¿negociación del próximo gobierno con las farc? (febrero de 2006)

¿Bajo qué condiciones se haría posible una negociación productiva del próximo gobierno

colombiano con las Farc?

Fernando Cubides Cipagauta**

Febreo de 2006

** Profesor Universidad Nacional de Colombia.

¿Bajo qué condiciones se haría posible una negociación productiva del próximo gobierno colombiano con las Farc?

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Índice

Página 1 EL CARÁCTER POLÍTICO DE LA INSURGENCIA Y LO INEVITABLE DE LA NEGOCIACIÓN EN EL MEDIANO PLAZO 1 2. UNA BREVE RECAPITULACIÓN DE LOS INTENTOS FALLIDOS.

LECCIONES QUE SE DERIVAN 7 3. PRESENCIA TERRITORIAL 16 4. LA CUESTIÓN AGRARIA a. ¿Reeditar el reformismo agrario? 20 b Coca, amapola y narcotráfico: ¿Cuál tratamiento

en el marco de la negociación? 24 5. EL CARÁCTER HISTÓRICAMENTE CONDICIONADO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 26 6. UNA TAREA PENDIENTE DESDE 1991: LA CONFIGURACIÓN

REGIONAL DEL MAPA POLÍTICO-ADMINISTRATIVO 29 7 EL ÁMBITO FÍSICO DE LA NEGOCIACIÓN: UN NUEVO DESPEJE 31 8. COMBINANDO CONDICIONAMIENTOS, CONTRAPESANDO

GARANTÍAS: LOS “TERCEROS INTERESADOS” 33 9. POSIBLE “HOJA DE RUTA” 34

Fernando Cubides Cipagauta

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1. El carácter político de la insurgencia y lo inevitable de la negociación en el mediano plazo. A los analistas y observadores de la realidad colombiana puede parecer obvio el carácter político de una organización como las FARC que desde sus orígenes se da una plataforma ideológica revolucionaria y a lo largo de su historia no ha cesado de reiterar su propósito de alcanzar el poder por la vía revolucionaria. No parece superfluo sin embargo definirlo así, reconocerlo, a la luz de las tendencias globales que se impusieron desde 2001 en la definición del terrorismo que al centrarse en los medios empleados hace abstracción de los fines de las organizaciones que los emplean, máxime si se tiene en cuenta que tal definición se ha incorporado de lleno a la actual retórica gubernamental. Al ser incluidas en los listados de organizaciones terroristas, tanto por la Unión Europea, como por los Estados Unidos se ha hecho más reducido el margen de la negociación por parte de cualquiera que vaya a ser el próximo gobierno con una organización con la trayectoria de las FARC pero no se ha cerrado del todo. Dicha clasificación apunta a los medios, no a los fines de cualquiera de las organizaciones incluidas, y en todo caso, sobradas evidencias hay en la historia reciente acerca de que el calificativo en cuestión no ha impedido varios intentos de negociación. Ha habido una inclinación a formular paradojas para definir la situación colombiana y dentro de ella el peso específico de la guerrilla como poder armado: a mayor poder militar menor influencia política, o el registro de un crecimiento cuantitativo en hombres y en recursos bélicos que no se traduce en mayor capacidad de movilizar el apoyo de sectores de la sociedad, en un dominio territorial circunscrito, o en una capacidad de proyectarse como poder en el plano nacional. En torno a la legitimidad con la que ha llegado a contar, la discusión está abierta (empleando la técnica de las encuestas algunas de tales mediciones equiparan a la guerrilla con las instituciones estatales tratando de registrar su grado de aceptación, la validez que se otorga a sus finalidades, su legitimidad, en fin; lo cual no deja de ser un contrasentido: a diferencia de cualquiera de las instituciones nadie expresa de un modo espontáneo su adhesión a la guerrilla ) A estas alturas no se puede soslayar el papel del narcotráfico, y el incesante flujo de recursos que determina para cualquiera de los grupos armados; imposible ponerlo entre paréntesis. Y sin embargo todavía es posible diferenciar la relación que tiene esa clase de recursos con una u otra organización, la relación que tenga con las finalidades políticas que le hayan dado origen. Desde que surgiera en las zonas de colonización en las que habían logrado implantarse, la marihuana primero, la coca y la amapola después, plantearon dilemas logísticos, organizacionales y políticos a la dirigencia de la guerrilla, terminó abriéndose paso una opción pragmática, instrumental; los escrúpulos iniciales se sortearon reforzando los mecanismos de control, y el adoctrinamiento de los niveles de dirección, procurando contrarrestar los efectos disociadores y corruptores de la rentabilidad de los cultivos, y del grado de acumulación que le permite al cultivador, intentando al menos garantizar la primacía de los fines políticos. Es discutible, claro, si se ha conseguido. Y no se trata de que los fines santifiquen los medios empleados, pero si los propios registros gubernamentales dan cuenta de un incremento sostenido en hombres y en presencia territorial, en fin de cuenta éste solo se puede conseguir si se cuenta con el apoyo de sectores de la población, por segmentarios o circunscritos que sean. Sin desconocer o subestimar lo que haya de condenable en sus métodos de lucha y el modo en que afectan a la población civil, o en los modos de financiar su esfuerzo bélico, dentro de los cuales se incluye un delito de lesa humanidad como el secuestro, nada de lo anterior llega a desvirtuar dicho apoyo y por ende su naturaleza política. Y no va a cambiar por arte de enunciado en una operación semántica: es decir mediante el


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empleo de adjetivos puramente descalificadores: “bandidos”, “narcoterroristas”, etc. Y al respecto bastaría mencionar una evidencia gruesa, de bulto: el modo en el que por acción o por reacción, es decir mediante amagos de negociación o intensificación de la guerra y del atentado personal, las FARC han gravitado en los dos últimos procesos electorales para la presidencia de la República. Y lo constituye también el hecho de que uno u otro modelo de negociación, y agendas especulativas, terminen haciendo parte del arsenal de propuestas de la mayoría de los candidatos de un modo más o menos explícito. Tácito reconocimiento de que al menos su consideración produce dividendos, aún al más bronco de los guerreros.1 A lo largo de este documento nos guiaremos entonces por el criterio de que donde quiera que se intersecciones una necesidad social reconocida, consensuada, no resuelta, un déficit de estado, y un factor que explique la presencia de la guerrilla, surge un punto de la agenda para una negociación productiva. “La política de paz ha de ser una política de Estado y no de gobierno”, enunciado irreprochable, complejo y con noción del largo plazo que formuló hace unos años, un Ministro de Defensa ( Víctima él mismo más delante, ya como ex ministro y consejero de paz de una administración departamental, de un secuestro por parte de la guerrilla y de una fallida liberación mediante un operativo militar ) Frase feliz que no pasó de ser eso: una frase, pues cuando parecía cambiar el eje del debate público y se pidieron precisiones, no se paso de generalidades acerca de la necesidad de que hubiese mínima continuidad de un gobierno a otro, y un grado de coherencia entre las distintas agencias estatales; más allá de eso el enunciado no alcanzó concreción. En la realidad, como lo muestra una somera recapitulación desde 1982 cuando se iniciara el ciclo, se han dado significativas variaciones en la política gubernamental de una administración a otra, y desde las primeras intentos de negociación en el año mencionado que para todos los efectos viene siendo el hito inicial, cada gobierno registra un comportamiento pendular alternando periodos en que prevalecen propuestas de negociación con otros en los que la pauta la dan acciones bélicas, la propia disposición a negociar varía, pero lo más sensible: en un mismo período suelen ser divergentes las acciones y los discursos de las agencias gubernamentales, y las más sensibles, los momentos en los que se han hecho manifiestas las discordancias entre el poder civil y el poder militar del Estado central. Contra lo que pudiera creerse no es Clausewitz (que, como cualquiera de los clásicos, permanece como ruido de fondo en los análisis contemporáneos) no es su postulado acerca de la relación entre guerra y política, o poder militar y poder político, o sus consideraciones más específicas acerca de la guerra de guerrillas, lo que se invoca para sustentar el carácter político, inherentemente político de la insurgencia. Para el caso de las FARC, es el conjunto de su trayectoria, y un razonamiento que parte de reconocer que el crecimiento que ha conseguido, su persistencia, su diversificada 1 Y en cuanto a formulaciones del problema provenientes de las ciencias sociales nos parece una de las más completas las que ofrece como conclusión Camilo Echandía en uno de sus ensayos más recientes, que suscribo del todo: “Las estrategias y los movimientos tácticos de las organizaciones guerrilleras se han modificado en función de los cambios experimentados recientemente en el conflicto, buscando adaptarse a las nuevas realidades militares. Por lo tanto a pesar de que la ampliación de la capacidad operativa y de inteligencia del estado ha mostrado resultados positivos en la lucha contra la guerrilla, esto difícilmente implicará que se consiga el sometimiento de los alzados en armas por la vía militar. Los resultados obtenidos en este campo deben interpretarse como una contribución a la creación de condiciones para negociar la terminación de la guerra, por cuanto permiten que la solución política del conflicto se convierta en una opción”: Ver: Evolución reciente de la geografía del conflicto armado colombiano; en: Dimensiones territoriales de la guerra y de la paz, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2002, p. 166.


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presencia territorial, sólo es posible en la medida en que cuente con una sólida red de apoyo en las regiones en las que ha logrado implantarse, y esta a su vez, como lo señalan ejemplos universales, solo se logra construir con el tácito consentimiento cuando no el activo apoyo de una parte representativa de la población. Las acciones en su contra llevadas a cabo en el marco del Plan Colombia y del Plan Patriota tal vez hayan conseguido dislocar el dispositivo que tenían y hayan frenado la expansión territorial que traían, es lícito especular acerca del porcentaje en que hayan disminuido sus ingresos por “gramaje” y lo percibido por secuestros (como se admite, un delito que ha disminuido en forma consistente en los dos últimos años) es indudable que dichas acciones han inducido cambios en sus tácticas y las han hecho retroceder a su “retaguardia profunda” pero todo lo anterior sumado no significa que se les haya infligida a las FARC una derrota estratégica. Las acciones militares llevadas a cabo por la guerrilla en el mes de Diciembre de 2005, contra la policía y destacamentos de elite del ejército, en el Putumayo, en el Chocó y en el Departamento del Meta, denotan que, replegándose, ha logrado resistir sucesivamente las operaciones adelantadas en su contra en el marco del Plan Colombia y del Plan Patriota, que ha sabido adaptarse y contrarrestar la ofensiva en su contra, que conserva el grueso de sus efectivos y que su dispositivo está lejos de ser desarticulado. No puede ser nuestro propósito zanjar aquí el debate entre los especialistas acerca del momento estratégico en el que se encuentran las FARC, su capacidad militar, su poder de fuego, sin embargo no puede menos que constatarse cómo, registros independientes de un ente privado como la Fundación Seguridad & Democracia ( a los que nos referiremos con más detalle más adelante) y el propio Observatorio de Presidencia de la República no dejan duda acerca de un incremento en el número de acciones desarrolladas el año 2005, por las FARC. La consecuencia necesaria es de la de que aquel propósito que señalara el Ministerio de Defensa según el cual “antes del año 2006 los grupos irregulares de derecha e izquierda estarán todos sentados en la mesa de negociación”,2 como mínimo, deberá reformularse. 2019 es el nombre de un ejercicio de planificación que se adelanta actualmente en el Departamento Nacional de Planeación, como se sabe iniciado en agosto del 2005, y uno de cuyos supuestos principales es el de que para entonces no existirá ya el conflicto armado y todos los recursos que absorbe podrán reorientarse, y se estarán contrarrestando los efectos y los costos que implicó; a primera vista es un plazo razonable, una meta alcanzable en el término señalado. Lo que no se ve claro es que sea realizable con la intensificación del esfuerzo militar, mientras subsista una guerra de desgaste de tan lenta evolución. Suele atribuírsele a Henry Kissinger, y suele citárselo fuera de contexto, un postulado axiomático según el cual en ésta clase de conflictos “la guerrilla gana si no pierde, el ejército convencional pierde si no gana”3 en verdad Kissinger no pretendía ser original, ni darle un carácter de axioma irrefutable, sino que calificándolo de “principio cardinal de la guerra de guerrillas” , a su vez lo tomaba de los generales norteamericanos que resumían la experiencia militar de Vietnam, y como hombres de

2 Citado en “Las FARC-EP:¿Repliegue, debilitamiento estratégico o punto de inflexión?” documento elaborado por Eduardo Pizarro, impreso para la discusión interna en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 2005. 3 Véase por ejemplo el enunciado citado y aplicado al caso colombiano por Gonzalo Sánchez: “Guerra prolongada, negociaciones inciertas en Colombia” en : Bulletin Institut francais d’études andines , 2000, 29 (3) p. 285. Hace poco para referirse a lo más inmediato aunque en un contexto algo distinto, lo ha vuelto a invocar el general retirado Fernando Tapias: Semana ,Enero 16, 2006. p.37.


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armas, ante el atascamiento sólo veían como salida algún tipo de negociación productiva. La analogía es limitada, pues lo que sobresale en Kissinger, en el contexto en el que se ubica, es el carácter de potencia ocupante de los Estados Unidos, y las consideraciones geopolíticas acerca de la kilométrica distancia entre la península indochina y Norteamérica, el menguante apoyo de la opinión pública norteamericana en las condiciones descritas, amén del modo poco claro como se fueron involucrando los Estados Unidos.4 En nuestro caso, sólo para aquellas regiones en las que la guerrilla cuenta con una sólida implantación y un largo trabajo político y a la vez se llevan a cabo labores de erradicación de los cultivos ilícitos, puede decirse (y fue por cierto el general Matallana quien empleó la expresión) que el ejército colombiano tiende a ser percibido por la población como un ejército de ocupación. Mucho va pues de un caso al otro, aun cuando uno de los rendimientos analíticos del postulado es el modo en que subraya la asimetría, y junto con ello el modo en que pondera el factor tiempo. Pero en cuanto a éste factor crucial para el desarrollo de la guerra irregular, llevan razón Posada Carbó y Eduardo Pizarro, cuando afirman que la reelección aprobada el año anterior y en concreto en la coyuntura presente, la posibilidad de la reelección de Álvaro Uribe, ha modificado ese factor, abriendo lo que se ha dado en denominar “una ventana de oportunidad” a la coherencia y continuidad de un tipo de política para el Estado central, entraña por tanto una modificación a la temporalidad del conflicto. 2. Una breve recapitulación de los intentos fallidos. Lecciones que se derivan. Respecto de los dos procesos de paz, de los que podría decirse que se avanzó más, y que habiéndose iniciado de una manera auspiciosa y conllevaron innovaciones en su momento, no hay, no puede haber todavía, una historia compartida, una historia que pueda considerarse objetiva y aceptada por los participantes. Las versiones se contraponen en cuestiones esenciales, y, hacen hincapié en las interferencias recíprocas, buena parte de los hechos y de la documentación siguen siendo inaccesibles al observador común, pero también al analista especializado por acucioso que sea. Junto a la escueta documentación oficial del período, con criterio y con formación de historiadores, algunos de los funcionarios que llevaron la vocería gubernamental en los diálogos, procuraron recopilar la documentación existente y archivarla (existe para la consulta en el Departamento Administrativo de Presidencia de la República un fondo documental titulado “Documentación disponible sobre los procesos de paz”) y así mismo han procurado sintetizar, racionalizar y generalizar su experiencia en libros publicados; dos en particular se podrían mencionar con ese carácter: Una agenda para la paz- Aproximaciones desde la teoría de conflictos, del asesinado Jesús Antonio Bejarano, (Tercer Mundo Editores. Bogotá, 1995) y Cómo negociar a partir de la importancia del otro de José Noé Ríos (Bogotá Planeta, 1997). Junto a ellos, las siguientes consideraciones toman como fuente para el intento de negociación de la administración Betancur ( 1982-1986) una publicación clandestina pero de cuya autenticidad no hay duda Correspondencia secreta del proceso de paz. Recopilación, notas y comentarios de Jacobo Arenas ( Editorial La Abeja Negra, Junio de 1989. Publicado por Jacobo Arenas con intenciones propagandísticas de atribuir a la contraparte toda la culpa del fracaso, nos ha entregado un documento valioso en que se perciben los motivos no confesados y las intransigencias de ambas partes.) y el

4 El razonamiento se inicia con una constatación resultado de sus observaciones directas: “Pronto comprendí que nos habíamos complicado en una guerra que no sabíamos cómo ganar ni como concluir”, poco más adelante está el enunciado aludido arriba, para el cual el elemento tiempo es decisivo; Ver el pasaje completo y sus derivaciones en: Henry Kissinger, Mis Memorias. Editorial Atlántida, Bs.As. 1979, p. 173.


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balance que de su participación como Comisionado de Paz hizo Alberto Rojas Puyo ( “El Acuerdo de la Uribe:Una política que no ha perdido validez”en: Tiempos de paz-Acuerdos en Colombia 1902-1994 Medófilo Medina y Efraín Sánchez, editores. Alcaldía mayor de Bogotá, Abril de 2003 ) y para el intento más reciente durante la administración Pastrana ( 1998-2002 ) un seguimiento de prensa y, por su valor testimonial, un libro que tiene como materia prima, una serie de entrevistas a dirigentes guerrilleros en San Vicente del Caguán y cuando se estaban llevando a cabo los diálogos: El orden en la guerra. Las FARC-EP: entre la organización y la política, de Juan Guillermo Ferro y Graciela Uribe (Centro Editorial Javeriano, Bogotá, 2002 5 a. El primer intento: 1982-1986. Respecto del primero de los intentos, dado el tiempo transcurrido, se hacen más evidentes al hacer la recapitulación los obstáculos implícitos y hasta ese momento no mencionados, aquellos puntos donde se deduce que una de las partes no podía ceder: el secuestro por parte del gobierno (pues de lo contrario se erosiona el inestable e inorgánico frente de apoyo que ha logrado construir a favor de una paz negociada), el despeje – como reconocimiento al control territorial alcanzado - por parte de la guerrilla. Leída la antedicha correspondencia entre líneas y cotejándola con lo que la prensa de la época va registrando como secuencia de episodios del conflicto, van quedando a la luz los bemoles de la “malicia indígena”, de parte y parte, la astucia en ocultar los temas de la agenda implícita, llega a constituir el principal obstáculo de la negociación. En uno de los memorandos iniciales de las FARC y en la declaración conjunta con la Comisión de Paz de la misma fecha, reclama la presencia de los altos mandos militares en el curso de las negociaciones. ¿Principio de realidad o estratagema a sabiendas de los efectos contradictorios? Jacobo Arenas luego argumentará que sólo así se podrá comprometer al ejército y a las fuerzas armadas a respetar lo que se llegare a suscribir, y los representantes gubernamentales se irán a desdecir y se refugiarán en una petición de principio: el de la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil, pero en la euforia inicial lo que se suscribe por unos y otros es grandilocuente: “aspiramos a que en ellas participen otros representantes del gobierno y que, en el menor tiempo, sea posible que estén presente los Altos Mandos Militares con los antiguos combatientes para que ya nadie dude en Colombia de la armonía creadora que debe preocupar a todos los hijos de esta tierra nuestra que ha sufrido tantos desgarramientos” La oración cojea pues la referencia a “los antiguos combatientes” es ambigua. De allí en adelante la guerrilla insistirá en pedir dicha presencia, en tanto que los voceros gubernamentales rechazarán el pedido otras tantas veces. La cuestión del secuestro surge en seguida con todo y su carácter disolvente. La fórmula que se adopta en los primeros acuerdos suscritos es taxativa, no admite esguinces semánticos:“Las Farc condenan y desautorizan el secuestro, la extorsión y el terrorismo en todas sus formas y contribuirán a que termine su práctica” dice a la letra el documento firmado con tanta solemnidad en Casa Verde por ambas partes. Ya de la lectura de la correspondencia mencionada, y pese a lo que son las afinidades ideológicas de los corresponsales, la diferencia se hace patente, y 5 Sustenté con más detalle mi apreciación en una ponencia presentada en un evento académico reciente: 3er. Seminario Internacional de Investigación-Negociación, Discusión Racional y Acuerdos, Bogotá, Octubre 19,20 y 21 de 2005.


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mientras que Rojas Puyo, de un modo tan íntegro y consecuente que hay que destacarlo6, se esfuerza en aclarar los hechos y se hace vocero de algunas de las víctimas en procura de la liberación y de que se asuma las responsabilidad y se enmiende la práctica, las FARC, contra toda evidencia se empecinan en una cerrada negación de su responsabilidad en la materia. Lo atribuyen siempre a maquinaciones y montajes, a acciones aisladas de desertores, incluyendo allí los que integraron el grupo “Ricardo Franco”, es un aspecto en el que no se avanza ni un ápice en el curso de las conversaciones. Delito flagrante cuya inhumanidad es reconocida universalmente, el secuestro por la vía de su escueta y empecinada negación, termina banalizado. Y, sin embargo, es de las acciones que más reacciones produce en contra del proceso. Con sensibilidad y perspicacia, como si se tratara del sismógrafo mejor ubicado, muy temprano, la correspondencia da cuenta, por parte del mismo Rojas Puyo, de lo que se está gestando en el Magdalena Medio, ya a fines de mayo de 1983. Las primeras manifestaciones de una reacción muy adversa a las FARC en una región en la que su presencia hasta ese momento había sido aceptada y apoyada, y sus frentes se habían expandido con gran celeridad, al tiempo que el Partido comunista tenía las mayorías electorales en un municipio como Puerto Boyacá, es apreciada en toda su significación y sus alcances por Rojas Puyo según se deduce de varios pasajes de esta correspondencia.7 Enseguida, la dimensión territorial es una de las que es objeto de mayor divergencia en la apreciación: del lado gubernamental tarda en llegar el reconocimiento a la presencia que había mostrado la organización guerrillera: cuando finalmente se acepta la idea de un “despeje” se define un área muy circunscrita: el enclave de lo que ha sido la región de consolidación y expansión original del núcleo guerrillero; en tanto que de parte de la guerrilla se tiene ya una visión expansiva, el propósito ( explicito y formulado en el libro Cese al fuego de propio Jacobo Arenas) de crecer como organización a un ritmo más acelerado, diversificando su presencia en las regiones y dándole plena funcionalidad a un “nuevo modo de operar”. Como lo muestran con nitidez las bases de datos y la documentación acopiada de diversas fuentes, incluida las propias FARC, justo en esos años se está llevando a cabo una expansión sistemática, un propósito de adquirir presencia territorial en regiones distintas aunque adyacentes a aquellas en donde hasta ese momento han logrado implantarse. La demanda de territorio por parte de las FARC está argumentada de una manera muy consistente y puntillosa, pero además está avalada por razones históricas: para su dirigencia tiene el valor de una reivindicación, de un reconocimiento del valor simbólico que en su origen tuvieron aquellas pequeñas porciones del territorio que antaño fueron

