narcomenudeo entramado social por institucionalización de una actividad económica criminal
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Informe de Inteligencia Policial sobre cómo opera Cordillera en Pereira. 2012.TRANSCRIPT
N A R C O M E N U D E OEntramado social
por la institucionalización de una actividad económica criminal
Policía Nacional de Colombia. Dirección de Inteligencia Policial. Centro de Inteligencia Prospectiva.
Narcomenudeo: entramado social por la institucionali-zación de una actividad económica criminal / Jefe del Centro de Inteligencia Prospectiva Luis Ernesto García Hernández; investigadores Yofre Luis Cortés Vargas, Ro-dolfo Parra Cely; co-investigador John Alexander Durán Martínez. (1a ed.) Bogotá: Policía Nacional de Colom-bia, Dirección de Inteligencia Policial, 2012.
p. 348; 16,5 cm x 23,5 cm.Volumen: 2500Incluye referencias bibliográficas.ISBN: 978-958-99675-4-6Primera Edición, diciembre de 2012.Bogotá D.C., Colombia
Diseño y diagramación: Mario Fernando Barrios Guerrero
Impresión: Imprenta Nacional de Colombia
1. NARCOTRÁFICO - COLOMBIA. 2. CONTROL DE DRO-GAS Y NARCÓTICOS - COLOMBIA. 3. DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO SOCIAL - COLOMBIA. 4. CONTROL SOCIAL - COLOMBIA. 5. SERVICIOS DE INTELIGENCIA - COLOMBIA. I. Cortés Vargas, Yofre Luis. II. Parra Cely, Ro-dolfo. III. Durán Martínez, John Alexánder.
PresentaciónIntroducción
Capítulo IAmenazas a la seguridad pública en lo urbano: históricamente invisibles
Razones para visibilizar el narcomenudeo como fenómeno que genera inseguridad ciudadana.La exploración del conocimiento científico y fáctico frente a la comercialización de estupefacientes.La referenciación: una mirada fáctica de la venta de estupefacientes.Comprender la amenaza: el reto para guiar la actividad de policía con inteligencia.Un marco teórico concebido en el sistemismo para comprender la comercialización de estupefacientes.Un marco metodológico para objetivar los problemas de la convivencia. Capítulo IIAproximación a la base teórica de la inteligencia policial: una tipología universal
Atributos de una tipología de inteligencia. El funcionalismo estructural: la base teórica más afín con la inteligencia policial.La inteligencia policial: una tipología universal.La inteligencia criminal: complementaria para el servicio de policía. Capítulo IIICaracterización de la comercialización de estupefacientes: el presupuesto para la predicción y la anticipación
El narcotráfico: una amenaza a la convivencia.
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Caracterización de la comercialización de estupefacientes: el presupuesto para la predicción y la anticipación.Estructura lógica de análisis de la comercialización de estupefacientes.El mercadeo o marketing estratégico de la comercialización de estupefacientes.Objetivos estratégicos de la comercialización de estupefacientes.Sistema de cálculo del precio.Análisis del mercado: la microeconomía de los estupefacientesSegmentación del mercado.Canal de abastecimiento.Estructura organizacional.La mercadotecnia o marketing operativo de las sustancias estupefacientes.Producto.El precio.Promoción.Punto de venta.Actores y roles en el referente espacial donde se ubica el punto de venta.Monetización de los productos del narcotráfico en el punto de venta. Capítulo IV“La Cordillera”: institucionalización de una actividad económica criminal que genera entramado social del crimen
Entramado social del crimen.Cohesión social negativa como presupuesto del entramado social del crimen.Propósitos del entramado social del crimen.De los factores asociados a las causas del entramado social del crimen.El narcomenudeo como forma de entramado social.Actividad económica criminal: una aproximación al concepto.El narcomenudeo afecta la convivencia no solo por los delitos.La interdependencia de los fenómenos que afectan la convivencia.Fenómenos de conflicto social: la invisibilidad de las manifestaciones visibles
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Fenómenos de violencia: no toda violencia se constituye en conducta penal.Fenómenos de criminalidad: la base empírica de la inseguridad pública. Capítulo VNarcomenudeo: interdependencia de manifestaciones que amenazan la seguridad pública
La reconstrucción social de la afectación a la seguridad pública.Estado actual de los ámbitos de protección de la seguridad pública.Seguridad nacional.Seguridad ciudadana. Capítulo VIDesterritorialización del control social estatal
La desterritorialización: una realidad palpable en Pereira.La incidencia en el aspecto económico local.La apropiación del territorio: elemento vital para el narcomenudeo.Afectación a la inclusión social por la injerencia del actor criminal.Un nuevo orden social institucionalizado implica manifestaciones de control social.La legitimidad alcanzada por el actor criminal.Percepción de legitimidad en los entornos del punto de venta.El poder como medio para el control social.El reto: desterritorializar la comercialización de estupefacientes. Capítulo VIIAnálisis sistémico útil para asesorar la toma de decisiones en la planeación y prestación de la actividad de policía
Análisis sistémico de los intereses entre los actores.Análisis de proyectos de los actores.Análisis de relación de influencias, dependencias y fuerzas de los actores.
CONTENIDO
CONTENIDO / GRÁFICOS
Propuesta con enfoque prospectivo para preservar el control social estatal. Conclusiones Generales El estatus epistemológico de la inteligencia policial.La profesionalización de la inteligencia policial reconocida por IALEIA.El entramado social del crimen: un enfoque para explicar la realidad socialEl reto del Estado: la comprensión de la amenaza para su adecuada intervención.El análisis del narcotráfico fragmentado: los vacíos para la producción de conocimiento.El narcomenudeo: una amenaza a la seguridad pública del hemisferio.Limitaciones: retos de la investigación científica.El uso de la investigación para transformar la realidad. Epílogo Referencias
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Gráfico 1. El valor público que genera la Policía Nacional.
Gráfico 2. Cobertura territorial realizada a través de la aplicación de la encuesta.
Gráfico 3 Estadística de la población que participó en la aplicación de la encuesta por edad.
Gráfico 4 Atributos de una tipología de inteligencia.Gráfico 5 La seguridad pública: integrada por
la seguridad nacional y la seguridad ciudadana.
Gráfico 6 Rol diferencial de la inteligencia policial y la inteligencia criminal frente al servicio de policía.
Gráfico 7 El narcotráfico: la abstracción de un sistema socioeconómico.
Gráfico 8 Estructura lógica de análisis del narcotráfico con enfoque sistémico.
Gráfico 9 Cadena de valor de la comercialización de estupefacientes.
Gráfico 10 Estructura lógica de análisis de la comercialización de estupefacientes.
Gráfico 11 Variables del sistema de cálculo del precio de los productos del narcotráfico.
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Gráfico 12 Curva de la demanda en un mercado monopolístico.
Gráfico 13 Canal de agente intermediario en la comercialización de estupefacientes.
Gráfico 14 Estructura organizacional en cadena de asociación.
Gráfico 15 Tipología de los actores en el referente espacial donde se ubica el punto de venta.
Gráfico 16 Tipología para la monetización de los productos estupefacientes.
Gráfico 17 Flujo de actividad de la comercialización de estupefacientes.
Gráfico 18 Entramado social del crimen para la institucionalización de actividades económicas criminales.
Gráfico 19 Sistema de acumulación de capital: institucionalización de una actividad económica criminal.
Gráfico 20 Proceso de institucionalización expansiva de un nuevo orden social.
Gráfico 21 Estadística de Pereira 2010 sobre hurtos, lesiones personales y homicidios.
Gráfico 22 Enfoque cuantitativo de la representación social del narcomenudeo.
Gráfico 23 Enfoque cuantitativo de las manifestaciones de conflicto social asociadas al narcomenudeo.
Gráfico 24 Enfoque cuantitativo de las manifestaciones de violencia asociadas al narcomenudeo.
Gráfico 25 Enfoque cuantitativo de las manifestaciones de criminalidad asociadas al narcomenudeo.
Gráfico 26 Actores que amenazan la seguridad pública.Gráfico 27 Estadística: intención de los ciudadanos
para denunciar el punto de venta de estupefacientes.
Gráfico 28 Estadística: intención de los ciudadanos para denunciar al vendedor de estupefacientes.
Gráfico 29 Reglas de control social impuestas por el actor ilegal para favorecer la venta de estupefacientes.
Gráfico 30 Ilegitimidad estatal que genera la el punto de venta.
Gráfico 31 Fricción social y espacial generada por actividades económicas criminales.
Gráfico 32 Análisis de convergencia y divergencia de los actores.
GRÁFICOS / TABLAS
Tabla 1 Cobertura político-administrativa donde se identificaron puntos de venta de sustancias estupefacientes.
Tabla 2 Grupos focales para la elaboración de la representación social del narcomenudeo.
Tabla 3 Escenarios en los que se recolectó y validó la información sobre la afectación a la seguridad pública.
Tabla 4 Barrios priorizados para la aplicación de la encuesta que permitió obtener la representación de la comercialización de estupefacientes.
Tabla 5 Discriminación de la población que participó en la aplicación de la encuesta por sexo.
Tabla 6 Discriminación de la población que participó en la aplicación de la encuesta por edad.
Tabla 7 Discriminación de la población que participó en la aplicación de la encuesta por estrato social.
Tabla 8 Discriminación de la población que participó en la aplicación de la encuesta por tiempo de residencia en la ciudad.
Tabla 9 Discriminación de la población que participó en la aplicación de la encuesta por escolaridad.
Tabla 10 Discriminación de la población que participó en la aplicación de la encuesta por estado civil.
Tabla 11 Comparación entre las teorías de sistema social y de sistema de acción social.
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Gráfico 33 Análisis de influencia y dependencia de los actores frente al problema público del narcomenudeo.
Gráfico 34 Análisis de fuerza de los actores según el coeficiente ri.
Gráfico 35 Integración del sistema de producción y acumulación de capital para maximizar las ganancias por parte de una organización narcotraficante.
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TABLAS
Tabla 12 Diagramas cruzados del sistema de Acción.
Tabla 13 Diagramas cruzados del sistema social. Tabla 14 Comparación entre inteligencia policial e
inteligencia criminal. Tabla 15 Estructura lógica de análisis de la
comercialización de estupefacientes en la categoría de producto.
Tabla 16 Estructura lógica de análisis de la comercialización de estupefacientes en la categoría de precio.
Tabla 17 Estructura lógica de análisis de la comercialización de estupefacientes en la categoría de promoción.
Tabla 18 Estructura lógica de análisis de la comercialización de estupefacientes en la categoría de punto de venta.
Tabla 19 Manufacturación de una arroba de marihuana para la venta al comprador/consumidor final.
Tabla 20 Peso y precio de venta de los productos estupefacientes en Pereira.
Tabla 21 Línea de productos estupefacientes, la presentación y uso según las necesidades del consumidor.
Tabla 22 Producto estupefaciente, presentación y comisión por venta.
Tabla 23 Jerga empleada por los vendedores de estupefacientes.
Tabla 24 Tensión generada por la divergencia de intereses (metas y objetivos), de los actores involucrados en el problema público del narcomenudeo.
Tabla 25 Factores comunes y tensiones generadas por los actores para el logro de sus metas.
Tabla 26 Matriz de Actores por Actores (MACTOR): meta que persigue cada actor frente al problema público del narcomenudeo versus lo que necesita de los demás para lograrla.
Tabla 27 Resto estratégicos por objetivos asociados de cada actor.
Tabla 28 Propuesta con enfoque prospectivo para la recuperación del control social estatal.
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“... Lo que los médicos dicen de la tisis, que en los comienzos es fácil de curar
y difícil de conocer, pero que más tarde, si no la discernieron en su principio, ni le aplicaron
remedio alguno, es fácil de conocer y difícil de curar. Con las cosas del Estado sucede
lo mismo. Si se conocen anticipadamente los males que pueden después manifestarse, lo que no concede el cielo más que a un hombre sabio y bien prevenido, quedan curados muy pronto.
Pero cuando, por no haberlos conocido, se les deja tomar un incremento tal que llega a noticia de todo el mundo, no hay ya arbitrio
que los remedie.”
Nicolás Maquiavelo
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El objetivo central de esta obra es evidenciar en términos tangibles los avances de la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Na-cional de Colombia en la comprensión de las amenazas que afectan la convivencia. Los resultados que aquí se muestran son producto del enfoque científico que marca la diferencia en la forma como se aprehenden racionalmente los rasgos esenciales de un fenómeno concreto. Pero el ejercicio es mucho más profundo: el salto cualitati-vo está en hacer cognoscibles las relaciones ocultas que se entrete-jen alrededor de las amenazas a la convivencia, para interpretarlas y explicarlas de forma concordante entre el objeto de estudio y la imagen que se ha recuperado de él.
No se quiere afirmar con esto que se trata de una visión concluyente y paradigmática. Por el contrario, hace parte de un proceso de cons-trucción histórico de carácter organizacional sujeto a mejoramiento constante. Los logros no solo se materializan en la producción de nuevo conocimiento sino en la potenciación de las capacidades, ha-bilidades y competencias del talento humano, que como en este caso, deja ver investigadores habilitados para acercarse científica-mente y con visión sistémica a las realidades sociales y elucidar de forma comprensiva las interacciones y los procesos de intercambio objetivos en relación con la comercialización de estupefacientes. La contrastación de esas realidades con diversas teorías científicas, derivó en un conjunto de construcciones teóricas con grado de va-lidez, ubicadas en un contexto novedoso fundamentado de forma estricta en la crítica y la reflexión, que contraría proposiciones dog-máticas para abrir espacios a la sana discusión.
El libro Narcomenudeo: entramado social por la institucionalización de una actividad económica criminal es el resultado de un ejercicio de investigación con rigurosidad científica que aborda la comercia-lización de estupefacientes como un subsistema del narcotráfico. Eso significa que la venta de drogas ilegales que de forma cotidiana se realiza en diferentes referentes espaciales de los entornos ur-banos, hacen parte del sistema socioeconómico del narcotráfico, porque su finalidad es la monetización de los productos que permi-
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ta maximizar ganancias a favor de los actores criminales que con-trolan este modelo de mercado simplificado. Para ello, se requiere una estructura organizacional que desarrolle de forma sistemática procesos de marketing (mercadeo y mercadotecnia) dirigidos a sa-tisfacer las necesidades de los consumidores en condiciones de proximidad, seguridad, accesibilidad y disponibilidad. Si bien es cierto, en muchos apartados del texto se hacen analogías de prácti-cas empresariales de carácter legal, no se pretende hacer apología al delito, solo se quiere significar la importancia de los aspectos teóricos para hacer lecturas más aproximadas a las realidades que afectan la convivencia.
Describir los aspectos ontológicos (componentes y funcionamiento) de la comercialización de estupefacientes fue posible desde la pers-pectiva de comprender inicialmente el fenómeno del narcomenu-deo. Con este neologismo se pretende representar los hechos per-ceptibles que se configuran en las transacciones de compra, venta y consumo de drogas ilegales. Cuando se materializan tales vivencias dentro de los conglomerados sociales, tienen un espectro de im-pacto negativo al ejercicio individual y colectivo de los derechos y libertades públicas, por la afectación que se causa a los ámbitos de protección de la convivencia. La comercialización de sustancias estupefacientes, por tanto, es considerada como una actividad eco-nómica criminal, porque lleva implícita todo un conjunto de accio-nes asociadas a un sistema económico de mercado -división del trabajo e intercambio de bienes y servicios ilegales-, que busca ins-titucionalizarse en el territorio como una forma de trabajo para los ciudadanos.
Este panorama se representa de forma material en la desterritoriali-zación del control social, que dentro de este contexto, es la abstrac-ción de los mecanismos de poder que ejercita un actor criminal es-pecializado en la comercialización de estupefacientes, para lograr la dominación y la apropiación de un espacio geográfico local a fin imponer y mantener el control social (instaurar normas de carácter simbólico, cultural y comportamental, así como sanciones en caso de ser violadas). Quiere decir que se presenta una ruptura en las relaciones sociales históricamente construidas a partir de acciones de coerción, violencia y criminalidad que permiten modelar los com-portamientos colectivos acordes con las condiciones fácticas reque-
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ridas para el desarrollo de la actividad económica criminal. También significa una fractura en los procesos y herramientas de interacción entre la ciudadanía y las autoridades político administrativas en el plano local, que implica una disputa permanente en las relaciones de poder dentro del territorio.
Una vez establecidos los mecanismos para la desterritorialización del control social estatal, y como producto de estos, se configura el entramado social del crimen, que emerge y adquiere las condicio-nes de un medio efectivo para la protección de la actividad econó-mica criminal. En esta instancia, algunos ciudadanos de manera racional o por coacción disponen sus potencialidades físicas y cog-nitivas para aportar, mediante formas de distribución del trabajo, al mantenimiento y perfeccionamiento de las condiciones y los proce-sos en que se ejecuta la actividad económica criminal. Los elemen-tos de la cohesión social entonces, se transforman en un sentido negativo y se presentan como un sistema de acción para proteger toda la estructura impuesta por los actores criminales y diversificar los espectros de acción ilegal. Hay por lo tanto, unas lógicas diferen-ciales y distantes de la representatividad estatal, que se convierten en amenazas latentes a la legitimidad e institucionalidad oficial, la gobernabilidad local, la convivencia y del desarrollo armónico de las comunidades.
De modo que el ejercicio investigativo y los resultados obtenidos con rigurosidad científica sirvieron para diseñar la generalización del subsistema de la comercialización de estupefacientes funda-mento basal para predecir, disponer de una estructura lógica de análisis de datos y pre-configurar la arquitectura del Sistema Inte-grado de Información de Inteligencia (SI3), como presupuestos para la producción de inteligencia policial. Los aportes hasta aquí des-critos contribuyen a la reorientación de la inteligencia policial com-prometida en aportar conocimiento respecto de las preocupaciones ciudadanas y gubernamentales relacionadas con la convivencia.
En razón a lo anterior, se estructuró una metodología endógena para la caracterización de las amenazas a la convivencia que se constituirá en el componente medular del renovado ciclo de inte-ligencia policial. Será un aporte más que sistemáticamente contri-buya al diseño estructural del Centro Integrado de Información de
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Inteligencia Policial para la seguridad ciudadana (CI3-24/7). Este proyecto de largo alcance significa para la inteligencia policial esta-blecer un modelo de gestión de conocimiento e innovación para el cumplimiento de los procesos misionales a partir de la integración de capacidades humanas, técnicas y tecnológicas que generen va-lor y ofrezcan la posibilidad de incidir en las decisiones relacionadas con la planeación y prestación del servicio en el ámbito territorial para el tratamiento de las problemáticas de convivencia. Mediante este conjunto de acciones se responde al imperativo señalado en la estrategia institucional que despliega el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), gracias a la articulación del Plan Nacional de Inteligencia por Cuadrantes (PNIPC).
Las dinámicas en las que evoluciona el conocimiento, la interacción con múltiples ciencias y disciplinas y los conflictos sociales propios de la sociedad moderna, se presentan como impulsores para con-tribuir a la formalización de la base teórica de la inteligencia policial. El esfuerzo se circunscribe a delimitar el objeto, límite y alcance de la Inteligencia Policial como modalidad de un cuerpo de policía. Es buscar la ocupación de un lugar definido en el contexto fundamen-tal de nuestras bases, creencias y acciones que nos den identidad, pero también que nos permitan identificar la complementariedad con otras áreas de conocimiento. Una vez establecidos estos fines superiores e intrincados en el saber como organización tendremos una piedra angular para buscar teorías puras que signifiquen y vali-den a la inteligencia policial.
En estos esfuerzos cognitivos y académicos se evidencia la misión y el papel preponderante que desarrolla el Centro de Inteligencia Prospectiva (CIPRO) de la Dirección de Inteligencia Policial como grupo de investigación y centro de pensamiento, que se posiciona como una estructura que asesora instancias de decisión estratégi-ca de tipo organizacional e institucional. Igualmente, se hace visi-ble ante los demás cuerpos de policía y la comunidad académica del hemisferio, con una perspectiva vanguardista en la intención de crear la red de prospectiva policial. El objetivo es integrar grupos de trabajo de alto rendimiento que de forma conjunta, aporten en la construcción futura de los entornos de convivencia para nuestros Estados a partir de la comprensión territorial de los problemas y la formulación estratégica para el tratamiento de los mismos.
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Este texto persigue además, que a nivel hemisférico los integrantes de los cuerpos de policía, la academia y entes gubernamentales, tengan la oportunidad de conocer los resultados obtenidos. Como producto de este intercambio se espera incentivar el debate críti-co y la discusión juiciosa con diversos actores que tengan interés en los temas tratados, no sin antes ofrecerles desde la Dirección de Inteligencia Policial, a partir de la experiencia aquí demostrada en investigación científica, la disposición para el intercambio cons-tructivo y colaborativo con los diferentes sectores académicos, las autoridades de gobierno -local, regional y nacional-, así como el en-trenamiento de los cuerpos de policía mediante procesos educati-vos y asistencia técnica como nueva oferta de valor en cooperación nacional e internacional.
Coronel JORGE LUIS VARGAS VALENCIADirector de Inteligencia Policial
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INTRODUCCIÓN
Esta obra quiere presentar el acercamiento que la Dirección de Inte-ligencia Policial (DIPOL) hace con el propósito de avanzar en la com-prensión de las principales amenazas que afectan la convivencia. La investigación realizada, de corte descriptiva transversal, no se limitó a observar el fenómeno del narcomenudeo como un conjunto de delitos, sino que orientó su esfuerzo a entender la realidad ema-nada de las representaciones sociales de los ciudadanos, las autori-dades político administrativas y de justicia, así como los integrantes de la Policía Nacional de Colombia. La naturaleza disímil de los roles que tienen esos actores, responde a un denominador común: el co-nocimiento y la vivencia que de forma directa han experimentado en la ciudad de Pereira frente a la comercialización de estupefacientes.
La investigación tuvo dos propósitos fundamentales: el primero, desde el punto de vista estratégico, realizar una reconstrucción sis-témica y teórica que permitió comprender, a partir del fenómeno del narcomenudeo, los componentes del subsistema de la comerciali-zación de estupefacientes luego de analizar los hechos fácticos y los datos empíricos encontrados en Pereira. Esta actividad económica criminal que se constituye además en problema público, evidencia diversas manifestaciones en el territorio que tienen profundo impac-to sobre la seguridad pública y afecta el mantenimiento del orden social por parte de las autoridades del Estado. Todo ello debido al asentamiento de un actor criminal que, por medio del ejercicio del poder materializado en la violencia y la criminalidad, se institucio-nalizó de forma hegemónica en la cotidianidad de la vida local e interviene la relación entre el ciudadano y las autoridades.
El segundo propósito, consistió en asesorar la actividad de la policía en el marco del Plan Nacional de Inteligencia Policial por Cuadran-tes (PNIPC) desde los ámbitos estratégico, táctico y operacional, de manera que se responda a las realidades territoriales y a las
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necesidades de los ciudadanos. Esta visión con enfoque anticipati-vo es una potencialidad puesta a disposición del servicio de policía para contribuir de manera efectiva al desarrollo de la estrategia ins-titucional denominada “Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC)”.
De allí la importancia de comprender la amenaza que se deriva del fenómeno llamado narcomenudeo perceptible para los ciuda-danos a través de las transacciones de compra, venta y consumo de estupefacientes que se llevan a cabo en los diferentes refe-rentes espaciales. Sin embargo, lo que no se conoce a través de los sentidos son las actividades desarrolladas bajo una lógica de mercado simplificado y de forma sistemática por un actor criminal –en Pereira– que monopoliza esta actividad económica criminal. Así las cosas, no se trata de un problema referido a lo que tradicio-nalmente se conoce como “la olla” (antes sólo sitio de venta, hoy lugar de almacenamiento o de venta y consumo), sino que el resul-tado ofrecido en este texto, se enfoca en visibilizar el entramado social del crimen que tiene por fin último, la protección del negocio ilegal y la acumulación de capital para maximizar ganancias, por medio de la comercialización de estupefacientes.
Una vez que la evidencia demuestra la complejidad del tema de es-tudio, se dimensiona que el narcomenudeo es un problema público, al que están asociadas, de manera interdependiente, múltiples ma-nifestaciones de conflicto social, de violencia y de criminalidad. Ade-más, algunos ciudadanos ven en el fenómeno una opción laboral no sólo para solventar sus necesidades básicas insatisfechas sino que de manera racional, se incorporan al crimen para acumular ca-pital. También el actor ilegal que controla la actividad económica criminal alcanzó niveles de control y apropiación territorial que en últimas se convierte en un proceso de institucionalización, a través de la utilización de mecanismos de regulación social, para lograr de los ciudadanos el reconocimiento, la tolerancia y la colaboración (legitimidad material) mediante la violencia, la criminalidad o apro-vechando la indiferencia.
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Toda esta argumentación se basa en evidencias, abstracciones de-venidas de los fundamentos teóricos confrontados con la realidad, rigurosidad metodológica y reflexiones juiciosas, que es la parte sus-tantiva de esta investigación. En tal sentido, el capítulo I plantea los elementos considerados en la formulación de la investigación, es decir, la justificación, el estado del arte y los marcos (teórico, conceptual y metodológico), como plataforma estructural del cono-cimiento previo con el que se abordó la indagación.
El capítulo II está dedicado a formular un estatuto epistemológico de la Inteligencia Policial. Este ejercicio propositivo de carácter pre-liminar quiere sentar las bases teóricas fundamentales de los su-puestos más generales del conocimiento que le son propios. Por lo tanto, es un esfuerzo por deslindar el objeto de la inteligencia policial frente a otras ciencias, disciplinas o actividades afines, pero en el fondo, diferenciales y algunas, complementarias. Identificar esa plataforma lógica e ideal sobre la cual se edifique la producción de conocimiento, es una construcción organizacional permanente, derivada de las experiencias científicas que obligan al debate y a la reflexión.
En el capítulo III se formulan proposiciones para realizar un acer-camiento al narcotráfico desde la óptica de una empresa criminal que funciona como un sistema socioeconómico de carácter abierto y abstracto integrado por los subsistemas de producción, distribu-ción, comercialización y flujo de capitales. Esta forma de análisis se nutrió de ejercicios académicos con integrantes de cuerpos de poli-cía de diferentes países del hemisferio. El enfoque sistémico permi-tió diseñar un esquema morfológico como presupuesto para saber qué es y cómo funciona este sistema.
Sin embargo, esta investigación priorizó la comercialización de es-tupefacientes como objeto de estudio y a partir de ello, se diseñó una propuesta de estructura lógica de análisis sustentada en la teoría del marketing. Para tal propósito, se elaboró una noción del narcomenudeo que se convirtió en la base desde la cual, de forma secuencial, se construyó la ontología -representación, abstracción y generalización- de la comercialización de estupefacientes en cual-
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quier entorno. Los resultados ontológicos se pueden contrastar en otros escenarios, por poseer las propiedades universales del sub-sistema del narcotráfico, a fin de identificar las distintas tipologías o particularidades diferenciales.
El capítulo IV detalla analíticamente el entramado social del crimen que se convierte en un medio, a través del cual, el actor ilegal insti-tucionaliza la comercialización de estupefacientes como una activi-dad económica criminal. Para cumplir este objetivo, las relaciones sociales de las áreas donde funcionan los puntos de venta son in-tervenidas y los propósitos de la cohesión social terminan distorsio-nados por efectos de la violencia y la criminalidad. Así mismo, se profundiza en los factores y las manifestaciones que se evidencian en el territorio, para decodificar la forma como el narcomenudeo adquiere las características de en un problema público que desterri-torializa el control social estatal, limita la gobernabilidad y legitimi-dad del Estado y mina la capacidad de abordaje y tratamiento de la problemática por parte de las autoridades.
En el capítulo V se describe la representación social de afectación generada por la comercialización de estupefacientes a la seguridad pública. La penetración al tema es profunda al visibilizar algunas manifestaciones que atentan contra la seguridad nacional -dimen-sión interna- en el ámbito local, en especial, lo relacionado con la protección institucional de la Policía Nacional, y las situaciones que perturban las dimensiones individual y colectiva de la seguridad ciudadana. En este sentido, se clasifican algunos fenómenos de conflicto social, de violencia y de criminalidad asociadas al narco-menudeo que limitan el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas.
El capítulo VI refiere de manera pormenorizada como el narcome-nudeo es un factor para la desterritorialización del control social. La apropiación y explotación del territorio en el marco de las relaciones sociales sugiere relaciones de poder y hegemonía que el actor cri-minal desarrolla, con el fin de adecuar las condiciones favorables al objetivo de maximizar ganancias por medio de la comercialización de estupefacientes. El control social que demanda condiciones re-
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gladas como mínimos de interacción humana en los entornos urba-nos, se convierte en una herramienta de poder que los criminales usan para imponer normas de comportamiento que terminan sien-do aceptadas por el ejercicio de la coacción. El territorio, entonces, se convierte en un factor de disputa donde el Estado termina desco-nectado de los colectivos y la representación simbólica se distorsio-na afectando la legitimidad de las autoridades.
El capítulo VII, con base en la complejidad de la amenaza a la con-vivencia, se da paso a la descripción en términos institucionales de los principales aspectos, que desde la gobernabilidad de la Policía Nacional, deben considerarse para establecer una estrategia de ac-tuación frente a la comercialización de estupefacientes que resulta novedosa por el alcance y naturaleza de las tareas que implica, pero que responden a una realidad hasta ahora invisible. Las conclusio-nes señalan los principales retos en términos de comprensión y ac-tuación que pueden contribuir a mejorar el desempeño institucional de cara a las multivariadas manifestaciones de la amenaza en la sociedad.
Vale la pena precisar que el libro Narcomenudeo: entramado social por la institucionalización de una actividad económica criminal es una versión mejorada y adicionada de una producción anterior pu-blicada en noviembre del año 2011. Los nuevos elementos hacen parte de la continua tarea de los investigadores por explorar y verifi-car científicamente nuevos hallazgos relacionados con la comercia-lización de estupefacientes. Los trabajos de campo realizados en diferentes ciudades de Colombia y de Latinoamérica mediante coo-peración internacional -a través capacitaciones brindadas a otros cuerpos de policía- fueron los vehículos para contrastar de forma controlada, la relación del objeto de estudio con la imagen lograda en el ejercicio de indagación que da solidez teórica a los intentos de universalidad que se persiguen, como un esfuerzo que aporta en el aspecto conceptual a la actividad de la policía.
Igualmente, se pretende ilustrar con modelos teóricos, esquemas de análisis y leyes científicas un mejor acercamiento que permita comprender las amenazas que afectan la convivencia. Todas las
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orientaciones y propuestas se fundamentan en la misión constitu-cional de la Policía Nacional de Colombia, los lineamientos y políti-cas institucionales, así como en la participación de todas las moda-lidades y especialidades del servicio de Policía. Esta es una apuesta para producir conocimiento sistemático sobre un problema de pro-fundas implicaciones económicas, sociales, políticas y culturales que, dadas las connotaciones descritas en esta obra, implica una amenaza real contra la gobernabilidad y el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Por supuesto que no se develan resultados concluyentes, pues se trata de un ejercicio de aproximación estric-tamente riguroso, que invita más bien a la crítica y al sano debate para profundizar sobre un problema de connotaciones globales. La expectativa es que a través de la ciencia se continúe profundizando sobre el conocimiento del complejo submundo de la comercializa-ción de estupefacientes.
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CAPÍTULO IAmenazas a la seguridad pública en lo urbano: históricamente invisibles
El narcotráfico es un sistema de producción de capital que está compuesto de subsistemas, uno de los cuales es la comercialización de estupefacientes en el que a su vez, se identifica el fenómeno del narcomenudeo como un problema público que afecta no sólo la seguridad ciudadana sino la convivencia.
“La adquisición de cualquier conocimiento es siempre útil al
intelecto que sabrá descartar lo malo y conservar lo bueno”.
Leonardo da Vinci
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Amenazas a la seguridad pública en lo urbano: históricamente invisibles
El análisis histórico de la comercialización y el consumo de sus-tancias estupefacientes ha permitido conocer que este fenómeno urbano en Estados Unidos, data de finales del siglo XIX. Luego se relacionó la expansión del consumo, con hechos históricos como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y el surgimiento del movimiento hippie como rechazo a esta; entre otras.
En Colombia, por su parte se hallaron evidencias documentales que permiten afirmar que en el año 1920 se aprobó la Ley 11 como una iniciativa prohibicionista por parte del Gobierno Nacional contra la importación, la venta y el consumo de sustancias depresoras, esti-mulantes y alucinógenas, comportamiento que era de la mayor pre-ocupación urbana al considerar que formaban un hábito pernicioso. Después, hacia 1928 mediante la Ley 118 se sanciona penalmente el tráfico de cocaína y se considera al consumidor como una perso-na enferma.
Desde entonces, la evolución de la comercialización y el consumo de sustancias estupefacientes han sido situaciones facilitadas en-tre otros aspectos, por no haber concebido a la venta de estupefa-cientes como una actividad económica criminal asociada al narco-tráfico. También fueron determinantes aspectos de contexto como la aceptación social, la institucionalización inicial del fenómeno en sectores deprimidos, marginales y populares dirigidos por cla-nes familiares, la vinculación del fenómeno con manifestaciones de conflicto social, de violencia y de criminalidad; la relación de las élites sociales tradicionales con las emergentes, vinculadas con el crimen, y las dificultades operativas de las autoridades del Estado para su tratamiento.
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Las dificultades operativas en el tratamiento de la comercialización y el consumo de estupefacientes entre otras causas, pudo haber-se dado por las prioridades de seguridad del Gobierno Nacional, el cual condicionaba el direccionamiento estratégico de las Fuerzas Armadas a la protección del Estado contra amenazas de los grupos armados ilegales, el narcotráfico (en los subsistemas de producción y distribución), y de forma reciente el terrorismo y el secuestro. Sin embargo, la comercialización y el consumo de sustancias estupe-facientes, a pesar de no catalogarse como una amenaza directa al Estado, sí era percibido por los ciudadanos y las autoridades muni-cipales como una de las causas que perturbaban la convivencia y por ende, la gobernabilidad local.
En consecuencia, y como resultado de los procesos de democrati-zación en Latinoamérica, el fenómeno neoliberal y la nueva Carta Política colombiana de 1991, por citar algunos aspectos, también en los años noventa surgen varias iniciativas de política pública in-cluidas en los planes de desarrollo de algunos Presidentes de la Re-pública, para atender problemas públicos urbanos que atentaban contra la seguridad de los ciudadanos, pero se superpuso nueva-mente el enfoque de seguridad nacional.
Desde el año 2002 hasta el 2009, luego del desarrollo sostenido de la Política Defensa y Seguridad Democrática, que logró resultados estratégicos satisfactorios contra los grupos armados (desmoviliza-ción de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- y neutralización de miembros del Secretariado de las Fuerzas Armadas Revoluciona-rias de Colombia –FARC-) perturbadores del régimen constitucional y la integridad territorial, la clase política y la sociedad civil deman-dan del Gobierno Nacional priorizar también la seguridad de los ciu-dadanos en los entornos urbanos.
Sumado a lo anterior, el año 2009 termina con la aprobación de la reforma al artículo 49 de la Constitución Política, en donde se prohíbe el consumo de sustancias estupefacientes; decisión que es-taba matizada por el ambiente político debido al proceso electoral parlamentario y presidencial. Además los candidatos incluyeron en sus agendas programáticas y públicas, iniciativas relacionadas con la seguridad ciudadana.
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Por su parte, la Policía Nacional a través de la Directiva Operativa Transitoria 004 del 21 de enero de 2010 direcciona la prestación del servicio para tratar el fenómeno del microtráfico, al tiempo que el Presidente de la República y el Ministro del Interior y de Justicia de la época, exigían resultados tangibles contra los puntos de ven-ta de sustancias estupefacientes, entendido esto como la principal amenaza a la seguridad ciudadana.
Así mismo, las autoridades, la sociedad civil y los medios de comu-nicación denominaron al fenómeno como microtráfico, el cual fue asociado, sin argumentos verificables, con las diferentes manifesta-ciones de inseguridad urbana (homicidio, hurto, confrontación entre pandillas) que aún se vive en algunas ciudades. Luego de un análi-sis conceptual se estableció que el microtráfico era una modalidad de transporte de productos básicos del narcotráfico (alijos inferiores a 5 kilogramos), conocida desde finales de los años noventa y que no era pertinente asociarlo con el fenómeno urbano de comerciali-zación y el consumo de sustancias estupefacientes; por ello se pro-puso para esta investigación entenderlo como narcomenudeo, un neologismo con el que se ha de denominar la compra, venta y con-sumo de estupefacientes (producto esperado) como manifestacio-nes concurrentes y concomitantes del fenómeno objeto de estudio.
Desde esta perspectiva la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), especialidad que asesora la toma de decisiones de la Dirección Ge-neral de la Policía Nacional y a través de ella al Gobierno Nacional, decide explorar un enfoque epistemológico de inteligencia policial, diferente a la inteligencia criminal, que permita orientar la planea-ción de la actividad de policía y la gestión territorial, en temas de seguridad ciudadana a partir del estudio del narcomenudeo. Es de-cir, un enfoque que conduzca al conocimiento de los factores que intervienen en las relaciones sociales alrededor del narcomenudeo, y a partir de ello poder establecer si las organizaciones criminales dedicadas a la comercialización de sustancias estupefacientes, re-gulan el comportamiento social y estimulan la creación de institu-ciones ilegales y poderes paralelos, procesos a través de los cuales se deslegitima la gobernabilidad de la seguridad ciudadana.
Frente a tal propósito, la Policía Nacional a través de la DIPOL se-leccionó la ciudad de Pereira (Risaralda), para realizar la investiga-
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ción institucional titulada “Inteligencia policial para caracterizar el narcomenudeo: un reto estratégico en seguridad ciudadana”. Esto debido al interés de la Policía Nacional de iniciar la aproximación al conocimiento del fenómeno en una ciudad como esta, donde se establece que previamente a la desmovilización del frente Héroes y Mártires de Guática de las autodefensas en el año 2005, surge una estructura criminal denominada “La Cordillera” que dinamizó la venta de estupefacientes con un enfoque de mercado. Aunque no se dispone del patrón histórico que así lo demuestre y que pese al esfuerzo institucional y los resultados obtenidos por el Comando del Departamento de Policía Risaralda (DERIS), para entonces, y des-pués por la Policía Metropolitana de Pereira (MEPER), se concluye que existen vacíos de conocimiento frente a ¿Cómo el narcomenudeo afecta la seguridad pública? Se entiende que el fenómeno es comple-jo, dinámico y evoluciona constantemente, muta y se desplaza sin que pueda ser identificado de manera técnica por las autoridades, lo que dificulta la prestación eficiente y eficaz de la actividad de po-licía a la comunidad.
Razones para visibilizar el narcomenudeo como fenómeno que genera inseguridad pública
El problema de conocimiento planteado, ¿Cómo el narcomenudeo afecta la seguridad pública? sugiere varias razones para visibilizar de forma inicial el narcomenudeo desde la perspectiva de la perti-nencia, la conveniencia y el impacto.
Desde la perspectiva de la pertinencia, el fenómeno objeto de aná-lisis se relaciona con los retos fijados por la política internacional de los organismos multilaterales frente a la comercialización de sustancias estupefacientes, la conveniencia está asociada con la necesidad de conocer el fenómeno del narcomenudeo como un pro-blema público que afecta la convivencia. Por su parte, el impacto se determina por la posibilidad de asesorar a la Policía Nacional en los ámbitos interno y externo de actuación, y a la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), porque permitirá la comprensión de las amenazas que afectan la convivencia a partir de la objetivación y caracterización de los mismos.
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En ese orden de ideas, esta investigación es pertinente ya que en el año 2010, la formulación de la política internacional contra las drogas hizo énfasis en la obligatoriedad de los Estados -que son parte de la ONU- de reducir la demanda con enfoque comunitario y no sólo la oferta. Esto plantea retos para el Gobierno Nacional, porque requiere cambios en la legislación y respuesta a las nuevas necesidades de seguridad del Estado y de los ciudadanos, y para la Policía Nacional por que se debe redefinir, entre otros aspectos, el direccionamiento estratégico del servicio que se presta a la comu-nidad frente al problema público de comercialización y consumo de estupefacientes.
Así mismo, la conveniencia de conocer cómo el narcomenudeo afecta la seguridad pública se determina en profundizar el estudio conceptual del subsistema de comercialización de estupefacientes del narcotráfico al que está ligado, porque existen vacíos de conoci-miento. Se busca una aproximación a la comprensión morfológica del fenómeno a partir del conocimiento de las necesidades y ex-pectativas de seguridad de los ciudadanos. Como la inseguridad es una construcción subjetiva, la investigación consideró el concepto de las representaciones sociales, a través de las cuales se logró identificar el constructo social del narcomenudeo como un fenóme-no complejo determinado por la interacción humana.
Así, esta investigación desde la perspectiva del impacto se constitu-yó en conocimiento para asesorar a la Policía Nacional en determi-nados ámbitos del orden interno y externo. En el ámbito interno, le permitió a la Policía Nacional identificar algunos retos en la presta-ción de la actividad de policía frente a la reducción de la demanda con un enfoque comunitario, por lo que se consideró como insumo para el diseño de la estrategia institucional contra la comercializa-ción de estupefacientes, bajo el concepto de gobernanza.
En el ámbito externo, facilitó la visibilización de los factores que des-territorializan el control social estatal, identificó que la oferta ins-titucional a través de la actividad de policía genera valor público por parte de los ciudadanos, evidenció la necesidad de prevenir la institucionalización de actores ilegales a través de actividades de economía criminal, así como compartir experiencias con otros cuer-
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pos de policía de Latinoamérica y el Caribe frente al fenómeno del narcomenudeo.
Para la DIPOL, contribuyó a la implementación del Modelo de In-teligencia Policial para la Seguridad Ciudadana orientado a com-prender fenómenos complejos que amenazan la convivencia de los ciudadanos y de esta forma, iniciar la anticipación de las manifes-taciones mediante el seguimiento longitudinal. Así mismo, definir el rol de inteligencia policial en el Plan Nacional de Vigilancia Comu-nitaria por Cuadrantes (PNVCC), en procura de establecer el objeto, el límite y alcance de la asesoría de la inteligencia policial en la planeación y prestación del servicio de policía.
Las anteriores razones, señalan la necesidad de precisar que Pe-reira (Risaralda) se seleccionó porque allí se poseía la capacidad institucional para desarrollar la investigación. Aquí se encontró la manifestación de un fenómeno en una geografía de conurbación (área metropolitana) y en su momento se daba la separación orgá-nica del Departamento de Policía Risaralda (DERIS) respecto de la Policía Metropolitana de Pereira (MEPER).
La exploración del conocimiento científico y fáctico frente a la comercialización de estupefacientes
Entendido el narcomenudeo como un problema público de afecta-ción a la seguridad ciudadana, se realizó una exploración bibliográfi-ca orientada a identificar estudios desarrollados al respecto no sólo por parte de la academia, sino también por los cuerpos de policía de Latinoamérica. Por otra parte, se realizaron actividades de referen-ciación en algunas ciudades colombianas y en Río de Janeiro (Bra-sil), en procura de comparar las generalidades del fenómeno y, por último, pero no menos importante, se realizó en coordinación con la CICAD-OEA cinco ejercicios académicos en el que participaron in-tegrantes de cuerpos de policía de Centroamérica y Sudamérica, expertos en la lucha contra las drogas, con quienes se compartie-ron algunas dificultades en la comprensión y actuación coordina-da frente a la comercialización de estupefacientes. Por eso resulta pertinente exponer los hallazgos más importantes para distinguir el modo en que los resultados obtenidos en esta investigación pueden
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llegar a significar un enriquecimiento de los conocimientos existen-tes y no una mera reiteración de estudios anteriores.
Producción Académica: la abstracción para explicar fenómenos
Entre los distintos estudios consultados se confirmó la producción de conocimiento para guiar la actuación de los cuerpos de policía frente a la venta de estupefacientes. Por ejemplo, en Estados Uni-dos este abordaje se realizó desde el concepto de inteligencia crimi-nal, es decir, desde el estudio del delito (Chakravorty, S., Ratcliffe, J. y Rengert, G. 2005).
Desde otra perspectiva, se conocieron estudios sociológicos (Zamu-dio, C. 2007) de los cuales se destaca cierto consenso para con-cebir la venta de estupefacientes como un fenómeno, en el que se evidencia una relación de mercado (Andrade, X. 1990) y que dada su cercanía con los ciudadanos en la cotidianidad, vulnera la seguri-dad personal y comunitaria, estos criterios deben considerarse para el diseño de las políticas públicas.
La síntesis de los resultados se puede agrupar en tres grandes ca-tegorías: la primera, en función de algunas tendencias del fenóme-no en Latinoamérica; la segunda, la aproximación de los conceptos más destacados a partir de los cuales se comprende el fenómeno y, la tercera, algunas conclusiones asociadas a la situación actual del fenómeno.
En ese orden de ideas, se puede citar que las principales tenden-cias de la venta de estupefacientes son:
1. Incremento de la pena para quienes comercializan (venta) estu-pefacientes.
2. Bajo impacto de los programas orientados a la reducción del uso ilegal de estupefacientes.
3. Creciente securitización del fenómeno del narcomenudeo.
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4. Incremento del apoyo político hacia la legalización del consumo de estupefacientes.
5. Crecimiento de mercados en los colegios y escuelas para inducir el consumo y asegurar la venta de estupefacientes.
6. Mayor instrumentalización de los menores de edad para garanti-zar la venta de estupefacientes.
Por su parte, la relación de los conceptos que están asociados con el estudio y comprensión de la venta de estupefacientes son: drogas ilegales, drogas ilícitas, fenómeno, relación de mercado y consumo. Así mismo, la venta de estupefacientes también se conoce como narcomenudeo y microtráfico. Estos aspectos, permiten inferir que aún falta consenso para enriquecer el vocabulario técnico del fenó-meno objeto de estudio.
En resumen, entre los aspectos que permiten aproximarse al cono-cimiento del estado actual de la venta de estupefacientes, se men-cionan los siguientes:
a) El fenómeno del narcomenudeo se orienta y asienta en aquellas comunidades ubicadas en barrios deprimidos, marginales y po-pulares para garantizar la instrumentalización justificada en la incapacidad de respuesta para satisfacer las demandas sociales de los ciudadanos.
b) Las políticas públicas deben favorecer la reducción del consumo de estupefacientes, proveer herramientas a los cuerpos de poli-cía para la actuación preventiva, disuasiva y reactiva; así como estimular la sinergia interinstitucional y comunitaria para tratar el fenómeno.
c) El problema de la demanda sigue centrado en estudios para de-terminar la cantidad de población consumidora y la prevalencia del consumo, pero las políticas públicas no se orientan al trata-miento y rehabilitación. Esto a partir del año 2010, entra a ser demandado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estu-
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pefacientes (JIFE) y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) a los Estados parte.
d) La comprensión del narcomenudeo se debe realizar teniendo como fundamento los elementos constitutivos de la comercializa-ción de estupefacientes del narcotráfico, para guiar la actuación de la Policía Nacional, lo que además requiere la implementa-ción de un modelo de inteligencia policial que guarde concordan-cia con la Constitución, la ley y los reglamentos institucionales.
e) El estado del arte no mostró estudios de carácter ontológico que permitieran conocer las propiedades universales de la comercia-lización de estupefacientes.
f) En concordancia, tampoco se conocen investigaciones en las que se aborde el estudio con enfoque anticipativo del fenóme-no a partir de las distintas manifestaciones relacionadas con el conflicto social (drogadicción), la violencia (constreñimiento) y la criminalidad (venta de estupefacientes).
g) Se puede afirmar que los servidores públicos de los cuerpos de policía requieren entrenamiento especializado para desarrollar procedimientos judiciales contra la venta de estupefacientes (además del porte, tráfico y fabricación) y realizar la actuación contravencional contra quienes consumen estas sustancias como dos comportamientos diferenciados que demandan una actuación integral.
Luego del panorama ofrecido por la academia, se destacan algunos aspectos de interés para esta investigación mediante las referen-ciaciones efectuadas en algunas ciudades de Colombia, en Río de Janeiro (Brasil) y cinco ejercicios académicos realizados con exper-tos en lucha contra el narcotráfico adscritos a distintos cuerpos de policía de Latinoamérica.
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La referenciación: una mirada fáctica de la venta de estupefacientes
Referenciación Nacional
ELN: un actor criminal que controla la comercialización en Saravena
En el municipio de Saravena (Arauca) ubicado en la frontera con Venezuela, la organización delincuencial “Los Colachos” pertene-ciente a la Comisión Ernesto Che Guevara del Frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional (ELN), posee el monopolio de la venta de estupefacientes. Ese monopolio, además, es aprovechado como un mecanismo para ejercer control territorial urbano con un enfoque de colonización, entendido en geopolítica como establecer la posesión sobre un área determinada.
Este referente es de vital importancia por las siguientes caracterís-ticas particulares: los integrantes tienen doctrina e ideología comu-nista-guevarista, se evidencia que un solo actor criminal tiene inci-dencia en todo el sistema del narcotráfico y que además de generar renta, aprovecha esta estructura urbana como componente de mili-cia para el cobro de extorsiones a comerciantes y transportadores.
Desde la perspectiva de respuesta del Estado, no se visibiliza el narcomenudeo como un fenómeno del narcotráfico de afectación a la seguridad pública y los procedimientos judiciales no se orientan hacia la comercialización de estupefacientes, ni contra la estructura delincuencial, sino hacia la incautación de sustancias estupefacien-tes por porte, tráfico y fabricación.
El crimen subregional: una prioridad a considerar en la cooperación internacional
En Cúcuta (Norte de Santander), luego del proceso de desmoviliza-ción en el año 2006, se registraron disputas entre integrantes de las organizaciones “Las Águilas Negras” y “Los Rastrojos”, por el control territorial de la frontera con Venezuela. Luego del asentamiento de “Los Rastrojos”, se identifica la supervivencia de organizaciones nar-
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cotraficantes como “Los Pulpos”, “Los Boyacos” y “Los Pepes”, todas ellas con tradicional influencia en la zona de frontera.
Bajo este nuevo contexto criminal se suman unas condiciones urba-nas históricas, que favorecieron la evolución del narcomenudeo con un enfoque de mercado; entre ellas el fenómeno del contrabando, la venta de estupefacientes por parte de “Los Boyacos”, la informa-lidad de la economía, así como la relación laboral y comercial entre las ciudades colombianas de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios (Colombia) con Ureña, San Antonio y San Cristóbal (Venezuela).
Estas condiciones favorecieron la instalación de un mercado de es-tupefacientes donde participan varias organizaciones delincuencia-les en el marco de un mercado oligopólico que tiene influencia en las ciudades fronterizas de ambos países, las que perciben que no son perseguidas por las autoridades de ninguno de los dos Estados. Esto se da por el precario, parcializado y descontextualizado cono-cimiento sobre las características del fenómeno desarrollado por organizaciones criminales que tienen estructura y son financiera-mente sólidas (Dammert, L. 2010, p. 203). Es decir, si bien los orga-nismos de seguridad realizan operaciones contra el narcotráfico, no se controla el mercado urbano e inter-fronterizo de estupefacientes.
Invisible simbiosis criminal: ¿para qué el control territorial?
El puerto de Buenaventura (Valle del Cauca) representa la principal ventaja estratégica para las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Por ello, no son percibidas, pero sí propiciadas innu-merables alianzas inéditas para obtener participación del envío de estupefacientes al exterior, a través del puerto marítimo y esto gene-ra la necesaria distribución territorial urbana de la ciudad por parte de organizaciones delincuenciales y narcotraficantes que favorecen los intereses de la economía criminal de las Fuerzas Armadas Re-volucionarias de Colombia (FARC) y la organización emergente del narcotráfico “Los Rastrojos”.
Las alianzas se logran materializar por la convergencia de intereses de quienes lideran las organizaciones delincuenciales (desmoviliza-dos de las FARC) y los actuales narcotraficantes que tuvieron víncu-
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los con los integrantes de los otrora denominados carteles de Cali y el Norte del Valle del Cauca.
En el logro de estos propósitos, el narcomenudeo es para las or-ganizaciones delincuenciales y narcotraficantes un fenómeno oligo-pólico asociado a la comercialización de estupefacientes que les permite generar y capturar rentas, mantener el control territorial, subsumir a las pandillas, reclutar personas para los grupos arma-dos al margen de la ley y asegurar rutas de acceso a la ciudad y al puerto marítimo.
Es decir, el narcomenudeo es la parte visible de la comercialización del narcotráfico que está asociado al control territorial y la inseguri-dad ciudadana, cuyas manifestaciones varían de una región a otra según las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales (Innerarity, D. 2002).
Referenciación Internacional
Esta actividad se desarrolló desde dos perspectivas: la primera un trabajo de campo en Río de Janeiro y, la segunda, en el marco de un curso antidroga desarrollado en Brasilia. El trabajo de campo se orientó a identificar los aspectos más relevantes del fenómeno y su impacto en la gobernabilidad. Por su parte, el ejercicio de enfoque académico, tuvo como propósito conocer las dificultades de actua-ción para los cuerpos de policía en diferentes regímenes de Gobier-no. En suma, se considera que estos aspectos pueden indicar hacia dónde avanzaría el fenómeno en Colombia.
Río de Janeiro: la venta de estupefacientes, una institución ilegal
El trabajo de campo realizado en la ciudad de Río de Janeiro (Bra-sil) tuvo dos objetivos específicos, el primero fue establecer si el mercado de estupefacientes estaba integrado al narcotráfico, y el segundo, identificar los aspectos más relevantes sobre cómo afecta la gobernabilidad.
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Venta de estupefacientes: ¿un subsistema del narcotráfico o una manifestación?
El mercado de estupefacientes en las calles, es la forma efectiva como se monetiza el producto fabricado y manufacturado por las organizaciones narcotraficantes. Es decir, el narcomenudeo o venta de estupefacientes sí está relacionado con el sistema del narcotráfico. Además, se puede afirmar que el narcomenudeo es un fenómeno (solo la manifestación percibida) del subsistema de comercialización de estupefacientes.
El precio de los estupefacientes al menudeo ha permanecido esta-ble y el dinero que se obtiene por sus ventas se inserta en el sector real -la base primaria de la economía local (lavado de activos)-, antes de ingresar al sistema financiero. Desde esta perspectiva, el origen del dinero para la compra de estupefacientes se relacio-na con distintas actividades legales e ilegales. Mientras el destino de estos dineros consiste en darle apariencia legal, para ello se reinvierte en otras prácticas ilegales como venta de comestibles, préstamos de dinero con altas tasas de interés (gota-gota), servi-cios de vigilancia, centros de belleza y estética, siendo estas las oportunidades laborales que se les brinda a los ciudadanos de la periferia; esto además, se identifica como una de las formas de consolidar una intrincada y compleja estructura del crimen-red bajo la lógica del poder popular (Morales, C. y Nougier, M. 2010), o entramado social del crimen por cuanto se desconfigura y re-configura la cohesión social como mecanismo de protección de la actividad económica criminal.
Esto permite el tránsito hacia el control territorial como un efecto propio del mercado, pero también como un mecanismo que pue-de tener otros usos, entre ellos el control del comportamiento electoral de los ciudadanos con fines políticos (gobernabilidad), lo que plantea un reto para el Estado no sólo local, sino que exige una mayor atención por parte del Gobierno Federal.
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El centro y la periferia: la posibilidad de incidir en la gobernabilidad
De acuerdo con lo anterior, bajo la teoría capitalista del centro y la periferia (Ocampo, J. 2001) y el fenómeno de la inversión de los recursos del narcotráfico en el sector real de la economía, se puede aseverar que el crimen organizado implementa un modelo económico similar, pero en la periferia y a la inversa. Es decir, los narcotraficantes son el centro (dueños del mercado) y los habi-tantes de las favelas: la periferia.
En este orden, los narcotraficantes consolidan en el territorio es-tructuras de mercado del tipo oligopolio, a partir de las cuales es-tablecen relaciones de dominación en razón a que las condicio-nes culturales, topográficas y las crecientes demandas sociales les favorecen en sus propósitos económicos, políticos y sociales.
Por su parte, los habitantes de las favelas o asentamientos irre-gulares urbanos (exterior) por su ubicación periférica (alrededor del centro), se constituyen en un subsistema que beneficia los in-tereses del crimen organizado, pero como tienen una inocua ca-pacidad para organizarse y auto-gestionarse, la dependencia se mantiene alrededor de una economía criminal y, esto, en suma, condiciona y determina el comportamiento del colectivo (instru-mentalización). Esta puede ser una interpretación de cómo el crimen organizado urbano le disputa la legitimidad al Estado.
El entramado social del crimen, es decir, una forma de cohesión social adecuada en función de las actividades criminales, en este caso del narcotráfico, indican la intención de explorar un ca-mino distinto para acceder al poder local, no de manera vertical, sino horizontal. La dependencia económica (voluntaria o cons-treñida) de los ciudadanos en condición de periferia, garantiza la cohesión social de comunidades en estado de exclusión por parte de los narcotraficantes, lo cual se constituye en la base po-pular para elegir gobernantes, con el fin de mantener y proteger el mercado y maximizar las ganancias.
Es decir, la territorialización (Ramalho, S. 2006) de las ciudades sería el propósito de las organizaciones criminales, por ello se
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habla ya de un poder paralelo. Esto en atención a que organiza-ciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) tiene una estructura mafiosa con una considerable base social fundada en la comisión de múltiples formas de delito, y que, in-cluso, “El PCC introduce a sus miembros en concursos para car-gos públicos y quiere organizarse para los comicios electorales” (Manrique, L. 2006, p. 5). Por su parte, Dirk Kruijt (2008), en un análisis sobre actores armados y su incidencia sobre la violen-cia en América Latina, indica que en las favelas de Brasil existen organizaciones de la narcoeconomía, “que ejercen la función de seguridad y de justicia local como una autoridad paralela, que convive a la vez en simbiosis con la población común y está do-minando la sociedad local en los barrios populares” (pp. 64-65).
La capacidad de respuesta institucional: en crisis por el desconocimiento de la amenaza y la descoordinación
En Brasilia (Brasil) la Escuela Regional de la Comunidad de Inteligen-cia Antidrogas de las Américas (ERCAIAD) desarrolló el “Curso Inter-nacional de Inteligencia Estratégica y Prospectiva del Tráfico Ilícito de Drogas” en el que participaron expertos en la lucha contra el narco-tráfico adscritos a diez cuerpos de policía de Latinoamérica, ejercicio académico que arrojó las siguientes conclusiones:
a) Las políticas públicas y las estrategias no responden a las reali-dades territoriales (Morales, C. y Nougier, M. 2010), porque se des-conocen los elementos constitutivos del narcotráfico lo que redun-da en una inadecuada lectura de las variables, se desconocen las tendencias y por ello, no se logra anticipar hacia dónde mutará, se desplazará o perfeccionará el funcionamiento del fenómeno.
b) La coordinación interinstitucional se dificulta en los países fede-rados por lo complejo que resulta articular esfuerzos de orden mu-nicipal, estatal y federal. Por su parte, en los Estados con régimen centralista y unitario la afectación se identifica en que las estrate-gias son verticales, de aplicación indiscriminada y no responden a las realidades territoriales. En uno u otro modelo la debilidad radica en el bajo impacto de las estrategias en el territorio local.
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c) Los mayores esfuerzos de los cuerpos de policía se orientan a reducir la producción y distribución de sustancias estupefacientes que tienen como destino los mercados de Estados Unidos y Euro-pa, como una prioridad bajo la doctrina de la seguridad nacional, pero se desatiende la comercialización de estupefacientes dentro de cada uno de los Estados.
d) La capacitación y destinación de los recursos se orienta hacia los grupos especializados de los cuerpos de policía que actúan contra la producción y la distribución de sustancias estupefacientes, pero lastimosamente no ocurre lo mismo con los servicios de policía lo-cales, que deben proceder de manera rutinaria contra la comerciali-zación de estupefacientes, pese a que en este ámbito tiene la mayor incidencia en la inseguridad pública y la gobernabilidad local.
e) La investigación criminal se constituye en un factor de suprema relevancia, en el cual existen graves problemas, tales como:
• En la estructura de los órganos judiciales se han creado unida-des especializadas para investigar delitos relacionados con el narcotráfico, pero no se utilizan esas capacidades especializa-das en la judicialización de las organizaciones criminales dedi-cadas a la venta de estupefacientes en la calle, porque de forma equivocada, no se considera parte de ese sistema. Es decir, no se concibe que el narcotráfico funcione como un esquema de crimen-red que articula sistemáticamente lo trasnacional con lo local, en el que la delincuencia común ha sido subsumida y hace parte de la “empresa criminal”.
• Los investigadores judiciales priorizan los procesos contra los lí-deres de las organizaciones criminales y la incautación de gran-des cargamentos de sustancias estupefacientes, ante la presión por el logro de resultados operacionales. Por ello, la investiga-ción criminal contra los mercados internos no es una prioridad.
f) No se concibe el flujo de capitales en las diferentes etapas del narcotráfico sino que la atención se restringe a la dimensión de la-vado de activos. Aun así, no están establecidas las variables que permitan un conocimiento y seguimiento estratégico, sino que por ahora, se estudian y persiguen diferentes modus operandi de acuer-
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do a la tendencia y manifestación del delito. En este punto, es ne-cesario advertir el reto de los cuerpos de policía de Latinoamérica por especializar la comprensión de esta fase del narcotráfico para complementar la estructura lógica de análisis.
g) En varios Estados del hemisferio se puede identificar que la in-formación estratégica del narcotráfico es limitada y dispersa (su recolección, administración y gestión recae sobre diferentes insti-tuciones gubernamentales), lo que significa dificultades para com-prender la interdependencia de las propiedades del sistema. Ade-más, no hay una instancia que centralice y coordine la ejecución de la política pública ni haga seguimiento a la mutación del fenómeno.
h) El análisis del narcotráfico desde los cuerpos de policía se per-cibe fragmentado, su esfuerzo se focaliza en los subsistemas de producción, distribución y la dimensión del lavado de activos. Sin embargo, no se concibe la comercialización de estupefacientes ni el flujo de capitales como un objeto propio de su actividad, y por lo tanto, no se logran evidenciar las relaciones causales ni la interde-pendencia integral que tiene el sistema.
i) Los esfuerzos en relación con la demanda han priorizado la pre-vención del consumo de sustancias estupefacientes, dejando de lado las acciones relacionadas con la mitigación, superación y for-talecimiento de la capacidad de respuesta. Las instituciones del Estado fragmentan la realidad para operacionalizar las estrategias contra el narcotráfico, en otras palabras, descomponen la oferta de la demanda, que en la práctica tiene un impacto negativo.
j) En el hemisferio el fenómeno de venta de estupefacientes se conoce con distintos nombres, por ejemplo, Argentina y Uruguay (boca de expendio), Brasil (boca de fumo), Chile, Costa Rica y Re-pública Dominicana (microtráfico), México (narcomenudeo), Nica-ragua (expendio de droga), Panamá (venta callejera) y Perú (micro-comercialización).
El narcotráfico, un sistema: la evolución glocal
El narcotráfico es un sistema glocal que afecta la seguridad públi-ca y la estabilidad institucional desde diferentes perspectivas; esto
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permite aseverar que en Colombia la comercialización de estupefa-cientes estaría fijando tendencias de comportamiento hacia ámbi-tos afines con las siguientes proposiciones:
• Las organizaciones transnacionales, entre ellas las Bandas Cri-minales (BACRIM), pretenderán expandir y consolidar el mercado ilegal de sustancias estupefacientes dentro del territorio nacio-nal. Factores como la disminución del riesgo, la posibilidad de eludir procesos judiciales en Estados Unidos y la alta rentabili-dad del negocio, serían elementos que pueden potenciar esta orientación.
• En las zonas de frontera se empezaría a evidenciar la influencia de un crimen subregional y baja capacidad de coordinación en-tre las autoridades judiciales de los Estados para responder a este reto.
• El crimen organizado pretendería asentarse en las ciudades principales e intermedias para apropiarse del territorio con el propósito de favorecer y diversificar las actividades económicas criminales. No se pueden perder de vista situaciones complejas como las ocurridas en Río de Janeiro, donde existiría un interés por consolidar fuerzas con carácter revolucionario y de liberación (Morales, C. y Nougier, M. 2010), que se deben tener como refe-rencia de escenarios catastróficos.
• El mercado de productos sustitutos crecería porque existe el in-terés sistemático de los criminales por generar la dependencia en el consumo de sustancias que generan efectos similares a los estupefacientes.
Comprender la amenaza: el reto para guiar la actividad de policía con inteligencia
De esta manera, se da paso a la caracterización de la investigación que se desarrolló por parte de la DIPOL. Por lo tanto, se presentan a continuación los objetivos y los marcos: teórico, conceptual y me-todológico, que fueron empleados para la aproximación al conoci-miento del fenómeno en Pereira.
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El objetivo general de la investigación fue elaborar la ontología del subsistema de comercialización de estupefacientes en el sistema socioeconómico del narcotráfico mediante la implementación del Ciclo de Inteligencia Policial para ase sorar la planeación y presta-ción del servicio frente a la seguridad pública.
Para lograr tal propósito, fue necesario orientar los esfuerzos hacia los siguientes objetivos específicos, secuenciales y complementa-rios:
1. Identificar la estructura y funcionamiento del subsistema de co-mercialización de estupefacientes en el sistema del narcotráfico.
2. Explicar el proceso de entramado social para la institucionaliza-ción del narcomenudeo como actividad económica criminal.
3. Describir las manifestaciones asociadas al narcomenudeo que amenazan la seguridad pública.
4. Presentar una propuesta con enfoque prospectivo útil para ase-sorar la toma de decisiones en la planeación y prestación del servicio de policía.
En concordancia y en relación con la teoría fundamentada, se rea-lizaron las consultas teóricas afines con la realidad y que además ofrecieran los conceptos adecuados para enmarcarlos, interpretar-los y explicarlos con los datos fácticos hallados.
Un marco teórico concebido en el sistemismo para comprender la comercialización de estupefacientes
La complejidad para representar en abstracciones teóricas de la for-ma como el narcomenudeo afecta la seguridad pública demandó la cuidadosa selección de teorías que permitieron aproximarse a las dimensiones reales del fenómeno y a la forma como este se apropia del territorio. Para iniciar este estudio se abordó el fenómeno de narcomenudeo como la manifestación asociada a la comercializa-ción de estupefacientes percibida por los ciudadanos, con lo cual, se logró penetrar en los componentes estructurales del narcotráfico.
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En este sentido, se concibió una teoría central, que es sobre la que se rige la comprensión, y cuatro sustantivas o complementarias, que están en concordancia con la central y permiten profundizar en el conocimiento específico algunos aspectos de esta realidad. Como teoría central para el análisis se seleccionó la Teoría General de los Sistemas, para establecer cómo el narcomenudeo se relacio-na con el narcotráfico. Posteriormente se encuentra la necesidad de estudiar teorías relacionadas con el marketing, las representa-ciones sociales, la geografía humana (en especial las líneas de la territorialidad humana y la geografía crítica del capitalismo) y con el valor público.
En consecuencia, se hará una breve descripción de cada conteni-do teórico y una explicación del aporte que éstos le confieren a la comprensión del narcomenudeo para aproximarse así a la comer-cialización de estupefacientes y lograr visibilizar la afectación a la seguridad pública.
Teoría General de los Sistemas
Este planteamiento teórico se fundamenta en que los aconteci-mientos parecen envolver algo más que las decisiones y acciones individuales, y están determinados más bien por “sistemas” socio-culturales, trátese de prejuicios, ideologías, grupos de presión, ten-dencias sociales, el crecimiento y la decadencia de civilizaciones y quién sabe cuánto más (Bertalanffy, L. 1946). A través de esta teoría es posible conocer la metafísica de los fenómenos y ello tam-bién plantea la necesidad de apoyarse en la interdisciplinariedad para ese logro.
Aquí la metafísica es entendida no como lo que trasciende, sino como la ontología, la epistemología, la axiología y la teleología de los fenómenos. Es así como desde la identificación de los sistemas de variables mutuamente dependientes se pretende avanzar hacia la comprensión del fenómeno del narcomenudeo, el cual no puede estar aislado de un sistema o suprasistema y es a partir de una comprensión sistémica que se pretende realizar la aproximación de cómo afecta la seguridad ciudadana.
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Esta teoría clasifica los sistemas según la constitución y el nivel de intercambio con el medio, así:
a) Los sistemas según su constitución: pueden ser físicos (com-puestos por equipos, por maquinaria y por objetos y cosas rea-les), abstractos (compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas) o físico-abstractos (entendidos como la combinación de lo físico y lo abstracto).
b) Los sistemas según el nivel de intercambio con el medio: pueden ser cerrados (son herméticos a cualquier influencia ambiental) o abiertos (presentan relaciones de intercambio con el ambiente, a través de entradas y salidas).
La teoría general de los sistemas tiene entre sus objetivos producir teorías o elaborar abstracciones, crear condiciones de aplicación en la realidad empírica y elaborar formulaciones conceptuales. Así mismo, se distinguen algunas funciones y principios que rigen los sistemas tales como:
Funciones
• Adaptación: lleva a cabo los cambios para sobrevivir en un medio cambiante.
• Apoyo: provee desde el medio al sistema los elementos necesa-rios para su transformación.
• Dirección: coordina las actividades desde los subsistemas y toma decisiones en los momentos necesarios.
