundial, etc., que establecen estándares sociales yambientales internacionales de operación.167 En ese sentido, deacuerdo a las diferentes directrices internacionales manejadaspor organismos internacionales, en especial de la Directriz Ope-racional 4.20: Pueblos Indígenas168 del Banco Mundial, las dife-rentes transnacionales, con el objeto de compensar los dañossocioambientales y beneficiar a los pueblos indígenas de los pro-yectos de desarrollo, tienen que financiar y llevar adelante unPlan de Desarrollo Indígena PDI: “Para proyectos de inversiónque afectan a los pueblos indígenas, el prestatario deberá pre-parar un plan de desarrollo de pueblos indígenas que sea con-sistente con la política del Banco”.169

Es importante resaltar que los planes de desarrollo indí-gena son un instrumento ideado por el Banco Mundial paracompensar los impactos negativos que provocan en los pue-blos indígenas los proyectos de actividad extractiva y son elvehículo mediante el cual los pueblos indígenas son compen-sados por los impactos.

Cabe resaltar también que aparte del Convenio 169 de laOIT, ratificado por el Estado boliviano mediante la Ley 1257,los pueblos indígenas hasta el 17 de mayo de 2005170 –aproba-


168 La Directriz Operacional 4.20 está orientada a asegurar que los pueblosindígenas se beneficien de los proyectos de desarrollo, y evitar o miti-gar efectos potenciales adversos en los pueblos indígenas, causados poractividades apoyadas por el Banco.

169 Directriz Operacional 4.20: Pueblos Indígenas del Banco Mundial. Ver-sión en español no oficialmente aprobada por el Banco Mundial del 17de septiembre de 1991.

170 A los nueve años del ingreso y operación de las transnacionales en te-rritorio boliviano y territorios indígenas.

373

ción de la nueva Ley de Hidrocarburos N° 3058– no contabancon otra normativa que reconozca los derechos de los indígenasfrente a la actividad hidrocarburífera. Además, se debe desta-car que tanto la figura de los planes de compensaciónsocioeconómica ambiental para pueblos indígenas como las com-pensaciones socioambientales estipuladas en la Ley Nº 1257, noeran contempladas en la anterior Ley de Hidrocarburos N° 1689,ni en otra legislación menor del área, dándose en consecuenciaun vacío legal que va en detrimento de los indígenas del país yde otros actores como los campesinos. En otras leyes y regla-mentos referidos a la actividad hidrocarburífera, como la LeyNº 1333 del Medio Ambiente y otros reglamentos referidos aesta Ley, entre ellos el Reglamento Ambiental para el SectorHidrocarburífero Nº 24335, sólo introducen en su contenido eltema referido a los impactos ambientales y la mitigación de losdaños ambientales, aunque con grandes limitaciones.171

En diciembre de 1998, tras más o menos un año de la acti-vidad de Maxus, los guaraníes realizan las primeras gestio-nes. En la Asamblea Regional de Ipaguazu, como parte de lasresoluciones logradas, la organización guaraní introduce lasprimeras demandas sobre el tema de la actividad petrolera ensu región:172

– Dar a conocer públicamente la información sobre “elplan de manejo y los alcances de las concesiones pe-troleras de todas las empresas que operan en el área”.

171 Cabe resaltar en esta temática, siguiendo el razonamiento del Comité deFiscalización de Carmen Rivero Torres, que evidentemente se puede lle-var a compensar y negociar los impactos socioeconómicos, pero dadoque “los impactos ambientales son irreversibles y no se pueden cuantifi-car, sólo se deben prevenir y evitar, pero nunca compensar porque esponer precio a la destrucción de la naturaleza”. (En Gavaldá, op. cit.)




– Y “exigir que se realice una evaluación de todo el im-pacto ambiental ocasionado por la concesionariaMaxus Inc. en la zona de Puerto Margarita”.

Estas primeras gestiones y demandas, como señala Cas-tro, fueron dirigidas a la sub Prefectura y al municipio de En-tre Ríos, por el desconocimiento de las instancias, competen-cias y marco legal que regula la actividad petrolera, y eldesentendimiento y lejanía tanto de las instituciones guberna-mentales como de su lógica de funcionamiento, muy distintaa las formas organizativas y deliberativas de los guaraníes.

Como podemos observar, la estructura orgánica, la asam-blea de los guaraníes y sus autoridades, recién toman cartasen el asunto y se involucran en el tema hidrocarburífero de-mandando información sobre las actividades que desarrollaMaxus en sus comunidades.

Pero posterior al involucramiento de la APG-IG y las di-ferentes autoridades y el intento de actuar como una unidadregional, la empresa Maxus propicia una reunión en la co-munidad de Yuati con la participación sólo de algunas co-munidades, donde se firma un acta de entendimiento con laempresa Maxus y en la cual la empresa se compromete a cons-truir algunas obras –no planes de compensación que garan-ticen su subsistencia o reemplacen las actividades producti-vas– de ampliación de una escuela, construcción de una postade salud y equipamiento para apicultura, como compensa-ción a los daños causados por la actividad petrolera en suzona.173 En estos acuerdos no figuran los representantes de laAPG-IG, en consecuencia, los acuerdos son todavía suscritospor algunas comunidades y capitanes, y tanto la directiva dela APG-IG como el presidente no son consideradosinterlocutores válidos para la petrolera en ese momento; ade-más que ésta no considera todavía como área de compensa-

173 Castro, Ibíd.

375

ción a toda la región del Itika Guasu, estimando sólo comoárea de compensación la zona del Puerto Margarita.

Como podemos advertir, “al principio no había muchaacción de la APG-IG, sólo algunas conversaciones a nivel deautoridades [de la APG-IG y] de las empresas, pero más queeso no”.174 Prácticamente la empresa se relacionaba y acorda-ba algunas compensaciones y obras con algunas comunida-des y capitanes, vale decir, sólo los guaraníes de la zona tresestaban involucrados en el tema de la actividad hidrocarbu-rífera: “Pero al final en una asamblea se llegó a un acuerdo:que todos los guaraníes del Itika Guasu tienen que hacer cau-sa común al tema del daño ambiental y la presencia de la pe-trolera, porque al final indirectamente igual afectaba a todoslos guaraníes, además que en las otras zonas hay estudios deque existe también petróleo y gas”.175

Prácticamente, para tomar esta decisión tuvieron que pa-sar varios años, tiempo en el que las afectaciones socioam-bientales se hacían más visibles y la amenaza de dificultadesinternas en la organización guaraní acechaba:

Antes no era así pues, la empresa decía vamos a hacer esto, vamosa ayudar a la comunidad, pero no ayudaban, se iban con su palabranomás, nunca han hecho; han hecho un trabajo pequeñito nomás,pero después cuando ya han pasado años, ya se han organizadotodas las zonas de la región Itika.176 Después, cuando ya han pasa-do años, recién ya se han organizado todas las zonas de la regióndel Itika.177

De ahí para adelante, la organización guaraní reciénvisualiza la magnitud del oponente, los problemas que lesaquejan y posibles conflictos a futuro, y hace prevalecer su es-

174 Entrevista a Renán Sánchez, p. 7.175 Ibíd., p. 6.176 Entrevista al Segundo Capitán de la comunidad Kumandaroti.177 Ibíd.



tructura a nivel regional, su coherencia institucional y estraté-gicamente deciden discutir dos posiciones claras que teníanque tomar de ahí para adelante con la petrolera y eran: oponer-se totalmente a la actividad petrolera en esa región o aceptar la ac-tividad, pero consensuando algunas demandas concretas y gestio-nando una negociación.178

Finalmente, los guaraníes del Itika Guasu deciden por va-rios motivos179 negociar y en ese sentido recogen las siguien-tes demandas:180

– El reconocimiento de las autoridades originarias comointerlocutores válidos para cualquier tipo de relaciona-miento. Porque en principio la empresa Maxus se negóa negociar con las autoridades indígenas propias delas comunidades guaraníes, restando de esa manerala legitimidad que le daba el pueblo guaraní a susformas de organización y de representación.

– Reconocimiento del derecho de las comunidades sobre el te-rritorio, que si bien todavía no fue sancionado en su de-recho propietario en calidad de TCO, existe una serie dedisposiciones que acreditan suficientemente el procesode saneamiento y posterior titulación del mismo.

– Que las comunidades sean consultadas como correspondeen el marco del Convenio 169 de la OIT. El Convenio 169de la OIT es incorporado por la legislación bolivianay ratificado en 1992 por el Estado boliviano en la LeyNº 1257. Mediante ella se debe reconocer los territo-rios ocupados tradicionalmente por los pueblos in-dígenas y el derecho de éstos a la utilización, admi-

178 Castro, op. cit., p. 5.179 Descritos por Castro en su texto y recogido en el siguiente trabajo, en el

acápite Discurso.180 Recogidas del documento “Consideraciones para la negociación con la

empresa Maxus y sus actividades en la zona tres del Itika Guasu de2002”, en Castro, op. cit., p. 5.

377

nistración y conservación de los recursos naturalesque tienen.

– La compensación por los impactos ambientales y socialescausados en la región por la petrolera Maxus, exigien-do recursos para la implementación de un Plan de De-sarrollo Indígena. Señalan que la empresa “por un com-promiso moral y como responsable de las actividadesen la zona debe ser quien responda por todo lo reali-zado hasta ahora”.181

– El pago del derecho de servidumbre por concepto de usode espacios del territorio para la construcción de dife-rentes obras (instalación de campamentos, planchadas,aeropuertos, paso de gasoductos, etc.) por parte de lapetrolera.

Por un lado, el pago de servidumbre o por el uso de sueloa las organizaciones indígenas no estaba estipulado en la nor-mativa vigente sobre el tema de hidrocarburos,182 pero por otro,las diferentes empresas petroleras operan y realizan sus acti-vidades en territorios concedidos por el Estado boliviano a estasporque el Estado se declara propietario de los recursos no re-novables, pero también a las poblaciones indígenas –a travésde varias disposiciones legales– para la reproducción social ycultural, reconociendo el derecho al uso, administración y con-servación de los recursos existentes en estos espacios comoestrategias de sobrevivencia utilizadas por los pueblos indíge-nas. Entonces ahí surge una disyuntiva y una contradicciónen el marco legal y políticas públicas, porque se mueven entrela validez y la no validez de los derechos de los indígenas. Enconsecuencia, los guaraníes –como otros grupos indígenas delas tierras bajas– por considerar invasión a su territorio: “No-

181 Texto rescatado de Castro, op. cit., p. 5.182 Actualmente, en la nueva Ley de Hidrocarburos N° 3058 hay un capí-

tulo referido al tema: De las Servidumbres.



sotros lo hemos considerado como invasión a un territorio ti-tulado”183 y por ser privados por las petroleras del uso del te-rritorio y sus recursos naturales de ciertos espacios duranteaños, asumen la figura de la servidumbre, también denomina-da “arrendamiento de tierras”,184 donde las petroleras tienenque pagar –una sola vez– por el territorio “utilizado” de losguaraníes o de otros grupos indígenas para instalar sus plan-tas, gasoductos, campamentos, etc.

Esta experiencia de cobro de servidumbre no es un casoparticular ni es uno de los primeros casos, existieron otros an-tecedentes y experiencias, como es manifestado en la siguien-te frase: “…con el antecedente que en otras partes no una, sinovarias que ha pagado por el derecho de servidumbre”.185

– El reconocimiento del derecho a realizar un monitoreocomunitario permanente a las actividades petroleras, alcumplimiento de las normas ambientales y a los estu-dios de impacto ambiental y medidas de mitigación.

Con la visión de resguardar y preservar los recursos natu-rales de la región donde habitan, por la importancia que tie-nen para ellos estos recursos, además por ser los primeros afec-tados por los impactos ambientales de la actividad petrolera,asumiendo incluso el papel de Estado de ejercer funciones defiscalización, los guaraníes proponen y posteriormente creanun equipo de monitores ambientales que trabajan junto a loscomunarios directamente afectados, recogiendo sus experien-cias y percepciones con el objetivo de realizar un seguimientoa las actividades de las petroleras e identificar los impactos.

Mientras la AGP-IG gestionaba la negociación con la petro-lera Maxus, con el propósito de pactar acuerdos de compensa-

183 Entrevista a César Aguilar.184 La Patria, 9 de julio de 2004.185 La Patria, 9 de julio de 2004.

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ción de los impactos socioambientales, por primera vez losguaraníes elaboran un documento de demandas concretasconsensuadas en los espacios de deliberación de los guaraníes.La elaboración de este documento conjunto fue una experien-cia novedosa, no sólo por la articulación de las distintas co-munidades guaraníes, sino también por las dificultades en laformulación de demandas y estrategias a seguir debido a lapoca transparencia y poca disponibilidad de la informaciónpor parte de la empresa petrolera como por las oficinas guber-namentales.186 Paralelamente, la APG-IG empieza a informarsesobre el tema de hidrocarburos y el marco legal que envuelveesa actividad en Bolivia, recoge otras experiencias de activi-dad petrolera en tierras indígenas y busca asesoramiento téc-nico sobre el tema con el objetivo de afrontar la negociación enmejores condiciones.

En las deliberaciones y en el proceso de negociación y fija-ción de acuerdos, la APG-IG consigue que se reconozca comoárea afectada, en consecuencia como pertinente a ser compen-sada, no sólo a la zona del Puerto Margarita y específicamentea las comunidades más afectadas como Yuati, Kumandaroti yZapaterambia, –donde se ha concentrado la actividad petrole-ra–, sino a toda la región del Itika Guasu en su totalidad, in-cluyendo comunidades cuya ubicación está alejada de la acti-vidad petrolera. En ese sentido, A. Segundo indica: “Maxusha planteado realizar compensaciones sólo en las comunida-des donde están instalados; la APG-IG ha planteado compen-sación a todas las comunidades del Itika Guasu, pero más alas afectadas”.187 Con este reconocimiento, la APG-IG no sólologra la compensación para toda la región, sino en cierta me-dida hacer comprender a la petrolera y hacer prevalecer anteella el sistema de creencias de los guaraníes, materializada hacemuchos años “en la creación y estructuración de la región autó-

186 Castro, op. cit., p. 9.187 Primera entrevista a Andrés Segundo, 25 de febrero de 2005, p. 2.



noma del Itika Guasu”, que funciona como una unidad que estáorganizada de esa manera ante el Estado boliviano, ante lasempresas petroleras o cualquier otra institución o empresa.

Después de que la APG-IG asume la representación en elconflicto, la petrolera, con el afán de dividir el movimientoguaraní apelando a diferentes estrategias, continúa intentan-do negociar con algunas comunidades y autoridades de la zonadel Puerto Margarita poniendo de lado y deslegitimando a susautoridades tradicionales, lleva adelante una campaña dedonaciones sólo en las comunidades donde estaba operandoen ese momento: “Siguen existiendo regalitos que hace la em-presa con el afán de dividir”,188 también realiza ofertas de tra-bajo para los hombres sólo de las comunidades donde estabantrabajando.

Posterior a un intermedio no planificado en la negociación,debido en parte al trabajo interno realizado por la APG-IG, enseptiembre de 2002 se inician nuevos contactos entre losguaraníes y las petroleras, esta vez en base al ofrecimiento porparte de la empresa de solamente un proyecto apícola comoforma de compensar los impactos causados.189 En respuesta aeste ofrecimiento, la APG-IG exige negociar con la empresa enbase a un pliego de demandas por concepto de compensación;pero también por el derecho de servidumbre,190 que no habíasido tomado en cuenta por la empresa. Las demandas que sonplanteadas a los personeros de Maxus –luego de varias asam-bleas regionales y talleres de capacitación realizados en el es-pacio guaraní, reuniones entre dirigentes de la APG-IG y susasesores y encuentros con representantes de la empresa– son:191

– La ejecución de manera inmediata de un Plan de Inver-sión Comunitaria con diferentes proyectos producti-

188 Entrevista a Renán Sánchez, p. 6.189 Castro, op. cit., p. 9.190 Ibíd., p. 10.191 Las demandas son recogidas del trabajo de Castro, op. cit., p. 13.

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vos y sociales para las tres zonas del territorio gua-raní.192

– La ejecución inmediata de un Plan de Monitoreo Socio-ambiental a las actividades de la empresa a cargo deun equipo conformado por dirigentes y promotoresindígenas.

– Un financiamiento para la ampliación de un Plan deDesarrollo Indígena a cargo de la misma APG-IG parasu posterior concertación y financiamiento conjunto conotros actores locales como la Prefectura, Alcaldía einstituciones de apoyo.

– El pago de servidumbre de los proyectos emprendidosen las áreas saneadas en favor de la TCO del ItikaGuasu.

– La atención inmediata a cualquier tipo de denuncia efec-tuada por los dirigentes de la APG-IG sobre hechos ocasio-nados por los trabajadores de la empresa y/o subcontratistasen la zona de influencia.

En esa ocasión la empresa pretendió condicionar su predis-posición de aceptar los términos de negociación, tratando dehacer prevalecer su propuesta ante la de los guaraníes; sin em-bargo, casi medio año después, en febrero de 2003, estas deman-das fueron aceptadas como base para la negociación, es decir,se tradujeron en acuerdos iniciales sujetos a negociación.

Para que la empresa acepte los términos de negociaciónpropuestos por los guaraníes, como señala Castro, implicó unproceso complejo de negociación en el que Maxus se negaba areconocer todos los derechos de las comunidades arguyendosobre todo que todavía no estaba definido el derecho propie-

192 En este Plan, también llamado Plan de Emergencia o Plan de Mitiga-ción, se encontraban el mejoramiento de viviendas, construcción deatajados, ampliación de unidades educativas, un proyecto apícola, sis-temas de agua.



tario sobre el territorio; pero la organización guaraní finalmentelogró que Maxus acepte las demandas como agenda a ser dis-cutida en la negociación porque hasta ese momento ellos con-taban con varias disposiciones legales que respaldaban su po-sición.193

Hasta ahí, la discusión y la negociación se centraban enponerse de acuerdo sobre las demandas o términos que iban aser considerados en la negociación, y en los acuerdos que selograrían suscribir, sin embargo, posteriormente se vendría lomás complicado del conflicto: que la empresa, mediante acuer-dos, acepte todas las demandas y lleve a cabo o en efecto di-chos acuerdos.

A mediados de 2003, “después de que la empresa convi-niera en varias ocasiones acuerdos con los guaraníes sobre di-ferentes temas [mencionados en el pliego de demandas], es-pecialmente los acuerdos acerca de un Plan de Emergencia yel pago de servidumbre”194 y sin encontrar acciones concretasde parte de la petrolera porque “el consorcio, aprovechandola benevolencia de la organización, no dio señales de acuerdossatisfactorios para los guaraníes”,195 éstos decidieron realizarun bloqueo a las instalaciones petroleras. Como indican, de-terminaron realizar el bloqueo “para hacer cumplir los acuer-dos con la APG-IG, porque no estaban cumpliendo”,196 el “ob-jetivo es concretar una reunión con los representantes de laempresa a fin de dar continuidad a las negociaciones tempo-ralmente interrumpidas”.197

Hasta ese momento, los guaraníes habían recurrido a re-pertorios tácticos de negociación y de conciliación en su lucha–como es característico del comportamiento colectivo guaraní–

193 Este aspecto es desarrollado en detalle en el acápite de las estrategias.194 Segunda entrevista a Renán Sánchez y Julio Arman, 5 de abril de 2005.195 Ibíd.196 Entrevista a Benigno Vaca y José Luis Arenas (monitores ambientales),

24 de marzo de 2005.197 Castro, op. cit., p. 8.

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y cuando han encontrado agotados todos los recursos en elplano de la concertación y el diálogo –que ha durado casi unaño desde que los guaraníes presentaron su pliego de deman-das– recién han decidido adoptar el bloqueo como medida depresión.

Para llevar adelante el primer bloqueo, la APG-IG primera-mente delibera “cómo poder enfrentarlos, por qué y cuándo”,198

y prepara los recursos materiales e inmateriales con los quetenían que contar: “Qué necesitábamos, primero hemos ela-borado todo, el impacto, el perjuicio”.199 Finalmente, “el 6 dejunio de 2003 realizan el primer bloqueo”200 en el puente cons-truido por la empresa petrolera Maxus sobre el río Pilcomayo–entre en el camino que une la población de Palos Blancos conel campo Margarita– para acceder a la zona de Puerto Marga-rita, concretamente el acceso a los pozos, pista aérea, plantas,etc., con el propósito de cortar el ingreso a la zona de opera-ciones de la empresa Maxus. En respuesta a esta medida depresión la empresa Maxus solicita al gobierno boliviano inter-venir el bloqueo y en la madrugada del segundo día el Ejecu-tivo militariza el área: “Envía 150 efectivos militares para des-pejar la zona y permitir el libre tránsito”.201 La intervenciónmilitar es descrita por uno de los guaraníes así: “Uh, camio-nadas del Ejército han llegado, la gente se ha asustado, tiros alaire, con gas, de noche, era gran miedo para la gente, comoellos nunca saben de estos bloqueos, nos dejaron solitos ahícon los policías”.202

Con esta acción consiguen que los guaraníes se hagan aun lado, pero no que se retiren del área, por consiguiente, “losejecutivos de la empresa tienen que hacerse presentes en el

198 Entrevista a Cayo.199 Ibíd.200 Entrevista a Benigno Vaca y José Luis Arenas (monitores ambientales),

24 de marzo de 2005.201 Entrevista a Renán Sánchez.202 Entrevista a Cayo.



lugar y se inician las negociaciones”.203 ¿Qué es lo que se con-sigue con el bloqueo? Inicialmente “se firma un acta de enten-dimiento donde de alguna manera se reparan (económicamen-te) los daños ocasionados y se acuerda elaborar un Plan deDesarrollo del pueblo Guaraní mientras esté presente la pe-trolera”204 en su territorio, donde la empresa aportará recursoseconómicos. Después, y como resultado del bloqueo, la orga-nización demuestra su fortaleza, la medida de presión esexitosa y como es descrito por uno de los guaraníes: “La llavepara con las empresas es bloqueándolas, si usted manda car-tas eso a uno le gana, no consigue nada”.205

También se crea una comisión operativa conformada porgerentes de la Maxus y dirigentes de la APG-IG con el afán deagilizar el diálogo y llegar a firmar acuerdos. Se ha firmado unprimer convenio, en el cual figuran el pago de servidumbres yotras compensaciones como ser mejoramiento de viviendas yde escuelas, construcción de atajados, sistemas de agua pota-ble, apoyo a la producción apícola y programa de monitoreosocioambiental.

En el transcurso del conflicto, Repsol YPF durante variosaños viola y se niega a reconocer los derechos de los indíge-nas, después de seis años, tras la lucha y gestiones de losguaraníes, recién reconoce y efectúa las compensaciones socio-ambientales; sin embargo, otros derechos ya han sido vulne-rados y no hay marcha a tras. Pero a la vez Repsol YPF –con elafán de legitimar ante la opinión pública sus actividades en elpaís y difundir el discurso de “compromiso social”, “accionescomunitarias”, “aportes solidarios”, “caridad”, etc.– compray saca publicaciones a todo color en varias páginas de los prin-cipales periódicos del país como La Razón y El Deber, resal-tando su compromiso ambiental y su labor solidaria.

203 Entrevista a Renán2, Julio.204 Entrevista a Renán Sánchez.205 Entrevista a Cayo.

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Cabe resaltar que en las negociaciones de los guaraníescon la petrolera, sólo participó APG-IG como representante delos guaraníes y no otras organizaciones indígenas o guaraníesregionales o nacionales como la APG-nacional o el Consejo deCapitanes del Chaco Tarijeño. Esto marca una diferencia conotras experiencias de negociación de los pueblos indígenas conlas compañías petroleras, como es el caso de la negociación delos chiquitanos con la ENRON y SHELL, donde aparte de susorganizaciones zonales o centrales participó la OICH y la orga-nización indígena regional de Santa Cruz CPESC, con lo quealcanzaron una mayor fuerza de presión social.

Hemos negociado sólo la APG-IG con la empresa Maxus,los dos en la mesa, ninguna autoridad puede intervenir, va-rias veces han querido tomar parte alcaldes, Comité Cívico,prefecturas; pero ellos sólo están luchando por intereses per-sonales. En cambio, nosotros como pueblo guaraní luchamospor intereses del pueblo guaraní, que siempre ha sido olvida-do por el Estado boliviano.206

Finalmente, también cabe indicar que el 17 de mayo de2005 –posterior al proceso de negociación efectuado por losguaraníes y Maxus en busca de las compensacionessocioambientales, pago de servidumbre y otros– fue promul-gada por el Parlamento la “nueva Ley de Hidrocarburos” Nº3058, en la que se introduce –tras gestiones de los pueblos cam-pesinos, indígenas y originarios– varios capítulos relaciona-dos al derecho de los pueblos campesinos, indígenas y origi-narios, por ejemplo: el derecho a la consulta y a la participación,las compensaciones e indemnizaciones, las servidumbres yotros, llenando de alguna manera el vacío jurídico que existíarespecto a los temas en cuestión.

206 Segunda entrevista a Andrés Segundo.



4.3.1. Aspectos o factores en contra que incidieronen el conflicto y en la negociación

– La no titulación de la TCO Itika Guasu y sólo la titulaciónde 67 mil hectáreas. Los guaraníes del Itika Guasu ac-tualmente no cuentan todavía con su TCO titulada.Esta situación ha sido utilizada y ha servido en cier-ta manera a la empresa Maxus para negar los dere-chos del pueblo guaraní, y para escatimar y condi-cionar la compensación socioambiental.

– Alianza entre la transnacional y ganaderos. Los ganade-ros en la zona de Puerto Margarita se han vuelto afi-nes a los intereses de Repsol YPF. Los “terceros”, lla-mados así por los guaraníes, venden sus propiedadesa las petroleras para que éstas realicen sus operacio-nes, con ello permiten el ingreso de la empresa y danluz verde para que Maxus entre en la zona:

Un ejemplo, entre otros, es la Planta de AlmacenamientoBOLINTER, que se encuentra instalada en “50 hectáreas [de lazona Puerto Margarita] que la empresa Maxus ha comprado aterceros”.207 “Hay un ganadero que ha vendido 50 hectáreaspara la planta [BOLINTER], le han dado treta mil dólares y pun-to”.208

Además este hecho limita al movimiento guaraní a tomardeterminadas acciones como resistir o impedir el ingreso a di-ferentes áreas o ser tomados en cuenta por la empresa comotambién dueños de ese territorio fragmentado:

Ellos [personeros de la empresa] vienen a negociar con los que secreen dueños de la propiedad, viene y ahí dicen nosotros entramos


208 Entrevista a Fabián Cayo, Capitán Grande de la zona tres, 25 de marzode 2005.

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y listo, es decir, para que charlar con nosotros [guaraníes], ya losterceros me han dado permiso y punto, firman un documento y yanada que ver con ustedes dicen.209

– Territorio fragmentado. Hasta el año 2002 el Estado hatitulado al pueblo guaraní del Itika Guasu sólo 67 milhectáreas divididas en 31 áreas discontinuas, casinada o muy poco territorio titulado en la zona dePuerto Margarita en favor del pueblo guaraní y gran-des extensiones ganaderas o propiedades privadasdonde, según A. Segundo, “no cumplen función eco-nómico-social”.210 Al parecer, para el gobierno boli-viano es menos problemático dar concesiones a laspetroleras donde habitan “terceros” y no pueblosindígenas.

En consecuencia, todos los pozos y otros establecimientosno se encuentran precisamente en territorio guaraní, sino enpropiedades de terceros: “El X1 está en la propiedad Ivoca dela familia Palacios… el X2 y X3 están en un predio muy gran-de de Jorge Baraca, que falleció y los herederos se dividieronla propiedad… y el X4 no sé si está en la propiedad del señorCarlos Salinas o de Alvarado”.211 A pesar de ello, los guaraníes,por el uso y aprovechamiento de recursos que realizan y porlas limitantes territoriales que tienen para desarrollarse, sonlos más afectados por la actividad petrolera.

4.3.2. Repertorios tácticos utilizados por los guaraníes

El movimiento indígena de tierras bajas en general y el movi-miento guaraní en particular frente a un conflicto, habitual-

209 Ibíd.210 Segunda entrevista a Andrés Segundo.211 Entrevista a César Aguilar.



mente hacen uso de repertorios tácticos de negociación, diálo-go y conciliación en su lucha. Privilegian repertorios como lasresoluciones o votos resolutivos,212 la elaboración, difusión opresentación de cartas dirigidas a la opinión pública, a autori-dades de gobierno y propuestas alternativas;213 acciones lega-les214 y otros. Cuando encuentran agotados todos los recursosen el plano de la concertación y el diálogo recién deciden adop-tar otras medidas de acciones colectivas directas como medi-das de presión. García L., cuando hace referencia a las tácticasde lucha utilizas por el movimiento indígena de tierras bajas,señala: “Se inclinan por un uso limitado y extraordinario delas movilizaciones directas, y hay un mayor apego al ejerciciode otros medios de presión legales en la búsqueda de la satis-facción de sus requerimientos”.215

A continuación exponemos los repertorios tácticos privi-legiados y utilizados por los guaraníes, específicamente en elconflicto con la empresa petrolera Repsol YPF:

Los votos resolutivos y/o resoluciones, el envío de cartasy reuniones son los primeros repertorios tácticos empleadospor los guaraníes, con el fin de dar a conocer y plantear a lasinstituciones de gobierno sus demandas, relacionadas ante todocon transparentar la información y el cumplimiento por parte

212 Mediante los cuales dan a conocer a las instituciones de gobierno, opi-nión pública, transnacionales, etc., el problema que tienen, la situaciónque les afecta, su posición como organización y pueblos indígenas, ysus demandas o/y peticiones.

213 Documentos donde plantean sus puntos de vista, posición referente altema o conflicto que les aqueja, y salidas alternativas en vía de conci-liar y resolver el problema.

214 Recursos y oposiciones legales interpuestas ante las instituciones esta-tales, apoyados en la legislación boliviana con el objetivo de hacer res-petar y prevalecer sus derechos.

215 Álvaro García Linera et al., Sociología de los movimientos sociales en Boli-via. Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política,Diakonía; Oxfam, La Paz, 2004, p. 230.

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de la Repsol YPF de la normativa ambiental y, también a RepsolYPF su posición sobre varios temas relacionados al conflicto,sus demandas, además de invitar al diálogo y concertación.

Asimismo, tiempo después del inicio del conflicto hubouna tendencia a ampliar los repertorios tácticos, rescatandotácticas de acción directa utilizadas por otros movimientos so-ciales en el país como el bloqueo:

Hemos realizado el bloqueo del acceso al campo Margarita el 2003,se ha hecho un bloqueo de caminos, es justamente reclamando nues-tros derechos a la empresa que pueda recompensar algo.216

Los guaraníes, embancados en ese proceso de acumularexperiencia y conocimientos respecto al uso de diferentes tác-ticas de lucha, se han dado cuenta de que los repertorios delucha utilizados por ellos hasta el momento en el conflicto conla petrolera e inclusive tradicionalmente son poco efectivos yque es necesario emplear otros para alcanzar sus demandas:

La llave para con las empresas es bloqueándolas, si usted mandacartas eso a uno le gana, no consigue nada, antes nos han compro-metido todo, pero una vez que se iba allá de vuelta, eso nunca dabaresultado, hasta cuando ya bloqueamos, recién.217

Sin embargo, como es observado en el trabajo, los guara-níes hacen un uso limitado de estas tácticas directas debido,entre otros factores, a la baja densidad demográfica de la po-blación y a la poca experiencia que aún cuentan en llevar ade-lante este tipo de medidas de presión. Los guaraníes, al refe-rirse y justificar sobre el poco uso que hacen de las medidas depresión directa, señalan: “…hay que bloquear para ganar nopara perder, hay que analizar bien para bloquear”.218

216 Segunda entrevista a Andrés Segundo.217 Entrevista a Fabián Cayo.218 Entrevista a Andrés Segundo, 28 de febrero de 2005.



Al margen del presente conflicto, en este último tiempolos indígenas de tierras bajas y ante todo los guaraníes –porhabitar en su mayoría en zonas hidrocarburíferas– tambiénestán innovando o dando origen e implementando nuevos re-pertorios de lucha que implican la acción colectiva y el des-plazamiento territorial del movimiento a previos y lugares deposesión de las empresas hidrocarburíferas –que por lo gene-ral son los adversarios con los que tienen conflictos–, con latoma y ocupaciones pacíficas de los campos petroleros, cam-pamentos u otros lugares donde llevan adelante sus activida-des, el cierre de válvulas de exportación de gas, el bloqueo alos caminos de acceso a los campos petroleros u otras instala-ciones. Estas formas de lucha por lo general son tácticas muyefectivas por las implicancias que tienen para las empresasextractivas parar sus actividades de producción y exportación,y en muchos casos es a través de esta vía que recién consiguensus demandas. Entre otros ejemplos tenemos el bloqueo y latoma pacífica de los campos petroleros en abril de 2004 –traslas jornadas de octubre de 2003–219 por 4 mil indígenasguaraníes, donde trabajan las empresas Repsol, Maxus y PlusPetrol, exigiendo una nueva Ley de Hidrocarburos que con-temple la recuperación de los recursos naturales.220 Específica-mente en la región del Itika Guasu, los guaraníes bloquean laentrada al campo petrolero de Maxus y Repsol YPF,221 exacta-mente en la carretera Palos Blancos-Margarita.

4.3.3. Marcos de interpretación: discurso y demandas

En un principio, el pueblo guaraní tiene la posición clarade rechazar la actividad petrolera en el territorio donde elloshabitan por considerarla hasta ese momento –cuando se reali-

219 La “guerra del gas” de 2003.220 El Diario, 30 de abril de 2004.221 Víctor Orduna, Pulso.

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zaba trabajos de prospección– negativa y atentatoria para elpueblo guaraní porque la empresa empezaba a avasallar suterritorio que tanto les había costado recuperar. Como señalaCastro, en principio prima la visión tradicional, sin embargo,después de un tiempo esta posición y la línea discursiva cam-bia y el pueblo guaraní realiza las gestiones pertinentes parahacer viable la negociación con la petrolera en busca de acuer-dos sobre el tema de compensación social, ambiental y pagode servidumbre. El cambio del curso del discurso para M. Cas-tro se debe a las siguientes razones: i) los indígenas, por lamagnitud de los descubrimientos de gas y por ser un temaestratégico para la economía del país, asumen que no tiene sen-tido oponerse a algo que es inevitable; ii) acceden a la expe-riencia de otros pueblos indígenas que negociaron recursos decompensación y servidumbre con las empresas petroleras yperciben, por primera vez, este conflicto como una oportuni-dad para conseguir recursos que vayan a atender las necesi-dades de desarrollo socioeconómico de la región indígena; iii)hay una mayor preeminencia de líderes jóvenes con mayoresdestrezas para moverse en el mundo no indígena y por lo tan-to con más posibilidades de negociación.222

Nosotros no estamos de acuerdo con que la empresa trabaje en nues-tro territorio porque trae mucho daño al pueblo guaraní, pero la-mentablemente ya está trabajando aquí.223

Pero con el tiempo –a más o menos nueve años de la acti-vidad hidrocarburífera en su territorio– y tras el ahondamien-to de los impactos y problemas socioambientales, el desen-canto con los planes de compensación, en su mayoría incapacesde suplir las afecciones o la privación de algunos recursos, lalínea discursiva tiende a cambiar. Los guaraníes, si bien sabenque tras realizar la negociación y conseguir las compensacio-

222 Castro, op. cit.223 Segunda entrevista a Andrés Segundo.



nes socioambientales no pueden evitar las actividades deMaxus en su territorio, a la vez ellos, por un lado, no quierenque otras empresas petroleras ingresen a la región: “Nosotrosnunca más quisiéramos que entren las petroleras porque nobeneficia a nuestra TCO, de toda esta actividad ¿qué se ha lo-grado?, nada bueno”.224 Por otro lado, tampoco quieren queMaxus amplíe sus operaciones en otros lugares de la región,vale decir que realicen otras perforaciones, desmonte, plan-chado de suelo, apertura de caminos, etc.:“Lo que nosotrosqueremos es que la empresa ya no siga entrando a todo el par-que”.225

Entre las demandas más destacadas planteadas por losguaraníes en su discurso tenemos:

En las diferentes emisiones discursivas, los guaraníes exi-gen una nueva Ley de Hidrocarburos que contemple la recu-peración de estos recursos o en su efecto la nacionalización de loshidrocarburos.

“Una Ley de Hidrocarburos que contemple la recupera-ción de los recursos naturales”.226

“Se está pidiendo la nacionalización de nuestros hidrocar-buros”.227 También piden ser beneficiados directamente con unporcentaje de las regalías percibidas por el Estado bolivianode la actividad hidrocarburífera, por ser los primeros afecta-dos en el desarrollo de estas actividades extractivas y porquesus territorios están justamente encima de los yacimientos.Actualmente, los departamentos productores –en este casoTarija– perciben las regalías a través de las prefecturas228 y susinstituciones menores: subprefecturas, sin embargo, por estarmuchas veces estas entidades detentadas por grupos de élite

224 Entrevista a F. Cayo.225 Entrevista a monitores ambientales.226 Entrevista a Andrés Segundo, periódico El Diario, 30 de abril de 2004.227 Entrevista a Andrés Segundo.228 Instituciones departamentales descentralizadas del Poder Ejecutivo.

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regional urbana o rural, los indígenas son relegados de los be-neficios. En ese sentido señalan:

Como propuesta de la APG-IG, realizada hasta el 23 de julio de 2004y [ratificada] en cinco oportunidades planteamos que Itika Guasutenga un 3% de las regalías.229

Que beneficie a las comunidades porque es a las comunidades a lasque dañan, a esas personas de bajos recursos, a esas les afectan, quesea favorable para las comunidades, no así para unas cuantas per-sonas porque ellos se hacen directamente dueños, que sea ese mon-to [de las regalías] beneficioso para el pueblo guaraní.230

Ahora en general en Entre Ríos nomás se descentraliza, ensubprefectura las regalías, nosotros queremos crear una instanciaque pueda administrar bien con coordinación o bajo control de laAPG.231

El reconocimiento y la incorporación en la nueva Ley deHidrocarburos de varios temas neurálgicos no estipulados enla anterior normativa, relacionados específicamente con losderechos reconocidos que tienen los indígenas en el Convenio169 de la OIT, en cuanto al desarrollo de actividades extractivasen sus territorios. Por ejemplo: los derechos a la consulta, a lascompensaciones e indemnizaciones, al pago de servidumbre,a la participación en la utilización, administración y conserva-ción de los recursos naturales y el cumplimiento de normasambientales. Precisamente debido al debate desplegado porlos distintos movimientos indígenas sobre el tema, parte deestas exigencias ha sido incorporado recientemente en la nue-va Ley de Hidrocarburos N° 3058, aprobada en mayo de 2005.

229 Entrevista a Andrés Segundo.230 Entrevista a monitores.231 Entrevista a Andrés Segundo.




En el conflicto entre los guaraníes y Maxus se puede advertir elinvolucramiento directo o indirecto de otros actores, que movi-dos por diferentes intereses y posicionamientos muy claros apo-yaron directa o indirectamente los intereses de las organizacio-nes indígenas o de la empresa petrolera. A continuacióndetallamos el perfil que han adoptado algunos de estos actores:

Aliados

En la trayectoria del conflicto, los principales actores, aliadosde los guaraníes, son algunas ONG que trabajan durante va-rios años en esa región apoyando las actividades productivas,la reivindación territorial de los guaraníes y el fortalecimientode la organización guaraní APG-IG.

Las dos ONG involucradas directamente en los conflictosy aliados permanentes son:

Equipo de Apoyo al Pueblo Guaraní EAPG.Institución no gu-bernamental que apoya a los guaraníes en dos áreas: educati-va y productiva.

En la parte de producción apoyamos en la producción agrícola, es-pecialmente en la de semillas de maíz, en la incorporación de nue-vos cultivos como el maní, también apoyamos en la artesanía, tam-bién estamos con un proyecto apícola muy interesante y en la parteeducativa con el apoyo al fortalecimiento o fortalecimiento de laeducación bilingüe.232

Centro de Estudios Regionales de Tarija CERDET. Apoyan ypromuevan a los indígenas en las siguientes líneas de acción:tierra y territorio, en gestión territorial, en alianzas interétnicas,en fortalecimiento organizativo, en políticas públicas indíge-

232 Entrevista a Renán Sánchez.

395

nas, en apoyo jurídico, en comercialización y en documenta-ción y difusión.233

Específicamente en el conflicto, las dos instituciones apo-yaron a los guaraníes prestando asesoría y organizando dife-rentes reuniones y cursos de capacitación en diferentes temas:en la Ley y reglamentos de Medio Ambiente, actividad petro-lera, Ley de Hidrocarburos y otros.

Asimismo, con el objeto de coordinar y determinar la de-fensa que iban a realizar los guaraníes de su territorio y recur-sos naturales, además de la lucha por un plan de compensa-ción y mitigación de los impactos socioambientales, la APG-IGjunto a estas dos instituciones conformaron un ComitéInterinstitucional:

Nosotros somos parte de un Comité Interinstitucional donde tam-bién está CERDET, Centro de Estudios Regionales, con la APG-IG ala cabeza, donde apoyamos a la APG-IG incluso en las negociacio-nes con las petroleras para ayudarles a ver el deterioro ambiental,aunque no sea muy científico. Entre los tres hemos tenido reunio-nes internas para ver qué estrategia se iba a seguir para enfrentar,entre comillas, a la empresa y luego han venido las negociacionescon Repsol.234

Prácticamente, las dos ONG son los únicos actores socialesa los que se les puede otorgar el papel de aliados permanentesde los guaraníes de esa región:

Nosotros siempre hemos vivido solitos, con el apoyo de la coopera-ción internacional, ONG.235

Las ONG nos ayudan, asesoran, pero no más, los que tenemos quedefender somos nosotros porque nos dicen los que están manejan-

233 Miguel Castro, Memorias de un caminar. Acompañamiento a comunidadesindígenas en el Chaco tarijeño, CERDET, Tarija, 2004, p. 89.

234 Entrevista a Renán Sánchez.235 Segunda entrevista a Andrés Segundo.



do son las ONG… mentira, sino que ONG no nos han hechos sufrirantes. Las ONG nacen después de que hemos tenido sufrimiento,entonces nosotros reclamamos con justa razón porque el Alcalde[de Entre Ríos] habla gracias a ONG.236

Otro actor que jugó un papel de aliado fue la Unidad deHidrocarburos de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Camiri. Con-tribuyeron asesorando a la organización guaraní con el objetode fortalecer su capacidad de negociación frente a las empre-sas petroleras, también facilitaron información oportuna yconfiable a fin de que los guaraníes puedan tomar decisionescon un mayor sustento técnico y jurídico.237 El asesoramientoprestado fue en base a anteriores experiencias que la APG na-cional ya había enfrentado con otras empresas petroleras en laprovincia Cordillera en Santa Cruz, por ejemplo, la construc-ción del gasoducto principal Bolivia-Brasil.