6 Ya desde la primera carta que se incluye, que la dirige Rojas Puyo a “Arsecio” comandante del VII° Frente de las FARC, fechada en 18 de Mayo de 1983 y en la que afirma “Un obstáculo a todo eso- se refiere a los avances democráticos-ha sido la práctica del secuestro por las organizaciones guerrilleras, el comunicado por medio del cual los dirigentes de las FARC encabezados por Manuel Marulanda, Jacobo Arenas y Jaime Guaracas, condenaron el secuestro fue recibido como una esperanza por todo el país y levantó la moral de las fuerzas revolucionarias- a las cuales yo pertenezco-.Pero es indispensable, como el simple sentido común lo indica, que se cumpla en los hechos esa orientación: que los grupos guerrilleros liberen a las personas que tienen secuestradas” (Obra citada, p. 30 ) , hasta las penúltimas cartas, datadas en Enero de 1985 , en las que dirigiéndose a Jacobo Arenas, afirma a nombre de la Comisión de Verificación que siguen “esperando la lista que nos prometieron , en la cual denuncian los nombres de algunos de los secuestradores y extorsionistas” (Obra citada, p. 210 ) . En la recapitulación de todo el proceso que hace años después, y que citábamos arriba, Rojas Puyo reitera: “Durante 2 días discutimos sobre el tema del secuestro, método de financiación que yo como marxista encuentro condenable” en : Tiempos de Paz , Obra citada, p. 299. 7 En particular en su carta fechada en Mayo de 1983: pp. 34-35, Obra citada.


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bautizadas como “repúblicas independientes” y de las que fueron obligadas a salir dando lugar a su huída pero también a su diversificación geográfica. Prueba de que para ambas partes es un asunto más de contenido que de procedimiento, es el tipo de resistencia que encontrará por parte de las fuerzas armadas, de sectores del estado y de fuerzas políticas que se están alinderando ya en la oposición, precisamente por todo el valor simbólico que condensa. Se irá haciendo evidente el forcejeo: la demanda inicial es el territorio del municipio de Dolores en el Tolima, exigido por las FARC como garantía de seguridad para sus negociadores y por un período de 60 días, lo que finalmente concede el gobierno es un área circunscrita perteneciente entonces al municipio de Mesetas, en el Departamento del Meta, una delimitación harto complicada, a la que se llega que según el propio Rojas Puyo “determinada técnicamente por mí con la asesoría de un geógrafo, teniendo en cuenta los datos que Uds. me habían comunicado”8 Lo que a primera vista es enunciado de manera incidental como una cuestión de procedimiento, que si acaso tiene una importancia logística ( para decirlo en el argot de los especialistas: se refieren ante todo a los problemas de transporte, de número de efectivos necesarios para su seguridad, a los recursos necesarios para el traslado de las tropas regulares fuera de la zona escogida ) poco a poco va revelando todo el trasfondo que implica.9 Se va viendo qué involucra para ambas partes. “El asunto se volvió un puntillo de honor militar” constata Rojas Puyo al año siguiente, para sintetizar todos los escollos que sus buenos oficios de mediador va encontrando, cuando se trata de escoger una porción del territorio, y conseguir que sea evacuada efectivamente por efectivos del ejército regular. La desconfianza mutua prima en ese punto más que en cualquiera otro, y las líneas dedicadas en la correspondencia a tratarlo, las denuncias y el tiempo invertido en tratarlo, en los ires y venires de varios de los comisionados, así lo va mostrando. La salida del Ministro Landazábal Reyes, y el nombramiento de Miguel Vega Uribe, no modificará la actitud estamental de los militares, y sacará a la luz las fisuras entre el poder civil y el poder militar del Estado. A esta altura es ineludible referirse al “politicidio” de la Unión Patriótica que se estaba gestando y cuyas primeras evidencias eran ya ostensibles. Apenas hay alusiones en la correspondencia examinada. Cuando en los primeros meses de la administración Barco se incrementa, y revela un designio, la dirigencia de las FARC lo denuncia en lo que tiene de execrable, y al hacerlo adopta el más moral de los tonos. Es impensable disminuir un ápice siquiera de la responsabilidad del Estado. Pero en lo que corresponde a la guerrilla no da muestra de procesar su significado como error de cálculo estratégico de su parte. No hay síntoma alguno de que se hubiese sopesado el riesgo de mandar a la lucha política abierta a toda una generación de dirigentes populares, de irreemplazables cuadros del nivel local y regional en tanto se decidía que los amagos de negociación eran un modo de emplear el recurso tiempo para fortalecer el aparato militar y expandir su implantación territorial. Una estimación gruesa del costo que significó y significa para su proyecto político era de esperar. En suma, la presencia de los militares en la propia mesa, el secuestro como práctica reiterada y delito de lesa humanidad, y la no concesión a las FARC de una parcela de

8 Obra citada, pp. 95-96. 9 Cuando salen a la luz las primeras resistencias, Jacobo Arenas afirma en carta fechada en Junio 28 de 1983: “Aquí creemos que, ante la intransigencia de los altos mandos en torno al despeje de la Uribe, realizar nuestras proyectadas reuniones en lugar distinto no sacrifica nuestros principios y mucho menos nuestro prestigio” Obra citada, p. 60. y lo reitera mas adelante, el 14 de Julio: “Ya hemos dicho que no nos aferramos a la exigencia del despeje de La Uribe para realizar allí (Sic) la reunión donde se firme la fórmula de la paz” Ibid. p. 67. El curso de los hechos revelará en cambio toda la importancia que asunto tiene.


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soberanía (el “despeje” y todas las interferencias que surgen para llevarlo a cabo) son la triada de obstáculos insalvables de éste intento, que se prolongarán hasta el segundo. b. 1998-2002. Tal vez sea superfluo aquí rememorar en detalle, lo que significó el amago de negociación con las FARC en la campaña electoral que se disputó en 1997-1998 y de la cual salió elegido Andrés Pastrana. Distintos análisis y recapitulaciones coinciden en señalar que su impacto fue decisivo: el anuncio por parte de Andrés Pastrana, todavía como candidato, 96 horas antes de la segunda ronda presidencial, de la disposición de despejar los cinco municipios que las FARC venían solicitando, fue pieza clave de una estrategia electoral exitosa. 10 No resulta claro en cambio, si después de eso el gobierno contaba con una estrategia para adelantar las negociaciones, lo menos que puede decirse es que no fue evidente en la medida en que no se hizo pública. Textos de corte autobiográfico sobre ese período recién publicados, como el del expresidente Pastrana, tampoco aclaran el punto. Hay que decir que tras el inicio de las conversaciones el curso de los acontecimientos fue más sinuoso aún que el del anterior intento; en sentido estricto nunca hubo negociación, y si bien se elaboraron sendas agendas, de modo paralelo mediante el mecanismo de las audiencias públicas, se fue elaborando un copioso listado de carencias y necesidades de distintos sectores de la población colombiana y por boca de algunos de sus representantes, un prolongado acto de catarsis, que puede ser tomado para el efecto, como un compendio de “causas objetivas”; con todo y eso las agendas propiamente dichas no se abordaron. De modo característico, ya antes de la instalación de la mesa de negociaciones se produjo un forcejeo y amago de ruptura a propósito de la presencia de soldados en la base militar de San Vicente del Caguán, y ante el reclamo airado de las FARC acerca de lo pactado como despeje, el gobierno tuvo que ceder. a). Las viscisitudes de la “puesta en escena”. Una euforia apenas contenida y un auténtico bombardeo mediático, sobre el punto del territorio en el que se adelantarían las conversaciones, fueron las características iniciales. San Vicente del Caguán y su entorno inmediato durante los breves días del inicio del despeje y de la iniciación de un nuevo estilo en las “ceremonias de la paz” atrajeron el interés concentrado de una multitud de medios. Un componente decisivo de la experiencia común, ha sido el modo en que se llevaron a cabo dichas ceremonias. La “producción de sentido del mensaje” según la expresión de los especialistas en comunicación, coincidió de lleno con su “puesta en escena”, fue de cabo a rabo un evento concebido para ser difundido por la televisión, en función de ella, cada uno de quienes lo presenciamos al hacerlo eramos conscientes de que se trataba de un evento que no ocurría por sí mismo, es decir conscientes de que no se hubiera producido si las cámaras de televisión no estuvieran allí.11 Pero como se sabe allí mismo se hicieron evidentes las desafinidades, por el hecho de que el jefe histórico de las FARC no hubiese acudido a la cita. Golpe de efecto logrado, la “silla vacía” produjo una cierta fascinación como símbolo, y múltiples intentos de discernir su

10 Yo mismo intenté algo de eso en el artículo “El despeje como experimento”, capítulo del libro Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones territoriales Centro de Estudios Sociales- CES- Universidad Nacional, Santafé de Bogotá , Enero de 2000- 11 Ver por ejemplo el ensayo que coincidencialmente se titula “Para una guerrilla semiológica” así como el titulado “ T.V: la transparencia perdida” en las crónicas de la aldea global de Umberto Eco : La Estrategia de la Ilusión, Editorial Lúmen, Barcelona 1986.


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significado apelando a nociones semiológicas por parte de los analistas. Menos analizado en cambio fue el contraste entre los discursos pronunciados en la ocasión. Manuel Marulanda se hizo representar por un comandante guerrillero de la segunda generación, quien pese a los problemas de dicción, transmitió la impresión de veracidad del discurso, dado que no había duda para quien lo escuchara de que detrás de él había una historia real. Los marranos, las gallinas perdidas en lo de Marquetalia seguían, y siguen, apareciendo en el discurso, pero la guerra ha ido cambiando a este actor, se nota de lejos en el mensaje ese transcurrir; en esa célebre ocasión y en momentos en que todas las cámaras enfocan hacia allí, la propia ausencia del líder histórico le dio una fuerza adicional a su discurso, va adquiriendo el tono de quien se hace oír desde lejos, reivindicando su ubicuidad, su trashumancia; en tanto que el que se le opuso por parte del entonces Jefe de Estado es artificioso, está hecho para la ocasión y caracterizado por lo convencional de los giros y fórmulas empleadas. Digamos que para comenzar las FARC jugaron bien sus cartas y parecían muy conscientes de sus activos, y mostraron una indudable coherencia con las que habían sido sus reivindicaciones anteriores, y el diagnóstico acerca de porqué se habían frustrado. b). Las varias agendas Como si se intercambiaran de un modo protocolario sus respectivas credenciales la presentación de las agendas del gobierno y guerrilla al momento en que se instala la mesa de conversaciones, ilustra las diferencias de perspectiva, aun cuando tengan en común, lo condensado de la expresión (cada una tiene 10 puntos) y un tono de reiteración doctrinaria, de formulación de principios. Invocando el Derecho internacional humanitario, el primer punto de la agenda del gobierno se refiere al secuestro como un tipo de acción delictiva que debe cesar (con lo cual se recoge a la vez el punto sobre el que no se había avanzado en el anterior ejemplo: un auténtico escollo) La guerrilla hace lo propio y su primer punto es una referencia al carácter del ejército colombiano: cada vez más volcado hacia el conflicto interno, y con una tendencia no corregida, a aplicar la noción de “enemigo interno”. A nuestro parecer resulta significativo que mientras la guerrilla omite cualquier referencia al paramilitarismo en su agenda, en la gubernamental ése sea uno de los puntos y de los diez tal vez el que adquiera mayor concreción en la forma de enunciarlo y de definir su tratamiento como "una responsabilidad exclusiva del estado". En cuanto al tratamiento que requiere el paramilitarismo, y los compromisos que vaya adquiriendo el gobierno en su tratamiento, parece confirmarse lo que muchos críticos del proceso anotaban: la existencia de una agenda oculta compartida. No de otra manera se podría explicar la secuencia de exigencias por parte de la guerrilla, y de medidas por parte del gobierno durante ese primer año. Y sin embargo sabemos que en las tratativas previas ese ha sido uno de los escollos reales; en qué consiste esa responsabilidad exclusiva el estado y cómo se materializa, qué tanto puede avanzar realmente en su desactivación si no hay indicios de avances reales en la negociación con la guerrilla. La subsunción del paramilitarismo, afirmar que su tratamiento es de incumbencia y responsabilidad exclusiva del Estado, en éste caso equivale además a desconocer el grado de autonomía que como fenómeno ha venido adquiriendo. Pues de lo contrario asumir esa responsabilidad no dejar de ser un alarde retórico más, a sabiendas de que en los orígenes del paramilitarismo sí que hay múltiples responsabilidades. Ni al más ingenuo o el menos informado duda hoy acerca de la responsabilidad del estado en el surgimiento del fenómeno paramilitar,