• Mantención: se encarga de lograr que las partes del sistema per-manezcan dentro del sistema.
• Producción: transforma las corrientes de entrada en flujos de sa-lida esperados.
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Principios
• Sistema: orden dinámico de partes y procesos en interacción mutua.
• Sinergia: es el principio básico de esta teoría y se refiere a que el todo no es igual a la suma de las partes, ni puede ser deducido a partir de algún elemento del sistema.
• Recursividad: alude a la relación suprasistema, sistema, subsiste-ma y postula que un objeto sinergético está compuesto de partes que son a su vez objetos sinergéticos.
• Organización: es un sistema socio técnico incluido en otro más amplio, que es la sociedad con la que interactúa influyéndose mutuamente. También puede ser definida como un sistema so-cial integrado por individuos y grupos de trabajo que responden a una determinada estructura y dentro de un contexto al que con-trola parcialmente, para desarrollar actividades aplicando recur-sos en procura de ciertos valores comunes.
Los subsistemas de la organización son: el subsistema psicosocial (compuesto por individuos y grupos en interacción), el subsistema técnico (técnicas usadas para la transformación de insumos en pro-ductos) y el subsistema administrativo (desarrolla planes de integra-ción, estrategia y operación).
• Entropía: es la tendencia de los sistemas al desgaste, a la desin-tegración, para el relajamiento de los estándares y para un au-mento de la aleatoriedad. En la medida que la entropía aumenta, los sistemas se descomponen en estados más simples.
• Homeostasis: es el equilibrio dinámico entre las partes del siste-ma. Los sistemas desarrollan una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios externos del medio ambiente.
• Isomorfismo: se refiere a la construcción de modelos de sistemas, sobre todo de carácter matemático, de tal forma que la represen-
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tación algebraica permita predecir el comportamiento del siste-ma. El resultado del modelo coincide con la realidad.
• Teleología: define que todos los subsistemas deben tener una relación interdependiente orientada al logro de los fines del sistema.
• Equifinalidad: es un principio de los sistemas abiertos que señala que existe más de un método para conseguir un objetivo. Este principio es muy importante en la aplicación de la práctica orga-nizacional, especialmente cuando se trata del logro de objetivos y el diseño de estructuras.
Es decir, los sistemas no son la suma de partes en un todo. Su esen-cia la constituye el poder identificar la estructura, es decir los tipos y números de conexiones de los componentes (subsistemas) (Engui-ta, M. 1998, p. 42), la interacción entre ellos (dinámica-funciona-miento) y la interconexión o interdependencia con otros sistemas en un gran suprasistema. Entonces, guiados por el criterio de algunos expertos consultados, se explora si la comercialización de estupe-facientes, como subsistema del narcotráfico, tiene un enfoque de mercado y para ello, se consulta la teoría del marketing.
Teoría del Marketing
El término marketing es un anglicismo cuya definición según Philip Kotler (considerado por algunos como el padre del marketing) es “el proceso social y administrativo por el cual los grupos e indivi-duos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios”. El marketing funciona como un subsistema de una empresa, sistema en el que también se conoce como comerciali-zación (Murgado, E. 2005).
Para su estudio, el marketing se considera como una disciplina que ha desarrollado distintas teorías que se agrupan en varias escue-las de pensamiento (Moliner, A. y Cervera, A. 2004), así: escuelas de marketing económicas y no interactivas; escuelas de marketing económicas e interactivas, escuelas de marketing no económicas y
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no interactivas, y las escuelas de marketing no económicas e inte-ractivas.
Analizadas las escuelas de marketing económicas e interactivas se seleccionan dos de las teorías allí propuestas, por considerarlas de interés en el propósito de aproximación a la comprensión de la comercialización de estupefacientes; en tal sentido, se realiza una síntesis del contenido de estas.
La escuela institucional: los mercados como base de aproximación institucional
Este pensamiento tiene afinidad con la escuela de pensamiento de la dinámica organizacional, por ser descendiente de la escue-la institucional. Entre sus aportes al marketing se destaca que prioriza el conocimiento en aquellas organizaciones encargadas de transportar o recibir los productos elaborados en los centros de producción, los procesos de transformación para llevarlo al consumidor final. En los canales de distribución estudia el rol del intermediario como componente del marketing moderno, anali-za los beneficios y riesgos potenciales de la integración vertical en el canal de distribución, introduce la influencia del entorno e identifica la importancia de los mercados como base de la apro-ximación institucional en los que se consideran aspectos como el poder, la cooperación y el conflicto.
La escuela del management o dirección: el marketing mix como integración de distintas funciones simultáneamente
Entre los aportes más relevantes de esta perspectiva de pensa-miento se identifica la introducción del concepto marketing mix, cuya filosofía se centra en la necesidad del marketing manager para sistematizar las tareas de marketing como una mezcla o integración de distintas funciones simultáneamente. En este planteamiento teórico se establecen algunas preocupaciones de enfoque sistémico entre los componentes del mix de mercado o estrategia de las 4P´s, por la necesaria interdependencia que debe darse entre el producto, el precio, la promoción y el punto de venta.
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Es así como esta escuela propone fijar la atención en el ciclo de vida de los productos, la relación de éstos y el coste con el diseño del sistema de cálculo del precio, la correspondencia que debe existir entre las formas de distribución y promoción del producto, así como la necesidad de promover la compra de productos a través de la relación que se debe establecer entre el comprador y los vendedores en el punto de venta. Es decir, las 4P´s se im-pactan y afectan o benefician mutuamente.
Luego de conocidos los enfoques de estas escuelas del marketing, es pertinente señalar la función, los propósitos, los elementos constitutivos y los enfoques de este subsistema en una empresa. En ese orden, la principal función del marketing es ejecutar todas las acciones necesarias para que se produzca la venta definida por la interdependencia que debe existir entre el producto, el pre-cio, la promoción y el punto de venta, lo que se entiende como marketing mix.
Algunos de los propósitos que cumple el marketing lo destacan como el subsistema encargado de contactar a los productores con los consumidores, investigar sus necesidades, diseñar los produc-tos que satisfagan las necesidades, hacerlos llegar a los consumi-dores y, por último, dar a conocer el producto y la empresa a esos consumidores seleccionados.
La estructura del marketing está integrada por dos componentes, a saber: el primero, conocido como sistema de análisis, marketing estratégico o mercadeo, y el segundo, sistema de acción, marketing operativo o mercadotecnia.
1. El mercadeo o marketing estratégico tiene entre sus responsabi-lidades la elección de los productos, los mercados o segmentos en los que la empresa detenta una ventaja competitiva y sobre una pre-visión de la demanda global. Para ello, realiza el análisis y diagnósti-co de la situación (relación con el mercado, el canal de distribución, la competencia, los clientes, el entorno y el ambiente interno o DOFA de la empresa), identifica los objetivos estratégicos (cualitativos y cuantitativos) y establece estrategias (de mercado, de producto, de segmentación y de posicionamiento).
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Es decir, aquí se decide cuál es el producto que logra satisfacer las necesidades del consumidor, y a su vez, se establecen los criterios para maximizar las ganancias, se dispone el precio de venta, se de-fine la estructura organizacional y la actuación de la empresa (canal de abastecimiento y distribución), y, por último, se establece la for-ma como se debe relacionar la fuerza de venta con el comprador.
2. La mercadotecnia o marketing operativo es el aspecto más visi-ble de la gestión de marketing y le corresponde ejecutar acciones en relación con el intercambio y la monetización de los productos, para ello, se debe lograr la armonía entre los componentes del mar-keting mix (producto, precio, promoción y punto de venta) de los cuales se realiza la descripción de la funcionalidad para la empresa:
• El producto: es el elemento clave de la oferta para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo o clientes. En esta catego-ría se manufacturan los productos según los criterios estableci-dos por la organización como bienes (duraderos, no duraderos, de consumo y de uso común), servicios y experiencias, conside-rando atributos tales como los niveles de satisfacción del consu-midor (beneficio básico, producto básico y producto esperado), la marca (verbal, icónica, cromática, psicológica) y la existencia del producto.
• El precio: se materializa el sistema de cálculo del precio teniendo en cuenta que el precio de venta no genere sensibilidad en el comprador. Para ello, se atienden variables como costos (opera-cionales y administrativos), objetivo de lucro, características del mercado (monopolio, oligopolio), competencia (poder de la esca-sez), cualidades y hábitos del consumidor.
• La promoción: es la forma como se da a conocer la organización, el producto y su precio, se ejecutan acciones de publicidad (co-municación externa), relaciones públicas (estructura organiza-cional, imagen y comunicación) y se elige la mejor forma de con-tactarse con el comprador.
• El punto de venta (mercado): es el momento de mayor importancia porque es cuando se visibiliza la organización, aquí se estable-ce el contacto entre la fuerza de venta y el comprador, se da el
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intercambio del producto por dinero (monetización) y el sistema genera intercambio de materias con el medio ambiente.
Entonces se puede apreciar la articulación e interacción entre el marketing estratégico (mercadeo) y el operativo de la empresa, por cuanto en el primer nivel se definen los criterios y en el segundo se ejecutan las acciones orientadas a satisfacer las necesidades del consumidor final y maximizar las ganancias.
Lo anterior se complementa con los enfoques del subsistema de mar-keting (Murgado, E. 2005), que en una empresa se pueden clasificar de la siguiente forma: orientación hacia el productor, orientación ha-cia la venta y orientación hacia el marketing.
Orientación hacia el productor
1. Óptica de la producción en masa: demanda muy superior a la oferta, la empresa se centra en conseguir la máxima producción al menor precio y el cliente en encontrar un producto que satisfa-ga su necesidad a un precio asequible.
2. Óptica del producto: las necesidades, desde un punto de vista cuantitativo, están satisfechas, la competencia empieza a tener importancia y la organización se centra en la calidad técnica del producto como garantía del éxito.
Orientación hacia la venta
La oferta puede atender plenamente la demanda global, siendo la competencia relativamente intensa. Las organizaciones tratan de estimular la venta de productos no considerados esenciales me-diante la búsqueda de los circuitos y puntos de venta más eficaces y, el desarrollo de una fuerza de venta emprendedora.
Orientación hacia el marketing
1. Óptica del consumidor: la organización debe determinar las nece-sidades de sus mercados-meta y diseñar una oferta que permita atenderlas de forma rentable.
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2. Óptica del consumidor y el entorno: considera al individuo como parte integrante de una sociedad, representa el interés de la co-lectividad.
Una vez conocido el rol del subsistema de comercialización en una empresa, se podría establecer que la venta, compra y consumo de los estupefacientes, es lo que se conoce como narcomenudeo. Así mismo, que el narcotráfico se puede considerar como una empresa criminal en la que el narcomenudeo sería sólo la parte visible del marketing o la comercialización de sustancias estupefacientes.
Teoría de las representaciones sociales
Es una formulación teórica estructurada sobre la construcción de conocimiento a manera de hecho social para hacer inteligible la realidad que integra un grupo (en lo físico y lo social) en la relación de intercambios. Tiene una tradición de proposiciones organizadas y presentadas de forma nomotética para explicar las regularidades que pueden ser observadas de manera recurrente dentro de deter-minados colectivos, que guardan identidades o factores comunes que les son propios.
Hacia 1961 Serge Moscovici publica su tesis doctoral “La psycha-nalyse, son imàge et son public” en la cual se plantean los funda-mentos estructurales de esta teoría. El trabajo central de la obra estaba referido a entender la naturaleza del pensamiento social. Es aquí donde introduce el concepto de representaciones sociales, entendidas como una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunica-ción entre los individuos. Sandra Araya Umaña (2002), indica que:
Moscovici estudió cómo las personas construyen y son construidas por la realidad social y a partir de sus elaboraciones propuso una teoría cuyo objeto de estudio es el conocimiento del sentido común enfocado desde una doble vía: desde su producción en el plano social e intelec-tual y como forma de construcción social de la realidad (Banchs, M. 1988) (p. 13).
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En otras palabras se plantea todo un cuerpo conceptual en el que las representaciones sociales son ideas o nociones generadas y ad-quiridas de forma histórica, cubriendo el carácter pre-establecido y estático que tenían en la visión clásica. Las representaciones, que en el inicio definió Émile Durkheim (1994) como colectivas, pasan a ser sociales; donde lo que cuenta son las interacciones, los pro-cesos de intercambio a partir de los cuales se elaboran dichas re-presentaciones confiriéndoles su carácter social haciendo posible nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos del mundo, así como la historia individual y grupal. Contextualmente es importante porque generan una visión e interpretación colectiva donde surge la apropiación de las realidades.
… En el sentido clásico, las representaciones colectivas son un meca-nismo explicativo, y se refieren a una clase general de ideas o creencias (ciencia, mito, religión, etc.), para nosotros son fenómenos que nece-sitan ser descritos y explicados. Fenómenos específicos que se rela-cionan con una manera particular de entender y comunicar -manera que crea la realidad y el sentido común-. Es para enfatizar esta distin-ción que utilizo el término “social” en vez de “colectivo”… (Moscovici, 1984, citado por Perera, M., 1999, p. 5).
Un elemento de interés para la comprensión del fenómeno narco-menudeo es la visión que tienen los ciudadanos a partir de la com-prensión que internalizan de la realidad social en la que desarrollan su existencia, más aun cuando forzosamente están incorporados a uno o varios colectivos de interacción donde directa o indirectamen-te reciben efectos de esta problemática. Peter L. Berger y Thomas Luckmann (1999), consideran que la construcción social de la rea-lidad está signada por una apropiación del entorno fenomenológico en el cual proponen que los procesos subjetivos vivenciados en su devenir cotidiano, son realidades objetivas. Aunque parezcan situa-ciones inconscientes, las personas se apropian y hacen suyo el vi-vir habitual en forma de realidad ordenada, es decir, los individuos perciben la realidad como independiente de su propia aprehensión, apareciendo ante ellos objetivada, ontológicamente encuadrada y como algo que se les impone. Valga decir que la conciencia colecti-va trasciende a los individuos como una fuerza coactiva que direc-ciona y se muestra convergente.
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Moscovici identificaba a las representaciones sociales como un sis-tema cognitivo con lógica y lenguaje propio, incluso discurso propio. Por lo tanto, hay un conocimiento construido de forma colectiva don-de la comunicación (transferencia e intercambio de información y saberes entre pares sociales) establece valores, ideas y prácticas, que como activo social, es extraído de las explicaciones del mismo pensamiento social a los fenómenos que se presentan en el entor-no, lo que termina por orientar la forma de percibir, razonar y actuar a manera de conocimiento común. Esto obliga a que las personas piensen y se organicen de forma más o menos homogénea en su vida cotidiana.
Bajo esta perspectiva, la vida social se organiza a partir de elemen-tos cognitivos, afectivos y simbólicos que son representativos, gene-ran identidad y son colectivamente aceptados, tolerados e incluso, defendidos. De esta manera se estructuran plataformas de organi-zación tanto en las relaciones interpersonales como entre los gru-pos sociales en que se desarrollan. De ahí que existan opiniones, creencias y normas que independientemente del contenido positivo o negativo a la luz de la estatalidad o la legalidad, tienen una orien-tación de aplicación generalizada. Así cobran vigencia y aplicabili-dad material formas de comunicación (códigos, símbolos), lógicas de actuación, límites y diversidad de prácticas que en suma, cons-truyen la conciencia colectiva, que se rige por una fuerza normativa de aplicación inapelable en determinados contextos y espacios.
Las representaciones sociales además, se pueden catalogar como conjunto dinámico de imágenes o formas cognitivas que reprodu-cen comportamientos colectivos y relaciones con el medio donde se presentan. No debe confundirse con opiniones ni imágenes sobre determinado aspecto de la vida social, sino proposiciones colectivas destinadas a interpretar y construir lo real, donde la acción cons-truye comportamiento e interacción. Tienen por tanto, una figura y un significado que las revisten de unas propiedades específicas en las que combina objeto con sujeto, para llegar al resultado de una construcción lógica de las conductas y de orientación de las comunidades sociales (Moscovici, S., 2002). Es un intercambio en-tre percepción y concepto a través de la imagen en cuanto que las
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ideas abstractas se convierten en formas icónicas y este proceso se materializa en formas concretas.
La teoría plantea que a partir del análisis de cuatro elementos cons-titutivos de las representaciones sociales se puede realizar un acer-camiento a la realidad social de un colectivo: la información, que se relaciona con lo que “yo sé”, con lo que se entiende como típico, general y cotidiano; la imagen que aglutina lo que “veo”, no como meras percepciones sino cosas concretas y objetivadas que tienen denominación y son comprensivas con patrones de conocimiento colectivo; las opiniones, relativo a lo que “creo”, a manera de inter-nalización y elemento común para las formas de interacción comu-nicativa; y, las actitudes, fundadas en lo que “siento” y cuál debe ser el comportamiento dentro de marcos generales de cumplimiento. La representación es una acción psicológica que posee una función simbólica, ya que implícitamente contiene un significado y éste tie-ne que ver directamente con la situación del sujeto frente al mundo en que vive y con el que se relaciona.
Formación de una representación social
De acuerdo con Denise Jodelet (1985), Serge Moscovici analizó los procesos principales que explican el doble camino que transforma un conocimiento en representación y a la vez parten de esta para transformar lo social. Esos procesos fueron denominados objetiva-ción y anclaje que poseen un considerable grado de interdependen-cia para materializarse.
Tanto objetivación como anclaje son mecanismos que provienen de la propia dinámica de las representaciones. El primero es un proce-so por medio del cual se transforman conceptos abstractos extraños en experiencias o materializaciones concretas para llegar a formar una imagen estructurada. En él los saberes y las ideas acerca de determinados objetos sufren una serie de transformaciones espe-cíficas para formar luego parte de las representaciones sociales de dichos objetos. Aquí es donde lo invisible se convierte en percepti-ble. Moscovici lo resume afirmando que “objetivar es reabsorber un exceso de significados materializándolos” (Lacolla, L. 2005).
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En la misma producción Jodelet indica que para la objetivación se requieren tres fases: la construcción selectiva (selección y descon-textualización), la esquematización estructurante (formación de un núcleo figurativo) y la naturalización (el concepto se convierte en realidad con existencia autónoma).
Mientras tanto, el anclaje como segundo mecanismo, permite in-tegrar información sobre la forma en que los saberes y las ideas acerca de determinados objetos entran a formar parte de un pen-samiento e imagen con carácter colectivo. Esto se logra por medio de transformaciones específicas para incorporar asuntos puntuales que modifican los esquemas de identidad. Un elemento clave de este proceso es la pertenencia del sujeto a un determinado grupo social, porque los efectos del enraizamiento dan soporte y objeto a la representación. Según Pereira de Sá (1993) para Moscovici, el principal fundamento que sigue una representación social es “la transformación de lo no familiar en familiar”.
Una vez realizado este recorrido por la teoría de las representacio-nes sociales, es claro que las interacciones interindividuales propias de entornos donde se forman asentamientos de colectivos huma-nos, implican compartir realidades sociales y marcos de referencia-ción común con significado propio, donde son imperativos procesos básicos como las conversaciones cotidianas. Son en esencia una objetivación común anclada en la vida cotidiana que determina y condiciona las actuaciones tanto individuales como colectivas.
Es este trasfondo, que representa el núcleo de la vida social y bajo la guía de esta propuesta teórica se recuperó esa parte de la reali-dad en la que se desarrolla el narcomenudeo no solamente como medio sino como fin de actores criminales, en atención a que impac-ta de forma directa o indirecta colectivos humanos y construye rela-ciones sociales alrededor de las interacciones cotidianas. Además porque tiene amplias implicaciones por los procesos de formación e identidad que este fenómeno ha tenido durante largos años dentro conjuntos más o menos amplios de personas que comparten simila-res realidades. Y fueron las personas, asociadas de forma impuesta a los colectivos sociales quienes exteriorizaron en los instrumentos de recolección de información las manifestaciones, idealizaciones,
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emociones, reglas, símbolos y códigos que son propios del submun-do que la comercialización de estupefacientes ha establecido en los entornos inmediatos y próximos a los puntos de venta donde la naturaleza de la relación como objeto, es definitoria de lo social.
Hecha esta inferencia como resultado de la comprensión teórica, es oportuno conocer bajo el enfoque sistémico de la teoría de la geografía humana cómo el narcomenudeo se podría constituir en un fenómeno que se territorializa para establecer un nuevo orden social que favorezca la acumulación de capital.
Teoría de la geografía humana
Esta es interdisciplinar de la geografía, también conocida como la antropo-geografía que tiene por objeto el estudio de los fenómenos ocurridos en la población, la economía, el urbanismo y la política (Jiménez, P. 2009, p. 31). Walter Alva (2005) advierte que es nece-sario tener un contexto espacial a partir de principios geográficos tales como la actividad, la causalidad, la comparación o analogía, la descripción, la distribución, la evolución, la localización y la relación, de los cuales se elabora una breve descripción:
Actividad: propuesto por Jean Brunhes, señala que todo se encuen-tra en constante transformación, teniendo como agentes transfor-madores al hombre o a la naturaleza.
Causalidad: formulado por Alexander von Humboldt, se orienta a identificar el porqué de la ocurrencia de un hecho o fenómeno geo-gráfico. Permite encontrar los factores que actúan sobre los elemen-tos y sus características, así como modificarlos, lo que genera unos resultados, unos efectos y unas consecuencias concretas.
Comparación o analogía: desarrollado por Karl von Ritter y Vidal de la Blache, consiste en establecer semejanzas y diferencias entre el hecho o fenómeno geográfico que se estudia con otro que se ubica en otras latitudes del globo.
Descripción: consiste en dar a conocer las características de un he-cho o fenómeno geográfico que se quiere estudiar.
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Distribución: permite analizar el alcance del elemento y sus caracte-rísticas, la extensión afectada, el espacio dependiente e influencia-do, la posible magnitud y las repercusiones o efectos en el sistema, tanto en su estructura como en su funcionalidad.
Evolución: para dar una explicación completa debe considerarse la evolución, la historia, tanto en el caso de fenómenos físicos como humanos. Todo está sometido a cambios y transformaciones. La geografía estudia, por tanto, los cambios o transformaciones que sufre un hecho o fenómeno durante su desarrollo.
Localización: elaborado por Federico Ratzel, se refiere a ubicar el lugar exacto de un hecho o fenómeno geográfico considerando al-gunos aspectos espaciales como latitud, longitud, altitud, límites y superficie. Debe entenderse además en sentido relativo, es decir, la posición que ocupa en el sistema con relación a los otros elementos constitutivos de éste, e incluso con relación al entorno del sistema.
Relación o conexión: también formulado por Jean Brunhes, establece que todo hecho o fenómeno geográfico debe ser estudiado en su conjunto y no de forma aislada. Los fenómenos generan relaciones e influencias de temporalidad entre ellos, y la geografía permite in-dicar el espacio en donde se desarrollan y comprender las interde-pendencias dadas en su estructura y funcionalidad en los distintos niveles de jerarquización (pp. 11-13).
Los temas por los que se interesa la geografía humana son aquellos relativos a la producción social del espacio y las configuraciones territoriales, las cuales están plagadas de conflictos, y precisamen-te su planteamiento teórico se sustenta en que no existe un orden espacial que no sea fruto del conflicto o dinamizado por este (Peña L, 2008). Entonces el argumento teórico se orientará en conocer los conflictos que los fenómenos generan en el territorio, para este caso, el narcomenudeo.
Según el profesor Luis Berneth Peña (2008) “los conflictos territoria-les están presentes en muchas dinámicas sociales porque la estruc-turación del espacio es un proceso atravesado por las relaciones de poder y, por consiguiente, nunca acabado” (p. 91). Esto significa que el núcleo de la comprensión de los conflictos territoriales debe hacerse buscando los elementos que componen la territorialidad
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humana. También es importante destacar que la geografía humana considera el espacio como un geosistema que tiene al hombre como un integrante, y de este enfoque se derivan las corrientes filosóficas que se encargan de analizar diferentes dominios de la misma, así:
• La corriente determinista: es el continente donde se llevan a cabo las relaciones sociedad-naturaleza.
• La corriente historicista: es el medio natural donde el hombre, de acuerdo con sus capacidades, desarrolla una serie de acciones y relaciones.
• La corriente crítica: es el resultado de las relaciones sociales y económicas en múltiples combinaciones entre sujetos, prácticas y lugares.
Conforme a las propuestas filosóficas, se hará un esfuerzo por com-prender el conflicto territorial que genera el narcomenudeo, recu-rriendo a la combinación de dos perspectivas de análisis como son la territorialidad humana y la geografía crítica del capitalismo. Esta última corresponde a la corriente historicista de las relaciones socie-dad-espacio; para ello se recurre a su descripción, entendidas como teorías auxiliares de la geografía humana.
La territorialidad humana
Esta teoría plantea que la territorialidad humana es una caracte-rística especial de los seres humanos (Soja, E. 1971), un rasgo fundamentalmente cultural de las sociedades humanas, son las construcciones sociales que no han tenido siempre la disposición y características actuales, un componente necesario de toda rela-ción de poder, un atributo de la producción del contexto espacial a través del cual se experimenta el mundo legal y simbólico, y es una conducta humana que intenta influir, afectar o controlar acciones a través del establecimiento de un control sobre un área geográfica específica: el territorio (Sack, R. 1986).
La territorialidad humana como conducta animal tiene entre sus propósitos: primero, excluir o admitir en los territorios así fijados a quien ellos quieran, segundo, establecer límites, tercero, mantener
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espacios individuales, y cuarto, mantener territorios fijos. Desde la perspectiva de instinto, la territorialidad humana se requiere para organizar, poseer y dominar políticamen-te un área geográfica delimitada. También se concibe como una forma de organización espacial para controlar y dirigir los procesos claves de política, cooperación, competencia y conflicto. Así mismo, se entiende como un prerrequisito para satisfacer necesidades básicas tales como la seguridad y la identidad.
Conceptos más modernos señalan que la territorialidad hu-mana sirve para organizar el comportamiento, de manera que reduce la necesidad de la violencia, la agresión y la do-minación abierta. Por lo tanto, la territorialidad hacia un es-pacio físico se asocia con el funcionamiento social y comuni-tario, así como con el comportamiento individual (Brown, G., Lawrence, B. y Robinson, L. 2005).
En la noción de Estado-nación, la territorialidad humana se refiere a la percepción de un territorio que es considerado por un grupo de personas como el marco normal y exclusi-vo de sus actividades, así mismo, se entiende como una realidad de derecho, que se refiere a la vinculación jurídica entre determinado territorio y las personas que se encuen-tran en él, razón por la cual se definen tres usos (Cairo, H. 2001):
1. Creación de un concepto de “espacio vaciable”, es decir, un espacio físico separado conceptualmente de los cons-tructos sociales o económicos o de las cosas.
2. Creación de las burocracias modernas, cuyas actividades tienen límites explícitamente territoriales.
3. El oscurecimiento de las fuentes del poder social.
Por otra parte, Soja y Sack se diferencian en el enfoque de la funcionalidad básica de la territorialidad humana, por esta razón se considera necesario plantear ambos postulados:
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3. Desplazar la atención de la relaciónsocial de dominación.
4. Actuar como contenedor espacial dehechos y actitudes.
3. Compartimentación de la interacciónhumana en el espacio.
SOJA SACK
1. Fortalecer el control sobre el accesoal territorio.
2. Ratificar el poder a través de suvinculación directa al territorio.
1. El sentido de la identidad espacial.
2. El sentido de la exclusividad.
Uno de los rasgos más importantes de la territorialidad humana es el concepto de hegemonía, el cual ni es estable ni es total y tiene por objeto lograr la efectividad de un resultado objetivo en el plano social, y presupone la construcción de un universo intersubjetivo de creencias y valores. En ese sentido, se da una combinación en la aplicación de estrategias para lograr la aceptación de la hegemonía ya sea por consentimiento o coacción. Para lograr la construcción de la hegemonía se distinguen tres procesos o lógicas que intervie-nen (Balsa, J. 2006):
1. Alianza de clases, como un acuerdo político entre sujetos socia-les in-modificados por dicha alianza. Esta no se considera por al-gunos autores como del tipo hegemónico, pues no hay operación ideológica ni transformación de los sujetos sociales que son las operaciones claves de una hegemonía plena.
2. Difusión de un “modo de vida” que favorecería la aceptación de la situación de dominación.
3. Reconocimiento de la “dirección intelectual y moral” de una cla-se o sector social dominante.
Esta última es la propia hegemonía, para que esta exista requiere un componente ideológico del tipo dominación y se da en dos nive-les: “En primer lugar, una acepción más estrecha, la intelectual; es decir la ideología como complejo de ideas, como doctrina. Y, en se-gundo lugar, una acepción más amplia, la ideología como moral, en tanto conjunto más amplio de valores, prácticas y representaciones sociales ampliamente compartidas dentro de una cultura” (p.18).
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Sin embargo, la hegemonía está condicionada por otro criterio fun-damental como es la legitimidad, que en últimas es el que permi-te discriminar el sentido ideológico. “Pues, como sintetiza Zizek (2003: 15), la ideología siempre es funcional respecto de alguna relación de dominación social de un modo no transparente: la lógi-ca misma de legitimar la relación de dominación debe permanecer oculta para ser efectiva” (p. 17). Una vez construida la hegemonía, se requiere preservar en la práctica, y para ello, se orientan las ac-ciones hacia el reconocimiento de aquella. Para este propósito, se contemplan la aceptación general de la clasificación del espacio, la creación de un sentido de apropiación subjetiva del espacio (attach-ment) y el control de este espacio, con la ayuda de la vigilancia y el mantenimiento del orden.
Como se puede apreciar, este es un concepto amplio, pero de inte-rés para reconocer sus manifestaciones en los comportamientos territoriales y a partir de ellos, comprender si hay algún interés por instalar en el territorio (dimensiones físicas y de representaciones sociales) una hegemonía a través del narcomenudeo. No obstan-te, para complementar lo expuesto hasta aquí, se cree necesario combinar la teoría de la territorialidad humana con la teoría de la geografía crítica del capitalismo, la cual se analizará con el fin de extraer los elementos más relevantes para la comprensión del nar-comenudeo con un enfoque de acumulación de capital.
“La lucha por la hegemonía implica una acción que, de-rivada para la efectivización de un resultado objetivo en el plano social, presupone la construcción de un universo intersubjetivo de creencias y valores”. Cada orden social tendría su “eticidad” (Coutinho, C. 1999, pp. 115-116).
Es decir, se materializa la hegemonía, porque se pasa de la ideo-logía como “un sistema de ideas a una práctica social auténtica y habitual que debe abarcar supuestamente las dimensiones incons-cientes y no articuladas de la experiencia social además del funcio-namiento de las instituciones formales” (Eagleton, T. 1997, p. 153).
Ratifica entonces Balsa en su texto:
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La teoría de la acumulación: “Geografía Crítica del Capitalismo”
Es una teoría relacionada con la corriente historicista de la geo-grafía humana que se encarga del análisis de las relaciones socie-dad-espacio, uno de cuyos exponentes es David Harvey (2001). La geografía crítica, principalmente de carácter marxista y estructu-ralista-marxista, se apartó de la idea de los conflictos como falta de orden y empleó las nociones de contradicciones en la lógica de acumulación capitalista, así como la noción de conflictos de clase (Peña, L. 2008, p. 102).
En esta teoría el espacio ya no era considerado plano y abstracto, sino que se califica como un producto social y, por lo tanto, puede adquirir numerosas formas en función del comportamiento y de las actividades humanas (Constenla, X. 2003, p. 135); así mismo, David Harvey reivindica con fuerza la construcción de una geogra-fía histórico-materialista como una herramienta fundamental para comprender las dinámicas sociales de explotación y dominación (p. 137); estos planteamientos se orientan a identificar la forma como distintas organizaciones aprecian ventajas estratégicas en ciertas desigualdades sociales y contribuyen a reproducirlas o, in-cluso, a reforzarlas y a profundizarlas.
El aspecto de mayor énfasis en esta teoría es la importancia de los procesos de producción social del espacio en las sociedades capitalistas avanzadas, además, comprende los conflictos que se producen y reproducen en el territorio, a partir del modelo teórico del ciclo sistémico capitalista.
El propósito de las organizaciones regidas por el capitalismo es “acumular por acumular” y para ello el modelo teórico del ciclo sistémico capitalista se descompone en la notación Dinero-Mer-cancía-Ganancia: D-M-D'. Este ciclo sistémico capitalista implica la implementación de estrategias por parte de una institución u orga-nización para mantener las ganancias; así como, para superar las crisis y conflictos que pudieran surgir.
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Al respecto, Luis Berneth Peña Reyes (2008, pp. 104-108), propone que los principios de las estrategias espaciales desarrolladas en el capitalismo para salir de las crisis y/o para hacer posible la repro-ducción ampliada, sean:
Reducción de costos de producción
Recurre a la desregulación (eliminación de restricciones) en aque-llos ámbitos que le permitan al capital ganar independencia de la localidad donde produce. Las desregulaciones que promueven es-tas instituciones permiten que la empresa les pertenezca a los in-versores, no a los empleados ni a los proveedores, ni siquiera a la localidad en la cual está situada.
Innovación tecnológica y organizacional
Produce cambios en las maneras de organización del trabajo, en el manejo del tiempo y del espacio de la empresa, así mismo, hace inversiones en el uso de nuevas tecnologías que contribuyan a au-mentar la eficiencia. El esquema está caracterizado por mercados y procesos de trabajo más flexibles, una alta movilidad geográfica y rápidos desplazamientos en las prácticas de consumo. Estos nue-vos espacios comerciales están constituidos sobre la base de la es-pecialización flexible y la descentralización de la coordinación y la gestión de la firma.
Disminución de la fricción espacial
Todas las estrategias de la acumulación capitalista están ligadas a este principio, con el cual se busca suavizar o limar las rugosidades espaciales (de carácter físico, social, cultural e institucional), ace-lerar los procesos económicos, disminuir las distancias y producir una compresión espacio-temporal del mundo de la producción y del consumo.
La convergencia de los sistemas de objetos y de acciones hegemóni-cas hace que la constitución física y política de los lugares correspon-da a una lógica cada vez más extralocal. La glocalización es produci-da por ideas, políticas e instituciones. Estas instituciones (legales e
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ilegales) controlan las economías y los destinos de personas a través de dispositivos tales como los ajustes estructurales (control territorial, orden social), acompañadas de la concentración de poder.
Los efectos espaciales del funcionamiento de esas instituciones se relacionan con la disminución de las fricciones espaciales, estas han podido crear un espacio institucional que les da la libertad a las corporaciones de moverse libremente. Si una empresa se traslada, solo los inversores pueden seguir ligados a ella, porque no están su-jetos al espacio y son los únicos que tienen la capacidad de decidir si quieren trasladar la empresa ante la posibilidad de mejorar los dividendos en otra localidad. Con esta libertad que tiene la empresa para trasladarse, viene implícita la posibilidad de liberarse o huir de las consecuencias.
Ajuste espacio-temporal o la solución infraestructural
Estas son las estrategias destinadas a dar “solución” a la crisis de sobreacumulación en el capitalismo. Las opciones que el capital tie-ne para contener o manejar dicha crisis son: a) la devaluación de las mercancías, de la capacidad productiva y del dinero; b) el control macroeconómico, y c) la absorción de la hiper-acumulación a través del desplazamiento temporal y espacial (Constenla, X. 2003, p. 141 y Harvey, D. 1989).
Acumulación por desposesión
Este es un tipo de estrategia de expansión de las fuentes de acu-mulación de capital, de desplazamiento espacial, pero que sirve especialmente para explicar las expresiones más violentas de di-cha expansión. La extensión de las relaciones sociales capitalistas originalmente estuvo basada en: a) la violencia, b) el fraude, c) la depredación, y d) la implementación de procesos orientados a la mercantilización y la privatización de la tierra, la expulsión forzosa de las poblaciones, recaudación de impuestos, la usura y la supre-sión del derecho a los bienes comunes. El Estado, con su monopolio de la violencia y sus definiciones de legalidad, desempeña un papel crucial al respaldar y promover, o no, estos procesos.
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Un nuevo orden social para la acumulación de capital
A pesar de que este aspecto no es citado por Luis Berneth Peña Reyes, se incluye por la relevancia que tiene para la reconstrucción teórica de la comercialización de sustancias estupefacientes desa-rrollada por una organización narcotraficante especializada en este subsistema del narcotráfico.
“... la acumulación por la acumulación supone, inevitablemente, la «tendencia a producir sin tener en cuenta los límites del mercado»”. (Harvey, D. 2001, p. 257).
En consecuencia, surge el interrogante sobre cómo construir un plano de demanda efectiva que puede aumentar la capacidad de absorber los productos manufacturados por una organización. Es decir, para crear un nuevo espacio social dirigido a la acumulación de capital se requiere uno de los siguientes aspectos o la combina-ción de ellos: (p. 259).
1) Organizar la actividad preexistente con enfoque capitalista.
2) Crear nuevos deseos y necesidades sociales, desarrollando líneas de producción completamente nuevas.
3) Facilitar y fomentar la expansión de la población.
4) Expandirse geográficamente hacia nuevas regiones.
Estas estrategias se pueden entender en esta investigación como mecanismos de acumulación de capital, que en suma brindan ven-tajas a las instituciones u organizaciones, las cuales orientan sus esfuerzos hacia:
a. Hacer más provechoso y rápido el tránsito entre D y D’ (dinero y ganancia), siendo su motivación fundamental la obtención de un volumen creciente de ganancias en el tiempo más corto.
b. Producir y reproducir el espacio dentro de un contexto condicio-nado por la aceleración en la obtención de la ganancia.
c. Controlar y producir un “espacio fértil” para la reproducción am-pliada de capital.
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d. Poner fin a los esquemas territoriales que impiden la reducción del tiempo de rotación de las mercancías y la solución de las crisis.
Este análisis teórico insinúa la necesidad de establecer si el narco-menudeo es un problema público y sistémico, así como determinar si genera conflicto territorial como un proceso de producción social del espacio para implementar la territorialización (hegemonía) ne-cesaria en el interés de una organización criminal por acumular ca-pital. Es decir, esa territorialización implica aquí la instalación de un fenómeno que puede ser de economía criminal, la reconfiguración social inédita del territorio, la implementación de un nuevo orden social aceptado (por consentimiento o coacción) por los ciudada-nos que, en suma, modifican el orden jurídico-político del Estado, como síntoma de crisis del modelo político-administrativo local (Boussaguet, L., Jacquot, S. y Ravinet, P. 2006). En razón a ello, se propone una revisión teórica para conocer la dimensiones del valor público que pudiera generar la Policía Nacional durante la presta-ción del servicio.
Teoría del valor público
El valor público se refiere al valor creado por el Estado a través de ser-vicios, Leyes, regulaciones y otras acciones, que se corresponden con las necesidades y expectativas de una colectividad. En una democracia este valor es definido en última instancia por el público mismo. (Kelly, G., Muers, S. y Mulgan, G. 2002, p. 4).
Desiderio López Niño (2002) da un enfoque diferencial del valor pú-blico que genera el sector privado y aquellos bienes y servicios que el Gobierno provee de forma colectica para satisfacer a los ciudada-nos. Al respecto describe el valor público como:
… un indicador de la eficiencia operacional de las instituciones públicas y privadas que se refleja en el bienestar de la comunidad [es una amal-gama de muchos factores más allá de la riqueza material simple] según sea el nivel de satisfacción de sus deseos. Existen diferentes tipos de deseos a satisfacer. Unos se refieren a los bienes o servicios que puede producir y distribuir el mercado. De estos se ocupa la gestión privada y no requieren nuestra atención (Esta investigación no profundizó sobre este enfoque). Otros se refieren a lo que producen las organizaciones públicas y que constituyen, de manera más o menos imperfecta, el re-
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flejo de los deseos que los ciudadanos expresan a través de las institu-ciones del Gobierno representativo.
Los deseos que satisface el Gobierno son de dos tipos, el primero (de interés para esta investigación) se refiere a los bienes colectivos que los ciudadanos desean, porque el bien es indivisible y no se puede ven-der al consumidor individual, como la seguridad pública; y el segundo consiste en las aspiraciones políticas que reúnen condiciones sociales adicionales, como por ejemplo la voluntad de economizar en el gasto de los recursos que hacen las organizaciones públicas. Este concepto hace referencia a aspectos importantes tales como el orden social y en él se refiere a la legitimidad del Estado y la eficacia de los mecanismos para mantener el control social.
Es decir, la idea de “valor” alude a la calidad de la percepción co-lectiva frente a lo que es considerado valioso y prioritario; por tanto, requiere necesariamente ser disfrutado y/o consumido de manera colectiva. En el sector público el valor tiene que ver con la satisfac-ción, el bienestar y el deleite producido en los ciudadanos. El en-foque de valor público prioriza entonces la calidad de la respuesta a los ciudadanos buscando mantener la confianza y la legitimidad a través de la entrega apropiada de bienes, productos o servicios, pues las preferencias públicas constituyen un elemento esencial en la definición del valor público. De esta forma, la legitimidad del Es-tado en su conjunto generalmente depende de cuánto valor genere (Kelly, G., Muers, S. y Mulgan, G. 2002).
El valor público concibe tres elementos básicos que configuran la definición descriptiva de Estado, a saber: el primer elemento es el componente humano, que se denomina nación, y está compuesto por aquellas personas que comparten algunas características en común, una historia, un conjunto de tradiciones y comportamientos colectivos, la lengua, la religión, entre otros. Un segundo elemento es el territorio, que cumple tres funciones específicas: ser objeto, sujeto y límite de la estructura de poder. El tercer elemento se refie-re a la estructura de poder legítimamente constituida y reconocida por todos los habitantes del territorio y conserva para sí el uso legí-timo de la violencia.
El Estado también ha sido definido por otros autores como un con-glomerado social, político y jurídicamente constituido, asentado so-bre un territorio, sometido a una autoridad que se ejerce a través de
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unos órganos y cuya soberanía es reconocida por todos los habitan-tes del territorio, en el que ejerce su autoridad.
Siguiendo entonces los planteamientos antes expuestos, resulta pertinente reafirmar que el Estado existe de cara a los ciudadanos, y que estos como sujetos de derechos y deberes, tienen una relación de reciprocidad con él. En este sentido, es válido preguntarse para qué existe el Estado. Para esta pregunta pueden existir múltiples respuestas, entre las que se destacan: primero, el Estado existe para proteger a los ciudadanos y garantizarles sus derechos; segun-do, el Estado existe para garantizar que se cumplan una serie de reglas y Leyes que permitan generar estabilidad no sólo en relación con la convivencia de los habitantes en el territorio, sino en el ámbi-to de las relaciones comerciales. Tercero, el Estado existe para ga-rantizar unos mínimos a los ciudadanos, puesto que las relaciones del mercado no son perfectas y los Estados, indistintamente del ré-gimen que tengan, deben encargarse de que existan unos mínimos de equidad, igualdad y sostenibilidad para todos los ciudadanos. No obstante las razones antes expuestas y todas aquellas que no se enumeraron, podría decirse que la razón fundamental por la que existe el Estado y que engloba todas las anteriores es que existe para resolver problemas públicos y para garantizar la convivencia.
Ahora bien, los problemas públicos son todas aquellas situaciones que afectan a determinados sectores o grupos sociales de forma ne-gativa y ponen en muchas ocasiones en tela de juicio las garantías que tienen los individuos como miembros de un Estado o limitando sus derechos; por ello los afectados consideran que se requiere la intervención de las autoridades públicas.
José Mejía Lira (2003, p. 25) y Willam N. Dunn (1994, pp. 140-141), estructuran una serie de características que tienen los problemas públicos para empezar a comprenderlos desde el punto de vista conceptual. 1. Son interdependientes, por lo tanto, hacen parte de sistemas abiertos y complejos, ni sus causas, ni sus manifestacio-nes fácticas, como tampoco sus soluciones son independientes. Se refiere entonces, a que se relacionan entre ellos, por lo tanto, no se pueden estudiar o tratar de manera absolutamente separada por parte de las autoridades. 2. Son subjetivos, es decir que se desarro-llan en entornos humanos y tienen que ver de forma directa o indi-recta con la cotidianidad de las personas, toda vez que dependen de la forma como los ciudadanos se aproximan a ellos y los intere-
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ses que median en la apropiación individual y colectiva. 3. Tienen artificialidad, al hacerse visibles por el deseo de intervenirlos por parte de algunos actores y están ligados a los grupos e individuos. 4. Tienen dinamismo, ni las soluciones ni las manifestaciones son estáticas, sino que tienen permanente desplazamiento, quiere decir que se modifican rápidamente con el paso del tiempo, debido a que se agudizan o se disipan, o impactan a más o menos ciudadanos dependiendo de la fase en que se encuentren o en su desarrollo intervienen más o menos actores.
En alusión a los problemas públicos es necesario que las organi-zaciones públicas estén preparadas para adaptarse a las nuevas demandas de los ciudadanos y que sean innovadoras y abiertas a la experimentación (Gutiérrez, G. y Cortázar, C. 2004). Esto implica que los servidores públicos no sólo deben inquietarse por contar con procesos y procedimientos eficientes en las instituciones, sino por la capacidad que estas tienen para adaptarse a los cambios.
Esto conduce a reconocer que el Estado tiene la responsabilidad de resolver los problemas públicos bajo los siguientes criterios básicos:
• Eficacia: que se cumplan los objetivos y metas propuestas.
• Eficiencia: que los objetivos y metas se alcancen haciendo el mejor uso de los recursos y en los tiempos esperados.
• Oportunidad: significa la importancia de dar respuesta a los pro-blemas en el momento adecuado, de tal forma que no se vul-neren o limiten los derechos de los ciudadanos. Los costos de oportunidad siempre deben ser constatados con los beneficios que se generan a la sociedad.
• Celeridad: aunque los problemas públicos son complejos, el Es-tado debe dar respuestas en el menor tiempo posible, toda vez que ponen en juego los derechos y libertades públicas.
Pero la tarea del Estado no se limita a resolver los problemas públi-cos bajo los criterios antes enunciados, sino que va más allá, pues cada respuesta, indistintamente de la forma como se materializa (normatividad, programas sociales liderados por diferentes institu-ciones, conjunto de acciones interinstitucionales o procesos mucho más amplios como la formulación e implementación de políticas pú-blicas), debe generar valor público. (Ver gráfico 1).
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Así las cosas, el valor público debe ser entendido como la capaci-dad para responder de manera fundamental a las preferencias y aspiraciones de los ciudadanos. El valor público es percibido por el conjunto de la sociedad y es disfrutado de manera colectiva, surge en el momento en que se satisfacen determinadas necesidades o expectativas de los ciudadanos con los bienes, servicios u oportu-nidades que están disponibles. Por ende, el Estado es el llamado a resolver los problemas públicos generando valor público.
Entonces, ante la pregunta ¿Qué valoran los ciudadanos?, puede responderse que estos valoran tres elementos: los servicios, los re-sultados y la confianza, como se ve en el gráfico 1. Lo anterior, de-bido a las diferentes percepciones y preferencias sobre los bienes y servicios que reciben de manera individual, pero al mismo tiempo tienen aspiraciones y deseos con relación a la forma como esperan que funcione la sociedad en su conjunto. Esto genera que desarro-llen más o menos confianza en las instituciones, las autoridades y los demás ciudadanos.
De esto se desprende que los ciudadanos esperan estar satisfe-chos con los servicios y bienes públicos que disfrutan; por este mo-tivo conceden un valor importante a la forma como son atendidos por las autoridades, a la calidad y oportunidad de los servicios que reciben. De igual forma, los ciudadanos desean que las autorida-des puedan generar resultados que trasciendan a la satisfacción individual que tienen frente a un servicio. Por ello, siempre están interesados en conocer los resultados obtenidos con las diferentes intervenciones del Estado. Y, por último, los ciudadanos valoran la confianza que pueden depositar en las instituciones que les prestan los servicios, les garantizan el disfrute de bienes públicos y además les presentan resultados positivos para el conjunto de la sociedad.
Por este motivo, Mark Moore (1998) reconoce que el valor público tiene dos dimensiones importantes:
• El beneficio que efectivamente se genera para determinados usuarios o consumidores.
• El beneficio que de manera global se genera para la ciudadanía al responder a sus expectativas (pp. 59-100).
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De ahí se infiere que los gerentes públicos deben preocuparse no sólo por las aspiraciones generales de la ciudadanía, porque pue-den perder de vista a los usuarios efectivos, sino que al mismo tiem-po deben preocuparse por las aspiraciones de los ciudadanos como usuarios y las expectativas de la sociedad como un todo.
Este marco teórico permitió elaborar un cúmulo sistemático de co-nocimiento necesario para la comprensión del comportamiento fác-tico del narcomenudeo como fenómeno, y así, aproximarse en la identificación de los elementos que componen la comercialización de estupefacientes como una amenaza a la seguridad pública. La representación social de los problemas públicos: imperativo para la prestación heterogénea de la actividad de policía
Un marco metodológico para objetivar los problemas de la convivencia
La construcción subjetiva del fenómeno del narcomenudeo se realizó en la ciudad de Pereira (Risaralda) bajo la teoría de las re-presentaciones sociales, con el objetivo de caracterizar la interde-pendencia que existe entre el narcomenudeo como manifestación de la comercialización de estupefacientes, la gestión comunitaria (ciudadanos e instituciones privadas), la sinergia interinstitucional (instituciones del Estado) y el desempeño institucional regido por los objetivos estratégicos de la Policía Nacional.
Se realizó así porque la construcción subjetiva responde a la orien-tación establecida por la Policía Nacional en el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), que consiste “res-ponder a las nuevas demandas sociales de la seguridad ciudadana en el país” (Policía Nacional, 2010, p. 15). Para tal fin se fijó como interés diferenciar las variables del fenómeno de aquellas relacio-nadas con la gestión empleadas por la institución policial para la intervención del narcomenudeo como fenómeno.
Esta construcción subjetiva se entiende como un sistema de valo-res, ideas y prácticas con una doble función: primero, establecer un orden que permita a los individuos orientarse en su mundo ma-terial y social y dominarlo; segundo, posibilitar la comunicación en-tre los miembros de una comunidad proporcionándoles un código para el intercambio social y un código para nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal (Mora, M. 2002). En ese orden, es pertinente se-
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ñalar que esa construcción subjetiva se corresponde con la realidad social de la cotidianidad, elemento imperativo para la prestación he-terogénea de la actividad de policía, que responda a las realidades territoriales según los grupos poblacionales y la forma como se han apropiado del territorio.
Los criterios citados son mínimos para la investigación, porque el narcomenudeo es un fenómeno complejo, mediado por los intere-ses y conflictos propios de la interacción humana, lo que hace que las representaciones de la inseguridad y los indicios de alarma sean diferentes para cada persona. Así mismo, como otro factor condicio-nante en la aproximación al fenómeno, se dispuso la recolección de información en traje de uniforme por parte de policías de vigilancia. También es pertinente aclarar que si bien entre los recolectores de información se encontraban los investigadores adscritos a la Direc-ción de Inteligencia Policial (DIPOL), ellos actuaron en traje de civil durante el contacto con la comunidad. Sin embargo, esto se cons-tituyó en sí mismo en una experiencia de la investigación, útil para asesorar la actividad de policía.
Los anteriores aspectos constituyeron las motivaciones por las cua-les la investigación se desarrolló de manera transversal (mayo de 2010 a febrero de 2011), con enfoque descriptivo, enmarcado en el área de servicio de policía y en la línea de seguridad de acuerdo a los parámetros del Sistema Institucional de Ciencia y Tecnología de la Policía Nacional. Así mismo, las personas que participaron en la reconstrucción empírica del narcomenudeo fueron en su mayo-ría residentes de Pereira, de ambos sexos, en edades que oscila-ron entre los 8 y 65 años, de todos los estratos sociales (1-6), y la distribución de la muestra se hizo por criterio (no probabilística), utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas en la recolección de información.
Población y muestreo
Mediante procedimientos de inteligencia policial se identificaron ciento veintinueve (129) sitios (de uso público, abiertos al público y privados) de comercialización de productos estupefacientes (bá-sicos y sustitutos), los cuales se ubicaron en cincuenta y seis (56) barrios pertenecientes a diecisiete (17) comunas de la ciudad de Pereira. Lo anterior se constituyó en el insumo para la selección de la población.
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Con base en estos criterios se utilizó un muestreo no probabilístico denominado de juicio, selección experta o selección intencional, en el cual los investigadores tomaron la muestra a partir de la defi-nición de los elementos que eran representativos o típicos de la población.
La muestra tuvo en cuenta la necesidad de asociar e interpretar las variables que permitieron la construcción subjetiva de los ámbitos de protección de la seguridad ciudadana que se afectaban por el narco-menudeo. En razón a lo anterior, se definieron los criterios de “Pobla-ción y Muestreo”, que se enumeran a continuación:
1. Clasificar las personas entrevistadas o encuestadas por atribu-tos relacionados con la edad, el sexo, el estrato social y el rol que desempeñan dentro del conglomerado social (policía, transeún-te, estudiante, residente y comerciante).
Tabla 1. Cobertura político-administrativa donde se identificaron puntos de venta de sustancias estupefacientes.
Comuna Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Uno Villa Santana 15 11,6%
Dos Rio otún 15 11,6%
Tres Centro 18 11,4%
Cuatro Villavicencio 15 11,6%
Cinco Oriente 5 3,9%
Seis Universidad 2 1,6%
Siete Boston 9 7,0%
Nueve Cuba 6 4,7%
Diez Consota 9 7,0%
Doce Ferrocarril 10 7,8%
Trece San Joaquín 7 5,3%
Catorce Perla del Otún 1 0,8%
Quince El Oso 3 2,3%
Dieciseis San Nicolas 8 6,2%
Diecisiete el Rocío 1 0,8%
Dieciocho Comuna del Café 4 3,1%
Diecinueve El Poblado 1 0,8%
Total 129 100%
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2. Seleccionar los barrios en donde se ubicaron los sitios de comer-cialización de sustancias estupefacientes para conocer la percep-ción de los ciudadanos frente al fenómeno del narcomenudeo.
3. Obtener información a través de la interacción con diferentes ac-tores sociales y estatales.
Con base en lo anterior fueron seleccionadas las técnicas de reco-lección de información y se diseñaron los instrumentos. “El enfoque metodológico empleado para el diseño de los instrumentos de reco-lección es afín con la escuela clásica (metodología cualitativa -en-trevistas y análisis de contenido-) y con énfasis en enfoque proce-sual (pensamiento constituyente) pero no estructural (pensamiento constitutivo). El enfoque procesual, en resumen, se distingue por ser una aproximación cualitativa, hermenéutica, centrada en la diversi-dad y en los aspectos significantes de la actividad representativa; por tener un uso más frecuente de referentes teóricos procedentes de la filosofía, la lingüística y la sociología; por un interés focalizado sobre el objeto de estudio en sus vinculaciones socio-históricas y culturales específicas y por una definición del objeto como institu-yente más que instituido” (Araya, S. 2002).
Recolección de información
Se buscó describir cuantitativa y cualitativamente el fenómeno del narcomenudeo (frecuencias absolutas y porcentajes); de la misma forma, se hicieron las comparaciones y los análisis correspondien-tes. Por ello, las técnicas de recolección de información seleccio-nadas fueron el grupo focal, la observación directa, el cine-foro, la entrevista semiestructurada, la encuesta, el simposio y la consul-ta documental, durante los cuales se aplicaron los principios de la administración de información y se garantizó la protección de los derechos humanos y los datos personales de los ciudadanos que participaron en la reconstrucción conceptual del narcomenudeo y la actuación del Estado frente a este problema público.
Grupo focal: esta técnica permitió conocer y construir con la parti-cipación de doscientas seis (206) personas las manifestaciones de in-seguridad ciudadana generadas por el narcomenudeo mediante cuatro modalidades de desarrollo:
Grupo focal comunitario: consistió en convocar a los ciudadanos representantes de diferentes grupos poblacionales que tenían establecida su residencia en sectores cercanos a los sitios de co-
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mercialización de sustancias estupefacientes y, a través de la ex-presión de su perspectiva, se realizó la construcción social de las reglas impuestas por la organización criminal para maximizar las ganancias, el constructo social de los elementos del narcomenu-deo y el impacto percibido en la seguridad individual y colectiva, además de conocer el valor que le dan al servicio que presta la Policía Metropolitana de Pereira. Para tal fin, se combinaron las técnicas de comunicación escrita y oral (los gráficos y el habla), con el fin de obtener una representación más integral y detallada de la percepción.
Grupo focal comunal: consistió en convocar representantes de gremios tales como el gremial e industrial, el eclesiástico, los me-dios de comunicación y la comunidad académica, para identificar la forma como ellos interpretan el fenómeno del narcomenudeo desde su propia la perspectiva gremial y como integrantes de la sociedad civil. Esto permitió percibir la forma como valoran la ofer-ta y la actuación institucional, así como la manera en que desa-rrollan en la práctica los conceptos relacionados con la cohesión social, como componente colectivo de la seguridad ciudadana.
Grupo focal institucional: reunión desarrollada con personal po-licial de las diferentes modalidades y especialidades que confor-man la Policía Metropolitana de Pereira (MEPER) para elaborar la construcción individual y colectiva de la percepción del narco-menudeo; identificar los riesgos, las amenazas y las vulnerabili-dades institucionales y personales, que genera el fenómeno; por último, y de manera autocrítica, valorar la forma como se presta el servicio (fortalezas y debilidades en el aspecto procedimen-tal para la aplicación de los medios de policía) a la comunidad. Así mismo, en el grupo focal desarrollado con los integrantes del Centro Internacional de Estudios contra el Narcotráfico (CIENA) de la Dirección Antinarcóticos (DIRAN) se conoció el esquema sistémico del narcotráfico.
Como complemento de lo anterior, se desarrolló un grupo focal asistido por docentes del Área Comercial del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Seccional Risaralda, para identificar las características de una empresa legal y hacer el símil de funcio-namiento sistémico del narcotráfico con un enfoque de empresa criminal.
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Tabla 2. Grupos focales para la elaboración de la representación social del narcomenudeo.
Modalidad degrupo focal
Número deeventos
Rol de losparticipantes
Número departicipantes
Institucional 9 103
Interinstitucional 2
4
1
26
65
12
Comunitario
Comunal
16 206
Comité Municipal de Prevención, Alcaldía, Personería, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Defensoría del Pueblo, Metropolitana de Pereira, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concejo Municipal.
Policía
Representantes del los gremios, sector estudiantil, comunidad diversa, clero, Cámara de Comercio.
Gobierno,
Comuna Villavicencio Comuna Oriente Comuna Cuba Comuna Villa Santana
Regional de Inteligencia Policial No. 3, Seccional de Inteligencia Policial Metropolitana de Policía Pereira, Seccional de Inteligencia Policial Departamento de Policía Risaralda, Infancia y Adolescencia, Policía de Vigilancia, Policía Comunitaria, Oficiales, Suboficiales, Dirección de Antinarcóticos, Curso Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Tabla 2. Grupos focales para la elaboración de la representación social del narcomenudeo.
OBSERVACIÓN DIRECTA
No. ACTIVIDAD LUGAR
1 Lanzamiento del PNVCC. Desquebradas
2 Encuentro comunitario barrio Parque Industrial. Pereira
3 Encuentro comunitario barrio Málaga. Pereira
4Participación Congreso Internacional de y Planeación de CiudadesIntermedias.
Prospectiva Pereira
5Procedimiento de captura en flagrancia en la Unidad de Reacción Inmediata (URI). Pereira
6 Pereira
7Audiencia de legalización captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento. Pereira
Comportamiento y roles de los actores en los puntos de venta (Corocito, Santander, El Centro, Los Puentes, Parque La Libertad) Av. del Río, Restrepo, Las Churrias, El Acuario sector La Carrilera.
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Grupo focal interinstitucional: consistió en congregar a las autori-dades político-administrativas de carácter local y descentralizado del nivel nacional que prestan el servicio a la comunidad en Pe-reira, para identificar la percepción que ellos tienen del fenómeno del narcomenudeo desde la función que desempeñan como ser-vidores públicos, así como identificar la oferta institucional local y departamental incluida en las políticas públicas, proyectos, pro-gramas y planes para el tratamiento e intervención del fenómeno.
Observación directa: procedimiento que permitió el contacto de los investigadores con los escenarios en donde se percibieron los com-portamientos individuales y colectivos de los actores gubernamenta-les y no gubernamentales, según su rol, en los entornos de decisión, participación y actuación en relación con el narcomenudeo y otros fenómenos que afectan la convivencia.
Así mismo, esta técnica de recolección de información permitió cono-cer la relación del narcomenudeo con otros fenómenos de conflicto social, violencia y criminalidad; el desempeño institucional, la siner-gia interinstitucional y la gestión comunitaria frente a los problemas públicos. También se identificaron las manifestaciones de apropia-ción del territorio con fines criminales por parte de un actor criminal, las cuales afectan las dimensiones y propiedades de la seguridad pública.
Cine-foro: técnica a través de la cual los investigadores observaron seis películas y tres documentales relacionados con el narcotráfi-co y de manera particular con la comercialización de sustancias estupefacientes. Esta metodología de recolección de información
No. ACTIVIDAD LUGAR
8 Observación captura vendedor de estupefacientes. Pereira
9Observación captura portador-consumidor de estupefacientes. Pereira
10 Sede de la Fundación Jóvenes al Rescate. Pereira
11 Evaluación implementación PNVCC Bogotá D.C.
12El narcomenudeo y el narcotráfico: factores generadores y facilitadores.
Buenaventura,Cúcuta, Saravena,
Medellín
13
14
Retoma de la Favela Alemao en Rio de Janeiro
Municipalidad de La Victoria en Lima
Brasil
Perú
Tabla 3. Escenarios en los que se recolectó y validó la información sobre la afectación a la seguridad pública.
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permitió entender la génesis y evolución del fenómeno; las repre-sentaciones que caracterizan la realidad cotidiana de las personas vinculadas a la organización criminal, la relación del narcomenudeo con otras manifestaciones criminales y de violencia, así como ela-borar la aproximación epistemológica, ontológica, axiológica y teleo-lógica del fenómeno.
Entrevista semiestructurada: consistió en la elaboración de un ban-co de preguntas orientadoras que permitieron conocer los aspectos ontológicos del narcomenudeo, lo que requirió una previa selección y ubicación de ciento veintiséis (126) personas (servidores públi-cos, integrantes de la organización criminal y ciudadanos en gene-ral) que tenían conocimiento empírico, pertinente, especializado, directo o indirecto del fenómeno. De esta manera se logró compren-der el funcionamiento del mercado de sustancias estupefacientes y su impacto en la seguridad pública; identificar las debilidades en la complementariedad, la coordinación y la concurrencia del Estado para el tratamiento del narcomenudeo como un problema público y los vacíos de conocimiento del fenómeno que se deben suplir para lograr la anticipación de sus manifestaciones.
Encuesta: actividad desarrollada en 56 barrios de 17 comunas de Pereira en donde fueron contactadas trescientas sesenta y una (361) personas considerando en la distribución de la muestra los criterios de sexo, edad, estrato social, tiempo de residencia en Pe-reira, escolaridad, estado civil y rol del encuestado (transeúnte, po-licía, residente, comerciante y estudiante). Adicionalmente, duran-te el ejercicio se aplicó el instrumento a personas vinculadas de manera directa con el narcomenudeo las cuales desempeñan roles tales como trabajadoras sexuales, habitantes de calle, recicladores, expendedores de sustancias estupefacientes, entre otros. (ver tablas 4 al 10 y gráficos 2 - 3).
Esta técnica dejó conocer la percepción de los ciudadanos respecto de la actuación de las instituciones del Estado frente al mercado de estupefacientes (el valor público que genera), la representación social del narcomenudeo, la afectación a la seguridad pública y, en términos más generales, la convivencia. Así mismo, la incidencia del actor criminal en la desterritorialización del control social estatal, por efectos del proceso de institucionalización del entramado social como el medio para ejercer el control de actividades económicas criminales.
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Comuna BarriosCantidad
de encuestas
Villa Santana
Intermedio 11
Las Brisas 11
Tokio 10
Las Margaritas 10
Río Otún
San Judas 5
Peñol 5
Galán 4
Nuevo Peñol 4
Las Palmas 4
San Camilo 4
El Triunfo 4
Cañarte 4
Santa Helena 4
Jorge Eliécer Gaitán 4
Centro 17
Centro Parque La Libertad 17
El Porvenir 16
Berlín 14
Villavicencio Corocito 14
Villavicencio 14
Charco Negro 4
OrienteSantander 4
Hernando Vélez 3
San Gregorio 3
Universidad Avenida Circunvalar 6
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Boston
Mejía Robledo
La ArenosaLa Laguna
Travesuras
La Churria
5
55
5
5
Comuna BarriosCantidad
de encuestas
Cuba Centro 5
CubaOrmaza 4San Fernando 4Padre Valencia 4
Consota
El RestrepoEl DoradoLa DivisaLas Mercedes
7666
Matecaña 6
Ferrocarril
Nacederos 6
La Libertad 6
El Plumón 5
El Plumón Medio 5
5
San Joaquín5
5
Laureles ll
El Recreo
La Isla
Crucero bajo sector La Carrilera 4
Perla del Otún Villa María 3
4El Oso
Jaime Pardo Leal
Acuario sector La Carrilera 4
Nuevo México 8
San Nicolás San Nicolás 8
Los Molinos 7
El Rocío El Rocío 3
Comuna del CaféMálagaParque Industrial
65
El Poblado Rocío Bajo 3
17 56 361
Tabla 4. Barrios priorizados para la aplicación de la encuesta que permitió obtener la representación de la comercialización de estupefacientes.
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Sexo de los encuestadosEl número de participantes de sexo masculino fue similar al fe-menino; la diferencia es de tres personas. Existió un equilibrio de sexo en las opiniones y percepciones.
Edad de los encuestadosLa mayoría (29.4%) de los participantes en el estudio tiene menos de 20 años, según el análisis de los intervalos. Entre los 15 y 35 años se concentra el 83.1% de los participantes (300 personas), es decir, son personas jóvenes, económicamente activas y parti-cipan en las diferentes dinámicas de la ciudad de Pereira. En la siguiente tabla se pueden observar estos resultados.
Intervalo Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
15 a 20 años 106 29,4%
20,1 a 25 años 63 17,5%
25,1 a 30 años 61 16,9%
30,1 a 35 años 70 19,4%
35,1 a 40 años 21 5,8%
40,1 a 45 años 38 10,5%
N/R 2 0,6%
361Total 100%
106
63 6170
2138
2
15 a 20 20,1 a 25 25,1 a 30 30,1 a 35 35,1 a 40 40,1 a 45 n/r
29,4% 17,5% 16,9% 19,4% 10,5%5,8% 0,6%
Gráfico 3. Estadística de la población que participó en la aplicación de la encuesta por edad.
Tabla 5. Discriminación de la población que participó en la aplicación de la encuesta por sexo.
Tabla 6. Discriminación de la población que participó en la aplicación de la encuesta por edad.
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
Mujeres 179 49,6%
Hombres 182 50,4%
Total 361 100%
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Estrato socialEn la información prevalece el número de personas del estrato 1 (42.9%). Seguidamente, la representación de los estratos 2 y 3 son similares. Esto indica que la representación del fenómeno del narcomenudeo se elaboró en los estratos 1, 2, 3 y 4, mayo-ritariamente.
Tiempo de residencia en PereiraLa mayoría de los encuestados lleva un tiempo de residencia de 1 a 10 años. Sin embargo, sumadas las personas que llevan en-tre 20 y 40 años, el resultado es de 182, es decir, el 50.4%. Este aspecto pretende demostrar el grado de conocimiento que los encuestados tienen de la realidad urbana y del fenómeno como problema público.
EscolaridadPrevalece la educación básica; la mayoría de personas sólo ha cursado la secundaria, y el nivel de estudios técnicos y profesio-nales se puede considerar como bajo.
Intervalo Frecuencia relativa
1 42,9%
2 28,0%
3 20,8%
4 6,1%
5 1,7%
6 0,3%
No respondio 0,3%
Total 100%
Frecuencia absoluta
155
101
75
22
6
1
1
361
Tabla 8. Discriminación de la población que participó en la aplicación de la encuesta por tiempo de residencia en la ciudad.
Tabla 7. Discriminación de la población que participó en la aplicación de la encuesta por estrato social.
Intervalo Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
Menos de un año 60
1 a 10 años 107
10,1 a 20 años 90
20,1 a 30 años 58
30,1 a 40 años 34
más de 40 años 11
N/R 1
361
16,6%
29,6%
24,9%
16,1%
9,4%
3,0%
0,3%
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Estado civilLa prevalencia de las personas solteras radica en que la mayor concentración de la muestra se dio entre los 15 y los 20 años de edad. En concordancia, es pertinente señalar que al agrupar las personas en unión libre con los casados representan un interva-lo relevante para la reconstrucción empírica del narcomenudeo.
Simposio: metodología empleada para la recolección y el intercam-bio de información mediante la divulgación de resultados de inves-tigaciones que desarrollaron objetos de estudio afines con el nar-comenudeo, el cual se denominó “Gobernabilidad de la Seguridad Pública frente al Narcomenudeo”. El evento contó con la participa-ción de académicos, investigadores sociales, servidores públicos de distintas especialidades de la Policía Nacional, funcionarios de la Administración municipal, estudiantes y representantes de la comu-nidad de Pereira interesados en esta temática.