También el CEADES Colectivo de Estudios Aplicados al Desa-rrollo Social prestó apoyo y asesoría técnica a los indígenas, conel Programa de Vigilancia Social de las Industrias Extractivas,en el proceso del monitoreo indígena independiente realizadopor los guaraníes –comunidades y monitores indígenas– des-de mayo de 2004 a marzo de 2005.238


Los ganaderos o “terceros” son adversarios influyentes de losguaraníes porque a lo largo del conflicto se han vuelto afines alas necesidades de las empresas. Los terceros negocian por su

236 Ibíd.237 Miguel Castro, Experiencias de negociación, deliberación y diálogo (NEDD).

Estudio de caso. Comunidades guaraníes del Itika Guasu y empresas petrole-ras, m.s., Tarija, 2005.


397

lado con la empresa petrolera, le venden predios y/o autori-zan el ingreso de la empresa Maxus para que realice sus dife-rentes actividades en toda la zona de Puerto Margarita, sin in-teresarles la incidencia que puede tener para los guaraníes.Incluso algunas veces atribuyéndose la representación de losguaraníes que viven en las comunidades de la zona; por ejem-plo, para que la empresa realice la perforación de un pozo laseñora Elba Bacarat firma el acta de consulta atribuyéndose larepresentación de la comunidad de Kumandaroti.239

El municipio y el Alcalde de Entre Ríos, por compartir conlos guaraníes varias preocupaciones como los impactossocioambientales, la preservación y protección del medio am-biente y los recursos naturales, y demandas como las com-pensaciones socioambientales y los planes de mitigación conlos indigenas, podían posicionarse como institución y acto-res aliados de los indigenas pero ocurre lo contario. Es nece-sario resaltar que los municipios, a pesar de no tener muchascompetencias en el tema ambiental, pueden dentro sus com-petencias contribuir a la protección del medio ambiente y losrecursos naturales, y cumplir y hacer cumplir las normas na-cionales y municipales de uso de suelo, subsuelo, agua y re-cursos naturales.

Sin embargo, a lo largo del conflicto, el municipio encuen-tra sinergia con los intereses de las petroleras y no mantienemuy buenas relaciones con los guaraníes, según el Presidentede la APG:

El municipio hace oposición, siempre pone a un lado al puebloguaraní, donde le apoyan al Alcalde, a esa parte apoya con su pro-yecto, no es igual al pueblo guaraní; entonces nosotros siempre he-mos vivido solitos, con la cooperación internacional, ONG.240

Esto posiblemente se deba a:

239 Víctor Orduna, Pulso, p. 3.240 Segunda entrevista a Andrés Segundo.



– El municipio de Entre Ríos, al igual que otros municipios dela provincia Gran Chaco, recibe donaciones de las empresaspetroleras, aparte de las compensaciones e indeminizacionesque por lo general son materializadas como PRC Planes deRelaciones Comunitarias. Las donaciones son realizadas a losmunicipios por las petroleras como método para mantenerbuenas relaciones con la población y de esa manera desarro-llar sus actividades en libertad y sin presiones; además porlo general son realizadas a través de acuerdos y convenioscon los municipios, en muchos casos en total desconocimientode los propios beneficiarios.241

– El municipio de Entre Ríos hace varios años es detentadopor partidos tradicionales (MNR, MIR, ADN y otros), queformaron parte de los gobiernos de los últimos veinte añosy que promovieron las privatizaciones dirigidas a favore-cer a capitales extranjeros en detrimento de los sectoressociales e indígenas.

El Concejo [del municipio de Entre Ríos] está compuesto por ma-yoría, tres concejales del MIR, nosotros estamos como segunda fuer-za de la provincia O’Connor, que es la APG del Itika Guasu, en mipersona como concejal y luego un concejal del MNR.242

Sin embargo, los guaraníes de la región del Itika Guasudurante los últimos años están ingresando al sistema políticoy participaron en las elecciones municipales de 2004 a travésdel tipo de representación de pueblos indígenas, con la deno-minación “Pueblos Indígenas APG-Itika Guasu”, lograron ob-tener el segundo lugar en el municipio de Entre Ríos y sacaruna concejalía a pesar de algunos contratiempos:

241 Control social a las donaciones de las empresas petroleras a los municipios delas provincias Gran Chaco y O’Connor, Control Social Tarija, Fondo dePequeñas Medidas de Apoyo al Control Social FACS, GTZ, Tarija, 2004.

242 Entrevista a Teófilo Murillo, concejal guaraní del municipio de EntreRíos.

399

Nosotros participamos dentro del municipio de Entre Ríos comopueblos indígenas, presentamos nuestros candidatos, hemos sali-do en el segundo lugar de toda la provincia O’Connor, en la capitalhemos salido terceros. Tenemos un concejal, Itika Guasu saca unconcejal y está el MIR y MNR, así que nosotros estamos de chicosmalos dentro de esos partidos tradicionales. Pero ha sido un juegode la Corte Electoral Departamental o Nacional, donde nos han cam-biado nuestra papeleta, nuestro símbolo, de Yacuiba nos han pues-to y de Itika les ha dado a Yacuiba, no ha sido culpa de nuestrodelegado ante la Corte, sino que ha sido un juego de ellos que noquieren que los guaraníes, los pueblos indígenas sobresalgan, poreso no hemos podido sacar los dos concejales, sólo faltaban cienvotos; pero estamos contentos por una parte, si hemos vivido mu-chos años sin nada, por qué no con un concejal, entonces nuestrapropuesta es no aliarnos con partidos tradicionales para no estardentro la misma bolsa, como siempre se manejaba, entonces prefe-rimos estar solitos y trabajar con las bases.243

De manera muy similar a lo que pasa con el municipio deEntre Ríos, la subprefectura de Entre Ríos, dependiente delgobierno central, ha sido apropiada por los partidos tradicio-nales y por grupos de poder locales, que en su mayoría movi-dos por intereses de grupo toman posiciones, en muchos ca-sos, contrarias al sector campesino e indígena. No obstante,durante el año 2004 y principios de 2005 asumió la subprefec-tura la profesora Nilda Terán, quien –como indican los guara-níes– dio un giro a la política de esta entidad y trabajó junto alos campesinos e indígenas ejecutando algunas obras, sin em-bargo, el 23 de marzo de 2005 fue destituida de su cargo.

Hace años también siempre se venía politizando la Prefectura ysiempre manejaban intereses de todo el pueblo, no de campesinosni indígenas, en realidad siguen gobernando partidos tradiciona-les; pero hace un año más o menos han nombrado una Subprefectaque siempre ha trabajado con los campesinos, con los del puebloguaraní y gracias a ello hemos podido dar un paso adelante en la

243 Segunda entrevista a Andrés Segundo.



subprefectura y ahora tenemos un proyecto con el tema de regalías[de los hidrocarburos] y sacar un fondo para el pueblo guaraní.244

En el tema específico del conflicto de los indígenas con lapetrolera, el Presidente de la APG-IG, al referirse del municipioy Prefectura señala:

Dentro de las negociaciones con la empresa, siempre han queridointervenir alcaldes, prefecturas, pero ellos están luchando por inte-reses personales y mayormente salen en favor de las petroleras, queal momento de entrar les dan dinero, entonces como les pagan, paraqué más quieren nos dicen a nosotros, siendo que ellos están den-tro la jurisdicción deberían apoyarnos.245

Por lo general, el Estado y sus respectivas institucionesson consideradas por los guaraníes como adversarios influ-yentes porque tanto las instituciones como la mayoría de losfuncionarios no cumplen ni hacen cumplir el marco legal vi-gente, no dan transparencia a la información respecto a laactividad hidrocarburífera ni velan por los derechos de lospueblos indígenas.

Por ejemplo, como señala Castro, hay instituciones regio-nales que de alguna manera representan los intereses de laspetroleras, es el caso específico del personero de la Unidadde Hidrocarburos de la Prefectura, cuyo trabajo se dirige afacilitar la presencia de las empresas que el resguardo de losintereses del Estado y de los pueblos indígenas. Así, en unareciente entrevista, llegó a afirmar que las comunidades in-dígenas, al reclamar sus legítimos derechos, “están chanta-jeando a las empresas petroleras y que éstas no son agenciasde beneficencia”.246

244 Ibíd.245 Ibíd.246 Castro, op. cit., p. 6.

401

4.3.5. Oportunidades verdaderas y falsas o aparentes de la ac-tividad hidrocarburífera en el Puerto Margarita

En el informe de desarrollo humano de Tarija de 2003, cuan-do hacen referencia a la interacción entre petroleras yguaraníes –u otros grupos indígenas–, y a la presencia físicade las empresas petroleras en territorios indígenas, los inves-tigadores señalan que este hecho social se mueve entre la“oportunidad y la amenaza”.247 Sin embargo, este análisis nova más allá en cuanto, primero, a valorar el impacto de cadauna de estas situaciones y, segundo, a realizar un análisisparticular de cada caso.

Cuando hablan de “las oportunidades” que trae la activi-dad petrolera a esa región, señalan que las empresas petrole-ras efectúan la contratación de mano de obra –aunque recono-ciendo los niveles de exclusión y jerarquización–, la adquisicióny/o consumo de productos y la posibilidad de acceder a re-cursos o la realización de obras. Sin embargo, a lo largo deltrabajo hemos podido observar que muchos de los posiblesbeneficios u oportunidades a los que podían acceder losguaraníes por parte de la actividad petrolera se fueron dilu-yendo con el tiempo, convirtiéndose en falsas o aparentes, oen su defecto verdaderas.

Una oportunidad aparente y a la larga frustrante para losguaraníes en la región es el empleo a guaraníes para que trabajeny sean contratados por la empresa. Primeramente, resaltar que paraacceder a los cargos intermedios –impensables, por cierto, paralos guaraníes por el tipo de actividad– se requiere una forma-ción profesional o técnica en el área. Por otra parte, para acce-der a puestos con niveles más bajos, los guaraníes no son con-siderados como mano de obra calificada, sumados estosfactores a otros problemas como el analfabetismo y la falta de

247 Informe de desarrollo humano en Tarija, p. 51.



documentación, los guaraníes representan el último peldañoen la pirámide laboral de la empresa. En ese sentido, C. Aguilarseñala: “La empresa, en la evaluación que presenta, dice queva a dar trabajo a personas del lugar y no es así, no se tiene niel 5% de la gente que trabaja”.248

En consecuencia, por lo general la empresa, “…lamenta-blemente no ocupa a gente del lugar, compañeros que vivenahí, traen gente de Argentina, Brasil, de Estados Unidos, estágente de otro lado”249 o en otros casos, para trabajos de manode obra “venía gente de Camiri y de Santa Cruz directo a tra-bajar [mientras que los guaraníes], estaban tres o dos mesesesperando que le den trabajo y nunca los recibían, que maña-na, que pasado; eso ha sido bastante preocupante y los com-pañeros han tenido que volver a sus comunidades nuevamen-te tanto esperar”.250

Los trabajos ocupados por los guaraníes son temporales(no como trabajadores de planta), poco formales y por lo ge-neral son empresas pequeñas subcontratistas las que les con-tratan: “A veces contratan para TRIASUL, una empresa peque-ña que opera en el puente, trabajan con áridos, amontonandopiedras y todo eso”.251

Uno de los trabajos transitorios, entre el cavado de zanjas,apertura de brechas y otros, es el de reforestación. Llevadoadelante por un tiempo determinado, por un lado, producien-do plantines en los viveros de “las comunidades de Zapateram-bia y Kumandaroti”252 y, por otro, “plantando y reforestandolas líneas”.253

Y en su mayoría son trabajos para mano de obra:

248 Entrevista a César Aguilar, 25 de mayo de 2005.249 Segunda entrevista a Andrés Segundo, 28 de febrero de 2005.250 Entrevista a César Aguilar, 25 de mayo de 2005.251 Entrevista a monitores ambientales.252 Entrevista a Nilda Ávila.253 Ibíd.

403

En Puerto Margarita han dado trabajo más de mano de obra parapicada, desmonte, mano de obra para apertura de sendas, ponerplantines en las brechas.254

Las personas que trabajan ya solamente van como obreros a ayu-darles a algunos técnicos, algunos albañiles, como ayudantenomás.255

Como es señalado anteriormente, la restricción laboral esacrecentada por la falta de documentación e identificación demuchos guaraníes, además por el analfabetismo: “Las perso-nas a veces no pueden trabajar porque algunas no tienen do-cumentos”256 y “del lugar las personas digamos no son buenasporque no saben leer, por ese motivo no tienen trabajo o esmuy bajo su trabajo”.257

El consumo o adquisición de productos del o en el lugar, igualque en la contratación de guaraníes para que trabajen en laempresa, llega a ser una oportunidad aparente porque son muyexiguas las veces que trabajadores de la empresa consumenproductos ofertados o producidos por los guaraníes. Al res-pecto, señalan:

Ellos no [adquieren productos de las tiendas comunales] porquetienen todo en sus campamentos, además toman y comen lo mejor,toman sus gaseosas bien frías, su agua bien fría y difícilmente loscompañeros van a comprar su heladera.258

Casi no compran productos, la carne la venden los ganaderos, loscompañeros [guaraníes] venden en cuanto, a chanchitos, chivas,pescado también a veces.259

254 Entrevista a Noe Quisbert.255 Entrevista al Segundo Capitán de la comunidad Kumandaroti.256 Ibíd.257 Ibíd.258 Entrevista a César Aguilar, 25 de mayo de 2005.259 Entrevista a monitores ambientales.



Respecto a la posibilidad de acceder a recursos u obras, ésta lle-ga a ser una oportunidad verdadera como lo hemos visto en lacompensación ambiental y social; sin embargo, no sabemos hastaqué punto se la pueda reconocer como “oportunidad”, toman-do en cuenta que los recursos canalizados, en su defecto, estándestinados a reemplazar algunas actividades productivas trun-cadas por la actividad petrolera porque por lo general por lamanera, como han sido concebidas– no garantizan para el pue-blo guaraní una actividad productiva sostenible en el tiempoque garantice su sobrevivencia, sin mencionar además que ac-ceder a estos recursos implica realizar varias medidas de pre-sión, negociaciones y gestiones del pueblo guaraní, etc.

Siguiendo con la línea de análisis, es fidedigno que mu-chos de estos recursos conseguidos van destinados a la cons-trucción de obras como escuelas, postas de salud, etc., y llegana “suplantar las obligaciones que ‘nunca ha cumplido’ el go-bierno municipal y nacional”.260 Infraestructuras con grandescarencias y deficiencias261 que limitan su uso y funcionamien-to. Como ejemplos: postas de salud sin medicamentos, con tan-ques de oxígeno sin oxígeno, etc., escuelas sin instalaciones desanitarios y agua, etc.

4.3.6. Impactos y problemas socioambientales y en el usode los recursos naturales

El desarrollo de las diferentes actividades por Repsol YPF en lazona de Puerto Margarita ha y está significando el afloramientode diferentes impactos y problemas sociales, ambientales, cul-turales, productivos. Estos van desde la deforestación, erosión,cambios climáticos, desertización de algunos suelos, destruc-

260 Informe de desarrollo humano en Tarija, p. 51.261 Monitoreo indígena independiente de la APG-IG, Impactos ambientales

sociales y culturales de Repsol YPF en territorios indígenas de Bolivia, Pro-grama de Vigilancia Socio Ambiental de las Industrias Extractivas, Tarija,2005, pp. 23-26.

405

ción y desvío de fuentes de agua de las comunidades, hasta di-vorcios, abandono de mujeres embarazadas, contaminación deagua, conflictos internos entre los guaraníes por posiciones con-trarias o a causa de recibir beneficios o no, reducción de la cazay recolección, engaños a dirigentes, niños sin padres, etc., pro-blemas que por sus características inciden y afectan en otros.

Para el desarrollo de este punto, hemos recogido unasexperiencias y percepciones de los guaraníes en cuanto a al-gunos impactos y/o problemas.

Las diferentes operaciones realizadas hasta el momentopor la empresa Maxus en la zona Puerto Margarita hanimpactado en la actividad económico-productiva y en el uso de losrecursos naturales de los guaraníes de esa zona.

El arrojo de basura y el vertido de residuos tóxicos al ríoPilcomayo están profundizando la contaminación de esteafluente, ya producida por la actividad minera, y como conse-cuencia de ello, los recursos piscícolas han disminuido notable-mente en esa zona afectado la principal actividad productivade varias comunidades y a la vez poniendo en peligro la segu-ridad alimentaria de los guaraníes.

En varias comunidades de la zona tres donde hay actividad petro-lera ya no hay pescado, tienen que comprar de la zona uno a veces.

Aquí para consumo nomás es la pesca, a veces uno tira una carreritapara traer para consumo nomás, pero para la venta no, ya no haymucho.262

La actividad de recolección también está siendo impactadapor la reforestación, la apertura de brechas y caminos:

Eso sí [seguimos practicando], la recolección; pero ya no es muchopor la empresa también.263

262 Entrevista al Segundo Capitán de la comunidad Kumandaroti.263 Entrevista a Nilda Ávila



La actividad petrolera en la región ha impactado sobre elhábitat de diversas especies animales que tradicionalmente hanservido de sustento para las comunidades guaraníes. Actual-mente, siguen practicando la caza, pero no como antes:

Antes era más, había más animales silvestres, ahora con lo que hacela empresa ya no existen, con esa bulla de los helicópteros y ma-quinaria los animales se escapan.264 Antes era más silencio, no ha-bía movimiento de nada, se podía cazar, incluso algunos animali-tos cruzaban el camino, ahora se van lejos.265

De la caza es lo que tenemos más preocupación, como nuestra cul-tura del pueblo guaraní hemos mantenido y vivimos de animalessilvestres como ser chancho, conzuela, de todo; pero lo que la em-presa acaba de hacer, entran haciendo caminos, brechas, los anima-les se van lejos, por ruido, todo eso más que todo cuando estánhaciendo perforación de pozos, empiezan a irse lejos, por helicóp-teros, las movilidades, y los animales que habitan por aquí, anteshabía cantidad; pero ahora no se ve ni huella y no se puede cazarya, de eso es de lo que el pueblo guaraní vive.266

… Ya no, antes había harto, pero ahora ya no con esta empresa, losbichos se han ido lejos.267

La actividad ganadera desarrollada por los guaraníestambién está siendo afectada por los trabajos de la empresapetrolera:

Hay algunas enfermedades del ganado, se supone que es por laintoxicación de alguna hierba o quizás agua, no se ha determinadoeso todavía.268

Tenemos una cooperativa ganadera, somos socios y beneficia a cua-tro comunidades, por ejemplo, en la zona de Itaguasuti han frega-

264 Segunda entrevista a Andrés Segundo, 28 de febrero de 2005.265 Entrevista al Segundo Capitán de la comunidad Kumandaroti.266 Entrevista a monitores ambientales.267 Entrevista a Nilda Ávila.268 Entrevista a Renán Sánchez.

407

do totalmente el camino donde nosotros transitábamos al campopara donde vamos a traer ganado y no hemos podido traer el gana-do porque está desecho el camino, hemos tenido que esperar perohasta el momento está destruido el camino por donde entramos,hemos tenido que hacer otro corral para cerrar ahí nomás hasta quehagan el camino se imagina y hasta el momento no se ve nada.269

En cuanto a la agricultura, si bien por la ubicación geográ-fica, suelos y clima, la zona baja de Puerto Margarita no es unlugar tan apto para realizar la actividad agrícola, los guaraníeshasta hace unos años practicaban la agricultura migratoria ybajo riego, a veces con mucho éxito y a veces muy escasa; sinembargo, hace unos años esta actividad fue suspendida total-mente por la modificación del clima debido a la quema de gasque realiza la empresa petrolera:

Cuando llegan [la empresa] y han comenzado a hacer la quema delgas, ya no ha llovido, ya no llueve pues y ahí nos ha atacado, sem-brábamos y nos salía negativo, puro seco y no llovía hasta ahora quehan dejado un poco la quema del gas y este año ya está lloviendo unpoco, pero la gente no creía que iba a llover y no han sembrado naday mira al año dicen que la gente va sembrar de nuevo.270

En siete años no se puede producir nada en Puerto Margarita.271

… Antes llovía cuando no había la empresa, llovía lindo y habíaproducción de todo, cuando llegan y han comenzado a hacer laquema de gas ya no llueve y pues ahí nos ha atacado, sembrába-mos y nos salía negativo.272

En tanto, estos son algunos problemas y/o impactossocioculturales:

269 Entrevista a F. Cayo.270 Entrevista al Segundo Capitán de la comunidad Kumandaroti.271 Entrevista a monitores ambientales.272 Entrevista al Segundo Capitán de la comunidad Kumandaroti.



La división de las comunidades y conflictos internos entrecomunarios

Somos la comunidad que está más cerca de un pozo [Kumandaroti],pero la que menos ayuda recibe. Aquí sólo tenemos un vivero parahacer reforestación. Lo que pasa es que no hay buenos dirigentes, alas reuniones con los gerentes sólo van los capitanes y la verdad esque cada uno mira por sus interés.273

El abandono de mujeres embarazadas y niños sin padres

En cuanto a impactos sociales, los trabajadores de la empresa y lasmujeres guaraníes llegan a tener niños y los abandonan, es decir,son hijos sin padre.274

Mucho ha pasado aquí que [trabajadores] meten palabras para quele crean [las mujeres], ya está con el tipo y al último termina el pro-yecto, termina el trabajo y la dejan embarazada y se va, no vuelvemás, cuantos changuitos [hay] que su papá son trabajadores de otrolado y se quedan con su mamá.275

Desequilibrio demográfico y abuso de mujeres

En principio había épocas en las que más de mil hombres trabaja-ban en una zona donde viven quinientas personas, entonces se dael tema social, en cuanto al abuso de mujeres.276

Las separaciones conyugales o/y divorcios de parejas guaraníes,desintegración de la familia:

Hay divorcios porque se ha visto que otras personas le hacen lavida imposible a las parejas.277

273 Entrevista a Nilda Ávila, mayo de 2004, en Herencias de octubre. “Mar-garita y los guaraníes…”, semanario Pulso, Reportajes, N° 246, mayode 2004, p. 2.

274 Entrevista a monitores ambientales.275 Entrevista al Segundo Capitán de la comunidad Kumandaroti.276 Entrevista a Renán Sánchez.277 Entrevista a Andrés Segundo.

409

… Ponen tiendas y los trabajadores de esa empresa van a consumirbebidas y usted sabe que de ahí salen problemas causando a lasmujeres, es decir, causan divorcios.278

Prostitución en la zona de Puerto Margarita

Hay otra cosa [prostitución] que nunca en nuestra vida hemos vis-to, ni en Entre Ríos existe [que es una población urbana], pero alláen Puerto Margarita existe, hay chicas donde está ahorita la oficinade la empresa petrolera, entonces hasta dónde puede haber impac-to social.279

Consumo de bebidas alcohólicas

Los jóvenes a veces, hay peguita, hay trabajo, salen en descanso, yavan a tomar algunos, no saben administrar su platita, lo tiran todoen chupas nomás, ya no se acuerdan de su casa, que tienen su fami-lia, nada.280

Para finalizar: ¿Qué quieren de aquí en adelante los guaraníesy un futuro que se visualiza?

No es muy difícil visualizar el surgimiento de nuevos con-flictos entre la empresa petrolera y los pueblos indígenas. Contodo, en el corto plazo las demandas, negociaciones y accio-nes a tomar dependen:

– Del incumplimiento por parte de Maxus de los acuer-dos firmados hasta el momento con los guaraníes.

– De llevar adelante o no un Plan de Desarrollo Guaraní(PDG) a largo plazo, sostenible, que garantice la re-producción social y cultural del pueblo guaraní, susubsistencia.

278 Entrevista a monitores ambientales.279 Segunda entrevista a Andrés Segundo.280 Entrevista al Segundo Capitán de la comunidad Kumandaroti.



– Del pago de servidumbre de nuevos usos de territo-rio guaraní realizado por parte de la empresa paradepositar nuevos gasoductos, perforación de nuevospozos, etc. Cabe resaltar que Maxus, tras los años delucha del pueblo guaraní, ha pagado el derecho deservidumbre por la posesión y expropiación realiza-da hasta este momento.

– Del cumplimiento de los títulos VII y VIII de la nuevaLey de Hidrocarburos N° 3058, aprobados el 17 demayo de 2005 y referidos a los derechos de los pue-blos indígenas, y la posibilidad de control, fiscaliza-ción y monitoreo de sus operaciones.

En síntesis, por un lado, mientras la empresa respete losderechos indígenas, sus formas de organización, la normativalegal vigente, cumpla con la compensación por los impactosambientales y sociales para llevar adelante el Plan de Desarro-llo Guaraní (PDG) sostenible y el pago de servidumbre de nue-vos usos de territorio guaraní, no se avizora la realización deacciones colectivas concretas en torno a esos temas particula-res. Y por el otro, mientras el Estado y sus instituciones, go-biernos locales y municipales, fiscalicen y controlen el accio-nar de la petrolera en pro de garantizar la Ley, los derechoshumanos y preservación de la biodiversidad y ecosistema.

También los guaraníes afirman que seguirán movilizán-dose para apoyar otras demandas nacionales, como conseguirla recuperación de los hidrocarburos, la refundación de Yaci-mientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la industria-lización del gas. Prueba de ello son las diferentes medidas depresión realizadas por ellos en mayo de 2004 –tras la “guerradel gas” en octubre de 2003– bloqueando la entrada de los cam-pos petrolíferos en el Chaco boliviano, y la huelga de hambrey bloqueos realizados en mayo y junio de 2005, apoyando lanacionalización de los hidrocarburos.

411

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de marzo de 2005.

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Puente construido por MAXUS, sobre el río Pilcomayo, lugar donde los guaraníesbloquearon el acceso al Campo Margarita.

417

Casa Guaraní en la Comunidad de Kumandaroti

Perforación del X4. Maquinaria Instalada y fosas que albergan agua con químicosaltamente contaminantes para la perforación.



Desmonte de vegetación para la instalación y perforación del Pozo X4.

Músicos guaraníes tocando en la comunidad de Ñaurenda en el aniversario del ItikaGuasu (23 de Marzo).

247

III. Comunidades vecinales y lógica empresarial en la gestión del agua

en la ciudad de El Alto

Marcha de la población y organizaciones Alteñas al centro de la ciudad de La Paz. (Fotografía: Jose Luis Quintana) .

249

1. Características generales de la ciudad de El Alto

Ubicada a 4 mil metros sobre el nivel de mar, El Alto es una “ciudad en movimiento”, tanto desde el punto de vista demo-gráfico como político-social. Sandóval y Sostres1 se refirieron a esta urbe como una “ciudad problema”, en referencia a su cli-ma, perfil urbano y carencia de servicios básicos. Ello determina una realidad que para Rossell y Rojas2 se compone de cuatro dimensiones principales: crecimiento demográfico acelerado –a una tasa anual de 9,23% entre 1976 y 1992, y de 5,3% entre 1992 y 2001–, informalidad laboral creciente, extrema pobreza, irrupción de movimientos sociales.

El proceso de formación de El Alto comprende tres grandes fases: 1) como zona rural (hasta los años cincuenta), 2) como zona urbana de La Paz (desde fines de los años cincuenta hasta 1988) y 3) como ciudad independiente (desde 1988)3.

En 1781, las milicias del caudillo aymara Túpac Katari establecieron en estas tierras su cuartel general, desde donde bajaban hasta las puertas de La Paz, ciudad cercada por las fuerzas indígenas sublevadas. En la primera mitad del siglo xx, El Alto continuó siendo un área predominantemente ru-ral, donde se alternaban terrenos comunitarios y propiedades de hacienda. Desde 1910 se establecieron varias instalaciones como la del ferrocarril a Guaqui en la Ceja de El Alto o la Es-cuela de Aviación.4 Aproximadamente en 1940 estos terrenos comenzaron a ser vendidos y loteados por los hacendados, es

1 Godofredo Sandóval; M. Fernanda Sostres, La ciudad prometida, Sistema-ILDIS, La Paz, 1989.

2 Pablo Rossel; Bruno Rojas, Destino incierto. Esperanzas y realidades laborales de la juventud alteña, CEDLA, La Paz, 2001, p. 6.

3 Ibíd.4 Sandóval; Sostres, op. cit.5 Ibíd.


entonces cuando se inicia el proceso de urbanización, que con-llevará la fundación de las primeras villas alteñas.5 En los años cincuenta, los comandos zonales del Movimiento Nacionalista Revolucionario (mnr) –que lideró la Revolución Nacional de 1952– organizaron los sindicatos de inquilinos, que fueron los primeros beneficiarios de la política de loteos oficiales impul-sada por el Gobierno revolucionario.

Así, poco después de la Revolución de 1952 ya existían en El Alto seis zonas establecidas: Villa Dolores, Villa 12 de Oc-tubre, Villa Bolívar A, Zona 16 de Julio, Villa Ballivián y Alto Lima. En esta época la planicie alteña estaba poblada por cerca de 11 mil habitantes.6 Sin embargo, desde 1960 la población aumentó considerablemente, especialmente entre 1976 a 1985, periodo en el cual se registró un considerable incremento de la migración desde centros mineros, otros departamentos y sobre todo de las áreas rurales aymaras y quechuas afectadas por el minifundio. En la década de los setenta –especialmente durante la dictadura del general Hugo Banzer Suárez– con la instalación de fábricas y la configuración paulatina de un empresariado local El Alto, aunque vinculado a la dinámica social y económica de La Paz, fue emergiendo como un centro urbano con proyecciones propias.7

El crecimiento urbano continuó y dio lugar al nacimiento de nuevas zonas como Río Seco y Villa Ingenio.8 Posteriormen-te, El Alto logró constituirse en la cuarta sección de la provincia Murillo de La Paz, el 6 de marzo de 1985, en parte gracias a la movilización de un grupo que se denominó Frente de Unidad y Renovación Independiente de El Alto (furia).

En el desarrollo de las organizaciones urbanas alteñas tuvieron una fuerte influencia las tradiciones organizativas provenientes del área rural ya que ante el abandono del Esta-6 Ibíd.7 Rossel; Rojas, op. cit.8 Sandóval; Sostres, op. cit.9 Pablo Stefanoni, “Resistencia y autonomía en la ciudad de El Alto”,

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do –que la consideraba y en parte la sigue considerando como un pueblo rural– los migrantes tuvieron que reactualizar y urbanizar el conjunto de sus instituciones asociativas agrarias a fin de poder construir sus casas, obtener alumbrado público, abrir calles entre la pampa, colocar alcantarilla, erigir escue-las, etcétera. De allí que algunos se refieran a El Alto como a una “ciudad con mentalidad rural”. El carácter fuertemente terri torializado de la formación de los lazos sociales –carac-terísticos de la vida rural y del proceso trunco de moderni-zación capitalista operado en Bolivia– trasformó a las juntas vecinales en las principales organizaciones colectivas, tanto como instrumento de presión sobre el Estado como formas de autogobierno barrial.9 De allí que el “vocabulario de motivos” cohesionador de la acción colectiva se vincule con la acción comunal: legalización de terrenos, construcción de escuelas y hospitales, obras de infraestructura urbana y, más recientemen-te, autonomía municipal y creación de la Universidad Pública de El Alto (upea), visualizada como una forma de superar el atraso crónico de la ciudad y como constructora potencial de una nueva “intelectualidad aymara”.

De manera general, El Alto puede dividirse en tres zonas: la zona norte, poblada fundamentalmente por migrantes del altiplano y donde la actividad es básicamente artesanal, manufacturera y comercial (principalmente la Feria de la 16 de Julio); la zona central, donde están ubicadas personas que poseen comercios y se estableció las oficinas de distintos servicios públicos (empresas de luz, agua, etc.);10 en tanto que en la zona sur están instaladas varias fábricas y además es de más reciente poblamiento, en especial por migrantes de otros departamentos del país.

en El Viejo Topo, N° 195-196, Barcelona, julio-agosto de 2004; Pablo Mamani, “Microgobiernos barriales en El Alto”, en Barataria, N° 1, La Paz, octubre-diciembre de 2004.

10 Sandóval; Sostres, op. cit.11 De un total de 393.224 habitantes mayores de 15 años, el 74% se identifica

como aymara y el 6% como quechua, sumando un 80% de la población

Ciudad de El Alto


Ya en el decenio de 1990, El Alto se consolida como una de las cuatro ciudades más pobladas de Bolivia. Actualmente, esta urbe posee una población de más de 750 mil habitantes, de los cuales el 80% de autoidentifica indígena, fundamentalmente de origen aymara.11 El 60% de los habitantes alteños son menores de 25 años y el 69% de la población trabajadora se desempeña en el ámbito informal, bajo condiciones de empleo precario y relaciones laborales semiempresariales o familiares. El 43% de los alteños son obreros o empleados de la mediana, pequeña y micro manufactura, lo que convierte a esta ciudad en la mayor concentración obrera de Bolivia.12

2. Organización social de la ciudad

En la mayoría de las ciudades importantes del país, en las zonas populares, en los últimos cincuenta años se han conformado agrupaciones barriales llamadas juntas de vecinos, compuestas por un representante de la unidad doméstica, con el objetivo de demandar servicios básicos, construir con esfuerzo propio sedes sociales, escuelas y en general asumir la resolución de asuntos de interés colectivo. La suma de todas estas unidades territoriales vecinales ha dado lugar a la constitución de Fede-raciones de Juntas de Vecinos.

En El Alto, después de la creación de las primeras formas de unificación intervecinal, la Subfederación creada en 1966 fue reconocida y elevada al rango de Federación de Juntas Vecinales de El Alto (fejuve) en el Primer Congreso Nacional de Juntas Vecinales realizado en Cochabamba en 1979, obteniendo el

identificándose con algún “pueblo originario”.12 Álvaro García Linera, “La crisis del Estado y las sublevaciones indí-

genas-plebeyas”, en Memorias de octubre, Comuna; Muela del Diablo editores, La Paz, 2004.

13 En la constitución del organismo vecinal influyó la acción político-administrativa que empezaban a desarrollar en esa época algunos par-tidos de izquierda que favorecieron la renovación del discurso político,

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reconocimiento legal de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia. La fejuve nació bajo dos impulsos: la lucha política y social por conquistar la democracia en el país (1978-1980) y la presión social del movimiento barrial por alcanzar sus derechos y reivindicaciones urbanas,13 haciendo aparecer al espacio de la ciudad como un recurso en disputa y como una base para la formación de nuevos vínculos orga-nizacionales.

Otra de las organizaciones representativas alteñas es la Central Obrera Regional (cor), producto del desarrollo indus-trial de la ciudad. A finales de los años sesenta y principios de los setenta, lentamente se fueron creando federaciones laborales regionales en El Alto, especialmente entre los comerciantes y artesanos que, a diferencia de los obreros de empresa, tienen una identidad laboral de fuerte arraigo territorial. En 1988, la Central Única de Trabajadores de El Alto (cutal) deviene en la actual Central Obrera Regional de El Alto, que agrupa a varios sectores de acuerdo a su oficio. La cor surgió como un ente que desde su inicio coordinó acciones de protesta con la fejuve; así, por ejemplo, reclamarán conjuntamente la ampliación de la Facultad Técnica en la ciudad de El Alto y posteriormente serán componentes centrales de la lucha por la constitución de la Universidad Pública de El Alto (upea), mostrando una gran capacidad para convocar y movilizar a sus afiliados.

Durante 2003, ambas organizaciones –fejuve y cor El Alto– participaron en dos grandes movilizaciones: la primera, el 8 de septiembre, en oposición a la implementación de un

el surgimiento y la conformación de la fejuve (Sandóval y Sostres, op. cit). Vale mencionar que la población alteña fue uno de los bastiones del voto por la izquierda en los procesos electorales truncos de 1978-1980 (Máximo Quisbert Quispe, “Mediación clientelar y la crisis de fejuve de El Alto”, tesis de licenciatura, La Paz, 1998).

14 Luis Gómez, El Alto de pie. Una sublevación aymara en Bolivia, HdP; Fun-dación Abril; Indymedia Bolivia, La Paz, 2004.

15 Álvaro García Linera; Marxa Chávez; Patricia Costas, Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios

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formulario municipal denominado Maya y Paya (“uno y dos” en aymara) que, a decir de las organizaciones, proporcionaba una información sobre las actividades laborales de sus asociados que iba a ser utilizada para el posterior cobro de mayores impuestos.14 Esta acción colectiva fue el primer ensayo de la articulación de un denso entramado de redes sociales territoriales y laborales que semanas después derivó en las jornadas de septiembre y octubre de 2003, conocidas como la “guerra del gas”. Estas acciones pusieron a la ciudad en estado de insurrección y pro-dujeron la caída de la administración “neoli beral” de Gonzalo Sánchez de Lozada.

La estructura de la fejuve varió de acuerdo a los nuevos planteamientos de la Ley de Participación Popular (lpp), que determinó la creación de Organizaciones Territoriales de Base (otb), cuya obtención de personería jurídica depende de la aprobación de la Prefectura o Subprefectura de la Sección de Provincia y desarrollan tareas de control, por ejemplo, en la realización de obras públicas (“planificación participativa”) y en su ejecución, en coordinación directa con el Gobierno Municipal.15

La fejuve se define a sí misma como una institución

culturales y acción política, Diakonía; Oxfam, La Paz, 2004.16 El Programa Operativo Anual (POA) es el plan de gestión y obras que

implementará la Alcaldía en un año. Formalmente, el POA se elabora mediante consultas que la Alcaldía realiza con las distintas organizacio-nes sociales, especialmente territoriales, las juntas de vecinos, que aparte de intervenir en su elaboración cuenta con unos Comités de Vigilancia encargados de hacer el seguimiento de los POA. Sin embargo, por lo general las obras emprendidas por el ejecutivo difieren notablemente de lo establecido en el POA, así como la “vigilancia” vecinal es deformada mediante diversas redes clientelares que despliegan los ejecutivos del municipio con estos representantes.

17 Como veremos más adelante, los barrios que no poseen título de pro-piedad sobre sus tierras no están reconocidos por la fejuve.

18 Sandóval; Sostres, op. cit.19 Quisbert, op. cit.20 Ibíd.

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cívica y corporativa, apartidista y participativa en el ámbito municipal; esta participación se traduce en el impulso a la rea-lización de los Planes Operativos Anuales (poa) regionales o distrita les16 (Estatuto orgánico, 2001). La Federación de Juntas Vecinales está constituida por las representaciones de las juntas de vecinos de todos los distritos que hay en El Alto (siete en total), las cuales tienen en su estructura un delegado que asiste a las reuniones de fejuve y que –excepto para las carteras de presidencia, vicepresidencia y secretaría general– tiene una participación por cuota distrital en forma proporcional (Esta-tuto orgánico, 2001).

Como ocurre en los sindicatos, los mecanismos por los cuales se interconectan todos los miembros de las secretarías y las bases con la directiva de la junta vecinal son las asam-bleas convocadas semanal o mensualmente, donde se discuten los problemas que atañen al barrio; aunque por lo general lo que mantiene con vida orgánica permanente a la junta es la actividad de su directorio. Las asambleas vecinales son un eje importante de la vida de las juntas vecinales, es el modo mediante el cual se unen las dos instancias que conforman la fejuve: la instancia del Comité Ejecutivo y las bases, aunque existen muchos problemas, ya que la intromisión partidaria constituye un verdadero obstáculo en el reracionamiento bases-dirigencias. Una de las características esenciales de la organización en cada una de las juntas vecinales es que está basada en territorialidades. Cada junta, para ser reconocida por la fejuve, debe representar a zonas que tengan por lo menos 200 miembros, además que ocupe y tenga sus límites en el territorio de extensión de la zona. Esta cualidad territorial es importante puesto que se transforma en una potencialidad al momento de la movilización.

La organización mediante juntas por zona está presente desde las épocas anteriores a 1952. La organización barrial por juntas de vecinos surgió, y continúa, como un proceso de au-toorganización social de los habitantes de zonas urbanas para

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debatir y buscar resolver las necesidades básicas urbanas insa-tisfechas (agua potable, electricidad, alcantarillado, atención de salud, educación, campos recreativos, etc.) de la población en sus barrios. Aunque la ocupación territorial de las ciudades es relativamente aleatoria –sus pobladores proceden de múltiples oficios y condiciones sociales–, es posible observar ciertas seg-mentaciones zonales con una mayor presencia de ex mineros, profesores, comerciantes y oficinistas, migrantes rurales, de una provincia u otra, etc. Como no hay una única identidad laboral o gremial en las zonas, la ocupación de una vivienda se presenta como el mecanismo identificador de pertenencia a una junta de vecinos, anclando en lo territorial la fuerza unificadora de perso-nas de condiciones socioeco nómicas distintas. En ocasiones, esa identidad barrial es más fuerte que otras identidades sociales, como por ejemplo la obrera, que en los últimos años ha sido profundamente debilitada en sus estructuras materiales internas. De ahí que sea posible ver a obreros movilizarse en torno a sus juntas vecinales antes que en el sindicato o en empresas que por lo general carecen de sindicato.

La función principal de la junta es velar por las necesidades vitales de la zona. Para pertenecer a la junta de vecinos hay que ser propietario de una vivienda, ser inquilino o viviente,17 a la asamblea vecinal debe asistir un miembro por familia o núcleo habitacional, y cada uno de los asistentes tiene las mismas obligaciones y derechos. Como ya mencionamos, en El Alto se articulan diversas memorias y tradiciones organizativas, ya que se trata de migrantes con diferentes trayectorias, que han pasado por múltiples oficios agrario-rurales u obreros, existien-do muchos tipos de organizaciones locales, desde gremios y asociaciones hasta clubes, ligas y sindi catos. Destacamos, entre esta multiplicidad, por lo menos dos formas generales: las ex-periencias que provienen de los sindicatos agrarios comunales

21 Ibíd.22 Ibíd.

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y la del sindicalismo minero; ambas son refuncionalizadas en un ámbito urbano al interior de las organizaciones vecinales, donde deben convivir, combinarse y fusionarse con otras ex-periencias laborales.

En la vida cotidiana, las juntas vecinales también asu-men el papel de mediadoras en los conflictos intervecinales, de manera similar a los sindicatos o comunidades agrarias, estableciendo sanciones que por lo general consisten en tra-bajos en beneficio del barrio y otro tipo de castigos que son característicos en las comunidades. De la misma forma, en los momentos de movilización se establecen, al igual que en las comunidades, sanciones por el incumplimiento de acuerdos y deberes colectivos, que por lo general implican trabajos para la comunidad. Esto hace de las juntas de vecinos una estructura de organización territorial en cuyo interior se combinan modos de deliberación y consenso pleno en la toma de decisiones, por lo que es imposible tomar la decisión de movilizarse sin el acuerdo de los miembros de familia del barrio, con modos de coerción aceptados por todos los afiliados a la junta vecinal, en caso del incumplimiento de las decisiones colectivas por algún miembro.

Asimismo, en los barrios con una fuerte presencia de obre-ros y ex obreros, como Santiago Segundo, la disciplina sindical, el asambleísmo permanente, las construcciones discursivas y las puestas en escena clásicas del sindicalismo obrero se re-producen en un ambiente urbano en el que –si bien ya no hay una única actividad laboral que los une a todos– hay un fuerte gregarismo territorial e identidad laboriosa que le otorga a la zona una personalidad diferenciada. En este sentido, no existe un solo molde organizativo al interior de las juntas de vecinos. Cada una de ellas es –hasta cierto punto– un “microcos mos” local, con asimetrías en los sistemas de autoridad, en la disci-plina interna, en el régimen de derechos y sanciones, y en las

23 Última Hora, 7 de noviembre de 2000.24 La Prensa, 18 de enero de 2001.

