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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Mesa de Diálogo sobre la Ley de Radiodifusión

Primer Encuentro (Martes 07/04/09)

Versión taquigráfica

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PARTICIPANTE CARGO Y ORGANISMO QUE REPRESENTA Ruben Hallu Rector de la UBA Carlos Mas Velez Secretario General de la UBA Ariel Sujarchuk Subsecretario de Relaciones Institucionales y

Comunicación de la UBA Glenn Postolski Subsecretario de Medios de la UBA Silvana Giudici Diputada de la Nación Fernando Iglesias Diputado de la Nación Luis Lusquiños Diputado de la Nación Eduardo Macaluse Diputado de la Nación Claudio Morgado Diputado de la Nación Federico Pinedo Diputado de la Nación Federico Schuster Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA Henoch Aguiar Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA Gabriel Mariotto COMFER Luis Lázaro COMFER Martín Etchevers ADEPA Carlos Molinero ATA Alberto Veiga ARPA Walter Burzaco ATVC Sergio Fernández Novoa TELAM Gustavo Granero FATPREN Alejandro Ruiz SATSAID David Furlan AATRAC

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-En la Sala de Sesiones del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, se constituye la Mesa de Diálogo sobre la Ley de Radiodifusión. -A la hora 15 y 18 del martes 7 de abril de 2009:

Sr. Rector (Hallu).- Buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad de Buenos Aires quiero darles la bienvenida a nuestra casa, que desde ya es de ustedes; decimos “nuestra” por la costumbre o vicio de aquellos que vivimos todo el día acá y la tomamos como nuestra, aunque es de todos. Quiero agradecer a todos los que están en esta mesa que hayan aceptado nuestra invitación y que se acerquen a la UBA y permitan que en este lugar tan especial, en esta institución tan prestigiosa, pueda darse un debate sobre el tema que en el día de hoy nos convoca, que es la Ley de Radiodifusión. Si bien hay muchos lugares adecuados para debatir ideas, cualquier lugar creo que es adecuado para ello, la Universidad se caracteriza por algo que obviamente todos ustedes deben tener presente, que es que conviven aquí todo tipo de pensamiento, todo tipo de política y es un lugar que nos convoca periódicamente al debate de todo. Hoy les comentaba a algunas personas que a veces debatimos tanto que lo hacemos sobre cosas que a nadie se le ocurriría debatir. Pero esto es bueno, porque nos ayuda a ver diferentes posturas, a comprender cosas, y a veces a llegar a acuerdos que de otra forma no podríamos haber alcanzado nunca. Entonces, en la Universidad nosotros siempre apostamos al debate, al diálogo, a la discusión, y el tiempo que sea necesario. El tema que nos convoca hoy hace a nuestro país, hace al manejo de los medios, hace a la democracia, hace absolutamente a todo, y de alguna forma nos involucra a todos por diferentes caminos. Por eso reitero el agradecimiento por la presencia de todos los actores. En ese sentido, en la organización tratamos de hacer lo mejor posible para tener presentes en esta mesa a todos los actores de diferentes sectores, con las más diversas posturas, porque lo que queremos favorecer, aparte del diálogo, es poder determinar sobre el final de esta serie de reuniones los puntos de acuerdo y los puntos de disidencia con sus respectivos fundamentos. Me parece que aparte de a ustedes, que son los que van a fundamentar y debatir sobre este tema, esto le hace bien a nuestra sociedad, porque podremos hacerle conocer –y así lo haremos cuando esto concluya– todo lo que se aquí se habrá debatido, todas las conclusiones y todos los fundamentos, porque me parece que es parte de lo que nuestra sociedad le exige a la Universidad, y esta Universidad está comprometida con esto. Así trabajaremos en este tema, como lo hacemos en otros. Quiero adelantarles que por lo que cité hace unos instantes, ni el Consejo Superior ni este Rector han hecho pública ninguna postura acerca de la ley. En parte nos hemos puesto a discutir este tema en el Consejo Superior a fin de tomar una postura, pero me parece que esta instancia de debate también nos va a ayudar a todos los integrantes de la Universidad, que algunos ya han abordado este tema en algunas

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Facultades de nuestra Universidad, otros no, otros están empezando. Nos parece que esto nos va a hacer bien a todos. Los invito entonces a iniciar el debate. Aclaro que si bien hay un Orden del Día para hoy, no hay nada tan estructurado que no pueda ser cambiado. Ariel Sujarchuk les va a decir que el Orden del Día está abierto para ser cambiado para las próximas reuniones y para colocar los temas que ustedes acuerden y que sea prioritario discutir. Lo importante es que podamos debatir absolutamente todos los aspectos, más allá del orden, que quedará a criterio de ustedes, que son los actores que van a decir cómo se va a llevar esto, cómo va a terminar, y nosotros nos encargaremos de conducirlo y darlos a conocer a toda la sociedad. Muchísimas gracias a ustedes y voy a dejar la coordinación en manos de Ariel Sujarchuk. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación (Sujarchuk).- Buenas tardes a todos. Como recién señalaba el señor Rector, el trabajo que venimos haciendo con la Secretaría General, a cargo del doctor Mas Velez, y con el licenciado Glenn Postolski, es abrir el debate y el diálogo, y que cada uno se vaya expresando. Nosotros hemos repartido lo que imaginamos podría ser un modelo de Orden del Día, que no tiene otra intención que ordenar. A partir de ahora la Universidad no hace más que canalizar lo que esta Mesa y sus integrantes decidan.

Previo a este encuentro surgieron las inquietudes sobre cómo se conformaría la Mesa. Con nuestra mejor intención entendimos que este era un marco plural, que abarcaba a buena parte de las ideas. Es muy difícil saber dónde cortar, pero entendíamos que acá por lo menos había una opinión mayoritaria de las ideas que estaban aquí representadas. Sr. Lázaro.- Simplemente quiero señalar una cuestión metodológica con respecto a la convocatoria a los distintos sectores representados, que por cierto constituyen en buena medida el gran escenario de referencia de la comunicación. En la medida que creo que llegamos a este debate producto de un movimiento de la sociedad civil, de distintos actores, que de alguna manera creo que tendrían que estar expresados y representados acá, quería proponer, si están de acuerdo, que para el futuro se tenga en cuenta también la participación de la Coalición por la Radiodifusión Democrática, que son los actores de la sociedad civil que originaron los 21 puntos y que me parece que merecerían ser parte de este debate. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Si a ustedes les parece bien, para comenzar este diálogo voy a proponer que cada uno de los sectores presentes manifieste cuál es su posición frente al debate de la Ley de Radiodifusión y a partir de ahí todos conozcan a los actores que están sentados a esta mesa y podamos ir organizando este debate ¿Están de acuerdo?

-Asentimiento.

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Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra el licenciado Gabriel Mariotto, del COMFER. Sr. Mariotto.- Como introducción quiero agradecer al señor Rector y a la comunidad educativa de la Universidad de Buenos Aires por este ámbito. Es fundamental debatir las ideas, y la Universidad pública es un lugar especial para eso, es el ámbito apropiado y por eso estoy muy agradecido a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires y estamos muy conformes con la invitación. Nosotros entendemos que lo peor que puede ocurrir con la ley de servicios de comunicación audiovisual es no discutirla. Entonces, todos los ámbitos donde podamos poner honestamente ideas sobre ideas y buscar consensos en la medida de lo posible, o marcar diferencias en tanto y en cuanto no podamos llegar a ese consenso, es realmente un hecho que hace engrandecer a la sociedad y hace crecer a las instituciones. Lo que no puede ocurrir en la Argentina es que sigamos todavía en el ejercicio de la ley 22.285 y sus modificaciones. La ley de la dictadura tiene que ser cambiada por un debate en el Congreso. La vocación que ha tenido la señora Presidenta de la Nación de impulsar este debate presentando la propuesta de proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual y la posibilidad de participar en los foros, hace que esta propuesta tenga miradas críticas, miradas oblicuas de la sociedad, y que cada uno pueda aportar sus conceptos para enriquecerla. Yo realmente me siento muy honrado de poder formar parte de esta mesa con diputados de otros bloques políticos distintos al oficialismo y que asumen el compromiso de tratar la ley, de aportar sus ideas, de discutir, y de permitirle a la democracia el debate que hace tanto tiempo viene esperando la sociedad argentina.

