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NACIONAL
DETENER TERRORISTAS, DERROTAR A ETA
La arrogancia obstinada de Zapatero en llamar error al engaño
Javier Zarzalejos, director de Constitución e Instituciones de FAES
Terminal T-4 de Barajas tras el atentado de ETA (30-12-2006)
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su conferencia de prensa de fin de año admitió haber cometido un “error notable” al augurar que doce meses después “estaríamos mejor” en relación a ETA. Es sabido, a estas
alturas, que los pronósticos de Rodríguez Zapatero tienen efectos devastadores sobre los acontecimientos que son objeto de sus previsiones. Pero en este caso, el
reconocimiento del error –por otra parte, cruelmente acreditado en la T-4 de Barajas y en Capbreton– se convierte en una maniobra con finalidad simplemente táctica:
que la apariencia virtuosa del gesto exima al Gobierno de dar las explicaciones que sigue debiendo a los ciudadanos por su actuación en el inexistente y fraudulento
“proceso de paz”.
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18/01/08Nº62
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La cuestión no es tanto que Rodríguez Zapatero se equivocara, sino cuál fue su error. Sobre esto nada dice el presidente del Gobierno en la larga entrevista concedida al diario El Mundo (13/14 de enero). Y esta indagación, que en de-mocracia debe formar parte del debate de la opinión pública sobre la gestión de cualquier Gobierno en todas sus políticas, en el caso de la política relativa a ETA seguida por el Gobierno socialista adquiere mayor importancia si cabe. No se trata de que Rodríguez Zapatero intente dosificar el lastre que ha de ir soltando, tal vez para evitar sorpresas desagradables en la campaña electoral. Confesar que se mantuvo la negociación con ETA cuando el presidente la de-claraba suspendida y el ministro de Interior rota y finiquitada tiene un nombre: no se puede llamar error al engaño. Hay que desvelar lo ocultado y explicar el error. Porque el denominado “proceso de paz” –que los socialistas convirtie-ron en sinónimo de negociación de contenidos políticos con ETA-Batasuna– se basó precisamente en que Rodríguez Zapatero tenía más información y mejo-res análisis, sabía más y mejor que cualquiera de los demás mortales.
“Confesar que se mantuvo la negociación con ETA cuando el presidente la declaraba suspendida y el ministro de Interior rota y finiquitada tiene un nombre: no se puede
llamar error al engaño”
Con este argumento se exigió adhesión ciega a las estrategias del Go-bierno y se excluyó al Partido Popular de toda información relevante que el Gobierno decía tener. La apariencia de que Rodríguez Zapatero disponía de información privilegiada convenció a muchos de que había que mirar hacia otro lado cuando el Ministerio del Interior avalaba el alto el fuego mientras el terrorismo callejero se desplegaba en las calles del País Vasco y Navarra, mientras la banda mantenía engrasados sus engranajes criminales y em-presarios y profesionales sufrían nuevas oleadas de extorsión a las que el Gobierno respondía con grotescas disquisiciones sobre si la fecha del mata-sellos de las cartas de chantaje era anterior o posterior al comunicado etarra de “alto el fuego”.
Sensibles a la exigencia de confiar porque “Zapatero es el que tiene la in-formación” se despreciaron como simples gestos para el consumo interno del mundo abertzale los alardes de encapuchados –identificados luego como los asesinos de la T-4– disparando armas de asalto y se pasó por alto la menda-cidad de los que no dejaban de reunirse con Batasuna para dar cuerpo a la mesa de negociación política exigida por ETA.
A ese superior conocimiento del “proceso” habría que atribuir también que
en fecha y lugar tan señalado como el 12 de octubre de 2006, en el Palacio Real, el presidente del Gobierno declarara estar dispuesto a neutralizar la apli-cación de la Ley de Partidos y buscar “soluciones” a las consecuencias de la ilegalización para los dirigentes del brazo político de ETA.