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propias tareas que unen a los vecinos. La fejuve, aunque en un principio se constituyó como un

ente autónomo del Estado,18 rápidamente se convirtió en una organización que atrajo la atención de varios partidos políticos y gobiernos, por un lado en miras a las elecciones municipales en esa urbe, que se dieron a partir de 1988 cuando El Alto as-cendió a categoría de ciudad19 y, por otro, a raíz de la promul-gación de la Ley de Participación Popular, que descentralizó el manejo presupuestario.

En este marco, la fejuve y la cor se convierten en espacios de disputa para líderes sindicales que aspiran a convertirse en clientela de los partidos hegemónicos.20 El rápido crecimiento demográfico de la ciudad –que fue consolidando un apetecible mercado político– y la búsqueda de reconocimiento e integra-ción social de los migrantes ampliaron el interés de los partidos políticos para buscar capitalizar esas expectativas mediante ofertas de apoyo y servicios sociales que luego deben ser “de-vueltas” en votos y fidelidad electoral. Así, partidos como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir, de centro), Uni-dad Cívica Solidaridad (ucs) y –fundamentalmente– Concien-cia de Patria (Condepa, “neopopulista”) durante las décadas de los ochenta y noventa se dieron a la tarea de formar un amplio mercado vecinal de receptores de ayudas sociales (alimentos, material de construcción, apoyo legal, agilización de trámites, etc.) y capturar dirigentes barriales que garantizaran el apoyo corporativo de las juntas vecinales a los partidos benefactores. Pese a los amplios procesos de autonomía organizativa que los vecinos de El Alto han construido en los últimos años, parte de estas redes clientelares aún se mantienen activas en deter-minados niveles dirigenciales.

En años anteriores, varios dirigentes que conformaban el

25 La Prensa, 15 de noviembre de 2004.26 En abril de 2000, en la ciudad de Cochabamba, gigantescas movilizacio-

nes de vecinos, trabajadores, campesinos y clases medias culminaron con la ruptura del contrato y la expulsión de Aguas del Tunari, una

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Comité Ejecutivo de la fejuve no sólo ayudaron a consagrar las redes de clientelismo partidario en numerosas juntas, sino que también terminaron como candidatos a diputaciones o a la Alcaldía.21 Para un dirigente vecinal, obtener el reconoci-miento de un partido político significaba mayor facilidad para viabilizar las demandas de cada zona, ya sea en la Alcaldía o en el ámbito gubernamental. Entretanto, con la Participación Popular, que descentralizó municipalmente el manejo adminis-trativo del Estado desde 1994, la estructura clientelar se reforzó y extendió. A pesar de que supuestamente las juntas vecinales podían participar en la elaboración de los Programas Operati-vos Anuales (poa), gran parte de estas demandas no llegan a realizarse porque varios partidos políticos tienen la capacidad de hacer viables u obstruir estos proyectos vecinales, ya sea en el Concejo Municipal o en las comisiones de Hacienda y Participación Popular del Parlamento. Todos estos problemas significaron la disminución del poder de convocatoria de la fejuve, habiéndose presentado incluso denuncias de las jun-tas de vecinos de los barrios en contra de los dirigentes de la Federación,22 reforzando con ello el protagonismo local de las juntas que han ido ampliando sus comportamientos autónomos y la preferencia por redes vecinales construidas distritalmente y de manera directa sin necesidad de la intermediación de los niveles de dirección superior. Es esta experiencia organizativa de tipo horizontal la que precisamente se tensará exitosamente durante las jornadas de sublevación civil de octubre de 2003 y enero-junio de 2005.

3. Demandas sociales: los barrios “desbordados”

Por lo general, el marco de reivindicaciones que moviliza a la fejuve se caracteriza por demandas de tipo local referidas a

filial de la transnacional Wechtel y otros asociados, que se había hecho cargo de la gestión del agua desde octubre de 1999. La movilización

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la satisfacción de servicios básicos y es en torno a ellas que la organización vecinal se ha ido consolidando organizativamente y ha ampliado su base de convocatoria social. En los últimos años, por ejemplo, la demanda de delimitación de la jurisdic-ción territorial de la ciudad de El Alto ha sido una constante exigencia que ha llevado a las juntas vecinales a promover diversas movilizaciones en contra del Parlamento, que dilató esta delimitación23 y así genenró conflictos con otros muni-cipios, como el de Achocalla, Laja y Viacha.24 Igualmente, el apoyo a la construcción de viviendas sociales, la condonación de las deudas al Fondo Nacional de Vivienda Social (fonvis), el control de los recursos prefecturales en obras de beneficio para la ciudad, la demanda de becas de capacitación, el traslado del aeropuerto, el congelamiento de impuestos a inmuebles, la conexión automática al alcantarillado, el arreglo de calles, la construcción de baños públicos o la regularización de cons-trucciones clandestinas han sido objeto de atención, debate y movili zación colectiva de sus afiliados.

Sin embargo, a partir de 2000 y a raíz del nuevo escenario sociopolítico abierto por las rebeliones de Cochabamba y el altiplano –que colocaron el tema de las necesidades y servi-cios básicos (agua, tierra, energía, hidrocarburos, etc.) como agenda de reivindicación política y nacional– se ha producido una focalización de las luchas urbanas en torno a la resistencia al alza y la dolarización de las tarifas de servicios como agua, luz y carburantes, y es alrededor de estas reivindicaciones que la estructura vecinal, especialmente alteña, ha adquirido una mayor cohesión y una actitud de interpelación al régimen político y económico vigente.

Desde 2000, la fejuve ha protagonizado varias marchas y paros contra el alza del precio de los carburantes, en oposición al sistema tarifario y la elevación de los precios de conexión al

se gestó en rechazo al incremento de las tarifas de venta del agua, que llegaron a subir hasta en un 250% en tres meses, y ante la entrega en concesión a la misma empresa extranjera de los sistemas autónomos y

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servicio de agua potable y electricidad. En el paro vecinal del 15 de noviembre de 2004 uno de los puntos centrales de con-vocatoria ya no sólo fue el rechazo a la elevación de las tarifas, sino primordialmente la revisión del contrato con la empresa privada que administra la distribución de agua en la ciudad, Aguas del Illimani, y la conversión de la empresa distribuidora de agua en una empresa pública controlada por los vecinos.25

En este proceso de maduración de una civilidad política es-tructural ciertamente hay una fuerte influencia de la experiencia cochabambina que desprivatizó la empresa de distribución de agua potable en el año 200026 (de hecho, uno de los aliados cer-canos a la nueva directiva de fejuve elegida en el Congreso de 2004 es la Coordinadora de Defensa del Agua de Cochabamba), pero también tiene que ver con las propias características de los movimientos urbanos latinoamericanos que siempre tienden a colocar la “lucha por los bienes de consumo” urbanos como parte central de una defensa al acceso de bienes por su utilidad social y no por criterios de rentabilidad empresarial.27

tradicionales de agua y riego que poseían las comunidades campesinas y numerosos barrios periurbanos de la ciudad. Este hecho marcó una inflexión en la vida política boliviana, ya que esta primera “guerra del agua” dio lugar a un ciclo creciente de protesta y movilización social que viene cuestionando las políticas de privatización de recursos públicos implementadas desde hace veinte años. Al respecto, se puede revisar Álvaro García Linera; Raquel Gutiérrez Aguilar; Raúl Prada Alcoreza; Luis Tapia, El regreso de la Bolivia plebeya, Muela del Diablo editores, La Paz, 2000.

27 M. Castells, Movimientos sociales urbanos, Siglo XXI, México, 1980.28 El flamante presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien reemplazó

a Carlos Mesa, también se desplazó hasta El Alto como uno de sus primeros actos de gobierno, con el objetivo de desactivar las protestas sociales en esa ciudad.

29 Radio Pachamama, 11 de julio de 2004.30 Resoluciones del XIII Congreso de FEJUVE, El Alto, julio de 2004.31 Pese a ello, el actual Alcalde mantiene “aceitados” mecanismos clien-

telares que garantizan apoyo social a su gestión.32 Los cultivos de coca en el país se rigen por la Ley 1008, que establece

zonas “tradicionales” (legales) y zonas “excedentarias” (sujetas a erra-

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Todos los últimos congresos vecinales han tenido como principal tema de debate estos puntos y lo relevante es que no sólo se ha planteado en términos de una querella entre vecinos y empresas privadas, sino como un doble cuestionamiento de las políticas públicas. Por un lado, se comenzó a demandar la revisión de los contratos de privatización de las empresas de servicio básico, con lo que se cuestiona directamente la lógica económica de inversión externa como núcleo de la economía y, por otro, si bien esta demanda afecta a las empresas privadas, se le exige al Poder Ejecutivo que él sea el que modifique la estructura de precios del servicio, los contratos y la regulación. De ahí que no sea raro que en los momentos de insurgencia social que cuestionan la base de las políticas públicas “neoli-berales”, como en febrero de 2003, las oficinas de Elec tropaz y Aguas del Illimani hayan sido objeto de ataques y destrucción por parte de las fuerzas vecinales de El Alto.

De esta manera, la lucha contra los niveles tarifarios y en defensa de una lógica de gestión de las necesidades básicas diferente a la existente, que sólo toma en cuenta la rentabilidad, se ha convertido en la plataforma de un creciente proceso de interpelación a las políticas públicas nacionales y de politiza-ción social de las demandas vecinales que han permitido que en 2003 se haya podido articular exigencias de tipo político-reivindicativo, como el rechazo a los formularios municipales, el repudio a la venta del gas vía puertos chilenos y la renuncia del Presidente de la República.

En ese sentido, se puede afirmar que este tipo de movili-zaciones con demandas de carácter político-reivindicativo han sedimentado una serie de experiencias de lazos sociales y de narrativas discursivas entre las múltiples redes vecinales (formales e informales) que no sólo están consolidando un sentido de cohesión territorial urbana de tipo plebeyo, sino que además están convirtiendo a estas redes barriales y vecinales en un actor político cuyo temperamento y acción colectiva, y no sólo electoral, se ha convertido en decisivo para garantizar

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estabilidad política a los gobiernos.Que el presidente Carlos Mesa se haya dirigido a El Alto

apenas fue ungido en el cargo por el Parlamento o que la legi-timación de sus iniciativas pase por la visita a la ciudad marca hasta qué punto las actuales políticas públicas requieren de un tipo de anuencia civil de la urbe más grande y empobrecida del país, pero también la más organizada. En septiembre y octubre de 2003 se consolida un quiebre cognitivo y un “desborde” de lo barrial a lo nacional pues se produce un paro cívico con demandas estrictamente políticas (rechazo a la venta de hidro-carburos, renuncia de Sánchez de Lozada), lo que constituye un hecho inédito en la historia vecinal de la ciudad de El Alto y de las juntas de vecinos del país.28

Esta politización de la acción y de la conciencia colectiva vecinal se ha reafirmado recientemente con la realización del xiii Congreso Ordinario de fejuve, denominado “Por la recu-peración de nuestros hidrocarburos, nacionalización del gas. El Alto de Pie nunca de Rodillas”, instancia en la que resultó ele-gido como actual presidente de la organización Abel Mama ni Marca, quien se comprometió a luchar contra el neoliberalis mo recuperando la “agenda de octubre”,29 con una plataforma rei-vindicativa que ubica a la “nacionalización sin indemnización de los hidrocarburos”30 como la principal exigencia, además de otras demandas de tipo social, político, económico y cultural local, como el planteamiento de la reducción de las dietas de los parlamentarios en un 50%, el juicio de responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada por los muertos y heridos de

dicación de los cultivos). El Chapare, en el trópico de Cochabamba, es casi en totalidad zona excendetaria.

33 Ver Pablo Stefanoni “Conflicto social, crisis hegemónica e identidades políticas en Bolivia: la emergencia del MAS-IPSP”, informe final beca CLACSO-Asdi, 2002; García Linera et al. (op. cit).

34 Redes de sociabilidad cotidiana de carácter voluntario, ver Charles Tilly, From Mobilization to Revolution, Addison-Wesley, Reading, Mass, 1986.

35 Max Weber, Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, 1996.

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octubre de 2003, o el rechazo al denominado Plan Progreso, el proyecto político del ex alcalde José Luis Paredes.31

Aunque como organización no se ha tomado una posi-ción definitiva sobre la Asamblea Constituyente, actualmente se debate al interior de las juntas vecinales la pertinencia o inconveniencia de participar en ella. En ese contexto, existen posiciones que propugnan un rechazo porque consideran que será el mecanismo para la legitimación histórica de las élites tradicionales y de los partidos conservadores. Pero también hay quienes consideran necesario participar orgánicamente en la Asamblea con candidatos propios que permitan la conformación de una hegemonía indígena y popular destinada a promover cambios profundos en el sistema normativo del Estado.

Lo relevante de todo este debate es que las asociaciones vecinales se están convirtiendo en núcleos de deliberación so-cial sobre temas de corte nacional o, si se prefiere, en escenarios de democratización de los temas político-gubernamentales que afectan al resto de la población. En este sentido, se puede decir que hay una creciente territorialización urbana y vecinal de los temas de Estado que amplía geográficamente esta reno-vada preocupación sobre asuntos públicos nacionales que se había iniciado en Cochabamba y las comunidades rurales. En qué medida esta práctica política de las juntas vecinales será meramente un ímpetu temporal o duradero, y en qué medida mantendrá la fidelidad de su base social, es un tema que será dilucidado en los siguientes meses y años.

3.1. La “guerra del gas” de octubre de 2003

El año 2000 comenzó un ciclo de acción colectiva popular pro-tagonizado por un conjunto heterogéneo de movimientos que tienen como uno de los ejes de movilización la lucha contra la mercantilización de los servicios públicos. Así, la Coordina-dora del Agua y la Vida de la ciudad de Cochabamba logró expulsar a la transnacional Wechtel en abril de 2000 tras movi-

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lizaciones masivas, de características insurreccionales, contra el aumento de las tarifas y que posteriormente derivó en un cuestionamiento a la privatización de los sistemas de riego y de agua potable. Un segundo momento de movilización social emergió ese mismo año, llevado adelante por el movimiento indígena aymara organizado en torno a la Confederación Sin-dical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (csutcb), la cual protagonizó tres grandes bloqueos de carreteras en el altiplano y cercó la ciudad de La Paz, sede del Gobierno bo-liviano. Medidas de fuerza repetidas con parecida intensidad el año siguiente.

Paralelamente, los campesinos cultivadores de coca (coca-leros) de la región del Chapare –que participaron en la “guerra del agua” en Cochabamba– protagonizaron fuertes enfrenta-mientos con las fuerzas erradicadoras de sus cultivos de coca32 y posteriormente se constituyeron en la columna vertebral de un nuevo movimiento político: el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (mas-ipsp).33 Esta fuerza político-sindical de base campesina se ubicó en el segundo lugar en las elecciones presidenciales de junio de 2002, con algo más del 20% de los votos llevando al líder cocalero Evo Morales como su candidato. En esa ocasión fue elegido presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada, quien en su primera presidencia (1993-1997) implementó un conjunto de reformas estructurales de cuño neoliberal.

3.2. “Octubre negro” y la caída de Sánchez de Lozada

36 Manifeste du Forum Alternatif Mondial de l´Eau, Florencia, 21 y 22 de marzo de 2003.

37 Ibíd.38 Ibíd.39 Victoria Casabona, “El agua: recurso de poder en un barrio periférico”,

en Mauricio Boivin; Ana Rosato; Victoria Arribas, Construcciones de otre-dad. Una introducción a la antropología social y cultural, Eudeba, Buenos Aires, 1999, p. 193.

Ciudad de El Alto


En septiembre de 2003 se declara una huelga indefinida en las zonas rurales del altiplano pidiendo la libertad del dirigente Edwin Huanpo, acusado del ajusticiamiento de dos ladrones en una comunidad rural del altiplano aymara. A esta acción se sumó el movimiento social alteño, articulado en torno a orga-nizaciones vecinales, gremiales y sindicales bajo la dirección de la fejuve y la cor con un despliegue de diferentes formas de protesta. El centro de las demandas era la oposición a la venta de gas a Estados Unidos y México por puertos chilenos –país que en la guerra del Pacífico (1879-1880) se apropió del litoral marítimo boliviano– y cuya irradiación produjo, el 17 de octubre, la caída y huída del país del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Con el correr del tiempo, y en medio de la intransigencia oficial, las movilizaciones se masificaron. El Ejecutivo opta por el uso de la fuerza para recuperar el “principio de autoridad” y moviliza fuerzas militares para “rescatar” a los turistas varados en la localidad de Sorata, en el altiplano paceño. El saldo: ocho muertos, hecho que enardeció más los ánimos y la crispación social y se sumaron nuevos sectores a las protestas a lo largo del occidente del país; a la consigna “el gas para los bolivianos” se agregó otra que marcó el ritmo de los acontecimientos: “la renuncia del Presidente de la República”. El epicentro del con-flicto –el altiplano paceño, El Alto y el centro de La Paz– había conseguido irradiar, contagiar y desplegar su construcción discursiva en torno al tema del gas a otras regiones y sectores del país. Además de crear todo tipo de lazos y solidaridades entre el área rural y el área urbana, irradiando una identidad indígena aymara en las ciudades de El Alto y La Paz. El lunes 7 de octubre se realiza una de las marchas más importantes y masivas realizadas por habitantes de la ciudad de El Alto y de La Paz, un día antes del paro cívico alteño. Uno de los periódi-cos paceños describe de esta manera la marcha que partió de la Ceja hacia el centro paceño: “Mientras la cabeza de la marcha se encontraba en el Cementerio, la cola todavía no había partido

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de la Ceja” (Fuente: La Razón). El miércoles 8 de octubre en la ciudad de El Alto se da

inicio a un nuevo paro cívico –esta vez indefinido– convoca-do por la cor y la fejuve, acompañado de mítines, marchas y el bloqueo total de calles y avenidas troncales que unen esa ciudad con la sede de Gobierno, las provincias del altiplano y rutas interdepartamentales. Esta medida, por la magnitud y la resonancia que encuentra en la población, convierte a la urbe alteña en uno de los lugares más notables de lucha y resistencia en estos días; además, por la posición geográfica que ocupa la ciudad de El Alto, se constituye en un lugar estratégico para sitiar y desvincular a la urbe paceña de las demás regiones.

La represión indiscriminada de un convoy del Grupo Es-pecial de Seguridad (ges) –cuya misión era escoltar camiones cisterna hasta La Paz–, con un saldo de decenas de muertos, marca el principio del fin para el jefe de Estado: la consigna “que se vaya” se expandió a todo el país, incluyendo a los sectores medios urbanos. El 16 de octubre se da una de las úl-timas manifestaciones en la ciudad de La Paz; la plaza de San Francisco es copada por los marchistas, tanto que se cruzaban y entrecruzaban diferentes grupos de un lado a otro, a pesar de que días antes varios manifestantes habían sido atacados por armas de fuego lanzadas por francotiradores apostados en varios edificios del centro de la ciudad. Poco a poco el Poder Ejecutivo se derrumbaba, ya había roto su cohesión días antes con el alejamiento del vicepresidente Carlos Mesa y otras au-toridades, incluso el vocero de la presidencia, Mauricio Ante-zana, hizo público su alejamiento y renuncia a su cargo. El 17 de octubre, en medio de una situación política insostenible, el presidente Sánchez de Lozada renuncia al cargo y parte rumbo a Miami. Carlos Mesa lo sucede constitucionalmente.

3.3. La movilización alteña

Cuando en octubre de 2003 la “posta” de la sublevación social

Ciudad de El Alto


que expulsó del Gobierno a Sánchez de Lozada pasaba de las comunidades aymaras del altiplano a la ciudad de El Alto, centenares de miles de personas, en esa ciudad que cotidia-namente se presenta como una Babel de migraciones, de los oficios y de las identidades sobrepuestas, se articularon como una sofisti cada maquinaria social en movimiento que al final derrotó a la Policía y al Ejército en el control territorial de la ciudad y derrumbó a un Ejecutivo que había contado con uno de los respaldos parlamentarios más grandes que se recuerde en la historia democrática boliviana.

Con estupor, el Estado vio cómo por encima de las redes clientelares y los localismos barriales, con los que cotidiana-mente negocia sumisiones, las calles y avenidas comenzaron a hacer visibles en sus barricadas de gente y escombros unas extendidas, multidimensionales y complejas redes sociales de tipo laboral, vecinal, de parentesco y amistad que no sólo tupieron la ciudad de un sistema de autodefensa territorial, sino que además funcionó como una confederación regional de multitudinarios ejércitos civiles armados de palos, perfec-tamente organizados y disciplinados por barrios y calles, que caminaban varias horas para surcar la ciudad de La Paz en afirmación corpórea de una decisión inapelable: la renuncia del Presidente.

Si bien no fueron los únicos actores, las estructuras organi-zativas de base de la Central Obrera Regional y de la Federación de Juntas Vecinales tuvieron un desempeño muy destacado en la conformación de una imponente fuerza de movilización. En particular, fue el ímpetu de las organizaciones de base, las redes barriales, de calle, las que en la última semana de la sublevación, de manera autónoma, sin coordinación ni man-do unificado, le imprimieron a la movilización su dinámica y orientación, en tanto que los dirigentes quedaron rebasados, en la mayoría de los casos, o atrapados y convertidos en por-tavoces de un movimiento que –como ningún otro en el país– careció de líderes generales.

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En sentido estricto, se puede decir que la sublevación de octubre de 2003, organizativamente estuvo a cargo de las redes barriales cotidianas, de grupos de vecinos de cuadra que asumieron la logística y ejecución de los bloqueos, las barricadas, las ollas comunes, el alambrado de los barrios, las guardias zonales, etc. En tanto que le tocó a la estructura formal de las juntas de vecinos el encabezamiento público de las marchas hacia la ciudad de La Paz, la imple men tación de una disciplina y compromiso local para la movilización en ciertos barrios, en tanto que a la fejuve y la cor sólo le tocó la toma de palabra pública en los medios de comunicación. En los hechos, los dirigentes departamentales no dirigían ni orga-nizaban nada, aunque desempeñaron el papel de portavoces de un movimiento multiforme articulado reticularmente en los barrios y calles alteñas en torno a estas netness34 locales.

Se puede decir que durante la rebelión de octubre asistimos a la articulación de una “comunidad de vecinos” en el sentido weberiano del término. Para Weber, la “comunidad vecinal” es una situación de intereses acondicionada por la proximidad espacial entre vecindades domésticas asentadas en inmediata proximidad.35 Caracterizada por una mezcla entre “serviciali-dad entre vecinos” y la distancia en las relaciones que, en mo-mentos de “peligro común”, se despliegan modos de “acción comunitaria” entre los miembros del asenta miento o la calle, que en este caso se tradujo en la formación de micro estructuras de movilización barrial que sostuvieron la logística y la fuerza de masa de la sublevación.

Estas redes barriales, con una mejor articulación con las estructuras dirigenciales locales y regionales de las juntas de vecinos, fueron posteriormente las protagonistas de las movili zaciones de 2005 en contra de la empresa Aguas del Illimani, en El Alto, y que culminaron con la rescisión del 40 Ibíd., p. 194.41 Franck Poupeau, “La gestion de l´eau à El Alto, Bolivie”, conferencia

Grupo Comuna, La Paz, abril de 2005.42 Franck Poupeau, “La privatisation de l´eau: les profits illicites des mul-

tinationales françaises”, mimeo, 2002.

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contrato.

4. Políticas del agua: consideraciones generales

En los últimos años –y en línea con el modelo económico hege-mónico a escala mundial– el agua ha pasado a ser considerada como un “bien económico” –distribuido por mecanismos de mercado– cada vez más “escaso” y, por lo tanto, de importan-cia estratégica; y no un derecho humano. En ocasión del Tercer Foro Mundial organizado por el Consejo Mundial del Agua –en 2003, en Kyoto– los representantes de gobiernos, organis-mos especializados de la onu y de empresas multinacionales afirmaron que la política de agua debe regirse por principios generales que incluyen la promoción de la gestión del recurso agua a nivel mundial siguiendo el modelo denominado iwrm (Integrated Water Resources Management) elaborado por el Banco Mundial. Modelo fundado sobre el mecanismo de mer-cado y la fijación de un “precio justo” basado en el principio del “full cost recovery”, vale decir, la recuperación del costo total que incluye el retorno sobre las inversiones, el cual puede representar un tercio del costo total.36 Reconociendo, entre sus objetivos, la liberalización de los servicios hídricos en el cuadro de la negociación omc (Organización Mundial del Comercio)-agcs (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios). Un acuerdo que tiene entre sus más firmes apoyos en la Unión Europea a empresas francesas, británicas y alemanas de agua que figuran entre las más importantes del mundo.

Estas políticas de privatización son parte de los condiciona-mientos impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para el otorgamiento de líneas de financia miento, especialmente a los países “en desarrollo”. La prioridad a la inversión privada fue consagrada también en el reporte Cam-43 Norma Giarraca, citada en Poupeau, “La privatisation…”. Ver también John

Tagliabue, “Backlash spreads over privatization of water”, en Inter na-tional Herald Tribune, 27 de agosto de 2002 (edición impresa en París).

44 Kate Bayliss; David Hall, “Respuesta de PSIRU a la Estrategia de De-

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dessus (ex titular del fmi) sobre el “Financing Water for All”,37 presentado en Kyoto.

Algunas cifras grafican el “salto” de las empresas privadas en la oferta de agua a nivel mundial. En los años ochenta, las dos principales firmas de agua que operaban en el ámbito in-ternacional –Générales des Eaux, hoy Vivendi Environne ment, y Lyonnaise des Eaux, hoy Ondeo, filial de Suez– no asegura-ban agua más que a 300 mil personas fuera de Francia. El año 2000, las personas servidas por empresas privadas alrededor del mundo alcanzan los 400 millones.38 Y en la mayoría de los casos –Cochabamba en Bolivia, Manila en Filipinas o Santa Fe en Argentina– los precios han subido, la transparencia de las licitaciones ha sido corrientemente puesta en duda, el agua se alejó de la categoría de “bien común” y varios países han asistido a diversas modalidades de “guerras del agua”, en tanto disputa político-social por un recurso vital. Cuestión que adquiere una importancia específica en los asentamientos periféricos de las ciudades, plagados de privaciones –falta de servicios públicos, inundaciones, contaminación, hacinamiento, presencia de basura y residuos industriales, etc.– e insertos en redes clientelares con el sistema político que reproduce –más que reduce– las carencias de sus habitantes.

Como señala Casabona,39 “en esos espacios urbanos el control de recursos escasos, como es el agua, se convierte en un lugar de construcción y refuerzo de asimetrías”, las cuales se manifiestan tanto en las relaciones intravecinales como en-tre pobladores y agentes políticos. En este sentido, “el acceso y goce del patrimonio ambiental se tornan inteligibles en el marco de los vínculos socioeconómicos y políticos que los

sarrollo del Sector Privado: Temas de Discusión y Opciones elaborada por

el Banco Mundial”, Unidad Internacional de Investigación de Servicios Públicos (PSIRU), Universidad de Greenwich, 2001, en Privatización de los servicios públicos. Tema agua, CEDIB, Cochabamba (formato CD).

45 Ibíd.46 Kate Bayliss; David Hall, op. cit., Véase también D. Hall, “Agua en manos

Ciudad de El Alto


grupos sociales mantienen entre sí”.40 Y el “derecho al espacio urbano” –cuya estructura de ocupación tiende a reproducir y yuxta ponerse a la estructura social– debe ser escrutado en el contexto del conjunto de los derechos ciudadanos.

En los últimos años, el agua llegó a ser un tema de primer orden en las agendas –y discursos– de los organismos interna-cionales como las Naciones Unidas o el Banco Mundial, a los cuales se viene oponiendo una literatura militante no menos técnica, generalmente producida por ong y organizaciones de consumidores.41 El fuerte crecimiento del “mercado del agua” permitió a los dos gigantes franceses del agua –Vivendi y Suez– y sus filiales suscribir contratos muy lucrativos en decenas de países.42 Aunque también estas empresas debieron enfrentar varios traspiés, viéndose obligadas a retirarse de algunos países de América Latina y a encarar procesos en tribunales interna-cionales. Es el caso de la filial de Vivendi en la provincia argen-tina de Tucumán (1997), donde los consumidores emprendieron un movimiento de “desobediencia civil” que incluyó el rechazo a pagar las facturas de agua frente al “deterioro del servicio y el aumento de las tarifas” (aproximadamente 104%).43

En junio de 2001, el Grupo Banco Mundial puso en circu-lación un documento de discusión denominado “Estrategia de Desarrollo del Sector Privado (dsp): Temas de Discusión y Op-ciones”. Dicho documento se ocupa más de la expansión del rol del sector privado en el suministro de servicios públicos que del desarrollo de empresas locales efectivas en los países en desa-rrollo. Promueve un mayor involucramiento del sector privado

públicas”, en www.psiru.ort/reportsindex, junio de 2001.47 Frente a los intentos de aprobación de una Ley de Hidrocarburos “na-

cionalista”, el presidente Carlos Mesa ha “recordado” a los bolivianos que el país necesita de la cooperación externa incluso para pagar los salarios de médicos y maestros.

48 Entrevista con Omar Fernández, dirigente de la Federación de Regantes de Cochabamba, abril de 2005. Debido a esta actuación de la GTZ en el conflicto, en el movimiento social se baraja la propuesta de tomar las oficinas de la GTZ en la ciudad de La Paz.

49 Entrevista con Abel Mamani, secretario ejecutivo de la fejuve El Alto,

273

en los servicios públicos en los países en desarrollo.44

“Estudios realizados sobre varios miles de casos de priva tización en todo el mundo sugieren que la privatización hacia un ambiente de mercado competitivo y bien regulado normalmente es mejor que tener al Estado como propietario. Aun cuando el ambiente no estaba perfectamente preparado, la privatización ha funcionado relativamente bien comparada con otras alternativas realistas” (p. 7).

Observando cuidadosamente el documento, Bayliss y Hall45 unen el rol residual que el Banco tiene en mente para el sector público:

Página 5: “…la esperanza de brindar mejores servicios básicos para la gente pobre en muchos casos se asienta en el traslado del riesgo de desempeño a personas privadas, mientras que se enfoca el esfuerzo del sector público en el mejoramiento del marco regulatorio y la construcción de la capacidad institucional”.Página 6: “El DSP es una forma de ayudar al Estado y otras insti-tuciones a enfocarse en funciones públicas críticas y hacerlas más efectivas”.Página 6: “…un rol clave para el Gobierno es abrir el ingreso de empresarios y dar a los ciudadanos la posibilidad de elegir. Tales enfoques en la política y la consiguiente reducción del papeleo ‘red tape’ tienden a reducir las oportunidades para la corrupción”.Página 8: “La acción recíproca entre mejores sistemas de gobernabi-lidad y el desarrollo de empresarios y mercados es crucial”.Página 17: “Se requiere la capacidad del Gobierno de subcontratar y de regular, particular para prevenir que proveedores privados trasladen nuevamente el riesgo a los contribuyentes a nivel do-méstico…”.

Uniendo todas estas líneas podemos asimilar lo que el Grupo Banco Mundial considera el rol viable para el Poder

abril de 2005.50 Carlos Crespo Flores, “Aguas del Illimani y resistencia social”, La Paz,

mimeo, 2004.51 “14 razones para romper el contrato con Aguas del Illimani”, fejuve El

Alto.

Ciudad de El Alto


Ejecutivo. Se requerirá que los gobiernos regulen el sector pri-vado, desempeñen ciertas “funciones críticas”, aseguren que los mercados estén abiertos para firmas privadas. Esencialmente, la misión del Estado es asegurar que todo marcha “suave” para el sector privado. Otros posibles roles, como la política industrial o las políticas redistributivas, no son mencionados y están lejos de ser impulsados en la literatura del Banco. Sin embargo, la mayoría de la población en los países desarrolla-dos, incluyendo usa, Europa, y Japón, tiene agua provista por el sector público y en varios indicadores las empresas públicas salen airosas de la comparación con sus contrapartes del sector privado. Servicios de agua eficiente son también dirigidos por autoridades públicas en muchos países en vías de desarrollo: por ejemplo en San Pablo, Brasil; Debreen, Hungría; Lolongwe, Malawi, Tegucigalpa, Honduras.46

Entre los agentes de la privatización del agua, los represen-tantes sindicales identifican a la cooperación internacional –de la que Bolivia sufre una fuerte dependencia presupuestaria–47 fundamentalmente la Cooperación Técnica Alemana (gtz):

En la identificación de la raíz de la privatización no debemos equi-vocarnos: allí está la Cooperación Técnica Alemana. De allí viene esta política de sociedades anónimas mixtas que quieren impo-nernos. Las sociedades mixtas se basan en el código de comercio y el código de comercio en su artículo 11 determina que el agua es una mercancía. Bajo este sistema excluyente sólo el síndico –no los agentes sociales– pueden fiscalizar… en Cochabamba terminamos negociando con los técnicos alemanes.48

52 Nickson, 2001, citado en Crespo Flores, “Aguas del Illimani…”.53 Foster, 2001, citado en Crespo Flores, “Aguas del Illimani…”.54 Crespo Flores, op. cit.55 El autor recuerda que años antes, el entonces alcalde paceño Germán

Monroy, al inaugurar un sistema de agua potable afirmaba: “Estamos inaugurando un modero sistema de agua potable para los pobres, para las villas, para nuestros queridos paceños, por ellos destacamos el trabajo de Aguas del Illimani” (Última Hora, 18 de enero de 1998). Dos años después de la concesión, el entonces gerente de Aguas del Illimani (AISA) remarcaba que “los principales beneficiarios del ingreso de un operador privado en el sector son los estratos sociales más necesitados y con menor capacidad

275

La cooperación internacional está presionando al Gobierno y a los municipios para conformar una empresa mixta, incluso la coopera-ción alemana le ha enviado una nota al Ejecutivo. Pero una cosa es ayudar y otra cosa es imponer. Los alteños no estamos dispuestos a tolerar esto.49

4.1. La provisión de servicios de agua y alcantarillado: privatización y sistema pro-poor

En el contexto de las políticas de ajuste estructural y privatiza-ciones impulsadas durante la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada se creó el sistema regulatorio del agua, bajo la figura jurídica de la Superintendencia de Aguas (que posteriormente se transformaría en la Superintendencia de Agua y Saneamiento Básico), previo a la concesión de La Paz-El Alto. Complementariamente, se implementó una política de fortalecimiento institucional de las tres empresas de agua más importantes del país a ser privatizadas con financiamiento del Banco Mundial; la empresa municipal Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (samapa), que operaba en La Paz y El Alto, recibió 490 mil dólares con el propósito de mejorar su capacidad institucional y transferir al sector privado una empresa saneada y eficiente.50

En 1997 se aprueba, mediante Decreto Supremo 24719 (22 de julio de 1997), el Reglamento de Organización Institucional de las Concesiones del Sector Aguas para facilitar el proceso paceño y el 24 de julio de ese año se firmó el contrato de concesión entre la empresa Aguas del Illimani y la Superinten den cia de Aguas para operar y expandir los servicios de agua potable y sanea-miento. El contrato comprende a los municipios de La Paz y El Alto (los cuales, sin embargo, fueron “excluidos” de la firma del

económica” (La Razón, 10 de febrero de 1999). Y en 2002, el nuevo gerente, Arnaud Bazire, al evaluar la gestión de Aguas del Illimani señalaba: “El objetivo era demostrar que la Lyonnaise des Eaux puede también ocuparse de zonas difíciles” (Poupeau, “La privatisation…”).

56 En Argentina, Indonesia y Filipinas se denunció el incumplimiento de

Ciudad de El Alto


contrato), y tiene una duración de treinta años. Por otro lado, se firmó un contrato entre la ex empresa samapa y Aguas del Illimani, por medio del cual se le otorga a la nueva empresa la infraestructura que era propiedad de los municipios.51 Esta entidad está integrada por los siguientes inversionistas:

Tanto desde el Gobierno y la cooperación internacional como desde el sector privado existe una valoración absolu-tamente positiva de la concesión de La Paz, por su enfoque orientado a los pobres (pro-poor) y el cumplimiento de las metas fijadas.52 El Banco Mundial considera que el sistema condo-minial implementado en la ciudad de El Alto permite reducir costos y de esta forma beneficiar a los sectores más pobres de la población.53 Por su parte, según la revista boliviana Nueva Economía, Aguas del Illimani aparece entre las empresas que vencieron la crisis por su capacidad de inversión en servicios, bienes no transables y por su rentabilidad estable y segura;54 además de optimizar gastos operativos, intensificar el uso de tecnología, reducir personal, maximizar el uso de recursos materiales, en suma implementar modernos sistemas de ad-ministración y gestión empresarial (Nueva Economía, 14 al 20 de agosto de 2000, citada en Crespo Flores, 2004).55

los acuerdos con los gobiernos de dichos países, reclamos relacionados con la no conexión de las cañerías comprometidas y el excesivo costo de las conexiones (Tunup@ 57, Boletín Informativo de la Fundación Solón, La Paz, 7 de enero de 2005 y Tunup@ 60, La Paz, 21 de enero de 2005).

57 La participación se oficializó en abril de 2001, un año después de la “guerra del agua en Cochabamba”. El Banco Mundial ya había mostrado interés por la concesión de Aguas del Illimani y con su entrada buscaba dar buenas señales a las compañías inversionistas, una suerte de “sello de aprobación” en países en riesgo, K. Bakker, entrevista, citado en Crespo Flores, “La concesión…”.

58 Comunicación informal.59 Para 2001 se estableció en El Alto una cobertura de 82% y 41% en agua

potable y alcantarillado respectivamente. El problema es que El Alto se ha expandido y Aguas del Illimani se niega a prestar servicio fuera del área servida, excepto que los vecinos o financiamiento externo cubran los costos.

60 Entrevista, La Paz, abril de 2005.

277

En un boletín de prensa fechado el 10 de marzo de 2005, en medio de los conflictos en la ciudad de El Alto –“Bilan des activités d´Aguas del Illimani (Suez) en Bolivia”– la empresa francesa indica:

(…) Desde 1997, Aguas del Illimani realizó 87.000 conexiones de agua potable, de las cuales 57.000 fueron en El Alto. En alcantarillado

Sociedad original (1997) Sociedad modificada (2001)

Empresa o sector % Empresa o sector %

Lyonnaise des Eaux (France) 35 Lyonnaise des Eaux 54 (*) (hoy llamada Ondeo)56

Sociedad Comercial 18 Bolivian Investment 22 del Plata (Argentina) Corporation (BICSA)

Bolivian Investment 20 Inversora en Servicios S.A. 9 Corporation (BICSA)

Meller S.A. (Argentina) 12 CONNAL S.A. 5

Consultora Nacional 5 Trabajadores de Aguas del 2 (*) (CONNAL S.R.L. Boliviana) Illimani (con más de dos años de antigüedad)

Arousa (filial del Banco de 10 Internacional Finance 8 Galicia en Argentina) Corporation (IFC) 57

TOTAL 100 TOTAL 100 (*) Una presentación de AISA el año 2004, señala que las acciones Suez son del 55% y los trabajadores sólo el 1% (Aguas del Illimani, 2004). Fuente: Crespo Flores, op. cit.

61 La expulsión de Aguas del Tunari en Cochabamba –debido al fuerte aumento de las tarifas– modificó la estrategia de los funcionarios de la Superintendencia, elevando en este caso las tarifas antes de la entrega en concesión de la empresa.

62 “14 razones para romper el contrato con Aguas del Illimani”, fejuve El Alto. Además, Crespo Flores (“Aguas del Illimani…”) señala que el DS 24663, que establece ajuste a los procedimientos de licitación pública internacional para la participación privada, fue emitido el 21 de junio de 1997 y publicado en la Gaceta Oficial No 2008 el 23 de junio de1997, con anticipación de sólo tres días a la presentación de ofertas, que se llevaría a cabo el 26 de junio de 1997.

63 Documento de la supervisión del crédito 2187-BO del Banco Mundial,

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fueron realizadas 69.000 conexiones, 47.000 de ellas en El Alto. Esto representa una tasa de conexión media anual casi tres veces supe-rior a la de la gestión pública anterior a la conexión. Las tarifas de agua, fijadas en dólares antes del comienzo de la concesión por el Estado boliviano, no aumentaron desde 1997; actualmente las tarifas en vigor en La Paz y El Alto son inferiores a las de otras grandes ciudades bolivianas, como Santa Cruz o Cochabamba. (…) En siete años, Aguas del Illimani invirtió $us 63 millones en infraestructura de agua y alcantarillado. (…) Desde el comienzo de la concesión, 92% de los recursos genera-dos por la empresa fueron revertidos a la comunidad boliviana, sea a través del Estado (65% en impuestos, inversiones y alquileres), sea en remuneración al personal (20%) o en suministros (7%). (…) Aguas del Illimani ha sobrepasado sus compromisos contractua-les para actuar a favor de las poblaciones desfavorecidas en ciertos distritos de El Alto fuera del área servida. En este sentido, la empresa destinó en abril de 2004 una donación de $us 3 millones del Gobierno suizo, destinado al financiamiento de nuevas conexiones de agua y alcantarillado, a una zona adyacente al perímetro del servicio.

Finalmente, en el documento se llega a la siguiente con-clusión: “Aguas del Illimani posee las tasas de cobertura más altas del país: 98,85% en agua potable y alrededor del 80% en alcantarillado en la zona de concesión”.

Sin embargo, el conflicto surge porque hay aproximada-mente 200 mil personas en la ciudad de El Alto, técnicamente fuera del “área servida” establecida en el contrato. En opinión de Sara Grusky58 –miembro la Water for All Campaign– “ellos crearon artificialmente el ‘área servida’ donde la empresa tiene efectivamente responsabilidad.59 De este modo, la empresa no falla técnicamente en relación a la obligación contractual,

citado en Lora, “Nacionalizar el agua”, en El Juguete Rabioso, N° 124, La Paz, 6 al 19 de marzo de 2005.

64 Crespo Flores, “Aguas del Illimani…”.65 Crespo Flores, “La concesión de La Paz a los cinco años; elementos para

una evaluación”, Cochabamba, mimeo, 2004.66 “Comenzó la guerra del agua en El Alto”, Indymedia Bolivia, 29 no-

viembre de 2004, en www.bolivia.indymedia.org/es/2004/11/13381.

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pero deja de sostener estándares que hacen a una compañía socialmente responsable. Adicionalmente, hay 70 mil personas dentro del ‘área servida’ que no pueden pagar los honorarios de conexión, en 2001 de $us 196 para agua potable y $us 249 para alcantarillado, lo que totaliza $us 445 cuando el salario mínimo en Bolivia es de $us 60 mensuales”. Por su parte, el asesor técnico de la fejuve, Julián Pérez, describe de esta forma los cambios que, según el sector que representa, acompañaron el proceso de privatización del servicio de agua en la ciudad de El Alto:

El cambio de samapa a Aguas del Illimani conllevó cambios en varios aspectos. Uno es el tema de los costos de conexión; los costos de conexión que cobraba samapa eran inferiores a $us 335 para agua potable y alcantarillado. A partir de 2001, con la empresa Aguas del Illimani, los costos de co-nexión suben a $us 445. Esto, en la ciudad de El Alto, representa invertir ocho salarios mínimos para poder conectarse. Por otro lado, las expectativas de que quienes no poseían agua iban a tenerla con la empresa privada se vieron frustradas. No hay prácticamente una extensión de la red, sino nuevas conexiones donde ya existía la red. Por eso no hay posibilidad de que gente que está fuera de la denominada “área servida” pueda contar con el servicio de agua potable… pero el contrato de concesión dice muy claramente que el área de concesión está compuesta por los municipios de La Paz y El Alto según el plano de esas ciudades de 1994 (utilizado en la Ley de Participación Popular), luego la empresa –con la complicidad de la Superintendencia de Servicios Básicos– hace aparecer el “área de concesión” y el “área servida” (por samapa, antes de la priva tización) como dos cosas separadas.60

Por otra parte, las tarifas fueron reajustadas –antes de la concesión– en un 57,70% para uso doméstico, 17,88% para uso comercial y 21% para uso industrial.61 El precio de las co-

shtml.67 www.fitchratings.com.bo.

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nexiones y la población excluida de la red de agua –más que el precio de las tarifas– ha sido el eje de los cuestionamientos de la fejuve. Además, agrega Grusky, Aguas del Illimani cuenta entre sus inversiones los préstamos recibidos por el Gobierno boliviano para proyectos en La Paz y El Alto: $us 15 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, $us 15 millones del Banco Mundial y $us 10 millones de la Corporación Andina de Fomento (caf). Lo que totaliza $us 40 millones.

De acuerdo con la fejuve, “la adjudicación de samapa a Aguas del Illimani no fue un proceso transparente, marginó la participación de la sociedad civil y del municipio, y además vulneró las normas legales del país”.62 Según la organización vecinal, “la convocatoria a la concesión se realizó en base a un estudio realizado por el banco Paribás de Francia bajo el segui-miento de la Superintendencia de Aguas (creada un mes antes de la concesión); por lo tanto no hubo posibilidad de analizar los términos de referencia y promover un proceso de discusión pública como se esperaría de un proceso transparente en una sociedad democrática”. El único proponente a la licitación fue Lyonnaise des Eaux-Aguas del Illimani. Los municipios fueron relegados por el Ministerio de Capitalización y la Superinten-dencia de Aguas a través del Decreto Supremo 24663. La pri-vatización de samapa fue una condición del Banco Mundial, el bid y el fmi para la renegociación de la deuda externa en 1996.63 Así, pese al discurso de la descentralización, los acto-

68 Crespo Flores, “La concesión…”.69 Entrevista, La Paz, abril de 2005.70 Poupeau, “La gestion de l´eau…”.71 Ayllu: organización comunitaria tradicional del mundo andino basada

en la línea de parentesco y mediante la cual se regula el acceso familiar a los recursos territoriales, las responsabilidades públicas locales y las fundamentales fidelidades culturales e históricas. Los ayllus están compuestos de decenas de comunidades que tienen como núcleo fun-damental a la unidad domestica rural.

72 Análisis de la “Comisión de expertos” convocada por la Alcaldía de La Paz, abril de 2000.

73 “Efectivamente, si la junta vecinal no tiene al día el título de propiedad

281

res más interesados en el tema –municipio y organizaciones vecinales– fueron excluidos de la licitación y de las decisiones estratégicas, centralizándose todas las decisiones en el Minis-terio de Capitalización, donde se elaboraron todas las reglas del juego para la concesión.64

Una de las grandes preocupaciones de la empresa es el bajo consumo de la población en El Alto. Mientras en la ciu-dad de La Paz el consumo es de 140 lts/hab/día, en El Alto es sólo de 44 lts/hab/día. La vivienda tipo en El Alto sólo posee un punto de agua, normalmente en el patio, sin instalaciones sanitarias. Atribuyen a factores socioculturales (“los aymaras no tienen costumbre de bañarse, por el frío”).65 Sin embargo, todo apunta a que son razones socioeconómicas no tomadas en cuenta por el consorcio cuando realizaban sus estudios de proyección del consumo:

El consumo de agua es muy bajo, los vecinos tienden a tener sólo un punto de agua (normalmente en el patio), resis-tiéndose a instalar sanitarios, duchas, lavanderías, por el mayor costo que les implicaría. Por otro lado, no se debe olvidar que esta es una ciudad dormitorio, por tanto la población sólo llega para dormir. Adicionalmente, instalar una ducha implicaría pagar por el consumo de energía eléctrica.

Un mayor consumo les implica un gasto extra, que la crítica economía alteña no podría soportar. El Alto se halla entre las ciudades con mayores índices de pobreza en el país.

Por otro lado, en El Alto no existe un adecuado declive, por tanto el arrastre de los desechos requiere mayor cantidad de agua. Como el consumo es bajo, son frecuentes los tapona-mientos de la alcantarilla, generando malos olores, en muchos

sobre los terrenos, no se puede afiliar a la fejuve, pero en muchos casos esta entidad ha estado tomando en cuenta a esta gente porque son per-sonas que viven en la ciudad de El Alto” (entrevista con Julián Pérez, La Paz, abril de 2005).

74 Entrevista con vecina del barrio (vecina 1, El Alto, abril de 2005).75 Entrevista con vecina 2, portera de la escuela, El Alto, abril de 2005.76 Entrevista con Carlos Ortiz Silva, dirigente barrial, El Alto, abril de

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casos dentro la vivienda pues en varios lugares la tubería pasa por medio de la vivienda.

En 2000, representantes de Aguas del Illimani declararon que El Alto era “el peor consumidor del mundo” y Álvaro La rrea Alarcón, ingeniero del Fondo Nacional de Desarro llo Regional, indicaba que “es primordial enseñarle a la población que debe acostumbrarse a pagar las facturas de agua. Una persona crece sin agua y va a las instalaciones públicas o al río. Se habitúa a eso y a no tener agua dentro de la casa. Es una cuestión de cultura. Hay que enseñarle a la gente a bañarse una vez por día, a regar las plantas y a lavar el auto”.66 Por esa época se indicaba que “la población de El Alto tiene malos hábitos porque cree que el servicio debería ser gratuito”. En este contexto, Aguas del Illimani argumenta que el servicio de El Alto produce pérdidas a la empresa: sólo recauda Bs 5 millones al año, que no cubren los gastos operativos: “sólo la necesidad de mantener la imagen de la empresa los mantiene en la zona”.

Sin embargo, un informe de la calificadora de riesgo de Fitch Ratings Corporales América Latina,67 de octubre de 2004, menciona entre los fundamentos de la calificación el “mono-polio natural en el territorio de operación (La Paz y El Alto)”, el cual fue dado en concesión por treinta años “con metas y tarifas que han sido reajustadas por la Superintendencia de Saneamiento Básico para el periodo 2002-2006”, además el contrato de concesión “garantiza la rentabilidad de sus in-versiones”. Adicional mente –continúa el informe de Josseline Jenssen–, “la empresa espera incrementar sus ventas fuera del área servida, las mismas que son financiadas con donaciones del exterior”. Las utilidades en 2003 fueron de $us 2,6 millo-nes, mostrando una tendencia creciente que continuó en 2004, cuando las utilidades ascendieron a $us 2,1 millones sólo en

2005.77 “Las conexiones de agua potable las han hecho los mismos vecinos, que

incluso compraron los materiales. Pero Aguas del Illimani dice que eso es inversión de ellos” (Abel Mamani, declaraciones 29 de abril de 2005, El Alto). En muchos barrios las juntas vecinales –como OTB– utilizaron

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el primer semestre.Aunque en el contrato se establece que las tarifas deben

ser “justas y equitativas” (10.2.2.), los principios que guían la determinación de las tarifas son la eficiencia económica, la viabilidad financiera y la simplicidad y transparencia; es decir, criterios económicos y de ganancia, lo social está ausente. De esta manera, antes de la concesión existía una tarifa básica hasta 10m3, hoy se cobra por metro cúbico consumido, ignorando criterios de solidaridad y equidad. Por otro lado, las tarifas están indexadas al dólar estadounidense, según el primer día del periodo de facturación (anexo 10. Numeral 1.4.).68

Uno de los proyectos piloto estrella implementados por la empresa francesa es el mencionado sistema condominial, con financiamiento del bid, originalmente desarrollado en Brasil y ofrecido en El Alto como “un sistema que ha tenido éxito en el mundo”. El sistema está pensado como un modelo de instalación pro-poor de agua potable y saneamiento que busca reducir los costos e implica la participación de los pobladores en la instalación y mantenimiento de la red a través de las juntas de vecinos. El modelo consiste en la instalación de sistemas de agua y alcantarillado que carecen de las tradicionales matrices en medio de las calles secundarias; las tuberías pasan por medio de la vivienda o la acera, con diámetro menor y van directa-mente a la tubería mayor en la calle principal. Los vecinos se encargan de mantener el sistema y el costo es un 30% menor al costo de instalación normal. Sin embargo, el sistema es cuestio-nado por ser un “sistema de segunda para gente de segunda”, promovido por el Banco Mundial, según Julián Pérez.

Costo de instalación de agua potable y alcantarillado para un vecino en Villa Ingenio, una de las áreas donde se ha insta-lado el sistema pro-poor:

El sistema ha traído muchos problemas, ¿por qué? el sistema con-dominial baja el diámetro de las tuberías –de 10 a 6 pulgadas–, El dinero proveniente de la Participación Popular para actuar como con-traparte e instalar la red de agua en los barrios.

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Alto es relativamente plano y la profundidad de excavación y co-locado de estas tuberías ha sido relativamente superficial, entonces no ha tenido la pendiente necesaria, todo eso para bajar los costos. Entonces la mierda ha retornado a las viviendas debido a la poca pendiente y el poco consumo de agua en El Alto, entonces es una solución de segunda para gente de segunda, como siempre ha con-siderado Aguas del Illimani a la gente de El Alto.69

Para Poupeau,70 detrás de las políticas pro-poor (privadas) se engendra un sistema dual: los ricos –y los sectores medios– se benefician de las instalaciones públicas mientras que los sectores más pobres son incitados a “soluciones colectivas”, a “recuperar las formas comunitarias” basadas en la utiliza-ción de su propio trabajo para conseguir el agua a “precios

Conexión de agua y alcantarillado$us 135$us 105Número de cuotas6060Cuota mensual (con intereses)$us 2,25$us 1,75

Además, el vecino pagó Bs 45 ($us 6,6) como aporte en materiales y puso su mano de obra en la instalación (5 días x Bs 20 = 100 Bs).Adicionalmente este vecino debe realizar el mantenimiento de su sistema periódicamente 1 día x mes x Bs 20 = Bs 20/mes ($us 2,9) x 12 meses = $us 34,8 x 5 años = $us 174.En los 5 años este vecino gastará 135 + 105 + 6,6 + 174 = $us 416,6. Es decir, más que el costo total del sistema convencional ($us 335 *) y en el que el man-tenimiento es obligación de la compañía.

* Luego de negociaciones con la empresa, el precio de la conexión anterior al aumento de 2001.Fuente: Crespo Flores, “Aguas del Illimani…”.

78 Tunup@ 53, Boletín Informativo Fundación Solón, La Paz, 2005.79 La Prensa, 1 de septiembre de 2004.80 Sobre la “guerra del agua” en Cochabamba (2000) ver, entre otros, Raquel

Gutiérrez Aguilar, “La Coordinadora en defensa del Agua y la Vida. A

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más accesibles”. En ese caso la pregunta que surge es si ese trabajo comunal está sustituyendo inversiones en beneficio de las utilidades empresariales. Así, se puede observar –señala Poupeau– cómo “la mitología del ayllu71 puede ser fácilmente ‘recuperada’ por el discurso neoliberal de las grandes institu-ciones internacionales” como complemento de las políticas de priva tización.

Un informe de una “comisión de expertos” de samapa residual72 observa que no existe documento alguno que vincule al concesionario directamente con los gobiernos municipales de La Paz y El Alto, excepto aquel que deriva de la relación usuario-proveedor del servicio. Adicionalmente emite una serie de conclusiones:

Se observan “transgresiones graves” a la base de la licita-ción, entre ellas se menciona que “fueron introducidos cambios en la redacción de los contratos, modificando la que acompa-ñaba la propuesta del concesionario, notándose que dichos cambios no se encuentran amparados legalmente”.

Se demuestra una sobrevaluación de las tarifas cobradas por Aguas del Illimani, respecto a las aprobadas para samapa, cercana al 20% de exceso.

Se demuestra que una porción de la tarifa, calculada en el Estudio de Mejoramiento Tarifario (noviembre de 1996) estaba destinada a la remuneración por los activos de samapa (la antigua empresa municipal) y hoy es parte componente de los ingresos anuales de Aguas del Illimani.

Se demuestra que la exclusión del alcantarillado pluvial como obligación del concesionario ha ocasionado una con-

un año de la guerra del agua”, en varios autores, Tiempos de rebelión, Muela del Diablo editores, La Paz, 2001.

81 La Prensa, 9 de enero de 2005.82 La Prensa, 9 de enero de 2005.83 La Prensa, 7 y 8 de enero de 2005.84 La Razón, 7 de enero de 2005.85 La Razón, 6 de febrero de 2005.86 La Razón, 11 de enero de 2005.

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tradicción en el contrato y un vacío en las obligaciones para atender las necesidades de su construcción y mantenimiento, el cual resulta oneroso para la Alcaldía y la ciudad.

Uno de los barrios que carecen de agua potable y alcantari-llado es la urbanización Solidaridad, ubicada en el distrito seis de la ciudad de El Alto. Se trata de una de las zonas más pobres de la ciudad, ubicada en la periferia y poblada por campesinos migrantes, sin trazado de calles ni luz eléctrica y afectada por una doble marginalidad: ser un área marginal dentro de una ciudad marginal. Los pobladores de esta urbanización carecen de títulos de propiedad, razón por la cual la fejuve no reconoce a sus dirigentes barriales dentro de sus estructuras orgánicas.73 Pero además este barrio tiene una particularidad: se encuentra a menos de 100 metros de la planta de Aguas del Illimani. Las opciones para conseguir agua son dos: un pequeño pozo o un caño que viene de la planta, pero que generalmente provee agua sucia (ver fotos). Los baños públicos –construidos por la cooperación francesa– no están habilitados de bido a la falta de conexión a la red de agua corriente, prometida por la Alcaldía, pero que todavía no se ejecuta.

Con lo que bota la empresa lavamos nuestras ropas. Hacemos fila, a veces tenemos que esperar horas hasta que llega agua limpia.74

Acá no tenemos agua, ni siquiera en la escuela [un edificio de dos pisos, bien construido]. Cuando no hay más agua en el pozo, vamos al caño, de donde sale agua sucia, que incluso percude nuestra ropa.75

El río [seco] es nomás nuestro baño público. Ese pocito es lo que nos abastece de agua [no potable]. Hay días que nos quedamos

87 La Prensa, 12 de enero de 2005.88 Indymedia Bolivia, enero de 2005.89 En un discurso posterior, en medio de la agudización de la crisis política

y social en el país, Mesa sostuvo: “Usted (Abel Mamani) quiere que yo, a su lado, le pegue una patada en el trasero a Aguas del Illimani; no lo voy a hacer”.

90 La Razón, 12 de enero de 2005.91 La Prensa, 12 de enero de 2005.

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sin desayunar o sin almorzar hasta que se llena el pozo. Aguas del Illimani se creen reyes. Nos quieren cobrar en dólares como si fuéramos extranjeros. Pero todos sabemos que el agua no se fabri-ca. El Señor del cielo la provee. Entonces por qué la tenemos que pagar en dólares. Estamos pidiendo una o dos piletas públicas de emergencia. Tampoco tenemos luz, andamos en tinieblas. Alguna vez hemos ido a la empresa con un balde para pedir que nos den un poco de agua y nos respondieron: ‘Acá no se regala agua, hagan el trámite para tener agua’.76

El día que visitamos la comunidad junto a dirigentes de la fejuve era la primera que su presidente, Abel Mamani, recorría la zona. “Agradecemos la presencia del compañero Ma mani, que es la primera vez que viene al barrio”, enfatizó Ortiz Silva y cada uno de los vecinos que hizo uso de la palabra, poniendo de relieve el cuestionamiento tácito a la dirección de la fejuve y el sentimiento de abandono que atraviesa a los habitantes de esta zona periférica de El Alto. “La fejuve se compromete a ayudar pese a que en estos barrios los vecinos no tienen títulos de propiedad. Asumimos aquí el compromiso de conformar un directorio y acreditar a la junta vecinal ante la fejuve”, prometió al final de la visita uno de los dirigentes que acompañaba a Mamani.

Solidaridad –desde donde, pese a no “estar conectado”, se puede visualizar el agua que, provocativa e inalcanzable fluye “inodora, incolora e insípida” de las cañerías de la planta, tras el alambrado que separa a la empresa del barrio– es uno de los sectores que forman parte de las 200 mil personas que no po-seen conexión a la red. En febrero de 2003, las oficinas de aisa en El Alto fueron quemadas por la multitud en el contexto de la revuelta contra el denominado “impuestazo” que pretendía aplicar Sánchez de Lozada. Este hecho se explica por la pésima opinión de los usuarios. Así, “la empresa que roba nuestra agua” se fue construyendo como uno de los marcos interpre-

92 Miguel Lora, op. cit.

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tativos que contribuyó a conformar el imaginario movilizador de enero de 2005, cuando la ciudad de El Alto se movilizó re-clamando la expulsión “inmediata” del consorcio francés.

5. El conflicto: la “guerra del agua” contra Aguas del Illimani

A partir de las jornadas de octubre de 2003, la fejuve alteña se constituyó en un sujeto político y en un movimiento social con iniciativa histórica, es decir, con la capacidad de plantear en la agenda de discusión pública temas de carácter social, económico y político, con un amplio poder de convocatoria y movilización. Con la elección del nuevo Comité Ejecutivo, la fejuve comenzó la redacción del nuevo pliego petitorio para ser presentado al Poder Ejecutivo. En este contexto, el tema del agua fue incorporado por las juntas vecinales en el marco de un discurso sobre la “recuperación de los recursos naturales” para los bolivianos. El agua se introdujo, entonces, como cuestión de debate a nivel vecinal, girando alrededor del rechazo a la privatización de los servicios de agua y alcantarillado realizada durante el primer mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997).

Entonces las juntas vecinales decidieron movilizarse. Pri-mero porque consideraron “un abuso” el precio cobrado por las conexiones (ver supra); segundo, porque muchos vecinos presentaron denuncias de cobros ilegales por una cantidad de litros cúbicos de agua que en realidad no habían consumido. En las inspecciones realizadas en diversos barrios de El Alto, con la presencia de representantes de la Superintendencia de Saneamiento Básico y el Viceministerio de Servicios Básicos, de-legados de la empresa y de las juntas vecinales se comprobó la falta de mantenimiento del alcantarillado. Los reclamos aludían al hecho de que la empresa se había comprometido a establecer un determinado número de conexiones en las ciudades de La

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Paz y El Alto –en lo que se llamó el “área de concesión”– y había incumplido su compromiso. Por otro lado, se logró determinar que las inversiones que supuestamente había realizado Aguas del Illimani en realidad provenían de “créditos blandos”, que el mismo Gobierno boliviano había ayudado a conseguir, pro-venientes de entidades financieras como el Banco Mundial, la caf o el bid.

De esta forma, las juntas vecinales propusieron la expulsión de Aguas del Illimani por la falta de respuesta ante los pedidos de conexión de agua y alcantarillado, y porque consideraron que la empresa “se apropió del trabajo de los vecinos, quienes de for-ma autónoma no sólo compraron los elementos necesarios sino que se encargaron de la instalación de las redes de tuberías… y luego la empresa –sin invertir mucho– colocó medidores y cobró por el servicio”.77 Por ejemplo, en la zona Franz Tamayo –ubi-cada en el distrito cuatro– se estableció que la inversión para la conexión de agua potable había estado a cargo de los mismos vecinos, quienes pagaron 56 mil dólares, que en gran parte provinieron de financiamiento español; la empresa Aguas del Illimani había invertido solamente 6.600 dólares, apropiándose a la larga del esfuerzo vecinal al cobrar sobre la conexión realizada por los habitantes de la zona.78 En gran medida, las juntas veci-nales tuvieron como tarea fundamental, desde sus inicios, la resolución de los problemas de dotación de servicios básicos, como la electricidad, el agua y el alcantarillado, poniendo en práctica formas de autogestión vecinal.

Se realizaron varias reuniones entre el Ejecutivo, la Super-intendencia de Saneamiento Básico y los representantes de la

93 Los cuales pedían la salida de las transnacionales o no al “dieselazo”, medida implementada por el gobierno a partir de los últimos días de diciembre y que subía el precio de los carburantes entre un 10% y 30% (La Prensa, 13 de enero de 2005).

94 La Prensa, 13 de enero de 2005. Sin embargo, la situación volvió atrás con la decisión del gobierno de realizar una auditoría previa a la rescisión del contrato para evitar, de esta manera, juicios internacionales contra el Estado boliviano. La fejuve terminó aceptando la auditoria, pero a la

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fejuve en la sede de la Prefectura alteña, las cuales resulta-ron infructuosas. El Estado se comprometió a la revisión del contrato con la empresa francesa, pero se resistía a dar paso a la exigencia vecinal sobre la salida definitiva de Aguas del Illi mani.79 En vista de esta situación, la organización vecinal convocó a un “paro cívico movilizado” de 24 horas para el 8 de noviembre de 2004, como un preludio de las movilizaciones que sobrevendrían después.

La respuesta gubernamental no varió: se continuó con la propuesta de “revisar el contrato”. La fejuve conminó a los re pre sentantes estatales a presentar, antes del 10 de enero de 2005, los resultados de la revisión y el inicio de los procesos de terminación del contrato con la empresa transnacional. El 5 de enero, representantes de las juntas de vecinos, del Gobierno, de derechos humanos y el Superintendente de Saneamiento intentaron llegar nuevamente a un acuerdo. La iniciativa volvió a fracasar.

Entretanto, la dirigencia de la fejuve estableció diversos pactos y alianzas con otros sectores sociales como la Coordi-nadora de Defensa del Agua y de la Vida de Cochabamba.80 Desde el 4 de enero de 2005, diversas organizaciones se unie-ron a los vecinos alteños para apoyarlos en sus demandas: la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de La Paz Bartolina Sisa, la Federación Sindical de Trabajadores Campe-sinos de La Paz Túpac Katari, la cor El Alto, la Central Obrera Departamental de La Paz, el sindicato de transporte pesado e interprovincial, los microempresarios, la Federación de la Prensa de El Alto, los pesqueros de cinco provincias paceñas, los estudiantes de la upea, trabajadores sin jubilación, mine-ros, juntas vecinales de la zona sur, de las laderas paceñas y

fecha persisten las discrepancias acerca de sus características y alcance: “Estamos en un proceso de negociación para determinar qué tipo de auditoría se va a llevar adelante. Aguas del Illimani –y creemos que también el gobierno– buscan una ‘auditoría de libros’, donde haces unas sumas y restas, y determinas cuánto se le debe devolver a la empresa

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de Viacha.81 Todos estos sectores se comprometieron a apoyar las movilizaciones “no sólo moral, sino materialmente” y de ahí surgieron instructivos para la realización de bloqueos de carreteras, barricadas, mítines y marchas de protesta.

En la reunión del 4 de enero de 2005, con la presencia de sie-te organizaciones, se redactó un pliego petitorio que unificaba varias demandas; entre ellas la salida inmediata de Aguas del Illimani, el juicio de responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada (por la represión estatal en octubre de 2003), la nacio-nalización de los hidrocarburos (gas y petróleo), la abrogación de un decreto que incrementaba el precio de los carburantes y el rechazo a la aprobación de la inmunidad para los soldados estadounidenses, entre los diecisiete puntos.82

Por su parte, el Gobierno, en un último intento de man-tener el diálogo, convocó a la gerencia de Aguas del Illimani para iniciar la revisión del contrato, para lo cual se aprobó el Decreto Supremo 27965, que ordenaba la revisión del con-trato solamente en dos aspectos: la metas de expansión del servicio y el monto de las tarifas, lo que fue rechazado por las juntas vecinales.83 Cuando finalmente se estableció la mesa de negociación, las autoridades gubernamentales acusaron a la dirigencia de fejuve de tener vínculos con algunas personas del mnr, que respondían al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.84 De forma inmediata, las juntas decidieron suspender las negociaciones y la dirigencia de la fejuve, a la cabeza de Abel Ma mani, exigió que el Ejecutivo presente una retractación pública sobre dicha afirmación.

A pesar de que el Gobierno ofreció sus disculpas por las acusaciones vertidas contra los dirigentes alteños y un día antes de la movilización afirmó estar dispuesto a revisar el contrato en su integridad, pese al ofrecimiento del Banco Mundial de

por sus inversiones. Nosotros, como fejuve, vamos más allá y quere-mos una ‘auditoría de cumplimiento de contrato’. Debemos ver en el terreno que las inversiones se hayan realizado, junto con otros factores del contrato como la relación calidad-precio. Nosotros pensamos que Aguas del Illimani ha sobrevalorado algunas obras y con una calidad

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25 millones de dólares para ampliar la cobertura de agua y alcantarillado,85 y de la asistencia del prefecto del departamento de La Paz, Nicolás Quenta, a la localidad alteña de Senkata (distrito ocho) para iniciar los trabajos de instalación de agua potable, el paro cívico fue confirmado, mientras otras organi-zaciones como la cor iniciaban marchas de protesta.

El 10 de enero se inició el “paro cívico movilizado” en la ciudad de El Alto. Los representantes de las juntas de vecinos se congregaron desde las ocho de la mañana en la Ceja –zona cercana a la autopista– convocando, a través de megáfonos instalados en las puertas de la fejuve, a los demás vecinos a que se sumaran a la medida de protesta; pronunciándose ade-más sobre el mensaje que el presidente de la República, Carlos Mesa, había pronunciado la noche del domingo y en el marco del cual denunció a las organizaciones en movilización como “minorías eficaces”.

A la concentración se sumaron, paulatinamente, represen-tantes de varias zonas, las cuales se hicieron presentes con sus respectivos estandartes. En casi todos los barrios de El Alto se desplegaron bloqueos de las principales calles y avenidas, con barricadas construidas y vigiladas por los vecinos organizados por turnos; las siete vías de acceso a la ciudad quedaron cerra-das por las juntas vecinales. Los representantes de la fejuve se movilizaron en todos los puntos de bloqueo cercanos a la Ceja. En otras zonas los vecinos movieron piedras y utilizaron alambres para obstruir las avenidas principales, de forma tal que la avenida Juan Pablo II, la 6 de Marzo y las carreteras a Senkata y a Viacha quedaron totalmente bloqueadas. Por su parte, el Ejecutivo movilizó a la Policía hacia la autopista La Paz-El Alto ante la amenaza de los alteños de “tomar las casi-llas del peaje”.

El primer día, el bloqueo fue contundente, sin embargo, el gerente de operaciones de Aguas del Illimani afirmaba que el 97%

baja, y eso en el contrato está penado”. En las últimas negociaciones realizadas entre el gobierno, la Alcaldía de la ciudad de El Alto y la de la

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de las instalaciones de servicios de agua comprometidas se habían realizado.86 La Central Obrera Boliviana (cob) también convocó a movilizaciones en apoyo a las demandas alteñas y también contra el alza de los carburantes, este llamamiento se tradujo en marchas de protesta en por lo menos cuatro ciudades.

Durante la segunda jornada de movilizaciones, bajo una intensa lluvia, el bloqueo de avenidas fue total, nuevamente en todos los distritos los vecinos se apostaron a los costados de los caminos y realizaron turnos para mantener las barricadas. Inclusive el bloqueo llegó casi hasta La Portada, una zona que está entre el límite de la ciudad de El Alto y La Paz.87 Esta vez, los mercados amanecieron cerrados.

Las marchas también continuaron y las juntas –aplicando el método de la “disciplina vecinal”, tomado del sindicalismo campesino– recorrieron las calles anunciando por megáfono el objetivo de la movilización. Esta protesta pudo impedir el tránsito vehicular en su totalidad. Las marchas vecinales con-tinuaron realizándose después de mítines organizados por las juntas. Por ejemplo, en la zona 16 de Julio, caracterizada por ser un sector comercial, todas las actividades fueron suspendidas. Los representantes de junta se encargaron de hacer cumplir los instructivos de movilización emanados desde la fejuve, inclu-sive se protagonizó una “toma pacífica” de una de las oficinas de la empresa de aguas. Estudiantes de la upea se hicieron presentes para demostrar su apoyo a las medidas convocadas por las juntas vecinales, cerca del peaje, encendiendo fogatas.88 Por la tarde, el Ejecutivo hizo llegar una propuesta a través de una carta firmada por el presidente de la República, Carlos Mesa, que planteaba:

El Gobierno iniciará la terminación del contrato de concesión con Aguas del Illimani en forma concertada, por las vías legales que le asistan y que sean consistentes con las legítimas pretensiones y ne-ciudad de La Paz, se acordó que en el mes de agosto de 2005 una nueva empresa mixta se haría cargo de la distribución del agua para ambas ciudades (La Prensa, 14 de julio de 2005)

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cesidades de servicios básicos de las ciudades de La Paz y El Alto.

En defensa de su propuesta, el Ejecutivo arguyó que debería realizarse un acuerdo en términos “amistosos” con la empresa y de forma concertada.89 La fejuve convocó a un ampliado ur-gente de todos los representantes de las zonas movilizadas para discutir y decidir una respuesta a la proposición gubernamen-tal. Tras una tensa discusión, entre silbatinas y aplausos, siete de los ocho distritos anunciaron el rechazo categórico a la carta enviada por el gobierno, mientras uno propuso un tiempo más amplio para la discusión. Por mayoría, la carta fue considerada “ambigua” y que no respondía al pedido de “salida inmediata de la empresa”, resolviendo continuar con el paro cívico y dar un plazo de 24 horas al gobierno para la redacción de un decreto que cumpliese con los pedidos de los vecinos alteños. En caso contrario, anunciaron “una marcha multitudinaria” hasta la ciudad de La Paz. Después de estas resoluciones, el ampliado se disolvió en tanto que varios grupos de vecinos aún discu-tían sobre lo determinado. Mientras esto ocurría, la gerencia de Aguas del Illimani había enviado otra carta a la presidencia de la República, en la nota se argumentaba que “la obligación de Bolivia es asegurar la protección y seguridad plenas en su territorio a las inversiones francesas”.90

Casi de inmediato, el Gobierno –a través del director de Régimen Interior y Prevención de Conflictos, Gregorio Lan-za– anunció que estaría dispuesto a redactar un decreto en los términos exigidos por la fejuve, de esta forma inclusive se había pensado en apuntar un decreto con un artículo único, el cual permitiría “realizar todas las acciones necesarias para la terminación del contrato de concesión suscrito con la empresa

95 La Prensa, 14 de enero de 2005.96 La Prensa, 13 de enero de 2005; La Razón, 15 de enero de 2005.97 Poupeau (“La gestion…”) enfatiza la heterogeneidad, en términos po-

líticos y organizativos, entre las zonas más consolidadas de la ciudad y las de migración reciente. Estas últimas, según Poupeau, no encajan

fácilmente en la imagen de “una ciudad movilizada y fuertemente

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de Aguas del Illimani sa”.91 En dos oportunidades la empresa se negó a “revisar el contrato”.92

El tercer día de movilizaciones se inició con una conferencia de prensa ofrecida por Abel Mamani, quien reiteró las resolucio-nes del ampliado llevado a cabo la noche anterior. Fuera de la sede de la fejuve, sobre todo mujeres de la zona Los Andes, exigían un informe público por parte de la dirigencia sobre el curso de las movilizaciones; de esta manera, en un cabildo realizado en la calle, los dirigentes pudieron comunicar a la gente congregada que la movilización no se había levantado y que esperaban un decreto que determinase la salida definitiva de Aguas del Illimani. Mientras en La Paz, por la mañana y a convocatoria de la fejuve de esta ciudad, se realizaban algunos bloqueos esporádicos con diversos pedidos.93 En El Alto, cerca del peaje, los mítines continuaban y algunos vecinos hacían sonar una campana para convocar a la demás gente al bloqueo. Desde temprano, en la avenida Juan Pablo II las barricadas eran vigiladas por los vecinos, quienes convocaban a los jóvenes a “hacer guardia” en el punto de bloqueo, mientras ellos reali-zaban una marcha.

Poco después llegó el Decreto –con el número 27973– que contenía un artículo único que determinaba: “Proceder a la terminación del Contrato de Concesión suscrito con la empresa de Aguas del Illimani s.a., en sujeción a las leyes bolivianas y los términos del contrato”.

Nuevamente se realizó un ampliado en el cual los re-presentantes de todas las zonas se hicieron presentes. Hubo posiciones encontradas respecto a esta respuesta, algunos dirigentes sostenían que el decreto era igual que la carta

politizada”; situación que, a modo de hipótesis, el autor asocia a las consecuencias del “desarraigo” de los migrantes campesinos. La idea de que “todo se paga” –incluso los recursos naturales– forma parte de las respuestas recogidas en el barrio de Huayna Potosí, al igual que una fuerte desconfianza en los políticos que “toca” a la propia fejuve.

98 Carlos Crespo Flores, “Los factores para la expulsión de Aguas del Illimani de las ciudades de La Paz y el Alto”, Observatorio conflictos y

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rechazada el día anterior. Tras no pocas discusiones, cuestio-namientos y algunos incidentes –por exigencia de las perso-nas que se hallaban en las afueras de fejuve– se escribió una enmienda al decreto gubernamental, según la cual se debía añadir la frase “de manera inmediata” con el propósito de establecer un tiempo para la salida de Aguas del Illimani, lo que según los vecinos, tal y como estaba redactado, el decreto no aseguraba.

En el balcón de fejuve, Abel Mamani se encargó de leer la enmienda al decreto enviado por el Poder Ejecutivo. Esta corrección, se acordó, debía ser consultada por cada junta ve-cinal con sus bases, dándose una respuesta final la mañana del día siguiente, jueves 13 de febrero. La marcha, que desde un inicio había propuesto fejuve, fue ratificada para la mañana siguiente. Sin embargo, antes de esta consulta a las bases, el Gobierno ya había aceptado la revisión realizada por el am-pliado vecinal.94

El jueves 13 por la mañana, en otra conferencia de prensa

movimientos sociales, CESU; UMSS; Oxfam, Gran Bretaña, Cochabam-ba, mimeo, 2005.

99 Ibíd.100 Ibíd.101 Ibíd.102 Carlos Crespo Flores, “Los factores…”.103 “Propuesta de conformación de nueva empresa de aguas y alcantarillado

sanitario, pluvial y de canalización”, Gobierno Municipal de El Alto, 2005.

104 El ex alcalde de la ciudad de El Alto, José Luis Paredes, es un antiguo militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), partido de centro derecha que durante la década de los ochenta y noventa fue

parte de los tres grandes partidos (MNR, MIR, ADN) que construyeron gobernabilidad política en el país a través de pactos entre dos de ellos a cambio de la ocupación, proporcional a su porcentaje electoral, de los cargos públicos. El MIR ocupó la presidencia entre 1989 y 1993, dando inicio a la privatización de empresas públicas y en 2002 formó parte de la alianza gubernamental junto al ex presidente Sánchez de Lozada. Paredes, elegido alcalde en 1999, tomó distancia, poco después, de su antiguo partido y fundó el partido Plan Progreso, volviendo a ser electo

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y con una gran concentración de vecinos de todas las zonas alteñas, se anunció que las medidas de presión y paro de ac-tividades entraban en un “cuarto intermedio”, esto es en una suspensión temporal, ya que no se aceptó la declaratoria de “levantamiento” de las medidas de presión. Por otro lado, se aclaró que, aunque “suspendían temporalmente las medidas, aún pedían la respuesta a los otros puntos del pliego redacta-do con otras organizaciones”.95 La movilización hacia La Paz fue entonces denominada por los mismos vecinos “la marcha de la victoria”, que congregó entre 30 y 50 mil personas que partieron desde la Ceja de El Alto y recorrió las laderas de La Paz con cánticos de triunfo y dinamitas, sin embargo, los ve-cinos declaraban que ahora se discutiría sobre la situación de los servicios de energía eléctrica, también en manos privadas. Luego se realizó un gran cabildo en la plaza San Francisco, donde tomaron la palabra varios dirigentes tanto de la fejuve como de otras organizaciones que habían apoyado moral y materialmente la movilización.

En los tres días de movilización se habían realizado varios planteamientos por parte de los vecinos respecto al manejo que debería proponerse en caso de que Aguas del Illimani se reti-rase de El Alto. Aunque no existía un proyecto bien definido, de modo general los vecinos movilizados hablaron de control y participación vecinal en la gestión del agua, barajándose varias proposiciones que sugerían, por ejemplo, cooperativas para la gestión y administración de los recursos hídricos. Por otro lado, rechazaron la participación de los municipios y las trans nacionales en el manejo o control del agua. Sin embargo, los alcaldes de El Alto y La Paz –las dos ciudades que manejan conjuntamente la provisión de agua potable– habían comen-zado a referirse a su participación dentro de los planes para la gestión de una empresa de instalación y provisión de agua, o un “plan metropolitano” que debía impulsarse después de

en diciembre de 2004. Controlador de tupidas redes de clientelismo

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tres meses que transcurrían en la transición de la empresa de manos de Aguas del Illimani a otra nueva.96

5.1. La organización vecinal

En las movilizaciones de enero de 2005 jugó un rol fundamen-tal el entramado organizativo vecinal. Como se ha señalado, las juntas vecinales son entes que han surgido a partir de problemas básicos como la provisión de agua para los nuevos asentamientos; inclusive, las organizaciones vecinales han logrado solucionar autónomamente este tipo de cuestiones. A diferencia de la “guerra del gas”, en las movilizaciones de enero la estructura de mandos, de dirigencias y de responsabilidades funcionaron básicamente en torno a niveles grandes de orga-nización, como el directorio de la fejuve, presidido por Abel Mamani, hasta llegar a los más nucleares como el de las juntas de base. Las más de 500 juntas vecinales de la ciudad de El Alto comenzaron a mover toda su maquinaria de movilización. Aunque basada en la experiencia de octubre de 2003, la organi-zación vecinal durante estas movilizaciones fue diferente: el eje de la movilización fueron el directorio de las juntas de vecinos y toda la estructura agrupada en torno a la fejuve, lo cual cier-tamente también fue influido por el hecho de que el Ejecutivo tomó la decisión de no reprimir las movilizaciones. Durante las “jornadas de octubre”, el paso del mando de las juntas de vecinos a las redes barriales se produjo, precisamente, porque estas últimas fueron las que, ante el temor y la persecución de los líderes vecinales, articularon autónoma y espontáneamente una estructura informal de movilización defensiva contra el uso de armas de fuego por parte del Estado.97

Crespo Flores98 destaca que uno de los pilares del éxito urbano en la ciudad de El Alto, Paredes ha logrado la adhesión de los votantes movilizando en el imaginario popular una oferta de moderni-dad, de progreso, de trabajo y ascenso social que le ha valido la victoria frente a otros líderes sociales que han reivindicado la memoria de las

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alteño ha sido contar con un equipo técnico que apoyó en la construcción de los contra-argumentos y las propuestas crí-ticas a la concesión. Compuesto por académicos y activistas del agua, tanto de Cochabamba como La Paz, constituyó el “brazo derecho” de las decisiones de la fejuve. También ong elaboraron cartillas informativas sobre la cuestión del agua, las cuales –junto con un estudio realizado por algunas instituciones académicas– contribuyeron a fortalecer la base argumenta tiva de la entidad vecinal matriz. “Nuevamente emergió la figura del ‘intelectual activista’, cuya labor es reconstruir, poner en evidencia a los poderes dominantes”.99

Por otro lado, sostiene Crespo Flores,100 “el movimiento partió en desventaja, pues los media oficiales, particularmente de la ciudad de La Paz, al inicio del conflicto no dieron impor-tancia al hecho”, situación que podría ser explicada a partir del “imaginario racista de los medios de comunicación, de desprecio de la ‘plebe insurgente’, pero al mismo tiempo es el cansancio estatal y de la clase media, a las continuas acciones directas ciudadanas”. Recién con el paro total de diciembre, pero fundamentalmente con el paro indefinido de enero los alteños se convirtieron en sujetos de la noticia,101 aunque en gran medida para revivir el fantasma de Cochabamba. Al igual que durante las “jornadas de octubre” (de 2003) radios alteñas

movilizaciones, pero no así la posibilidad de un proyecto de porvenir urbano.

105 “Propuesta de conformación de nueva empresa de aguas y alcantarillado sanitario, pluvial y de canalización”, Gobierno Municipal de El Alto, 2005.

106 De acuerdo con la investigadora Susan Spronk, en los talleres barriales se notó que las frustraciones de los vecinos y sus divisiones internas están creciendo (Memoria del Taller en Distrito 1, “La Nueva Empresa de Agua”, 14 de febrero de 2005, mimeo).

107 Propuesta de empresa de la fejuve, mimeo, 2005.108 Entrevista con Julián Pérez, La Paz, abril de 2005.109 Propuesta de la fejuve, op. cit.110 Germen Gerbrandy; Paul Hoogendam, Aguas y acequias. Los derechos del

agua y la gestión campesina del riego en los andes bolivianos, Plural editores,

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como Huayna Tambo y Pachamama se transformaron en la expresión oral de los movilizados, labor complementada por medios alternativos en internet. Para Crespo Flores, “en general, los dirigentes y equipo técnico alteño supieron comunicar su argumento. Cuando les dieron la oportunidad de salir en los canales y radios de cobertura nacional, o debatir con los funcio-narios de gobierno, se mostraron seguros y claros en la demanda, evitando caer en el insulto y el panfletarismo de cierto activismo tradicional. A pesar de tener a los medios oficiales en contra, la fejuve supo manejar el tema comunicacional y supo desplegar dispositivos eficientes para hacer llegar su mensaje”.

Frente al ascenso de las movilizaciones, el Ejecutivo en general mostró nuevamente una escasa capacidad de manejar el conflicto, minimizando en un principio su alcance, acusando incluso a sus dirigentes de connivencia con Gonzalo Sánchez de Lozada. El Di-rector Nacional de Prevención de Conflictos (Gregorio Lanza) fue repudiado por los representantes vecinales como interlocutor en las negociaciones por cierto comportamiento poco transparente, grave para una autoridad que supuestamente debe prevenir y no generar conflictos. Por su parte, la Superintendencia de Agua y Saneamiento (sisab) desde el principio defendió abiertamente a Aguas del Illimani, tanto que la dirigencia alteña pidió su cabeza pues obstaculizaba la negociación.102

Sin embargo, un elemento decisivo que contribuyó al des-enlace relativamente exitoso de las medidas de presión fue la estructura de oportunidades políticas del momento, que con-virtió una movilización de mediana intensidad en una acción eficiente frente al Estado. Si bien la acción de los vecinos de El Alto fue contundente, ésta no tuvo las características masivas ni radicales de la sublevación de octubre de 2003, cuando tuvo que renunciar el ex presidente Sánchez de Lozada. La rapidez con la que el presidente Carlos Mesa estuvo dispuesto a negociar y a ceder ante las presiones del los ciudadanos de El Alto estuvo

La Paz, 1999.

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influida por la creciente debilidad del Ejecutivo, que no sólo se hallaba enfrentado con el Parlamento en una larga batalla de creciente ingobernabilidad de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, sino que además ya se estaba gestando otra presión: la de los dirigentes empresariales de Santa Cruz, que desde entonces levantaron como consigna el rechazo a la elevación de los precios de los carburantes y poco después llevaron adelante la movilización más importante de toda la historia regional de Santa Cruz en demanda de un régimen de descentralización político-administrativa (autonomía departamental).