En el desarrollo de este evento académico se lograron los siguientes resultados de interés:
Intervalo Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
Escolaridad 213 59,00%
Primaria 85 23,55%
Técnica 41 11,36%
Pregrado 18 4,99%
No respondieron 4 1,11%
Total 361 100%
Intervalo Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
N/R 1 0,28%
Casado 59 16,34%
Divorciado 12 3,32%
Soltero 187 51,80%
Unión libre 99 27,42%
Viuda 3 0,83%
Total 361 100%
Tabla 9. Discriminación de la población que participó en la aplicación de la encuesta por escolaridad.
Tabla 10. Discriminación de la población que participó en la aplicación de la encuesta por estado civil.
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a) El desconocimiento del fenómeno por parte de los investigado-res judiciales y los fiscales incide en la impunidad que se genera, por cuanto las investigaciones relacionadas con el narcomenu-deo se archivan bajo el argumento de que los capturados en fla-grancia en posesión de la dosis personal, son consumidores y no hacen parte de la infraestructura que monopoliza el mercado de estupefacientes en Pereira.
b) La comercialización de estupefacientes tiene unos componentes visibles (que estructuran el narcomenudeo) y otros que generan fuertes tensiones, pero que no se logran percibir (adquieren la connotación de noúmenos). La política pública se enfoca sobre los primeros, razón por la que las acciones desarrolladas permi-ten mostrar gestión mas no incidencia en el fenómeno.
c) Dada la alta injerencia de una organización criminal en el terri-torio, algunos sectores de la comunidad se encuentran constre-ñidos bajo unas reglas que regulan la conducta social, lo que se reconoce como una seria amenaza para la gobernabilidad de la seguridad pública.
d) La forma como se interpretan los delitos desde la criminología dificulta comprender las interacciones de los diferentes fenó-menos de criminalidad.
e) La producción de conocimiento regulada por el sesgo político, los prejuicios y los paradigmas, tiene a la sociedad en una condición de sin salida frente al crimen.
f) El crimen organizado afecta la legitimidad del Estado en el terri-torio y la subordinación de los ciudadanos frente a este, el cual ha logrado hacer un uso del ocio, especialmente en la población adolescente, en procura de vincularlos como fuerza de venta en la comercialización de estupefacientes.
g) La información estadística oficial (objetiva) usada para la planea-ción estratégica de la seguridad pública por parte de todas las instituciones del Estado, no describe la realidad cotidiana de los ciudadanos.
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Consulta documental: actividad de recolección de información que consistió en la búsqueda de bibliografía especializada, el segui-miento a los medios de comunicación, la producción especializada de los organismos multilaterales (ONU-OEA) y web-grafía (ensayos, monografías, artículos) tanto para la caracterización del fenómeno como para la identificación de los constructos que permitieron inter-pretar los datos fácticos y elaborar la reconstrucción conceptual del narcomenudeo.
Análisis de la información
Este aspecto se desarrolló en las fases de tratamiento e interpre-tación de la información siguiendo los criterios establecidos por la teoría fundamentada desde la perspectiva de Glaser y Strauss (Her-nández, R. y Opazo, H. 2010) para el análisis inductivo, cualitativo y sistémico de datos empíricos, mediante el uso de herramientas tec-nológicas pertinentes para tal propósito tales como Dokeos Mind, Visio y Atlas TI.
En ese orden, el tratamiento tuvo como propósito la reducción de los datos para hacerlos inteligibles mediante la codificación abierta y selectiva de estos. En tal sentido, el procedimiento consistió en identificar las ideas, experiencias y motivaciones que las personas tienen frente al segmento de la realidad que conocen, y se fragmen-taron los datos para facilitar su estudio. Estos se agruparon a través de categorías que emergieron de manera preliminar (codificación abierta).
En consecuencia, las categorías preliminares se contrastaron con los conceptos de la teoría principal y las sustantivas, a través de las cua-les se logró realizar un segundo proceso de reducción de datos deno-minado codificación axial o selectiva, necesaria para la elaboración de “hiper-constructos” o dimensiones superiores, prerrequisito a su vez, para la abstracción del funcionamiento de la comercialización de estupefacientes. El resultado del tratamiento consistió en el diseño de las categorías que contenían un significado o múltiples significa-dos de la comercialización de estupefacientes y la actuación del Es-tado frente a esta.
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La codificación axial es la etapa que materializa el análisis de la in-formación producto de la relación de datos y categorías de acuerdo a sus propiedades, vínculos y demás relaciones que se exploren. El fin de este proceso es identificar ideas que tengan la capacidad de dar cuenta de algunos de los aspectos relevantes para elucidar la pregunta problema de la investigación y los objetivos específicos. En palabras de Claudia Andrea Ballas (2008) “La codificación axial y selectiva da origen a los resultados analíticos relacionales y a la construcción de modelos teóricos” (p. 35).
Posteriormente, el análisis buscó descubrir un contenido objetivo común a través del cual se forma la representación general de la realidad, es decir, identificar los rasgos comunes, a pesar de las diferencias, que caracterizan la tendencia a la universalidad y una orientación hacia la totalidad de los objetos o el conocimiento del mundo objetivo. Seguidamente, se ubicó dentro del subsistema de la comercialización de estupefacientes al fenómeno del narcome-nudeo, y partir de ello, se realizó la interpretación y la construcción conceptual a la luz de las teorías seleccionadas.
Como resultado de la interpretación, se elaboró la construcción teó-rica tanto del subsistema de la comercialización de estupefacien-tes como del fenómeno del narcomenudeo, el diseño de modelos abstractos (generalizaciones de aplicación universal) que permiten hoy representar la realidad y elaborar una hipótesis de causalidad y desarrollo argumentativo de esta, es decir, la propuesta teórica for-mal. Ese componente de la investigación será desarrollado de forma detallada en el Capítulo III.
A continuación, en el Capítulo II, se hará un esbozo de los plan-teamientos generales que abran el debate para la construcción del estatus epistemológico de la Inteligencia Policial. Se trata de un es-fuerzo para cimentar los fundamentos del conocimiento que guían esta modalidad del servicio de policía. También servirá para ubicar contextualmente la necesidad de trabajar en la producción de cono-cimiento científico para apuntar al logro de la misión encomendada.
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CAPÍTULO IIAproximación a la base teórica de la inteligencia policial: una tipología universal
La emergencia de nuevas realidades conlleva la necesidad de construir nuevas categorías a partir de las cuales se pueda explicar la complejidad y diversificación que la caracteriza.
“Generalmente, los hombres juzgan por lo que ven y más bien, se dejan llevar por lo que les
entre por los ojos que por los otros sentidos, y pudiendo ver todos, pocos comprenden bien
lo que ven”. Nicolás Maquiavelo
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APROXIMACIÓN A LA BASE TEÓRICA DE LA INTELIGENCIA POLICIAL
Aproximación a la base teórica de la inteligencia policial: una tipología universal
Atributos de una tipología de inteligencia
La inteligencia como sustantivo es una capacidad de la cual se dispone para tomar decisiones que guíen la actuación individual o colectiva. Es por ello importante delimitar el alcance de la activi-dad de inteligencia y esto se logra cuando se define la tipología. Para definir la tipología de inteligencia en una organización se debe establecer la correlación entre los siguientes atributos: 1) ámbito de protección, 2) capacidad, 3) amenaza y 4) seguridad (Cortés, Y. 2012, diciembre).
Ámbito de protección: es aquella “cosa” que la organización se propo-ne proteger para lograr cumplir con la misión.Capacidad: conjunto de recursos de los que dispone una organiza-ción para garantizar el desarrollo de la misión.Amenaza: es una “cosa” compuesta de hechos y acciones (Bunge, M. 2004. p. 32) que potencialmente puede causar daño a la organiza-ción y de esta forma impide el desarrollo de la misión.Seguridad: es un concepto polisémico que implica la correlación que existe entre ámbito de protección, capacidad y amenaza. En función de esta correlación se define la tipología de seguridad.
Gráfico 4. Atributos de una tipología de inteligencia. Elaboración propia (Cortés, Y. 2012, diciembre).
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POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL
El eje central lo determina el ámbito de protección. Cada uno de esos atributos adquiere significado dependiendo del adjetivo que acompañe el término de inteligencia, es decir, la tipología. La tipolo-gía demanda identificar una unidad de análisis u objeto de estudio que delimita el alcance de la actividad de inteligencia, según la mi-sión de la organización. Una vez es conocida la amenaza (identifica-das las propiedades que la componen) se dispone del insumo para predecir, anticipar y de esta forma asesorar la actuación proactiva para evitar que el riesgo se configure.
La Dirección de Inteligencia Policial en razón a la implementación del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), identifica la necesidad de producir conocimiento útil para la presta-ción del servicio de policía desde la perspectiva de la seguridad ciu-dadana. Como se modificó el ámbito de protección esta situación de cambio, que se presenta como problema de conocimiento, plantea el reto de redefinir el concepto de inteligencia policial, porque se re-quiere un modelo organizacional que armonice el conocimiento de las amenazas a la seguridad del Estado y de los ciudadanos. “La emergencia de nuevas realidades conlleva la necesidad de construir nuevas categorías a partir de las cuales se pueda explicar la comple-jidad y diversificación que la caracteriza” (Calvillo y Favela. s/f. p. 13). Esto hace suponer que se requiere dotar de contenido teórico a la in-teligencia policial para orientar las transformaciones en la estructura cultural, organizacional y probablemente, el método.
Entonces el reto consiste en definir la tipología de inteligencia poli-cial sustentada en un enfoque teórico. Este planteamiento encuen-tra su justificación en Sherman Kent quien planteó la trilogía de in-teligencia como conocimiento, organización y actividad. En orden secuencial y como delimitación temática, primero se debe disponer del estatus epistemológico o la base teórica (Unión de Oficiales de Reserva de las Fuerzas Armadas de la Nación. s.f) sobre la que des-cansa el concepto de inteligencia policial.
Para lograr este propósito se realizó la investigación institucional en el Área Administrativa, en la Línea Desarrollo Institucional y Organi-zacional “Prospectiva institucional”, de fuente documental y enfo-que descriptiva-cualitativa, titulada “Aproximación a la base teórica de la inteligencia policial: una tipología universal”. Como resultado
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APROXIMACIÓN A LA BASE TEÓRICA DE LA INTELIGENCIA POLICIAL
de esta se propone un concepto de inteligencia policial cuya imple-mentación sea útil para la planeación y prestación de la actividad de policía. En tal sentido y teniendo en cuenta el trabajo empírico que se desarrolla en la DIPOL, primero se seleccionó el marco teó-rico o base teórica que rige el modo adecuado y ordenado para acceder al conocimiento, en una segunda fase se identificaron los rasgos distintivos que hacen única y universal la tipología de inte-ligencia policial y, finalmente, se realizó una comparación con la inteligencia criminal en la cual se evidencia la diferencia y a su vez la necesaria complementariedad que hay entre estas dos activida-des para asesorar el servicio de policía.
El funcionalismo estructural: la base teórica más afín con la inteligencia policial
La sociedad moderna se caracteriza por la interdependencia a cambio de la dependencia, la individualidad a cambio de la colec-tividad, la prevalencia de la informalidad sobre la formalidad, la lo-calización del poder en distintas organizaciones legales e ilegales, la complejidad y su relación con lo sistémico, entre otros aspectos, pero aquí se destacan estos para afirmar que el servicio que presta un cuerpo de policía debe garantizar el orden social bajo nuevos paradigmas de orden.
El orden es un producto social que se reproduce a través de la comunicación, el cual por naturaleza no coincide necesariamente, con el orden legal que pretende establecer un Estado. En esta pro-posición se destaca que la inteligencia policial debe disponer de un enfoque teórico que le permita hacer aproximaciones válidas a la realidad social y de esta manera, soportar la producción de conocimiento con la cual se orienta al cuerpo de policía y, porqué no, al Ente de policía. Esta aproximación entonces, se presenta como una propuesta que complementa los esfuerzos anteriormen-te hechos por la Dirección de Inteligencia Policial en procura de encontrar la base científica de la actividad.
El enfoque teórico se exploró en los planteamientos de Émile Durkheim y Max Weber quienes propusieron entender los fenó-menos sociales como sistema social -mayor preocupación de la
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POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL
sociología clásica- y acción social -interés de la sociología contem-poránea-, respectivamente. En tal sentido, se presentan algunas características de estos enfoques teóricos:
Según George Ritzer (1993) en su obra la Teoría Sociológica Con-temporánea:
“… no basta con identificar sólo la estructura y la función de una orga-nización o grupo social, se requiere además, comprender las interac-ciones que surgen de los procesos sociales y de los cuales emanan, de manera natural, los conflictos sociales, que no necesariamente requie-ren de una estructura. Desde esta perspectiva el funcionalismo estruc-tural se clasifica en tres enfoques, según Mark Abrahmson:
1- Funcionalismo individualista: se ocupa de las necesidades de los actores y de las diversas estructuras (por ejemplo, las insti-tuciones sociales, los valores culturales) que emergen como res-puestas funcionales a estas necesidades.
2- Funcionalismo interpersonal: este tipo se ocupa de las relacio-nes sociales, particularmente de los mecanismos utilizados para ajustar las tensiones que se producen en estas relaciones.
ÉMILE DURKHEIM Criterio de Comparación MAX WEBER
Cómo nace o cuál es la naturaleza.
Explicación del fenómeno
Sólo aquello cuyo sentido se conoce merece que se indique sus causas.
De las ciencias naturales. Método De las ciencias históricas o sociales.
Lo social: colectivo/Objetivo/Institucional -sistema social-
Objeto de estudioLa persona: individual/Subjetivo/Personal -acción social-
Existe bajo la figura de la función. Finalidad Existe bajo la figura del
sentido.
Universalismo Alcance Particularismo
Monista: mecanismo de funcionamiento del sistema a partir de la materia.
VisiónDualista: comprender el ente como fenómeno y noúmeno.
Tabla 11. Comparación entre las teorías de sistema social y de sistema de acción social.
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3- Funcionalismo societal: constituye el enfoque que predomina entre los sociólogos funcionalistas estructurales, para quienes su mayor preocupación se centra en las grandes estructuras e instituciones sociales de la sociedad, sus interrelaciones y su in-fluencia constrictora sobre los actores”.
Es por ello que, según los trabajos empíricos a los que se enfrenta la inteligencia policial, se aprecia que las teorías de manera individual son insuficientes, pero encuentra en su complementariedad una al-ternativa para abordar el estudio de las amenazas que atentan con-tra la convivencia. Por lo tanto, se recurrió a Talcott Parson, quien propone la teoría del sistema de acción social desde la corriente sociológica del funcionalismo estructural, y a través de ella se in-tentan armonizar los planteamientos teóricos de Durkheim y Weber.
En los años cuarenta y cincuenta, sobre todo en los Estados Unidos, hay dos fenómenos que llaman la atención: a) el surgimiento de la teo-ría del funcionalismo estructural (o funcionalismo del mantenimiento de las estructuras), y b) el desarrollo peculiar sobre el sistema de la acción que logró Talcott Parsons (Torres, J. 2002. p. 32).
Parsons, en su teoría del sistema de acción social afirma que acción y sistema no pueden entenderse por separado.
“… la acción solo es posible bajo la forma de sistema. Detrás de esta formulación se revela el intento de Parsons por encontrar un denomi-nador común entre los clásicos de la disciplina sociológica: Durkheim, Weber, Marshall, Pareto. El hallazgo esencial fue que la construcción de estructuras sociales se realiza bajo la forma de sistema y que la operación basal sobre la que se construye dicho sistema es la acción” (p. 38).
En primer lugar, se explica el sistema de acción -el enfoque indivi-dual- en Parsons a partir del método de los diagramas cruzados, el cual no se puede resolver de manera deductiva y se compone de los siguientes elementos:
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La exigencia teórica consiste en ubicar los análisis en niveles teó-ricos adecuados, lo que Parsons llamó referencias sistémicas (systems references). Por tanto la teoría de la acción el nivel más abstracto y general. La pregunta que orienta a Parsons, es qué ga-rantiza, qué condiciones son absolutamente indispensables, para que en general se lleve a cabo una acción social.
Conducta orgánica. En el sistema de acción se considera que la conducta del organismo es indispensable para que se lleve a cabo la acción. Esta condición es la que orienta la acción y se adapta para lograr el equilibrio en un entorno. Esto es que al considerar la acción como sistema éste debe ser capaz de inte-ractuar con otros sistemas en el exterior.
Personalidad. El sujeto es quien tiene la función de controlar las consecuencias que se derivan de la interacción con el entorno, las cuales se conocen primariamente a través de percepciones y no del pensamiento.
Integración. El sistema social es el responsable de garantizar los procesos de integración. La integración es el orden interno di-rigido a la satisfacción de las necesidades. Aquí se encuentran la acción (individual/personal/subjetivo) con el sistema social (colectivo/institucional/objetivo) como dos dimensiones interde-pendientes.
Cultura. (Mantenimiento de Patrones). Las pautas culturales que integran el sistema son los agentes de mantención, cambio y re-novación en la motivación de los individuos.
INSTRUMENTAL CONSUMATORIO
EXTERIORAdaptación (Adaptatión)
Conducta orgánica
Obtención de fines(Goal attainment)
Personalidad
INTERIOR
Mantenimiento de estructuras latentes
(Latent pattern maintenance)Cultura
Integración(Integration)
Sistema social
SISTEMA DE ACCIÓN
Tabla 12. Diagramas cruzados del sistema de acción.
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INSTRUMENTAL CONSUMATORIO
EXTERIORAdaptación (Adaptatión)ECONOMÍA
Obtención de fines(Goal attainment)
POLÍTICA
INTERIOR
Mantenimiento de estructuras latentes
(Latent pattern maintenance)INSTITUCIONES CULTURALES
Integración(Integration)
SISTEMA COMUNITARIO
SISTEMA SOCIAL
En segundo lugar, como se puede apreciar en el diagrama de la ac-ción social se ubica el sistema social -enfoque de sociedad o colec-tivo-, una de las partes más desarrolladas de la teoría parsoniana, el cual se describe a continuación por sus siglas en inglés AGIL.
Tabla 13. Diagramas cruzados del sistema social.
Economía. “…en el casillero de la integración (el sistema social), en la ventana conducente a la adaptación, se encuentra la eco-nomía. Para Parsons, la economía es una forma de adaptación que tiene la vista puesta en el futuro. Lo que la economía persi-gue es una adaptación a largo plazo, que se lleva a cabo, dicho de manera tosca, mediante la formación de capital. Gracias a ese mecanismo monetario el sistema social está preparado para resolver situaciones que no pueden ser previstas de antemano. En este sentido, toda inversión de capital ésta orientada por un tipo de finalidad que no presenta un objeto presente por alcanzar, sino futuro. Ya se trate de una inversión de capital para producir, para comprar, para extraer recursos del entorno… El mecanismo del dinero (entendido como medio simbólico de comunicación) constituye una adquisición evolutiva tal, que llevó de la mano el proceso de diferenciación del sistema económico, y logró un me-joramiento en la coordinación con el entorno, además de que ha llevado a garantizar la continuidad y la adaptación del sistema de la acción” (p. 48).
Política. “…está referida a la relación con el entorno y tiene por propósito satisfacer las necesidades de la sociedad. Para Par-sons, se trata de la función de llegar a tomar decisiones que en el momento mismo de la decisión vinculen colectivamente. Esta función debe ser reconocida y apoyada, ya que se sustenta en la confianza puesta en la autoridad” (p. 49).
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Sistema comunitario. “…procura integrar aspectos de la acción que tienen repercusión en la integración de sí mismo, y no sim-plemente en la integración de cada una de las personas, ya que cada una de ellas preferiría quizás actuar por su propia cuenta. El sistema social integra al sistema de la acción con respecto a sí mismo, es decir, es el encargado de integrar las propias fun-ciones de economía, política y cultura mediante una comunidad que Parsons designa como la social community” (p. 50).
Instituciones culturales. “… la cultura se convierte en el fiduciario del mantenimiento de los patrones de comportamiento, y ade-más está encargado de la preservación de los valores sociales” (p. 50).
Cultura. (Mantenimiento de Patrones). Las pautas culturales que integran el sistema son los agentes de mantención, cambio y re-novación en la motivación de los individuos.
Sin más desarrollo, intencionalmente sólo se plantea hasta aquí lo que se cree pertinente para despertar el interés y de esta forma es-timular la discusión; así como, contribuir a la construcción cultural de la organización a la cual anteriormente otros aportaron.
Entonces, se opta por este planteamiento teórico en razón a su sig-nificancia, pertinencia y afinidad con el papel empírico desarrollado por la inteligencia policial. Además, porque según la tradición so-ciológica de Durkheim, se entiende la sociedad moderna como “un proceso de diferenciación” (p. 53).
Parsons parte del supuesto de que la acción es una propiedad emer-gente (emergent property) de la realidad social; o con otras palabras: para que se lleve a cabo una acción deben concurrir un determinado número de componentes. La tarea, entonces, del análisis sociológico sería la de identificar este tipo de componentes y de esa manera llagar a trazar las líneas fundamentales de una teoría analítica de la acción. Parsons entiende este análisis bajo la denominación de Realismo Ana-lítico: Realismo en el sentido de que aunque el esfuerzo por descompo-ner los elementos intrínsecos de la acción sea una construcción teórica conducida por la sociología, sin embargo, el resultado consiste en po-ner de manifiesto que gracias a esa emergencia brota la acción. Analí-
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tico, porque al identificar los componentes de la acción, descubre que, tomados de manera aislada, ya no pueden seguir siendo designados, a su vez, bajo la teoría de la acción (p. 39).
Este enfoque se armoniza con la producción literaria de lo que se ha propuesto como ciencia de policía, la teoría general de los sis-temas, las representaciones sociales y la geografía humana, que fueron empleadas para caracterizar la comercialización de estupe-facientes. Por lo tanto se propone, primero, considerar la teoría del sistema de acción social como la base teórica que rige la definición conceptual de la inteligencia policial, segundo, identificar la convi-vencia como un sistema de acción social y, tercero, abordar la ame-naza derivada del conflicto social como la unidad de análisis para asesorar la actividad de policía.
La inteligencia policial: una tipología universal
Luego de esta aproximación teórica se pone en consideración la definición de la inteligencia policial, la cual se integra de varios constructos conceptuales de los que se elabora un desarrollo ar-gumentativo sustentado en: la doctrina de la Policía Nacional de Colombia para contextualizar el papel de la inteligencia policial, la neurociencia para explicar la predicción como elemento basal del análisis necesario para la anticipación, la teoría del riesgo para ca-racterizar la amenaza que se deriva del conflicto social, el enfoque socio-jurídico de la convivencia para preservar el orden social y, por último, la teoría de la función policial (anglosajona y francesa) que se desarrolla a través del servicio de policía.
Esta aproximación conceptual -que es un aporte con el ánimo de incitar a la construcción colectiva- permite establecer el límite y a su vez el alcance de la inteligencia policial:w
Inteligencia policial es la modalidad del cuerpo de policía que anticipa las amenazas derivadas del conflicto social que afectan la convivencia para asesorar la actividad de policía.
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Aquí hay varios elementos que distinguen a la inteligencia policial de cualquier otra actividad en la práctica.
La inteligencia policial: modalidad del cuerpo de policía
Como modalidad involucra a los profesionales de un cuerpo de po-licía que desarrollan los procesos del orden misional, gerencial y de soporte encomendados constitucionalmente (Policía Nacional. 2009, p. 32), para la producción de conocimiento sobre la actividad de policía. Por esta razón la inteligencia policial se constituye en un proceso misional de la Policía Nacional de Colombia y, a su vez, la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) es el órgano rector de esta actividad en la institución.
Esto significa que la inteligencia policial es producida de manera exclusiva por los cuerpos de policía, y el uso de este conocimiento es del Ente de policía.
La predicción: fundamento basal de la anticipación
Por su parte, la anticipación implica comunicar o notificar la configu-ración de los eventos y sucesos que se constituyen en las condicio-nes propicias para la manifestación del riesgo en un contexto, y de esta forma, orientar la actuación proactiva del Ente de policía (go-bierno y su cuerpo de policía) en procura de evitar que la conviven-cia sea afectada. Para ello, se requiere disponer de un instrumento que permita predecir.
Este instrumento -que puede ser un mapa de riesgo o sistema de alertas tempranas- sólo es posible diseñarlo una vez son identifica-das las propiedades universales -estructura y sistema- de la ame-naza con las que se construye una representación colectiva. Esta representación previa de la amenaza se emplea para diseñar el ins-trumento de predicción, insumo necesario para la actividad de aná-lisis, a su vez, elemento característico y distintivo de la inteligencia respecto de la investigación (esta reconstruye un objeto cada vez).
La representación colectiva para la predicción se compone de con-cepción y ejecución (Enguita. 1998, p. 64). Porque la concepción
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de la amenaza como unidad de análisis no está dada de manera a priori para una persona –limitaciones de conocimiento- y menos para una organización, ésta se construye. Y la ejecución consiste en conocer la configuración de actuaciones requeridas para la conse-cución de sus fines (en el contexto de la convivencia sería el riesgo). Conocer los eventos (los sucesos se documentan como eventos)- pre-configuradores de la amenaza es lo que Durkheim refiere como mecanismo de funcionamiento del sistema, pero es justo esto lo que Weber reclama para que tenga sentido en el individuo y por esta vía motivar la búsqueda de las causas.
La predicción es el presupuesto base del análisis y es por ello se toma como referencia, en analogía, el planteamiento de Rodolfo Lli-nás (2002) respecto del funcionamiento del cerebro:
“…la predicción se formula a partir de una imagen sensomotora –de una contextualización del mundo externo-. El marco de referencia de la imagen interna, premotora de lo que va a suceder, se construye con base en las propiedades del mundo externo, según nos las transmiten los sentidos de audición, visión o tacto. El resultado de comparar el mundo forjado internamente con la información que llega del mundo externo genera órdenes para emprender una acción motora apropiada. Mediante este procedimiento se da una transferencia espectacular: la imagen interna de lo que ha de suceder “asciende” de nivel y adquiere realidad en el mundo externo” (p. 45).
Esta descripción es vital para la inteligencia policial porque se cons-tituye en referente para la actividad. En ella se da valor significativo a la imagen sensomotora, como la reconstrucción sensorial de los fenómenos sociales para aprehenderlos y objetivarlos. La imagen interna, premotora de lo que va a suceder, es una representación aproximada de la forma como se configura el fenómeno en la rea-lidad para, a partir de un proceso de realimentación y retroalimen-tación artificial, orientar la acción. Esto es la predicción: una repre-sentación ontológica o universal previa, y a partir de ella, simular las múltiples formas o tipologías como se pudiera manifestar el fenó-meno dadas unas condiciones particulares del entorno. A diferen-cia de la anticipación cuyo objeto es la comunicación de la imagen artificial que indica lo que pudiera ocurrir en un entorno. Por ello se reafirma que la predicción es el presupuesto de la anticipación.
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Elaborar esta representación de la realidad implica considerar los siguientes principios de la predicción:
1. Concurrencia: consiste en reconocer las propiedades (elementos o componentes) de la amenaza que deben participar en la configu-ración de un riesgo para la convivencia (acontecimiento).
2. Interdependencia: es la relación que existe entre cada una de las propiedades de la amenaza y que permite establecer la forma de funcionamiento de la misma para lograr los fines sociales o individuales.
3. Coherencia: es el orden lógico y secuencial en que los eventos in-tegrados por las propiedades universales se deben manifestar para configurar un riesgo a la convivencia.
4. Temporalidad: se refiere al momento (frecuencia) que puede ser sincrónico o diacrónico es requerido por las propiedades de la ame-naza para que se logre materializar el riesgo.
5. Espacialidad: son las características del contexto necesarias para que las propiedades de la amenaza se manifiesten ante el grupo social o el individuo.
Una vez hecha esta aproximación conceptual de la predicción y su interdependencia con la anticipación, ahora surge la necesidad de establecer cuál es el objeto sobre el que se requiere desarrollar este proceso de predicción. Entonces, aquí se propone que la unidad de análisis de la que se requiere disponer de una representación pre-via y colectiva son las amenazas que se derivan del conflicto social y que afectan la convivencia.
La amenaza derivada del conflicto social: es la entidad o unidad de análisis
Se requiere cambiar el paradigma tradicional de la entidad conce-bida como organizaciones, personas, bienes y hechos, para consi-derar la amenaza que se deriva del conflicto social como tal -factor desintegrador de la convivencia como sistema de acción social-;
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para lograrlo es necesario objetivar o hacer cognoscible ésta, es decir, darle forma y contenido, estructura y función, reconciliar lo universal y lo particular, para “la reunificación del objeto y el sujeto” (Enguita. 1998, p. 62).
La amenaza es una “cosa” o sistema compuesto por el origen, la estructura y el fin. El origen exige conocer la fuente de donde ésta emana y el porqué. El fin es lo que se pretende modificar o trans-formar en la realidad social. No se entiende aquí el concepto tra-dicional de amenaza que hoy rige la actuación institucional, ni la interpretación constitucional.
Mientras que la estructura tiene dos dimensiones, la primera, la realidad y la segunda, la representación. La realidad desde “la vi-sión dualista kantiana se compone de fenómeno y noúmeno, los reinos sensible e inteligible” (Enguita. 1998, p. 59). La representa-ción busca identificar el mecanismo de funcionamiento mediante la abstracción. En este sentido, mediante la aplicación del método inductivo se elabora la ontología (partes y conexiones), se recons-truyen las funciones (interdependencia de las partes) y a través de la semántica se le da significado a los componentes de la amenaza. Es de resaltar que en el postulado del funcionalismo universal todo componente (parte-causa) de un sistema puede desempeñar una función en éste y otra en un sistema de acción social diferente.
Objetivar la amenaza es una prioridad, sólo cuando se dispone de ella es posible comprender y, por tanto, el resultado será una imagen o representación colectiva -un mundo cognoscible-, funda-mento para la predicción. Para objetivar o caracterizar la amenaza derivada del conflicto social se diseñó una metodología -con diseño curricular propio para el entrenamiento- que implica tres fases para identificar las propiedades universales de las mismas (Cortés, Y. y Parra, R. 2012). La primera, denominada el grafo o arquetipo, la segunda, es la taxonomía y la tercera, la semántica.
1- El grafo o arquetipo: es una representación colectiva de la amenaza como sistema social, que permite visualizar el orden lógico, coherente y secuencial en que ésta se configura y mani-fiesta a través de la acción social.
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2- La taxonomía: consiste en el diseño del análisis morfológico o estructura de la amenaza como entidad.
3- La semántica: para establecer un lenguaje natural de los datos de acuerdo al contexto propio donde se manifiesta la amenaza.
Las amenazas asociadas al conflicto social se entienden en inteli-gencia policial como la interdependencia que existe entre el conflic-to social, la violencia y la criminalidad. Esta condición es imperativa en desarrollo de la actividad, de esta manera se obtiene una lectura integral en un contexto social que será intervenido por el cuerpo de policía y el gobierno, en procura de preservar o restablecer el orden social como característica de la convivencia, “porque lo social es un orden emergente” (Torres, J. 1999. p. 11). La amenaza deriva-da del conflicto social como unidad de análisis de la convivencia -sistema de acción social- es afín con el funcionalismo estructural. “Este enfoque tiene una larga tradición histórica, pero fue durante los siglos XVII y XIX cuando alcanzó cierta coherencia teórica” (Picó, J. y Sanchis E. 1996, p. 269). Es así que el conflicto como “elemento constitutivo de la estructura de las relaciones sociales contribuye al cambio y evolución de la sociedad” (p. 274). El conflicto social es el objeto de análisis porque de él depende el cambio social, y por eso es necesario considerar los hechos de los que se deriva la tendencia al conflicto y el carácter funcional del conflicto, el primero como factor desintegrador del sistema y el segundo en una función integradora.
La perspectiva desintegradora del sistema de acción social:
Parsons observa una tendencia al conflicto derivada de los hechos si-guientes: 1) El carácter competitivo de la estructura ocupacional, que establece una jerarquía de prestigio y una desigualdad de oportuni-dades. 2) La existencia de autoridad y disciplina en la organización, que genera resistencia entre quienes obedecen. 3) La tendencia de los poderosos a explotar a los más débiles. 4) La tendencia a desarrollar distintas “culturas” por parte de quienes se encuentran situados en zo-nas diferentes de la estructura social, lo cual dificulta la comunicación entre los grupos y exige buscar mecanismos efectivos de integración. 5) La imposibilidad del sistema de establecer una estricta igualdad de oportunidades. Todos estos factores generan conflictos crónicos entre las clases y atentan contra la integración del sistema (p. 272).
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El carácter funcional del conflicto social como atributo integrador del sistema de acción social, se caracteriza porque:
a) Los sistemas sociales no están organizados alrededor de un con-senso sobre los valores sino que implican situaciones conflictivas en aspectos fundamentales.b) La existencia de tal situación tiende a crear, no una sociedad uni-taria, sino una sociedad pluralista en la que hay diversas clases. Las actividades de los miembros del sistema adquieren significado socioló-gico y deben ser explicadas en referencia a los intereses de los grupos en situación de conflicto.c) En la mayoría de los casos la situación conflictiva estará caracte-rizada por un desequilibrio de poderes, de modo que una de las clases surgirá como clase dominante que tratará de obtener el reconocimiento y la legitimidad de su posición entre los miembros de las otras clases.d) La relación de poder entre la clase dominante y la dominada pue-de modificarse como resultado de cambios ocurridos en una serie de factores que aumenten la posibilidad de resistencia o revolución por parte de esta última. Entre estos factores se encuentran el liderazgo, la capacidad de organización y la violencia.
De esta manera el conflicto cumple una serie de funciones positivas que ayudan a la integración, mantenimiento, cambio y renovación del sistema social (p. 273).
Entonces, el conflicto es un producto social, es connatural a la con-vivencia y ésta a su vez es el objeto de protección encomendado constitucionalmente al Ente de policía, por lo que a continuación se hará una descripción de ella, una vez se propone entenderla como un sistema de acción social.
La convivencia el ámbito de protección: sistema abierto que se cons-truye a partir de la interacción social
El conflicto es el resultado de la convivencia. En un Estado Social de Derecho como el de Colombia, la convivencia es un valor subordi-nado al respeto de la dignidad humana y para ello se compone de unos subsistemas sobre los que se desarrolla el poder, la función de policía y la actividad de policía, de manera concreta y ajustada a la realidad territorial.
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No es válido pensar y entender a la entidad constitucional de la Policía Nacional, desde una perspectiva literalista y abstracta, sin considera-ción a la realidad dinámica y telúrica del medio en el que ella debe fun-cionar …es la realidad social y económica la que impone la distinción que reconoce la ley y no ésta la que ha creado las condiciones espe-ciales a las que se refiere la demanda [servicios de seguridad interior y exterior del Estado]. (Corte Constitucional, 1996).
En concordancia, la convivencia se compone de los siguientes subsistemas: la tranquilidad pública, la salubridad pública y la se-guridad pública. Se dispuso entonces, elaborar aproximaciones conceptuales con enfoque socio-jurídico, a partir de las cuales los profesionales de policía logren orientar su efectiva materialización en la cotidianidad, como oficiales de cumplimiento de la ley que son:
Tranquilidad pública: es un elemento de la convivencia, cuyo man-tenimiento, en su aspecto realizador y operativo, corresponde, en principio, a las autoridades administrativas de policía. (Corte Cons-titucional, 1993). Las autoridades administrativas de policía deben garantizar a todo miembro de la comunidad el derecho a no ser intranquilizado sin justa causa y a que nadie lo inquiete o le cause desasosiego, actuando contra la Ley, por fuera de lo dispuesto en ella, o abusando de sus derechos. Las autoridades de policía, a tra-vés de los llamados “medios de policía”, aseguran la tranquilidad ciudadana, y en tal virtud entre sus atribuciones está la de controlar y fiscalizar las diferentes actividades que desarrollan los particula-res. Cuando dichas perturbaciones son anormales o extraordina-rias, por exceder los límites de tolerancia, existirá una inaceptable agresión al derecho de otros o un abuso en el ejercicio del propio derecho, que demanda la intervención de la autoridad, con el fin de restablecer el estado de tranquilidad (Corte Constitucional, 1994).
La idea de tranquilidad pública incluye el concepto de moralidad pública. Los sucesos que afectan el orden moral no son en principio motivos de policía, pero si ellos se traducen en ciertas manifestacio-nes externas materiales, que provoquen el escándalo y el desaso-siego moral de otras personas, entonces representarán atentados contra la tranquilidad, no ya por su significado moral, sino porque de él se desprenden motivos de intranquilidad (Lleras, M. 2009). Se considera pues que todas aquellas manifestaciones del poder
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económico y la fuerza dominante de las organizaciones criminales, en especial de la guerrilla y el narcotráfico, son verdaderos factores que alteran la tranquilidad pública (Ibáñez, J. 2000).
Salubridad pública: es un atributo de la convivencia que se concre-ta en la salud de cada uno de los asociados. Se trata del paso de aquello que es formal (la salud) a lo que es real: vivir en condiciones saludables. Puede decirse entonces que salubridad significa el acto de ser de la salud, es decir, el acto por medio del cual el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. No se trata, pues, de una manifestación potencial, sino de una actual. Ahora bien, al ser la salubridad pública una noción que implica la realización total de la salud, supone la existencia previa de la salud individual.
En consecuencia, resulta aplicable el principio de que la lesión de la parte afecta la del todo; asimismo, la lesión del todo (salubridad) es necesariamente la lesión de la parte (salud individual). Si hay una vul-neración grave e inminente de la salubridad pública, puede suponerse que la parte que tenga un interés legítimo en restablecer un derecho que, si bien es cierto es colectivo, también la afecta como singularidad, única e irrepetible (Corte Constitucional, 1993).
A este respecto, Miguel Lleras Pizarro (2009), plantea que situacio-nes fácticas tales como epidemias, enfermedades contagiosas, in- adecuado manejo de basuras, venta de sustancias tóxicas e insalu-bres, entre otras, son condiciones que requieren medidas de policía con carácter preventivo y profiláctico para garantizar la salubridad pública (p. 64).
Seguridad pública: componente de la convivencia que comprende y abarca tanto la seguridad del Estado como la de todas las personas a las cuales deben proteger las autoridades. Por ello, la función mi-litar de defensa y la función policial de preservación, conservación y sostenimiento de la convivencia tienen relaciones manifiestas, pues comparten un espacio común. Su actuación no se concibe desliga-da, pues se relacionan y complementan.
No obstante, la regulación constitucional de la fuerza pública esta-blece una diferenciación básica entre la finalidad primordial de las fuerzas militares y el fin primario e inmediato de la Policía Nacio-
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nal. Las fuerzas militares han sido instituidas por la nación “para su defensa”, mientras que la policía existe para preservar, conservar y sostener “el conjunto de condiciones fácticas cuya intangibilidad permite el desarrollo inalterado del funcionamiento de las institucio-nes, del ejercicio pacífico de los derechos constitucionales y de la eficaz prestación de los servicios” (Corte Constitucional, 1995). Es decir, la Policía Nacional desarrolla actividades tendientes a garan-tizar la seguridad pública y no sólo la seguridad ciudadana.
La finalidad básica de la seguridad pública es la defensa de la inte-gridad nacional y la preservación de la convivencia, porque esos ele-mentos son condiciones materiales para que las personas puedan gozar de sus derechos y libertades. Para ello, el Estado moderno se constituye en:
... una institución que aspira a lograr el monopolio eficaz y legítimo de la coacción en un determinado territorio: con esto se busca evitar los peligros que, para la convivencia social, implica la multiplicación de po-deres armados privados” y para ello debe “mantener la convivencia e instaurar un sistema jurídico-político estable para garantizar la pro-tección a la vida como una de las obligaciones del gobernante sin las cuales no es posible la continuidad de la comunidad. ...[P]ara asegurar al individuo una esfera de libertad y protección contra la violencia a condición de reprimir, incluso con la fuerza, aquellas actividades violen-tas de los demás individuos que vulneran esa órbita de libertad (Corte Constitucional, 1995).
En este mismo sentido, la seguridad pública histórica y recurrente-mente se ha relacionado con tres acepciones a saber: la primera, entendida como la seguridad que se debe prestar en entornos públi-cos, abiertos al público o en espacios públicos cuando trascienden a lo público; la segunda, como lo opuesto a la seguridad privada, es decir, la seguridad a cargo del Estado y que debe ser brindada a to-dos los ciudadanos; y la tercera, como la seguridad interior, que vela por la protección del Estado especialmente en su gobernabilidad y de la convivencia pacífica de los ciudadanos. Sin embargo ante las amenazas, la evolución de éstas y su indivisible interdependencia, se hacen esfuerzos por plantear un enfoque de seguridad pública que tenga como propósito la protección (igual de prioritaria) del Es-tado y los ciudadanos
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En concordancia, con el objeto de garantizar la seguridad ciudada-na, “le corresponde al Estado prestar la actividad de policía, que está a cargo exclusivo de las autoridades de policía administrativa, las que para tal efecto cuentan con el apoyo del cuerpo de policía” (Ibáñez, J. 2005).
Cuando las circunstancias que configuran la convivencia no coin-ciden, las personas no cuentan con las garantías necesarias para desarrollar su personalidad y proyectarse en la sociedad de la que hacen parte. De allí que sea un deber del Estado restablecer el or-den cuando ha sido turbado, pues hasta tanto no lo haga, es in-cierta la realización de los derechos y la afirmación de la vida dig-na de sus ciudadanos (Corte Constitucional, 2002). Entonces por perturbación de la convivencia se entiende un suceso del mundo fenomenológico, de un punto de partida empírico que inicia con la ocurrencia de hechos concretos, perceptibles y, en consecuencia, verificables, que objetivamente generan una alteración de las con-diciones de tranquilidad, salubridad o seguridad pública requeridas para el ejercicio de los derechos. Como suceso del mundo fenome-nológico, el presupuesto fáctico es susceptible de un juicio objetivo de existencia.
Con el objetivo de preservar o restablecer las condiciones de con-vivencia, el Gobierno (sistema político-administrativo) dispone del cuerpo de policía entendido como grupo social especializado para asegurar en nombre de la colectividad, y haciendo uso eventual de la coacción física, el respeto del orden social y de las principales reglas que lo rigen. El cuerpo o institución de policía es responsable de desarrollar la actividad de policía frente a aquellos fenómenos que alteran o perturban la convivencia en relación sistémica con la función policial (autoridad político-administrativa, la sociedad y el cuerpo de policía) y para ello dispone de unos medios de policía que son jurídicos y materiales. Su actividad se fundamenta en la educa-ción, la prevención y como recurso eventual, la coacción.
La seguridad pública es un hiper-constructo, multívoco que, desde la perspectiva ideal, abarca la protección del Estado y de los ciu-dadanos -como lo exige la constitución según lo establecido en los
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artículos 2, 216 y 218 de la Constitución Política de Colombia-, es decir, integra los conceptos de seguridad nacional (sólo en su di-mensión interna) y la seguridad ciudadana (Cortés, Y. 2012, junio). Sin embargo, y aunque parece amplio, restringe el alcance y para su mejor comprensión se precisan los componentes de cada una de las categorías.
Seguridad nacional
Es aquella categoría de la seguridad pública que:
… es inmanente para garantizar la existencia, la permanencia, la con-tinuidad y la estabilidad de la comunidad política, también entendida como la necesaria para garantizar tanto la seguridad externa como la seguridad institucional interna de una nación y por lo mismo la sobera-nía, la independencia, la integridad territorial nacional, el régimen y el orden constitucional, todo lo que comprende la seguridad del Estado, esto es, la que le corresponde garantizar el normal funcionamiento de las instituciones constitucional y legítimamente constituidas (Ibáñez, J. 2005, p. 48).
En la actualidad y para efectos de operacionalizar del concepto se puede concebir en una visión dualista -externa e interna- para pro-curar la existencia y estabilidad del Estado, así:
La dimensión externa: está compuesta por la independencia e inte-gridad territorial del Estado, la cual debe ser garantizada por las Fuerzas Militares (artículo 217 de la C.P.C). Ésta no se relaciona con el concepto de seguridad pública.
La dimensión interna: la componen la soberanía (capacidad de go-bernar, administrar y representar), el régimen constitucional (los tratados internacionales ratificados, la constitución y las leyes) y el orden constitucional (adecuado funcionamiento de las insti-tuciones de Estado), cuya protección fue encomendada a todos los habitantes y a la Fuerza Pública en Colombia (artículo 26 de la C.P.C).
Sólo la visión interna de la seguridad nacional será concebida como componente articulado a la seguridad ciudadana del cual se deriva la acepción de la seguridad pública.
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a) Soberanía: desde la perspectiva de la legitimidad, se constituye en las expresiones de reconocimiento y disconformidad que al ciuda-dano le merecen las normas del Gobierno (sistema político) como el actor formal encargado por el colectivo de ejercer el control en la or-ganización social. Connota la legitimidad, la aceptación y el respeto, generalmente consentido y excepcionalmente coaccionado, de un ordenamiento jurídico que no sólo condiciona, sino que determina el comportamiento individual y colectivo (Bolívar, J. 2009).
La dominación legítima (de carácter racional) se apoya en “... la creen-cia de la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad” (Weber, M. p. 172). Pero con el fin de ejercer la dominación legítima que conduzca a la legitimidad de los órganos estatales se requieren mecanismos y personas que desarrollen funciones específicas “Para llevar a cabo este tipo de dominación se desarrolla la burocracia como cuerpo administrativo, profesional y especializado que se encarga de mantener un orden político a través de la aplicación y el respeto de las normas” (Ibarra, S. 2001, p. 90).
En este mismo sentido, Andrés Dávila (1995) expone que:
Habermas concibe la legitimidad como un consenso argumentativo ver-dadero. Su conceptualización se desenvuelve en dos planos. El prime-ro, del orden político, que se legitima y utiliza unos mecanismos para ello; el segundo, el de los individuos que construyen, sustentan y funda-mentan la creencia en la validez de esos órdenes. La tensión existente entre estos dos planos del concepto lleva a una reducción y elaboración al mismo tiempo del espectro del problema (p. 18).
La relevancia de los procesos de legitimación en la relación autori-dad subordinación estriba en reconocer la validez de las acciones en la función administrativa que permita el reconocimiento subjeti-vo de los actores y, de esta manera, lograr diferenciarlos del carác-ter legal de los actos. (Cruz, L. 2008).
b) Régimen constitucional: la normatividad establecida para regular las relaciones sociales, entre otros propósitos, busca establecer condicionamientos que permitan el desarrollo individual y colectivo de los asociados. No en vano el artículo 4o del Código Civil Colom-
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biano enuncia que “el carácter general de la Ley es mandar, prohibir, permitir o castigar” (Congreso de la República de Colombia, 1887).
Existen tres dimensiones importantes del régimen constitucional: 1 - Que las normas expedidas por los órganos del poder son válidas. 2 - Que quien ejerce el poder de conformidad con esas normas ac-túa justamente y dentro de la legalidad. 3 - Que una vez la norma ha sido expedida válidamente y el funcionario ha ordenado su aplica-ción, el sujeto pasivo debe actuar de conformidad.
Por esto el policía no debe actuar frente a la seguridad de los ciuda-danos por motivos o creencias personales, materiales o valorativas, sino que sus actuaciones deben ser legales, ajustadas a derecho. Pero uno de los factores de mayor ocurrencia es que la falta de atención a los aspectos normativos perturba la relación ciudadano-policía-administración, basada en los aspectos materiales y funcio-nales del ordenamiento jurídico.
En el sentido colectivo, desde el punto de vista de la seguridad ciu-dadana, la comunidad espera que los servidores públicos de la Poli-cía Nacional y de la Administración en general realicen su actividad de acuerdo a lo prescrito por la norma (de lo contrario, se estaría frente a un abuso de poder, arbitrariedad u omisión), pero que tam-bién, en términos individuales, los ciudadanos no violen la facultad que les concede la norma de hacer o abstenerse de hacer alguna acción propia. La ocurrencia esporádica de estos eventos es propia de un sistema jurídico, pero la generalización de las violaciones de una u otra parte lo que demuestra es ineficacia o ilegitimidad.
c) Orden constitucional: proteger la estructura y el efectivo funciona-miento de las instituciones del Estado Social de Derecho e impedir que se modifique el régimen constitucional -contribuir a que los po-deres públicos cumplan su función constitucional (Ibáñez, J. 2005, p. 84)-, con lo cual se asegure el ejercicio del poder legal y legítimo indispensable para la unidad de gobierno y responder a las deman-das -prestaciones sociales y servicios básicos (Ruíz. s.f. p. 12)- de los ciudadanos para, de esta forma, lograr el desarrollo de los fines esenciales contemplados en el artículo 2 de la constitución. “Sin embargo, hay que reconocer que los nuevos patrones de cambio
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regional y global están transformando el contexto de la acción polí-tica, creando un sistema de centros de poder múltiples y esferas de autoridad superpuestas” (p. 12).
Para lograr este fin y en contexto institucional, se dispone de la con-trainteligencia policial como la actividad que anticipa las amenazas y vulnerabilidades que afectan la integridad policial, la estabilidad institucional y la seguridad operativa (Dirección de Inteligencia Po-licial, 2011, pp. 17-34) para proteger la estructura y el adecuado funcionamiento de la Policía Nacional.
Una vez descritas las dimensiones de la seguridad nacional, conti-núa el análisis de la seguridad ciudadana como la segunda catego-ría y complemento de la seguridad pública.
Seguridad ciudadana
Es una de las categorías de la seguridad pública cuyo interés de protección se relaciona con la seguridad individual y colectiva de los ciudadanos frente a los factores que perturban el ejercicio de los derechos y libertades públicas, cuyas manifestaciones de afecta-ción se constituyen en problemas públicos.
En tal sentido, y para operacionalizar el concepto, se clasificará la seguridad ciudadana en unos ámbitos de protección agrupados en dos categorías: la primera, entendida como la individual, compues-ta por la vida, integridad personal y patrimonio. La segunda, que abarca aspectos orientados a garantizar la cohesión social. Para una mejor comprensión se elaborará una aproximación a cada di-mensión -con sus componentes- de la seguridad ciudadana.
Dimensión individual
a) Vida: las autoridades de policía, como autoridades administrati-vas, deben adoptar medidas preventivas y correctivas (perjuicios inminentes), proporcionales, razonables y necesarias, para la pro-tección de la vida digna de las personas, teniendo como criterio de actuación que no se limite la realización de los proyectos de vida
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individuales; que prevalezca el interés general y la preservación de la convivencia.
... no significa la simple posibilidad de existir sin tener en cuenta las con-diciones en que ello se haga, sino que, por el contrario, supone la garan-tía de una existencia digna, que implica para el individuo la mayor po-sibilidad de despliegue de sus facultades (Corte Constitucional, 1999), pues supone además que se deben garantizar las condiciones para la pervivencia y el desarrollo efectivo de la vida humana en sociedad.
La vida constituye la base para el ejercicio de los demás derechos, lo que representa para el Estado dos ámbitos vinculantes: los debe-res de respetarla y de protegerla frente a amenazas reales, concre-tas, específicas, individualizadas y verificables. Así, las autoridades públicas están doblemente obligadas, a abstenerse de vulnerar el derecho a la vida y evitar que terceras personas lo afecten (Corte Constitucional, 2002).
b) Integridad personal: es inherente a la persona en atención a su naturaleza y consiste en gozar del derecho a la integridad física, psi-cológica y moral. Este derecho comporta el deber de no maltratar, no ofender, no torturar, ni comprometer la integridad física y mo-ral de las personas, como garantía del respeto que se le tiene a la dignidad humana, estrechamente ligada con los más altos valores sociales que fundamentan también la protección del derecho a la vida (Corte Constitucional, 1998).
En el aspecto físico, la integridad personal se refiere a la conser-vación del cuerpo humano en su contexto anatómico y al equilibrio funcional y fisiológico de sus diferentes órganos.
En lo concerniente al ámbito psicológico del ser humano, se refiere a la preservación total y sin menoscabo de la psiquis de una perso-na. Es decir, de las plenas facultades mentales propias de su activi-dad cerebral, tales como la razón, la memoria, el entendimiento y la voluntad, entre otras.
El normal funcionamiento físico y psíquico de una persona asegura un despliegue de sus facultades humanas de una manera completa y única. Perder o disminuir esas facultades por la acción u omisión
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de un tercero constituye una violación a los derechos fundamenta-les de las personas.
En el aspecto moral, se refiere a la capacidad y a la autonomía del in-dividuo para mantener, cambiar y desarrollar sus valores personales.
Por lo anterior, el derecho a la integridad personal “vinculado nece-sariamente con la protección a la dignidad humana” tiene estrecha relación con otros derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la salud (Huertas, O., Barona, R., Mora, D., Doncel, L., Mar-tínez, M., y Sanabria, A. 2007).
c) Patrimonio: el patrimonio es una noción de orden esencialmente pecuniario; los derechos que no tienen significación pecuniaria que-dan por fuera del patrimonio; “... el patrimonio constituye un todo, y un todo de naturaleza jurídica; es una universalidad jurídica inde-pendiente de los elementos que la componen; el patrimonio es un atributo, una emanación de la personalidad, y como una proyección de dicha personalidad en el campo del derecho...” (Corte Constitu-cional, 1993).
El patrimonio de las personas es un derecho fundamental constitu-cional porque a falta de él, el hombre no podría cumplir su cometido de ser social, ya que lo necesita para realizarse como tal y ha de contar con él para atender por lo menos las exigencias económicas de supervivencia suya y de su núcleo familiar.
Las principales características del patrimonio son, entre otras, que solo las personas (naturales o jurídicas) son titulares de él; toda persona posee un patrimonio, así este se encuentre conformado solo por deudas, pues la mayor o menor cantidad de bienes no sig-nifica que una persona tenga varios patrimonios; no es transmisible, sino por causa de muerte, ya que nadie en vida puede transferir la totalidad de los bienes que lo conforman. Se dice entonces que el patrimonio es personalísimo, inagotable, indivisible e inalienable, pero sí puede ser objeto de embargo y de expropiación en lo que se refiere a la tenencia de bienes materiales, por razones de utilidad pública o de interés social.
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Dimensión colectiva
a) La cohesión social: a pesar de tener como peculiaridad que es un concepto en construcción, producto de la ambigüedad que lo ca-racteriza y el permanente debate académico al que ha sido someti-do, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), desde el año 2007 lo considera por un lado, como el conjunto de mecanismos de integración que existen en una sociedad y, por otro, como las percepciones de la ciudadanía sobre la operación de di-chos mecanismos. Estas últimas a su vez determinan el sentido de pertenencia al colectivo social por parte de los grupos que lo conforman (p.16). Así mismo, “se refiere no sólo a los mecanismos instituidos de inclusión y exclusión en la sociedad, sino también a cómo estos influyen y moldean las percepciones y conductas de los individuos ante una sociedad o comunidad en particular” (p. 10).
Los desarrollos teóricos del concepto de forma reciente están aso-ciados a los mecanismos de integración para el bienestar general de la sociedad en su conjunto que estableció la Unión Europea. El Co-mité de Ministros del Consejo de Europa (2010) la define como “la capacidad de una sociedad para asegurar el bienestar de todos sus miembros, minimizar las disparidades y evitar la polarización: una so-ciedad cohesionada es una comunidad de apoyo mutuo compuesta por individuos libres que persiguen estos objetivos comunes por me-dios democráticos” (p. 2). El despliegue y la validez de su contenido fueron irradiados a la visión de la política pública de Latinoamérica que la considera fuertemente en su marco de gestión.
El profesor Carlos Barba Solano (2011) resalta elementos claves para la cohesión social que resultan integradores para visualizar los fines de la misma: pertenencia, legitimidad y confianza. Por lo tan-to, la cohesión social hace relación a la naturaleza “de los vínculos sociales que permiten a los individuos experimentar un sentido de pertenencia social (en diversas escalas), confiar en los demás (con-fianza horizontal), reconocer la legitimidad de la sociedad y confiar en sus instituciones” (p. 71).
La cohesión social se asocia con las categorías de capital social, integración social, inclusión social y ética social como partes estruc-turales de la misma. Para tener una panorámica del significado de
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cada una de ellas, se hará una aproximación conceptual, guardan-do como criterio una contextualización de sus implicaciones en la seguridad ciudadana y por ende, en la seguridad pública.
Capital social: su marco de significancia está dado por la CEPAL (2007a) como:
[aquel]... patrimonio simbólico de la sociedad en términos de la capa-cidad de manejo de normas, redes y lazos sociales de confianza, que permiten reforzar la acción colectiva y sentar bases de reciprocidad en el trato, que se extienden progresivamente al conjunto de la sociedad. En este sentido, el capital social da cuenta, en buena medida, de un acervo de los agentes sociales que contribuye a una sociedad más co-hesionada (p. 15).
Mientras el vínculo y la interacción de los actores entorno al capital social tengan suficiente proximidad, positivismo y fortaleza “mayor será la variedad requerida en la toma de decisiones y mayor la ca-pacidad de aprendizaje organizacional dentro de la red” (Navarrete, N., Piergentili, N. y Sulbrandt, J. 2007). Para la seguridad pública, el capital social es importante de cara a la interlocución de líderes legítimos y representativos de los colectivos organizados con las au-toridades locales y los cuerpos de policía en un marco de confianza. James Coleman (1988) explica que el capital social “es el valor de los aspectos de la estructura social de los actores como los recur-sos que pueden utilizar para lograr sus intereses” (p. 101). Por tan-to, es una forma de vincular subjetividades recogidas y agrupadas en dinámicas colectivas que pretenden bienestar general.
El objetivo fundamental del capital social en este contexto, es poten-ciar los mecanismos de coordinación establecidos para que se ges-tionen y asuman compromisos desde el principio de la correspon-sabilidad frente al tratamiento e intervención de las amenazas a la seguridad pública. En esta instancia juega un papel determinante la gestión comunitaria como herramienta para administrar, operacio-nalizar y mantener proyectos de en esta órbita de forma coordinada y cooperativa en busca de beneficios comunes.
Integración social: en atención a la proposición de la CEPAL (2007a) se entiende como “... un sistema común de esfuerzos y recompen-
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sas, igualador en cuanto a oportunidades y meritocrático en térmi-nos de retribuciones ...” (p. 16). En el año 2007, Martín Hopenhayn (citando a Schindlmayr, Huber y Zelenev, 2006) indica que la inte-gración social es aquella donde existen:
... dinámicas de sociedades que son estables, seguras y justas, ba-sadas en la promoción y protección de todos los derechos humanos, como también en la no-discriminación, la tolerancia, el respeto por la diversidad, la igualdad de oportunidades, la solidaridad, la seguridad, y la participación de todos, incluyendo a los grupos y persona en situa-ción de desventaja y vulnerabilidad que considera el nivel mínimo de bienestar compartido entre los miembros de la comunidad (p. 38).
Como elemento de interés en la seguridad ciudadana es pertinente establecer que en la praxis colectiva, la integración social está iden-tificada con la posibilidad de acceso a la oferta institucional (bienes, oportunidades y recursos sociales) como sujetos activos de la ciu-dadanía en igualdad de condiciones. De la misma forma, en las fa-cilidades para el uso y apropiación de los bienes y servicios que los diferentes niveles del Estado provee para satisfacer necesidades y expectativas de los asociados para garantizar el bienestar. Significa poseer un acumulado de elementos como plataforma de la justicia social para que haya un “cumplimiento de las condiciones básicas para el bienestar de las personas” (Comisión Económica para Amé-rica Latina y el Caribe, 2007b, p. 47).
La potencialidad de acceso a las expresiones del Estado por parte de los ciudadanos, así como sus roles de actuación dentro de los grupos sociales a los que pertenecen, implican que se precise una interacción de las personas, no solo con sus núcleos de pertenencia directa sino con otros alternos.
La integración social ha sido mayoritariamente contemplada como expresión de la posible conjugación de roles diversos y confluyentes en un individuo o conjunto de individuos”. Luego entonces, el espa-cio de comunicación e intercambio abre el espectro de acción co-lectiva en pos de bienestar, que logra “mayor potencial de beneficio mutuo por complementariedad en la variedad de roles y contactos diversificados (Lozares, C., López, P., Verd, J., Martí, J. y Molina, J. 2011, p. 16).
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Inclusión social: es un proceso que abre las opciones de incorporar los diferentes actores e individuos en los esquemas de decisión sobre aspectos de diversa índole que les atañen como colectivo. Siguiendo su fundamentación la CEPAL (2007a) enuncia que la in-clusión social “no solo supone mejorar las condiciones de acceso a canales de integración, sino también promover mayores posibilida-des de autodeterminación de los actores en juego” (p. 16).
Si bien la inclusión social hace relación y tiene desarrollos teóricos y prácticos para remover círculos de pobreza por la exclusión de personas en los mecanismos de producción de riqueza, el enfoque que aquí se quiere dar está asociado al aspecto político y del ejer-cicio de la ciudadanía. La participación activa de los ciudadanos es catalogada como uno de los principales activos de la democracia de manera que se convierta en un proceso que contribuya a la gestión y aplicación de las políticas públicas. Por eso es importante, abrir los espacios para recoger las preocupaciones y experiencias de los grupos sociales, de forma que ese conocimiento haga parte integral de la planeación, ejecución y evaluación de los programas públicos. Lo que se quiere, es precisamente un medio eficaz para evitar que la exclusión se perpetúe y propiciar que se rompan ciclos de invisi-bilidad y ausencia de deliberación política. Esta es una forma clave para el cambio de percepción y mejoramiento de la legitimidad en el seno de los grupos sociales (Hopenhayn, M. 2007, p. 39).
Los aspectos locales en el área de la seguridad pública demanda la participación activa con enfoque cívico por parte de los ciudadanos, en pro de la atención que el Ente de Policía preste a sus preocupa-ciones y expectativas. Es abrir el abanico de posibilidades para la autodeterminación de los actores sociales de manera que ingresen en los círculos de decisión local.
Ética social: se considera que alude a los valores compartidos y la solidaridad que se estructura dentro de un grupo social (Villasuso, J. 2006). Para la CEPAL (2007a) es “la comunidad de valores, el consenso en torno a mínimos normativos y mínimos sociales, la so-lidaridad como valor ético y valor práctico y un principio asumido de reciprocidad en el trato comunidad de valores y solidaridad, fomen-to de la dignidad humana” (p. 16).
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La ética social tiene relación con la identidad de normas subjetivas que rigen las actuaciones de los individuos, de forma tal que sean socialmente aceptadas y construidas colectiva e históricamente. Al decir de Martín Hopenhayn (2007) la ética social es “la interio-rización por parte de los sujetos de un “saber conducirse” en las relaciones con los demás, donde los bienes públicos y el bienestar general aparecen como motivaciones que guían comportamientos de las personas” (p. 39). Es concluyente que dentro de una socie-dad hay establecido un conjunto de normas y valores que tiene las características de patrimonio simbólico consolidado y vigente que ayuda a mantener una forma de control social en reciprocidad, por-que se espera que el otro se ciña a él.
La solidaridad dentro de los grupos sociales se considera una mani-festación de carácter ético finamente intrincada como valor, porque según Laura Mota Díaz y Eduardo Andrés Sandoval Forero (2011) representa una “diversidad de acciones, pensares, decires y actua-res de las personas y colectivos involucrados en ese conjunto de realidades y subjetividades de la experiencia humana” (p. 43). Su importancia radica, además, en que se convierte en un medio mul-tifacético de cooperación e identidad entre agrupaciones (dadas las relaciones de empatía e identidad), en especial para resolver conflictos y apoyar desinteresadamente a quienes lo requieran, rati-ficando que se trata de un vínculo social dada la necesidad de parti-cipación social, interacción y ayuda para con los demás (pp. 40-45).
Por otro lado, Carlos Eduardo Maldonado (2008) propone que la co-hesión social no está garantizada dada la necesidad de reconocer “el surgimiento, la creación o la emergencia de nuevos valores so-ciales” (p. 12). Esta alerta anticipa escenarios problemáticos para la ética social porque se pueden hacer imperantes determinados principios sociales que varíen la interpretación de mínimos que ri-gen una sociedad de forma moderada y respetuosa de la solidari-dad como un bien colectivo, así como de las formalidades legales y del interés común.
El concepto de cohesión social se refiere sobre todo a las relacio-nes entre los distintos elementos que la componen. La articulación armónica que surja al interior de los colectivos sociales orientará la gestión satisfactoria de la convivencia de los individuos a partir de
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la reducción de las brechas en bienestar general y en los sentidos de adhesión, vinculación y pertenencia a la sociedad por parte de las personas que conforman los grupos sociales. Es decir, la cohesión social consiste en aquellos mecanismos de asociación gestionados y garantizados por el Estado y las percepciones de la ciudadanía sobre la operación de los mismos; se considera, pues, como una respon-sabilidad compartida entre los sectores sociales, la sociedad civil y todos los niveles de gobierno que procuran la equidad y el desarrollo. Los aspectos que componen la cohesión social tienen por propósito prevenir la fragmentación social y la pérdida de lazos estables.
Lo que se pretende con este apartado es dejar sentadas las bases para dimensionar la estrecha relación de integralidad que existe entre la seguridad pública y el ámbito de la cohesión social en el contexto de la dimensión de protección colectiva de la seguridad ciudadana. El Plan de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) como modelo de prestación del servicio de policía tiene un enfoque de prevención e interacción directa y cercana con el ciudadano y las formas de or-ganización social que contribuye al mantenimiento y fortalecimiento de la cohesión social. Esta variable, por tanto, se constituye en un agregado de valor que la Policía Nacional viene protegiendo como medio para garantizar la legitimidad, la gobernabilidad y el desarrollo social en el ámbito local. En este sentido, Lucía Dammert (2012) en un análisis sobre la relación seguridad y cohesión social afirma que “Socialmente, son atributos de un orden colectivo (una sociedad co-hesionada, una sociedad segura) que también tiene profundas con-secuencias en términos individuales” (p. 43).
Entonces la seguridad pública es brindada de manera exclusiva por el Estado como un objetivo de la función policial, pero se requiere establecer en la interacción de las instituciones del orden político-administrativo roles orientados a la protección integral de los ciu-dadanos en las dimensiones individual y colectiva (Corte Consti-tucional, 1993). El concepto aquí propuesto concibe una relación bidireccional entre el Estado y el asociado, cuyo propósito es asumir la responsabilidad constitucional de mantener las condiciones ne-cesarias para la convivencia mediante la protección del individuo y los grupos sociales, así como la preservación de la conducta y el comportamiento (individual y colectiva) en la organización social (Ver gráfico 5).
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Es decir, la sociedad convive en conflicto. Sólo cuando se supera el umbral de tolerancia la alteración se expresa mediante manifesta-ciones de violencia y criminalidad, las cuales amenazan la convi-vencia.
Aquí, se profundizará el desarrollo teórico de la función policial, por ser de interés para la Dirección de Inteligencia Policial aproximarse a la interdependencia que existe entre: a) las amenazas asociadas al conflicto social, b) el enfoque de seguridad pública y c) las capa-cidades -función policial-.
La función policial: la capacidad para proteger la convivencia
Este planteamiento teórico se obtiene de los resultados de la inves-tigación desarrollada por Jean-Louis Loubet del Bayle, autor fran-cés, quien propone que “existe función policial cuando, en el marco de una colectividad que presenta los caracteres de una sociedad global, algunos de los aspectos más importantes de su regulación social interna son asegurados por una o más instituciones encar-gadas de esa tarea, actuando en nombre del grupo y teniendo la posibilidad de emplear como último recurso la fuerza física”. El en-foque de policía, además, contempla tres importantes atributos en una lógica sistémica, es decir, de relación interdependiente entre: 1- la organización político-administrativa (sistema político), 2- la so-ciedad o entorno societario, y 3- el cuerpo de policía.
Frente a ese propósito, Loubet del Bayle orienta los esfuerzos a de-mostrar la consustancialidad entre la autoridad político-administra-tiva y el cuerpo de policía en el marco de un sistema político, lo que hoy se conoce como Ente de Policía (cuerpo de policía y autoridad político-administrativa): “...toda organización política comporta una dimensión policial y la función policial aparece como consustancial a la organización política de una sociedad” (Loubet, J. 1992, p. 13). En ese orden expresa el autor que:
... esa consustancialidad queda además confirmada si se observa que tanto la organización política de una sociedad, como el ejercicio de la función policial encuentran su legitimación en la referencia a un mismo concepto, el de orden social, ya que la finalidad de lo político, al lado de la seguridad exterior, es la de asegurar el orden interno, la concordia
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interior”, en el seno del grupo social políticamente organizado, mien-tras que la función policial remite a los medios puestos en marcha para alcanzar ese objetivo (p. 18).
Esta propuesta coincide con los tratados expuestos en el siglo XIX por los expositores del Derecho Administrativo, quienes comienzan a plantearse dos futuros perfiles de la idea de policía y su impor-tancia para la sociedad: como función e instrumento de orden y de paz, o como necesaria a la convivencia de los asociados (Londoño, F. 2006).
En la realidad se evidencia la convergencia entre ambas propuestas en dos conceptos fundamentales, el orden social -como producto social, que no es legal- y la convivencia o la concordia interior, las cuales se dan de manera complementaria en relación con un mis-mo fin. El orden social plantea para la organización política la impe-rativa preservación de este y es en razón de ello que se introduce el concepto de control social como una de las responsabilidades de la función policial.
El control social, por su parte, es un concepto de inspiración anglosa-jona, extraído de la sociología entendido como: el proceso destinado a asegurar la conformidad de las conductas a las normas establecidas, para salvaguardar entre los miembros de una colectividad concreta el denominador común necesario para la cohesión y el funcionamiento de la misma (Loubet, J.1994, p. 301).