Veinticinco años de democracia han transcurrido, con la propuesta del cambio de la Ley de Radiodifusión ya en la plataforma de los partidos políticos del año 1983. Veinticinco años sin poder debatirla, y creo que la madurez de la sociedad argentina, la responsabilidad de sus dirigentes, el compromiso de la Presidenta de la Nación de generar un debate público abierto, participativo, diverso en todo el país, va a encontrar la fortaleza de los conceptos para que en breve esto llegue al Congreso y sigamos debatiendo, como corresponde, en las comisiones de Libertad de Expresión, de Comunicaciones, de Presupuesto, y en todas las comisiones que sean necesarias de ambas Cámaras, para poder llevar adelante y saldar esa deuda que tiene la democracia con la sociedad argentina para tener comunicaciones con pleno ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra el doctor Henoch Aguiar, en representación de la Facultad de Derecho. Sr. Aguiar.- Quiero señalar algo muy breve.

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Esta ley se debate en un momento histórico determinado. Todos los presentes buscarán en el proyecto de ley o en las críticas a éste intencionalidades, debates políticos, temas que tienen que ver con la coyuntura. Simplemente quería recordar que la ley de la dictadura, con todas sus modificaciones democráticas –por eso no me animo a decir “la ley de la dictadura” sino la ley que todos aceptamos hasta la fecha, y todos los gobiernos–, ha durado 29 años. Con lo cual, esto que estamos debatiendo ahora es una ley que va durar por los próximos 30 años. Esto tiene que ver con que las circunstancias de prestación, los prestadores que hoy están, los funcionarios presentes, todos nosotros, probablemente no estaremos ya, o estaremos en una dorada vejez, desde una sillita mirando cómo se aplica esta ley. Por eso, frente al ruido que se ha generado acerca del debate del proyecto de la ley, propongo que en este ámbito académico nos ciñamos a los contenidos de lo que debe ser la ley para no dejarnos enturbiar por posiciones que tienen que ver con nuestro debate de hoy; pero que de aquí a siete años, a ocho años, a 15 años, será apenas una anécdota. Muchas gracias. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra el Decano Schuster, de la Facultad de Ciencias Sociales. Sr. Schuster.- Señor Rector: tomo la posta del doctor Aguiar para que los de la Casa de alguna manera demos también la bienvenida a este debate y a todos los representantes de partidos y de sectores sociales que han venido hoy a nuestra universidad. Lo primero que quiero es saludar la decisión del señor Rector, que como Decano de una Facultad hago mía. Me parece que es una decisión muy valiosa, muy importante, que coloca efectivamente a la Universidad en el lugar que debe estar, es decir el lugar del debate, del debate plural. La Universidad incluye en su seno a personas que ingresan a ella a través de mecanismos de concurso público por los cuales los requisitos para ser profesor son académicos y los de ingreso de estudiantes son abiertos. De manera que entendiendo ese mecanismo, es obvio que en ella están representadas todas las vertientes ideológicas e incluso partidarias. Ese contexto en el que la Universidad se sitúa me parece que la pone en un lugar en el que puede generar una instancia de debate diferente. Ni mejor ni peor, porque por supuesto es el Parlamento el que en definitiva hemos elegido nosotros como instancia del debate superior de nuestras leyes. Pero me parece que la Universidad puede contribuir en una instancia de este tipo. Y me parece que es digno de señalar que esta Argentina que muchas veces no se ve y que saludamos, es la Argentina que permite que representantes de concepciones partidarias e ideológicas muy diversas se sienten a una misma mesa y asuman un debate. Me parece que esa es la concepción y la cosmovisión que nuestra universidad quiere introducir en las ideas públicas. Así que aunque sea algo muy introductorio y muy general, me parece que uno no puede dejar de señalarlo porque es parte de lo que queremos discutir, es decir una ley de suma importancia como es la Ley de Radiodifusión –permítanme usar el nombre viejo– o el que se le asigne actualmente en esta nueva versión de desarrollos tecnológicos mucho más avanzados.

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Es, efectivamente, como bien decía el doctor Aguiar, una ley de enorme importancia. Hoy, quizás exagerando un poco pero asumiendo una expresión que me parece que nos permite entrar en el debate, podemos decir que la sociedad es comunicación. Es decir que, así como algún filósofo decía que el lenguaje estructura el orden social y que las reglas del lenguaje son las que permiten constituir comunidad y por lo tanto articulan las formas de vida de las sociedades, hoy el lenguaje multiplicado en sus expresiones a través de los distintos medios de comunicación, es la forma en que nuestras sociedades –versiones mucho más complejas de las viejas comunidades primitivas–, generan sus formas de interacción, de vínculo, construyen las opiniones respecto de la vida social. En este sentido entonces no estamos hablando sólo de una ley de segundo orden o de un área particular de la sociedad por más importante que ella fuera, sino que estamos hablando de una ley que se involucra con una cuestión constitutiva de lo que es el orden social contemporáneo. En ese contexto, me parece que tenemos que saber que en las sociedades contemporáneas hay una enorme vocación de comunicación. Esa vocación de comunicación está expresada de distintas formas y de diferentes maneras: a través de empresas específicamente orientadas en ese sentido, la mayoría de ellas con muchos años; de organizaciones vinculadas al mundo de la comunicación; y también de una enorme cantidad de actores, que desde distintas vertientes –educativas, comunitarias, barriales, religiosas, etcétera– quieren ingresar al mundo de la comunicación, es decir quieren asumir su voz y su palabra. Esto marca un escenario enormemente complejo y por eso el que estamos iniciando es un debate que trae y va a traer discusiones apasionadas, va a traer seguramente una complejidad misma en el tratamiento de la temática porque, efectivamente, me parece que lo que está involucrado es sumamente importante para cualquier sociedad y, todavía más, para una sociedad democrática y que se pretende cada día más democrática. Desde nuestra Facultad, por supuesto este es un tema central. Decía yo el otro día en el Consejo Directivo, donde nuestros consejeros hicieron un llamado al debate sin involucrarse desde ya en posición alguna, sino llamando al debate de la ley, que efectivamente en nuestra Facultad este es un tema embrionario, es decir que nació antes que la Facultad misma. La carrera de Comunicación, que es anterior a la constitución de la propia Facultad, ya desde sus orígenes allá por el año 1985, planteaba la necesidad de la discusión de una Ley de Radiodifusión. Y desde entonces, incesantemente hasta el presente, se planteó por distintas formas y de diferentes maneras. De manera tal que para nuestra Facultad es sumamente importante que este debate se dé. Es clave, por la importancia que ya marqué, que en él participen todas las opiniones, todas las posiciones ideológicas, políticas y culturales, y ojalá nosotros podamos desde aquí aportar nuestro granito de arena para que ese debate sea lo mejor posible. Hay varios proyectos de ley presentados a lo largo de todos estos años en las cámaras, que son importantes, que son valiosos, y que me parece que deben ser reflotados para poder apostar efectivamente a que esta ley que saquemos sea la mejor ley que nos podamos dar para el conjunto de los argentinos. Gracias, señor Rector.