¿A qué otra causa más que al insustituible juicio de Rodríguez Zapatero hay que atribuir iniciativas tan disparatadas como la de implicar, sin consenso, al
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Congreso en la negociación con ETA y llevar el disparate al Parlamento Euro-peo?
Aprendizaje y errorLo cierto es que en la impostada humildad de Rodríguez Zapatero no hay atisbo de un examen crítico de lo ocurrido en torno a ETA. Y que Rodríguez Zapatero, sin identificar la causa de su contumaz y arrogante ocultación reves-tida de error, vuelve a pedir a los españoles la confianza que no merece una capacidad de juicio tan defectuosa como la que ha demostrado en los asuntos cruciales para la sociedad española.
Poco después de roto lo que se hacía pasar por “alto el fuego”, un des-tacado socialista sacaba fuerzas de flaqueza y, en un memorable artículo, contabilizaba como una consecuencia positiva del “proceso” el que Rodríguez Zapatero hubiera aprendido de qué se trataba esto de ETA, de modo que no volvería a cometer los mismos errores.
“La verdad es otra de las víctimas del fallido proceso. La verdad que faltó en el desmentido de la relación entre los socialistas y Batasuna que se establece mientras
Zapatero suscribía el Pacto por las Libertades”
Es muy discutible que favorecer y conducir una negociación con ETA de la manera en que lo ha hecho Rodríguez Zapatero forme parte de la curva de aprendizaje de un presidente del Gobierno. Es más dudoso todavía que no vuelva a cometer los mismos errores, si tiene oportunidad de hacerlo después de las elecciones, claro está. Rodríguez Zapatero juega contra su arrogancia, contra su irrefrenable “adanismo” ya sea para reinventarse España o para ne-gociar con ETA. Para el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno sus errores son, en realidad, aciertos diferidos. Se equivoca la realidad, no él.
En justa reciprocidad, una amplia encuesta que hacía pública el diario El Mundo el pasado 6 de enero señalaba que el 65% de los ciudadanos cree que Rodríguez Zapatero volverá a negociar con ETA si renueva su mandato. Preguntado por la razón de que tan alto porcentaje de españoles no le crea cuando excluye una nueva negociación, Rodríguez Zapatero responde: “Porque lo han dicho muchos creadores de opinión y porque saben que he puesto un gran empeño en el final de la violencia”1. Al presidente del Gobierno parece no ocurrírsele que su falta de credibilidad ante los ciudadanos se deba sencilla-mente a que éstos hayan tenido la sensación, luego confirmada, de que no se les ha dicho la verdad durante toda la legislatura.
La verdad es otra de las víctimas del fallido proceso. La verdad que faltó en el desmentido de la relación entre los socialistas y Batasuna que se establece mientras Rodríguez Zapatero suscribía el Pacto por las Libertades. La verdad que se ha ocultado en una negociación en la que, al margen de que se llegara
1 El Mundo, 14 de enero de 2008.
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o no a acuerdos finales, los contenidos tratados significan que el Gobierno aceptó como interlocutores políticos a los terroristas y a sus representantes. La verdad ignorada en ese solitario con trampas en que se convirtieron las sucesivas verificaciones de un alto el fuego inexistente en los términos en que el Gobierno se empeñaba en describirlo. El mismo juego de autoengaño y ocultación que se puso de manifiesto con el incumplimiento de las condicio-nes que establecía la resolución parlamentaria de mayo de 2005, que avalaba la negociación con ETA, y que de nuevo el Gobierno exigió que se interpretara como un cheque en blanco. Luego hemos sabido que al mismo tiempo que Rodríguez Zapatero anunciaba la apertura de la negociación con ETA dando por cumplidas las condiciones que figuraban la resolución del Congreso, la dirección de la banda ordenaba preparar el atentado contra la T-42.
