número 11 - pri

Guadalupe RiveRa MaRín n RoGelio HeRnández n Yolanda RodRíGuez n Juan oRopeza GaRnica n Manuel aleJandRo GueRReRo n KaRel e. ocHoa ReYes n Fausto alzati aRaiza n JoRGe navaRRo

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revista de pensamiento político número 11, octubre-diciembre 2010

Revolucion continua

comité nacional editorialy de divulgación

comité ejecutivo nacional

Edición octubre–noviembre–diciembre 2010Órgano teórico trimestral del Partido Revolucionario Institucional

órgano teórico trimestral del Partido revolucionario institucional

Beatriz Paredes RangelPresidenta del Comité Ejecutivo Nacional

Jesús Murillo KaramSecretario General del Comité Ejecutivo Nacional

Miguel González AvelarCoordinador del Comité Nacional

Editorial y de Divulgación

Mario E. Velasco Torres de la Vega

[email protected]

Marcela Carvajal RosenzweigAsistente editorial

Elba DebernardiEditora de Arte

Delia CaudilloCorrección

Argelia Vazquez MontoyaAdministración y distribución

Oliver LeónIlustrador

CONFLUENCIA XXI, Año 2, 2010.Publicación trimestral editada por el Comité Nacional Editorial y de Divulgación del Partido Revolucionario Institucional (PRI),

Ave. Insurgentes Norte N° 59, Edificio 2, Subsótano, Col. Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, 06359, México, D.F. , Teléfonos: 57.29.96.69 / 57.29.96.00, Ext. 4636.

Certificado de reserva de derechos: 04-2010-060710481800-102Certificados de Título y Contenido: en trámite

ISSN: en trámite.

Derechos de reproducción reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin la previa autorización, por escrito, de la Dirección General.

Imprenta: Mac Impresos Comerciales S.A. de C.V., Lote 8, Manzana 3, Parque Industrial Exportec II, Toluca, México.El tiraje de este número de Confluencia XXI

es de 5,000 ejemplares. Octubre 2010.

Distribuido por EGESA. Bertha 45, Col. Nativitas, Delegación Benito Juárez, C.P. 03500, México, D.F. Tel. 55.79.12.21

Se publica en cumplimiento de lo ordenado por el Código Federal de Insti-tuciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en su artículo 38, inciso H.

Los artículos firmados son de la exclusiva responsabilidad de los autores y no repre-sentan necesariamente la opinión del PRI.

Índice06 GuADALuPE RiVERA MARín

La formación ideológica de Diego Rivera

20 ROGELiO HERnánDEz La élite política tradicional

30 BERTHA YOLAnDA RODRíGuEz RAMíREz Apuntes para el empoderamiento de las mujeres

42 JuAn ALfREDO OROPEzA GARniCAEl Ejército Constitucionalista, antecedente inmediato del actual Ejército mexicano

56 MAnuEL ALEJAnDRO GuERREROEn busca de una narrativa ante el (Bi)Centenario

68 KAREL E. OCHOA REYEsRevolución mexicana: Otra parte de la historia no divulgada

80 fAusTO ALzATi ARAizAEl dilema de México ante la crisis global

94 JORGE nAVARRO LuCiOLa política exterior de la Revolución mexicana

104 ROLAnDO DuRán ROCHABordar el futuro desde el presente

114 JOsÉ EnRiQuE VALLARTA RODRíGuEzBicentenario y Derecho Electoral

130 CLAuDiA Ruiz MAssiEu Reformas fundamentales

138 MAnuEL sánCHEz MEJíA Y JuAn PABLO sánCHEz fLOREs

El fenómeno rural

146 ARMAnDO GARCíA GóMEzRevolución y reforma agraria

158 JOsuÉ EsCOBEDO CAMiLLi Justicia social: El avatar del PRi[1]

PresentaciónAunque se piense que mirar excesivamente al pasado nos

puede anclar en lo contemporáneo, impidiendo zarpar al fu-turo, es necesario meditar sobre el gran acontecimiento que fue La Revolución Mexicana.

Una de las pistas que tenemos para rastrear su relevancia es el hecho de tanta gente sacrificada, para que nuestra nación tuviese más oportunidades de ser viable en la democracia y en la justicia social.

Otras, analizar las diversas fases y acontecimientos donde la revolución evolucionaba: El triunfo del Sufragio Efectivo, la Constitución de 1917, la creación del Partido Nacional Re-volucionario, ll reparto agrario y la Expropiación Petrolera.

Y muchas más, en términos de un balance. De claros oscu-ros y diferentes matices. Ahí, la posteridad se ha manifestado en diversos sentidos. Juicios favorables y también, otros más críticos y negativos. Todos con razones atendibles.

Cien años después, en un escenario nacional particular-mente violento, se desarrolla un festejo gubernamental mas ocupado en festejar las efemérides y lo vernáculo que en la

reflexión sobre este presente y la enseñanza para lo que si-gue y lo que vendrá. Se escuchan los tambores de guerra electorales para mantener el poder aunque no se sepa qué hacer con él.

El combate a la exclusión social, la tolerancia para la otre-dad, recuperar la extraviada seguridad y buscar el interés na-cional de México y reivindicar al Estado sin demérito de las garantías constitucionales y los derechos humanos son la misión de nuestro tiempo.

Para el partido que nació de la Revolución Mexicana, lograr que los fines últimos de la democracia y la justicia social se materialicen en la aldea global y en una sociedad abierta, es una responsabilidad histórica que visto está, le corresponde.

Traer al presente lo mejor del pasado sin la pesada carga de lo negativo. Un futuro compartido donde quepan todos.

Comité Nacional Editorial y de Divulgación.

06 : confluencia XXi

confluencia XXi : 07

Así, resulta adecuado narrar cuándo y cómo el pintor-político fue adquiriendo, desde el inicio de su niñez hasta su primera juventud, sus firmes convicciones políticas. Rivera se registró como miem-bro del Partido Comunista Mexicano en 1922, después de regre-sar a México procedente de Europa, habiendo recibido el carnet número 992, ello le trajo a lo largo de su vida “serios” problemas, pero a la vez, antes de morir, tuvo la satisfacción de haber entrega-do al pueblo de México sus posibilidades creativas y económicas.

Notas sobre la teoría política formativa de Diego RiveraEl pensamiento filosófico de la Ilustración vería en su doctrina la necesidad de encontrar la igualdad entre los hombres y el mejora-miento de las clases sufridas por medio del cambio de la ley por un sistema a la igualdad más justa y humana, basado en el Con-trato Social. El pensamiento de Juan Jacobo Rousseau sirvió de principio a los revolucionarios, como François Babeuf y Pierre-Jo-seph Proudhon, quienes crearon doctrinas acerca de los diferentes

La formación ideológica deDiego Rivera

Guadalupe Rivera Marín

El contenido del texto aquí presentado tiene como propósito dar a conocer al lector el camino seguido por el maestro pintor Diego Rivera para lograr su formación ideológica.


niveles de distribución y uso de la riqueza. Babeuf se distinguió por ser un comunista absoluto y por considerar los medios para organizar y aplicar los ideales de la Revolución francesa, princi-pios posteriormente reconocidos por los bolcheviques en Rusia, quienes se veían a sí mismos como los directos continuadores de la Revolución francesa. En tanto, Proudhon afirmaba: “El proleta-riado realizará un nuevo orden, por encima de la ley establecida, y procederá a una liquidación de la burguesía.”

Como consecuencia de la expansión de las ideas libertarias expuestas en la Revolución francesa, reunidas magistralmente en el lema: “Libertad, Igualdad y Fraternidad”, en el tercer tercio del siglo XVIII surgieron en el continente americano los primeros indicios de lo que más tarde serían las diversas luchas por la Inde-pendencia, tanto de Estados Unidos de América, como de las di-ferentes posesiones territoriales de España y Portugal. Años des-pués, en l808, los criollos mexicanos ilustrados consideraron que con motivo de la ocupación napoleónica de la Madre Patria había caído la monarquía gobernante en la Nueva España y como conse-cuencia se había roto el pacto establecido entre gobierno y pueblo, exigido por las doctrinas jusnaturalistas de Victoria y Suárez, de añeja tradición hispana, lo cual otorgaba a la Colonia facultades para adoptar su independencia, estableciendo un gobierno libre e igualitario. Dos años después, en 1810, Miguel Hidalgo, hombre de amplia cultura política, daría pasos definitivos para liberar al pueblo humilde de la esclavitud en la cual se encontraba sometido por el gobierno colonial hispano, declarando la Independencia de México de sus gobernantes y captores.

Orígenes de las doctrinas demandantes de los cambios sociales Fue en las Sociedades Secretas de París, en los años de 1834 y 1839, donde surgieron las ideas concretas sobre la necesidad de modifi-car a fondo la estructura de la sociedad. Estas sociedades buscaban acabar con las diferencias estructurales y sobre todo con la fuerza de la Monarquía y de la Iglesia católica, instituciones considera-das como las causantes de la gran pobreza del pueblo francés.

El comunismo naciente en Europa, en 1840, fue creado en Pa-rís dentro de dichas sociedades, sirvió para reemplazar el primer intento de distribuir los bienes y aplicar las Leyes Agrarias de Co-munidad. Los principales actores en el surgimiento del socialismo francés fueron Augusto Blanqui y Felipe Buonarroti, quienes por medio de las Sociedades Secretas dirigieron las múltiples luchas del pueblo por derrocar a la Monarquía Borbónica sobreviviente durante los reinados de Carlos X y Luis Felipe I.

Se considera que el pensamiento social de estos grupos in-fluyó en Carlos Marx, iniciador, junto con Federico Hegel, de la teoría política llamada Materialismo Histórico. Al crearse la Doc-



trina Marxista, el comunismo significó la acción revolucionaria encaminada a la desaparición violenta de la sociedad capitalista; socialismo fue el término usado para describir acciones constitu-cionales a efecto de acelerar la reforma del sistema económico en dirección de ejercer el control nacional de los medios de produc-ción. En tal forma, marxismo es la teoría política y económica mediante la cual se analiza el surgimiento y desarrollo de las fuer-zas productivas de la sociedad capitalista, sus intereses de tenden-cias imperialistas y antagónicas a la lucha de clases y las formas requeridas para su desaparición.

Desde el punto de vista económico el primer concepto ideoló-gico planteado por el comunismo fue y sigue siendo la necesidad de utilizar los medios de producción de manera comunitaria, así como de la distribución de la riqueza producida por los mismos en igualdad de condiciones entre todos los medios de la comunidad. En tanto el socialismo, de acuerdo a Paul Janet, es toda doctrina conforme a la cual compete al Estado corregir la desigualdad de riqueza existente entre los hombres y restablecer legalmente el equilibrio, tomando una parte de los que poseen demasiado, para dársela a los que no poseen bastante, y esto de manera permanen-te, y no en un caso particular.

Entre 1872 y 1907 los dos términos se aplicaban como sinóni-mos; es más, la palabra comunismo desapareció del léxico político para reaparecer en 1917, con el triunfo de los bolcheviques en Ru-sia, quienes establecieron la distinción tajante entre comunistas-bolcheviques y socialistas-mencheviques. Durante el predominio leninista bolchevique vendrían a constituir los núcleos sociales los llamados soviets.

A partir de su creación el significado de estas doctrinas po-líticas llamadas socialismo, comunismo y colectivismo, dio mo-tivo a confusiones sobre la forma de llamar a los miembros de los partidos respectivos. A Diego Rivera se le consideró siempre comunista. La muerte lo sorprendió siendo director del Instituto de Amistad México-URSS. Sin embargo, en diversas ocasiones fue expulsado del Partido Comunista Mexicano; por ejemplo, en 1928, durante su estadía en Moscú, el camarada Stalin ordenó su regreso a México, debido a sus evidentes relaciones con los grupos trotskistas existentes en esa época en el país soviético. Los ante-cedentes formativos de la ideología del pintor explican el porqué de su actuación política, aparentemente contradictoria, en tanto pertenecía al Partido Comunista sin aceptar ni cumplir de lleno con las bases ideológicas del mismo.

la formación ideológica de Diego Rivera

Fue en las Sociedades Secretas de París, donde surgieron las ideas concretas sobre la necesidad de modificar a fondo la estructura de la sociedad.


Breve reseña histórica del México del siglo XIXLa imposibilidad de conciliar los intereses coloniales con los de la metrópoli condujo en 1810 a la guerra de Independencia. En 1821, la lucha del pueblo, guiada por Vicente Guerrero y Agustín de Iturbi-de, obtuvo la Independencia nacional y en 1824 la promulgación de la Primera Constitución de la nación mexicana, donde se estable-ció el Gobierno Republicano y Federal. En su texto no se encuen-tran disposiciones concernientes a los derechos sociales, México estaba dividido entre quienes deseaban ser libres para establecer su propia monarquía y aquellos quienes buscaban igualdad entre los mexicanos por tantos siglos sometidos y vejados. Sin embargo, la paz republicana estuvo muy lejos de lograrse, liberales innova-dores y reformistas de la sociedad y conservadores anhelantes de preservar fueros y privilegios lucharon por años por defender sus diferencias y mantener en sus manos el gobierno de la nación. En 1857, la Constitución liberal estableció en su texto por primera vez un capítulo sobre Derechos Sociales y Humanos. Los hombres que participaron en la elaboración del Plan de Ayutla, cuyo resultado fue su promulgación, pertenecían a una nueva generación que bus-caba cortar de tajo con cualquier indicio del viejo régimen colonial, anhelante de implantar instituciones modernas representadas en un sistema republicano y democrático, en donde la libertad y el derecho a la propiedad, al trabajo y a la empresa fueran las vías conductoras al progreso, ellos fueron Francisco Villarreal, Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, Trinidad Gómez y Diego Álvarez. Se mencionan en el órgano constitucional los Derechos del Hom-bre y la soberanía nacional. Los legisladores constituyentes como Isidoro Olvera, José María Castillo Velasco y Ponciano Arriaga llegaron al extremo de demandar la desaparición de la propiedad eclesiástica y solicitar la creación de pequeñas sociedades, median-te las cuales se trabajarían las enormes extensiones de tierras ocio-sas propiedad de la Iglesia católica.

Ignacio Comonfort se rebeló contra los liberales, tomó el po-der y derogó la Constitución de 1857, dando con ello inicio a la Guerra de Reforma o de Tres Años. Benito Juárez, en su carácter de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había asumido el poder y ejerciendo su gobierno se trasladó por todo el territorio nacional. En 1860, al frente del Ejército Liberal se encon-traba, entre otros generales, Jesús González Ortega, quien derrotó a los conservadores; Juárez retornó al poder, convocó a elecciones y resultó designado para continuar al frente del mandato presi-dencial, enfrentando conflictos internacionales con Inglaterra, Francia y España. Ante la intervención francesa de Napoleón III y la imposición por parte de los conservadores de la monarquía de Maximiliano de Habsburgo, defiende la República por medio de los ejércitos liberales, cuyo triunfo condujo a la destrucción del Ejército francés en la aguerrida Batalla de Querétaro, en 1868, y



al fusilamiento del príncipe Maximiliano de Habsburgo, con la consiguiente derrota del Partido Conservador.

El militar Anastasio de la RiveraEn los años 1820-1823 se creó en España un movimiento contra-rio a las influencias de las doctrinas de la Ilustración y las ema-nadas de la Revolución francesa, con el propósito de rechazar la política reformista de Fernando VII, partidaria de las reformas liberales burguesas, el movimiento encabezado por los conserva-dores Fernando de Zevallos, Lorenzo Hervás y Francisco Alvara-do, pretendía volver al antiguo régimen sustentado por la Iglesia y la aristocracia monárquica, posición política que sería llamada carlista. Fernando VII designó como heredera a su hija Isabel II de España, lo cual ocasionó la rebeldía de su hermano menor, el infante Carlos María Isidro, reclamante al trono, en virtud de pe-dir la aplicación de la Ley Sálica, mediante la cual se negaban los derechos de sucesión por la vía femenina. La situación anterior originó varias guerras, entre ellas la Segunda Guerra Carlista, ocurrida entre los años 1846-1849, cuyo campo de batalla fueron, entre otras, las zonas rurales de Navarra.

Anastasio de la Rivera, militar y minero, habitante del Valle de Navarra, peleó en esta guerra, como consecuencia de la derrota se vio precisado a salir de España, dirigiéndose en primer término a la Isla de Santo Domingo y de ahí hacia México, a fin de, en 1851, establecerse en la región minera de Guanajuato, donde con-trajo matrimonio con Isabel de Acosta, procreando su primer hijo, quien llevaría el nombre de Diego de la Rivera Acosta y quien a su vez contrajo matrimonio con la joven y bella María Barrientos. Sus nietos serían Diego María Rivera Barrientos y María Rivera Barrientos. Anastasio de la Rivera falleció por causa de las heridas sufridas en la Batalla de Querétaro, en 1868, al pelear contra el Ejército francés, con el grado de coronel, como parte de las tropas del general Manuel Doblado.

María Rivera Barrientos, en su libro titulado Mi hermano Die-go, narra la forma como vivía la familia de Anastasio de la Rivera al momento de la intervención francesa:

“Mi padre había participado siendo casi un niño en la gue-rra contra la Intervención y el Imperio. Acompañaron él y mi abuelo, Anastasio de la Rivera, al presidente Juárez hasta el Paso del Norte, después de haber peleado en el sitio de Puebla y ha-ber caído prisioneros. Ambos volvieron a incorporarse al Ejército republicano y asistieron al sitio de Querétaro, y al fusilamiento de Maximiliano. Después de la trágica muerte del coronel Anas-tasio de la Rivera, mi padre regresó a Guanajuato. Fue entonces cuando comenzó a interesarse por las minas y su trabajo. Fracasó en el reacondicionamiento de la mina de la Asunción, propiedad familiar, y vendió sus títulos. Sin embargo, continuaba su pasión



por las minas; adquirió acciones de otras dos, pero tampoco tuvo fortuna, por lo que se inició en la carrera de ensayador de metales y posteriormente en la de profesor normalista. Entonces escribió una gramática para la enseñanza de la materia en las escuelas de Guanajuato, siendo merecedor de varias medallas de plata por su obra, hecho que enorgullecía a toda la familia Rivera.”

Los primeros años de vida del niño Diego María RiveraDesde sus primeros años de vida Diego María Rivera recibió la influencia de la cultura indígena otomí a la que pertenecía su nana Antonia. Vivió con ella en la población de Xichú, donde conoció las tradiciones religiosas de los indígenas. A lado de Antonia sintió una soledad llena de tristeza por la muerte de su gemelo Carlos María. A su regreso a lado de la familia en la ciudad de Guanajuato, combinaba su temprana pasión por el dibujo -dibujaba donde po-día-, con el interés por las maquinarias, adquirido en sus frecuentes visitas a la estación del ferrocarril llamado La Burra y a su amistad con los operarios, quienes de cariño le llamaban El Ingeniero.

El profesor Rivera, durante sus viajes de inspección, constató la miseria e ignorancia en que vivía el pueblo. En uno de dichos viajes llevó a su hijo Diego a visitar las minas de la Valenciana y posteriormente a la Hacienda, propiedad de Luciano Rodríguez, primo de su señora madre, doña María Barrientos, ahí Dieguito vivió intensamente la diferencia entre la forma de vida de los ha-cendados y los peones acasillados encargados de trabajar la tierra. Del viaje regresó profundamente conmovido por la miseria del pueblo, en tanto su padre confirmó su profunda posición política liberal y creo el periódico llamado El Demócrata, donde escribió artículos en favor de los oprimidos, mineros y campesinos. Como resultado captó la persecución del gobernador Manuel González, habiendo tenido que salir huyendo de la ciudad ante la amenaza de muerte sufrida.

Por su parte, el niño Diego, en una visita a la iglesia de San Diego, renegó acerca de la posibilidad “de que los santos escu-charan a los creyentes, dado que eran de madera”, causando más descontento en contra de la familia, la cual fue sometida a perse-cuciones mezquinas. Su madre, doña María, se llenó de pánico, vendió todo, salvo unas cuantas pertenencias personales, y partió con sus hijos a la ciudad de México.

Cuando el profesor Rivera regresó a Guanajuato, quedó sor-prendido de la ausencia de la familia y decidió seguirla a la ciudad de México, aun ante la pérdida de su fortuna. Cuando él se unió a ella en una vecindad de la ciudad de México, buscó trabajo como profesor de primaria y entre sus relaciones conoció al profesor Alberto Ruiz, director de una escuela de carácter liberal, en la cual inscribió a su hijo Diego. Entre el profesorado se distinguía la pre-



sencia del profesor Ernesto Ledoyen, emigrado francés, quien se vio forzado a salir de Francia por haber participado en las luchas revolucionarias emanadas de la época de la Comuna de París.

En una conversación del niño Diego con su profesor de la es-cuela primaria, Ernesto Ledoyen, el maestro le mostró varias fo-tografías que tenía decorando la pared de su estudio donde se daba muestra de la saña con que el Ejército del Gobierno de la Tercera República en 1871 lanzó en contra del pueblo parisino, constituido en este caso por la mayoría trabajadora organizada en la llamada Comuna de París. El maestro Ledoyen se expresó: “Mira Dieguito yo participé en ese movimiento llamado Comuna de París, hubo miles de muertos y miles más salimos de la ciudad buscando asilo en otros países, a mí me tocó la suerte de llegar a México y po-der continuar mi trabajo como profesor, donde te he conocido y te digo que allá murieron miles de trabajadores y profesores por buscar una igualdad social. Los ricos propietarios de la tierra eran dueños de todo, se decían aristócratas, y al pueblo nos llamaba proletarios, queríamos quitarle la fuerza a la Iglesia y que sus bie-nes se distribuyeran entre quienes pedían trabajo. Fui amigo de luchadores valientes como Raoul Rigault, Théophile Ferré, Be-noit Malon el pintor que era amigo de los intelectuales, quienes seguían al gran líder Augusto Blanqui.”

Las enseñanzas del profesor Ledoyen dejaron una huella pro-funda en la mentalidad de Diego María, por tal motivo doña Ma-ría Barrientos lo consideraba comunista dada la influencia de su profesor, y lo cambió de escuela inscribiéndolo en el Liceo Hispa-no-Mexicano de formación jesuita, significado por su educación aristocratizante. Diego terminó la primaria con medalla de oro en dibujo, y ya decidido a convertirse en pintor. Al regresar el pro-fesor Rivera, de otro de sus tantos viajes, comunica a su hijo que deberá asistir a la Escuela Preparatoria a fin de prepararse para in-gresar al Colegio Militar, carrera tradicional de la familia, lo cual Diego María promete con bastante reserva, pidiendo a su vez a su señor padre autorización para atender los cursos nocturnos de la Academia de San Carlos.

Diego María Rivera y su preparación artísticaEn camino de su casa a la escuela nocturna de Pintura el joven Diego María Rivera se encontró con el taller del maestro grabador José Guadalupe Posada. Mostró emocionado su gran interés por la obra del excepcional “grabador”, quien a su vez le permitió entablar amistad con sus obreros y embeberse de los grabados realizados por el grupo, principalmente por el contenido político contrario a la dictadura de Porfirio Díaz, y también a la enseñanza clásica de la Academia, tal y como don José Guadalupe se lo expresaba con toda claridad en las siguientes palabras: “En esa Academia -con-tinuó diciendo Posada como si hablara para sí mismo- nadie vale



nada… sólo el viejo Velasco, ese sí es pintor, ¡qué paisajes! Donde pone una pincelada crea la distancia… ¡ese sí sabe dibujar! También algo el viejo Rebull, clásico, pero bastante bueno, y bastante necio el viejo Félix Parra, terco pero qué firmeza de detalle y qué dibujo tan bien construido” calló el grabador. La lección revolucionaria de José Guadalupe Posada incrementó el pensamiento, ya de por sí, revolucionario del joven Diego María Rivera.

Transcurrieron tres años de la enseñanza preparatoria y lle-gado el tiempo el profesor Rivera inscribió a su hijo en el Colegio Militar, sin embargo, la estadía del joven en la institución fue cor-ta, su rebeldía logró convencer a don Diego de que la única salida profesional en su vida sería dedicarse de lleno al aprendizaje del dibujo y la pintura en la Academia de San Carlos.

En 1907, finalizados los estudios académicos, Diego María Ri-vera perdió, lamentablemente, la oportunidad de obtener la Beca Anual ofrecida por el presidente Díaz para continuar sus estudios en Europa. Sin embargo, por circunstancias especiales, en una vi-sita de trabajo a Jalapa por parte de su padre, el profesor Rivera, a quien acompañaba el señor gobernador don Teodoro Dehesa, le ofreció convertirlo en becario de su gobierno para continuar en Europa su preparación artística. Al regresar a la ciudad de Méxi-co, el joven Diego María se detuvo en Orizaba para visitar a su tío Carlos Barrientos, ahí vivió la más dura experiencia revoluciona-ria vivida hasta entonces, cuando ambos asistieron a las reuniones de los obreros huelguistas de la fábrica textil de Río Blanco y lo más grave aún, al participar en la defensa realizada por los obreros en las instalaciones de la propia fábrica, donde ocurriría la matan-za histórica del día 7 de enero de 1907, en la cual murieron, entre otros, José Neira Gómez y Lucrecia Toriz, valientes defensores de los derechos de los trabajadores y cuya amistad Diego María ya había logrado obtener.

La beca ofrecida por el gobernador Dehesa le permitió viajar al viejo continente en el mes de febrero siguiente. Llegó a Madrid, al taller del reconocido maestro Eduardo Chicarro, recomendado por su amigo y protector, el pintor jalisciense Gerardo Murillo. Durante sus años de preparación en España visitó Barcelona y estableció amistad con el anarquista Anselmo de Lorenzo y su grupo, y los anarcosindicalistas liderados por Francisco Ferrer, con quien hizo amistad. Sus pláticas con don Ernesto Ledoyen habían surtido efecto.

Terminada su preparación pictórica en materia del academis-mo español marchó a París, donde se encontraría con el grupo de pintores mexicanos ahí residentes: Enrique Freymann y otros ex alumnos de la Academia de San Carlos: Julio Ruelas, Ángel Zá-rraga y Roberto Montenegro. Con Freymann emprendió un viaje hacía Bélgica y de ahí partieron a Londres, donde Diego María Rivera entró en contacto con el fenómeno de la Revolución Indus-



trial más importante en Europa. Su permanencia en la capital del Imperio Británico lo puso en contacto con la literatura de Carlos Marx, y adquirió su primer ejemplar del Capital. Como resultado de su lectura, Diego María se interesó por escuchar a los oradores de Hyde Park, quienes discutían temas de política europea franca-mente anticapitalista, de esta forma se enteró del encarcelamien-to de su amigo Francisco Ferrer y sintiendo una gran frustración por no participar más activamente en las luchas sociales decidió regresar a París, para realizar su primera obra de protesta política. Pinta el que posteriormente será su famoso cuadro La Catedral de Notre Dame acompañando la plasticidad del frente de la Ca-tedral, símbolo del poder eclesiástico, casi cubierta con la nieve con la presencia de dos obreros encorvados sosteniendo en sus manos sendas palas utilizadas para levantar los miles de copos de nieve caídos del cielo. Pinta además otros obreros, quienes se encuentran descargando enormes barriles de vino ayudados por una grúa. El simbolismo de la obra era obvio: la nobleza sagrada o profana exigía en todas las circunstancias el abastecimiento del vino diario de manos de los proletarios, cuyo destino era servirlos incondicionalmente. Puede considerarse a esta pieza de arte como su primera obra demostrativa de la eminente ideología revolucio-naria del pintor, y reveladora de la lucha de clases.

1910 primer regreso a MéxicoEn septiembre de 1910, Diego María Rivera regresó a México a efecto de participar en la celebración de las fiestas del Centenario de la Independencia; llegó tarde para exhibir su obra en la exposi-ción organizada por los jóvenes pintores mexicanos en manifes-tación de protesta por la exposición de pintores españoles, traída al país por instrucciones del presidente Díaz. Ello le valió la posi-bilidad de tener una exposición individual en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la cual vendió la casi totalidad de su obra a los miembros de la aristocracia, encabezados por doña Carmen Romero Rubio de Díaz, quien por el hecho de haber sustituido a su señor esposo en esta inauguración, lo salvó de un atentado preparado por los amigos de Diego María Rivera y él mismo, en contra del adusto presidente Díaz.

Invitado por Francisco de la Torre, Diego María acude a visi-tarlo en sus propiedades de la frondosa población de Amecameca, el pretexto era pintar montañas, el motivo real era la posibilidad planteada por De la Torre de conocer a Emiliano Zapata, ya le-vantado en armas, exigiendo la devolución de la tierra a las comu-nidades agrarias del estado de Morelos. El objetivo se cumplió y el joven Rivera no sólo tuvo oportunidad de hablar con Emiliano Zapata, sino aun de tomar parte activa en una que otra revuelta revolucionaria, lo cual le valió la amenaza gubernamental, ori-llándolo a salir de manera clandestina del país.



Vuelta a EuropaAl mediar el año de 1911, Diego María regresó a París para encon-trarse con su novia Angelina Beloff, de nacionalidad rusa, que lo había introducido en los círculos de sus compatriotas revolucio-narios quienes pululaban por las calles y cafés de París, ciudad donde años después -1913- llegaría el joven revolucionario y escri-tor Ilya Ehremburg, con quien Rivera estableció una profunda y verdadera amistad, debida a ésta, él ya para entonces reconocido pintor mexicano, tuvo oportunidad de conocer y reunirse con Ni-colás Lenin, político de características internacionales que se in-teresó por conocer la situación política prevaleciente en México, a la sazón país en plena lucha revolucionaria.

En alguna de sus autobiografías Diego Rivera narra cómo en ocasión de una de las tantas reuniones ocurridas con los grupos de refugiados rusos, dirigidas por Lenin, el maestro revolucionario lo cuestionó sobre la situación política de la Revolución mexicana, al mismo tiempo que analizaba un altero de documentos relacio-nados con la misma.

- A ver joven Rivera -interrogó Lenin en perfecto francés- ¿qué opinas de la Revolución mexicana?

- Bien, Patrón, le daré mi opinión. Por lo que viví en Méxi-co, la Revolución mexicana se desarrolla entretenidamente den-tro del marco de la revolución agrario-democrático-burguesa, por cuya realización el pueblo de México lucha desde 1810, obteniendo flujos y reflujos de acción liberal-democrático-burguesa en el flujo y reacción conservadora-semifeudal y semiclerical, en el reflujo. Para mí la política gubernamental siempre represiva, afecta en mayor medida y en primer término a los humildes, artesanos, obreros o campesinos; sean mexicanos, catalanes o madrileños, y en última instancia a los intelectuales.

- ¡Vaya pensamientos tan tristes los tuyos, Diego Diegovich! ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿Cuál es tu opinión final? Exponlas en concreto. ¿Pero qué no también en toda Europa los trabajadores especializados y los propios intelectuales mueren en la lucha en contra de la avasalladora Revolución Industrial y del capitalismo que amenaza todas sus libertades?

En este punto Diego María Rivera se sintió en pleno dominio de sus añejas convicciones; ante la imperturbable atención de su interlocutor levantó la cara, lo miró fijamente y con voz grave continuó su exposición sobre la situación política mexicana:

- Así, en mi opinión, dice Rivera: “México, carente de una cla-se social, no es capaz de ejercer el poder como tal, pues no existe una burguesía industrial nacional en la ciudad o en el campo, y en consecuencia, como tampoco existe un proletariado suficien-temente fuerte, irá primero al bonapartismo, es decir, al gobierno del Ejército-policía, emanado del Ejército Popular de la Revolu-ción y centralizado por caudillos militares con hombres de paja ci-



viles eventualmente en el poder, aparato manejado por la burgue-sía imperialista extranjera. Después, tras un proceso, probable-mente largo, llegará a desarrollarse una burguesía nacional nueva que, por tener que luchar para su consolidación nacional contra la gran burguesía del imperialismo extranjero, tendrá que apoyarse, más o menos demagógicamente, en las masas de base campesinas y obreras tomando el carácter de burguesía progresista, ya que el retardo de México, dentro del proceso histórico mundial, hará posible que haga este papel.”

Cuando Diego concluyó su exposición, acerca de la Revolu-ción mexicana, Lenin le dijo enfático:

- En mi opinión, tal cuadro general no permitirá prever la posibilidad de poder pasar de la revolución agrario-democrática-burguesa a la revolución socialista, ya que para que esto se dé, indispensable un estado mayor, teórico-práctico, enraizado en un proletariado industrial en el desarrollo. En México todo está en estado embrionario.

- Maestro -continuó Rivera- tiene usted razón, México es hoy por hoy un país semicolonial y sin independencia económica, y en consecuencia, dependiente político de las potencias colonia-listas, antes de España, y ahora de Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Debido a estas circunstancias es, actualmente, un país atrasado en más de cien años respecto a Europa y Norteamérica. Pero si el desarrollo histórico-dialéctico hizo en Estados Unidos una burguesía victoriosa, en México y América Latina no lo ha logrado. En mi país al finalizar el siglo XIX sólo había una suba-ristocracia feudal criolla de segunda mano y algo que ni siquie-ra puede llamarse una pequeña burguesía, sino un conjunto de extranjeros nuevos ricos sin clase ni rango; los españoles, en el comercio y parte de la industria, y en las exportaciones textiles, los franceses, en los textiles, el comercio de telas y bonetería que prácticamente monopolizan, como siempre lo han hecho los es-pañoles con el de productos comestibles; los alemanes, con el de ferretería, drogas y demás productos químicos, y los ingleses, con la minería y parte del petróleo. Al finalizar el siglo XIX los yan-quis empezaron a disputar el petróleo y la minería, iniciando así el monopolio mundial.

- Mira, muchacho -respondió Lenin-, de todo lo escuchado ya tengo información. La mayor parte de tus juicios coinciden con ella. En realidad tus experiencias provienen de fuente directa. Son de primera mano, porque fuiste guerrillero; sin duda vienen a en-riquecer la enviada por nuestros agentes. No carecen tus razona-mientos de consistencia y muestran cierta fuerza dialéctica. Pero este material -y golpeó ligeramente con la mano derecha los do-cumentos de la Revolución mexicana- tiene cosas muy buenas… Eres seco, eres un producto típico del anarcosindicalismo fran-cés que trae su sequedad a la izquierda revolucionaria de nuestra



socialdemocracia. Sólo crees en el proletariado industrial, y esto en forma sectaria. Crees que fuera de la célula y los comités de fábrica, los sindicatos y sus grandes federaciones de industria y confederaciones generales de trabajadores no hay salud… Parece mentira que nacido en un país campesino, desconfíes de la fuerza revolucionaria de los hombres del campo… Sin embargo, ¡con ellos haremos la revolución! Ya verás, tú y todos los que son como tú, verán que esto es posible… Hay en ti una fuerza que no niego. Por eso mismo, probablemente, harías allá más daño que provecho… Te quedarás a estudiar aquí. Ya verás cómo nosotros realizamos lo que ahora les proponemos a ustedes. Seguramente no estamos muy lejos del tiempo de realización.”

De esta manera terminó uno de los momentos más importan-tes durante la vida de Diego María Rivera, en París, lección que perduraría en su actuar político a lo largo del resto de su vida.

Participación Años después, en 1919, Diego María Rivera, acompañado de Enri-que Freymann realizaron un viaje a Zurich, donde en la universi-dad acudieron a la Escuela Superior para Revolucionarios, ahí el análisis profundo del socialismo era la piedra angular del progra-ma de estudios, y escucharon el famoso encuentro teórico entre Rosa de Luxemburgo, Nicolás Lenin y Karl Kautsky.

Rosa de Luxemburgo sostuvo su tesis sobre la huelga de ma-sas necesaria para conducir al proletariado a la revolución, la cual debía ser instrumentada para llevar a cabo la rebeldía de un centro político a otro. La lucha política para ella era la fertilización perió-dica del suelo para preparar la lucha económica, basada en dos eta-pas previas: la huelga de masas y la lucha económica. Enseñanza que Diego María Rivera no olvidaría jamás, como lo demuestran todos sus textos políticos posteriores.

A su regreso a París, Diego María Rivera entusiasmado por lo aprendido en Zurich, escucha a su amigo Amadeo Modigliani:

- Mexicano, despierta, me he enterado de que Lenin ha entra-do en contacto desde Zurich con los grupos levantados en armas en Petrogrado. Miles de obreros han muerto bajo el fuego de los cosacos y el rebelde Gregory Karensky ha ofrecido un cambio en la situación política. ¿Qué te parece si vamos a Rusia a reunirnos con nuestros amigos?

- Acepto, Modi, hagamos lo necesario para ello.Como consecuencia, Diego María Rivera conversa con su es-

posa, la pintora rusa Angelina Beloff : - Angelina, Modi y yo buscaremos una visa para viajar a Ru-

sia. Si no he participado de lleno en la Revolución mexicana, lo que me ha dolido profundamente, ahora lo haré al lado de Lenin. No puedo permanecer al margen de lo que será otra gran revo-



lución social y resistir la soledad de Montparnasse en calidad de inválido e impotente. El barrio se ha convertido para mí en un gran cementerio, donde además de los muertos por la guerra, se ocultan las sombras de quienes se han ido.

Desafortunadamente, para ambos revolucionarios, su pro-yecto no pudo realizarse, lo cual terminó hundiendo al pintor en una depresión profunda, no salía de casa, permanecía enconchado dentro del caparazón que formó sobre sí con su miseria humana.

Su compañera Angelina trataba de alentarlo ante los fracasos ocurridos, tanto en sus posibilidades de realización política, como en el conflicto mental que tuvo, presentado ante la necesidad de cambiar su pintura teórica cubista, por la pintura dedicada a una realidad social tan dura como la que había tenido en México y estaba ocurriendo en ese momento en Europa.

Por fortuna para Diego María Rivera a principios de 1920, el ejercicio del gobierno revolucionario mexicano necesitó de su re-greso al país, el llamamiento para que regresara a trabajar en el marco del gobierno de la Revolución mexicana le permitió llevar a cabo el viaje a Italia, que le conduciría meses después a iniciar su arte mural de la Revolución mexicana.

En 1921, Diego María Rivera regresó a su tierra, en el navío donde viajaba un grupo de jóvenes comunistas asistentes en Mos-cú a la última reunión convocada por la Internacional Comunista, serían ellos quienes lo invitaran a que se inscribiera como miem-bro activo del Partido Comunista de México.


Guadalupe Rivera Marín es Licenciada en Derecho, con Maestría en Administración Pública por la UNAM. Tiene Doctorado en Derecho por Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesora de Posgrado en la Facultad de Derecho; fungió como embajadora de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en Roma; desarrolló el cargo de vocal ejecutiva del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana; ha sido senadora de la República en las legislaturas LII y LIII; asimismo, fue diputada federal de la XLV, XLVII y LI legislaturas del Congreso de la Unión; es autora de varios libros entre ellos: El Mercado del Trabajo (FCE 1955); La Propiedad Territorial en la Colonia (Siglo XXI 1983); Las Fiestas de Frida y Diego (New York 1994); Diego el Rojo (Ed. Patria 1997); El Círculo de los Dioses (Random House Mondadori 2009), entre otros más.


Rogelio Hernández Rodríguez◆◆◆

La éLite poLítica tradicionaL

A medida que las sociedades se desarrollan, los sectores y cla-ses sociales se amplían y se vuelven más complejos, lo que, por un lado, aumenta las diferencias y por ende las posibilidades de conflictos y, por otro, obliga a una mayor especialización en las instituciones y organismos regulatorios. Aunque no siempre es fácil entenderlo, en especial cuando las discrepancias ideológicas no son manejadas civilizadamente y provocan enfrentamientos que entorpecen los acuerdos institucionales; los profesionales de la política son indispensables para organizar a las sociedades, en-cauzar los desacuerdos políticos y las diferencias sociales y econó-micas, para crear las condiciones de estabilidad que conduzcan a

Toda sociedad moderna requiere de grupos especia-lizados que se hagan cargo de revisar y dirigir las diferentes actividades sociales.


los países hacia mejores condiciones de vida. Ninguna sociedad es capaz de sobrevivir si no cuenta con un sector especializado que la organice, diseñe cauces eficaces de expresión y, sobre todo, genere medidas que satisfagan las necesidades sociales. Pero si no se pue-de prescindir de los políticos, es imperativo que sean capaces.

Es fácil encontrar una relación positiva entre condiciones políticas y económicas de los países y la que, en términos ge-nerales, puede llamarse (de acuerdo con Pareto) calidad de las élites que las dirigen. Por calidad de las élites puede entenderse la experiencia de sus integrantes, que sólo se alcanza por la de-dicación constante a la actividad, de la cual se obtiene conoci-miento, más que teórico, práctico para poder resolver problemas y dar soluciones específicas que por más semejantes que puedan parecer, responden a circunstancias irrepetibles. Aunque desde los años ochenta del siglo pasado se ha insistido en que la racio-nalidad formal puede resolver todos los problemas en cualquier circunstancia, el político sabe bien que solamente la práctica constante proporciona los elementos para dar respuestas ade-cuadas a situaciones específicas. La dedicación, decía Weber, da como resultado profesionales que se ocupan de la política como su única actividad. Lo que llamó vocación se convertía en espe-cialización y, por supuesto, en experiencia.

Si bien no es nada difícil reconocer que hay una élite política en un país, toda vez que como lo dijeran los especialistas, unos pocos y con características comunes (quizá la particularidad distintiva de cualquier élite) ocupan los puestos de dirección, lo importante, más allá de identificarlos, es conocer su origen, las condiciones en que se formaron y las características que los distinguen. En el caso de México, por lo menos durante la ma-yor parte del siglo XX en que el país se desarrolló económica y socialmente, la élite tuvo dos condiciones fundamentales. La primera es que surgió después de un largo y traumático proceso revolucionario que consumió las primeras tres décadas del siglo pasado y segundo, que se formó al amparo del sistema político marcado por un pluralismo y competencia limitados, y un parti-do dominante, el PRI, que controló no sólo los puestos políticos fundamentales sino la administración pública, en especial, el go-bierno federal, desde donde se dirigió la política y el desarrollo económico del país.

La Revolución, entre las muchas consecuencias que tuvo, des-truyó la vieja clase política vinculada al porfirismo, pero no logró en los años siguientes a la lucha armada desarrollar una élite alter-nativa, ni menos aún dar paso rápidamente a la paz y estabilidad necesarias. Por el contrario, durante las primeras décadas del siglo pasado el poder y, en general, la política, nacional y estatal, fue-ron dominados por caudillos y caciques que o bien la Revolución revivió o, los más destacados, se crearon durante la lucha armada.

Rogelio Hernández Rodríguez


Sostenidos por ejércitos locales, por organizaciones sociales que ellos habían fundado y por grupos de apoyo personales, los cau-dillos controlaban los poderes en los estados y creaban alianzas entre ellos que les permitían alcanzar el poder central. Durante los primeros años, incluso ya formado el Partido Nacional Revo-lucionario, antecedente más remoto del PRI, a las secretarías de Estado, a la misma Presidencia y a los más importantes cargos de elección y decisión llegaron militares y caudillos cuyos méritos no estaban en el conocimiento especializado, sino en el poder real con el que contaban en sus estados o en sus organizaciones. Más allá del talento particular que pudieron haber tenido, lo importante es que esa no era la cualidad esencial de la que dependía su posición dominante ni menos aún las razones por las cuales alcanzaron el poder y establecieron criterios generales para gobernar el país. Los presidentes de la época resultaban de acuerdos entre líderes y caudillos, y sus gabinetes se formaban con representantes de los grupos involucrados. El conocimiento práctico sobre las materias propias de la secretaría en cuestión, era lo menos importante para encargarse de ella.

Tendrían que llegar los años cuarenta para que se sentaran las bases para formar una nueva y especializada élite política. En esos años llegaba a su fin un largo proceso de institucionaliza-ción, en el que fue despojándose de poder a los caudillos y forta-leciéndose a las instituciones centrales del sistema. El gobierno federal fue centralizando los recursos fiscales y presupuestales, la legislación general que regulaba las actividades económicas y, desde luego, a los grupos políticos. No sólo los caudillos más tra-dicionales y violentos desaparecieron, sino que el propio partido dominante evolucionó, de ser un organismo de líderes grupales y locales (el PNR), a un partido que reunía a las organizaciones de masas (el PRM). También y de manera destacada, al Ejército y sus mandos se les separó definitivamente de la política activa. Poco a poco la centralización del poder fue fortaleciendo al go-bierno y a las instituciones federales.