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tanto por acción como por omisión, y la vez ese mismo ingenuo y desinformado observador difícilmente puede considerar que toda la responsabilidad provenga del estado, o que afirmar la responsabilidad exclusiva en su tratamiento signifique que se lo puede desmontar exitosamente en el corto plazo. Allí es donde se evidencia el carácter unilateral de las exigencias guerrilleras: considera al estado exclusivo responsable por las acciones de los paramilitares y aporta como prueba de esa responsabilidad el número de miembros de las fuerzas armadas que han tenido vínculos ostensibles con ello; a ello se podría replicar indicando el número de guerrilleros que han devenido paramilitares. En todo caso las dificultades lógicas del antedicho argumento tal vez ayuden explicar el lapsus en que incurriera Raúl Reyes, cuando un entrevistador le sugirió la posibilidad de un diálogo directo con la cúpula paramilitar: "No estamos dispuestos a hablar con gente que está fuera de la ley" ( Ver : Semana Abril 7 de 1997 ) En otras palabras exige un irrestricto cumplimiento de las funciones del Estado, pero sin darse cuenta de que si ese Estado de derecho existiera y cumpliera sus funciones su propia existencia como guerrilla no tendría razón de ser. En resumen: si bien la guerrilla obtuvo de entrada la cesión territorial que demandaba y que se había convertido en una reivindicación histórica como reconocimiento de su presencia territorial, no se presentó ningún avance sustantivo en las agendas presentadas. Al recapitular la información nacional e internacional del período, es destacable el interés que suscitó la novedad del experimento: el nombre de los cinco municipios y los 42.139 kilómetros cuadrados de la zona despejada por algunos meses se convirtieron en el dato mejor conocido de la geografía nacional, la comparación con la superficie de Suiza, de El Salvador era reiterada. Habiendo obtenido una concesión tan importante, el empleo que las FARC hacen del territorio privilegia sus necesidades militares, y desaprovecha la oportunidad de llevar a cabo de modo simultáneo un efecto de demostración sobre su capacidad de incidir en concreto en la gestión social, sobre su capacidad de ser contra-estado. Por su parte la guerrilla si logró introducir como novedad las audiencias públicas y con ellas un grado de presencia en los diálogos hacia una paz posible de la población desarmada y de interlocución con ella, pero al instrumentalizar las audiencias y eludir cualquier compromiso en la negociación de las reivindicaciones de muy distinto orden que allí salían a la luz, 12 termina diluyendo las posibilidades de avanzar, y suscita en la opinión general un escepticismo creciente respecto de las propias posibilidades de una solución negociada. Se hizo evidente a la vez que el equipo negociador por parte del gobierno carecía de una estrategia negociadora, y los acuerdos con los que contaba, versaban sobre cuestiones de puro procedimiento. La lección que se deriva de ese modelo de presentación, es la de que más que espectadores de la presentación de necesidades y reclamaciones tan disímiles, solo se puede evitar que las audiencias se conviertan en un torneo de retórica elemental, si hay una definición de algún criterio de representatividad. Además y ya hacia el final del período y como lo muestran las estadísticas, la intensificación de las acciones bélicas por ambas partes en el resto del territorio, lleva

12 La ingente y muy heterogénea documentación presentada a lo largo de las 25 audiencias, se recogió en una serie de Gacetas del Departamento Nacional de Planeación. Así mismo se transcribieron las presentaciones grabadas. El voluminoso material resultante, apenas fue clasificado por Camilo Leguízamo, un funcionario de Planeación, y un proyecto de investigación coordinado por Álvaro Camacho Guizado, con el auspicio de James Lemoyne, el observador de las Naciones Unidas, para someterlo a criba y análisis, no prosperó.


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a que la llamada “Comisión de los Notables” (en Septiembre 19 de 2001) formule la siguiente conclusión básica, dirigida tanto a la Mesa de diálogo y negociación, como al país (nótese el tono generalizante) : “La experiencia histórica, tanto en Colombia como en el mundo, demuestra que el esquema de negociación bajo el fuego no produce resultados satisfactorios, al menos en el corto y mediano plazo, en el objetivo de conseguir la paz”. Aspecto que habremos de retomar. 3- Presencia territorial hoy Entender la guerra irregular, su naturaleza, sus alternativas, ya no es un asunto exclusivo de los militares. De unos seis años a esta parte cada vez más analistas civiles e independientes se ocupan de los asuntos de estrategia y táctica bélica, procuran discernir por sobre los comunicados y la escueta información oficial, y los diversos recursos de guerra psicológica empleados, las orientaciones de los contendientes, sus metas, sus posibilidades hacia el futuro. En los principales periódicos el especialista en el conflicto armado, que domina el lenguaje y ha asimilado la información básica, ha desplazado al cronista judicial de antes. Militares en retiro así como ex-guerrilleros, suman al debate público análisis a partir de su propia experiencia, y agencias gubernamentales como la Vicepresidencia de la República, así como centros de investigación independientes han construido bases de datos y series históricas que son referencia indispensable cuando se trata de hacer un seguimiento, o una recapitulación de cómo ha evolucionado el conflicto armado. Para el caso de las FARC en la literatura especializada su historia se ha estado escribiendo en dos tipos de publicaciones: de corte testimonial, en la voz de los propios protagonistas, o de investigadores que ponen en contexto y aplican teorías y categorías universales para reconstruir esa historia, ponerla en perspectiva comparándola con la de organizaciones insurgentes de otros países, a partir de los datos conocidos. La lista de títulos es abundante. No obstante que existe ya esa masa crítica de conocimiento, subsiste una gran divergencia entre los analistas acerca de la capacidad militar de “la más antigua guerrilla del hemisferio occidental”, así como acerca de su estrategia, de las tácticas que prevalecen hoy en su accionar, pero sobre todo acerca de cómo el poder militar con que cuenta se proyecta, y se proyectará en un futuro predecible, en el plano de la política. “Guerra de larga duración pero de baja intensidad”, “Defensiva estratégica con ofensiva táctica”, “guerra de guerrillas con la posibilidad de convertirse en guerra de movimientos”, “guerra irregular caracterizada por la aproximación indirecta pero con un incremento en el número de ataques” son sólo algunos de los términos más significativos entresacados de los distintos análisis. Más allá de los tecnicismos militares y de la noción de estrategia que adopten o de la corriente de interpretación en la que se ubiquen los análisis, una simple mirada a los datos empíricos demuestra un crecimiento sostenido en el número de efectivos, y en el número de municipios en los que las FARC desarrollan sus acciones. Una tendencia que se mantiene en los últimos tres años y que está lejos de haber sido desvirtuada por la ofensiva en su contra.13

13 Respecto de las expresiones cuantitativas del crecimiento de las FARC, de lo sostenido en el incremento en el número de sus efectivos, y en su presencia territorial, hemos acudido a tres fuentes, una gubernamental, cotejada con dos independientes, a saber: Colombia, conflicto armado, regiones, Derechos Humanos y DIH 1998-2002 Vicepresidencia de la República-Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos. Bogotá Julio de 2002 (complementada con varios fascículos publicados con posterioridad); Violencia Política en Colombia-De la nación fragmentada a la construcción del Estado, Fernán González, Ingrid Bolívar y Teófilo Vásquez. CINEP, Bogotá 2002; y la


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El tipo de análisis señalado por Alfredo Rangel y sus asesores de la Fundación Seguridad &Democracia es el que permite deducir con más nitidez lo sostenido de la tendencia del crecimiento en la capacidad militar, así como en la presencia territorial. Pueden discutirse las “cinco fases” en las que subdivide ese crecimiento, y algunas de las atribuciones que hace en cuanto a los motivos y el sentido estratégico que les confiere la dirigencia de las FARC, pero a mi juicio es incontrovertible, muy sólida, la serie que establece, la secuencia, y lo neto del crecimiento del poder militar: “Las FARC son indudablemente el grupo con mayor capacidad militar para ejecutar ataques contra la Fuerza Pública. Llevaron a cabo seis de cada diez, sumados los ataques a instalaciones, las emboscadas, y los hostigamientos en todo el período considerado. Ejecutaron seis de cada diez ataques a instalaciones de la fuerza pública, eventos que demandan estructuras organizadas, con capacidad militar, de planeamiento y de ejecución. Es significativo, que cuando se examinan los más contundentes, es decir aquellos que arrojaron diez o más bajas, esta agrupación copó el 100%” Y, todavía, más adelante, premonitorio: “Han sabido, en circunstancias en que los esfuerzos del Estado se han multiplicado para golpear su estructura, reeditar los grandes ataques o las concentraciones de ataques para persistir sobre un objetivo o sobre una región” 14 Para un período distinto, y con distintos intervalos, el ritmo de crecimiento se corrobora: ilustrativos resultan los mapas 3.1: “Frentes de las FARC creados entre 1964 y 1980”, 3.2: “Frentes de las FARC creados entre 1981 y 1989”, 3.3 “Frentes de las FARC creados entre 1990 y 1996” y 3.4: “Localización de los frentes de las FARC 1995” del trabajo de Camilo Echandía El conflicto armado y las manifestaciones de violencia en las regiones de Colombia (Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Santafé de Bogotá 1999) y la visión complementaria que ofrece de ese crecimiento el apartado “Localización de las estructuras armadas de la guerrilla y concentración armada-Bloques de Frentes de las FARC” de la publicación oficial que referenciamos en la nota anterior, y un cuadro que lo acompaña, y que cubre el intervalo 1991-2001. (Obra citada, p.25). Un cotejo más significativo resulta todavía el que consiste en tomar dos trabajos con enfoques metodológicos distintos, con distinto software para la representación cartográfica, y muy diversos criterios de interpretación, como son los del CINEP, que mencionábamos, y los ya mencionados de Camilo Echandía, y que coinciden en señalar la tendencia, y el modo en que se ha intensificado precisamente de 1981 hasta nuestros días. En otro contexto hemos tratado de sustentar con más detalle que una de las razones del crecimiento sostenido de las FARC, y de su expansión territorial también sostenida desde ese año, es su capacidad de adaptarse a la diversidad regional característica de la geografía colombiana ( “Colombia, país de regiones” como reza el tópico) y, pese a lo fuertemente jerarquizado de su estructura de mando y a lo centralizada que es, en razón de la iniciativa que le atribuye a los comandantes de frente, del margen de

más reciente: Coyuntura de seguridad- Julio/Septiembre de 2005- Informe Especial N° 10, FUNDACIÓN SEGURIDAD & DEMOCRACIA , Bogotá Noviembre de 2005, de especial utilidad pues construye una serie histórica, para el intervalo 1985-2005, establece y pondera distintos tipos de acciones, aunque debe subrayarse que no incluye el mes de Diciembre en que las FARC desarrollaron tres ataques de envergadura: el más importante, y el más letal, el golpe más duro recibido por el ejército durante el presente gobierno, el de Vistahermosa, Meta, el 27 de Diciembre. 14 Coyuntura de Seguridad, Julio/Septiembre de 2005- Informe Especial , N° 10, Fundación Seguridad&Democracia. Bogotá; Noviembre de 2005. páginas 11 y 12 respectivamente.


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maniobra que le otorga para que se adapten a circunstancias regionales muy variadas.15 Ello determina una gama muy variada de usos del espacio, de prácticas sobre el terreno. Es archisabido, axiomático, que para el combatiente irregular es más imperativo aún el conocer el terreno como la palma de la mano, una geografía empírica como requisito de supervivencia, y en cuanto logra implantarse, un conocimiento básico de la población y de los rasgos regionales, resulta igualmente básico. Se puede inferir entonces que donde la guerrilla ha logrado implantarse y sostener su acción, es porque ha obtenido ese conocimiento y los efectivos de los que dispone en la zona se han adaptado a las características regionales. Ahora bien, después de la secuencia de resonantes golpes que las FARC dieron al ejército nacional, en Puerres, Las Delicias, el Billar, Patascoy, Mutatá entre 1995 y 1998 los especialistas discutían acerca de si la guerrilla había dado ya el paso a la guerra de movimientos y en cuánto tiempo estaría en condiciones de pasar a la guerra de posiciones, según la conocida gradación, que se establece en la literatura especializada. La discusión se resolvió de una manera empírica después de la acción de Mitú (Noviembre de 1998) donde como se sabe, si bien las FARC atacaron por más de 24 horas una capital departamental (con todos los efectos mediáticos que eso implica en el ámbito internacional) lo hicieron a costa de grandes pérdidas y de allí en adelante han vuelto a privilegiar la movilidad, y sus tácticas tradicionales. Si se tomara de modo literal lo que las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949, y los protocolos I y II de 1977 establecen como requisito en cuanto a la territorialidad, el grado de control territorial del cual se habla ( “grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo”- Protocolo II- ) en ningún momento las FARC lo ha cumplido ni lo ha reivindicado. Y pese a su objetivo cumplido de conformarse como un ejército regular, de crecer a un ritmo sostenido, rehúye una adscripción territorial circunscrita, y como se ha podido comprobar en las zonas que han sido su retaguardia profunda, el control que ejercen, lo ejercen a través de intermediarios, y gracias al trabajo político y de adoctrinamiento que han llevado a cabo por décadas. Más adelante retomaremos el asunto a propósito de la relativa inadaptación del DIH a un conflicto con la asimetría den nuestro. En buena lógica, de aceptarse la premisa acerca del carácter político, esencialmente político, de una guerrilla como las FARC, examinando con objetividad las cifras de crecimiento en efectivos, de presencia territorial, de capacidad para diversificarla, adaptándose a muy variados entornos regionales y de número y clase de municipios en donde han demostrado capacidad de desarrollar acciones, la conclusión que se impone es la de que no se trata de una guerrilla derrotada o en desbandada, y el corolario es el de que más temprano que tarde, la negociación será inevitable, y mirados en esa perspectiva todos los enfrentamientos de éste último período, han sido acomodos en procura de mejorar la posición previa a las negociaciones. - 4. La Cuestión Agraria. A- ¿Reeditar el reformismo agrario? Parece haber un consenso entre la mayoría de los especialistas en economía agraria acerca del anacronismo que significa un proyecto de redistribución de la propiedad agraria a gran escala. Tal como se lo presenta hoy, el reformismo agrario era propio de una concepción del desarrollo capitalista - y de su componente agrario-adecuada a 15 En : Burocracias armadas, Editorial Norma, Cali, 2005.


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los años 60 del siglo pasado.16 Consideramos necesario sustraer la discusión del problema del ámbito técnico-económico por razones que procuraremos exponer de modo argumentativo. Fue una encuesta dirigida a gerentes regionales del desaparecido INCORA, en una investigación dirigida por Alejandro Reyes, la que mostró el primer panorama acerca de cómo los capitales acumulados por el narcotráfico se estaban empleando en inversiones masivas en tierras. Corría el año 1994, y corregidas las distorsiones que podría inducir una pregunta directa, acerca de un indicador tan poco convencional, y tan sensible, sin el soporte de evidencias suficientes, se obtenía un estimativo muy conservador: en 251 de los 1060 municipios de entonces se podía constatar dicho proceso de adquisición “más allá de toda duda”.17 Posteriores investigaciones con buen fundamento empírico han mostrado la intensificación de dicho proceso, y sus efectos sobre el mercado de tierras y el precio por hectárea. Han sido especialmente significativas las cifras que se obtuvieron para un Departamento como el Cesar, en sendas monografías regionales, puesto que fueron hechas en años diversos, y en ambos casos una de sus fuentes fueron voceros gremiales de los productores de algodón, por encima de toda sospecha.18 Muchos observadores independientes han corroborado esa concentración de la propiedad (han hablado incluso de una “Contrarreforma agraria” por las cobertura y las dimensiones que ha tenido, de la cual el desplazamiento forzoso es apenas un preludio. Aun cuando no se cuente con una cuantificación que sea incontrovertible, tan evidente ha sido la adquisición de tierras por narcotraficantes y paramilitares, y es tan

16 En la literatura reciente, un artículo que sintetiza muy bien el conjunto de argumentos de la mayoría de los especialistas acerca del anacronismo de una Reforma Agraria es el de Álvaro Balcázar: “Los supuestos fundamentales de la Reforma Agraria y su validez actual” en: Economía Institucional, Revista de la Facultad de Economía, Universidad Externado de Colombia, N° 4. Primer Semestre de 2001, pp. 103-116. Resulta característico no obstante que en un artículo de tan buena factura, hecho para la polémica, no haya una sola alusión a la violencia metódica ejercida para expropiar, y al grado de concentración de la propiedad que dicha violencia ha hecho posible en ciertas regiones en donde se han abierto paso proyectos de agroindustria como la palma. Uno de los supuestos del autor es, pues, el de que Colombia es un cierto tipo de país normal. En contraste, ya la Misión de Estudios del Sector Rural en 1990 (El Desarrollo agropecuario en Colombia, Ministerio de Agricultura & Departamento Nacional de Planeación, Mayo de 1990) encontró necesario dedicar un apartado, en el capítulo titulado “Transformación Estructural y Sector Agrario” a los”Efectos del Conflicto armado y del narcotráfico sobre la producción y la estructura agraria”, en donde se afirma entre otras: ”En la medida que gran parte de las acciones de los narcotraficantes, en lo que se refiere a sus inversiones en el sector agropecuario, no están guiadas por la racionalidad económica, ni por precisas evaluaciones de la relación costo-beneficio sino por criterios de ostentación y de competencia, el proceso no puede detenerse en el corto plazo” (T.I. p. 157. el subrayado es nuestro). En ese misma dirección, un trabajo reciente de Absalón Machado (La cuestión agraria en Colombia a fines del milenio –Áncora Editores, 1998 ) señala como uno de los 8 grandes elementos de la cuestión agraria, titulado, “Conflictos y Violencia” las compras de tierras por narcotraficantes , el desarrollo de narcocultivo y la acción tanto de paramilitares como de guerrillas. ( obra citada, p. 26 )- 17 Ver: “La compra de tierras por narcotraficantes” de Alejandro Reyes, en: Panorama-Observatorio del Narcotráfico, N° 2, Mayo Agosto de 1994, Instituto de Estudios Políticos, Universidad Nacional. 18 Ver respectivamente: “Estudio de caso: el Departamento del Cesar, el Magdalena Medio y el Urabá” en : Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales, Jesús Antonio Bejarano et al. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1997, y “Crisis algodonera y violencia en el Cesar” , de Fernando Bernal en: Cuadernos PNUD & Ministerio de Protección Social, N° 2, 2004.


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indisociable del desplazamiento como uno de sus efectos, que ellos mismos por intermedio de su vocero oficioso, la incluyeron de entrada en su oferta. 19 Desde entonces la tendencia no ha hecho más que acentuarse. En el 2003 la Contraloría General de la Nación lleva a cabo un estudio detallado, y, pese a las dificultades, obtiene un consolidado. En palabras del Vice-Contralor de ese momento, el economista Luis Bernardo Flórez estima en 4.6 millones de hectáreas, la superficie que ha llegado a ser acumulada por la vía de la inversión de capital del narcotráfico y de modo intimidatorio.20 En cuanto a la contraparte, es en el contexto de las Reformas Agrarias de América latina que se produce uno de los primeros manifiestos programáticos de las FARC: “El programa agrario de los campesinos colombianos” (también publicado como “Programa agrario de los guerrilleros”- Proclamado el 20 de Julio de 1964”21) que pretende ser una crítica del Programa oficial que había entrado en funcionamiento en 1961, y a la vez una superación de sus limitaciones. El que las FARC en su propósito de conseguir una retaguardia segura después de Marquetalia, se haya convertido en un vector de la colonización en la Orinoquía y en la Amazonía, contribuyendo a disminuir la presión por la tierra en las zonas de poblamiento tradicional, es un

19 “Y se puede ir más lejos. Existe la disposición de ellos de entregar grandes extensiones de tierras cultivables en distintas regiones del país. También están dispuestos a entregar los recursos necesarios para que esas tierras puedan ser explotadas. Ellos creen que en Colombia se pueden crear nuevas vocaciones económicas. Han estudiado el caucho, la palma, el cacao, los maderables y la producción de alimentos en general (….) Lo que es una utopía es pensar que es fácil la extinción de dominio en las zonas rurales de Colombia. Si con Pablo Escobar muerto ha tomado casi 20 años extinguir el dominio del edificio Mónaco, símbolo del poder del capo en pleno centro de Medellín, imagínese lo que será determinar qué es de quién en Córdoba, el Magdalena Medio, sur de Bolívar, Cesar y hasta la Orinoquía” afirma Carlos Alonso Lucio en : La oferta de los paras. Semana, Octubre 18 de 2004. p. 30 20 En LA REPÚBLICA , del 10 de Junio de 2005, : “Cuatro y medio millones de hectáreas de tierras fueron adquiridas por medio de la violencia o con recursos del narcotráfico. Así lo denunció el vicecontralor general de la República, Luis Bernardo Flórez. Estos terrenos representan el 50% de la mejor tierra del país, mientras que el campesinado apenas cuenta con el 5%. Los narcotraficantes y grupos al margen de la ley se han apropiado, mediante la compra o a la fuerza, de 4,5 millones de hectáreas, cuyo valor se estima en 2 mil 500 millones de dólares, lo que equivale a la 'más aberrante concentración de tierra o a una gigantesca contrareforma agraria'. Así lo reveló un estudio realizado por la Contraloría General de la República, que muestra además que el narcotráfico se ha apropiado de casi 50 por ciento de las mejores tierras del país, mientras que 70 por ciento de los propietarios, en particular los pequeños campesinos, sólo poseen 5 por ciento del área. El vicecontralor, Luis Bernardo Flórez, afirmó que las cifras disponibles también indican que el otro interés de los narcotraficantes ha sido la adquisición de tierras en las zonas de frontera agrícola, con el fin de desarrollar cultivos ilícitos e instalar laboratorios para su procesamiento. 'Las formas de apropiación han sido diversas, pero pueden englobarse en dos tipos: la compra, con el pago de precios remunerativos, en un auténtico lavado de dineros ilícitos; y la apropiación por la fuerza de las armas principalmente en zonas de conflicto', dijo el funcionario” Actualidad Económica. 'Aberrante' reforma agraria denuncia la Contraloría 21 Incluido como anexo en Diario de la Resistencia de Marquetalia, Jacobo Arenas, ediciones Abejón Mono 1972. Consultable también en Internet: “Programa Agrario” en : http://www.farcep.org/


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resultado no buscado, y en todo caso no desvirtúa su “agrarismo”: el peso específico que en las reivindicaciones que ha formulado desde sus orígenes tiene la cuestión agraria. De todos los documentos programáticos de su primera etapa, el “Programa Agrario” es el que cuenta con definiciones más concretas, versus “La Reforma Agraria de mentiras de la burguesía” proponen una redistribución a gran escala, la suya es una visión del país como una nación de pequeños y medianos propietarios (“treinta hectáreas cuando se trata de áreas planas”, es la cifra que se menciona como índice de adecuación) y el problema del acceso a la tierra y la subsistencia de toda una serie de formas precapitalistas de explotación de la fuerza de trabajo agrícola ( la aparcería y el arriendo en especie, son directamente aludidos) para los que integran la base del sistema agrícola: jornaleros, terrazgueros, aparceros y minifundistas, es el núcleo del programa, todo ello; si nos proponemos una lectura constructiva, formulado ateniéndose al principio de posibilidad. Principio de realidad, a la vez el programa se refiere a la colonización, a la ocupación de baldíos, como un proceso en curso, espontáneo, pero que un Programa de Reforma Agraria, habría de encauzar. La interlocución con el Programa de Reforma Agraria es explícita, y a partir de allí el objetivo redistributivo se reitera, máxime cuando a los 10 años de vigencia del programa oficial el balance cuanto a dicho objetivo es muy precario. Pero, para bien o para mal, los términos del problema agrario han venido cambiando y hay reflejos de tales cambios en las versiones más recientes de la plataforma programática guerrillera: sin mermar el radicalismo, la “La Plataforma para un gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional” que postula la “Octava Conferencia Nacional Guerrillera”, fechada en abril de 1993, entraña una matiz diferente, se habla allí de: “7- Política Agraria que democratice el crédito, la asistencia técnica y el mercadeo. Estímulo total a la industria y a la producción agropecuaria”, y, signo de los tiempos, ya en la era de la globalización, “Proteccionismo estatal frente a la desigual competencia internacional”, sólo de manera subsidiaria, más adelante aparece la necesidad de ir “liquidando el latifundismo allí donde subsista, redistribuyendo la tierra, definiendo una frontera agrícola que racionalice la colonización y proteja del arrasamiento nuestras reservas”. No se trata de hacer “guiños” banales a ese componente ideológico de la plataforma guerrillera, es que de una manera objetiva confluyen aquí viejas reivindicaciones de las que la guerrilla se hizo eco desde sus orígenes, y las nuevas necesidades que la propia dinámica del conflicto ha generado. El asunto es de entidad, revertir un proceso de concentración de la propiedad en las mejores tierras, que se ha llevado a cabo gracias a la inversión masiva de capital del narcotráfico y con el recurso a la violencia, es a la vez un asunto de conveniencia social y de política pública, y por ello, dimensionarlo, focalizar la acción redistributiva, definir los mecanismos, ha de ser un componente de una agenda para una negociación productiva. Lo válido de esa necesidad, se reafirma cuando se tiene en cuenta, por ejemplo, la lentitud de los procesos de extinción de dominio, aplicando las normas existentes. Según datos de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía General, entre 1996, que entró en vigor la norma, y el 2002 sólo se había llevado a cabo la extinción de dominio a 344 bienes de narcotraficantes, tras un debate público sobre la eficiencia del ente fiscalizador, se aceleró un tanto y entre 2002 y Julio de 2005 se había extinguido el dominio a 1942 bienes. Una cifra irrisoria respecto de la dimensión del problema. Tan gruesa es la evidencia sobre la relación causal entre el desplazamiento y la concentración de la propiedad, que la agencia del gobierno central “Acción Social” , dio forma al proyecto “Protección de tierras y patrimonio de la población desplazada” , con el apoyo de la Cooperación Internacional, en esa dirección, más que significativo


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es el mapa de los municipios expulsores, que se ha ido construyendo, y que coincide, básicamente, en sus contornos principales con la reciente implantación de grupos paramilitares y con los registros sobre inversión de capital del narcotráfico.22 B- Coca, amapola, narcotráfico: ¿Qué tratamiento dar a los cultivos de uso ilícito y al narcotráfico en el marco de la negociación? Se puede comprobar en efecto que la cuestión se ha venido desideologizando en la medida en que se ha convertido en la base económica principal, en la fuente más importante de la que obtienen recursos para financiar su esfuerzo bélico los actores irregulares, y esto resulta tan obvio como universalmente reconocido. Su propia magnitud, el reconocimiento generalizado sobre la base de un conjunto de evidencias suficiente, contribuye a un tratamiento realista; ya no son tiempos de emplear como descalificación el término de narcoterrorismo para atribuir a uno solo de los contendientes el control del negocio con fines propagandísticos, ni de ocultar la superficie de los cultivos o la responsabilidad de uno u otro poder armado irregular según su localización. Se trata de un mapa cada vez más nítido y de información susceptible de contrastar con recurso a fuentes muy variadas. A estas alturas del siglo XXI, ni las FARC pueden negar la evidencia de lo que ha significado el tributo que recauda por parte de cultivadores y comercializadores de la pasta base, ni el gobierno puede atribuirle a un presunto “Cartel de las FARC” el mayor volumen del negocio. Por otra parte, las marchas campesinas de 1996 en Putumayo y Caquetá, el caudal de movilización que implicaron, la representatividad de sus dirigentes pusieron de presente a observadores nacionales e internacionales, la dimensión social del problema. Salió a la superficie además un dinámico proceso de diferenciación social entre los propios cultivadores según su participación en la larga cadena de la producción de la droga y la coyuntura (“bonanza”) en la que hubieran logrado insertarse en ella. El propio léxico que se ha ido formando da cuenta de ello: “raspachines” ( dentro de ellos aquellos “con tradición campesina”, otros “itinerantes o andariegos” y aquellos en fin que son “recolectores menores de edad”23 “chichipatos” ( y dentro de ellos a la vez varías subcategorías) y junto a ellos los representantes de los resguardos indígenas que protestan en contra de la fumigación y las políticas estatales en la materia pero a la vez ven en la prospección petrolífera y en la dinámica del proceso de colonización un peligro cierto para el grado de autonomía que han logrado conseguir. (5 de los 36 firmantes del pacto son representantes indígenas) Los pactos firmados constituyen pues una muestra representativa de los sectores sociales que confluyen hacia éste tipo de cultivos. Hoy por hoy no puede afirmarse sin más que todos los cultivadores provienen de zonas rurales de minifundio o sean una expresión del problema agrario, de la crisis de las economías campesinas, como solía afirmarse. Así tales condiciones sigan siendo determinantes, el mosaico hoy es más variado. En el mejor recuento poblacional que se haya podido hacer en zonas de colonización,

22 “Mapa 1. Municipios expulsores. Fuente: Sistema Único de Registro a Diciembre 31 de 2004” en: Acción Social-Proyecto Protección de tierras y patrimonio de la población desplazada, Bogotá, Junio de 2005. p. 13. Y respecto de la intención redistributiva de una reforma agraria focalizada, habría que retomar, actualizándolo, el panorama que se ofreció hace más de una década: “Identificación de municipios para una Reforma Agraria en áreas de violencia”, informe elaborado para el PNUD, el INCORA y la FAO por Luz Piedad Caicedo, Ciro Krauthausen y Alejandro Reyes (Ref: “COL91/018” 15-IX-1992.) como criterio, con los ajustes y actualizaciones que las cifras más recientes permiten. 23 Son las expresiones y la diferenciación que se usa en el “Acta de acuerdo entre el gobierno nacional y los campesinos e indígenas marchistas del Departamento del Caquetá suscrito en la ciudad de Florencia el día 12 de Septiembre de 1996”


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dadas las circunstancias favorables que lo rodearon, en el antigua Reserva Biológica Integral de La Macarena ( que coincide básicamente con lo que fue la “zona de despeje) se encontró que el 19.03% de los jefes de predio, tenían un origen urbano. Y aun así, de todo lo planteado y surge como un corolario, como un componente ineludible para una negociación entre el gobierno y las FARC, la magnitud que ha adquirido el problema de los cultivos de uso ilícito, que en el contexto de una economía cada vez más globalizada, no por eso dejan de ser una manifestación del viejo e irresoluto problema agrario. Un principio de tratamiento concertado, un reconocimiento de los sectores sociales involucrados, comenzó a esbozarse en la audiencia internacional que se hizo sobre el tema de la droga durante los diálogos del período Pastrana; no obstante las posturas se mostraron al máximo divergentes: la gubernamental atribuyéndole a la guerrilla y a la manera en que se ha lucrado del negocio la principal responsabilidad, la de la guerrilla, haciéndose vocera exclusiva de los sectores sociales ligados, y atribuyéndole a los Estados Unidos como principal consumidor, y de rebote al gobierno de turno, la única responsabilidad. Para éste álgido punto, solo la mediación de entes internacionales haría posible encontrar un punto de intersección de intereses tan divergentes. Y la aceptación de una premisa que han formulado y sustentado de modo suficiente todos los conocedores del problema: el narcotráfico por definición es un delito internacional, ningún país por sí mismo, haga lo que haga, puede resolverlo. En ese contexto es algo alentador que en algunas de las intervenciones de las FARC al respecto se haya apoyado en el diagnóstico y las cifras que provee la Oficina de las Naciones Unidas para el control de las Drogas y la prevención del Crimen (Unodccp) y en su informe Global Illicit Drugs Trends 2000 para darle apoyo a su propuesta de un plan piloto de sustitución de cultivos en Cartagena del Chairá., como se puede ver en : Propuestas concretas de las FARC-EP a la comunidad internacional con representación de 25 países de Europa y América Latina ( Presentado en Los Pozos, San Vicente del Caguán el 8 de Marzo de 2001). 5. El carácter históricamente condicionado de las normas internacionales. Tanto en su libro Desactivar la guerra- Alternativas audaces para consolidar la paz (Aguilar, Bogotá, 2005) como en el folleto ¡Negociar ya¡ Las razones jurídicas (Fundación Ideas para la paz, Bogotá 2005) Natalia Springer desarrolla una convincente sustentación de los imperativos de la hora en materia de DIH en el contexto internacional y los Tribunales y la Corte que se ubican en dicho ámbito de aplicación, internacionales. El grueso de su argumentación así como sus conclusiones son difícilmente controvertibles, pero no así uno de sus principales supuestos. Y es el que da por cierto el control territorial, y el grado de responsabilidad atribuible a la línea de mando de una organización que practica la guerra irregular. Como lo mostró un caso célebre, el del asesinato de los tres indigenistas norteamericanos en región fronteriza con Venezuela, a la hora de definir responsabilidades la guerrilla se escuda en la precariedad de la línea de mando dadas las dificultades de comunicación, y en la trashumancia para así diluir la responsabilidad. El fiscal más integro y acucioso o el tribunal más escrupuloso y técnicamente mejor dotado que quepa imaginarse se vería en problemas para armar un caso y compilar las pruebas “más allá de toda duda razonable” como dice la fórmula. Lo cual nos remite a un problema más general: si bien el derecho internacional humanitario y el catálogo universal de los derechos humanos han venido perfeccionándose de manera continua desde que fueron promulgados, son cada vez más universales y cuentan con una nivel de codificación creciente, esto no quiere decir que su aplicabilidad sea plena, y, como lo señala una de las escuelas de pensamiento al respecto, siguen siendo relativamente inadaptados


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para conflictos armados asimétricos, como el nuestro.24 Opuesta a la tendencia a sacralizar las normas internacionales o a adoptar una actitud fundamentalista hacia ellas, dicha escuela (que se inicia con aquellos autores que llevaron a cabo una crítica sistemática del positivismo jurídico) considera a las normas existentes condicionadas por el momento histórico en que se promulgan y susceptibles, siempre, de perfeccionarse. Y para el caso señala las circunstancias históricas en que surgen las Convenciones de Ginebra, ya algunas de las contradicciones no resueltas que quedaron plasmadas en las normas y que inciden en su relativa inaplicabilidad o inadaptación a las circunstancias concretas: una transacción entre las potencias vencedoras de la IIa. Guerra Mundial, entre las cuales por primera vez está una que acudió masivamente a la guerra de guerrillas contra el invasor; se trata entonces por primera vez de regularizar lo irregular a nivel del derecho internacional. Incuestionables en cuanto al objetivo de proteger a la población civil, y de eliminar prácticas y costumbres de guerra inhumanas, dichas Convenciones significan una evolución neta respecto de lo que existía, pero no están exentas de incongruencias y por ende de dificultades a la hora de ser aplicadas. Es así como, y tal como se han dado las cosas en Colombia, la exigencia de contar con una mando responsable y una línea jerárquica no impida que la responsabilidad de las órdenes tienda a diluirse argumentando las dificultades de comunicación y la movilidad de los frentes y el grado de iniciativa de sus comandantes y el de los mandos inferiores; la exigencia de contar con un uniforme distintivo no excluye que en aras del mimetismo todos los actores irregulares empleen el mismo color y el mismo tipo de camuflado y lo distintivo sea apenas una escarapela o un brazalete difícilmente distinguible en situaciones de combate, la exigencia de portar ostensiblemente las armas no ha excluido que la táctica principal siga siendo la emboscada y el ataque por sorpresa, rehuyendo el combate frontal y mimetizándose en lo posible en la población civil (“morder y huir”), así como, argumentando sus desventajas estratégicas, los actores irregulares han persistido en no observar normas elementales del DIH como la que prohíbe la toma de rehenes o el asesinato fuera de combate. Como decíamos, otro tanto vale en cuanto a la relativa inadaptación para la cuestión del control territorial; no puede darse como un supuesto: todos los actores irregulares tienden a relativizarlo, se muestran de hecho renuentes a sacrificar la movilidad y la trashumancia como una de sus ventajas. En fin, habría que admitir, sobre la base de varios ejemplos internacionales, que con todo lo que se ha ido perfeccionado y codificando el derecho internacional no abroga, no puede abrogar, la soberanía de los estados nacionales. En tanto se dirimen las diferencias de interpretación de acuerdo a diversos contextos socioculturales, y eventualmente se subsanan o se completan las normas para superar su relativa inadaptación, es que se contemplan excepciones o un período de transición para su plena entrada en vigor. Un grado de escepticismo acerca de la operatividad de las normas, aunado a un grado de voluntarismo en cuanto a las posibilidades de una negociación productiva. En suma, una actitud análoga a la que recomienda Shimón Peres para un contexto más intrincado como es el del conflicto palestino-israelí: “Combatamos el terror como si no tuviéramos negociaciones de paz, y sigamos negociando como si no hubiera terror” (Una vida para la paz, Editorial Norma, 1998).

24 Me refiero a un autor muy importante para nuestro caso, y representativo de una tendencia, sobre el cual no se ha llamado suficientemente la atención en cuanto a su pertinencia para nosotros: Michel Veuthey, y a su libro, Guérilla et Droit Humanitaire , publicado, por cierto, por un editor por encima de toda sospecha en cuanto neutralidad o a sesgos ideológicos: el Comité Internacional de la Cruz Roja. (Institut Henri Dunant, Genève 1983) Véase especialmente su capítulo III: “Inadaptation du Droit Humanitaire”.


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La negociación del conflicto armado en Colombia, requiere una conciencia generalizada acerca de la relativa inadaptación de las normas internacionales, y, sin caer en el excepcionalismo, encontrar una postura equidistante entre la aplicación literal e inmediata de todas las normas existentes, y la laxitud de una amnistía generalizada que redunde en impunidad. Según las lecciones que se derivan de un caso aún más difícil que el colombiano: el de Camboya, en donde la guerra irregular adquirió una intensidad mayor y la transgresión consistió en una práctica genocida, es posible (ver el acuerdo al que se llegó entre las Naciones Unidas y el gobierno camboyano el 6 de Junio de 2003) constituir tribunales especiales que respondan al mínimo ético universal que subyace al DIH, a la vez que contemplen las especificidades de los casos nacionales. Por lo demás el que el gobierno colombiano se haya acogido a la excepción transitoria que contempla un plazo de siete años a partir de la ratificación del Estatuto de Roma, no puede ser entendido sino como un reconocimiento de las dificultades inherentes a nuestro conflicto, a su larga duración y a la disimilitud de los participantes, y, hay que subrayarlo, tal aplazamiento crea a la vez un muy valioso margen de negociación. 6- Una tarea pendiente desde 1991: la configuración regional del mapa político-administrativo. Basta leer las Gacetas de la Asamblea Constituyente de 1991, para corroborar cuan extendido fue el consenso acerca de la necesidad de redefinir el mapa político administrativo del país. En la práctica fue unánime el consenso acerca de que tanto los límites de los territorios, como las atribuciones de las entidades territoriales en sus distintos niveles, eran inadecuados. Se abrió paso así la necesidad de un “reordenamiento territorial”, se introdujo así mismo el principio de la “subsidiariedad” para dar paso más adelante a nuevos desarrollos en la relación entre el centro y la periferia del país, a la corrección de los desequilibrios regionales que se estaban constatando. En cuanto a lo primero, tan apremiante se concebía la necesidad, que una de las disposiciones transitorias (Art. Transitorio 38) creaba la Comisión que adelantaría los estudios y recomendaciones “para acomodar la división territorial del país a las disposiciones de la Constitución”. Menos conocido es en cambio, por el ciudadano común, pero también por quienes presumen de bien informados, que no ha logrado ser aprobado ninguno de los proyectos de ley que deberían darle concreción a las propuestas, y que por tanto, salvo en enunciados y en opciones, la cuestión del reordenamiento territorial no se ha abordado de una manera concreta. Las múltiples consultas hechas en los planos local y regional y que abarcaron al conjunto del país, el trabajo de tres años de la Comisión Integrada, y sus propuestas en cumplimiento del mandato constitucional, siguen en el aire.25 Por cierto, los capítulos dos y tres del Informe Nacional de Desarrollo 25 En sus tres años de labores, 1991-1994, la Comisión adelantó consultas, sondeos, asambleas locales y foros regionales, produciendo además como síntesis de sus labores 29 Boletines, el último de los cuales incluye una propuesta de regionalización, y de creación de tres entidades nuevas (sin modificar la naturales de las existentes, departamentos y municipios ) a saber: Regiones (agrupando departamentos para fines específicos, y según contigüidad geográfica y afinidades socio-culturales) Provincias ( restaurando una división político administrativa que existió a lo largo del siglo XIX) y Entidades Territoriales Indígenas. Todas ellas basadas en preceptos constitucionales y mecanismos de participación contemplados en la Constitución del 91. La resistencia al cambio que implica la continua postergación de la ley reglamentaria, sin duda proviene de los intereses creados en elites locales y regionales, que se verían afectados con la innovación. El Comisionado y Secretario General de la Comisión señala el vínculo explícito: “El sentimiento autonomista provincial está muy generalizado, pero es especialmente sensible en aquellas zonas donde el gobierno ha estado ausente, o donde las gobernaciones


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Humano 2003, elaborado con el auspicio del PNUD, apuntan a los desequilibrios regionales, a la asimetría entre centro y periferia, y a las muy diversas y muy desiguales características regionales como fuente del conflicto armado. Y, tanto su mirada a la geografía y a las diferencias regionales, como muchas de sus recomendaciones son congruentes con el diagnóstico y con las propuestas de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Por otro lado, si echamos una mirada al muy heterogéneo y muy desigual contenido de las audiencias públicas, y si nos detenemos en aquellas cuya representatividad es directa, siendo por ello menos discursivas, de contenido más concreto, nos encontraremos con problemas de gobernabilidad local y regional, con déficits de infraestructura en las regiones de poblamiento reciente, de acceso a los servicios básicos, y, de modo protuberante, con las limitaciones típicas de los procesos de colonización espontánea. (típicas en ese sentido en la IIIa. audiencia pública, las exposiciones del representante de la vereda El Morrocoy del municipio de La Macarena así como las de los representantes de la etnia Los Pastos, del medio y bajo Putumayo, en donde se advierten, también las distintas percepciones entre colonos e indígenas acerca de lo territorial, y las tensiones que implican) Incluirlo como tema cardinal de una posible agenda de la negociación, sería entre otras, la manera de desatascar el propio proceso de ordenamiento territorial, la configuración de un nuevo mapa político-administrativo que responda a las tendencias reales del poblamiento, es una necesidad reconocida desde una perspectiva científica y técnica, se han inventariado los movimientos espontáneos, de base, en esa dirección, e incluirlo y tratarlo en una agenda puede ser la manera de remover los obstáculos que han impedido su culminación y a la vez de encauzar creativamente los intereses regionales que la guerrilla ha desarrollado gracias a lo diversificado de su expansión. Es también una cuestión de democracia, si se lograra una negociación productiva al respecto, se respondería por cierto al interrogante acerca de cómo hacer efectivos algunos de los mecanismos de participación a escala local y regional que contempla la Constitución del 91 pero que se han quedado sin real aplicabilidad. 7- El ámbito físico de la negociación: un nuevo despeje. Lo estridente del contraste entre las expectativas que generara en 1998 y la ausencia de resultados de una concesión como la del despeje de cinco municipios bajo la administración Pastrana, explica en buena medida la reacción adversa, predominante hoy, todavía, hacia un experimento similar. Ha hecho carrera la idea de que se trató de una oportunidad perdida; las FARC le dieron ante todo un uso militar a ese espacio físico y a ese espacio social, emplearon al máximo los beneficios otorgados para las finalidades de fortalecer su aparato militar, sin asumir por su parte el costo de la administración, sin asumir el desgaste del día a día que implica controlar un territorio o responder como poder alterno a las demandas de su población (más allá de algunas acciones simbólicas y para consumo externo, cuando todos los reflectores y todas las lentes estuvieron enfocados en San Vicente del Caguán). No obstante, la recapitulación hecha en el punto 2 de nuestro documento permite entender la obstinación de las FARC con el despeje como reivindicación, la acumulación de frustraciones de su parte al respecto. Resumiendo de una manera departamentales han sido negligentes, despreciativas u olvidadizas, y donde precisamente tienen presencia activa grupos paramilitares, guerrillas y movimientos separatistas” Boletín de Ordenamiento Territorial N° 29- Prefigurando el territorio nacional p. 8.