Ese denominador común y necesario se entiende como la convi-vencia, y es esta la finalidad de la función policial, a la que le co-rresponde mantener el equilibrio entre el orden interno y externo, lo individual y lo colectivo, así como otros aspectos tales como pre-servar o restablecer el orden cuando es perturbado por aquellos fenómenos que se conocen como motivos de policía o en el ámbito político como problemas públicos.
La función policial se materializa a través del servicio de policía, concepto entendido como el servicio público que presta el Ente de policía, a través del cual el Estado cumple el mandato constitucional de preservar el orden social. Al respecto afirma Ibáñez Najar (2005) “… le corresponde al Estado prestar el servicio público de policía,
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que está a cargo exclusivo de las autoridades de policía administra-tiva, las cuales para tal efecto cuentan con el apoyo del cuerpo de policía” (p. 86).
El servicio a cargo de la Policía Nacional, hace parte de la función administrativa que debe cumplir la Rama Ejecutiva del Poder Públi-co “al servicio de los intereses generales” (artículo 209 C.N.) (p. 88). Es por ello necesario producir inteligencia policial para asesorar los tres niveles de despliegue de la estructura del servicio de policía: estratégico, táctico y operacional (Policía Nacional, 2009. p. 39).
Inteligencia policial estratégica: actividad que consiste en com-prender las amenazas a la convivencia para asesorar el diseño de la política institucional de la Policía Nacional y la formulación de política pública del Gobierno Nacional.
Inteligencia policial táctica: actividad que consiste en identificar las amenazas y vulnerabilidades, según la realidad territorial, para desplegar la política institucional mediante el diseño de planes y programas.
Inteligencia policial operacional: actividad consiste en orientar el desarrollo de actuaciones que impidan la configuración de ries-gos (gestión de amenazas y vulnerabilidades) mediante la acti-vidad de policía en coordinación con las demás autoridades del Estado.
Se anticipa el final este capítulo con una reflexión de la necesaria complementariedad que existe con la inteligencia criminal, esto en razón a que el concepto de servicio de policía articula la actividad de policía y la actividad de policía judicial.
La inteligencia criminal: complementaria para el servicio de policía
En la Policía Nacional de Colombia el servicio de policía se conci-be como un dualismo funcional entre actividad de policía (policía administrativa preventiva) y actividad de policía judicial (investiga-ción criminal). En tanto que en el modelo anglosajón, no. En este “el
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primer objeto de una policía eficiente es la prevención del delito; el siguiente es la investigación y castigo de los culpables, si el delito se cometió” (Peel, R., citado por Fentanes, E. 1968. p. 84).
Entonces, se requiere la complementariedad entre la inteligencia policial -asociada a la actividad de policía- y la inteligencia criminal -a la actividad de policía judicial-. Para estos efectos, se entenderá la inteligencia criminal como una actividad que anticipa amenazas criminales contra la convivencia para asesorar la actividad de po-licía judicial (Amaya, H y Cortés Y. 2011). No obstante, pese a la complementariedad para asesorar la planeación del servicio de po-licía, existen diferencias substanciales que ayudan a distinguir la actividad de inteligencia sea una u otra.
Determinar el grado de complementariedad de estas dos tipolo-gías de inteligencia, implica considerar un mecanismo de definición conceptual que arroje claridad sobre el objeto, límite y alcance de cada una de ellas. Definir algo por su esencia, según Aristóteles, es incluirlo en su género próximo e indicar su diferencia específica. El piso epistemológico de un área de conocimiento se determina por su delimitación e integración al acervo comprensivo del objeto de estudio por parte de las personas vinculadas directa o indirec-tamente a la misma. De ahí la necesidad de plantear una serie de proposiciones que cimenten y estructuren ese estatus de manera que se introduzcan dentro de la doctrina corporativa.
INTELIGENCIA POLICIAL Criterios de Comparación INTELIGENCIA CRIMINAL
Modalidad de un cuerpo de policía
Organización que la produce
Actividad de un cuerpo de policía u otro organismo estatal
Amenazas derivadas del conflicto social Unidad de análisis Amenazas criminales
Actividad de policía Origen primario del dato Actividad de Policía Judicial
Tabla 14. Comparación entre inteligencia policial e inteligencia criminal. Amaya, H. y Cortés, Y. (2012). El Fleteo: análisis de un fenómeno criminal para asesorar el servicio de policía, Programa Internacio-nal de Asistencia y Entrenamiento en Investigación Criminal (ICITAP). Bogotá D.C., Colombia.
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Como se parte de dos conceptos equívocos (inteligencia policial e inteligencia criminal), donde es notable la ausencia de una de-finición elaborada, histórica, colectiva y aceptada mayormente por los actores sociales involucrados en su uso, se está haciendo un esfuerzo para delimitar su amplitud. Un inconveniente anexo que se ha identificado tiene relación con el uso indiscriminado de esas nociones en el lenguaje vinculado al tema de la convivencia en algu-nos países del hemisferio, sin que tengan una connotación clara y definida. Incluso, para algunas personas, la mención puede ser des-conocida, sinonímica y en el peor de los casos, ligada a los arcaicos conceptos de la inteligencia de Estado, que se le sindicó de vacilar ante el respeto de los Derechos Humanos en el marco histórico de la “guerra fría” y esquemas antidemocráticos superados hace ya varias décadas.
Por ello, este componente es netamente reflexivo, y tiene por pro-pósito fundamental invitar a al debate, al análisis y a la divergen-cia. Lo que se busca es darle una mayor solidez y estructura a los fundamentos epistemológicos de la propuesta. Está claro que no se pretende dar una fundamentación cerrada, condicionada, ni ter-minada; por el contrario, se plantea que sea el comienzo de una construcción dialéctica que genere espacios de interacción y com-plementación. No se persigue un fin último diferente a mejorar la estructura epistémica que aporte al desempeño institucional de las entidades del Estado comprometidas en la seguridad pública. Pero se quiere contribuir a la construcción doctrinaria más allá de proposiciones tradicionales o guiadas por los pareceres cotidianos ligados a la experiencia.
De la complementariedad entre inteligencia policial e inteligencia criminal
El primer elemento fundamental de la complementariedad es la re-lación directa que funge entre las dos tipologías de inteligencia para identificar nexos o terminales causales dependientes entre sí con el propósito de comprender, desde la diferencial de cada objeto de estudio, la interdependencia de las amenazas que afectan la convi-vencia. En este sentido, los fenómenos y noúmenos que integran el ser (o ente) de la amenaza, tienen distintos aspectos que los descri-
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ben, pero con esquemas igualmente esenciales de un conocimiento perfectamente definido acerca de los objetos en cada área de do-minio de una u otra. Esta afirmación de carácter objetivo apertura la posibilidad de tener una visualización de acción transversal en las ciencias y disciplinas que estudian aspectos relacionados con la convivencia.
En segunda medida también se trata de los aportes en materia de conocimiento que se genera en cada una de ellas. Porque se pue-den presentar explicaciones diferentes para la interdependencia de las amenazas a la convivencia, de acuerdo a la perspectiva que en esencia poseen de forma disímil. Con ello, se trae desde la realidad a la abstracción, una comprensión de elementos que en su estruc-tura y funcionamiento pueden ser complejos y sirven para la cohe-rente explicación de amenazas asociadas a la otra inteligencia. En esencia, tanto la interdependencia como la complejidad, desde la perspectiva de sistemas, para un acercamiento a la realidad son, en lo práctico, elementos de complemento. Un tercer factor, es la selec-tividad o enfoque que ofrece la posibilidad de definir y aproximarse con las técnicas propias de cada una de ellas, a las amenazas que son realmente importantes para el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho.
La complementariedad se visualiza, por otro lado, cuando se entien-de que las entidades del Estado que, según el caso, están compro-metidas en el desarrollo de la inteligencia policial, y que lleguen a ejecutar formalmente la inteligencia criminal, están sometidas al or-denamiento jurídico, que implícitamente explican principios de com-plementariedad, coordinación y corresponsabilidad. Por lo tanto, se alinean en orientar su acción al cumplimiento de los fines esencia-les del Estado (artículo 2 de la Constitución Política Colombiana). Es decir, que hay una conjunción de actividades que en la práctica están ligadas a coordinaciones, compartir información, entre otras. Esta concepción vinculada al Estado Social de Derecho implica que en lo que respecta a la inteligencia policial, al ser ejecutada como una modalidad del servicio de policía, se encuentra sometida al marco normativo que establece límites y alcances definidos. Como garantía de esta visión, día a día se democratiza la función de inte-ligencia en Colombia y aumentan sistemáticamente los controles para evitar desviaciones fácticas.
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En la práctica, la complementariedad se da además, por la interpre-tación simultánea de las amenazas a la convivencia desde puntos de vista diferenciales guiados por la unidad de análisis, técnicas y dependencias específicas. Es probable que en esas experiencias se excluyan mutuamente por la mecánica de acercamiento a los pro-blemas. No obstante, serán las instancias de decisión con carácter colegiado o individual, las encargadas de recopilar los avances en la producción de conocimiento mediante el asesoramiento e inciden-cia en el proceso decisional. Al final, el resultado se puede percibir en términos de visiones integrales focalizadas en el tratamiento sis-témico de los riesgos a la convivencia.
En este sentido, no hay antagonismos ni incompatibilidad, más aún cuando se encuentran por encima intereses superiores ligados a la función estatal. La complementariedad es un sistema conceptual más amplio producto de la fijación del objeto, límite y alcance de estas tipologías de inteligencia. Tampoco se está ante una dualidad o una sinonimia, sino ante dos elementos diferentes con propósi-tos también diferenciales, aun así parezca que los rasgos esencia-les estén en lo que se podría catalogar como una delgada línea de imperceptibilidad. En estricto sentido positivo y constructivista, se pretende avanzar en la superación de potenciales contradicciones o confusiones conceptuales y prácticas. No es que se trate de que una u otra es más importante o dominante; esa discusión en estric-to sentido, no tiene asidero, gracias a la especificidad y complemen-tariedad circunstancial en doble vía (alimentación y retroalimenta-ción) en la que se está avanzando.
La inteligencia policial y la inteligencia criminal no son tampoco ex-cluyentes. Sobre todo porque no se trata de entrar en el paradigma de plantear eventuales enfrentamientos o protagonismos entre las instituciones que las desarrollan. Lo importante es tener la concep-ción de que cada una de ellas puede servir para propósitos diferen-ciados de acuerdo a la necesidad, pero enfocadas en aportar desde su perspectiva particular, a asesorar cursos de acción relativos a la convivencia. Como consecuencia de lo anterior, tienen aplicaciones diferentes en términos de planeación y prestación de la actividad de policía para la inteligencia policial, o la formulación de la política criminal para la inteligencia criminal.
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Además, la coherencia y correspondencia entre estas tipologías de inteligencia, le da un valor de racionalidad a las proposiciones desa-rrolladas. En este sentido, se dice que para producir conocimiento desde una u otra de las tipologías en mención, se deberá acudir de manera separada al ejercicio propio de su actividad, por la diversi-dad de herramientas, métodos y sobre todo, la diametral diferencia entre las unidades de análisis. La ventaja para lograr esta finalidad es que cada una de ellas tiene su espectro de acción bien definido, pero a su vez, ambas, producen inteligencia sea estratégica, táctica u operacional, dirigida a asesorar temas afines con la convivencia.
La problemática se establece porque si bien, puede afirmarse que una instancia aboque el despliegue de estas tipologías de inteligen-cia, seguramente desde el punto de vista funcional y de misión cons-titucional de determinadas instituciones, no tenga mecanismos vá-lidos de interacción y capacidad de asesoramiento. Por eso, para la futura implementación de la inteligencia criminal en el país se debe tener la claridad que la inteligencia policial, con un objeto de estudio definido y toda una tradición histórica, deberá continuar como una modalidad del servicio de policía de carácter autónomo. Serán enton-ces las ramas del poder público, las llamadas a abocar la definición de las instancias y regulaciones jurídicas que guíen la inteligencia cri-minal, como producto de ejercicios de análisis y consenso.
Las bondades de la diferenciación en lo local
En cuanto a la utilidad de la inteligencia policial y su punto de con-fluencia con la inteligencia criminal, está condicionada por la de-pendencia funcional y orgánica que se le designe a la segunda de ellas, al interior de alguna institución del Estado relacionada proba-blemente con la investigación criminal, o si se diera el caso, la crea-ción de nueva organización estatal. Una vez sorteado este factor, la confluencia de estas tipologías de inteligencia estará dada en instancias de coordinación interinstitucional del nivel central o en órbitas de gobierno, de manera que se influencie a los tomadores de decisión en acciones dirigidas contra los factores de riesgo que atentan contra la convivencia, es decir, comprender para actuar; en otras palabras, prevenir que significa desplegar acciones con-tra el factor de riesgo. Ese podría ser el eje articulador y punto de
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conexión de estas tipologías de inteligencia al servicio del Estado -Ente que tiene la responsabilidad de garantizar las condiciones de convivencia-.
En este aspecto, es notorio que en la actualidad los Comandantes de las unidades policiales asentadas en jurisdicciones territoriales (estaciones y subestaciones de policía, especialmente), requieren una considerable contribución de la inteligencia criminal en aten-ción a las exigencias institucionales para el control y disuasión de los delitos y las contravenciones. También por la necesidad de cum-plir los indicadores de las políticas de convivencia de las diversas instancias de gobierno. Por lo tanto, la inteligencia criminal de ca-rácter operacional se convierte en un insumo para alcanzar resul-tados tangibles y mitigar la ocurrencia de conductas punibles. No obstante, para comprender la dinámica e interdependencia de los conflictos sociales asociados por lo general a necesidades básicas insatisfechas, manifestaciones de violencia y hechos de criminali-dad, será la inteligencia policial la llamada a orientar la acción insti-tucional. Sin embargo, ambas tiene en común que están orientadas a contribuir a la prevención de las manifestaciones que afecten la convivencia.
La inteligencia criminal, por tanto, deberá orientar su atención a la comprensión de las amenazas criminales. Gracias a que el enfo-que de las políticas integrales de seguridad del Estado durante los últimos periodos de gobierno, se han concentrado en disminuir los indicadores en la comisión de delitos, esta actividad se constituiría en una herramienta de utilidad en todos los niveles de despliegue de la Policía Nacional.
Necesidad de saber qué es como punto de partida
Pensar en la diferenciación entre inteligencia policial e inteligen-cia criminal surge de la imperiosa necesidad de avanzar en una propuesta sistemática para encontrar la esencia de lo que se es (el qué). Deslindar los elementos que conducen a las dicotomías y confusiones es una labor propia para delimitar y definir tanto la naturaleza como los atributos que pertenecen a cada tipología de inteligencia con el fin de llegar a una propuesta universal que defina su totalidad y unicidad. En otras palabras, es definir su esencia (ha-
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llar el género) de forma necesaria y suficiente frente a un medio, con base en proposiciones propias que le distingan de las demás. Aun-que pareciera una discusión estéril, vale decir innecesaria, exige la rigurosidad y lógica que se plantearon y desarrollaron en la primera parte de este capítulo, como presupuesto para la comprensión con-ceptual y la facilitación en la comunicación específica.
La importancia de la inteligencia policial estará determinada por la capacidad de anticipar las amenazas derivadas del conflicto social que atentan contra la convivencia para asesorar la actividad de po-licía, mientras que la inteligencia criminal se encargará de antici-par las amenazas criminales contra la convivencia para asesorar la actividad de policía judicial. Ambas de forma integrada podrán, entonces, darle soporte decisional al servicio de policía. Aquí se quiere llamar la atención sobre la imperiosa necesidad de volver a los principios doctrinales que rigen el concepto de policía tanto en la corriente francesa como en la anglosajona de donde emanan los desarrollos que en la materia se han hecho en Colombia; porque desconocer la esencia teórica de los conceptos y términos que les son propios, puede conducir a nublar la comprensión o confundir los planteamientos expuestos.
El primer beneficio de elucidar el objeto, límite y alcance de la inteli-gencia policial frente a la inteligencia criminal, es definir la identidad y el marco de actuación de cara a los retos estratégicos, tácticos y operacionales que demanda la convivencia en la era moderna del Estado Social de Derecho. Consecuentemente, aportar al estatuto epistemológico que lo fortalezca para ampliar la base teórica de co-nocimiento para algo que hoy, en su esencia, tiene el carácter de-nominativo de modalidad del servicio de policía, herramienta, pro-ceso, entre otros, pero que como desafío de futuro, deberá avanzar en métodos, metodologías y rigurosidad hasta convertirse en una disciplina científica que coadyuve y se nutra en el conocimiento de algunas ciencias como la sociología, la política, solo por mencionar algunas.
En segunda instancia la objetivación de los ámbitos de acción de-parará, como consecuencia, claridades sobre lo que se debe hacer. Este probablemente sea el nivel de mayor utilidad práctica porque definirá, de manera material, el tipo de planeación y acciones para
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cumplir la labor de producción de conocimiento desde la modalidad de inteligencia policial. Será entonces, la forma para salvar definitiva-mente la recurrente confusión de roles que se presenta no solo entre las diferentes modalidades y especialidades de policía sino con otras tipologías de inteligencia asociadas a esta función del Estado.
En lo particular, la necesidad de redefinir la inteligencia policial res-ponde a las nuevas realidades de la sociedad moderna, los giros doctrinarios, los avances de política pública de convivencia y las demandas de los ciudadanos. Ese viraje implica que las necesida-des de convivencia se afronten por parte de los cuerpos de policía desde una perspectiva que materialice una mejora en la planeación y prestación de la actividad de policía dirigida a la intervención de eventuales riesgos. La modificación de las tradicionales amenazas a la estabilidad del Estado disminuye su potencial impacto; mien-tras tanto, la interacción ciudadana focalizada especialmente en los entornos urbanos, modifica la reproducción del mundo social dando como resultado la creación de múltiples problemáticas difíciles de identificar, comprender e intervenir.
La fluctuación de las interacciones humanas así como la evolución de las dinámicas asociadas a la convivencia, presionan el surgi-miento de amenazas asociadas al conflicto social, entendidas éstas como la unidad de análisis de la inteligencia policial. Bajo esta pers-pectiva se requiere un enfoque realista que, a partir de las capaci-dades y oportunidades, deparen visiones vanguardistas y de prefe-rencia no dogmáticas para instalar a la inteligencia policial como eje de producción de conocimiento dirigido a asesorar la planeación y prestación de la actividad de policía que desarrolla el cuerpo institu-ción Policía Nacional, para el caso colombiano.
Inteligencia policial e inteligencia criminal desde la perspectiva de la Policía Administrativa
La Policía Administrativa como poder jurídico tiene por objeto la pre-vención. La Corte Constitucional Colombiana (1994) ha definido a aquella como “… el conjunto de medidas coercitivas utilizables por la administración para que el particular ajuste su actividad a un fin de utilidad pública y lograr de esa manera la preservación del orden
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público”. Esta aclaración se justifica para entrar a delimitar, desde el punto de vista doctrinal, las distinciones entre Policía Administra-tiva y la función de Policía Judicial para verificar planteamientos de distinción que se han hecho a lo largo de este ejercicio de reflexión.
Este carácter eminentemente preventivo de la policía administrati-va la distingue de la policía judicial encargada fundamentalmente de reprimir los atentados contra el orden público una vez que ellos hayan ocurrido. La distinción entre ambas policías es importante no sólo por el principio de separación entre autoridades adminis-trativas y judiciales propiamente dichas sino porque en la práctica numerosas acciones de policía son mixtas y su calificación se funda algunas veces en la finalidad de la acción más que en su contenido (Corte Constitucional, 1992, pp. 28-29).
Los fundamentos de la Policía Administrativa como plataforma doc-trinaria de la inteligencia policial advierten que la finalidad es hacer valer los límites y prohibiciones impuestos por la ley para garantizar la convivencia a partir del control social. Como elemento integrador, entonces, la inteligencia policial responde con predicción y antici-pación a la función de Policía Administrativa que articula ese co-nocimiento para cumplir con la indicación primaria y fundamental de su carácter preventivo frente a la materialización de los riesgos (acontecimientos que afectan la convivencia). Por otro lado, enten-diendo que el crimen tiene la connotación de fenómeno social, éste opera como separador entre la inteligencia policial, la investigación criminal y la inteligencia criminal, siendo las dos últimas, desde la diversidad de sus fines y medios, las que sirven de soporte a la ac-tividad de policía judicial.
Se hace énfasis en que la inteligencia policial no tiene como foco de análisis al delito por el delito, sino que más bien, se considera que éste es la materialización de una serie de eventos ligados, por lo general, al conflicto social y hechos de violencia (que no necesa-riamente son punibles), susceptibles de caracterizar para su com-prensión. Por lo tanto, el nivel de correlación de la inteligencia poli-cial está dado directamente al servicio de la vigilancia (prevención) “… los términos de policía y prevención son sinónimos: la policía es únicamente preventiva” (Lleras, M., 2009, p. 196). Por lo tanto,
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cuando se presenta un delito, es la investigación criminal, apoyada en otras ciencias, la que desde el punto de vista reactivo, permita el esclarecimiento del hecho con base en la ejecución del progra-ma metodológico, y por el otro, mientras que la inteligencia criminal gestiona este conocimiento para comprender la amenaza criminal -ésta implica la comisión de más de un delito- y esta forma contri-buir en un futuro con la anticipación de la misma para asesorar la reducción del delito.
Desde la perspectiva de la planeación del servicio de policía surge la exigencia de direccionar el funcionamiento de las unidades poli-ciales para que sean eficaces de cara a los objetivos estratégicos, tácticos y operacionales. Según O. W. Wilson (1966), define la Pla-neación como “… la operación de formular un método o procedi-miento o un ajuste de diversas partes con el fin de facilitar el logro de un propósito definido”. En este sentido, la inteligencia policial contribuye a la planeación y prestación de la actividad de policía, es decir, aporta a la función de prevención que se materializa en el tra-tamiento de las vulnerabilidades y amenazas a la convivencia para disminuir la materialización de riesgos. La inteligencia criminal, por su parte, estaría alineada a la actividad de Policía Judicial e incluso, a la formulación de política criminal del Estado.
Una vez entran en complementariedad e interdependencia, la acti-vidad de policía con la actividad de policía judicial, integran lo que conceptualmente recibe la denominación de servicio de policía ca-lificado como servicio público que está “… encaminado a mantener y garantizar el libre ejercicio de las libertades públicas y la convi-vencia pacífica de todos los habitantes del territorio nacional”. (Po-licía Nacional, 2009, p. 18). Para el caso de Colombia hay que ser explícitos y recurrentes en afirmar que el cuerpo institución Policía Nacional, desarrolla de forma paralela estas dos actividades con dependencias especializadas para cada fin.
Por otro lado, el aporte de Inteligencia Policial desde la óptica tác-tica estaría dirigido a contribuir en el diseño los planes entendidos como “un conjunto organizado y metódico de actividades previstas para realizar una operación policial o adelantar un procedimiento administrativo. Se elabora a partir de una decisión o proyecto del mando; en él se asignan responsables, responsabilidades y se mo-
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vilizan los recursos necesarios” (p. 46). Esta orientación estratégica y táctica parte de la comprensión de las amenazas a la convivencia en los niveles de despliegue institucional estructurado en los Planes Nacional y Regional de Inteligencia.
Una correcta coherencia, complementariedad e interdependencia de la inteligencia policial y la inteligencia criminal se puede convertir en una herramienta eficaz para la toma de decisiones significativas y adaptativas frente a las amenazas que atentan contra la conviven-cia. Lo que contribuirá a una mejor planeación y prestación del ser-vicio de policía enfocado en el tratamiento de las amenazas y la su-peración de las vulnerabilidades institucionales del Ente de policía.
Hechos estos planteamientos se invita al lector a la reflexión, al de-bate y a revisar en forma detallada la caracterización de la comer-cialización de estupefacientes, que bajo la denominación de ame-naza a la convivencia, sirve como presupuesto para la predicción y la anticipación. El siguiente capítulo de este libro es donde las proposiciones epistemológicas de la inteligencia policial, se mate-rializan en la práctica.
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CAPÍTULO III
Caracterización de la comercialización de estupefacientes: el presupuesto para la predicción y la anticipación
La comercialización de estupefacientes para efectos de la presente investigación es una actividad económica criminal que pretende satisfacer las necesidades o deseos de los consumidores, monetizar los productos del narcotráfico y maximizar ganancias.
La predicción se refiere al pronóstico de algo específico que puede suceder. En este ámbito es claro que la predicción se formula a partir de una imagen sensomotora – de una contextualización
del mundo externo-. El marco de referencia de la imagen interna, premotora de lo que va a suceder, se construye con base en
las propiedades del mundo externo, según nos la trasmiten los sentidos de audición, visión o tacto. El resultado de comparar
el mundo forjado internamente con la información que llega del mundo externo genera órdenes para emprender una acción
motora eficiente.
Rodolfo Llinas.
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CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
A continuación se plantea una estructura de comprensión, análisis y seguimiento transversal del narcotráfico. Bajo esta perspectiva, se pro-pone considerar al narcotráfico desde la óptica de una empresa crimi-nal que funciona como un sistema socioeconómico, el cual se puede clasificar según su constitución como físico-abstracto y, de acuerdo con el nivel de intercambio con el medio, abierto (Bertalanffy, L. 1976). Tal descripción tiene sentido porque presenta relaciones de intercambio con el ambiente a través de entradas y salidas, y a su vez, está com-puesto por subsistemas susceptibles de visualizarse como procesos, y representarse de tal forma.
Entonces, el narcotráfico se puede entender como un sistema de pro-ducción capitalista (Harvey, D. 2001) integrado por los subsistemas de producción, distribución, comercialización y el flujo de capitales.
La evidencia que se obtuvo en procura de identificar esta estructura lógica de análisis del narcotráfico tuvo la participación de analistas de narcotráfico de varios cuerpos de policía del hemisferio. Esta necesi-dad se derivó de la inexistencia de un instrumento que permitiera ela-borar ejercicios analíticos de manera sistémica para la caracterización de este problema. Una conclusión al respecto, es que el sistema no es controlado en su totalidad por una sola organización criminal, sino que por el contrario, puede haber numerosas estructuras o personas que prestan servicios o elaboran bienes que aportan en aspectos pun-tuales a determinadas actividades o procesos del narcotráfico. En este mismo sentido, se puede afirmar que en los subsistemas de produc-ción, distribución y comercialización se desarrolla el flujo de capitales o efectivo. Bajo esta proposición queda claro que el lavado de activos es un componente del flujo de capitales en la categoría de inversión y no un subsistema, como de manera tradicional se había concebido por organismos multilaterales y las instancias de persecución penal dentro de los Estados.
Así las cosas, el funcionamiento del narcotráfico como sistema pudiera ser, según se muestra en la gráfica 7 (Cortés, Y. y Parra, R. 2011),
El narcotráfico: una amenazaa la convivencia
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con una coordinación, una comunicación y un control más descentra-lizado. Bajo un enfoque sistémico se plantea una panorámica amplia que pretende lograr un nivel de conocimiento más aproximado para la comprensión del mismo. Eso implica entenderlo como un objeto y cues-tionarse sobre su ser, es decir, de qué está hecho (qué es) y cómo fun-ciona (cómo es) (Heidegger, M. 1975, p. 16), de manera que se pueda objetivar y hacerlo comprensible. Por lo tanto, hay que pensar en darle una orientación ontológica para abstraerlo (importarlo mediante idea-lización) de la realidad y dominarlo por medio de constructos teóricos que describan, más allá de los meros actores y supuestos, cuáles son las partes fundantes del narcotráfico y cómo se desarrolla su mecanis-mo de funcionamiento.
El sistema del narcotráfico interactúa con el suprasistema de la socie-dad, y, por lo tanto, no basta con elaborar análisis criminológicos para su comprensión. En el narcotráfico los subsistemas mantienen una relación sinergética y un equilibrio dinámico que busca maximizar ga-nancias como el fin de la empresa. Esto sugiere que, no obstante, cada subsistema es una parte especializada del todo, el narcotráfico como sistema abierto se apoya en el principio de equifinalidad para lograr una exitosa articulación de sus componentes y materializar el fin. Así mismo, requiere del establecimiento de reglas de comportamiento de un colectivo en sociedad y unas condiciones de orden socio-espacial que permitan su supervivencia en el medio.
Gráfico 7. El narcotráfico: la abstracción de un sistema socioeconómico.”Según la cibernética, el narcotráfico se rige por la causalidad circular”.
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CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
El 8 de abril de 1986 el Presidente de Estados Unidos (EE.UU) Ronald Reagan emitió la Decisión Directiva 221 de Seguridad Nacional, afir-mando que el hemisferio occidental estaba afectado por el narco-tráfico (Egremy, N. 2010). No significa con esto que la historia del tráfico ilegal de drogas date de esa fecha, pues en Colombia se registra legislación contra el fenómeno desde el año 1920, lo que indica que el problema es anterior.
La declaratoria política del narcotráfico como amenaza a la segu-ridad nacional por parte de EE.UU incidió en que los gobiernos lati-noamericanos priorizaran las políticas de seguridad orientadas a la estabilidad de las instituciones del Estado. Ese efecto se experimen-tó de forma especial en especial en Colombia, más aun cuando se atravesaba por una época de la vida nacional caracterizada por el impacto de la máxima expresión del narcoterrorismo.
No obstante, en el año 2010 se marcó un hito en la historia de la lu-cha contra el narcotráfico. El Presidente Barack Obama, en la Estra-tegia Nacional de Control de Drogas, establece criterios importantes como la reducción del consumo con un enfoque comunitario, la arti-culación de las instituciones públicas y privadas del orden nacional y local, y el respaldo a las labores de los servicios del orden público para reducir la disponibilidad de las drogas y por informar al público acerca de los peligros y las consecuencias jurídicas del tráfico y uso indebido de drogas (Kerlikowske, R. 2010). La estrategia, que con-verge con las propuestas de la ONU y la OEA, implica un enfoque en el que se debe privilegiar la seguridad nacional y la seguridad ciu-dadana; es decir, que el narcotráfico se percibe políticamente como una amenaza a la seguridad pública.
Para el año 2012 la Estrategia del Gobierno de los Estados Uni-dos se orienta a “un espectro de la prevención, la intervención tem-prana, tratamiento, apoyo a la recuperación, reforma de la justicia penal, aplicación de la ley y la cooperación internacional” (p. iii), por considerar que el consumo de estupefacientes es una enferme-dad crónica y progresiva. Es este sentido, se hace fuerte la Estra-tegia Nacional de Prevención para mitigar el impacto del consumo de drogas estupefacientes en todos los segmentos poblacionales. En lo relacionado al trabajo integrado con los demás Estados de
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Latinoamérica, se continúa brindando apoyo para reducir la partici-pación de las organizaciones criminales en la desestabilización de los gobiernos y la amenaza que se cierne sobre la seguridad pública (seguridad nacional y seguridad ciudadana). Finalmente, es clara la reorientación de la política al buscar romper el ciclo del consumo de drogas, la delincuencia y el encarcelamiento
Estos cambios en la política internacional exigen nuevos enfoques en el diseño de la política nacional y por supuesto en el análisis del fenómeno. En este sentido, surge la necesidad de identificar un esquema que permita observar la representación aproximada del narcotráfico como amenaza a la seguridad pública y asesorar al Go-bierno Nacional respecto de la evolución y mutación de este siste-ma. El propósito es identificar la forma como el narcotráfico vulnera la estabilidad de las instituciones, no sólo en el orden nacional, sino también en el ámbito local, así como establecer la afectación a la seguridad de los ciudadanos, es decir, un problema aún más com-plejo por la interacción de lo local con lo global (glocalidad).
En tal sentido, se visualizó la necesidad de estudiar el sistema del narcotráfico para ubicar dentro de este el subsistema de la comer-cialización de estupefacientes en el que se configura el narcomenu-deo como la venta, la compra y el consumo de estupefacientes al detal para satisfacer las necesidades del consumidor final. Se halla-ron diversos esquemas para el estudio del narcotráfico, pero no se encontró concordancia en estos. Ello se puede explicar por diferen-tes razones, especialmente del orden político; en un segundo plano, por la baja producción literaria enfocada al análisis epistemológico y ontológico del narcotráfico y en un tercero, por los paradigmas que existen alrededor del tema.
En el primer aspecto surgen diferencias conceptuales y de análisis por la incidencia que esto pudiera tener en la política de coopera-ción internacional, entonces en algunos países de Latinoamérica el esquema operacional de las agencias o instituciones antidrogas es el que se considera para hacer seguimiento analítico a los resulta-dos y gestión contra el narcotráfico, y a partir de estos, diagnosticar el impacto generado por la amenaza. Por lo tanto, la comercializa-ción de los estupefacientes, si bien es una grave problemática local, no se reconoce por ninguna autoridad estatal como una parte es-tructural del narcotráfico.
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En los países productores la variable de cultivos ilícitos es objeto de análisis y medición, mientras que en los de tránsito y destino quizás no representa importancia superior; en razón a ello se puede afirmar que no se comparte una estructura lógica de análisis que permita una lectura integral del narcotráfico, con un lenguaje uni-versal que represente una aproximación objetiva a la realidad del problema.
En el segundo criterio, relacionado con el conocimiento epistemoló-gico y ontológico, se identifican como problema el hecho de no cono-cer la estructura y mecanismo de funcionamiento del narcotráfico, que deja en evidencia confusión con las variables de gestión. Los in-dicadores de seguimiento del fenómeno no representan la realidad, y aunque diversos autores refieren el narcotráfico como un negocio multinacional y a la venta de estupefacientes similar a un mercado, los analistas económicos, de manera particular, han orientado sus esfuerzos a determinar las ganancias que genera y el impacto en el producto interno bruto (PIB). Así mismo, se encuentra un vacío de conocimiento entre la distribución de estupefacientes y el flujo de capital, es decir, se da por hecho que los productos del narcotráfico se comercializan, pero no se conoce la forma en que se monetizan ni se incorporan en el sector real de la economía.
En el tercer aspecto, paradigmas tales como que el producto sólo se comercializa en el exterior (especialmente Estados Unidos y Eu-ropa), que el mercado interno surge como respuesta a los resulta-dos operacionales y estrategias de control por parte de la fuerza pública; que la venta de estupefacientes no tiene directa relación con el narcotráfico o que es un problema de persecución penal o de adicción, sólo ayudaron a profundizar la ininteligibilidad y el desco-nocimiento de la amenaza.
Considerando los aspectos anteriores, surgió la necesidad de ex-plorar modelos conceptuales que permitieran la comprensión del narcotráfico como sistema. En tal propósito se describen algunos esquemas conceptuales propuestos para el análisis del mismo:
a) La Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 de España (Go-bierno de España, Ministerio de Sanidad y Política Social, 2009) concibe cuatro procesos: producción, distribución mayorista, dis-
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tribución minorista y transformación de las ganancias obtenidas en bienes económicamente cuantificables.
b) La cadena de valor del negocio de las drogas psicoactivas ilegales (DPSI) en Colombia (Beltrán, I. y Salcedo, 2007) está compuesta por cuatro (4) actividades principales: producción, transporte, dis-tribución y lavado.
c) La cadena del narcotráfico para la Dirección Antinarcóticos (DIRAN) de la Policía Nacional de Colombia está compuesta por los siguientes eslabones: cultivos ilícitos, producción, dis-tribución y demanda interna.
d) La Dirección Antidrogas (DIRANDRO) de la Policía Nacional de Perú tiene establecido un Ciclo para el Tráfico Ilícito de Drogas (TID), fundamentado en los siguientes procesos: cultivo (coca, marihuana y amapola), transporte de sustancias químicas, pro-cesamiento de drogas ilícitas, distribución de drogas ilícitas, con-sumo, lavado de activos y reinversión de capital.
Como se aprecia, los esquemas pueden tener componentes o con-ceptos diferentes que representan lo mismo; luego, se puede afirmar que existe una necesidad de disponer de un modelo conceptual de la estructura, el funcionamiento y la interacción entre los componentes del narcotráfico. No obstante surge un interrogante: ¿Cuál de estos modelos conceptuales representa la realidad del sistema relaciona-da con la monetización o venta de los productos del narcotráfico? El modelo español incorpora la distribución minorista, que significa distribución al consumidor final de la sustancia, pero no describe los elementos que la constituyen ni la manera como funciona.
En el modelo propuesto por los profesores Isaac de León Beltrán Pacheco y Eduardo Salcedo Alabarán (2007), la actividad de distri-bución minorista se describe como el aprovechamiento de los inmi-grantes hacia Estados Unidos, quienes se organizan en cadenas de distribución independientes conocidas como street gangs. Es decir, el conocimiento de la venta de productos del narcotráfico está casi inexplorado.
En su orden, el modelo planteado en la Estrategia de la Policía Na-cional para la Consolidación de la Seguridad Ciudadana (2010) tie-ne dos aspectos para destacar; el primero, que concibe los cultivos
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ilícitos como un subsistema, y el segundo, que la comercialización de estupefacientes no se considera como parte de la interacción en el análisis. En resumen, después de la distribución de los productos estupefacientes en el mercado externo, se espera el retorno del di-nero (Pizarro, E. 2004).
Aquí se puede apreciar como aspecto de interés que el análisis del narcotráfico está fragmentado, es decir, no existe una institución que haga el seguimiento estratégico e integral al sistema del nar-cotráfico; por ejemplo, la Policía Nacional, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, analiza los cultivos, la producción y distribución en coordinación con la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) del Ministerio de Interior y Justicia, mientras que la Unidad de In-formación y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hace lo propio con el lavado de activos. Entonces ¿Qué institución de rango ministerial analiza la comercialización de estupefacientes del narcotráfico?
El propósito de este análisis no es identificar necesariamente res-ponsables, sino proponer un tema para la discusión, que requiere mayor comprensión y que debe ser incluido en la estructura lógica de análisis del narcotráfico. En este sentido, se propone considerar el narcotráfico como una empresa criminal que funciona como un sistema, el cual se puede clasificar según su constitución en físico-abstracto y de acuerdo con el nivel de intercambio con el medio, abierto.
El narcotráfico es un sistema abierto porque dispone de elementos físicos para la producción, distribución, comercialización y flujo de capitales. También se considera abierto porque presenta relaciones de intercambio con el ambiente, a través de entradas y salidas, es decir, los subsistemas deben permitir visualizarse como procesos y representarse de tal forma.
La empresa del narcotráfico en un análisis morfológico, se puede visualizar como un sistema de producción capitalista (Harvey, D. 2001. p. 257) integrado por los subsistemas de producción, dis-tribución, comercialización y flujo de capitales (Cortés, Y. y Parra, R. 2011). En ese orden se puede señalar que la producción está integrada por los cultivos ilícitos, las sustancias químicas (precur-sores e insumos químicos) y las infraestructuras de producción. Por su parte, la distribución estaría integrada por centros de aco-
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pio (almacenamiento), métodos de transformación y ocultamiento, rutas y transporte; a esta categoría corresponde el fenómeno de microtráfico. Seguidamente se ubica la comercialización de estupe-facientes, en la que utilizando el mercadeo y la mercadotecnia se logra la monetización de los productos del narcotráfico, lo cual se conoce como narcomenudeo, proceso fundamental para dar inicio al subsistema en el que se da apariencia de legalidad al dinero producido por las empresas criminales asociadas al narcotráfico.
En todo el sistema de producción de capital del narcotráfico se vi-sualiza de manera transversal que concurren las siguientes carac-terísticas de una organización: a) posee individuos y grupos en inte-racción, b) emplea técnicas para la transformación de productos, c) diseña y ejecuta planes de integración, y d) dispone de un esquema de operación caracterizado por una alta capacidad de adaptación.
El sistema del narcotráfico interactúa con el suprasistema de la so-ciedad, razón por la que no basta con elaborar análisis criminológi-cos para su comprensión. En el narcotráfico los subsistemas man-tienen una relación sinergética y un equilibrio dinámico que busca maximizar ganancias como el fin de la empresa. Esto significa que no obstante, cada subsistema es una parte especializada del todo, el narcotráfico como sistema abierto se apoya en el principio de equifinalidad para lograr una exitosa articulación de sus componen-tes y así materializar el fin. Así mismo, requiere del establecimiento de reglas de comportamiento de un colectivo en la sociedad y unas condiciones de orden socio-espacial que permitan su supervivencia en el medio.
Luego de argumentar las razones para comprender el narcotráfico como un sistema (empresa criminal) a través del cual se elaboren análisis integrales, es de interés señalar que la idea es abrir la dis-cusión y hacer énfasis en el subsistema de la comercialización de estupefacientes como uno de los componentes más relevantes. Es decir, a partir de este momento los esfuerzos se concentran en de-tallar las categorías que integran la comercialización, su funcionali-dad y la interdependencia que existe entre ellas. Para tal fin, se di-señó e implementó la metodología de caracterización de amenazas, con énfasis ontológico, en la ciudad de Pereira.
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Comercialización de sustancias estupefacientes
Para plantear una visión teórica de lo que se puede entender por comercialización en términos generales se acude a lo expuesto por Carlos Sabino (1991), en su Diccionario de Economía y Finanzas, donde la define como:
“… los procesos necesarios para llevar los bienes del productor al con-sumidor. Todas las grandes firmas modernas tienen departamentos o gerencias especializadas en la comercialización de sus productos, las cuales se hacen cargo, usualmente, de las siguientes actividades: investigación de mercados, para conocer las necesidades de los indi-viduos; sus hábitos de consumo y la posible aceptación de nuevos pro-ductos; publicidad, para difundir y estimular las ventas; las ventas en sí mismas, que usualmente se hacen a mayoristas, aunque en otras ocasiones directamente a los minoristas o al consumidor final; las pro-mociones de diverso tipo, que complementan y hacen más efectiva la acción publicitaria y la distribución física de los bienes vendidos.
Las actividades de comercialización -a diferencia de lo que ocurría hace algunas décadas- resultan fundamentales en el desarrollo de la empre-sa moderna, pues sin ellas es casi imposible competir adecuadamente en los complejos mercados de hoy. La diversidad y tecnificación de las mismas ha hecho que, en muchos casos, diversas actividades de co-mercialización sean desempeñadas por firmas especializadas; tal es el caso de la publicidad, la investigación de mercados, la promoción, etc.”
En este sentido, la comercialización de estupefacientes para efec-tos de la presente investigación es una actividad económica crimi-nal que pretende satisfacer las necesidades o deseos de los con-sumidores, monetizar los productos del narcotráfico y maximizar ganancias. Tiene siete características que la particularizan:
Caracterización de la comercialización de estupefacientes: el presupuesto para la predicción y la anticipación
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CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
1. Es un subsistema del narcotráfico del mismo nivel de cate-goría que la producción, la distribución y el flujo de capitales que en lo global se integran sinérgicamente como sistema.
En este sentido, se considera que es una dimensión interdepen-diente que funciona en relación e interacción dinámica y organi-zada con los demás subsistemas ya mencionados.
2. Como subsistema desarrolla un conjunto de actividades de mercadeo y de mercadotecnia para facilitar la venta de los productos del narcotráfico bajo la confluencia de la oferta y la demanda. Para ello cuenta con cuatro elementos estructurales: producto, precio, promoción y punto de venta.
Este proceso se materializa en las transacciones de compra y venta de los productos del narcotráfico mediante la monetiza-ción, dicho de otra forma, la conversión o intercambio de los pro-ductos para una utilidad de las partes comprometidas donde se valora bidireccionalmente (comprador/consumidor – vendedor) la utilidad recibida.
3. Se materializa en un contexto de mercado ilegal bajo la pers-pectiva de que “mercado ilegal es el que se presenta por fuera de la ley” (Céspedes, A. 2008, p. 23). Así mismo, porque provie-ne de la represión y la prohibición de ciertos bienes y servicios ilícitos. Las drogas estupefacientes son bienes ilícitos porque su producción, distribución y comercialización son ilícitas.
4. Cumple la función de transformar los productos esperados del narcotráfico en un flujo de ingresos generados por las ope-raciones de venta a través de diversas acciones que estimulen la confluencia de compradores/consumidores al punto de venta para intercambiar los estupefacientes por dinero en efectivo u objetos de valor monetario.
5. Es una amenaza a la seguridad pública porque las mani-festaciones que se presentan en las cotidianidades sociales, especialmente de los entornos urbanos, afectan los ámbitos de protección de la seguridad nacional y de la seguridad ciudadana.
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6. Es un problema público, en donde el narcomenudeo como fenómeno relativo al punto de venta por las transacciones de compra y venta y el consumo de sustancias estupefacientes, interactúa con otras amenazas asociadas al conflicto social, la violencia y la criminalidad. Por la interacción con el medio la co-mercialización de estupefacientes configura mecanismos para estructurar el entramado social del crimen.
7. La comercialización de estupefacientes tiene su punto de partida en la recepción que se hace de la materia prima o pro-ducto básico recibido del subsistema de distribución y se pro-longa hasta que el producto esperado es puesto en poder del comprador/consumidor. En esta demanda interactúan una serie de personas que juegan roles determinantes en cada uno de los procesos de acuerdo a sus necesidades y capacidades.
La comercialización de estupefacientes se define como el subsiste-ma del narcotráfico a partir del cual se desarrolla el mercadeo y la mercadotecnia de esas sustancias. Las transacciones monetarias que se realizan en los subsistemas anteriores a la comercialización de estupefacientes se diferencian de este último porque aquí se busca satisfacer las necesidades del consumidor final.
Para lograr este propósito se hizo una analogía de la teoría del mar-keting aplicada al narcotráfico, no para legitimar esta actividad eco-nómica criminal desarrollada por “La Cordillera”, sino en procura de identificar las propiedades universales de la comercialización de es-tupefacientes mediante la aproximación a la estructura y el sistema, en un símil con una organización legal por ser el fundamento para acudir a la homologación en los conceptos. Desde esta perspectiva, la aproximación a la inteligibilidad de la comercialización de estu-pefacientes se realizará desde dos enfoques: el primero, consiste en citar los componentes del análisis morfológico de la comercia-lización de estupefacientes como modelo conceptual general, y el segundo, describir los componentes estratégicos y operativos del marketing del narcotráfico, los cuales están concebidos en la es-tructura lógica de análisis propuesta.
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CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
Estructura lógica de análisis de la comercialización de estupefacientes
El esquema conceptual, que es una propuesta y no un dogma, asu-me la comercialización de estupefacientes como una categoría, ade-más, contempla aspectos como la codificación representada en una combinación alfanumérica, la clase (amarillo), la subclase (azul) y la variable (rosado), como la estructura con la cual es posible la adap-tación del conocimiento de la comercialización de estupefacientes según las realidades territoriales, es decir, los aspectos citados aquí son la base del análisis morfológico. Este esquema orienta el pro-ceso de recolección de la información, el tratamiento y el análisis de inteligencia (estratégica, táctica y operacional) con énfasis en el análisis sistémico. Los objetivos que se plantean a continuación de cada una de las categorías de análisis pretenden orientar la utilidad para el análisis de la comercialización de estupefacientes. Así mis-mo, permiten estudiar las múltiples interdependencias y avizorar formas inéditas de interacción en este subsistema del narcotráfico.
CÓDIGO COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
I PRODUCTO
I-B
I-B-1
I-B-2
I-B-3
I-B-4
PRODUCTO BÁSICO
Alucinógeno
Estimulante
Depresivo
Sustituto (Farmacéutico - Industrial)
I-A
I-A-1
I-A-2
I-A-3
I-A-4
PROVEEDOR
Organización narcotraficante
Guerrilla
Banda Criminal
Otro
I-D
I-D-1
I-D-2
I-D-3
BENEFICIO BÁSICO
Alucinógeno
Estimulante
Depresivo
I-C
I-C-1
I-C-2
I-C-3
I-C-4
PRODUCTO ESPERADO
Presentación del producto
Peso del producto
Concentración de estupefaciente
Efecto del producto
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CÓDIGO COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
I PRODUCTO
I-E
I-E-1
I-E-2
I-E-3
ATRIBUTOS DE LA MARCA
Beneficio
Valor
Elementos de la marca
I-F
I-F-1
I-F-2
DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO
Canal de distribución
Esquema de almacenamiento
Tabla 15. Estructura lógica de análisis de la comercialización de estupefacientes en la categoría de producto.
Objetivo: definir la forma como la organización narcotraficante fija los criterios para llevar los productos estupefacientes al mercado; identificar las nuevas necesidades y expectativas de los consumido-res (beneficio básico) para seleccionar o elaborar los productos que satisfagan la demanda (producto básico); manufacturar los produc-tos según las necesidades del consumidor final (producto espera-do), así como determinar la disponibilidad (stock) de los productos y la marca de estos como mecanismo para delimitar la ocupación territorial.
II
II-A
II-A-1
II-A-2
PRECIO
MANUFACTURA
Concentración de estupefaciente
Peso del producto
Duración del efecto
II-B
II-B-1
II-B-2
II-B-3
REGULACIÓN DEL MERCADO
Costo de producción
Clasificación de consumidores
Precio de venta
II-D
II-D-1
II-D-2
II-D-3
NECESIDADES DEL CONSUMIDOR
Producto exigido
Producto adquirido
Frecuencia de compra
II-C
II-C-1
II-C-2
II-C-3
EQUILIBRIO EN PUNTO DE VENTA
Disponibilidad del producto
Fuerza laboral
II-C-4
Inducción al consumo
II-A-3
Dirección de expansión geográfica
CÓDIGO COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
Tabla 16. Estructura lógica de análisis de la comercialización de estupefacientes en la categoría de precio.
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CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
Objetivo: diseñar el sistema de cálculo de precio de los productos estupefacientes de la organización criminal, lo que tiene directa relación con la fijación del precio de venta para no generar sensibi-lidad en el comprador.
Objetivo: establecer la estructura organizacional para garantizar su estabilidad en el funcionamiento, como presupuesto de la organiza-ción narcotraficante para adoptar la forma de comunicación, coor-dinación y control con el fin de apropiase del territorio, expansión territorial e imponer las reglas para el funcionamiento interno de la empresa criminal.
III
III-A
III-A-1
III-A-2
PROMOCIÓN
TIPO DE MERCADO
Monopolio
Oligopolio
III-B
III-B-1
III-B-2
III-B-4
RELACIONES PÚBLICAS
III-B-3 Comunicación
III-B-3 Comunicación
Tipo de estructura organizacional
Imagen organizacional
Reglas de comportamiento interno
III-C
III-C-1
III-C-2
PUBLICIDAD
Organización asociada
Público objetivo
III-D
III-D-1
CONTROL DEL MERCADO
Nivel de ocupación territorial (Ocupado – No ocupado – Por ocupar)
III-D-2 Reglas de comportamiento colectivo
CÓDIGO COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
PUNTO DE VENTAIV
TIPO DE VENTA
Modalidad
Espacio
IV-B
IV-B-1
IV-B-2
SEGMENTACIÓN DE MERCADO
Producto
Presentación
Precio de venta al público
Clase de comprador
Horario
IV-A
IV-A-1
IV-A-2
IV-A-3
IV-A-4
IV-A-5
CÓDIGO COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
Tabla 17. Estructura lógica de análisis de la comercialización de estupefacientes en la categoría de promoción.
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POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL
Objetivo: realizar la transacción del producto esperado por dinero en efectivo entre el vendedor y el comprador para maximizar ganan-cias a la organización criminal y satisfacer las necesidades del con-sumidor final, mediante la protección que se genera de la cohesión social negativa.
Este modelo se propone como una estructura lógica de análisis para producir inteligencia policial frente a la comercialización de sustancias estupefacientes, no sin antes recalcar que puede me-jorarse y que pretende contribuir en la generación y profundización del conocimiento longitudinal (seguimiento permanente) y no solo transversal (eventual y coyuntural) del narcotráfico desde uno de sus subsistemas.
Dimensiones estratégica y operativa de la comercialización de estupefacientes
Según la teoría del marketing, para comprender la comercialización de sustancias estupefacientes en Pereira, se debe concebir que este subsistema posee dos dimensiones: la estratégica, conocida como mercadeo, y la operativa, denominada mercadotecnia, mo-mento en el que se ejecuta la mezcla de las 4 P’s o el “mix de mer-cado”, entiéndase, producto, precio, promoción y punto de venta. Este planteamiento teórico coincide con la realidad y ayuda a hacer inteligibles las relaciones sociales asociadas al subsistema de la comercialización de estupefacientes.
PUNTO DE VENTAIV
CÓDIGO COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
INFRAESTRUCTURA DE EXPENDIO
Accesibilidad
Modalidad de ingreso
Cobertura
IV-C
IV-C-1
IV-C-2
Barreras de protección (Humana - Física - Natural - Artificial - Tecnológica)IV-C-4
IV-C-3
CONDICIONES DEL ENTORNO
Infraestructura urbana
Establecimientos comerciales
Equipamiento urbano
Grupos poblacionales
Organización comunitaria
IV-D
IV-D-1
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IV-D-3
IV-D-4
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Tabla 18. Estructura lógica de análisis de la comercialización de estupefacientes en la categoría de punto de venta.
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CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
El mercadeo o marketing estratégico de la comercialización de estupefacientes
En esta dimensión la organización criminal fija los objetivos estraté-gicos de la comercialización de sustancias estupefacientes; define el tipo de mercado según su historicidad y las formas de regulación, establece las características del sistema de cálculo del precio. Así mismo, se elabora la segmentación del mercado, que determina tanto el canal de distribución para acercar el producto al consumi-dor final como el esquema organizacional de funcionamiento y ana-liza las condiciones de entorno que favorezcan el fin de la empresa narcotraficante, y maximizar ganancias.
Objetivos estratégicos de la comercialización de estupefacientes
Como un subsistema del narcotráfico en la comercialización de es-tupefacientes se transforman las corrientes de entrada en flujos de salida esperados, que implica disponer de una cadena de valor cu-yos componentes se explican a continuación:
Los input’s o entradas: se componen de los productos básicos elaborados en el subsistema de producción tales como cocaína, base de cocaína, heroína y marihuana. Así mismo, se incluyen los productos sustitutos de origen farmacéutico, industrial y de diseño ofertados en el mercado del narcotráfico, de los cuales algunos son empleados en la manufacturación y otros no sufren ninguna transformación, sólo se ofrecen directamente al com-prador final.
Los procesos de dirección: conciben en su orden los objetivos estratégicos de la organización narcotraficante para alcanzar el fin de maximizar ganancias. Estos objetivos estratégicos, que tie-nen directa relación con el mercadeo, se pueden entender como: primero, mantener y ampliar el mercado; segundo, promover la venta y consumo; y tercero, favorecer y maximizar las ganancias, fin último de la empresa criminal.
Los procesos misionales: se constituyen en los componentes de la mercadotecnia o marketing operativo, valga decir, producto, precio, promoción y punto de venta. Aquí se operacionaliza la es-trategia y se manufacturan los productos básicos que se ofrecen al comprador final en las condiciones de presentación, precio de venta y accesibilidad.
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Materia prima “productos básicos”
“Producto esperado”
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Gráfico 10. Estructura lógica de análisis de la comercialización de estupefacientes.
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CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
Los procesos de soporte: aquellos mecanismos que permiten la acumulación de capital, es decir, la diversificación de activi-dades de economía criminal y la institucionalización de estas, lo cual incluye procesos de territorialización, desterritorialización y re-territorialización mediante los cuales se produce y reprodu-ce el espacio social, y a través de esto generar las condiciones necesarias para favorecer el logro de los objetivos estratégicos de la organización narcotraficante.
Los output’s o salidas: son los productos transformados y espe-rados (en términos de presentación, precio y accesibilidad) por el comprador. Su objetivo es satisfacer las expectativas del consu-midor en dos aspectos fundamentales, el primero, responder a su necesidad, que puede ser el efecto o la sensación, y segundo, no generar sensibilidad en el precio de venta.
Una de las grandes diferencias con la comercialización de produc-tos legales es que en el narcotráfico la calidad es relativa y condicio-nada a los intereses de la organización narcotraficante; este es un criterio vital en el sistema de cálculo del precio.
Sistema de cálculo del precio
Es uno de los aspectos neurálgicos y de mayor importancia para la organización en razón a que las variables aquí consideradas tienen directa relación con el fin de la empresa criminal: maximizar las ga-nancias.
En consonancia con el modelo teórico del ciclo sistémico capitalista (se descompone en la notación Dinero-Mercancía-Ganancia: D-M-D’) la organización busca hacer más provechoso y rápido el tránsito entre dinero y ganancia (D y D’), siendo su motivación fundamental obtener un volumen creciente de ganancias en menor tiempo. (Ver gráfico 11).
El sistema de cálculo de precio contempla la combinación de dife-rentes categorías, clases, subclases y variables del subsistema. En principio, se relaciona con la clase estratégica de “manufactura del producto esperado” concebida en el esquema de análisis de la co-mercialización de sustancias estupefacientes, fundamentalmente en tres de sus variables como son: calidad (pureza), cantidad (peso)
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y efecto (durabilidad). No obstante, también se contemplan algunas variables del punto de venta.
En ese sentido, la organización fija entre las condiciones de cálculo de precio. Es imperioso que éste sea constante e inalterado K y para ello en el proceso de manufacturación disminuye la concentración de estupefaciente c y el peso de la dosis pd.
Las organizaciones narcotraficantes disminuyen la concentración de estupefaciente y lo reemplazan con adulterantes de origen far-macéutico. Según concepto del Instituto Nacional de Medicina Le-gal y Ciencias Forenses Regional Occidente: “…los adulterantes más comunes en sustancias estupefacientes son la Lidocaína, Fenace-tina, Aminopirina, Imidazol y Guaifenesina…” (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2010), aun cuando en los procedimien-tos de la Policía Nacional también se ha logrado establecer el uso de Benzodiacepinas para tal propósito. También señala Medicina Legal que “en el 80% de muestras de cocaína y basuco estas apa-recen adulteradas y las de heroína en un 5%...”(sic).
Así mismo, en el Laboratorio de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigaciones Seccional Risaralda y de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), afirman que no se dispone de los instru-mentos ni los patrones ni de los protocolos que de manera técnico-científica permitan establecer con validez los porcentajes en que las sustancias son adulteradas. Los cronomatogramas que se practican actualmente no responden a la realidad del fenómeno (Cuerpo Téc-nico de Investigaciones, 2010). Entonces surgen las siguientes pre-guntas: ¿Aumentó el consumo de cocaína en Colombia? ¿Se amplió el mercado hacia el consumo de qué sustancia? ¿Cómo se podría llamar a la combinación de cocaína con adulterantes, según hace re-ferencia el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses? ¿Cómo afecta esto la salubridad pública? ¿Cuáles son los protocolos para atender a los consumidores de estas combinaciones de estupefa-cientes? ¿Cuáles son las dimensiones de las ganancias que gene-ra este negocio en el mercado nacional? ¿En dónde se invierten las ganancias del narcotráfico? ¿Cuáles son las nuevas modalidades de lavado de activos? ¿Cuál es el modelo de flujo de capitales en cada subsistema del narcotráfico?
De acuerdo con esto, en el sistema de cálculo del precio para man-tener la regulación del mercado A, la organización narcotraficante
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considera aspectos como reducir costos de producción cp, aumen-tar el número de consumidores nc, expandir el ciclo de vida del con-sumidor cv y disminuir la sensibilidad del precio al consumidor final sp. Estas condiciones tienen directa relación con la satisfacción de las necesidades del consumidor final S1, desde perspectivas como el nivel de adicción o dependencia ad, la capacidad económica de compra ce y la necesidad generada ng. Por parte de la organización narcotraficante, en el punto de venta se requiere mantener el equi-librio entre disponibilidad del producto dp, expansión geográfica eg, fuerza de venta fv y la inducción al consumo ic.
La concurrencia de las anteriores variables tiene como propósitos disminuir la durabilidad del efecto D1, aumentar la frecuencia de compra F1 del consumidor y mantener el equilibrio del consumidor en el punto de venta Ep, lo cual da como resultado la maximización de las ganancias G. Estas variables cambian dependiendo de diver-sos factores, entre ellos el tipo de mercado establecido y las formas de regulación y desregulación del mismo.
En el aspecto del valor de los productos esperados, los comprado-res no son conscientes de que la organización narcotraficante “La Cordillera” altera los atributos objetivos del producto esperado tales como peso (disminuido), concentración de estupefacientes (adul-terado) y el atributo subjetivo, es decir, que es la razón de la corta duración del efecto.
K = c*pd
A + +S1 (dp*eg*fv*ic)
D1 F1 E1* *
cp+nc+cv+sp + ad+ce+ng
G
ÁRBOL DE PRECEDENCIA
Gráfico 11. Variables del sistema de cálculo del precio de los productos del narcotráfico.
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Análisis del mercado: la microeconomía de los estupefacientes
Los mercados se clasifican según el número de demandantes y ofe-rentes en competencia perfecta e imperfecta; esta última se sub-divide en monopolio, oligopolio y competencia monopolística. En razón a ello se puede aseverar que el mercado de estupefacientes en Pereira es una competencia imperfecta del tipo monopolio que surgió como consecuencia de un proceso sistemático y emergente antes del proceso de desmovilización del Frente Héroes de Guática (FHG) orgánico del Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefen-sas Unidas de Colombia (AUC). Es decir, integrantes del FHG en el año 2005 crearon la organización “La Cordillera” (Ortiz, D. 2007). En consecuencia, es pertinente señalar que el monopolio se logró por el uso de la violencia, la criminalidad, la cooptación, el constre-ñimiento y la apropiación del territorio con fines de explotación de actividades económicas criminales.
En Pereira el mercado monopolístico de estupefacientes por parte de “La Cordillera”, posee unas características particulares, entre las que se destacan las siguientes:
Grado de concentración en el mercado: es único oferente con muchos compradores, por ello impone precios y la cantidad del producto que se va a vender. En relación con la concentración, vale destacar que la segmentación del mercado en Pereira se puede identificar en relación con la disponibilidad geográfica de los productos. Por ejemplo, no en toda la ciudad se comercializa heroína. Dadas estas condiciones, se puede afirmar que en este mercado particular la curva de demanda sería la siguiente:
Q0
P0
Q1
P1
Cantidad
Precio
El monopolista sabe que, si quiere colocar en el mercado una cantidad Q superior a la que 1
vendía anteriormente Q , ha de 0
disminuir el precio (de P a P ).0 1
Dependiendo de la elasticidad de la curva de demanda, la organización monopolista tendrá distintas posibilidades de actuación en el mercado.
Gráfico 12. Curva de la demanda en un mercado monopolístico.
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La escasez de un producto del narcotráfico no genera elasticidad en el precio. El concepto escasez se puede interpretar como: pri-mero, el monopolio ejercido por la organización que no permite que otro competidor venda sustancias estupefacientes, y segun-do, la no disponibilidad del producto. Este último aspecto tiene consecuencias negativas en la salud de los consumidores, porque para mantener el negocio en época de escasez (no disponibilidad del producto) ocurren como mínimo dos eventos: el primero, que la organización incrementa la concentración de adulterante, y el segundo, que el consumidor mezcla sustancias estupefacientes para lograr experiencias más fuertes y duraderas.
Grado de homogeneidad del producto: en este aspecto se pue-de interpretar que las características idénticas de los productos tienen directa relación con criterios como la exclusividad, la mo-vilidad y el precio.
• Exclusividad: se representa de tres formas. La primera, que no se permite la apertura de puntos de venta sin autorización de la organización o de quienes ocupan el territorio; la segun-da, que se impide el ingreso de productos que no son ofertados por la organización. En ese orden, la tercera consiste en iden-tificar las nuevas necesidades del mercado objetivo (nuevas sustancias o efectos que desea el consumidor final) para inter-venir el mercado legal, obtener el producto básico y esperado, para lograr la oferta de manera monopolística.
• Movilidad: tanto el comprador como el vendedor (jíbaro) se encuentran en todos los referentes espaciales utilizados como puntos de venta, con los mismos productos e iguales caracte-rísticas.
• Precio: se encuentra estable y estandarizado desde el año 2005. Además, se procura controlar las fisuras comerciales que se desarrollan tanto por vendedores (jíbaros) como por compradores tales como rendir (cortar) el producto y los domi-cilios (no se logra controlar quién compra para su consumo o para el consumo de otra persona).
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Barreras de entrada al mercado: para impedir el acceso al mer-cado se identifica una deficiencia en la información transmitida a los intervinientes del mercado (datos tecnológicos, económicos y la estructura organizacional), es decir, no se permite conocer las características del producto estupefaciente que se vende. Así mismo, los costes de producción se disminuyen porque tienen fuertes alianzas con las organizaciones narcotraficantes que pro-veen el producto básico y por la disminución en la concentración de estupefaciente que contiene el producto final. Los propósitos de la organización son del orden económico, pero también bus-can el desarrollo de objetivos sociales y políticos; de esta forma lograron la fidelización de los compradores y han implementado la economía de escala (los costos unitarios de producción dismi-nuyen al aumentar la cantidad de unidades producidas).
Segmentación del mercado
Es una actividad que permite clasificar los clientes en el territorio según: 1) necesidades de consumo; y dependiendo de ello, 2) se acerca el producto; 3) se define la presentación del producto más amigable para el consumidor, y 4) se conoce el precio del producto. Según la segmentación, el marketing de mercado puede ser masi-vo, de público objetivo o de producto variado.
En Pereira es de producto variado, porque se observa la capacidad económica y la presentación que el consumidor necesita (abasteci-miento o consumo inmediato como la marihuana). Esta actividad se desarrolla de manera natural y permanente en el punto de venta y se constituye en una alternativa de actuación para la organización narcotraficante frente a la posibilidad de dirigirse e intentar llegar de modo uniforme a todo el mercado.
En la segmentación, la organización narcotraficante considera cinco (5) variables: la demografía (edad, sexo, lugar de compra), la socio-económica (ocupación, estrato social y capacidad adquisitiva), la psicografía (estilos de vida, rol social y gustos [Klainer, V. 2002]), la conductual (expectativa del consumidor, comportamiento de com-pra y lealtad con la marca) y la geografía (la ubicación, condiciones topográficas de acceso). La interacción de estas variables moviliza y orienta la sinergia de la organización criminal hacia el conocimiento
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de sus clientes y a fijar criterios organizacionales que permitan acer-car el producto esperado por el consumidor.
En este componente del proceso estratégico se evidencia la sinergia con los procesos operativos y la concurrencia de las funciones en cada nivel para la transformación de los productos básicos en pro-ductos esperados por el consumidor final.
Canal de abastecimiento
Es una actividad desarrollada por quienes lideran la organización criminal en la que se analiza el flujo de los productos desde el pro-veedor (productos básicos), la manufacturación (transformación), el vendedor (jíbaro) al detal, el comprador y el usuario final del produc-to esperado, para aprovechar las sinergias y reducir sustancialmen-te los costos en un sistema eficaz y eficiente. Es pertinente señalar que no necesariamente quien compra el estupefaciente es quien lo consume, por eso se emplea el concepto de comprador/consu-midor, para significar que quien compra puede ser uno u otro, o alguien que cumple con ambos criterios. En otras palabras, compra para su propio consumo.
Existen diferentes canales de distribución, aunque los más comu-nes son canal directo, canal detallista, canal mayorista y canal de agente intermediario.
La organización narcotraficante “La Cordillera” con alcance trans-nacional y especializada en la comercialización de sustancias es-tupefacientes, emplea el canal de agente intermediario, o sea, los actores involucrados no son visibles, pero desempeñan un papel fundamental para que el producto se acerque al comprador o con-sumidor final.
“La Cordillera” es una organización mayorista que presta servicios completos, dado que posee músculo financiero, tiene capacidad de transporte, almacenamiento y conservación, es el eje que articula la zona de producción con el punto de venta, es decir, hace la interfaz entre el productor y el comprador/consumidor.
Para el desarrollo de la interfaz, “La Cordillera” como mayorista de servicios completos ejerce las siguientes funciones:
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Gráfico 13. Canal de agente intermediario en la comercialización de estupefacientes.
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CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
• Incrementa la producción comercial, es decir, facilita la comunica-ción más fluida y eficaz entre productores y mercados finales.
• Contribuye a ajustar las cantidades y surtidos de bienes produci-dos y consumidos.
• Armoniza o cataliza las discrepancias entre lo producido y lo de-mandado.
• Facilita la comunicación en ambos sentidos.• Adelanta el pago de la mercancía y asume el riesgo financiero
que se produce por las incautaciones hechas por parte de la fuerza pública o por la demora en el consumo final, debido a la estacionalidad del producto y la fluctuación en la venta.
Estructura organizacional
“La Cordillera” es una organización narcotraficante especializada en la comercialización de sustancias estupefacientes, con alcance transnacional (controla actividades similares en Quito -Ecuador- y Barcelona -España-). La estructura organizacional tiene directa re-lación con el sistema de producción y el proceso de acumulación de capital. En tal sentido, a diferencia de la concepción tradicional, esta organización en particular no funciona de manera piramidal. La estructura organizacional determina la forma de coordinación, comunicación y control.
Según los diferentes modelos de estructura organizacional (Hub, pi-ramidal, múltiples redes), “La Cordillera” funciona de manera simi-lar al tipo cadena de asociación, cuya principal característica física es que los enlaces no son lineales como en la estructura piramidal, sino que son covalentes, es decir, comparticiones de una estructura compacta que se dan en los extrarradios de los distintos niveles en que se desagrega la estructura. Este modelo organizacional posee cuatro estructuras, conocidas como primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria.