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Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Pidió la palabra la diputada de la Unión Cívica Radical, Silvana Giudici. Sra. Giudici.- Gracias a todos. Creo que es muy importante que la Universidad se involucre y que nos convoque a todos nosotros, y también es importante que todos nosotros, con absoluta vocación de diálogo, concurramos hoy a discutir sobre un tema que realmente nos desvela desde hace muchos años. Desde el radicalismo, a partir de la recuperación democrática, el gobierno del doctor Alfonsín, dentro del Consejo por la Consolidación de la Democracia, trabajó sobre un proyecto de Ley de Radiodifusión, y luego más de 20 proyectos de origen radical fueron presentados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Uno de esos proyectos tiene estado parlamentario desde el año 2006 y durante estos tres años, desde mi bloque fueron innumerables las ocasiones en que presentamos pedidos de preferencia, tratamientos de pronto despacho en la Comisión, y no tuvimos eco en instalar este tema en la agenda parlamentaria. Ahora el Gobierno Nacional decide –decisión que celebro porque está muy de actualidad poner el tema en la agenda– en un momento conflictivo abordar este tema para su tratamiento durante este año. Nosotros compartimos esa vocación de diálogo, pero queremos alertar que para que este diálogo sea fructífero, para que la ley sea producto del consenso y tenga un proyección de largo plazo, es necesario que este debate se dé en el ámbito de las comisiones parlamentarias, como señalaba recién el licenciado Mariotto, para que el proyecto del Ejecutivo se confronte, se enriquezca, se trabaje con los otros proyectos que tienen estado parlamentario, que cada día son más porque ahora han presentado también desde otras fuerzas políticas. Desde el bloque de la UCR queremos que se realicen esas audiencias públicas en el marco de las comisiones parlamentarias y que queden debidamente registradas. En ese punto siempre fuimos coherentes y lo venimos planteando desde hace un tiempo. Este proyecto, que en realidad es un anteproyecto y que nosotros tomamos como un borrador que se está discutiendo en distintos escenarios de participación, deberá formularse finalmente en un proyecto definitivo que ingresará al Congreso, y sobre ese proyecto definitivo nosotros queremos discutir y hacer este aporte desde las audiencias públicas. Para concluir, como siempre señalamos, y esto lo trabajamos desde otras fuerzas políticas, desde el año pasado con el bloque de la Coalición Cívica y otros sectores en el Parlamento, proponemos una agenda ampliada de libertad de expresión, porque nos parece que en esta Argentina hablar de radiodifusión sin hablar de publicidad oficial significa mirar sólo con un ojo lo que tiene que ser una política de Estado seria y de largo plazo. No se puede eludir en este tratamiento de radiodifusión el capítulo de la publicidad oficial y la regulación transparente de ésta.

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Por último, desde el radicalismo tenemos innumerables cuestionamientos a este anteproyecto. No sé si este es el momento para hacerlos; después en la propuesta de la agenda que la Universidad nos hace podríamos desagregar cuáles son nuestras profundas divergencias. Pero también debemos señalar que el anteproyecto recoge muchos de los consensos alcanzados durante estos 25 años de postergado debate sobre el tema. Así que nosotros queríamos señalar centralmente esto: la necesidad de sostener una agenda ampliada, de incluir publicidad oficial y que el debate parlamentario de la ley se haga en el ámbito que corresponde. El lugar para construir las leyes es el Congreso Nacional. Muchas gracias. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tomando las palabras de la señora diputada, el espíritu con que la Universidad pensó y en buena parte lo dijeron el doctor Schuster y el doctor Aguiar, es en definitiva hacer un núcleo de consensos y disensos sobre los proyectos de ley. Nosotros estamos trabajando sobre todos los proyectos que tienen estado parlamentario como para darlos como insumo, que cada uno pueda trabajar y que así la Universidad sea la herramienta que contribuya en esto. Analizando todos estos trabajos nosotros hicimos un modelo que creemos que va a ordenar. No queremos discutir un proyecto sí, un proyecto no, sino ir hacia una agenda temática. No obstante, a partir de ahora queda en manos de la Mesa. Si todos están de acuerdo, yo propongo que se sigan presentando y manifestando sus posturas, y después decidamos el Orden del Día en el que vamos a trabajar. Tiene la palabra el señor diputado Iglesias. Sr. Iglesias.- Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a las autoridades de la Universidad por recibirnos. Es un honor estar acá. Yo fui alumno de la Universidad en el año 1975. No tengo un gran recuerdo, tengo que decirlo, pero es un gusto volver en circunstancias seguramente más tranquilas y más propicias para el diálogo y la discusión democrática. Mi nombre es Fernando Iglesias. Soy diputado de la Coalición Cívica. Soy periodista, soy escritor, participo de una ONG que es muy importante en mi vida, que se llama Democracia Global, y participo de las dos comisiones que tienen una injerencia directa en esto en el Congreso, que son la de Comunicaciones e Informática y la de Libertad de Expresión. Así que, mi querido amigo doctor Mariotto, en algún lado va a encontrarme para debatir y tratar de mejorar esta iniciativa. El primer punto que me parece importante tratar es la importancia del tema, que creo que hay que subrayar. Esto lo digo con un dejo de amargura, en momentos en que sistemáticamente se acusa a la oposición de no tener propuestas: en la declaración de principios de la Coalición Cívica, además de ética, República y distribución del ingreso, nuestro cuarto principio es la creación de un nuevo paradigma de desarrollo económico y social. Y cuando explicamos esto una de las cosas que dice la declaración es que estamos pasando de un mundo centrado en la producción de riqueza a través del trabajo

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manual y repetitivo a un mundo cada vez más centrado en la producción de riqueza a partir del trabajo intelectual y del trabajo creativo. Esto es un cambio de paradigma enorme, que me temo decir que no ha sido registrado, en mi opinión, particularmente desde el Gobierno de la Nación, que dice que los demás no tenemos propuestas. Por eso me parece que una ley de radiodifusión es una ley estructural, central, en un país que abandona un mundo centrado en una forma de producción y se adentra en otro, donde la comunicación, la información, la diversidad cultural, la subjetividad, pasan a ser el centro de la producción, no sólo material, no sólo de la producción de riqueza, sino además de la producción simbólica, de la producción de significado, de la capacidad que tiene una sociedad, la argentina o la sociedad civil mundial en la que empezamos a vivir, de producir sentido y significado para nuestras vidas. Esto es tan importante para los seres humanos como la posibilidad de acceder a las necesidades humanas básicas. Es más, en muchos tratados y acuerdos internacionales está considerándose cada vez más como una necesidad humana básica tener una vida con sentido, con significado, con posibilidad de comunicarse. De manera que no tenemos ninguna duda del carácter estructural de esta ley. Menos clara nos resulta la oportunidad en que se trata esta ley. Nos parece que esta insistencia con respecto a la ley de la dictadura, sin tener en cuenta, como mencionaban antes, que ha habido muchísimas modificaciones y que han pasado seis años desde que este gobierno está en el poder sin que la ley se tocase, nos parece que es un dato de la política actual que no podemos dejar de tener en consideración. Así también tomamos como un compromiso del gobierno el hecho de que se van a modificar y cambiar sistemáticamente todas las leyes que hayan sido originadas por la dictadura, incluido por ejemplo el Código Aduanero, que es el que regula las retenciones a las exportaciones. A mí me parece que resulta difícil mantener el eje. Yo voy a proponer básicamente un tema para que tratemos hoy, que no está en los demás puntos para los demás días. Quizá sea un tema político, que se deba dar como debate, sobre todo interno y parlamentario, pero que me parece que no es indiferente. Si nosotros decimos que esta es una ley estructural de la democracia y es una ley estructural para una Argentina que entra en el siglo XXI, para una Argentina que entra en el siglo de las comunicaciones, de la informatización, de la producción de información y de conocimientos como centro vital de la producción material y simbólica, tenemos que decir que esta tiene que ser una política de Estado. Aquí tengo una disidencia con Mariotto en el sentido que para mí lo peor no es no tratar esta ley; para mí aún peor que no tratar esta ley es aprobarla sin consenso; hacer de algo que tiene que ser una política de Estado, una política de gobierno. Digo política de Estado porque es un término que se usa mucho. ¿Qué significa una política de Estado? Significa que cuando se trata una ley decisiva se sientan todos los sectores políticos y resignan parte de sus ideas o parte de lo que creen en función de alcanzar un consenso, de manera que no haya que cambiar la ley cada vez que cambian las mayorías parlamentarias. Si estamos hablando de una ley para los próximos 30 años, la única forma en que esta ley pueda durar 30 años es que haya un consenso general de todas las