Las fechas no son simples coincidencias. El PRM, surgido en 1938 en pleno cardenismo, cuando el general michoacano había construido un enorme apoyo popular a su gobierno, dio paso al moderno PRI en 1946, para someter a las corporaciones a una di-rección interna única que dependía totalmente del presidente de la República. Que fuera en ese año tampoco era una casualidad por-que se trataba de la sucesión presidencial del último mandatario militar, el general Manuel Ávila Camacho. Un nuevo partido con una nueva estructura, para una nueva realidad social y política.

Con Miguel Alemán, como bien se sabe, comienza la era de los presidentes civiles, pero también la de una nueva élite políti-ca formada por una generación nacida con el siglo y consciente del proceso de institucionalización, educada en la Universidad y

la élite política tradicional


que desde entonces se dedicara plena y exclusivamente a la polí-tica y al servicio público. A diferencia de lo que ocurría con sus antecesores, esta nueva élite no llegará a la política y a los cargos de decisión por sus ejércitos o por sus grupos de apoyo, sino por su dedicación a la política y a la administración. A pesar de los cambios que el país había experimentado hasta entonces, el arri-bo de esta nueva generación no fue bien visto por todos y menos por una buena parte de los políticos tradicionales, que pronto calificó al gabinete alemanista de tecnocrático. Un calificativo que, significativamente, volverá a aparecer en los años ochenta, cuando otra generación de políticos llegue al poder.

A partir de entonces se va a profesionalizar la política, no sólo porque va a demandar una práctica constante, sino porque va a establecer pautas específicas de reclutamiento y movilidad que probarán la experiencia de los políticos y garantizarán su conocimiento práctico. Por razones históricas que no pueden ser desarrolladas en este breve ensayo, la política en México estuvo vinculada estrechamente a la administración pública, lo que dio como resultado que fuera el gobierno federal el principal centro de actividad política y que la élite de violentos que gobernó el país, se formara con un conocimiento práctico en ambas activi-dades. A diferencia de lo que ocurrió en otros países en los que la élite política tuvo una preparación propia y el servicio público desarrolló un cuerpo especializado de carrera, lo que en México se conoció como élite tradicional estuvo formada tanto en la po-lítica activa como en la administración pública federal.

En la medida que el PRI dominó la política nacional a pesar de que la oposición existió durante el siglo pasado, sus militan-tes y candidatos ocuparon la totalidad de puestos de elección, local, estatal y nacional. Este ámbito institucional lo mismo que los cargos directivos del partido, tuvieron características propias y pautas de movilidad que también formaron un tipo de políti-co profesional. No obstante, fue un medio que históricamente estuvo subordinado al Poder Ejecutivo, donde se concentraron las decisiones fundamentales. Por eso y porque los detalles par-ticulares del ámbito electoral requieren atención exclusiva, con-viene revisar sólo las características de la élite más importante y decisiva que fuera formada en la administración pública, y concretamente en el gobierno federal.

La apreciación no es caprichosa, pues una mirada atenta a las trayectorias de quienes integraron los gabinetes presidenciales (incluidos los mismos mandatarios) de 1946 a 2000, cuando el PRI fue derrotado, revela que el 58% de los 212 funcionarios tuvo única y exclusivamente puestos en la administración pública. El restante 42% tuvo experiencias electorales y partidarias, pero en su mayoría combinadas con las administrativas. Muy pocos funcionarios llegaron a las secretarías de Estado sin antes pasar



por la administración pública, lo que confirma que el gobierno federal fue determinante en la formación de la élite tradicional, debido a que desde ahí se dirigió la política y se pusieron en mar-cha programas de desarrollo y políticas públicas.1

La conseja popular (y uno que otro académico estadouni-dense) dice que los llamados políticos tradicionales, aquellos que realmente tuvieron experiencia práctica y que tuvieron vi-sión nacional de largo plazo, fueron aquellos que se formaron en los cargos de elección. Como única prueba de ello presentan

las trayectorias de los presidentes de la República, a partir de Miguel Alemán. Y en efecto, las carreras de los mandatarios parecen probarlo, pues de Miguel Alemán a Gustavo Díaz Or-daz (1946-1970) tuvieron cargos de elección y partidarios, y a partir de Luis Echeverría y hasta Ernesto Zedillo (1970-2000) los mandatarios tuvieron trayectorias administrativas, con la única excepción de Echeverría, quien tuvo un largo trayecto dentro del PRI. Sin embargo, ninguno de los primeros contó exclusivamen-te con cargos electorales y menos partidarios y, por el contrario, tuvieron largas carreras en la administración pública. Pero lo importante es que se trata sólo de nueve personajes de un amplio total de 212 funcionarios que ocuparon los gabinetes presidencia-les. No hay duda de que desempeñaron el más alto cargo político nacional, pero no por ello su perfil no puede considerarse el de la élite tradicional del siglo XX.

Al analizar las carreras en su conjunto queda claro que el gobierno federal concentró la preparación de la élite política y no los cargos electorales, que si bien cubren una amplia gama, están representados por los miembros del Congreso federal, diputados y senadores, y que durante todo el dominio del PRI fueron cargos subordinados a las decisiones presidenciales o, en un sentido más amplio, al Poder Ejecutivo. Si además se añade que no existe hasta ahora la posibilidad de reelegirse en el Poder Legislativo, no era ni es factible que en ese medio se desarrollara una élite con verdadera capacidad de decisión. Por último, con-


El gobierno federal fue determinante en la forma-ción de la élite tradicional, debido a que desde ahí

se dirigió la política y se pusieron en marcha pro-gramas de desarrollo y políticas públicas.

1. La información procede de Rogelio Hernández Rodríguez, Formación y trayectoria de los secretarios de Estado en México, 1946-1982, FLACSO, México, 1988, y Liderazgo y élite política en México: del autoritarismo a la alternancia; en Wilhelm Hofmeister (comp.), Liderazgo político en América Latina, Fundación Konrad Adenauer, Río de Janeiro, Brasil, 2002.


viene no perder de vista que hasta el año 2000 los presidentes de la República fueron antes secretarios de Estado y no represen-tantes en cargos de elección popular. Este importante dato revela que la experiencia política y el pragmatismo en las decisiones dependían del desempeño prolongado de tareas administrativas en el gobierno federal.

Tendrían que pasar muchos años y el sistema político ten-dría que experimentar profundos cambios, para que miembros del Congreso y los gobernadores compitieran con alguna posibi-lidad por la candidatura presidencial (lo que, dicho sea de paso, se aplica principalmente al PRI pero también al PAN y al PRD). En rigor, hasta los años ochenta del siglo pasado, cuando comen-zó el largo proceso de descentralización administrativa y presu-puestal, así como a extenderse el pluralismo, los secretarios de Estado concentraban el poder económico y político, mientras que legisladores y gobernadores veían restringidas su autonomía y sus facultades constitucionales. Una vez que el gobierno fede-ral limitó su radio de acción y permitió a otros ámbitos el acceso a la política, otros sectores de la élite tuvieron posibilidades de actuar e influir en la política nacional.

Como era de esperarse, si el ámbito administrativo fue tan importante y decisivo en la preparación de la élite política, se desarrolló en él un mecanismo de reclutamiento, ascenso y mo-vilidad que fue proporcionando y controlando la experiencia de los funcionarios. Se trataba de un sistema no escrito en ningún manual que, sin embargo, funcionaba eficazmente al garantizar que los funcionarios ascendieran después de probar que tenían el conocimiento práctico necesario para encargarse de tareas de mayor responsabilidad.

El sistema tuvo algunas características básicas que se ajusta-ban a dos principios de la administración pública. La primera es que toda ella contaba con una estructura jerárquica común, que con independencia de los nombres que tuviera, hacían equiva-lentes en responsabilidad a todos los cargos. La segunda es que las secretarías estaban organizadas en sectores específicos que relacionaban sus actividades y funciones. Ambas características permitían la movilidad de los funcionarios. Contra las ideas que algunos analistas propusieron, que afirmaban que los individuos acumulaban demasiados puestos en sus carreras, el político podía recorrer varios cargos pero no los desempeñaba en más de tres dependencias, todas relacionadas entre sí, lo que proporcionaba conocimiento especializado en una materia o área gubernamen-tal. En cada cargo el funcionario permanecía entre dos y tres años en promedio, tiempo suficiente para adquirir experiencia.

Este esquema se completaba con un mecanismo de ascenso controlado en el que el funcionario obtenía puestos superiores paulatinamente, de tal manera que no se alcanzaba una mayor



responsabilidad a menos que se hubiera estado en la inmediata inferior, así se aseguraba que el funcionario no sólo ascendiera en la escala jerárquica, sino que acumulara experiencia y conoci-miento. Por último, el promedio de años de carrera desde que se ingresaba al servicio público y hasta que se alcanzaba la titulari-dad de las secretarías era de poco más de 15 años. Como se puede observar con estos datos, la política era una profesión de tiempo completo en la que la movilidad se controlaba para garantizar que cada mando directivo asumiera responsabilidades con cono-cimiento y experiencia. De ahí que quienes llegaban a ser secre-tarios de Estado y potenciales competidores por la candidatura presidencial, hubieran pasado la mayor parte su vida profesional en el servicio público y la política.

Desde luego que no todos los políticos podían ingresar a un gabinete y así conseguir influencia y, más aún, ampliar sus po-sibilidades de éxito. Que el sistema político no permitiera una competencia abierta entre partidos, no significaba que no se desa-rrollara entre grupos del mismo partido dominante. En realidad, hubo una abierta búsqueda del poder que involucraba a líderes y por supuesto a miembros del gabinete bajo el arbitraje reconocido del presidente en turno. Los ganadores llevaban a las secretarías de Estado a sus compañeros de viaje, pero lo importante es que siempre eran funcionarios formados en ellas o en las áreas a las que pertenecían. Eso explica por qué las batallas por la sucesión no provocaban (al menos desde la disidencia de Miguel Henríquez Guzmán, en 1958, y hasta la de 1988, con Cuauhtémoc Cárdenas) conflictos graves entre la élite que pusieran en riesgo su dominio. Bien puede pensarse que el sistema reconocía las lealtades y la preparación de sus políticos y funcionarios.

Ese esquema fue muy eficaz para reproducir a la élite por una condición del todo ajena a su propio ámbito formativo, como fueron las condiciones de competencia electoral y de partidos. La reproducción fue posible en las mismas condiciones porque estuvo protegida por la larga permanencia del PRI en el poder, que permitía mantener sin cambios las pautas de reclutamiento y ascenso. Más aún, podía mantenerlas sin necesidad de for-malizarlas en algún procedimiento o manual escrito porque las repetía naturalmente cada sexenio. Sin alternancia partidaria, el PRI y la élite dominante podían mantener los perfiles anteriores sin cambios sustantivos. Esa seguridad en el futuro político tam-bién generó una visión de largo plazo entre los gobernantes que permitía trazar programas de verdadera envergadura nacional. En la medida que la élite no veía amenazada su permanencia por un cambio de partido, podía diseñar medidas y políticas que trascendían los periodos sexenales. Desde luego que cada man-datario introducía modificaciones a los programas, pero después de los años treinta y cuarenta, cuando se definieron las institu-



ciones básicas del sistema y con ese propósito se confrontaron y corrigieron proyectos nacionales, los siguientes presidentes y gobiernos no alteraron el sentido último de las políticas estable-cidas en el pasado inmediato. A eso responden los programas de desarrollo económico y social que caracterizaron los años cin-cuenta y sesenta del siglo pasado, cuando las administraciones federales crearon las principales políticas de promoción y aten-ción social. En términos generales, es lo que se considera una visión de Estado y no necesariamente de gobierno.

Como puede observarse, el esquema se mantenía gracias a un delicado y frágil equilibrio que dependía del contexto político na-cional. La sociedad mexicana se volvió más participativa y crítica, y como consecuencia las condiciones de competencia cambiaron hasta amenazar la hegemonía priísta. Pero ese no fue el único cambio. Uno de los más importantes fue interno, pues poco a poco fue anquilosándose hasta minar su propia cualidad esencial, que era la experiencia. Sin entrar en detalles que obligarían a otro en-sayo, acaso más amplio, este esquema de preparación fue eficaz hasta la década de los años ochenta, cuando una nueva generación de funcionarios, formados en la administración pública pero prin-cipalmente en el sector financiero y hacendario, alcanzó el poder con Miguel de la Madrid. Desde entonces, no sólo los políticos tradicionales fueron desplazados del poder, sino que el esquema de preparación que se había desarrollado se alteró radicalmente para garantizar las lealtades al proyecto de reestructuración eco-nómica que desarrollaron los presidentes desde 1982 y con mayor intensidad, a partir de 1988.

Las carreras fueron apresuradas, no se respetaron los patro-nes de ascenso y confiados en un principio de racionalidad ex-trema, se prefirió el conocimiento adquirido en universidades (y comprobado con grados académicos superiores) a la experiencia adquirida en el desempeño práctico. Fue así que jóvenes egre-sados de prestigiadas universidades, sin haber tenido ninguna experiencia previa en la administración pública, llegaron a te-ner cargos de alta responsabilidad política y administrativa. Co-menzó una época en la que los mandatarios prefirieron la lealtad y confianza personales a la preparación y la experiencia.

Los años ochenta constituyen un periodo singular en la histo-ria política del país, en el que convergen diferentes cambios que desafiaron la habilidad de la élite gobernante. No sólo apareció una aguda y persistente crisis económica que afectó las finanzas públicas y la capacidad del gobierno para atender las demandas sociales, sino que la competencia política y electoral se intensifi-có y obligó a cambios institucionales y jurídicos que ampliaron el pluralismo en todo el país. Y adicionalmente, la élite priísta, dominante hasta entonces, se involucró en una disputa interna que anuló su antigua homogeneidad. De ella resultó victoriosa



una generación bien formada en las finanzas, convencida de la racionalidad técnica y formal para modernizar al país, pero sin experiencia política para controlar las consecuencias de sus me-didas en los terrenos social y político.

Los últimos gobiernos priístas estuvieron integrados por una generación totalmente distinta a la tradicional. Con una arraigada convicción de que los políticos anteriores eran los responsables del desastre económico, esa nueva generación de mandatarios se rodeó de jóvenes convencidos como ellos del enemigo interno, pero sin contar con la preparación necesaria para enfrentar los desafíos políticos. La política se simplificó o se negó. Esa generación sería superada por una sociedad plural y participativa en el año 2000, para dar paso a otras élites políticas y empresariales que todavía deben demostrar que son capaces de mantener el poder.


Rogelio Hernández Rodríguez es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, Doctor en Sociología por FLACSO y columnista regular de El Universal.

FUENTES:Camp, Roderic Ai, Líderes políticos de México, FCE, México, 1984.Hernández Rodríguez, Rogelio, Formación y trayectoria de los secretarios de Estado en México, 1946-1982, FLACSO, México, 1988.

Hernández Rodríguez, Rogelio, Liderazgo y élite política en México: del autoritarismo a la alternancia, en Wilhelm Hofmeister (comp.), Liderazgo político en América Latina, Fundación Konrad Adenauer, Río de Janeiro, Brasil, 2002.Rousseau, Isabelle, México ¿una revolución silenciosa?: élites gubernamentales y proyecto de modernización, 1970-1995, El Colegio de México, 2001.

Smith, Peter H., Los laberintos del poder, El Colegio de México, México, 1981.


Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez

Apuntes pArA el empode-rAmiento de lAs mujeres

Para tratar de dar respuesta a esta pregunta, por un lado, com-partiré algunas ideas que nos permitan mostrar y reafirmar que las mujeres siempre han participado tanto en los procesos histó-ricos del país, como en las diferentes etapas de nuestro Partido y por otro, pondré sobre la mesa algunas reflexiones que sirvan de discusión a quienes tienen interés en fortalecer el empodera-miento de las mujeres.

A casi cien años de la Revolución y a doscientos de la Independencia de México, si hablamos de valo-res democráticos, una pregunta obligada que habría que hacernos quienes trabajamos en favor de los de-rechos de las mujeres es ¿qué hace falta revisar y reforzar para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres?


I. Antecedentes históricos:Hace diez años, señalaba que en el proceso de construcción ple-na de la ciudadanía de las mujeres,1 es importante revisar los modelos de referencia, que como género hemos tenido a través de la historia.

Ello, nos da la posibilidad de hacer visible la presencia de las mujeres y la lucha que dieron cada una en su momento por la defensa de sus ideas.

¿Quién no se acuerda en el periodo de la Independencia de doña Josefa Ortiz de Domínguez y de Leona Vicario, así como de la jalisciense Rita Pérez de Moreno, quien luchó a favor de la In-dependencia, dando voces de aliento a los combatientes, curando las heridas de los soldados, proporcionando toda clase de auxilio a los moribundos, fue encarcelada por apoyar a su marido don Pe-dro Moreno; dice la historia “que en cierta ocasión en que Moreno tenía en su poder a varios prisioneros realistas, el comandante Revuelta le propuso que fueran canjeados por su hija Guadalupe” misma que estuvo prisionera por espacio de muchos años, sin que pudiera recuperarla, hasta mucho tiempo después.

Pedro Moreno, no aceptó la proposición que le hicieron los realistas para el canje de su hija y doña Rita Pérez apoyó en todo momento la decisión tomada, nunca pidió a su esposo que aceptara el indulto para él y para su familia, soportando todas las vicisitudes de la guerra.

¿Quién no se acuerda de aquella mujer Laureana Wrigth?, quien por cierto fue pionera en su tiempo, ya que a principios del siglo XX pugnó a través de la revista Violetas de Anáhuac por el sufragio de la mujer y la igualdad de oportunidades para ambos sexos.

No hay que olvidar en la Revolución mexicana el aporte de las “adelitas” que apoyaron a su Juan, “ellas tenían a su cargo el abastecimiento de las tropas”.2 Es verdad que desde la Indepen-dencia puede constatarse la presencia de soldaderas, como se les llamaba a veces. Y qué decir de la participación de mujeres como la coronela Carmen Alanís, que con 200 hombres a su mando tomó Casas Grandes, Chihuahua, y que la coronela zapatista Rosa Bobadilla se levantó en armas en San Lorenzo de las Gui-tarras, Estado de México, y al frente de 50 hombres combatió las injusticias de las autoridades y hacendados en 1911.

La participación de las mujeres en la Revolución se vio re-flejada en una serie de leyes “decretadas por los revolucionarios para mejorar la condición de la mujer”. En el Sureste, el general


1. Rodríguez Ramírez, Yolanda (2002), La Revolución inconclusa de las mujeres, en Revista Examen, Año XI, Número 132, Partido Revolucionario Institucional, México.2. La lucha política de las mujeres (1992), Consejo para la Integración de la Mujer, Partido Revolucionario Institucional, México, p. 20.


Salvador Alvarado declaró que “mientras no elevemos a la mu-jer, nos será imposible hacer patria.”

Entre 1915 y 1918, el gobernador Alvarado, “como parte de su programa de regeneración social de Yucatán, trabajó por elevar y dignificar el papel de la mujer, promovió su educación, convocó al congreso feminista y realizó una intensa propaganda a favor de la defensa de los derechos de la mujer”.3

Por su parte. “el presidente Carranza con el objeto de otorgar a la mujer igualdad legal y liberarla de la dominación masculina, decretó en 1914 una ley que hizo posible que la mujer pudiera obtener el divorcio en una diversidad de casos”.4

Como se puede apreciar existe una gran riqueza en la histo-ria olvidada de las mujeres, los modelos de referencia nos permi-ten identificar las dificultades que enfrentaron otras mujeres, así como los riesgos y obstáculos que tuvieron que librar en defensa de sus ideas y sus causas.

II. Participación de las mujeres en el marco institucionalEn 1929, al crearse el Partido Nacional Revolucionario (PNR) un grupo de mujeres vio como estrategia lógica para obtener la plenitud de los derechos civiles, mostrar su capacidad política dentro del Partido de la Revolución. El PNR en su declaración de principios declaraba: “Se ayudará y estimulará paulatina-mente el acceso de la mujer mexicana en las actividades de la vida cívica”. Según relatan ciertas historiadoras, si bien es cierto para algunas mujeres que luchaban por el reconocimiento de los derechos políticos de ellas, esta declaración estaba lejos de ser satisfactoria, era un buen principio en el Partido, recién creado.

Si bien es cierto que hasta 1934, en el PNR, se reconoce lo que ya se venía dando y que era la participación de las mujeres en el Partido, se crea el sector femenil dentro mismo,5 los posteriores procesos de transformación de la forma de organización de muje-res en el Partido no ha sido otra cosa, más que la búsqueda de las féminas por mejores formas de participación y representación.6

Más allá del debate, que continúa dándose en algunas de las reuniones donde coinciden presidentas de los CDE del Organis-mo Nacional de Mujeres Priístas, cuando analizan el precario acceso de las mujeres a los cargos de toma de decisiones, sobre la

apuntes para el empoderamiento de las mujeres

3. Op. Cit. p.32.4. La lucha política de las mujeres, Op. Cit., p.32.5. Datos tomados de la investigación que se realizó para la conformación del Congreso de Mujeres por el Cambio.6. Para mayor abundamiento, sobre las diversas formas de organización de las mujeres a través de la historia en el partido, ver Rodríguez Ramírez, Yolanda, La Revolución inconclusa de las mujeres.

necesidad de reformar los estatutos, para regresar a ser un sector de partido, lo cierto es que independientemente de la forma en que las féminas del Partido estén organizadas, es necesario revi-sar las cifras, para analizar cómo va la participación de las mu-jeres en los cargos de toma de decisiones, así tenemos que en el:



CONGRESO DE JALISCO INTEGRACIÓN POR GÉNERO Y GRUPO PARLAMENTARIO

GRUPO PARLAMENTARIO HOMBRES % MUJERES % TOTAL %

13 72.22 5 27.78 18 100

15 88.23 2 11.77 17 100

1 50 1 50 2 100

2 100 0 0 2 100

TOTAL 31 79.49 8 20.51 39 100


187 78.2 52 21.8 239 100

93 66 48 24 141 100

48 70.6 20 29.4 68 100

15 71.4 6 28.6 21 100

10 76.9 3 23.1 13 100

6 50 3 33.3 9 100

4 0 4 50 8 100

singrupo 0 0 1 100 1 100

TOTAL 363 72.6 137 27.4 500 100

Fuente: Elaboración propia del ONMPRI Jalisco, Ramírez Robles, Martha Elena.

CÁMARA DE DIPUTADOS INTEGRACIÓN POR GÉNERO Y GRUPO PARLAMENTARIO



SENADO DE LA REPÚBLICA INTEGRACIÓN POR GÉNERO Y GRUPO PARLAMENTARIO


40 81.63 9 18.37 49 100

25 75.76 8 24.24 33 100

20 76.92 6 23.08 26 100

5 83.33 1 16.67 6 100

4 80 1 20 5 100

6 100 0 0 6 100

singrupo 0 0 3 100 3 100

TOTAL 100 78.12 28 21.88 128 100

Fuente: Elaboración propia del ONMPRI Jalisco, Ramírez Robles, Martha Elena.

Después de la lectura de los porcentajes anteriores, podemos reafirmar que quedan retos pendientes y uno de ellos es la inclu-sión de las mujeres y por ende su participación en los niveles de representación y decisión pública.

¿Y qué pasa con la justicia social para las mujeres?Si bien es cierto que mucho se ha dicho sobre este concepto y

que el problema con la “justicia social” empieza con el significado mismo del término, ya que como señala Michael Novak, al hablar sobre Friederich Hayek se han escrito libros, tratados completos sobre “justicia social” sin haberla nunca definido. En todo caso co-incido más con la idea del filósofo Alejandro Korn, que sostiene que la justicia social es un ideal que sólo puede definirse a partir del hecho concreto de la injusticia social; por lo tanto y desde esta visión y retomando lo argumentado por Huerta García y Magar Meurs,7 “las mujeres representan la mitad de la población y tienen derecho a ocupar la mitad de los escaños”, aunado a ello hay que tomar en cuenta que las mujeres y los hombres tienen diferentes experiencias, construidas desde su condición biológica o social, que deben estar representadas en las cámaras donde se toman las deci-siones o desde los diferentes espacios de poder público.

Por lo que para poder avanzar debemos impulsar al interior de los partidos políticos la democracia de género, propuesta que nace del feminismo contemporáneo y “propugna por una transforma-

7. Huerta García, Magdalena , Magar Meurs, Eric, 2006, Mujeres Legisladoras en México: avances, obstáculos, consecuencias y propuestas, Inmujeres, Conacyt, ITAM, Friedrich Ebert Stiftung., p. 49. México.


ción integral de la naturaleza discriminatoria y excluyente de los procesos de toma de decisión y de participación para la represen-tación de intereses de género en una sociedad”,8 esta propuesta busca cambios tanto en el sistema político como en el ámbito de la vida cotidiana y de la intimidad.

Al mismo tiempo que se impulse una propuesta política filo-sófica como lo anteriormente señalado, debe ir aparejado, con el impulso al interior de la perspectiva de género en todas las áreas del Partido, si bien es cierto que el Congreso de Mujeres por el Cambio fue la instancia pionera en aquel tiempo, 1993, en intro-ducir los primeros talleres de capacitación para las militantes del PRI, también es evidente que hace falta intensificar y reprodu-cir esta herramienta conceptual que busca mostrar las diferencias entre mujeres y hombres, no sólo es biológica sino también por diferencias culturales asignadas a los seres humanos.

La perspectiva de género ayuda a comprender con mayor pro-fundidad “tanto la vida de las mujeres como la de los hombres, y las relaciones que se dan entre ambos. Este enfoque cuestiona los estereotipos con que somos educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos”.9

Seguramente a través de diversos instrumentos de capacita-ción al alcance de las mujeres, tendrán que impulsarse algunas claves para promover el liderazgo político de las mujeres, un ejer-cicio en el que se deberá trabajar es en reaprender el poder; poder diferenciado de abajo hacia arriba y de un lado al otro; quienes somos dirigentes, debemos tener en claro que el poder no úni-camente debe empoderarnos a nosotras, sino a otras mujeres de igual manera, “no se trata de algo acumulativo y estático, sino de un concepto que para ser eficaz y efectivo, implique dinamismo mas no autoritarismo. Un ejercicio que si no se comparte, se cae en el riesgo del aislamiento, incomunicación y autoexclusión”.9

Y siguiendo con algunas claves para potenciar el liderazgo de las mujeres, habrá que poner mayor énfasis en reforzar el asocia-


8. Instituto Nacional de las Mujeres (2007), Glosario de Género, p. 38, México.9. Grupo Parlamentario del PRI (2009), Cámara de Diputados, Comisión de Equidad y Género, LX Legislatura Mujeres Políticas: Claves para fortalecer su liderazgo, p. 25, México.

La participación de las mujeres en la Revolución se vio reflejada en una serie de leyes “decretadas por los revolucionarios para mejorar la condición de la mujer”.


cionismo y la complicidad entre mujeres. “Volvemos al concepto de poder compartido, poder que se mueve de manera horizontal y no vertical, un poder inclusivo. De ahí que el crecimiento del grupo es directamente proporcional a su capacidad para pactar y lograr alianzas entre sus integrantes”.10

El tema de financiación política y de género, ya ha sido abor-dado en diversos documentos de trabajo11 y esta es una condición necesaria para la efectiva participación política. “Los recursos económicos son indispensables, no sólo en el momento de la cam-paña electoral. Quizá sean aún más relevantes en los momentos previos: la etapa de construcción de imagen y de liderazgo, de pre-paración para la gestión y por supuesto para el tiempo preelectoral y la competencia por la nominación”. Además de crearse organi-zaciones que financien las campañas de mujeres, deberán revisar-se algunas otras experiencias en otros países, como por ejemplo, el New Democratic Party, de Canadá, ha puesto en funcionamiento un sistema de créditos para la etapa de nominación de candidatu-ras de mujeres, entre otros.

El acceso y entretenimiento en tecnologías de la comunicación y la información,12 el inmenso campo de acción de estas tecnolo-gías se puede poner al servicio de las mujeres para fortalecer sus liderazgos: tecnologías de la telecomunicación que comprenden los teléfonos (con fax) y las transmisiones de señales de radio y televisión, con frecuencia a través de satélites. También están las tecnologías de redes, como internet, facebook, twitter, tomando en cuenta la gran difusión que se puede hacer con estos instru-mentos de información.

Se debe continuar trabajando en el sistema electoral con el pro-pósito de garantizar a las mujeres igualdad de oportunidades en el ejercicio y goce de sus derechos políticos, revisar la legislación elec-toral e introducir reformas que garanticen una mayor eficacia en la aplicación de acciones afirmativas para la elección de cargos de representación popular, la experiencia nos dice como hay resisten-cias al interior de los partidos para eludir en la práctica lo que se ha ganado en la letra, ya sea en los estatutos o en la ley electoral, habrá que recordar los casos más recientes de las “juanitas”.

El CEN del ONMPRI podría operar, por un lado, a través de sus comités directivos en los estados para revisar en qué entidades de la República falta armonizar la legislación local en lo referente


10. Op. Cit., p. 26.11. Ferreira Rubio, Delia M. (2009) Financiación política y género en América Latina y el Caribe, Encuentro de Mujeres Parlamentarias de América Latina y el Caribe, Madrid, p. 3.12. Grupo Parlamentario del PRI (2009), Cámara de Diputados, Comisión de Equidad y Género, LX Legislatura Mujeres Políticas: Claves para fortalecer su liderazgo, p. 34, México.


a la acción afirmativa del 2% que los partidos deben destinar para la capacitación de las mujeres y, por el otro, realizar una serie de consultas e impulsar el debate para analizar la regulación de este recurso, pues en la práctica algunos presidentes de los comités directivos deciden cómo las mujeres ejercen este recurso, tratán-dolas como si fueran menores de edad, también no hemos dado cuenta de que se han dado casos de algunos presidentes de dife-rentes partidos políticos que destinan el recurso para promocionar alguna “dama” en particular, este es pues un tema que se tendrá que regular ya sea en el Reglamento del Consejo General del Ins-tituto Federal Electoral en materia federal o en las entidades don-de también está legislado a nivel local en los consejos generales de los institutos electorales y de participación ciudadana, o si se lleva a la legislación, ya sea que si se hace reforma electoral y se crea la ley de partidos, o se incluye en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), esto es parte de un proce-so de discusión y reflexión que está pendiente de hacerse.

Aprender nuevas prácticas es una política que tiene que pro-moverse, para el empoderamiento de las mujeres, la organización de féminas del Partido tendrá que impulsar que en los cursos de capacitación que toman las legisladoras locales y federales se les den las herramientas para legislar con perspectiva de género,13 siendo este uno de los retos pendientes en la agenda de género en las diferentes etapas del proceso legislativo.

También dentro de las buenas prácticas legislativas es impor-tante institucionalizar los presupuestos con enfoque de género, que son aquellos que se distinguen principalmente porque visibi-lizan los gastos e inversiones desagregadas por sexo en la progra-mación pública.

“Los presupuestos sensibles al género en México se han insti-tucionalizado principalmente a través de dos vías: la etiquetación del gasto y la transversalidad del género en el proceso de pro-gramación y presupuesto”,14 en este punto se ha avanzado, pero hace falta llevar estos avances a los presupuestos que elaboran los congresos locales que sean sensibles al género, así como a los go-biernos municipales.

En nuestro país todavía hay prácticas que debemos desterrar, una de ellas son las políticas ciegas al género y éstas son “las po-líticas públicas que no están sustentadas en las necesidades de las mujeres. Más aún, pueden existir políticas para mujeres en las que aparentemente se beneficia a toda la población, pero algún componente puede excluirlas”.

Debemos impulsar con mayor fuerza la transversalización de


13. Inmujeres, Op. Cit., p. 111.14. Ibídem, p. 107.


la perspectiva de género en las políticas públicas, hay que revisar que los dineros que destina la cámara para la capacitación de fun-cionarios y funcionarias en perspectiva de género, realmente sean aprovechados por las y los destinatarios del mismo; en la actuali-dad vemos en muchos funcionarios un gran desconocimiento de estas herramientas a la hora de planear, programar y presupuestar con enfoque de género y qué decir de la mayoría de gobiernos mu-nicipales, donde muchos de éstos no saben cómo abordarlo.

Es muy importante la “aplicación de la perspectiva al análisis de los proyectos normativos, a lo largo de su elaboración” ya que ésta nos da el método para la elaboración de los informes de im-pacto de género”.15 Siendo este tipo de informes los que nos dan la pauta, qué acciones benefician o afectan a las mujeres.

En la creación de nuevas estrategias que tengan que ver con el empoderamiento de las mujeres, ahí también tenemos que estar las mujeres organizadas del Partido y es así que Beatriz Paredes convo-ca a los diferentes actores a hacer realidad aquello de a trabajo igual, igual salario y para tal efecto integrar un observatorio que vigile el cumplimiento de los derechos laborales de las mujeres”.16

Por último, son saludables para las mujeres los ejercicios de-mocráticos de rendición de cuentas, aquí me preguntaría: ¿Quién le rinde cuentas a las mujeres? Cuántas diputadas y diputados a la hora de votar una ley o aprobar un presupuesto, se acuerdan de sus grandes electoras que son las mujeres, como grupo de la población mayoritario.

Aunque aún hay muchas cosas por decir y por hacer, sólo qui-se compartir algunas ideas que sirvan para el empoderamiento de las mujeres; finalmente, concluyo parafraseando a Pierre Bour-dieu: “Hay que escribir, hay que escribir y de tiempo en tiempo hay que hablar.”


15. Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, ¿Quién responde a las mujeres?, p. 2.18. Paredes Rangel, Beatriz, Discurso en la toma de protesta del CDE del ONMPRI Jalisco, Puerto Vallarta, Jalisco, 31 de Julio de 2010.



Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez es Abogada y especialista en Estudios de la Mujer por El Colegio de México; ha sido Presidenta del CEN del ONMPRI; diputada federal de la LX Legislatura, autora y coautora de diversas publicacio-nes sobre género y poder; actualmente, Presidenta del CDE del ONMPRI en el estado de Jalisco.



FUENTES GENERALES

Bourdieu, Pierre, Sobre el campo político, traducción de algunas partes de la edición francesa, Propos sur le champ politique. Presses Universitaires de Lyon, 2000. Accesible en PDF en el blog: http://davidvelasco.wordpress.com

Cámara de Diputados, Comisión de Equidad y Género, LX Legislatura, Memoria de la Comisión de Equidad y Género 10 años legislando, 10 años de lucha por el avance de los derechos de las mujeres, Rodríguez Ramírez, Yolanda, México.

Ferreira Rubio, Delia M., Financiación política y género en América Latina y el Caribe, documento de trabajo, encuentro de mujeres parlamentarias de América Latina y el Caribe, UNIFEM, Madrid.Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (2008). ¿Quién responde a las mujeres? http//www.unifem.org/progress/2008

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (2009), Cámara de Diputados, Mujeres Políticas: Claves para Fortalecer sus Liderazgos, Comisión de Equidad y Género, LX Legislatura, México.Huerta García, Magdalena, Magar Meurs, Eric (2006), Mujeres Legisladoras en México: avances, obstáculos, consecuencias y propuestas, Inmujeres, Conacyt, ITAM, Friedrich Ebert Stiftung, México.

Institute For Democracy and Electoral Asisstence (2008), 30 años de democracia: ¿en la cresta de la ola? Participación Política de la Mujer en América Latina, Perú.Instituto Nacional de las Mujeres (2007), Glosario de Género, México.Paredes Rangel, Beatriz, Discurso en la toma de protesta del CDE del ONMPRI Jalisco, Puerto Vallarta, Jalisco, 31 de julio de 2010.Partido Revolucionario Institucional (1992), Consejo para Integración de la Mujer. La lucha política de las mujeres, México.Partido Revolucionario Institucional (2000), La revolución inconclusa de las mujeres, Rodríguez Ramírez, Yolanda, Revista Examen, Año XI, Número 132, México.


Juan alfredo oropeza Garnica

El Ejército constitu-cionalista,

pero sólo tres de esos movimientos pueden considerarse verda-deras revoluciones: el de Independencia, el de la Reforma y el que se inicia con la rebelión de 1910 y que en nuestro país lo he-mos designado con el nombre de Revolución mexicana.Referirse al Ejército mexicano con el de las Fuerzas Armadas de México, es hablar de una de las instituciones que sin ponderar, constituyen un auténtico orgullo para la nación, porque además de ser fruto auténtico y directo de la Revolución mexicana, ha podido conservar en toda su magnitud, la pureza de espíritu que le dio su primer aliento.

La historia de México, en sus luchas internas para vertebrarse como nación y establecer sus institucio-nes, destila violencia en sus doscientos años de vida independiente, registrándose numerosos levanta-mientos, asonadas, cuartelazos y golpes de Estado;

antecedente inmediato del actual Ejército mexicano


Antecedentes:El Ejército mexicano ha evolucionado conforme a las necesi-A. dades y posibilidades económicas del país. Antes de la exis-tencia de México como país independiente, buena parte de su territorio estuvo bajo el dominio de la civilización azteca o mexica, desplegó gran poderío social, económico, eminen-temente sacerdotal y guerrero; su Ejército alcanzó una orga-nización y disciplina muy desarrolladas para su época, lo que incluía instrucción castrense muy severa y obligatoria entre los jóvenes y la organización de los cuerpos armados, en los que servía la décima parte de la población varonil. Luego vino la Conquista y fue posesión de la Corona de España. A partir del siglo XVII se estableció un sistema militar radica-do en milicias, contingente que era considerado como Ejér-cito Realista. En ambos casos, las Fuerzas Armadas cumplían un rol relevante en sus sociedades y contaban con sistemas establecidos de reclutamiento y adiestramiento de tropas.Nuestro México tiene una historia bastante accidentada, B. rica en acontecimientos, en los que siempre estuvo presen-te el instituto armado; al inicio de nuestra Independencia participó el Ejército Insurgente, en su consumación el Ejército Trigarante, que fue el Primer Ejército del México Inde-pendiente, pero este ejército en forma tumultuaria frente al Palacio de Iturbide, a los gritos del sargento Pío Marcha, el 18 de mayo de 1822, proclamó al Generalísimo Iturbide como el Primer Emperador de México; transformándose en el Ejército Imperial Mexicano, tuvo sólo dos hechos destacados, el 27 de octubre de 1822 rechazaron el asalto de la Armada Española guarnecida en San Juan de Ulúa, que pretendió desembarcar en Veracruz, y en el mismo mes, la creación de la Academia de Cadetes, que sería el precedente de lo que actualmente es el Colegio Militar, ubicándolo en el Castillo de Perote, Ver. Posteriormente surgió el C. Ejército Nacional que enfrentó la Guerra de Texas, la Guerra de los Pasteles y la invasión es-tadounidense, siendo un ejército que resultó poco apto para el combate, y según el historiador Vicente Riva Palacio, en su obra México a través de los siglos, citado por Humberto Mussachio: “Sus jefes más preocupados por obtener em-pleos bien remunerados y otros privilegios, principalmente Santa Anna, actuaron, con sus excepciones, impulsados por la cobardía y la traición”.1 Pese al desastre que en términos


1. La idea del militarismo mexicano puede remontarse a la época del Dr. Mora y Gómez Farías, quienes comenzaron a luchar a favor del poder civil en contra de los privilegios de la milicia y el clero.


militares significó la guerra con los estadounidenses, la ofi-cialidad continuó como la principal fuerza política hasta el triunfo de la Revolución de Ayutla, cuando un ejército po-pular dirigido por viejos insurgentes o por oficiales impro-visados echó del poder a Santa Anna, acabó con los fueros militares y como Ejército Liberal, combatió a los restos de sus fuerzas que se reagrupaban una y otra vez como Ejérci-to Conservador, hasta haber sido derrotado por los liberales durante las guerras de Reforma.ElD. Ejército Liberal enfrentó a los franceses, quienes te-niendo en ese entonces el aparato bélico más poderoso, no se preocuparon por reorganizar y abastecer de per-trechos al Ejército Conservador, ya que los veían como una amenaza que en cualquier momento podrían pasarse al bando contrario. Por otra parte, el ejército de Juárez operó como guerrilla ante la incapacidad de hacerle fren-te a los franceses con tácticas de guerra convencional, dispersándose en pequeñas guerrillas que no dieron des-canso a los invasores. Tras una larga guerra, incapaces de dominar el territorio mexicano, los franceses se vieron obligados a salir de México, y el ya derrotado Ejército Conservador sucumbió en Querétaro, restaurando en-tonces la República.Los generales triunfantes, con pleno dominio en las estruc-E. turas del Ejército, reabrieron el Colegio Militar e hicieron sentir su influencia, sobre todo en la declaratoria del Plan de la Noria y el Plan de Tuxtepec, los cuales dieron origen a la conformación del Ejército Federal, que se estructuró con la incorporación de los viejos militares liberales y no pocos conservadores, integrado con tropas de leva y oficialidad educada en el Colegio Militar, así como expertos asesores venidos del extranjero, principalmente de Alemania. Este ejército, conocido coloquialmente como el porfiriano, se de-dicó a mantener el orden y aplastar toda disidencia, aunque la verdadera represión contra los ciudadanos que se opo-nían al General Díaz, eran la acordada y los rurales.

El porf iriato y la RevoluciónEl porfiriato es un largo periodo histórico que se puede divi-dir cronológicamente en cuatro etapas, la primera se le denomi-na El proceso de aprendizaje y experiencia, podría ser Vida previa a la Presidencia, que va de 1830, nace Porfirio Díaz, a 1876, que es cuando aprendió a conocer el país y la experiencia que obtuvo para actuar como gobernante. La segunda etapa es lo que podría llamarse Toma y consolidación del poder, de 1876 a 1890; a la terce-ra podemos llamarle El momento del auge del gobierno de Porfirio

el ejército constitucionalista


Díaz, de 1890 a 1904; y la última, La decadencia y la caída,2 de 1905 a 1911. El resto de la vida de Porfirio Díaz, de 1911 a 1915, cuando muere en el exilio, ya no nos interesa, porque el hombre dejó de participar en la vida nacional, es objeto únicamente de biógrafos o historiadores nostálgicos.

En la primera etapa, Porfirio nace en 1830, dentro de una fa-milia mestiza de Oaxaca, de clase media, inicia sus estudios de licenciatura como abogado, pero no los concluye; su tendencia ideológica era liberal e inicia una vida pública, interrumpiendo sus estudios para participar en la guerra, 1946-1948, con Estados Unidos. No se le conocen actividades concretas, pero luego en el bando liberal participa sucesivamente en la Rebelión de Ayutla, en la Guerra de Reforma y en la Intervención Francesa. Porfirio Díaz ocupa algunos cargos políticos locales en Oaxaca. Después de la guerra contra los franceses adquiere importancia nacional por su participación en la batalla de Puebla, héroe de la batalla del 2 de abril y por el hecho de que él toma la ciudad de México como comandante del Ejército de Oriente.

Las circunstancias históricas que le tocaron vivir desde su juventud y primera adultez, ocasionaron las obsesiones por la paz y por los arreglos con las potencias mundiales; los conflictos internacionales le habían costado al país no solamente la mitad del territorio nacional, sino que habían retardado su consolida-ción como un Estado nuevo.

También contiende en dos ocasiones por la Presidencia electo-ralmente, igual por un par de gubernaturas, pero en todas fracasa; por lo tanto, Porfirio Díaz llega al poder con la concepción de que el poder se obtiene por la fuerza militar. En términos electorales fracasa cuatro veces, tiene éxito en su segunda rebelión, estas im-prontas son decisivas en la manera que él enfrenta el ejercicio del poder. Llega a ser diputado, pero fue mal parlamentario.

La segunda etapa, Toma y consolidación del poder, de 1877 a 1890, es un periodo de aprendizaje político-administrativo, pues sólo tiene experiencia militar, es un hombre que va a perma-necer en el poder por 30 años, a pesar de haber sido marginado por Juárez y Lerdo. Díaz es más práctico que los liberales ci-viles doctrinarios puros; hay otros factores internacionales que también van a beneficiar al gobierno de Porfirio Díaz. Los Esta-dos Unidos de América concluyeron su guerra de secesión y co-mienza su crecimiento económico y va a poder después exportar capital, recibe reconocimientos internacionales, comenzando por los norteamericanos y luego con Europa, que comienza una apertura con México.


2. La historia de México, fundamento de la seguridad nacional. Secretaría de la Defensa Nacional. Colegio de Defensa Nacional 1999. Conf. Restauración de la República y Porfiriato, 1867-1911. García Diego Dantan Javier, p. 115.


Porfirio Díaz dedica una gran atención al problema de la pacificación del país, pero con una característica, el Ejército no crecería, va a tratar de impulsar una nueva y joven oficialidad, que adquiera sus ascensos, no por las experiencias bélicas, sino mediante una mayor capacitación, de ahí el impulso que se le da al Colegio Militar y a todas estas instituciones.