La estructura primaria: componente central donde están situa-dos todos los constituyentes que facilitan la nucleación hetero-génea para garantizar el crecimiento y la estabilidad de la organi-zación criminal y el desarrollo de objetivos estratégicos. Es decir, un cuerpo colegiado integrado por el nivel directivo, los asesores contables, financieros y comerciales, los que no son visibles a la comunidad. El enlace covalente con la estructura secundaria son los jefes de zona.
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La estructura secundaria: es una unidad compuesta por subuni-dades, liderada por los jefes de zona. Da inicio a la conformación de la estructura organizacional con enfoque descentralizado, cuyo funcionamiento permite el control del nivel directivo en el ámbito local, regional, nacional o internacional. Su extrarradio se une a la estructura primaria y a través de ella se da el inter-cambio entre la organización criminal y el medio ambiente, es decir, se da el proceso de comunicación y retroalimentación en-tre el marketing estratégico y operativo. Las subunidades de la estructura secundaria representan, por un lado, la forma como la organización se apropia del territorio (según el orden político-administrativo) y, por el otro, señalan el esquema de producción y reproducción del espacio. Esos jefes de zona se hacen visibles a la comunidad porque representan la marca de la organización criminal como medio de constreñimiento a través del cual pre-tenden mantener el control social.
Estructura Secundaria
Estructura Terciaria
Estructura Cuaternaria
Estructura Primaria
CADENA DE ASOCIACIÓN
Gráfico 14. Estructura organizacional en cadena de asociación.
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CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
Dado el crecimiento de la organización se conforma una estruc-tura secundaria con sus subunidades, es decir, un jefe de comu-na, administrador o jefe de olla y sus jíbaros.
La estructura terciaria: está compuesta por los jefes de comuna quienes hacen las veces de enlace entre la estructura secunda-ria y las subunidades ubicadas en la estructura cuaternaria. Tie-nen entre sus responsabilidades acercar pedidos que contienen dosis de todas las líneas de productos estupefacientes ofertados por la organización narcotraficante y acopiar el dinero producido, que debe a su vez ser entregado al jefe de zona, quien lo acerca a la estructura primaria.
La estructura cuaternaria: está integrada por los administrado-res o jefes de olla quienes controlan los puntos de venta y los vendedores (jíbaros), los cuales se instalan en los barrios de la ciudad. Aquí interactúa el jíbaro con el comprador/consumidor fi-nal de estupefacientes para monetizar el producto estupefacien-te. Es la manera como la organización se apropia del espacio con interés capitalista en procura de maximizar las ganancias. Es un nivel en el que se adoptan distintas formas de organización y co-municación y se hacen efectivas las orientaciones estratégicas de la organización criminal, en este caso de “La Cordillera”.
Las anteriores características de la cadena de asociación permiten interpretar y comprender los datos empíricos que identifican al fe-nómeno del narcomenudeo en la cotidianidad para lograr los fines estratégicos de “La Cordillera”, la maximización de las ganancias. Sin embargo, es pertinente señalar algunos otros atributos que fa-cilitan las condiciones para mantener la cohesión interna de la or-ganización:
• La comunicación es multinivel. La efectividad de la comercia-lización de estupefacientes se centra en la venta directa y en la creación de redes conocidas como Network Marketing en su esquema. Este sistema de comercialización de productos estu-pefacientes es muy efectivo, “ya que no sólo abre canales cons-tantes de venta, sino que además ejerce una labor activa en la generación de empleo a través de la incorporación de nuevos
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vendedores a su red” (Marketing en redes sociales y negocios multinivel, 2011).
• Las posibilidades de estructuración a nivel primario (nivel direc-tivo) son prácticamente ilimitadas. La estructura primaria deter-mina los niveles inferiores de la organización, característica que orienta la reconstrucción deductiva de funcionamiento de “La Cordillera”. Es importante enfatizar que en una entidad criminal como esta, dos aspectos son celosamente ocultados: la organi-zación estructural y no hacer visible que son legítimos ante la comunidad.
• La estructura organizacional permite la apropiación del territorio, de la misma forma como está definida la organización político-administrativa de la ciudad, es decir, por comunas y barrios. En Pereira hay dos (2) jefes de zona (uno de ellos en la comuna Cuba y otro que cubre el resto de la ciudad de Pereira); por cada comuna existe un jefe (en Pereira hay 19 comunas); en los ba-rrios de las comunas donde venden hay un administrador o jefe de olla (por cada barrio hay una sola y el barrio puede tener va-rios puntos de venta), y en el barrio existen varios puntos de ven-ta; los vendedores (jíbaros) se vinculan por turnos.
• La estructura organizacional fija los criterios para el desarrollo y el control como componentes del proceso administrativo. Este esquema de control en una empresa criminal como “La Cordille-ra” fija normas internas tales como:
- No se despiden personas, sino que por el contrario, se cons-triñen, se intimidan o se cometen acciones contra su integri-dad personal (homicidio, lesiones personales, entre otras), por no actuar conforme a las reglas establecidas e impuestas de manera coactiva.
- Las actividades se ejecutan con base en la fuerza ejercida por “La Cordillera” a través de mecanismos como los esquemas de seguridad (oficinas de cobro).
- “La Cordillera” ejerce presión para dirigir y el nivel operativo tiene motivaciones para actuar; esta relación se media por la
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fuerza (violencia y criminalidad) y los intereses económicos para acceder al poder.
- El administrador o jefe de olla tiene una relación comercial con el jefe de comuna, es decir, tiene como regla comprar los productos estupefacientes básicos que él le suministra.
- Entre el administrador o jefe de olla y el jíbaro, hay una relación económica que depende de lo que este último venda. En este sentido, si es efectivo en la venta, recibe pago y/o comisión; la regla es mantener el precio.
- No se acepta relación entre el jíbaro y el jefe de comuna, por-que se desconoce al administrador o jefe de olla; como tam-poco entre el administrador o jefe de olla y el jefe de zona, porque se desconoce al jefe de comuna.
- En caso de ser capturados por la Policía Nacional o los or-ganismos de seguridad del Estado, no deben delatar a los integrantes de la organización, como tampoco transmitir nin-gún conocimiento sobre la dinámica de funcionamiento del mercado.
- Los vendedores (jíbaros) tienen márgenes de maniobra en la monetización y brindan seguridad al comprador/consumidor sin que esto implique una relación de confianza.
- En la vinculación de personas a los puntos de venta se exige que alguno de los jíbaros las recomiende; su desvinculación no es voluntaria. Se requiere aprender la jerga, conocer y aceptar la forma en que se dirimen los conflictos en la orga-nización, superar pruebas de confianza como la participación en actividades criminales, no necesariamente debe ser con-sumidor; las expectativas de ascenso van hasta llegar a ser administradores o jefes de olla.
De esta forma la organización criminal fija los objetivos estratégicos de la comercialización de sustancias estupefacientes y la forma de actuar en cada uno de los niveles de la mercadotecnia, para lograr que las condiciones del entorno favorezcan el fin: maximizar ganancias.
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La mercadotecnia o marketing operativo de las sustancias estupefacientes
En esta dimensión se materializan los criterios de funcionamien-to fijados por la organización criminal, e inicia con el ingreso y la manufactura de los productos estupefacientes, durante los cuales se rinde o corta la dosis de venta al comprador/consumidor para cumplir los criterios de precio. Así mismo, se desarrollan actividades para acercar el producto al comprador/consumidor garantizando el control del mercado y el equilibrio de las condiciones en el punto de venta para maximizar ganancias.
Producto
Los productos comercializados en el mercado del narcotráfico en Pereira son tangibles, de uso no duradero y común, y según el hábi-to de compra de especialidad (identificación marca).
El beneficio básico de los estupefacientes consiste en satisfacer una sensación (adicción) o lograr un efecto físico (dependencia). Pero la clasificación de los productos que son comercializados por los nar-cotraficantes en las calles, según concepto de 2005 emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) también pueden responder al siguiente orden: según la dependencia (duras y blandas), según el origen (vegetales, semi-sintéticas y sintéticas), según su uso (ab-sorbida, parenteral e ingerida) y según los efectos que genera (esti-mulantes, alucinógenas, narcóticas, depresoras y tranquilizantes).
“Empacaderos”, bodegas de empaque o centros de manufactura de marihuana”
En este apartado se realizará una descripción fáctica de los proce-sos de manufactura y abastecimiento de marihuana. Es importante advertir que sobre estos dos aspectos desde el punto de vista con-ceptual, que hacen parte de la amenaza denominada comercializa-ción de estupefacientes, pero no se consideran como fenómenos porque son imperceptibles para el común de los ciudadanos y de las autoridades. Bajo este criterio se afirma que hacen parte de los noúmenos (Kant, E. 2004, p. 243), que se incorporan a la secuencia
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CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
lógica y sistemática de la organización criminal para mantener los stock en los puntos de venta.
La manufactura de estupefacientes entendida como un conjunto de procesos de transformación (que incluye máquinas, herramientas, energía y trabajo manual) del producto básico en producto esperado, tiene como propósito dejar las sustancias en condiciones de presen-tación requeridas para el abastecimiento del punto de venta y su posterior transacción de compra – venta. Mikell P. Groover (1997) advierte que manufactura desde el punto de vista económico es “la transformación de materiales en artículos de mayor valor a través de una o más operaciones de ensamble”, así mismo, indica que la importancia de estos procesos radica en que “… agrega valor al ma-terial original, cambiando su forma o propiedades…” (p. 3). Esta des-cripción teórica refleja las características generales que desarrolla “La Cordillera” en lo que tiene que ver con la marihuana.
Esta manufactura es un proceso importante para el actor criminal porque contribuye a la generación de riqueza ya que se aplican me-canismos para reducir la inversión (costos operativos), de forma tal que esos valores que se ganan allí se incorporen a las utilidades finales. Se constituye además, en una forma de explotación y subor-dinación que se aplica a los operadores, por los emolumentos que los responsables de la manufactura les ofrecen como contrapres-tación.
Esta actividad se realiza inmediatamente después de que la sus-tancia es trasladada desde las zonas de producción especialmente ubicadas en el sur del país. El alucinógeno es distribuido con mayor énfasis por vía terrestre, siendo el de mayor uso el transporte de servicio público de pasajeros y los vehículos de carga. En esta fase el estupefaciente llega prensado en costales o paquetes que supe-ran los 20 kilogramos de peso y son ocultados en canastas, canti-nas de aluminio o recipientes de plástico, a la vez, se encubren con productos perecederos o revestidos con diferentes materiales para aislarlos de los controles viales que ejercen las autoridades.
Una vez se reporta el arribo de la sustancia la persona que lidera esa línea de mercado, dispone las actividades estratégicas y opera-tivas para llevar a cabo el empaque de las dosis de marihuana. En
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esta instancia es donde inicia lo que dentro de “La Cordillera”, es conocido como el “empacadero”, verbigracia el proceso de manu-factura.
Funcionamiento y estructura de un “empacadero” de marihuana
Manufactura del producto: la sustancia contenida en bultos o pa-quetes prensados es sometida a un procedimiento que busca po-nerla en forma maleable. Esto se logra sacándola con las manos para extenderla sobre el piso o una superficie de madera. Poste-riormente, se realiza una actividad a mano para macerar, triturar o “trillar” la marihuana que todavía se encuentre compacta y extraer la semilla que es eliminada del contenido del producto esperado. Así este material es llevado a una zaranda o malla de angeo que actúa como cedazo para extraer las partes gruesas de la marihuana (tallos y hojas). Luego, con la utilización de licuadoras industriales o de uso doméstico, es sometida a licuado para reducirla a fragmen-tos pequeños y polvillo. Luego se procede a empacarla en papeles color blanco de la marca “Smoking, blond y Platinium”, por medio de unas herramientas en aluminio diseñadas para tal fin.
En este punto se utiliza saliva para que el papel pegue y luego armar las “bombas” o paquetes de 18 cigarrillos de marihuana en bolsas de cierre hermético o cajetillas de cigarrillo reutilizadas. En Pereira, durante los últimos meses se incorporó a esta fase de manufactura el marcaje de un logotipo (caballo) que representa la marca de la organización que lidera la comercialización. Esta acción obedece a la necesidad de establecer un control o barrera para identificar el acceso de este tipo de productos provenientes de organizaciones criminales diferentes a “La Cordillera”.
Los “empacaderos” tienen varias características comunes entre las que se encuentran:
1. Tipo de residencia: se prefieren casas de habitación de dos plantas, las cuales son tomadas en arriendo por parte de la or-ganización criminal. En la relación contractual de arrendamiento generalmente se subvencionan con anticipación los cánones de alquiler por varios meses (3 o más). Estas viviendas se encuen-tran ubicadas en barrios subnormales de las ciudades y con di-
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fíciles condiciones de acceso que ofrecen la posibilidad de no ser identificadas con facilidad por las autoridades. Al interior no hay ningún tipo de amueblamiento y la totalidad del espacio se utiliza para efectos del empaque de la sustancia estupefaciente. De esta manera, se busca reducir los costos de operación y solo se pretende cancelar los cargos básicos de los servicios públi-cos. En muy pocas ocasiones las organizaciones permiten que dentro de estas casas residan personas, sin embargo, cuando esto ocurre, obedece a que el encargado de la manufactura tie-ne vínculos de afectividad con el jefe de la línea, y se le permite vivir allí con su familia de manera gratuita.
2. Horario de funcionamiento: cuando los volúmenes de marihua-na llegan a la vivienda las personas encargadas de las activida-des de empaque en dosis inician su labor a partir de las 7 de la noche y se prolonga hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Este horario es utilizado porque favorece la clandestinidad del si-tio y el ocultamiento de las actividades que se realizan al interior de la residencia.
3. Cantidad de personas dedicadas al empaque: los ciudadanos que se dedican a la actividad de manufactura de la marihua-na oscilan en una cantidad de tres (3) a veinte (20). El núme-ro de “operadores” puede variar dependiendo del volumen de sustancia que se encuentre disponible dentro de la residencia y requiera ser manufacturada. Estas personas reciben como con-traprestación la suma de $80.000 por cada semana de “traba-jo”, los cuales son cancelados al término de ese lapso de tiempo. Quienes se vinculan a este tipo de actividad no tienen la posibili-dad de retirarse voluntariamente porque la organización criminal exige lealtad y permanencia al servicio de la manufactura dentro de la comercialización de estupefacientes. A pesar de ello, un considerable segmento de la población ven este tipo de acciones como una opción laboral para la satisfacción de sus necesidades básicas.
4. Elementos que se requieren para la manufactura: los elementos que deben estar disponibles para la manufactura de la marihua-na son: sustancia alucinógena disponible para el empaque (pro-ducto básico), bolsas de plástico con cierre hermético o cajetillas
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reutilizadas de cigarrillo para empacar los cigarrillos de marihua-na y armas las “bombas”, utensilios plásticos (baldes, tinas, en-tre otras) para depositar la marihuana ya macerada y licuada, malla de angeo para cernir la sustancia y extraer las partes del tallo y las ramas (esto se conoce como bagazo), lo cual poste-riormente es eliminado como si se tratara de basura doméstica o por los ductos de los lavamanos o baños; maquinas para ar-mar los cigarrillos elaboradas en aluminio y que cumplen con la función de envolver la marihuana en el papel y darle forma de cigarrillo, peso o báscula para calcular la cantidad de sustancia disponible para la manufactura y a la vez, controlar el número de cigarrillos que se deben elaborar, cajas de papel marca “Smo-king” las cuales son adquiridas a distribuidores mayoristas o en puntos de venta ambulantes que se encuentran en las zonas comerciales de Pereira, en menor medida son utilizados pape-les saborizados como Platinium y sirven para envolver el aluci-nógenos; sillas y mesas para que los empacadores tengan un sitio apropiado para realizar la labor, hojas de papel, cuaderno o agenda para registrar la sustancia que ingresa y el producto que se elabora y entrega a los abastecedores, así mismo, para llevar la contabilidad de los recursos financieros que se requieren para la operación del lugar; finalmente, se requieren licuadoras para que la planta de marihuana quede reducida a pequeños trozos o polvillo, de manera que se facilite el armado de los cigarrillos, también para este procedimiento en ocasiones son usados raya-dores de cocina convencionales.
Un propósito adicional es maximizar la utilización de la totalidad de la sustancias y disminuir la cantidad de material que se deba desechar. Además, con el ánimo de ampliar la cantidad final de ganancias, se ha establecido que el volumen de marihuana tienda a ser menor a la que espera el consumidor, de manera que se produzcan muchas más dosis con la misma cantidad de producto básico.
Vale la pena advertir que como lógica de actuación de la organi-zación criminal, los sitios donde se manufactura marihuana tienen un nivel despliegue dentro de la ciudad que les dan la calidad de descentralizados. Todo depende de la capacidad que tenga el jefe de comuna para controlar esta fase de la comercialización y de la cantidad de puntos de venta y consumidores que necesita proveer
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de la sustancia. Esto muestra una marcada diferencia con los em-pacaderos de cocaína, basuco y heroína que son centralizados y tienen estándares de control y protección más exigentes, porque por lo general, se reducen a una sola infraestructura por cada línea de producto.
6.5 kilosSe dividen en cincuenta y dos (52) unidades de125 gramos cada uno, conocidas como "cuarto”.
6 kilos
Se dividen en cincuenta(50) cuartos; con cada cuarto se elaboran cincuenta(50) dosis de alucinógeno para la venta, es decir, se fabrican dos mil quinientas (2500) unidades en presentación de “cigarrillo bareto ". ( ), moño o bolo
Tabla 16. Manufacturación de una arroba de marihuana para la venta al comprador/consumidor final.
MANUFACTURACIÓN DE UNA ARROBA DE MARIHUANA
El abastecimiento para la venta de marihuana
Con base en los fundamentos teóricos de María José Escudero (2009), el abastecimiento de marihuana se puede entender como el conjunto de operaciones que realiza “La Cordillera” para apro-visionar del producto final a los vendedores o jíbaros que realizan la venta. Lo que se busca es que haya una existencia mínima del producto final para satisfacer la demanda del comprador/consumi-dor (de acuerdo a los ritmos de venta: ni excesivo almacenamiento pero tampoco la pérdida de las mismas). Abarca el almacenaje que se realiza tanto en el centro de manufactura como en las “ollas” y en los puntos de venta. Los objetivos estratégicos para el actor criminal en esta fase están relacionados con que el mantenimiento de los stocks se haga en las mejores condiciones y con el menor costo posible, por supuesto que también establecer controles de los inventarios y de esos costos operativos asociados a la acción de abastecer (pp. 6-7).
El abastecimiento incluye la racionalización del riesgo para dismi-nuir la posibilidad de ser intervenidos en estas acciones por parte de las autoridades. Por lo tanto, se propende porque haya un equili-brio entre la cantidad de dosis en las “ollas”, en los puntos de venta y en los desplazamientos que realizan los abastecedores desde el
Tabla 19. Manufacturación de una arroba de marihuana para la venta al comprador/consumidor final.
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sitio de manufactura. El riesgo es un factor determinante en este aspecto porque condiciona las relaciones de los actores involucra-dos, en atención a que la responsabilidad del valor monetario de las sustancias, es asumido por cada uno de ellos, es decir, que si por ejemplo, un abastecedor es interceptado por las autoridades e incautada la sustancia alucinógena, este deberá no solo asumir las consecuencias penales por el porte sino retribuir monetariamente la pérdida causada a la organización criminal dentro de un tiempo prudencial, so pena de ser objeto de algún tipo de “sanción” por parte de “La Cordillera”.
De forma descriptiva se puede indicar entonces que una vez termi-nado el proceso de manufactura, el alucinógeno es empacado en “bombas” y esta a su vez, almacenadas bolsas de plástico. Del sitio de manufactura son sacadas para el abastecimiento en vehículos de servicio público o particular, motocicletas o por personas que las ocultan a la vista de los demás. Luego inician el recorrido hacia el sitio de ubicación del administrador de la “olla” o el punto de ven-ta, de acuerdo a cada caso. El abastecimiento se hace durante la mañana y la tarde que son los horarios de mayor comercialización del producto. La cantidad llevada a cada sitio depende de las orien-taciones que por medios de comunicación, especialmente telefonía móvil celular, emita el encargado de la línea de producto, para lo cual, utilizan una jerga propia a manera de código como medida de protección.
En esta labor están comprometidas varias personas que se encar-gan de surtir determinadas “ollas” o puntos de venta de la ciudad. Para ello se utilizan “caletas”, compartimientos o sitios de oculta-miento adaptados en los automotores. Cuando se trata de perso-nas, es común el uso de recipientes plásticos de productos de aseo del hogar, en las partes íntimas de las mujeres o en las prendas de vestir; así mismo en portacomidas, loncheras u otros elementos que faciliten el ocultamiento. Esta situación depende y varía dadas las capacidades de innovación de los abastecedores y la apropia-ción de naturalidad en lo que hacen, que les permita racionalmente disminuir el riesgo y mejorar las técnicas de camuflaje del producto final para garantizar la entrega.
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Los conteos por unidades en el sitio de manufactura, así como en el sitio de entrega es un mecanismo de control entre el responsable de la manufactura, el abastecedor y el jefe de “olla” que recibe el producto.
Es advertir que tanto el proceso de manufactura como de abaste-cimiento son actividades que requieren entrenamiento y especiali-zación por parte de las personas que participan en ellas. De igual forma, demandan códigos de lealtad para con “La Cordillera” dada la vinculación laboral que se configura para los ciudadanos que se dedican a suplir estos procedimientos de la cadena de comerciali-zación de estupefacientes.
En ese sentido, para lograr la presentación acorde a las necesida-des del vendedor (jíbaro) y del consumidor, la organización se en-carga de manufacturar las materias primas, durante las cuales se surte el proceso de adulteración (rendir o cortar) de la sustancia estupefaciente. Éste consiste en disminuir la concentración de estu-pefaciente que contienen las dosis (producto final) haciendo la mez-cla con sustancias adulterantes de origen farmacéutico o industrial. Sin embargo, ya que se practica en distintos niveles es importante precisar el objetivo diferencial que con esta acción se persigue en algunos de ellos:
Nivel directivo de la organización: busca reemplazar los efectos que desea sentir el consumidor, procurando causar el mínimo daño en éste, es decir, garantizar el ciclo de vida del consumidor.
Vendedor (jíbaro): procura aumentar la cantidad del producto para generar mayor rentabilidad individual. Aquí se identifican dos moda-lidades de fisura comercial, una consiste en aumentar el producto para mayor rentabilidad y la otra es la reventa, que implica un au-mento en el precio de venta.
Las sustancias estupefacientes según la convención de las Nacio-nes Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias sico-trópicas (1998) son aquellas “... sustancias, naturales o sintéticas, que figuran en la Lista I o la Lista II de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y en esa Convención enmendada por el Pro-tocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961
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sobre Estupefacientes”. Los productos catalogados como estupefa-cientes e identificados en el mercado ilegal del narcotráfico son mu-chos, y tienen distintas clasificaciones, sin embargo, en este análi-sis se agruparon según los efectos que producen en: alucinógenas, estimulantes, depresoras y sustitutas.
Alucinógenas: son sustancias estupefacientes de origen vegetal y semi-sintéticas que distorsionan las impresiones sensoriales dando lugar a ilusiones y alucinaciones. Estas sustancias se cla-sifican en canabinoides (Achís y marihuana) y hongos (L.S.D. y mescalina).
Estimulantes: sustancias que aceleran el funcionamiento del Sistema Nervioso Central S.N.C., por ser consideradas como psicoactivas algunas son legales, blandas y socialmente acep-tadas. Sin embargo, el mercado del narcotráfico se ocupa de las ilegales por la alta rentabilidad que generan. Entre ellas se destacan la cocaína y sus derivados (crack, basuco) y las anfe-taminas (Efedrina).
Depresoras: sustancias estupefacientes entre las que están las narcóticas u opiáceos, que provocan sueño o estupor y, en la ma-yoría de los casos, inhiben la transmisión de señales nerviosas asociadas al dolor. Entre ellas se destacan el opio, la morfina, la heroína y la metadona.
Sustitutas: estas sustancias originalmente estuvieron relaciona-das con el tratamiento terapéutico de personas en proceso de desintoxicación como su principal objetivo; hoy se ha redefinido el concepto, porque han sido incluidas en el portafolio de produc-tos ofertados en el mercado del narcotráfico, este último criterio y también su fácil disponibilidad en el mercado legal, depende de que la sustancia sea adulterada o no. Es por ello que los efectos que se buscan reemplazar son comúnmente alucinógenos y esti-mulantes, aun cuando también depresoras. Así los estupefacien-tes sustitutos se clasifican en depresoras del Sistema Nervioso Central S.N.C. y la médula ósea (Barbitúricos), tranquilizantes (Benzodiacepinas), químicas (inhalantes, solventes industriales y nitritos) y de diseño (Metanfetaminas y éxtasis).
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Los estupefacientes de diseño pueden clasificarse básicamente en cuatro tipos: a) agentes destinados a imitar los efectos de los opiá-ceos -China white, Tango and Cash, Goodfella, New Heroin-, b) agen-tes diseñados para sustituir a la cocaína (Crystal caine, Coco snow, Synth coke, cristal menth y ice –hielo- también conocida como glass -vidrio-), c) agentes diseñados para reemplazar efectos alucinóge-nos (Ketamina y Fenciclidina o polvo de ángel), y d) sustancias que se podrían denominar originales debido a la novedad de sus efectos (Love pill, éxtasis, Venus, X Files, STP) (Malpica, K. 2003).
Teniendo en cuenta lo anterior, “La Cordillera” acerca al comprador/consumidor los productos esperados considerando las diversas ne-cesidades del consumidor, así:
Alucinógenos: se encuentra la marihuana en dos presentaciones la vegetal y la hidropónica. La organización distribuye una arroba (25 libras) de marihuana para comercializar en cuartos y dosis in-dividuales.
• Las primeras 12 libras y media (6.5 kilos) se dividen en 52 cuartos.
• Las otras 12 libras y media (6.5 kilos) se dividen en 50 cuartos, de cada uno de ellos se sacan 50 dosis; luego salen 2.500 dosis, que se acercan al comprador/consumidor en presentaciones ta-les como cigarrillos, moños o bolos (ver tabla 19).
Estimulantes: se encuentran en el mercado cocaína y basuco; con las particularidades propias de cada producto.
• Cocaína: conocida como “perico” se encuentran en empaques o “bombas” que contienen 30 o 35 dosis o “bichas”.
• Basuco: empaques o “bombas” de 40 dosis o “bichas”.
Depresoras: entre estos se identifica la comercialización de heroína y metadona.
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• La heroína se comercializa en gramos y dosis, pero sólo en Dos-quebradas (barrio Guadualito) y en Pereira (en un sector conoci-do como “La calle tercera”).
La heroína en una nueva forma de consumo es inhalada al com-binarse con la marihuana, es decir, no es inyectada. Para ello, “La marihuana se desmoña o trilla, se revuelve en un papel aluminio que contienen las cajetillas marca Pielroja y con una tarjetica se ro-sea la heroína y se arma un cigarrillo. El papel de Pielroja se calienta con un encendedor y se inhala, lo cual se conoce como El Balazo” (sic). Esto fue enseñado por la organización como mecanismo para garantizar el ciclo de vida del consumidor.
Sustitutos: Rivotril (1 y 2 mg) o clonazepam, ativan, diazepam tam-bién conocidas como “pepas”. Estos productos se presentan en tabletas, cada una de ellas contiene 10 pastas y se entregan al vendedor (jíbaro) 5 tabletas. La metadona se comercializa en pre-sentaciones 5 mg, 10 mg y 40 mg.
No obstante, los narcotraficantes están pendientes de satisfacer las necesidades de los consumidores quienes buscan experiencias (efectos) duras y nuevas. Por lo tanto, surge la exigencia de estar atentos a nuevos mercados que introduzcan nuevas sustancias o presentaciones para ser cooptados por actores criminales.
Precio de venta
Tabla 15. Peso y precio de venta de los productos estupefacientes en Pereira.
PRODUCTO PESO PRECIO
Cocaína
Basuco
Marihuana
Heroína (dosis)
Heroína
Pepas "Benzodiacepinas"
Metadona
0,6 gms
0,3 gms
0,8 gms
125 gms
0,2 gms
1 gm
1 ó 2 mg
5 mg
10 mg
40 mg
$ 5.000
$ 2.200
$ 1.000
$ 17.000
$ 10.000
$ 27.000
$ 2.500
$ 2.500
$ 9.000
$ 20.000
Tabla 20. Peso y precio de venta de los productos estupefacientes en Pereira.
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Suele confundirse en el argot popular las expresiones precio y valor. En ese orden, el precio se entiende como la cantidad de dinero que una persona (comprador/consumidor) está dispuesta a pagar por un bien o servicio, para este caso, el producto esperado. Por su par-te, el valor tiene dos aspectos a destacar: el primero denominado objetivo, que lo constituyen los atributos del producto y el segundo es el subjetivo, es decir, la satisfacción de la necesidad del consumi-dor, de ello depende saber si un producto, según el precio, es caro o barato.
Mediante observación hecha en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación en Pereira, se pudo esta-blecer durante la práctica de la Prueba de Identificación Preliminar Homogenizada (PIPH) que las características de peso del producto, no son las que el comprador/consumidor espera.
En el imaginario del consumidor él paga por dosis exactas, por ejem-plo, un gramo de cocaína (perico), un gramo de marihuana, pero en la práctica están consumiendo menos cantidad, esto es inadvertido ya que el precio no le genera sensibilidad, es decir, está al alcance de su capacidad económica. Esta es una de las formas como “La Cordillera” garantiza que se maximicen sus ganancias disminuyen-do los costos de producción por la alteración de los atributos del producto, en este caso el peso.
Mercado paralelo dinamizador del narcomenudeo
En la ciudad de Pereira se identificaron actividades relacionadas con un mercado paralelo de elementos requeridos para el consumo de sustancias estupefacientes que dinamizan la comercialización. En algunas vías de la zona céntrica se encuentran varios puntos de venta que ofrecen de forma abierta al público, una serie de obje-tos que tienen como finalidad, facilitar la ingesta de los productos del narcotráfico, a pesar de que originalmente, su uso se estableció para el consumo de tabaco o cigarrillos de marcas comerciales.
Si bien las personas (vendedores ambulantes) que desarrollan esta actividad la consideran como una forma de trabajo, son conocedo-ras de la utilidad que los usuarios les dan a esos elementos. Este
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mercado paralelo se realiza con otro tipo de objetos tales como ma-nillas, collares, inciensos y prendas de vestir, entre otros, que com-binan con su actividad de comercio informal para aumentar las can-tidades de recursos económicos que reciben por ejercer esta labor.
Los consumidores de sustancias estupefacientes tienen identifica-dos los puntos de venta de este tipo de elementos, que para el caso específico del centro de la ciudad de Pereira, están ubicados espa-cios de uso público (andenes, parques, etc.) en las cercanías de los sitios de comercialización de estupefacientes. Los consumidores adquieren allí múltiples presentaciones de pipas para el consumo especialmente de basuco, y diferentes papeles que se utilizan como envolturas para armar cigarrillos de marihuana. Algunas de las mar-cas de estos productos son Smoking en diferentes colores, Snoop Dog G, Hornet y Raw. También se encuentran papeles saborizados tales como Platinum y Blunt Wrap.
Una de las principales amenazas frente a este mercado paralelo es que la actividad descrita se constituya en un potencial escenario de intervención y cooptación de la organización criminal “La Cordille-ra”, por tratarse de materiales en su mayoría importados, que están ingresando al país sin el cumplimiento de los requisitos aduaneros. Tal eventualidad se daría porque este tipo de mercado tiene las ca-racterísticas de una actividad económica que ofrece la posibilidad de maximizar las ganancias para el actor criminal.
Se identifica que el mercadeo de elementos utilizados para el con-sumo de sustancias estupefacientes, especialmente de marihuana, favorece y complementa la actividad criminal de la comercialización de estupefacientes, sin que haya un despliegue de control y super-visión por parte de las autoridades hacia las personas que cotidia-namente ofrecen estos productos en algunas zonas céntricas de la ciudad de Pereira.
Para elaborar una apreciación de lo que ocurre en Pereira como parte del estudio de caso, se caracterizan los aspectos de precio y valor (objetivo y subjetivo).
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El precio
El precio en la organización “La Cordillera” se mantiene estable (fijo) y es homogéneo en cualquier punto de venta de Pereira. No se modifica pese a los procedimientos de incautación, allanamien-tos a centros de acopio o manufactura y capturas que realiza la fuerza pública; no importa que se modifiquen los comportamientos de venta en aspectos como horarios, formas de abastecimiento, di-ficultades para ese abastecimiento y modalidades de venta. En la indagación se apreció como dificultad, que no se tiene un referente objetivo (evidencia) que permita afirmar desde cuándo el precio se ha mantenido estable, pero según los compradores/consumidores y vendedores (jíbaros), los precios están fijos desde el año 2005.
¿Por qué el interés de mantener fijo el precio? Para no aumentar la sensibilidad del precio al consumidor final, no disminuir la fre-cuencia de compra, porque están generando ganancia y como un mecanismo de control del mercado (monopolio). El precio a mane-ra de criterio de control se orienta a evitar el contrabando (venta de productos estupefacientes diferentes a los que oferta “La Cor-dillera”), impedir que los vendedores (jíbaros) aumenten el precio al comprador/consumidor sin consentimiento de la organización y restringir el tránsito de vendedores (jíbaros) entre los barrios como características propias de la regulación del mercado monopolístico.
En relación con el precio se identifica como una fisura comercial para la organización criminal, la venta a domicilio. En esta moda-lidad de venta, el producto estupefaciente se comercializa al pre-cio que ha fijado la organización (no se incrementa el precio del producto); sin embargo, quien realiza el domicilio cobra un precio adicional por acercar el producto al usuario (valor subjetivo) desde dos perspectivas:
Perspectiva del consumidor: paga el precio adicional por el cos-to de movilidad y por el riesgo que implica acercarse a un pun-to de venta en el que quizás no lo identifican como comprador, desconoce el sector donde se ubican los puntos de venta (ciu-dadano foráneo), o tiene problemas con algún integrante de la organización.
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Perspectiva del mensajero: persona que realiza el domicilio y hace parte de la fuerza de venta no organizacional de estupe-facientes y es quien tiene contacto con el vendedor (jíbaro). El cobro adicional del precio tiene como propósitos, percibir un be-neficio económico individual; cobrar al consumidor el tiempo y el desplazamiento al punto de venta, fidelizar un cliente que poten-cialmente se relaciona con él en una actividad comercial legal, en lo que se conoce como un bien o servicio aumentado (por ejemplo: relación taxista y pasajero, mesero de bar y cliente) y obtener así un beneficio pecuniario por la transacción del riesgo que recibe del usuario/consumidor para ingresar a la zona don-de se ubica el punto de venta.
En consideración, la entrega a domicilio no se interpreta como una reventa, porque el precio del producto no se incrementa, lo que se hace es un cobro adicional (mensajero) por el valor que se deriva de este servicio, es decir, acercar el producto al consumidor final quien asume el costo de la transacción.
Valor del producto
Esta proposición está condicionada porque depende de si el con-sumidor es abusivo u ocasional. En Pereira, según el valor objetivo el precio del producto puede ser caro, porque la concentración de estupefaciente y el peso, no corresponden con lo esperado por el consumidor. Desde la perspectiva del valor subjetivo la satisfacción se relaciona con dos aspectos; el primero que genere el efecto de-seado (estimulante, alucinógeno, depresor) y el segundo, la durabi-lidad del efecto.
En Pereira los consumidores afirman que si bien los productos estu-pefacientes generan los efectos deseados, la durabilidad de estos es de menor tiempo que antes. Esta proposición no cuenta con evi-dencia técnico-científica, pero sí visibiliza el aspecto, porque según los consumidores han aumentado la frecuencia de compra en un rango de tiempo relativamente corto:
“… antes uno se consumía una dosis de perico y duraba unas dos horas el efecto, pero ahora eso casi no dura. Yo no sé si es por mi adicción
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o porque nos están vendiendo basura, pero si así fuera en dónde más compramos, si la cordi (“La Cordillera”) es la que vende y manda” (sic).
Esta adulteración hecha por “La Cordillera” no genera sensibilidad o reacción en el consumidor, porque por un lado no sabe que lo están “estafando” y, por otro, si fuera consciente de lo que ocurre, el mo-nopolio y la capacidad de constreñimiento que ejerce la organiza-ción criminal, no le permitiría reclamar ante ella y si lo hace no va a incidir en el mercado. Finalmente, no denuncia ante las autoridades legales (judiciales o administrativas), porque debido a la prohibición del consumo, el consumidor percibe su adicción o dependencia como una actividad ilegal con consecuencias penales (privación de la libertad y multas).
Promoción
Se clasifica en publicidad, venta personal, promoción de ventas y relaciones públicas.
La publicidad: como instrumento para promocionar un producto, se-gún la teoría del marketing, se clasifica en institucional, comparativa y de producto. En Pereira “La Cordillera” desarrolla publicidad insti-tucional, porque pretende generar actitudes y opiniones favorables para el monopolio del mercado, el control social y territorial. En razón a esto, no es de interés para la organización criminal la publicidad comparativa ni del producto.
Así mismo, el canal de comunicación de masas, realmente es no masivo (voz a voz o “cuchicheo”) y el soporte, que es el vehículo que lleva el mensaje, se asocia con los jíbaros (fuerza de venta), campa-neros (cuidanderos/guías) y compradores/consumidores. El propó-sito de la publicidad por parte de “La Cordillera” es difundir y anclar la marca para que los compradores/consumidores los identifiquen, los diferencien, los valoren (respeto por su capacidad), acepten sus productos y reglas de comportamiento (determina y condiciona la conducta social); y a través de esto, se favorezca el monopolio del mercado. “La Cordillera” es una marca de denominación verbal, cuyo elemento de mayor relevancia es el psicológico ya que es a tra-vés de este que se facilita la consolidación de las dos dimensiones de la estatura de la marca: el conocimiento y la estima.
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Venta personal: es una relación en la que se requiere la participa-ción imperativa del comprador/consumidor y el vendedor (jíbaro). El mercado de Pereira se caracteriza porque en la venta personal se reconocen el vendedor (jíbaro) y el comprador/consumidor a través de un lenguaje y conductas particulares (códigos verbales y no ver-bales).
Un concepto importante a considerar en este aspecto es la fuerza de venta, la cual se clasifica en organizacional y no organizacional, la primera está integrada por los jíbaros y los campaneros, ellos son los responsables de hacer las ventas y de desarrollar relaciones con los clientes, identificar los nuevos nichos de mercado y comunicar a “La Cordillera” los comportamientos que se identifican en el mer-cado (ingreso de contrabando). La segunda clasificación (fuerza de venta no organizacional) se relaciona con aquellas personas que realizan domicilios y no pertenecen a la estructura organizacional criminal.
Algunos atributos de la relación vendedor (jíbaro) y comprador/con-sumidor son: garantizar seguridad por parte del primero al segundo para ingresar al sector en donde se encuentra ubicado el punto de venta (expendio u olla), crear valor mediante la confianza recíproca, proveer el producto que genera el efecto deseado por el consumidor (fidelizar), así como mantener y ampliar el mercado.
Por su parte el comprador/consumidor es un actor importante en esta relación, ya que demanda la necesidad de adquirir el producto para su satisfacción personal o la de otro y contribuye de manera voluntaria o constreñida a ampliar el mercado, es decir, contacta nuevos clientes con el vendedor (jíbaro) para que se logre la tran-sacción e identifica nuevos mercados.
Promoción de ventas: entendida como los incentivos a corto pla-zo para fomentar la compra o la venta de un producto o servicio. Inicialmente se expresa que el producto vendido pertenece a “La Cordillera”, lo que lleva implícito una carga de intimidación y cons-treñimiento que favorece la aceptación de estímulos, que además se perciben como adicionales, desde la perspectiva del vendedor (bonificación, sueldo fijo) y del comprador/consumidor (pago en es-pecie, regalar dosis y crédito -fiado-).
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Ofrecer dosis gratuitas es una acción asociada a la promoción de ventas, pero también se relaciona con la venta personal, porque es la forma como se produce la iniciación en el consumo para la am-pliación del mercado. Esta es una práctica que se empezó a hacer común en establecimientos educativos de todos los niveles.
Las relaciones públicas: pretenden identificar la estructura orga-nizacional, así como la identidad y las relaciones internas que la caracterizan, es decir, indican la forma de actuar y de comunicar. Para tal fin, se requiere:
• Identificar la estructura organizacional (áreas, grupos y cargos, funciones y objetivos que persiguen).
• Conocer la concepción, el esquema y la dirección de la comu-nicación (formal e informal, programada y no programada, las reglas internas, códigos, lenguajes).
• Analizar las manifestaciones que caracterizan la imagen: riesgos de reputación, funcionalidad de los comunicadores y crisis insti-tucional (disidencias, retaliaciones o delaciones).
• Establecer la naturaleza del “mando”, es decir, el modelo de di-reccionamiento establecido por la organización.
En “La Cordillera” la estructura organizacional desde la perspectiva de la comunicación es formal y programada, desde la naturaleza de mando, es autoritaria porque concentra su poder de dirección en un grupo limitado de personas. La imagen es un aspecto sensible y se relaciona con manifestaciones como: 1. Riesgos de reputación como el contrabando y pérdida del monopolio; 2. La crisis institucio-nal (no se entiende como ente de Gobierno, sino como organización) como la cooptación por parte de otras organizaciones criminales y la fragmentación interna por el control de la organización y, 3. Los integrantes del nivel directivo de la organización desempeñan el rol de comunicadores internos.
Punto de venta
Espacio físico en el que se da la transacción de venta (producto vs. dinero) entre el vendedor (jíbaro) y el comprador/consumidor. Es el momento crítico de éxito para la organización, porque allí concurren
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el ideal de la planeación estratégica y las acciones previas para ase-gurar la monetización de los productos.
Ciertos productos marcas y precios vienen fijados por parámetro de la organización narcotraficante. No se permite la incorporación de productos, decidir sobre la cantidad de colación de los productos ni sobre los precios de venta.
Características del punto de venta
Es quizás uno de los aspectos más importantes, porque es allí, en el punto de venta, donde se aprovechan las condiciones ambientales, espaciales y de comportamiento colectivo, es decir, el orden social establecido por la organización narcotraficante para cumplir el fin de maximizar ganancias en el menor tiempo posible. Esta responsa-bilidad está a cargo del administrador o jefe de olla, quien además de elaborar la lista de turnos de los vendedores (jíbaros) contribuye a realizar el intercambio de la organización con el medio ambiente, mediante las siguientes características:
• Entorno: las condiciones de entorno permiten obtener la georre-ferenciación de los datos (geográficos y urbanísticos) que favore-cen o se constituyen en infraestructura para repeler las manifes-taciones asociadas al narcomenudeo.
• El referente espacial: lo constituyen lugares de uso público, abier-tos al público o privados, para la venta de estupefacientes tales como polideportivos, canchas de fútbol, vías peatonales (gradas), esquinas concurridas y parques concurridos, billares, tiendas y ca-sas de habitación.
• Accesibilidad: recorrido de ingreso y salida que debe realizar el comprador/consumidor. Condiciones topográficas de infraestruc-tura (vías, senderos peatonales, caminos en campos abiertos).
• Forma de ingreso: vehículo o a pie, para ello se modifica y acon-diciona el entorno físico con el objetivo de proteger y disminuir el costo de la transacción en términos de riesgo y tiempo.
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CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
• Tiempo: de transacción y recorrido, aquí se determina cuál es la mejor forma de ofrecerle el producto al comprador/consumidor para que sea rápida, dinámica y en posible, imperceptible.
• Cobertura: minimiza la distancia total recorrida por los clientes potenciales para adquirir los estupefacientes. La cercanía del punto de venta al cliente ayuda a fidelizar al comprador/consu-midor. Aquí se determina el radio de impacto geográfico del pun-to de venta.
• Barrera de protección: pueden humanas, físicas, naturales, ar-tificiales o tecnológicas que buscan blindar al punto de venta o dificultar el acceso a las autoridades.
• Modalidad de punto de venta: fijo (sitio privado y abierto al pú-
blico), móvil (sitio de uso público) y a domicilio (fuerza de trabajo no organizacional).
• Ocupación del territorio: con base en la concentración de pun-tos de venta puede ser no ocupado, por ocupar y ocupado.
• Existencia del producto: administración de la disponibilidad o stock del producto en el punto de venta. Tiene dos enfoques; el primero, se relaciona con los mecanismos de ocultamiento em-pleados por el administrador o jefe de olla para almacenar y abas-tecer los productos a los vendedores (jíbaros) de forma controlada. El segundo es desarrollado por el vendedor (jíbaro), quien busca ocultar el producto en sitios de uso público y portar sólo la dosis que potencialmente va a vender; así lo hace hasta acabar existen-cias y regresa o informa al administrador o jefe de olla la venta total del producto para que se realice de nuevo el surtido (apro-visionador o mula). Al finalizar la venta del producto debe hacer entrega del dinero obtenido al recaudador y de los excedentes de producto que no logró vender al aprovisionador o mula.
- Acopio: sitio en el que se realiza la manufactura, es decir, se transforma la materia prima en producto final.
- Bodega: lugar al que la organización traslada los productos estupefacientes esperados para acercarlos a los Jefes de Olla, existe por lo menos uno por comuna.
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- Olla: sitio en donde el administrador o jefe de la olla recibe los productos en dosis excepto la marihuana. Puede existir uno por sector o por barrio.
- Punto de venta: se da la transacción de venta (producto vs. dinero) entre el vendedor (jíbaro) y el comprador/consumidor.
Actores y roles en el referente espacial donde se ubica el punto de venta
En este lugar físico interactúan varias personas que desempeñan roles diferentes pero complementarios en procura de intercambiar el producto estupefaciente por dinero en efectivo.
• Rol del administrador o jefe de olla: persona que recibe de “La Cordillera” y almacena los productos estupefacientes en las pre-sentaciones esperadas por el comprador/consumidor. En este as-pecto se identifica como excepción la marihuana, porque parte de este alucinógeno es manufacturado por el administrador o jefe de olla y otra parte no. El alucinógeno es entregado por “La Cordille-ra” por arrobas y este lo manufactura de la siguiente forma:
Por otra parte, la marihuana hidropónica (cripa) y con envolturas saborizadas ya vienen en una presentación estándar, es decir, no es sometida a ninguna manufacturación. Se precisa que no toda la marihuana hidropónica que se produce en Pereira es con fines de comercialización, porque quien la cultiva lo hace con fines de uso personal o para su círculo de amigos.
Cuando los productos ya se encuentran disponibles en la olla (sitio de almacenamiento) el administrador o jefe de esa instan-cia organiza los estupefacientes por línea de productos, como se aprecia en la tabla No. 21.
• Rol del recaudador: luego de que los vendedores (jíbaros) co-mercializan los estupefacientes, le entregan el dinero producto de la venta al recaudador quien lo pone a disposición del admi-nistrador o jefe de olla y el jíbaro asume que cumplió su respon-sabilidad que le garantiza recibir una remuneración por su activi-dad aportada, y es nuevamente abastecido por el aprovisionador o mula. A
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Línea de Producto Presentación Uso del consumidor
Marihuana
Cigarrillo no saborizadoMoñoBoloCuarto
Marihuanahidropónica (cripa)
Cigarrillo saborizado Cigarrillo no saborizado
(chocolatosos)
CocaínaBasuco
Bolsa
Papeleta
HeroínaEnvoltura en bolsa plástica negra
Papeleta
InmediatoAbastecimientoAbastecimientoAbastecimiento
Inmediato
Inmediato
Inmediato
Abastecimiento
Tabla 17. Línea de productos estupefacientes, la presentación y uso según las necesidades del consumidor.
Los productos sustitutos de origen farmacéutico se comercializan en unidades o tabletas y para tal fin, constriñen a algunos propie-tarios de droguerías para que los provean de estos productos y no las vendan como tradicionalmente se hace a los ciudadanos, ni siquiera con prescripción médica. Esta es una de las formas de extensión que tiene el actor criminal para cooptar actividades legales que representan diversidad de acción y ganancias.
El administrador o jefe de olla también elabora la lista de ven-dedores (jíbaros) porque hay sobreoferta de ellos, al respecto, un individuo que desarrolla este rol advierte: “… en los últimos tiempos ha bajado la venta individual porque hay muchas ollas, eso también ha propiciado que se organice la venta de estupe-faciente por turnos a la semana” (sic). En concordancia con esta dinámica se le entrega al jíbaro sólo la línea de productos estu-pefacientes que le autoriza el administrador o jefe de olla. Este criterio de control tiene incidencia en varios aspectos: 1) es una de las formas en que el jíbaro es reconocido por el comprador/consumidor, 2) es un mecanismo para disminuir el riesgo de pérdida por las incautaciones que realiza la fuerza pública y 3) permite mantener el control de los jíbaros para que no vayan a vender en otras zonas.
• Rol del aprovisionador o mula: es la persona encargada de reci-bir del administrador o jefe de olla los productos estupefacientes para abastecer a los jíbaros en el punto de venta y continuar así
Tabla 21. Línea de productos estupefacientes, la presentación y uso según las necesidades del consumidor.
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con la actividad económica criminal, que es valorada como una relación laboral en tanto concurren los criterios de subordina-ción, prestación de un servicio y una remuneración económica (comisiones) por la venta de estupefacientes. (Ver la tabla 22).
Es decir, un vendedor (jíbaro) no comercializa todos los productos y la clasificación de los productos estupefacientes presentada aquí, puede ser útil para la actividad de policía, porque ayuda a com-prender la dinámica de la comercialización en los procesos de ju-dicialización, se reconoce qué tipo de productos estupefacientes se comercializan en un sector e interpreta qué clase de resultado operacional se logró, entre otros aspectos.
• Rol del jíbaro y su margen de maniobra: persona que vende es-tupefacientes e identifica las necesidades del comprador/consu-midor. No obstante, el jíbaro se apoya en amigos del barrio para vender más rápido los productos y para poder ausentarse en mo-mentos como la toma de alimentos y necesidades fisiológicas. El jíbaro puede recibir el pago en especie (elementos que vende a reducidores o lleva a las compra-venta), pero a la organización le debe entregar dinero en efectivo (monetizar). Implementa la mo-dalidad de crédito, pero en el momento de transferir el dinero al administrador o jefe de olla. Emplea a otras personas para que le ayuden a vender el producto. Puede ser selectivo con los clientes (no venderle a persona no conocida) y rendir el producto bajo su riesgo y sin autorización de la organización.
En los diferentes referentes espaciales se reúnen algunos acto-res que deben ser diferenciados de acuerdo al rol que desempe-ñan, tales como:
- El “jíbaro” de turno: es quien recibe del administrador o jefe de olla las dosis estupefacientes y ejecuta materialmente la venta del producto esperado, según la línea de productos a la que esté asignado.
- El “jíbaro” de apoyo: reemplaza al jíbaro de turno cuando éste por diferentes causas se ausenta del punto de venta (es cap-
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turado, necesidades fisiológicas o se enferma, entre otras). Lo importante de esta figura es que el punto de venta de forma permanente tenga un vendedor, independientemente de las circunstancias que tenga el jíbaro de turno.
- El “jíbaro” aprendiz: generalmente son menores de edad y ado-lescentes que requieren darse a conocer al comprador/consu-midor en el referente espacial, aprehender el lenguaje verbal y no verbal, así como comprender la dinámica necesaria para desarrollar el papel más importante de la comercialización de estupefacientes, monetizar el producto.
• Rol del campanero: persona (especialmente menores de edad y mujeres) que cumple el rol de seguridad del punto de venta y comúnmente recibe a cambio de su servicio dosis de estupefa-cientes para su consumo. La función primordial de quien juega este rol, es advertir la presencia de agentes externos que puedan perturbar el funcionamiento del punto de venta. Opera como fac-tor de protección para identificar amenazas a la infraestructura de venta.
PresentaciónComisión por venta
Marihuana
Unidad cigarrillo
Paquete cigarrillo
Cuartos
PepasUnidad
Tableta
Cocaína Dosis (Bicha)
BasucoDosis (Bicha)
Bomba
HeroínaDosis
Gramo
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Tabla 18. Producto estupefaciente, presentación y comisión por venta.
Producto estupefaciente
Tabla 22. Producto estupefaciente, presentación y comisión por venta.
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• Rol del consumidor: persona que en oportunidades reside en el sector donde se ubica el punto de venta y que suele consu-mir estupefacientes ante la vista de los residentes y transeúntes. Cabe resaltar que frente al consumo de marihuana se evidencia un preocupante nivel de aceptación social ya sea por coacción o por indiferencia, lo que redunda en que el consumidor ocupe un espacio que tradicionalmente no empleaba. Distinto ocurre con la heroína, el basuco, la cocaína y los sustitutos, porque quienes consumen estas sustancias prefieren buscar lotes baldíos, que-bradas de los ríos o sitios privados.
• Rol de la persona en condición de ocio: es conocida por los jíbaros y no necesariamente por los consumidores, y su condi-ción se da por estar vinculadas al crimen –ladrones, sicarios-, haber sido desescolarizados, desplazados, o por no tener vin-culación con ninguna ocupación formal. Ellos se constituyen en potencial fuerza de trabajo disponible para actividades in-formales o criminales paralelas al modelo delictivo que tenga la organización. Fuerza de trabajo entendida según Karl Marx (2006) como “... el conjunto de las condiciones físicas y espiri-tuales que se dan en la corporeidad, en la personalidad vivien-te de un hombre y que éste pone en acción al producir valores de uso de cualquier clase” (p. 121).
Por esta razón, pese al rol de los actores citados con la venta de estupefacientes, ellos no se sienten parte de la organización nar-cotraficante, ni esta los considera o reconoce como integrantes.
Las dosis recibidas por el jíbaro de turno generalmente las dis-tribuye en partes iguales entre los demás actores del referente espacial, con el fin de que las oculten en diferentes sectores del espacio ocupado (árboles, contadores de agua, energía eléctri-ca, gas, entre otros). Es por ello, que cuando los servidores pú-blicos de la Policía Nacional registran a los actores del referen-te espacial sólo les encuentran una dosis, que es la que tienen disponible para la venta, razón que explica el por qué cuando los capturan y judicializan en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación, son considerados por los Fiscales, de manera a priori como consumidores. Ello no sig-
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nifica que en ocasiones ese argumento sea cierto, pero tampoco se practica un procedimiento técnico-científico que permita es-tablecer la condición de consumidor o vendedor (jíbaro), lo que deja como resultado la recuperación de la libertad. Esto requiere profundizar el conocimiento judicial mediante la investigación criminal que demuestre este modus operandi.
De lo anterior se derivan otras percepciones ciudadanas que contribuyen a la deslegitimación del Estado. Por ejemplo, que entre los vendedores (jíbaros) de estupefacientes se ha genera-do el paradigma según el cual, la organización narcotraficante “tiene arreglados a los fiscales y que por eso no necesitan con-tratar abogados” (sic), lo cual es falso, mientras que para los de-más ciudadanos “los policías practican mal los procedimientos o reciben plata a los delincuentes” (sic), lo que tampoco coincide con la realidad dadas las implicaciones jurídicas que rodean este tipo de casos. Es decir, la libertad concedida a los vendedores de estupefacientes es un fenómeno que compromete la imagen de las instituciones encargadas de administrar justicia y mantener el control social.
Los actores vinculados a la venta de estupefacientes que fre-cuentan estos referentes espaciales emplean un lenguaje que caracteriza la dialéctica entre ellos y el comprador/consumidor que allí concurre, por ejemplo, en algunos sectores de Pereira se utiliza la siguiente jerga:
Expresión Significado
Aguas Presencia de la Policía Nacional.
Amure o amurado Ganas de consumir.
BalazoInhalación de la heroína al ser calentada con fuego en un pedazo de papel de aluminio.
Bicha Unidad o dosis de estupefaciente de basuco o cocaína.
BombaUnidades o dosis de estupefacientes que se les entrega a los jíbaros para la venta.
Borrado Muerto.
Carátula Personas.
Chimba Bueno.
Chirriar Consumir de todas las sustancias estupefacientes.
ComboGrupo de “parceros” o amigos que comparten objetivos y costumbres.
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ContrabandoProductos estupefacientes que no pertenecen a "La Cordillera".
Dilema Problema.
Drogo Persona drogada.
El cuchoPatrón, administrador o jefe de olla, es decir, quien entrega el estupefaciente al vendedor (jíbaro) de turno.
El cueroPapel de cigarrillo marca Pielroja u otro tipo de papel (marcas Smoking, blond y Platinium) empleados para armar los cigarrillos de marihuana.
El mecánico Presencia de la Policía Nacional.
El Nacional Presencia de la Policía Nacional.
Enfuetado Persona que porta un arma de fuego.
Fresiar Una persona (gomelo) que está bien vestida.
Fuete Arma de fuego.
Gurbia Hambre.
Hay vengo Presencia de la Policía Nacional.
HeromaAroma que se genera de la combinación de marihuana y heroína como una forma de consumo.
Jíbaro Persona que vende estupefacientes.
Lamparear Informar-vigilar
Más paradito Persona que logra tener el control de algo.
Meloniar Comer.
Montarlo Armar una dosis de estupefacientes para consumirla.
Parceros Grupo de amigos que comparten identidades y afinidades.
Parcharnos Reunión del combo.
Parcharse Reunirse.
Pase Dosis de perico.
Plones Soplos de marihuana.
Probones Verracos para delinquir.
Que la pareExpresión para señalar que una persona deje de hacer algo.
Sobar la axila o costilla
Expresión no verbal para advertir la presencia de la Policía Nacional.
Voletiarse Llamar la atención.
Expresión Significado
Tabla 23. Jerga empleada por los vendedores de estupefacientes.
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Monetización de los productos del narcotráfico en el punto de venta
En los distintos referentes espaciales citados por los ciudadanos y utilizados por los vendedores (jíbaros), tales como entornos y am-bientes de educación (escuelas, colegios, institutos, universidades), parques, alamedas, esquinas, polideportivos y canchas de fútbol, por citar algunos, se desarrolla el intercambio de productos entre el vendedor (jíbaro) y el comprador/consumidor, lo que aquí se conoce como monetización de los productos. Para “La Cordillera” es una prioridad monetizar el producto razón por la que los administrado-res o jefes de olla no reciben especies, sino efectivo; no obstante se pueden identificar otras formas de transacción entre vendedor (jíbaro) y comprador/consumidor:
1. El vendedor (jíbaro) para fidelizar al comprador/consumidor reci-be especies las cuales monetiza en compra-ventas y a través de reducidores.
2. El adicto o dependiente presta servicios a cambio de productos estupefacientes dependiendo del nivel de adicción o dependen-cia del consumidor.
3. El vendedor (jíbaro) y el consumidor pactan un crédito. Cuando el consumidor no paga o se va a comprar a otro punto de venta, se materializan algunos de los siguientes eventos: a) riña entre el vendedor y el consumidor; b) el consumidor va a comprar a otra olla, porque no posee los recursos económicos para pagar la deuda y lo poco que tiene sólo le alcanza para una dosis. Esta situación se interpreta como una traición por el comprador/con-sumidor y suele producir riñas, y c) el comprador/consumidor in-gresa a una zona donde no es conocido y por ello, corre el riesgo de ser víctima de agresión física al considerársele una amenaza para ese punto de venta.
El consumidor generalmente obtiene los productos estupefacientes mediante la disponibilidad de efectivo como resultado de la activi-dad laboral que desarrolla, la mendicidad, el intercambio de pren-das con el vendedor (Jíbaro), la comisión de delitos (hurto) o la pres-tación de servicios criminales (homicidio -sicariato-, seguridad como
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campanero, transporte de estupefacientes o armas de un lugar a otro de la ciudad, entre otros). Valga la pena destacar que el dinero producto de la comercialización de estupefacientes es ubicado en el sistema real, no necesariamente en el financiero, porque es la forma como se evaden los controles desarrollados por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En el punto de venta se perciben hechos concretos y verificables que afectan la seguridad de los ciudadanos en sus dimensiones individual y colectiva. Es decir, no todo el proceso de comerciali-zación es percibido por los ciudadanos. Esto significa que sólo lo que ocurre en el punto de venta, se considera como fenómeno de narcomenudeo (compra, venta y consumo de estupefacientes), el cual además, es considerado como un problema público cuyas ma-nifestaciones se constituyen en amenaza real, concreta, objetiva, específica e individualizada para la seguridad pública y en general para la convivencia.
Es en el punto de venta donde “La Cordillera” debe mantener el equilibrio (E) entre la fuerza de venta (fv), la disponibilidad del pro-ducto (dp), así como mantener y ampliar la población consumidora (ic) y realizar la expansión geográfica (eg), como elementos básicos que deben concurrir en una especie de estructura espacial para que el sistema de producción se sostenga y genere acumulación de capital.
La fuerza de venta (fv): personas dispuestas a desarrollar el oficio criminal de venta de estupefacientes que generalmente son pobla-ción joven y que están en condición de vulnerabilidad. La fuerza de venta no es consciente de su vinculación con “La Cordillera”, no obstante, saben que el producto que venden es de esa organiza-ción. La fuerza de venta es un activo necesario donde las necesida-des básicas insatisfechas, la exclusión social, la marginalidad y la oferta de una contraprestación por la prestación de un servicio que hace el actor criminal, juegan un papel determinante. El sentido de los elementos de la cohesión social cambian, entonces los ciuda-danos están dispuestos a vincularse a la venta de estupefacientes. Valga la pena aclarar que no se quiere decir que la pobreza sea un factor determinante para la decisión criminal.
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CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
Disponibilidad de productos (dp): disminuye el tiempo de circula-ción del producto. Para ello se requieren generar las condiciones físicas y superar los obstáculos espaciales para que se de el inter-cambio y monetización del estupefaciente, en procura de favorecer la acumulación y maximización de ganancias.
Ampliar la población consumidora (ic): consiste en generar nue-vas necesidades y deseos para los consumidores de los productos estupefacientes, además de ofrecer otros servicios criminales que provee “La Cordillera”.
Expansión geográfica (eg): consiste en la ampliación sistemática de la cobertura espacial por parte de la organización criminal para establecer nuevos puntos de venta.
Esta relación interdependiente se evidencia en la siguiente ecua-ción, en la que se representa que deben concurrir las cuatro varia-bles para que el equilibrio se mantenga. Si alguna de ellas no existe, es decir, si su valor fuera cero (0) el equilibrio sería cero (0).
E= fv.dp.ic.egEs entonces en la estructura espacial donde se da la mayor fricción social por la confluencia de intereses no comunes, porque la fuerza de venta y la población consumidora son los ciudadanos que el cri-men le disputa al Estado. Por otra parte, la disponibilidad de produc-tos estupefacientes y la ampliación de la cantidad de consumidores tienen directa relación con la expansión geográfica y la proliferación de puntos de venta.
Además de la anterior argumentación, en la categoría de Punto de Venta se propone incorporar como un atributo los “fenómenos aso-ciados” para que los policías y de manera intuitiva y perceptual in situ, establezcan la relación entre la venta de estupefacientes, con las manifestaciones de conflicto social, de violencia y de criminali-dad; esto en razón de lo siguiente: los indicadores criminológicos
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que rigen la prestación de la actividad de policía y los sistemas de información oficial no relacionan las conductas contravencionales ni delictivas, con las distintas manifestaciones del narcomenudeo, que no sólo se asocian con los verbos rectores establecidos en el ar-tículo 376 del Código Penal colombiano, y por último, contar con da-tos que permitan correlacionar el narcomenudeo con su incidencia en la seguridad pública, que se ve afectada además de los delitos, por manifestaciones propias del conflicto social y de la violencia.
Hasta este momento se entiende el narcotráfico como un sistema de producción, distribución, comercialización de sustancias estupe-facientes y flujo de capitales. El siguiente análisis complementario a éste, permitirá comprender un poco más las implicaciones que tie-ne la venta de estupefacientes, cuando se interpreta como una ac-tividad económica criminal institucionalizada para la acumulación de capital, requisito necesario para la maximización de ganancias.
El anterior inserto, ubicado en la página 155, es una herramienta de análisis en pensamiento sistémico que permite identificar la asimetría de los elementos de un sistema que se alimenta con una influencia e información recíproca al proceso de realimentación (Senge, P. 1998, p. 92). Mientras tanto, el inserto que se presenta a continuación es un flujo de actividades que representa el pro-ceso de la comercialización de estupefacientes. Aquí están grafi-cadas las operaciones y transacciones que ocurren durante toda la operación para que se cumpla de forma completa la actividad económica criminal.
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Gráfico 17. Flujo de actividad de la comercialización de estupefacientes.
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CAPÍTULO IV“La Cordillera”: institucionalización de una actividad económica criminal que genera entramado social del crimen
El entramado social del crimen es una forma de asociación colectiva donde actores criminales diseñan y ejecutan acciones dirigidas a maximizar ganancias por medio de actividades económicas criminales de diversa índole. Para lograr este propósito, acuden a la violencia, la coerción y la criminalidad que permita adecuar las condiciones de los entornos, especialmente urbanos, establecer idearios de representación social y definir roles individuales que contribuyan a la institucionalización de esas actividades económicas criminales.
“Es la propia configuración del mundo actual lo que no permite abandonarse
a lo visible y exige interpretaciones más complejas”.
Daniel Innerarity
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“La Cordillera” que también se conocerá como la organización, la organización criminal o la organización narcotraficante, se institu-cionaliza en aquellos territorios que favorecen el desarrollo de la actividad económica criminal para generar y maximizar ganancias, mediante la consolidación de un sistema de acumulación de ca-pital (permite acumular capital proveniente de diferentes fuentes) complementario a un sistema de producción (comercialización de estupefacientes).
Las ganancias son fundamentales por dos razones que expone Da-vid Harvey (1998): la primera, porque permite usar el dinero para producir más dinero y la segunda, porque da la posibilidad de am-pliar sus inversiones futuras. Que cualquier situación que interfiera con las ganancias, la nueva inversión y la expansión de los merca-dos, amenaza la sostenibilidad del mecanismo de acumulación de capital.
Entramado social del crimen
Esta propuesta teórica pretende establecer los lineamientos de una forma de asociación colectiva donde actores criminales diseñan y ejecutan cursos de acción para maximizar ganancias por medio de actividades económicas criminales. Para lograr este propósito de-sarrollan actividades de violencia, coerción y criminalidad a fin de adecuar las condiciones de los entornos especialmente urbanos, establecer idearios de representación social y definir roles indivi-duales que contribuyan a la institucionalización de esas actividades económicas criminales. Estos esquemas implantados socialmente inciden de forma directa en los elementos de la cohesión social,
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que se transforman en un sentido negativo para proteger toda la estructura de adecuación que se diseña por parte de los grupos delincuenciales. Como se observa, hay otras lógicas de acción y vi-vencia en los colectivos sociales que se distancian de cualquier re-presentación del Estado, lo que en la práctica significa una pérdida de gobernabilidad y legitimidad de las autoridades político adminis-trativas.
Cohesión social negativa como presupuesto del entramado social del crimen
La distorsión de los mecanismos cooperativos y de asociación de carácter colectivo con los que cuenta la sociedad, así como la in-tervención que de ellos hace la organización criminal, configuran un contexto vivencial de carácter atípico. Y lo es porque establece cambios profundos en los patrones establecidos en la organización social; dispone así mismo, de dinámicas, nexos y cotidianidades en-focadas a la apropiación de las formas de organización social pero con un sentido negativo en su fundamentación y en su finalidad. A esta realidad emergente e imperceptible, pero con toda la fuerza imperativa, es lo que se ha denominado cohesión social negativa, porque todos los elementos propios de la propuesta teórica de la cohesión social que debería orientar territorialmente el Estado, son adecuados por actores criminales para imponer modelos de com-portamiento social desviados. A través de ellos se pretende proteger y ampliar el espectro y posibilidad de desarrollar actividades econó-micas criminales, por medio de una base social sometida al poder material de la organización criminal.
Se planteó con anterioridad la complejidad conceptual de la cohe-sión social. A consecuencia lógica, una calificación negativa como la que se acaba de esbozar, puede ser objeto de cuestionamientos. Pero sea esta la oportunidad de abstraer elementos fácticos obte-nidos en esta investigación que de forma objetiva representan unas nuevas lógicas de interacción humana y relaciones sociales, media-das por agentes criminales, que bajo parámetros materiales forjan nuevos esquemas de la vida social. En la práctica los elementos de la cohesión social (capital, integración, inclusión y ética sociales) se articulan con diferentes matices en los grupos sociales donde el control de “La Cordillera” implementa mecanismos para articular
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conductas y comportamientos de afinidad y pertenencia a líneas prácticas e ideológicas de vinculación a actividades económicas cri-minales.
Carlos Barba (2011) supone que pueden existir diversos tipos de cohesión social porque cambian de acuerdo a la historia e incluso al mismo tipo de sociedad (p. 76). Sin embargo, las descripciones ofrecidas en su clasificación (universalista, liberal y conservadora), no exponen elementos que permitan hacer analogía o asociar con la cohesión social negativa (pp. 76-77). Esa propuesta tipológica sirve como referencia para explorar e identificar nuevas formas de cohe-sión social que se pueden adherir para ampliar la gama de análisis.
Así las cosas, no se trata de una forma de desintegración social o anomia (Durkheim, É. 2007) caracterizada por tener fenómenos sistemáticos de involucramiento social que rompen el orden, la ad-hesión y pertenencia de los individuos a la sociedad. Es la implanta-ción de un marco de valores y reglas compartidas que superan las diferencias personales para gestionarlas de forma óptima, a fin de lograr una articulación de los componentes de los colectivos en la funcionalidad y adecuación de entornos apropiados que permitan el desarrollo de actividades económicas criminales. La unicidad colec-tiva que interioriza las representaciones sociales de actuación im-pide factores de polarización, aislamiento, resistencia o divergencia que pueden depender del uso de la coacción o la violencia.