“En su impostada humildad no hay atisbo de un examen crítico de lo ocurrido en torno a ETA. Sin identificar la
causa de su contumaz y arrogante ocultación, Zapatero vuelve a pedir a los españoles la confianza que no merece”
Precisamente por la obstinada arrogancia de Rodríguez Zapatero en una es-trategia de cuyo fracaso se resiente, el Gobierno administra una rectificación a regañadientes, parcial y tardía, obligada por las circunstancias.
Para entender el planteamiento que el Gobierno está haciendo en relación con ETA desde junio del año pasado –es decir, después de roto el alto el fue-go y de la derrota del PSOE en las elecciones municipales–, y para hacerse una idea cabal del alcance de la inflexión gubernamental en este ámbito, es preciso distinguir entre lucha antiterrorista, protagonizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y política antiterrorista, en el sentido en que lo hacía el Pacto por las Libertades, es decir, como estrategia de derrota operativa, políti-ca y social de ETA y todo su entramado. Ambos términos no son sinónimos.
La lucha antiterrorista se ha reactivado en los últimos meses con resulta-dos apreciables. Han confluido varios factores para hacerlo posible. El más destacable es la eficacia que mantienen las Fuerzas de Seguridad, las posi-ciones ganadas en la lucha contra ETA, junto con el impulso político dado a la cooperación francesa por el presidente Sarkozy después de la confusión causada por la estrategia de negociación adoptada por el Gobierno español.
A finales de 2004, los responsables antiterroristas franceses veían a ETA con “una rodilla en el suelo y otra temblorosa” según afirmaba Gilles Leclair, jefe de la Unidad de Coordinación de la lucha antiterrorista. Las divergencias de los responsables del Ministerio del Interior francés con la evaluación oficial de sus colegas españoles quedaron en evidencia en noviembre de 2006 con el testimonio de Fréderic Veaux, coordinador de la Policía Judicial, durante un juicio en París contra miembros de ETA3.
2 El País, 10 de enero de 2008.
3 El Correo, 12 de abril de 2007.
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Contamos a nuestro favor con la trayectoria de profesionalidad y entrega de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que demuestran ser una vez más una fiable garantía para limitar el daño en la lucha contra ETA de estrategias políticas infundadas y temerariamente desarrolladas.
Ingeniería legalHay sombras en la lucha antiterrorista que traen causa de los experimentos de esta legislatura a cargo del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Ahí quedan el desconcertante giro de algunas decisiones sobre el alcance de la ilegalización del entramado político etarra, la conducta de una Fiscalía que ha exhibido actuaciones inexplicables objeto de reconvención por los propios tribunales juzgadores, o la surrealista ingeniería legal y procesal para anular por mitad las candidaturas de ANV, evitando a conciencia la aplicación de la Ley de Par-tidos.
“La sentencia de la Audiencia Nacional en el sumario 18/98 ha reafirmado que la lucha contra
ETA es la lucha contra una empresa criminal de múltiples ramificaciones”
Afortunadamente, los tribunales han permanecido ajenos a los que pedían, de manera más o menos velada, poner sordina a la aplicación de la ley con todas las consecuencias. La sentencia de la Audiencia Nacional en el sumario 18/98 ha venido a reafirmar que la lucha contra ETA es la lucha contra una empresa criminal de múltiples ramificaciones en la acción política, socio-eco-nómica, internacional, financiera, pero unidas todas ellas en un mismo propó-sito, en una misma disciplina y en la ejecución desde diferentes papeles de la estrategia violenta que la banda dicta.
Nada tiene que ver lo establecido por la sentencia con la torpe afirmación del secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, quien al ser preguntado en el diario Gara sobre si creía que los procesados en el sumario 18/98 pertenecían a ETA respondió: “Yo personalmente no lo creo así, pero pasamos una legislatura con Aznar en la que prácticamente toda Euskadi es-taba bajo sospecha”4.
Las declaraciones de López no necesitan comentario como medida del desvarío político y moral al que han llegado los que creyeron que a base de calumniar a Aznar, de poner en cuestión a la Audiencia Nacional, o de alar-dear de nacionalistas se granjearían la indulgencia de los asesinos para su estrategia.
Lucha policial, sí; política para la derrota, noMientras se reactiva la lucha antiterrorista –¿qué alternativa habría, si no?– el Gobierno mantiene la política antiterrorista anclada en los mismos elementos que la han definido a lo largo de la legislatura: la ruptura del consenso, el
4 Gara, 13 de noviembre de 2005.
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mantenimiento de la expectativa de negociación con la banda y la recupera-ción por parte de la banda terrorista de la presencia institucional perdida por la ilegalización de Batasuna mediante el uso de sus partidos instrumentales (PCTV y ANV).
Si empezamos por analizar el estado del consenso, sólo hay que recordar las declaraciones de Rodríguez Zapatero en su última conferencia de prensa de 2007 para confirmar que la actual estrategia de los socialistas deja sen-tenciado el futuro de un acuerdo de Estado en política antiterrorista como innecesario y prescindible, si aquél volviera a presidir el Gobierno.
Aceptado que el primer partido de la oposición es prescindible para definir la política antiterrorista, ésta no sólo queda sujeta a las conveniencias co-yunturales del Gobierno. Además queda hipotecada por las exigencias de los partidos que componen la mayoría que le sostiene. El resumen es claro: para avalar su fracasada negociación con ETA-Batasuna, el Gobierno desde mayo de 2005 ha sustituido el respaldo de al menos 312 diputados por el apoyo de 202.
“Zapatero afirma que para volver a hablar con ETA ‘tendría que existir una comprobación absoluta, indubitada,
creíble, total, durante mucho tiempo, de abandono de la violencia’. ¿Por qué se niega entonces a retirar la
resolución parlamentaria que habilita la negociación sin tales condiciones?”
Se explica así que el Gobierno se haya negado reiteradamente a derogar la resolución parlamentaria del 17 de mayo de 2005 que daba luz verde a la negociación con ETA, es cierto que con condiciones muy poco concluyen-tes y redactadas en términos deliberadamente ambiguos. Las más recientes declaraciones del presidente del Gobierno dejan sin consistencia alguna los argumentos, ya de por sí banales, que han usado los portavoces socialistas para negarse a la retirada de la resolución. En efecto, en la citada entrevista, Rodríguez Zapatero afirma que para volver a hablar con ETA “tendría que existir una comprobación absoluta, indubitada, creíble, total, durante mucho tiempo, de que ese abandono de la violencia se ha producido”. Pues bien, si esa es la posición de Rodríguez Zapatero, ¿por qué se ha negado a retirar la resolu-ción parlamentaria que habilita la negociación con ETA sin tales condiciones? La pretendida contundencia añade poco porque absoluto, indubitado, creíble, total y duradero fue el alto el fuego de ETA a juicio del Gobierno, tanto como para no tener duda de que precisamente porque se daban esas condiciones estábamos en un “proceso de paz”
Decir que no hay expectativa de negociación con ETA no es expresar una posición política. Todo lo más es transmitir un análisis. Las expectativas se crean y se cierran. Si lo determinante es que haya o deje de haber expectati-vas, mal vamos teniendo en cuenta la facilidad con que ETA crea expectativas y lo rápidamente que se olvida la falsedad de éstas.
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Marcas electorales de ETAEn este contexto se explica bien la manera en que el Gobierno está afrontan-do la ilegalización de las marcas electorales de ETA. Es éste otro punto en el que el relato gubernamental del debilitamiento de ETA falla, pues la legisla-tura concluye con una importante presencia institucional de ETA a través de sus partidos instrumentales: el Partido Comunista de las Tierras Vascas en el Parlamento Vasco y Acción Nacionalista Vasca en los ámbitos municipal y territorial.