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fuerzas parlamentarias, y que haya una discusión lo suficientemente profunda y una revisión de cualquier proyecto que se presente, ya sea del oficialismo como de la oposición, como para permitir que todas las fuerzas políticas digan “aunque yo mañana tenga la mayoría parlamentaria, no voy a cambiar esta ley”, porque esta ley no es una política de gobierno sino una política de Estado. Si llegamos a la conclusión de que esto tiene que ser una política de Estado, entendida en estos términos y no entendida en los términos de que el gobierno propone esto y todos los demás lo aprueban o son una oposición que solamente pone palos en la rueda, si va a ser una política de Estado entonces la primera pregunta es quién la va a sancionar –porque estamos hablando de una ley–, qué Parlamento la va a tratar y qué Parlamento la va a sancionar. A pesar de cualquier esfuerzo que yo haga solamente para mirar el aspecto técnico de la ley, no puedo escapar del aspecto político. Porque no ha sido la oposición sino el oficialismo el que ha decidido que en junio vamos a elegir nuevos representantes parlamentarios, con lo cual desde el punto de vista de esta ley específica, esta alteración de las normas que deberían regir el normal desarrollo de las instituciones y la producción de discusiones, debates y consensos, se transforma en un obstáculo desde muchos puntos de vista pero que se ve muy bien en esta ley. La pregunta es si esto va a ser no una política de gobierno sino una política de Estado, quién la va a sancionar. Y las posibles respuestas me parecen todas dificultosas; pero las dejo abiertas si se toma esto como elemento de discusión y de debate. ¿Quién la va a sancionar? ¿El Parlamento que está vigente hoy y, por lo tanto, en tres meses, antes de las elecciones? ¿El Parlamento que siga a las elecciones, donde probablemente la mayoría que se produzca sea diferente a la que existe en el actual Parlamento? Esa es una pregunta básica y espero que puedan responder los miembros de todos los bloques parlamentarios. En mi opinión, si va a ser una política de Estado y no una política de gobierno, no se puede tratar en tres meses ni tampoco la puede sancionar un parlamento que va a tener legalidad pero no va a tener legitimidad porque es muy probable que haya una alteración importante en la composición de los bloques parlamentarios. De manera que yo pongo esta pregunta en la mesa de debate, que dejo abierto y paso la pelota a mi amigo… Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Disculpe, diputado. Fernández Novoa quería hacer uso de la palabra. Sr. Fernández Novoa.- No, está bien, que siga la ronda. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Muy bien. Entonces, seguimos con la ronda. Quiero decirle al diputado Lusquiños, que es quien va a hacer uso de la palabra a continuación, y a todos los presentes, que si les parece podemos moderar en algunos minutos el uso de la palabra, ya que somos unos cuantos porque si no, se hace muy

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extenso. El diputado Iglesias contó con el beneficio porque no lo he aclarado previamente. Adelante, diputado Lusquiños. Sr. Lusquiños.- Señor Rector: aplaudimos la idea, la suscribimos y cuente con nosotros para continuar con esta agenda de trabajo. Soy Luis Bernardo Lusquiños, soy diputado nacional, presidente del bloque del FREJULI. Para que no quede absolutamente ninguna duda, para los que me conocen y para los que no me conocen, pertenezco y represento a lo más rancio del peronismo en la resistencia, desde el año 2003, no a quien estuvo a cargo del Ejecutivo sino a los desatinos que cometieron. Aclarado este tema, creo que vale la pena conceptualizar en primer lugar el marco en el que se produce este anteproyecto. El marco político en el que surge es de neta confrontación entre dos sectores antagónicos. Esto no es bueno. Muy bien describió el diputado Iglesias el carácter de esta ley: es absolutamente estructural, hace a las instituciones, hace a la ciudadanía, hace a la democracia, hace a la República, hace al devenir de los tiempos. Porque estamos hablando de que una ley estructural lleva 50 años. O debemos pensarla, por lo menos, para que tenga una vigencia de 50 años. Si nosotros partimos de que lo que resultare va a ser fruto de una confrontación, va a ser la victoria de un sector sobre el otro: va a haber un sector victorioso y un sector derrotado. Entonces, yo quiero dejar aclarada nuestra posición: así empezamos mal, muy mal. Creo que, como están dadas las situaciones, acá no se está abriendo un debate ni para aggiornar ni para actualizar una ley de la dictadura, que como bien se dijo aquí, en la dictadura tuvo una infancia de cuatro años, y en el período democrático tuvo una pubertad y una adultez de 25 años. Y habiendo sufrido actualizaciones periódicas. Entonces, quiero dejar bien aclarada nuestra posición con respecto al marco en el que se decide el tratamiento de esta ley, que discrepo con el verbo utilizado cuando alguien dijo –no me acuerdo quién, creo que fue Mariotto– que durante 25 años no se pudo tratar. Durante 25 años no se quiso tratar, que es muy diferente. La única diferencia es que ahora hay un sector que sí la quiere tratar. De todas maneras, la sociedad argentina puede darse este debate con adultez, con madurez, y llegar a una ley importante, consensuada y estructural si así lo quieren las partes. Como legislador yo debo aclarar también algo. Nuestro rol, cuando tratamos una ley, es fijar cuál es la dirección de esa ley. En realidad, la ley no es más que eso, es una flecha, es una dirección, el objeto de la ley. Si el objeto de esta ley va a estar enmarcado en la confrontación, esa dirección va a ser equivocada, el resultado va a ser equivocado y nos va a llevar a tener una ley estructural fallida.

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No se puede plantear en términos de ganadores y perdedores, si bien en una ley es cierto que siempre la dirección marca el perfil de que va a haber algún sector “privilegiado” sobre otro. Pero no se puede tratar en términos de ganadores y perdedores. Nuestra posición va a ser la defensa irrestricta de los intereses del pueblo, como siempre lo ha sido en todas las leyes. Y aquí lo que habría que preguntarse es cuál es la defensa del interés del pueblo en este caso. En este caso se sintetiza en una sola palabra, que se llama la libertad: la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de empresa, la libertad, la libertad, la libertad. Y cualquier cosa que atente contra la libertad, a nosotros nos va a tener en contra. Entonces, creemos que los proyectos reguladores, paternales, parten de una base descriptiva sobre el pueblo argentino muy despreciativa, con la que estamos en desacuerdo. Si nosotros basamos nuestro proyecto de ley en un sistema regulador, es porque estamos creyendo que nuestro pueblo es una masa. Y la masa se caracteriza por ser anárquica, sin legislación, que va para cualquier lado y es manipulable. Si así interpretamos que es nuestro pueblo, vamos a llegar a un proyecto regulador, paternalista, creyendo que nuestro pueblo es un chico malcriado o que hay que criarlo bien. En este caso, nuestra posición –quiero dejarlo bien aclarado– es que no estamos con los proyectos paternalistas, no estamos con los proyectos que creen que nuestro pueblo es un niño malcriado y que necesita un papá regulador o que tiene el monopolio de la fuerza para regularlo. No creemos en la sustitución de monopolios por otros, y muchísimo menos en el monopolio que tenga la fuerza del Estado. Es infinitamente más peligroso que cualquier otro. También creo que hay que hacer acá una pregunta muy sincera y hay que contestarla con muchísima seriedad y sinceridad. ¿Qué permeabilidad hay para que este anteproyecto sea tratado con seriedad, buscando consensos y buscando modificaciones? Porque nosotros, los que llevamos algunos años de diputados, ya conocemos esta suerte –voy a usar una palabra fea– de sainete seudodemocrático donde todos hablan y nadie se escucha, donde se dice que se busca un consenso y después no hay ningún consenso. Ya lo sufrimos con la Ley General de Educación, que se buscó un seudoconsenso por internet y no se nos permitió modificar una coma. La 125 fue igual, etcétera: podemos poner cientos de casos. Siendo esta una ley estructural –requiero sinceridad en la contestación a esta pregunta–: ¿vamos a tratar una ley en serio, buscando una ley de consenso para 50 años, o vamos a hacer un ejercicio pseudo-democrático de debate que no tiene destino? Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- La idea es que hagamos una introducción y después pasemos a ver el Orden del Día y tratar los puntos concretos. La idea es que todos nos presentemos, sentemos una posición inicial y a