El entramado social del crimen aprovecha las tensiones surgidas entre las formas de organización social y la estructura estatal. Las contradicciones a las que se hace referencia son las diferentes manifestaciones de conflicto social, carencias, privaciones y en ge-neral, todo tipo de necesidades básicas insatisfechas. Las redes sociales intervenidas por el actor criminal están adaptadas a los en-tornos urbanos, están territorializadas; a pesar de ello, son móviles, dinámicas, permeables y flexibles, pero a pesar de ello, son contro-ladas y terminan homogenizadas por los intereses que pretenden explotarlas económicamente. Mientras tanto, los esquemas orga-nizacionales del Estado son estables, con fuerte centralización y paquidérmicos, que impiden respuestas acertadas y efectivas a los problemas que de forma endémica están en la organización social.
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Para hacer material la cohesión social negativa a la que se aludió con anterioridad, es necesario el encajamiento de nuevos valores y principios en la sociedad. Este proceso se surte en el marco de la contradicción a partir de paradigmas mientras logran establecerse tales ideales nocivos para la formalidad del Estado pero altamente valorados por el actor criminal porque se cree que a través de estas lógicas se alcanzan ideales personales, familiares o colectivos. La ética social con ese contenido desviado finalmente se impone en la contradicción porque “… los nuevos valores en construcción y emer-gencia” al final muestran que son capaces de “garantizar condicio-nes de vida nuevas y mejores” (Maldonado, C. 2008, p. 12). De allí que se pueda entender la forma como la visualización de las prác-ticas ilegales tienen aceptación social y se llevan a la cotidianidad como una forma de vida frente a la que no existen cuestionamientos morales. Otros planos que resultan afectados con las tendencias al individualismo, a la falta de confianza en las instituciones y la caren-cia de solidaridad, que en suma deslegitiman al Estado y minan los elementos existentes de cohesión social.
Propósitos del entramado social del crimen
El entramado social que genera el crimen organizado se constituye en una de las principales amenazas para la gobernabilidad local, la gobernanza, la convivencia y el desarrollo armónico de las comuni-dades. Los actores delincuenciales se instalan en el territorio con la abierta intención de monopolizar actividades económicas crimi-nales que entran en interdependencia con manifestaciones de con-flictividad social, de violencia y de criminalidad. Es por esto que las personas ven como de forma sistemática se afecta la convivencia, producto de la reimplantación de un nuevo orden social que mina la capacidad estatal de ser garante y mediador de las relaciones sociales.
La gobernabilidad es entendida como las “condiciones que hacen gobernable y eficiente la administración de una determinada socie-dad y por esa vía a la evaluación de las estructuras y del funciona-miento de las instituciones” (Launay, C. y Bolívar, I. 2010, p. 14). Bajo esta referencia, en términos locales, la gobernabilidad se ve afectada en razón al bajo impacto que tiene la implementación de las políticas públicas en las zonas de asentamiento de los puntos
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de venta de sustancias estupefacientes. Por supuesto que la reper-cusión en los ciudadanos es que la administración se percibe dis-tante de los colectivos sociales y de los problemas públicos que les aquejan. Por eso, la capacidad de atención para cubrir integralmen-te el territorio es catalogada como deficiente y el despliegue de las diferentes instancias no opera de forma eficiente en algunas áreas.
Entonces la afectación corre por cuenta de una doble vía. La prime-ra porque la estructura política tiene deficiencias en su desarrollo que le impide equilibrar las demandas sociales con la respuesta institucional, y la segunda, porque la organización criminal diseña y favorece las condiciones de insatisfacción, de forma tal, que es beneficioso aislar a los asociados de cualquier representación del Estado, aun a pesar de su ineficiencia, pero ejerciendo la violencia y la coerción. Es decir, que a mayor perturbación de la relación so-ciedad-gobierno, más se aproximará un estado de ingobernabilidad y mejor será el escenario para desarrollar actividades económicas criminales. Francisco Rojas Arenas (2008) lo afirma de manera ta-jante: “La violencia aumenta la ingobernabilidad, debilita la demo-cracia, incrementa la desconfianza y genera las condiciones para violaciones a los derechos humanos” (p. 10).
Mientras tanto, la gobernanza, entendida como “los procesos de acción colectiva que organizan la interacción entre los actores, la dinámica de los procesos y las reglas de juego con las cuales una sociedad toma sus decisiones, y determina su conducta. (Taller: “Gobernanza: Hacia un concepto”, Montevideo, 2004)” (citado por Launay, C. y Bolívar, I. 2010, p. 14), sufre igualmente, alteraciones porque la interacción sociopolítica no se direcciona hacia el logro de objetivos comunes de carácter específico, dada la intervención que sufre por el actor ilegal. Esta situación se denota porque al estar fracturada la relación entre la comunidad y el gobierno local no exis-te una acción colectiva que motive la inter-relación entre los actores sociales. Luego entonces, la toma de decisiones políticas no consul-ta los procesos de relacionamiento entre los asociados y el Estado por cuenta de los efectos que causa la cohesión social negativa.
Con base en esta perspectiva, el entramado social del crimen tiene como uno de sus principales propósitos establecer un nuevo orden social. Para ello las organizaciones criminales requieren mantener
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el control territorial en fragmentos urbanos, que a su vez, se cons-tituye en un presupuesto necesario para la imposición material del poder y el ejercicio de la dominación sobre los colectivos sociales. A esto se une la percepción de incapacidad de respuesta estatal para el tratamiento de las amenazas que generan riesgo para la convi-vencia. Ello obedece en parte a que no hay una aproximación objeti-va a las problemáticas locales ni un consenso con las comunidades que defina prioridades de atención gubernamental con enfoque sis-témico, más allá de los indicadores de desempeño de las institucio-nes comprometidas en mantener la convivencia en el territorio.
Adicionalmente, de forma histórica y sistemática en el territorio (que se lo apropian y explotan) se han venido configurando diferentes modelos criminales que mutan y se perfeccionan, sin que todavía haya una caracterización que permita identificarlos estratégicamen-te para desarrollar planes de intervención de forma focalizada o hacerles seguimiento longitudinal. La fundamentación en este as-pecto por parte de las autoridades se ha basado más en identificar estructuras e individuos que las componen, pero no en cuáles son los mecanismos que hacen funcionar esos aparatos criminales.
De los factores asociados a las causas del entramado social del crimen
Los actores criminales una vez están instalados y tienen control sobre el territorio imponen mediante la fuerza normas de control social y territorial para que las cotidianidades de las comunidades se adap-ten al modelo de explotación criminal. Las mismas imposiciones de los criminales hacen que el circuito de comunicación entre los ciuda-danos y las autoridades político administrativas sufran interferencias irreparables, que generan un espectro de ilegitimidad hacia las enti-dades del Estado. Más bien los delincuentes terminan por ser acep-tados, tolerados y reconocidos por parte de los ciudadanos como con-secuencia del ejercicio de medidas de fuerza y coacción.
Por otro lado, la apropiación del territorio y el crecimiento exponen-cial de la influencia de los actores criminales expanden su poten-cialidad de control para doblegar la resistencia de organizaciones criminales de menor capacidad a quienes terminan por cooptar por medio de la fuerza o por alianzas que implican subordinación y su-
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misión. Pero la acción no es solo contra grupos estructurados de de-lincuentes sino que cualquiera de las actividades económicas crimi-nales que se ejecute también es intervenida por el actor que tenga mayor poder de confrontación. Una vez establecido este panorama existe la posibilidad de diversificar el portafolio de actividades eco-nómicas criminales e implementar nuevas fuentes de riqueza en los entornos urbanos.
Nada de estas circunstancias serían efectivas en pos de la maximi-zación de ganancias sino se contará con la decidida participación de ciudadanos que conscientemente están dispuestos a vincularse en cualquiera de los roles a las actividades económicas criminales. Esta relación se da por la variada combinación de factores en el territorio que presiona a las personas por buscar diferentes meca-nismos que les permita tener opciones como fuentes de recursos económicos. Se ratifica que no es una conducta que obedezca a los considerables índices de pobreza que se vivencia en los diferen-tes asentamientos sociales, sino que además se une la exclusión social, la marginalidad, la falta de oportunidades, los inadecuados modelos de desarrollo social (nacional y local), la pérdida de valores y principios colectivos o la decisión racional de esos ciudadanos que terminan integrando actores criminales.
Muchas de las funciones del Estado en esos territorios donde se asientan los actores criminales, terminan siendo instrumentaliza-das por los delincuentes que condicionan el acceso de la oferta de bienes y servicios para el bienestar general. Acciones de regulación y control social, así como la ejecución de políticas públicas se vicia por la presión que se realiza sobre los funcionarios públicos. Lo pa-radójico es que muchas de las acciones oficiales son intervenidas y de forma pública el actor criminal hace creer que gracias a su gestión se puede tener acceso a determinadas labores del Estado.
Finalmente, toda esta compleja situación se enraíza en el colectivo social y la ejecución de la política pública en el territorio se muestra desarticulada. A pesar de los esfuerzos sectoriales, el tratamiento de los problemas públicos es aislado e insuficiente. Además se tie-ne la lectura de que la responsable de esas problemáticas asocia-das al tema de la convivencia, es la Policía Nacional pero esta labor no se realiza de forma coordinada con el Ente de Policía.
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El narcomenudeo como forma de entramado social
El narcomenudeo es un fenómeno complejo que se constituye en un problema público por el entramado social que genera el cual tiene por fin último, la acumulación de capital para maximizar ga-nancias por medio de la comercialización de estupefacientes en los entornos urbanos. Esta actividad que se manifiesta en los contextos cercanos al punto de venta genera la concurrencia de comporta-mientos causados por los actores involucrados en la compra – ven-ta y consumo de drogas ilegales que propician alteraciones en la convivencia pacífica de los habitantes de esos sectores.
El proceso de transformación del territorio desarrollado por los ac-tores ilegales para lograr la explotación económica, implica la des-estructuración y restructuración de la cohesión social. Para tal fin, la organización narcotraficante, sin proponérselo quizás, logra ins-titucionalizar un nuevo orden social, el cual cobra sentido objetivo cuando se materializan acciones concomitantes de roles, reglas y mediación para desarrollar una actividad económica criminal, como es la venta de estupefacientes para este caso, pero podrían ser otras tales como el tráfico de armas, el cobro de extorsiones, la ex-plotación minera ilegal, entre otros.
El proceso de transformación del territorio desarrollado por “La Cordillera” para lograr la explotación económica, implica la deses-tructuración y reestructuración de la cohesión social. Para tal fin, la organización narcotraficante, quizás sin proponérselo, logra ins-titucionalizar un nuevo orden social, el cual cobra sentido objetivo cuando se materializan acciones concomitantes de roles, reglas y mediación para desarrollar una actividad económica criminal, como es la venta de estupefacientes para este caso, pero podrían ser otras tales como el tráfico de armas, la exigencia de extorsiones, la explotación minera ilegal, entre otros.
Lo anterior significa que el actor criminal desarrolla una serie de pro-cesos concurrentes, paralelos, entrelazados y en diferentes niveles para instalarse en un territorio en relación con lo que se denomina entramado social del crimen o cohesión social negativa. Esto se en-
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tiende como la inserción en el sistema de acumulación de capital que favorece la institucionalización con fines económicos, así:
1. Identifica una actividad económica legal o ilegal que sea suscep-tible de ser intervenida dada la rentabilidad que ofrece.
2. Desregulariza el mercado en el que se desarrolla la actividad económica (implementa el mercado imperfecto).
3. Establece mecanismos de control social, es decir, reglas, roles y mediación de las relaciones sociales.
4. Subsume o coopta aquellas organizaciones que tienen inter-venido el mercado objeto de la organización criminal (alian-zas y confrontaciones).
5. Desestructura y reestructura la cohesión social (entramado so-cial del crimen).
6. Incorpora nuevos valores a partir de la hegemonía impuesta, es decir, que el actor criminal desterritorializa el control social y se re-territorializa al establecer un nuevo orden social.
7. Involucra a la comunidad en la actividad económica capturada, ya sea por consentimiento, constreñimiento u oferta de servi-cios para el bienestar general para la acumulación de capital.
8. Elimina las barreras que impiden el desarrollo de la actividad económica criminal, pero impone barreras a la competencia en un mercado imperfecto.
9. Disminuye tiempo y distancia en la obtención del dinero produc-to de la actividad económica criminal, también reduce el tiempo en que una actividad económica criminal hace tránsito a una legal donde el constreñimiento es aceptado socialmente.
10. Inserta el dinero de origen ilegal en el sector real.
11. Diversifica la actividad económica criminal para maximizar ga-nancias, es decir, vuelve e inicia el ciclo.
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El resultado final de la aplicación de los procesos enumerados ante-riormente, donde el grueso de la sociedad no alcanza a determinar ni identificar de manera consciente, es lo que se denomina insti-tucionalización de una actividad económica criminal en razón a la intervención hecha por la organización narcotraficante, para este caso. La institucionalización se entiende como la unidad y estabi-lidad que adquiere la organización criminal en un grupo social y el territorio que estos ocupan.
Lo crítico del proceso de instalación y expansión de un nuevo orden institucional con fines capitalistas, es la necesaria vinculación de la co-munidad como actor protagónico o instrumentalizada de acuerdo al rol necesario que puedan aportar para lograr los objetivos criminales.
En el contexto de la crisis multidimensional actual, que se refleja en el índice del desempleo, y pérdida de cohesión social producto de la división del trabajo en las familias y comunidades, como un resultado necesario de la economía política que subordina a la Na-ción a poderes económicos y políticos externos, se abren mayores posibilidades para la organización de grupos dedicados al sistema de la economía criminal, que han ido extendiéndose hacia amplios sectores de la sociedad. (Montoya, A. 2010).
Actividad económica criminal: una aproximación al concepto
Parte del fundamento que se ha hecho dentro de la investigación está relacionado con el desarrollo de actividades económicas crimi-nales. Por ello se propondrá el desarrollo conceptual de esta expre-sión con el propósito de dimensionar su alcance y para efectos de comprensión.
Actividad económica criminal es entendida como el conjunto de ac-ciones que ocurren en un sistema de economía simplificado en el que se identifica la interdependencia entre los mercados de facto-res productivos con los de bienes y servicios legales e ilegales.
Como sistema de economía simplificado se refiere a que estas acti-vidades escapan a las regulaciones del Estado, esto es que son ce-rradas y estacionarias, no hay intervención del gobierno a través de
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políticas que afectan el sistema. Por definición, tampoco se toman en cuenta las influencias del comercio internacional.
La interdependencia entre los mercados de factores productivos con los de bienes y servicios implican un rasgo característico y dis-tintivo siempre que su objetivo final se relacione con lo ilegal tras una apariencia de legalidad. Para tal fin se identifican cuatro aspec-tos relevantes: el primero, los bienes y servicios se ofertan en un mercado paralelo del tipo oligopolio y monopolio (Céspedes, 2008, pp. 3). El segundo, la captura de bienes públicos y privados, así como la cooptación de otros mercados legales e ilegales. El tercero, que la vinculación de las personas es racional (Teoría de la Elección Racional) ya por aceptación social, ya por constreñimiento, no sólo para satisfacer necesidades sino para maximizar ganancias y de esta manera desarrollar procesos de acumulación de capital por el cual se beneficia una organización criminal y, el cuarto, se define como el entramado social del crimen -elemento distintivo de la so-ciedad moderna- que tiene por objeto generar cohesión social para proteger esta tipología de mercado.
La dificultad radica en el desconocimiento de esto, porque los ciuda-danos que se vinculan a la actividad económica criminal, lo hacen con el propósito de satisfacer necesidades individuales; los unos como integrantes para generar ingresos y los otros, para no ser víc-timas de acciones que atenten contra su integridad personal, in-cluidos en este último grupo están quienes financian de manera constreñida la organización mediante la entrega de cuotas extorsi-vas. Entiéndase que los unos se vinculan por beneficio individual y los otros por temor, pero en últimas, ambos aportan para el fin de la organización criminal, la acumulación de capital para maximizar las ganancias.
“El territorio tiene que ser fuente de capital”. Esta frase que cobra relevancia en el argot criminal y que implica explotar los recursos que circulan de una fracción de espacio geográfico, demanda un sistema de acumulación de capital el cual se caracteriza por las ten-siones existentes en tres aspectos importantes: primero, la oferta de fuerza laboral, significa esto, personas dispuestas a vincularse en el proyecto criminal capitalista. Aquí se percibe una intrincada relación con el crecimiento de la población urbana por motivos de
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desplazamiento, desarraigo o en condición de ocio (desescolariza-dos, desempleados), entre otras.
Segundo, disponibilidad de los medios de producción y la infraes-tructura necesaria que permita la instalación y expansión de la pro-ducción. En este aspecto se observan condiciones de orden social (comportamiento colectivo e individual), infraestructura urbana (desarrollo urbanístico), cercanía con los centros de producción (in-fraestructura de producción) y disponibilidad del producto básico (cocaína, base de cocaína, marihuana, heroína), así como produc-tos sustitutos.
Tercero y último, la estructura de demanda, lo que implica un mer-cado que consuma los productos elaborados por la organización narcotraficante, los cuales deben cumplir tres características funda-mentales para el consumidor: precio estable, efecto y presentación deseada.
En concordancia con estas características del sistema de acumula-ción de capital y buscando obtener una mejor comprensión de este fenómeno complejo como es el narcomenudeo, debe establecerse una analogía entre los datos empíricos obtenidos del funcionamien-to de “La Cordillera” y las estrategias espaciales para la reproducción ampliada del espacio y la acumulación de capital planteadas en la teoría de la geografía crítica del capitalismo en la que se encuentra respuesta a los componentes que pudieran configurar el entrama-do social del crimen. Estas estrategias contemplan la reducción de costos de producción, la innovación organizacional, la disminución de la fricción espacial y social y la acumulación por desposesión, de las cuales se hará una breve descripción dada la importancia para la organización criminal en su interés por maximizar las ganancias.
Reducción de costos de producción: los vendedores (jíbaros) se identifican con “La Cordillera”, pero sólo reconocen al administrador o jefe de olla como “el patrón”; así mismo, desconocen a los actores de la organización ubicados en niveles superiores. Esta es una ma-nifestación de la desregulación en la que “La Cordillera”, dispone de tanta fuerza de venta que la debe organizar por turnos dada la so-breoferta de mano de obra y por la que obviamente, no debe pagar
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impuestos ni prestaciones sociales, como tampoco cumplir con las demás obligaciones legales de carácter laboral vigentes.
Entonces se evidencian varios aspectos de interés, entre ellos, que como se describió estructura de organización en cadena de aso-ciación permite reducir costos de producción desde la perspectiva de fuerza laboral; existe independencia de los niveles superiores del capital, con el espacio en donde se producen las ganancias; y se confirma que las desregulaciones promovidas en la protección del monopolio han causado que “La Cordillera”, especializada en la comercialización de estupefacientes con enfoque transnacional, tenga un importante nivel de independencia de otras organizacio-nes narcotraficantes, es decir, “pertenece a sus inversores y no a los empleados (jefes de comuna, administradores o jefes de olla o jíbaros) ni a los proveedores, ni siquiera a la localidad en la cual está situada” (Harvey, D. 2001, p. 257).
Innovación organizacional: la estructura en cadena de asociación permite una mejor apropiación del espacio para disminuir los tiem-pos y las distancias en la circulación de los productos, vitales para maximizar las ganancias. También se aprecia el aumento en la efi-ciencia de la organización debido a la descentralización de la coor-dinación, la alta movilidad geográfica, la reducción en el desplaza-miento del comprador/consumidor, el esquema de autoprotección que dificulta la desestabilización organizacional ante riesgos como las delaciones y las disputas internas; también la capacidad para in-filtrar la base de la economía local a través de la colocación y estra-tificación del capital de origen ilegal en el sector real, para luego ini-ciar el proceso de integración haciendo uso del sistema financiero.
Todo lo anterior; sumado a las prácticas empleadas para disminuir la durabilidad del efecto y aumentar la frecuencia de compra del consumidor, permite afirmar que existe una organización no tradi-cional, flexible y altamente sofisticada, cuya gestión se especializa en la comercialización de estupefacientes en el ámbito nacional e internacional.
Disminución de la fricción espacial y social: la organización promue-ve entre la comunidad intereses individuales en oposición a los co-
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lectivos. Esto favorece dos propósitos fundamentales, uno de ellos es impedir o condicionar la participación ciudadana en decisiones políticas orientadas a modificar el entorno y, el otro, consiste en des-estructurar la cohesión social para reestructurar unas nuevas redes e imponer valores que favorezcan el desarrollo de las actividades económicas criminales (entramado social del crimen). Esto significa la habituación (acciones impuestas que hacen parte de la rutina y son válidas en la interacción con otros ciudadanos), la objetivación (los hechos sociales que son de conocimiento masivo y se transfie-ren en procesos de aprendizaje informal en este caso) y naturaliza-ción (la conducta individual está condicionada, pero se ha incorpo-rado el nuevo proceder) del comportamiento determinado por “La Cordillera”, es decir, lo impuesto se aprecia de manera natural, por ello, se afirma que se configura el entramado social del crimen. (Ver gráfico 20).
La disminución de la fricción consiste en evitar la confrontación en-tre los intereses de la comunidad, con los de la organización nar-cotraficante. No obstante, esa fricción es generada por las autori-dades cuando tratan de materializar la oferta institucional, la cual en derecho se opone a los medios y fines de “La Cordillera”. Pero el resultado de esta fricción es transferida por el actor criminal a los ciudadanos.
Lo anterior puede tener diferentes lecturas de las cuales se citan algunas: por un lado, que “La Cordillera” para hacer reconocer su hegemonía emplea entre los mecanismos de control social accio-nes de violencia y criminalidad contra los ciudadanos, por el otro, la organización criminal obstaculiza la acción del Estado por el cons-treñimiento que ejerce sobre algunos servidores públicos o la ins-trumentalización de la oferta institucional como mecanismo de acu-mulación política, para legitimarse ante los ciudadanos. Al respecto un profesional adscrito a un organismo descentralizado advierte:
“Yo soy servidor público y he ido a barrios complicados en donde gente de “La Cordillera” me dice que si voy a entrar ellos me dicen dónde debo trabajar y con qué comunidad. En otras oportunidades he llegado con paquetes de ayuda y me dicen que la gente fue víctima de despla-zamiento intraurbano, entonces los ciudadanos no son beneficiarios de
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la oferta del Estado. Inclusive a veces, los de “La Cordillera” le dicen a uno que les entregue los beneficios a otras comunidades, pero eso no se puede, porque todo ello obedece a un trabajo con comunidades. En otras oportunidades sencillamente, le dicen a uno que no puede entrar, porque si se les quita a ellos un consumidor por ejemplo, mediante la atención terapéutica, esto se considera una afrenta” (sic).
En este aspecto se destaca la dicotomía que evidencia el ciudadano por la presencia de los servidores públicos de la Policía Nacional. Para contextualizar este complejo panorama, una persona consul-tada afirmó:
“Mire las cosas aquí funcionan bien, el todo es cumplir las reglas… nos acostamos temprano, no denunciar y no ingresar a ciertos sitios y aquí no pasa nada. Cuando llega la policía la cosa se complica” (sic).
Esto en la práctica se interpreta como fricción social, porque el ciu-dadano se encuentra rodeado y tensionado en su comportamiento colectivo e individual, por las reglas impuestas de facto por “La Cor-dillera” y el ordenamiento jurídico que hace cumplir la Policía Nacio-nal. Se pueden realizar entonces, cuatro afirmaciones:
- La Policía Nacional es un obstáculo para los intereses de “La Cordillera” en el territorio, lo que preocupa es la creciente acep-tación (consentida o constreñida) de algunos sectores de la co-munidad hacia la actividad económica criminal.
- Hoy existe una colisión de intereses entre la Policía Nacional y los deseos de los ciudadanos en el territorio, ya que los primeros tienen la responsabilidad de ejercer el control social estatal y los segundos rechazan la actuación institucional porque dificulta su participación en la actividad económica criminal. Lo anterior probablemente como evidencia del comportamiento colectivo ya institucionalizado por “La Cordillera”.
- Es la apropiación del espacio para la institucionalización de ac-tividades económicas criminales, lo que representa el núcleo de la fricción social y espacial.
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- Cuando el nivel de fricción espacial y social es estable, evidencia-do quizás en la disminución de los delitos, puede significar que las condiciones son favorables para el desarrollo de la actividad económica criminal y por ende, del sistema de acumulación de capital de “La Cordillera”.
Acumulación por desposesión: es una estrategia que contempla manifestaciones relacionadas con la captura de rentas, “el poder de la escasez” y la expropiación ilegal forzosa, que busca mantener el sistema de producción y el sistema de acumulación de capital.
La captura de rentas es una iniciativa criminal, que consiste en in-volucrarse en negocios legítimos y legales para ofrecer servicios a distintos sectores sociales y económicos y a través de estos, obte-ner dinero por la exigencia de cuotas extorsivas. Un ejemplo son los lavaderos de buses en donde los conductores acuden para el aseo de sus vehículos y en el pago del servicio viene implícita la cuota extorsiva. De forma similar ocurre con algunos grupos de personas que ofrecen servicios ilegales de seguridad en los barrios, y exigen de manera constreñida una cuota: “los ciudadanos pagamos no por seguridad, sino para evitar ser víctimas de estos supuestos grupos de seguridad” (sic). Pero es aquí donde se debe transitar del cons-treñimiento a la adaptación social.
Esto es lo que Tim Harford (2006) alude como “… cobrar el dinero de la extorsión mediante la provisión de un servicio caro, que logra que lo pagado por «protección» resulte, finalmente, «desgravable»”. Esto sugiere que no es la violencia como tal, sino la efectividad de una organización, la que crea las barreras para ingresar a un mer-cado…” (p. 39).
“El poder de la escasez” es una capacidad que “La Cordillera” de-sarrolla para impedir el acceso de otras organizaciones en los te-rritorios ocupados por ella, y esto guarda directa relación con los controles de precios de venta, la presentación de los productos estupefacientes y la apropiación del espacio para la venta de los mismos. Es a través del monopolio que logra tal propósito. Esta ca-pacidad se manifiesta en la dependencia de los ciudadanos vincu-lados a la organización como fuerza de venta o como consumidores.
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Otra modalidad empleada es, que ante la desconfianza y muchas veces, la incapacidad de la gente para acceder al sistema finan-ciero, esta organización aprovecha las necesidades económicas de los ciudadanos para ofrecer préstamos de dinero a altas tasas de interés, fenómeno conocido como “gota-gota”, que se convirtió en una actividad económica criminal capturada por las organizaciones narcotraficantes.
La expropiación ilegal forzosa entendida como la afectación al de-recho de dominio sobre bienes muebles e inmuebles que de facto realiza “La Cordillera” al ciudadano, es concomitante con el despla-zamiento intraurbano. Esta modalidad criminal pretende acrecentar su riqueza o disponer de propiedades para favorecer la actividad económica criminal o se implementa como mecanismo de “san-ción” a quienes vulneran las reglas de control social establecidas por la organización narcotraficante.
En consecuencia, la captura de rentas, “el poder de la escasez” y la expropiación, ilegal tienen en común que contribuyen al fin que busca la organización criminal: maximizar las ganancias mediante la protección que brinda el entramado social del crimen para insti-tucionalizar las actividades económicas criminales. Esto no es de-nunciado por los ciudadanos por las implicaciones que trae para su integridad física individual y de su familia, además, porque según ellos, “al Estado se le dificulta restablecer sus derechos” (sic).
“¿Dígame para qué uno denuncia? Primero es un problema para que lo escuchen a uno, segundo, se demoran mucho y mientras tanto uno qué hace y, tercero, acudir a la justicia es muy costoso, nada más piense cuántas veces toca ir a la Fiscalía, cuánto valen los pasajes y fuera de eso, quieren que uno vaya y les ayude a investigar en el barrio del que uno ha sido expulsado o lo obligan a uno a involucrar otras personas. Lo mejor es no decir nada y volver a conseguir las cositas” (sic).
Es decir, hasta este momento la conclusión que se puede compartir es que “El poder del narcotráfico está en su sistema de producción y de acumulación de capital” (Montoya, 2010), dos componentes complementarios que requieren un análisis interdependiente.
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Pero, ¿La organización en su funcionamiento, es así de sistemática? El ejercicio de análisis buscó decodificar las acciones que “La Cor-dillera” desarrolló de manera sistémica para establecer un nuevo orden social y racionalizar la apropiación del espacio necesario para la maximización de las ganancias, no obstante se infiere que sus integrantes no son conscientes de la complejidad de sus acciones, entiéndase: “Esto no quiere decir que sean en sí mismas ordenadas o lógicas; simplemente crean las condiciones que provocan cierta racionalización arbitraria del sistema de producción. [T]odo lo que tiene que ocurrir para que el sistema [de acumulación] se sostenga es que se den las condiciones adecuadas para renovar la acumula-ción” (Harvey, D. 2001. p. 259). Sin embargo, esta apreciación esti-mula la necesidad de conocer cómo el interés de maximizar ganan-cias por una organización narcotraficante (“La Cordillera”) afecta la seguridad pública a través del narcomenudeo.
El narcomenudeo afecta la convivencia no solo por los delitos
El homicidio es la variable que por excelencia se emplea para diag-nosticar la fricción social y espacial generada durante la institucio-nalización de una actividad económica criminal, entendida como sistema de acumulación de capital. En el año 2010 Pereira regis-tró una tasa de 50 homicidios, por cada cien mil habitantes. Tradi-cionalmente se intenta explicar la evolución del narcomenudeo a través de cifras como estas, que no representan necesariamente las dimensiones de afectación a la convivencia y que se deberían considerar en la planeación y prestación de un servicio de policía efectivo. “Una propuesta de seguridad nos exige no poner el énfa-sis únicamente en el tema de homicidios…” (García, M. 2010, pp. 82-91).
Por este motivo, se plantea que no sólo los hechos criminales que genera el narcomenudeo deben ser considerados para el análisis de este fenómeno. El narcomenudeo como fenómeno, también tie-ne una relación interdependiente, dinámica y subjetiva con manifes-taciones de conflicto social y de violencia que ocurren en la realidad cotidiana y afectan los ámbitos de protección de la seguridad públi-ca. Ello demanda una mirada diferenciada que permita explicar las dinámicas complejas e inéditas que se manifiestan en diferentes contextos (García, M. 2010, pp. 82-91). En tal sentido, y recono-
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ciendo la complejidad del tema, se elabora un análisis que tiene por propósitos: a) conceptualizar lo que se entiende por manifesta-ciones de conflicto social, de violencia y de criminalidad (Cortés, Y. y Mayoriano, B. 2010, p. 3-4), b) visibilizar la importancia de la ca-racterización de los fenómenos y el rol de la inteligencia policial en el propósito de comprender la interdependencia de las amenazas asociadas al conflicto social y a la violencia; c) describir la recons-trucción social de la afectación a la seguridad pública y, d) presentar el estado actual de afectación que genera el narcomenudeo a los ámbitos de protección de la seguridad pública.
La interdependencia de los fenómenos que afectan la convivencia
La realidad que viven los ciudadanos en la cotidianidad, se configura en un espacio y tiempo (Berger, P. y Luckmann, T. 1999, p. 44), a partir de comportamientos que se hacen comunes a simple vista, es decir, que se perciben por medio de los órganos de los sentidos, pero que no se consideran manifestaciones en tránsito hacia hechos de criminalidad. El desafío que se plantea depende de la capacidad que se tenga para hacer cognoscibles los elementos y ambientes ocultos tras las apariencias, que eventualmente pueden poner en riesgo y convertirse en amenaza para la seguridad de los ciudadanos.
Desde esta perspectiva y en un esfuerzo de aproximación al rol (límite y alcance) de la inteligencia policial frente a la actividad de policía,
Gráfico 17: Fuente: Centro de Investigaciones Criminológicas (CIC), Metropolitana de Policía Pereira (MEPER).
estadística de Pereira 2010 sobre hurtos, lesiones personales y homicidios.
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se asumió el reto de anticipar las amenazas derivadas del conflicto social que afectan la convivencia, mediante un método que implica la reconstrucción empírica, luego conceptual y por último semántica (Hessen, 2007: p. 10) de la seguridad pública desde la perspectiva institucional, interinstitucional y comunitaria. En tal sentido, fue ne-cesario clasificar los fenómenos en tres grandes grupos para permi-tir su estudio, primero, los fenómenos asociados al conflicto social; segundo, las manifestaciones de violencia y tercero, los hechos de criminalidad. Sin embargo, es preciso aclarar que en la realidad, estos se aprecian de forma interdependiente.
En ese orden de ideas, se elaboró una diferenciación conceptual de cada uno de los grupos de fenómenos antes citados, por cuanto a partir de ellos se configuran las percepciones de inseguridad. Lo an-terior pretende argumentar la imperiosa necesidad de comprender la interdependencia de los fenómenos y advertir la importancia que esto tiene para la anticipación, así como la planeación y la presta-ción del servicio de policía.
Fenómenos de conflicto social: la invisibilidad de las manifestaciones visibles (Seoane, J. y Taddei, E. 2001, p. 62)
Las manifestaciones de conflicto social, entendidas como las ac-ciones que alteran el orden colectivo, quebrando o interrumpiendo temporalmente la reproducción de las relaciones sociales entre ac-tores estatales y no estatales, tuvieron su punto de inflexión en la resistencia presentada a los procesos de apertura económica en la década de los ochenta, los cuales fueron abordados por los estados en América Latina desde la lógica de la seguridad nacional, dada la capacidad de desestabilización que tuvieron los movimientos so-ciales. Este hito marcó el tránsito hacia la sociedad de mercado y los mercados de masa, lo cual reconfiguró las realidades sociales y políticas del comportamiento colectivo.
Aun hoy, luego de tres décadas en la mutación de los fenómenos de conflicto que alteran el orden social, estos se perciben aislados, pero en la realidad constituyen un entramado complejo de relaciones di-fíciles de reconfigurar conceptualmente. Por lo tanto, comprender el conflicto social demanda visibilizar las tensiones, contradicciones y transformaciones que no sólo condicionan, sino que además, deter-
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minan los patrones de comportamiento individual y colectivo, valga decir, la conducta social.
Las manifestaciones asociadas al conflicto social no implican ne-cesariamente violencia (Dammert, L. 2010, p. 195), y se aprecian en el ámbito local, desde donde se articulan a redes conformadas por imperceptibles y difusos nodos que configuran esquemas regio-nales, nacionales, subregionales y transnacionales, a partir de los cuales se desequilibran las relaciones del colectivo y eventualmente desestabilizan las instituciones democráticas del Estado. Estos con-flictos sociales hacen tránsito secuencial hacia manifestaciones de violencia, vía por la que se resuelven las diferencias que emergen en la cotidianidad y que hoy es un problema común en las democra-cias de Latinoamérica.
Fenómenos de violencia: no toda violencia se constituye en conducta penal
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2002 definió a la violencia como “El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desa-rrollo o privaciones” (p.5). A su vez, la violencia se puede clasificar en los siguientes tipos: autoinflingida (el individuo contra sí mismo), violencia interpersonal (contra un grupo de personas) y violencia co-lectiva (contra la comunidad en general) (p. 6-7). Algunas manifesta-ciones como el suicidio, la violencia doméstica, la violencia escolar y el linchamiento requieren la atención estatal inmediata, pero para ello se debe comprender la interrelación existente entre las mismas.
Debe reconocerse que las manifestaciones de violencia se dan en espacios públicos y privados, sin que necesariamente hagan tránsito a comportamientos delictuales. En esta afirmación hay dos elementos importantes: el primero, la inadecuada respues-ta de los actores del Estado, que por el desconocimiento de los procedimientos reglados en el derecho de policía identifican al de-recho penal como la vía más expedita de actuación. El segundo, es que ante la incomprensión de la violencia se hace inevitable la inobservancia estatal para su prevención. Señala Lucía Dammert (2010) al respecto: “…las violencias refieren a un fenómeno más
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extendido y complejo que los hechos criminales, pero muchas ve-ces son interpretadas sólo a partir de aquello considerado crimi-nal…” (p. 195).
Entonces como los comportamientos violentos son difusos, disemina-dos y generalizados, que se arraigan en el entramado de la cotidiani-dad, se conciben como consustanciales al ser humano, hasta llegar a expresiones de desesperanza por la impotencia que genera la inca-pacidad de respuesta tanto de las víctimas como del propio Estado.En consideración, hacer frente a las raíces de la violencia exige la actuación especializada y coordinada de las instituciones del Es-tado, la comunidad y los individuos, por cuanto al no constituirse necesariamente en delito, las consecuencias pueden ser inmedia-tas o permanecer de manera latente en el tiempo, luego de lo cual pueden evolucionar hacia hechos de criminalidad.
Fenómenos de criminalidad: la base empírica de la inseguridad pública
Esas manifestaciones de violencia harían tránsito a conductas tipi-ficadas como delitos, teniendo en cuenta que por criminalidad se entiende el volumen de infracciones cometidas sobre la Ley penal, por individuos o una colectividad en un momento determinado y en una zona determinada. Aquí se identifica un desconocimiento institucional del fenómeno criminal; es bajo esta aseveración que se argumenta la dificultad de respuesta del sistema judicial para hacer frente a fenómenos delictuales como el desplazamiento in-tra-urbano, el tráfico de armas ligeras (legales y artesanales) y la instrumentalización de menores de edad y adolescentes con fines criminales, sólo por citar algunos ejemplos.
Cabe señalar que la dinámica del crimen hoy, no concibe el territorio como un referente espacial, sino como un elemento de poder en el que las organizaciones criminales le disputan al Estado la legitimi-dad, la cual es proporcionada por los ciudadanos asentados espe-cialmente en sectores marginados, periféricos y populares.
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“LA CORDILLERA”: INSTITUCIONALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA CRIMINAL
Tal situación está acompañada de otras percepciones de la comu-nidad entre las que se destacan: la desconfianza del ciudadano por la inadecuada respuesta del Estado a sus demandas, en términos de tiempo y eficacia; constreñimiento de las organizaciones crimi-nales hacia la “no denuncia”; la libertad concedida a los presuntos criminales en el marco del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) lo que se interpreta como impunidad; así como la desarticulación de las instituciones del Estado para la protección y resocialización del menor infractor en el Sistema de Responsabilidad Penal para Ado-lescentes (SIRPA).
Según los anteriores criterios, sumados al mandato constitucional y legal de protección de los datos personales se procedió en Pereira a realizar la reconstrucción social del narcomenudeo como un fenó-meno que afecta la seguridad pública.
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CAPÍTULO VNarcomenudeo: interdependencia de manifestaciones que amenazan la seguridad pública
La expresión narcomenudeo, como neologismo, hace referencia a la venta de sustancias estupefacientes en el subsistema de comercialización del narcotráfico. Como fenómeno está asociado a la categoría de “punto de venta” (referente espacial) donde se presentan las transacciones de compra, venta y consumo de las mismas.
“Hay que desconfiar de lo que se entiende con absoluta claridad tanto
como de lo que no se entiende”.
Voltaire
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Narcomenudeo
La expresión narcomenudeo como neologismo, hace referencia al fenómeno de la venta de estupefacientes entendida como una acti-vidad económica criminal asociada a la categoría de “punto de ven-ta” en el subsistema de comercialización del narcotráfico. Es decir, narcomenudeo es un concepto que agrupa los hechos concretos, perceptibles y verificables (características de un fenómeno) que se desarrollan durante la venta de estupefacientes (estimulantes, alu-cinógenos, depresoras y sustitutos). Por afectar la percepción de los ciudadanos en lugares de uso público, abiertos al público y privados (cuando trascienden a lo público), se considera que es un problema público que, además, tiene interdependencia con los conflictos so-ciales, la violencia y la criminalidad.
Las características de este mercado de estupefacientes se enfocan en tres aspectos fundamentales:
1. Punto de venta: lugar de uso público, abierto al público o priva-do en el que se realiza la transacción comercial de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes al menudeo entre el vendedor (actor criminal) y el comprador.
2. Monetización: es el momento en el que los productos estupefa-cientes son intercambiados por el dinero (de origen legal o ilegal) o de manera excepcional por algunos bienes y servicios. Esta ac-tividad tiene efectiva y directa relación con la categoría de costos operativos del subsistema de flujo de capitales del narcotráfico.
3. Consumo: actividad interdependiente con el sistema del narco-tráfico a través del componente de demanda, generalmente per-ceptible, que se desarrolla en espacios de uso público, abiertos al público y privados (eventualmente trascienden a lo público). Tiene como propósito darle utilidad al “producto esperado”, del cual el consumidor final espera el efecto para satisfacer una ne-cesidad según el estado de adicción o dependencia.
La reconstrucción social de la afectación a la seguridad pública
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El narcomenudeo entendido como el mercado ilegal de sustancias estupefacientes que se manifiesta en el punto de venta, se consti-tuye en un fenómeno que tiene relación con el conflicto social, la violencia y la criminalidad. Esto se confirma por los datos fácticos recolectados en Pereira, que fueron obtenidos durante la aplicación de encuestas y grupos focales a los ciudadanos, servidores públicos de la Policía Nacional y de otras instituciones de carácter oficial y privado. A continuación se presentan los datos cuantitativos que caracterizan la representación social del narcomenudeo y su afec-tación a la seguridad ciudadana, los cuales se contrastan con los datos cualitativos que caracterizan el estado actual de los ámbitos de protección de la seguridad pública.
Los ciudadanos asocian el narcomenudeo con el punto de venta de estupefacientes, las transacciones de compra y venta y el consumo de estupefacientes. Es decir, identifican estos aspectos como agen-tes causales y generadores de manifestaciones de criminalidad y violencia que afectan su integridad física y psicológica. No logran
Criminalidad
Punto de venta
Violencia
151
6451
37 70
Compra/venta de estupefacientes
Consumo
REPRESENTACIÓN SOCIAL DEL NARCOMENUDEO
Gráfico 19: enfoque cuantitativo de la representación social del narcomenudeo.
Gráfico 22. Enfoque cuantitativo de la representación social del narcomenudeo.
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percibir el funcionamiento interno de la comercialización de estupe-facientes, pero sí reconocen al narcomenudeo como un fenómeno que impacta la vida cotidiana en distintos escenarios.
Por ello, en la perspectiva de los ciudadanos, el narcomenudeo tie-ne relación con manifestaciones de conflicto social tales como la prostitución (49%), la indigencia (44%), la deserción escolar (35%), el desplazamiento (32%), el reciclaje (27%), los vendedores am-bulantes (25%) y la invasión de tierras (19%). El análisis permite destacar el enfoque de modus vivendi que personas destechadas, desplazadas y desarraigadas, le han dado a la comercialización de estupefacientes; para ellos, sin que se pretenda hacer apología, esta actividad ilegal se constituye en una oportunidad para solven-tar sus necesidades básicas insatisfechas, con la aclaración de que la vinculación a la comercialización se hace de manera consiente.
Durante la interacción diaria de los ciudadanos que está signada por el punto de venta, la compra, la venta y el consumo de sustancias estupefacientes, se evidencian distintas manifestaciones de violen-cia. En este sentido, los ciudadanos relacionan el narcomenudeo con las riñas (45%), la violencia doméstica (44%), la agresividad verbal (40%), el suicidio (39%), las amenazas (39%), la violencia escolar (37%) y las asonadas (9%). Este último aspecto, el de las asonadas, es referido únicamente por la población de funcionarios policiales consultados.
En la cotidianidad además, se identifican manifestaciones de cons-treñimiento al consumidor, modalidad empleada por los vendedores de estupefacientes para asegurar la fidelidad del comprador/consu-midor. Frente a los residentes de sectores afectados por la comer-cialización de estupefacientes, la violencia se manifiesta a través de símbolos (señas, grafitis, gestos) y representaciones lingüísticas (expresiones como “sapo”) para constreñir la “no denuncia”. Las agresiones verbales se evidencian entre los usuarios del espacio público, los vendedores (jíbaros) y los consumidores de estupefa-cientes, quienes se disputan la presencia en referentes espaciales, tales como parques, escenarios deportivos, senderos peatonales, entre otros.
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Estas manifestaciones de violencia hacen tránsito a hechos de criminalidad como el hurto (39%), el homicidio (35%), el tráfico de armas (32%), las lesiones personales (31%), la extorsión (27%), el desplazamiento intraurbano (22%) y el secuestro (21%). No obstan-te, el factor de atención estatal lo debe representar el asentamiento de las organizaciones criminales en el territorio, las cuales según la percepción del ciudadano son imperceptibles, pero están allí. Es decir, el narcomenudeo en su componente criminal que a priori de-muestra la interdependencia de factores y actores, pero se requiere más que una lectura unidireccional y una interpretación unívoca, para orientar la actuación de las instituciones del Estado.
En Latinoamérica la percepción entre los integrantes de los cuer-pos de policía es la misma, no se conoce el fenómeno. El enfoque se refiere a desarrollar actividades de carácter operacional para in-crementar los indicadores de incautaciones de las sustancias y las capturas de personas asociadas al problema, que por lo general, son consumidores. El fenómeno de impacto local, está inexplorado desde las instituciones del Estado. Sin embargo, organizaciones no estatales realizan estudios con orientación particular a determinar la prevalencia del consumo y el impacto de las economías (estudios econométricos), y a partir de ellos, se dan orientaciones políticas a los cuerpos de policía para guiar su actuación in situ, frente a la venta ilegal y la posesión de estupefacientes (Ratcliffe et al., 2005, p. 15-32).
La lectura anterior, que demuestra la interdependencia de múltiples factores con el fenómeno del narcomenudeo, se complementó con los datos cualitativos que permitieron hacer una aproximación a la afectación de la seguridad pública mediante la caracterización de cada uno de los ámbitos de protección con los datos fácticos reco-lectados.
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Asonadas 9%
Violencia escolar 37%
Amenazas 39%
Suicidio 39%
Agresión Verbal 40%
Violencia doméstica(familiar)
44%
Riñas 45%
Manifestaciones de Violencia
Invasión de Tierras 19%
Vendedores ambulantes 25%
Reciclaje 27%
Desplazamiento 32%
Deserción escolar 35%
Indigencia 44%
Prostitución 49%
Manifestaciones de Conflicto Social
Secuestro 21%
Desplazamientointraurbano
22%
Extorsión 27%
Lesiones Personales 31%
Tráfico de armas 32%
Homicidio 35%
Hurtos 39%
Manifestaciones de Criminalidad
Gráfico 20: estadística de las manifestaciones de conflicto social asociadas al narcomenudeo.
Gráfico 21: estadística de las manifestaciones de violencia asociadas al narcomenudeo.
Gráfico 22: estadística de las manifestaciones de criminalidad asociadas al narcomenudeo.Gráfico 25. Enfoque cuantitativo de las manifestaciones de criminalidad asociadas al narcomenudeo.
Gráfico 23. Enfoque cuantitativo de las manifestaciones de conflicto social asociadas al narcomenudeo.
Gráfico 24. Enfoque cuantitativo de las manifestaciones de violencia asociadas al narcomenudeo.
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Estado actual de los ámbitos de protección de la seguridad pública
El narcomenudeo como fenómeno que afecta la seguridad pública, estimula una diversidad de manifestaciones que son percibidas por los ciudadanos y que perturban la convivencia. “La Cordillera” es-tablece un nuevo orden social para maximizar ganancias utilizando diferentes actividades de economía criminal entre ellas el narco-menudeo; por esta razón se considera la principal amenaza para el ejercicio de los derechos y libertades públicas en algunos sectores de Pereira.
Con esta perspectiva, se presenta el siguiente análisis en el que se elabora una interpretación de afectación a los ámbitos de la seguri-dad pública y se citan textualmente algunas expresiones hechas por los ciudadanos indagados en esta investigación.
Seguridad nacional
Dimensión Interna
Estado actual de la soberanía del Estado: el actor criminal pro-mueve la desconfianza en las relaciones entre ciudadano-ciudada-no, ciudadano-comunidad y ciudadano-Gobierno, como mecanismo para desarticular los lazos y vínculos de los asociados con el Estado, en procura de hacerse reconocer como autoridad, lo cual se logra, además, por coacción.
Amenazas: en este aspecto se precisa que si bien los comporta-mientos citados amenazan la legitimidad del Estado, los ciuda-danos no lo consideran así y algunas expresiones citadas aquí son de reconocimiento a “La Cordillera”. Las reglas de compor-tamiento (horarios, fronteras imaginarias), los mecanismos de violencia y criminalidad para mantener el orden social por parte de la organización criminal, “La Cordillera” manda en el barrio, imponen cuotas extorsivas a manera de tributo, cooptación de negocios legales con enfoque monopolístico; impiden o restrin-gen el acceso de servidores públicos a determinados barrios (facilitan el acceso de manera condicionada), limitan el acceso de los servidores que prestan servicios públicos (recolección de
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basuras, agua, energía eléctrica y teléfonos). “La Cordillera” cree que tiene el control de todo, algunos ciudadanos consideran la venta de estupefacientes como un trabajo, coacción de “La Cor-dillera” para que no se cometan delitos cerca de los puntos de venta y no se agreda al comprador/consumidor, impiden la de-nuncia para evitar el ingreso y la actuación de las autoridades del Estado en el territorio.
Estado actual del régimen constitucional: la estimulación al in-cumplimiento de las normas del Estado por parte de “La Cordille-ra” converge en que los ciudadanos identifiquen los actores del Gobierno, pero no acaten su autoridad. Es decir, el actor criminal busca la interdicción del ordenamiento jurídico para reemplazar-lo de facto a través del establecimiento de reglas y mecanismos que faciliten la implantación de un nuevo orden social y subvertir el orden económico en lo local.
Amenazas contra la norma: “La Cordillera” estimula el incumpli-miento de las reglas y normas del Estado, actúan contra la digni-dad humana establecida en la constitución mediante la vulnera-ción de derechos como la locomoción, la expresión y el desarrollo de la personalidad, así como estimular a los ciudadanos para que incumplan las reglas y las normas del Estado.
Amenazas contra la validez de la norma: no temerle a la judicializa-ción; capacidad de corrupción, estimular las asonadas contra los oficiales de cumplimiento de la Ley y evitar la acción policial.
Amenazas contra la legalidad de la norma: quieren igualar a la fuerza pública, desregular el mercado para asegurar el funcionamiento del negocio ilegal y se creen con la autoridad de “gobernar” un territorio.
Estado actual del orden constitucional: tomando como referen-cia a la Policía Nacional y a la necesidad de que su estructura esté funcionando eficientemente se requiere de la protección institucional para el cumplimiento de su fin constitucional. Esa protección institucional se entiende como las condiciones sufi-cientes para su existencia en el contexto del marco normativo y el plano práctico para la efectividad en la prestación del ser-
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vicio público de policía. El presente ámbito está integrado por la integridad policial, la estabilidad institucional y la seguridad operativa.
En este sentido, la ejecución de procedimientos policiales en los entornos del punto de venta y áreas de consumo de estupefa-cientes, se presentan situaciones que atenten contra la protec-ción institucional. De igual forma, existe una ruptura de la re-lación entre la Policía Nacional y la ciudadanía por efectos del entramado social que se genera alrededor de esta problemática. Para terminar, actualmente el depositario de la responsabilidad para el tratamiento del problema del narcomenudeo es el policía de la vigilancia, que en medio de ingentes esfuerzos persigue resultados operaciones para cumplir con las exigencias de las TAMIR (Tablas de Acciones Mínimas Requeridas).
Por otro lado, las medidas que ha tomado el Legislativo para prohibir el porte y consumo de sustancias estupefacientes y sentencias de la Corte Constitucional y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, terminan por favorecer en el territorio las actividades relacionadas con la comercialización de las mismas y profundizan las dificultades en la atención operativa por parte de la Policía Nacional.
Amenazas: colisión normativa entre el Acto legislativo 02 de di-ciembre 2009 que adicionó el artículo 49 de la Constitución Na-cional prohibiendo el consumo de sustancias estupefacientes y la sentencia C-422 de 1992 de la Corte Constitucional que am-para la despenalización de la dosis mínima. Decreto de libertad dictado a portadores de estupefacientes y posterior archivo de la investigación que ordenan los Fiscales soportados en que no existe comisión de ningún delito por cuanto, para esos casos es-pecíficos, se presenta antijuridicidad material porque no hay un palpable principio de lesividad al bien jurídico tutelado.
Amenazas contra la Policía Nacional: apatía del ciudadano al con-tacto con el policía, intimidan a quienes tienen contacto con la fuerza pública, “La Cordillera” no consiente que los ciudadanos residentes cerca del punto de venta se relacionen con los inte-grantes de la fuerza pública.
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Estado actual de la integridad policial: la función primaria de pre-vención y las subsidiarias de educación y sociabilidad que debe desarrollar la policía de prevención, están relegadas por las múl-tiples responsabilidades que deben atender las patrullas de vi-gilancia en cuanto a resultados operacionales. Existen situacio-nes aisladas donde se presentan desviaciones de las actitudes y cualidades personales de los funcionarios policiales.
Amenazas: demoras en los procesos de judicialización por venta o porte de estupefacientes que implican la desprotección del cua-drante, pérdida de confianza y credibilidad en la prestación del servicio de policía, ofrecimientos de dádivas por parte de las per-sonas comprometidas en la venta de sustancias estupefacien-tes, manifestaciones de corrupción administrativa y operativa, uso ilegítimo de la fuerza.
Estado actual de la estabilidad institucional: la Policía Nacional es la institución del Estado que de forma cotidiana se enfrenta a la problemática generada por la comercialización de sustancias estupefacientes. Se percibe ausencia de coordinación, subsidia-ridad y complementariedad de las demás instancias de gobierno para el tratamiento de esta amenaza a la seguridad pública.
Amenazas: ruptura de la relación entre la Policía Nacional y los ciudadanos, asumir responsabilidades que les competen a otras instituciones, especialmente en lo relacionado con el tratamien-to de los consumidores (policialización); manifestaciones de vio-lencia y criminalidad propiciados por el actor criminal, desmoti-vación de las personas para denunciar las situaciones asociadas a la comercialización de estupefacientes, protección de bienes a los que se les ha aplicado extinción de dominio, impacto en el Subsistema de Seguridad Social de la Policía Nacional por el impacto del consumo de sustancias estupefacientes.
Estado actual de la seguridad operativa: existen riesgos para la exis-tencia y conservación de los activos propios de la Policía Nacio-nal, específicamente porque algunos funcionarios policiales son objeto de amenazas por parte de personas dedicadas a la co-mercialización de estupefacientes debido a los procedimientos que realizan en su contra. Esta misma situación es sufrida por
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los entornos familiares que en algunas oportunidades residen en barrios donde existen puntos de venta de las sustancias. Por otro lado, no se cuentan con instalaciones y medios que permitan la
Amenazas: denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos, abuso o extralimitación contra los funcionarios poli-ciales que actúan efectivamente contra las personas comprome-tidas en el narcomenudeo, amenazas contra los policías de la vi-gilancia o sus núcleos familiares por parte de las organizaciones dedicadas a la comercialización de estupefacientes, asonadas contra las patrullas que atienden motivos de policía en los pun-tos de venta, presiones del actor criminal para que se presenten desplazamientos intraurbanos de los uniformados, ausencia de mecanismos y protocolos para almacenar sustancias estupefa-cientes como resultado de los procedimientos policiales.
Seguridad ciudadana
Dimensión individual
“La Cordillera” recurre a la coacción mediante el uso de la violencia y la criminalidad para modificar el comportamiento individual de los ciudadanos como componente fundamental del proceso de institu-cionalización expansivo. Entendiendo por ello, la implementación de un nuevo orden social que favorezca la imbricación de la sociedad en el negocio criminal para lograr la maximización de las ganancias.
La modificación del comportamiento individual se precisa desde los ámbitos de la vida, la integridad personal y el patrimonio, que a su vez cita el estado actual y las manifestaciones generadas por el nar-comenudeo que se constituyen en amenaza para los ciudadanos.
Estado actual de vida: el ciudadano condiciona su comporta-miento individual mediado por la intimidación que lo obliga a asumir una actitud de autoprotección para no ser víctima de ho-micidio o para no inducir a otro al suicidio.
Amenazas: homicidio (sicariato), suicidio.
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Estado actual de integridad personal: este ámbito que se sub-divide en lo anatómico, lo psicológico y el aspecto moral, con-templa la afectación desde tres perspectivas: la primera, el daño anatómico (neurológico) causado por el consumo, la segunda, el miedo como mecanismo de institucionalización de reglas de comportamiento social y la tercera, el involucramiento constreñi-do o consentido de los ciudadanos en actividades de economía criminal.
Estado actual de lo anatómico: las agresiones contra la integridad física se aprecian desde dos ámbitos, por un lado las acciones de violencia interpersonal que desarrollan los integrantes de “La Cordillera” contra los ciudadanos y por el otro, el daño que los estupefacientes le causa a los consumidores activos (auto-inflin-gido) y pasivos.
Amenazas: los olores de las sustancias estupefacientes, la violen-cia interpersonal (agresión física), la drogadicción, las lesiones personales, la inducción al consumo de sustancias estupefa-cientes, el secuestro y el acceso carnal violento generalmente contra las mujeres.
Estado actual de lo psicológico: los eventos asociados a la venta y consumo de sustancias estupefacientes adquieren naturalidad para algunos ciudadanos, pero en otros generan desasosiego y comportamientos de autoprotección. La intranquilidad y el mie-do por las consecuencias que genera el narcomenudeo, no sólo produce preocupación por la protección individual, sino que se extiende y hasta se prioriza la colectiva, entendida como familia-res y amigos.
Amenazas: enfrentamientos (balaceras, balas perdidas), miedo (al negocio ilegal, a la actitud de los integrantes de la organiza-ción, por ser testigos -víctimas o por referencia- de los delitos, a los lugares de venta, a que le ocurra algo a los integrantes de la familia, a ser agredido físicamente), el consumo de estupe-facientes, el porte de armas por los delincuentes, la violencia simbólica y no verbal (señas, grafitis, mirada de los vendedores y consumidores) e interpersonal (agresión física), ver episodios de consumo o la persona bajo los efectos de sustancias estu-
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pefacientes, los escándalos callejeros generados por las riñas, baja autoestima, intranquilidad y temor a las represalias. La mar-ca “La Cordillera” representa peligro, sensación de inseguridad, percepción de corrupción y temor al desplazamiento intraurbano.
Estado actual de lo moral: la modificación del comportamiento indi-vidual advierte la institucionalización (ideológica y de valores) de un nuevo orden social por parte de “La Cordillera”. Los ciudada-nos modifican su expectativa de desarrollo individual constreñi-dos por las reglas impuestas por el actor criminal.
Amenazas: el constreñimiento de la organización, aceptación consentida o coaccionada de las reglas de control territorial (ley del silencio, no transitar en algunos sitios, cumplir horarios), mo-dificar los comportamientos, amenaza que genera sensación de peligro, pérdida de valores y desarrollo de antivalores (los valores impuestos por “La Cordillera”) y favorecimiento o vinculación a la actividad económica criminal.
Estado actual del patrimonio: la actividad económica y las pro-piedades legales que constituyen el patrimonio de los ciudada-nos, son explotados por la coacción como fuente de financiación por el actor criminal. Así mismo, los ciudadanos son constreñi-dos para que de manera directa o indirecta se involucren en la dinamización de la actividad económica criminal.
Amenazas contra los bienes: el hurto (bajo los efectos o para finan-ciar el consumo de sustancias estupefacientes), expropiación ilegal forzosa de bienes, desregularización de los mercados, la extorsión (exigencia de cuotas de seguridad a transportadores, residentes y comerciantes), amenaza contra los empleados de empresas privadas que proveen comestibles, mensajeros y taxis-tas, obligar a alquilar predios, la invasión de terrenos, así mismo, la presencia de los vendedores y consumidores de estupefacien-tes afecta la llegada de los clientes a las tiendas.
Amenazas por las obligaciones: exigencia del pago de deudas, gota-gota.
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Dimensión colectiva
La dinámica de la criminalidad generada por el narcomenudeo está condicionada por el mayor o menor nivel de instalación de la hegemonía de una organización criminal. Las instituciones del Es-tado disponen de indicadores de criminalidad para leer la afecta-ción generada por un actor criminal, pero carecen de mecanismos o instrumentos para leer la institucionalización de las actividades económicas criminales. Es decir, de la ilegalidad y su impacto en la descomposición del tejido social, lo cual se identifica como el princi-pal riesgo de afectación al ordenamiento jurídico y deslegitimación del Estado ante sus asociados. “Estamos ante la realidad de un Es-tado [en algunos sectores urbanos] cooptado por determinados gru-pos vinculados al narcotráfico” (García, M. 2010, pp. 82-91).
La modificación del comportamiento colectivo está constituida por relaciones sociales genuinas, concretas y visibles, dotadas de una fuerza imperativa y coercitiva que no sólo condiciona, sino que de-termina la interacción de los ciudadanos en la cotidianidad. Desde esta perspectiva se convierten en una representación social produc-to de la construcción social de la realidad local. Quien se oponga a la nueva conducta social es sujeto de “sanciones” por los demás ciudadanos o por la fuerza coactiva de “La Cordillera”. En esta di-mensión se expone el estado actual del ordenamiento jurídico, la legitimidad de las instituciones del Estado y la cohesión social.
Estado actual de la cohesión social: este ámbito se subdivide en los aspectos de capital social (redes comunitarias), integridad social (beneficio comunitario), inclusión (participación en la toma de de-cisiones) y ética social (comportamiento social). En este ámbito se destaca que la construcción de tejido social está en riesgo, en razón a que “La Cordillera” ha estimulado la desconfianza entre los ciu-dadanos, lo que repercute en la pérdida de identidad y pertinencia con lo que antes se consideraba la propia comunidad, desestimula la organización comunitaria dado que algunos habitantes del barrio (en crecimiento exponencial) comparten intereses con esta organi-zación narcotraficante.
Estado actual del capital social (organización comunitaria): la natura-leza social del individuo entra en tensión por la ruptura de la per-tinencia e identidad que el actor criminal impone al condicionar y determinar la conducta social frente a los intereses comunes.
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Amenazas: control territorial impuesto por “La Cordillera” (las fron-teras imaginarias, la fijación de reglas de comportamiento), des-plazamiento intraurbano, violencia escolar y de género; confron-tación entre vecinos (agresiones físicas y verbales), represalias por parte de integrantes de “La Cordillera”, conformación de pan-dillas, no se siente libertad, existencia de escuelas de sicarios, el consumo de estupefacientes por algún integrante de la familia causa la desarticulación del núcleo familiar (divorcio), temor a que un familiar se inicie o lo induzcan al consumo de estupefa-cientes, desconfianza entre vecinos, amigos y familiares (precau-ción para no ser víctima de hurto); instrumentalización criminal de menores de edad, cooptación de las pandillas y la delincuen-cia común por parte de “La Cordillera” y negocios fachada.
Estado actual de la integración social (protección del interés colectivo): el narcomenudeo profundiza y agrava las manifestaciones de conflicto social que inducen a la desintegración del colectivo, por la actuación predatoria mediada por los intereses económicos, en donde el bienestar compartido es superado por los beneficios individuales.
Amenazas: la ocupación del espacio público (personas que no vi-ven en el barrio, presencia de vendedores y consumidores, ha-bitantes de calle e indigentes, ubicación de puntos de venta), inasistencia a parques y escenarios deportivos y alquiler ilegal
ACTORES QUE AMENAZAN A LOS CIUDADANOS
Gráfico 23: actores que amenazan la seguridad ciudadana.
Otros Grupos Armados Ilegales (GAI)
Las pandillas
Los Vendedores (jíbaros)
No sabe - no responde
Los consumidores
“La Cordillera”
1,7%
5,1%
16,9%
16,9%
23,7%
35,6%
Gráfico 26. Actores que amenazan la seguridad pública.
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de los mismos, la violencia comunitaria (vandalismo, confron-tación entre pandillas, riñas), el rechazo social, la intolerancia, la violencia doméstica, la drogadicción, la deserción escolar, los embarazos prematuros, “acepto la venta porque vivo en el lugar de venta y no tengo para donde irme”, infundir terror en el barrio, la degradación del narcomenudeo como problema pú-blico, desarraigo al territorio.
Estado actual de la inclusión social (participación en decisiones que afec-tan a los ciudadanos): desestimular la organización comunitaria y la participación ciudadana para entorpecer la gestión política en proyectos de interés general, a través de los cuales se afecten las condiciones que favorecen la apropiación del territorio por parte de “La Cordillera”. Así mismo, las manifestaciones de desorden social se constituyen en una de las causas para que los residen-tes de algunos sectores de Pereira, se sientan estigmatizados y etiquetados (rechazados o excluidos) por ciudadanos de otros barrios; esto a su vez incide en la desvalorización de los bienes inmuebles y comerciales.
El desorden social propiciado por el narcomenudeo también im-pacta negativamente el arraigo y la pertenencia que los residen-tes no propietarios pudieran tener con el lugar de domicilio. Es decir, el ciudadano al sentir miedo no participa de la vecindad, opta por el aislamiento en razón a la desconfianza y, una vez ten-ga la oportunidad, trasladará su lugar de domicilio, de acuerdo a lo expresado por algunos ciudadanos.
Amenazas: señalamiento negativo hacia los habitantes del barrio donde se ubican los puntos de venta (le dan mala reputación al barrio, mala percepción de seguridad), desplazamiento y agre-sión contra los Presidentes de las Juntas de Acción Comunal, ex-clusión social, cooptación del presupuesto participativo, impedir la participación en proyectos de oferta institucional del Estado.
Estado actual de la ética social: el comportamiento colectivo de los ciudadanos está tensionado entre quienes rechazan el narco-menudeo y los que comparten intereses con el actor criminal. Es
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decir, los principios y valores insertados en la cultura tradicional se modifican al determinar y condicionar el comportamiento co-lectivo ante el fenómeno. Por lo tanto, se arraigan idearios que favorecen la expansión e institucionalización del narcomenudeo por la falta de una identidad que rechace su existencia, logrando con ello, disminuir la intensidad de la fricción social.
Amenazas: indiferencia (no meterse en problemas, no lo afecta, me conocen, no percibe el problema, adaptarse a la situación, resignarse, no le interesan los consumidores), la no denuncia (ley del silencio), lo que los niños ven, lo aprenden; ocupación remunerada de los jóvenes, la autoprotección o percepción de protección individual, estar de acuerdo con la venta de estupefa-cientes (porque es vendedor de estupefacientes, porque un fa-miliar consume, porque él consume, porque los que venden son amigos o familiares), acepto la venta de estupefacientes porque me beneficio (no roban y “La Cordillera” presta seguridad).
Luego de este panorama que se acaba de describir se ratifica lo expuesto por Émile Durkheim (1994), “He aquí, un orden de hechos que presentan caracteres muy especiales: consisten en maneras de obrar, de pensar y de sentir, exteriores al individuo, y están dotadas de un poder coactivo, por el cual se le imponen” (p. 18). La descrip-ción de estos hechos sociales poseen una vitalidad imperativa para los ciudadanos que deben vivenciarlos. Tiene carácter impositivo y se hacen de aplicación general sobre los cuales se prefiere no dis-cutir ni cuestionar.
Las organizaciones criminales dedicadas a la comercialización de estupefacientes plantean retos al Estado en la garantía de la se-guridad pública desde aspectos tales como la actuación judicial, la atención a las manifestaciones de conflicto social, de violencia y de criminalidad; así como la planeación estratégica del Estado para la formulación de política pública frente a esta amenaza.
En el ámbito de la actuación judicial la comprensión del fenómeno incide en aspectos relevantes para impactar de manera efectiva a las organizaciones narcotraficantes tales como:
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NARCOMENUDEO: UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD PÚBLICA
- Mayor protagonismo del sistema judicial para desequilibrar la armonía que existe en el sistema de producción de capital del narcotráfico.
- Orientar la investigación criminal a la judicialización de las perso-nas comprometidas en los aspectos estratégicos de la comerciali-zación de estupefacientes donde hay estructuras organizadas y no solo en los vendedores (jíbaros).
- Controlar el desdoblamiento de las pandillas con las cuales se busca ampliar la cobertura en el territorio y controlar la comercia-lización de estupefacientes.
- Intervenir la consolidación del crimen subregional a través de organizaciones que controlan la comercialización de estupefa-cientes en el ámbito inter-fronterizo con otros Estados.
Además las diferencias conceptuales y la desalineación del ordena-miento jurídico en relación con la prohibición del consumo (artículo 49 de la Constitución Política de Colombia), dificultan la unidad de criterio frente a la comprensión del fenómeno en su componente criminal, es decir, aún falta consenso para enriquecer el vocabulario técnico de los elementos constitutivos del narcomenudeo.
La actuación y atención del Estado con respecto a los fenómenos de conflicto social, de violencia y de criminalidad requieren un tra-tamiento diferencial, pero complementario, y la elaboración de un análisis interdependiente como se manifiesta en la realidad. Esto determina la planeación estratégica, táctica y operativa de las ins-tituciones del Estado para garantizar la adecuada respuesta a las demandas de seguridad de los ciudadanos.
Los fenómenos de conflicto social y de violencia se deben abordar desde la actividad de policía, mientras las manifestaciones de cri-minalidad se atienden desde la actividad de policía judicial. Por su parte, las necesidades básicas insatisfechas (NBI), se constituyen en factor de análisis para la comprensión de las distintas manifes-taciones de afectación a la convivencia, pero no como elemento ex-clusivo de perturbación.
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Desde la primera perspectiva, la actividad de policía asesorada por la inteligencia policial, en coordinación con el Gobierno se concen-traría en la coproducción de seguridad a partir de la prevención co-munitaria, situacional y social. Respecto de la actividad de policía judicial se requiere la producción de inteligencia criminal y a partir de ella, incidir en la formulación de la política criminal. Luego, se puede concluir que la inteligencia policial y la criminal guardan es-trecha interdependencia y complementariedad, aun cuando cum-plen un rol diferente.
La incomprensión del fenómeno del narcomenudeo dificulta la pla-neación estratégica del Estado para su tratamiento y por ende, des-borda la capacidad de respuesta de las instituciones. Ello significa que lo que estas enfrentan hoy, solo muestran la punta del iceberg. Esta afirmación representa que el desconocimiento del narcomenu-deo incide de manera directa en la in-gobernabilidad de la seguri-dad pública por parte del Estado. Esto en razón a que probablemen-te las entidades estatales no estén generando valor público (Kelly, G., Muers, S. y Mulgan, G. 2002, p.7), lo que implica que la legitimi-dad formal está en riesgo frente al actor criminal que se impone de manera material.
También se puede interpretar que puede haber in-gobernabilidad de la seguridad pública por la baja interacción y la descoordinación de los actores estatales y no estatales, para tratar las diferentes manifestaciones que caracterizan el narcomenudeo. No obstante, esa situación tiene su origen, entre otros aspectos en el diseño de la política pública, porque no se realiza bajo una concepción integral del problema público y por ende, en la implementación se evidencia baja coordinación interinstitucional y participación ciudadana frente a las manifestaciones del narcomenudeo (conflicto social, violencia y criminalidad) como un todo.
Al intentar una especie de colofón de este capítulo, se advierte que este análisis no agota la discusión, sino que pretende convocar a las autoridades político-administrativas, a la comunidad académi-ca, a la Policía Nacional de Colombia y a los cuerpos de policía de Latinoamérica para iniciar un debate que permita comprender me-jor el narcomenudeo como un fenómeno del narcotráfico, que afec-ta no sólo la seguridad, sino la convivencia de los ciudadanos que lo sufren en toda su dimensión.
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CAPÍTULO VIDesterritorialización del control social estatal
La apropiación y explotación del territorio sugiere relaciones de poder y hegemonía que el actor criminal desarrolla, con el fin de adecuar las condiciones favorables para la comercialización de estupefacientes. El control social que demanda condiciones regladas como mínimos de interacción humana en los entornos urbanos, se convierte en una herramienta de poder que los criminales usan para imponer normas de comportamiento.
“Las prácticas sociales pueden llevar a engendrar dominios de saber que no sólo
hacen que aparezcan nuevos objetos, conceptos y técnicas sino que hacen
aparecer, además, formas totalmente nuevas de sujetos y sujetos de conocimiento”.
Michel Foucault
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Es necesaria, a la luz del concepto de valor público, una alinea-ción entre la prestación del servicio, la confianza como forma de reconocimiento social y los resultados en términos de impacto. En Pereira, la Policía Nacional es reconocida por los ciudadanos como la autoridad encargada de garantizar el control social, pero el nue-vo orden institucionalizado por el actor criminal puede influir en el bajo impacto de los resultados que en términos de prevención bus-can las instituciones del Estado en el tratamiento de los problemas públicos.
Por lo tanto, la Policía Nacional por sí sola no genera valor público frente a un problema complejo como es el narcomenudeo que de-manda la concurrencia, coordinación y subsidiariedad de las insti-tuciones del Estado. Esto bajo el entendido de que para remover todas las manifestaciones que tiene el actor criminal en el territorio, le corresponde a la generalidad del Ente de Policía actuar de acuer-do al ámbito de responsabilidad que tiene. Además, porque no son cosas insignificantes, sino rupturas estructurales en la concepción de sociedad y del ejercicio material del control social como se verá en adelante.
La desterritorialización: una realidad palpable en Pereira
Una vez analizado el caso de estudio en la ciudad de Pereira donde la organización “La Cordillera” institucionalizó en el territorio y en el colectivo la comercialización de sustancias estupefacientes como medio para la monetización de los productos del narcotráfico, se entrará a profundizar en los aspectos inherentes a la forma material como esto influye en la desterritorialización del control social esta-tal, lo que constituye la tesis principal de esta investigación.
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Inicia esta argumentación señalando que el hombre necesita un te-rritorio para desarrollar su vida plenamente. La sociedad como ente organizacional colectivo, necesita de la territorialización, proceso de dominio económico y político, así como de apropiación en los aspectos simbólicos y culturales vitales para los grupos humanos (Haesbaert, R. 2007). Cada disputa por el territorio trae implícitos complejos procesos sociales de desterritorialización por la lucha de poderes, y por esa línea, una vez removidos los vestigios de hege-monía, un proceso de re-territorialización, luego de establecer un sentido propio.
Se debe pensar entonces que la territorialización, la desterritoriali-zación y la re-territorialización a partir del accionar de “La Cordille-ra” que lidera la comercialización de estupefacientes, son procesos concomitantes, fundamentales para comprender las prácticas hu-manas referidas en la ciudad de Pereira. Con este enfoque y toman-do como guía el marco teórico, a continuación se realiza la interpre-tación de los hechos y las percepciones sobre la que se reconstruyó la realidad.
El fuerte anclaje que tiene el territorio en las personas, está dado porque este no solamente es tierra, sino que allí se encuentran, ar-ticulan y fundan las relaciones sociales históricamente construidas. Por lo tanto, “el territorio puede ser relativo a un espacio vivido, así como a un sistema percibido en cuyo seno un sujeto se siente en su casa. El territorio es sinónimo de apropiación, de subjetivación encerrada en sí misma”. (Guattari, F. y Rolnik, S. 2006, p. 372). El anclaje descrito se encuentra fracturado por las manifestaciones de poderío y dominación que desarrollan actores ilegales en oposición a la institucionalidad formal.
La existencia del fenómeno del narcomenudeo en la ciudad de Pe-reira es ante todo un problema público, que por su origen e impacto multicausal se materializa en los espacios geográficos, en las inte-racciones humanas y en las relaciones de poder y hegemonía que impone un actor criminal. Al respecto, David Harvey (1998, p. 250) señala que “las relaciones de poder están siempre implicadas en prácticas espaciales y temporales”. Estas relaciones de poder pue-den presentarse tanto de forma material como simbólica, y son el resultado de la adecuación de un espacio que se construye diferen-
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cialmente según vivencias, percepciones y concepciones particula-res de los individuos, grupos y clases sociales que lo conforman.
Entramado social del crimen y desterritorialización del control social
En las zonas de Pereira, donde se concentran los puntos de venta de estupefacientes, estas se han convertido en escenarios donde la institucionalidad disputa su permanencia y hegemonía, porque el actor ilegal por medio de acciones de violencia, coerción y cri-minalidad, impone normas de comportamiento que terminan sien-do aceptadas por esa coacción, e incluso por consentimiento o por mera indiferencia, lo que se materializa en poder, y que en últimas, hace parte de lo que aquí se ha denominado entramado social del crimen, es decir, la des-configuración y la re-configuración de la cohesión social para favorecer la institucionalización de proyectos económicos y políticos con fines criminales, lo que de hecho afecta la gobernabilidad en las ciudades.
Dicho de otra forma, cuando se aplica una serie de acciones para la imposición de condicionamientos y normas que van en contravía de las legalmente establecidas afectando las instituciones de la socie-dad, con el propósito de condicionar y determinar el comportamien-to de los ciudadanos de sectores específicos de la ciudad, estas se convierten en un medio complementario para facilitar y potenciar la amenaza de la comercialización de estupefacientes. Este panorama supera las valiosas advertencias de Isaac Beltrán y Elkin Velásquez (2012) proponen, porque no es un proceso de aprendizaje sino de internalización:
... la lucha contra el crimen se convierte en una línea de acción clave en promoción de la cohesión social. Si el control del crimen no se con-vierte en una prioridad de los Estados entonces la democracia misma puede estar en riesgo como consecuencia del apoyo masivo de la so-ciedad hacia las soluciones basadas en la autoridad o, lo que es peor, la sociedad puede aprender a convivir con las organizaciones de ban-didos que regulan la oferta de bienes y servicios en el barrio (p. 81).
El resultado es un proceso de afectación en lo político (intervención en los procesos de integración e inclusión social para la toma de decisiones colectivas y el aprovechamiento del bienestar que brinda
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el Estado), lo económico (dineros derivados de actividades crimina-les insertados en el sector real de la economía local, instrumenta-lización de los ciudadanos como fuerza laboral y trabajadores), lo territorial (expansión geográfica del fenómeno, aprovechamiento de espacios de uso público como puntos de venta), y sobre el control social (normas de obligatorio cumplimiento, imposición de sancio-nes, autoridad por coacción), con componentes de apropiación sim-bólicos y culturales de los espacios locales.
En otras palabras, las manifestaciones de poder ejercidas por el actor criminal, como planteaba Michel Foucault (2004), están cir-cunscritas por múltiples mecanismos y procedimientos sistemáti-cos de imposición contra determinados colectivos. No solo se trata de una consecución creciente y dinámica de ganancias producto de la comercialización de sustancias estupefacientes y otras activi-dades económicas criminales, sino que el fin es asegurar el poder dentro del territorio y al interior de las interacciones y apropiación que hacen las personas asentadas en las zonas donde se desarrolla el fenómeno del narcomenudeo.
Además de la institucionalización y estructuración del entramado social del crimen como una forma de intervenir la cohesión social y adecuar las relaciones sociales para el desarrollo de actividades económicas criminales.
Los procesos de territorialización del Estado, hasta hace poco se consideraban, por encima de todo, que eran efectivos de derecho, bajo el entendido de que el cuerpo normativo y el sometimiento al contrato social por parte de los ciudadanos, garantizaban el control social.
Adicionalmente, los procesos de hecho, se tenían por dados, tenien-do como fundamento el carácter de validez por la respuesta exclusiva a los referentes territoriales, que tradicionalmente se consideraban como tal. No obstante, la evidencia demuestra que entre las autorida-des del Estado de los diferentes órdenes la vida en sociedad en un te-rritorio, a pesar de estar en permanente fluctuación y movimiento, no dimensionan el impacto de los cambios. Los sistemas sociales, por lo tanto, tienen vida propia y una lógica que por lo general los entes
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del Estado desconocen. Esta constante transformación tiene como agentes generadores y transformadores al hombre o a la naturaleza.
Así las cosas, lo que el narcomenudeo demuestra en la ciudad de Pereira es que los referentes territoriales están determinados y mar-cados por interrelaciones, vivencias, actores, fenómenos y procesos complementarios que impactan el sentido de territorialidad, conlle-vando a la alteración del orden social tradicionalmente concebido. En este sentido, la problemática territorial que conduce a la desterri-torialización está dada en parte, por las limitaciones de la actuación estatal desde el plano nacional, departamental y municipal.
Por lo tanto, los integrantes de “La Cordillera” haciendo uso del po-der que les genera el monopolio de la comercialización de estupe-facientes en interdependencia con otras actividades económicas criminales, inicialmente lo que ejecutan es un proceso de territo-rialización donde juegan un papel determinante las relaciones de poder, coacción, control y el ejercicio de la violencia como opciones expresadas sobre las condiciones sociales que tienden a regular. Dicho de otra forma, cuando se aplica una serie de acciones para la imposición de condicionamientos y normas que van en contravía de las legalmente establecidas afectando las instituciones del Estado, dirigidas a condicionar y determinar el comportamiento de los ciu-dadanos de sectores específicos de la ciudad, estas se convierten en un medio complementario para facilitar y potenciar el fenóme-no del narcomenudeo. El resultado es un proceso de afectación en lo político, lo económico, lo territorial y sobre el control social, con componentes de apropiación simbólicos y culturales de los espa-cios locales.
Lo anterior se manifiesta en procesos de institucionalización que no eran percibidos por el Estado como una forma para entender el asentamiento de organizaciones criminales en determinados espa-cios. Tales circunstancias son una derivación de limitadas acciones proactivas que no anticiparon las realidades ni la atención integral por medio de actividades de contención o neutralización de esos procesos eminentemente sociales que terminaron por afectar el control social estatal. La reflexión que se plantea está orientada a lograr que el enfoque de la actividad estatal detecte y monitoreé los
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procesos de institucionalización de los grupos ilegales asociados a las actividades económicas criminales.
A pesar de que no se trata de una posesión de facto respecto de la institucionalidad estatal por parte de “La Cordillera”, sí hay interfe-rencias a través de la coacción y la violencia para el ejercicio de ella por parte de los entes y funcionarios que representan al Estado. Por supuesto que las autoridades pueden hacer presencia en esos lugares y de hecho, lo hacen, pero el cumplimiento y la extensión de sus funciones sufren afectaciones. Desafortunadamente en estos casos los ciudadanos lo que esperan, más que la presencia de los representantes del Estado, es una gestión efectiva de sus necesida-des y expectativas, así como el tratamiento integral de las amena-zas a la convivencia.
En consecuencia, “La Cordillera” de forma sistemática y progresiva ha conseguido afectar, influenciar y controlar la cotidianidad de las personas, los fenómenos urbanos y las relaciones inherentes a la vida social, mediante la imposición de controles en áreas geográfi-cas delimitadas y específicas. Se percibe cómo un territorio, termina sometido a unos códigos de comportamiento y comunicación que delimitan fronteras reales o “invisibles”, por medio de formas de coacción y control. Debe aclararse que no siempre ese sometimien-to es forzado por medios violentos, ya que en no pocas ocasiones, algunos ciudadanos, de forma consciente o inconsciente, reconocen que terminan bajo el poder imperante de forma consentida, pero como respuesta al temor generalizado, e incluso, por indiferencia. Este proceso de territorialización nunca acabado, se mantiene por medio de una vigilancia y seguimiento permanente, que profundiza su alcance con retroalimentación constante para perfeccionar los medios y mejorar los resultados.
La organización criminal “La Cordillera” a través de la ascenden-cia de integrantes desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aliados con delincuentes comunes y organizados, recogieron el legado de criminalidad e imposición de control territo-rial que llegaron a tener las AUC hasta antes de su desmovilización. En el marco del conflicto colombiano es reconocida la capacidad que tuvo esta organización para incidir en el control municipal y la penetración en aspectos locales de tipo político, económico y social,
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llegando en algunos casos, a suplantar de forma ilegal la autoridad en algunos municipios, ya sea de forma consensuada con sectores políticos o de facto, por medio de la fuerza o en una combinación de ellas.
Pero la desterritorialización en el caso de la ciudad de Pereira no sólo se da por la interferencia ilegal de la autoridad del Estado, sino que también obedece a la falta de reconocimiento que desde el punto de vista cultural se da a la institucionalidad legal. Es notoria la animadversión que entre algunos sectores de la población infantil se empieza a gestar hacia los actores que representan al Estado.
Un factor que llama la atención en Pereira es que la ubicación geo-estratégica que tiene la ciudad respecto de las áreas del Pacífico colombiano y la zona sur del país, la ha convertido en receptora de población desplazada por la violencia o en calidad de migrante. Los procesos de readaptación de estas personas, que en algunos de los casos han sido instaladas en zonas específicas del municipio (barrio El Remanso, por ejemplo), traen consigo un proceso de “re-territo-rialización”. A pesar de esas nuevas realidades de vida todavía obe-decen a los referentes territoriales de las zonas de donde provienen, y adicionalmente, adquieren las referencias propias de la capital de Risaralda, que terminan entremezclándose, para alcanzar unos niveles suficientes de capacidad para subsistir en esos entornos y bajo las condiciones de vida que se imponen. Con mayor razón si se considera que una familia recién llegada a este nuevo hábitat, se encuentra con múltiples dificultades que incluyen discriminación, exclusión social e incluso, maltrato.
Para una aproximación a las dimensiones recogidas sobre los efec-tos de la desterritorialización del control social estatal en Pereira por efectos del narcomenudeo, se analizan los aspectos relacionados con las diferentes manifestaciones que desagrega el actor criminal, esto con el fin de buscar una comprensión práctica y dimensionar la gravedad de la situación como presupuesto para intervenir este problema público. Por lo tanto, se hará un recorrido por la incidencia económica, el aspecto territorial, el impacto en la vida política y en la alteración del control social, que argumentan la desterritorializa-ción del control social estatal.
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La incidencia en el aspecto económico local
Conviene aclarar que el enfoque dado a este apartado no tiene por objetivo conjeturar sobre aspectos econométricos relacionados con las ganancias que genera la actividad económica criminal, ya que ese no es el objetivo de la presente investigación, pero no se puede pasar por alto la multiplicidad de hechos fácticos y datos empíricos encontrados en su desarrollo, relacionados con la incidencia econó-mica como una órbita de la desterritorialización citada.
Desde esta perspectiva en la incidencia económica, es notable que los actores ilegales entienden que en el territorio (visto como zona de circulación o transporte, el flujo de renta, de concurrencia para el intercambio de mercancías y de cooperación) requiere de los es-pacios y de procesos de territorialización por las condiciones físicas del entorno, que finalmente son una fuente de recursos por medio del dominio de su acceso, control, explotación o reinversión en ac-tividades de tipo legal, además de las claramente ilegales, que son su principal objetivo. Este aspecto es consecuente, porque como factor de producción y una vez logrado el control territorial de deter-minados barrios o zonas, entiéndase re-territorialización, los grupos humanos allí situados son inmediatamente considerados como me-dios para la producción de riqueza, ya sea legal o ilegal.
Entonces en los referentes territoriales una “nueva forma de eco-nomía” se da por la puesta en funcionamiento de establecimientos comerciales tales como tiendas, panaderías, ferreterías, almacenes de abarrotes, licoreras, carnicerías, billares, salones de belleza y asaderos de pollo, entre otros. Aunque los títulos de propiedad de estos bienes aparecen a nombre de personas naturales, tienen la inversión de recursos económicos derivados de la comercialización de estupefacientes o la captura de otras rentas legales, ilegales o criminales que canaliza “La Cordillera” mediante la instrumentaliza-ción de algunos ciudadanos.
De forma consecuente, se emite la imposición para que las perso-nas residentes en esas áreas se conviertan en “clientes” de esos negocios como resultado de la coacción, la aceptación social o el desconocimiento. El esquema de relación económica de entrada significa la eliminación de la competencia por falta de clientela que
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significan excelentes márgenes de ganancia, manifestaciones inter-pretadas como la desregulación de los mercados intervenidos por el actor criminal.
Para calcular la magnitud de la problemática territorial por efectos económicos, basta pensar en la relación de “dependencia laboral” que tienen algunas personas con “La Cordillera”, pues terminan siendo vinculados (constreñidos o por consentimiento) a esos ne-gocios que aparecen como lícitos, lo cual se acepta como empleos informales. Entonces no sólo se ve a la comunidad instrumentaliza-da como clientela, sino también como fuerza laboral, de allí que se manifieste una notoria inserción de la organización narcotraficante en los mecanismos de generación de capital adoptados con el pro-pósito de pretender acumular riqueza. Pero también para la organi-zación criminal es importante lograr a través de estos medios, el po-sicionamiento y el reconocimiento por parte de los ciudadanos. En concordancia, debe considerarse que Pereira en los últimos años, aparece como una de las ciudades del país más afectadas por el desempleo.
Esta nueva perspectiva del comercio en la ciudad de Pereira influen-ciada por la organización criminal “La Cordillera” ofrece la posibili-dad de reinvertir en la base primaria de la economía (sector real) los recursos obtenidos de las diferentes actividades ilegales y legales que lideran. De igual forma, garantiza que los controles del siste-ma financiero no sean un asunto de interés porque esos capitales no se incorporan primariamente en ese sector y, por supuesto, los movimientos sospechosos de elevadas cantidades de dinero no son rastreables ni detectados. A diferencia de las bandas narcotrafican-tes que delinquen en las urbes de Brasil, esta incidencia económica aún no muestra intensión de configurar un “poder popular”, sino que su objetivo fundamental es maximizar las ganancias consoli-dando su asentamiento y apropiación del territorio.
Por otro lado, la alta concentración de ciudadanos en condición de riesgo de calle, habitante de calle e indigente que existe en Pereira, se relacionan generalmente con los sitios donde se ubican esta-blecimientos de reciclaje y chatarrerías, así como compra-ventas y lugares dedicados a la adquisición de elementos hurtados (reduci-dores). En este referente espacial convergen los puntos de venta de estupefacientes (narcomenudeo) lo que permite evidenciar que una parte de las transacciones comerciales ilegales se realicen me-
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diante el intercambio de bienes y servicios por sustancias estupefa-cientes. En estas áreas es bien característico que la imposición de reglas mantenga cánones de comportamientos suficientes ante la multivariedad de personas que allí acuden, pero que garantizan una aparente convivencia.
Mención aparte merece el control que la organización criminal tiene de las áreas de tránsito, así como puntos de salida y llegada de las rutas de servicio de transporte urbano en la ciudad de Pereira. En esos territorios se ejecutan extorsiones a los conductores y propie-tarios de los vehículos que desarrollan estas actividades. Igualmen-te, los establecimientos de lavaderos de carros, talleres y monta-llantas en los entornos próximos a los parqueaderos tienen ligazón con los criminales. La evidencia recolectada al respecto advierte además que algunos comerciantes formales e incluso residentes de las zonas de asentamiento de puntos de venta, son víctimas de extorsiones por parte de la organización “La Cordillera”.
Otro factor vinculado al aspecto económico es la posibilidad de ac-ceder a bienes muebles e inmuebles a precios favorables o por ex-propiación ilegal forzosa a favor de los miembros de la organización criminal, que los obtienen por medio de la violencia o la coacción contra sus legales propietarios, tenedores o poseedores. Esto lo que permite es una sistemática ampliación del margen de injerencia ha-cia nuevos sectores que se constituyen en foco para la explotación de las actividades económicas criminales y a la vez, como medio de control porque esos predios terminan ocupados por personas afi-nes a la organización narcotraficante que cumplen roles específicos para el logro de los objetivos criminales. Por lo tanto, la desterritoria-lización va mucho más allá de los aspectos meramente reguladores de conducta como ligeramente se pudiera pensar.
Es aquí entonces donde se observa otra forma diversa de genera-ción de riqueza y procesos de re-territorialización, lo que amenaza la capacidad del Estado para actuar como regulador de las interaccio-nes humanas y las relaciones comerciales en específico. El control hegemónico del territorio por parte de los actores ilegales es ante todo un medio a través del cual se logra el fin organizacional que es maximizar las ganancias por medio de la explotación legal o ilegal del mismo, a través de la adaptación y la capacidad de responder a las acciones de las autoridades estatales, lo que demuestra una
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alta capacidad de mutación y sofisticación de los métodos y estra-tegias que utilizan. No es por lo tanto arriesgado decir que lenta-mente la organización criminal “La Cordillera” viene construyendo escenarios donde “la sociedad y su espacio están organizados para la producción, circulación, distribución y consumo de mercancías” (Bustos, C. s.f., p. 9), y como se ha visto, esto puede tener origen legal o ilegal.
En ese orden de ideas, la captura de rentas es una modalidad im-plementada por “La Cordillera” para diversificar el flujo de capitales de origen ilegal producto de la comisión de otros delitos o activi-dades económicas criminales. Esta situación se estaría dando por efectos de extensión que no demanda un importante componente de integrantes o presiones de violencia, ya que por ejemplo, la situa-ción basada en extorsiones de bajas cantidades de dinero terminó siendo impuesta forzosamente contra los comerciantes formales que se tornó en un proceso de naturalización, con la explotación milimétrica del territorio para generar riqueza.
“La Cordillera” como organización que desarrolla el narcotráfico en el subsistema de comercialización, aplica una lógica de diversifi-cación criminal con fines de explotación económica para generar riqueza. Por lo tanto, el narcotráfico genera mercados paralelos por-que se dan formas de intercambio ilícito de bienes en sí mismo líci-tos (Uprimny, R. 1993, p. 14). De ahí que exista una intervención en varias actividades criminales locales, nacionales o transnacionales.
Los campos de la economía formal donde el actor criminal estaría teniendo incidencia son la fijación de cuotas extorsivas en la comer-cialización de cebolla en las plazas minoristas de Pereira, así como el ganado en pie (para sacrificio) traído desde el departamento de Caquetá y la comercialización de autopartes. Otra situación particu-lar se presenta con los prestamistas de pequeñas sumas de dinero, conocidos popularmente como “gota-gota”, quienes dependen o actúan con el consentimiento de “La Cordillera” y, por lo tanto rin-den cuentas de todas las transacciones de crédito informal a altos intereses que se dan en la ciudad, en la que se invierten recursos provenientes de las diferentes actividades criminales. La denuncia de todos estos eventos por los medios de cobro que se aplican o por los sobrecostos generados ante las elevadas tasas de interés, no se
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produce por el temor de los ciudadanos a retaliaciones por parte de la organización criminal.
Siguiendo esta misma tendencia, también se ofertan servicios cri-minales para la comisión de homicidios “por encargo”, presiones y amenazas para el cobro de deudas, causar lesiones personales o coaccionar el desplazamiento intraurbano. Las evidencias fácticas indican que muchos de estos hechos estarían siendo cometidos por grupos delincuenciales integrados por menores de edad al servicio del actor criminal, gracias a lo cual reciben una remuneración eco-nómica. Esta forma de subcontratación criminal se gesta no sólo para la comisión de estos hechos en determinados puntos del Área Metropolitana de Pereira o municipios circunvecinos, sino que se ofrece la posibilidad de realizar las acciones en otras zonas del país e incluso en el exterior.
Es importante advertir que a pesar de las ganancias generadas por estas actividades, el principal esfuerzo de actuación de “La Cordille-ra” se concentra en la comercialización de estupefacientes. Pero se visualiza claramente que estas fuentes alternativas son de interés para el sistema de acumulación de capital, posicionan su actuación y sirven como instrumentos de control y barreras que impiden o difi-cultan el acceso de otras organizaciones que quieren capturar estas rentas criminales. Es otra forma de abrir la perspectiva para identi-ficar la interdependencia de diferentes actividades económicas cri-minales articuladas de forma homogénea por una organización con capacidad de controlar, coordinar y establecer monopolios.
La apropiación del territorio: elemento vital para el narcomenudeo
Los procesos de territorialización, desterritorialización y reterritoria-lización, por efectos del narcomenudeo se materializan por el cam-bio de identidad real y simbólica de los espacios geográficos con los que las personas tienen vínculos en algunas zonas de Pereira. Es notoria la restricción de los espacios públicos o de uso público como los parques, las canchas, las aceras, las gradas, los parajes arborizados y las orillas de los ríos o quebradas. Muchos de estos si-tios están constituidos como zonas de compra, venta y consumo de
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sustancias estupefacientes, en los cuales se identifican escenarios que generan limitaciones para su uso o el mero tránsito de los ciu-dadanos, ante el fenómeno del narcomenudeo y sus actores, con la carga simbólica de señales que atemorizan (señas, grafitis, miradas de los vendedores, exposición de armas) y las manifestaciones de violencia interpersonal (agresiones físicas y verbales).
El sentido de apropiación y arraigo por esos lugares se pierde. Las familias paulatinamente entran en un proceso de cambio compor-tamental asociado al desapego por esos espacios al considerarlos peligrosos, inseguros y de alto riesgo, no sólo para su seguridad in-tegral, sino porque advierten que son propicios para la inducción al consumo de sustancias estupefacientes, especialmente en meno-res de edad o para la inclusión de los jóvenes en pandillas o como fuerza laboral de “La Cordillera”. Por lo tanto, su uso se desnatura-liza y la falta de mantenimiento de la infraestructura y el entorno conducen a que se deterioren físicamente, lo que de fondo favorece la expansión del narcomenudeo. Algunos ciudadanos consideran que incluso las personas que participan del mercado ilegal de los estupefacientes, planean y ejecutan acciones vandálicas contra los elementos de los lugares de uso público (alumbrado, mallas, can-chas, entre otros) para desestimular su utilización o el tránsito a través de ellos.
Frente a lo anterior, existe la contradicción de carácter comunita-rio por la construcción de escenarios deportivos en Pereira, porque, pese a que se convirtió en una estrategia de asistencia y cobertura de la administración municipal, también fue una oportunidad para “La Cordillera” porque sobre esos sitios, entendidos como referen-tes de poder, se iniciaron procesos de desterritorialización para fa-vorecer el narcomenudeo (Callejas, M. 2008, pp. 341-343). A esto se une que las mismas características topográficas de la ciudad obligan a la construcción de gradas, caminos peatonales o vías pú-blicas en zonas de ladera, en las cuales el acceso y movilidad de las unidades de Policía se dificulta porque la disposición del servicio está dada para una cobertura por medio de vehículos. Una configu-ración urbana de este tipo demora los tiempos de respuesta de la Policía Nacional, y genera aprehensión en el uso del espacio público por parte de los ciudadanos, porque son frecuentemente explota-dos para la compra, venta y consumo de estupefacientes.
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Por otra parte, las actividades de observación permitieron estable-cer que la ubicación de los puntos de venta presentan algunos ele-mentos comunes en lo que se refiere a la configuración del entorno que, finalmente, son características que favorecen su actividad. En este sentido, se puede mencionar que las fachadas de las residen-cias del sector se encuentran en deficiente estado de preservación, las vías públicas, en su mayoría, presentan deterioro o están sin ningún tipo de pavimento; las redes de alcantarillado, el alumbrado público, la conservación de jardines, la recolección de basuras y el estado de los andenes, son precarios; así como las redes de servicio público (energía eléctrica, teléfono, televisión por cable) son desorde-nadas. El tránsito de personas y vehículos de servicio público (taxis y buses) es bajo. Estos son apenas algunos de los hallazgos que segu-ramente en una indagación de mayor profundidad, pueden ampliar el abanico de interpretaciones al respecto.
Por otro lado, una variable del desapego y el desarraigo territorial se orienta a la relación o el “sentido de no pertenencia” con la ciu-dad. En el Eje Cafetero en general, y de Pereira en particular, existe la idea generalizada entre la población, especialmente juvenil, de “viajar afuera”, o sea, inmigrar a Estados Unidos o Europa. En este sentido, los lugares o espacios habitados, como lugar de significan-cia, pierden su relevancia y no se dan vínculos de apropiación o filiación con la territorialidad local. Esta situación de alguna manera incide en que las vivencias que suceden en el territorio próximo, no resulten de interés para los ciudadanos que tienen por lógica de existencia, establecer su proyecto de vida en el extranjero. Esta vi-sión de futuro impacta de forma negativa la cohesión social porque origina la desarticulación de las redes de cooperación colectiva e identidad comunitaria.
Afectación a la inclusión social por la injerencia del actor criminal
Las prácticas criminales a través de las cuales “La Cordillera” llega a establecerse en procesos de re-territorialización significan apode-rarse de la información que se utiliza para las gestiones propias de las Juntas de Acción Comunal (JAC). Por medio de la coacción, amenazas y violencia contra los dignatarios de las JAC, estas institu-ciones terminan condicionadas en su capacidad de desempeño. Por consiguiente, la participación ciudadana se desestimula por efectos
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de miedo y la desazón entre los ciudadanos da como resultado que estos prefieran “no meterse en problemas” y eluden esta posibili-dad ciudadana de incidir en la formulación y desarrollo de proyec-tos comunitarios liderados desde la sociedad. De fondo, la principal afectación en este sentido se da por la instrumentalización de los mecanismos de inclusión social.
Por su parte, las dependencias del orden municipal, descentraliza-do o desconcentrado de la Administración Pública ven como su ca-pacidad de cubrimiento y ejecución de las políticas propias de cada entidad, está limitada, intervenida o bien restringida por el accionar del actor criminal, especialmente en las zonas donde se concentra el mayor número de puntos de venta de sustancias estupefacien-tes. Esa interdicción en el ejercicio de la autoridad incide en la des-articulación de las entidades administrativas del nivel local y por ende en la ejecución de las políticas públicas. Las restricciones a la actividad política traen como consecuencia unos grupos sociales mucho más aislados no sólo en el aspecto meramente de distancia entre el centro y la periferia, sino de los ámbitos de acción de las
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DENUNCIA PUNTO DE VENTA
DENUNCIA VENDEDOR(jíbaro)
Gráfico 24: estadística sobre laintención de los ciudadanos para denunciar el punto de venta de estupefacientes. Gráfico 25: estadística sobre la
intención de los ciudadanos para denunciar al vendedor (jíbaro) de estupefacientes.
Gráfico 28. Estadística: intención de los ciudadanos para denunciar al vendedor de estupefacientes.
Gráfico 27. Estadística: intención de los ciudadanos para denunciar el punto de venta de estupefacientes.
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autoridades estatales. Es aquí donde el logro de los fines esenciales del Estado se ve perturbado, porque aunque existe la capacidad y cobertura institucional, “La Cordillera” logra legitimarse y arraigarse de esta forma en el territorio.
El imperante hegemónico de la organización criminal limita a la po-blación la facultad de intervención en asuntos político-administrati-vos no sólo por la distancia física con la institucionalidad, sino por la prohibición de gestar proyectos de beneficio colectivo a través de los mecanismos de participación democrática instituidos. Esto afecta de manera sensible la inclusión social como forma de cohe-sión social. Por ello, la comunidad está fragmentada y su sentido de identidad social, minado.
Es de interés para “La Cordillera” intervenir toda forma de organi-zación participativa para mantener los sistemas de producción y acumulación de capital. En los procesos electorales es inminente el riesgo por la posible injerencia de “La Cordillera” en materia de financiación, apoyo o limitación para el ejercicio del debate político o del uso del voto, así como para el mismo desempeño de las ins-tituciones político-administrativas de Pereira y el Eje Cafetero. Las prácticas criminales y de violencia en el marco del conflicto armado han fundamentado la orientación de buscar representación política en los entes territoriales por parte de los actores criminales para proteger el intrincado y atomizado modelo de economía de merca-do al margen de la ley Con esto, se quiere llamar la atención de las potenciales amenazas contra el sistema democrático en el nivel municipal, por efectos de la comercialización de estupefacientes.
Al respecto la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacien-tes (JIFE) en su informe correspondiente al 2010 indica:
Algunas veces las organizaciones prósperas del narcotráfico han pasa-do a ser fuerzas políticas propiamente dichas y han logrado usurpar el poder y la autoridad de las instituciones políticas legítimas. Varias de esas organizaciones, en connivencia con élites corruptas que procuran obtener cierta ventaja política o establecer un monopolio político, con lo que han logrado hacerse al control de los grandes mercados ilícitos. La influencia política y la influencia delictiva, esferas estas que se re-fuerzan mutuamente, en último término socavan la legitimidad de las instituciones públicas (p. 4).
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Un nuevo orden social institucionalizado implica manifestaciones de control social
La percepción generalizada de poder que tiene la organización narcotraficante “La Cordillera” y que se encuentra asentada en el ideario colectivo e individual de los habitantes de Pereira, está im-plantada por efectos asociados al temor por el rompimiento de las reglas de control social. Es por ello que el sistema de producción de capital a través del narcomenudeo está protegido por sentimientos adentrados en los ciudadanos que prefieren no denunciar las con-ductas asociadas al fenómeno que suceden en los puntos de venta y con los vendedores (38% de los consultados). Las principales ra-zones están ligadas al sentido de autoprotección no sólo de índole individual, sino por salvaguardar al núcleo familiar, al considerar que el hecho de no informar garantiza que no serán víctimas de agresiones ni habrá consecuencias. A esto se une el vínculo que se tiene con los bienes materiales que eventualmente también pueden sufrir daños como forma de retaliación.
El sentimiento de miedo es altamente considerado por los ciudada-nos consultados, pues el hecho de pensar en denunciar formalmen-te y llegar a ser víctimas de ataques contra su propia integridad o la de su familia por la peligrosidad del actor criminal, son motivos fundados para evitar ir a las autoridades (36,8% de los encuestados manifestaron su intención de no denunciar a los vendedores).
Así mismo, un margen de personas, aunque mínimo, advierte que no denuncian porque el fenómeno no les interesa, “es problema de cada quien”, o porque no conocen ni a los vendedores ni la ubicación de los puntos de venta, ollas, bodegas, puntos de manufactura o centros de acopio. Valga decir que aunque los vendedores o jíbaros no perte-necen directamente a la organización, son ellos quienes ejecutan los mecanismos ilegales de control social para presionar o actuar física-mente contra los denunciantes y opositores.
Profundizando en el tema del miedo, los ciudadanos ofrecen res-puestas que denotan esa reacción emocional por las realidades que perciben en los entornos donde se desarrolla el narcomenudeo. Otros hablan del sentimiento de ansiedad por la amenaza de los criminales y los símbolos y manifestaciones asociados a los hechos de criminalidad que se derivan del fenómeno (percepción de inse-
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guridad). Sin embargo, en lo que coinciden es que ese miedo hace que sus componentes afectivos y comportamentales se modifiquen a manera de mecanismos de defensa y autoprotección, y en el fon-do, también sus estilos de vida. En las mujeres también es notable la preocupación por los acosos sexuales y los ataques físicos, aun-que necesariamente no implique la ocurrencia previa de estos, pero deja en evidencia su vulnerabilidad frente a este tipo de agresión.
El miedo en alto grado generalizado entre los ciudadanos de Perei-ra se encuentra asociado no sólo a las manifestaciones puntuales de afectación a sus derechos y libertades públicas, sino que está influenciado por las permanentes amenazas producidas por las difíciles situaciones económicas, incluso la misma evolución del conflicto armado y la influencia de los medios de comunicación en el cubrimiento, muchas veces sensacionalista, de las situaciones criminales locales. También se identificó que es tan sensible la insti-tucionalización de “La Cordillera” que pese a no identificar cuál es la real situación de miedo, la sola mención de esa marca psicológica, ya interioriza un sentimiento de tensión individual y colectiva por efectos del control social que ejecuta. A esto se une la imagen del criminal que participa activamente en el narcomenudeo como un factor de impacto interno, donde el delincuente se expone pública-mente como detentador de poder.
Otro factor de asociación para el miedo son las vivencias y experien-cias que tienen los ciudadanos en las inmediaciones del punto de venta y los efectos sobre las relaciones sociales que se dan en ese territorio. El sentimiento de temor conduce a escindir la cohesión social por el grado de desconfianza y tensión que se padece al tener la sola concepción de utilizar sitios o bienes públicos relacionados con el narcomenudeo, pero peor aún, el uso material de estos en asuntos tan cotidianos como transitar en cercanías a los menciona-dos puntos de venta. Estas circunstancias hacen que las viviendas se conviertan en zonas de protección para evitar estas vulnerabili-dades.
Así las cosas, incentivar y propiciar los sentimientos y las referen-cias del miedo es una forma de mantener en estado de sumisión a las comunidades por parte de la organización narcotraficante. Eso es lo que precisamente se podría considerar como la fuente del mie-do a la que hacen referencia los ciudadanos, que lleva implícita la
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necesidad de disminuir los tiempos entre el constreñimiento y la captación social, y luego, el transcurso para que una actividad cri-minal se convierta en legal. Generalizar sensaciones de inseguridad y temor, además de contribuir para obtener la imposición hegemó-nica de un nuevo control social, logra construir una conciencia co-lectiva de limitaciones y prohibiciones, significa en otras palabras la adecuación de lo que se denominado entramado social del crimen.
Por otro lado, llama la atención que algunos ciudadanos manifes-taron identificarse con la organización criminal porque consideran que no hacen ningún daño, ofrecen oportunidades de trabajo o les genera algún grado de confianza. Dicha actitud dimensiona la inser-ción e institucionalización que la organización narcotraficante tiene en el ideario tanto individual como colectivo, así como el grado de aceptación, reconocimiento y tolerancia de parte de algunas perso-nas hacia el asentamiento del actor criminal, las actividades econó-micas criminales a las que se dedican y en algunas oportunidades, hasta los mecanismos de control social que aplican.
Sin embargo, ese sentido de indiferencia da por cierto que algunos ciudadanos no se sienten incluidos en la problemática y, adicional-mente, desconfían de las autoridades. A ello se suma, y de manera notoria, que algunos ciudadanos se abstienen de denunciar por la falta de respuesta inmediata, desconfianza hacia quienes reciben las informaciones, falta de protección de la identidad del denun-ciante, ausencia de garantías de seguridad, manifestaciones de corrupción y un tratamiento inadecuado al narcomenudeo, según la percepción expresada en las herramientas de recolección de in-formación. Bajo estas perspectivas se dimensiona la ascendencia que tiene el actor criminal, para condicionar el comportamiento co-lectivo en algunas zonas de Pereira.
No obstante, un grupo considerable de ciudadanos manifiesta su intención de denunciar o afirman que ya lo han hecho con anteriori-dad (62%). Los aspectos más recurrentes por los cuales actúan en esa dirección son: ayudar a la sociedad mejorando la convivencia, proteger su núcleo familiar, desestimular la inducción al consumo de estupefacientes, liberarse del control social, actuar por motiva-ción del deber ciudadano y evitar la estigmatización de la zona. Así mismo, porque perciben una adecuada respuesta del Estado o para obtener una recompensa.
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Desde otra perspectiva, cualquier relación social está ligada a la re-levancia que para un conjunto social tiene el territorio como zona de apropiación a través de su historicidad. Es la forma en que a través de diversos periodos el territorio significa “algo” para los habitantes en ese momento histórico. Los referentes demuestran que durante los últimos años, la población de Pereira ha sido influenciada por la llegada de personas provenientes de otras zonas del país, y esto ha motivado que el grado de sentimiento y arraigo por su propio territorio varíe ostensiblemente. Las personas suelen advertir que se mantienen en esos barrios porque es la única posibilidad, no porque se sientan a gusto. Manifiestan que para poder sobrevivir, se someten a las condiciones que les imponen la misma realidad de supervivencia y el actor criminal.
Por su parte, el control social interno hace que una persona en su acción individual esté condicionada y limitada por los grupos supe-riores a los que pertenece, por las instituciones y por la sociedad entera de la que es miembro, razones que permiten fundamentar el hallazgo de mecanismos de control que se materializan mediante los controles informales de la desviación o como conjunto de proce-sos de influencia y de presión. Esa capacidad de la sociedad y de las autoridades del Estado para regularse de acuerdo a los cuerpos normativos, así como principios y valores aceptados de forma gene-ralizada, busca regular la conducta individual y sostener la organi-zación social. Así las cosas, se pueden analizar las diferentes mani-festaciones a través de las cuales “La Cordillera” desterritorializa el control social estatal en la ciudad de Pereira.
En el aspecto social, a pesar de la falta de indicadores oficiales so-bre el narcomenudeo, las evidencias advierten un alto impacto por efectos del desplazamiento intraurbano, motivado en las presiones y amenazas de la organización narcotraficante. Bajo este concepto, algunos ciudadanos han tenido que desplazarse de una zona a otra dentro de la ciudad o por fuera de ella. La ausencia del registro de este fenómeno asociado tiene dos causas fundamentales: la prime-ra es la falta de denuncias formales ante las autoridades competen-tes, motivada en la presión y amenaza contra los desplazados y, la segunda, la falta de mecanismos institucionales para el seguimien-to y el tratamiento adecuado a esta problemática.
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En cuanto al imaginario social, la representación de “La Cordillera” tiene una marcada influencia por la detentación del poder por me-dio del delito y la coacción. La comisión de delitos deja huellas que se interiorizan de forma generalizada en la conciencia de las perso-nas, que por vivencia propia (evidencias reales) o por referencia (voz a voz), incorporan en su psiquis el temor a romper las reglas esta-blecidas para conservar el control territorial. Mientras tanto, con la coacción lo que se transmiten son mensajes “que advierten sobre la peligrosidad o la vulnerabilidad de los sujetos ante las maneras en que se presenta la criminalidad” (Callejas, M. 2008). Por ello, para los ciudadanos es vinculante la mirada inquisidora, los gestos, las palabras, las actitudes y las amenazas de los responsables del nar-comenudeo en Pereira. Enfrentar cualquiera de estas experiencias en los sitios públicos por parte de los ciudadanos pone en riesgo su integridad personal en el ámbito psicológico por el temor a ser objeto de retaliaciones o hechos que vulneren sus dimensiones de protección individual o colectiva.
Así mismo, otro aspecto de gravedad es la limitación que se da para que los ciudadanos tengan que estar al interior de sus residencias a partir de determinadas horas en la noche. Esto obliga a que las personas limiten su vida social y el derecho a la movilidad se vea restringido, lo que genera que el desarrollo de la vida, en algunos
Establecimiento de horarios 4,1%
No responde 6,9%
Fronteras imaginarias 8,3%
Proceso de legitimación 11,1%
Normas internas de la organización 13,8%
Ninguna 18%
Ley del silencio y coacción 37,5%
Gráfico 26: reglas de control social impuestas por el actor ilegal para favorecerla venta de estupefacientes.
Gráfico 29. Reglas de control social impuestas por el actor ilegal para favorecer la venta de estupefacientes.
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barrios se afecte seriamente, porque ese tipo de normas implican unas nuevas lógicas a considerar incluso para aceptar un empleo o la realización de actividades urgentes a nivel personal, familiar o co-lectivo en zonas geográficamente retiradas de los puntos de venta, que necesariamente implican desplazarse de un sitio a otro.
Pasando a las representaciones simbólicas dentro de un marco re-ferencial de las vivencias sociales, se habla de las “realidades figu-radas” como producto del proceso de interdicción de la legitimidad estatal. Esos ideales terminaron anclados en el imaginario colectivo que se ratifican de forma constante por el influjo de la amenaza y el sometimiento al poder hegemónico. Una de las consecuencias perceptibles es el alto nivel de desconfianza en el par social (en las redes sociales), cercano, conocido o desconocido; los vínculos socio-culturales se disuelven por el sentido de temor en el “otro”, las formas de organización colectiva se marginan y prácticamente están en riesgo de ser instrumentalizadas. Al respecto, y para calcu-lar el impacto en el imaginario social y simbólico, Thompson (1993) indica que “Las formas simbólicas son constructos significativos que son interpretados y comprendidos por los individuos que los producen y reciben, pero también son constructos significativos que se estructuran de maneras diferentes y se insertan en condiciones sociales e históricas específicas” (p. 301).
Aunque parezca ominoso mencionarlo, el desplazamiento de la acti-vidad estatal en el aspecto regulatorio de las relaciones sociales es otro criterio de trascendencia en la territorialización del actor criminal. La “pronta y cumplida justicia” en las zonas de concentración de pun-tos de venta de estupefacientes es suplantada como medio disuaso-rio por los integrantes de “La Cordillera”, quienes intervienen en la resolución de problemas cotidianos entre los ciudadanos. Ese sen-tido de “justicia” implica que las decisiones que se tomen sobre los casos puntuales, sean vinculantes y obligatorias para el ciudadano, que se cuida de mantener el estatus de permanencia en una zona y le garantiza el no ser objeto de acciones en su contra o que afecten su núcleo familiar. Es preocupante que los ciudadanos prefieren acudir a estos medios antes que utilizar los mecanismos legales, a los que refieren como demorados y ofertados lejos de las áreas vivenciales. A este respecto, el sentimiento de impunidad que se percibe en las
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comunidades implica que los ciudadanos prefieran no acudir a los medios de justicia establecidos porque “no castigan a los culpables o se demoran en hacerlo” (sic).
Por otro lado, algunos ciudadanos expresaron experiencias en las que se señala que los narcotraficantes en los puntos de venta llegan a desempeñar roles de “asistencia social”, al proveer bienes y servi-cios a personas de bajos recursos o limitaciones económicas. Así, se financian fórmulas médicas, necesidades básicas, estudio, calamida-des personales o familiares, entre otras. Esta distorsión de la asisten-cia social pretende cimentar una base de aceptación con respuestas inmediatas a las necesidades, ignorando los mecanismos asistencia-listas del Estado. Muchos ciudadanos valoran el “interés y despren-dimiento” de los narcotraficantes vinculados con del narcomenudeo, para atender sus necesidades básicas insatisfechas.
Por ello el mensaje que se envía a esa comunidad es que “el pode-roso” criminal, a pesar de estar cometiendo una sistemática ilega-lidad y de ser perverso en sus actuaciones, a la vez es portador de “buenas acciones”. Esa calificación de maldad, es la que finalmente prima para los intereses de los administradores o jefes de olla por-que los empodera y hace que algunos sectores de la sociedad ter-minen subordinados. De fondo contribuyen a establecer formas de integración social que responden a los intereses de los criminales, para que las condiciones en las que se desarrolla el narcomenudeo permanezcan. Es decir, se reestructura la cohesión social a favor del interés económico criminal.
Todas esas acciones implican además la prestación de servicios, especialmente de seguridad. Es común escuchar que en la perife-ria de las “ollas” está prohibido realizar hurtos en sus diversas mo-dalidades, agresiones sexuales y ejecutar actos de violencia, entre otras. De alguna manera se observa que, por lo menos, se ofrece un escenario de seguridad aunque bajo una conceptualización diferen-te, que en el fondo reclama lealtad para la organización y la necesi-dad de que las patrullas policiales no tengan que acudir a estas zo-nas a conocer los motivos de policía, ya que supondría la necesidad de movilizar las sustancias estupefacientes, el dinero, los jíbaros, así como los elementos que podrían configurar la comisión de un delito, tales como las armas de fuego. Claro que el interés también
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se relaciona con querer ofrecer unas condiciones “apropiadas” para que el comprador/consumidor de los estupefacientes llegue sin te-mores al punto de venta.
Los códigos que establece “La Cordillera” restringen la posibilidad de que los consumidores se atrevan a llegar a los puntos de venta a pedir el suministro de sustancias estupefacientes mediante modali-dades diferentes al pago de contado o en especie, y mucho menos, a pretender hurtar los estupefacientes o cualquier otro tipo de ele-mento que pertenezca al entorno.
El arraigo y apropiación del territorio cuenta también porque los campaneros o cuidadores e incluso los mismos vendedores (jíba-ros), ayudan en las labores cotidianas a los residentes cercanos al punto de venta. En ese sentido hacen “mandados”, cargan elemen-tos, colaboran en oficios domésticos, entre otras actividades. Estas personas por lo general, gozan del aprecio de la comunidad por tra-tarse de jóvenes que crecieron y se formaron en el vecindario; por lo tanto, son allegados y los vínculos de filiación, parentesco o amistad son consistentes, todo con una orientación específica de los admi-nistradores o jefes de olla.
Algunos miembros de la comunidad donde se concentran los pun-tos de venta ven en “La Cordillera” una posibilidad para no ser des-pojados de los elementos materiales que tienen para sí, más aún si las condiciones de vida en esas zonas son bajas, existe una alta valoración objetiva y subjetiva de sus pertenencias. Es una actitud que visualiza la forma efectiva de disminuir los riesgos de acciones que en ese entorno afecte su integridad, vida o patrimonio, así como de un relativo panorama de tranquilidad en la que se sostiene, lo cual es valorado por esos ciudadanos con sentido de protección.
De otra parte, los hilos conductores que vinculan a los jóvenes a la actividad del narcomenudeo se encuentran en la generalizada de-serción del sistema educativo, la disfuncionalidad de la familia y los niveles de desempleo en los que se encuentran estas personas, sin contar que muchas de ellas están en esa condición por decisión e interés propio. Entonces lo que se verifica es que se esquematizan profundas manifestaciones de ruptura con paradigmas formales que los lleva a rechazar cualquier forma de control social (anomia
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social), diferente a la identidad que se genera en el interior del sub-mundo del fenómeno.
Así mismo, las personas, grupos o familias que están involucradas en la comercialización de estupefacientes derivan su sustento dia-rio de los recursos que provienen de esa actividad económica cri-minal. Muchos de esos ciudadanos visualizan esta práctica como una forma de modus vivendi, y deciden racionalmente asumir los riesgos que esto implica. Algunos aducen que a la luz de cualquier trabajo tienen unas obligaciones, pero también unas remuneracio-nes producto de su desempeño como “fuerza laboral” que les per-mite solventar más que sus necesidades básicas.
En medio de este panorama, el punto de venta sirve como un es-cenario para modelar el comportamiento de los menores de edad y jóvenes, con sentimientos de repulsión hacia las autoridades del Es-tado, incluso de la Policía Nacional, al argüir que la función de con-trol que desempeñan las entidades públicas afecta la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas insatisfechas (fricción social).
Todo este juego de poderes limita la actividad social, porque no se da una estructura de participación comunitaria ni organizacional alrededor de objetivos comunes. Las virtudes de aporte colectivo y solidario sufren restricciones serias para la conformación de or-ganizaciones comunitarias relevantes y gestantes de acciones que alienten la existencia de la comunidad enfocada en la gestión de proyectos colectivos que mejoren las condiciones de vida de los ha-bitantes de la zona.
Obviamente la solicitud de atención dirigida a las autoridades polí-tico-administrativas, en respuesta a las necesidades asistenciales que potencialmente puedan ofrecer son exiguas, y por motivos ra-zonables, la presencia de agentes representantes de la administra-ción es improbable. Ello explica la reducida participación de esas comunidades en las instancias de coordinación, supervisión, audi-toría y planeación de la Alcaldía Municipal.
Ese panorama también explica por qué la inversión en temas de desarrollo social, inserción laboral formal y educativa, así como en infraestructura es baja. Esta puede ser una vulnerabilidad del or-
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den social porque mientras el Estado hace esfuerzos por modificar la realidad de desarrollo de algunos sectores deprimidos de Perei-ra, a los criminales no les conviene que por intervención oficial se modifiquen las condiciones y los entornos que facilitan la actividad económica criminal.
Como se observa, lo que se presenta es un “nuevo control social institucionalizado por un actor criminal” paralelo a la actividad eco-nómica criminal que impone condiciones que vulneran el ejercicio de los derechos y libertades públicas, presionando a las personas a variar sus rutinas, comportamientos, cotidianidades, e incluso, las formas urbanísticas. De esta forma, la ciudadanía termina por reco-nocer el poder que ejerce “La Cordillera”, obteniendo un grado de legitimidad como se explicará en adelante.
La legitimidad alcanzada por el actor criminal
Desde la teoría política, la legitimidad es convertir algo en legítimo, en una manifestación que cumple lo impuesto por la Ley y, por lo tanto, se considera un bien para todo el conjunto de la sociedad de acuerdo a unos parámetros específicos. Este tipo de legitimidad a la que se hará referencia no cuestiona el aspecto normativo (legitimi-dad legal), simplemente se basa en el fundamento de aceptación, tolerancia y alineación masiva con unas formas de poder propias de los entornos en los cuales la organización criminal institucionaliza el narcomenudeo y desarrolla su actividad ilegal, que se materializa por medio de normas planteadas no escritas e imposiciones no le-gales, a manera de creencias intrincadas en el tejido social. Desde el punto de vista material esta situación se considera como una legitimación “impuesta” y repercute en ilegitimidad o legitimidad deficiente por parte de las autoridades del Estado que no tienen un reconocimiento social positivo.
El poder que tiene “La Cordillera” implanta una “legitimación de la dominación” que se entiende como:
... la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determi-nado para mandatos específicos (o para toda clase de mandatos). No es por tanto, toda especie de probabilidad de ejercer “poder” o “influjo” sobre otros hombres. En el caso concreto esta dominación (autoridad)
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en el sentido indicado, puede descansar en los más diversos motivos de sumisión desde la habitación inconsciente hasta lo que son consi-deraciones puramente racionales con arreglo a fines. Un determinado mínimo de voluntad de obediencia, o sea de interés (externo o interno) en obedecer, es esencial en toda relación auténtica de interés (Weber, M. 1977, p. 170).
Lo anterior por cuanto logran tal dominación a través de la fuer-za, la coacción y las manifestaciones de violencia, que les permite reconocimiento o aceptación por medio del ejercicio efectivo en el cumplimiento, respeto y efectividad de las normas. Es un tipo de legitimización de carácter general que se configura en patrones de comportamiento y conducta con sentido de obediencia, después de un determinado tiempo o luego de etiquetar un nombre que como en Pereira, “La Cordillera” tiende a uniformar sus estilos de mos-trarse y controlar el mercado ilegal de los estupefacientes. Aquí se dan unos factores de concurrencia entre la justificación del origen, la forma y la permanencia del actor criminal para establecer el mo-nopolio de la comercialización de estupefacientes.
La forma de dominación que estaría desarrollándose en varios sec-tores de la ciudad de Pereira por parte de “La Cordillera” tendría un carácter diferencial de lo que Max Weber (1977) denominó “de ca-rácter racional”, es decir, “que descansa en la creencia de legitimi-dad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad (autoridad legal)” (p. 172), esto debido a que no se trata de una legitimidad proveniente de órganos o personas amparadas por el ordenamiento jurídico o la aceptación carismática o tradicional. Por lo tanto, en esta interpretación la dominación legal no está amparada para los delincuentes, pero sí las formas propias de legitimidad.
Esta legitimidad expresada en el poder de coerción y dominación de los responsables de la comercialización de estupefacientes con base en la continuidad, duración y actualización permanente, tiene expresamente definido un espectro de acción o referente temporo-espacial, con delimitaciones imaginarias, pero comprensibles para la comunidad de hasta dónde tiene capacidad de control en cuan-to a tiempo y espacio. No obstante, es evidente que dentro de los
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ámbitos próximos al punto de venta, el Estado llega a ejercer su capacidad de regulación y control, con visibles manifestaciones de desagrado e incluso rechazo por parte de algunos sectores de la comunidad (fricción social). Sin embargo, estas cesiones son ge-neralmente reactivas, más que con una orientación estratégica de recuperar el monopolio de la Ley y la legitimidad estatal.
Al respecto, suele pasar con frecuencia que el acercamiento de fun-cionarios de la Policía Nacional a los entornos inmediatos y próxi-mos de los sitios donde funcionan los puntos de venta, es a través de la aplicación de los medios materiales de policía (fuerza y uso de las armas de fuego), teniendo en cuenta las múltiples condiciones de amenaza lo que implica el aumento considerable del riesgo de que los ciudadanos involucrados en la comercialización de estupe-facientes, por coacción o consentimiento o como integrantes de la organización, sufran agresiones.
Los efectos en la operacionalización de la actividad de policía son variados como, por ejemplo, el rechazo a asistir a espacios de par-ticipación que cita la institución como los Encuentros Comunitarios, definidos como:
... un espacio de reunión con al comunidad de un sector, barrio, comuna o localidad determinada, con características y necesidades similares, con el fin de abordar problemas de convivencia y seguridad ciudadana. Este espacio pretende lograr cooperación y consenso en la formulación de soluciones a través de un plan de trabajo específico y sirve para faci-litar el trabajo de policía, permite el logro de las metas, especialmente en términos de prevención y mejora de la relación de la institución con la comunidad (Policía Nacional de Colombia, 2010, p. 299).
Igualmente, y algo que afecta en forma grave la legitimidad, son los malos tratos de obra y palabra contra los servidores públicos de la Policía Nacional que por actos propios del servicio, acuden a los puntos de venta a conocer los motivos de policía. Uno de los resul-tados de legitimarse entre la población por parte del actor criminal, es lograr la cooperación de los ciudadanos en actividades como in-formar la presencia de personas extrañas o miembros de la fuerza pública en la zona.
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Por otro lado, no hay una correspondencia entre las expectativas de la comunidad con el ejercicio de la actividad policial, porque entre los ciudadanos prima la percepción de inseguridad subjetiva. Esto de manera indirecta contribuye a la pérdida de reconocimiento de los ciudadanos hacia la institución policial, que a su vez son pre-sionados por el actor criminal para que mantengan distancias con relación a los policías.
Aquí nuevamente los ciudadanos quedan en medio de la disputa por la legitimidad de los actores que pretenden imponer su hegemo-nía en el territorio. De fondo, se nota una fricción social y espacial por la instrumentalización de las personas de acuerdo a los fines que persiguen los detentadores del poder sean legales o no. En este sentido, el ciudadano está enfrentado no sólo a los intereses del Estado o la organización criminal, sino también a sus propias preocupaciones diarias de supervivencia, y como si fuera poco, a la multiplicidad de fenómenos que afectan su seguridad y que se manifiestan de forma directa en el territorio.
En este sentido, el cuestionamiento ideológico de los ciudadanos frente a las normas estatales que no responden a la realidad o que no contribuyen a solucionar sus problemas genera un descontento casi generalizado, otra razón que argumentan para desconocer de manera tácita, la legitimidad del Estado. Esa ilegitimidad se mani-fiesta en la falta de creencia en la misma Ley y en el ejercicio del poder para hacerla cumplir.
Es entendible que en muchas de las zonas donde funcionan puntos de venta de estupefacientes, no respondieron a una lógica de legi-timización pensada y ejecutada por el actor criminal; se trata más bien, de un espacio cedido involuntariamente por el Estado, que no interpretó adecuadamente este problema público para dar respues-ta de forma efectiva a las demandas de seguridad de los ciudada-nos y no se podrán solucionar estas necesidades, solo mediante la actuación asistencial.
Por otro lado, muchas de las Leyes son consideradas por los ciuda-danos como ilegítimas porque las personas no observan su cumpli-miento, es decir, que a pesar de tener validez (emitida por el órgano
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competente), cumplir unos rangos de justicia (cumplimiento de los fines que la sociedad considera como buenos), no son eficaces. En otras palabras, no hay un acatamiento estricto de las mismas ni te-mor por las eventuales sanciones que se puedan llegar a imponer. A diferencia de las reglas impuestas por el actor criminal, estas sin tener ninguno de los anteriores atributos de legalidad generan un ideario de cabal cumplimiento por el grado de castigo potencial y efectivo que se puede recibir.
Cuando una norma o un conjunto de normas se perciben como ile-gítimas terminan siendo masivamente desobedecidas, salvo que haya sanción o coacción para su cumplimiento. Entonces cuando el Estado recurre a alguna de estas dos acciones el mensaje es evidente: por un lado, ese ordenamiento es inválido o es percibido como injusto, o por otro, es ineficaz. Claro que también puede haber una variada combinación de la ocurrencia de las tres variables al mismo tiempo.
Entonces de lo que se trata es de una permanente tensión en la aplicación del régimen constitucional para regular el comportamien-to social. Esa tensión siempre será perceptible porque el “poder sig-nifica la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad” (Weber, M. 1977, p. 43), donde el Estado aspira a mantener el poder legítimo sobre los ciudadanos.
Así mismo, es perceptible el grado de legitimidad que toman algu-nos comportamientos dentro de un entorno social donde se desa-rrollan actividades de comercialización de estupefacientes, en los cuales por una interpretación distorsionada de algunas personas con intereses en esos sitios, se arraigan mensajes portadores de un contenido de legitimidad para determinadas actuaciones, pre-cisamente contra el mismo mandato legal. Esto se da por el grado de autoridad que por ejemplo, los miembros de una organización dedicada a la venta de sustancias estupefacientes tienen dentro de la población, o el arraigo del administrador de una olla, que puede llegar a alcanzar altos niveles de incidencia social en ese entorno, al decir de los ciudadanos “ellos mandan en el barrio” o “se creen con la autoridad de gobernar un territorio” (sic).
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Percepción de legitimidad en los entornos del punto de venta
Como se ha dicho en los entornos inmediatos de los puntos de venta ubicados generalmente cerca de las denominadas “ollas” hoy cono-cidos como sitios de almacenamiento, la ilegitimidad del Estado es perceptible porque las reglas que imperan y los comportamientos colectivos, obedecen a la lógica que implanta el actor criminal. Por lo tanto, hay una legitimidad delictiva por los condicionamientos en los cuales actúan y en los cuales el reconocimiento es para los de-lincuentes por el entramado de relaciones que se terminan dando.
Las zonas grises a pesar de no estar en el área de injerencia directa de los puntos de venta, son de alta percepción de inseguridad espe-cialmente en lo referente a las calles adyacentes, zonas boscosas y otras áreas públicas. El asunto es que no están en proximidad de los puntos de venta, pero a pesar de ello, las extensiones de los entornos de seguridad abarcan las zonas residenciales y barriales cercanas, que ven perturbada su tranquilidad por el tránsito de con-sumidores (consumo ambulante) y hechos delictivos de afectación al patrimonio, en los que se atribuye la responsabilidad a los com-pradores/consumidores. Este componente territorial visto por las autoridades comúnmente es objeto de calificaciones que sugieren la inexistencia de problemas graves de seguridad en razón a que no hay denuncias formales que indiquen lo contrario. Lo que esto puede significar en el fondo es que no ocurren delitos porque la ac-tividad económica criminal y por ende el actor criminal, se han ins-titucionalizado y los ciudadanos acatan las reglas del nuevo orden social territorializado. Es decir, no se dispone de indicadores para advertir y medir la institucionalización del crimen.
Ya en los perímetros externos o alejados de los puntos de venta, el Estado de forma efectiva o en algunas ocasiones, relativa, mantiene las condiciones de legitimidad y el monopolio de la coerción y aplica-ción de los medios de control social.
Esa legitimidad abarca numerosos aspectos de la vida cotidiana de una ciudad. Es como si se hablara y ya estuviera determinada la for-ma de acoplarse a las imposiciones que ejecutan los miembros de “La Cordillera”. Taxistas, mensajeros, empleados de las empresas
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de servicios públicos, familiares de las personas que habitan en las áreas de injerencia y visitantes ocasionales, saben que existen unas reglas que hay que respetar. La comunicación para garantizar la vida de esas personas fluye eficientemente porque para ingresar, deben hacerlo en compañía de los residentes tradicionales. Son có-digos interpretados y conocidos que tienden a generalizarse.
Por otra parte cuando se presentan procesos electorales, espe-cialmente en el ámbito local (Alcaldía, Concejo Municipal y Juntas Administradoras Locales) el ejercicio del proselitismo político gene-ralmente se ve limitado. Solamente algunos candidatos se arries-gan a hacer presencia pasajera en las zonas de injerencia de los puntos de venta con el apoyo de esquemas de seguridad policiales. En otros, realmente pocos, los aspirantes prefieren no desarrollar ningún tipo de actividad ante la amenaza que significa acudir a los mismos (Solano, A. 2011, p. 13).
Legitimidadestatal relativa
Zonas externas
Legitimidadcriminal
Ilegitimidadestatal
Entornoinmediato
Zona gris
Entorno próximo
Punto de
venta
Gráfico 30 Ilegitimidad estatal que genera la el punto de venta.
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De igual forma, la instrumentalización de menores de edad para el control social se presenta porque los niños y adolescentes son manipulados y durante determinados horarios son vinculados in-directamente a la actividad de venta de estupefacientes en el es-quema de seguridad (campaneros), por medio de comportamientos propios de desarrollo como son las actividades deportivas o juegos de esparcimiento. Mientras que para un ciudadano del común la interacción de esos niños no deja de ser más que un juego, para la estructura que lidera los puntos de venta, es un permanente flujo de información acerca de la cotidianidad que se da en el sitio y la presencia de agentes externos a ese entorno (que pueden ser tanto estatales como particulares).
Adicionalmente, los administradores de las “ollas” diseñan planes de reacción o escape donde toman partido muchos habitantes del sector de forma voluntaria o en el peor de los casos, obligados. Ante una voz de alerta, cada una de esas personas asume roles específi-cos para neutralizar u obstaculizar la acción de la Policía Nacional. El objetivo fundamental es impedir que sean incautadas las sustan-cias estupefacientes o el dinero producto de la venta de las mismas o la captura de alguno de los responsables y, de darse el caso, sufrir el menor daño posible para los intereses de la organización, ante eventuales situaciones no previsibles cuando esos sistemas son vulnerados.
De otra parte, las condiciones propias de exclusión social, desigual-dad y pobreza que construyen todo un entramado social complejo cerca de los puntos de venta, hace que muchas personas validen las actividades que realizan los integrantes de “La Cordillera” y en determinadas ocasiones se enrolen con esas actividades y en cier-tos momentos lleguen a aportar informaciones (a la propia organi-zación) o desinformaciones (a las autoridades) como mecanismos de protección.
Es decir, que la problemática se convierte en un elemento común que está generando manifestaciones evidentemente contrarias a la legitimidad del Estado, por la identificación que generan los puntos de venta como un escenario para la satisfacción de necesidades básicas. Existe una configuración de formas en el ejercicio del poder
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desconocida para las autoridades donde imperan los códigos, las normas tácitas de miedo para evitar la denuncia, los controles, la aplicación de justicia y la mediación de conflictos. Se presenta de plano un “derecho” de los criminales a mandar y un cúmulo de ciu-dadanos a “obedecer” esos mandatos establecidos claramente en función de la pervivencia del sitio de expendio, y el mantenimiento de las condiciones que facilitan en términos físicos, el asentamiento de un punto de venta.
Los ciudadanos sometidos a este control terminan por interiorizar en el plano individual las nuevas normas y se adecuan a un mode-lo de tranquilidad establecida en unos estándares que genera la organización que lidera la comercialización de estupefacientes. En este sentido, terminan obligados a renunciar a manifestaciones de resistencia, viven en una pasividad producto de la amenaza ba-sada en el constreñimiento y la violencia, en detrimento del libre ejercicio de sus derechos y libertades. Bajo esta perspectiva surge la pregunta ¿Cómo estimular la denuncia del ciudadano frente al narcomenudeo?
Finalmente, lo que se evidencia es la instauración de un nuevo or-den social, articulado por lineamientos que se vienen dando desde hace varios años y se convierten en norma consuetudinaria. Esa tradición ya empieza a transferirse entre generaciones.
No es por lo tanto, que se trate de ceder los derechos individuales para dejarse instrumentalizar por los integrantes de “La Cordillera”, es un sometimiento en contra de su voluntad. Lo que se evidencia es una arbitraria limitación de derechos y libertades de los habitan-tes de las zonas perimétricas a los puntos de venta de estupefacien-tes, por parte de los criminales. Esto se extiende a los actores que tienen injerencia o desarrollan actividades en la cadena de la cual se surten los canales de comercialización de estupefacientes.
Estas normas consuetudinarias impuestas por la fuerza terminan siendo válidas por el cumplimiento de los ciudadanos teniendo en cuenta que incluyen un catálogo de premios y castigos que es en-tendido y aceptado por la comunidad. Ese es el principio que ge-neraliza la ocurrencia de acciones de violencia y de criminalidad
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que involucran a los ciudadanos del común, miembros de la misma organización y a consumidores, entre otros. En la mayoría de las cir-cunstancias el poder, por ejemplo de “La Cordillera”, no se percibe efectivamente, pero es notoria la etiqueta. Aquí se da una construc-ción de representaciones sociales de carácter colectivo.
Esto explica en parte esa “ley de silencio” que impera en las co-munidades con presencia de puntos de venta de estupefacientes, porque a diferencia de una legitimidad frente al ejercicio del Estado, aquí no hay posibilidad de oposición, ni cuestionamiento a las re-glas de conducta impuestas. Se infiere una sumisión impuesta por la fuerza, pero el actor criminal simultáneamente ofrece asistencia en materia de necesidades básicas lo cual influye en el reconoci-miento del poder que el ciudadano tiene de él.
Esas formas de poder son reconocidas, acatadas y su ejercicio es respetado. Por ello se escucha con frecuencia: “ellos son los que mandan” (sic). En parte la apropiación de estos conceptos es tan fuerte que los administradores o jefes de olla y vendedores (jíba-ros), se convierten en agentes de protección territorial para evitar el ingreso de otras organizaciones y actores válidos que pretenden ejercer el control social alrededor del punto de venta.
Aquí si bien se cumplen unas calidades para acceder al ejercicio del poder, lo que prima es el respaldo popular de la organización y en la mayoría de los casos acciones de violencia y fuerza para im-perar, lo que favorece la maximización de ganancias. La relación de mando y obediencia es el efecto que se entreteje en esos escena-rios donde los roles están definidos y las maneras de encausar los comportamientos y el control social es por medio de la coacción. Es aquí donde la forma de voluntad general de los sometidos, flaquea por determinación propia o por efectos del miedo generalizado, que conlleva a estados de alta ansiedad social. Por lo tanto, el miedo se convierte en un instrumento para minimizar las resistencias dadas en el campo social inmediato a los puntos de venta.
Ese mismo interés de las personas por extender su poder, obliga a que se generen situaciones de tensión por los intereses de ampliar su radio de acción en la comercialización de estupefacientes. Y este
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factor en parte, explica los enfrentamientos entre organizaciones delincuenciales dedicadas a la comercialización de estupefacientes donde existe la intención de ocupar nuevos territorios. Sin embargo, la actividad “fiscalizadora” de una organización como “La Cordille-ra” sirve de controlador y gestor de soluciones para esos conflictos.
Por otro lado, los miembros de las organizaciones dedicadas a la comercialización de sustancias estupefacientes, en ocasiones dan importancia a sus integrantes por medio del otorgamiento de reco-nocimientos que los empoderan en lo individual. Periódicamente se les ofrece la posibilidad de participar en los procesos de adecuación o cumplimiento de las normas en los entornos sociales en los que ejecutan las actividades económicas criminales, como una forma de detentación de poder. Allí se establece lo que es permitido, inde-pendientemente de si es legal o criminal.
Esto en razón a que la calle, la esquina, el entorno cercano a los puntos de venta trae consigo identidad, respeto y dominio de un territorio por parte de “La Cordillera”. Las condiciones socioeco-nómicas y de educación en las que viven los niños, adolescentes y jóvenes forman imaginarios de cercanía hacia la organización y fácilmente estarían siendo proclives al consumo de las sustancias estupefacientes. Adicionalmente, el rol que desempeñan los inte-grantes de la organización se interpreta como símbolo de poder a emular.
Así mismo, el punto de venta es receptor de jóvenes que son exclui-dos del seno de sus familias, por problemas relacionados con el rechazo social por causa de la adicción a las sustancias estupefa-cientes, donde el sentido de identidad entre pares permite que en ocasiones, las residencias adyacentes a los puntos de venta termi-nen convertidas en “inquilinatos” de consumidores alejados de sus hogares.
Por lo tanto, en oportunidades el punto de venta y su entorno se convierten en una forma de “hogar” y tanto la organización criminal como las personas que controlan el negocio, adquieren la connota-ción de familia. Es una zona donde las privaciones a los derechos y expectativas de vida de esos jóvenes excluidos, es palpable. La
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única contraprestación es la lealtad, la identidad, el silencio y el sometimiento a los patrones de conducta y comportamiento propios del punto de venta.
También desde el punto de venta se planean acciones delincuencia-les en otras zonas de la ciudad por parte de los integrantes de la or-ganización criminal, referidas especialmente a atracos y homicidios selectivos. Como lugar de refugio los miembros del punto de venta saben que por ningún motivo deben permitir que las autoridades lleguen a ese sitio en su búsqueda. Romper ese código implica ser objeto de castigos que incluso pueden significar la muerte. Bajo es-tos paradigmas de hegemonía y dominación se pasará a describir los mecanismos y manifestaciones a través de las cuales la organi-zación narcotraficante “La Cordillera”, materializa sus expresiones de poder en el territorio.
El poder como medio para el control social
El poder, al decir de Michel Foucault (1979), se manifiesta en for-mas heterogéneas en constante transformación, donde el poder se realiza en cuanto una práctica social. Así mismo que, hay formas de poder diferentes a las del Estado. El poder es, por lo tanto capaci-dad de hacer, habilidad para imponer obediencia a otro y la abro-gación del derecho a exigir que los demás se alineen con una rela-ción social basada en normas (pp. 80-101). Esta breve descripción sintetiza en la práctica, el ejercicio del poder que la organización narcotraficante “La Cordillera” desarrolla en la ciudad de Pereira como mecanismo transversal para favorecer la comercialización de estupefacientes.
La desterritorialización del control social estatal por efectos de la comercialización de estupefacientes, es el resultado de borrar los trazos de particularidad que tenían unas formas sociales anteriores al asentamiento de “La Cordillera”. Luego del ejercicio del poder se configuró la hegemonía criminal que unificó comportamientos he-terogéneos de la comunidad. Paralelamente obtuvieron para sí el reconocimiento y la aceptación entre los ciudadanos.
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Viéndolo desde otra óptica, la jurídica, el poder tiene serios cuestio-namientos sobre su real poseedor. El Estado en su interés de man-tener el control territorial de la ciudad considera que basado en la fundamentación constitucional de Estado Social de Derecho, man-tiene el control en el espectro territorial. Sin embargo, ese Estado normativo, o Estado de derecho, no es suficiente por si solo para de-tentar el poder material, es decir, que el poder de las normas, sufre permanentes violaciones por acción u omisión tanto en el derecho público como en el privado. Es así como a pesar de que las autorida-des llegan a las diferentes zonas de Pereira con el ánimo de cumplir su funcionalidad, se perciben acciones de desorden generalizado, donde no prima el respeto por el régimen constitucional, como tam-poco la observancia del mismo (entonces el régimen es ineficaz). Por lo tanto, las normas no cumplen su función, lo que se constituye en una vulnerabilidad para el ejercicio de la actividad de policía en su propósito de ejercer el control social externo.
Es así como la función de coacción propia de la escuela positivista del Derecho no es ejercida del todo por el Estado, sino que se da la presencia de un actor criminal que media entre el ciudadano y el Es-tado, pero posee, como se citó anteriormente, toda la capacidad de ejercer coacción y constreñimiento para que se cumplan las normas ilegales que ha impuesto en el territorio. El otro aspecto de dificultad para el Estado es la ineficacia de ese régimen normativo o la incapa-cidad de aplicarlo efectivamente, es decir, la potestad regulatoria y sancionatoria difícilmente se ejecuta. Pero también puede suceder que esa normatividad aplicada al aspecto propiamente local, mues-tre una realidad social en la cual, las normas no tienen en conside-ración las adecuaciones y variaciones que allí se presentan.
Entonces el mantenimiento del orden social como función de policía (amparado en el ordenamiento jurídico), termina suplantado por los medios aplicados por el actor criminal, mediante el ejercicio del po-der y la fuerza como medios de coacción. Se llega finalmente, a la desterritorialización del control social estatal, que es removido para darle paso a unas normas de conducta e interrelaciones que termi-nan siendo válidas, a pesar de su ilegalidad, entonces entra y se mantiene en vigencia un nuevo orden social instalado, implantado o
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institucionalizado por “La Cordillera”. Se puede afirmar que el poder es inmanente al medio en el cual se ejerce, porque lo que requiere es una relación de fuerza para imponerse a otro.
Una vez que se logra este nuevo orden social, la función de regula-ción y control se perpetúa en la medida en que hay que mantener la adecuación a través del ejercicio reiterado y continuo de los ins-trumentos o medios que permiten llegar al control. Así las cosas, la conquista del poder, la hegemonía y la dominación, son básicamen-te ejercidas a través de acciones desarrolladas en el territorio sobre los ciudadanos y se constituyen en el comienzo de un nuevo orden social.
Para cuando se materializa el consenso (reconocimiento) en cuanto a la legitimidad que reconoce el colectivo a ese poder reinante de “La Cordillera”, inmediatamente se constituye en un poder legítimo. El poder del Estado entonces está en riesgo de no ser reconocido ni aceptado por la ciudadanía, es decir, sería ilegítimo y al decir de Israel López Pino (2006), “deja de ser un poder; no es más que dominación, y aún en la medida en que se debe obedecer” (p. 2).
La fuerza por su parte, puede llegar a tener diferentes niveles de aplicación y estar en permanente latencia como medio de control y encauzamiento. Pero suele pasar que como se evidencia en Pereira, los mecanismos de fuerza son aplicados con mayor énfasis cuando el actor criminal inicia el proceso sistemático de institucionalización. Posteriormente, una vez anclados en el ideario colectivo y cuando se empieza a regular la conducta individual por presión del colectivo o del común de la sociedad, los medios violentos disminuyen, con el fin de aparentar situaciones de convivencia suficientes.
Por ello, se dan situaciones en las que se percibe equivocadamente, que el actor criminal se contrae o busca zonas de escape o formas de eludir su accionar, cuando lo que realmente están haciendo es acentuando su territorialización. No obstante, la violencia y los he-chos de criminalidad siempre serán los mecanismos de mayor uso para restablecer eventuales alteraciones del status quo al que han conducido a la sociedad.
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Al decir de Norberto Bobbio (1964):
poder efectivo, es el poder que consigue obtener el resultado propues-to: la norma eficaz es la norma observada o cumplida. La eficacia de la norma depende de la efectividad del poder, así como la efectividad del poder, depende del hecho de que las normas sean eficaces; estamos otra vez en un círculo (p. 92).
El reto: desterritorializar la comercialización de estupefacientes
Los procesos de territorialización, desterritorialización y re-territoria-lización limitan, condicionan y minan el dominio y el control que el Estado tiene en el territorio. En términos concretos, en algunas co-munas y barrios de Pereira donde funcionan los puntos de venta de sustancias estupefacientes, estos se enfrentan con el poderío del Estado, aunque no se evidencie abiertamente, sí hay una disputa con la organización criminal “La Cordillera” porque la manifestación concreta y empírica de ese poder no es completa para la institucio-nalidad. Retomando a Freund (1977).
Ese poderío y ese dominio, según Max Weber, sólo se tornan políticos, cuando la voluntad se orienta significativamente en función de un agru-pamiento territorial, con vistas a realizar un fin, que sólo tiene sentido por la existencia de ese agrupamiento (pp. 160-161).
En este sentido, la ventaja del actor criminal es que manifiesta su poder con actos materiales sobre los ciudadanos “El poder sólo existe cuando se lo traduce en acción… Es un conjunto de acciones sobre posibles acciones” (Dreyfus, H. 1990).
“La Cordillera” como detentadora de esa forma ilegal de poder en algunas zonas de Pereira, no ha creado nuevos órdenes legales, sino que por el contrario, ha despertado la creencia de que el nuevo orden social establecido es vinculante y obligatorio para los habitan-tes de esas áreas, so pena de hacerse acreedor a la aplicación de mecanismos de control social soportados en el uso de la coerción. En esto no se tiene consideración si aquel poder es “justo” o “injus-
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to”, lo que realmente se necesita en la práctica, es que sea efectivo y permita el logro del fin que se persigue a través de la comercializa-ción de estupefacientes entendido como maximizar las ganancias.
Reafirmando lo que se dijo al comienzo de este capítulo, los proce-sos sociales son dinámicos y cambiantes, lo que deja en evidencia que la territorialización, la desterritorialización y la re-territorializa-ción se presentan de múltiples formas en la ciudad de Pereira. Pue-de pasar que esas mismas fluctuaciones y la heterogeneidad de las realidades sociales dentro del municipio, así como la capacidad de maniobra y actuación de “La Cordillera”, propicien escenarios en los que, de forma paralela, se están presentando todos estos procesos. Dependerá mucho de las vivencias diarias en una zona determina-da, asociada a las tensiones propias por efectos de la fricción social y espacial, los conflictos sociales y las manifestaciones de violencia y criminalidad, determinar el grado de incidencia. Esto pone en evi-dencia la complejidad de la situación y el desconocimiento institu-cional para orientar la intervención estatal.
Después de esta descripción decodificadora de la realidad social, que se presenta en Pereira por efectos de la comercialización de es-tupefacientes y la incidencia de la organización narcotraficante “La Cordillera” en la cotidianidad de los ciudadanos, se hará un plantea-miento teórico de carácter abstracto para representar la desterrito-rialización del control social estatal. Para tal fin, se confrontan las siguientes dos variables:
V1= P: La comercialización de sustancias estupefacientes se terri-torializa.
V2= Q: El control social estatal se territorializa.
Proposición: cuando V1 o V2 se territorializa, una de las dos se desterritorializa.
Luego la hipótesis que se plantea es: “hoy la comercialización de es-tupefacientes en Pereira se territorializa, entonces desterritorializa el control social estatal”.
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Agregando la conjunción condicional “entonces”, nos da como re-sultado la siguiente proposición matemática:
Esta propuesta de comprensión para las amenazas a la seguridad urbana que se logró a través del estudio sistemático de la comer-cialización de estupefacientes, pretende dejar al escrutinio y análi-sis académico, las diferentes implicaciones que para la seguridad pública, tiene la institucionalización de un actor al margen de la ley dedicado a actividades económicas criminales que se valen del sis-tema de acumulación de capital para territorializarse. Queda plan-teado también que los problemas públicos que perturban el orden social, requieren un tratamiento multidimensional en el que conver-jan las autoridades estatales de todos los niveles incluyendo a la Policía Nacional y a la comunidad, donde atendiendo la perspectiva funcional y con base en sus capacidades, proyecciones, oportuni-dades e intereses, formulen acciones para el abordaje integral de los mismos, de manera que permitan un tratamiento articulado y orientado a remover las causas, variando la mirada tradicional de responder a las situaciones coyunturales o mediáticas que general-mente plantean respuestas sin la adecuada planeación.
Atendiendo el acercamiento sistémico presentado hasta aquí para lograr la comprensión de la comercialización de estupefacientes y dentro de esta el narcomenudeo, se requiere diseñar una estra-tegia que permita desde la gobernabilidad de la Policía Nacional, intervenir el problema público a partir de la efectiva vinculación de las demás instituciones del Estado. Para tal fin, se presenta a con-tinuación una propuesta con enfoque prospectivo bajo la lógica del riesgo, orientada a recuperar el control social estatal alineando el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) con las políticas de gobierno.
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CAPÍTULO VIIAnálisis sistémico útil para asesorar la toma de decisiones en la planeación y prestación de la actividad de policía
La disciplina prospectiva permitió diseñar el escenario apuesta como el horizonte hacia donde se debería guiar la acción de la Policía Nacional de Colombia para intervenir de manera integral la comercialización de estupefacientes, lo cual se logrará sólo con la participación activa de otras instituciones del Estado y la sociedad.
“El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los
temerosos lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad”.
Víctor Hugo
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ANÁLISIS SISTÉMICO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA ACTIVIDAD DE POLICÍA
Análisis sistémico útil para asesorar la toma de decisiones en la planeación y prestación de la actividad de policía
La propuesta que se describe a continuación está orientada a plan-tear los aspectos relevantes en el diseño de una estrategia institu-cional contra la comercialización de estupefacientes. En tal sentido, su marco estructural está integrado por el análisis sistémico en la interacción de los actores; el análisis de los proyectos o estrategias de los actores; así como la relación de influencias, dependencias y fuerzas de los actores involucrados. Con la utilización de estos elementos se contribuye a asesorar el diseño de la estrategia insti-tucional porque se visibilizan los intereses de los demás participan-tes y porque permite calcular el impacto (favorable o desfavorable) potencial que tendrían las decisiones de la Policía Nacional sobre los demás actores que están involucrados de manera directa en la desterritorialización del control social estatal, causada por la comer-cialización de sustancias estupefacientes.
Variable Meta Objetivo
Actor Criminal("La Cordillera")
Mantener la institucionalización de la actividad económica criminal mediante la cohesión social.
Maximizar ganancias.
Gobierno
Ejercer la gobernabilidad a travésde la efectividad de las políticaspúblicas.
Asegurar laconvivencia.
Policía Nacional
Reducir índices de criminalidad através del Plan Nacional de VigilanciaComunitaria por Cuadrantes (PNVCC).
Ejercer el control social.
ComunidadUtilizar los espacios de uso público con libertad de locomoción y seguridad personal.
Gozar de bienestar común.
Tabla 24. Tensión generada por la divergencia de intereses (metas y objetivos), de los actores involucrados en el problema público del narcomenudeo.
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Análisis sistémico de los intereses entre los actores
La comercialización de estupefacientes como problema público ge-nera tensión entre los elementos que son comunes para el desarro-llo de los objetivos propuestos por los actores involucrados, enten-didos estos como: el actor criminal (A1), el Gobierno (A2), la Policía Nacional (A3) y la comunidad (A4).
Con el fin de allanar una ruta de acción institucional se analizó a la Policía Nacional de manera diferenciada del Gobierno, a sabiendas de que son un solo cuerpo, es decir, Ente de Policía.
En razón al esquema anterior, cada actor espera optimizar sus re-cursos, disminuir el impacto de las acciones del otro y aprovechar las ventajas estratégicas que se brindan o generan.
En este sentido, es preciso señalar que las principales desventajas para el Gobierno y la Policía Nacional son: primero, no conocer la real dimensión de la influencia del actor criminal en el territorio; segundo, no haber advertido de forma temprana la institucionaliza-ción de ese actor en el territorio; tercero, que las acciones de control no eliminan o neutralizan efectiva ni sustancialmente el sistema de producción y acumulación de capital ilegal, y cuarto, que la gestión pública para la protección del ciudadano y del Estado en lo local, no responde a la amenaza generada por el actor criminal ni a las necesidades ni las demandas del colectivo social.
Por su parte, el actor criminal aprovecha varias ventajas proporcio-nadas por el Gobierno, la Policía Nacional y la fragilidad de la cohe-sión social, entre ellas la aceptación colectiva de la comercializa-ción de estupefacientes por coacción o consentimiento, el creciente involucramiento de algunos ciudadanos en la actividad económica criminal, la baja sinergia y capacidad de articulación de las insti-tuciones del Estado. También la ineficacia de la administración de justicia que no desestimula el creciente interés de las personas por vincularse a las actividades económicas criminales. El resultado es la institucionalización y estructuración del entramado social del cri-men como una forma de intervenir la cohesión social y adecuar las relaciones sociales a favor de las organizaciones al margen de la ley.
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ANÁLISIS SISTÉMICO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA ACTIVIDAD DE POLICÍA
El conflicto entre el actor criminal y la Policía Nacional genera fric-ción social, porque en la búsqueda de ejercer el control social, uno estimula y el otro reprime la transgresión del régimen constitucio-nal. En dado caso, el destinatario (el ciudadano individualmente concebido y la comunidad) está cercado y tensionado por poderes que coaccionan su comportamiento social, además del interés que tiene el actor criminal por instrumentalizarlo. En el análisis de esta relación se requiere visibilizar la baja incidencia de la investigación criminal contra la comercialización de estupefacientes, el impacto negativo que ha generado el actor criminal al interferir la relación de la Policía Nacional con el ciudadano, la medición del desempeño institucional sustentada en los índices de criminalidad lo cual no contribuye a desestabilizar la comercialización de estupefacientes, y por último, la prestación homogénea de la actividad de policía. Todo ello ayudó a profundizar el desconocimiento de la realidad te-rritorial lo que se aprovechó como una ventaja estratégica por la criminalidad.
Gráfico 31. Fricción social y espacial generada por actividades económicas criminales.
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En ese orden, la relación del actor criminal y la comunidad eviden-cian un vínculo en el que prima el interés del primero. Así por ejem-plo, en el punto de venta de estupefacientes se da la interacción entre los actores citados, y es allí, en donde se requiere mantener unas condiciones que favorezcan el funcionamiento del sistema de acumulación de capital ilegal entre ellos, el entorno para la expan-sión geográfica, la fuerza laboral y los consumidores para la dis-tribución y compra de productos estupefacientes. De igual forma, la institucionalización de un nuevo orden social para mantener el monopolio del mercado ilegal logrando con ello desestructurar y re-estructurar una nueva representación de cohesión social signada por los antivalores impuestos por “La Cordillera”.
Por otro lado, la relación Gobierno y Policía Nacional tiene objetivos comunes, pero los instrumentos para mantener el control social, re-sultan insuficientes para enfrentar las amenazas actuales contra la seguridad pública cuando hoy tienen enfoque de economía crimi-nal. Además, están impactados por la capacidad de corrupción que tiene “La Cordillera”. Se suma a lo anterior, que no se considera el territorio como un referente de poder y de acumulación de capital. Adicional a ello, los ciudadanos no generan valor público respecto de la oferta institucional brindada por el Gobierno y la Policía Nacio-nal, solo se benefician de ella.
Como se ha podido apreciar el actor criminal se constituye no sólo en una amenaza para la seguridad ciudadana, sino también para las instituciones del Estado en el ámbito local, es decir, “La Cordille-ra”, en desarrollo de la comercialización de estupefacientes atenta contra la seguridad pública.
Este análisis sistémico conllevó a la identificación y descomposición de los factores que son requeridos y compartidos por cada actor para lograr sus metas y objetivos, logrando el resultado que se ex-pone en la tabla 25.
La identificación y descomposición de los factores, además de otras interpretaciones que surgen de la integración de intereses entre ac-tores, se constituye en la argumentación sólida de la existencia de
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un conflicto territorial producto de la hegemonía impuesta de facto por el actor criminal. Por eso se afirma que la comercialización de sustancias estupefacientes es un problema público complejo, de re-laciones inéditas y de invisibles tensiones.
En este análisis se evidencian las tensiones generadas por unos factores individuales y comunes que se requieren para el logro de los objetivos de cada actor. En tal sentido, el actor citado en la co-lumna busca que el otro (ubicado en la fila) desarrolle unas activida-des para favorecer su actuación de manera efectiva. No obstante, todos los actores requieren de los factores comunes y esto es lo que pone en tensión a unos y otros para imponerse y lograr la ventaja, lo que fácilmente permite evidenciar la posición de vulnerabilidad de la comunidad ante la hegemonía asumida por el actor criminal, el Gobierno y la Policía Nacional.
Análisis de proyectos de los actores
En este aspecto se desarrollaron dos ejercicios, el primero orientado a conocer las metas de los actores y aquellas situaciones que nece-sitan de los demás, para poder alcanzar sus propósitos, es decir, es una carta de confrontación de proyectos. El resultado lo constituye el cuadro de la estrategia de los actores, en el que se identifican los factores que rigen sus comportamientos, se visualiza la interacción de los mismos y se hacen inteligibles algunas tensiones producto de la divergencia o convergencia de intereses que surgen del problema público de la comercialización de estupefacientes. Con ello se pue-den anticipar las potenciales decisiones de los demás actores, una vez inicie la intervención estatal. (Ver tabla 26).
El segundo ejercicio, contiene los retos estratégicos asociados con los objetivos que permiten tal logro.
E1. Mantener la institucionalización de la actividad económica criminal me-diante la cohesión social: el actor criminal impuso reglas de compor-tamiento social las cuales fueron inadvertidas por las autoridades y, a partir de ellas, generó un nuevo orden social y las condiciones necesarias y suficientes para el asentamiento de una actividad eco-nómica criminal que le permite el fin, maximizar ganancias.
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E2. Ejercer la gobernabilidad a través de la efectividad de las políticas públicas: el Gobierno tiene entre sus objetivos políticos generar confianza inver-sionista nacional e internacional, lo cual se rige bajo la concepción de la protección de intereses económicos y la mejora de los índices de seguridad pública. En este propósito a veces, se termina priorizando la seguridad de las instituciones sobre las necesidades y expectativas reales de los ciudadanos.
E3. Reducir índices de criminalidad a través del PNVCC: la Policía Nacio-nal busca mejorar la efectividad e impacto del servicio de policía con la implementación del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) y a través de él, fortalecer las condiciones que permitan contrarrestar las causas y factores generadores de criminalidad.
E4. Utilizar los espacios públicos con libertad de locomoción y seguridad personal: la comunidad demanda ser protegida para gozar de los bienes comunes y ejercer los derechos y libertades públicas, pero en el fondo se debe recuperar fundamentalmente la cohesión so-cial, es decir, las redes de vecindad, la búsqueda de objetivos colec-tivos, la participación en las decisiones políticas y la estimulación de la solidaridad. (Ver tabla 27).
Análisis de relación de influencias, dependencias y fuerzas de los actores
Luego de conocidos los proyectos y a través de ello, los intereses de los actores, se elaboró el análisis de convergencias y divergencias como primera visualización de las tensiones que en la cotidianidad genera la comercialización de estupefacientes. Seguidamente, se evidencia la relación de influencia y dependencia de los actores, así como la potencia o relación de fuerza, que tiene un actor sobre los demás.
En ese orden, las convergencias y divergencias reafirman lo que de manera fáctica se percibe en la cotidianidad, la relación de la comu-nidad, la Policía Nacional y el Gobierno está perturbada por el actor criminal. Se destaca en este análisis la convergencia de intereses entre el actor criminal y la comunidad lo que debe ser contextualiza-do para su mejor comprensión.
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El actor criminal debe mantener en el punto de venta donde se ma-nifiesta el narcomenudeo, un equilibrio mínimo entre cuatro aspec-tos, dos de ellos son la fuerza laboral y los consumidores. Esto se explica por cuanto el ciudadano en condición de vulnerabilidad clau-dica ante la oferta hecha por el actor criminal, decide vincularse de manera racional a las actividades de economía criminal, como en este caso, la venta de sustancias estupefacientes. Los consumido-res de sustancias estupefacientes se identifican como la otra causa por la cual se reafirma la relación.
Tabla 23. Retos estratégicos por objetivos asociados de cada actor.
ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN
El problema: desterritorializacion del control social estatal
NO. RETOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ASOCIADOS
E-1
1. Maximizar ganancias.2. Mantener el monopolio.3. Proteger los sistemas de producción
y acumulación de capital.4. Asegurar las condiciones para la
ampliación del mercado ilícito (expansióngeográfica, fuerza laboral, consumidores ydisponibilidad de productos).
E-2Ejercer la gobernabilidadmediante la efectividadde las políticas públicas.
1. Garantizar intereses económicos y políticos para generar confianza inversionista.
2. Cumplir los programas de Gobierno.3. Posicionar su gestión frente a los temas
de seguridad pública.
E-3
Reducir los índices decriminalidad a travésdel Plan Nacional deVigilancia Comunitariapor Cuadrantes.
1. Orientar la cohesión intrainstitucional paramejorar la efectividad y el impacto del serviciode policía.
2. Prestar un servicio heterogéneo en respuestaa las necesidades de los ciudadanos.
3. Fortalecer la coordinación interinstitucional para el tratamiento de los problemas públicos.
E-4
Utilizar los espacios deuso público con libertadde locomoción yseguridad personal.
1. Ejercer sus derechos y libertades públicas.2. Recuperar la confianza en la comunidad
favoreciendo la interacción y la solidaridad.3. Disfrutar de los bienes públicos.
Mantener la institucionalización de la actividad económica criminal mediante la cohesión social.
Tabla 27. Retos estratégicos por objetivos asociados de cada actor.
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La divergencia entre el actor criminal con el Gobierno y la Policía Nacional se sustenta de manera natural en que los últimos repre-sentan al Estado y por ende la legalidad. Sin embargo, se debe lla-mar la atención, porque se están brindando ventajas que facilitan el logro del reto estratégico fijado por “La Cordillera”. Estas ventajas encuentran su justificación en que al desconocer la dinámica de la comercialización de estupefacientes, no se priorizan acciones diri-gidas a modificar las condiciones que favorecen la actividad econó-mica criminal.
Por otra parte, la divergencia entre la comunidad y el actor criminal, se sustenta en que este último representa amenazas para la vida, la integridad personal, el patrimonio y la cohesión social (seguridad ciudadana). Pero también para la soberanía, el régimen constitucio-nal y el orden constitucional (seguridad nacional interna)
Las tensiones permiten entonces, comprender la relación de in-fluencia que tiene el actor criminal sobre el Gobierno, la Policía Na-cional y la comunidad. Esto significa que “La Cordillera”, como actor de alto poder desarrolla una fuerte motricidad en el sistema, de acuerdo a su relación de fuerza la cual, según el coeficiente ri* es de 2,25; entiéndase como mayor influencia y menor dependencia frente a los demás actores.
* El coeficiente ri establece las relaciones de fuerza entre los actores en las que se relaciona la motricidad indirecta real y la relativa con la dependencia indirecta, lo que determina la preemi-nencia de un actor sobre otro.
A3
A2
+1
-1 +1
-1
-1 -1
+1
A1
A4
Gráfico 32. Análisis de convergencia y divergencia de los actores.
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De manera contraria, el Gobierno, la Policía Nacional y la comuni-dad se ubican en una zona de poca influencia y mayor dependencia. En su orden, ellos poseen una relación de fuerza ri* de 0,8; 0,56 y 0,38 respectivamente. Aquí se presenta un reto: ¿Cómo limitar la capacidad de influencia del actor criminal? Es decir, se reafirma un vez más que la relación sistémica está condicionada y determinada por “La Cordillera”.
Análisis de influencia y dependencia
Análisis de fuerza según coeficiente ri.
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Baja
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Dependencia
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Policía Nacional
Gobierno
Actor Criminal
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0,38
0,56
0,8
2,25
Gráfico 33. Análisis de influencia y dependencia de los actores frente al problema público del narcomenudeo.
Gráfico 34. Análisis de fuerza de los actores según el coeficiente ri.
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Esbozada la complejidad de la comercialización de estupefacien-tes se debe considerar una actuación conjunta del Estado, es decir, comunidad y Gobierno, incluida en este último la Policía Nacional. Cerrar filas contra el actor criminal, es el reto para mantener la go-bernabilidad de la seguridad pública y a través de ella, el control social estatal.
Propuesta con enfoque prospectivo para preservar el control social estatal
Considerando los objetivos de la investigación se esboza una pro-puesta que contempla los principales elementos sobre los que se podría guiar la intervención de los factores que caracterizan la re-lación sistémica frente a la comercialización de estupefacientes, sobre los que la Policía Nacional tendría gobernabilidad y que ade-más requieren la actuación coordinada con otras instituciones del Estado.
FIN: "El Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante (PNVCC);servicio legítimo para el tratamiento de problemas de convivencia"
NO.RETOS
ESTRATÉGICOSOBJETIVOS ASOCIADOS
1
Incluir en la planeación estratégica institucional el conocimiento de las realidades territoriales
Cohesionar la actuación de las modalidades y especialidades del servicio de la Policía Nacional frente a la comercialización de estupefacientes.
Implementar una política de administración, flujo y uso de información para orientar el servicio de policía.
Articular en la gestión territorial de la seguridad pública las metas estratégicas y operativas.
2
Implementar indicadores de criminalística, criminología y epidemiología que representen el daño social que genera la comercialización de estupefacientes.
Desarrollar investigación criminal frente a la comercialización de estupefacientes.
Redefinir el procedimiento complementario entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación frente a la comercialización, porte y consumo de sustancias estupefacientes.
META: “Ejercer el control social estatal frente a la amenaza generada por la comercialización de estupefacientes mediante el servicio de policía”.
Desequilibrar la interacción de los factores que le permiten al actor criminal lograr sus propósitos
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FIN: "El Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante (PNVCC);servicio legítimo para el tratamiento de problemas de convivencia"
META: “Ejercer el control social estatal frente a la amenaza generada por la comercialización de estupefacientes mediante el servicio de policía”.
3
4
Evaluar la actuación proactiva hacia las fuentes de riesgo que generan y facilitan la comercialización de estupefacientes.
Documentar el procedimiento de actuación policial en los motivos de comercialización, porte y consumo de estupefacientes.
Desarrollar un esquema de entrenamiento in situ al policía sobre el procedimiento en los motivos de policía relacionados con la comercialización, el porte y el consumo de sustancias estupefacientes.
Promover lasbuenas prácticas policiales
Articular los programas de institucionales con el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PICS) para apropiar recursos a través de los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal.
Presentar ante la Alcaldía Municipal el proyecto de Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Formular proyectos de ley, donde se fije la actuación con metas interinstitucionales, para intervenir la comercialización de estupefacientes, orientadasa la recuperación de la cohesión y el control social.
Garantizar el ejercicio de la autoridad de policía
Tabla 28. Propuesta con enfoque prospectivo para la recuperación del control social estatal.
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En cada uno de los capítulos fueron presentadas afirmaciones con-cluyentes respecto del tema de análisis, no obstante, es pertinen-te destacar algunas proposiciones relacionadas con los retos que plantea la comercialización de estupefacientes y el accionar de la organización criminal para el Estado, y enfatizar en algunas limita-ciones y vacíos de conocimiento, que demandan el desarrollo de investigación científica.
El estatus epistemológico de la inteligencia policial
Plantear la discusión sobre la pertinencia de definir la base teórica de la inteligencia policial representa la urgente necesidad de apre-hender fundamentos de conocimiento para tener claridad sobre lo que se debe hacer de cara a la realidad. A partir de una bien estruc-turada entidad o unidad de análisis se identifica el límite y alcance de la inteligencia policial, por tanto, hay una contribución en clarifi-car el enfoque de actuación para articular los aspectos teóricos con las prácticas cotidianas, de manera que impere la coherencia entre el deber ser y el ser. Identificar los ámbitos propios del conocimiento con la debida rigurosidad, se constituye en una potencialidad que facilita encontrar aspectos de complementariedad con otras mo-dalidades del servicio de policía, disciplinas, ciencias y actividades que tienen por objeto de estudio temáticas afines a la convivencia. Una bondad adicional es evitar la interferencia o invasión (confluen-cia de roles) en campos inherentes a áreas del saber que han avan-zado en la formulación de sus respectivos estatus epistemológicos y gozan de claridad en su acción.
Al respecto, es necesario elevar el nivel de la discusión sobre estos temas. Si bien no se pretende descalificar la experiencia individual o colectiva ni el conocimiento intuitivo sobre estas cuestiones, se
Conclusiones Generales
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requiere un tipo de argumentación y aporte riguroso, sistemático y objetivizado que contribuya a la construcción de un estatuto episte-mológico consistente. De igual forma, se hace exigente una apertu-ra discursiva para analizar desde otras perspectivas aspectos teó-ricos y propositivos que entran en cuestionamientos válidos contra ciertos paradigmas consuetudinarios. Se abre, por consiguiente, un espacio para el criticismo lógico y la divergencia pero a partir de elementos de conocimiento más elaborados producto del estudio juicioso y el análisis detallado.
La teoría del funcionalismo estructural, como una propuesta ini-cial de la base teórica para la inteligencia policial, gracias a sus planteamientos, funge como el esquema sistemático de proposi-ciones que de manera más afín identifica los fines que desarrolla esta modalidad del servicio de policía. El grado de certeza al hacer esa afirmación es que el ejercicio analítico de contrastación con la práctica hasta ahora ejecutada, muestra que parte de los procesos y acciones que realizan los funcionarios de la inteligencia policial, en su parte empírica, encuentran elementos de sustento en las re-flexiones formuladas por Talcott Parsons desde la perspectiva de la estructura de la acción social.
La profesionalización de la inteligencia policial reconocida por IALEIA
Los resultados de la investigación documental e institucional titu-lada “Aproximación a la base teórica de la inteligencia policial: una tipología universal” fueron presentados en desarrollo del III Semi-nario Internacional de Inteligencia Estratégica y Prospectiva 2012 en la cual participaron directivos y miembros de la Asociación Inter-nacional de Analistas de Inteligencia encargados de hacer cumplir la Ley (IALEIA) quienes presidieron el lanzamiento del capítulo Co-lombia de esta organización. El evento fue el escenario en el que se plantearon reflexiones en cinco dimensiones:
La necesaria fundamentación teórica de la inteligencia policial, porque: la inteligencia es un sustantivo y los adjetivos establecen la tipología la cual se acompaña de base teórica, estructura y mé-todo, de esta forma se establece su límite y alcance. El papel de
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la inteligencia policial consiste en identificar las propiedades uni-versales (variables) de la cosa objeto de análisis, insumo reque-rido por la prospectiva, de lo contrario esta última no existe. Este esfuerzo académico de identificar el marco analítico de la activi-dad de inteligencia policial es un referente para los otros cuerpos de policía y organismos de inteligencia de Latinoamérica.
El nuevo paradigma implica identificar entidades de análisis: la unidad de análisis en inteligencia policial, la constituye la ame-naza derivada del conflicto social (en su función desintegradora) y el ámbito de protección será la convivencia, la cual se entien-de como el sistema de acción social. La amenaza derivada del conflicto social como unidad de análisis, se constituye entonces en la entidad que rige la arquitectura del diseño de la solución tecnológica en la inteligencia policial. La solución tecnológica debe concebir la interdependencia entre las características de la amenaza (indicadores de resultados), los ámbitos de protec-ción (indicadores de impacto) y las capacidades (indicadores de gestión), para permitir la gestión de los riesgos de la convivencia.
La caracterización de amenazas a la convivencia es una metodo-logía afín con la corriente teórica del funcionalismo estructural y la teoría del sistema de acción social, porque: el acervo teorético es concordante con la producción literaria de la doctrina de policía, de ella se obtiene como uno de los resultados la estructura lógica de análisis instrumento vital para la definición de nuevas entida-des de análisis y por tanto de la predicción para, de esta forma, hacer seguimiento gerencial a la gestión de los riesgos que aten-tan contra la convivencia. Esta metodología emplea el método in-ductivo -sensorial y racional- para elaborar la reconstrucción de re-presentaciones colectivas -a partir de las individualidades- como imagen artificial para leer la evolución de la amenaza derivada del conflicto social.
El resultado de la caracterización como metodología para obje-tivar las amenazas a la convivencia tiene múltiples usos, entre ellos: a) permite hacer una aproximación sistemática y sistémica a la realidad social de la convivencia, b) facilita la identificación de relaciones causales entre las diferentes amenazas a la con-vivencia, c) fundamenta la elaboración de estructuras lógicas de
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análisis de la convivencia, d) en relación con el enfoque de se-guridad permite identificar las capacidades institucionales, para enfrentar las amenazas a la convivencia, e) identifica nuevas en-tidades como presupuesto para el diseño de la solución tecnoló-gica con fines de predicción y anticipación.
La inteligencia criminal como una actividad desconocida en sus aspectos epistemológicos, teleológicos y ontológicos, por lo que: existe confusión al relacionar la investigación criminal con la in-teligencia criminal, es común relacionar la inteligencia criminal con el análisis criminal o delictual. No existe inteligencia reactiva, por lo que la actividad de inteligencia criminal tiene por objeto predecir, principal atributo y fundamento basal tanto de la antici-pación, así como para diseñar la estructura y mecanismo de fun-cionamiento -sistema- de las amenazas criminales presupuesto de la prospectiva.
La inteligencia criminal y policial, una relación emergente en la que se destaca que: son dos tipologías diferentes, pero comple-mentarias para planear y prestar el servicio de policía, ellas tienen su confluencia en la protección de la convivencia. Continúa la dis-cusión irresuelta de establecer si la inteligencia policial y criminal son sólo actividades o si las metodologías y la rigurosidad con que estas se desarrollan les daría el estatus de disciplina.
El entramado social del crimen: un enfoque para explicar la realidad social
El entramado social del crimen como denominación de una forma de asociación colectiva, es una propuesta que describe situaciones instaladas en algunos grupos sociales que se vinculan a activida-des económicas criminales. Es una manera peculiar de interacción que explica el contenido de lógicas observadas en algunos sectores urbanos donde se protege la estructura de mercados ilegales y em-presas criminales. En este escenario, la cohesión social se torna en negativa cuando se crean representaciones sociales que imponen adhesión y pertinencia de algunos ciudadanos con valores y princi-pios que ignoran las formalidades y legalidades que las autoridades del Estado buscan mantener en el territorio.
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Las actividades económicas criminales, bajo el criterio de algunos ciudadanos, han dejado de ser consideradas como situaciones reprochables, para ser visibilizadas como medios que permiten el sustento personal y familiar. De forma paralela, los actores crimi-nales amplían su radio de acción y se apropian del territorio donde ofrecen opciones de “trabajo” a los residentes de esas áreas que intervienen, para legitimarse como fuerzas proveedoras de bienes y servicios que ayudan a suplir las carencias y necesidades básicas. Al generalizarse este tipo de prácticas, se adoptan actitudes que generan pertinencia e identidad tanto con las organizaciones de-lincuenciales como con las acciones criminales de donde obtienen ganancias económicas.
Esta forma de ver la realidad social resulta pertinente no para ha-cer apología a situaciones que vulneran el orden social que busca proteger el Estado, sino para entrar, de forma más aproximada, en el complejo mundo de la interacción humana donde el crimen se convierte en un hilo vinculante. En este escenario también se esta-blecen órdenes sociales sui generis que son construidos con base en circunstancias propias de los entornos urbanos como resultado de una construcción histórica y aceptada colectivamente, que en muchos casos, tienen una lógica desconocida para las autoridades estatales.
El reto del Estado: la comprensión de la amenaza para su adecuada intervención
Una organización criminal se institucionaliza cuando logra articular el sistema de producción, con el de acumulación de capital. Es de-cir, para este caso, “La Cordillera” articuló la comercialización de estupefacientes con otras actividades económicas criminales, tales como la extorsión y la captura de rentas generadas por los juegos de azar ilegales, la prostitución y la fijación de cuotas extorsivas a algunas personas que se dedican a la comercialización de cebolla y de ganado en pie. (Ver gráfico 35).
Entonces, la comercialización de estupefacientes es el subsistema en el que se monetizan los productos del narcotráfico, mediado por el desarrollo del mix de mercado, lo cual genera un fenómeno deno-
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minado narcomenudeo, que fue institucionalizado por “La Cordille-ra” como una actividad de economía criminal para la acumulación de capital.
El narcomenudeo es un fenómeno que surge como resultado de la aplicación de los procesos estratégicos y operativos de la comer-cialización de sustancias estupefacientes que busca maximizar las ganancias y es percibido por los ciudadanos como la compra, venta, monetización y consumo de sustancias estupefacientes. Sin em-bargo, esta representación social mediada por el temor o el miedo generado por la marca “La Cordillera” sumado a la incomprensión del funcionamiento del sistema por parte del Estado, permite que la estructura de comercialización de estupefacientes permanezca indemne, en razón a que el narcomenudeo contempla aspectos superiores. Por un lado representa la institucionalización (estable-cimiento de un nuevo orden social), de una actividad económica cri-minal para la acumulación de capital; y por el otro, se constituye en un problema público que amenaza no sólo la seguridad ciudadana, sino la seguridad pública en tanto desterritorializa el control social estatal.
La institucionalización de “La Cordillera” a través de una estructura organizacional en cadena de asociación, le permite mayor flexibili-dad en el direccionamiento, mando y control de la actividad econó-mica criminal, facilita la apropiación del espacio, mantiene el con-trol social y disminuye el tiempo de circulación de los productos para maximizar ganancias.
Es por ello que el orden institucional en expansión desarrollado por “La Cordillera” adecúa los referentes territoriales como medio para generar riqueza, pero esto es imperceptible para las autori-dades. Es decir, el orden institucional es la forma efectiva como el crimen desterritorializa al Estado en sus funciones de asistencia, regulación y control. Contrariamente, los ciudadanos no sólo perci-ben en la cotidianidad la presencia del actor criminal sino que ade-más, son conscientes que él condiciona y determina el comporta-miento colectivo y la conducta individual; lo que se desconoce es la dimensión de los daños que esto causa a la cohesión social, porque las manifestaciones se conciben solo relacionadas a una actividad criminal aislada, y no en interacción con el narcotráfico.
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El narcomenudeo como un fenómeno del narcotráfico estimula nue-vas o variadas manifestaciones de criminalidad y violencia como el desplazamiento intraurbano, la instrumentalización criminal de los ciudadanos (entre ellos los menores de edad), la extorsión en pequeñas cuotas de dinero (condicionada a la denuncia), la expro-piación forzosa de bienes muebles e inmuebles, la deserción y la violencia escolar, la venta de estupefacientes entendida por los ciu-dadanos como un modus vivendi y forma de satisfacer sus necesi-dades básicas. Sobre estas manifestaciones se carece de registro oficial por parte del Estado, pero son las que impiden a los ciudada-nos disfrutar sin temores de los bienes públicos, así como ejercitar los demás derechos y libertades públicas.
Todo lo anterior hace suponer que el ordenamiento jurídico, la po-lítica criminal, los procedimientos de seguridad y de salubridad pú-blicas, entre otros, no responden adecuadamente a los retos de in-seguridad que emanan de la comercialización de estupefacientes. Por esta razón, la actuación del Estado no genera impacto en el ciudadano y como consecuencia, está en riesgo la legitimidad y no se genera valor público a través de la oferta institucional. Quiere de-cir entonces, que la interpretación criminológica de los problemas de seguridad se debe complementar con análisis estructurales que además de hacer una descripción fenomenológica, permita identifi-car las causas estructurales e invisibles que los motivan, y de esta forma, orientar la actuación del Ente de Policía, para modificar las condiciones que favorecen la permanencia de estas.
Se puede afirmar que las vulnerabilidades identificadas en la actua-ción del Estado frente al narcomenudeo, son interpretadas como debilidades aprovechadas por el actor criminal o que involuntaria-mente favorecen la pervivencia del actor y de la actividad económi-ca criminal.
Es decir, el análisis del narcotráfico no sólo se debe concentrar en su sistema de producción y los actores que en él intervienen, también requiere de especial atención a los mecanismos de acumulación de capital (diversificación de actividades económicas criminales), que se interrelacionan con el subsistema de comercialización en la forma como se apropian del espacio urbano para la venta de estu-
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pefacientes. Así mismo, es de interés estratégico definir las señales, indicios o indicadores para anticipar la institucionalización de una organización criminal en el territorio y no sólo desde la perspectiva de la presencia de un actor criminal.
Un ejemplo de ello lo constituye “La Cordillera” que de manera sis-temática genera las condiciones para un nuevo mercado en Pereira y algunos municipios del eje cafetero, donde se ofertan sustancias sustitutas (farmacéuticas, industriales, de diseño y combinadas) que generan efectos estimulantes y no necesariamente son elabo-radas con derivados de la cocaína. Esto significaría varios retos para la investigación criminal:
• Los reactivos empleados en el procedimiento de Prueba de Identificación Preliminar Homogenizada (PIPH) no identifican las nuevas sustancias que en su mayoría son de origen farma-céutico e industrial. Esto influye en que el concepto del investi-gador, vital para judicialización, sea limitado en razón a que el actual protocolo no le permite establecer lo citado en el artículo 376 del Código Penal colombiano “… droga que produzca de-pendencia…”.
• No se dispone de los protocolos ni los instrumentos tecnológicos para el análisis químico de los productos estupefacientes que hoy se comercializan; en razón a ello, la Dirección de Investiga-ción Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional, requiere la adquisición del cromatógrafo de gases masa-masa, el cual per-mite perfilar estas sustancias a través de la separación, identifi-cación y cuantificación de los componentes volátiles y semivolá-tiles de las mezclas complejas que contienen. Esto es importante en el consumo porque no se sabe con certeza qué tipo de sus-tancias adulterantes están siendo usadas en la manufactura ni la concentración de las mismas. Por esto mismo, se desconoce qué es lo que realmente están consumiendo los consumidores.
• La persona capturada por la Policía Nacional por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (artículo 376 del
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Código Penal Colombiano) en pequeñas cantidades, recobra la libertad por decisión del Fiscal de la Unidad de Reacción Inme-diata (URI) de la Fiscalía General de la Nación. La decisión judi-cial se argumenta en las sentencias 29183 de 2008 y 31531 de 2009 sobre el concepto de aprovisionamiento, promulgadas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. El aprovisionamiento es una forma de almacenamiento de estupe-facientes para el consumo personal, lo cual se interpreta como antijuricidad material, es decir, no se presenta una efectiva le-sión o al menos peligro al bien jurídico tutelado por la Ley (princi-pio de lesividad), y por lo tanto, no se configura el delito.
La anterior jurisprudencia genera colisión con el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia que prohíbe el consumo de estupefacientes. La prohibición obligaría a judicializar a todas las personas que porten cualquier cantidad de sustancia estu-pefaciente. Adicionalmente, ese mandato constitucional no ha sido reglamentado, lo que dificulta operacionalizar la intención planteada por el Legislativo y el Ejecutivo, que es desarrollada cotidianamente por la Policía Nacional.
• La información que produce la investigación criminal, no se pro-cesa con fines estratégicos para comprender los fenómenos de criminalidad, solo se emplea para esclarecer los hechos y parte de ella queda registrada en las múltiples bases de datos opera-cionales de la rama judicial.
• Los centros de manufactura deben ser objeto de investigación criminal para que dentro del desarrollo de los programas meto-dológicos se documente la estructura y formas de funcionamien-to. Este sería un presupuesto para la gestión de conocimiento, que se constituya en aprendizaje institucional susceptible de ser replicado en las unidades policiales y contribuya a la compren-sión de la comercialización de sustancias estupefacientes, así como a la focalización de esfuerzos en aspectos estructurales del problema.
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El análisis del narcotráfico fragmentado: los vacíos para la producción de conocimiento
La ausencia de una estructura lógica de análisis integral para hacer seguimiento estratégico al narcotráfico como un sistema, es lo que limita la comprensión de los fenómenos asociados al mismo. En los esquemas tradicionales de análisis del narcotráfico no se incluye el seguimiento sistemático a la comercialización de estupefacientes y en esta investigación se presenta una propuesta de análisis con en-foque de mercado que permite racionalizarlo, explicarlo y dominar-lo. Hoy las organizaciones narcotraficantes, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, no desarrollan todos los subsistemas, sino que se especializan en algunos componentes del sistema.
Las amenazas asociadas al narcotráfico, como el narcomenudeo, requieren ser caracterizados con enfoque ontológico y sistémico, y a partir de esto, identificar las necesidades de actuación coordina-da, concurrente y subsidiaria de las instituciones del Estado. Para la Policía Nacional los problemas públicos son generadores de mo-tivos de policía, en atención a lo cual debe y requiere disponer de mecanismos efectivos, que le permitan ejercer el control social mediante la prestación de un servicio heterogéneo que responda a las realidades territoriales, y se enfoque hacia la seguridad ciu-dadana en sus dimensiones individual y colectiva, así como a la protección de las instituciones del Estado.
En razón a lo anterior, la Policía Nacional debe realizar un segui-miento al sistema del narcotráfico integrado por los subsistemas de producción, distribución, comercialización y flujo de capitales, y al sistema de acumulación de capital, lo que plantea la necesidad de adecuar los sistemas de información para tal fin.
No es pertinente considerar los fenómenos como meras manifes-taciones criminales, ni diseñar estrategias por cada delito que de manera mediática o por percepción, se posicionen en la opinión pú-blica o en el discurso político; sino que se requiere identificar los mecanismos que articulan distintas actividades criminales para in-tervenirlas de manera integral y sistemática. En relación con ello,
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se pudo confirmar que las autoridades que representan al Estado actúan sobre las manifestaciones de afectación a la seguridad pú-blica que se perciben y no sobre los mecanismos que las generan.
Por lo anterior, el Centro de Inteligencia Prospectiva (CIPRO), conti-nuará desarrollando la investigación titulada “Ontología del Narco-tráfico: la abstracción del sistema socioeconómico” la cual inició en el año 2009, por lo que tiene caracter de itinerante en razón a los múltiples vacíos de conocimiento que en relación con el narcotráfico existen.
El narcomenudeo: una amenaza a la seguridad pública del hemisferio
La generalización del subsistema de comercialización de estupefa-cientes, en el que se percibe el narcomenudeo, una vez contrasta-da en algunas ciudades de Colombia, México, El Salvador, Brasil, y Perú, permite afirmar que las propiedades del fenómeno son las mismas en estos países, lo que evidentemente cambia son los atri-butos propios de cada realidad, debido a la diversidad cultural, polí-tica, social, económica y geográfica, entre otros factores.
La consulta realizada con los cuerpos de policía de Latinoamérica, deja entrever que no se dispone de una estructura lógica de análisis del narcotráfico (estructura y funcionamiento), que incluya la comer-cialización de estupefacientes; y que a su vez, permita realizar un seguimiento longitudinal de este subsistema.
En este sentido, la estructura lógica de análisis se constituye en el insumo vital para el diseño de soluciones tecnológicas integradas que permitan mejorar la coordinación y el intercambio de informa-ción estratégica en el hemisferio, la efectividad de la cooperación internacional, la formulación de políticas públicas y la medición del impacto de la actuación del Estado frente a la comercialización de estupefacientes.
El gran reto para los Estados es prevenir que los ciudadanos se in-corporen a las actividades económicas criminales. Sin embargo, la tendencia es tipificar como delito todos aquellos comportamientos
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que afectan la convivencia, como mecanismo para ejercer el control social por parte de las autoridades, pero esto conduce a un riesgo de magnitudes incalculables, porque se puede llegar a procesar pe-nalmente y de forma masiva a la población que es constreñida por parte de un actor criminal a vincularse a actividades económicas criminales.
Limitaciones: retos de la investigación científica
• La profundización en el conocimiento de las reglas de acumula-ción de capital es una tarea pendiente. Por ahora se plantea, que intervenir el sistema de acumulación de capital es una necesi-dad prioritaria, que impactaría estructuralmente el esquema de la organización criminal.
• Este estudio carece de un análisis de entorno, demográfico y cartográfico de los sitios donde se manifiesta el narcomenudeo, porque no se fijó como un objetivo mismo, pero podría ser de vital importancia para la planeación de una actividad de policía heterogénea, con énfasis en el conocimiento de las realidades territoriales.
• No se dispone de resultados científicos que refieran el cálculo de las ganancias que genera la comercialización de estupefa-cientes, ni la forma como estas se integran al sistema financiero. Por este motivo, se requiere un estudio que permita conocer los mecanismos a través de los cuales el capital ilegal es introduci-do en el sector real y luego en el financiero. En este aspecto, se demanda la coordinación con la Unidad de Información y Análisis Financiero de (UIAF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
• La ausencia de un sistema de información relacional hace impo-sible realizar un seguimiento longitudinal a la comercialización de estupefacientes, por lo cual surge la necesidad de diseñar una infraestructura lógica de análisis que apoyada en una solu-ción tecnológica integrada, represente de manera aproximada la realidad de los problemas públicos que afectan la convivencia en la cotidianidad.
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• Sería pertinente revisar los procedimientos administrativos con los que las entidades del Estado tratan a los servidores públicos o beneficiarios drogadictos y su impacto en el Sistema General de Seguridad en Salud. Además, surge la inquietud respecto de si los tratamientos terapéuticos que se administran en los pro-cesos de rehabilitación de los consumidores, responden al con-sumo de sustancias sustitutas o la combinación de estas con estupefacientes.
El uso de la investigación para transformar la realidad
Los resultados de esta investigación fueron presentados el 1 de ju-lio de 2011 en Cuernavaca (México) en el marco de la VI Cumbre de la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial (CLACIP), en donde se destacó por parte de los asistentes la simi-litud del comportamiento del narcomenudeo con lo que ocurre en cada uno de los Estados miembros.
La Policía Nacional de Colombia promueve la investigación con me-todología científica para identificar las necesidades de seguridad pública, y a partir de esto, producir conocimiento útil para planear y prestar el servicio de policía en el marco del Plan Nacional de Vigi-lancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC).
Bajo esa visión, el enfoque analítico hacia la comprensión de los problemas públicos que afectan la convivencia desarrollado por la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), demanda la necesaria am-pliación de usuarios del conocimiento que se produce en el marco del Plan Nacional de Inteligencia Policial por Cuadrantes (PNIPC). Esto significa que la comprensión de los problemas públicos que afectan la convivencia debe ser útil para orientar, además de la planeación estratégica, la planeación y prestación del servicio de policía, que repercuta en la actuación proactiva de los policías del cuadrante y que, por intermedio de ellos, se pueda involucrar y edu-car a la comunidad para disminuir los factores que facilitan la per-turbación del orden social.
En ese sentido, es fundamental que cuando se formule una estra-tegia institucional contra la comercialización de estupefacientes, se dirija a impactar las variables que se constituyen en amenaza y
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corregir las vulnerabilidades que obstaculizan el propósito de garan-tizar la seguridad pública.
A manera de colofón, esta investigación es solo una aproximación perfectible para la comprensión de un fenómeno que como el nar-comenudeo, se constituye en un problema público de afectación, no sólo a la seguridad ciudadana, sino también a la seguridad nacio-nal, y por ende a la convivencia. La última palabra en términos de producción de conocimiento no está dicha, solo se busca iniciar la discusión en distintos ámbitos institucionales, académicos y socia-les; así mismo, orientar la actuación de la Policía Nacional guiada por inteligencia policial, en la que se calculen los efectos de las de-cisiones con indicadores más acordes con la realidad que viven los ciudadanos en la cotidianidad.
Concebir la inteligencia policial no necesariamente asociada al aná-lisis de la criminalidad es complejo, máxime cuando la literatura la equipara como sinónimo de la inteligencia criminal. Sin embargo, en esta investigación se considera que ambos conceptos poseen connotaciones distintas pero complementarias, en su función de anticipar y asesorar los cuerpos de policía para la prestación de un servicio orientado a ejercer el control social, garantizar la protección de los ciudadanos y del Estado, y a través de este propósito, lograr su fin fundamental, es decir, la convivencia.
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EPÍLOGO
El libro Narcomenudeo: entramado social por la institucionalización de una actividad criminal es el primer gran paso de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) en reorientar los esfuerzos de compren-sión de la Policía Nacional de Colombia a partir de la implementa-ción de una metodología endógena para la caracterización de las amenazas que afectan la convivencia de los ciudadanos. Ellos [Los ciudadanos] están ahora más preocupados por disminuir la venta y consumo de estupefacientes en los sitios públicos que en la captura y extradición de los grandes capos del narcotráfico. Dicho en otras palabras, a los ciudadanos les importa menos la neutralización de los objetivo de alto valor en comparación con el consumo de sustan-cias en los parques.
Y sobre estas valoraciones iniciales conviene hacer dos comenta-rios. Primero, la comprensión es importante para la Policía Nacional de Colombia porque no se puede controlar un fenómeno que no se ha investigado; e investigación significa en este contexto recolec-ción y análisis en función de un conjunto de conceptos que guían la observación; no se puede ver o filtrar la inmensa cantidad de datos de la realidad social si no se cuenta con los instrumentos apropiados. Pero para hacer esto es necesario tomar una cierta dis-tancia frente a los problemas de convivencia con el fin de construir un modelo mental sobre el funcionamiento de un sistema social -fundamental para la predicción- en el que se relacionan diversos actores sociales, cada uno de ellos con sus intereses. Esa distancia es la que permite luego actuar en el marco del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) de un modo racio-nal y alinear las capacidades de las otras modalidades del servicio de Policía e incluso de otras instituciones del Estado. Segundo, los objetivos de alto valor reciben ese nombre porque el Estado colom-biano aún tiene que enfrentar unas organizaciones que amenazan su estabilidad. Sin embargo, el fortalecimiento de la Fuerza Pública ha permitido que la noción de “alto valor” se pueda aplicar a otro nivel; ahora los objetivos de alto valor pueden ser también aquellos
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que la ciudadanía señala como relevantes para la paz y la conviven-cia en el barrio, e incluso en los cuadrantes (esquema de la presta-ción del servicio de policía). Desde este punto de vista, la DIPOL ha sido capaz de interpretar los nuevos retos en materia de seguridad ciudadana formulados por el Gobierno Nacional en el sentido de que aquellos fenómenos que preocupan al ciudadano de a pie le preocupan también a las más altas esferas del Gobierno y la Policía Nacional.
El libro Narcomenudeo: entramado social por la institucionalización de una actividad criminal muestra que la comercialización de estu-pefacientes para el consumo interno requiere una compleja estruc-tura organizacional, la cual depende de las decisiones de asignación de recursos de esta particular empresa criminal. En esta parte de la reflexión se adoptan algunos conceptos del Marketing para expli-car el éxito comercial de esta actividad ilegal. Es por ello que estas organizaciones tienen que tomar decisiones sobre: i) el producto, teniendo en cuenta el proveedor, la calidad, y la disponibilidad, ii) el precio, el cual depende de la frecuencia de compra del cliente pro-medio y el punto de equilibrio de la organización, iii) la promoción, la cual se ve afectada por la inversión en publicidad y los esfuerzos de relaciones públicas, y, por último, iv) la administración del punto de venta, el cual exige disponer de una infraestructura que garantice la máxima cobertura y ciertas características de acceso. En otras palabras, la comercialización de estupefacientes es una actividad económica criminal en donde hay un proceso de maximización de ganancias que depende de la gestión de una cadena de valor, es decir, una red de actividades interdependientes en donde incluso lo legal y lo ilegal se pueden confundir. Así, estas organizaciones criminales no son simples, y esta investigación es el primer paso en la comprensión de las dimensiones de la amenaza. Cada vez más las autoridades se percatan de que el consumo interno de estupe-facientes es también una fuente de riqueza criminal; ya no es sólo la exportación de varias toneladas (distribución) lo que aumenta el capital y la capacidad de coerción del crimen organizado.
Quizás uno de los aportes más significativos del libro Narcomenu-deo: entramado social por la institucionalización de una actividad criminal es la relación de las organizaciones delincuenciales con el territorio. El control territorial es lo que les permite mantener
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cautivos a sus clientes y de este modo comportarse monopólica-mente en el nivel local. Sin embargo, el control territorial permite también que estas organizaciones participen en la regulación de la vida social y en ese sentido desplacen la capacidad de influen-cia del Estado -Desterritorialización del control social estatal-.
Cuando esto pasa, las organizaciones dedicadas a la comercializa-ción logran incluso un cierto grado de legitimidad y en ese sentido terminan convirtiéndose en el arbitro –por no decir el juez– de la convivencia y la seguridad en el barrio. De esta manera, el control te-rritorial de la empresa criminal termina convertido en un instrumento de influencia sobre las relaciones sociales lo cual termina por cons-truir una nueva representación del orden social justo. Como en el caso de cualquier otra empresa, la organización delincuencial busca aceptación de la comunidad en la que opera -entramado social del crimen-, e incluso procura tener influencia en los procesos democrá-tico electorales, con lo cual trata de fusionar las representaciones sociales del infractor con las representaciones de los ciudadanos. En un contexto como este la actuación de la Policía es extremadamente difícil porque no se percibe a la Institución legal como el “policía na-tural” de la seguridad y la convivencia.
Esta no es una investigación que adopte un único marco teórico y que luego, de modo consecuente, se dedique a aplicarlo tanto en la recolección de los datos como en la contrastación de un conjunto de hipótesis. No. En este trabajo los autores usan las teorías que con-sideran convenientes y de este modo se induce la mezcla de múlti-ples teorías en múltiples niveles y con variados puntos de vista, los cuales incluyen tanto al productor como al consumidor, y también al personal uniformado. La economía, la sociología, la geografía y el marketing son algunos de los campos a los que se apela para cons-truir una compleja visión del fenómeno de la comercialización de es-tupefacientes. Si se mira este libro con los lentes del rigor académi-co convencional no se podrá apreciar la riqueza de la investigación y la multitud de discusiones y preguntas que pueden nacer después de su lectura. Este es un trabajo que no subordina el problema de investigación al marco teórico sino que, por el contrario, subordina las teorías en función de su capacidad para iluminar nuevas aristas de un fenómeno –si se quiere epifenómeno– que apenas estamos conociendo. La Policía puede usar los protocolos académicos para
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hacer su investigación, pero también tiene plena autonomía para usar las teorías disponibles con el fin de construir su propia com-prensión del mundo. Porque, a diferencia de los académicos, a la Policía la evalúan por su capacidad para mejorar la convivencia y la seguridad ciudadana. Mientras que algunos académicos están preocupados por el número de citas en el Science Citation Index, los autores de este libro tratan de mostrarle a los otros policías un camino para mejorar su capacidad de análisis -estructura lógica de análisis- al momento de planear el servicio de vigilancia. Cuando los hallazgos de este libro sean divulgados al interior de la Policía –y en especial en la policía de vigilancia– cambiará el modo en que la Institución luche contra la comercialización de estupefacientes.
La investigación criminal exige trabajo empírico; ya sea que se trate del trabajo de los operadores jurídicos o de investigación crimino-lógica. Sin la recolección de datos la investigación criminal se con-vierte en criminología de tablero. Y este libro recolectó información de las más diversas fuentes, algunas de ellas de muy difícil acceso para un investigador social adscrito a una entidad universitaria. Se entrevistaron y se aplicaron encuestas a policías, miembros de las organizaciones criminales, consumidores y ciudadanos afectados.
Se necesita una delicada mezcla entre teoría y datos con el fin de explicar el comportamiento criminal. Una teoría completamente terminada es insensible a las pequeñas variaciones del mundo cri-minal; una completa subordinación a los datos nos empuja a estu-diar cada caso en su unicidad, lo cual puede dificultar el hallazgo de regularidades empíricas que luego pueden renovar la teoría. En cualquier caso, lo cierto es que las investigaciones de la vida real se alejan de las recomendaciones dictadas por los manuales. Sólo cuando se cuenta con un campo de teorías, métodos consolidados y compartidos por una comunidad académica se pueden seguir las fases recomendadas por los metodólogos; pero eso sólo ocurre en los periodos de ciencia normal, es decir, cuando hay grandes acuerdos. Pero, cuando el campo está en proceso de construcción quizás sea mejor alejarse de las recomendaciones escolares que dicta la siguiente secuencia en términos generales: teoría-hipótesis-recolección de datos-contrastación de las hipótesis. Este conjunto de pasos sólo funciona en momentos particulares de la producción de conocimiento; esta es una receta industrial que estandariza la
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producción de artículos pero que corre el riesgo de olvidar los com-promisos éticos y políticos del trabajo científico. Porque, y esto va más allá de la voluntad, en la investigación social siempre hay inte-reses, conscientes o inconscientes. Es por esa razón que la honesti-dad intelectual exige reconocer desde donde, en términos políticos, estamos hablando. Y, si se tiene en cuenta esto, los autores del libro Narcomenudeo: entramado social por la institucionalización de una actividad criminal muestran que su comprensión y sus intereses es-tán alineados en torno a un interés superior: hacer que la Policía Nacional de los colombianos y el Estado funcionen mejor.
El señor Coronel Jorge Luis Vargas Valencia, Director de la DIPOL, advierte que este libro no debe ser interpretado como una apología del delito; lo cual se explica por el tipo de lenguaje empresarial usa-do para describir la comercialización de estupefacientes. Y frente a eso yo agrego: este libro trasciende la comodidad de los juicios morales y obliga a comprender la naturaleza de la amenaza a partir de la racionalidad de la actividad criminal empresarial. Esta es la primera vez que se revela la estructura de las actividades de una organización infractora e innovadora. Este libro será un punto de referencia para los investigadores del narcotráfico y del crimen or-ganizado en Colombia y América Latina, y el primer paso para tal vez desarrollar una nueva doctrina de inteligencia policial, según se sugiere en el capítulo II de esta obra. Que sea esta la ocasión para impulsar más investigaciones así de innovadoras en cabeza del Jefe del Centro de Inteligencia Prospectiva, TC. Luis Ernesto García Her-nández y los investigadores Yofre Luis Cortés Vargas, Rodolfo Parra Cely y John Alexander Durán Martínez.
Isaac De León Beltrán PachecoUniversidad Externado de ColombiaFundación Ideas para la Paz
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La propuesta entonces, es considerar a la inteligencia
policial como la modalidad del cuerpo de policía que anticipa las amenazas derivadas del conflicto social que afectan la convivencia
para asesorar la actividad de policía.
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N A R C O M E N U D E OEntramado social
por la institucionalización de una actividad económica criminal