De esta forma, a fuerza de medidas de presión, El Alto –en la línea de las anteriores movilizaciones en los valles de Cocha-bamba– logró introducir la cuestión del agua (y los servicios públicos) en la agenda nacional, con proyección a la Asamblea Constituyente convocada para 2005-2006. El gran desafío para la fejuve es el diseño de la nueva arquitectura insti tucional de la futura empresa de agua. Hay conciencia entre los alteños de que no basta con regresar al estatismo de antaño, que utilizaba a las empresas públicas como un nicho más de la extendida red clientelar, de allí el énfasis en dar a luz una empresa “autónoma, participativa, transparente, con alto fuerte social y eficiente”.

5.2. Propuestas de nueva empresa

5.2.1. Alcaldía de El Alto

En su propuesta,103 la Alcaldía de la ciudad de El Alto –con el ahora ex alcalde José Luis Paredes–104 planteó la creación de una empresa (sin la participación de Samapa transitoria) denominada K’ana Uma (Aguas claras en aymara). Se trata de una empresa mixta que mantiene una participación para

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la empresa “expulsada” (Suez), con una estructura societaria que contaría con un 65% de participación nacional y un 35% de participación extranjera, con la siguiente distribución:

Alcaldía de La Paz: 20% (aporte de la cooperación internacional)Alcaldía de El Alto: 20% (aporte de la cooperación internacional)Alcaldía de Viacha: 3% (aporte de la cooperación internacional)Trabajadores de ex Aguas del Illimani: 2%Empresa Privada: 20%Suez: 35% (inversión ya ejecutada)

El directorio se conformaría de la siguiente forma:Presidente. Alcalde de la ciudad de La PazVicepresidente: Alcalde de la ciudad de El AltoUn representante del Gobierno Municipal de La PazUn representante del Gobierno Municipal de El AltoDos representantes de la empresa privadaDos representantes de Suez

Con un organismo de “control social” conformado por:Seis miembros de la fejuve, La PazSeis miembros de la fejuve, El AltoLa presidencia de la fejuve, El Alto

Entre los objetivos de la empresa propuesta por el Gobierno Municipal alteño –justificada en una administración “profesio-

303

nal”– se prevé “realizar programas de corto y mediano plazo que consideren la ampliación de los servicios hasta alcanzar el 100% de beneficiarios de las ciudades de La Paz y El Alto en dos años”. Además de la reducción del costo de la tasa de conexión en un 40% y lograr un financiamiento a diez años.

En un cuadro comparativo,105 la Alcaldía de El Alto pre-senta las diferencias que –en su criterio, no carente de sesgos– existen entre las propuestas elaboradas hasta el momento:

5.2.2. fejuve

Características de la empresa Alcaldía La Paz - Alcaldía El Alto FEJUVE* Nombre Samara K’ana Uma

Tipo de empresa Pública Mixta

Inversión 100% pública 65% nacional 35% extranjera

Pago de inversiones realizadas Sí No

Pago de indemnizaciones Sí No

Pago de lucro cesante Sí No

Pago de daño emergente Sí No

Cooperación internacional En duda Plena

Credibilidad Baja Alta

Eficiencia En duda Alta

La propuesta de la fejuve alteña busca superar las dificultades que acompañaron la reestructuración de la empresa semapa, en Cochabamba, luego de la expulsión de Aguas del Tunari en 2000 (falta de control social, nombramiento clientelar de

* La Alcaldía de La Paz ya no defiende este tipo de empresa pública-social.

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personal, etc.). La organización vecinal es consciente de que uno de los desafíos del movimiento social es demostrar una capacidad de gestión paralela a su capacidad para “expulsar” transnacionales. Su modelo de empresa ha conseguido una amplia aprobación pública de la ciudad de El Alto, luego de un largo periodo de consulta en distritos y barrios de dicha ciudad.106 De acuerdo con la fejuve,107 los objetivos de la em-presa se sintetizan en:

• Garantizar la provisión eficiente y sostenible del ser-vicio de agua potable y alcantarillado.

• Ampliar la cobertura del suministro de agua potable y alcantarillado a zonas que actualmente no cuentan con el servicio.

Y la nueva la nueva empresa debe estar regida por cuatro principios fundamentales:

• Participación y control social • Transparencia de la gestión • Eficiencia y sostenibilidad • Equidad

Estamos proponiendo una empresa pública y social sin fines de lu-cro, que está dentro de la Ley de Agua Potable 2066. Es un modelo que permite una mayor participación de la población en cuanto al control social dentro de la empresa. ¿Queremos que sea una empresa eficiente? Sí. Queremos que sea una empresa que gane dinero pero ese dinero se reinvierta (Entrevista con Julián Pérez).

Principio de participación y control social

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La nueva empresa debe favorecer la participación social en la definición de políticas, toma de decisiones y fiscalización: las organizaciones sociales deben ser las que definan el rumbo que debe tomar la empresa y controlar que su mandato se ejecute.

Todos los representantes y funcionarios de la nueva empre-sa pueden ser revocados en cualquier momento de su mandato si hubieran violado alguno de los principios, y si se hubiera evidenciado incompetencia o corrupción en el desempeño de sus funciones.

Principio de transparencia de la gestión

La gestión de la empresa debe hacerse de manera transparente y abierta al público en general.

Todos los actos públicos, ejercidos por los funcionarios y representantes en la “Nueva Empresa”, deben ser obligatorios e inmediatamente publicados y accesibles a través de todos los medios técnicos disponibles, sin que medie solicitud alguna. Debe estar garantizada la necesidad irrestricta a toda la infor-mación legal, contable, administrativa, cartográfica, estadística, comunicacional, técnica y de cualquier otra índole.

Principio de eficiencia y sostenibilidad

La nueva institución deberá manejarse de manera eficiente, buscando el mejor aprovechamiento de los recursos económicos, humanos y naturales así como la sostenibilidad a largo plazo.

Principio de equidad

La nueva empresa deberá velar que sus políticas y prácticas institucionales velen por la equidad en el tratamiento a los usuarios, de forma que se garantice que todos y todas tengan acceso a estos servicios básicos.

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Es diferente de una cooperativa, todo lo que sea infraes-tructura debe ser público, debe ser el municipio el dueño, el Estado el dueño, aunque debe ser minoría en la asamblea. Y debe haber una mayor participación de la ciudadanía porque ellos deben ser portavoces de las demandas de sus diferentes distritos. Que la sientan suya la empresa porque al momento que la adoptan en su yo interior –como está en su yo interior que Aguas del Illimani se debe ir– entonces pensamos que pue-de tener éxito esta empresa porque no hay un ejemplo que nos diga que no resulta el control social en El Alto. Siempre que ha habido un efectivo control social en El Alto han resultado, pero no así las cooperativas que, en su mayoría, en el caso boliviano, el poder gira entre logias. Es muy común aquí en Bolivia que se pague el 10% o el 20% como coima con referencia a una obra. Queremos que eso se acabe. Y con participación de la gente pensamos que se puede hacer.108

El modelo de empresa alternativo propuesto por la fejuve puede sintetizarse en el siguiente esquema:

Asamblea

La asamblea general es la máxima autoridad de la asociación

307

civil que administra el servicio de agua en La Paz y El Alto, sus miembros cumplen la función de voceros de sus distritos y están involucrados en la temática del agua en el ámbito de sus zonas. Esta instancia define la composición del directorio, por ejemplo:

– 25 representantes de la ciudad de El Alto – 25 representantes de la ciudad de La Paz – Ocho representantes del Gobierno Municipal de El

Alto y La Paz – Total de 58 representantes – Reunión anual – Elegidos por voto directo en magna asamblea

Directorio

El directorio diseña y planifica las estrategias de la organi-zación social definidas en la asamblea general. La presidencia del directorio es rotativa, por ejemplo:

– Cuatro representantes de El Alto – Cuatro representantes de La Paz (macrodistritos) – Dos representantes de los gobiernos municipales de

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El Alto y La Paz. – Total: Diez representantes – Reunión trimestral, bimensual o mensual

Comisión de control y seguimiento

Garantiza un control colectivo y que eviten la corrupción, como ahora ocurre con algunos representantes en los comités de vigilancia de los gobiernos municipales.

Es una instancia fuera de la estructura, pero que fiscaliza licitaciones (10%), compuesta por:

– fejuve El Alto– Iglesia– Derechos Humanos– Defensor del Pueblo, otros– Reuniones semanales o diarias

La gerencia operativa

Es la instancia ejecutiva y técnica. Es nombrada por el directorio y está fiscalizada por el Comité de Control Social.

Cuadro resumen comparativo de los modelos de gestión reconocidos por la Ley 2066.109

Como se puede ver, la mayor parte de las demandas, reflexio-

nes y planteamientos de los vecinos en torno a la gestión del agua

309

Empresa pública Sociedad anónima Cooperativa Asociación civil municipal mixta

Naturaleza social Pública o mixta Privada Privada o mixta Privada colectiva (SAM)

Marco legal CPE (si es SAM) Código de Comercio Ley general de socie- Código Civil Ley de Municipali- Ley 2066 y normas dades cooperativas Ley 2066 y normas dades 2028 conexas del sector. y sus reglamentos. conexas del sector. Código de Comercio Ley SAFCO Ley 2066 y normas Ley SAFCO, sus Ley 2066 y normas DS 26587 conexas del sector. estatutos y conexas del sector. Ley SAFCO reglamentos Ley SAFCO .

Composición Gobierno Personas públicas Socios con Personas de municipales (Gobierno Municipal) certificado de aporte acuerdo a sus o privadas, estatutos colectivas o individuales

Posibilidad de Si es titular de Si mediante la bolsa Transferencias Remota, los asocia- enajenación concesión, a través de valores, remates individuales de dos no pueden pedir de licitación de los títulos valo- certificados de división ni separa- res, compra-venta aportes ción de sus aportes, directa pues constituyen un FONDO SOCIAL (Art. 66 Código Civil)

Estructura orgánica Determinada por la Determinada por el Determinada por la Discrecional Ley de Municipali- Código de Comercio Ley general de socie- Según estatutos dades dades cooperativas Toma de decisiones Directorio y Concejo Junta general de ac- Asamblea general Conforme a sus es- (Autoridad máxima) Municipal cionistas, cuyo voto de socios con certi- tatutos. Todos los a- es proporcional a las ficado de aportación. sociados tienen igua- acciones que repre- 1 socio = 1 voto les derechos y obli- senta gaciones (Código Civil)

Responsabilidades Administrativa Civil Civil Civil Ejecutiva Penal Penal Penal Civil y las definidas en los Las determinadas Penal reglamentos a la Ley en sus estatutos Por omisión (L. 2028) general de cooperativas

Relación con los Impositiva Impositiva Consensual en las Consensual usuarios pequeñas

Sujeto de crédito o Sí Sí Sí Sí financiamiento

Regulación Superintendencia de SISAB SISAB SISAB Saneamiento Básico Cámara de Industria INALCO (SISAB) y Comercio Federación de Contraloría General Comisiones de Dipu- Cooperativas, etc. de la República tados y Senadores (Art. 59 CPE)

Fiscalización o Directores Síndicos Comité de Vigilancia Discrecional, control social ciudadanos según estatutos

Obligación de pago Media Mayor Mayor Menor de tasas, impuestos y otros

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Según la fejuve, éstas serían las ventajas del modelo público-social:

Tipo de empresa ¿Quién es dueño de ¿Quién opera? ¿Quién es dueño de ¿Quién fiscaliza? la infraestructura? las utilidades? Sociedad mixta Municipio y empresa Empresa privada Empresa privada y ¿? privada municipio ¿Gobierno Munici- Sólo municipios pal? ¿Superintendencia?

Pública municipal Municipios Administración mu- Municipio Gobierno Municipal nicipal u operación delegada a privado

Público social Municipios Directorio y gerencia Municipio Directorio e instan- operativa dispone el directorio cias de control social Asociación civil sin

tienen que ver con tres temas: el precio de acceso a ese recurso, su calidad y el control general del recurso agua. El tema de los precios es una preocupación generalizada de los habitantes de todo el país. Fue este tema el detonante para que, por ejemplo, en la ciudad de Cochabamba se sumaran las clases medias a las movilizaciones de los habitantes de los barrios populares durante la primera “guerra del agua” en abril de 2000. En El Alto, con una población cuyo ingreso promedio está por debajo de los 800 dólares al año, el precio del servicio es un tema de primera impor-tancia pues cualquier variación puede desequilibrar la precaria estructura de ingreso de las familias alteñas. Por ello, no es raro que los primeros reclamos que poco a poco fueron articulando la legitimidad de la movilización contra la empresa Aguas del Illimani se hayan debido precisamente al incremento de tarifas del servicio de instalación y de aprovisionamiento.

Los propios volúmenes de consumo de agua, denunciados como “bajos” por la empresa concesionaria, más allá de lo cultural, tienen que ver con las propias limitaciones económi-cas de las familias que restringen los costos de instalación de piletas de agua a una por hogar para el abastecimiento general del domicilio. Es la escasez la que también ha promovido un hábito de reciclamiento del agua, que permite que ésta pase por varias funciones antes de ser desechada. Este desencuen-

311

tro entre recursos monetarios disponibles por la mayor parte de la población y el interés de lucro de las empresas es uno de los problemas seculares que arrastra la sociedad boliviana para ampliar su mercado interno y, en el caso de los servicios básicos, para ampliar su acceso a los mismos.

Durante la época del capitalismo de Estado (1952-1985), el Poder Ejecutivo asumió parte de los gastos de operación, lo que ayudó a fomentar la concepción del agua como un bien social que garantizaba parte de la naciente ciudadanía social de la población. Esto, a su vez, mantuvo una resonancia histórica con la práctica económica agraria tradicional donde este bien escaso está bajo gestión de complejos sistemas de medida, autoridad y control de las comunidades rurales.110 Los procesos posteriores de privatización de las empresas y de la gestión de los servicios básicos han buscado cambiar esta con cepción social de los re-cursos de bienes de usufructo colectivo a mercancías accesibles en función de la disponibilidad de dinero. Sin embargo, el principal obstáculo estructural que enfrenta esta posibilidad, al menos en el caso de El Alto, es la escasa capacidad de pago de la población que, ante las exigencias de elevación de tarifas, ha opuesto vigorosas movilizaciones, volviendo a reivindicar una concepción no mercantil del recurso agua, mucho más adecuada a la base económica semi-mercantilizada de una buena parte de las familias alteñas.

Paralelamente, la imposición de una racionalidad mercan-til en el acceso al agua está conllevando abiertos y crecientes procesos de exclusión de acceso a ese servicio o de incremento de su uso por parte de familias que no pueden sostener una estructura tarifaria mercantilizada y regida por la lógica de acumulación empresarial. Es el caso de la zona “no servida” de la ciudad de El Alto, que abarca a cerca de 200 mil perso-

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nas donde la empresa privada no tuvo intenciones de entrar precisamente por la poca o nula rentabilidad que le significaba abastecer de sistema de agua potable a poblaciones de bajos ingresos y bajos consumos. En este caso, la racionalidad em-presarial se presenta como un mecanismo de exclusión social del acceso a los servicios básicos por parte de la población de bajos recursos monetarios. De ahí que la propuesta de las juntas de vecinos precisamente busque romper esta lógica de acumulación empresarial como motor de la empresa de servi-cio de agua potable porque considera que ese es el principal obstáculo para una socialización y democratización del acceso a los servicios básicos e incluso para una ampliación de su utilidad colectiva.

Otro tema movilizador de la población ha sido el de la calidad del servicio. Precisamente, la denuncia acerca de la mala calidad del agua por su mezcla con aire a fin aumentar artificial mente los índices marcados por los medidores que regulan el pago por el servicio ha sido otra de las quejas que ha creado una conciencia colectiva acerca de la presencia in-deseable de la firma extranjera Aguas del Illimani. Claro, en la medida que el bajo consumo de agua reduce la rentabilidad de la empresa y ante la ausencia de regulaciones estatales que defiendan al consumidor, no sería raro que las empresas uti-licen distintos dispositivos para reducir costos de operación o para incrementar artificialmente los “volúmenes” a fin de aumentar sus ingresos.

Si bien antiguamente hubo denuncias de problemas de calidad con el agua entregada por la empresa municipal, hay suficientes evidencias presentadas por los vecinos acerca de que el servicio otorgado por la empresa privada no ha mejorado en calidad y cobertura; por el contrario, se “bombea” aire por las cañerías con tal de aumentar las cifras de consumo. Por si fuera poco, la ausencia de un Estado fuerte como para asumir un amplio control –y la regulación– de los productos que brindan las concesionarias en todas las áreas (agua, electricidad, gaso-

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lina, telecomunicaciones), le da más consistencia a la creencia generalizada en la población acerca de la baja de calidad en el servicio otorgado por los concesionarios privados.

Por último, el tema del control en la gestión de los servicios y recursos de utilidad pública es una preocupación recurrente de la demanda de los movimientos sociales y eso no es reciente. La aspiración a una participación social en el control de las riquezas y funciones públicas no sólo se remonta a la memoria colectiva de “co-gobierno” planteado por los movimientos populares, obreros y campesinos desde hace más de cincuenta años y que dieron lugar al co-gobierno mnr-cob entre el año 1952-1954, sino que además hay una fuerte cultura agraria, ampliamente difundida en la mayoría de los barrios pobres de la ciudad de El Alto, compuestos por migrantes campesinos, acerca de que el agua es un recurso comunitario de acceso no mercantil regulado por los sistemas tradicionales de autoridad comunal.

El agua como “regalo de la Pachamama” (deidad indí-gena) o “de Dios”, que continuamente evocan los vecinos indígenas entrevistados, sintetiza todo un complejo tramado de regulación colectiva y familiar del recurso agua en función de necesidades colectivas y no por obra del mercado ni de la capacidad de pago. Esta cultura del “valor de uso” del agua por encima del “valor de cambio” es, con mucho, la fuerza histórica y moral que legitima en el imaginario colectivo de los vecinos alteños, y también de los barrios populares de Cocha bamba, la necesidad de un tipo de gestión del agua subor dinada a am-plios mecanismos de deliberación, regulación y transparencia colectiva de un recurso que se considera que debe ser accesible para todos y supervisado por todos. De ahí la propuesta de las juntas de vecinos de un tipo de “empresa social” del agua en la que precisamente se quiere llevar esta lógica del uso y del control colectivo, practicado aún en comunidades agrias, a un nivel de institucionalización y eficiencia para una población de más de 800 mil personas.

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2005.Intervención de Carlos Ortiz Silva, dirigente de la fejuve, El

Alto, abril de 2005.


La Razón 2003, 2004, 2005Última Hora 2000La Prensa 2003, 2004, 2005

Documentos

“14 razones para romper el contrato con Aguas del Illimani”, fejuve, El Alto.

Análisis de la “Comisión de expertos” convocada por la Al-caldía de La Paz, abril de 2000, en Dossier Fundación Solón.

Fitch Ratings Corporales América Latina, Aguas del Ilimani S.A., octubre de 2004.

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Manifeste du Forum Alternatif Mondial de l’Eau, Florencia, 21 y 22 de marzo de 2003.

Memoria del Taller en Distrito 1, “La Nueva Empresa de Agua”, 14 de febrero de 2005, mimeo.

Propuesta de empresa de la fejuve, mimeo, 2005.“Propuesta de conformación de nueva empresa de aguas y

Ciudad de El Alto


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Tunup@ 53, Boletín Informativo de la Fundación Solón, La Paz, 2005.

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Tunup@ 60, Boletín Informativo de la Fundación Solón, La Paz, 21 de enero de 2005.

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319

Movilización de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, fejuve. (Fotografía: Julio Mamani Conde)

Ciudad de El Alto


Vista del bloqueo de caminos, método de lucha del movimiento alteño. (Fotografía: Juan Carlos Torrejón).

Planta de Aguas del Illimani, en la urbanización Solidaridad.

321

Caño que sale de la planta de agua y provee agua sucia a los vecinos.

Pozo de Abastecimiento de agua, a 50 metros de la planta.

Ciudad de El Alto

322 “No somos juguete de nadie…”M

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323

IV. Actividad petrolera en la región guaraní del Itika Guasu: la Repsol y el Campo Margarita en la “tierra

sin mal” de los guaraníes1. Introducción

Camino a la región del Itika Guasu y al Campo Margarita

325

En el presente trabajo realizamos la indagación de la actividad hidrocarburífera de la multinacional Repsol ypf en el territorio indígena de los guaraníes en la provincia O’Connor del depar-tamento de Tarija y en el campo Margarita, el mega campo más importante del país. Describiremos el conflicto, la negociación, la intervención de otros actores, los acuerdos y desavenencias entre los guaraníes y la multinacional Repsol ypf, sus contra-tistas y subsidiarias, en busca de conseguir una compensación socioambiental justa, el cumplimiento y reconocimiento de sus derechos indígenas y la defensa de los recursos naturales del Itika Guasu, territorio indígena. Además nos referiremos a las tácticas de lucha utilizadas por los indígenas en el conflicto, el discurso manejado, las oportunidades reales y aparentes para los guaraníes de la actividad hidrocar bu rífera en sus comunida-des, los impactos y/o problemas socioambientales y otros.

Para ello se ha viajado a la población de Entre Ríos, lugar donde se encuentran las oficinas de la Asamblea del Pueblo Guaraní-Itika Guasu (apg-ig), organización guaraní de la re-gión del Itika Guasu que a la vez forma parte del movimiento indígena de tierras bajas, y algunas comunidades de la zona de Puerto Margarita y el campo Margarita, donde a través de entrevistas en profundidad y diálogos abiertos con los actores –Presidente de la apg, autoridades guaraníes, monitores am-bientales y otros– se logró recoger testimonios e información sobre el tema en cuestión.

Finalmente, la temática de los hidrocarburos, por ser para la economía nacional un recurso estratégico, durante los últimos años está sujeta a discusión en diferentes ámbitos y por lo general centrada en la nacionalización vs. estado actual (priva tización), industrialización, vías de exportación, etc. Sin embargo, habitualmente se relega una de las temáticas-


problemáticas centrales que se originan en el lugar de pro-cedencia: ¿cómo viven, qué acciones toman, qué piensan del tema hidrocarburos, qué demandas y propuestas tienen, qué conflictos y problemas afrontan los indígenas, en este caso los guaraníes en cuyos territorios se encuentran estos recursos? Esta situación es descrita por un guaraní en esta frase: “Se preocupan por dónde va a ir el gas, pero nadie se pregunta de dónde sale y a quién afecta”.1

2. Características generales de la región: descripción geográfica, descripción demográfica y característica socioeconómica

El departamento de Tarija está ubicado al sur de Bolivia y su superficie es de 37.623 km2, que corresponde al 3,4% del territorio nacional. Colinda al norte con el departamento de Chuquisaca, al este con el departamento de Santa Cruz y la República de Paraguay, al sur con la Republica de Argentina, y al oeste con los departamentos de Potosí y Chuquisaca. Política y administrativamente está dividido en seis provincias y 11 secciones de provincia, que a la vez son municipios.

Según el último censo de población y vivienda realizado el año 2001, el departamento tiene una población 391.226 ha-bitantes, que representa el 4,7% de la población total del país, con una densidad de 10 habitantes por km2.

Parte del territorio tarijeño, más específicamente la provin-cia Gran Chaco y parte de la provincia O’Connor, compone jun-to a una porción del territorio del departamento de Santa Cruz2 y Chuquisaca3 el Chaco boliviano –que a la vez forma parte del Gran Chaco americano–,4 con una superficie de 127.755 (km2),5 que representa el 16,1%6 de la superficie de tierras bajas7 y está 1 Miguel Castro, Experiencias de negociación, deliberación y diálogo (NEDD).

Estudio de caso. Comunidades guaraníes del Itika Guasu y empresas petroleras, m.s., Tarija, 2005.

2 Provincia Cordillera.

327

distribuida de la siguiente manera: Santa Cruz posee el 67,50%, Tarija apenas el 17,79%, en tanto que el restante 14,69% se en-cuentra en el departamento de Chuquisaca.

El Chaco se caracteriza por poseer una diversidad geo-gráfica y ecológica, además de tener un ecosistema muy frágil debido a “el tipo de suelos, mayormente arenosos y pobres en nutrientes, las escasas e irregulares precipitaciones, las altas temperaturas, que en conjunción hacen difícil los procesos de recuperación de la vegetación nativa y la producción de la biomasa”.8

En la región chaqueña se identifica tres grandes unidades fisiográficas: la subandina, el pie de monte y la llanura cha-queña; cada una con características particulares en los aspectos climáticos, geográficos, poblacionales y socioeco nó micos. Por lo general, el régimen fluvial es uno de los factores primordiales para definir unidades regionales o zonales por la incidencia en el factor geoclimático y productivo de la región o zona.

Específicamente en la provincia Gran Chaco y en los muni-

3 Provincias Hernando Siles y Luis Calvo.4 Con una superficie aproximada de 1.100.000 km2 correspondientes al

territorio argentino, boliviano y paraguayo.5 Miguel Castro, “La región chaqueña: conflictos y gobernabilidad”, en

Cuadernos del Futuro Nº 16, Nuevos actores sociales, Vol. I, PNUD; Plural editores, La Paz, 2002, p. 119.

6 Montes de Oca, citado en Pablo Pacheco, Estilos de desarrollo, deforestación y degradación de los boques en las tierras bajas de Bolivia, Serie Bosques y Sociedad Nº 2, CIFOR, CEDLA, TIERRA, La Paz, 1998, p. 46.

7 Esta denominación abarca una superficie de 76,3 millones de hectáreas, es decir, más de 2/3 del territorio nacional, caracterizada por poseer una altitud inferior a los 500 metros sobre el nivel del mar y tener un clima cá-lido. En la actualidad, de los 39 pueblos indígenas existentes en Bolivia, 36 se encuentran en las tierras bajas, entre ellos los guaraníes, aunque numérica y demográficamente estas poblaciones son significativamente menos numerosas que las andinas (los quechuas y los aymaras).

8 Castro, op. cit., p. 133.9 Monitoreo indígena independiente de la APG-IG, Impactos ambientales

sociales y culturales de Repsol YPF en territorios indígenas de Bolivia, Progra-ma de Vigilancia Socio Ambiental de las Industrias Extractivas, Tarija,



cipios de Yacuiba y Villamontes está ubicada una de las áreas protegidas más importantes del país: el Parque Nacional de Área Natural de Manejo Integrado Serranías del Aguaragüe (pnanmi Serranías del Aguaragüe). Esta área, contrariamente a la sequedad del Chaco Tarijeño, cuenta con bastante hume-dad, por ello uno de los objetivos es “proteger el Aguaragüe por su función de regulador del régimen hídrico del Chaco seco y como fuente de agua de las ciudades de Villamontes, Yacuiba y Caraparí, y las comunidades ubicadas en su área de influencia”.9 La tarea de protección al Parque, en la situación actual, es muy complicada, teniendo en cuenta que una de las grandes amenazas –expresadas en destrucción y modificación de hábitat naturales– es la actividad hidrocarburífera.10

En el Chaco tarijeño existe una composición sociocultural muy diversa, por un lado habitan en esa región tradicionalmente los indígenas guaraníes, tapiete y weenhayek; por otro, mi grantes de diferentes lugares del país como aymaras, quechuas, etc.

Y de manera general, la actividad económica de mayor importancia actualmente en la región es la producción de hidro-carburos, le sigue la actividad agropecuaria. Considerando las características de ambas, la primera está vinculada sobre todo al dinamismo tecnológico y no demanda mucha mano de obra, a diferencia de la segunda, afianzada primordialmente en el trabajo manual, lo cual suscita que en su mayoría la población

2005, p. 47.10 Según Arnold, “Prácticamente toda la serranía del Aguaragüe está

dividida en concesiones que fueron otorgadas a distintas empresas petroleras (Chaco S.A., Pluspetrol, Petrobras, Total-Tesoro), que en la actualidad desarrollan labores de prospección y en muchos casos ya se encuentran en la fase de producción”, en Arnold et al., Diagnóstico socioambiental y propuesta de creación del “Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Aguaragüe”, 1999, p. 12.

11 Castro, op. cit., p. 128.12 Castro, op. cit., p. 125.13 Walter Mamani y otros, Contaminación del agua e impactos por actividad

hidrocarburífera en Aguaragüe, Fundación PIEB, La Paz, 2003.

329

del lugar esté vinculada a la actividad agropecuaria.La agricultura es una actividad practicada sobre todo por

la población indígena y campesina, dirigida al autoconsumo y subsistencia. Además, “mayormente practicada por las comu-nidades que habitan el subandino y el pie de monte, en tanto que la actividad ganadera, como dijimos, se produce con mayor intensidad en la llanura chaqueña”11 y en gran escala por los ganaderos de la zona.

El Chaco tarijeño, luego del descubrimiento de reservas de gas natural en 2001 y 2002, se ha convertido en la región hidrocarburífera más importante del país y en una de las más relevantes de América Latina, llegándose incluso a denominar la “potencia gasífera regional”.

Según la certificación realizada en marzo de 2001, Bolivia poseía 46,8 trillones de pies cúbicos (tcf) de gas natural, lo cual le posesionaba como el segundo país productor de gas natural de América Latina.

Para el año 2002, estas reservas probadas y probables de gas llegaron a 52,2 trillones de pies cúbicos de gas tcf.13

A nivel nacional, Tarija y específicamente el Chaco tarije-

14 No sólo en gas, como los datos anteriores y los posteriores. 15 Mamani, op. cit., p. 9.16 Castro, op. cit., p. 126.

Reservas de gas natural según país productor12

País productor Reservas de gas natural

Argentina 25,7 TCF

Bolivia 46,8 TCF

Brasil 8,0 TCF

Chile 4,41 TCF

Perú 13.32 TCF

Venezuela 146 TCF Fuente: Energía y Negocios, separata de Energy Press, agosto de 2001, pp. 10-11.



GAS NATURAL (TCF) Departamento Hidrocarburos Porcentaje Hidrocarburos Porcentaje Total Porcentaje existentes Nuevos Cochabamba 0,02 1,0% 1,05 2,3% 1,07 2,3%

Chuquisaca 0,43 25,8% 0,25 0,6% 0,69 1,5%

Santa Cruz 1,14 67,8% 3,70 8,2% 4,84 10,3%

Tarija 0,09 5,4% 40,14 88,9% 40,23 85,9%

Total 1,68 100% 45,15 100% 46,83 100,0%

Fuente: Informe final Proyecto ARG/98/037. Felipe A. Ledesma. Elaboración: Unidad de Políticas e Inver-

ño alcanza a tener la reserva más grande de Bolivia en gas y petróleo:14

El 85,9% de las reservas nacionales de hidrocarburos está ubicado en el Chaco tarijeño.

Y en cuanto a la relación de gas natural (tcf) por departa-Relación de reservas por departamentos petroleros15

Departamento Porcentaje

Tarija 85,81%

Santa Cruz 10,3%

Cochabamba 2,3%

Chuquisaca 1,5%

Fuente: Informe público de la Prefectura, 2002.

17 Informe de Desarrollo Humano en Tarija, p. 28.18 Mamani, op. cit., p. 13.19 Víctor Orduna, “Margarita y los guaraníes…”, semanario Pulso, Nº 246,

mayo de 2004.20 La Razón, 10 de agosto de 2004.21 Se trata de un tipo de propiedad comunal, reconocida por la Constitu-

mento, existente y nueva hasta enero de 2001, se puede citar:

Y más o menos a un año después, el departamento y el Chaco tarijeño ha pasado de tener 1,6 trillones de pies cúbicos (tcf) probados y probables de gas natural en 1998 a 45,7 (tcf)

Reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 200116

331

en 2002. En otras palabras, la cantidad descubierta ha aumen-tado más de 27 veces en sólo cuatro años.17

En este territorio, actualmente son diez las empresas petro-leras que desarrollan actividad hidrocarburífera y que cuentan con sus contratos de concesión para trabajos de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos.18 Y en cifras, este 85% de reservas totales de gas boliviano que se halla en el Cha-co tarijeño se encuentran –según orden de cantidad de tcf– en los siguientes campos: Margarita (13,42 tcf), San Alberto (11,05 tcf), San Antonio (5,25 tcf) e Itaú (9,27 tcf).19

Es menester también señalar que este entramado de cam-pos y parcelas cuadriculadas, pozos, gasoductos, oleoductos, campamentos y otros, se encuentran y se sobreponen a los te-rritorios indígenas principalmente de los guaraníes del Chaco tarijeño, de los weenhayek (matacos) y tapiete. Como señala el ex ministro de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza: “El conflicto de sobreposición es delicado, pues la región más rica en hidrocarburos es también el lugar donde se encuentra una gran cantidad de tco,20 Tierras Comunitarias de Origen”.21

El Chaco tarijeño también es integrado por cuatro munici-pios: Entre Ríos, correspondiente a la provincia O’Connor, y los municipios de Yacuiba, Caraparí y Villamontes, pertenecientes a la provincia Gran Chaco. Estos municipios que comparten

ción Política del Estado y por la Ley INRA, que establece ciertos ámbitos de gestión de los recursos naturales (flora, fauna, recursos hídricos, etc.) existentes en el territorio a las organizaciones indígenas, siempre y cuando éstas no contravengan disposiciones legales nacionales. En lo que se refiere a los recursos minerales e hidrocarburíferos, éstos están regulados nacionalmente por leyes especiales, aunque en la última Ley de Hidrocarburos aprobada en 2005, se reconoce la necesidad de establecer consultas con las comunidades para poder llevar adelante emprendimientos de exploración o explotación de esos recursos.

22 Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001.23 Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001.24 Índice de Desarrollo Humano en los municipios de Bolivia, PNUD; Plural

editores, La Paz, 2004.25 Castro, op. cit., p. 123.26 Ibíd., p. 121.



un mismo ecosistema muestran una marcada disparidad po-blacional, siendo Yacuiba y Villamontes los que tienen mayor población y los lugares más atractivos para los procesos mi-gratorios; en tanto que Caraparí y Entre Ríos mantienen una tasa de crecimiento regular y no son destinos muy receptivos de migraciones en relación a los primeros.

La provincia O’Connor tiene una superficie de 5.309 km2, con una población de 19.339 habitantes y una densidad que no llega a cuatro personas por km2. Es una de las provincias con menor población: sólo alcanza el 19,33% de la población total del departamento.22 En esta provincia 2.418 habitantes se encuentran en el área urbana y 16.921 en el área rural.23

Entre las actividades económico-productivas más impor-tantes está la actividad ganadera, extractiva forestal, agraria e hidrocarburífera, con grandes proyecciones de ser incluso la actividad principal de esa región debido al descubrimiento de grandes reservas hidrocarburíferas, en su mayoría todavía no explotadas y comercializadas.

El municipio de Entre Ríos, primera y única sección de la provincia O’Connor, de acuerdo a los índices de desarrollo hu mano (idh) con 0,569, ocupa el sexto lugar entre los once municipios del departamento de Tarija. Es el municipio con idh más bajo en relación a los otros municipios del Chaco tarijeño: el segundo lugar lo ocupa Yacuiba, el tercero Villamontes y el quinto puesto Caraparí.24

Según M. Castro, este Índice de Desarrollo Humano (idh) bajo en Entre Ríos se debe a la “escasa población urbana que posee [el lugar], pero también debido al hecho de que entre sus habitantes rurales se encuentran las comunidades indígenas guaraníes, con altos índices de pobreza e inequidad”.25

En relación al índice de Necesidades Básicas Insatisfechas

27 APG-IG, CER-DET, CAECI, INTERMON, Ñande Ñemboati (Nuestra Organización), APG-IG, Tarija, 2002, p. 3.

28 Los guaraníes del Itika Guasu, al margen de formar parte y participar en sus propias formas de organización, también, durante los últimos años, participan en otros espacios político-administrativos.

333

(nbi), Entre Ríos se encuentra con un 91%, uno de los registros más altos, en el penúltimo lugar entre los municipios del Cha-co tarijeño. Y respecto al Índice de Vulnerabilidad Social (ivs) –medido en base al promedio de los cinco indicadores: cultural, ambiental, educativo, económico y político–, construido por el pnud en 1998, da como resultado para la provincia O’Connor un 0,64, con un nivel mayor de vulnerabilidad en relación a las demás provincias, incluida la provincia Gran Chaco, por-que cuanto más alto es el Índice, mayor es la vulnerabilidad social.26

En su interior se encuentra la región del Itika Guasu, territo-rio habitado por el pueblo guaraní y demandado como Tierra Comunitaria de Origen tco ante el Estado boliviano. En esa región guaraní se ubica buena parte de las más grandes reservas de gas de Bolivia y el megacampo Margarita, el campo gasífero más grande del país, con 13,42 tcf.

La región del Itika Guasu es un territorio predominante-mente guaraní, habitado por aproximadamente 37 comuni-dades guaraníes bien organizadas, delimitadas y consolidas, además de regidas y estructuradas bajo sus propias formas de organización comunal, zonal y regional. Tiene una extensión de 216.002 hectáreas demandadas en la actualidad ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (inra) como Tierra Comunitaria de Origen tco. Ubicada al noreste de Entre Ríos, colinda al nor-te con el departamento de Chuquisaca, al este con el municipio de Villamontes, al sur con el cantón Ipaguazu y el municipio de Caraparí y al oeste con el cantón Huayco.

El margen noroeste de la superficie territorial de Itika Gua-su pasa los bordes del departamento de Tarija al departamento de Chuquisaca, dentro de la jurisdicción del municipio de Cul-pina y al lado este pasan los límites de la provincia O’Connor hasta la provincia Gran Chaco; pero la región guaraní del Itika

29 Castro, op. cit., p. 131.30 La Prensa, 2 de noviembre de 2004.31 Más específicamente el Consejo Departamental de Tarija, el 19 de octubre



Guasu se encuentra específicamente en la provincia O’Connor, como también la población guaraní del territorio indígena.27

Está considerada en la jurisdicción del municipio de Entre Ríos y por ello la participación y representación política legíti-ma28 en la actualidad se la ejerce dentro de esos dominios.

De acuerdo a un censo realizado por el cer-det, Centro de Estudios Regionales de Tarija y otras instituciones, en la región existen 502 unidades familiares29 guaraníes y según los datos del Censo Nacional de 2001, en el municipio y primera sección de la provincia Entre Ríos –donde está ubicado el Itika Guasu–, de la población de quince años para adelante, 1.645 personas se autoidentifican como guaraníes y de seis años para adelante, 1.781 personas señalan hablar la lengua del guaraní. Este dato nos proporciona una idea del número posible de población guaraní que hay en esa región.

Por el descubrimiento de reservas de gas hace unos años en esa región en este último tiempo ha agudizado y acentuado un conflicto limítrofe entre las provincias O’Connor y Gran Chaco, que data de hace varios años. Esto debido a que el pozo x3 del campo Margarita –uno de los que mayor potencial posee y está siendo explotado desde el año 2000 o 2001– se encuentra en el territorio en disputa de ambas provincias, el cantón Ivoca.30 Detrás del conflicto limítrofe está el tema econó mico, ya que donde se encuentre el pozo es la provincia que percibirá las re-galías por la producción de gas. Hasta el momento, el tema está irresuelto. En primera instancia, la Prefectura del departamento de Tarija31 establece que el pozo Margarita se encuentra en la provincia O’Connor32 y en consecuencia resuelve que el 45%

de 2004 saca la Resolución 420/2004.32 La Razón, 29 de octubre de 2004.33 Opinión, 1 de noviembre de 2004.34 Demandan la revocatoria de la resolución prefectural 420/2004 y con-

siguen que el Consejo Departamental saque otra Resolución (439/2004) que suspenda la aplicación de la anterior.

35 En el marco de la Ley de Unidades Político-Administrativas (UPA) y su Decreto Supremo Reglamentario N° 26564.

335

del total de las regalías por los hidrocarburos del megacampo Margarita van a esta provincia y no así al Gran Chaco.33 Sin embargo, Villamontes y la provincia Gran Chaco no aceptan el fallo emitido, se movilizan, demandan y logran la anula-ción de la medida34 mientras se defina el conflicto de límite territorial entre las provincias O’Connor y Gran Chaco.35 A la vez, se convoca a las provincias en conflicto que en noventa días presenten sus memoriales de solicitud de delimitación y dispone que en caso de generación de regalías del megacampo Margarita, éstas queden en la cuenta especial de la Prefectura de Tarija hasta la solución de todo el problema.36

3. Actores sociales

3.1. Multinacional Repsol ypf

Repsol ypf es la principal empresa petrolera española, ubicada en el decimosexto lugar en el mercado internacional. Es líder en la distribución de glp en Argentina, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, y posee grandes fuentes de producción en Argentina, Bolivia y Perú.37 Ingresa al país en 1996 a través de un contrato de riesgo compartido con ypfb Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia.38 Se adjudica el Bloque Securé, con una extensión inicial de 1.300.000 hectáreas.39 Inicia sus operaciones en Bolivia afiliándose o definiendo como sus subsidiarias a Andina s.a., 36 La Prensa, 2 de noviembre de 2004.37 www.repsolypf.com.38 Empresa representante institucional del Estado, encargada del control

de la cadena de la industria petrolera. Sin embargo, que a partir de la Ley de Capitalización Nº 1554 y la Ley de Hidrocarburos Nº 1689, promulgadas por el presidente Sánchez de Lozada, queda excluida de la cadena productiva hidrocarburífera (exploración, explotación y comercialización), convirtiéndose en una mera mediadora.

39 Marc Gavaldá, La recolonización, REPSOL en América Latina: invasión y resistencias, Grupo Editorial Kipus, Cochabamba, 2005, p. 142.

40 Carlos Villegas, Privatización de la industria petrolera en Bolivia. Trayectoria y efectos tributarios, CIDES-UMSA; CEDLA; FOBOMADE; Diakonía;



Maxus Bolivia y Repsol Gas.40 En dos áreas de negocios, por un lado, el área de exploración y producción, y el área de glp.41 Dentro de la actividad hidrocarburífera en el país, aporta con el 25% de la cuota de exportación a Brasil y tiene una importante participación en el mercado interno.

Además, está presente en la explotación de otros diez blo-ques por medio de sus subsidiarias Pluspetrol y Maxus,42 y del 100% de reservas probadas y probables de gas natural (tcf) hasta enero de 2002. Repsol ypf, a través de sus subsidiarias Andina s.a. con el 10% y Maxus Bolivia Inc. con el 25%, con-trola el 35% de reservas de gas natural en Bolivia43 entre 18 empresas.

Repsol ypf, a través de la empresa petrolera Maxus Boli-via Corporación, intermediaria y subsidiaria de esta, opera en el campo Margarita –el megacampo con mayores reservas del país dentro el bloque de exploración Caipipendi–, desde 1997 desarrollando actividades de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos. Al mismo tiempo, mediante el proyecto Pacific lng entre los años 2002 y 2003 junto a otras empresas y el Estado pretendieron exportar estas reservas del campo Margarita a Estados Unidos vía Chile, lo que activó la llamada “guerra del gas” y la caída del autor de las políticas

Plural editores, La Paz, 2004, p. 96.41 www.repsolypf.com.42 Gavaldá, op. cit., p. 142.43 Villegas, op. cit., p. 98-99.44 El tronco lingüístico tupi-guaraní viene o surge de los grupos tribales

tupí, actualmente ubicados principalmente en territorio de Brasil y los guaraní en Paraguay. En Jüergen Riester; Graciela Zolezzi, Identidad cultural y lengua, la experiencia guaraní en Bolivia, APCOB; Abya-Yala, Quito, 1989, p. 13.

45 Raf Stassen y otros, Tierra y territorio: estudio de la ocupación territorial en Itika Guasu, CER-DET, Tarija, 2004, pp. 1-2.

46 Isabelle Combes, “¿Con o sin dueños? Participación política y ‘demo-cracia indígena’ en el Chaco boliviano”, en Tinkazos, revista boliviana de Ciencias Sociales, N° 17, La Paz, 2004, p. 120.

47 Francisco Canedo, “Organización del pueblo guaraní”, en APG: Coordi-

337

vigentes –en ese momento– en el ámbito hidrocarburífero, Gonzalo Sánchez de Lozada.

3.2. Los guaraníes

Para comenzar la exposición de este acápite, es menester se-ñalar primeramente que por “guaraní” se entiende no a una etnia en particular, sino a un grupo lingüístico rama del grupo lingüístico tupi-guaraní,44 en el cual coexisten diversas etnias y culturas.

En Bolivia, la población del grupo lingüístico guaraní se divide de la siguiente manera por sectores:

i. sur a) Ava-chiriguano, en los departamentos de Santa Cruz,

Tarija y Chuquisaca. b) Izoceño-chiriguano, en Santa Cruz de la Sierra. c) Ava-izoceño-chiriguano, en los alrededores de Santa

Cruz de la Sierra.

ii. noreste del departamento de santa cruz a) Guarayos. b) Guarasu’we (no existe más como grupo por el etno-

cidio y genocidio cometido en la explotación de la goma).

ii. departamento de beni a) Sirionó. b) Yuqui.

De manera general, los guaraní-chiriguanos, como observa-mos en los párrafos anteriores, pertenecen a la familia lingüística

nadora de Instituciones. Diagnóstico del pueblo guaraní, APG, Camiri, 1999, p. 4.

48 Stassen, op. cit., p. 32.49 Un grupo étnico de origen arawak.50 Stassen, op. cit., p. 32.51 Fernando Prada, Diversidad ecológica y descentralización política. Territoria-



guaraní y están ubicados actualmente en diferentes lugares de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, lo cual ha marcado con el tiempo diferencias culturales e idiomáticas entre los diversos grupos que componen al pueblo guaraní.

Los grupos guaraníes-chiriguanos que habitan los terri-torios de las provincias Gran Chaco y O’Connor en Tarija, las provincias Hernando Siles y Luis Clavo en Chuquisaca, y la provincia Cordillera en Santa Cruz son los ava-guaraníes (chiriguanos). Y los guaraníes-chiriguanos que se encuentran en la zona de los bañados del Isoso tienen un origen diferente al resto de los guaraníes, según algunos autores porque tienen mayor procedencia chane y son denominados isoseños.45

Es importante señalar que la denominación chiriguano, atri-buida e impuesta por la Colonia a los guaraníes, en el presente es rechazada por el pueblo guaraní y sus organizaciones.

En la actualidad el pueblo guaraní es el grupo indígena demográficamente más numeroso de tierras bajas. Cuenta, según Combes, con una población de 60 mil habitantes en todo el Chaco boliviano46 y según otros autores con una población que está entre 65 y 75 mil habitantes; tienen organizadas 24 capitanías o zonas en el país y más de 200 comunidades.47

En el departamento de Tarija existen cinco zonas o ca-pitanías guaraníes, organizadas a través de la Asamblea del Pueblo Guaraní (apg): la zona de Yacuiba, constituida en su interior por quince comunidades; la zona de Villamontes, integrada por doce comunidades; y la región del Itika Guasu, compuesta por tres zonas que a la vez integran en su seno a 34 comunidades.

lidad indígena, Estado nacional, petróleo y biotecnología, (Borrador de inv.), 2003, p. 11.

52 Stassen, op. cit., p. 40.53 Por ejemplo, en Moxos y en Chiquitos.54 K. Zamora; R. Durán, Culturas bolivianas, Proyecto Sucre Ciudad Uni-

versitaria, Sucre, 2001, p. 111.55 Stassen, op. cit., p. 42.56 Antiguamente sinónimo de hombre malo, abusivo, amigo de lo ajeno,

invasor blanco. Hoy es más utilizado para nombrar a personas que no

339

3.2.1. Antecedentes históricos

En la época incaica “los guaraníes mantuvieron una lucha con el Estado Inca por diversas razones, las más importan-tes son las que tenían que ver con el espacio territorial, pero también por el dominio de otros pueblos, como el Chané que formaba parte del Estado Inca”.48 Resistieron a los incas y nunca se sometieron ante ellos, ni se incorporaron dentro su organización política territorial.

Los guaraníes, que se caracterizaban por poseer una vida transitoria –una vez enlazadas las llanuras chaqueñas y la cordillera–, se establecieron en la cordillera, una región ha-bitada principalmente por los Chané,49 donde según algunos autores se da el mestizaje y la “guaranización” de este grupo –que pertenecía a otro tronco lingüístico: el arawak– y fruto del mestizaje se da el nacimiento a una nueva identidad: el chiriguano.50

En la época colonial, los guaraníes ejercieron soberanía sobre su territorio, constituyendo el denominado y temido por los españoles “territorio chiriguano”. Constituyen imaginaria-mente una frontera que los separaba de las actividades de la sociedad colonial, pero al mismo tiempo los hacía partícipes de sus lógicas económicas y culturales en esos límites y márgenes que conformaban esa frontera, produciéndose ya entonces una específica relación intercultural signada por el conflicto, pero también por el intercambio.51 Varias y fallidas fueron las dife-rentes estrategias utilizadas por los españoles, tanto guerreras como las ocupaciones pacíficas de los territorios fronterizos por

pertenecen a la nación Ava.57 Santiago Barrientos y otros, Nuestra historia. Testimonios guaraníes de Itika

Guasu, Serie Pueblos del Chaco N° 1, CER-DET, Bolivia, 2005, p. 5.58 Prada, op. cit., p. 11.59 Stassen, op. cit., p. 57.60 Stassen, op. cit., p. 3.61 Héroe civilizador de cierta tradición mitológica guaraní.



conquistar la cordillera chiriguana o mantener las fronteras te-rritoriales; tanto que después de medio siglo de fracasos, desde Toledo (1574) a Rui Díaz (1621), los españoles ven demasiado caras las tentativas de conquista y optan por un estado de paz armada, aunque con hostilidades que no cesan.52

Durante el siglo xvii, a diferencia de otras regiones de las tierras bajas,53 las misiones jesuitas en la cordillera chiriguana fracasan en su labor evangelizadora con el pueblo chiriguano.54 En el mejor de los casos logran establecer una misión por un tiempo limitado para luego ser destruido por los guaraníes. Pero en la denominada nueva época misional, a fines del siglo xviii, esta vez las misiones franciscanas logran establecer re-ducciones para llegar a su auge en 1810 con 24 mil chiriguanos reducidos en 22 misiones.55 Sin embargo, este nuevo intento de conquista espiritual encuentra su ocaso en 1814 cuando las guerras civiles obligan a los padres franciscanos a abandonar las misiones.

Es en la época republicana cuando se produce recién la incursión y la derrota en el territorio chiriguano. Los primeros años, los blancos y mestizos –llamados karai por los guaraníes, por medio de la presencia, la ocupación de facto, sobornos a las autoridades del pueblo guaraní y arremetimiento silencio-so– entran en tierra guaraní con fines ganaderos. Y desde 1840 a 1874, siguiendo la política de apertura del Chaco, incursio-nan en territorio guaraní a mano armada, y causan estragos en sus comunidades y en la población. Durante estos años, las relaciones entre guaraníes y karai56 se convierten en una relación de guerra casi sin interrupción. Paralelamente, los

62 Prada, op. cit., p. 8.63 Prada, op. cit., p. 7.64 Zamora; Durán, op. cit., p. 108.65 Ibíd., p. 107.66 Stassen, op. cit., p. 4.67 David Acebey, Quereimba, apuntes sobre los ava-guaraní en Bolivia, Edicio-

nes Gráficas “E.G.”, La Paz, 1992, p. 268.68 Acebey, op. cit., p. 249.

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karai introducen el sistema de hacienda, principal institución de control laboral en la región y ocupación latifundista gana-dera que demandaba grandes extensiones de tierra y mano de obra indígena, y que exigía de cierta manera a los guaraníes incorporarse a ese sistema estatal republicano o huir a tierra a dentro al ver ocupado su territorio. En el caso específico de las comunidades guaraníes, de lo que ahora se conoce como la región del Itika Guasu, vale decir, las comunidades ubicadas en el área de influencia del Río Pilcomayo, para comienzos del siglo xx todavía se mantenían iyambae, es decir, libres. Es en 1839, con la entrada del Ejercito boliviano, y en 1845 con la fundación de la Misión de Chimeo, que las comunidades guaraníes de la zona tres llegan a tener un contacto mucho más prolongado con la sociedad nacional, a diferencia de lo que pasa con las comunidades guaraníes de las zonas uno y dos, que logran vivir relativamente libres, con su propia forma de vida hasta el inicio de la guerra del Chaco en 1932.57

La última resistencia del pueblo guaraní es durante los años 1874-1892, encontrando su ocaso en 1892 cuando se lleva a cabo la última resistencia armada y también la más conocida del pueblo guaraní, la batalla de Kuruyuki. En esta contienda el Ejército boliviano derrota a los guaraníes y esa antigua frontera cae,58 dando paso a la proliferación y multiplicación de las haciendas.

La resistencia activa del pueblo guaraní, denominada tam-bién las guerras chiriguanas, duró desde 1574 hasta 1892.59 En el siglo xix lucharon contra el gobierno central republicano, que no respetaba sus leyes y sus costumbres, y despojaba de territorio a los indígenas de dos maneras: el levantamiento armado contra autoridades y representantes del gobierno y la

69 Canedo, op. cit., p. 6.70 Guido Chumiray, “La experiencia de la Asamblea del Pueblo Guaraní”,

en Futuro de la comunidad campesina, CIPCA, Cuadernos de Investigación N° 35, La Paz, 1992, p. 64.

71 Canedo, op. cit., p. 6.



resistencia mesiánica de carácter mítico-religioso, que ocasionó grandes desplazamientos territoriales.

Posterior a la batalla de Kuruyuki, como mencionamos anteriormente, el sistema de hacienda se expande libremente en las tierras guaraníes, incorporando en su interior en algunos casos a comunidades enteras –sobre todo en las poblaciones guaraníes de Chuquisaca y Tarija– prácticamente en calidad de esclavos por varias generaciones debido al sistema de en-deudamiento y la incorporación de toda la familia en el trabajo en la hacienda.

Algunas características y creencias de los guaraníes

Los guaraníes se han caracterizado por cierto espíritu nómada y fuertes tendencias migratorias que estimulan su movilidad social. Muchas veces impulsados por la búsqueda de espacios fértiles para su subsistencia y otras ocasiones por la búsque-da de la “la tierra sin mal”. La “tierra sin mal es ante todo la tierra buena, fácil para ser cultivada, productiva, suficiente y amena, tranquila y apacible, donde los guaraníes puedan vivir en plenitud su modo auténtico”60 y donde se da el encuentro con el Kandiré.61

Conlleva un sistema de creencias que representa tres situa-ciones claras. i) Esta la salida, la huida, el escape, de la tie rra de males, donde existe el agotamiento de los campos cultivables, se acentúan las tensiones políticas y sociales en el seno de la comunidad, existen muchas enfermedades, muerte, someti-miento y malos tratos –con la llegada de los españoles–, el karai explota, somete y abusa –hasta en la época republicana–. Para Prada, apenas surge un poder que empieza a consolidarse y dividir la sociedad, los guaraníes migran.62 ii) La búsqueda,

72 Canedo, op. cit., p. 4.73 Stassen, op. cit., p. 6.74 Castro, op. cit., p. 16275 Zamora; Durán, op. cit., p. 106.

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la gestión, la transitabilidad y iii) de llegada, de conseguir, de encontrar lo que se ha buscado.

El modelo de producción primigenio de los guaraníes fue la caza, la pesca, la recolección y una agricultura itinerante.63 La última es desempeñada como una actividad complementaria, diversificada y rotativa, según los desplazamientos que realicen los grupos guaraníes.

Sistemas organizativos de los guaraníes en el tiempo

Coincidiendo con la clasificación realizada por Stassen de las formas organizativas de los guaraníes en base a estructu-ración, desestructuración y reestructuración realizadas. Hay tres momentos históricos que marcan los diferentes sistemas organizativos:

1. La organización tradicional 2. Entrada a trabajar a las haciendas 3. Fundación de la apg

1. La base y la unidad social mínima de la sociedad chiri gua-no-guaraní era la familia extendida, donde la familia como representación de un núcleo vivencial es la rememoración del propio linaje guaraní. “Tradicionalmente, los matri-monios se realizaban entre primos hermanos cruzados. El tío materno era el dador de mujer para su sobrino, quien dejaba su propia casa para ir a vivir a la casa de su tío suegro; entonces, la residencia de la nueva familia era en torno a la casa de la nueva esposa, así llegaba a un esquema de familia extensa, con los abuelos, las hijas casadas y sus respectivos esposos e hijos”.64 Tenían fuertes y bien conso-lidadas unidades y relaciones familiares, agrupándose en grandes aldeas.

76 Canedo, op. cit., p. 4.77 Ibíd.78 Miguel Castro, Memorias de un caminar. Acompañamiento a comunidades



Según Albó, conocían como la menor unidad social a la tecua, a la aldea como tenda y al conjunto de aldeas confe-deradas como guara. A su vez, cada tecua estaba gobernada por el padre o jefe de familia; cada tenda bajo el mandato del mburuvicha o tubischa o cacique o capitán, como persona de más prestigio y autoridad, y finalmente la guara estaba gobernada por el tubischa rubischa o mburuvicha guasú o ca-pitan grande. Consecuentemente, el mburuvicha dependía del mburuvicha guasú.65

Los mburuvicha o capitanes comunales, “toman su poder por el consenso temporal de la gente, cuando haya nece-sidad. Además, ellos tienen que mantener su influencia no por la mano dura, sino por su poder de convidar y de solidaridad”.66

2. A la segunda mitad del siglo xix, de 1850 para adelante, la introducción del sistema de la hacienda y con ello la coacción a la integración casi forzosa de los guaraníes fue destruyendo, desestructurando, desvirtuando y transfor-mando gradualmente –dependiendo los lugares– el tipo de organización y liderazgo (Capitán y Capitán Grande) pre va lecido hasta ese momento. Hubo casos en que los patrones acomodaron la organización guaraní a las nece-sidades e intereses del hacendado.

Este proceso evidentemente abarcó una temporalidad larga y fue mucho más complejo de lo que es reflejado en estas líneas, llena de particularidades, además porque no fue homogéneo, cabe resaltar que hubo lugares –el caso de los guaraníes del Izozog– donde prevalecieron sus organizaciones naturales y mantuvieron una independencia relativa.

3. En último término está la creación de la Asamblea del Pue-blo Guaraní (apg) en 1987 como modo de reestructuración

indígenas en el Chaco tarijeño, CERDET, Tarija, 2004, p. 26.79 Término con el cual se denomina a las familias y comunidades indí-

genas cautivas en haciendas y sometidas a relaciones de servidumbre.

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de comunidades guaraníes y autoridades tradicionales. La búsqueda de autonomía y ruptura con el sistema de hacienda, un alto a las relaciones de subordinación, dis-criminación y opresión.

Tras un proceso de reorganización de las comunidades gua-raníes, en 1987 en las comunidades del Isoso nace la apg con el apoyo de 96 comunidades,67 con miras a unir a los guaraníes de las cinco provincias: Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O’Connor y Gran Chaco. Al poco tiempo de ser conformada, la apg inicia una serie de contactos y relaciones con otras zonas o capitanías, así como las comunidades ubicadas en provincias de otros departamentos, con el objeto de juntar en su seno a todas las comunidades. Las alianzas de capitanías o zonas den-tro del pueblo guaraní se realizaban en procura de preservar y defender el espacio territorial ante la amenaza del sistema colonial y republicano.

La apg está integrada por las máximas autoridades de una comunidad o zona, vale decir, por los capitanes y capitanes grandes. En ausencia de la Asamblea, ésta es dirigida por un comité ejecutivo elegido democráticamente por un año, pero si no cumple con los estatutos que rigen esta organización, podrá ser cambiado antes del tiempo previsto.68

Respecto a su estructura, la apg es una organización de estructura flexible organizada en tres niveles: comunal, zonal y nacional. En cada nivel existen piset y asambleas.69

Como es un órgano ejecutor, democrático y representativo que coordina por encargo de las comunidades el programa de desarrollo,70 la estrategia central de la apg está basada en el

Utilizadas como fuerza de trabajo no remunerada en las tierras del pa-trón y en los quehaceres domésticos de la hacienda, los empatronados reciben a “cambio” la posesión temporal de parcelas de tierra para su autosostenimiento.

80 Stassen, op. cit., p. 1.81 Acebey, op. cit., p. 250.82 Entrevista a Renán Sánchez, director del Equipo de Apoyo al Pueblo

Guaraní EAPG, 24 de marzo de 2005.



desarrollo, de Producción, Infraestructura, Salud, Educación, Tierra y Territorio, que se expresa en la sigla piset (comunales y zonales).

Se define como una “asamblea” con la participación de to-dos en la toma de decisiones, porque la asamblea se da en todos los niveles y son instancias donde se formalizan las decisiones consensuadas previamente.71 Sus objetivos pueden resumirse en la formula: desarrollo humano con identidad guaraní.72

También actualmente es reconocida por el gobierno nacio-nal como la organización matriz del pueblo guaraní en Bolivia. Que a la vez forma parte y está dentro el seno de la Confe-deración Indígena del Oriente, Chaco y Amazonia Boliviano (cidob); ha participado en movimientos indígenas bolivianos, en elecciones municipales y nacionales, y se ha relacionado con organizaciones de otros países de América Latina, incluidas las organizaciones guaraníes de Argentina, Paraguay y Brasil.

La organización indígena de la apg “sirve como interlo-cutora de las demandas guaraníes y, al mismo tiempo, funciona como la única representante legal ante organismos guberna-mentales e internacionales”.73

La apg nacional, dentro su estructura también está con-formada por organizaciones menores, la Capitanía del Alto y Bajo Izozog (cabi) en el Isoso, la apg en Tarija y el Consejo de Capitanes de Chuquisaca (ccch). Pero también en los últi-mos años se ha constituido el Consejo de Capitanes del Chaco Tarijeño “en la perspectiva de articular a las organizaciones indígenas de la región, que encuentran como una de las mo-tivaciones fundamentales de su organización la amenaza que implican las intensas actividades de las empresas petroleras en los territorios indígenas”.74

Cabe resaltar que a pesar de poseer una organización muy 83 Acebey, op. cit., p. 251.84 Canedo, op. cit., p. 33.85 APCOB, Población indígena de las tierras bajas de Bolivia, p. 19.86 Segunda entrevista a Andrés Segundo, ex presidente de la APG nacional

y actual presidente de la APG-IG, 28 de febrero de 2005.

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estructurada llena de vínculos, alianzas y sentidos de pertenen-cia, muchos grupos guaraníes “eran [y son en algunos aspectos] sumamente autónomos e independientes entre sí. No existe ni existió nunca, entre ellos, una estructura organizativa que los hubiera vinculado o considerado como una nación-Estado”.75

En 1988 la apg comenzó a tomar contactos con comunida-des del departamento de Tarija76 y para 1991, entre el 24 y 25 de junio, realizan una reunión en la comunidad de Ñaurenda,77 donde entablan relaciones con la zona del Pilcomayo, ahora llamado Itika Guasu.

A los dos años de la creación de la apg, en 1989, las comu-nidades de la región del Itika Guasu empezaron a organizarse. En ese entonces, los guaraníes de la provincia O’ Connor se encontraban desarticuladas y todavía no se reconocían como parte de un mismo pueblo.78 Paralelamente, realizan gestiones en vías de recuperar un territorio propio –porque cabe resaltar que hasta ese momento no contaban con territorio propio y gran parte de los guaraníes vivían empatronados–79, comenzando con el desmonte de potreros comunales y luego familiares como una forma de garantizar de ese tiempo para adelante la subsistencia de las familias.

La reestructuración socioeconómica y cultural de los gua-raníes de O’Connor fue un proceso gradual, no sincrónico, dependiendo los ritmos y acciones tomadas por las diferentes comunidades o capitanías, por lo cual, los guaraníes de esa re gión estuvieron empatronados hasta 1993.80



En estas líneas textuales describen lo mencionado en los párrafos anteriores:

En O’Connor se vive una efervescencia por el territorio y la liber-tad. Su organización va adquiriendo tal fuerza, que algunos karai pobres [comunarios campesinos por lo general] que son víctimas del abuso patronal, participan en la organización ava para bene-ficiarse de las conquistas sociales y tener un respaldo en su lucha común.81

Según R. Sánchez, “en Ñaurenda en 1989 nació la región del Itika Guasu”82 y según D. Acebey, en O’ Connor, ya en 1990 se han organizado siete comunidades guaraníes en la zona de Entre Ríos: Ñaurenda, Tentapiao, Tacuarandi, Tentaguazu, Yuquimbia, Suarurito y Potrerillos en capitanía, y es a partir de esa fecha que recién eligieron a su mburubicha guazu (Capitán Grande).83

A pesar de estar ya organizadas muchas comunidades, según F. Canedo, para 1999 el “Itika es [seguía siendo un] te-rritorio cautivo, las comunidades se encuentran en situación de esclavitud al interior de propiedades ganaderas privadas. Tarija y Chuquisaca son los departamentos de Bolivia donde existe mayor cantidad de comunidades cautivas”.84

4. Conflicto


92 Primera entrevista a Andrés Segundo, ex presidente de la APG nacional y actual presidente de la APG-IG, 25 de febrero de 2005.

93 Stassen, op. cit., p. 2.94 Stassen, op. cit., pp. 6-7.95 APG-IG y otros, p. 3.96 Entrevista a Benigno Vaca y José Luis Arenas (monitores ambientales),

24 de marzo de 2005.

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Una vez suscrito el contrato de riesgo compartido entre la empresa Maxus y ypfb Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (representante estatal) en mayo de 1997 para el de-sarrollo de actividad hidrocarburífera en la zona noreste de la provincia O’ Connor, la empresa petrolera inicia sus actividades en la región del Itika Guasu; “espacio” vital de reproducción cultural del pueblo guaraní, estructurado con sus respectivas formas de organización, específicos modos de vida y con un determinado uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y que a la vez en ese momento es demandado –tras varios años de lucha– ante el inra –representante legítimo del Estado– para la titulación como Tierra Comunitaria de Origen (tco).

El conflicto encuentra su génesis cuando la empresa toma presencia y se apropia –con toda sus implicaciones– de una territorialidad –concedida por el Estado boliviano para la acti-vidad petrolera– que a la vez es ocupada territorialmente por el pueblo guaraní. Para los guaraníes, como para otros grupos indígenas de las tierras bajas de Bolivia, “el territorio abarca todo lo que constituye el hábitat de un pueblo indígena, el espacio histórico y religioso heredado de sus antepasados; el espacio que utiliza para las actividades de reproducción, caza, pesca y recolección; el espacio necesario para la preservación de los ecosistemas y recursos naturales y áreas que garanticen el crecimiento y el desarrollo de la población indígena”.85

Este problema es descrito por uno de los guaraníes de esta manera:

Todo lo que está pasando nunca hemos pensado ver, ahorita un daño que hace al pueblo guaraní que nunca ha visto esas cosas, esas máquinas pesadas de la empresa, nunca ha visto un gringo pasando por su parque y coartando la libertad del pueblo guaraní dentro de su territorio, diciendo no compañero guaraní, no pasen por acá mezquinando su casa del pueblo guaraní. En otras palabras, es venir

97 Castro, op. cit., p. 161.98 APG-IG y otros, p. 7.



y quitar nuestra casa por esa famosa Ley 1689, que ha concesionado todas nuestras riquezas naturales, entonces ahorita estamos preocu-pados por el futuro del pueblo guaraní, que va a venir, por los daños a los recursos no renovables y también un daño a los renovables, ese daño cada año va ir empeorando, [porque] nosotros como pueblo guaraní vivimos de la caza y de la pesca, qué va a pasar…”.86

Como es señalado por Castro, ahí se da una tensión cultural que pone en antagonismos una disparidad de visiones respecto i) al derecho consuetudinario indígena frente a la legislación nacional y ii) modelos e imaginarios de desarrollo.87

En cuanto al derecho consuetudinario y la legislación nacional, como observábamos anteriormente, para los gua-raníes la territorialidad, las estructuras de movilización y las representaciones son construcciones naturales y tradicionales que van muchas veces en contradicción con la visión estatal y la legislación nacional, que tienen un enfoque territorial y de los recursos naturales mucho más fragmentada, otras formas políticas administrativas legítimas y válidas, y por último otras autoridades con determinadas competencias establecidas en el marco legal.

Respecto a los modelos e imaginarios de desarrollo, si bien en ambos casos existe una coincidencia en ver al desa-rrollo como algo deseable, los guaraníes desean un desarrollo sostenible88 y actualmente conviven entre dos sistemas econó-micos de reciprocidad y de mercado. Ellos, por un lado, valoran el sistema de reciprocidad y tratan de mantener inalterado el ecosistema donde viven y, por otro, se introducen a la lógica del mercado, creando sus cooperativas, vendiendo sus productos al mercado interno, etc. Aunque con el objetivo central –ante todo– de cubrir sus necesidades básicas y eventualmente de 99 Ibíd., p. 8.100 Ibíd., p. 9.101 Ibíd., p. 10.102 Ibíd.103 Entrevista a Benigno Vaca y José Luis Arenas (monitores ambientales),

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acumulación. En cambio, las petroleras personifican la visión de la acumulación empresarial, racionalización del tiempo, de eficiencia, de competencia.

La presencia y la actividad petrolera, resumida en explo-siones continuas que acompañan el trabajo de prospección y estudios sísmicos, apertura de zanjas para el depósito de gasoductos y oleoductos, el transporte de equipo pesado para la instalación de campamentos, plantas proce sadoras, etc., la apertura y planchado de superficies para abrir caminos, construir pistas aéreas, etc., la excavación y perforación de pozos y el despido de desechos tóxicos agrede, altera y afecta la forma de vida del pueblo guaraní y el uso y gestión de los recursos naturales utilizados para su subsistencia, en general creando impactos y problemas socioambientales.

4.2. Actores y lugar donde se desarrolla el conflicto, activi-dadeconómico-productiva y uso de recursos en la región, actividad hidrocarburífera y composición social

Actores:

1. Los guaraníes de la región del Itika Guasu, representados por la Asamblea del Pueblo Guaraní del Itika Guasu apg-ig.

2. El consorcio: Maxus Bolivia (subsidiaria de Repsol ypf), bg y Pan American Energy, representada por su operador Maxus Bolivia, que realiza actividades de exploración, ex-plotación y comercialización de hidrocarburos en el bloque de exploración Caipipendi y en el campo de exploración Margarita.

24 de marzo de 2005. 104 Entrevista a monitores.105 Segunda entrevista a Andrés Segundo.106 Stassen, op. cit., p. 70.



Lugar:

El Itika Guasu en la actualidad

Itika Guasu en guaraní significa río grande. El nombre hace alu-sión al río Pilcomayo, que atraviesa la región y “es su principal fuente de agua. Este río tiene otros afluentes como el río Salado, el río Timboy, el río Suarurito y el río de Palos Blancos”.89

El territorio guaraní del Itika Guasu se encuentra ubicado en la provincia O’Connor del departamento de Tarija, en los cantones Chimeo, Tarupayo y Timboy.90 Esa región tradicional-mente se la conoce como territorios simba.91

Actualmente “son 3.500 los guaraníes que están dentro la organización apg-ig y habitan la región del Itika Guasu”,92 son ava-chiriguanos y se autodenominan como “ava, que significa hombre”.93

La extensión de la región del Itika Guasu, que figura en los diferentes mapas y es demandada en la actualidad ante el Insti-tuto Nacional de Reforma Agraria, es de 216.002 hectáreas.

La región del Itika Guasu está dividida en tres zonas or-ganizadas como capitanías, la zona uno, zona dos y zona tres, que albergan en su interior aproximadamente 36 comunidades de la siguiente manera:

Zona uno: Agua Rica, Potrerillos, Itayuro, Mokomokal, Sa-ladito de Ñaurenda, Ñaurenda, Tomatirenda, Yukiporo, Agua Buena Yukupita y Tabasay (diez comunidades).

107 Entrevista a Noe Quisbert, forma parte del equipo de agrónomos del EAPG, 23 de marzo de 2005.

108 Stassen, op. cit., p. 70.109 Entrevista a Noe Quisbert 110 Stassen, op. cit.111 Entrevista a Noe Quisbert112 Primera entrevista a Andrés Segundo, ex presidente de la APG-nacional

y actual presidente de la APG-IG, 25 de febrero de 2005. 113 Segunda entrevista a Andrés Segundo, ex presidente de la APG-nacional

353

Zona dos: Ñuairenda, Cahuarina, Fuerte Viejo, Suarurito, Salado Grande, Tentapiau, Ivopeite, Ñaguanaurenda, Tenta-gua su, Chalana Vieja, Yumbia, Arenal, Casa de Piedra, Kara-tindi y Yukimbia (quince comunidades).

Zona tres: Alto los Zarsos, Chimeo, Lagunitas, Mboipi-tarenda, Zapaterambia, Itaparara, Yuati, Kumandaroti, Ivoca, Itaguasuti y Puerto Margarita (once comunidades).

Organización política, social y económica de los guaraníes del Itika Guasu

La Asamblea del Pueblo Guaraní de la región del Itika Guasu (apg-ig), que es o forma parte de la Asamblea Nacional del Pueblo Guaraní de Bolivia (apg), está estructurada interna-mente de la siguiente manera:

Primeramente tenemos el nivel comunal o las comunidades que tienen como instancia máxima de decisión a la asamblea comunal, en la cual participa toda la población. Además de tener también un máximo representante para el caso de la orga-nización de la capitanía. Este representante es el Mburuvicha o Capitán Comunal, que es elegido en una asamblea comunal por un periodo de mandato indefinido.

Posteriormente tenemos el nivel zonal, donde se establece del mismo modo la asamblea zonal, en la que participan todos los Mburuvicha comunales de cada zona para tomar decisiones acerca de los problemas intercomunales.

A nivel regional está integrado por dos instancias, prime-ramente por la autoridad máxima de la región, que está com-puesta por los tres Mburuvicha Guasu de las tres zonas. Y en segundo lugar, por otra autoridad que es el Comité Ejecutivo de la apg, elegido en una asamblea regional por el periodo de dos años. Este Comité Ejecutivo cumple funciones más técnicas y operativas.94



Podemos graficar de la siguiente manera la estructura y composición interna de la apg-ig:95

El Comité Ejecutivo es elegido por dos años en la Asamblea Regional y es también “en la Asamblea Regional [llevada adelante cada año] donde determinan si se quedan más tiempo, evalúan, ven si ha trabajado o no”.96 El Comité Ejecutivo de la región del Itika Guasu tiene sus oficinas en la localidad de Entre Ríos.

“Los guaraníes del área han desarrollado, paralelamente a la organización tradicional, una estructura funcional, sectorial

y actual presidente de la APG-IG, 28 de febrero de 2005.114 Ibíd.115 Andrés Segundo, monitores ambientales, Renán Sánchez, etc.

355

de desarrollo integral de las comunidades denominada piset (Producción, Infraestructura, Salud, Educación y Territorio), con responsables comunales y zonales por cada una de estas áreas”.97

Los responsables de producción se encargan, por un lado, de coordinar y gestionar las demandas del sector productivo de las comunidades y, por otro, de coordinar con organizaciones estatales y no estatales actividades para mejorar la producción en el territorio.98

Los responsables de infraestructura están encargados de coordinar y hacer seguimiento a las obras en el territorio, ade-más de gestionar las demandas de infraestructura en todos los ámbitos.99

Los responsables de salud tienen que velar por el cum-plimiento de las leyes que benefician al sector indígena en el ámbito de salud, hacer respetar los conocimientos medicina-les tradicionales de los guaraníes, coordinar y participar del consejo indígena de salud y por último de coordinar con las instituciones que trabajan en salud.100

Los responsables de educación están encargados de velar por la calidad de la educación bilingüe en el territorio, gestio-nar las demandas del sector de educación y coordinar con las autoridades del sector educativo.101

Finalmente, los responsables de tierra y territorio se dedican a velar por la integridad del territorio en sus aspectos físico, social y cultural, realizar un seguimiento de las diferentes actividades que puedan dañar el medio ambiente y coordinar con las autoridades regionales y departamentales para la con-

116 Ivoca, Kumandaroti, Casa Alta, Yuati, Zapaterambia, Puerto Margarita, Itaparara e Itaguasuti.

117 Entrevista a F. Cayo, Capitán Grande de la zona tres, 25 de marzo de 2005.

118 Ibíd.119 Ibíd.120 Ibíd.121 Segunda entrevista a Andrés Segundo.



solidación del territorio.102 La organización de la apg-ig en los últimos años ha estable-

cido mayor independencia y autonomía de la apg-nacional:

Organizamos y realizamos nuestros proyectos solos, además ne-gociamos solos con la petrolera, e inclusive coordinamos muchas actividades directamente con el CIDOB.103

La APG-nacional antes canalizaba proyectos, ahora ya somos más independientes.104

Actividad económica y uso de recursos naturales

Dentro de las actividades económicas y el uso de recursos na-turales en la región del Itika Guasu, tenemos a la ganadería por ramoneo, la pesca, la agricultura migratoria a secano en pequeña escala por vía del chaqueo, la extracción forestal selectiva, en me-nor medida la caza y la recolección porque han dejado de ser las actividades primordiales a causa de diferentes factores, y la arte-sanía. También algunos guaraníes siguen trabajando vendiendo su mano de obra a través de jornales a las haciendas vecinas o a las comunidades campesinas, aunque según A. Segundo ya no en las condiciones de antes: “Ahora si trabajan para los campesinos para los ganaderos, pero si les pagan ya no es como antes”.105

La actividad económica y el uso de los recursos naturales varían de zona a zona, según las características demográficas y climáticas en cada una de ellas. Por ejemplo:

La zona uno se caracteriza por tener mayor potencial agrícola y forestal.106 “Tiene vocación agrícola porque es una zona donde llueve más, pero también se dedican a la ganadería”.107

La zona dos posee un potencial agrícola y forestal, además 122 Entrevista a Noe Quisbert.123 Entrevista a F. Cayo124 Ibíd.125 Ibíd.126 Entrevista a Aguilar.127 Entrevista al Segundo Capitán de la comunidad Kumandaroti.

357

del componente ganadero.108 “Es una zona mixta, agrícola y ganadera, aunque la agricultura y en especial la producción de maíz se la realiza con mayor riesgo en relación a la zona uno”.109

En la zona tres predomina el uso ganadero antes que el forestal o agrícola.110 “Es una zona más de actividad ganadera, cría de vacas, cabras, aunque igual cultivan por un hecho tra-dicional, pero con alto riesgo porque no es una zona tan apta para esta actividad”.111

La agricultura es practicada casi por la mayoría de la población, a pesar incluso de que hay zonas no aptas para el desarrollo de esta actividad. Esto se debe, a ser una cultura del maíz. Es una actividad suplementaria destinada al autocon sumo, aunque en los últimos años con la cooperación y el asesoramiento de las ong de la región, esta actividad es practicada en algunas comunidades no solamente para autoabasteci miento, sino para vender en el mercado local, claro en pequeñas cantidades.

La actividad pesquera es desarrollada no por todos los guaraníes, ante todo por las comunidades de la zona Puerto Margarita, debido a que las estrategias de reproducción social de estas poblaciones están ligadas a la extracción, para el au-toconsumo y venta, de esta riqueza.

En los últimos años, con el apoyo de la cooperación inter-nacional y ong, los indígenas del Itika Guasu preservando su identidad van introduciéndose a la modernidad progresiva-mente organizando asociaciones productoras o cooperativas

128 Entrevista a F. Cayo.129 Ibíd.130 Entrevista a César Aguilar, Coordinador de los monitores ambientales,

25 de marzo de 2005.131 Ibíd.132 Entrevista a Benigno Vaca y José Luis Arenas (monitores ambientales),

24 de marzo de 2005. 133 Entrevista a monitores.



productivas, integrándose al mercado por medio de proyectos productivos. Este es el ejemplo de las cooperativas ganaderas, la producción de miel y otros.

Para terminar, desarrollan actividad artesanal, por lo gene-ral con carácter utilitario, destinándose un reducido margen a la comercialización. Es una labor desarrollada principalmente por las mujeres guaraníes que trabajan cestería de palma.

Composición social de la región del Itika Guasu

Si bien en esta región existe una predominancia guaraní y/o es el actor principal, también hay la presencia de otros actores como las comunidades campesinas y ganaderos.

Existen algunas comunidades campesinas dentro el Itika Guasu, como “Timboy, Potrerillos y otras”.112 Según Andrés Segundo, “un 85% son guaraníes en esa zona y un 15% cam-pesinos”. Un fenómeno muy interesante en la zona es que al-gunas comunidades campesinas han decidido formar parte de la organización guaraní y ser representadas por la personería jurídica indígena para realizar sus demandas de tco; este es el caso de Potrerillos, que “se convierte en indígena, o sea que anulando personería jurídica campesina y creando comunidad indígena, actualmente están legalmente como comunidad in-dígena valiendo como personería jurídica indígena”.113

En cuanto a los ganaderos, según el Estudio de Necesi-dades Espaciales (eine) en la región del Itika Guasu, existen 123 terceros, la mayoría ganaderos: “En realidad ya no existe como antes, deben haber unos 130 ganaderos en la región, claro ya no tan grandes, más pequeños, aunque uno que otro en cantidades”.114

134 Entrevista F. Cayo.135 Entrevista a Aguilar.136 Segunda entrevista a Andrés Segundo.137 George Gray, “Crecimiento de base ancha: entre la espada y la pared”, en

Tinkazos, revista boliviana de Ciencias Sociales, N° 15, La Paz, 2003.

359

Respecto a la actividad hidrocarburífera en la región del Itika Gua-su

La empresa Maxus ha desarrollado sus actividades hidrocar-buríferas en la región del Itika Guasu en general y actualmente en la zona Puerto Margarita en particular. Aunque también en la zona dos se ha llevan a cabo actividades de exploración por parte de las petroleras y según R. Sánchez “hay como dos o tres lugares señalados para posibles perforaciones o más estudios”.

En la etapa de prospección, la empresa Maxus realizó tra-bajos sísmicos en diferentes lugares de la región del Itika Guasu y posteriormente, en la etapa de explotación, estableció sus actividades específicamente en la zona del Puerto Margarita.

Zona de Puerto Margarita

Está ubicada en el área baja de la zona tres, donde se encuen-tran varias comunidades, entre ellas Yuati, Zapaterambia y Kumandaroti, según varias personas entrevistadas,115 las tres comunidades más afectadas por la actividad petrolera y las más cercanas.

En esta zona habitan más o menos 650 guaraníes dividi-dos en ocho comunidades.116 En la comunidad de Yuati “hay más o menos treinta familias”,117 en la comunidad de Kuman-daroti “doce familias”118 y en Zapaterambia “viven como 27 familias”.119

138 Mediante el Decreto Supremo Nº 24806, aprobado el 4 de agosto de 1997.

139 Villegas, op. cit., p. 111.140 Monitoreo indígena independiente de la APG-IG, Impactos ambientales

sociales y culturales de Repsol YPF en territorios indígenas de Bolivia, Progra-ma de Vigilancia Socio Ambiental de las Industrias Extractivas, Tarija,



Actividad económico-productiva y uso de recursos en la zona de Puerto Margarita

La población se dedica en general a la pesca, tanto para el consumo como para la venta:

La gente se dedica a la pesca porque es el primer artículo de ne-cesidad que tenemos en el puerto. A veces también sacamos para vender, pero para consumir es todos los días.120

En los meses de temporada (abril-septiembre) los guaraníes realizan pesca comercial en el río Pilcomayo:

Ahorita en Puerto Margarita forman su socio como cooperativa, hacen sus socios para pescar y vender pescado hasta Tarija, Entre Ríos, entonces sacan su permiso para vender.121

Recientemente, también se dedican también a la ganadería con apoyo de una institución suiza. Tienen una cooperativa ga-nadera “con 240 cabezas de ganado de propiedad comunal”.122 Está compuesta por socios de “cuatro comunidades, cinco de Yuati, cinco de Zapaterambia, cinco de Kumandaroti y cinco de Taguasuti”.123 Los ingresos de la actividad ganadera todavía no son percibidos por los miembros de la cooperativa porque: “Recién estamos produciendo, nosotros vendemos ganado a Tarija, pero la plata directamente cae en la cooperativa para hacer los trabajos como alambrada, comprar las vacunas y otros”.124

Antes de que la empresa Repsol ypf ingresara a realizar

2005, pp. 5-7.141 Villegas, op. cit.142 La Razón, 24 de noviembre de 2004.143 Gavaldá, op. cit., p. 195.144 El bloque Caipipendi comprende 648.875 hectáreas, después del bloque

Tuichi (un millón de hectáreas) y del Sécure (700 mil hectáreas), la con-cesión más grande de Repsol YPF en Bolivia, en Víctor Orduna, Pulso,

361

los diferentes trabajos que acompañan la fase de explotación y producción de hidrocarburos, los guaraníes en esa zona –se-gún testimonios de los mismos comunarios– se dedicaban a la agricultura y a la caza, pero ahora debido a diferentes factores ya no es así.

Antes producíamos [maíz], pero ahora ya no, es zona seca.125

Antes sembraban con bomba (de agua), no en gran cantidad… para el sustento de la familia, pero ahora ya no.126

Antes era más silencio, no había movimiento de nada, se podía cazar, incluso algunos animalitos cruzaban el camino, ahora se van lejos.127

Ahora, algunas familias de las comunidades también tra-bajan en apicultura. Los guaraníes, tras años de lucha y nego-ciaciones con la empresa Maxus, han conseguido la subvención de un proyecto de apicultura para esa zona:

Antes era [financiado] por una institución [junto al equipo de apoyo], repartían cajones, algunos han producido, algunos no, ahora estamos con la Repsol gracias a las negociaciones hemos logrado unos cuantos pesos para las abejas y ellos nos dan cajas para los cuatro grupos de personas que estamos beneficiados. Son 33 colmenas más o menos en cada grupo y las colmenas son comunales.128

Por último, además gran parte de las mujeres guaraníes de las comunidades participan en grupos de artesanía, producien-do recipientes, paneros, en tejido de palma:

Tienen grupos de artesanía, las hermanas les están ayudando en el grupo de artesanos y otra institución que está apoyando también es el CERDET.129

p. 4. Además el bloque se sobrepone totalmente al territorio Itika Guasu de los guaraníes.

145 Este cuadro es realizado en base a información de www.repsolypf.com, Carlos Villegas, 2004; Walter Mamani y otros, 2003.

146 Operador es la nominación y designación de una empresa por parte de otras empresas que conforman el consorcio para su representación ante



Composición social en la zona de Puerto Margarita

En la zona de Puerto Margarita, a diferencia de la zona uno, donde hay varias comunidades campesinas, no existen, pero sí hay la presencia de grandes y medianas propiedades ganaderas:

No se tiene ninguna comunidad campesina, pero sí un montón de propiedades privadas o propiedades de terceros.130

Una de las propiedades ganaderas más grandes de la pro-vincia se encuentra precisamente en esa zona y es de propiedad de la familia Palacios:

Es la propiedad más grande de la provincia que tiene 12.500 hec-táreas.131

Repsol YPF en el Puerto Margarita

Muy en contraste con las sencillas y humildes casas de los guaraníes, construidas de troncos, adobes y palma, algunos chacos y una que otra infraestructura pequeña que funciona como posta de salud o aulas de escuela, y entre cabras y vacas, por los caminos encontramos la llamada “tecnología de punta” en todas sus formas. Existen actualmente tres pozos perforados: x1, X2, X3 y se encuentra en plena perforación el X4, de los cua-les “el X3 y X1 ya se encuentran funcionando [en producción, explotando], mientras que el X2 se encuentra sellado listo para explotar y el X4 en perforación”.132 La instalación de la “Plan-ta de almacenamiento Bolinter”133 en más o menos cincuenta hectáreas –según dato de los guaraníes–, el planchado de nu-

YPFB.147 Empresas participantes del proyecto de exploración y producción de

hidrocarburos en un campo específico, en este caso en el campo Marga-rita.

148 La Ley Nº 1689 junto a la Ley Nº 1731 y la Ley 1991 son altamente aten-

363

merosas superficies de diferentes tamaños –hectáreas– en ellas instaladas un aeropuerto con tres vuelos por semana, también un helipuerto y campamentos. Además de las aperturas de bre-chas y caminos de acceso a las diferentes instalaciones, también encontramos instalados en suelos deforestados una maraña de ductos: gasoductos, oleoductos, cañerías de acopio, líneas colectoras y otros. Finalmente, no puede faltar la instalación de una antena, a unos cuantos metros del X1, que posibilita la comunicación telefónica a los personeros de la Maxus, eso sí, con línea y prefijo de la ciudad de Santa Cruz.

Por el momento (marzo de 2005), muchos trabajos están casi paralizados, entre ellos la instalación de un gasoducto u oleoducto que posibilite la producción del X4, la perforación de otros pozos, etc. Esto, según los entrevistados, debido a que la empresa está esperando la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos: “No están trabajando por el motivo de la Ley de Hidrocarburos”.134 Es una temporada con baja actividad petrolera, como señala Aguilar: “Ahora no se está viendo mu-cha gente y movimiento, anteriormente hace unos tres, cuatro meses atrás, Palos Blancos era el campamento más grande y había cientos de personas en el camino trabajando de una forma u otra, pero ahora ya no hay mucho”.135 Sin embargo, a un futuro se estima “la perforación de más o menos 24 pozos identificados ya en Puerto Margarita”.136

4.3. Antecedentes, trayectoria y características del conflicto

En la primera mitad de la década de los ochenta, la importancia del gas en la economía nacional crece incluso hasta superar el 50% del total de los ingresos del país por exportaciones.

tatorias a los intereses de los bolivianos y del patrimonio nacional, por la privatización de los hidrocarburos y la legalización de la propiedad privada en la frontera.

149 Promulgada dos meses después que la Ley Nº 1689, el 25 de noviembre de 1996.

150 Miguel Castro, Experiencias de negociación, deliberación y diálogo (NEDD). Estudio de caso. Comunidades guaraníes del Itika Guasu y empresas petroleras,



Dando inicio paulatinamente con ello a un nuevo ciclo econó-mico también de “base estrecha” dominada por el patrón de desarrollo: gas.137

Posterior a la aplicación, en 1985, del modelo de “libre mer-cado” en el país, se ponen sucesivamente en vigencia una serie de disposiciones legales –que establecerán un nuevo marco jurídico– (Ley de Inversión, Ley de Capitalización, Ley de Hidrocarburos 1689 y otros) en función de las necesidades de contracción del gasto público, apertura a la inversión externa y privatización de recursos públicos. Con ello se da inicio a procesos de capitalización con privatizaciones de las empresas estatales de los bolivianos, se concede la propiedad de los recursos naturales a corporaciones multinacionales. Para el caso específico de los hidrocarburos, gradualmente se privatiza la cadena de exploración, explotación y comercialización. Primeramente se otorga la propiedad en boca de pozo a las transna cionales,138 transfiriendo con ello el poder de decisión y gestión de los recursos naturales del ámbito público a lo privado y posteriormente se privatiza las actividades del Downs tream139 (refinación, comercialización y almacenaje), que estaban en manos del Estado.

En síntesis, en el sector hidrocarburífero se crean las con-diciones necesarias para la inversión extranjera y la entrada irrestricta de las empresas petroleras al territorio boliviano. Plan-teando incluso políticas ventajosas de incentivo a la inversión privada y extranjera, que disminuyen las exigencias y el control socioambiental, con estándares sociales y ambientales muy por debajo de los establecidos en el Banco Mundial y sus directrices operacionales, o en los principios y directrices de la ocde Orga-nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.140

m.s., Tarija, 2005, p. 7.151 Son existentes los campos en producción y son nuevos aquellos que

inicien su producción a partir de abril de 1996.152 CEDIB, “Margarita, mayor reservorio de gas en manos de sus redescu-

bridores”, Revista 30 días, Cochabamba, mayo de 2001, en Gavaldá, op. cit.

365

153 Miguel Castro, “La región chaqueña: conflictos y gobernabilidad”, en Cuadernos del Futuro Nº 16, Nuevos actores sociales, Vol. I, PNUD; Plural editores, La Paz, 2002, p. 150.

154 Mamani, op. cit., p. 11.155 www.repsolypf.com.156 El Diario, 26 de febrero de 2004.157 La Razón, 24 de noviembre de 2004.158 El Diario, 26 de febrero de 2004.159 Villegas, op. cit., p. 81.160 El Diario, 26 de febrero de 2004.161 Entrevista a Fabián Cayo, Capitán Grande de la zona tres, 25 de marzo

de 2005.162 Segunda entrevista a Renán Sánchez, Director del Equipo de Apoyo al

Pueblo Guaraní EAPG, y Julio Haarman, 5 de abril de 2005.163 Entrevista a Noe Quisbert, forma parte del equipo de agrónomos del

EAPG, 23 de marzo de 2005.

Campo Margarita

El campo Margarita es el más grande de los “megacampos” del país, le siguen los campos San Alberto, San Antonio, Itaú y Madrejones,141 en los cuales se encuentra la mayor cantidad de reservas de gas natural y líquidos (petróleo y condensado). De los 52 trillones de pies cúbicos de gas que tiene el país en reservas probables y probadas, se estima que 13 trillones de pies cúbi-cos (TCF) de gas142 estarían en este campo, además de 303,48 millones de barriles de petróleo.143 Repsol YPF, a través de la empresa petrolera Maxus Bolivia Corporación, que sería intermediaria y subsidiaria de esta, opera en el campo Margarita y en el bloque de exploración Caipipendi144 desde 1997, desarrollando actividades de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos. A continuación detallamos la conformación del consorcio, el operador y los socios, y las áreas de exploración y explotación.145

Campo de exploración Margarita Bloque de exploración Caipipendi

Conformación del consorcio Maxus Bolivia (subsidiaria de Repsol YPF), BG y Pan American Energy

Operador146 Maxus Bolivia (Repsol YPF) Socios147 BG y Pan American Energy

Porcentajes de participación Maxus Bolivia-Repsol YPF (37,5%), BG (37,5%) y Pan American Energy (25%)



164 Reglamento para la preservación y control ambiental, Art. 7, inc. b) Definiciones.

165 Estudio destinado a identificar y evaluar los potenciales impactos positivos y negativos que pueda causar la implementación, operación, futuro inducido, mantenimiento y abandono de un proyecto, obra o actividad, con el fin de establecer las correspondientes medidas para evitar, mitigar o controlar aquellos que sean negativos e incentivar los positivos. Contempla, entre otros puntos: la descripción del proyecto, obra o actividad y sus objetivos, diagnóstico del estado inicial del ambiente existente donde se realizarán las operaciones, predicción y evaluación de los impactos, propuestas de medidas de mitigación de los impactos negativos y un programa de prevención y mitigación.

166 Ley del Medio Ambiente Nº 1333, en Ley y Reglamentos Ambientales, FOBOMADE, p. 31.

167 Monitoreo indígena independiente de la APG-IG, Impactos ambientales

Nacionalidad de las empresas Maxus Bolivia-Repsol YPF (España), BG (Gran Bretaña) y Pan American Energy (Estados Unidos)

El campo Margarita permitió además la conformación de un consorcio de empresas, Pacific LNG, cuyo proyecto principal era –hasta octubre de 2003, cuando se llevó adelante una sublevación social llamada “guerra del gas”, que terminó con la destitución del presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada–, la exportación de gas natural a México y Estados Unidos vía Chile. En este proyecto Repsol YPF y “sus” reservas de gas del campo Margarita fueron consideradas como la base de exportación de dicho proyecto. La actividad hidrocarburífera llevada a cabo en ese campo responde al marco de la Ley de Hidrocarburos Nº 1689, aprobada en 1996 por el gobierno de Sánchez de Lozada148 y la Ley Nº 1731.149 En ese sentido, Repsol YPF-Maxus Bolivia suscribe “un contrato de riesgo compartido 14/97 en fecha 14 de mayo de 1997 con YPFB para el desarrollo de actividades de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos”.150

Este contrato de riesgo compartido es uno de los 79 contratos suscritos hasta el año 2002 por el gobierno boliviano. No obstante de ser uno de los contratos resultados de las nuevas licitaciones, está destinado a establecer las condiciones de relación entre ambas partes en las diferentes fases de la cadena hidrocarburífera.La Ley Nº 1689 distingue y clasifica las reservas y los campos entre campos “nuevos y “existentes”,151 teniendo que entregar los primeros cerca del 50% de regalías al Estado, en tanto que los segundos (los nuevos) sólo el 18%.

367

Entonces, por haber sido descubierto el campo Margarita por YPFB a me-diados de los noventa y por tener un plan estratégico para ir provocando los yacimientos profundos, a medida que el mercado de gas lo demandara152 es o tenía que ser considerado como campo existente. Sin embargo, la Ley 1731 –emitida meses después de la primera–, resultado de una jugada política con la intención de favorecer a capitales extranjeros, redefine los conceptos de la primera Ley y reclasifican los campos cambiando su status. En ese cambio, el campo Margarita, junto a otros campos, es considerado como “nuevo”, vale decir que los reservorios eran reservas probables o descubrimientos nuevos.Por lo mencionado, la operación petrolera del campo Margarita se acoge al pago de regalías menores en virtud de las nuevas disposiciones. El consorcio internacional se lleva el 82% de los ingresos brutos, en tanto que el 18% res-tante es repartido de la siguiente manera: el 11% es por concepto de regalías departamentales, el 1% para el Fondo de Compensación para Beni y Pando, y el restante 6% para el Tesoro General de la Nación (TGN).153 Mientras que antes de la Ley Nº 1689, la distribución de regalías por hidrocarburos existentes en boca de pozo era de la siguiente manera: el 50% para la empresa petrolera y el restante 50% para el Estado boliviano, dividido en 11% por concepto de regalías departamentales, el 13% para la regalía nacional complementaria, el 19% destinado a la participación nacional, el 6% destinado a la participación de YPFB y TGN, y el 1% designado al fondo de compensación para Beni y Pando.154

En el campo Margarita existen actualmente tres pozos petroleros el X1, X2 y X3 y uno en perforación, el X4. Durante el año 2003 empiezan a realizar las inversiones necesarias para dar inicio a la explotación y/o producción de hidrocarburos.155 Y en el mes de febrero de 2004, la Superintendencia de Hidrocarburos autoriza a Repsol YPF la exportación de gas a Brasil en un promedio de 30 a 40 millones de pies cúbicos al día,156 en un marco legal cuestionado por el pueblo boliviano y sin encarar el referéndum vinculante ni

sociales y culturales de Repsol YPF en territorios indígenas de Bolivia, Progra-ma de Vigilancia Socio Ambiental de las Industrias Extractivas, Tarija, 2005, p. 5.

168 La Directriz Operacional 4.20 está orientada a asegurar que los pueblos indígenas se beneficien de los proyectos de desarrollo, y evitar o mitigar efectos potenciales adversos en los pueblos indígenas, causados por actividades apoyadas por el Banco.

169 Directriz Operacional 4.20: Pueblos Indígenas del Banco Mundial. Ver-sión en español no oficialmente aprobada por el Banco Mundial del 17 de septiembre de 1991.



lograr la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos. Esto dentro la Ley Nº 1689 vigente, que deja en manos de los operadores privados la facultad de exportar y/o comercializar los hidrocarburos que hallen en sus concesiones. Pero a pesar de de que Maxus Bolivia estaba habilitada para operar desde principios del año 2004, abre sus válvulas recién el 1 de diciembre de ese año y exporta un millón de metros cúbicos diarios (mmcd) de gas natural a Brasil,157 1,3 millones de metros cúbicos (mmcd) al año.158 El transporte de los hidrocarburos del campo Margarita, destinados a la ex-portación y comercialización, se lo realiza a través del gasoducto Yacuiba-Río Grande (GASYRG), construido entre 2002 y 2003,159 que va de Tarija a Santa Cruz y empalma con el gasoducto binacional Bolivia-Brasil.160

En ese marco, la empresa Repsol ypf firma un contrato de riesgo compartido con el Estado en mayo de 1997 para realizar actividades de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos en el megacampo Margarita y el territorio de los guaraníes.

En 1997, la presencia de la empresa petrolera en el territorio guaraní con los primeros contingentes de trabajadores y ma-quinaria para el desenvolvimiento de las primeras actividades de prospección origina en los guaraníes –en muchos casos– un sentimiento de desconcierto y de incertidumbre debido a que para ellos la presencia de este actor era una situación total-mente nueva, una experiencia reciente con la que no sabían lidiar ni convivir; pero a la vez con la que se tenía que lidiar, interaccionar y negociar.

En esa línea, a diferencia de lo que pasó años antes a la hora de afrontar un conflicto, lidiar y negociar con los ganaderos de esa región, que eran actores conocidos, de los cuales se entendía su forma de vida, se conocía de cerca las actividades produc-

170 A los nueve años del ingreso y operación de las transnacionales en territorio boliviano y territorios indígenas.

171 Cabe resaltar en esta temática, siguiendo el razonamiento del Comité de Fiscalización de Carmen Rivero Torres, que evidentemente se puede llevar a compensar y negociar los impactos socioeconómicos, pero dado que “los impactos ambientales son irreversibles y no se pueden cuanti-ficar, sólo se deben prevenir y evitar, pero nunca compensar porque es

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tivas que desempeñaban, incluso los argumentos y tácticas utilizadas para mantener su posición social, etc. De la actividad hidrocarburífera en general y de la petrolera en particular, en cambio, muy poco o nada se conocía, en consecuencia, conlle-vó un largo proceso para los guaraníes entender la lógica con la que operaba la petrolera, las actividades que realizaban, el apoyo legal y estatal con el que contaban, sus derechos y las acciones que ellos tenían y podían llevar adelante: “Nosotros antes no conocíamos por qué venían las petroleras, a los cuatro años que han trabajado recién hemos negociado”.161 Cuando Maxus ingresa al territorio guaraní encuentra a los guaraníes totalmente desinformados respecto a la actividad hidrocarbu-rífera y sobre los derechos que tienen en ese tema.

En ese sentido, al principio y en el marco de las primeras interacciones y alteraciones-afecciones a la vida cotidiana de los guaraníes y al uso de los recursos, la empresa –manejando un discurso de “solidaridad”, de “compromiso social”, de “buena vecindad” y de “beneficios de la actividad petrolera para el país” y no de “compensación socioambiental”– realiza algunas obras en el lugar de operaciones, además de algunos regalos a los guaraníes por medio de acuerdos y “acciones esporádicas, circunstanciales llevadas a cabo con algunos mburuvicha [ca-pitán] de la zona y algunas comunidades”.162 Según Noe, “la empresa se reúne de manera separada con diferentes comuni-dades o autoridades para negociar y ofrecerles algunas obras muy pequeñas”.163

En los primeros años la empresa Repsol ypf ingresa y desarrolla actividades en el Itika Guasu, desconociendo por completo los derechos de los guaraníes, y aprovechándose del desconocimiento y la ignorancia en temas relacionados con

poner precio a la destrucción de la naturaleza”. (En Gavaldá, op. cit.)172 Miguel Castro, Experiencias de negociación, deliberación y diálogo (NEDD).

Estudio de caso. Comunidades guaraníes del Itika Guasu y empresas petroleras, m.s., Tarija, 2005, p. 5.

173 Castro, Ibíd.174 Entrevista a Renán Sánchez, p. 7.175 Ibíd., p. 6.



las actividades extractivas. Primeramente, dentro del marco jurídico de la legislación boliviana, con carácter previo a su in-versión, la empresa tenía que realizar el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental164 (eeia),165 en el cual, entre otras cosas, estaba obligada a realizar la respectiva consulta pública. Para este proceso, la legislación boliviana, respecto a los derechos que tiene la población en general y los pueblos indígenas en particular en conflictos socioambientales de los proyectos de actividad extractiva, entre otros, señala:

– En el Convenio 169 de la oit, ratificado por la Ley 1257, los pueblos indígenas tienen derecho a, Art. 6.1. “a la consulta informada y oportuna”, Art. 15.2. “a ser consultados antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos naturales”, Art. 6.1b “a participar libremente en la adopción de decisiones”.

– Artículo 93 de la Ley del Medio Ambiente Nº 1333: “Toda persona tiene derecho a ser informada veraz, oportuna y suficientemente sobre las cuestiones vin-culadas con la protección del medio ambiente…”.166

– En el Reglamento de Prevención y Control Ambiental, en el Art. 162 indica: “En la fase de identificación de im-pactos para considerar en un eeia, el representante

176 Entrevista al Segundo Capitán de la comunidad Kumandaroti.177 Ibíd.178 Castro, op. cit., p. 5.179 Descritos por Castro en su texto y recogido en el siguiente trabajo, en

el acápite Discurso.180 Recogidas del documento “Consideraciones para la negociación con

la empresa Maxus y sus actividades en la zona tres del Itika Guasu de 2002”, en Castro, op. cit., p. 5.

181 Texto rescatado de Castro, op. cit., p. 5.182 Actualmente, en la nueva Ley de Hidrocarburos N° 3058 hay un capítulo

referido al tema: De las Servidumbres.183 Entrevista a César Aguilar.184 La Patria, 9 de julio de 2004.

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legal deberá efectuar la consulta pública para tomar en cuenta observaciones, sugerencias y recomen-daciones del público que pueda ser afectado por la implementación del proyecto, obra o actividad…”.

Además, los guaraníes tienen derecho a ser informados sobre la actividad que va a ser desarrollada en su territorio y sobre las decisiones que les puedan afectar, pero esto no fue estipulado ni tomado en cuenta por la empresa:

Art. 15.2. “Participar en los beneficios que reporten las actividades de los proyectos de explotación de recursos del subsuelo”.

Art. 15.2. “A percibir una indemnización equitativa por cualquier daño de las actividades de proyectos”.

Art. 15. 1. “A participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales”.

Art. 7.1. “A decidir sus propias prioridades y participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes de desarrollo”.

Por lo general, para el desarrollo de diferentes proyectos y actividades extractivas en territorios indígenas, las empresas petroleras –en este caso Repsol ypf– tienen comprometidos acuerdos y convenios internacionales de responsabilidad social corporativa, tales como el Pacto Mundial de Naciones Unidas Global Compact, Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (eiti), directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde), directrices del Banco Mundial, etc., que establecen estándares sociales y ambientales internacionales de operación.167 En ese sentido, de acuerdo a las diferentes directrices internacionales manejadas por organismos internacionales, en especial de la Directriz 185 La Patria, 9 de julio de 2004.186 Castro, op. cit., p. 9.187 Primera entrevista a Andrés Segundo, 25 de febrero de 2005, p. 2.188 Entrevista a Renán Sánchez, p. 6.



Operacional 4.20: Pueblos Indígenas168 del Banco Mundial, las diferentes transnacionales, con el objeto de compensar los daños socioambientales y beneficiar a los pueblos indígenas de los proyectos de desarrollo, tienen que financiar y llevar adelante un Plan de Desarrollo Indígena pdi: “Para proyectos de inversión que afectan a los pueblos indígenas, el prestatario deberá preparar un plan de desarrollo de pueblos indígenas que sea consistente con la política del Banco”.169

Es importante resaltar que los planes de desarrollo indí-gena son un instrumento ideado por el Banco Mundial para compensar los impactos negativos que provocan en los pueblos indígenas los proyectos de actividad extractiva y son el vehí-culo mediante el cual los pueblos indígenas son compensados por los impactos.

Cabe resaltar también que aparte del Convenio 169 de la oit, ratificado por el Estado boliviano mediante la Ley 1257, los pueblos indígenas hasta el 17 de mayo de 2005170 –aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos N° 3058– no contaban con otra normativa que reconozca los derechos de los indígenas frente a la actividad hidrocarburífera. Además, se debe destacar que tanto la figura de los planes de compensación socioeconó-mica ambiental para pueblos indígenas como las compensa-ciones socioambientales estipuladas en la Ley Nº 1257, no eran

189 Castro, op. cit., p. 9.190 Ibíd., p. 10.191 Las demandas son recogidas del trabajo de Castro, op. cit., p. 13.192 En este Plan, también llamado Plan de Emergencia o Plan de Mitigación,

se encontraban el mejoramiento de viviendas, construcción de atajados, ampliación de unidades educativas, un proyecto apícola, sistemas de agua.

193 Este aspecto es desarrollado en detalle en el acápite de las estrategias.194 Segunda entrevista a Renán Sánchez y Julio Arman, 5 de abril de

2005.195 Ibíd.196 Entrevista a Benigno Vaca y José Luis Arenas (monitores ambientales),

24 de marzo de 2005.197 Castro, op. cit., p. 8.

373

contempladas en la anterior Ley de Hidrocarburos N° 1689, ni en otra legislación menor del área, dándose en consecuencia un vacío legal que va en detrimento de los indígenas del país y de otros actores como los campesinos. En otras leyes y regla-mentos referidos a la actividad hidrocarburífera, como la Ley Nº 1333 del Medio Ambiente y otros reglamentos referidos a esta Ley, entre ellos el Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburífero Nº 24335, sólo introducen en su contenido el tema referido a los impactos ambientales y la mitigación de los daños ambientales, aunque con grandes limitaciones.171

En diciembre de 1998, tras más o menos un año de la actividad de Maxus, los guaraníes realizan las primeras ges-tiones. En la Asamblea Regional de Ipaguazu, como parte de las resoluciones logradas, la organización guaraní introduce las primeras demandas sobre el tema de la actividad petrolera en su región:172

– Dar a conocer públicamente la información sobre “el plan de manejo y los alcances de las concesiones petroleras de todas las empresas que operan en el área”.

– Y “exigir que se realice una evaluación de todo el impacto ambiental ocasionado por la concesionaria Maxus Inc. en la zona de Puerto Margarita”.

Estas primeras gestiones y demandas, como señala Castro,

198 Entrevista a Cayo.199 Ibíd.200 Entrevista a Benigno Vaca y José Luis Arenas (monitores ambientales),

24 de marzo de 2005.201 Entrevista a Renán Sánchez.202 Entrevista a Cayo.203 Entrevista a Renán2, Julio.204 Entrevista a Renán Sánchez.205 Entrevista a Cayo.



fueron dirigidas a la sub Prefectura y al municipio de Entre Ríos, por el desconocimiento de las instancias, competencias y marco legal que regula la actividad petrolera, y el desenten-dimiento y lejanía tanto de las instituciones gubernamentales como de su lógica de funcionamiento, muy distinta a las formas organizativas y deliberativas de los guaraníes.

Como podemos observar, la estructura orgánica, la asam-blea de los guaraníes y sus autoridades, recién toman cartas en el asunto y se involucran en el tema hidrocarburífero deman-dando información sobre las actividades que desarrolla Maxus en sus comunidades.

Pero posterior al involucramiento de la apg-ig y las di-ferentes autoridades y el intento de actuar como una unidad regional, la empresa Maxus propicia una reunión en la comuni-dad de Yuati con la participación sólo de algunas comunidades, donde se firma un acta de entendimiento con la empresa Maxus y en la cual la empresa se compromete a construir algunas obras –no planes de compensación que garanticen su subsistencia o reemplacen las actividades productivas– de ampliación de una escuela, construcción de una posta de salud y equipamiento para apicultura, como compensación a los daños causados por la actividad petrolera en su zona.173 En estos acuerdos no figuran los representantes de la apg-ig, en consecuencia, los acuerdos son todavía suscritos por algunas comunidades y ca-pitanes, y tanto la directiva de la apg-ig como el presidente no son considerados interlocutores válidos para la petrolera en ese momento; además que ésta no considera todavía como área de compensación a toda la región del Itika Guasu, estimando sólo como área de compensación la zona del Puerto Margarita.

Como podemos advertir, “al principio no había mucha acción de la apg-ig, sólo algunas conversaciones a nivel de autoridades [de la apg-ig y] de las empresas, pero más que eso no”.174 Prácticamente la empresa se relacionaba y acordaba

206 Segunda entrevista a Andrés Segundo.207 Entrevista a Benigno Vaca y José Luis Arenas (monitores ambientales),

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algunas compensaciones y obras con algunas comunidades y capitanes, vale decir, sólo los guaraníes de la zona tres estaban involucrados en el tema de la actividad hidrocarbu rífera: “Pero al final en una asamblea se llegó a un acuerdo: que todos los guaraníes del Itika Guasu tienen que hacer causa común al tema del daño ambiental y la presencia de la petrolera, porque al final indirectamente igual afectaba a todos los guaraníes, además que en las otras zonas hay estudios de que existe tam-bién petróleo y gas”.175

Prácticamente, para tomar esta decisión tuvieron que pasar varios años, tiempo en el que las afectaciones socioam bientales se hacían más visibles y la amenaza de dificultades internas en la organización guaraní acechaba:

Antes no era así pues, la empresa decía vamos a hacer esto, vamos a ayudar a la comunidad, pero no ayudaban, se iban con su palabra nomás, nunca han hecho; han hecho un trabajo pequeñito nomás, pero después cuando ya han pasado años, ya se han organizado todas las zonas de la región Itika.176 Después, cuando ya han pasado años, recién ya se han organizado todas las zonas de la región del Itika.177

De ahí para adelante, la organización guaraní recién visua-liza la magnitud del oponente, los problemas que les aquejan y posibles conflictos a futuro, y hace prevalecer su estructura a nivel regional, su coherencia institucional y estratégicamente deciden discutir dos posiciones claras que tenían que tomar de ahí para adelante con la petrolera y eran: oponerse totalmente a la actividad petrolera en esa región o aceptar la actividad, pero consensuando algunas demandas concretas y gestionando una ne-gociación.178

24 de marzo de 2005.208 Entrevista a Fabián Cayo, Capitán Grande de la zona tres, 25 de marzo

de 2005.209 Ibíd.210 Segunda entrevista a Andrés Segundo.



Finalmente, los guaraníes del Itika Guasu deciden por va-rios motivos179 negociar y en ese sentido recogen las siguientes demandas:180

– El reconocimiento de las autoridades originarias como interlocutores válidos para cualquier tipo de relaciona-miento. Porque en principio la empresa Maxus se negó a negociar con las autoridades indígenas propias de las comunidades guaraníes, restando de esa manera la legitimidad que le daba el pueblo guaraní a sus formas de organización y de representación.

– Reconocimiento del derecho de las comunidades sobre el territorio, que si bien todavía no fue sancionado en su derecho propietario en calidad de tco, existe una serie de disposiciones que acreditan suficientemente el proceso de saneamiento y posterior titulación del mismo.

– Que las comunidades sean consultadas como corresponde en el marco del Convenio 169 de la oit. El Convenio 169 de la oit es incorporado por la legislación boliviana y ratificado en 1992 por el Estado boliviano en la Ley Nº 1257. Mediante ella se debe reconocer los territorios ocupados tradicionalmente por los pueblos indígenas y el derecho de éstos a la utilización, administración y conservación de los recursos naturales que tienen.

– La compensación por los impactos ambientales y sociales causados en la región por la petrolera Maxus, exi-giendo recursos para la implementación de un Plan de Desarrollo Indígena. Señalan que la empresa “por

211 Entrevista a César Aguilar. 212 Mediante los cuales dan a conocer a las instituciones de gobierno, opi-

nión pública, transnacionales, etc., el problema que tienen, la situación que les afecta, su posición como organización y pueblos indígenas, y sus demandas o/y peticiones.

213 Documentos donde plantean sus puntos de vista, posición referente al tema o conflicto que les aqueja, y salidas alternativas en vía de conciliar

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un compromiso moral y como responsable de las actividades en la zona debe ser quien responda por todo lo realizado hasta ahora”.181

– El pago del derecho de servidumbre por concepto de uso de espacios del territorio para la construcción de dife-rentes obras (instalación de campamentos, planchadas, aeropuertos, paso de gasoductos, etc.) por parte de la petrolera.

Por un lado, el pago de servidumbre o por el uso de sue-lo a las organizaciones indígenas no estaba estipulado en la normativa vigente sobre el tema de hidrocarburos,182 pero por otro, las diferentes empresas petroleras operan y realizan sus actividades en territorios concedidos por el Estado boliviano a estas porque el Estado se declara propietario de los recursos no renovables, pero también a las poblaciones indígenas –a través de varias disposiciones legales– para la reproducción social y cultural, reconociendo el derecho al uso, adminis-tración y conservación de los recursos existentes en estos espacios como estrategias de sobrevivencia utilizadas por los pueblos indígenas. Entonces ahí surge una disyuntiva y una contradicción en el marco legal y políticas públicas, porque se mueven entre la validez y la no validez de los derechos de los indígenas. En consecuencia, los guaraníes –como otros grupos indígenas de las tierras bajas– por considerar invasión a su te-rritorio: “Nosotros lo hemos considerado como invasión a un territorio titulado”183 y por ser privados por las petroleras del uso del territorio y sus recursos naturales de ciertos espacios durante años, asumen la figura de la servidumbre, también denominada “arrendamiento de tierras”,184 donde las petroleras tienen que pagar –una sola vez– por el territorio “utilizado”

y resolver el problema.214 Recursos y oposiciones legales interpuestas ante las instituciones es-

tatales, apoyados en la legislación boliviana con el objetivo de hacer respetar y prevalecer sus derechos.

215 Álvaro García Linera et al., Sociología de los movimientos sociales en Bolivia.



de los guaraníes o de otros grupos indígenas para instalar sus plantas, gasoductos, campamentos, etc.

Esta experiencia de cobro de servidumbre no es un caso particular ni es uno de los primeros casos, existieron otros an-tecedentes y experiencias, como es manifestado en la siguiente frase: “…con el antecedente que en otras partes no una, sino varias que ha pagado por el derecho de servidumbre”.185

– El reconocimiento del derecho a realizar un monitoreo comunitario permanente a las actividades petroleras, al cumplimiento de las normas ambientales y a los estudios de impacto ambiental y medidas de mitigación.

Con la visión de resguardar y preservar los recursos natu-rales de la región donde habitan, por la importancia que tienen para ellos estos recursos, además por ser los primeros afecta-dos por los impactos ambientales de la actividad petrolera, asumiendo incluso el papel de Estado de ejercer funciones de fiscalización, los guaraníes proponen y posteriormente crean un equipo de monitores ambientales que trabajan junto a los comunarios directamente afectados, recogiendo sus experien-cias y percepciones con el objetivo de realizar un seguimiento a las actividades de las petroleras e identificar los impactos.

Mientras la agp-ig gestionaba la negociación con la pe-trolera Maxus, con el propósito de pactar acuerdos de com-pensación de los impactos socioambientales, por primera vez los guaraníes elaboran un documento de demandas concretas consensuadas en los espacios de deliberación de los guaraníes. La elaboración de este documento conjunto fue una expe-riencia novedosa, no sólo por la articulación de las distintas comunidades guaraníes, sino también por las dificultades en

Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política, Diakonía; Oxfam, La Paz, 2004, p. 230.

216 Segunda entrevista a Andrés Segundo.217 Entrevista a Fabián Cayo.218 Entrevista a Andrés Segundo, 28 de febrero de 2005.

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la formulación de demandas y estrategias a seguir debido a la poca transparencia y poca disponibilidad de la información por parte de la empresa petrolera como por las oficinas guber-namentales.186 Paralelamente, la apg-ig empieza a informarse sobre el tema de hidrocarburos y el marco legal que envuelve esa actividad en Bolivia, recoge otras experiencias de actividad petrolera en tierras indígenas y busca asesoramiento técnico sobre el tema con el objetivo de afrontar la negociación en mejores condiciones.

En las deliberaciones y en el proceso de negociación y fi-jación de acuerdos, la apg-ig consigue que se reconozca como área afectada, en consecuencia como pertinente a ser compen-sada, no sólo a la zona del Puerto Margarita y específicamente a las comunidades más afectadas como Yuati, Kumandaroti y Za-paterambia, –donde se ha concentrado la actividad petrolera–, sino a toda la región del Itika Guasu en su totalidad, incluyendo comunidades cuya ubicación está alejada de la actividad petro-lera. En ese sentido, A. Segundo indica: “Maxus ha planteado realizar compensaciones sólo en las comunidades donde están instalados; la apg-ig ha planteado compensación a todas las comunidades del Itika Guasu, pero más a las afectadas”.187 Con este reconocimiento, la apg-ig no sólo logra la compensación para toda la región, sino en cierta medida hacer comprender a la petrolera y hacer prevalecer ante ella el sistema de creencias de los guaraníes, materializada hace muchos años “en la creación y estructuración de la región autónoma del Itika Guasu”, que funciona como una unidad que está organizada de esa manera ante el Estado boliviano, ante las empresas petroleras o cualquier otra institución o empresa.

Después de que la apg-ig asume la representación en el conflicto, la petrolera, con el afán de dividir el movimiento guaraní apelando a diferentes estrategias, continúa intentando

219 La “guerra del gas” de 2003.220 El Diario, 30 de abril de 2004.221 Víctor Orduna, Pulso.



negociar con algunas comunidades y autoridades de la zona del Puerto Margarita poniendo de lado y deslegitimando a sus autoridades tradicionales, lleva adelante una campaña de donaciones sólo en las comunidades donde estaba ope-rando en ese momento: “Siguen existiendo regalitos que hace la empresa con el afán de dividir”,188 también realiza ofertas de trabajo para los hombres sólo de las comunidades donde estaban trabajando.

Posterior a un intermedio no planificado en la negociación, debido en parte al trabajo interno realizado por la apg-ig, en septiembre de 2002 se inician nuevos contactos entre los guara-níes y las petroleras, esta vez en base al ofrecimiento por parte de la empresa de solamente un proyecto apícola como forma de compensar los impactos causados.189 En respuesta a este ofrecimiento, la apg-ig exige negociar con la empresa en base a un pliego de demandas por concepto de compensación; pero también por el derecho de servidumbre,190 que no había sido tomado en cuenta por la empresa. Las demandas que son plan-teadas a los personeros de Maxus –luego de varias asambleas regionales y talleres de capacitación realizados en el espacio guaraní, reuniones entre dirigentes de la apg-ig y sus asesores y encuentros con representantes de la empresa– son:191

– La ejecución de manera inmediata de un Plan de Inversión Comunitaria con diferentes proyectos productivos y sociales para las tres zonas del territorio gua raní.192

– La ejecución inmediata de un Plan de Monitoreo Socio-ambiental a las actividades de la empresa a cargo de un equipo conformado por dirigentes y promotores indígenas.

– Un financiamiento para la ampliación de un Plan de 222 Castro, op. cit.223 Segunda entrevista a Andrés Segundo.224 Entrevista a F. Cayo.225 Entrevista a monitores ambientales.226 Entrevista a Andrés Segundo, periódico El Diario, 30 de abril de 2004.

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Desarrollo Indígena a cargo de la misma apg-ig para su posterior concertación y financiamiento conjunto con otros actores locales como la Prefectura, Alcaldía e instituciones de apoyo.

– El pago de servidumbre de los proyectos emprendidos en las áreas saneadas en favor de la tco del Itika Guasu.

– La atención inmediata a cualquier tipo de denuncia efectuada por los dirigentes de la apg-ig sobre hechos ocasionados por los trabajadores de la empresa y/o subcon-tratistas en la zona de influencia.

En esa ocasión la empresa pretendió condicionar su predis-posición de aceptar los términos de negociación, tratando de ha-cer prevalecer su propuesta ante la de los guaraníes; sin embargo, casi medio año después, en febrero de 2003, estas demandas fueron aceptadas como base para la negociación, es decir, se tradujeron en acuerdos iniciales sujetos a negociación.

Para que la empresa acepte los términos de negociación propuestos por los guaraníes, como señala Castro, implicó un proceso complejo de negociación en el que Maxus se negaba a reconocer todos los derechos de las comunidades arguyendo sobre todo que todavía no estaba definido el derecho propieta-rio sobre el territorio; pero la organización guaraní finalmente logró que Maxus acepte las demandas como agenda a ser discutida en la negociación porque hasta ese momento ellos contaban con varias disposiciones legales que respaldaban su posición.193

Hasta ahí, la discusión y la negociación se centraban en ponerse de acuerdo sobre las demandas o términos que iban a ser considerados en la negociación, y en los acuerdos que se 227 Entrevista a Andrés Segundo.228 Instituciones departamentales descentralizadas del Poder Ejecutivo. 229 Entrevista a Andrés Segundo.230 Entrevista a monitores.



lograrían suscribir, sin embargo, posteriormente se vendría lo más complicado del conflicto: que la empresa, mediante acuerdos, acepte todas las demandas y lleve a cabo o en efecto dichos acuerdos.

A mediados de 2003, “después de que la empresa con-viniera en varias ocasiones acuerdos con los guaraníes sobre diferentes temas [mencionados en el pliego de demandas], especialmente los acuerdos acerca de un Plan de Emergencia y el pago de servidumbre”194 y sin encontrar acciones concretas de parte de la petrolera porque “el consorcio, aprovechando la benevolencia de la organización, no dio señales de acuerdos satisfactorios para los guaraníes”,195 éstos decidieron realizar un bloqueo a las instalaciones petroleras. Como indican, deter-minaron realizar el bloqueo “para hacer cumplir los acuerdos con la apg-ig, porque no estaban cumpliendo”,196 el “objetivo es concretar una reunión con los representantes de la empresa a fin de dar continuidad a las negociaciones temporalmente interrumpidas”.197

Hasta ese momento, los guaraníes habían recurrido a repertorios tácticos de negociación y de conciliación en su lucha –como es característico del comportamiento colectivo guaraní– y cuando han encontrado agotados todos los recur-sos en el plano de la concertación y el diálogo –que ha durado casi un año desde que los guaraníes presentaron su pliego de demandas– recién han decidido adoptar el bloqueo como medida de presión.

Para llevar adelante el primer bloqueo, la apg-ig primera-mente delibera “cómo poder enfrentarlos, por qué y cuándo”,198 y prepara los recursos materiales e inmateriales con los que

231 Entrevista a Andrés Segundo.232 Entrevista a Renán Sánchez.233 Miguel Castro, Memorias de un caminar. Acompañamiento a comunidades

indígenas en el Chaco tarijeño, CERDET, Tarija, 2004, p. 89.234 Entrevista a Renán Sánchez.235 Segunda entrevista a Andrés Segundo. 236 Ibíd.

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tenían que contar: “Qué necesitábamos, primero hemos elabo-rado todo, el impacto, el perjuicio”.199 Finalmente, “el 6 de junio de 2003 realizan el primer bloqueo”200 en el puente construido por la empresa petrolera Maxus sobre el río Pilcomayo –entre en el camino que une la población de Palos Blancos con el campo Margarita– para acceder a la zona de Puerto Margarita, concretamente el acceso a los pozos, pista aérea, plantas, etc., con el propósito de cortar el ingreso a la zona de operaciones de la empresa Maxus. En respuesta a esta medida de presión la empresa Maxus solicita al gobierno boliviano intervenir el blo-queo y en la madrugada del segundo día el Ejecutivo militariza el área: “Envía 150 efectivos militares para despejar la zona y permitir el libre tránsito”.201 La intervención militar es descrita por uno de los guaraníes así: “Uh, camio nadas del Ejército han llegado, la gente se ha asustado, tiros al aire, con gas, de noche, era gran miedo para la gente, como ellos nunca saben de estos bloqueos, nos dejaron solitos ahí con los policías”.202

Con esta acción consiguen que los guaraníes se hagan a un lado, pero no que se retiren del área, por consiguiente, “los eje-cutivos de la empresa tienen que hacerse presentes en el lugar y se inician las negociaciones”.203 ¿Qué es lo que se consigue con el bloqueo? Inicialmente “se firma un acta de entendimiento donde de alguna manera se reparan (económicamente) los daños ocasionados y se acuerda elaborar un Plan de Desarrollo del pueblo Guaraní mientras esté presente la petrolera”204 en su territorio, donde la empresa aportará recursos económicos. Después, y como resultado del bloqueo, la organización de-muestra su fortaleza, la medida de presión es exitosa y como es descrito por uno de los guaraníes: “La llave para con las

237 Miguel Castro, Experiencias de negociación, deliberación y diálogo (NEDD). Estudio de caso. Comunidades guaraníes del Itika Guasu y empresas petroleras, m.s., Tarija, 2005.

238 Monitoreo indígena independiente de la APG-IG, Impactos ambientales sociales y culturales de Repsol YPF en territorios indígenas de Bolivia, Progra-ma de Vigilancia Socio Ambiental de las Industrias Extractivas, Tarija, 2005, p. 4.



empresas es bloqueándolas, si usted manda cartas eso a uno le gana, no consigue nada”.205

También se crea una comisión operativa conformada por gerentes de la Maxus y dirigentes de la apg-ig con el afán de agilizar el diálogo y llegar a firmar acuerdos. Se ha firmado un primer convenio, en el cual figuran el pago de servidumbres y otras compensaciones como ser mejoramiento de viviendas y de escuelas, construcción de atajados, sistemas de agua pota-ble, apoyo a la producción apícola y programa de monitoreo socioambiental.

En el transcurso del conflicto, Repsol ypf durante varios años viola y se niega a reconocer los derechos de los indígenas, después de seis años, tras la lucha y gestiones de los guaraníes, recién reconoce y efectúa las compensaciones socio ambientales; sin embargo, otros derechos ya han sido vulnerados y no hay marcha a tras. Pero a la vez Repsol ypf –con el afán de legitimar ante la opinión pública sus actividades en el país y difundir el discurso de “compromiso social”, “acciones comunitarias”, “aportes solidarios”, “caridad”, etc.– compra y saca publicacio-nes a todo color en varias páginas de los principales periódicos del país como La Razón y El Deber, resaltando su compromiso ambiental y su labor solidaria.

Cabe resaltar que en las negociaciones de los guaraníes con la petrolera, sólo participó apg-ig como representante de los guaraníes y no otras organizaciones indígenas o guaraníes regionales o nacionales como la apg-nacional o el Consejo de Capitanes del Chaco Tarijeño. Esto marca una diferencia con otras experiencias de negociación de los pueblos indígenas con las compañías petroleras, como es el caso de la negociación de los chiquitanos con la enron y shell, donde aparte de sus organizaciones zonales o centrales participó la oich y la or-

239 Víctor Orduna, Pulso, p. 3.240 Segunda entrevista a Andrés Segundo.241 Control social a las donaciones de las empresas petroleras a los municipios de

las provincias Gran Chaco y O’Connor, Control Social Tarija, Fondo de Pe-

385

ganización indígena regional de Santa Cruz cpesc, con lo que alcanzaron una mayor fuerza de presión social.

Hemos negociado sólo la apg-ig con la empresa Maxus, los dos en la mesa, ninguna autoridad puede intervenir, varias veces han querido tomar parte alcaldes, Comité Cívico, prefec-turas; pero ellos sólo están luchando por intereses personales. En cambio, nosotros como pueblo guaraní luchamos por inte-reses del pueblo guaraní, que siempre ha sido olvidado por el Estado boliviano.206

Finalmente, también cabe indicar que el 17 de mayo de 2005 –posterior al proceso de negociación efectuado por los guaraníes y Maxus en busca de las compensaciones socioam-bientales, pago de servidumbre y otros– fue promulgada por el Parlamento la “nueva Ley de Hidrocarburos” Nº 3058, en la que se introduce –tras gestiones de los pueblos campesi-nos, indígenas y originarios– varios capítulos relacionados al derecho de los pueblos campesinos, indígenas y originarios, por ejemplo: el derecho a la consulta y a la participación, las compensaciones e indemnizaciones, las servidumbres y otros, llenando de alguna manera el vacío jurídico que existía respecto a los temas en cuestión.

4.3.1. Aspectos o factores en contra que incidieron en el conflicto y en la negociación

– La no titulación de la tco Itika Guasu y sólo la titulación de 67 mil hectáreas. Los guaraníes del Itika Guasu ac-tualmente no cuentan todavía con su tco titulada. Esta situación ha sido utilizada y ha servido en cierta manera a la empresa Maxus para negar los derechos del pueblo guaraní, y para escatimar y condicionar

queñas Medidas de Apoyo al Control Social FACS, GTZ, Tarija, 2004.



la compensación socioambiental. – Alianza entre la transnacional y ganaderos. Los ganaderos

en la zona de Puerto Margarita se han vuelto afines a los intereses de Repsol ypf. Los “terceros”, llamados así por los guaraníes, venden sus propiedades a las petroleras para que éstas realicen sus operaciones, con ello permiten el ingreso de la empresa y dan luz verde para que Maxus entre en la zona:

Un ejemplo, entre otros, es la Planta de Almacenamiento

bolinter, que se encuentra instalada en “50 hectáreas [de la zona Puerto Margarita] que la empresa Maxus ha comprado a terceros”.207 “Hay un ganadero que ha vendido 50 hectáreas para la planta [bolinter], le han dado treta mil dólares y punto”.208

Además este hecho limita al movimiento guaraní a tomar determinadas acciones como resistir o impedir el ingreso a diferentes áreas o ser tomados en cuenta por la empresa como también dueños de ese territorio fragmentado:

Ellos [personeros de la empresa] vienen a negociar con los que se creen dueños de la propiedad, viene y ahí dicen nosotros entramos y listo, es decir, para que charlar con nosotros [guaraníes], ya los terceros me han dado permiso y punto, firman un documento y ya nada que ver con ustedes dicen.209

– Territorio fragmentado. Hasta el año 2002 el Estado ha titulado al pueblo guaraní del Itika Guasu sólo 67 mil hectáreas divididas en 31 áreas discontinuas, casi nada o muy poco territorio titulado en la zona de Puerto Margarita en favor del pueblo guaraní y

242 Entrevista a Teófilo Murillo, concejal guaraní del municipio de Entre Ríos.

243 Segunda entrevista a Andrés Segundo.244 Ibíd.

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grandes extensiones ganaderas o propiedades priva-das donde, según A. Segundo, “no cumplen función económico-social”.210 Al parecer, para el gobierno boliviano es menos problemático dar concesiones a las petroleras donde habitan “terceros” y no pueblos indígenas.

En consecuencia, todos los pozos y otros establecimientos no se encuentran precisamente en territorio guaraní, sino en propiedades de terceros: “El X1 está en la propiedad Ivoca de la familia Palacios… el X2 y X3 están en un predio muy gran-de de Jorge Baraca, que falleció y los herederos se dividieron la propiedad… y el X4 no sé si está en la propiedad del señor Carlos Salinas o de Alvarado”.211 A pesar de ello, los guaraníes, por el uso y aprovechamiento de recursos que realizan y por las limitantes territoriales que tienen para desarrollarse, son los más afectados por la actividad petrolera.

4.3.2. Repertorios tácticos utilizados por los guaraníes

El movimiento indígena de tierras bajas en general y el mo-vimiento guaraní en particular frente a un conflicto, habi-tualmente hacen uso de repertorios tácticos de negociación, diálogo y conciliación en su lucha. Privilegian repertorios como las resoluciones o votos resolutivos,212 la elaboración, difusión o presentación de cartas dirigidas a la opinión pú-blica, a autoridades de gobierno y propuestas alternativas;213 acciones legales214 y otros. Cuando encuentran agotados todos los recursos en el plano de la concertación y el diálogo recién deciden adoptar otras medidas de acciones colectivas directas como medidas de presión. García L., cuando hace referencia

245 Ibíd.246 Castro, op. cit., p. 6.247 Informe de desarrollo humano en Tarija, p. 51.248 Entrevista a César Aguilar, 25 de mayo de 2005.



a las tácticas de lucha utilizas por el movimiento indígena de tierras bajas, señala: “Se inclinan por un uso limitado y extraor-dinario de las movilizaciones directas, y hay un mayor apego al ejercicio de otros medios de presión legales en la búsqueda de la satisfacción de sus requerimientos”.215

A continuación exponemos los repertorios tácticos privi-legiados y utilizados por los guaraníes, específicamente en el conflicto con la empresa petrolera Repsol ypf:

Los votos resolutivos y/o resoluciones, el envío de cartas y reuniones son los primeros repertorios tácticos empleados por los guaraníes, con el fin de dar a conocer y plantear a las instituciones de gobierno sus demandas, relacionadas ante todo con transparentar la información y el cumplimiento por parte de la Repsol ypf de la normativa ambiental y, también a Repsol ypf su posición sobre varios temas relacionados al conflicto, sus demandas, además de invitar al diálogo y concertación.

Asimismo, tiempo después del inicio del conflicto hubo una tendencia a ampliar los repertorios tácticos, rescatando tácticas de acción directa utilizadas por otros movimientos sociales en el país como el bloqueo:

Hemos realizado el bloqueo del acceso al campo Margarita el 2003, se ha hecho un bloqueo de caminos, es justamente reclamando nuestros

249 Segunda entrevista a Andrés Segundo, 28 de febrero de 2005.250 Entrevista a César Aguilar, 25 de mayo de 2005.251 Entrevista a monitores ambientales.252 Entrevista a Nilda Ávila. 253 Ibíd.254 Entrevista a Noe Quisbert.255 Entrevista al Segundo Capitán de la comunidad Kumandaroti.256 Ibíd.257 Ibíd.258 Entrevista a César Aguilar, 25 de mayo de 2005.259 Entrevista a monitores ambientales.260 Informe de desarrollo humano en Tarija, p. 51.261 Monitoreo indígena independiente de la APG-IG, Impactos ambientales

sociales y culturales de Repsol YPF en territorios indígenas de Bolivia, Progra-

389

derechos a la empresa que pueda recompensar algo.216

Los guaraníes, embancados en ese proceso de acumular experiencia y conocimientos respecto al uso de diferentes tácticas de lucha, se han dado cuenta de que los repertorios de lucha utilizados por ellos hasta el momento en el conflicto con la petrolera e inclusive tradicionalmente son poco efectivos y que es necesario emplear otros para alcanzar sus demandas:

La llave para con las empresas es bloqueándolas, si usted manda cartas eso a uno le gana, no consigue nada, antes nos han compro-metido todo, pero una vez que se iba allá de vuelta, eso nunca daba resultado, hasta cuando ya bloqueamos, recién.217

Sin embargo, como es observado en el trabajo, los guara níes hacen un uso limitado de estas tácticas directas debido, entre otros factores, a la baja densidad demográfica de la población y a la poca experiencia que aún cuentan en llevar adelante este tipo de medidas de presión. Los guaraníes, al referirse y justificar sobre el poco uso que hacen de las medidas de pre-sión directa, señalan: “…hay que bloquear para ganar no para perder, hay que analizar bien para bloquear”.218

Al margen del presente conflicto, en este último tiempo los indígenas de tierras bajas y ante todo los guaraníes –por habitar en su mayoría en zonas hidrocarburíferas– también están innovando o dando origen e implementando nuevos repertorios de lucha que implican la acción colectiva y el des-plazamiento territorial del movimiento a previos y lugares de posesión de las empresas hidrocarburíferas –que por lo general son los adversarios con los que tienen conflictos–, con la toma y ocupaciones pacíficas de los campos petroleros, campamentos u otros lugares donde llevan adelante sus actividades, el cierre

ma de Vigilancia Socio Ambiental de las Industrias Extractivas, Tarija, 2005, pp. 23-26.

262 Entrevista al Segundo Capitán de la comunidad Kumandaroti. 263 Entrevista a Nilda Ávila



de válvulas de exportación de gas, el bloqueo a los caminos de acceso a los campos petroleros u otras instalaciones. Estas formas de lucha por lo general son tácticas muy efectivas por las implicancias que tienen para las empresas extractivas parar sus actividades de producción y exportación, y en muchos ca-sos es a través de esta vía que recién consiguen sus demandas. Entre otros ejemplos tenemos el bloqueo y la toma pacífica de los campos petroleros en abril de 2004 –tras las jornadas de octubre de 2003–219 por 4 mil indígenas guaraníes, donde tra-bajan las empresas Repsol, Maxus y Plus Petrol, exigiendo una nueva Ley de Hidrocarburos que contemple la recuperación de los recursos naturales.220 Específica mente en la región del Itika Guasu, los guaraníes bloquean la entrada al campo petrolero de Maxus y Repsol ypf,221 exactamente en la carretera Palos Blancos-Margarita.

4.3.3. Marcos de interpretación: discurso y demandas

En un principio, el pueblo guaraní tiene la posición clara de rechazar la actividad petrolera en el territorio donde ellos habitan por considerarla hasta ese momento –cuando se rea-lizaba trabajos de prospección– negativa y atentatoria para el pueblo guaraní porque la empresa empezaba a avasallar su territorio que tanto les había costado recuperar. Como señala Castro, en principio prima la visión tradicional, sin embar-go, después de un tiempo esta posición y la línea discursiva cambia y el pueblo guaraní realiza las gestiones pertinentes para hacer viable la negociación con la petrolera en busca de acuerdos sobre el tema de compensación social, ambiental y pago de servidumbre. El cambio del curso del discurso para M. Castro se debe a las siguientes razones: i) los indígenas, por

264 Segunda entrevista a Andrés Segundo, 28 de febrero de 2005.265 Entrevista al Segundo Capitán de la comunidad Kumandaroti.266 Entrevista a monitores ambientales.267 Entrevista a Nilda Ávila.

391

la magnitud de los descubrimientos de gas y por ser un tema estratégico para la economía del país, asumen que no tiene sentido oponerse a algo que es inevitable; ii) acceden a la ex-periencia de otros pueblos indígenas que negociaron recursos de compensación y servidumbre con las empresas petroleras y perciben, por primera vez, este conflicto como una oportunidad para conseguir recursos que vayan a atender las necesidades de desarrollo socioeconómico de la región indígena; iii) hay una mayor preeminencia de líderes jóvenes con mayores destrezas para moverse en el mundo no indígena y por lo tanto con más posibilidades de negociación.222

Nosotros no estamos de acuerdo con que la empresa trabaje en nuestro territorio porque trae mucho daño al pueblo guaraní, pero lamentablemente ya está trabajando aquí.223

Pero con el tiempo –a más o menos nueve años de la acti-vidad hidrocarburífera en su territorio– y tras el ahondamiento de los impactos y problemas socioambientales, el desencanto con los planes de compensación, en su mayoría incapaces de suplir las afecciones o la privación de algunos recursos, la línea discursiva tiende a cambiar. Los guaraníes, si bien saben que tras realizar la negociación y conseguir las compensaciones socioambientales no pueden evitar las actividades de Maxus en su territorio, a la vez ellos, por un lado, no quieren que otras empresas petroleras ingresen a la región: “Nosotros nunca más quisiéramos que entren las petroleras porque no beneficia a nuestra tco, de toda esta actividad ¿qué se ha logrado?, nada bueno”.224 Por otro lado, tampoco quieren que Maxus amplíe sus operaciones en otros lugares de la región, vale decir que realicen otras perforaciones, desmonte, planchado de suelo, apertura de caminos, etc.:“Lo que nosotros queremos es que la empresa ya no siga entrando a todo el parque”.225

268 Entrevista a Renán Sánchez.269 Entrevista a F. Cayo.270 Entrevista al Segundo Capitán de la comunidad Kumandaroti.



Entre las demandas más destacadas planteadas por los guaraníes en su discurso tenemos:

En las diferentes emisiones discursivas, los guaraníes exigen una nueva Ley de Hidrocarburos que contemple la recuperación de estos recursos o en su efecto la nacionalización de los hidrocarburos.

“Una Ley de Hidrocarburos que contemple la recuperación de los recursos naturales”.226

“Se está pidiendo la nacionalización de nuestros hidrocarburos”.227 También piden ser beneficiados directamente con un porcentaje de las regalías percibidas por el Estado bo-liviano de la actividad hidrocarburífera, por ser los primeros afectados en el desarrollo de estas actividades extractivas y porque sus territorios están justamente encima de los yaci-mientos. Actualmente, los departamentos productores –en este caso Tarija– perciben las regalías a través de las prefecturas228 y sus instituciones menores: subprefecturas, sin embargo, por estar muchas veces estas entidades detentadas por grupos de élite regional urbana o rural, los indígenas son relegados de los beneficios. En ese sentido señalan:

Como propuesta de la APG-IG, realizada hasta el 23 de julio de 2004 y [ratificada] en cinco oportunidades planteamos que Itika Guasu tenga un 3% de las regalías.229

Que beneficie a las comunidades porque es a las comunidades a las que dañan, a esas personas de bajos recursos, a esas les afectan, que sea favorable para las comunidades, no así para unas cuantas personas porque ellos se hacen directamente dueños, que sea ese monto [de las regalías] beneficioso para el pueblo guaraní.230

271 Entrevista a monitores ambientales.272 Entrevista al Segundo Capitán de la comunidad Kumandaroti. 273 Entrevista a Nilda Ávila, mayo de 2004, en Herencias de octubre. “Mar-

garita y los guaraníes…”, semanario Pulso, Reportajes, N° 246, mayo de 2004, p. 2.

274 Entrevista a monitores ambientales.

393

Ahora en general en Entre Ríos nomás se descentraliza, en subpre-fectura las regalías, nosotros queremos crear una instancia que pueda administrar bien con coordinación o bajo control de la APG.231

El reconocimiento y la incorporación en la nueva Ley de Hidrocarburos de varios temas neurálgicos no estipulados en la anterior normativa, relacionados específicamente con los derechos reconocidos que tienen los indígenas en el Convenio 169 de la oit, en cuanto al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios. Por ejemplo: los derechos a la consulta, a las compensaciones e indemniza ciones, al pago de servidumbre, a la participación en la utilización, administración y conser-vación de los recursos naturales y el cumplimiento de normas ambientales. Precisamente debido al debate desplegado por los distintos movimientos indígenas sobre el tema, parte de estas exigencias ha sido incorporado recientemente en la nueva Ley de Hidrocarburos N° 3058, aprobada en mayo de 2005.


En el conflicto entre los guaraníes y Maxus se puede advertir el involucramiento directo o indirecto de otros actores, que movi-dos por diferentes intereses y posicionamientos muy claros apo-yaron directa o indirectamente los intereses de las organizaciones indígenas o de la empresa petrolera. A continuación detallamos el perfil que han adoptado algunos de estos actores:

Aliados

En la trayectoria del conflicto, los principales actores, aliados

275 Entrevista al Segundo Capitán de la comunidad Kumandaroti.276 Entrevista a Renán Sánchez. 277 Entrevista a Andrés Segundo.



de los guaraníes, son algunas ong que trabajan durante varios años en esa región apoyando las actividades productivas, la reivindación territorial de los guaraníes y el fortalecimiento de la organización guaraní apg-ig.

Las dos ong involucradas directamente en los conflictos y aliados permanentes son:

Equipo de Apoyo al Pueblo Guaraní eapg.Institución no gu-bernamental que apoya a los guaraníes en dos áreas: educativa y productiva.

En la parte de producción apoyamos en la producción agrícola, especialmente en la de semillas de maíz, en la incorporación de nuevos cultivos como el maní, también apoyamos en la artesanía, también estamos con un proyecto apícola muy interesante y en la parte educativa con el apoyo al fortalecimiento o fortalecimiento de la educación bilingüe.232

Centro de Estudios Regionales de Tarija cerdet. Apoyan y promuevan a los indígenas en las siguientes líneas de acción: tierra y territorio, en gestión territorial, en alianzas interétnicas, en fortalecimiento organizativo, en políticas públicas indígenas, en apoyo jurídico, en comercialización y en documentación y difusión.233

Específicamente en el conflicto, las dos instituciones apoya-ron a los guaraníes prestando asesoría y organizando diferentes reuniones y cursos de capacitación en diferentes temas: en la Ley y reglamentos de Medio Ambiente, actividad petrolera, Ley de Hidrocarburos y otros.

Asimismo, con el objeto de coordinar y determinar la defensa que iban a realizar los guaraníes de su territorio y recursos naturales, además de la lucha por un plan de com-pensación y mitigación de los impactos socioambien tales, la apg-ig junto a estas dos instituciones conformaron un Comité

278 Entrevista a monitores ambientales.279 Segunda entrevista a Andrés Segundo.

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Interinstitucional:

Nosotros somos parte de un Comité Interinstitucional donde tam-bién está CERDET, Centro de Estudios Regionales, con la APG-IG a la cabeza, donde apoyamos a la APG-IG incluso en las negociacio-nes con las petroleras para ayudarles a ver el deterioro ambiental, aunque no sea muy científico. Entre los tres hemos tenido reuniones internas para ver qué estrategia se iba a seguir para enfrentar, entre comillas, a la empresa y luego han venido las negociaciones con Repsol.234

Prácticamente, las dos ong son los únicos actores sociales a los que se les puede otorgar el papel de aliados permanentes de los guaraníes de esa región:

Nosotros siempre hemos vivido solitos, con el apoyo de la coope-ración internacional, ONG.235

Las ong nos ayudan, asesoran, pero no más, los que tenemos que defender somos nosotros porque nos dicen los que están manejando son las ong… mentira, sino que ong no nos han hechos sufrir antes. Las ong nacen después de que hemos tenido sufrimiento, entonces nosotros reclamamos con justa razón porque el Alcalde [de Entre Ríos] habla gracias a ONG.236

Otro actor que jugó un papel de aliado fue la Unidad de Hidrocarburos de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Camiri. Con-tribuyeron asesorando a la organización guaraní con el objeto de fortalecer su capacidad de negociación frente a las empresas petroleras, también facilitaron información oportuna y confia-ble a fin de que los guaraníes puedan tomar decisiones con un mayor sustento técnico y jurídico.237 El asesoramiento prestado fue en base a anteriores experiencias que la apg nacional ya

280 Entrevista al Segundo Capitán de la comunidad Kumandaroti.



había enfrentado con otras empresas petroleras en la provin-cia Cordillera en Santa Cruz, por ejemplo, la construcción del gasoducto principal Bolivia-Brasil.

También el ceades Colectivo de Estudios Aplicados al Desa-rrollo Social prestó apoyo y asesoría técnica a los indígenas, con el Programa de Vigilancia Social de las Industrias Extractivas, en el proceso del monitoreo indígena independiente realizado por los guaraníes –comunidades y monitores indígenas– desde mayo de 2004 a marzo de 2005.238


Los ganaderos o “terceros” son adversarios influyentes de los guaraníes porque a lo largo del conflicto se han vuelto afines a las necesidades de las empresas. Los terceros negocian por su lado con la empresa petrolera, le venden predios y/o au-torizan el ingreso de la empresa Maxus para que realice sus diferentes actividades en toda la zona de Puerto Margarita, sin interesarles la incidencia que puede tener para los guaraníes. Incluso algunas veces atribuyéndose la representación de los guaraníes que viven en las comunidades de la zona; por ejem-plo, para que la empresa realice la perforación de un pozo la señora Elba Bacarat firma el acta de consulta atribuyéndose la representación de la comunidad de Kumandaroti.239

El municipio y el Alcalde de Entre Ríos, por compartir con los guaraníes varias preocupaciones como los impactos socioam-bientales, la preservación y protección del medio ambiente y

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los recursos naturales, y demandas como las compensaciones socioambientales y los planes de mitigación con los indigenas, podían posicionarse como institución y actores aliados de los indigenas pero ocurre lo contario. Es necesario resaltar que los municipios, a pesar de no tener muchas competencias en el tema ambiental, pueden dentro sus competencias contribuir a la protección del medio ambiente y los recursos naturales, y cumplir y hacer cumplir las normas nacionales y municipales de uso de suelo, subsuelo, agua y recursos naturales.

Sin embargo, a lo largo del conflicto, el municipio encuen-tra sinergia con los intereses de las petroleras y no mantiene muy buenas relaciones con los guaraníes, según el Presidente de la apg:

El municipio hace oposición, siempre pone a un lado al pueblo gua-raní, donde le apoyan al Alcalde, a esa parte apoya con su proyecto, no es igual al pueblo guaraní; entonces nosotros siempre hemos vivido solitos, con la cooperación internacional, ONG.240

Esto posiblemente se deba a:

– El municipio de Entre Ríos, al igual que otros municipios de la provincia Gran Chaco, recibe donaciones de las empresas petroleras, aparte de las compensaciones e indeminizaciones que por lo general son materializadas como prc Planes de Relaciones Comunitarias. Las donacio nes son realizadas a los municipios por las petroleras como método para man-tener buenas relaciones con la población y de esa manera desarrollar sus actividades en libertad y sin presiones; además por lo general son realizadas a través de acuerdos y convenios con los municipios, en muchos casos en total desconocimiento de los propios beneficiarios.241

– El municipio de Entre Ríos hace varios años es detentado por partidos tradicionales (mnr, mir, adn y otros), que



formaron parte de los gobiernos de los últimos veinte años y que promovieron las privatizaciones dirigidas a favore-cer a capitales extranjeros en detrimento de los sectores sociales e indígenas.

El Concejo [del municipio de Entre Ríos] está compuesto por mayo-ría, tres concejales del MIR, nosotros estamos como segunda fuerza de la provincia O’Connor, que es la APG del Itika Guasu, en mi persona como concejal y luego un concejal del MNR.242

Sin embargo, los guaraníes de la región del Itika Guasu durante los últimos años están ingresando al sistema político y participaron en las elecciones municipales de 2004 a través del tipo de representación de pueblos indígenas, con la de-nominación “Pueblos Indígenas apg-Itika Guasu”, lograron obtener el segundo lugar en el municipio de Entre Ríos y sacar una concejalía a pesar de algunos contratiempos:

Nosotros participamos dentro del municipio de Entre Ríos como pueblos indígenas, presentamos nuestros candidatos, hemos salido en el segundo lugar de toda la provincia O’Connor, en la capital hemos salido terceros. Tenemos un concejal, Itika Guasu saca un con-cejal y está el MIR y MNR, así que nosotros estamos de chicos malos dentro de esos partidos tradicionales. Pero ha sido un juego de la Corte Electoral Departamental o Nacional, donde nos han cambiado nuestra papeleta, nuestro símbolo, de Yacuiba nos han puesto y de Itika les ha dado a Yacuiba, no ha sido culpa de nuestro delegado ante la Corte, sino que ha sido un juego de ellos que no quieren que los guaraníes, los pueblos indígenas sobresalgan, por eso no hemos podido sacar los dos concejales, sólo faltaban cien votos; pero estamos contentos por una parte, si hemos vivido muchos años sin nada, por qué no con un concejal, entonces nuestra propuesta es no aliarnos con partidos tradicionales para no estar dentro la misma bolsa, como siempre se manejaba, entonces preferimos estar solitos

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y trabajar con las bases.243

De manera muy similar a lo que pasa con el municipio de Entre Ríos, la subprefectura de Entre Ríos, dependiente del go-bierno central, ha sido apropiada por los partidos tradicionales y por grupos de poder locales, que en su mayoría movidos por intereses de grupo toman posiciones, en muchos casos, contra-rias al sector campesino e indígena. No obstante, durante el año 2004 y principios de 2005 asumió la subprefec tura la profesora Nilda Terán, quien –como indican los guara níes– dio un giro a la política de esta entidad y trabajó junto a los campesinos e indígenas ejecutando algunas obras, sin embargo, el 23 de marzo de 2005 fue destituida de su cargo.

Hace años también siempre se venía politizando la Prefectura y siempre manejaban intereses de todo el pueblo, no de campesinos ni indígenas, en realidad siguen gobernando partidos tradicionales; pero hace un año más o menos han nombrado una Subprefecta que siempre ha trabajado con los campesinos, con los del pueblo guaraní y gracias a ello hemos podido dar un paso adelante en la subpre-fectura y ahora tenemos un proyecto con el tema de regalías [de los hidrocarburos] y sacar un fondo para el pueblo guaraní.244

En el tema específico del conflicto de los indígenas con la petrolera, el Presidente de la apg-ig, al referirse del municipio y Prefectura señala:

Dentro de las negociaciones con la empresa, siempre han querido intervenir alcaldes, prefecturas, pero ellos están luchando por in-tereses personales y mayormente salen en favor de las petroleras, que al momento de entrar les dan dinero, entonces como les pagan, para qué más quieren nos dicen a nosotros, siendo que ellos están dentro la jurisdicción deberían apoyarnos.245

Por lo general, el Estado y sus respectivas instituciones



son consideradas por los guaraníes como adversarios influ-yentes porque tanto las instituciones como la mayoría de los funcionarios no cumplen ni hacen cumplir el marco legal vigente, no dan transparencia a la información respecto a la actividad hidrocarburífera ni velan por los derechos de los pueblos indígenas.

Por ejemplo, como señala Castro, hay instituciones regio-nales que de alguna manera representan los intereses de las petroleras, es el caso específico del personero de la Unidad de Hidrocarburos de la Prefectura, cuyo trabajo se dirige a facilitar la presencia de las empresas que el resguardo de los intereses del Estado y de los pueblos indígenas. Así, en una reciente entrevista, llegó a afirmar que las comunidades indígenas, al reclamar sus legítimos derechos, “están chanta-jeando a las empresas petroleras y que éstas no son agencias de beneficencia”.246

4.3.5. Oportunidades verdaderas y falsas o aparentes de la actividad hidrocarburífera en el Puerto Margarita

En el informe de desarrollo humano de Tarija de 2003, cuando hacen referencia a la interacción entre petroleras y guaraníes –u otros grupos indígenas–, y a la presencia física de las em-presas petroleras en territorios indígenas, los investigadores señalan que este hecho social se mueve entre la “oportuni-dad y la amenaza”.247 Sin embargo, este análisis no va más allá en cuanto, primero, a valorar el impacto de cada una de estas situaciones y, segundo, a realizar un análisis particular de cada caso.

Cuando hablan de “las oportunidades” que trae la activi-

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dad petrolera a esa región, señalan que las empresas petroleras efectúan la contratación de mano de obra –aunque reconocien-do los niveles de exclusión y jerarquización–, la adquisición y/o consumo de productos y la posibilidad de acceder a recursos o la realización de obras. Sin embargo, a lo largo del trabajo hemos podido observar que muchos de los posibles benefi-cios u oportunidades a los que podían acceder los guaraníes por parte de la actividad petrolera se fueron diluyendo con el tiempo, convirtiéndose en falsas o aparentes, o en su defecto verdaderas.

Una oportunidad aparente y a la larga frustrante para los guaraníes en la región es el empleo a guaraníes para que trabajen y sean contratados por la empresa. Primeramente, resaltar que para acceder a los cargos intermedios –impensables, por cierto, para los guaraníes por el tipo de actividad– se requiere una formación profesional o técnica en el área. Por otra parte, para acceder a puestos con niveles más bajos, los guaraníes no son considerados como mano de obra calificada, sumados estos factores a otros problemas como el analfabetismo y la falta de documentación, los guaraníes representan el último peldaño en la pirámide laboral de la empresa. En ese sentido, C. Aguilar señala: “La empresa, en la evaluación que presenta, dice que va a dar trabajo a personas del lugar y no es así, no se tiene ni el 5% de la gente que trabaja”.248

En consecuencia, por lo general la empresa, “…lamenta-blemente no ocupa a gente del lugar, compañeros que viven ahí, traen gente de Argentina, Brasil, de Estados Unidos, está gente de otro lado”249 o en otros casos, para trabajos de mano de obra “venía gente de Camiri y de Santa Cruz directo a trabajar [mientras que los guaraníes], estaban tres o dos meses esperan-do que le den trabajo y nunca los recibían, que mañana, que pasado; eso ha sido bastante preocupante y los compañeros han tenido que volver a sus comunidades nuevamente tanto



esperar”.250

Los trabajos ocupados por los guaraníes son temporales (no como trabajadores de planta), poco formales y por lo general son empresas pequeñas subcontratistas las que les contratan: “A veces contratan para triasul, una empresa pequeña que opera en el puente, trabajan con áridos, amontonando piedras y todo eso”.251

Uno de los trabajos transitorios, entre el cavado de zanjas, apertura de brechas y otros, es el de reforestación. Llevado adelante por un tiempo determinado, por un lado, produciendo plantines en los viveros de “las comunidades de Zapateram-bia y Kumandaroti”252 y, por otro, “plantando y reforestando las líneas”.253

Y en su mayoría son trabajos para mano de obra:

En Puerto Margarita han dado trabajo más de mano de obra para picada, desmonte, mano de obra para apertura de sendas, poner plantines en las brechas.254

Las personas que trabajan ya solamente van como obreros a ayudarles a algunos técnicos, algunos albañiles, como ayudante nomás.255

Como es señalado anteriormente, la restricción laboral es acrecentada por la falta de documentación e identificación de muchos guaraníes, además por el analfabetismo: “Las per-sonas a veces no pueden trabajar porque algunas no tienen documentos”256 y “del lugar las personas digamos no son buenas porque no saben leer, por ese motivo no tienen trabajo o es muy bajo su trabajo”.257

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El consumo o adquisición de productos del o en el lugar, igual que en la contratación de guaraníes para que trabajen en la empresa, llega a ser una oportunidad aparente porque son muy exiguas las veces que trabajadores de la empresa consu-men productos ofertados o producidos por los guaraníes. Al respecto, señalan:

Ellos no [adquieren productos de las tiendas comunales] porque tienen todo en sus campamentos, además toman y comen lo mejor, toman sus gaseosas bien frías, su agua bien fría y difícilmente los compañeros van a comprar su heladera.258

Casi no compran productos, la carne la venden los ganaderos, los compañeros [guaraníes] venden en cuanto, a chanchitos, chivas, pescado también a veces.259

Respecto a la posibilidad de acceder a recursos u obras, ésta llega a ser una oportunidad verdadera como lo hemos visto en la compensación ambiental y social; sin embargo, no sabemos hasta qué punto se la pueda reconocer como “oportunidad”, tomando en cuenta que los recursos canalizados, en su defecto, están destinados a reemplazar algunas actividades producti-vas truncadas por la actividad petrolera porque por lo general por la manera, como han sido concebidas– no garantizan para el pueblo guaraní una actividad productiva sostenible en el tiempo que garantice su sobrevivencia, sin mencionar además que acceder a estos recursos implica realizar varias medidas de presión, negociaciones y gestiones del pueblo guaraní, etc.

Siguiendo con la línea de análisis, es fidedigno que muchos de estos recursos conseguidos van destinados a la construcción



de obras como escuelas, postas de salud, etc., y llegan a “su-plantar las obligaciones que ‘nunca ha cumplido’ el gobierno municipal y nacional”.260 Infraestructuras con grandes carencias y deficiencias261 que limitan su uso y funcionamiento. Como ejemplos: postas de salud sin medicamentos, con tanques de oxígeno sin oxígeno, etc., escuelas sin instalaciones de sanita-rios y agua, etc.

4.3.6. Impactos y problemas socioambientales y en el uso de los recursos naturales

El desarrollo de las diferentes actividades por Repsol ypf en la zona de Puerto Margarita ha y está significando el afloramiento de diferentes impactos y problemas sociales, ambientales, cul-turales, productivos. Estos van desde la deforestación, erosión, cambios climáticos, desertización de algunos suelos, destruc-ción y desvío de fuentes de agua de las comunidades, hasta divorcios, abandono de mujeres embarazadas, contaminación de agua, conflictos internos entre los guaraníes por posiciones contrarias o a causa de recibir beneficios o no, reducción de la caza y recolección, engaños a dirigentes, niños sin padres, etc., problemas que por sus características inciden y afectan en otros.

Para el desarrollo de este punto, hemos recogido unas ex-periencias y percepciones de los guaraníes en cuanto a algunos impactos y/o problemas.

Las diferentes operaciones realizadas hasta el momento por la empresa Maxus en la zona Puerto Margarita han impac-tado en la actividad económico-productiva y en el uso de los recursos naturales de los guaraníes de esa zona.

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El arrojo de basura y el vertido de residuos tóxicos al río Pil-comayo están profundizando la contaminación de este afluente, ya producida por la actividad minera, y como consecuencia de ello, los recursos piscícolas han disminuido notablemente en esa zona afectado la principal actividad productiva de varias comunidades y a la vez poniendo en peligro la seguridad ali-mentaria de los guaraníes.

En varias comunidades de la zona tres donde hay actividad petrolera ya no hay pescado, tienen que comprar de la zona uno a veces.

Aquí para consumo nomás es la pesca, a veces uno tira una carrerita para traer para consumo nomás, pero para la venta no, ya no hay mucho.262

La actividad de recolección también está siendo impactada por la reforestación, la apertura de brechas y caminos:

Eso sí [seguimos practicando], la recolección; pero ya no es mucho por la empresa también.263

La actividad petrolera en la región ha impactado sobre el hábitat de diversas especies animales que tradicionalmente han servido de sustento para las comunidades guaraníes. Actual-mente, siguen practicando la caza, pero no como antes:

Antes era más, había más animales silvestres, ahora con lo que hace la empresa ya no existen, con esa bulla de los helicópteros y ma-quinaria los animales se escapan.264 Antes era más silencio, no había movimiento de nada, se podía cazar, incluso algunos animalitos cruzaban el camino, ahora se van lejos.265

De la caza es lo que tenemos más preocupación, como nuestra cultura del pueblo guaraní hemos mantenido y vivimos de ani-males silvestres como ser chancho, conzuela, de todo; pero lo que la empresa acaba de hacer, entran haciendo caminos, brechas, los



animales se van lejos, por ruido, todo eso más que todo cuando están haciendo perforación de pozos, empiezan a irse lejos, por helicópteros, las movilidades, y los animales que habitan por aquí, antes había cantidad; pero ahora no se ve ni huella y no se puede cazar ya, de eso es de lo que el pueblo guaraní vive.266

… Ya no, antes había harto, pero ahora ya no con esta empresa, los bichos se han ido lejos.267

La actividad ganadera desarrollada por los guaraníes también está siendo afectada por los trabajos de la empresa petrolera:

Hay algunas enfermedades del ganado, se supone que es por la intoxicación de alguna hierba o quizás agua, no se ha determinado eso todavía.268

Tenemos una cooperativa ganadera, somos socios y beneficia a cua-tro comunidades, por ejemplo, en la zona de Itaguasuti han fregado totalmente el camino donde nosotros transitábamos al campo para donde vamos a traer ganado y no hemos podido traer el ganado porque está desecho el camino, hemos tenido que esperar pero hasta el momento está destruido el camino por donde entramos, hemos tenido que hacer otro corral para cerrar ahí nomás hasta que hagan el camino se imagina y hasta el momento no se ve nada.269

En cuanto a la agricultura, si bien por la ubicación geográ-fica, suelos y clima, la zona baja de Puerto Margarita no es un lugar tan apto para realizar la actividad agrícola, los guaraníes hasta hace unos años practicaban la agricultura migratoria y bajo riego, a veces con mucho éxito y a veces muy escasa; sin embargo, hace unos años esta actividad fue suspendida total-mente por la modificación del clima debido a la quema de gas

407

que realiza la empresa petrolera:

Cuando llegan [la empresa] y han comenzado a hacer la quema del gas, ya no ha llovido, ya no llueve pues y ahí nos ha atacado, sem-brábamos y nos salía negativo, puro seco y no llovía hasta ahora que han dejado un poco la quema del gas y este año ya está lloviendo un poco, pero la gente no creía que iba a llover y no han sembrado nada y mira al año dicen que la gente va sembrar de nuevo.270

En siete años no se puede producir nada en Puerto Margarita.271

… Antes llovía cuando no había la empresa, llovía lindo y había producción de todo, cuando llegan y han comenzado a hacer la quema de gas ya no llueve y pues ahí nos ha atacado, sembrábamos y nos salía negativo.272

En tanto, estos son algunos problemas y/o impactos sociocul-turales:

La división de las comunidades y conflictos internos entre co-munarios

Somos la comunidad que está más cerca de un pozo [Kumandaroti], pero la que menos ayuda recibe. Aquí sólo tenemos un vivero para hacer reforestación. Lo que pasa es que no hay buenos dirigentes, a las reuniones con los gerentes sólo van los capitanes y la verdad es que cada uno mira por sus interés.273

El abandono de mujeres embarazadas y niños sin padres

En cuanto a impactos sociales, los trabajadores de la empresa y las mujeres guaraníes llegan a tener niños y los abandonan, es decir, son hijos sin padre.274



Mucho ha pasado aquí que [trabajadores] meten palabras para que le crean [las mujeres], ya está con el tipo y al último termina el pro-yecto, termina el trabajo y la dejan embarazada y se va, no vuelve más, cuantos changuitos [hay] que su papá son trabajadores de otro lado y se quedan con su mamá.275

Desequilibrio demográfico y abuso de mujeres

En principio había épocas en las que más de mil hombres trabajaban en una zona donde viven quinientas personas, entonces se da el tema social, en cuanto al abuso de mujeres.276

Las separaciones conyugales o/y divorcios de parejas guara-níes, desintegración de la familia:

Hay divorcios porque se ha visto que otras personas le hacen la vida imposible a las parejas.277

… Ponen tiendas y los trabajadores de esa empresa van a consumir bebidas y usted sabe que de ahí salen problemas causando a las mujeres, es decir, causan divorcios.278

Prostitución en la zona de Puerto Margarita

Hay otra cosa [prostitución] que nunca en nuestra vida hemos visto, ni en Entre Ríos existe [que es una población urbana], pero allá en Puerto Margarita existe, hay chicas donde está ahorita la oficina de la empresa petrolera, entonces hasta dónde puede haber impacto social.279

Consumo de bebidas alcohólicas

Los jóvenes a veces, hay peguita, hay trabajo, salen en descanso,

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ya van a tomar algunos, no saben administrar su platita, lo tiran todo en chupas nomás, ya no se acuerdan de su casa, que tienen su familia, nada.280

Para finalizar: ¿Qué quieren de aquí en adelante los guara-níes y un futuro que se visualiza?

No es muy difícil visualizar el surgimiento de nuevos con-flictos entre la empresa petrolera y los pueblos indígenas. Con todo, en el corto plazo las demandas, negociaciones y acciones a tomar dependen:

– Del incumplimiento por parte de Maxus de los acuer-dos firmados hasta el momento con los guaraníes.

– De llevar adelante o no un Plan de Desarrollo Gua-raní (pdg) a largo plazo, sostenible, que garantice la reproducción social y cultural del pueblo guaraní, su subsistencia.

– Del pago de servidumbre de nuevos usos de territo-rio guaraní realizado por parte de la empresa para depositar nuevos gasoductos, perforación de nuevos pozos, etc. Cabe resaltar que Maxus, tras los años de lucha del pueblo guaraní, ha pagado el derecho de servidumbre por la posesión y expropiación realizada hasta este momento.

– Del cumplimiento de los títulos vii y viii de la nueva Ley de Hidrocarburos N° 3058, aprobados el 17 de mayo de 2005 y referidos a los derechos de los pueblos indígenas, y la posibilidad de control, fiscalización y monitoreo de sus operaciones.



En síntesis, por un lado, mientras la empresa respete los derechos indígenas, sus formas de organización, la normativa legal vigente, cumpla con la compensación por los impactos ambientales y sociales para llevar adelante el Plan de Desarrollo Guaraní (pdg) sostenible y el pago de servidumbre de nuevos usos de territorio guaraní, no se avizora la realización de ac-ciones colectivas concretas en torno a esos temas particulares. Y por el otro, mientras el Estado y sus instituciones, gobiernos locales y municipales, fiscalicen y controlen el accionar de la petrolera en pro de garantizar la Ley, los derechos humanos y preservación de la biodiversidad y ecosistema.

También los guaraníes afirman que seguirán movilizándo-se para apoyar otras demandas nacionales, como conseguir la recuperación de los hidrocarburos, la refundación de Yacimien-tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (ypfb) y la industrialización del gas. Prueba de ello son las diferentes medidas de presión realizadas por ellos en mayo de 2004 –tras la “guerra del gas” en octubre de 2003– bloqueando la entrada de los campos petrolíferos en el Chaco boliviano, y la huelga de hambre y bloqueos realizados en mayo y junio de 2005, apoyando la nacionalización de los hidrocarburos.

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Renán Sánchez, director del Equipo de Apoyo al Pueblo Gua-raní eapg, 24 de marzo y 5 de abril de 2005.

Fabián Cayo, Capitán Grande de la zona tres, 25 de marzo de 2005.

Benigno Vaca, monitor ambiental, 24 de marzo de 2005.José Luis Arenas, monitor ambiental, 24 de marzo de 2005.César Aguilar, coordinador de los monitores ambientales, 25

de marzo de 2005.Noe Quisbert, integrante del equipo de agrónomos del EAPG,

23 de marzo de 2005.Nilda Ávila, responsable ambiental de la zona tres, 24 de marzo

de 2005.Teófilo Murillo, concejal guaraní del municipio de Entre Ríos,

24 de marzo de 2005.Teodoro Suruguay, alcalde del municipio de Entre Ríos, 23 de

marzo de 2005. Entrevista al Segundo Capitán de la comunidad Kumandaroti,

24 de marzo de 2005.Julio Haarman, geólogo, trabaja junto al EAPG, 5 de abril de

2005.

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La Razón La PrensaOpiniónEl DiarioLa Patria

Artículos de prensa

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Planta de almacenamiento BOLINTER.

Puente construido por MAXUS, sobre el río Pilcomayo, lugar donde los guaraníes bloquearon el acceso al Campo Margarita.

417

Casa Guaraní en la Comunidad de Kumandaroti

Perforación del X4. Maquinaria Instalada y fosas que albergan agua con químicos altamente contaminantes para la perforación.



Desmonte de vegetación para la instalación y perforación del Pozo X4.

Músicos guaraníes tocando en la comunidad de Ñaurenda en el aniversario del Itika Guasu (23 de Marzo).

419

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“no somos juguete de nadie…”

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