La tercera etapa comienza con la primera reelección, es un periodo de auge que se va a caracterizar por: primero, gran creci-miento económico, prácticamente en todas sus líneas; segundo, la famosa frase “poca política mucha administración”; tercero, es una etapa aburguesada de Porfirio Díaz y de su grupo gober-nante; es un periodo duro, de imposición y de toma de poder; ahora va a iniciar los años muy civilizados, cultos, burgueses: es la belle époque que hay en México; tiene el control del sistema político y crecimiento económico, puede reelegirse indefinida-mente, sin represión, mediante el consenso. Prácticamente en esos años no hay antiporfirismo, las últimas críticas desapare-cen hacia 1892, con la terminación de Tomóchic, la rebelión de Canotoneri, y se da una oposición estudiantil a la reelección de 1892. Después de eso no hay expresiones de antiporfirismo, es un periodo de gran consenso, basado en el crecimiento económico y la modernización.

En el momento del auge, en términos políticos, durante estos años, Porfirio Díaz adquiere su equipo propio, en 1892 aparece un grupo que proviene de la clase media urbana, perfectamente educa-da, o tecnócratas, para apoyar su reelección, que se llama la “Unión Liberal”, más bien conocido como los “científicos”. En ese momen-to, el General Díaz tiene dos equipos propios, importantísimos: por un lado, controla el Ejército mediante una oficialidad que le respon-de a Bernardo Reyes y a él, el Ejército ya no es dominado por los grandes caudillos de mediados de siglo; por el otro, dirige el aparato político mediante este grupo de “los científicos” que va a empezar a crecer. Pero mantiene principalmente un aparato de gobierno a partir de estos dos grupos, repartiendo ámbitos de poder entre los reyistas y los científicos, ciertas cuotas de poder, algunos puestos, curules, incluyendo el control de la prensa.

La etapa de la Decadencia y la caída, aunque es multifacto-rial, marcamos 1906 con Cananea, pero hay crisis política, social, económica, cultural y diplomática, debido a la pérdida del apoyo norteamericano a Díaz, cada una de ellas surge en diferentes momentos, no son exactamente coetáneas; cuando se derrum-


Los generales triunfantes reabrieron el Colegio Militar e hicieron sentir su influencia en la decla-ratoria del Plan de la Noria y el Plan de Tuxtepec,

los cuales originaron el Ejército Federal.


ban las dictaduras o los imperios, es cuando coinciden las crisis y cuando no hay capacidades resolutivas.

En México no hubo Revolución Industrial, en Europa y Es-tados Unidos se dio entre los siglos XVIII y XIX, mientras que nosotros estábamos inmersos en luchas intestinas. La crisis en la agricultura se debe a que se moderniza con la llegada de la tecnolo-gía, los grandes terratenientes invierten junto con los capitalistas extranjeros en cultivos nuevos, que tienen mercados internacio-nales como la vainilla, frutas, verduras, henequén; en cambio, la agricultura nacional, el maíz, sufrió un rezago, no se modernizó, las haciendas tecnificadas dejaron el maíz en manos de los cam-pesinos, ellos se fueron por los cultivos modernos y esta es una de las causas que explica el estallido de la Revolución mexicana.

La característica de la minería de esos años es que la plata venía a la baja en precios internacionales y México dependía de este mineral, estaba predestinado a enfrentar crisis mineras, las venía padeciendo desde el inicio de la vida independiente; a Díaz le toca el comienzo de la minería industrial. La plata y el oro pasan a un segundo plano y toman peso los metales in-dustriales, pero para poder explotar y exportar esos metales se requiere otra vez del ferrocarril. Lo anterior se concatena con una crisis internacional en 1907-1908, se abaten las exportacio-nes mexicanas, se encarecen las importaciones, se dificulta el crédito, los bancos de repente niegan los préstamos a empresa-rios y hacendados, que ya no pueden comprar insumos, materias primas, ni maquinaria que venía del extranjero; el resultado va a ser que los empresarios van a disminuir sus actividades, van a bajar la producción, van a despedir primero a algunos auxiliares de oficina, posteriormente a empleados, trabajadores, obreros; otros simplemente van a congelar salarios, otros van a despedir personal, algunos más simplemente no van a incorporar lo que la fuerza de trabajo natural había crecido ese año.

La crisis social se refleja en Cananea y Río Blanco, no están relacionados con la crisis económica, era un problema de nacio-nalismo; el reclamo en Cananea era que a pesar de desempeñar trabajos iguales, a los extranjeros les daban trato preferencial y les pagaban mejor. Esto también se experimentaba con las com-pañías ferrocarrileras y petroleras.

Mil novecientos diez era un año de elecciones, en un momen-to de cierre de ciclo histórico. Se cumplió el Centenario y es una fecha catártica. Se dan elecciones por primera vez en 30 años, con un gobierno ya muy envejecido: Porfirio Díaz tenía 80 años, hay un gobierno escindido, los reyistas y científicos se habían dividi-do, lo que causa debilidad. El otro factor que influyó no solamente en el estallido sino en el éxito de la Revolución, fue la debilidad del Ejército porfirista; aunque se tenía la idea de que el gobierno



de Díaz era militarista, esto es falso. Si uno revisa los gabinetes de Porfirio Díaz nunca va a encontrar a un militar, sino es en la cartera de Guerra y Marina. Hay una definición muy clara de Díaz de gobernar con las instituciones que la ley marcaba y bási-camente con civiles. Él creía que la mejor manera de conservar la estabilidad y el orden interno no era con un Ejército fuerte, sino mediante el desarrollo económico, con algunas fuerzas regionales y estatales, y con el desarrollo de cuerpos rurales.

Otro factor importante es la sociedad norteña. Por la poca densidad demográfica, por la oferta limitada de tierras y por la escasa presencia de comunidades campesinas en el norte de México -Chihuahua, Sonora y Coahuila-, no se había llevado a cabo un proceso de expropiación de tierras como el que se había dado en Morelos, Puebla o Tlaxcala, con lo cual los hacendados podían convencer a los campesinos para hacer una lucha conjun-ta, esto explica la participación en la Revolución de gente como Carranza, Madero, Maytorena. Sería impensable en Morelos que un hacendado armara a sus trabajadores para iniciar una lucha conjunta, porque la primera bala se la dispararían a él.

Desde 1900, en la ciudad de San Luis Potosí, el ingeniero Ca-milo Arriaga fundó el club “Ponciano Arriaga”, de tendencias libe-rales, cuya finalidad era que el gobierno aplicara los preceptos de la Constitución de 1857, además agregó la idea de que las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas deberían ser mejoradas. Extin-guida esta asociación por la represión del gobierno, sus miembros emigraron a Estados Unidos, uniéndose a los hermanos Flores Ma-gón, con quienes formarían el “Partido Liberal Mexicano”.

Después de la entrevista de Porfirio Díaz con el periodista norteamericano James Creelman, en la que hizo declaraciones de profundo contenido político que nunca fueron desmentidas, la masa anónima creyó en la sinceridad de esas declaraciones, se crearon varios partidos políticos independientes, el más im-portante se llamó “Antirreeleccionista”, fundado el 22 de mayo de 1909, que adoptó el lema: “Sufragio Efectivo. No Reelección” jefaturado por el doctor Francisco Vázquez Gómez, como Presi-dente, y don Francisco I. Madero, como Vicepresidente, llevan-do como bandera la propaganda de las ideas antirreeleccionistas y el propósito de fundar clubes afines en todo el territorio nacio-nal y así constituir un auténtico partido político nacional.

Ante la proximidad de las elecciones presidenciales, para el periodo 1910-1916, este partido lanzó la candidatura de los señores Francisco I. Madero y Francisco Vázquez Gómez para la Presi-dencia y Vicepresidencia de la República, contra la fórmula Porfi-rio Díaz-Ramón Corral; con este motivo Madero decidió efectuar una gira política por Puebla, Guadalajara, San Luis Potosí y Mon-terrey; en este último lugar el licenciado Roque Estrada pronunció



una sutil requisitoria contra la política gubernamental, lo que oca-sionó la aprehensión de Madero, el 6 de junio de 1910, pretextando considerarlo coludido con la escapatoria del señor Estrada y a fin de invalidar legalmente al propio Madero como candidato a la Presidencia de la República, reduciéndolo a prisión, impidiendo su participación en las elecciones que tuvieron lugar el 26 de julio de 1910, propiciando el triunfo de la fórmula Díaz-Corral.

Madero fue trasladado a San Luis Potosí, donde se ventila su caso, obtiene su libertad causional y burlando a sus custodios, se traslada a Estados Unidos; decidido a lograr la transformación política del país, redactó el Plan de San Luis, que debería servir como bandera de la Revolución, en el que se convocaba al pueblo a levantarse en armas para el día 20 de noviembre de 1910, llevó la fecha de 5 de octubre del mismo año y en la ciudad de San Luis Potosí, de ahí su nombre. Sus principales postulados estipulaban la nulidad de las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República, de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diputados y senadores elegidos en junio y julio de dicho año y el desconocimiento del gobierno del General Díaz, así como de todas las autoridades cuyo poder dimanara de un voto espurio, que carecía de legalidad.

Finalmente, el último episodio que precedió al levantamiento general del 20 de noviembre de 1910, fue el ocurrido en la ciudad de Puebla el día 18 del mismo mes, en el cual fue muerto el líder ma-derista Aquiles Serdán, su hermano Máximo y 20 personas más. Ante la intransigencia del General Díaz a permitir un cambio po-lítico despojado del absolutismo y fincado sólidamente en la ley, el conflicto armado estalló progresivamente en todos los ámbitos del país; en algunos lugares antes del 20 de noviembre.

Ejército federalAl iniciarse la Revolución, unos 29,000 hombres formaban el Ejército, aproximadamente 23,000 eran tropas combatientes, distribuidos en la forma siguiente: 99 generales, 510 jefes, 756 oficiales y 23,065 individuos de tropa. Existía además, el Cuerpo de Rurales que dependía de la Secretaría de Gobernación, cons-tituido por 12 cuerpos diseminados en toda la República. Las ar-mas que constituían al Ejército estaban organizadas en la forma siguiente: Infantería, 30 batallones de línea, 4 cuadros de bata-llón, 2 compañías fijas de Baja California y 2 compañías auxilia-res de Guerrero y Sonora, respectivamente. Cada batallón con 600 plazas; con un efectivo de 9 generales, 49 jefes, 635 oficiales y 15,494 de tropa. Estaban armados con fusil Mauser de 7 mm., con bayoneta para la lucha cuerpo a cuerpo.

Caballería: 14 regimientos de línea, cada uno con 450 plazas, 4 cuadros de regimiento, un escuadrón de guardia presidencial, un



escuadrón de gendarmes del Ejército y un cuerpo irregular de Auxi-liar Federal; con un efectivo de 6 generales, 22 jefes, 419 oficiales y 6,058 de tropa. Su armamento individual, la carabina Mauser de repetición cal. 7 mm. Y para el combate a caballo, el sable.

Artillería: dos regimientos de artillería montada, un regimien-to de artillería ligera, un regimiento de artillería de montaña, un cuadro de regimiento de artillería ligera, un cuadro de artillería de montaña, una compañía de ametralladoras, una batería fija de Veracruz, y las secciones fijas de Acapulco, Mazatlán, Tampico y Salina Cruz. El armamento colectivo eran piezas de calibre varia-do de 80 y 75 mm. para la artillería montada y ligera, y de 70 mm. para la de montaña. La artillería montada y ligera era de tracción hipomóvil, en tanto que la de montaña se transportaba a lomo de mula. El material era Saint Chamond, -Mondragón, sistema Mondragón y Schneider-Canet, principalmente.

Ingenieros: esta arma estaba representada por un batallón de zapadores, con organización semejante a la infantería; usa-ban herramientas portátiles, pues carecían de herramientas tipo parque. Por esos días se estaba organizando una Compañía de Parque para el transporte de herramientas pesadas de trabajo. El personal de tropa era muy seleccionado y el Cuerpo de Zapado-res gozaba de gran prestigio, por su educación e instrucción. Su efectivo era de 3 jefes, 24 oficiales y 595 de tropa.

Existían además, 10 zonas militares, 3 comandancias mi-litares y 9 jefaturas de armas. Se contaba con los servicios de Sanidad, de Administración. El Colegio Militar, institución de gran prestigio, era el que proporcionaba los oficiales técnicos del Ejército, aunque no egresaba ni con mucho la oficialidad nece-saria para satisfacer las necesidades del mismo, por lo que para tratar de resolver el problema de la autosuficiencia de oficiales, se creó en 1905 la Escuela Militar de Aspirantes, cuyos cursos de 3 semestres producían oficiales para las armas de infantería, caballería y artillería. En 1908 fue creada la Escuela Magistral de Esgrima y Gimnasia, de la que egresaban oficiales capacitados como maestros de armas.

Estaba el cuerpo de oficiales de Estado Mayor, compuesto por generales, jefes y oficiales que habían cursado sus estudios en el Colegio Militar con notable aprovechamiento.

La Comisión Geográfico-Exploradora era otro organismo altamente técnico que desde hacía varios años trabajaba en el levantamiento de la Carta Militar de la República.


Venustiano Carranza desconoce a Huerta en su carácter de Jefe del Poder Ejecutivo de la República.


Un sistema que a todas luces se consideraba erróneo para reclutar oficiales, era el de ascender a elementos de tropa o a ci-viles que presentaban exámenes en las materias fundamentales y quienes al ser aprobados recibían despachos de Oficiales Auxi-liares para convertirse en permanentes al cabo de algunos años. El personal de tropa era reclutado por el denigrante sistema de “leva” con elementos de notoria mala conducta, y por otros que eran víctimas de los jefes políticos que eran enviados al Ejército a servir durante 3 años. Este tipo de tropa era sometida a una férrea disciplina para evitar las deserciones.

Fuerzas revolucionariasEstas fuerzas, al iniciarse la lucha, carecieron de todo principio orgá-nico; sus agrupamientos de campesinos en particular, más o menos numerosos, respondieron en su efectivo al ascendiente de elementos distinguidos en cada región, por su personalidad destacada, de bue-nas cualidades, y a veces de regular posición económica que coinci-dían en los ideales libertarios y democráticos; no privaba en ellas la necesidad imperiosa de un sueldo diario para subsistir y combatir, les bastaba con obtener en los ranchos, haciendas y poblados alimentos, caballos, monturas y armas. Para distinguirse de las tropas regulares se les previno el uso en el sombrero de una cinta tricolor.

En cuanto Madero pudo adquirió una buena cantidad de ca-rabinas Winchester 30-30 que las repartió entre sus partidarios, a los que se fueron sumando hombres como Pascual Orozco, el cau-dillo indiscutible, Francisco Villa, Abraham González, Perfecto López y Toribio Ortega, Tomás Urbina, los hermanos Herrera y muchos más, hombres prominentes de la Revolución mexica-na que operaron en Chihuahua hasta la toma de Ciudad Juárez, y la renuncia del presidente Porfirio Díaz a la Presidencia de la República, el 25 de mayo de 1911. Después de un breve interinato encabezado por Francisco León de la Barra, subió a la Presidencia de la República el señor don Francisco I. Madero y su compañero de lucha política José Ma. Pino Suárez; pero pronto se dejaron sentir los brotes de insurrección y sublevación en contra de su gobierno, encabezadas por Bernardo Reyes, Félix Díaz y Pascual Orozco; luego el 9 de febrero de 1913 vendría la Decena Trágica, Victoriano Huerta se hace del mando de la 1ª Zona Militar y de-tiene al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, para posteriormente ser asesinados. Los acontecimientos se precipitan y el 18 de ese trágico febrero, se recibe en Saltillo como en otras capitales de la República, el siguiente mensaje: “Autorizado por el Senado, he asumido el Poder Ejecutivo estando preso el Presiden-te y su gabinete. Victoriano Huerta”.

El gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza desco-noce a Victoriano Huerta en su carácter de Jefe del Poder Ejecu-



tivo de la República, mediante la excitativa del 19 de febrero de 1913 que envió a la Legislatura local; ese mismo día la Legislatura emite el Decreto No. 1421, en el artículo 2º se pusieron las bases legales para el nacimiento de un nuevo Ejército, de un Ejército popular nacido de la entraña misma del pueblo y que iba a surgir en diferentes partes del país, acaudillados por jefes improvisados que se iban a unir al señor Carranza en su lucha por la legalidad. México iniciaba la epopeya de la Revolución que cambió radical-mente la faz de la patria; mucha sangre se iba a derramar, muchos sufrimientos iba a costar restaurar la legitimidad vulnerada.

El 19 de febrero de 1913, se establecen en Saltillo las fuerzas que serían el pie veterano del Ejército Constitucionalista, pos-teriormente vendría el Plan de Guadalupe, firmado en la Ha-cienda de Guadalupe, el 26 de marzo de 1913, todo esto dio cauce para la revelación de un gran número de estrategas sin forma-ción castrense, como fueron Francisco Villa, Álvaro Obregón y Emiliano Zapata; muchos oficiales del Ejército Federal con alto espíritu de principios democráticos, se incorporaron a las fuer-zas revolucionarias, mismos que al año y medio vencieron al Ejercito Federal y por medio de los Tratados de Teoloyucan, el 13 de agosto de 1914, le obligaron a disolverse. Estos ejércitos revo-lucionarios que lograron el eclipsamiento del viejo Ejército que databa de los años de Juárez, fueron: el Cuerpo del Ejército del Noroeste, la División del Norte, el Cuerpo del Ejército del No-reste, el Ejército Libertador del Sur y el Ejército Constituciona-lista, este último fue comandado por Venustiano Carranza, y se le denominó así porque su objetivo y logro, en el contexto de la Revolución mexicana, fue establecer en el país lo que finalmente devino en la Constitución de 1917.

Pero antes de este desenlace momentáneo, la lucha intestina prosiguió con periodos de paz más o menos prolongados has-ta 1924. El Ejército Constitucionalista constó de 7 cuerpos de ejército: Cuerpo del Noroeste, Cuerpo del Noreste, Cuerpo del Oriente, Cuerpo del Occidente, Cuerpo del Centro, Cuerpo del Sur y Cuerpo del Sureste. El plan de Carranza consistió bási-camente en acabar con los villistas, que eran la principal fuerza opositora en el norte, para luego atacar a los zapatistas en el sur; cuatro años después comenzaría la liquidación del Ejército Libertador del Sur con el asesinato de Zapata, en Chinameca, Morelos; para 1920, la División del Norte había sido vencida en los campos de Celaya y La Piedad, a Pancho Villa le sucederían una serie de derrotas en diversos estados de la República que terminarían por retornarlo al estatus que tenía antes de la Revo-lución: guerrillero.

Venustiano Carranza sería derrocado y luego asesinado en Tlaxcalaltongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920, por correligiona-



rios del Plan de Agua Prieta, encabezado por Obregón; con Ál-varo Obregón en la Presidencia de la República, se transformó al Ejército Constitucionalista y a la Fuerza Aérea que había sido creada por decreto de Venustiano Carranza en 1917, junto con otras instituciones como la Escuela Médico Militar y la Indus-tria Militar, que debieron afrontar con éxito la rebelión de Adol-fo de la Huerta en 1924, siendo ya ésta la última insurrección del tiempo revolucionario.

Luego, tras la elección de Plutarco Elías Calles, Álvaro Obre-gón fue nombrado secretario de Guerra y Marina. El general Joa-quín Amaro, al saber que las Fuerzas Armadas Revolucionarias estaban aún insuficientemente unificadas y sin identidad nacio-nal (como lo demostraron las revueltas de Arnulfo R. Gómez, en 1927, y la de Gonzalo Escobar, en 1929), y sin la suficiente preparación y disciplina, según se demostró también durante la larga guerra cristera, inició una serie de cambios que culminaron con la promulgación de leyes y reglamentos para la fuerza mili-tar, que habrían de institucionalizarla y modernizarla.

Ejército mexicanoEs el resultado de la evolución de las fuerzas revolucionarias emergidas del Ejército Constitucionalista, al ser sometido éste a la reorganización impuesta por el general Joaquín Amaro; tal programa incluyó la revalidación del grado para los altos oficia-les, imposición de disciplina, principalmente entre generales y jefes, profesionalizando los cuadros de jefes y clases, combatien-do la corrupción y mejorando en todos sus sentidos los servicios del Ejército; además, canalizó las aspiraciones políticas de los ex combatientes revolucionarios. Para llevar a cabo esta labor, le favoreció su permanencia al frente de la Secretaría de Guerra y Marina hasta 1931, y la fundación del Partido Nacional Revolu-cionario, que incluyó un sector militar que aglutinaba a los más destacados e influyentes oficiales. Fue el mismo Amaro quien condujo las actividades bélicas en contra de los cristeros.

A la llegada del general Lázaro Cárdenas como Presidente de la República, en los primeros dos años, sometió el mando de la secretaría y los mandos subordinados a un cambio permanente, hasta que dispuso de hombres de confianza que le permitieron afianzar el poder, lo que le permitió enfrentar con éxito las in-tentonas golpistas de Plutarco Elías Calles, exiliándolo el 1 de abril de 1936. En 1937 se dispuso el cambio de nombre de la Se-cretaría de Guerra y Marina al de Secretaría de la Defensa Na-cional. Finalmente, enfrentó el alzamiento de Saturnino Cedillo en 1938, así como unas insubordinaciones de menor magnitud. Es en 1941 cuando los mandos del entonces Departamento de Marina Nacional dejan de depender de la Secretaría de Guerra



y Marina, creándose la Secretaría de Marina y reduciéndose la injerencia del Ejército en este menester.

Sentir los ideales del pueblo y vincularnos lealmente con ellos, prestar nuestras Fuerzas Armadas, conscientes y orgullo-sos de estar sirviendo a la mayor de las causas del país, esa es nuestra misión. Los ideales de México, ideales que enarbola la Bandera de la Revolución mexicana, son, por otra parte, ideales óptimos para el país; por eso debemos servirlos con lealtad.


Juan Alfredo Oropeza Garnica es Director de la Unidad Estratégica de Inteligencia de Telecomunicaciones de México, organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De formación de oficiales en el Heroico Colegio Militar (1959-1962); egresado como Subteniente de Infantería. De aplicación en la Escuela Militar y Curso de Mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra (1971-1974), integró la 42/a. Promoción (1986-1987). Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales, formando parte de la 6/a. antigüedad, presentó la tesis El narcotráfico como un problema de se-guridad interior. Doctorado en Administración, en Atlantic International University. Actualmente desarrolla el trabajo de investigación El contexto humanístico de la re-forma del Estado, como una contribución eficaz para el fortalecimiento de la segu-ridad nacional. Fue Subdirector de la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y Servicios (Popotla, D.F.); Jefe del Centro de Operaciones del Alto Mando, en el Estado Mayor de la Defensa Nacional; Jefe de la Sección Segunda (Inteligencia) del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional; Director del Colegio de Defensa Nacional; Director General de Industria Militar.


Manuel alejandro Guerrero

En busca de una narrativa ante el (Bi)Centenario

Este ensayo propone que una buena parte de la explicación radica en que la alternancia democrático-electoral no se ha acompaña-do de una narrativa democrática -un gran relato- que sea capaz de otorgar sentido al presente, de explicarnos en función del pasado, de ofrecer un rumbo de futuro y que sea el resultado de acuerdos mínimos entre la clase política. En el marco de los festejos del (Bi)Centenario, contar con una narrativa que podría contribuir a definir el país que somos y queremos ser, así como a aminorar la impresión de oportunismo en las referencias de nuestros héroes y de improvisación en las acciones de una celebración de la que, en

Al comparar a México en los resultados de la encuesta anual del Latinobarómetro, desde 1996 hasta 2009, con la mayoría de los países de América Latina, es claro que mientras la tendencia general muestra un avance en los grados de confianza, apoyo y satisfacción con la democracia, este país exhibe un estancamiento y, en ciertos casos, un retroceso en estos aspectos.

Planteamiento


realidad, poco se ha comprendido en sus alcances. Aquí se propo-ne el rescate de una narrativa democrática que, si bien surgió en-tre 1997 y 2000, quedó arrumbada a partir del gobierno de Vicente Fox (2000-2006). No obstante, mantiene un gran potencial para construir consenso y proponer futuro.

El desencantoEn el sitio en línea de la Corporación Latinobarómetro (www.latinobarometro.org), la ONG cuya responsabilidad principal es conducir cada año una encuesta de opinión en los países que conforman América Latina y difundir sus resultados, se en-cuentran las bases de datos e informes de estos trabajos anuales desde 1995 hasta 2009.1 Al analizar algunos de los resultados y compararlos entre todos los países, así como entre cada país a lo largo del tiempo, es posible notar que, en términos generales, las noticias para las relativamente jóvenes democracias latinoame-ricanas son buenas: los grados de satisfacción con la democracia aumentan y los de preferencia por la democracia sobre otras for-mas de gobierno se mantienen en un mismo rango. Por ejemplo, mientras 27% estaba satisfecho con la democracia en 1996, 44% parece estarlo en 2009 y mientras 61% apoyaba la democracia en 1996, 59% lo hace en 2009.

Sin embargo, a pesar de estos porcentajes acumulados para América Latina, existen variaciones notables en la región, así como también países que se encuentran de manera constante en-tre los lugares más bajos en aspectos importantes de la vida de-mocrática. Este último es, en ciertos temas, el caso de México. Por ejemplo, en cuanto al grado de satisfacción con la democracia el promedio de México entre 1996 y 2009 es de 25% de individuos que indican “muy satisfecho” más “más bien satisfecho”, lo co-loca al país en el segundo sitio más bajo de la región, sólo por arriba de Perú, que promedia 22%. Si bien hubo algunos años en que estos porcentajes fueron más altos -45% en 1997, 36% en 2000 y 41% en 2006-, ello se explica por el entusiasmo coyuntural que despertó la expectativa inicial de entrar de lleno a una vida más democrática en el país o bien en la posibilidad de generar cambios importantes; entusiasmo que no se ve ya en otros años electorales de “normalidad democrática”, como 2003 o 2009 -18% y 28% de satisfacción, respectivamente.

Otro ejemplo sobre el caso de México es el relativo al apo-yo que recibe la democracia frente a otras formas de gobierno. En este sentido, las respuestas de individuos que han indicado en México que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de


1. En 1995 sólo se agregó en la encuesta a 8 países; al año siguiente ya incluía 17, y en 2004 se extendió a las 18 naciones en las que hasta hoy se lleva a cabo el estudio.


gobierno”, entre 1996 y 2009 promedian 51%, lo que coloca a este país en el lugar 13 (empatado con Honduras) entre los 18 países ac-tuales. Cabe resaltar, sin embargo, que en los últimos años (2008 y 2009), México ha ocupado el penúltimo y último lugares más bajos (43% y 42%, respectivamente), sólo arriba de, y empatado con, Guatemala (34% y 42%, respectivamente).

Un último ejemplo que se presenta aquí corresponde a la cues-tión acerca de para quién se gobierna. La encuesta de Latinobaró-metro pregunta: En términos generales ¿diría usted que el (país) está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio, o que está gobernado para el bien de todo el pueblo? Si se toma en cuenta el porcentaje de quienes respondieron: Para el bien de todo el pueblo, el panorama en México no resulta alentador. Mientras en 2006 -primer año en que se incluyó la pregunta-, 31% respondió en el sentido descrito, en 2007 lo hizo 29%, en 2008 sólo 19% y en 2009, 21%. Si se toma en cuenta el promedio de estos años, México apa-rece en el lugar 10 de los países de la región, aunque nuevamente la tendencia de los últimos años es a la baja.

De este modo, los datos muestran en su conjunto que México se encuentra, desde hace buen tiempo, en los lugares bajos en com-paración con otros países de América Latina, en cuanto a su apoyo por la democracia, su satisfacción con ella y la confianza en la pro-mesa democrática de que la clase política trabaja por el bien común. ¿En dónde podemos hallar elementos para ensayar una respuesta?

La explicaciónAl tratar de explicar lo que aquí podríamos denominar el “desen-canto” con la democracia, varios autores sostienen que este des-ánimo popular -que puede manifestarse incluso en caídas en la participación electoral- se puede explicar, por un lado, debido a la incapacidad de sus grupos dirigentes de lograr acuerdos signi-ficativos en temas como la corrupción, la desigualdad o el empleo (o para nuestro caso, la seguridad) y, por el otro, debido a que luego de un tiempo la población se da cuenta que la democracia por sí sola (al menos en su vertiente electoral) no conlleva una mejora en su bienestar económico inmediato (Dalton, 2000; Hut-cheson, 2004; Inglehart y Catterberg, 2002; Mason, 2004; Mattes, 2007; Smith, 2005). En el caso de México, la falta de acuerdos y compromisos claros entre las clases políticas acerca de cómo de-sarrollar una estrategia que goce de legitimidad y respaldo amplio para enfrentar la crisis de seguridad es ejemplo de la primera ver-tiente del desencanto. La reciente crisis económica y sus secuelas, así como la falta de una estrategia de desarrollo de largo plazo, es ejemplo de la segunda.

Sin embargo, una revisión cuidadosa de los datos del Latinoba-rómetro sobre el caso de México muestra con claridad que la ten-

en busca de una narrativa ante el (Bi)centenario


dencia al desencanto democrático precede a la aparición mediática de estos problemas -incluso precede al sexenio actual- y su registro por parte de la opinión pública.2 Por lo tanto, en este ensayo se pro-pone otra explicación que va más allá de la falta de acuerdos de la clase política y de la carencia de crecimiento económico sostenido, y que de hecho, ayuda también a explicar estos problemas. Es decir, ni la falta de acuerdos ni la falta de desarrollo económico son las variables independientes que explican el desencanto democrático de la población. Se trata de algo más de fondo que, incluso, con-tribuye a entender la carencia de acuerdos entre la clase política. Este ensayo propone, entonces, que en la base del desencanto -y de la falta de acuerdos sobre los temas centrales del país entre la clase política- hay una ausencia de narrativa en el sentido de un relato, mínimamente compartido entre los distintos sectores y grupos, que dé sentido al presente, que proponga un rumbo de futuro y que pro-yecte un lugar para México en el mundo.

En su artículo Narrativa (Reforma, 2/03/09), Jesús Silva-Her-zog Márquez sostiene que el panismo, aunque en particular el gobierno actual, ha sido incapaz de construir una narrativa que “enlace los datos y las anécdotas... que inserte el caos del presente con algún otro tiempo significativo... que vincule los riesgos con las oportunidades”. Tiene razón. No hay, hoy día, una narrativa que entrelace aspiraciones, valores y metas, y les otorgue un sen-tido histórico amplio. No obstante, la falta de narrativa trasciende al panismo y, es posible señalar, ayuda a explicar el desencanto de la población con su vida pública.

Se propone tomar como punto de partida una premisa obvia: la definición de los trazos más amplios sobre el rumbo de una na-ción corresponde, en principio -aunque no de manera exclusiva-, a quienes conforman las clases gobernantes. En este sentido, el dis-curso político sirve también para presentar, transmitir y reforzar una serie de principios básicos que sustentan los acuerdos políticos fundamentales de un país, más allá de las naturales divergencias de coyuntura y de intereses entre los distintos grupos políticos, sobre los que se apoya la explicación del presente, la orientación funda-mental hacia dónde debe dirigirse la vida del país, tanto en su vida interna como entre el resto de las naciones.

Al carecer de una narrativa compartida, se vuelve extremada-


2. En el caso de la inseguridad pública, si bien el problema tiene causas profundas y añejas, ha sido particularmente en este sexenio cuando se ha convertido en una preocupación central en la opinión pública. Ello no sólo se explica por el incremento en la violencia, sino también por el aumento en el registro mediático de la violencia, particularmente la del crimen organizado. En el caso de la economía, si bien el tema ha sido una constante entre las preocupaciones de la opinión pública, por lo menos desde los años ochenta, la nueva crisis económica de 2009 ha contrastado notablemente con los años anteriores de relativa estabilidad.


mente difícil alcanzar consensos sobre las causas de los problemas que aquejan al país. Desde luego, todo intento de propuesta de horizonte común que explique y articule los esfuerzos colectivos queda descartado. Si los diagnósticos no se comparten, mucho menos los remedios. En cambio, lo que sí sobra en la vida pública de México es el ruido y la cacofonía, que resultan de la variedad de declaraciones oportunistas, provocaciones innecesarias y pro-paganda excesiva por parte de unas clases políticas cuyos intereses se concentran en las disputas por lo inmediato.

Para poder tener una mejor comprensión del lugar de una narrativa compartida en la vida pública, es necesario revisar, en forma breve, las narrativas que han existido en México desde la posrevolución.

Narrativas anterioresEn el siglo XX, la narrativa que surgió en México como producto de la Revolución dio sentido a la historia y a aquel presente, a la vez que marcaba una vía de futuro para el país. En esa narrativa jugaron papeles principales los apoyos del Estado al movimiento muralista, a la naciente industria del cine mexicano, al proteccionismo indus-trial o al reparto agrario. Sin embargo, quizá su principal funda-mento se encuentra en la creación de un amplio proyecto educa-tivo nacionalista, con sus episodios escogidos por la historiografía oficial y, más tarde, con sus libros de texto gratuitos distribuidos entre los niños de todas las regiones del país. La narrativa posrevo-lucionaria interpretaba la historia nacional como una trayectoria de progreso ascendente en la que, de tiempo en tiempo, el pueblo bueno se había visto forzado a la rebelión contra dirigentes opre-sores, enemigos extranjeros siempre al acecho y sectores sociales altos siempre dispuestos a la traición. En su ruta de ascenso, las rebeliones habían conseguido primero la libertad, con la Indepen-dencia, luego las leyes, con la Reforma, y finalmente, la promesa de cumplir con la justicia social gracias a la Revolución. Desde luego, en esta narrativa, de fuertes tonos nacionalistas y revolucionarios, el régimen priísta se presentaba como el resultado de todas estas luchas y logros históricos, y como el marco en el cual, por fin, se alcanzarían las metas anheladas: desarrollo incluyente y justicia social (Reyna, 1974). A pesar de la combinación entre principios liberales y sociales incluyentes, en esta narrativa no tenía espacio la democracia, entendida como competencia pluralista con rendición de cuentas. Sin embargo, hasta los años sesenta tampoco parece


Las rebeliones consiguieron primero la libertad, con la Independencia, luego las leyes, con la

Reforma, y finalmente, la promesa de cumplir con la justicia social gracias a la Revolución.


haber habido una demanda social o cívica que la reclamara.3 Sin ningún ánimo nostálgico, es posible sostener que, por décadas, esta narrativa explicaba el presente en función de una lectura particular de la historia, daba sentido a un rumbo de futuro y le otorgaba un sitio al país entre las naciones.

Esta narrativa quedó encarnada en el régimen priísta y estu-vo vigente hasta las crisis de los años ochenta. Aunque tampoco se puede soslayar que es posible plantearse que la legitimidad general en esta narrativa hubiera empezado a resquebrajarse con las crisis de 1976 y, desde luego, con la de 1982. A partir de entonces fue perdiendo sentido tanto el modelo de desarrollo como la propia narrativa, nacionalista y revolucionaria, en la que se sustentaba y que dotaba de legitimidad al régimen polí-tico mismo. Las crisis económicas habían dejado un Estado sin capacidad de repartir beneficios, cuestionaban los modelos cor-porativos de relación Estado-sociedad y volvían imposible con-tinuar definiendo al Estado como el motor del desarrollo. Desde entonces se fueron desvaneciendo los consensos sobre el papel del Estado en aspectos básicos: desde su alcance como regulador en los mercados, hasta sus formas de financiamiento, pasando por sus responsabilidades en los ámbitos sociales. Para fines de los ochenta, la narrativa posrevolucionaria había perdido su le-gitimidad como proyecto compartido de nación. Y aquí no se puede soslayar que estos cambios ocurrieron en momentos en los que la vida política se descubría cada vez más plural, pero en contextos de desigualdades no resueltas en términos de accesos, beneficios, conocimientos, derechos efectivos y oportunidades.

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se ensayó una nueva narrativa cuyas premisas centrales descan-saban en tres ejes: la solución de las desigualdades imperantes, la modernización administrativa y la integración comercial con Nor-teamérica. Los proyectos de solidaridad, de liberalización y desre-gulación, así como el del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) respondían precisamente a esta nueva narra-tiva que redefinía el rumbo histórico del país. Si bien, nuevamente la democracia quedaba relegada en esta narrativa, la redefinición del gasto social, el énfasis en la eficiencia administrativa y la in-tegración comercial con los vecinos del norte, se combinaban para ofrecer un camino prometedor hacia un mejor futuro. Por un mo-mento existió la convicción, compartida por muchos -ahí están los resultados electorales de 1991 e incluso la encuesta del Reforma sobre


3. Lo interesante es que tampoco parece haber existido una exigencia real por democratizar la vida política del país por parte de la población en general, en tanto que hubo crecimiento económico y reparto de beneficios de manera incluyente (Guerrero, 2004; Loaeza, 1993).


la popularidad del Presidente4-, de que México ocuparía un nuevo lugar en el mundo y finalmente se daría el salto tan anhelado de la periferia al centro de las naciones desarrolladas. Luego de una déca-da en crisis, se volvía a creer en un proyecto.

Sin embargo, las crisis de 1994-1995, primero política y luego económica, terminaron con esta narrativa, pero quizá también con algo más importante: la confianza ciudadana en su clase política. En este sentido, el gobierno de Salinas de Gortari había logrado dejar atrás la sombra de ilegitimidad del 88 y, al mismo tiempo, recuperar el apoyo, la simpatía y la confianza de una gran parte del electorado (y quizá de la población en general) a través de una narrativa articulada que auguraba un futuro promisorio. Las crisis acabaron con esa promesa mediante la irrupción de las desigual-dades no resueltas, de la violencia política y, nuevamente, de otra crisis económica, aunque esta vez más profunda. Pero, sobre todo, acabaron con la confianza de la ciudadanía en la capacidad de la clase política para “proponer futuros prósperos”. Esta confianza no se ha recuperado luego de 15 años.

En parte, por ello, entre 1997 y 2000 apareció un nuevo dis-curso, una nueva narrativa gestada a partir de la reforma de 1996 y, por vez primera en el México moderno, propuesta desde fuera de las clases políticas. Esta narrativa, propuesta por intelectuales, académicos y periodistas, promovía la idea de un cambio posible: el democrático por la vía de las urnas y enfatizaba la necesidad de las condiciones equitativas de la competencia, la limpieza de los procesos y la imparcialidad de los órganos electorales. Ante la pérdida de fe en las clases políticas para ofrecer narrativas que sustentaran proyectos compartidos, esta narrativa de los outsiders gozaba de frescura y generaba optimismo.

En esta narrativa, muchos de los problemas históricos del país comenzarían a resolverse a partir, no de la simple alternancia, pero sí de los nuevos equilibrios y controles que se esperaba se genera-rían en un marco democrático amplio. El proceso electoral de 1997, donde por vez primera el partido oficial, el Revolucionario Institu-cional, perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y el control sobre el gobierno del Distrito Federal, mostraba con claridad que la alternancia era posible. El entusiasmo era palpable. Faltaba sólo un liderazgo claro que lo encaminara.


4. El periódico Reforma, el 30 de octubre de 1994, en su primera plana publicó los resultados de una encuesta llevada a cabo en las ciudades de México, Monterrey, Puebla y Guadalajara, en la cual se preguntaba a la gente cómo calificaba la actuación de Carlos Salinas como presidente durante los seis años. Las respuestas fueron, en la escala de 1 a 10, las siguientes: Monterrey, 8.00; Puebla, 7.02; Guadalajara, 7.10; y ciudad de México, 6.75. El promedio general fue 7.2. Además, se le preguntó a la gente si estaba o no de acuerdo con la manera como gobernó Salinas, obteniéndose como respuestas al 20 por ciento en desacuerdo, 43 por ciento de acuerdo y 36 por ciento que dijeron estar de acuerdo en algunas cosas sí y en otras no.


Así, una narrativa de la democracia, entendida, sobre todo como el cambio desde las urnas, y surgida, en principio, desde los outsiders del poder (intelectuales, académicos, periodistas e inclu-so militantes de la oposición), encontró su figura emblemática en Vicente Fox (2000-2006), quien a pesar de su trayectoria política se presentaba precisamente como un outsider. Julio de 2000 corro-boraba la idea que la alternancia era posible. La noche del 6 de julio de 2000, en las calles de muchas ciudades del país se sentía emoción y entusiasmo no tanto por la victoria de Vicente Fox, sino por lo que representaba: las posibilidades del cambio, así en lo indefinido, y por tanto, con expectativas desbordadas.

Por desgracia, se transitó muy rápido del entusiasmo desbor-dante al desencanto fatalista como consecuencia de la falta de talento y visión del gobierno de Vicente Fox. En casi todos los ámbitos se paralizó el avance democrático -quizá salvo en aspec-tos muy específicos como la transparencia gubernamental y el servicio civil- e incluso, la incapacidad del gobierno para entender el papel que debía jugar en ese momento de la historia condujo a inexplicables retrocesos en la presencia del Estado en ámbitos desde la seguridad, hasta el mercado, pasando por la política so-cial. Desde luego, una de las principales víctimas del desencanto fue la narrativa democrática. Una narrativa, debe decirse, que fue bien aprovechada por Fox para llegar al poder, pero con la cual, en realidad, no tuvo compromisos durante su gestión.

Sin una referencia democrática que enmarcara los alcances y los límites de la acción política legítima, por un lado, y del debate político respetuoso del entramado institucional, por el otro, al fi-nal de ese sexenio las diferencias naturales entre la clase política terminaron desbordándose hasta generar un clima de polarización social preocupante durante el proceso electoral de 2006. En esas circunstancias asumió la Presidencia Felipe Calderón (2006-2012). Su toma de protesta, literalmente utilizando las puertas traseras del Congreso, refleja de forma por demás elocuente el estado que guarda la vida política en México mediante las profundas divi-siones de las clases dirigentes y la falta de proyectos compartidos hasta ahora, cuatro años después.

En un ámbito de pluralismo político es normal la diferencia de propuestas de solución, incluso de diagnóstico, para los problemas de una nación. En este sentido, aun algunas de las democracias a las que se suele citar como ejemplo -Gran Bretaña, Francia, Esta-dos Unidos- atraviesan en la actualidad por momentos difíciles de conflicto político interno. Baste tener presente los reacomodos


Es en el rescate de la narrativa democrática donde se pueden encontrar los valores, las metas y las aspiraciones colectivas.


de fuerzas y los duros debates a los que se enfrentan los líderes de las primeras dos democracias, por no decir nada de la complicada situación en la que el Presidente estadounidense, Barack Obama, ha debido defender sus propuestas de reforma ante la constante oposición de los republicanos. La dureza del debate y la derrota de las propuestas políticas son constantes en las democracias. No obstante, lo que preocupa en México es más básico: aquí no hay acuerdos sobre el país que somos y queremos ser.5

Consideración f inal en relación con el (Bi)CentenarioNo es posible soslayar que fue la narrativa posrevolucionaria la creadora del panteón de la patria, el imaginario de nuestra histo-ria y, también, a los héroes que todavía hoy la protagonizan. Esta narrativa, es cierto, hace tiempo que perdió consensos y, sin em-bargo, para celebrar el (Bi)Centenario no queda más que recurrir a su legado que, en ausencia de una narrativa actual que otorgue sentido al presente en función del pasado, termina por ofrecer simplemente chispazos de espectáculo publicitario. La publicidad oficial insiste que en septiembre festejamos “200 años de ser orgu-llosamente mexicanos”. Adicionalmente a la mercadotecnia, no hay mucho más.

Sin una nueva narrativa, estamos atrapados en la obsesión del presente inmediato y, por lo tanto, los discursos de los actores políticos, nunca faltos de grandilocuencia, parecen superficiales, huecos, triviales. Asimismo, las referencias que hacen a nuestros héroes dan la impresión de no ser más que ocurrencias improvisa-das -por ejemplo, el paseo de reliquias-, sin el cálculo ni la planea-ción debidos. Sin una narrativa que presente una imagen de país actual en función del pasado, revivir a Hidalgo o a Zapata en los discursos carece de sentido y termina por ser inaceptable debido


5. Pongamos dos ejemplos muy concretos: las campañas electorales y el tema de la seguridad pública. En el primero, los partidos políticos resultan incapaces de articular un discurso sobre las direcciones necesarias para encauzar la vida pública. No hay agenda ni compromiso de los partidos con los temas y cuando los hay, los candidatos los desconocen o plantean sus campañas al margen de ellos. Es más, las coaliciones “antiPRI” son el mejor ejemplo de la preocupación de la clase política por el triunfo electoral inmediato, pues no existe una plataforma o una serie de compromisos de gobierno o de políticas públicas sobre los que se fundamenten esas coaliciones. Se trata tan sólo de “ganarle al PRI”, no de tener una mejor propuesta de gobierno, o de trabajar en común sobre soluciones a los problemas de la población.Por lo que toca a la seguridad pública, un tema que, en principio, importa a todos los sectores por igual, piénsese por ejemplo en la cantidad de foros que se han llevado a cabo. Nunca tantas veces como en este sexenio se ha convocado a la clase política, como a la empresarial y a los académicos a atender y plantear propuestas en foros diversos, de los cuales no han salido consensos reales por parte de los actores involucrados. Unos acusan al gobierno de insistir en una estrategia fallida sin escuchar otras voces; y el gobierno acusa a los demás de no querer comprometerse en el tema. Como en muchos otros asuntos, impera el diálogo de sordos.


a que no puede entenderse sino como una recurrencia oportunista por parte de la clase política. ¿Dónde encontrar entonces las cla-ves para una nueva narrativa?

La narrativa posrevolucionaria e incluso, por un instante, también la modernista de Carlos Salinas lograron crear consen-sos a partir de definiciones claras sobre diagnósticos y remedios. Sin embargo, las circunstancias que las hicieron viables son ahora irrepetibles. No es el caso de la narrativa democrática, la cual, al haber sido creada desde fuera del poder, todavía está en espera de que las clases políticas la hagan suya, redefinan sus alcances, reinterpreten a través de ella nuestro presente, ofrezcan una relec-tura del pasado -donde incluso se pueda revisar la construcción de nuestra historia con un sentido más crítico- y tracen un rumbo de futuro. Es, por tanto, en el rescate de la narrativa democrática, esa que quedó hecha a un lado desde el gobierno de Vicente Fox, donde se pueden encontrar los valores, las metas y las aspiracio-nes colectivas. Se trata de retomar en esta narrativa la agenda in-cumplida del 2000.

La narrativa democrática llegó a explicar el presente como resultado de una lenta, pero inexorable, vía hacia la pluralidad política y marcó el rumbo de futuro del país entre las naciones democráticas. Sin embargo, más allá de los cambios electorales, la narrativa democrática ha tenido muy pocos consensos entre la clase política, además de una falta de impulso por parte de los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, pues implica cam-bios importantes en términos en que se constituye y funciona el Estado, como la rendición de cuentas, la consolidación de un Es-tado de derecho, la redefinición de la relación entre poderes y en-tre Federación y estados.

Es decir, los componentes de una democracia sustantiva y no sólo electoral en la que se pueda entender otra vez el presente, que se vincule al pasado y proyecte al país hacia el futuro. Sin ello, resulta difícil establecer la razón de lo que se celebra a 200 años de ser independientes y 100 de una Revolución, pues no tenemos marcos claros para poder aprender su legado en función de lo que somos y queremos ser.

En suma, la narrativa democrática tiene aún mucho que ofre-cer, pero es necesario contar con la voluntad política para cons-truir los espacios de discusión y consensos que definan los aspec-tos centrales de la narrativa inacabada de la transición democráti-ca, de la agenda incumplida del 2000. Tenemos que construirnos como un país distinto, pero se requiere de la responsabilidad de la clase política. Ojalá lo entienda.




Manuel Alejandro Guerrero es Doctor en Ciencia Política con especialidad en Comunicación Política por el Instituto Europeo Universitario, en Florencia, Italia. Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Cambridge. Licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. En la UIA es profesor-investigador y coordinador del Posgrado en Comunicación en el Departamento de Comunicación, así como director de la Revista Iberoamericana de Comunicación de la UIA.

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Revolución mexicana: otra parte de la historia no divulgada

Karel e. ochoa Reyes


La Revolución mexicana en su etapa de lucha ar-mada tuvo como actores a mujeres y hombres de diferentes regiones del país, con distintos niveles socioeconómicos y motivaciones diversas.

Sin embargo, se han ocultado o simplemente ignorado y pasado de largo las aportaciones de las mujeres; es decir, se encuentran ausentes como sujeto u objeto en la historia mexicana, siendo que ellas han estado ahí siempre, participando activamente en la construcción de México: en la lucha de Independencia, en la re-volución de la Reforma Liberal; y junto con los hombres, fueron también protagonistas en la Revolución mexicana.

En este sentido, el presente artículo pretende visibilizar la participación de las mujeres en la Revolución mexicana, partien-

Cuando se busca definir la participación de las mujeres en las contiendas armadas, nunca se les vincula con imágenes míticas o legendarias como la Coyolxauhqui o la Coatlicue (madre del Dios de la Guerra), sino que se disminuye su intervención al grado de considerarlas simples criadas de los soldados.

Elena Poniatowska


do del movimiento precursor hasta el periodo de la lucha armada, así como también identificar lo que para las mexicanas representó este momento histórico en relación con sus derechos. Poner nom-bre a las iniciadoras y a las revolucionarias, y especificar las accio-nes que realizaron, es un recurso útil para visibilizarlas dentro de este movimiento hasta ahora masculino, aparentemente ajeno y distante a las mexicanas.

El género como categoría de análisisEl análisis de género es una perspectiva analítica que, partiendo de una categoría como el género, ha dado nombre a un tipo de visión, perspectiva, posición y método ante cualquier realidad so-cial. Así, el género es un concepto construido para enfocar, enten-der e interpretar la realidad; constituye la categoría explicativa de la construcción social y simbólica histórico-cultural de los hom-bres y mujeres sobre la base de la diferencia sexual.

Las relaciones sociales, partiendo de la construcción de lo masculino y femenino, con todo lo que eso significa, se pueden observar y analizar a través de la perspectiva de género. De acuer-do con Lagarde, la perspectiva de género tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, la socie-dad, la cultura y la política, desde las mujeres y con las mujeres.1

“La mirada a través de la perspectiva de género feminista, nombra de otras maneras las cosas conocidas, hace evidentes he-chos ocultos y les otorga otros significados. Incluye el propósito de revolucionar el orden de poderes entre los géneros y con ello la vida cotidiana, las relaciones, los roles y los estatutos de mujeres y hombres”.2 Así, la deconstrucción3 de la historia mexicana a partir de la perspectiva de género se vuelve una necesidad evidente.

Las precursorasEl movimiento precursor, para Cockcroft, es una totalidad de antecedentes políticos de la Revolución de 1910-1917, incluyendo manifestaciones, huelgas, levantamientos armados que datan de la fundación del Club Liberal “Ponciano Arriaga”, de San Luis Potosí, en 1900, hasta el estallido de la Revolución, en 1910.4

Para finales del siglo XIX existía en la clase media ilustrada


1. Lagarde, Marcela, El género, fragmento literal: La perspectiva de género, en Género y Feminismo. Desarrollo Humano y Democracia, Ed. horas y HORAS, España, 1996, pp. 13-38. En internet: http://www.proteccioncivil.gob.mx/upLoad/Publicaciones/especiales/LA03.pdf. pág. 1. Fecha de consulta: 4 de diciembre de 2009.2. Ibídem, p. 6.3. Deconstrucción: desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual por medio de su análisis, mostrando así contradicciones y ambigüedades. Diccionario de la Real Academia Española.4. Cockcroft, James D. Precursores Intelectuales de la Revolución Mexicana. 1900-1913, Siglo Veintiuno Editores, S.A. de C.V., México, D.F., 2004, p. 9.


de mujeres una conciencia sobre la ausencia de derechos, mismos que en otros países ya se estaban conquistando. En consecuencia, surgieron grupos de mujeres que buscaron el reconocimiento de sus derechos civiles, políticos y laborales. De esta manera, las feminis-tas se sumaron también a las protestas y manifestaciones del movi-miento precursor contra la opresión del régimen de Porfirio Díaz.

En esta etapa, la participación de las mujeres es notoria en la literatura y prensa escrita, así como en la organización de clubes políticos. El periodismo y la literatura constituyeron los primeros medios de expresión utilizados para manifestar sus necesidades y demandas, lo que a finales del siglo XIX dio como resultado la cir-culación de las primeras revistas femeninas. Publicaciones impul-sadas inicialmente por mujeres con una educación menos tradicio-nalista, como Laureana Wright o Concepción Gimeno de Flaquer.

Laureana Wright González, periodista y escritora guerrerense, fundó en 1884 la primera revista feminista de México Violetas del Anáhuac y el periódico Mujeres de Anáhuac, además, escribió el libro La emancipación de la mujer por medio del estudio. A través de sus publi-caciones luchó por el sufragio y la igualdad de oportunidades para ambos sexos. Revistas de la época fueron también: La Mujer, La Mujer Mexicana, El Álbum de la Mujer, El Correo de las Señoras, entre otras, con la característica de que se concibieron por y para mujeres, y plantearon una serie de cuestionamientos sobre la desigualdad intelectual entre los sexos, apoyando la emancipación femenina en términos de educación e ilustración igualitaria que les permitiera participar en los distintos campos de la cultura y la política.5

En la prensa, la labor femenina fue igualmente importante. Entre las pioneras destacan Guadalupe Rojo y Juana Belén Gu-tiérrez de Mendoza. Guadalupe, en 1899, a la muerte de su esposo Casimiro Alvarado, se traslada a la ciudad de México para conti-nuar con la publicación del periódico de oposición Juan Panadero, dirigido durante los primeros años de su edición en Guadalajara, Jal. Fue encarcelada varias veces, una de ellas en 1904, por su par-ticipación en la campaña a favor de los campesinos de Yautepec, Morelos. Por su parte, Juana Belén Gutiérrez en 1901 funda en la ciudad de Guanajuato el periódico semanal Vésper, con el objetivo de atacar al clero y al régimen de Díaz, así como defender a los mineros de Guanajuato. Juana, periodista de oposición, fue apre-sada por sus ideas y enfrentó varias persecuciones.6


5. Rocha Islas, Martha Eva. Presencia de las Mujeres en la Revolución Mexicana: Soldaderas y Revolucionarias. En internet: http://www.bibliotecas.tv/zapata/bibliografia/indices/memoria_del_congreso_internacional_3.html. Fecha de consulta: 10 de junio de 2010.6. Hernández y Lazo, Begoña y Ricardo Rincón Huarota (coordinadores), Las mujeres en la Revolución Mexicana, 1884-1920. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana e Instituto de Investigaciones Legislativas de la H. Cámara de Diputados, México, D.F., 1992, pp. 6-7. En internet: http://www.bicentenario.gob.mx/bdb/bdbpdf/LasMujeres.pdf. Fecha de consulta: 10 de junio de 2010.


Las actividades revolucionarias de principios del siglo XX las encabezaron los dirigentes del movimiento precursor, los liberales Camilo Arriaga, Librado Rivera, Juan Sarabia, Antonio Díaz Soto y Gama, y Ricardo Flores Magón, quienes apoyaron la participa-ción femenina en el movimiento y su incorporación a los clubes liberales. Las mujeres realizaron actividades de propaganda y orga-nizaron clubes liberales femeniles en diferentes regiones del país, sumándose también a las protestas contra el gobierno. Así, por ejemplo, las que pertenecían al Club Liberal Sebastián Lerdo de Te-jada, en el estado de Veracruz, establecieron el femenil denominado Benito Juárez, representado por Asunción Valdés, Josefa de Arjona de Pinelo y las hermanas Otilia y Eulalia Martínez Núñez.

En septiembre de 1905, el grupo magonista constituyó en San Luis, Missouri, el Partido Liberal Mexicano, al que se afiliaron mujeres comprometidas: María Andrea Villarreal González y Avelina Villarreal de Arriaga, quienes realizaron importantes co-misiones de tipo confidencial tanto en Estados Unidos como en México; María Talavera Brouse y Dolores Jiménez y Muro, que distribuían publicaciones de ideología liberal. También puede ci-tarse a Silvia Rembao de Trejo, que en 1907 ayudó a los magonistas presos en San Juan de Ulúa, Veracruz, a introducir armas para que pudieran escapar; y Las Hijas de Anáhuac, organización fundada por obreras textileras que lucharon por los principios magonistas y se sumaron a favor del mejoramiento social de las obreras.7

Por otra parte, en 1909, Francisco I. Madero fundó el Partido Antirreeleccionista en San Pedro de las Colonias, Coahuila, al que se sumaron mujeres de diversas clases sociales y distintas profe-siones y oficios. En los clubes antirreeleccionistas las mujeres realizaron propaganda y difusión, así como también fundaron sus propias asociaciones antirreeleccionistas femeninas en diferentes estados del país: el Club Sara Pérez de Madero, creado en 1909, en Chihuahua, por Dolores Romero de Revilla; la Liga Femenil de Propaganda Política, fundada en 1909, en el Distrito Federal, por María Luisa Urbina, Joaquina Negrete, María Aguilar Casta-ño, Josefina y Adela Treviño; el Club Femenil Antirreeleccionista Hijas de Cuauhtémoc, constituido durante los primeros meses de 1910 en el Distrito Federal, por Dolores Jiménez y Muro, Julia Nava de Ruiz Sánchez, Eulalia Méndez y María de los Ángeles viuda de Méndez, que además de protestar contra los excesos del porfiriato y defender el antirreeleccionismo, buscaron el recono-cimiento de la igualdad de la mujer con el hombre.8

Con lo anterior, se afirma entonces que desde antes de 1910 ya se contaba con una decidida participación femenina en distintos ám-


7. Lau, Ana y Carmen Ramos (compiladoras). Mujeres y Revolución 1900-1917. Estudio Preliminar y Compilación. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, México, D.F., 1993, pp. 25-28.8. Hernández y Lazo, Begoña y Ricardo Rincón Huarota, Op. Cit., pp. 13-17.


bitos y niveles, así como también se cuestionaba sobre la condición subordinada de las mujeres y su lugar en la vida pública del país.

La lucha armadaEn 1910, la población del país ascendía a 15.160,369 habitantes, de los cuales 7.655,898 eran mujeres: constituían el 8.8% de la po-blación económicamente activa, y representaban el 50.50% de la población total que habitaba en México,9 por lo tanto, es difícil imaginar que se hubieran quedado al margen de la lucha armada. Al contrario, su presencia es clara, se involucraron mujeres de di-ferentes estratos sociales, en las distintas facciones y desde los di-versos frentes. Su participación no se limitó a las soldaderas, sino que implicó actividades difícilmente pensadas para las mujeres en otras circunstancias.

La presencia de las mujeres fue indispensable para la Revolu-ción. Ellas realizaron una variedad de tareas que abarcaron desde las tradicionales de su género: cocinar para los soldados, cuidar a los hijos, atender a los heridos, limpiar y lavar, hasta aquellas en las que arriesgaban sus vidas: espías, contrabando de armas, intercam-bio de información, entre otras. De manera que, como señalan Ana Lau y Carmen Ramos, “en la medida en que la lucha armada se hizo más cruenta y la escasez más apremiante, la mujer incrementó su participación revolucionaria, pero ésta cobró matices específicos en razón de la región y del grupo revolucionario al que se afilió”.10

Ellas también fueron telegrafistas, enfermeras, empleadas de oficina, reporteras, editoras de periódicos, maestras, entre otros oficios y profesiones. Por su parte, las campesinas participaron en los distintos ejércitos en función de su lugar de origen, acom-pañando al padre, esposo o hermano, por voluntad propia o bajo el sistema de leva. Ellas combatieron en las batallas, algunas ocu-pando el lugar del marido muerto, heredando incluso el grado mi-litar, y logrando así ganarse el respeto de sus subordinados; otras se hicieron pasar por hombres para formar parte de la tropa, y al-gunas más, en forma sanguinaria, implantaron justicia por propia mano.11 De manera que las mujeres, de las áreas urbanas y rurales, estuvieron ahí, presentes, manteniendo viva la Revolución, for-


Con Francisco I. Madero, el Apóstol de la Democracia, la labor de las mujeres, desde el movimiento precursor, fue muy importante

para alcanzar sus objetivos.

9. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 1910 Tercer Censo de Población y Vivienda de los Estados Unidos Mexicanos. En internet: http://www.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/default.aspx?c=16769&s=est. Fecha de consulta: 18 de junio de 2010.10. Lau, Ana y Carmen Ramos, Op. Cit. p. 38.11. Poniatowska, Elena. Las Soldaderas, Ed. Era, México, D.F., 1999. pp. 14-16.


jando la historia de México al igual que los hombres.La participación femenina en los distintos momentos de la

Revolución mexicana, así como dentro de los diferentes grupos encabezados por los caudillos, provocó reacciones diversas en ellos, que mucho tenían que ver con sus orígenes y formación. De esta manera, con Francisco I. Madero, el Apóstol de la Democracia, la labor de las mujeres, desde el movimiento precursor, fue muy importante para alcanzar sus objetivos. Las maderistas integraron agrupaciones de apoyo y expresaron directamente a Madero sus opiniones sobre la política a seguir. Al lado de Madero estuvie-ron mujeres interesadas en la organización política como Carmen Serdán (hermana de Aquiles Serdán), así como organizaciones feministas formadas para respaldarlo: las Hijas de Cuauhtémoc o el club femenil antirreeleccionista Hijas de la Revolución, quienes publicaron un manifiesto a su favor en marzo de 1912.12

Entre las tropas maderistas destaca la participación de doña Carmen Parra de Alanís, La Coronela, quien en 1910 se incorporó desempeñando comisiones diversas: pasó parque, llevó comuni-cados de Madero relacionados con información y pertrechos de guerra y colaboró en diversos combates, como el de Ciudad Juárez (1911) y contra el orozquismo (1912); Ramona R. Flores, La Tigre-sa, junto con Valentina Ramírez, La Valentina, participaron en la toma de la plaza de Culiacán, Sinaloa (1911), la última alcanzó el grado de teniente; Clara de la Rocha fue comandante de guerrilla y parte activa en la toma de Culiacán, Sinaloa (1911); Carmen Vé-lez, La Generala, en 1911 comandó una partida de 300 hombres que operaban en los distritos de Hidalgo y Cuauhtémoc, Tlaxcala.13 El periodo de 1913-1917 contó con una amplia participación femeni-na, que a la muerte de Madero se integró en las distintas faccio-nes: constitucionalistas, zapatistas, villistas, y desde los distintos frentes: doméstico, sindical, militar, político y feminista.

Para los zapatistas, las mujeres estuvieron presentes dentro y fuera de las trincheras, ya que para ellos su participación era tan normal como cuando lo hacían en las actividades del campo. Durante el movimiento armado, ellas se involucraron en diver-sas tareas: Amalia Robles, coronela de caballería, peleó en Puebla, Tlaxcala e Hidalgo; Rosa Bobadilla de Casas, coronela, luchó has-ta 1919 en más de 168 acciones de armas; Catalina Muñoz Zapata, capitán primero, desempeñó diferentes comisiones como proveer pertrechos de guerra e informes de actividades federales, y des-pués formó parte de la escolta de Emiliano Zapata; Juana Castro Vázquez, soldado de caballería, y Josefina Cano de Silva, ambas combatientes del Ejército Libertador del Sur.14


12. Lau, Ana y Carmen Ramos, Op. Cit. pp. 39-41.13. Hernández y Lazo, Begoña y Ricardo Rincón Huarota, Op. Cit. pp. 18-25.14. Lau, Ana y Carmen Ramos, Op. Cit. p. 42.


Otras zapatistas identificadas fueron Ángela Gómez Salda-ña, Aurora Martínez Hernández y María Esperanza Chavarría que sirvieron como agentes confidenciales y correos, además de proporcionar armas y parque en todas las campañas del Ejército Libertador del Sur; Elisa Acuña y Rossetti, periodista que escribió artículos contra el régimen maderista en el diario Nueva Era; Flo-rinda Lazos de León, del grupo de las enfermeras zapatistas, tam-bién sirvió como correo, así como Dina Querido viuda de Mo-reno, quien además de colaborar dentro de los servicios médicos aportó dinero, granos y forraje para la causa zapatista; y Cleotilde de López, que realizó actividades de correo y espía en Chiapas, por lo que se hacía pasar por comerciante.15

Por su parte, Francisco Villa, que integró a su movimiento al ranchero, al hombre a caballo, al cuidador de ganado, al peón libre, sin tierra, percibía a las mujeres como un obstáculo, por lo que trató de impedir que las soldaderas siguieran a sus hombres, sin éxito, ya que encontró la oposición de sus soldados y pronto ellas llega-ron a ser tan numerosas como el Ejército mismo. Así, las villistas desempeñaron diversas actividades como correos, espías y contra-bandistas de armas; además de participar como soldaderas en la División del Norte,16 uno de los cuerpos militares más poderosos y profesionales del país, donde algunas obtuvieron grados militares: Carmen Parra vda. de Alanís, antes integrante de las fuerzas ma-deristas; Mariana Gómez Gutiérrez, pagadora de la División del Norte, participó en el asalto de Ojinaga, al lado de la caballería que atacó por el oeste, y María Villaseñor, coronela, que se incorporó a finales de 1914 para participar en diversos combates. La División del Norte también estuvo integrada por enfermeras: Cristina Baca viuda de Fusco, quien de 1913 a 1916 estuvo a cargo del Hospital de Sangre Abraham González, en Chihuahua, y aportó dinero para sostenerlo, y María Guadalupe Cortina de Labastida, enfermera en los hospitales de sangre y en los servicios sanitarios. Otra mujer integrada al villismo fue Aurora Ursúa de Escobar, antes secretaria de Madero, quien sirvió como agente de enlace entre los generales Villa y Lucio Blanco, y posteriormente, entre Villa y Emiliano Za-pata, llegó a ser coronela de la División del Norte.17

“Carranza, junto con Salvador Alvarado,18 fue el primer revo-lucionario que reconoció el potencial político que podrían tener las mujeres.”19 Al igual que Madero, Carranza recibió correspondencia de mujeres que le expresaban sus inquietudes políticas y le comu-


15. Hernández y Lazo, Begoña y Ricardo Rincón Huarota, Op. Cit. pp. 23-35.16. Lau, Ana y Carmen Ramos, Op. Cit. pp. 43-45.17. Hernández y Lazo, Begoña y Ricardo Rincón Huarota, Op. Cit. pp. 46-49.18. Como gobernador de Yucatán (1915-1918) apoyó los movimientos feministas y convocó al Primer Congreso Feminista, celebrado en la ciudad de Mérida, del 13 al 16 de enero de 1916.19. Lau, Ana y Carmen Ramos, Op. Cit. p. 45.


nicaban sobre la situación que prevalecía en sus localidades. Dentro del grupo que colaboró con él está Hermila Galindo, una de las fe-ministas mexicanas más importantes entre 1915 y 1919, quien soste-nía que la participación activa de las mujeres se tenía que dar tanto en los asuntos políticos del país como en los privados.20

Las carrancistas o constitucionalistas participaron en di-versas actividades. Una parte considerable de ellas perteneció al grupo maderista: María Guadalupe Moreno, quien después del golpe de Estado de Huerta difundió el Plan de Guadalupe y emprendió una campaña de acopio de armas en Guanajuato; Adelaida Mann, que difundió el discurso del senador Belisario Domínguez, pronunciado en 1913 contra la dictadura de Huerta, así como las proclamas de Venustiano Carranza y ejemplares del periódico El Renovador. Otras propagandistas fueron: Virgi-nia Negrete Herrera, Julia Nava, Gregoria Reyes de Maldona-do, María de los Ángeles Contreras, Carlota Urquidi Márquez, María Heredia Navarro, Dolores Sotomayor, Delfina Garmen-dia Villafaña y Manuela de la Garza de Jackson, quien desde el exilio realizó propaganda contra el régimen de Huerta y pasó armamento y parque por la frontera con Estados Unidos para las fuerzas carrancistas.

En la lucha armada, mientras algunas reunían hombres para combatir a Huerta, otras luchaban a favor de los constitucionalis-tas, como Magdalena Alcántara, que en 1913 se unió a las tropas constitucionalistas de la División de Durango y se desempeñó también como enfermera y directora de la Cruz Blanca Neutral; Encarnación Mares, Chonita, quien combatió contra villistas y za-patistas, y obtuvo los grados de cabo, sargento segundo y sargento primero; María del Refugio Salado Santoyo, capitán primero, en-frentó a los villistas en 1915, en la batalla de Celaya, Guanajuato, así como a los zapatistas, en Morelos.

20 Ibid. pp. 45-48.


20. Ibid. pp. 45-48.

El 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que si bien no incluyó los derechos políticos de las mujeres, sí reconoció la igualdad en derechos indi-viduales y laborales. Carranza integró algunas de las demandas de las mujeres, quedando plasmadas en la Ley del Divorcio con Disolución de Vínculo y la Ley sobre Relaciones Familiares.


Además, se identifica también a las que apoyaron en los ser-vicios médicos, entre ellas se encuentra Sara Perales, enfermera en jefe; Celia Espinoza Jiménez, integrante de la Cruz Blanca Neutral; Juana Torres, quien atendió heridos en campaña, ade-más de luchar en distintos combates y realizar labores de espio-naje; Leonor Villegas, que en 1913 fundó la Cruz Blanca Consti-tucionalista, a la que apoyó económicamente; Carolina Blacka-ller Arocha, Antonia Álvarez Sánchez, Dominga Carrascosa de Huerta, Carmen Heredia Urcelay y María Guerrero Manrique. Otra actividad importante fue el espionaje, algunas de las que desempeñaron esta función fueron Eva Flores Blanco, telegra-fista que realizó importantes misiones confidenciales, y María Trinidad Ontiveros, capitán primero, que sirvió como espía de 1914 a 1917. Se contó también con la participación activa de perio-distas y grupos de profesoras en diferentes estados del país.21

En todas las facciones de la Revolución mexicana se presen-taron actos de violencia hacia las mujeres, dirigidos tanto a las que participaban en la lucha armada como a las civiles que ha-bitaban los pueblos por los que atravesaban los ejércitos. Ellas fueron violadas, robadas, golpeadas, alejadas de sus familias, y vieron la muerte de sus padres, esposos e hijos, así como vivie-ron las propias.

Cuando la lucha armada terminó, la mayoría de las mujeres volvió a sus casas, a continuar con su rol tradicional de género. Ellas regresaron pobres, excepto contadas mujeres que recibieron pequeñas pensiones como veteranas de la Revolución mexicana. Otras, de las clases sociales medias y altas que eran intelectuales y militantes, formaron organizaciones políticas que influyeron en el movimiento feminista mexicano que comenzaría en las déca-das de 1920 y 1930.

La Constitución de 1917 y los derechos de las mujeres El 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que si bien no incluyó los derechos políticos de las mujeres, sí reconoció la igualdad en derechos in-dividuales y laborales. Además, Carranza integró algunas de las demandas de las mujeres expresadas desde finales del siglo XIX, quedando plasmadas en la Ley del Divorcio con Disolución de Vínculo y la Ley sobre Relaciones Familiares. De manera que el triunfo inmediato de las mexicanas consideró lo siguiente:


21. Hernández y Lazo, Begoña y Ricardo Rincón Huarota, Op. Cit. pp. 37-46.



Artículo 123 de la Constitución de 1917

Incorporó los derechos laborales: salario míni-mo igual para mujeres y hombres; jornada laboral máxima de ocho horas; protección a la materni-dad, y el periodo de lac-tancia, y prohibición de trabajos insalubres y pe-ligrosos para las mujeres y los jóvenes menores de 16 años.

Ley de Relaciones Familiares

Reconoció el derecho de igualdad del hombre y la mujer dentro del hogar, así como el derecho a la mujer de ejercer la patria potestad sobre los hijos, de administrar los bienes co-munes y los suyos propios, así como de contratar y de obligarse.

Ley del Divorcio con Disolución de Vínculo

Estableció, además del divor-cio con disolución de vínculo considerado en la legislación anterior, la posibilidad de con-traer nuevo matrimonio a los cónyuges; incrementó la edad mínima requerida para casarse de 12 años en las mujeres y 14 en los hombres, a 14 y 16 años, respectivamente, consignó los derechos y obligaciones entre los consortes; las relaciones concernientes a la paternidad y el reconocimiento de los hijos (aunque aún diferenciaba en-tre hijos legítimos y naturales).

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Título sexto. Del Trabajo y de Previsión Social. Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Y de Rocha Islas, Martha Eva.



Karel E. Ochoa Reyes es maestra en Ciencias área Relaciones Económicas Internacionales en la Cuenca del Pacífico, por la Universidad de Colima. Actualmente estudia el Doctorado en Política Pública en el ITESM. Fue Presidenta de la Asociación Colimense de Universitarias, A.C.; ha sido secretaria adjunta, y vicepresidenta de Operación y Cobertura Territorial en la Fundación Colosio, A.C. Filial Colima.

Conclusiones Aún no es posible conocer con exactitud los nombres y acciones de la totalidad de mujeres que participaron en el movimiento ar-mado de la Revolución mexicana. A pesar de que se han rescatado del anonimato algunas de ellas, seguramente quedan muchas otras que continúan en la espera de un justo lugar dentro de la historia mexicana que ha desdibujado contribuciones valiosas, olvidando así a más de la mitad de la población del país: las mujeres.

La participación de las mujeres en la Revolución mexicana constituyó un reto a la cultura patriarcal. Después de la lucha ar-mada nada volvería a ser como antes. Las mujeres habían probado su capacidad y valor, que si bien muchas de ellas regresaron a sus hogares, otras más continuaron demandando los derechos políti-cos aún no reconocidos, y el mejoramiento de las condiciones de las mexicanas en los distintos ámbitos.

Se espera pues, que con motivo del Centenario del inicio de la Revolución mexicana, por un lado, se deconstruya nuestra historia y con ello se dé pauta al surgimiento de una historia incluyente y divulgada, una en la que las mujeres sean parte integral de ella; y por el otro, se haga una reflexión en cuanto a los derechos de las mu-jeres. A cien años de distancia las demandas no han cambiado, se sigue buscando el reconocimiento de los derechos políticos y labo-rales, la aplicación real de políticas de igualdad entre los dos sexos, así como la transformación de las condiciones de vida y la libertad para decidir sobre sus propios asuntos, sobre su propio cuerpo.


fausto alzati araiza1

El dilema de México ante la crisis global

He bautizado a este proceso histórico como la “Gran Ruptura Glo-bal” (GRG). Señalé también que esta crisis es a la vez la oportu-nidad para incorporar intensivamente a la economía real las nue-vas fuentes de productividad, tales como energías sustentables, tecnologías informáticas y redes globales de información, cada

En el ensayo titulado La Gran Disrupción 2 señalé que “la crisis financiera global no es sino la pun-ta del iceberg de un gran proceso de cambio econó-mico, social, político y tecnológico. El inicio de una naciente era de metamorfosis de la civilización pla-netaria, cuyos alcances rebasarán, con mucho, los límites del naciente siglo XXI.

El dilema de México: Desintegración nacional o prosperidad democrática

1. Dedico este ensayo a mi esposa Karla Vargas Garduño, en reconocimiento a su apoyo en las horas más difíciles.2. Alzati Araiza, Fausto, La Gran Disrupción, Confluencia XXI, Número 5, Abril-Junio 2009, pp. 46-53.


vez más predominantemente semánticas e inalámbricas; nuevos materiales y nanotecnología; medicina genómica y técnicas de prolongación de la vida humana. Este diagnóstico se ha visto va-lidado por los hechos y datos de los últimos meses, que muestran con creciente claridad la naturaleza profundamente estructural de la transformación tecnológica, económica, social y cultural a que hoy se enfrenta la humanidad y que alcanza, por primera vez en la experiencia evolutiva de nuestra especie, escala planetaria.

En esta singular coyuntura global, México arriba al primer Bi-centenario de su Independencia y al primer Centenario de la Revo-lución que abrió el camino a un prolongado y aún inacabado proceso de integración cultural, cambio social, construcción institucional de-mocrática y modernización económica. Lamentablemente, debido a la conjunción de un complejo conjunto de factores estructurales y co-yunturales, México se enfrenta a la Gran Ruptura Global inmerso en un clima de inseguridad y violencia social que obstruye la adopción de estrategias institucionales eficaces para hacer de la crisis oportuni-dad de progreso, en vez de amenaza de desintegración.

Esta compleja coyuntura va mucho más allá de un problema de seguridad pública que pueda remontarse exclusivamente mediante el uso de la fuerza pública. Los síntomas de violencia y la multi-plicación de poderes fácticos, antagónicos a las instituciones legí-timas, tienen hondas raíces económicas y sociales: la acumulación de más de década y media de crecimiento económico insuficiente para hacer del crecimiento demográfico un bono social, en vez de un pasivo; la acumulación de un escalofriante rezago educativo, tanto cuantitativo como cualitativo; el ahondamiento de disparida-des sociales y regionales ya abismales; el entrampamiento de una transición democrática que en aras de la pluralidad y la alternancia ha llevado a postergar indefinidamente las reformas estructurales indispensables para culminar el proceso de modernización empren-dido y dar una respuesta eficaz a los retos globales.

La suma e interacción de estas y otras condiciones históricas, que sería imposible enumerar exhaustivamente aquí, han produ-cido la desocupación masiva, sobre todo entre los jóvenes, el em-pobrecimiento de comunidades y regiones enteras, la emigración forzada por el hambre y la desintegración de familias y estructuras solidarias de soporte social; la erosión institucional y, sobre todo, la desesperanza en las que los poderes fácticos, criminales o no, encuentran el caldo de cultivo para sus actividades, que vulneran al Estado de derecho y perturban la paz social. Sin una respuesta eficaz y convincente a estas causas subyacentes, el mantenimien-to de un estado de guerra interna no declarada no sólo parece ser incapaz de restablecer la seguridad pública y la confianza de la sociedad, sino que conlleva el riesgo de ahondar más aún el dete-rioro institucional y el desgaste del ya frágil tejido social.

No obstante, la Gran Ruptura Global no sólo plantea a Méxi-

fausto alzati araiza


co, como a todas las naciones del planeta, retos y riesgos formi-dables. También le abre oportunidades vastas e irrepetibles para remontar definitiva y aceleradamente los rezagos y obstáculos que aún le separan de la plena prosperidad democrática que ha sido en esencia la meta de todo su proceso histórico. “La Gran Ruptura Global nos coloca a todos, sin retorno y sin remedio, en plena globalización: todos compiten con todos, por todo, en to-das partes.”3 Así, México se encuentra ante un dilema ineludible e inaplazable, quizá el más dramático de su historia. Permítase-me resumir en dos palabras el dilema de México ante la crisis global: desintegración nacional o prosperidad democrática.

La definición de una estrategia eficaz de respuesta a la Gran Ruptura Global habrá de ser necesariamente el resultado de un vasto proceso político de construcción de amplios consensos nacio-nales. Es, además, indispensable que de las elecciones federales de 2012 resulte un gobierno con legitimidad y márgenes de maniobra suficientes para ponerla en práctica con éxito. Así, sólo la restaura-ción de la concordia nacional y un gobierno legítimo y con amplio sustento democrático permitirá a México desplegar una estrategia que responda de manera eficaz y ventajosa a la Gran Ruptura Glo-bal. En ánimo de contribuir a ese proceso, me permito aquí poner a consideración cinco líneas de estrategia encaminadas a responder a los retos y tomar ventaja de las oportunidades que resultan de la crisis global. Estas cinco líneas de estrategia, cuya descripción su-cinta será la materia del resto de este ensayo, son:

1) Detonar el crecimiento incluyente y sustentable;2) Instaurar una economía de plena ocupación;3) Solidaridad y educación para recuperar el bono demográfico;4) Infraestructura para la sociedad del conocimiento,5) La re-integración de la gran nación mexicana.Estas cinco líneas de estrategia son complementarias entre

sí y el éxito de cada una no será cabal en ausencia de las demás. Las expongo brevemente a continuación.

Detonar el crecimiento incluyente y sustentableNinguna respuesta a la crisis será adecuada si no permite a la eco-nomía real, ahora a escala planetaria, retomar la senda del creci-miento dinámico, sostenido, incluyente y sustentable. Nunca ha habido ni habrá crecimiento sin incrementos en productividad. Pero hasta ahora los incrementos en productividad pudieron ocu-rrir mediante la introducción gradual y lo menos disruptiva posi-ble de mejoras continuas o innovaciones paulatinas e incruentas. Ya no hay tiempo para eso, de aquí en delante la destrucción crea-tiva será demoledora e inaplazable.4

el dilema de México ante la crisis global

3. Alzati Araiza, Fausto, La Gran Disrupción.4. Alzati Araiza, Fausto, La Gran Disrupción.


De tal suerte, en el contexto del tránsito hacia la primera Civili-zación Planetaria Sustentable (CPS), cuyos inicios se manifies-tan en la GRG, el modo de producción industrial va cediendo el lugar a un modo de producción que provisionalmente llamare-mos Ecocibernético.

El capital deja de ser el factor de la producción dominante, para ser reemplazado por el conocimiento, no apropiable en prin-cipio, salvo mediante leyes e instituciones de propiedad industrial e intelectual eficaces. La concentración espacial es sustituida por la interconexión; las economías de escala ceden el lugar a las eco-nomías de interrelación, y éstas demandan infraestructuras dis-tintas a las industriales (línea de estrategia No. 4). La ocupación libre y productiva, en tareas que implican aprendizaje continuo y creatividad, se multiplica, en tanto la oferta de empleo asalariado en tareas repetitivas y subordinadas se contrae irremediablemen-te5 (línea de estrategia No. 2). Las energías basadas en la extrac-ción de recursos fósiles van siendo combinadas y paulatinamente reemplazadas por energías originadas en fuentes potencialmente inagotables: cósmicas, atmosféricas o biológicas, de más baja en-tropía. La seguridad social estructurada en torno al empleo asa-lariado demanda ser complementada y eventualmente sustituida por redes eficaces de solidaridad social público-privadas y comu-nitarias que garanticen a todos acceso universal al cuidado a la salud y oportunidades de ocio creativo y no sólo recreativo, que se entrelacen con una rica dinámica social de educación para la ge-neración y enriquecimiento del conocimiento, en vez de limitarse a su absorción subordinada (línea de estrategia No. 3).

Estas tendencias son ya irreversibles y su predominio global se hace cada vez más patente, a pesar de que por ahora se mani-fiestan como crisis, en tanto se consolidan los profundos cambios institucionales y culturales necesarios para su pleno despliegue. Las naciones que con más prontitud se pongan a la vanguardia de estas transformaciones, adelantándose en la construcción de las instituciones, infraestructuras y capacidades sociales que de-mandan, podrán dar un gran salto adelante y tomar el liderazgo en la naciente Civilización Planetaria Sustentable. Sin embargo, para estar en condiciones de tomar ventaja de esta oportunidad histórica, México deberá detonar y sostener un Crecimiento In-cluyente y Sustentable (línea de estrategia No. 1).

Los antiguos constructores de las pirámides precolombinas tenían un animal totémico de gran poder simbólico: El Jaguar. Si se habla de las economías “tigres” o “dragones” de Asia ¿por qué no llamar a la economía mexicana próspera que emergería


5. Véase: Rifkin, Jeremy, El fin del trabajo, El nacimiento de una nueva Era, Paidós Ibérica, 2010; así como The Zeitgeist Manifesto, disponible en Internet.


de una estrategia de alto Crecimiento Incluyente y Sustentable, basada en el conocimiento de una “economía Jaguar”?

Esta ruta está potencialmente abierta para México. Pero tie-ne sus propios diez mandamientos. Los Mandamientos del Ja-guar.6 Los resumo a continuación:

I. Dotar de credibilidad política a la estrategia de alto crecimiento, haciendo de ella el eje fundamental y el objetivo primordial de la política económica y de todas las políticas públicas;

II. Asegurar una base sólida y duradera de amplio apoyo político a la estrategia de alto crecimiento, enfatizando su carácter incluyente y aplicando políticas eficaces para que sus frutos lleguen de in-mediato a los segmentos populares y menos favorecidos de la población, tales como acceso universal a los servicios de salud y oferta educativa suficiente, que elimine la exclusión masiva de jóvenes aspirantes;

III. Asegurar un incremento dramático en los flujos de inversión extranjera directa que incorpore innovación tecnológica avanzada y aporte capacidades técnicas y gerenciales. A tal efecto será nece-sario dar la mayor prioridad a una ambiciosa política de desarro-llo científico y tecnológico sustentada en el modelo de innova-ción abierta y con énfasis en la acumulación de capital humano e intelectual;

IV. Generar una oferta elástica de capital humano altamente calificado. Decisivo a este efecto será el despliegue de un vasto y eficiente esfuerzo para expandir rápidamente el sistema na-cional de educación superior y tecnológica, complementado por una política intensiva de “aprender haciendo” en las empresas públicas, privadas y sociales, y un esfuerzo masivo de becas en áreas estratégicas de conocimiento básico y aplicado. De mane-ra complementaria se pondrá en marcha un esfuerzo eficaz de Re-integración de la Gran Nación Mexicana (línea de estrategia No. 5) para recuperar la riqueza intelectual, cultural y financiera de la diáspora mexicana originada por la emigración motivada por la pobreza, la violencia y la desesperanza;

V. Crear condiciones eficaces para que los emprendedores mexica-nos participen en el nuevo crecimiento, aplicando una política eficaz de competencia económica, una reforma regulatoria y reducción de los requerimientos financieros del sector público, con la fina-lidad de que el crédito y la inversión fluyan de manera masiva y efectiva hacia la innovación y la generación de oportunidades de ocupación de alta productividad y retribución;


6. Estos Diez Mandamientos del Jaguar son el resultado de una rigurosa investigación histórica y econométrica de 100 años del crecimiento económico de México: Alzati Araiza. Fausto, The Political Economy of Growth in Modern Mexico (1895-1995), PhD Thesis, Harvard University, pp. 230-233.


VI. Acelerar la absorción y difusión de conocimiento productivo avanzado, y ampliar la infraestructura de Investigación, Desarrollo e Innovación [I+D+I], así como su descentralización para esta-blecer polos de atracción demográfica que coadyuven a corregir desequilibrios entre regiones y fortalezcan la cohesión social, revirtiendo el riesgo de la desintegración nacional;

VII. Mantener un contexto macroeconómico estable, alineando los macroprecios (tasa de interés, remuneración al esfuerzo hu-mano y tipo de cambio) para instaurar una economía de plena ocupación globalmente competitiva;

VIII. Liberar al talento empresarial mexicano de las cargas ge-neradas por el exceso de regulación e impuestas por un aparato burocrático excesivo;

IX. No interferir con la tendencia natural de la retribución real al esfuerzo humano (salarios reales en la terminología convencional) de incrementarse en la medida en que se eleva la productividad marginal del trabajo. La represión de la retribución real al esfuerzo huma-no, pretendiendo hacer del empobrecimiento de los trabajadores una supuesta “ventaja competitiva” global, es insostenible en una dinámica de crecimiento basada en el conocimiento. Ade-más acaba por socavar el crecimiento, al impedir el incremento de un mercado interno de consumo que haga a la economía me-nos vulnerable ante los vaivenes de la economía global,

X. Mantener a la economía y la sociedad mexicana abiertas a los flujos globales de comercio, inversión, innovación y conoci-miento, al tiempo que se despliega una estrategia eficaz para am-pliar las oportunidades efectivas de acceso a los mercados globales de los productos, servicios e innovaciones originados en México.

Hacia una economía de plena ocupaciónLas habilidades y conocimientos son insumos productivos va-liosos y es de esperarse que su valor se incremente cuando la economía crece y la demanda de habilidades y conocimientos (capital humano e intelectual) se expande. Alcanzar y mantener una economía de plena ocupación es indispensable para hacer un aprovechamiento social óptimo del acervo nacional de capital humano y para dar al crecimiento un carácter incluyente.

Quienes quedan excluidos de la ocupación quedan también excluidos de participar de manera directa en las retribuciones crecientes que el desarrollo aporta a quienes contribuyen a pro-ducirlo. Esta exclusión conlleva un deterioro creciente del capital humano acumulado por los excluidos, en tanto la desocupación trae consigo la pérdida de destreza y la obsolescencia de las habi-lidades y conocimientos adquiridos. De esta manera, una econo-mía sin plena ocupación lleva implícito un perverso mecanismo de empobrecimiento e inequidad que termina por deteriorar el



tejido social y crear las condiciones en que la inseguridad y la violencia se enseñorean.

Alcanzar y mantener una economía de plena ocupación sig-nifica que la política macroeconómica no sólo deberá asegurar la estabilidad, sino que deberá asegurarla de manera congruente con la meta de plena ocupación. Esto significa que en la presen-cia de un mercado interno deprimido a consecuencia de muchos años de crecimiento insuficiente, las retribuciones reales al apor-te productivo humano y los costos reales de los demás factores productivos (capital físico, conocimiento protegido por propiedad industrial e intelectual, crédito y otras modalidades de financia-miento, insumos primarios, infraestructura) deben traducirse en precios que permitan a los bienes y servicios mexicanos compe-tir sin desventaja en los mercados globales. En consecuencia, es indispensable evitar los procesos inflacionarios, cuidando, sobre todo, de no incurrir en déficits significativos en las finanzas pú-blicas. Sin embargo, es igualmente crucial velar por que la política monetaria sea eficaz para impedir que la acumulación de reservas, necesarias para preservar la estabilidad, y los flujos de inversión foránea, indispensables para mantener el crecimiento, conduzcan a una apreciación excesiva del tipo de cambio real, mermando así la dinámica exportadora e impidiendo la plena ocupación.

Solidaridad y educación para recuperar el bono demográf icoEl prolongado periodo de crecimiento insuficiente y las limi-taciones cuantitativas y cualitativas de la oferta educativa han resultado en la acumulación de un pasivo social de desocupa-ción y ocupación de escasa productividad, erosión del acervo de capital humano y deterioro de los indicadores de salud. Así, el bono demográfico se ha convertido en un pasivo social de po-breza, insalubridad, ausencia de habilidades y conocimientos con relevancia productiva, y hasta analfabetismo funcional. En ausencia de una dinámica sostenida de crecimiento suficiente e incluyente, revertir este deterioro y reconvertir nuevamente el aparente pasivo social en bono demográfico, resultaría imposi-ble. Sin embargo, el puro crecimiento económico no bastará para lograr la reinserción de millones de excluidos en la dinámica de la ocupación altamente productiva y retribuida.

Para alcanzar este objetivo será necesario rediseñar los siste-mas públicos y privados de pensiones, seguridad social, preven-ción y atención sanitaria, para que en conjunto integren un sis-tema nacional de atención universal integral. Pero esto habrá de hacerse sin elevar la carga tributaria sobre las actividades de alta productividad y su contribución al crecimiento. Esto conlleva la necesidad de reducir a todos los niveles y de manera decidida el



gasto corriente del sector público que no contribuya de mane-ra tangible a la seguridad, el crecimiento y el bienestar social, reasignando los recursos financieros así liberados a la seguridad social y a la salud. Pero esto tampoco será suficiente en ausencia de un esfuerzo de movilización social orientada a reconstruir, ampliar y fortalecer las redes ciudadanas, comunitarias, familia-res y hasta privadas, de solidaridad social.

A este esfuerzo deberá sumarse un conjunto de políticas encaminadas a expandir aceleradamente la oferta de servicios educativos, tanto pública como privada y social, elevando su calidad y su relevancia productiva, así como su contribución a la expansión del acervo nacional de habilidades y conocimien-tos. Al efecto, será indispensable echar mano de los recursos y modelos, organizaciones que se van generando mediante las cada vez más numerosas opciones de tecnología educativa y de interacción a distancia, a fin de multiplicar el impacto y hacer un aprovechamiento óptimo del recurso más escaso y valioso en esta esfera: los docentes bien calificados y con dotes peda-gógicas superiores.

Infraestructura para la sociedad del conocimientoEn la economía del conocimiento que surge como modelo pa-radigmático de la GRG, la concentración espacial es sustituida por la interconexión; las economías de escala ceden el lugar a las economías de interrelación, y éstas demandan infraestructuras distintas a las industriales. Esto ofrece ventajas a las naciones cuya infraestructura es aún insuficientemente densa y cuyo des-pliegue sobre el territorio está inacabado. En vez de tener que reparar y reemplazar una infraestructura obsoleta y deteriorada, pueden avanzar directamente en el despliegue de infraestructu-ras tecnológicamente avanzadas y que responden a un modelo de organización económica y social construido en torno a la pro-ducción y difusión del conocimiento, así como al intercambio electrónico, digital y virtual de información y servicios, a los que la producción e intercambio físico de insumos, máquinas y bienes de consumo quedan subordinados.

El uso de Internet se ha generalizado y el costo del acceso baja cada día en casi todo el mundo. No con suficiente rapidez en México, donde no hay una política pública sistemática para cerrar la brecha digital (como sí la hay, por ejemplo, en Brasil o India), reduciendo las barreras de entrada a Internet, tanto regu-latorias como lingüísticas y económicas.

Hoy la red es el espacio donde operan los mercados globales. Ahí se hacen y deshacen las fortunas, ahí se pierde y se gana el poder político, el prestigio y el liderazgo moral. Sin el acce-so masivo y mayoritario de los mexicanos a la red, la sociedad



mexicana se seguirá desintegrando y hundiendo en la violencia. Quienes están excluidos de la red están excluidos de la civili-zación y del bienestar. Son los pobres de la tierra, listos para ser explotados en la migración ilegal y en la maquila. Ningu-na nación podrá fincar su desarrollo sustentable en tan atroces exclusiones y privilegios. José María Morelos quería “moderar opulencia e indigencia”. Conseguir hoy en México ese resulta-do, pasa por crear, sin más demora, condiciones prácticas para que todos los mexicanos, sin excepción, puedan tener acceso y aprovechar cabalmente el formidable instrumento de producti-vidad, enriquecimiento y educación que es la red global.

De aquí que en México resulte impostergable crear las con-diciones y las infraestructuras que permitan a los innovadores y emprendedores mexicanos competir en terreno parejo con sus contrapartes del resto del mundo. Y esto hay que hacerlo sin demora, sin darse tregua, y con una clara vocación federalista que mejore la distribución territorial de las infraestructuras y los recursos productivos.

El reto más complejo está en el terreno de la infraestructura multiplicadora y descentralizadora de las capacidades de Inves-tigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) y del capital humano que las mueve. Quizá a la larga México consiga llegar a estar en la liga de las naciones líderes en la producción de innovaciones con impacto global. Pero por ahora, la viabilidad de México como pro-yecto nacional independiente y viable en el largo plazo dependerá de que, sin demora y a la mayor escala posible, todos los agentes relevantes del quehacer nacional concierten un gran esfuerzo para desplegar las infraestructuras indispensables para atraer, adaptar y potenciar las actividades innovadoras que de manera exponen-cial van haciendo explosión a escala planetaria.

Hacia la re-integración de la gran nación mexicanaMás de década y media de crecimiento insuficiente y oportunida-des escasas de ocupación altamente productiva y bien retribuida han resultado en un fenómeno masivo de emigración por hambre, pobreza y desesperanza. La demanda de fuerza de trabajo poco calificado, generada por ciertos sectores agrícolas y de servicios en los Estados Unidos, se convirtió en irresistible polo de atracción para millones de mexicanos depauperados. Perdimos así en buena


La viabilidad de México como proyecto nacional independiente y viable dependerá de que, todos los agentes relevantes del quehacer nacional concierten un gran esfuerzo para desplegar las infraestructuras indispensables para atraer, adaptar y potenciar las actividades innovadoras.


medida los frutos del bono demográfico y sufrimos la desintegra-ción social de numerosas familias y comunidades.

A cambio obtuvimos, sin embargo, la transferencia del ca-pital humano, consistente en las habilidades, conocimientos, hábitos, actitudes, valores y experiencias que los migrantes acu-mularon en su inserción temporal o duradera a la sociedad y las economías más ricas y dinámicas del planeta. También benefi-cian a México las remesas de divisas que envían a sus familias y su contribución a la modernización de las comunidades a las que retornan, de manera transitoria o definitiva.

Es notable, sin embargo, que en el curso de este proceso, la mayoría de los migrantes han mantenido intacta, en sus usos y costumbres cotidianos, y en sus valores y anhelos más íntimos, su identidad cultural como mexicanos y su sentido de pertenencia a una gran nación mexicana, por encima de límites territoriales y políticos. Es hora de recuperar, para el gran reto de crecimiento incluyente que confronta México, la vasta reserva de recursos y talentos de los mexicanos que no residen en México. Se hace in-dispensable reintegrarlos en las redes de producción, inversión, comercio, docencia, creación intelectual y cultural, solidaridad social y construcción institucional democrática de México. Así recuperaremos con creces el bono demográfico que perdimos.

El gran salto hacia la prosperidad democráticaEl gran reto para México es transitar la Gran Ruptura Global sin colapsarse y convertirse en un Estado fallido, al tiempo que se educa masivamente a los mexicanos, todavía excluidos de los be-neficios de la civilización mundial. Esto comienza con brindarles oportunidades efectivas para colocarse a la altura de la conciencia planetaria y darles la oportunidad de ser bilingües, es decir, ciu-dadanos del mundo. Sin embargo, es necesario comprender que este reto sólo podrá confrontarlo con éxito la nación mexicana, en la medida en que profundice su transformación en una auténtica sociedad abierta y la vida política del país evolucione a una plena democracia que devuelva el poder a la ciudadanía.

Todo lo que se requiere para rescatar a México del estan-camiento y el riesgo de la desintegración nacional son buenas ideas. Buenas ideas y oportunidades concretas y prácticas para convertirlas en innovaciones globalmente exitosas, audacia y es-pacios para innovar en una sociedad abierta. Conseguir que esta dinámica virtuosa se manifieste en México, no es cuestión de “redistribuir” el ingreso nacional, como si éste se generara en una sola gran factoría y se depositara en una sola gran cuenta, desde la cual un ente omnisciente y omnipotente lo repartirá “equitativamente” entre los mexicanos. El “ingreso” lo generan los productores, aprovechando las ideas de los innovadores. Sólo



ellos son los propietarios legítimos de lo que producen. Así que para “redistribuir el ingreso” de manera eficiente y

duradera la única fórmula eficaz es redistribuir las capacidades productivas: educación bilingüe, acceso al crédito y acceso com-petitivo a Internet. Hacer esto de manera rápida y eficaz es el primer paso para detonar la reactivación económica y restaurar la integración social duradera en México.

Cuando la recuperación global se consolide cabalmente, el mundo que emergerá de este proceso será, en varios aspectos centrales y trascendentes, muy diferente al mundo anterior a la crisis. No sólo en lo económico sino también en lo político, so-cial y cultural. El nuevo mundo tendrá como tarea central fincar los cimientos tecnológicos, institucionales, energéticos, finan-cieros y humanos de la naciente Civilización Planetaria Susten-table. Una de las implicaciones más visibles de esta transforma-ción será la redistribución espacial de las actividades humanas de producción y consumo, siguiendo un patrón caórdico de red, en vez de uno aleatorio o cupularmente impuesto de concentra-ción y dispersión meramente lineales.

Esta lógica tiene consecuencias múltiples y formidables, al-gunas de las cuales han comenzado ya a ser visibles y se torna-rán cada vez más evidentes conforme transcurran las próximas décadas. Una de ellas es el derrumbe del imperialismo hegemó-nico y de los nacionalismos belicosos y su reemplazo por insti-tuciones supranacionales y eventualmente planetarias, capaces de afrontar con rapidez y efectividad los grandes retos globales.

En el contexto de estas nuevas arquitecturas institucionales, el poder de decisión se expresará mediante liderazgos activamente sensibles a los consensos y a las sensibilidades de un mundo políticamente multipolar y económicamente interconectado e interdependiente.

En 1995 integrar económicamente a México en Norteamé-rica mediante el TLCAN fue una decisión oportuna, inteligen-te y eficaz, frente al reto formidable de sacar a México de un encierro económico prolongado, cuyos resultados se reflejaban en una industrialización fragmentada y en graves síntomas de desintegración social y disparidades insostenibles entre ciudad y campo, centro y periferias. El modelo funcionó a cabalidad y rindió frutos para México y para la mayoría de los mexicanos mientras los Estados Unidos consiguieron mantenerse como la


Lo que se requiere para rescatar a México del estancamiento y el riesgo de la desintegración nacional son buenas ideas.


gran locomotora de la economía global, gracias a sus incompa-rables capacidades de innovación, consumo y apalancamiento financiero de alcance global.

Sin embargo, resulta evidente que Estados Unidos no tiene ya la capacidad de continuar desempeñando eficazmente y por sí sólo el papel de locomotora del crecimiento mundial. Tras la gran crisis financiera global, el único modelo sostenible de cre-cimiento y desarrollo globales tendrá que ser uno que redistri-buya, primero entre las economías líderes del planeta y luego entre todas las naciones del mundo, las capacidades de consumo, producción e innovación. Esto no ocurrirá por virtud de acuer-dos políticos que puedan atorarse o descarrilarse, sino de manera casi inevitable, en virtud de la naturaleza misma de las tecno-logías emergentes, cuya óptima productividad se alcanza en un modelo de red, lo que implica inevitablemente interconexión, es decir, dispersión con interdependencia. Todos intercambiamos información, mercancías y recursos con todos en todas partes del mundo. Es decir, de una manera u otra, todos dependemos de todos, simultáneamente y en todas partes del mundo. Quienes primero y mejor se adapten a esta lógica serán los grandes bene-ficiarios de la Gran Ruptura Global.

En este contexto, México tiene que rediseñarse como una na-ción integrada en la economía global interdependiente y no sólo en la economía de Norteamérica. Esto significa redireccionar los intercambios del país de manera multidireccional y descentrali-zada. No se trata de desligarnos de Estados Unidos y Canadá, sino de potenciar estos vínculos, al tiempo que desplegamos otros igualmente intensos, sólidos y duraderos con los múltiples polos del nuevo crecimiento global. China, Brasil, Rusia, India y el res-to del mundo, son retos y oportunidades que no podemos dejar pasar. En síntesis, la GRG plantea a México retos formidables, pero también abre oportunidades extraordinarias y quizá irrepe-tibles. El porvenir es nuestro, pero nos lo tenemos que ganar. Y ese porvenir bien puede ser el de prosperidad democrática que soñaron los fundadores de nuestra nación, por el que lucharon nuestros revolucionarios constructores de instituciones y que los mexicanos de hoy seguimos empeñados en hacer realidad.




Fausto Alzati Araiza es Doctor en Economía Política y Gobierno por la Universidad de Harvard, donde también obtuvo una Maestría en Administración Pública y en la cual ha sido investigador y profesor. Licenciado en Derecho por la UNAM; ex secretario de Educación Pública en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo; ex funcionario de Hacienda, SPP, SEMIP y asesor en Finanzas de Pemex. En el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari fue director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; en el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada fue Director General de la Aseguradora Hidalgo, S.A, de C.V., y se-cretario ejecutivo del Consejo Nacional de Infraestructura de la Presidencia de la República. Ha sido profesor en el ITAM, en El Colegio de México, en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; fue regidor y Oficial Mayor del Ayuntamiento de la ciudad de Guanajuato, Gto., donde nació el 14 de junio de 1953; fue subdirector de Estudios Económicos del IEPES del PRI, partido en el que milita desde 1969.


Durante este periodo se establecen política y jurídicamente los conceptos clave de la soberanía nacional y del derecho a la auto-determinación. Para alcanzar estos objetivos los revolucionarios emprendieron una lucha férrea por la construcción del Estado, la estructuración de instituciones republicanas sólidas y una mayor participación del pueblo en los asuntos políticos. Mientras que en los años previos a 1910 se libró una batalla frontal contra la interven-ción extranjera, con el fin de forjar la nación; durante la Revolución el objetivo principal fue la construcción del Estado mexicano.1

Dos condicionantes imperaron durante la formación del Es-tado mexicano: por un lado, los acontecimientos del entorno in-ternacional y, por el otro, las realidades socioeconómicas de la

La política exterior de la Revolución mexicana

Jorge navarro lucio

Los parámetros significativos de la política exte-rior de la Revolución mexicana corresponden bási-camente a la articulación del interés nacional.

1. Glen David Kuecker, The mexican revolution, 1910-1940 (the historian. vol. 66, issue 2004), p. 350.


nación. Los planteamientos y actitudes de los liderazgos en turno se basaban en esas dos condicionantes, con el fin de que el mode-lo de política exterior estuviera acorde con lo que demandaba la sociedad, sin perder de vista lo que sucedía en el exterior. En este sentido la política exterior, durante la Revolución mexicana, era el efecto de una causal histórica determinante, en algunos casos, bien interpretada por los liderazgos en turno.2

Es importante señalar que la Revolución mexicana fue pre-cedida por un periodo donde el modelo de política exterior que imperaba era conocido como el de statu quo, porque durante el gobierno de Porfirio Díaz se prefirió balancear el poder y man-tenerlo dentro del equilibrio de las fuerzas hegemónicas que pre-valecían en el ambiente externo antes que aventurarse a tomar partido y sucumbir ante una de las dos fuerzas reales de poder que dominaban el mundo.3

El paradigma fue sobrevivir como nación ante la potencia as-cendente del norte (Estados Unidos de América) y los imperios transatlánticos decadentes que luchaban por la reconstrucción de sus reinos (Inglaterra, Alemania, Francia y Holanda). Balancear, como modelo de política exterior, fue una de las estrategias más viables de ese tiempo. No era posible inclinarse hacia la dependen-cia total con Estados Unidos sin sufrir importantes pérdidas terri-toriales o de poder político,4 tampoco era posible aliarse plenamente a Europa, pues experimentaba un reacomodo geoestratégico.5

La Revolución mexicana significó un reacomodo de fuerzas en el interior y un cambio en la posición de México ante el mun-do, ya no era viable mantener el statu quo interno y mucho menos continuar con el esquema de balanza de poder en el exterior. Lo prioritario se traducía entonces, para los revolucionarios, en obte-ner las armas de donde fuera y para lograrlo la mejor manera era desplazándose estratégicamente hacia el norte, donde se encon-traba el mercado bélico: la frontera con Estados Unidos.6

A raíz de estos acontecimientos Estados Unidos emprende una política exterior activa hacia México, el presidente William H. Taft organiza primero el control de la frontera y después una estrategia para doblegar el mando revolucionario en el centro del país. Tres son los fines del control fronterizo: en primer lugar, evi-tar que los agentes “subversivos” provenientes del sur, que des-de allí operaban, no fueran a contaminar la vida política y social

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2. Frederick S. Calhoun, Power and Principle: Armed Intervention in Wilsonian Foreign Policy (Kent, OH: Kent State University Press, 1986), p. 40.3. Manuel Plana, The Mexican Revolution and the U.S. Border: Research Perspectives (Journal of the Southwest, Vol. 49, Issue 4, 2007), p. 603.4. John Douglas Pitts Fuller, The Movement for the Acquisition of All Mexico, 1846-1848 (Baltimore, MD. Johns Hopkins Press, 1936), pp. 160-164.5. Raymond James Sontag, Germany and England: Background of Conflict, 1848-1894 (New York: D. Appleton-Century. 1938), pp. 93-98.6. Manuel Plana, Op. Cit., p. 605.


estadounidense. En segundo lugar, evitar el flujo de armamento hacia el sur, sobre todo el destinado a los revolucionarios y final-mente reposicionar el control militar de la franja fronteriza a fin de organizar los “apoyos” que fueran necesarios para salvaguardar sus intereses cuando fuera necesario.7

Cabe resaltar que Ricardo Flores Magón, desde las ciudades de la frontera sur de Estados Unidos, preparaba un ideario revo-lucionario contra el régimen de Porfirio Díaz. Ya había publicado su primer número de Regeneración en 1904, en San Antonio, Texas. Flores Magón huyó de México al ser perseguido por el papel que desempeñaba al tratar de moldear el terreno ideológico para el levantamiento contra Porfirio Díaz. El 23 de septiembre de 1911, Ricardo y Enrique Flores Magón, junto con otros colaboradores de la misma tendencia, invitaron a la población mexicana a la lucha enarbolando la bandera de “Tierra y Libertad”.8

Flores Magón pasó varios años en diferentes cárceles de Es-tados Unidos, en Los Ángeles, California; Yuma y Florence, en Arizona; y la prisión de McNeil Island, Washington, para pos-teriormente ser trasladado a la cárcel de Leavenworth, Kansas, donde falleció en 1922.9

La intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de México fue patente tanto en el momento en que la Revolución inició, en 1910, como durante la presidencia de catorce meses de Francisco I. Madero, cuyo derrocamiento fue fraguado desde la embajada de Estados Unidos en México. El canciller estadouni-dense Henry Lane Wilson coadyuvó para que el general Victoria-no Huerta usurpara el poder, al mismo tiempo que el presidente Taft increpaba una política de contención en la zona fronteriza para detener el flujo de armas hacia el sur.10

La segunda fase de la Revolución estalló en 1913, tras el asesi-nato del presidente Francisco I. Madero, y el ascenso al poder del general Victoriano Huerta, precisamente cuando daba inicio, el 4 de marzo de 1913, la nueva administración de Woodrow Wilson, quien continúa con las políticas de intromisión de su predece-sor, aunque de diversa manera. Observamos así dos momentos de esta política. El primero, reconocer a los constitucionalistas como una facción beligerante válida en el conflicto hacia la ins-tauración del Estado mexicano; el segundo, levantar el embargo de armas a México. El movimiento constitucionalista marca su

la política exterior de la Revolución mexicana

7. Thomas A. Bruscino Jr., A Troubled Past: the Army and Security on the Mexican Border, 1915-1917 (Military Review, Vol. 88, Issue 4, 2008), pp. 31-40.8. Berta Ulloa, Breve Prefacio de la Revolución, en Historia General de México, Ed. Centro de Estudios Históricos (México: El Colegio de México, 2000), pp. 773-774.9. Héctor Pérez, Voicing Resistance on the Border: A Reading of Americo Paredes’s (MELUS, Vol. 23, Issue, 1, 1998), pp. 27-29.10. Helen Delpar, The Enormous Vogue of Things Mexican: Cultural Relations between the United States and Mexico, 1920-1935 (Tuscaloosa, AL: University of Alabama Press. 1992), p. 2.


inicio cuando el gobernador del estado de Coahuila, Venustiano Carranza, promulga en el Plan de Guadalupe el desconocimiento de Victoriano Huerta como presidente del país.

Sin embargo, los militares norteamericanos estaban pertre-chados en el puerto de Tampico, Tamaulipas, donde protegían los intereses petroleros de la zona y sólo faltaba una excusa para que intervinieran, lo que sucedió el 10 de abril de 1914, cuando nue-ve marinos del acorazado Dolphin fueron arrestados, dos de ellos dentro del naviero estadounidense. El almirante Henry T. Mayo y el cónsul norteamericano en Tampico exigieron al gobierno de México que formalizara un acto de desagravio a su Bandera. La negativa mexicana a tal pretensión fue el pretexto para la inter-vención armada en el país.

La historiografía mexicana y especialistas en política diplo-mática han analizado, en sus diversos aspectos, vehementemen-te el significado y repercusiones de estos hechos. Teniendo en cuenta que el Estado mexicano estaba en la consolidación de sus instituciones y que no era posible lograr el objetivo sin con-tar con un instrumento jurídico político capaz de salvaguardar tanto la soberanía como el interés nacionales, todas las expre-siones intervencionistas provenientes del exterior aunadas a las experiencias del siglo XIX dieron origen a la construcción de idearios políticos, como en el caso de Venustiano Carranza que formula su doctrina y que sería el ideario de política exterior de México, apoyado en dos principios fundamentales: la no inter-vención y la autodeterminación de los pueblos.11

El presidente Venustiano Carranza formula su doctrina el 1 de diciembre de 1918 ante el Congreso de la Unión, por medio de la cual manifiesta “que la diplomacia no debe estar al servicio de los intereses particulares ni tampoco ejercer presiones sobre los países débiles, con el objeto de que modifiquen las leyes que no les convienen a los poderosos”; es decir, manifiesta la igualdad entre los estados y desaprueba toda intervención en los asuntos internos de otra nación.12

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Calles se opuso activamente contra las inter-venciones militares de EUA en América Central, principalmente en Nicaragua y Guatemala.

11. Friedrich E. Schuler, Mexico between Hitler and Roosevelt: Mexican Foreign Relations in the Age of Lazaro Cardenas, 1934-1940 (Albuquerque, NM: University of New Mexico Press. 1998), p. 9.12. En internet: http://sepiensa.org.mx/contenidos/h_mexicanas/s.xx/historia_VenusCarr/venus_11.htm (Consultado el 20 de julio de 2010).


La doctrina fija el principio de no intervención después de que Estados Unidos lanzara su expedición punitiva contra México, como consecuencia de los ataques armados de Francisco Villa a Columbus, Nuevo México. Para establecer estratégicamente en el mundo esta política exterior, Carranza se hace de sus colaborado-res más cercanos, entre ellos el embajador Isidro Fabela, quien se encarga de ejecutar los principios en Europa y América Latina.13

En 1920, después del asesinato de Carranza, el presidente Obregón creó una política exterior de Estado, donde los princi-pios carrancistas se elevaron a nivel institucional. Para tal efec-to el presidente Obregón confirió esta responsabilidad a Alberto Pani, quien reconstruyó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con cuadros profesionales de carrera en el servicio exte-rior diplomático y consular. Ello, considerando que los puestos diplomáticos y consulares previamente habían sido confiados a políticos cercanos al Ejecutivo. Durante los años de Pani, la SRE se convirtió en una institución con profesionales de carrera. En sus memorias, Pani admite que no podía eliminar por completo la práctica de la asignación de “políticos” en los puestos diplomáti-cos y consulares, pero consideraba que dar las plazas a profesiona-les permitía la continuidad de las operaciones cotidianas, del día tras día, de las embajadas y consulados mexicanos, independien-temente de la competencia de los políticos de alto nivel asignados a los puestos diplomáticos.14

Pani delineó los estándares que deberían alcanzar los profesio-nales del Servicio Exterior, publicó las reglas y definió las respon-sabilidades del personal diplomático de menor rango. Asignó una partida especial, dentro del presupuesto anual del gobierno, para la SRE, dentro de la cual consideraba una jubilación generosa para los diplomáticos de carrera. En 1921 estimó que la diplomacia debía despachar en oficinas propias en las sedes de valor estratégico como Washington, Hamburgo, Berlín y Ginebra, por lo que decidió su adquisición. Posteriormente, en 1926, se consiguieron también las oficinas sede de las embajadas de México en Londres y París.15

El presidente Plutarco Elías Calles mantuvo una política exte-rior con Estados Unidos de América (EUA), de revisión y negocia-ción. Las controversias bilaterales entre México y su vecino se cen-traban principalmente en el petróleo, por lo cual Calles, para tener plena autonomía sobre los hidrocarburos, denunció16 los Tratados de Bucareli y redactó una nueva ley sobre el petróleo que cumpliera con lo estipulado en el artículo 27 de la Constitución Mexicana.


13. Friedrich E. Schuler, Op. Cit. p. 10.14. Samuel Guy Inman, Inter-American Conferences 1826-1954: History and Problems (Washington: The University Press of Washington, D.C., 1965), p. 101.15. Samuel Guy Inman, Op. Cit. p. 112.16. En diplomacia se denuncia un tratado cuando alguna de las partes decide dar por concluida su vigencia.


La controversia se originaba en la redacción misma del ar-tículo 27 constitucional que se inspiraba en una antigua ley de la Nueva España, que consideraba que todo lo que estuviera en tierras mexicanas era propiedad del gobierno federal. El lenguaje de este precepto constitucional entraba en contradicción con la posesión de los hidrocarburos por parte de compañías de Esta-dos Unidos y Europa, especialmente si se les aplicaba el artículo 27 retroactivamente. Para resolver esta disputa la Suprema Corte dictaminó que los campos de propiedad extranjera no podían ser expropiados mientras estuvieran en funcionamiento.17

Los Tratados de Bucareli establecían que México respetaría las decisiones de la Suprema Corte a cambio de que Estados Uni-dos otorgara el reconocimiento oficial a la presidencia de Álvaro Obregón. EUA reaccionó inmediatamente ante la intención de Calles de aplicar el artículo 27 constitucional. El embajador esta-dounidense James Rockwell Sheffield tildó a Calles de comunista y por medio de Frank Billings Kellogg, secretario de Estado, lanzó serias amenazas contra México, el 12 de junio de 1925.18

En ese mismo tenor, Calles se opuso activamente contra las intervenciones militares de Estados Unidos en América Cen-tral, principalmente en Nicaragua y Guatemala. Con este nuevo impulso del Ejecutivo la diplomacia mexicana ganaba terreno y prestigio profesional, articulando insistentemente los principios de autodeterminación y soberanía nacionales.19

Abonando a este nuevo clima de activismo diplomático, la Conferencia Interamericana se convirtió en un escenario central para que los profesionales de la SRE actuaran a tono con la micro-gestión del presidente Calles. En 1924, durante la V Conferencia Interamericana, celebrada en Santiago de Chile, el embajador de México ante ese país trabajó febrilmente para detener una inicia-tiva uruguaya que pretendía crear una Liga Americana de Nacio-nes bajo el dominio de Estados Unidos.20

En 1928, en la VI Conferencia Interamericana de La Habana, México bloqueó, una vez más, un movimiento político regional de mayor peso para el sistema de la Conferencia Interamericana.21

Un año más tarde, a principios de 1929, el diplomático mexicano Fernando González Roa se convirtió en una figura destacada en la conferencia de Washington, donde México se unió a otros sie-te países latinoamericanos en la formalización de un tratado con Estados Unidos sobre arbitraje.

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17. Enrique Krauze, Plutarco Elías Calles, Reformar desde el origen. Serie. Biografía del Poder. (México: Fondo de Cultura Económica. 1987), p. 10.18. Enrique Krauze, Op. Cit. p. 11.19. Samuel Guy Inman, Inter-American Conferences 1826-1954: History and Problems (Washington: The University Press of Washington, D.C., 1965), p. 101.20. Samuel Guy Inman, Op. Cit. p. 101.21. Samuel Guy Inman, Op. Cit. p. 112.


Por último, en 1930, se distinguió la política regional de Méxi-co al dictarse un corolario reconocido internacionalmente. El secretario de Relaciones Exteriores, Gerardo Estrada, proclamó la llamada Doctrina Estrada, donde asienta que México no se restringe a “mantener o retirar cuando lo crea procedente a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin califi-car ni precipitadamente ni a posteriori el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus go-biernos o autoridades”.22 De esta manera los pueblos de América Latina podían elegir soberanamente su forma de gobierno sin que el reconocimiento estuviera supeditado a éste. 23

Puede decirse que las bases de la política exterior durante la Revolución mexicana se fundan en tres décadas elementales de 1910 a 1940, cuando los sucesos nacionales y los acontecimientos internacionales entran a una extrema complejidad. Se pasa de la época beligerante de la Revolución mexicana a la construcción del Estado-nación, de los acontecimientos del mundo de dos guerras mundiales y la Revolución bolchevique, al ascenso de los regíme-nes fascistas en Italia y Alemania; lo que convertía a la política exterior mexicana de ese momento en una de las más activas del mundo, con personajes de alto nivel mundial al frente de la can-cillería mexicana.

Este escenario obliga a reconocer que la política exterior mexi-cana durante la Revolución enfrentó uno de los entornos más complejos que implicaron que un grupo talentoso de diplomáticos mexicanos replanteara pragmática y teóricamente las bases de lo que hoy constituyen los principios de la política exterior nacional a la luz de las nuevas realidades.

En próximas publicaciones se planteará la refundación de la política exterior mexicana a partir del análisis de elementos estra-tégicos existentes y de la construcción de una gran estrategia.

Prospectiva hacia el 2012Los retos que enfrentó la política exterior de México durante la Revolución moldearon su función, operación e instrumentación, en las épocas más críticas del desarrollo económico y político mundial. Precisamente cuando se requería que el Ejecutivo en turno y los titulares de la cancillería fueran capaces de defender los principios de autodeterminación y solución pacífica de las controversias. De 1917 a 1940 predominaron el fin de la Prime-ra Guerra Mundial, la desintegración del Imperio Otomano, los


22. En Internet: http://sepiensa.org.mx/contenidos/h_mexicanas/s.xx/estrada/estrada1.htm (consultada el 20 de julio de 2010).23. Samuel Guy Inman, Op. Cit. p. 130.


Acuerdos de Versalles, el ascenso del socialismo real y el inicio de la Segunda Mundial; la prueba de fuego para México lo fue el Telegrama Zimmermann.

El 19 de enero de 1917, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann, telegrafió a su similar de México para comunicarle que el 1 de febrero su país iniciaría “una guerra submarina sin restricciones”. El punto central del mensaje era la propuesta alemana de formar una alianza con México, en caso de que Estados Unidos no se mantuviera neutral y entrara al conflicto contra los germanos y sus aliados. Si este fuera el caso, México y este país teutón se aliarían en la guerra y en la paz. Al terminar el conflicto, Alemania ayudaría financieramente a México y coadyuvaría a la recuperación de Texas, Nuevo México y Arizona.24 Después de un análisis geoestratégico y al ponderar los corolarios de la política exterior, el presidente Venustiano Ca-rranza rechazó la oferta.25

En este sentido, tomando en consideración la historia y sus con-dicionantes tanto internas como externas, la prospectiva de la polí-tica exterior en el siglo XXI tiene como característica fundamental la organización de una gran estrategia. En el pasado los gobiernos emanados de la Revolución confiaron la cartera de la Secretaría de Relaciones Exteriores a juristas de renombre mundial.

México enfrenta, hoy en día, cambios de gran envergadura en el contexto mundial y se requiere del conocimiento pleno del entorno interno y externo, tanto teórico como práctico, para crear una nueva política exterior que esté más a tono con los desafíos del presente siglo. La teoría de las relaciones internacionales ver-tebrada en realismo, liberalismo, feminismo, posmodernismo, constructivismo, ya no es suficiente ni ofrece los parámetros con-ceptuales de esta nueva realidad mundial.26 Por ejemplo, México tiene en Estados Unidos su relación más importante y compleja; por lo que requiere conocer a fondo los mecanismos e instrumen-tos que modelan operativamente la relación bilateral.

En principio, es pertinente conocer a fondo el modelo de la nueva política exterior estadounidense, la cual surge cuando Jo-seph Nye y un grupo de expertos se dieron a la tarea de estudiar a fondo las nuevas realidades del contexto mundial para que a partir de esas variables se construyera un cuerpo teórico adecuado y funcional. Este grupo de expertos llegó a la conclusión de que la política exterior estadounidense en el siglo XXI debería ser la de

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24. Capt. Henry Landau, The Enemy Within, en el capítulo, Admiral Hall on the Zimmermann Telegram, (World’s Work, LI, No. 6, April 1926), pp. 578-579.25. Jeurgen Buchenau, In the Shadow of the Giant: The Making of Mexico’s Central America Policy, 1876-1930 (Tuscaloosa, AL: University of Alabama Press, 1996), p. 130.26. Beate Jahn, The Cultural Construction of International Relations: The Invention of the State of Nature (New York: Palgrave, 2000), pp. 95-112.


Smart Power o Poder Inteligente, porque conjuga lo teórico con lo pragmático.27 Hillary Clinton, secretaria de Estado, cuando com-pareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, para su ratificación, dijo que adoptaría como política exterior estadounidense el Smart Power.28

Para el 2012, nuevamente se presentará a México una gran oportunidad para reconstruir su política exterior con base en los principios tradicionales y a la formulación de una gran estrategia de política exterior. Es decir, una dualidad: histórica-filosófica y el interés nacional digamos “suprarrealista” (mayor latitud eco-nómica, mayor maniobra política).29 Una política de Estado que rinda frutos conforme a los nuevos objetivos que persigue una nación en ascenso. En 2012 existirán escenarios internacionales que significarán grandes oportunidades para reconstruir la polí-tica exterior mexicana, entre los escenarios están: la renovación del poder político en Estados Unidos (noviembre 6), en China ascenderá el nuevo liderazgo de la quinta generación (Hu Jintao y Wen Jiabao representan la cuarta generación), la reestructuración de las políticas internacionales sobre el cambio climático.

La gran estrategia de política exterior mexicana asume que los intereses y los objetivos nacionales integran facetas relevantes de nuestra agenda -protección a los migrantes, migración, comercio, intercambio tecnológico, intercambio cultural, turismo, financia-miento productivo- con el fin de alcanzar el pleno desarrollo eco-nómico del país y el equilibrio social, movilizando para tal efecto los instrumentos y los recursos (humanos y financieros) necesa-rios y efectivos para apoyar esta meta.


Jorge Navarro Lucio es director de Asuntos Diplomáticos de la Revista Macroeconomía, ex Consejero de Asuntos Políticos de la embajada de México en Washington, D.C., candidato a Doctor en Relaciones Transpacíficas por la Facultad de Economía de la Universidad de Colima. Ha sido corresponsal inter-nacional, conferencista e investigador en diversas universidades de México y del mundo, formó parte del grupo de cabildeo para la reforma migratoria de EUA de 1986 (IRCA, por sus siglas en inglés).

27. Patricia Mcginnis, The Value of Smart Power in a Time of Transition. The Public Manager, Vol. 37, Issue: 3, 2008, pp. 92-98.28. Philippe Naughton, Hillary Clinton says ‘smart power’ will restore American leadership, (London: The Sunday Times. 13 de enero de 2009), p. A-1.29. El suprarrealismo implica que mayor poder económico incrementa la capacidad de maniobra política de un país, caso concreto China.


Rolando Durán Rocha

Bordar el futuro desde el presente

La importancia en el movimiento insurgente de tierras hidal-guenses se derivó de tres factores sustanciales: el primero, por su ubicación como territorio, donde cruzaban los caminos que unían a la capital con el norte de la Nueva España y los puertos del Golfo, por aquí transitaban nutridas conductas de personas y mercancías; el segundo, la importante producción minera de las comarcas Pachuca-Real del Monte, Zimapán y, aunque ya

En la Independencia de nuestro país tres frentes se abrieron durante este movimiento en las hoy tie-rras hidalguenses: el primero se dio en la región de Huichapan, que abarcó las subdelegaciones de Tula, Ixmiquilpan y Zimapán; el segundo fue en los lla-nos de Apan, en el cual se incluyeron Tulancingo, Zempoala y Pachuca, y el tercero se desarrolló en las zonas Huasteca y Sierra Alta.

Independencia


en franca decadencia, la de Cardonal-Ixmiquilpan; finalmente, el tercer factor fue sin lugar a dudas el creciente mercado del pulque consumido en la ciudad de México y en general, por las poblaciones de la mesa central.1

Las hostilidades en la hoy región hidalguense inician 15 días antes de la Proclama de Dolores; el 30 de septiembre de ese mis-mo año Miguel Sánchez ocupa Huichapan y otros pueblos de la zona y casi de inmediato, el 28 de octubre, es secundado por Julián Villagrán y su hijo José María el “Chito”, y después por los hermanos Anaya, José Mariano, Francisco y Cayetano.

Dos años después, el 13 de septiembre de 1812, Ignacio López Rayón, Presidente de la Junta de Zitácuaro en su visita a Hui-chapan, celebra por primera vez el Grito de Dolores, este acto está consignado en el diario de su secretario, quien escribe:

“Día 16 de septiembre de 1812. Con un descargue de artillería y vuelta general de esquilas, comenzó a solemnizarse en el alba de este día, el glorioso recuerdo del Grito de libertad dado hace dos años en la congregación de Dolores… habiéndose anuncia-do por bando la víspera, para que se iluminaran y colgasen to-das las calles. Asistió don Ignacio López Rayón, con el lucido acompañamiento de su escolta, oficialidad y tropa, a la misa de gracias en que predicó el Sr. Dr. Brigadier don Francisco Guerrero, y al tiempo de ella (se) hizo salva de artillería por la compañía de granaderos de Huichapa(n): a las doce en la serenata, compitiendo entre sí las dos músicas, desempeñaron varias piezas selectas con gusto de don Ignacio López Rayón y (la) satisfacción de todo el publico.”2

Sin duda la posición estratégica de Hidalgo jugó un papel tras-cendental en la lucha por la Independencia; a pesar de esto, des-pués de la salida de Rayón, los Villagrán son objeto de perti-naz persecución por parte del realista Pedro Monzalve, quien al tomar Huichapan, logra capturar al “Chito” Villagrán, a quien promete liberar si su padre Julián abandona las armas, ante la negativa de éste, “Chito” es fusilado el 14 de mayo de 1813. Días después, Julián, víctima de una traición, es aprendido en la ha-cienda de Gilitla, donde es fusilado el 21 de junio de 1813.

Revolución: una época disímbola para HidalgoLa descomposición social existente en las instituciones y en el Ejército, los brotes de violencia en el país, la inequitativa reparti-ción de la riqueza, facilita ahora la comprensión de cuanto acon-teció en la Revolución, particularmente en el estado de Hidalgo.


1. Menes Llaguno, Juan Manuel. Independencia en Hidalgo en: http://bicentenario.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=292. Ídem.


Todos estos problemas estuvieron presentes en su territorio, por eso se cree que la historia de la Revolución mexicana es una sola, por dondequiera que se le considere. Desde las causas hasta los movimientos de hecho y los resultados, son uniformes, porque el sentido fue también uno solo.

Hablar de la historia de la Revolución mexicana en general, es hablar de la Revolución en los estados de Nuevo León, Du-rango, Yucatán o Chiapas. Cada uno aportó mucho: ideas, hom-bres de pensamiento o de acción, aparte de que los diferentes territorios fueron escenarios de batallas o asiento para la firma de documentos eminentes.

Como ejemplo de esto, podemos tomar el hecho de que uno de los generales de Francisco Villa fuese Felipe Ángeles, quien se hiciera fama como el ameritado y prudente militar, fue un consejero, un auténtico estratega a quien se debe, por haberla preparado, con toda conciencia y arte marcial del que fue capaz, la batalla histórica y definitiva de Zacatecas, hasta destruir la fuerza federal de Huerta.

En el mismo sentido de trascendencia para la gesta heroi-ca se encuentra el general Nicolás Flores,3 quien después de su estancia en la Convención de Aguascalientes, a su regreso a Pa-chuca, anunció al pueblo hidalguense su decisión de apoyar al Primer Jefe Constitucionalista, el 12 de noviembre. Doce días más tarde, el 24 del mismo mes, Francisco Villa entró al estado de Hidalgo, asentando su campamento en la ciudad de Huicha-pan, de paso para México, donde expidió un documento castren-se y convencionalista, aunque el maestro Manzano inscribe los términos “Ejército Constitucionalista”.

Como es natural de entender, los hechos en el estado de Hi-dalgo, en lo relativo a las circunstancias políticas y militares, se tornaron disímbolos, inestables.

Históricamente son reconocidos como gobernadores del es-tado de Hidalgo, aunque apenas si tuvieron las riendas del ejér-cito pequeño o numeroso que comandaban y una que otra dili-gencia en relación con la administración pública tan limitada, como lo permitía otra fuerza contraria vecina. Hidalgo tuvo así gobernadores llegados de otros estados de la República y el mu-nicipio de Pachuca, aun fue dirigido por extranjeros como es el caso del ruso, mayor Joseph Kotuscey.4

Después del paso por Huichapan del general Francisco Villa


3. Fue un militar con altas calificaciones teóricas, aunque con vocación de soldado activo. Fue criticado por iluso e irrealista. Mostró su inconformidad ante las injusticias del Ejército con los yaquis y ante el favoritismo como eje de promoción, lo que dio lugar a que fuera enviado en comisión militar a Francia.4. Zamora Escárcega, Gilberto. Episodios Revolucionarios, cuando Pachuca fue gobernada por un ruso. El Hidalguense. 1 de diciembre de 1956.


con rumbo a la ciudad de México, una parte de sus fuerzas avanzó hacia Pachuca y ahí quedó como gobernador y comandante del Ejército Convencionista el que se supone apoya a Eulalio Gutié-rrez, el general Manuel Medina Veytia, antiguo “dorado” villista. Para el 27 de noviembre de 1914, el ejército de los “dorados” impul-só al licenciado Manuel Sebastián, como Presidente Municipal de Tulancingo, por disposición del jefe militar Lauro L. Méndez. El 2 de diciembre siguiente salió Medina Veytia y entró el coronel Almaquio Tovar, pero a sabiendas de una provisionalidad, pues se esperaba al designado por la Convención de Aguascalientes para gobernar Hidalgo, el general Daniel Cerecedo Estrada.

El 16 de enero de 1915, coincidiendo con el XLVI aniversario de la fundación del estado de Hidalgo, llegó a Pachuca el gene-ral Eulalio Gutiérrez, quien pidió al general Cerecedo Estrada que lo acompañase en su peregrinaje porque lo estimó necesario para defensa de los postulados convencionistas, dejando el 18 de enero como gobernador al general Vicente C. Salazar, el torero y aguerrido revolucionario de la Huasteca. Pero poco duró, pues en su lugar fue puesto el villista Roberto Martínez y Martínez, quien se posesionó de Pachuca y gran parte de la entidad. Ape-nas Martínez y Martínez explayaba sus ansias como “jefe de estado” se vio obligado en ni siquiera esperar sino prácticamen-te huir, dejando la plaza de Pachuca. Entró, en consecuencia, un nuevo comandante militar y gobernador, el citado general Fortunato Maycotte, quien se hizo cargo de la situación el 13 de febrero del mismo año.

Una de las primeras acciones emprendidas por don Fortu-nato fue rechazar los “bilimbiques villistas”; esto es, la moneda a manera de “vales” expedidos para el intercambio comercial, los que ya eran frecuentes según las fracciones dominantes, las que llevaron a este campo la anarquía, ahondando la angustia del pueblo. Aquellos “bilimbiques” fueron llamados en Pachuca, sábanas, porque “eran blancos y de buen tamaño”. A pesar de sus buenas intenciones y de lo que había conseguido, el general Maycotte entregó el gobierno al general Alfredo Machuca, el 23 de febrero, abandonando Pachuca con todo y su tropa.

Machuca volvió a imponer la antipática moneda, generalmen-te denominada “bimbilique”, como sistema de crédito, a partir de su gobierno, cuando pagó a los burócratas, otros empleados, Ejér-cito, con unos “cartones” a los que se confirió el valor de 5, 10, 20 y 25 centavos, declarados de curso legal y forzoso.

Después de esto, el general Mariel llegaría a Pachuca para ha-cerse cargo del gobierno; en tanto que Machuca entregaría, el 3 de julio, el cargo al licenciado Miguel Gómez Noriega. Una vez ocurrido esto, el 2 de agosto, el general Nicolás Flores volvió al gobierno de Hidalgo y permaneció hasta el 15 de enero de 1917.



Nicolás Flores tuvo el tiempo suficiente para dictar decretos, los que puso en vigor. También estableció una comisión local agraria para dar cumplimiento a la ley promulgada el 6 de enero por Carranza; asimismo, reorganizó la Tesorería del estado y la Dirección de Educación Pública; dispuso la edificación de un Hospital General en los campos llamados El Cuervito; otra de sus acciones al frente del gobierno fue la reinstalación, el 1 de enero de 1917, del Tribunal de Justicia. Todavía con el carácter de gobernador y comandante militar del estado, y de acuerdo con el Primer Jefe Constitucionalista, Venustiano Carranza, entregó el gobierno al general Alfredo Rodríguez.

Ya como gobernador, Rodríguez convocó a elecciones para establecer la XXIV Legislatura Local y elegir gobernador del estado el 9 de abril.

El 28 de junio de 1917, el gobernador Alfredo Rodríguez se presentó ante el nuevo Congreso del estado para informar de su gestión, declarando que el anterior día 21, al instaurarse di-cha Legislatura, se declaraba oficialmente gobernador electo al general Nicolás Flores, quien rindió protesta como Gobernador Constitucional del estado de Hidalgo para el periodo 1917-1921.

Después de una dura elección Amado Azuara enfrentó la rebelión de Adolfo de la Huerta, encabezada en Hidalgo por el general Marcial Cavazos. El gobernador Azuara murió en 1923 y el periodo constitucional lo terminó su hermano Antonio.

Estas breves aproximaciones históricas nos dan muestra de que antes de cada revolución siempre han existido soñadores que en largas noches pensaban en los sufrimientos de un pueblo, se imaginaban una nueva vida, una nueva era, una nueva forma de vida, donde el ser humano recuperaba lo más apreciado y esencial para la vida, “volver a ser un ser humano”, todos esos sueños brotaban de literatura leída en las penumbras de las no-ches con viejos candiles que poco a poco iluminan sus mentes, para ir formando esos sueños en realidades, nunca soñaron en la grandeza de la Revolución, sino soñaron con la grandeza de su pueblo, no soñaron con su pasado inhumano, sino con su presen-te inexistente, con la explotación, la marginación, el desahucio, la intolerancia, la barbaridad, la humillación, la desaparición, el hambre, la opulencia, las miserias, la dignidad, los valores, la familia, los amigos, los conocidos, los desconocidos, los pueblos, las ciudades, los opresores, esa era la verdadera realidad de sus sueños, con el ingrediente de la intelectualidad, que hacía que


Por temperamento, por convicción, por imperativo de la conciencia, se deben retomar los valores de

transformación libertarios, defendiendo esa forma de dirigir y administrar que otorga la democracia.


sus hilos fueran cogiendo forma; soñaban en un futuro donde la mayoría fuera igual por igual, donde el esfuerzo humano sir-viera para todos y no para unos pocos, donde la ley y la justicia fueran lo que en realidad tenían que ser: “ley y justicia”, que los pueblos fueran pueblos y que sus riquezas fueran repartidas con igualdad e equidad.

Lo que para ellos empezó como un sueño revolucionario, con el tiempo y la historia se volvió una filosofía y una realidad, en la cual el mundo podía cambiar su destino; el México que se construyó después de la lucha armada de 1910, fue uno de insti-tuciones, pero también de ideología.

Al igual que la vida social, la política y la administración pública deben apoyarse en la verdad. Por temperamento, por convicción, por imperativo de la conciencia, se deben retomar los valores de transformación libertarios, defendiendo esa forma de dirigir y administrar que otorga la democracia. Es bien sabido que la política de verdad impone a los gobernantes deberes para con la nación; impone deberes a la nación para con los gobernan-tes; impone deberes al legislador en la elaboración de las leyes y a los servicios en su forma de ejecución. Impone deberes a los funcionarios y también a los ciudadanos, pues todo parte de un principio de corresponsabilidad, de igualdad.

A 100 años de distancia, en el México de hoy encontramos, por desgracia, que existen muchas similitudes con el México de principios del siglo pasado: existe una sociedad desgastada y des-igualitaria, siguen existiendo miles de comunidades marginadas de menos de 200 habitantes, los mecanismos de distribución de la riqueza no han sido eficientes, observamos un México bronco hoy, sin causa social.

Sin embargo, hoy se pueden activar mecanismos de partici-pación ciudadana que permitan liberar esa presión social y que puedan construir un proyecto de país con rumbo.

Paradójicamente la globalización y el libre mercado han arrojado saldos muy negativos por la falta de competitividad de México y del tejido empresarial y social. Sin embargo, en otro sentido, es precisamente ahí que existe la oportunidad para aprovechar la grandeza de nuestros recursos y la obligación de ser más competitivos.

No me queda duda que el proceso internacional del libre mercado ha marcado el ritmo de crecimiento de las naciones ca-


México vive una crisis social, económica y de inseguridad. La globalización y el libre mercado son una especie de alud que sigue sin detenerse.


pitalistas, ha dinamizado la economía de países emergentes que se han abierto a la inversión extranjera directa, pero también, evidentemente, han dejado atrás a las sociedades que no han te-nido la suerte de contar con la infraestructura, los recursos na-turales y/o el conocimiento para ser atractivos.

Creo que en sí mismo, el paradigma de la felicidad a par-tir del concepto de “éxito” que hoy impera, está sobrevalorado, cuando se dice: es más exitoso el que más acumula, es más feliz el que más consume, se hace de una forma falaz y esto nos ha orillado a utilizar a la madre tierra como proveedora de insu-mos para la producción, rompiendo todos los equilibrios. Creo con firmeza que está en la libre capacidad de autodeterminarse individualmente donde radica la realización de un ser humano. Está en la capacidad de las personas encontrar ese camino y es el papel del Estado ofrecer los instrumentos para que esas opor-tunidades se generen.

México vive una crisis social, económica y de inseguridad. La globalización y el libre mercado son una especie de alud que sigue sin detenerse. Compartimos 2,000 kilómetros de frontera con el mercado más importante del mundo, tenemos una pobla-ción de 120 millones de habitantes con un promedio de edad de entre 18 y 24 años, se necesitan empleos y las empresas, sean del origen que sean, requieren sitios competitivos para contender en los mercados internacionales.

Precisamente, entendiendo lo anterior podría afirmar que es en el nuevo orden económico mundial donde los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) habrán de influir poderosamente en el rumbo de las sociedades contemporáneas, pues entre ma-yor intercambio de bienes y servicios entre las naciones existirá mayor libertad para el intercambio comercial y, a su vez, tam-bién habrá una posibilidad de desarrollo social en las comunida-des. Es en esa competitividad donde queremos estar.

Hidalgo está directamente involucrado en el proceso de trans-formación del país, es la única y la última opción de crecimien-to de la zona metropolitana del valle de México. La gran crisis de contaminación ambiental y la falta de oportunidades, fruto de la marginación y la pobreza, han obligado a que la necesidad de crecimiento de la zona metropolitana se oriente hasta tierras hi-dalguenses, pues existen 15 mil kilómetros cuadrados de disponi-bilidad, la conectividad terrestre carretera y ferroviaria es inme-jorable, somos el cuarto productor de energía eléctrica y tenemos el privilegio de contar con recursos hídricos; sin embargo, para orientar el desarrollo de la entidad necesitamos crear un clima de paz social para que se generen las condiciones de gobernabilidad.

En los próximos meses viviremos un proceso de transmisión del poder con autoridades electas que están llamadas a tomar con



responsabilidad estos retos. Desde el Congreso del estado habrá de vivirse una pluralidad política como nunca en la historia de Hidalgo, esto representa una gran oportunidad para los legisla-dores locales, entendiendo primero que la coyuntura que esta re-gión está iniciando es cíclica y de no encararla con acuerdos será desaprovechada. A su vez, desde el Ejecutivo deberá realizarse un trabajo que retome el camino andado, pero sobre todo, que esté orientando al aparato gubernamental hacia una sociedad del conocimiento que nos permita ser más competitivos y de esa manera generar oportunidades de desarrollo para las personas. Desde la sociedad se deberá alentar la participación ciudadana para empujar a que las autoridades de todos los niveles cumplan con las metas que se propongan y obligar a que se esté en contac-to permanente con lo que la ciudadanía está demandando. En ese sentido, la utilización de los medios electrónicos y sus redes sociales juegan un papel fundamental para entablar una comuni-cación directa, pues en estos tiempos que se viven, si solamente validamos los conductos tradicionales de interacción estamos perdiendo la ocasión de escuchar a más personas y esa al final de cuentas, es la función de la política, la representatividad de los demás. Ser la voz de todos en un mismo sitio.

Es pues en esta oportunidad, en esta coyuntura, como hace 100 años, que la política debe jugar un papel fundamental como instrumento conductor para que Hidalgo pueda ser un motor de crecimiento y de activación económica en el proceso de globaliza-ción que, quiérase o no, México está determinado a contender.




Rolando Durán Rocha es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Estudió el Diplomado en Derecho Internacional por la Duke University, sede en Carolina del Norte, EUA. Cursado en Bruselas, Bélgica. Y el Posgrado en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). Se ha desempeñado en el servicio público en Hidalgo y a nivel federal, con cargos como Director General, Coordinador, Asesor de la Sedesol y la Segob, y Secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo. Actualmente es Presidente de la Fundación Colosio. Filial Hidalgo.


José enrique Vallarta Rodríguez

Bicentenario y Derecho electoral

No obstante lo anterior, en los últimos 10 años esta institución pre-sidencial se ha ido desgastando, actualmente resulta disfuncional e ineficaz para lograr las reformas estructurales que requiere México. Esta tradición “presidencialista” tiene antecedentes en la historia de nuestro país que datan desde el México colonial, el México in-dependiente del siglo XIX y el México del siglo XX. Tras la Revo-lución mexicana de 1910, se perfiló en la Constitución Política de 1917, aún vigente, la legitimación del presidencialismo fuerte, sin contrapeso formal efectivo, como medida para resolver de manera definitiva las pugnas entre los caudillos revolucionarios. Saltan a la vista las amplias facultades constitucionales concedidas al Pre-sidente de México, para influir y conducir la vida económica del país: control de las Fuerzas Armadas, conducción casi absoluta de la política exterior; manejo de los recursos fiscales, entre otras más.

Entre las instituciones primordiales que dan cuer-po al sistema político mexicano, la Presidencia de la República, aún en este año 2010, sigue siendo la más importante, ya que en torno a ella se estructura y ar-ticula todavía la mayor parte del aparato de poder.

Introducción


Sin embargo, en los últimos años y como consecuencia de la tendencia mundial de globalización económica y política, nuestro país requiere de reformas estructurales que actualicen su marco normativo y le permitan tener un proceso de trans-formación de forma y fondo de todas nuestras instituciones que actualmente han quedado rebasadas por la realidad, afectando los niveles de bienestar de la población.

Este proceso involucra la adopción de criterios democráticos reales en todas las esferas sociales, políticas y económicas. El tema de la democracia constituye uno de los problemas funda-mentales de los estudios filosófico-políticos de todos los tiem-pos; sin embargo, debemos entender que la democracia ha sido y será siempre un ideal de difícil realización y las aproximaciones que se le van haciendo, dependen del grado de desarrollo inte-gral que los pueblos van logrando.

Con base en lo anterior, surge el Derecho Electoral como ins-trumento normativo de la democracia y se encuentra vinculado a los aspectos fundamentales de la organización política y social de todos los pueblos. Es por esto que representa el instrumento esen-cial de la transformación actual que está viviendo nuestro sistema político hacia un sistema más digno, justo, equitativo y que garanti-ce mejores niveles de bienestar y convivencia entre los mexicanos.

El presente ensayo intitulado Bicentenario y Derecho Electoral, se divide en 3 partes: la primera refiere el concepto del Derecho Electoral y su ámbito de influencia. La segunda relata los antece-dentes del Derecho Electoral mexicano en el siglo XIX en la etapa colonial, posteriormente aborda una relatoría de los cambios que se han dado en las leyes electorales en los últimos 200 años en México, durante su periodo de reciente independencia e inesta-bilidad del siglo XIX, del siglo XX y la última reforma electoral de 2008. La tercera y última parte de este ensayo aborda una breve prospectiva del Derecho Electoral mexicano del siglo XXI.

Finalmente, cabe apuntar que el Derecho Electoral en nuestro país tiene gran relevancia por los constantes procesos electorales que se vienen realizando periódicamente y los que vendrán en el futuro, por lo cual esta disciplina no es estática, sino por el contrario, se encuen-tra en constante cambio y evolución, a efecto de responder adecuada-mente a las transformaciones y necesidades sociales de los pueblos.

Concepto de Derecho ElectoralExisten diversos conceptos de Derecho Electoral. Algunos auto-res consideran a éste como aquella parte del Derecho Constitu-cional que regula lo relativo a las elecciones.1 Para otros autores


1. Gil Robles y Pérez Serrano. Diccionario de Términos Electorales y Parlamentarios. Ed. Porrúa, S.A., México, 1993, p. 234.


latinoamericanos como el argentino Carlos Fayt,2 el Derecho Electoral se considera como la parte del Derecho Constitucio-nal, cuya principal función es el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos. El tratadista cubano Rafael Santos Jiménez manifiesta que el Derecho Electoral es “el conjunto de principios y reglas que rigen la designación mediante el voto de los go-bernantes y principales funcionarios, y la resolución mediante el voto de los asuntos públicos trascendentales”.3 Existen otras definiciones más integradas como la del tratadista Cotteret y Emeri, que define al Derecho Electoral como “aquel que está constituido por el conjunto de reglas destinadas a definir la cua-lidad del ciudadano, diferenciar los diversos tipos de elecciones y reglamentar el desarrollo del escrutinio. Estas reglas varían en el espacio y en el tiempo, pues son reflejo de la naturaleza pro-funda de los regímenes políticos que las aplican”.4

No obstante las diversas definiciones que existen del Derecho Electoral, es el tratadista mexicano Francisco Berlín Valenzuela quien desarrolla el concepto más amplio e integrador de esta disci-plina. Para Berlín Valenzuela el Derecho Electoral es el “conjunto de normas que regulan el procedimiento por medio del voto para designar a los gobernantes que, conforme a la ley, deban ser elec-tos por el pueblo y que determina las condiciones de su participa-ción a través del cuerpo electoral en las decisiones gubernativas”5. La anterior definición contiene las perspectivas necesarias para el Derecho Electoral moderno, en el que se integran la perspectiva política, que pretende conocer la integración de las estructuras del Estado, los principios doctrinales de democracia y representación, y la perspectiva jurídica que se refiere al ámbito normativo, y la instrumentación de las formas de la democracia semidirecta, en la que el pueblo no elige gobernante, sino opciones que le son propuestas. En virtud de lo anterior, el contenido del Derecho Electoral que ha sido tradicionalmente de carácter electivo y que ha recogido las reglas que se refieren al régimen de elección de los gobernantes, debe ser complementado con el reconocimiento de la participación ciudadana; dotándolo de un contenido de parti-cipación y control, que propicie la participación del pueblo en la toma de decisiones de las personas que ejercen el gobierno.

Por ello, el Derecho Electoral no sólo se encarga de regular los procedimientos electorales, sino también regula la participa-


2. Fayt, Carlos. Derecho Político. Ed. De Palma, Buenos Aires, Argentina, 1988, p. 9.3. Santos Jiménez, Rafael. Tratado de Derecho Electoral. Ed. Lex, La Habana, Cuba, 1946, p. 15.4. Cotteret, Jean Marié y Emeri, Claude. Los Sistemas Electorale. Ed. Oikos-Tau, Barcelona, España, 1973, pp. 12 y 13.5. Berlín Valenzuela, Francisco. Teoría y Praxis Política-Electoral. Ed. Porrúa, S.A., México, 1983.


ción ciudadana de la sociedad civil en las elecciones de gobierno. A continuación abordaremos el desarrollo del Derecho Electoral a través de los últimos 200 años en nuestro país.

2. Legislación electoral mexicana de 1810-2010Tras tres siglos de dominación española en México, en 1810 los españoles disponían del gobierno y controlaban el comercio de la Colonia. El resto de la población: criollos o españoles, nacidos en América, mestizos, indígenas y mulatos, estaba descontenta con su status social y económico, y constituía la mayoría de la población. La forma de gobierno era una monarquía que opera-ba desde España y era representada por un virrey.

2.1 Constitución de CádizEn esta etapa colonial, el principal antecedente de la legislación electoral está en la Constitución de Cádiz, promulgada el 9 de marzo de 1812 por las Cortes del Imperio Español, en las que es-tuvieron por primera vez representadas las colonias españolas. En su texto se estableció que el proceso electoral se desarrollaría en tres fases: juntas electorales de parroquia, juntas electorales de partido y juntas electorales de provincia.6 La parroquia se cons-tituía como una circunscripción religioso-administrativa. Para la elección del votante parroquial, presididos los ciudadanos por el párroco del lugar, después de haber asistido a misa, se reunían en el lugar designado para la votación. Reunidos los electores pa-rroquiales en las cabeceras de los partidos, constituían las juntas electorales de partido. De acuerdo con el número de diputados que correspondían a cada provincia, en las juntas electorales de partido era elegido el triple de electores de partido, quienes inte-graban las juntas de provincia. La votación era secreta, a plura-lidad absoluta de votos y a segunda vuelta. Al igual que para las elecciones de parroquia, se acudía antes y después de la votación a ceremonias religiosas. Los diputados que se elegían eran electos cada dos años y correspondía uno por cada setenta mil habitan-tes o por fracción mayor de treinta y cinco mil.7 En caso de que el número de habitantes de una provincia fuera menor, se uniría a la provincia vecina. Para ser electo diputado era necesario ser ciudadano del Imperio Español, tener 25 años cumplidos y estar en ejercicio de sus derechos con 7 años de residencia. Además, se requería comprobar renta anual proporcionada procedente de bienes propios. La exclusión de los criollos y el resto de la pobla-ción mexicana de los puestos de elección popular y en general


6. García Orozco, Antonio. Legislación Electoral Mexicana 1812-1998. Ed. Adeo Editores, México, 1990, p. 4.7. García Orozco, Antonio. Op. Cit., pp. 5-10.


de cualquier puesto de autoridad, generaba un fuerte malestar entre la sociedad colonial. Este malestar fue canalizado por un grupo de criollos que aprovechó la invasión de España por las tropas francesas en 1808 y la subsiguiente crisis de autoridad, generando un movimiento de Independencia el 16 de septiem-bre de 1810, encabezados por el cura Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, con la colaboración de Ignacio Allende y Aldama; el movimiento obtuvo algunos triunfos militares, sin embargo, su ejército era heterogéneo e indisciplinado, y sufrió varias derro-tas hasta que fue fusilado en 1811. La rebelión tomó un carácter eminentemente popular, dirigida por López Rayón y por el cura Morelos, bajo cuyos auspicios se reunió el Congreso de Anáhuac en 1813 y expidió el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, donde se consignan avances en relación con la Constitución de Cádiz.8 El aspecto más sobresaliente de esta Constitución, en cuanto a elecciones se refiere, estriba en su espíritu progresista, ya que estableció el principio de sufragio universal y no exigió capacidad económica o rentística para los representantes populares, sino sapiencia y probidad.9

2.2 Constitución de ApatzingánLos avances en materia electoral de la Constitución de Apatzin-gán en relación con la Constitución de Cádiz, radican en la incor-poración que tuvo la primera del espíritu progresista de José Ma-ría Morelos, plasmada en el documento Sentimientos de la Nación, que estableció entre sus principios fundamentales que el pueblo era el depositario de la soberanía, dividiendo los poderes en Le-gislativo, Ejecutivo y Judicial, eligiendo las provincias sus vocales y éstos a los demás, que deben ser sujetos sabios y de probidad.10 El 22 de octubre de 1814, el movimiento independentista a través del Congreso de Anáhuac promulgó la Constitución de Apatzin-gán, que fungió como el primer intento de organización política de los insurgentes. Inspirada en la Constitución Francesa de 1793, este decreto constitucional estableció el derecho al sufragio para la elección de diputados sin distinción de clase a todos los ciuda-


El 22 de octubre de 1814, el movimiento independen-tista a través del Congreso de Anáhuac promulgó la

Constitución de Apatzingán, que fungió como el primer intento de organización política de los insurgentes.

8. García Orozco, Antonio. Op. Cit., p. 11.9. Ibídem. p. 75.10. Ibídem. p. 80.


danos en quienes concurrieran los requisitos que marcaba la ley, esto es, que hubieran cumplido 18 años, acreditaran su adhesión a la causa de la independencia, asimismo, que no hubieran sido procesados criminalmente por el gobierno revolucionario, ni que tuvieran alguna infamia.11 La Constitución de Apatzingán refleja-ba el sentimiento revolucionario de los mexicanos de ese tiempo y su vocación de pensamiento liberal.12 No obstante lo anterior, el proceso electoral establecido en la Constitución de Apatzingán no contenía grandes innovaciones con respecto a la Constitución de Cádiz, por el contrario, su terminología era muy similar: jun-tas electorales de parroquia, juntas electorales de partido y juntas electorales de provincia. Como diferencias destacan la elección de un diputado por cada provincia y las elecciones de partidos se darían por mayoría relativa y no absoluta.

Convocatoria a Cortes del 17 de noviembre de 1821A pesar del establecimiento de la Constitución de Apatzingán, el ejército realista, comandado por Iturbide, venció a Morelos en 1815. Hasta entonces la aristocracia criolla había estado de parte del gobierno español, pero al triunfar en la metrópoli la revolución liberal (1820), creyó amenazados sus intereses y decidió apoyar a los insurgentes. Iturbide pactó con Guerrero en el Plan de Iguala, dando lugar al establecimiento de un gobierno monárquico inde-pendiente que avanzó victorioso a la capital, obligando al Virrey Juan de O’Donojú a ratificar el Tratado de Iguala. En ese año se formó la soberana Junta Provisional Gubernativa, que convocó a elecciones para diputados al Congreso el 17 de noviembre de 1821. El procedimiento electoral que se estableció fue que los ayunta-mientos erigirían a los electores de partido, los cuales se reunirían en la cabecera de su respectivo partido y nombrarían un elector de provincia. A su vez, los electores de provincia se reunirían en su capital para elegir a los diputados al Congreso.

La guerra independista deterioró la economía de México y dejó sin resolver la oposición entre aristocracia y clase media, eviden-ciada en los debates para la formación del Congreso Constituyente. En él, la clase media tuvo mayoría; pero no pudo impedir que sus oponentes proclamaran emperador a Iturbide (1822), con el apoyo popular. Defensor de los privilegios del alto clero, de la nobleza y el Ejército, el emperador Iturbide acalló a la oposición del Congreso sustituyéndolo por una Junta Instituyente, pero fue derrocado por el general Santa Anna, quien proclamó la República en 1823.


11. Tena Ramírez, Felipe. Leyes Fundamentales de México. Ed. Porrúa, S.A., México, 1971, p. 29.12. Tena Ramírez, Felipe. Op. Cit., p. 33.


Legislación Electoral de 1823 a 1830En los años que corren de 1822 en adelante, la nación mexicana tuvo un Presidente, Guadalupe Victoria, un Congreso Constituyente, que produjo, como obra, una Acta Constitutiva, varios cuartelazos en nombre de la soberanía popular, muchos planes revolucionarios, multitud de asonadas e infinidad de protestas, peticiones mani-fiestas, declaraciones y desorden.13 Durante este periodo destaca la promulgación de la Constitución Federal de 1824. Los constituyentes de 1823-1824 resolvieron la disputa entre centralismo y federalismo, estableciendo la República Federal Representativa y Popular, y pro-mulgando la Constitución en 1824. Ésta establecía un gobierno en que el Poder Legislativo se depositaba en dos cámaras: Diputados y Senadores. Los diputados eran designados por electores, en tanto que eran designados dos senadores por cada estado. El Presidente y el Vicepresidente de la República eran elegidos por las legislaturas de los estados. En materia electoral, se generó una serie de ordena-mientos, leyes y reglamentos, pero no tenían ninguna variante y confirmaban el mismo procedimiento básico de las constituciones de Cádiz y Apatzingán; esto es, la integración del proceso electoral seguía siendo a través de las juntas primarias, correspondientes a las juntas electorales de parroquia, que eran integradas por ciuda-danos en ejercicio de sus derechos y vecinos del ayuntamiento res-pectivo. Sólo variaron los nombres de las juntas, denominándose como primarias, secundarias y de provincia; el voto en su primera fase era universal, universal y mayoritario simple y en la segunda y tercera, secreto, por mayoría absoluta de votos y a segunda vuelta. Cabe resaltar que en todo este tiempo no se estableció un solo pa-drón electoral hasta el 12 de julio de 1830. A través de los censos se determinaba cuantitativamente los diputados que correspondían a cada provincia, pero no existía el instrumento administrativo que determinara quiénes podían ejercer atamiento del derecho de voto. El proceso electoral continuaba bajo la responsabilidad de los pode-res locales. La falta de comunicaciones hacía imposible la función de un organismo electoral a nivel nacional.

Ley para las elecciones de Diputados y de Ayun-tamiento del Distrito Federal y Territorios de la República del 12 de julio de 1830Con esta reciente ley se introdujeron nuevos elementos, como que en las elecciones primarias en cada junta electoral integra-da con los habitantes de una manzana en el distrito o sección y en los territorios con los habitantes de dos manzanas, se elegía


13. Rabasa, Emilio. La Constitución y la Dictadura. Ed. Porrúa, S.A., Séptima Edición, México, 1990, p. 3.


un elector primario. Otra figura que se introdujo fueron las secciones electorales, que no tuvieran más de 800 habitantes ni menos de 400 y finalmente se incluyó la figura de un “co-misionado” que empadronara a los que tenían derecho a votar y entregaba a cada ciudadano una boleta que utilizaba en el momento de la elección como credencial de identificación y boleta electoral. Las reglas del procedimiento electoral también cambiaron, se suprimieron las juntas de parroquia y el día de la elección iniciaba a las nueve de la mañana. A las 14 horas con-cluía la votación y se hacía un recuento, y se declaraba elector primario al que hubiera obtenido mayor número de votos; en caso de empate, decidía la suerte. La introducción de esta ley fue muy importante, ya que por primera vez en nuestro país se establecía un padrón electoral y determinaba con precisión quiénes tenían derecho de voto activo.

Entre 1830-1857, periodo de gran estabilidad política y social en México, fueron promulgadas varias leyes sin ninguna apor-tación relevante al Derecho Electoral mexicano, entre las cuales destacan: Ley sobre Elecciones de los Poderes Legislativo y Eje-cutivo de la Nación; Ley sobre Elecciones de Ayuntamientos, del 19 de mayo de 1949, Bases para las Elecciones del Presidente de la República y Senadores, promulgada el 13 de abril de 1850; la Convocatoria a un Congreso Extraordinario para formar la Constitución, del 19 de enero de 1853.

Legislación Electoral de 1854-1874La situación política y económica del país dejaba mucho que desear, ya que debido a las pugnas entre liberales y conserva-dores se facilitó la influencia estadounidense, que en su afán de expansión presionó, atacó e invadió la República Mexicana, que no pudo defenderse ni conservar la integridad territorial. Esta derrota provocó pesimismo en los liberales, que se convirtió en decisión de romper el orden socioeconómico virreinal. Así, después de proclamar el Plan de Ayutla en 1855, se consiguió derrocar definitivamente al presidente Antonio López de Santa Anna y el grupo triunfador de liberales procedió a la Reforma de México a través de la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Esta Constitución establecía para beneficio del Derecho Electoral que el sufragio se ejerciera desde los 18 años, la obligación de inscribirse en el padrón de la municipalidad, votar en las elecciones y desempeñar los cargos de elección popular y la exclusión de los eclesiásticos seculares de la participación electoral. También se estableció el sistema de elección indirecta en primer grado y el escrutinio secreto. Se establecía 25 años como mínimo para poder ser elegido represen-tante y la proporción de uno por cada 40,000 habitantes.



La Constitución de 1857 detonó la Ley OrgánicaElectoral de 1857El principal avance de este ordenamiento fue la supresión de las juntas departamentales que elegían Presidente de la República y senadores, y fueron los propios votantes quienes hacían tales elecciones. En el proceso electoral, el día de la votación, el comi-sionado para instalar la mesa designaba entre los siete primeros ciudadanos que se presentaran a votar, un presidente, dos secre-tarios y dos escrutadores. La elección de diputados se hacía por mayoría absoluta de votos y por escrutinio secreto. Se elaboraba un acta de Junta y se enviaba copia al gobierno del Estado y al Congreso de la Unión de 1871. Al día siguiente de que los electo-res elegían diputados, el Congreso de la Unión se constituía en Colegio Electoral y siguiendo el mismo procedimiento, elegía por voto secreto al Presidente de la República. Después, y en la misma forma, se elegía al Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Si alguno de los candidatos obtenía la mayoría absoluta de votos era declarado electo. En caso de no haber mayoría absoluta, el Con-greso, como Colegio Electoral, elegía alguno de los dos que hubie-ran obtenido mayor cantidad de votos. Esta ley dio origen a los distritos electorales. La organización de los procesos electorales quedó a cargo de los gobiernos de los estados y de las autoridades municipales. El Registro de Electores se conservó conforme a las leyes electorales reglamentarias de la Constitución de 1824. Este ordenamiento tuvo gran efectividad en su época y tuvo un alto periodo de duración hasta el 8 de mayo de 1871, que se estableció una nueva Reforma Electoral. Las aportaciones de esta nueva ley fueron las siguientes: se estableció que el Congreso de la Unión fijara el número de diputados correspondientes a cada estado; también que en caso de que los candidatos no alcanzaran mayoría de votos de los electores, el Congreso constituido en Colegio Electoral ele-giría por mayoría absoluta de los diputados presentes, Presidente de la República o de la Suprema Corte de Justicia.

Legislación electoral del porf iriatoDesde 1876 hasta 1911, Porfirio Díaz gobernó dictatorialmente el país. Su régimen se manifestó como fruto de un pronunciamien-to militar y el control político y económico del régimen descansó en los sectores más conservadores: Iglesia, militares, caciques y caudillos.14 En todos los rangos de la escala político-administra-tiva encontramos durante este periodo elementos determinantes como amistad, paisanaje, así como intereses económicos y lazos familiares. Estos factores dieron estabilidad al país, pero genera-


14. Casasola, Gustavo. Historia de la Revolución Mexicana. Ed. Trillas. México, 1972, p. 30.


ron una profunda desigualdad social que propició una demanda violenta de libertades democráticas y mejores condiciones de vida para toda la población y no sólo para las élites.

En materia electoral, el 5 de mayo de 1878, el presidente Díaz realizó reformas para reelección no inmediata. Se modificó el ar-tículo 78, estableciéndose que el Presidente no podría ser reelec-to para el periodo inmediato, ni ocupar la Presidencia, sino hasta pasados 4 años de haber cesado en el ejercicio de sus funciones. En el artículo 109 se dio la misma posibilidad a los gobiernos de los estados. El 16 de diciembre de 1882 se expidió un decreto que suprimió la facultad de las juntas electorales para elegir al Presidente de la Suprema Corte de Justicia y estableció que esta facultad quedara en manos de los propios magistrados.

La aspiración de continuidad del presidente Díaz se plasmó en la reforma constitucional del 20 de diciembre de 1890, que es-tableció en el citado artículo la reelección indefinida. La etapa del gobierno del presidente Díaz significó para el desarrollo del De-recho Electoral una etapa de oscurantismo, ya que a excepción del periodo en el que tuvo acceso al poder el presidente Manuel Gon-zález, en todo momento la fuerte figura de Díaz inhibió la prácti-ca de elecciones, al favorecer la designación de altos funcionarios y miembros de las cámaras por razones de parentesco, amiguismo e intereses políticos grupales que fortalecieron la práctica del ca-ciquismo político propiciada desde la cúpula del poder.

Legislación Electoral en la RevoluciónEl porfiriato le dio a México estabilidad, pero también un fuerte deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población que demandaba un ejercicio libre de los derechos democráticos y el fin de la dictadura de Porfirio Díaz. Esta situación detonó un movimiento revolucionario que se sustentaba en dos planes: el programa del Partido Liberal y el Plan de San Luis. Estos planes buscaban en materia electoral la reducción del periodo presiden-cial a cuatro años; la suspensión de la reelección para el Presi-dente, el Vicepresidente y los gobernadores de los estados, y la necesidad de que todo partido exponga en forma clara y precisa sus ideales y el programa que se proponía llevar a la práctica. El Plan de San Luis fue el sustento del movimiento de Francisco I. Madero, que además desconocía al gobierno del General Díaz y el arribo de Madero como Presidente Provisional.

Con el triunfo del Plan de San Luis, se convocó a elecciones, donde resultaron electos Francisco I. Madero como Presidente y José María Pino Suárez como Vicepresidente.

Durante su mandato, el presidente Francisco Madero pro-mulga la Ley Electoral del 19 de diciembre de 1911, que incorpora nuevas figuras al Derecho Electoral mexicano tales como: censo



electoral, voto secreto y reglamentación de partidos políticos. Las elecciones seguían siendo indirectas en primer grado, pero con variantes respecto a la Ley Orgánica Electoral de 1857. Se definieron cuatro tipos de elecciones: elecciones ordinarias, que se celebraban cada dos años, elecciones primarias, elecciones de-finitivas y las elecciones extraordinarias que se convocaban por el Congreso cuando hubiese necesidad de cubrir una vacante. Con respecto al proceso electoral y la calificación electoral, no se dieron innovaciones. Esta legislación tuvo una reforma en mayo de 1912, donde se establecieron modificaciones como el es-tablecimiento por primera vez de una elección directa de dipu-tados y senadores. La elección del Presidente y Vicepresidente permanecía indirecta. De igual forma se incorpora un calendario electoral, en el que se llevarían a cabo las votaciones.

Los errores estratégicos realizados por el presidente Madero, esto es, que sostuvo la misma estructura política, administrativa y militar, propiciaron un golpe de Estado y su asesinato junto con el de Pino Suárez, el 22 de febrero de 1913. Este periodo de nuestra historia tuvo una fuerte inestabilidad política y social que reque-ría el surgimiento de un nuevo ordenamiento jurídico básico; esto es, una nueva Constitución Política. En materia electoral, el 20 de septiembre de 1916, el presidente Venustiano Carranza promulgó la Ley Electoral para la formación del Congreso Constituyente, median-te la cual se elegirían los diputados al Congreso Constituyente. Los avances en materia electoral fueron varios, destacándose los siguientes: garantía de voto secreto; establecimiento de causas de nulidad de las elecciones y prohibición de la presencia del Ejército durante las elecciones, entre otras.

Legislación electoral del siglo XXLa necesidad de formalizar los principios y objetivos de la Revolu-ción obligaron a replantear el marco jurídico dentro del cual se de-bía desenvolver el nuevo Estado. A efecto de concretar lo anterior se convocó a un Congreso Constituyente, viéndose cristalizado este esfuerzo el 5 de febrero de 1917, con la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aún vigente hasta nuestros días. En el aspecto electoral, este supremo ordenamiento jurídico elevó el sufragio a la categoría de universal como derecho y deber de los ciudadanos. La Constitución establecía un sistema de elección directa para los diputados, senadores y Presidente de la República, remitiendo para su reglamentación a los términos que dispondría la Ley Electoral. El periodo de duración del Presidente era de 4 años y no podría ser reelecto. La primera Ley Electoral que se generó fue en 1918, que aportó principalmente el censo para las elecciones y listas electorales; la preparación de las elecciones de diputados y senadores al Congreso de la Unión, la nulidad de las elecciones,



la reglamentación de los partidos políticos y finalmente las dispo-siciones penales por infracciones a esta ley. A pesar de lo anterior, esta ley fue inoperante, en virtud de que dejó de hecho en manos del Estado el papel decisivo del proceso electoral.

En 1921 y 1924 se expidieron nuevas legislaciones electora-les, las cuales no tuvieron mayores aportaciones que contribuir al fortalecimiento del padrón electoral. La expedición de estas leyes obedeció a un lapso de inestabilidad política. Este perio-do termina con el arribo al poder del General Álvaro Obregón, seguido del presidente Plutarco Elías Calles, que consolidó las instituciones del Estado mexicano. A finales de la década de 1920-1930 el “callismo” buscaba la modernización de México, a través de la consolidación del aparato estatal de acuerdo con los modelos europeos y norteamericanos. A nivel político se fun-dó el Partido Nacional Revolucionario (PNR), antecedente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que fue el Partido hegemónico del siglo XX y respondió a la necesidad de aglutinar el vasto movimiento de todas las organizaciones políticas que se reclamaban de la Revolución15. El PNR y el PRI aportaron estabili-dad, desarrollo y paz social a México durante 70 años.

El 17 de enero de 1946 se promulga una nueva Ley Electoral Federal, que cuenta con diversas aportaciones al Derecho Electoral, ya que establece que la preparación, vigilancia y desarrollo del proceso electoral quedan bajo la responsabilidad del gobierno federal. Se crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, las comisiones locales electorales, los comités distritales y el Consejo del Padrón Electoral. El cambio que opera en la legislación electoral repre-senta una importante modificación estructural de los ordena-mientos anteriores. Asimismo, se crea el registro de electores con la responsabilidad del padrón; los candidatos tenían derecho de acreditar representantes generales y especiales, y para los parti-dos políticos los requisitos de constitución eran de un número no menor de 30,000 afiliados distribuidos en las dos terceras partes de las entidades federativas. El 4 de diciembre de 1951, se promulgó una nueva Ley Electoral Federal que únicamente incorporó en materia electoral modificaciones menores en lo que respecta a la efectivi-dad del sufragio, la base del régimen representativo y la vigilancia del proceso electoral del Estado, de los partidos políticos y de los ciudadanos. En 1953 se introdujo un cambio en la Constitución, preci-sando la igualdad política de los nacionales de ambos sexos, permitiendo el voto de la mujer. La existencia de un partido hegemónico dentro del sistema de partidos propicia que hacia 1963 se introdujera una reforma constitucional que incorporaba el sistema de diputados


15. Garrido, Luis Javier. El Partido de la Revolución Institucionalizada. Ed. Siglo XXI, México, 1988, p. 87.


de partido, complementario del sistema mayoritario. Asimismo, se establece en esta reforma la credencial permanente de elector. Cabe resaltar también que se buscó apoyar a los partidos políticos y al sistema democrático nacional, con la exención de impuestos de los partidos. El 18 de diciembre de 1969, se publica un decreto por el cual se reforma la Constitución y otorga el derecho de voto a los jóvenes de 18 años. El desarrollo del Derecho Electoral du-rante la década de los setenta tuvo un fuerte impulso a través de la Ley Federal Electoral de 1973, que afirmaba el voto universal y directo para todos los cargos de elección popular, la exención de impuestos para los partidos políticos y la consolidación de la Co-misión Electoral como organizador de las elecciones. Este impulso se consolidó con la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales del 28 de diciembre de 1977, que marca un parteaguas con respecto a los ordenamientos electorales anteriores fortaleciendo a los partidos políticos, elevándolos a nivel de entidades de inte-rés público y dotándolos de finalidades amplias y ambiciosas. La citada ley establecía también la creación de un sistema mixto de votación, se mantuvo la elección de 300 diputados por mayoría relativa y se introdujo la elección de 100 diputados por el princi-pio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas por circunscripciones plurinominales. Se con-sagra el régimen de partidos, se ampliaron las facultades de la Suprema Corte para intervenir en materia electoral y se estable-cieron formas de democracia semidirecta para el DF.

La crisis económica de 1982, así como las continuas devalua-ciones de la moneda durante el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, provocaron un evidente malestar de la sociedad que se vio reflejado en la cerrada contienda electoral de 1988. El pre-sidente Salinas enfrentó el reto de modernizar los ordenamien-tos jurídico-electorales existentes y responder así a las demandas democráticas de México. El 15 de agosto de 1990 se promulga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que se integra de 8 libros y 372 artículos. Este ordenamiento fue modificado el 3 de enero de 1991 y en 1994 y 1996. Las principales aportaciones de este ordenamiento son las siguientes: se confirma la función estatal de organizar las elecciones a través de un ins-tituto con personalidad jurídica y patrimonio propio (Instituto Federal Electoral); que dicho organismo sea autoridad en la mate-ria, profesional en su desempeño y autónomo en sus decisiones; que sus principios sean la legalidad, la certeza, la imparcialidad y la objetividad y profesionalismo, y que cuente con la estructura suficiente, con órganos ejecutivos y técnicos, y su órgano supre-mo se integre por consejeros y consejeros magistrados designados por los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión. El Cofipe también establece un sistema de medios de impugnación de los



que conozcan el organismo público de referencia y un tribunal autónomo, en cuanto a órgano jurisdiccional en materia electoral (Tribunal Federal Electoral).

Hacia 1996 se realiza una profunda modificación del Cofipe, aportándose los siguientes avances al Derecho Electoral Mexicano:

Ciudadanización del Instituto Federal Electoral.•Establecimiento de límites a gastos de campaña y finan-•ciamiento público.Calificación de la elección presidencial por parte del Tri-•bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE-PJF).Fortalecimiento de la justicia electoral, introduciéndose la •Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.Incorporación de un nuevo sistema electoral para la inte-•gración del Senado de la República, incrementándose a 128 el número de senadores.Clasificación de delitos electorales.•

La reforma de 1996 propició condiciones de mayor igualdad y equidad en la competencia electoral, lo que generó que el Par-tido hegemónico del siglo XX, el PRI, perdiera las elecciones presidenciales del año 2000. Esta alternancia en la Presidencia de la República generó un atraso en el Derecho Electoral mexicano, que no tuvo ninguna aportación en más de 11 años hasta la reforma del año 2007, salvo la introducción del voto de los mexicanos en el extranjero.

La reforma electoral del 2007La alternancia en el partido político en la Presidencia de la Repú-blica con el ascenso del Partido Acción Nacional (PAN) despertó fuertes expectativas e ilusiones de cambio entre la sociedad mexi-cana. No obstante lo anterior, el cambio de partido político no tra-jo consigo bienestar y riqueza al país, sino una severa crisis eco-nómica, desempleo, devaluación de la moneda e inseguridad. La inestabilidad política y económica, así como la falta de experien-cia y sensibilidad de los cuadros del Partido Acción Nacional pro-vocaron el crecimiento de otras fuerzas electorales, lo que generó una cerrada competencia electoral en el proceso federal electoral de 2006, ganando la elección por menos de un punto porcentual el presidente Felipe Calderón. Ante la descalificación de la elección por parte de los partidos de izquierda, se generó un desgaste de la autoridad electoral y de su legitimidad. La situación de deslegiti-mación del nuevo gobierno provocó entre todos los partidos polí-ticos la necesidad de una nueva reforma electoral en el año de 2007 que dotó de mayores atribuciones de vigilancia y sanción al IFE,



redujo los tiempos y costos de las campañas electorales y regula de forma precisa y específica el financiamiento, los tiempos y la propaganda en las campañas electorales. Asimismo, se fortalece la transparencia y rendición de cuentas de los partidos políticos. No obstante los significativos avances aportados en este nuevo ordenamiento electoral, se adolece de cambios importantes que son necesarios en nues-tra legislación electoral como la introducción de un sistema de segunda vuelta electoral, la reelección legislativa, el referéndum y el plebiscito, la reducción del número de legisladores, la simplificación y modernización del procedimiento electoral y la reducción de la burocracia electoral.