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brutal las reivindicaciones en cuanto a territorio como condición de negociación, de una vereda, se pasó a un municipio, luego a tres, para obtener en fin cinco, en la última ronda de negociación. En buena lógica, y en el lenguaje de los jugadores, las concesiones ya otorgadas, esos cinco municipios, vendrían siendo el “plante mínimo” para una próxima ronda. Pero valdría la pena antes retroceder a uno de los intentos fallidos (y no recapitulados en nuestro apartado 2) y menos conocidos pues quedó tan trunco que en fin de cuentas tuvo muy poco cubrimiento mediático. Me refiero a las dos rondas de Caracas. Aun cuando la manera de entender la cuestión territorial fue una de las “incompatibilidades básicas” según la expresión de Jesús Antonio Bejarano quien estuvo al frente de la delegación gubernamental, la puja entre el gobierno y la guerrilla, las propuestas que se alcanzaron a intercambiar, leídas hoy arrojan muchas claves sobre la cuestión territorial y acerca de un despeje como un ámbito físico indispensable para que la negociación entrañe avances, en el caso de las FARC. Entre Junio y septiembre de 1991 en Caracas, las guerrillas, transitoriamente coaligadas en la “Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar”, llevadas de la idea maximalista, y a instancias de las FARC, socio mayoritario de la singular empresa, ya en el curso de los diálogos, comienzan pidiendo algo más de la tercera parte de los municipios del país con miras a su localización, para negociar propiamente; la propuesta gubernamental comienza ofreciendo como áreas de asentamiento áreas dentro de 15 municipios que sumadas arrojan 37.092 Kmts. 2.; si la exigencia guerrillera no varía hasta que se interrumpen los diálogos, tácitamente participa en la definición de lo que fueron sucesivas propuestas en gradación por parte del gobierno ( 23 municipios, 35 municipios, 56 municipios…) hasta llegar a señalar 81 sitios en jurisdicción de 74 municipios, que fue la que quedó sobre la mesa. Una “geografía de la distensión”, como la llamó uno de los asesores, que aunque invalidada por el fracaso posterior, conserva un cierto valor analítico: define el tipo de municipios en el que las guerrillas de entonces tenían presencia, y sus aspiraciones a control territorial. Y de todas ellas sin duda y de lejos la que mayor presencia y mayor grado de adscripción territorial ha demostrado a lo largo de su trayectoria han sido las FARC, y fueron sus voceros, quienes más aportaron en esta ronda, a la definición de municipios y áreas para el eventual asentamiento de frentes guerrilleros y quienes desplegaron un conocimiento empírico del territorio más completo, de mayor cobertura. Para sorpresa de los observadores internacionales, en Caracas - y luego en Tlaxcala- pareció avanzarse fue en definiciones sobre geografía colombiana. Un ejercicio que sin embargo, a primera vista, resultó estéril. Quienes argumentan a favor de unas negociaciones en el exterior, consideran que el extrañamiento es condición de objetividad, de una mayor concentración de los negociadores en los temas de la agenda, menos presiones directas, etc. Vistas las experiencias (incluida allí la de la gira de voceros de las FARC por Europa durante la administración Pastrana) no resulta claro que un ámbito internacional haya contribuido a ganar confianza, y menos lo haría en el contexto actual. Por el contrario, escoger un escenario propio, y responder de entrada a la reivindicación, ya tradicional, del despeje sí lo haría. Para quien quiera que eche una mirada, así sea somera a su trayectoria, no cabe duda que para que funcione el modelo de negociación con las FARC, un grado de concesión territorial es un punto de partida. Podría entonces salirse del estancamiento y podría superarse una de las incompatibilidades básicas, si, en reconocimiento a su presencia territorial, al grado de apoyo con que cuentan las FARC en los territorios en donde más se han aproximado al control territorial (su retaguardia profunda) al modo en que ha sacado provecho de sus ventajas sobre el terreno, se comienza ofreciendo de nuevo por la parte gubernamental un despeje ( o en el


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lenguaje institucional la creación de una “zona de distensión” ) pero para evitar una nueva frustración, si a dicho despeje a la vez se lo condiciona a un cese al fuego general y verificable, ojalá con participación internacional y al cumplimiento por la insurgencia de unas mínimas funciones de administración del territorio concedido, también verificables. El punto del cese al fuego, general, verificable, es capital, y al plantearlo, estamos tomando al pie de la letra una de las recomendaciones en las que hacían hincapié “Los Notables” cuando estaba tratando de salvarse el proceso anterior, y lo sentencioso del tono que mencionábamos arriba acerca de “La experiencia histórica, tanto en Colombia como en el mundo” que recomendaría como prerrequisito básico la total suspensión de hostilidades, y con ellas de posibilidades de recriminaciones constantes acerca de la responsabilidad de la ruptura. Escribirlo es fácil, claro, pero salvo generalidades no es mucho lo que se puede avanzar en la fórmula, mientras no exista un mínimo acercamiento entre las partes. 8- Combinando condicionamientos, contrapesando garantías: Los “terceros interesados” Se ha afirmado que en el contexto geopolítico actual ninguna negociación productiva podrá materializarse sin que medie la aceptación, tácita o explícita de los Estados Unidos, nuestra “estrella polar”. Sin duda eso es así cuando se trate de materializar los acuerdos, o al menos cuando se haya avanzado tanto como para considerar que hay acuerdos. Ni modo que esté ausente quien ha financiado el Plan Colombia y el Plan Patriota, y quien de manera tan ostentosa ha declarado, sucesivamente, la guerra al narcotráfico y al terrorismo. Pero a nuestra manera de entender contribuyen a crear un ambiente más propicio para iniciar negociaciones, aquellos de los terceros interesados que tengan una mayor equidistancia respecto de esos dos componentes. Dentro de la literatura sobre relaciones internacionales, una cierta corriente geopolítica postula que ningún conflicto interno, al llegar al nivel de la confrontación armada, perduraría sin algún grado de apoyo o de interés de al menos un país externo; y el corolario es que su solución también implica un grado de involucramiento de un país externo. Supone que siempre, de manera invariable, por remoto que sean los conflictos armados, por raizales que hayan sido sus orígenes, habrá al menos un “3° interesado” en su curso.26 Como es de suponerse, en la era de la globalización son múltiples los terceros interesados, lo cual viene siendo una ventaja neta pues amplía la gama de posibilidades en cuanto a la intermediación. Ya se va viendo, en los leves avances que se han registrado en la cuestión del intercambio humanitario, la ventaja de que sean tres países europeos los que se hayan convertido en mediadores de buenos oficios para la transmisión de las propuestas iniciales. Se ha podido comprobar que el interés de estos tres países, y particularmente el de España y Francia, es algo más que circunstancial, pero que la vez ellos vienen siendo una garantía de equidistancia respecto de los factores y de los actores de nuestro conflicto. Aun cuando los europeos no hayan tenido éxito, todavía, en constituir una entidad política supranacional, por razón de su historia y de los conflictos que han vivido se hallan sensibilizados en particular para entender los problemas de configuración del Estado-nación en países como el nuestro, y reconociendo las tendencias transnacionales que la globalización implica, a la vez reconocen que el Estado-nación/territorial continúa siendo la instancia central de legitimación de poder, y el destinatario más importante

26 Una visión esquemática del planteamiento y de sus posibilidades lógicas, en el capitulo del libro del antropólogo y politólogo ROLF SCHOERS , que publicó hace años la Revista ECO: “La legítima ilegalidad-Sobre la situación del partisano” , Tomo V. Mayo de 1962. pp. 65-66, el de Schoers, es, claro, un análisis en el contexto de la guerra fría, pero que admite ser leído hoy “en positivo”.


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de las demandas políticas de cualquier población. Curados ya de las veleidades coloniales e imperiales, una mediación o una intervención como la suya, podría entonces dar cuenta de todos los matices de nuestra situación. 9. Posible “Hoja de Ruta”. Dado que en los últimos cuatro años la que ha primado ha sido la lógica de la guerra, requiere una gran dosis de imaginación elaborar y proponer los que serían los pasos necesarios para dar inicio a una negociación productiva en el período correspondiente al próximo gobierno. Hay que asumir sin embargo el riesgo de incurrir en lo que, por ahora, es una pura especulación. Tal como los percibimos hoy los pasos conducentes a una negociación (y nótese que cada uno comporta una acción recíproca) serían:

- Materialización del Intercambio Humanitario, y para ello: liberación por las FARC

de todos los soldados y policías retenidos como consecuencia de acciones de guerra y de todos los secuestrados en su poder. Liberación por parte del gobierno de los jefes y cuadros guerrilleros según el listado que existe ya. - Reconocimiento por parte del gobierno del carácter político de la guerrilla y

recíprocamente por parte de la guerrilla del grado de legitimidad que se manifestó en las urnas.

- Oferta de un cese al fuego, sobre principios análogos al que se llevó a cabo en 1983-86, pero verificable por observadores y supervisores internacionales

- Oferta por parte del gobierno del mismo territorio concedido antes como una nueva “zona de distensión” en el que se pudieran ubicar a discreción mandos y tropas de las FARC y compromiso por las FARC de adelantar en él todas las acciones de erradicación manual, aquellas que se habían esbozado en la propuesta previa para Cartagena del Chairá. La zona entonces vendría siendo piloto para el tratamiento del problema, y la experiencia que se adelante, replicable en las demás. Todo ello verificable por funcionarios del organismo de las Naciones Unidas mencionado arriba ( UNODCCP). Las FARC se comprometen a no desarrollar acciones militares por fuera de dicho territorio, el gobierno se compromete a cesar acciones de persecución u hostigamiento a columnas guerrilleras de las FARC que se hallen por fuera del mismo.

- Acuerdo entre las partes en la designación de un grupo de países que serán garantes y verificadores de los posibles acuerdos. - Recapitulación de las agendas que quedaron sobre la mesa en San Vicente del Caguán.

- Definición y acuerdo de unos criterios de representatividad, para los participantes en una nueva ronda de audiencias públicas.

- ¿Inicio de las negociaciones?

¿negociación del próximo gobierno con las farc? (febrero de 2006)

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