Parece darse por descontado que el Gobierno promoverá la ilegalización de ANV recurriendo al procedimiento de ejecución de la sentencia que ilegalizó a Batasuna por ser ANV mera sucesión fraudulenta de un partido ya disuelto. Con independencia de la ingeniería jurídica que la Fiscalía y el Servicio Jurí-dico del Estado puedan idear, sí pueden hacerse algunas observaciones al respecto.
“Resulta difícil de sostener que sólo ahora aparezcan pruebas de la conexión entre ETA y ANV, cuando la mitad de las candidaturas de este partido –todas las que fueron impugnadas– fueron anuladas por contaminación etarra”
En primer lugar, la ilegalización o en su caso la suspensión de actividades de estos partidos en la vía penal, caso de producirse, no restablecerá la si-tuación anterior. No hay un “aquí no ha pasado nada”. Ha pasado. El Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK) mantendrá sus nueve escaños en el Parlamento Vasco hasta el fin de la legislatura autonómica y Acción Nacionalista Vasca (ANV), 442 cargos locales en el País Vasco y Navarra, aun cuando sean ilegalizados o suspendidos como sucesores de Batasuna. Una situación sustancialmente distinta –y desde luego mucho peor– a la de hace cuatro años.
En segundo término, plantear la disolución de un partido a unas semanas de las elecciones, cuando ese mismo partido ha podido presentarse a los co-micios municipales y forales hace pocos meses, requiere una detallada expli-cación de los nuevos elementos probatorios que han aparecido para permitir hacer ahora lo que el Gobierno mantenía que no era posible hacer siete meses atrás. Resulta difícil de sostener que sólo ahora aparezcan pruebas de la co-nexión entre ETA y ANV, cuando la mitad de las candidaturas de este partido –todas las que fueron impugnadas– fueron anuladas por contaminación eta-rra. En el caso del PCTV-EHAK, baste recordar la existencia de un informe de la Guardia Civil en 2005 con valor más que indiciario de los vínculos de este partido con ETA-Batasuna, así como la querella presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo en mayo de ese mismo año, admitida a trámite por el magistrado de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska y rechazada por la Fiscalía.
Teniendo en cuenta el procedimiento, las garantías que han de observarse y los recursos disponibles para ANV, no puede asegurarse que exista una re-
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FAES Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales no se identifi ca necesariamente con las opiniones expresadas en los textos que publica. © FAES Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales y los autores. Depósito Legal: M-42391-2004
solución firme sobre su ilegalización en tiempo útil. El Gobierno no puede des-plazar sobre la Sala Especial del Tribunal Supremo una urgencia que él mismo no ha tenido y dar por concluidas sus responsabilidades.
La introducción de cálculo de oportunidad en las actuaciones del Gobierno para la ilegalización o suspensión de estos partidos mina la credibilidad del Estado de Derecho hacia dentro y de cara al exterior. Resulta especialmente grave que la actuación de la Fiscalía quede bajo una sombra persistente. En esta situación, atribuir a otros una desviada “utilización electoralista” es un cínico sarcasmo.
“Derrotar a ETA no consiste sólo en detener a sus pistoleros. La política antiterrorista debe combatir el terror
en todas sus manifestaciones”
Desde hace tiempo sabemos que derrotar a ETA no consiste sólo en dete-ner a sus pistoleros. Es más, una política errónea puede tirar por la borda el esfuerzo policial más brillante. Se trata de hacer frente a una realidad criminal que se aferra al tejido social y político mediante diversos instrumentos con los que el terror aspira a pervivir y a someter a los ciudadanos. La política antite-rrorista como una estrategia de Estado, compartida y estable, debe responder a esta necesidad de combatir el terror en todas sus manifestaciones y de erradicar sus expectativas de obtener precio político, de fortalecer el discurso democrático y constitucional, de hacer valer la ley como garantía de las liber-tades de todos. El rumbo y los hechos han de cambiar mucho para recuperar este objetivo, que no puede ser otro que el del triunfo sin condiciones ni reser-vas de la democracia y del Estado de Derecho sobre sus enemigos.