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partir de ahí nosotros hemos propuesto un Orden del Día para trabajar, al que le podemos agregar o quitar los puntos que la mesa considere y sigamos avanzando en el debate. Por eso les pido una introducción más bien breve. Tiene la palabra el señor diputado Macaluse. Sr. Macaluse.- Yo soy Eduardo Macaluse, Presidente del bloque del SI. Les agradecemos que nos hayan invitado. Creo que hay algunas cosas para plantear como marco político para el debate. Voy a intentar ser breve, no sé si tendré éxito. En el año 1942 Walter Benjamin plantea que la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en el cual vivimos es la regla. Este concepto es retomado por muchos intelectuales: Schnur, que plantea que esto se ha transformado en una especie de guerra civil legal; Giorgio Agamben, después lo retoma y pretende hacer una arqueología del estado de excepción y plantea dos cosas que creo que tendríamos que tenerlas en cuenta: que la dislocación de una medida provisoria y excepcional se transforma en técnica de gobierno, y que el estado de excepción es una especie de umbral de indeterminación entre democracia y absolutismo. La Ley de Radiodifusión vigente forma parte de esa maraña del estado de excepción, que obviamente perjudica a los que menos tienen y que tenemos la obligación de desestructurar y modificar. Por lo tanto, cuando el gobierno toma la iniciativa de construir parte de esta maraña, nos pone a la oposición en un lugar complicado y que tenemos que hacernos cargo de la complejidad del debate. Nosotros no podemos criticar duramente la emergencia económica permanente, la apropiación de facultades de pertenecen a otros poderes del Estado, la sanción de plenos poderes y a la vez decir que no es el momento de discutir una ley que claramente conforma parte de este estado de excepción. Decir que no es el momento implica tal vez aferrarse más a la oportunidad que al deseo de Estado que todos nosotros manifestamos de resolver una cuestión que es vital, que hace a las libertades públicas y a las libertades de expresión. Por lo tanto, significa ponerlo en el contexto de una campaña electoral, cosa que nosotros no queremos que haga el gobierno pero tampoco debemos hacerlo desde la oposición. Si nos abstenemos de hacerlo, vamos a poder tener una discusión mucho más seria, mucho más razonable y, obviamente, mucho más fructífera. La concentración económica, como la concentración de medios en muy pocas manos, por un lado, y por otro lado la concentración de un gobierno para discutir con los dueños de los grupos económicos y de los grandes medios, son incompatibles con la idea de la República y con la idea de la democracia. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que abordar este tema.

Este tema no lo empezamos a discutir hoy. En realidad este tema se viene debatiendo, con muertos de por medio, desde la época de la dictadura, y quiero

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reivindicar a Rodolfo Walsh. Lo que no hemos hecho en las instituciones es tomar cuenta de este debate que se venía dando en muchas organizaciones ciudadanas y que se venía reclamando. Las instituciones no supimos abordar este tema en profundidad y llegar a logros y entendimientos como para poder resolverlo. Es verdad que en el contexto de una campaña electoral no es el mejor momento para discutir una ley de fondo como esta. Ahora, es mucho peor discutirla mañana, el año que viene, la década que viene, porque significa la permanencia de una ley que hace a este estado de excepción. La ley actual es ilegítima. Tiene una concepción sesgada de lo que significa la libertad de expresión y el manejo mediático. Es provisoria, es desactualizada, porque tiene enormes vacíos en cuanto a las transformaciones tecnológicas, pero también enormes vacíos en cuanto al manejo del Estado del problema. Tener esta ley es casi como no tener una ley, por lo tanto otorga un bill de discrecionalidad, tanto al Estado que puede discutir en términos discrecionales, como a los grandes medios de comunicación. Estos debates transforman la discusión en una cosa opaca, donde uno a veces no sabe si se está discutiendo el tema seriamente o en profundidad, o se están discutiendo otras cosas, otros negocios, otras decisiones, otras iniciativas. Al no ser público este debate, al no ser claras cuáles son las limitaciones que tiene el Estado para avanzar sobre los derechos y garantías que tienen los medios, y a la vez al no ser claras porque no están expuestas sobre la mesa en forma clara cuáles son las motivaciones de los medios para darle determinado tratamiento a algunos temas, esto implica también que se vuelve a establecer un velo sobre la sociedad acerca de lo que estamos discutiendo y esto también es contrario a la noción de República y de democracia. ¿Qué criticamos nosotros del gobierno? Primero, que estuvo seis años sin tocar una ley que todos le reclamábamos que había que modificar, y que tuvo mayoría absoluta; por lo tanto, entendemos que no quiso modificarla. Criticamos el momento en que lo está haciendo, en una campaña electoral. No es el mejor momento, pero creo que lo peor es no tratarla, aunque haya que tratarla en plena campaña. Criticamos el uso dudoso, en el contexto de una disputa con algunos medios con los que en otros momentos ha pactado y ha negociado claramente la prórroga de algunas licencias, algunas leyes que se han votado. Criticamos que no cumpla a veces ni siquiera lo establecido en la ley vigente. Y criticamos una tendencia a imponer su opinión y la tendencia a beneficiar a algunos amigos del poder en las decisiones que toma. Ahora, a la vez, si nosotros decimos que esto debe tener el tratamiento de una política de Estado –que es lo que nosotros creemos que debiera tener–, no sólo tenemos que exigirle al gobierno deponer determinadas tendencias sino estar atentos a deponer las tendencias que nosotros tenemos como oposición. Estamos convencidos de que este tema debe tener un tratamiento de política de Estado. Esto significa que se deben

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escuchar los intereses de todos; significa que el Estado debe arbitrar sobre el interés de todos, teniendo en cuenta el interés común; significa que debe tomar otras decisiones, ubicar este debate en términos serios y responsables y no por la disputa de la tapa de un diario. Nosotros planteamos que hay otras leyes y normativas que deben abordarse conjuntamente, como por ejemplo los tratados de protección de inversiones, de los cuales nuestro Estado es signatario. Hay 54 tratados de protección de inversiones que otorgan carácter nacional a inversores extranjeros, y esto significa un claro perjuicio para las empresas nacionales. Y si no se denuncia la vigencia de estos tratados, muchas de las cosas que pongamos en una ley se van a convertir en letra muerta. Creemos que hay que respetar los intereses de los inversores nacionales. Creemos que hay que desfavorecer muy fuertemente la concentración de los medios en pocas manos porque esto es antidemocrático. Estamos de acuerdo con los 21 puntos de la iniciativa por una radiodifusión democrática. Creemos que, puntos más, puntos menos, contiene lo que nosotros consideramos una legislación más democrática en ese sentido. Creemos que esta ley no debe buscar dañar económicamente a ningún grupo sino que debe buscar beneficiar al conjunto de los ciudadanos que tienen derecho a recibir información genuina y plural. Quisiéramos aportar también algunas ideas a esto. Creemos que hay que incluir estímulos de federalismo en el contenido de la ley. Creemos que hay que establecer mecanismos de veda electoral para una negociación de las licencias. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Le pido por favor que redondee la exposición. Sr. Macaluse.- Ya termino. Son dos puntos más y concluyo. Creemos que hay que establecer especificaciones en materia de convergencia entre radiodifusión y telecomunicaciones. Esos son los puntos que nosotros pensamos que debieran tratarse. Gracias. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra el diputado Morgado. Sr. Morgado.- Muchas gracias. Me gustaría empezar a separar un poco lo que es la paja del trigo, ver qué es lo coyuntural en un momento político electoral, y qué es lo fundamental de esta nueva ley, del aspecto normativo. Me parece que podemos establecer que lo coyuntural puede ser cuestionar o no la legitimidad que nosotros tenemos de nuestro período de cuatro años como diputados, que culmina el 10 de diciembre. O sea que tenemos toda la legitimidad del mundo como para tratar esto en cualquier momento desde ahora hasta el 10 de diciembre, cuando se vence nuestro mandato. Eso por un lado.

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Por otro lado, el proyecto de ley contempla en forma categórica la desmonopolización absoluta, incluida la supuesta monopolización del Estado. Entonces, me parece que todo esto se dirime, se subsana, leyendo en profundidad la ley porque son cosas que están absolutamente establecidas en el anteproyecto de ley que presentó la Presidenta. Me gustaría que nos metamos en el tema profundo, porque creo que es lo que corresponde, para situar la verdadera importancia que tiene una nueva ley de servicio de comunicación audiovisual. Lo que es importante precisar es cuál es el objeto, o sea qué es lo que nosotros estamos regulando con esta Ley de Radiodifusión. Para esto, y más con mi trabajo de casi 17 años en los medios, me interesa precisar algunas cosas. Por ejemplo, la identificación, el criterio de realidad que se da a partir del hecho mediático. Hoy existe una asimilación absoluta; hoy podemos decir –y estas son clásicamente las líneas que se barajan en las teorías de comunicación– que la realidad es lo que se presenta mediatizada. O sea, lo que es, es en la medida que está dentro de un medio. La otra teoría, que en algún punto modifica un poco esta corriente, es la que dice que si bien los medios no son los que crean la realidad, sí la manipulan. Por la experiencia que tengo en los medios, yo estoy más de acuerdo con la primera versión, o sea que los medios son generadores de la realidad: lo que es, es lo que está en los medios de comunicación. En esto nos apoyamos en muchas teorías de comunicación, y Jacques Derrida, cuando habla de “artefactualidad”, se refiere justamente de esto. La realidad no se nos presenta como tal, no se nos presenta de manera objetiva: la realidad se nos presenta producida mediante esta ficción, mediante estos artefactos. Esta “artefactualidad” hace que siempre haya una intencionalidad en el hecho que se me presenta, no me viene neutral. Ya no podemos pensar en la neutralidad de los contenidos. Y hay unas conferencias muy interesantes de Pierre Bourget que dio en la Universidad justamente, en el canal de la Universidad de Francia, que están en el libro que se llama “Sobre la Televisión”, donde justamente habla de estos criterios, o sea de la capacidad ontológica de los medios, o sea como generadores del ser. Hoy los medios son los que generan ser. Y además, tienen una capacidad axiológica, o sea no solamente son los que generan el ser, lo que es, lo que está en los medios, sino que además hay una valoración implícita. O sea, esto que es, además es bueno; y es bueno porque está en el medio. Se supone, se deduce, que por pertenecer a ese medio debió haber pasado por una cantidad de pruebas valorativas que hicieron que eso esté, por lo tanto nos está dotando del sentido de ser, por esta gran cantidad de pruebas que debe haber vencido: selecciones y otras cosas. Entonces es, y es bueno. Esto nos presenta lo que podríamos llamar la colonización de la subjetividad. Porque la realidad producida de esta forma, se nos presenta de esta manera con una incapacidad para poder ver otras cosas. Bourget, en el mismo libro tiene un concepto muy interesante, que dice que la televisión oculta mostrando. Y es muy interesante esta

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frase: la televisión oculta mostrando. ¿Por qué? Porque recorta parcialmente lo que para ella es interesante o es importante que sea; lo otro no, lo otro lo edita, lo otro lo corta, y no existe. Entonces, no existe, no nos llega. Nosotros recibimos parcialidades. Para tomar una imagen, si Kant decía que las condiciones de posibilidad del entendimiento eran las categorías de espacio y tiempo, que eran como una especie de gafas que uno tenía, hoy podemos decir que las condiciones de posibilidad de la existencia son la inserción dentro de un medio. Es decir que, ni más ni menos, estamos hablando de la concepción de la realidad que tenemos todos nosotros, que tiene la gente. O sea, es mucho más profundo que si vamos a tener 10 o 15 licencias. Esa es la implementación, y es fundamental que lo hagamos; pero me parece que el tema sustancial que estamos hablando es el de descolonizar la subjetividad. Esto es algo muy importante. Cuando nuestra presidenta dice que lo que queremos lograr con esta ley es el pensamiento propio, estamos hablando de algo fundacional. Por eso me parece que es absolutamente estructural, y creo que un gobierno democrático la tiene que priorizar como la ley más importante de todas. Es la que posibilita el acceso al pensamiento propio. Así que me parece que está bueno situar cuál es el objeto. Estamos regulando sobre eso. Después vendrá lo de la cantidad de licencias, tiempo de las licencias, las características y condiciones que deben tener los licenciatarios, pero para esto es importante definir cuál es el objeto. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra el diputado Pinedo, a quien le digo lo que mismo que le expresé a sus antecesores. Luego continúan los que no son legisladores y seguramente harán economía de palabra. De esa manera terminamos la ronda de introducción y pasamos a los puntos de debate y organizamos cómo vamos a discutir aspectos de la ley. Adelante, diputado Pinedo. Sr. Pinedo.- Voy a ser “pro” cortito. Yo quiero mencionar nada más que tres ideas. La primera es que hay derechos y facultades que son de los gobiernos, y derechos que son de los pueblos. En los derechos que son de los pueblos, el gobierno no se puede meter. Y uno de estos derechos es la libertad de expresión. Estoy hablando de los gobiernos democráticos, porque los gobiernos totalitarios siempre se meten. Pero los gobiernos democráticos, en algunos derechos de los pueblos no se pueden meter. Uno de esos derechos es la libertad de expresión y otro es la libertad de prensa, que son derechos que el pueblo se reservó precisamente para controlar a sus gobiernos. Los gobiernos no son los jefes del pueblo sino que son mandatarios temporales, para hacer nada más que lo que la Constitución les permite hacer.

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Desde esta concepción ideológica, que es la de la Constitución Nacional, el segundo tema que me parece que hay que plantearse es cuáles son las preguntas que una ley debe responder. Si nosotros queremos garantizar el pluralismo como pregunta, las respuestas son unas, y si queremos fortalecer el control del gobierno sobre los medios de comunicación, las respuestas son otras. Si queremos evitar la censura como pregunta, las respuestas son unas, y si en realidad queremos por ejemplo establecer registros de los productores de información, esa es una respuesta que ignoro cuál es la pregunta que la motivó. Es central tener en claro cuáles son las preguntas que estamos discutiendo para poder discutir seriamente las respuestas. La tercera idea que quiero dejar, y con esto termino, es que creo yo que en los próximos 30 años –mencionaba Henoch Aguiar, yo creo que menos, tal vez 5 años, a lo mejor 10 años– toda la televisión se va a ver por Internet, todas las radios se van a oír por Internet, todos los diarios se van a leer por Internet. Los productores de contenido no van a ser unos señores que se tienen que inscribir en un registro sino que van a ser millones y millones de personas que operen en Internet. Me parece que hay algunas propuestas de regulación de la difusión que son previas a Internet. Regular la televisión de Tita Merello o la radio de Antonio Carrizo no me parece que sea para los próximos 30 años. Muchas gracias. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Hemos invitado a esta mesa a los representantes de los gremios que trabajan en los medios de radiodifusión, a las cámaras que los representan, hay representantes de los medios públicos también. Entonces, con el ejemplo del diputado Pinedo, les pedimos una breve introducción. Sr. Granero.- Soy Gustavo Granero, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Voy a hacer una breve introducción pero a título de aclarar algunas cosas. Este es un proyecto que empieza de abajo hacia arriba y después va de arriba hacia abajo. Esto lo empezamos a discutir en el año 1986 entre grupos de gremios; recién empezaba la democracia. Armamos la Coalición de Radiodifusión Democrática con los que éramos. Armamos los 21 puntos, que nos llevó meses y meses de discusión porque queríamos contemplar todos los aspectos y consensuar la mayor cantidad de cosas para que no se nos escape nada. Y llegamos a este punto de poder presentar en papel y empujar dentro del Poder Ejecutivo, porque tampoco fue fácil empujar para que esta ley salga, que este proyecto se dé a la luz. No es que esta ley empezó de arriba hacia abajo. Ese es un error conceptual, porque muchos de los legisladores presentes también conocen proyectos de ley que ya se presentaron en la Cámara de Diputados, y que muchas cosas están plasmadas en ese proyecto de ley. Entonces, cuando un representante en el Congreso habla de los peligros que existen en una ley, cuando yo me fijo y veo todas las organizaciones que acompañaron esto, y veo todo el arco de la cultura, todos los gremios de prensa, un montón de actores

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sociales que acompañan esto, me pregunto realmente qué se está representando en esta discusión, si es más fácil defender a uno grande que tratar de defender a mil chicos. Cuando se habla de libertad de expresión yo me pregunto qué pasó cuando se fusionaron Multicanal y Cablevisión y quedó un montón de compañeros en la calle. Nadie presentó un proyecto de ley o un proyecto de repudio por todas las fuentes de trabajo que se cercenaron en una fusión empresaria. O tampoco cuando Continental transmitía en FM y 40 trabajadores quedaron en la calle. Nadie dijo nada de esos puestos de trabajo. Entonces, lo que digo es que tenemos que hablar sobre el fondo de la cuestión, como el tema de las identidades culturales: que no me digan en Tartagal o cualquier provincia la temperatura de Buenos Aires; yo quiero escuchar con el acento de cada provincia la temperatura que hay, la noticia local. Que se creen fuentes de trabajo, que exista publicidad nacional, que no haya tantas latas, que no haya tantas telenovelas latinoamericanas dando vueltas en los canales. Que haya más voces. Que haya más libertad de expresión y que haya más libertad de prensa. Es fácil hablar a veces desde un punto de vista económico. Se están tocando intereses económicos muy grandes. Pero cuando se habla de los intereses económicos de los trabajadores de prensa de los medios de comunicación, al revés, y nosotros lo conocemos, estamos en nuestra posición porque tenemos que movilizar, porque tenemos que hacer cumplir los convenios, porque tenemos que ver cómo nos echan cuando fusionan, cuando venden, cuando no cumplen los convenios, cuando no hacen los aportes a la obra social, cuando no hacen los aportes convencionales, cuando no hacen las cosas. Y cuando estos actores ven tocados sensiblemente sus intereses, estamos hablando de que por supuesto va a haber gente que va a discutir el tiempo político, si este Congreso lo tiene que votar o no, si este gobierno tiene el poder o no para discutirlo, pero la realidad es que estamos tocando intereses. El día que nos encontremos dentro de 5 o 10 años diciendo “bueno, hay que modificar algunos puntos de este proyecto de ley”, nos vamos a encontrar diciendo que al menos tenemos una Ley de Radiodifusión.

¿Cómo vamos a hacer cumplir una ley de la dictadura en este momento, cuando se reclama que el COMFER cumpla con una ley y es una ley de la dictadura? Tendrá muchas reformas administrativas, etcétera, pero sigue siendo una ley vetusta en este momento. Que no impidió, vuelvo a decir, en definitiva, que los puestos de trabajo se vayan eliminando y que de golpe las redacciones de los diarios, o las mismas radios, o la misma televisión, piensen en el triple play, etcétera, etcétera. Yo lo que digo es que ya las radios están en Internet y escriben páginas de Internet; ya la televisión está en los diarios, porque hay imágenes en los diarios; ya la radio está escrita, y se transmite por Internet. Digamos, hay un montón de cosas que tenemos que contemplar en la discusión pero la realidad es que lo que teníamos que hablar, fundamentalmente, es que este proyecto de ley, el fundamento –y creo que esto en la Argentina es una cosa que tenemos que ponderar–, por primera vez vino de abajo, fue arriba y volvió abajo. Nada más.

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Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra el señor Alejandro Ruiz, del SAT. Sr. Ruiz.- Buenas tardes. Soy Alejandro Ruiz, secretario de Cultura del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivo y de Datos. Celebramos la iniciativa del Rectorado de que la Universidad de Buenos Aires dé el ejemplo con un debate que todos nosotros tenemos que hacer serio, empezando por la metodología de ser breves. Para la próxima reunión pido que a los diez minutos suene un timbre y al minuto el que habla se calle, porque si hablamos de democracia, seamos democráticos en el uso de la palabra. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Si está de acuerdo, dedicamos cinco minutos para la introducción. Sr. Ruiz.- Nosotros somos un gremio que hace 50 años está en los medios. Nacimos en 1958 a partir de Canal 7. Comenzó a desarrollarse todo un sistema de medios, de canales abiertos, circuitos cerrados, productoras. Representamos a 20 mil trabajadores y conformamos con los otros gremios de la comunicación una confederación, que fue convocada –y anteriormente los gremios, en cada gobierno democrático desde 1983 a hoy– para hablar de la nueva Ley de Radiodifusión, que nunca se votó. O sea que ya venimos con una serie de frustraciones con respecto a estas convocatorias, y lo cierto –y esto los diputados no lo van a poder desmentir, y de ningún bloque– es que en esta incipiente democracia de la Argentina, si el Poder Ejecutivo de turno no era el que tenía la iniciativa, los diputados, aunque fueran del mismo bloque y fueran oficialistas, no tenían la iniciativa. Sra. Giudici.- Perdón. Yo fui muy respetuosa en el momento de hablar y no hice apreciaciones políticas. Si vamos a hacer este tipo de apreciaciones, querría tener derecho a réplica. Sr. Ruiz.- No, no es una apreciación política. Yo estoy diciendo que lo cierto, lo real en la democracia desde 1983 hasta ahora, es que si no surgía del Poder Ejecutivo la firme decisión de tratar una Ley de Radiodifusión, por más que los parlamentarios de los distintos bloques quisieran, no se daba. De hecho, nosotros hemos elaborado, como confederación, un proyecto de ley que tuvo estado parlamentario, firmado –oh, milagro– por un diputado de origen peronista y por una diputada de origen radical. Con lo cual no estoy haciendo, señora diputada, apreciaciones políticas: estoy describiendo un hecho de la realidad. Somos un país que todavía tiene un sesgo presidencialista en nuestra democracia, y lo cierto es que hasta que el Poder Ejecutivo no tiene la decisión, no se trata un proyecto. Tendrá que cambiar esto. Solamente hacemos una descripción de la realidad. Por primera vez un Poder Ejecutivo dice: tratemos un proyecto de ley. La oportunidad, ¿cuándo es? Y, tendría que haber sido desde 1983 para acá. La realidad de

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los medios sería muy distinta. La falta de regulación democrática, ya sea del Estado o de los medios privados de comunicación, va necesariamente hacia el monopolio. Los trabajadores de los medios, en esta confederación, particularmente los trabajadores de televisión, no estamos de acuerdo con ningún tipo de monopolio: ni con el monopolio de los medios por parte del Estado, ni con la república de Berlusconi, ni con el monopolio de los medios audiovisuales o los grandes oligopolios que hay que en la Argentina, ni tampoco con el monopolio de las telefónicas. Queremos que esta ley sea trabajada seriamente. Podemos estar en desacuerdo o en acuerdo con aspectos fundamentales de esta ley, creemos que tiene algunas definiciones fundamentales. Primero, ha estudiado todas las legislaciones comparadas de los países centrales y de los países donde la regulación es más democrática en cuanto a leyes de radiodifusión. Segundo, tiene una definición, con la que podemos estar de acuerdo o no –los trabajadores estamos de acuerdo– que es que piensa en el futuro un sector de la comunicación en manos del Estado, un sector en manos de los privados con fines de lucro y un sector en manos de los privados sin fines de lucro, de las organizaciones no gubernamentales. A los trabajadores de la televisión nos parece que la única forma de asegurar la libertad de expresión es asegurando lo plural de las fuentes informativas, sobre todo en una industria que es absolutamente costosa y que tendrá que ser acompañada, en esta ley o la que surja del debate parlamentario, si se quiere la pluralidad de medios, inclusive con créditos para las organizaciones gubernamentales que asuman medios. Creemos que vivimos en una revolución tecnológica de los medios, y lo que nos va a asegurar la democracia y la libertad de expresión es que esos medios estén en más manos. Así se hace la democracia. Gracias. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra David Furlán, de AATRAC. Sr. Furlán.- Buenas tardes, señor Rector, muchas gracias por la invitación a participar en esta Mesa de Diálogo. Para seguir ahondando más en los temas abordados por mis compañeros de otros sindicatos, como bien decía Alejandro, quiero expresar que conformamos una confederación sindical de trabajadores de medios de comunicación social. En el caso de nuestro gremio, es un gremio que además de tener injerencia en el ámbito de las radios privadas y estatales, fundamentalmente nosotros somos operadores de estudios de plantas transmisoras y técnicos, y también formamos parte desde el inicio de nuestro gremio, allá por el año 1943, en el ámbito del correo oficial. Vengo a esto porque nosotros durante la década del 90 también tuvimos una difícil situación, cuando se intentaba y luego se logró privatizar el correo oficial de la República Argentina, y también tuvimos una gran participación en lo que fue después la recuperación por el Estado Nacional del correo oficial de bandera.

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En el caso de los medios de comunicación, nosotros hemos trabajado y vamos a seguir trabajando fundamentalmente en este proyecto de ley que nos parece abierto. Es fundamental que todos los actores sociales del país –eso es lo que se ha pregonado desde el gobierno y lo que entendemos nosotros que es correcto– se encuentren abiertos y a los cuales se les pueda mostrar qué significa una Ley de Radiodifusión para todos los habitantes del país. En nuestro caso, fundamentalmente, y después seguiremos debatiendo sobre temas técnicos puntuales, vamos a sostener y reafirmar la profesionalidad de los trabajadores de radiodifusión. En el caso nuestro, porque lamentablemente en muchas localidades del interior del país se bastardea la profesión del operador técnico de radio y de otras especialidades también. Y eso también forma parte de una estrategia de los nuevos radiodifusores para evitar el blanqueo. Recién decía Granero que está un señor en Tartagal y no puede saber cuál es la temperatura o qué sucede en su ciudad, porque el auto Q de equis radio de Capital, con un sistema digital y computarizado, le corta lo que está saliendo al aire y le hace emitir el informativo desde Buenos Aires. Decía, entonces, que hay que sostener la profesionalidad de los trabajadores de radio. Dentro del proyecto está incluido, vamos a tratar de perfeccionarlo, de mejorarlo. Y fundamentalmente, otra de las cosas puntuales es hacerle entender a los radiodifusores que las empresas, de cualquier índole, tienen –como decían Taylor y Fayol– mano de obra directa, mano de obra indirecta, materia prima directa y materia prima indirecta. Esto quiere decir que las radios y los canales de televisión del interior del país se hacen con personas de carne y hueso. Nada más, muchas gracias. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Ahora es el turno de las cámaras que representan a los medios privados. Tiene la palabra en primer término Walter Burzaco. Sr. Burzaco.- Muy buenas tardes y muchas gracias al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires por esta convocatoria para debatir sobre la propuesta de proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. He escuchado una cantidad de ponencias ya, todos expertos en su tema, y yo vengo en representación de los que estamos operando hoy la televisión por cable, y tengo una preocupación. La preocupación que tengo es que los que vamos a ir a la sala de operaciones somos nosotros; que lo que se va a redistribuir, lo que se va a cambiar, es lo que hoy estamos haciendo, lo que se va a volver a regular. Y este es un aspecto importante que debe tener en consideración la ley o cualquier ley. El status vigente de las empresas es que de los 20.000 trabajadores que menciona el SATSAID, emplean 14.000 en forma directa, que tenemos 600 canales de producción local donde la hora, el día, la fecha y el tiempo se dicen en el idioma del pueblo. Que servimos a 1.200 localidades de este país, y que hemos integrado al país desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista del conocimiento de lo que está haciendo el resto del país. Y que no nos queremos someter –como expresaba el diputado Morgado– a ninguna colonización del sujeto. Y esto lo vemos como un peligro inminente si dejan entrar a las telefónicas al ámbito de actuación donde estamos nosotros.

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Se destacó también en esta mesa la necesidad de no dejar entrar monopolios, y en especial de los servicios públicos, de las telefónicas. Hoy la televisión por cable representa una red alternativa para el país donde en cada puerta está pasando una red de televisión por cable distinta de la red de telefonía pública, que se privatizó en su momento a empresas extranjeras que hoy están a punto de ser una sola, y ser un monopolio más grande y difícil de ser desafiado. Imagínense a alguno de los 600 cables Pyme que hay en el interior del interior tratando de desafiar a alguna organización mundial, que seguramente no va a llevar mano de obra capacitada a cada uno de los pueblos, como está llevando la televisión por cable, porque el cable es un empleador de gente capacitada en el interior del interior. Ahí no hay un switcher que venga desde algún lado y la diga cómo tiene que operar al que opera el canal local, que de esos 600 que dije después se distribuyen a más de 900 localidades. Quiero destacar estos valores de la televisión por cable porque me parece que deben ser tenidos en cuenta. Se tiene que conocer la industria sobre la cual se quiere volver a regular. Se tiene que conocer a quiénes se va a estar desplazando cuando se permita, por ejemplo, a empresas telefónicas poder tener servicios satelitales y una cantidad de cosas que ciertamente van a afectar a los cableros. Debo decir que este tema ya se debatió. Está entre las pocas reformas importantes que tuvo la Ley de Radiodifusión. Bajo este mismo signo político, bajo el gobierno del doctor Kirchner, en el año 2005, se debatió y se reformó el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión; y, de resultas de ese debate, quedó claramente expresado que las empresas de servicios públicos no podían entrar a la radiodifusión y dar servicios a los mismos clientes que ellos estaban dando. El que tenía monopolio de redes, de alguna red de servicios públicos, no podía dar servicios en la misma localidad. En honor a la brevedad, no me voy a referir al proceso de lanzamiento, o a los foros, o al debate que se está planteando en coincidencia con la campaña electoral. Pero sí quería hacer alguna mención respecto de la publicidad que está haciendo el gobierno. La publicidad que hace el gobierno hace una apelación que desde mi punto de vista es falaz. Como medio de comunicación lo tengo que decir: nosotros operamos legítima y lícitamente, y con las licencias que nos ha otorgado el Estado. Si la ley vigente es ilegítima o está cuestionada, no es un tema que puedan resolver los medios de comunicación. Pero la apelación en la campaña de publicidad claramente nos quiere asociar a la dictadura militar. En ese punto creo que hay que hacer un distingo, sobre todo en una actividad como la televisión por cable, que ha nacido en el país en el año 1964, en Villa Mercedes, San Luis, en Villa María, Córdoba, en Trenque Lauquen, en Trelew, en Río Colorado en 1967, y el operador todavía está al frente de esa operación y dando servicios. De modo que somos preexistentes a la ley, y quería destacar eso. Por último, para cerrar mi exposición, quiero que se tenga en cuenta que estamos dispuestos a dar a conocer los datos que hagan falta respecto de lo que es la televisión por cable en este país, porque si se trata de regular esta materia sería bueno que se conozca exactamente lo que se va a regular.

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Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra el señor Alberto Veiga, de ARPA. Les pido a todos por favor que sean breves. Sr. Veiga.- Lo mío va a ser un flash, en términos radiofónicos. Muchas gracias por esta invitación. Siempre uno se enriquece estando en estos lugares. Me toca representar a un sector donde realmente me parece gracioso que se hable de falta de democracia, porque es el único sector desregulado de todos los medios. En la Argentina ni nosotros ni el Estado conoce cuál es la cantidad de radios que existen. Este es un dato fantástico. En la primera entrevista que tuvimos nosotros les pedimos al señor Interventor y a la señora Presidenta que antes de ir a una Ley de Radiodifusión general la radio necesitaba una ley particular de normalización. Muchas veces cuando me toca decir esto, la gente que se ha instalado espontáneamente en la radio cree que yo estoy pidiendo que la saquen. Yo pido que se normalice el espectro para poder salir de la falacia, como sería prometer a una serie de personas que tendrán una casa cuando ésta se encuentra ya ocupada. A mucha gente se le está prometiendo que va a tener una frecuencia que no la va a poder tener.

Cuando digo esto me contestan que ello ocurre porque se trata del sistema analógico, pero que cuando venga el sistema digital eso se va a resolver. Pero con el sistema digital, el IBOC, la Argentina no va a poder adoptarlo porque todas las adyacencias de los canales están tomadas, a menos que comencemos a ordenar ese espectro. Podemos elegir la DRM o la Eureka 147. Este es un punto fundamental, porque es como tratar una ley de tránsito sin decir cómo se instalan los semáforos. La Argentina y los argentinos –en esto me hago cargo de la crítica y participo de los resultados– tenemos una enorme capacidad de crear pero una gran falta de gestión. Somos grandes creadores, buenos pensadores, tenemos buenas ideas, imaginamos leyes fantásticas, pero la parte de la gestión en el día a día parece que nadie la hace. No es un cargo al interventor del COMFER sino que es algo repetido en estos 25 años de democracia. Los argentinos, más que imaginar un estado ideal de los medios de comunicación, deberíamos empezar a ver cómo ordenarlos y hacer que tengan una mayor libertad de expresión, fundamentalmente en las radios, normalizándolos. Aquí se hizo una apelación concreta a lo que hizo Radio Continental con la frecuencia modulada, pero lo tuvo que hacer porque en la Argentina las radios no se escuchan. Yo desafío a cualquiera de ustedes a que salgan con su auto y vean cuántas radios limpias, puras, pueden escuchar durante un trayecto más o menos largo. También la ausencia de interferencias tiene que ver con la libertad de expresión. No puedo dejar de hacer una crítica concreta a la comunicación del gobierno. Yo creo que dada la importancia de una ley como la de radiodifusión, que hace al diseño del país futuro, no se puede apoyar en apelaciones en las que se haga creer a la gente que a partir de ahora van a poder ver fútbol gratis, porque conjuntamente se le tiene que

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decir que alguien lo va a pagar. Es decir, puede ser que no lo pague el que tiene interés en verlo, pero alguien va a tener que pagar para mantener el fútbol. Entonces, me parece que son apelaciones que confunden: llamado al diálogo con apelaciones que son realmente de batalla, de trinchera. Decir que recién ahora va a haber libertad es un ejemplo. Los medios de comunicación, aunque en algunos casos puede no gustarnos la cara de los que son sus propietarios, son medios de la democracia. Los que estaban en la época de la dictadura, se murieron o se transfirieron. Y todas las transferencias fueron aprobadas por la democracia. Esto era simplemente lo que quería decir. