¿militarizar los extractivismos mineros sudamericanos?
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¿Militarizar los extractivismos mineros sudamericanos?
Por Eduardo Gudynas
CooperAcción, 8 de marzo, 2019.- En América del Sur está en marcha un lento aunque persistenteavance de una militarización de la gestión ambiental enfocada en los extractivismos mineros.Aunque en Perú son bien conocidos los sucesivos despliegues de policías y militares en la Amazoniadel sur del país para enfrentar la minería ilegal de oro, siempre es relevante observar lo que ocurreen las naciones vecinas. Atendiendo ese propósito aquí se comparten algunas observaciones sobrelas tendencias más recientes en América del Sur.
Colombia: el ambiente como cuestión de seguridad nacional
En estos días, Colombia ofrece el ejemplo más relevante. Allí, el actual presidente, Iván Duquepresentó el Plan Nacional de Desarrollo que guiará su gestión, con la novedad de incluir la gestiónambiental dentro de las políticas de seguridad y defensa nacional (1). Temas como biodiversidad yagua aparecen ahora junto a objetivos como defender las fronteras y la soberanía territorial.
Como consecuencia se militariza la gestión ambiental. Para ese fin se crea una fuerza de “ProtecciónIntegral Ambiental” conformada por militares y policías, que podrá coordinar con fiscales yautoridades ambientales. El Ministerio del Ambiente se suma al Consejo de Seguridad Nacional, lascuestiones ambientales deberán ser incorporadas en la Estrategia de Seguridad Nacional yposiblemente en la Estrategia Nacional de Inteligencia.
Desde esta mirada basada en la “seguridad”, la Naturaleza es presentada como un “activo”. Este noes un concepto neutro, ya que proviene del ámbito empresarial y fortalece una fragmentación de la
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Naturaleza que prioriza el valor económico de los recursos. Se proponen instrumentos deordenamiento territorial a gran escala, las llamadas “Zonas Estratégicas de Intervención Integral”,con objetivos tanto en la seguridad como en el ambiente, de mediana duración (5 años), y queservirían para transitar hacia las explotaciones “legales” de los recursos naturales.
El gobierno colombiano no oculta que toma estas medidas para controlar la explotación ilegal derecursos naturales, tales como maderas y minerales, y en especial el oro. Admite una situación queno deja de impresionar: en ese país el 86% del oro extraído proviene de prácticas ilegales. Además,el 44% de los municipios del país hacen alguna minería ilegal sea en oro como en carbón u otrosproductos. Esta deriva debe alertar a los gobiernos de Perú, Ecuador y Bolivia, donde también sepadece el avance de la minería ilegal de oro. Colombia muestra un futuro posible, donde la mineríailegal se volvió tan generalizada que dejó en la marginalidad a las prácticas formales legales. Es unaevolución donde seacentúan impactos como la deforestación o la contaminación de mercurio.
De todos modos, el plan de desarrollo colombiano no busca detener ese tipo de minería, sino quedesea controlarlo y transformarlo en emprendimientos formales. Su objetivo es que el Estadodetermine cuáles empresas y bajo cuáles condiciones explotarán, por ejemplo, el oro, y en poderobtener una parte de los excedentes económicos que eso produce.
Militarización de la gestión ambiental en América del Sur
Debe advertirse que movimientos análogos hacia la militarización de la gestión ambiental tambiénocurran bajo los gobiernos progresistas. En efecto, en Venezuela, Nicolás Maduro se volcó aliberalizar la explotación minera en el llamado Arco Minero del Orinoco como uno más de susintentos desesperados por superar la crisis del país (2). Allí creó una “Zona Económica Militar”,donde las fuerzas armadas están encargadas de controlar y encaminar la explotación minera. En loshechos en la región se vive una disputa por el oro, con distintas denuncias sobre la participación delos militares tanto en las empresas formales como en las redes ilegales, inmersa en la destrucciónambiental y la violencia. La retórica oficial alude al socialismo del siglo XXI y al enfrentamiento alimperialismo, pero como en Colombia, no se busca tanto detener la minería de oro sino controlar losexcedentes económicos que genera.
En Brasil, el nuevo gobierno de Jair Bolsonaro también está retomando una mayor presencia militaren el control de recursos naturales y territorios, especialmente en la Amazonia. Se mezclan muydistintos componentes con ciertas dosis de fantasías reaccionarias. Bolsonaro promueve laliberalización en el porte de armas y considerar como “terrorismo” las ocupaciones de tierrasrurales, hay días que reclama que los indígenas deben ser “soldados” pero en otros días postulaconvertirlos en “empresarios” en el uso de sus territorios, y más frecuentemente los margina comoobstáculos al progreso.