Prospectiva del Derecho Electoral mexicano del siglo XXIComo se apuntó en el apartado anterior, la reforma electoral de 2007 ha sido positiva, pero resulta insuficiente para la realidad na-cional. Es urgente la introducción de nuevas figuras electorales, como la segunda vuelta electoral, el referéndum, el plebiscito y la reelección de legisladores. Las instituciones electorales carecen actualmente de legitimidad ante la población. El IFE y el TEPJF deben transformarse y convertirse en organismos probos, eficien-tes y modernos. Es imperante también que cuenten con personal profesional e independiente, con sueldos dignos acordes con la rea-lidad nacional. Se requiere reducir los altos sueldos de consejeros y magistrados electorales y simplificar la burocracia electoral.

El procedimiento de elección durante el día de la jornada electoral no puede seguir funcionando como en el siglo XIX, es urgente que se transforme, aprovechando la tecnología ac-tual con sistemas y procedimientos modernos que den certeza y confiabilidad a la sociedad.

El Derecho Electoral del siglo XXI debe tener mayor cer-teza, legalidad y eficiencia que garantice mayor credibilidad y confianza para los mexicanos.


José Enrique Vallarta Rodríguez es Doctor en Derecho Electoral por la UNAM. Trabaja en un despacho privado. Autor de diversas publicaciones sobre Derecho Electoral en México, Estados Unidos y Europa. En 2008 fue finalista para ocupar el cargo de Consejero Electoral del IFE.


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claudia Ruiz Massieu S.

Reformas fundamentales

A grandes rasgos estos 4 temas tienen en común que, como du-rante la mayor parte del siglo XX, existieron mecanismos no institucionalizados para administrar los conflictos que generaba tomar decisiones en estas materias. Al darse la transición hacia la democracia, esos mecanismos fueron perdiendo efectividad sin que a la par se construyera una alternativa que abriera efec-tiva solución a las diferencias entre instituciones, órdenes de gobierno y ciudadanos.

En el año 2007, cuando se formó la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), parecía que los partidos políticos con mayor representación en el Poder Legislativo federal coincidían en el diagnóstico de que el siste-ma presidencial se había agotado. El distanciamiento entre la agenda del Ejecutivo y del Congreso era evidente, se advertía una clara crisis de representatividad y la dificultad de la clase política de alcanzar acuerdos en temas importantes.

Los temas sobre los que dicha comisión se pronunció se agruparon en cinco grandes grupos: 1) Régimen de Estado y Go-

A continuación abordaré 4 temas que me parece im-portante atender de cara a la construcción de una agenda que abone a generar gobernabilidad en nues-tro país. No son los únicos, pero considero que deben atenderse para propiciar otras reformas, teniendo claridad en los objetivos.


bierno; 2) Democracia y Sistema Electoral; 3) Federalismo; 4) Reforma del Poder Judicial, y 5) Garantías Sociales.

Las propuestas se recibieron y parecía existir consenso res-pecto de la necesidad de modificar el marco institucional para que el ejercicio de gobierno fuera más eficiente, más transparen-te y en la medida de lo posible más plural.

Las líneas de acción se orientarían a fomentar la coopera-ción entre poderes, facilitar la toma de decisiones a través de la conformación de mayorías y fortalecer el sistema de pesos y contrapesos propios del Estado democrático de derecho.

Sin embargo, la única reforma que transitó ese año fue la concerniente a la materia electoral, que pareciera ser el tema pre-dominante en la agenda pública cada vez que se pretende refor-mar al poder público.

Entre el año 2007 y el momento actual, el Presidente ha lla-mado, varias veces, a reformar el Estado. Los temas propuestos para esta ocasión son: reducción de legisladores federales, modi-ficar el sistema de representación, incorporar la segunda vuelta para la elección presidencial, candidaturas independientes y la posibilidad de reelección en cargos ejecutivos y legislativos, ra-tificación de gabinete, así como la adopción de mecanismos de democracia directa.

El diagnóstico más popular evita referirse a la torpeza del Ejecutivo federal para promover reformas o al estancamiento eco-nómico que sufre nuestro país desde al menos una década; invoca errores en el diseño institucional y concede importancia excesiva a la dimensión electoral de la democracia, a la rapidez con la que se construyen (o no) mayorías y a la alternancia política.

Los partidos políticos ya han presentado sus iniciativas y contrapropuestas. Incluso, en algunos temas, el Congreso de-tuvo dictámenes de inminente aprobación, con la finalidad de lograr sincronía en las negociaciones. A más de un año de ese llamado, los resultados son poco claros.

ParlamentarismoNo dudo de que las iniciativas presentadas en el camino sean va-liosas, como lo es también el debate público que han traído. En ellas, se abordan temas importantes pero parece olvidada la idea de promover cambios graduales hacia la adopción de ingredientes que parlamentaricen el régimen o perfeccionen el sistema presidencial.

Desde el punto de vista académico, por los incentivos de co-operación que genera, el régimen parlamentario tiene ventajas claras en relación al presidencial. Es necesario contar con mayo-ría legislativa para formar el gobierno, es decir, el respaldo en el Congreso al Ejecutivo es una precondición.

En los gobiernos emergidos del parlamentarismo, la mayoría en el Congreso sustenta la gestión gubernamental, lo que implica



apoyar programas de gobierno, presupuestos, agendas legislativas y la integración del gabinete de gobierno. Estos gobiernos ofrecen frutos a las sociedades que los eligen o perecen. Las alianzas tras-cienden la dimensión electoral y no sólo se ocupan de acuerdos de coyuntura como sucede en el régimen presidencial.

Estas fórmulas se erigen como verdaderas coaliciones de gobierno, donde hay obligación de hacer coincidir prioridades, programas y políticas públicas, y existe clara corresponsabilidad en los resultados, al ceder carteras específicas dentro del gabine-te al partido aliado.

Otra característica que anticipé líneas arriba es que evita la parálisis, porque los gobiernos que ya no tienen mayoría, que no tienen la habilidad o que no dan resultados, son desplazados. Y cuando me refiero a gobiernos, también busco resaltar que bajo ese sistema lo importante es la votación por partido, ya que de las negociaciones que se dan en el Congreso derivará la persona que ocupe la jefatura del gobierno.

El presidente Calderón justifica las críticas a su gobierno ar-gumentando que el Poder Legislativo ha colaborado poco y por eso, ha propuesto la adopción de figuras como la iniciativa prefe-rente y el veto presupuestal; busca fortalecer al Ejecutivo Federal a costa de las facultades del Congreso de la Unión y del pluralis-mo político. Parece olvidar que la capacidad política de gobernar deriva de la relación de legitimidad del Estado y de su gobierno con la sociedad, aunada a la capacidad financiera y administrati-va, en sentido amplio, de ese gobierno para aplicar sus políticas. La reforma al marco normativo es importante, pero no indispen-sable para renovar las prácticas administrativas o para hacer más transparente y eficiente el gasto público. Hay muchas medidas que están en la esfera administrativa que pueden implantarse y que traerían con ellas mayor legitimidad al Presidente.

De ahí que comparto parcialmente los razonamientos que se han manifestado en el sentido de reforzar la legitimidad y efi-cacia democrática del sistema presidencial antes de inclinarnos por una transformación radical, pero creo que el adoptar algunos ingredientes del parlamentarismo, de tal manera que el cambio se dé clara y gradualmente en esa dirección, contribuiría al co-rrecto funcionamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo en nuestro país, además de mejorar la desconfianza y desapego que prevalecen en los ciudadanos.

Cualquier reforma que se proponga requiere hacer una re-flexión previa y profunda de lo que se quiere lograr y de las con-secuencias, no sólo políticas, que pueden vislumbrarse. Nuestro sistema presidencial requiere de renovación urgente. Escojamos con cuidado entre las opciones que se nos presentan. Hay más de una manera de construir gobiernos de mayoría y diferentes opciones para propiciar la colaboración entre poderes. Respecto



de la crisis en la representación política, estoy segura que mayor transparencia, eficiencia y rendición de cuentas acercaría a la ciudadanía con las autoridades.

Entre las propuestas para actualizar el sistema presidencial sin sacrificio del pluralismo están la reelección de legisladores y cabildos; disminución del tamaño de las cámaras; segunda vuelta en la elección presidencial; candidaturas independientes; iniciativa preferente del Presidente; referéndum; dotar al Ejecu-tivo de facultades legislativas extraordinarias, así como de veto parcial de leyes y presupuesto.

Entre las propuestas para transitar al régimen parlamentario están la creación del jefe de gabinete, la ratificación y remoción de algunos nombramientos del gabinete presidencial; normar las preguntas parlamentarias, las interpelaciones y comparecen-cias ante el Congreso, como un ejercicio de rendición de cuen-tas cotidiano entre los poderes Ejecutivo y Legislativo; revisar las reglas constitucionales de responsabilidad del presidente, y mejorar la eficiencia en las funciones de auditoría y control del gasto público.

PlaneaciónOtra de las reformas urgentes debe ser aquella que modernice los mecanismos de colaboración entre las entidades federativas y la Federación para determinar objetivos comunes. Los retos del fenómeno metropolitano, la migración interna y el aumento reciente en los índices de pobreza, nos exigen idear nuevas for-mas de generar desarrollo regional.

La década de los ochenta abrió paso a los procesos de descen-tralización de funciones y la transición democrática. El proceso de modernización administrativa apostó a la reestructuración de la administración pública. Se reformaron el artículo 25 consti-tucional, que le asignó a la Federación funciones de dirección y coordinación en el desarrollo regional, así como la regulación, protección y promoción de todas las actividades económicas que involucrasen el interés público; y el artículo 26, que otorgó a los estados la posibilidad de coparticipar en la formulación del Pro-grama Nacional de Desarrollo. Estas reformas, junto con la del artículo 115 constitucional que dio competencia clara a los muni-cipios, delinearon al federalismo mexicano como hoy lo vemos.

Leídos en conjunto, queda claro que estas reformas buscaron ha-cer un uso más eficiente de los recursos públicos, racionalizando la distribución de funciones entre los diferentes órdenes de gobierno.

Por lo que respecta a la esfera de la planeación y programa-ción, en este periodo también se fortalecieron los Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal (Coplades) y los Comi-tés de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademuns) implantándose como las únicas instancias de coordinación de



acciones entre la Federación, los estados y los municipios. Sin embargo, estos comités han ido perdiendo relevancia, dados los cambios en la manera en que se distribuyen los recursos públi-cos y la creación de los fondos del Ramo 33. No queda claro si los comités de planeación son instancias efectivas de representación de los intereses de los ciudadanos, ni si los resultados de las con-sultas efectivamente se incorporan a los planes de desarrollo de los tres órdenes de gobierno. Hoy estos comités prácticamente se reúnen porque las leyes locales así lo disponen y como lugares de encuentro entre funcionarios.

Para la integración del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Ejecutivo Federal sólo realizó consultas formales; existe una enorme desconexión entre los objetivos señalados como ur-gentes por el Presidente y las aspiraciones regionales o munici-pales. Las preferencias no se comparten y es común encontrar subejercicios en áreas de gran importancia. El dinero y las prio-ridades no van de la mano.

Debemos repensar el artículo 26 constitucional, incorporan-do lo aprendido desde 1983. La ley secundaria que se expida al efecto debe adoptar un enfoque de políticas públicas y tomar en cuenta también las etapas de programación, presupuestación y evaluación de éstas. La manera en que se construye y se le da uso al Plan Nacional de Desarrollo, no corresponde ya a los retos que enfrentamos para el desarrollo social.

Es necesario ampliar los canales de comunicación entre la Fe-deración y los gobiernos locales. En sí misma, la constitución de la Conferencia Nacional de Gobernadores ha buscado suplir las de-ficiencias en esta materia, así como sus acuerdos y comunicados. Sin embargo, es importante dar a nuestro país un mecanismo ins-titucional para definir prioridades y objetivos de corto, mediano y largo plazos, que no estén sujetos necesariamente a los vaivenes de la discusión anual del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En el mejor de los casos, la participación en este contexto no debe entenderse sólo como la incorporación de los otros dos niveles de gobierno, el estatal y el municipal, en la planeación del desarrollo nacional. Las reformas en esta materia deben re-copilar las experiencias internacionales de éxito en materia de presupuestos participativos, de consejos consultivos (de política ambiental, de política de desarrollo social, de políticas cultura-les), y el acceso por parte de la ciudadanía a la toma de deci-siones y el control sobre el gasto en la administración pública municipal, local y federal.

Trascendamos la visión de un Plan de Desarrollo del Presi-dente en turno por un Plan de Desarrollo del Estado mexicano. En esta materia, el federalismo y los gobiernos yuxtapuestos no deben ser obstáculo para contar con planes más participativos y más democráticos.



Acceso a la justiciaEs indudable que el sistema de justicia puede contribuir de for-ma importante a la reducción de las desigualdades sociales, fa-voreciendo la cohesión social. El sistema judicial se debe confi-gurar entonces, como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas, dando un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales.

Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede tener acceso de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela del mismo.

De ahí la imperiosa necesidad de que tanto los servidores y operadores del sistema judicial como de quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento adopten una lógica de acceso a la justicia como un concepto más amplio que el simple acceso a la jurisdicción, comprometiéndose a adoptar aquellas medidas que mejor se adapten a las condiciones de los usuarios.

Adoptadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana lle-vada a cabo en Brasilia, del 4 al 6 de marzo de 2008, las “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad” tienen como finalidad el impulso de políticas públicas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial.

Las reglas destacan la conveniencia de garantizar la asisten-cia técnico-jurídica y letrada a las personas vulnerables, ya sea a través de la ampliación de funciones de la Defensoría Pública, no solamente en el orden penal sino también en otros órdenes jurisdiccionales o a través de la creación de mecanismos de asis-tencia letrada: consultorías jurídicas con la participación de las universidades, casas de justicia, intervención de colegios o ba-rras de profesionales.

En ellas se establece la pertinencia de aportar toda información necesaria para la protección de las personas en condición de vul-nerabilidad, incluyendo al menos: a) El tipo de apoyo o asistencia que puede recibir en el marco de las actuaciones judiciales; b) Los derechos que puede ejercitar en el seno del proceso; c) La forma y condiciones en las que puede tener acceso a asesoramiento jurídico o a la asistencia técnico-jurídica gratuita, y d) El tipo de servicios u organizaciones a las que puede dirigirse para recibir apoyo.

Las Reglas de Brasilia destacan la necesidad de impulsar po-líticas públicas dedicadas a garantizar la gratuidad y calidad de la justicia para aquellas personas que se encuentran en la imposibili-dad de afrontar los gastos con sus propios recursos y condiciones. Nuestro país debe adoptar estos criterios de manera urgente.

Desde esa perspectiva, creo que una reforma indispensable se-ría modificar el marco institucional y legal de tal forma que sin importar la materia, el lugar donde se habita, la condición econó-mica, la lengua o la edad, todos los mexicanos tengan a la mano he-



rramientas eficaces para dirimir sus conflictos con oportunidad.Este enfoque implica fortalecer a la Defensoría Pública y

las capacidades institucionales de las diversas procuradurías y comisiones de arbitraje. Resulta indispensable plantear la posi-bilidad de tener acceso a servicios periciales gratuitos; fortalecer los programas de servicio social y las clínicas de asociaciones de profesionistas y universidades; dotar de traductores a los tribu-nales a todo lo largo y ancho del país en las diferentes materias. Debemos hacer realidad los principios de justicia restaurativa, los procedimientos eficaces de conciliación y mediación de con-flictos; la ejecución de sentencias que de manera cotidiana or-denen la reparación del daño para las víctimas, y la reinserción social de los infractores de la ley.

En conclusión, si el sistema de justicia busca contribuir exi-tosamente a la construcción de un Estado democrático de dere-cho, debe ocuparse de las características de sus usuarios y del cumplimiento de reglas mínimas de acceso a la justicia para los sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad.

Reformas al trabajo legislativoUna de las reformas que no deben esperar es dotar de mayores atribuciones a las comisiones en cada una de las cámaras. Las co-misiones debieran estar en aptitud de tomar determinaciones que faciliten el control evaluatorio del gobierno de manera cotidiana. Citar funcionarios y que éstos deban acudir de manera obliga-da, aprobar puntos de acuerdo, enviar preguntas parlamentarias para ilustrar los asuntos públicos y opinar sobre los informes y presupuestos en cada materia -por ejemplo, sin esperar a la glosa del informe de gobierno- ayudaría a equilibrar las asimetrías de información que se dan respecto de las secretarías de Estado.

La profesionalización del personal de apoyo, su permanen-cia e incorporación al Servicio de Carrera, así como el forta-lecimiento de los centros de estudios, son medidas que deben adoptarse si se busca aumentar la calidad y elevar el debate par-lamentario.


Claudia Ruiz Massieu S. es Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es Diputada Federal del PRI.


El fEnómEno rural

José anto Manuel Sánchez Mejía y Juan Pablo Sánchez flores

De aparente sencillez, la reflexión nos conduce a diferentes ordenamientos existentes en nuestro sis-tema legal, razón por la cual algunos autores, en profunda crítica a lo que consideran toda una mi-tología jurídica, sostienen que la enorme variedad de doctrinas y leyes ha constituido un franco obs-táculo al cambio social.

Lo anterior es parcialmente cierto cuando, destinados al medio rural, abunda una enorme variedad de leyes, decretos, reglamen-tos, circulares y disposiciones diversas de difícil consulta para los hombres del campo.

Situación agravada por un excesivo y costoso aparato buro-crático que ha complicado, además, el quehacer de los producto-res agropecuarios motivando la abrogación reciente de 56 regla-


mentos, 69 decretos y 56 acuerdos,1 de los cuales 42 afectaban al sector rural.

Otros autores -opuestamente- sostienen la idea del derecho como impulsor del desarrollo social y económico, según pruden-te observación al tránsito histórico de la Humanidad y que nos revela cómo, en la aparición de las grandes civilizaciones, latió fuertemente el derecho.

Roma fue un buen ejemplo con esa rica pluralidad de disposi-ciones que no han envejecido. Nos demostró, además, que las leyes son sabias no por su amplitud, sino por su valioso y reducido contenido.

Sin embargo, la vida en sociedad se hacía más amplia e in-tensa, ameritando la consideración jurídica ante la complejidad social y así se fueron planteando diferentes aspectos del derecho desde la misma cuna del jus publicum y jus privatus.

El derecho público consideraba al gobierno del Estado, in-cluyendo la relación de los ciudadanos con los poderes públicos, como la organización de las magistraturas y aun lo referente al culto religioso, o sea el jus sacrum. El derecho privado, por su par-te, se contrajo a las relaciones entre particulares incorporando al “derecho natural” formulado originalmente por Cicerón, quien tomara los principios de la filosofía estoica pero, revisado por los jurisconsultos del Imperio, se concibió como un conjunto de nor-mas derivadas de una voluntad divina que adecuadas a la condi-ción humana contenían el valor de la justicia. El derecho privado incluía al “derecho de gentes” y al “derecho civil”.

Manuel Sánchez Mejía y Juan Pablo Sánchez flores

1. Ante el apremio de una revisión crítica de nuestro orden jurídico, el Gobierno federal decretó la abrogación de diversas disposiciones, según publicación en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 1997. Por su importancia reproducimos parcialmente las consideraciones de dicha decisión. El enunciado del primer párrafo dice: “Que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 prevé el establecimiento de un Programa de Desregulación orientado a mejorar la eficacia de la regulación vigente mediante la permanente y sistemática revisión integral de los ordenamientos jurídicos”. Los párrafos quinto al noveno precisan: “Que como resultado de la revisión integral del marco reglamentario efectuado por las dependencias de la Administración Pública Federal, se detectó un gran número de disposiciones que ya cumplieron con su cometido, o que con el transcurso del tiempo y el cambio de condiciones que llevaron a su expedición, se han vuelto innecesarias ya que regulan situaciones jurídicas rebasadas por la realidad; “Que asimismo, existen disposiciones que se encuentran derogadas tácitamente, lo que se traduce en inseguridad para los particulares y aun para las propias autoridades, al no conocerse con precisión qué disposiciones siguen siendo obligatorias y cuáles se encuentran derogadas; “Que la abrogación expresa de las normas que han dejado de ser aplicables, da seguridad jurídica y se traduce en una mayor coherencia del sistema jurídico en su conjunto, con lo que se propicia un marco normativo claro, preciso y congruente con las necesidades actuales; “Que en su momento se crearon diversas comisiones intersecretariales o comités para la atención de asuntos en que debían intervenir varias secretarías de Estado, algunas de las cuales ya cumplieron con la finalidad para la que fueron creadas; otras tenían encomendadas funciones que corresponden actualmente a secretarías de Estado, por lo que ya no se justifica su existencia, y “Que se hace necesario extinguir las diversas comisiones u órganos colegiados cuya permanencia ya no se justifica y que en ocasiones sólo restan agilidad en la toma de decisiones...”


En este repaso indispensable, para el estudioso, a tan singular clasificación (derecho público y derecho privado) se agregaría el derecho social, con George Gurvitch a la cabeza, fundándose en las relaciones de espontánea sociabilidad entre los miembros de una colectividad, vinculados entre sí.

Relaciones inspiradas en la confianza y la cooperación en tareas comunes, donde surgen derechos y obligaciones que se interpene-tran y reclaman reglas jurídicas claras basadas en la solidaridad.

Es cierto -al decir de sus seguidores- que el autor pensó en la formación de este derecho social al margen del Estado, pero aclaran que legislaciones diversas demuestran que en sus disposiciones, al no encajar en la tradicional clasificación románica, claramente se nota su pertenencia a esta novedosa categoría como es el caso del derecho sindical que impone, a la voluntad de sus agremiados, instituciones como la huelga o el contrato colectivo, el derecho del trabajo o el derecho de seguridad social, el derecho rural (agrario), y no precisamente al margen del Estado.

Radbruch -Introducción a la Filosofía del Derecho- asiste al plan-teamiento y reconoce este nuevo estilo del derecho como una opo-sición al individualismo.

En resumen, todo parece indicar que la distinción de estas ra-mas del derecho obedece a la naturaleza de las relaciones sociales ya sean de subordinación, igualdad o solidaridad.

Algunos autores atribuyen la aparición del derecho social como consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX en la medida en que, contra las adversidades de dicho movimiento, emerge la Encíclica Papal Rerum novarum (mayo 15 de 1891) sobre el estado de los trabajadores, documento emitido durante el pon-tificado de León XIII (1878-1903) y que influyera en el espíritu del Constituyente de 1917 en la redacción del artículo 123.

A nuestro parecer, son simples matices de la vida colectiva en la que confluyen los más variados pensamientos dando cauce a una excesiva propagación de teorías que sólo originan tedio y confusión. Pero ello no es razón suficiente para estigmatizar al derecho como obstáculo al cambio social, aun cuando existen mu-chos criterios inexplicables en una continua mutación de nues-tros ordenamientos por el simple prurito de legislar afectando, con frecuencia, al mismo texto constitucional.

Es vano empeño encasillar cualquier disciplina jurídica en las clasificaciones anteriores, cuando hay situaciones que emer-gen cotidianamente de nuestra vida en sociedad reclamando con mayor urgencia su planteamiento, estudio y tratamiento en nuestro ordenamiento jurídico como la protección constitucio-nal a los menores de edad, a los ancianos, a los minusválidos o las medidas de desarrollo socioeconómico de los grupos indíge-nas, en leyes reglamentarias.

el fenómeno rural


Encontramos, entonces, que la función de cualquier orden nor-mativo está en su perspectiva axiológica en la Exposición de Mo-tivos de la Ley o sus reformas.2

Ante la idea de un derecho obstaculizador nos inclinamos, sin reserva alguna, por la de un derecho impulsor del desarrollo social.3 Idea que ya trasciende en importantes apartados del orden consti-tucional como sucede en materia de organización política consoli-dando un viejo anhelo democrático en su aspecto significativo.4

En este gran esquema del desarrollo social, la actividad en el campo siempre llamó poderosamente la atención. Por esto, delibe-radamente, adoptamos el término derecho y desarrollo rural para enfatizar un concepto dinámico en sustitución del derecho agrario, ya que el vocablo agrario resultó restringido ante la variedad de aspectos que presenta el medio rural tanto en la historia general como en nuestra tradición jurídica.

La objetividad del término rural nos permitirá concienciar el presente y proyectar un futuro viable.

Es probable que el uso habitual del vocablo agrario haya impedi-do un estudio más ambicioso y atractivo en nuestras universidades, y por ello los insalvables tropiezos en el desarrollo socioeconómico y -concretamente- el imperdonable abandono en la marginación de grupos indígenas hasta la reciente reforma constitucional.

Es cierto que ager-agri significa lo relativo al campo, de donde derivan las palabras agricultura, agrimensura, agropecuario y otras expresiones como economía agrícola o política agrícola, como una posibilidad de explotación de la tierra, pero también es cierto el re-zago de otra expresión de mayor amplitud en su concepción que nos permite distinguir la actividad habitual del individuo en el campo.

El rezago de otra expresión de mayor amplitud en su concep-ción que nos permite distinguir la actividad habitual del individuo


2. Artículos 35, 36, 41, 54, 56, 74, 94, 99, 101, 105, 110, 111, 116 y 122, y otras adiciones (Diario Oficial, agosto 22, 1996). 3. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado jurisprudencia definida bajo el rubro Fundamento y motivación de los actos legislativos en el siguiente sentido: “Por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación), sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica”. Tesis 86. Pág.73. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación. 1917-1985. Primera Parte. Tribunal Pleno.4. 4o. La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquéllos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley. (Diario Oficial, enero 28, 1992.)


en el campo o en la ciudad, y de ahí la referencia a rus, ruris, rura-les, de donde derivan las expresiones rústico o rural que, inclusive, acoge el derecho común al referirse a los contratos de aparcería y aun acepta nuestra Carta Magna.5

Ante el derecho urbanístico apreciamos al derecho rural, adop-tada la denominación, nos permitirá rescatar lo rural de entre los fenómenos sociales más diversos.

Prescindimos -desde luego- de la nefasta tendencia escolari-zada de iniciar el curso de cualquier disciplina jurídica con los in-tentos de definir la materia (derecho rural) y evadimos, también, la problemática de su ubicación en alguna de las tradicionales di-visiones del derecho público, privado o social.

Esto es irrelevante toda vez que las relaciones entre particu-lares interesan a un bienestar común y al estar previstas en la formulación jurídica del Estado es evidente su celosa salvaguarda bajo principios de orden y legalidad.

Consideramos de mayor importancia tener conceptos y esta-blecer criterios para dar respuestas adecuadas a los requerimien-tos del país en la producción agropecuaria.

Es indispensable anotar que el fenómeno rural no es de la per-tenencia exclusiva de disciplina alguna, pues como todo fenóme-no social tiene su complejidad.

Situada la idea del fenómeno rural, imaginémoslo como un prisma cuyos dos planos o bases serían el hombre (parte superior) y la tierra (parte inferior), con tantos paralelogramos como lados tengan las bases y que serían -a título ejemplificativo- la sociolo-gía, la antropología, la historia, la economía, la ciencia, la técnica, la política, la geografía, la ecología, el estudio ambiental.

La complejidad es aparente y se nos diría que se trata de cien-cias auxiliares de una rama del derecho. Son distintas las ciencias auxiliares del derecho a las disciplinas que intervienen en el estu-dio de un fenómeno específico que acogerá determinada sección del derecho. Así, en la ilustración del prisma, su contenido será el orden normativo de cada Estado.

En la fracción IV, al permitir la posibilidad de mayor apertura

el fenómeno rural

Roma fue un buen ejemplo con esa rica pluralidad de disposiciones que no han

envejecido. Nos demostró, además, que las leyes son sabias no por su amplitud, sino

por su valioso y reducido contenido.

5. El artículo 27 constitucional emplea expresiones como “condiciones de vida de la población rural y urbana”... “Para el desarrollo de la pequeña propiedad rural” o “actividades económicas en el medio rural (tercer párrafo)”. En la fracción XX afirma que “el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral”...


económica en el campo, dice que: “Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos... En este caso toda propiedad accionaria individual, correspondiente a terrenos rústicos...”

La problemática del campo reclama mayor profundidad en su estudio, a tal punto que el mismo Derecho Internacional, al reco-ger y valorar la influencia de las condiciones sociales, económicas y políticas de carácter interno en cada Estado, fija su atención en el aspecto industrial o las reformas agrarias, acaso como los pro-blemas más significativos que pueden afectar la responsabilidad económica de cada país.

De aquí los planes impuestos a muchos países, desde su ex-terior, con la frialdad de un criterio que ignora las circunstancias internas, históricas o culturales, de cada uno.

Cualquier plan de gobierno, interno, es cuestión de diversi-dades cuyo entendimiento y elaboración no debe soslayar todo examen crítico de las conductas sociales para sentar, con tolerable precisión, las bases de convenientes entrelazamientos en un ince-sante desarrollo cultural como lo anunciara Cicerón.6

Por ejemplo, resulta inadmisible e injurioso el desmesurado crecimiento de zonas insalubres, la existencia de grupos que vi-ven en las orillas de las ciudades formando cordones de tristeza y de miseria, o la de tantos emigrantes obligados (por la carencia de medios de subsistencia) al abandono de sus lugares de origen y la de nuestros minúsculos pero importantes grupos étnicos.

La fracción V dice que: “Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de crédito, podrán tener capi-tales impuestos sobre propiedades urbanas y rústicas de acuerdo...”

En materia rural, un sereno examen crítico puede recaer en el lamentable descuido en la preparación técnica de los hombres de campo, en la falta de motivación para convertir a la mayoría de jornaleros en decididos y resueltos productores independientes, ya que la colectivización forzosa no ha operado en forma satisfac-toria en ejidos o comunidades y solamente propició los cacicazgos locales, creados y fortalecidos por tal sistema que aumentaron las causas del ausentismo y la emigración.

El ejidatario o comunero pensó, más de una vez, que no es la


6. El artículo 26 constitucional original decía que “en tiempo de paz, ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra, los militares podrán exigir alojamiento, bagaje, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.” Este concepto anacrónico fue reformado según publicación en el Diario Oficial del 3 de febrero de 1983, cuyo asegundo párrafo reza: “Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal...”


vida que había deseado y por la que luchó.En cuanto a los grupos indígenas, continuaron olvidados en

una secular incomprensión y aislamiento, a ellos dedicamos un capítulo por separado.

Es frecuente, al mencionar el problema agrario, limitarlo a un cuestionamiento local y calificarlo como un caso político ante el cual, el jurista se siente incapaz para su tratamiento porque -en las escuelas de derecho y sus deficientes programas- se omitió men-cionar que la problemática del campo rebasa los linderos de la territorialidad y del tiempo.

Es lo rural un fenómeno mundial inmerso en la historia, que debe recobrar una exploración académica de alto nivel y dar al estudioso una visión más amplia y profesional.

Es por todo esto que insistimos en la propuesta de derecho y desarrollo rural.

el fenómeno rural

Manuel Sánchez Mejía fue Presidente-fundador de la firma Sánchez Mejía Abogados Asociados, S.C. Impartió la cátedra de Derecho Agrario en la Universidad Iberoamericana. Fue miembro de la Barra Mexicana de Abogados. Comentó y correlacionó la Ley Agraria.

Juan Pablo Sánchez Flores es socio y Director General de Sánchez Mejía Abogados Asociados; es maestro de Derecho Positivo Mexicano en el Colegio Miraflores. Adjunto de la cátedra de Derecho Agrario en la Universidad Iberoamericana; es socio del Despacho Contable y Financiero SIPASA, S.C. Miembro de la Barra Mexicana de Abogados. Presidente del Instituto Nacional de Turismo Rural.


armando García Gómez

Revolución y RefoRma agRaRia

Trotsky decía en su Istoria Ruscoi Revolustsii que las revoluciones deben ser la historia de la irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propios destinos. Esa también es la historia de la Revolución mexicana.

El porfiriato adecua la legislación de la Reforma a su propó-sito, su política agraria, se finca en la colonización de terrenos baldíos, que más tarde conjuga con la de terrenos nacionales, de-masías y excedencias a favor de personas físicas y morales, na-cionales y extranjeras. Existe un sentido empresarial para hacer

-Padre, ¿por qué llora?Porque nos quitan las tierras.-¿Quiénes?Los amos.-¿Y por qué no pelean contra ellos?Porque son poderosos.-Pues cuando yo sea grande haré que las devuelvan.

(Emiliano Zapata, viendo llorar a su padre cuando el hacendado Manuel Mendoza Cortina invadió las huer-tas y la casa del barrio de Olaque, en 1887).

¿Derecho social o garantía individual? ¿Programa o norma positiva?


cumplir sus objetivos por medio de las compañías deslindadoras, que se van apropiando en gran parte del territorio nacional.

La legislación agraria es una clara respuesta a la política eco-nómica global del porfiriato. Así, en la Ley de Colonización de 1883 hay limitantes en las extensiones de terrenos baldíos que se podían adquirir, que se compaginaban con la de poblarlos, edificar viviendas, cultivarlos y otras actividades agrícolas y técnicas. Mención aparte merecen las zonas proscritas para la colonización por extranjeros. Estos obstáculos son superados en la Ley de Baldíos de 1894, en la que la propiedad de esos predios en calidad y cantidad quedaba a la capacidad, imaginación y ar-gucias de las compañías deslindadoras. En esta misma línea se ubica la Ley de Liberación de Fincas de 1892, en la que de hecho el Estado renuncia a los derechos eventuales de nacionalización que pudieran afectar a los propietarios de fincas.

Se trata de rectificar la política agraria, al igual que restarle poder económico y político a las compañías deslindadoras, re-partir porciones de terreno a los labradores pobres, a los ejidata-rios y establecer reservas de terrenos para servicios públicos. A eso se orientan los decretos de 1896 y de 1902, que sólo reconocen la clasificación de baldíos y deroga las facultades de las compa-ñías deslindadoras para sustituirlas por comisiones oficiales; el de 1905 que sobreprotege al propietario con título primordial y, finalmente, el de 1909 que temporalmente suspende los denun-cios de terrenos baldíos y nacionales, sujetos a ser rectificados por las comisiones oficiales y que también incluía la propiedad ejidal, con criterio privatista.

Sólo nos basta señalar el benigno sistema tributario a favor del gran propietario, que en vez de regularlo y frenarlo alentó su reproducción. Fenómeno inverso se presentó con el pequeño y mediano propietarios o poseedor rural, que absorbieron la ma-yor carga tributaria, que se manifestó en un firme y progresivo empobrecimiento.

Estas tres décadas apuntalaron el latifundismo, cuyas raíces eran pretéritas y la más nítida manifestación de los vaivenes por los que pasó la sociedad mexicana.

Es de suma importancia el recordar que nuestra Revolución no es de origen agrarista, se motiva más por un aspecto de transición de poder que por un aspecto democrático; así, la cuestión agraria -como decía Antonio Díaz Soto y Gama- se va nutriendo y com-plementando a lo largo de la lucha armada, los destinos que las guían, las necesidades y sentimientos que motivaron tomar por la fuerza lo que les pertenecía por siglos. No importaba la producción ni la productividad, era lo que se les había quitado y punto.

Así, los dirigentes y caudillos de la Revolución estructuran sus respuestas a la problemática nacional en los planes y pro-



gramas correspondientes, de ahí que las corrientes más repre-sentativas de la Revolución -magonistas, maderistas, zapatistas, carrancistas, villistas, entre otros- hayan generado esos planes, en los que le dan enfoque a los problemas -entre ellos el agrario- en función de su doctrina, filosofía e ideología.

En los programas y planes se conjuga el binomio caudillaje-intelectuales. Citaremos al zapatismo, capitaneado por el Gene-ral Emiliano Zapata pero alimentado por Otilio E. Montaño, Antonio Díaz Soto y Gama, Ángel Barrios. Misma situación se produce en el carrancismo, con la decisiva participación del licenciado Luis Cabrera.

El verdadero valor de los planes y programas en el renglón agrario es la conformación de la teoría de la propiedad y de la Reforma Agraria que alimenta al Constituyente del 17, paso in-mediato para la génesis del artículo 27. Igualmente su vigencia preconstitucional fue estructurando el marco jurídico procedi-mental, el operativo para las instituciones y sujetos agrarios, y otros aspectos embrionarios de nuestro Derecho Agrario.

De este modo, se van nutriendo los programas “agrarios” revolucionarios, de alguna suerte cada quien veía para su santo o para su región, salían como pan caliente las ideas y sugeren-cias, tenemos como prueba los siguientes: “Programa del Partido Liberal”, de los hermanos Flores Magón, de 1906, creado desde St. Louis, Mo. EUA. “El Plan de San Luis Potosí” de Madero. “El Plan de Ayala” por Zapata. “El Plan de Guadalupe del 26 de marzo de 1913”. “El Plan de Veracruz del 12 de diciembre de 1914”. “Ley del 6 de enero de 1915”. “Ley Agraria de Francisco Villa” y “Ley Agraria de la Soberana Convención Revolucionaria”.

Sin embargo, el zapatismo indudablemente es el basamento jurídico-ideológico de la Reforma Agraria, pero impregnado de un anarquismo profundo y no casual, lo anterior se explica por el hecho de un acontecimiento central en la educación intelec-tual de Zapata, el profesor Pablo Torres Burgos que se dedicaba a comercializar, entre otras cosas, libros y sus amigos, entre los que se encontraban Emiliano, tenían acceso a la biblioteca, don-de llegaban puntualmente los mejores periódicos de oposición de la época: El Diario del Hogar y Regeneración, aunado al profesor Otilio Montaño que impartía clases y propagaba con gran fer-vor una literatura incendiaria, las obras del príncipe Kropotkin, alimentado este último a su vez por Tomás Hobbes, que desde el punto de vista de la Teoría General del Estado y de la Ciencia Política, es el padre del contractualismo y del absolutismo. Sin Estado y sin derecho, la sociedad caería en una guerra de to-dos contra todos de que habla Hobbes, pero esa misma situación anárquica llevaría a la existencia renovada de organizaciones políticas, no creadas por acuerdo de voluntades, sino surgidas

Revolución y reforma agraria


de los hechos, como ha sucedido en las épocas de revueltas que aparecen en la historia, esas revueltas terminan con el nacimien-to de organizaciones políticas más poderosas que nunca. Esta ideología cayó como anillo al dedo para Zapata que había vivi-do y sufría las injusticias del gobierno porfirista en concubinato con los latifundistas, de este modo, el Plan de Ayala se traducirá en los ideales tangibles de la revolución campesina que tomará dimensiones constitucionales en el artículo 27 de nuestra Carta Magna; así, Zapata crea al ejido, pero como tierra de cultivo, para dar autosuficiencia y dignidad al campesino y al indígena, la pequeña propiedad y mediana propiedad para garantizar la producción, ya que hubiera sido imperdonable desaparecer estos tipos de propiedad.

La restitución a los pueblos de las tierras usurpadas fue la primera y más honda preocupación del General Zapata: Hacer justicia a los pueblos devolviéndoles las tierras, montes y aguas de que habían sido despojados.

Asimismo, Zapata desafía abiertamente al latifundista crean-do el Plan de Ayala, en cuyos puntos medulares ordena en for-ma expresa la restitución de las tierras a los pueblos de las cuales habían sido despojados por los poderosos, y con las armas en las manos se daría posesión de las tierras comunales, de acuerdo con la extensión y linderos que marcasen los títulos respectivos.

Movimiento campesino, Revolución, Plan de Ayala, más Re-volución: Constitución. Cadena de causas y efectos que procede del origen y que una y otra vez nos remite a él.

Mil novecientos veintinueve, creación del Partido Nacional Revolucionario; 1934, primera codificación agraria; 1934-1940, nuevo principio de la historia. La Reforma Agraria se institucio-naliza: se expropian haciendas y se dota de tierras a campesinos. Aparece el ejido como símbolo de vida.

¿Qué se desprende de lo anterior? Era una parte de la Reforma Agraria, la de reparto; es decir, lo importante era la propiedad, aun cuando se vislumbraran otros aspectos, primero era lo primero, mi tierra; es decir, el punto neurálgico era la tenencia, ¿hacerla producir? Eso vendría después y la tierra haría su trabajo, pues nuestro campesino pensó durante muchos años y prevalece hasta la fecha la idea de que aunque sea para autosustento: “Unos maíz pa’ no pedir nada a naidien”. Es aceptable esta cuestión en algunos casos dada la pulverización de la propiedad ejidal, pero es mejor la organización para el trabajo cooperativo, para la productividad y la industrialización, de lo contrario nos encontramos en el mismo círculo vicioso de la pobreza y la marginación.

La Reforma Agraria de Reparto se convirtió en la etapa posrevolucionaria en una verdadera industria del despojo y de intereses políticos, se crearon líderes aprovechando su mayor



instrucción con los que menos la tenían, despojando de Méxi-co a los que producían su riqueza agropecuaria (industria de la invasión), unos verdaderos Robin Hood a la inversa: despojo a los ricos para repartir nada a los pobres. Entronizaban en dema-sía las clases sociales, sin recordar lo que dijo el Gral. Obregón: Destruir la riqueza existente es imperdonable.

Mil novecientos noventa y uno, a cincuenta años del carde-nismo, aparece fin y principio de la historia, punto cero del mito. “Libertad y Justicia”, “Producción y Equidad”, “Seguridad en la Tenencia de la Tierra”, símbolos de la nueva historia, nuevos signos de los tiempos. El nuevo y moderno presente se lanza a conciliar lo irreconciliable: continuidad y cambio. El sentido de las luchas agrarias, inconmovible por casi un siglo, se trastoca; la tierra deja de ser la demanda, y la noción del reparto, eterni-zada por la tradición, se derrumba.

El cambio en significado rebasó con mucho la concepción tradicional de lo agrario: las luchas agrarias, las luchas por la tie-rra ya no son eso, al no haber tierras, lo que se raparte es justicia.¿Reforma agraria como derecho social o garantía individual? ¿Programa o norma positiva?La Reforma Agraria puede ser de dos tipos:

A. De Reparto, cuando parcialmente se modifica el régimen de propiedad, a fin de destinar una porción de tierras con fines productivos y bienes complementarios para determi-nado sector del pueblo.

B. Estructural, cuando incorpora y hace partícipes o copar-tícipes para fines productivos a todos los sectores sociales involucrados en actividades agrarias, así como para dar se-guridad y certeza en la tenencia de la tierra.

Vertebrar la Reforma Agraria implica una clara delimitación de espacios, debidamente encuadrados en el sistema político, eco-nómico, jurídico y social.

Ahora bien, la Constitución General de la República, en sus primeros 29 artículos, establece las garantías individuales, den-tro de las cuales encontramos las de libertad, igualdad, segu-ridad jurídica y de procedimientos, pero también encontramos derechos sociales, mal conceptuados como garantías sociales;


Nuestra Revolución no es de origen agrarista, se motiva más por un aspecto de transición de

poder que por un aspecto democrático


es decir, acostumbra afirmarse que en nuestra Constitución se crearon dichas garantías sociales en contraposición o como com-plemento de las garantías individuales. Se afirma que estas ga-rantías sociales se pueden encontrar en el artículo 27 en relación con los derechos agrarios, en el artículo 123 con respecto a los derechos de los trabajadores (que se encuentra colocado fuera del capítulo de las garantías individuales) y en otros artículos como el 3°, 4° y 5°.

Como dilucida con toda claridad el maestro Juventino Cas-tro: “Partiendo de la base de la fracción I del artículo 107 consti-tucional, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada. Si bajo el esquema actual se plan-teara la cuestión de que debe reconocerse que hay garantías so-ciales porque están enunciados los derechos sociales, habría que contestar que esto es una falsedad. Porque para que fuera cierto tendríamos que establecer, a nuestra vez, que así como hay de-rechos individuales y garantías individuales, porque existe una acción individual de amparo -agravio personal y directo-, debe-ría establecerse una secuencia lógica, según la cual hay derechos sociales y por tanto garantías sociales, que se fundamente en un agravio colectivo, aunque siga siendo directo en cuanto aprove-cha a cada uno de los miembros de un grupo social dado”.

Si bien es cierto que tanto en nuestra Constitución como en el derecho en general han nacido disposiciones que protegen a la per-sona no en su carácter individual sino como miembro de un grupo con intereses comunes, o de la sociedad en general, creándose así los derechos sociales, esto no significa que dentro del “proceso cons-titucional de amparo” hayan nacido las garantías sociales, porque evidentemente el medio de reclamar la violación de las garantías individuales es una acción procesal, que en nuestro juicio de amparo sigue siendo estrictamente individualista y no de carácter colectivo.

Empero, el conocedor de la materia procesal agraria podrá argumentar que en el amparo agrario sucede -como lo prevé el segundo libro de la Ley de Juicio Constitucional- que los pre-sidentes del Comisariado Ejidal, del Consejo de Vigilancia o cualquier ejidatario, podrán interponer juicio de garantías en representación del núcleo de población ejidal o comunal, y la protección constitucional que eventualmente se obtenga favo-recerá no únicamente al solicitante, sino a todos los lesionados dentro de ese ejido o comunidad, pero esto se hace así como una finalidad práctica y no conceptual.

Dilucidada la diferencia entre Derecho Social y Garantía In-dividual, se hace de toda necesidad hacer algunas consideracio-nes políticas, de hecho y de derecho para llegar a conclusiones contundentes pero no menos complejas. En la Reforma Agraria intervienen un sinnúmero de disciplinas y profesionistas: aboga-



dos, economistas, ingenieros civiles (distritos de riego, represas), agrónomos, médicos veterinarios zootecnistas, técnicos y auxilia-res de los mismos, aunado a la confluencia de los sectores público, privado y social, los tres órdenes de gobierno y los tres poderes tanto federales como estatales. Lo que se quiere decir es que no es nada sencillo articular y dar congruencia a la Reforma Agraria.

De lo anterior se desprende la interrogante decisiva: ¿La refor-ma agraria mexicana surge como un derecho social o es una garan-tía individual? ¿Entonces es un programa o norma positiva?

La Reforma Agraria mexicana es un híbrido político-jurídi-co-social, ¿por qué? Nace con nuestra Revolución -no hay que confundir disposiciones y normas agrarias, colonizadoras, que existían en el México independiente- como proyecto de resti-tución y reparto de tierras, matizado claro con apoyos para la producción, pero no como una política con un objetivo predeter-minado de producción y productividad, de ahí, toma dimensio-nes constitucionales y se va nutriendo, complementando y sobre todo viéndose rebasada por la problemática de la falta de tierra que repartir y la decreciente productividad, sumado al hecho de que la población rural iba en aumento y pretendía vivir de lo mismo, la procuración y administración de justicia para el medio agrario se reducía a un mero procedimiento administrativo con mediana eficacia, ya que el padre no obedece al hijo y menos es reprendido por éste, con lo que sólo se favoreció la industria de la invasión y el fortalecimiento de los cotos de poder estatales. Todo esto hizo que los pequeños propietarios perdieran el ánimo y la fe en las instituciones, claro está que no iban a producir sus tierras para que al final perdieran todo y desde las comisiones agrarias mixtas de los estados hasta el cuerpo consultivo agrario les negaran justicia la mayoría de las veces.

Así, los dos tipos de Reforma Agraria -de reparto y estructural- disponen cada una de ellas de dos componentes, uno programático y uno positivo; es decir, se componen tanto como parte del Derecho Social como parte de las garantías individuales.

De este modo, el artículo 27 se consagra casi en su totalidad a proteger el sistema de propiedad como garantía de seguridad jurídica, otra parte a la procuración y administración de justicia agraria, y otra a las formas de asociacionismo rural. Estas for-mas de protección y reconocimiento de derechos individuales tienen su consiguiente reglamentación emanada del citado orde-namiento constitucional, por lo que se puede positivar a través de los procesos y órganos jurisdiccionales competentes.

Por otro lado, la fracción XX del mismo artículo nos dice: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorpo-



ración en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agro-pecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrializa-ción y comercialización, considerándolas de interés público”.

Se puede observar claramente en la primera parte de esta fracción, que se refiere a un derecho social, lo que corresponde sin lugar a dudas a un plan, programa, reglas de operación, linea-mientos, que debe operar el gobierno; la segunda parte, se refiere específicamente a expedir la legislación reglamentaria, lo cual nos remite a un positivismo.

De esta manera podemos concluir que ciertas prestaciones o determinadas condiciones de vida que deben propiciarse por el poder público para el bienestar y el mejor desarrollo del grupo social, es lo que constituye los derechos sociales. Es así como podemos observar en las disposiciones constitucionales los pro-pósitos y contenidos de una acción pública para impartir la edu-cación, para organizar y desarrollar la familia, para proteger la salud, para disfrutar de una vivienda digna, para llenar las nece-sidades y la salud física y mental de los menores, para obtener un trabajo digno y socialmente útil, para tener un campo pro-ductivo, y otras altas aspiraciones semejantes.

Con el objeto de propiciar la acción del poder público en ese sentido, y subrayar que esto forma parte de un verdadero progra-ma de gobierno de democracia social, se han introducido refor-mas constitucionales en el capítulo que se refiere a las garantías y los derechos humanos, que constituyen verdaderos mandatos al Estado para que dicte las leyes, disponga de programas o desa-rrolle labores públicas para alcanzar esos beneficios sociales.

¿Si se carece de educación, de salud, de programas de desarrollo a la familia, de trabajo, de vivienda digna, se puede reclamar el ejercicio de la acción de amparo, la violación de dichos derechos sociales? Y más allá ¿ si los planes, programas, bases y lineamientos del gobierno no son ade-cuados o fracasan en el desarrollo rural integral, si no resultan satisfacto-rios o de plano son nulos los resultados en la producción, productividad o industrialización del campo, se puede ejercitar la acción de amparo?

Al haber culminado la Reforma Agraria de Reparto y comen-zado la Estructural, nace la Reforma Agraria Integral (seguridad en la tenencia de la tierra, aliento a la producción, productividad,


El verdadero valor de los planes y programas en el renglón agrario es la conformación de la teoría de la propiedad y de la Reforma Agraria que alimenta al Constituyente del 17


comercialización, industrialización), la cual también se encuentra formada por esos dos componentes: derechos sociales y como ga-rantía individual. En un doble aspecto: Programático y positivo.

Sin lugar a dudas, la Revolución lejos de la causa aparente que le dio origen, esa causa democratizadora de transición de poder, se encuentra otra más poderosa, los derechos sociales en-focados primordialmente hacia las áreas agrarias y laborales, y claro está, las consiguientes garantías individuales.

Sin lugar a dudas la Reforma Agraria mexicana seguirá sien-do un híbrido político y jurídico, esto se da por dos razones muy simples. La primera es porque la normatividad alcanza a colmar determinadas cuestiones que se pueden positivar como el aspec-to de la propiedad y la tenencia de la tierra, el asociacionismo rural y la procuración e impartición de justicia agraria, la ener-gía para el campo y el aseguramiento agropecuario, que estos ob-jetivos son concretos, de fácil observancia. La segunda es porque la normatividad no alcanza a colmar cuestiones abstractas o de pronóstico reservado, es decir, aun cuando exista la Ley Regla-mentaria que es la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, ésta se orienta a aspiraciones y creación de coordinaciones intersecreta-riales e interinstitucionales de difícil manejo, por eso se tienen que establecer acuerdos con los consiguientes programas, como lo son como ejemplo: reglas de operación, apoyos compensato-rios, productos elegibles para ciclos, subprogramas de granos fo-rrajeros, subprograma de pignoración del maíz blanco, apoyos a la exportación de maíz blanco y trigo cristalino, apoyo a fletes, apoyo a producción de oleaginosas, para el frijol. Si fuera sufi-ciente la ley, no habría que hacer tantos programas, por eso se dice que son de pronóstico reservado los resultados.

Como se mencionó, la Reforma Agraria mexicana no es nada sencilla en su concepción, adecuación, desarrollo, vinculación; se tiene que ver desde varios puntos de vista:1. Desde el punto de vista de la distribución y tenencia de tierra.2. Desde el punto de vista agrícola, de planeación, producción e hidráulica.3. Desde el punto de vista crediticio.4. Desde el punto de vista tecnológico y educacional.5. Desde el punto de vista de inversión y asociación.6. Desde el punto de vista de procuración e impartición de jus-ticia agraria.7. Desde el punto de vista de comercialización e industrialización.

Dicho todo lo anterior, podemos afirmar que la base de la economía nacional es la economía agrícola junto con la indus-trialización, sin esa base, aún lográndose la sola industrializa-ción del país, no se conseguiría la elevación del estándar de vida del proletariado rural, porque mientras su capacidad adquisitiva



no mejore y no exista una justa retribución a su trabajo, le será imposible consumir lo que produzca la industria, y más aún, im-portaremos alimentos y gravitaremos peligrosamente del exte-rior, perdiendo soberanía y capacidad de decisión como país.

Acosta Romero Manuel. • Teoría General del Derecho Administrativo, Ed. Porrúa, México, 1988.Porrúa Pérez Francisco• . Teoría del Estado, Ed. Porrúa, México, 1985.Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. • www.diputados.gob.mxLey de Desarrollo Rural Sustentable. • www.diputados.gob.mxLey Federal de Reforma Agraria. • www.diputados.gob.mxPágina web de ASERCA, • www.aserca.gob.mxPágina web SRA, • www.sra.gob.mxPágina web SAGARPA, • www.sagarpa.gob.mx

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Armando García Gómez es Licenciado en Derecho, con posgrado en Agricultura Social; Secretario Particular del Coordinador de la Diputación Federal de Guanajuato, en la Cámara de Diputados de la LIII Legislatura; Asesor del Delegado del Departamento del Distrito Federal en Milpa Alta, en materia agra-ria; Evaluación y Control en la SARH; Subgerente de Servicios en Conasupo; Subadministrador de Amparos del SAT; Abogado postulante en materia agraria desde hace 18 años; Delegado en el Estado de México de la Federación Nacional de Colegios de Abogados; Subsecretario del Consejo Político del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México 2007; autor del libro La República Agraria y de la Teoría Diferencial Concatenada como posicionador de escenarios políticos, económicos, jurídicos y sociales.


Josué escobedo camilli

Justicia social: El avatar dEl Pri [1]

¡Celebramos en estas fechas el Bicentenario del nacimiento de nuestro país y el Centenario de su Revolución! Estoy seguro que no queremos que nuestra celebración se eche a perder, que carezca de sentido -pues ya hemos mitificado suficientemente la Independen-cia y bastante hemos convertido en rutina a la Revolución-, porque esas ya no son fiestas, sino otra cosa… y lo que nosotros de veras queremos, lo que incluso ya necesitamos, es precisamente celebrar.

Pues bien, el eje de nuestra reflexión será aquí la justicia so-cial, en este sentido apunta nuestra celebración y nuestra dicha. Pero antes de comenzar propiamente a tratar nuestro tema, me gustaría llamar la atención hacia un par de puntos en específico.

[1. El presente texto se funda en el pensamiento especulativo; es decir, en la dialéctica hegeliana; y si bien no es necesario ha-ber revisado todo el Sistema de la Ciencia para poder comprender

Lo afirmativo, la vida, subsiste a pesar de lo de-fectuoso, y de eso afirmativo se trata aquí. Hegel, Filosofía del derecho.

A manera de anticipación


este artículo, sí se exige, en cambio, una buena lectura del siste-ma para tratar cualquier objeción ulterior. De cualquier modo, el de la letra se encuentra en la mejor disposición al diálogo.]

En primer lugar, cabe advertir que, desde el punto de vis-ta meramente textual, nos encontramos a priori en desventaja: hemos hablado de justicia social ad nauseam, y nos la hemos prometido todavía más; de modo que el sentido de esa promesa (hecha desde antes de que el PRI se llamara así, y jamás cum-plida a cabalidad hasta nuestros días) resulta un tanto oscuro para nosotros… Así es, señores: ya desde su nacimiento, nuestra celebración se está muriendo, literalmente. [2. Hay que tomar esa palabra literalmente.]

Sin embargo, en segundo lugar, viene a ser que a posteriori, estamos realmente de suerte en cuanto a justicia social: en con-tadas ocasiones, México la ha necesitado tanto como ahora. En materia de seguridad, resulta muy sencillo demostrar que Locke no dudaría un instante en declarar que nos encontramos en esta-do de guerra [3. Cfr. J. Locke, Segundo tratado sobre el gobierno civil, pp. 46-51]; en lo que toca a la pobreza, mejor ni empiezo, porque todo permite pensar que la paz perpetua de Kant comienza ya a señalarnos; en cuanto a lo que mal-llamamos educación (esa lógica analítica de hace tres siglos aplicada a distintos objetos de estudio que más tarde generan objetos de explotación) no te-nemos mucho que decir ahora, porque la educación en serio no existe, ni existirá mientras no tengamos un ideal cultural digno; y finalmente, en términos de salud, que baste con un dato: so-mos una de las naciones más desnutridas del mundo y -simultá-neamente, paradójicamente- la que tiene a los niños más obesos de la faz. En fin, todo es un desastre.

“¡Cómo! -se me preguntará aquí– ¿Usted cree que existe una ventaja en todo esto?” En efecto, y además la veo con claridad: la ventaja radica precisamente en el hecho de que México no es una abstracción vacía, muerta, sino vida viva -como la llamaba Hegel- a la que le sobran fuerza y talento, mismos que, por lo demás, observo desperdiciándose en casi todas partes, extraviada entre un rezago tecnológico de miedo [4. Seguramente, la mejor política tecnológica que se ha desplegado en la historia reciente de México, estuvo a cargo del doctor Fausto Alzati, mientras dirigía el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y eso sucedió hace más de diez años] y las políticas públicas peor articuladas de la última mitad del siglo. Se debe precisamente a esto, a que México está en peligro y se sabe en peligro, estoy cierto de que responderá adecuadamente si se le conduce como corresponde, mi gente es parejera, yo lo sé. “Pero el hecho de que usted crea que lo sabe, no prueba nada” -quizá se me objetará aquí-. Sin embargo, “debe-mos estar convencidos de que lo verdadero tiene por naturaleza el



abrirse paso al llegar su tiempo y de que sólo aparece cuando éste llega, razón por la cual nunca se presenta prematuramente ni se encuentra con un público aún no preparado.” [5. G.W.F. Hegel, Fenomenología del espíritu, p. 47.] Así pues, confío en que aquí no se dice más de lo que todos ya sabemos, de lo que todos vivimos.

De manera que ni siquiera necesitamos ir muy lejos para encontrar la fuerza curativa: se encuentra en la herida misma; y en cuanto a la desventaja que en primer lugar mencionamos más arriba, la que giraba en torno al tratamiento trilladísimo, pseudoantropológico y aun pseudofilosófico de nuestro tema, en torno al discurso arcaico y anquilosado, “espero aún que un mé-dico filosófico, en el sentido excepcional de la primera palabra -uno que haya de ir tras el problema de la salud global de un pueblo, de una época, de una raza, del género humano-, tenga alguna vez la valentía de llevar hasta el final mi sospecha y de atreverse a sentar este principio: de lo que se trataba en todo este filosofar no era en modo alguno de la “verdad”, sino de otra cosa, digamos que de la salud, del futuro, del crecimiento, del poder, de la vida…” [6. F. Nietzsche, Gaya ciencia, p. 36.]

Pero, por favor, señores, no olvidemos que estamos de fiesta, aunque el horizonte parezca oscuro, pues “seguir manteniendo la jovialidad en medio de un asunto sombrío y sobremanera res-ponsable es hazaña nada pequeña: y, sin embargo, ¿qué sería más necesario que la jovialidad?” [7. F. Nietzsche, Crepúsculo de los ídolos o Cómo se filosofa a martillazos, p. 31.] Celebremos juntos, pues, los que podemos, que no necesitamos más de una regla: “Manténgase alejado quien no esté dispuesto de buen grado a elogiar la transferencia y a rebatir la soledad.” [8. P. Sloterdijk, Esferas I: Microsferología. Burbujas, p. 24.]

Del Estado vivo“Este poder sobre toda la existencia, propiedad y vida, así como sobre el pensamiento, el derecho y lo bueno y lo malo es la comu-nidad, el pueblo vivo. La ley es viva, perfecta, vida viva conscien-te de sí como voluntad general que es la sustancia de toda realidad; saber de sí como poder general de todo lo vivo y de toda determi-nación del concepto, de toda esencia.” Hegel, Filosofía real.

Al inicio de nuestro recorrido, indiqué que este artículo tiene su base en la filosofía especulativa. Por esta razón, dedicaremos este apartado para esclarecer -en la medida de lo contextualmen-te posible- la teoría política de Hegel, destacando sus puntos más importantes.

El propio Hegel coloca en el centro del Sistema de la Ciencia el fenómeno del cambio: movimiento, dinamismo, actividad, reflexión. No es difícil percatarse de que decir esto es lógica-mente idéntico a decir que la realidad es devenir. Devenir pero

Justicia social: el avatar del PRi


no azaroso, porque “todo lo que es real es racional y todo lo que es racional es real”, es decir, el devenir es proceso y no mera su-cesión. [9. G.W.F. Hegel, Filosofía del Derecho, prólogo.] Lo cual implica, a su vez, que nada en el proceso es gratuito, ni el proce-so mismo carece de finalidad. Para que esto se muestre un poco más claramente, hay que observar el espectáculo del mundo no a la corta, sino a la larga; de modo que se alcance a notar que lo que es, debe ser y tiene que ser.

Ahora bien, sería un grave error arrancarle a esta racionali-dad de lo real, aquello que le resulta más propio: este proceso es vida viva. Si esto es verdad, dicha finalidad tiene que estar, de alguna manera, presente para nosotros ahora mismo, y la sen-tencia de Hegel es clara al respecto: la finalidad de la totalidad de lo real es la libertad. Por lo tanto, también al Estado hay que pensarlo en esos términos: “para Hegel, se trata de reconciliar al individuo con la realidad, de unir el ideal antiguo con el desga-rramiento más profundo, con objeto de hacer brotar de allí una realidad nueva.” [10. Jean Michel Palmier, Hegel, p. 84.]

Si somos consecuentes con lo que acabamos de mencionar, hablaremos del Estado en términos de proceso también. Es de-cir, el Estado no aparecerá frente a nosotros de la nada y porque sí, como si se hubiera generado espontáneamente, sino apare-cerá como la resultante lógica de un proceso histórico que ha pugnado, desde el primer día en que el primer simio observó su reflejo en el agua de la superficie de un lago, por la libertad.

Podemos definir -provisionalmente y a manera de ensayo- a las comunidades humanas como cuerpos vivos, políticamente actuantes, que se configuran, se mueven a sí mismos y se re-configuran históricamente de acuerdo con una finalidad. Pues bien, una vez que existieron las sociedades organizadas, muchos siglos después de haberse organizado en pequeños grupos nóma-das, los hombres se percataron de que sus finalidades sólo serían asequibles en la medida en que sus prácticas sociales estuvieran normativamente articuladas: así es como nació el derecho, que representa, de acuerdo con Hegel, el primer ensayo por la liber-tad. Es el primer momento del microproceso que estamos pen-sando aquí junto con Hegel.

Contrario a lo que pensaría cualquier adolescente, el derecho no coarta la libertad, sino que la hace posible (lo que sí coarta, es el capricho); y podemos afirmar que la finalidad del derecho es construir un orden (objetivo e intersubjetivo a la vez) que permita y fomente una coexistencia social sana. Digamos, con Hegel, que el concepto nuclear del derecho formal es el de perso-na (claro que no se trata de una persona en sí, sino de su relación con otras personas); y que la norma fundamental del derecho es, en consecuencia, “sé persona y respeta a los demás como perso-



nas” [11. G.W.F. Hegel, Filosofía del Derecho, parágrafo 36.], que es otra manera de decir que donde hay derecho, hay obligación. Por lo tanto, toda infracción al derecho es lógicamente idéntica a tratar a los otros no como personas, sino como otra cosa.

Desde el punto de vista meramente formal -bendito Dios que nosotros no somos esquematistas- con esto bastaría para ser libres. Ahora bien, la manifestación de esa libertad en la esfera exterior de la persona se llama propiedad. Es cierto que el hombre se afirma con ayuda de los objetos, pero aquí mismo radica la posibilidad de conflicto, porque lo “mío” se opone -por definición y por la propia unicidad del objeto en cuestión- a lo “tuyo”. Por eso, es necesario complementar el derecho formal con el derecho contractual.

El contrato no es más que el compromiso (y el registro dicho compromiso, por supuesto) de respetar la propiedad de las de-más personas. Pero el contrato, que es una promesa formalizada, no puede hacer nada para evitar el abuso y la injusticia. Por eso la pena viene siempre después de la infracción: primero engañas y después te castigan. Por más que la coerción y el delito sean inherentes al derecho contractual, la pena siempre es externa, impropia y, por lo tanto, abstracta. Además de que, por dura que sea la pena, jamás podrá superar la violencia del egoísmo.

Conclusión: Que mientras las personas no estén convenci-das de actuar por el bien de los demás, seguirán deseando lo que no es suyo y nunca faltará quien tenga un deseo cuya consecuen-cia sea un abuso. Por lo tanto, por útil que sea el derecho formal, éste no basta para convertir este estado de cosas, en libertad.

Pasemos, pues, al segundo momento de nuestro proceso. “Convicción” dijimos unas líneas más arriba. Hablar de ella im-plica hablar de interioridad, y cuando decimos “interioridad”, de-cimos también -nos guste o no- “moralidad”. Podemos decir, que la carencia del primer momento consistió en que la norma, el re-gidor de la voluntad y de la acción, era externo a la persona, ajeno a la persona, en fin, era abstracto: le faltaba carne y sangre.

Tan pronto como pasamos a esta esfera, a la de la moralidad, eso que más arriba llamamos persona, deviene sujeto, y aque-llo que dimos en llamar obligación deviene deber. El deber se funda en la intención, en la buena voluntad. Por eso, la génesis de las acciones moralmente correctas se encuentra en eso que llamamos “realidad psíquica” del individuo, “universo personal


El derecho no coarta la libertad, sino que la hace posible y podemos afirmar que la finalidad del

derecho es construir un orden que permita y fomente una coexistencia social sana.


de representaciones”, en fin, el fuero interno.Por eso, el derecho y la moral aparecen, en un primer mo-

mento, como antitéticas: la moral abre la puerta a la inseguridad jurídica, precisamente porque una buena intención puede legi-timar acciones legalmente inaceptables; por ejemplo: robar una medicina para salvar una vida. Por lo tanto, la moral no puede ser el terreno firme para alcanzar la libertad.

Así, llegamos al tercer momento de nuestro recorrido, que como exige la dialéctica, realice la superación de la contraposi-ción de los momentos anteriores, enriqueciéndolos y desechan-do lo que ya no es vital, ni verdadero ni útil. Este momento se llama “eticidad” y no es sino la moralidad que no sólo se atiene a la ley, sino que se identifica con ella; con lo cual, presenciamos aquí un doble movimiento, porque en orden a que realmente sea realmente sintética, la ley también tiene que atenerse a la mo-ral: es el espíritu de un pueblo, tan vivo como su interioridad y tan ordenado como su exterioridad. En este momento, aquello que acabábamos de llamar sujeto cobra toda su realidad y toda su fuerza: se trata aquí del espíritu de un pueblo, del ethos de una comunidad: la eticidad “es la reconciliación del individuo con la sociedad. El paso se efectúa necesariamente, puesto que el sujeto obra en medio del mundo histórico, entre sus semejantes, y no en el reflejo de su propia interioridad.” Y si bien con esto no hemos llegado a ser libres, ya tenemos los pies en el terreno propicio para su crecimiento.

El momento más básico de la eticidad es la familia (pero inserta realmente en la eticidad, y no la familia en abstracto), en ésta el individuo aprende a compartir su vida con otras per-sonas que de entrada le son ajenas y llega a vivir el sentimiento de amor que, más tarde, tiene que ser transferido a su comu-nidad. Pero la familia no se basta a sí misma, por un lado, hay que reproducirse, que si no, nos morimos todos; y por el otro, la estructura social es muy compleja, tanto que no permite que la familia se baste en términos funcionales.

Emerge entonces el momento de la sociedad civil, que de alguna manera representa una extensión del momento de la fa-milia. Aquí se aprende a compartir con otros, con los que no nacimos ni tenemos vínculos sanguíneos, y se adquiere el com-promiso de realizar funciones que satisfagan las necesidades de la propia comunidad de forma institucionalizada. La sociedad civil es un momento instrumental, funcional. Si esto se entien-de bien, no es difícil ver -ni en el texto ni en la realidad- que en el corazón de la sociedad civil (así, en abstracto, sin pertenencia a una instancia superior) se esconde la selva del egoísmo: cada uno es su propio fin, negando los intereses de los demás.

Sin embargo, es precisamente de este choque de egoísmos



que surge la noción de lo universal, el ideal de que todos y cada uno de nosotros debemos estar representados por una instancia a la que, a su vez, representemos. Esto es lo que Hegel llama “la sustancia ética autoconsciente”, y representa la interioridad viva de la sociedad civil que opera explícitamente mediante ella: la voluntad general. Por eso, en el Estado se consigue unificar cada momento anterior, cada cabo que había quedado suelto: en el Estado, uno es persona, sujeto de acción moral e individuo que forma parte de la sociedad civil, y la sociedad civil está al servicio de esa representatividad.

En este momento, hemos llegado al punto anhelado: la li-bertad, y con ella, la enseñanza ineludible: solamente se es libre viviendo en, de, por y para la totalidad. En terminología hegelia-na, es la propia razón, que se da alcance a sí misma, realizándose como voluntad.

El registro de esta realización se llama Constitución política. Ésta, en efecto, no debe ser reducida a una abstracción, sino que debe comprenderse como el resultado de la experiencia de la co-munidad. En este sentido, cabe afirmar que la prueba de que una Constitución es buena, consiste precisamente en preguntar al pueblo si se siente, para decirlo sencillamente, como en su casa, y la respuesta afirmativa a esta pregunta representa al mismo tiempo la confirmación del desarrollo del Estado, del autoalcan-ce político de su propia historia.

Por lo tanto, tender a desarrollarse como Estado significa apostar al mismo tiempo por dos cosas: de un lado, por la des-trucción de las instituciones obsoletas por las fuerzas sociales vivas, esto es, en cierto sentido, la revolución -que no debe ser confundida con el ansia ciega de cambio sin ton ni son, ni con el egoísmo de la filosofía política defendido por la revolución fran-cesa que tuvo por consecuencia política al terror- y del otro, por la estabilidad y la permanencia de las fuerzas sociales activas y creativas -que tampoco debe convertirse en necedad dogmática.

Para lograr este desarrollo del Estado, lo menos importante son las buenas intenciones de un individuo, o los sentimentalis-mos o la nostalgia por el pasado, porque de lo que se trata aquí es de efectividad en cuanto a la representatividad de la voluntad general, de su traducción en instituciones sociales vivas; y aun en el peor de los casos posibles ya que hemos llegado a este pun-to, es decir, “incluso si no tenemos todavía un Estado digno de este nombre, al menos lo buscamos porque sabemos qué es: un Estado en el que nos reencontramos con nosotros mismos, del que podemos decir que es el Estado que nosotros hemos queri-do.” [12. E. Colomer, El pensamiento alemán de Kant a Heidegger II, p. 190.] La palabra “nosotros” es la que nos proporciona aquí la clave: hay que poner el énfasis, siempre, siempre, del lado de



la sociedad, no del individuo: el individuo no es más que una variante accidental de la cultura que lo ha creado. Esta es la ra-zón por la que hay que ir contra el individualismo y su falacia, porque el individualismo falsea a ambos: al individuo y a la so-ciedad, porque de un lado el individuo sólo tiene sentido en su sociedad, y del otro, la sociedad no está, ni tiene que ponerse al servicio del individuo, porque retrasaría su desarrollo además.

Por eso, el rector de este despliegue (y también la finalidad de toda la nación) es, por supuesto, el Estado, que debe abarcar todo lo que ésta produce. Ahora bien, el Estado dirige ese desarrollo y lo conduce, pero no se encarga de desempeñar las funciones básicas de la comunidad (industria, comercio, limpieza), quien las realiza es la sociedad civil, y en este sentido depende de ella, de sus actividades, pero siendo ella siempre el médium para rea-lizarse, no el fin. Así, el Estado se nos muestra como el fin de toda comunidad humana, pero bien entendido: esto no implica que el Estado tome decisiones arbitrariamente, ni implica ningún desprecio hacia la sociedad civil, porque, aunque se trate de una relación jerárquica, es una relación recíproca: “El derecho justo no puede ser determinado ni partiendo del miembro que se afir-ma como exclusivamente valioso, ni adoptando como únicamente valioso el punto de partida de un todo supraindividual. La ley ju-rídica, que obliga a nuestra conciencia jurídica, ordena la parte en el todo y el todo por las partes.” [13. H. Heller, Teoría del estado, p. 279.] Es decir, la sociedad civil está para servir al Estado, pero al mismo tiempo, “El poder del Estado interviene y tiene que saltar a la palestra para velar por la conservación de cada esfera, buscar salidas, nuevos cauces de venta en otros países, poniendo trabas a una esfera, cuando se excede demasiado en detrimento de las otras. La libertad de la industria debe ser respetada; por consiguiente, la intervención tiene que ser tan directa como posible; en efecto, se trata del campo del arbitrio, hay que evitar la apariencia de vio-lencia… y no querer salvar lo insalvable, sino ocupar de otro modo a las clases dolientes. El poder del Estado es la visión de conjunto, el singular se halla sumido en lo singular. Cierto, los ramos de la industria se abandonan sin necesidad de que intervenga el Estado, pero sacrificando la generación presente y aumentando la pobre-za. Por eso son precisas las tasas de pobres e instituciones de asistencia social.” [14. G.W.F. Hegel, Filosofía real, pp. 198-199.]

Por lo tanto, el Estado es absoluto, pero no arbitrario, de lo contrario, se llama despotismo, que no es otra cosa que “un es-


En el Estado, uno es persona, sujeto de acción moral e individuo que forma parte de la sociedad civil, y la sociedad civil está al servicio de esa representatividad.


tado de cosas en que ha desaparecido la ley y donde la voluntad particular como tal, de un monarca o una multitud, cuenta como ley o, más bien, asume el papel de la ley” [15. Hegel, Filosofía del derecho, nota al parágrafo 278], es el individualismo que logró arribar al poder. Para evitar esto, se requiere un altísimo nivel de eficacia administrativa y judicial (que esté atenta, al mismo tiempo, por la propiedad, sin la cual, naturalmente, todo el edi-ficio del funcionamiento social se viene abajo); es decir, el buró es necesario, mientras esté al servicio de la comunidad. En pala-bras del propio Hegel, “El sistema fiscal tiene que introducirse por todas partes, aparecer discretamente, poco de todo pero por todas partes. Si es desproporcionado en un ramo, este es aban-donado, si el vino está muy gravado, se bebe menos, para todo se puede encontrar algún tipo de sucedáneo o la gente se priva de ello. Pero esta imposición se vuelve también contra sí misma, los costes de la recaudación aumentan en proporción, el descon-tento, el malestar aumenta cada vez más, pues a cada paso se perturba el consumo y se dificulta con trámites burocráticos.” [16. G.W.F. Hegel, Filosofía real, p. 201.]

En resumen, se tienen que asegurar a toda costa la perma-nencia y la libertad del Estado, aunque lamentablemente, “la libertad no garantizada por un orden universal de la naturaleza existe sólo precariamente y es, como en la mayoría de nuestros estados actuales, una planta que sólo crece de forma parásita, tolerada en general según una necesaria inconsecuencia, pero de tal modo que el particular nunca está seguro de su libertad” [17. F.W.J. Schelling, Sistema del idealismo trascendental, p. 392], como claramente sucede en mi caso.

Del avatar, que es costalDesde sus comienzos (cuando ni siquiera se llamaba PRI todavía) el Partido se comprometió a realizar (y “realizar” significa levan-tar en realidad, construir una realidad) la democracia y la justi-cia social. He extraído del diccionario de la Real Academia (que, aunque en ocasiones resulta inapropiado, en este caso se adecua perfectamente a nuestros fines) dos definiciones de justicia:

Virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece;I. Lo que debe hacerse según derecho o razón.II.

Desafortunadamente, la primera definición, a pesar de ser correcta, resulta demasiado “general” para nuestro foro, pero la segunda, en cambio, empata perfectamente con el punto del que me gustaría que partiéramos. No está de más recordar aquí, por otro lado, la manera en la que Rawls sentencia acerca de la justi-cia: “¿Quiere usted ser justo? -dice él-. Entonces, trate usted igual a los que son iguales, y diferente, a los que son diferentes.” En los tres casos, se trata de estar a la escucha, de comprender que las



personas son el patrón objetivo del comportamiento y de la legis-lación; y Rawls ofrece el complemento perfecto: también hay que poner atención a las minorías, de incluirlas. Tampoco está de más recordar que el centro de gravedad de nuestra vida comunitaria se llama Estado, y que éste debe administrar la justicia.

Si se hace bien este trabajo, se tiene un Estado socialmen-te justo, de lo contrario, “hace su aparición el contraste entre opulencia y miseria, una pobreza de la que es imposible salir; la riqueza se debe en parte a la casualidad, en parte a la generalidad de la distribución; un punto atractivo de un tipo domina con su mirada el resto de lo general, concentra alrededor de sí, como una masa atrae las masas menores; al que tiene se le da. El lu-cro se convierte en un complejo sistema, que gana por todas partes de que no puede aprovecharse un negocio modesto. Esta desigualdad entre la riqueza y la pobreza, esta miseria e ineluctabilidad se convierte en el supremo desgarramiento de la voluntad, en re-sentimiento y odio” [18. G.W.F. Hegel, Filosofía real, p. 198], que se engendran a partir de la desigualdad radical.

México no es la excepción, basta con echar un vistazo a las condiciones en las que nos encontramos para saber que “gran parte de los mexicanos queda así sometida a una condición en la cual o permanece el margen de la vida nacional, vinculada úni-camente por las relaciones mínimas inevitables entre su mundo real y el otro que se presenta como ajeno y externo (…) para intentar ser aceptada plenamente en el México imaginario de la minoría (…) Una sorprendente democracia de la minoría, un proyecto de nación que parte de considerar ajenos a los grupos mayoritarios de país.” [19. Guillermo Bonfil, México profundo, p. 108.] Pero esto no es una abstracción, ni algo que salga única-mente en las noticias: la percepción general es clara: el Gobier-no federal es un desastre, desde su génesis hasta su facticidad, porque “la gente siente que un gobierno es justo o injusto, legí-timo o ilegítimo, no sólo por la forma en que llegó al poder, sino también -y principalmente- por lo que hace. Si sus acciones u omisiones violan sus valores básicos, es posible sentenciar, jun-to con San Agustín en La ciudad de Dios, que ‘un gobierno sin justicia es un gran robo.’” [20. K. Deutsch, Política y gobierno, s.p.] Pero, en virtud de que “apropiarse del trabajo de los demás genera desigualdad [y de que] quienes poseen mucho necesitan muchas desiguales que les financien esa desigualdad” [21. J.C. Monedero, El gobierno de las palabras, p.33], aquel robo no ha te-nido nada de inocente ni de inofensivo.

Pero no se trata aquí de extraviarnos con esto, ni de estan-carnos aquí: ya hemos dicho que todo esto no va de discursos o de buenos sentimientos, ni de palabras de disculpa que jamás se



nos dirán, sino que va de la vida viva, de la realidad operante que somos y que sigue en pie. Mejor, enfoquémonos no sólo en suprimir esta discordancia (porque en una sociedad democrá-tica, desigualdad es discordancia, y consentirla e incluso igno-rarla, constituyen, por sí mismos, actos de ceguera y de injusti-cia), sino sobre todo en comprender que “el reto del siglo XXI mexicano era menos defensa del control nacional de las grandes empresas y variables económicas y más, mucho más, elevar el nivel y la calidad de vida de las grandes mayorías, incluyendo la seguridad, la impartición de justicia y la profundización del cambio democrático”. [22. Lorenzo Meyer, “De la estabilidad al cambio”, en Historia General de México, p. 943.]

Todo lo cual, tal como habíamos dicho anteriormente, sólo puede darse desde una relación bilateral entre el Estado y la so-ciedad civil, para lo cual, reiteremos, el puro entusiasmo, una actitud no conformista sola, no basta. El valor está en la efecti-vidad de la función que se realiza. Y aun en el peor de los casos, “incluso si no tenemos todavía un Estado digno de este nombre,

al menos lo buscamos, porque sabemos qué es: un Estado en el que nos reencontramos con nosotros mismos, del que podemos decir que es el Estado que nosotros hemos querido.” [23. E. Co-lomer, El pensamiento alemán de Kant a Heidegger II, p. 190.]

“Rencontrándonos” -se nos acaba de indicar-, reconcilián-donos con nosotros mismos; y en la facticidad, me parece que eso tiene mucho que ver con que comprendamos que Acción Nacional fue tan necesario para nosotros, tan necesario, digo, como necesario es su próximo retiro. En lo que toca a la rela-ción entre el Gobierno federal actual y el Partido Revolucionario Institucional -relación que las inteligencias más cortas no dejan de reducir a una vieja pugna por el poder-, hay que reconocer que constituye verdaderamente el núcleo vivo de nuestra vida pública de hoy. Y en cuanto a la izquierda mexicana, este no es el foro para tratarla. “Reencontrándonos” -se nos acaba de sugerir-, lo cual también quiere decir reubicándonos, lo cual tie-ne por condición de posibilidad reconocer que nos extraviamos. Lo cual no representa ningún hundimiento, porque la renova-ción siempre es posible; ni demerita la historia monumental de nuestra Revolución institucional, porque a veces parece que el espíritu del partido “se desentiende de sus deberes y se pierde; pero en su interior está siempre en oposición consigo mismo. Es desarrollo interior -al modo como Hamlet dice del espíritu de su


El sistema fiscal tiene que introducirse por todas partes, aparecer discretamente,

poco de todo pero por todas partes.


padre: “Has trabajado bien, viejo topo”- hasta que encuentra en sí mismo la fuerza suficiente para horadar la capa de tierra que le separa de su sol, de su concepto. Entonces, la capa de tierra se desmorona como un edificio podrido y sin alma, y el espíritu se calza las botas de siete leguas y se muestra en la figura de una nueva juventud.” [24. G.W.F Hegel, Lecciones sobre la historia de la filosofía III, p. 513.]

Me gusta pensar que esto se reflejará positivamente en las próximas elecciones. En efecto, éstas no son otra cosa que “un acto de confianza en ellos que, empero, sólo se justifica con el éxito y está sujeto a circunstancias siempre cambiantes.” [25. G.W.F. Hegel, Filosofía real, p. 214] El acto de confianza implícito ya existe, y comienza a manifestarse en la vida pública de nues-tro país (siempre que no se reduzca la vida pública a lo que dicen los medios de comunicación más populares, e incluso dentro de ellos). Pero no sólo me refiero a las opiniones que es posible es-cuchar aleatoriamente en la vía pública, ni me baso en ellas; sino además y en realidad, me refiero a que esto ya no puede conti-nuar así. Porque a pesar de que admito que el gobierno tiene la obligación de preservar el pasado y que, en consecuencia, tiene que ser el último en convencerse, las pruebas son irrefutables y ya es tiempo de que este desastre llegue a su fin.

“Nombre es destino” se me explicó hace poco, y la clave de todo el asunto podría estar escondida en el propio nombre del par-tido, que por sí mismo establece una dialéctica interna entre cam-bio y permanencia. Porque la revolución ciega deriva necesaria-mente en nihilismo, y la filosofía política de la revolución por la revolución no es más que la pretensión de justificar teóricamente un capricho egoísta. Por eso, además de la revolución, se requiere la institucionalidad, porque la reconstrucción de nuestro país debe surgir del restablecimiento de la continuidad de las instituciones nacionales, pero de forma que las instituciones estén verdadera-mente, que podamos reconocernos en ellas: “¡Cuán ciegos están los que pueden imaginar que las instituciones, las constituciones y las leyes pueden persistir cuando ya no están de acuerdo con la moral, la necesidad y los fines de la humanidad, y cuando ya están vacíos de sentido; que las formas ya vacías de comprensión y de sentimiento pueden tener aún fuerza para unir una nación!” [26. G.W.F. Hegel, Escritos de juventud, s.p.]

Haber comprendido esto, haberlo reconocido íntimamente, constituyó la fuerza y la grandeza que caracterizaba al Partido Revolucionario Institucional; ya que, contrario a lo que el aca-


El acto de confianza implícito ya existe, y comienza a manifestarse en la vida pública de nuestro país


demicismo ha querido defender desde hace varias décadas, la fuerza del PRI no radicaba en el PRI, sino en México, en cuanto tal. No es muy difícil ofrecer una demostración de esto: la serie de configuraciones decisivas por las que ha atravesado el país del país, sus momentos tipificantes, digamos, han pendido en todo momento del PRI. Lo cual permite pensar en el regreso del PRI, que ya regresa, que tiene que regresar.

Ahora bien, este regreso tiene un doble aspecto: por un lado, dado que es el configurador tipificante del Estado, es quien puede y quien siempre pudo, y por lo tanto, sentencio, con Hegel, que tiene que regresar; y por el otro, es el que debe, pero literalmente el que debe y que, en consecuencia, el que tiene que pagar, porque la responsabilidad es siempre de quien puede asumirla; en otras palabras, la responsabilidad presupone capacidad para cumplir con ella, porque es absurdo exigirle a quien no puede, que cargue el costal y -como demuestra la dialéctica- quien puede asumirla tiene que asumirla, debe asumirla. En este sentido, la deuda que el PRI tiene con el país es tan grande como el México que efectiva-mente logró construir. Por eso, nadie más puede pagarla.

Pero hay que pagarla de acuerdo con un triple movimiento: i) la solidaridad nacional hacia el pasado (solidaridad, no sentimen-talismos); ii) la confirmación de la dependencia del individuo a nuestra cultura nacional, y iii) la afirmación absoluta del presente. Seguramente, se vislumbrará el camino a partir de estas premisas y, con suerte, nuestra política se volvería artística incluso, como hubiera deseado Nietzsche, y como la llamaría Deutsch.

Zarpemos pues hacia la revolución, hacia la institución, ha-cia la renovación; para empezar, porque nos reconocemos como mexicanos; y para terminar, porque tenemos un Estado débil, decadente (¿es esto siquiera un Estado, en los términos en los que ya lo hemos expuesto? ¡Exactamente!), enfermo, y la gan-grena no se puede quitar con agua de lavanda, señores. Por tanto, se requiere firmeza, para zarpar y para navegar. Pero firmeza, señores, no despotismo, que ya hemos tenido suficiente de eso. ¡Zarpemos, pues, hacia la revolución institucional!, pero tam-bién en este punto hay que ser sumamente cuidadosos, no vaya a ser que mitifiquemos nuevamente -destruyéndolos, momifi-cándolos- los ideales de la Revolución. Claro que es exagerado el juicio de que nunca fuimos revolucionarios en realidad, pero el riesgo de convertirla en rutina es enorme [27. P. Sloterdijk,


¡Que los muertos entierren a sus muertos, pues, como Dios manda, y que la vida viva siga para los vivos!


Esferas III: Esferología plural. Espumas, p.p. 71-72], y más de uno ha caído en la seducción de las palabras. Es tiempo, pues -para decirlo con Krauze-, no de olvidar, “pero sí enterrar, reconciliados en nuestra comprensión, los inquietos espectros de Cuauhtémoc y Cortés, Hidalgo e Iturbide, Morelos y Santa Anna, Juárez y Díaz y Madero, Zapata y Carranza, Villa y Obregón, Calles y Cárdenas.” [28. E. Krauze, La presidencia imperial, p. 497.] ¡Que los muertos entierren a sus muertos, pues, como Dios manda, y que la vida viva siga para los vivos! ¿Estará muerto ya el PRI?.. ¡Por supuesto que no! Al contrario, amigos míos, al contrario: “Nos sentimos como irradiados por una nueva aurora; nuestro corazón rebosa agradecimiento, sorpresa, presentimiento, ex-pectativa. Por fin el horizonte vuelve a aparecernos libre, supo-niendo incluso que no sea luminoso, por fin nos es lícito volver a zarpar con nuestros barcos, a zarpar dispuestos a afrontar cual-quier peligro; toda osadía del que conoce vuelve a estar permi-tida, el mar, nuestro mar vuelve a estar abierto ante nosotros, y quizá no haya habido nunca un mar tan abierto.” [29. F. Nietzs-che, Gaya ciencia, parágrafo 343.].


Josué Escobedo Camilli estudia filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha contribuido en diversas traducciones y seminarios de esta facul-tad y del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Fue profesor adjunto del doctor Ricardo Vázquez.



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Notas

Esta edición consta de 5,000 ejemplares

y se terminó de imprimir en octubre de 2010 en los talleres de Mac Impresos

Comerciales, s.a. de C.V., Lote 8, Manzana 3, Parque

industrial Exportec II, toluca, México.

Confluencia XXI, Órgano Teórico Trimestral del Partido Revolucionario Institucional

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