Mezcla eso con denuncias de complots internacionales para apropiarse de la Amazonia. En especialcuestionó la iniciativa del “corredor AAA” (o triple A), que agrupa áreas protegidas y territoriosindígenas que se extienden de un lado a otro del continente, desde Perú (en el norte amazónico) yEcuador, a lo largo de la zona norte de Brasil y regiones adyacentes de Colombia, Venezuela y lasGuayanas (3). Bolsonaro también critica al corredor por considerar que esto opera en forma análogaa la autodeterminación de los pueblos indígenas. En todo esto no está solo ya que hay mandosmilitares le apoyan (4).
Es posible que esto explique las intenciones del gobierno Bolsonaro de resucitar el viejo programamilitar de la “Caja Norte” del Amazonas, que incluye todos los territorios brasileños al norte del ríoAmazonas a lo largo de aproximadamente 6 500 km de fronteras con Perú, Colombia, Venezuela,Suriname, Guyana y la Guayana Francesa. Esa iniciativa fue lanzada en 1985, con el propósito deasegurar la defensa nacional de lo que identificaban como reservas naturales estratégicas, y estabaen manos del Ministerio de Defensa.
A su vez, también se ubica en esa perspectiva la decisión del Ministro de Minas y Energía, elalmirante Bento Albuquerque de abrir las tierras indígenas a la explotación minera. No es menor queesto fuese revelado en los días de Carnaval, para disipar las seguras reacciones negativas dentro de
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Brasil, ni que fuese dicho en el congreso de los Prospectores y Desarrolladores Mineros de Canadá,en Toronto. El militar advirtió que los indígenas serán consultados pero no podrán vetar laimplantación minera (5). El discurso gubernamental repite conceptos muy conocidos en los paísesandinos, tales como la necesidad de la minería para asegurar el progreso, evitar la conflictividad,desplazar a emprendimientos ilegales, usar tierras ociosas, “flexibilizar” las “trabas” de controlesambientales, etc.
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Imagen: Facebook
Tendencias emergentes
Es posible adelantar algunas conclusiones sobre esta derivada militar y policial sobre losextractivismos. La primera es no olvidar que la militarización de la gestión ambiental no es nueva, ypor ejemplo en Brasil se arrastra desde los gobiernos militares desde mediados del siglo XX. Pero enla actualidad se está acentuando y es más evidente en varios países.
La presencia policía o militar en el control de recursos naturales y territorios ocurre en Argentina(especialmente alrededor del fracking), Bolivia (protegiendo a empresas petroleras dentro deterritorios indígenas, por ejemplo), Chile (incluyendo acciones policiales en tierras mapuches orepresión a los que resisten el “robo” del agua), Ecuador (protección policial y militar a la expansiónminera), Perú (con la sucesión de estados de emergencia, intervenciones policías y militares, eincluso por los acuerdos con la policía nacional para proteger a mineras y petroleras), y los casos yaanalizados de Colombia y Venezuela.
El segundo aspecto es que esto discurre tanto bajo gobiernos conservadores como progresistas. Nodeja de ser impactante las similitudes entre, por un lado, Colombia, y por otro lado, Venezuela. Estodeja en evidencia la superficialidad de una buena parte de los debates dentro de cada país. Porejemplo, mientras en Perú están aquellos que denuncian como radicales de la izquierda política aquienes alertan sobre los impactos de la minería, ese mismo tipo de dichos son señalados comoradicalismos conservadores en Venezuela. En realidad estamos ante una problemática más profundaque involucra las raíces en las concepciones contemporáneas del desarrollo y de la Naturaleza.
Un tercer asunto es que la disputa no está realmente centrada en cómo proteger la Naturaleza, sinoen cómo regular la minería para controlarla y obtener parte de sus excedentes económicos. Porejemplo, es claro que en Colombia el Estado busca desplazar y reemplazar a los grupos ilegalescomo árbitros y organizadores de la minería de oro. De este modo se refuerza una mercantilizan delambiente. La contracara es invisibilizar o excluir otros entendimientos de la Naturaleza como puedenser aquellos basados en sus valores ecológicos, estéticos, religiosos, históricos.
En cuarto lugar, se legitima a militares y policías como actores en la gestión ambiental. Este es uncambio sustantivo en los fines que se esperan de ellos, y casos como el de Colombia puedendesembocar en ver a generales hablando sobre el manejo de áreas protegidas y territoriosindígenas. La comunidad de ecólogos, biólogos y otros científicos queda una vez más relegada.
Un quinto aspecto es reconocer y comprender que esta militarización puede tener muchos apoyoslocales, especialmente allí donde hay una alta incidencia de violencia criminal. Aunque bienvenidos,el paso del tiempo muestra que la presencia militar en muchas ocasiones terminar alimentando másviolencia, como ocurre en Colombia. Las comunidades locales, especialmente campesinos eindígenas, quedan atrapadas entre los militares y policías por un lado, y los grupos ilegales ycriminales por el otro.
Como sexto punto, la diseminación de esta lógica de la seguridad obliga a considerar posiblestensiones entre países. Es posible que esto esté comenzando a ocurrir en las regiones Amazónicasdel norte. En efecto, allí la propuesta de corredor biológico AAA, afecta al Arco Minero del Orinocodentro de Venezuela y además se superpone al plan militar Caja Norte de la frontera brasileña.
Finalmente, es evidente que este tipo de estrategias no podrá detener los impactos sociales yambientales de buena parte de los extractivismos. Los generales no controlan ni el precio demercado ni la demanda externa, y se vuelve imposible colocar a un soldado o un policía en cada ríoamazónico o en cada cerro. Entretanto se gastan enormes recursos financieros que podrían seraprovechados en sostener reconversiones productivas en las zonas que más lo necesitan.
Sin embargo, a pesar de todo esto, lo que hoy se observa en Colombia y otros países vecinos,parece apuntar a que la tozudez una vez más prevalecerá, para insistir en medidas ambientales yterritoriales que ya sabemos que son inefectivas.
7 de marzo de 2019
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Notas
(1) Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Departamento Nacional de Planeación, Bogotá,2019.
(2) Una mirada estructural del megaproyecto Arco Minero del Orinoco, M. Vitti, en Revista SIC, 27junio 2018,http://revistasic.gumilla.org/2018/una-mirada-estructural-del-megaproyecto-arco-minero-del-orinoco-i/ [1]
(3) Triplo A: o controverso corredor ecológico que ligaria os Andes ao Atlântico, F. Ortíz, 23 octubre2017, (o)eco, https://www.oeco.org.br/reportagens/triplo-a-o-controverso-corredor-ecologico-que-ligaria-os-andes-ao-atlantico/ [2]
(4) El que fuera comandante en jefe del ejército, Eduardo Villas Boas, en su cuenta de twitter calificaal corredor como una “cuestión de soberanía” reclamando analizar los “riesgos”. Este general antesdirigió el comando militar de la Amazonia – https://twitter.com/Gen_VillasBoas/status/1042435900448354304 [3]
Jair Bolsonaro, en 2015, en su Facebook, lo calificaba como “nueva amenaza a la soberanía brasileñaen la Amazonia”, realizada con el “pretexto” de enfrentar el cambio climático, y que siguiendo elejemplo de la “autodeterminación de los pueblos indígenas” terminaría en una “amputación”territorial.
https://www.facebook.com/pg/jairmessias.bolsonaro [4]
(5) No Canadá, ministro de Minas e Energia diz que avalia liberar mineração em terra indígena, M.Beck, O Globo, 4 marzo 2019, https://oglobo.globo.com/economia/no-canada-ministro-de-minas-energia-diz-que-avalia-liberar-mineracao-em-terra-indigena-23499219 [5]
Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Entre suspublicaciones más recientes, en Perú, se encuentra “Extractivismos y Corrupción”, editado porCooperAcción y RedGE. Seguimiento en Twitter @EGudynas y en www.AccionyReaccion.com [6]
----Fuente: Publicado el día 7 de marzo 2019 porCooperAcción: http://cooperaccion.org.pe/militarizar-los-extractivismos-mineros-sudamericanos/ [7]
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[3] https://twitter.com/Gen_VillasBoas/status/1042435900448354304[4] https://www.facebook.com/pg/jairmessias.bolsonaro[5] https://oglobo.globo.com/economia/no-canada-ministro-de-minas-energia-diz-que-avalia-liberar-mineracao-em-terra-indigena-23499219[6] http://accionyreaccion.com/[7] http://cooperaccion.org.pe/militarizar-los-extractivismos-mineros-sudamericanos/[8] https://www.servindi.org/tags/extractivismo-minero[9] https://www.servindi.org/tags/militarizacion-del-extractivismo[10] https://www.servindi.org/tags/eduardo-gudinas
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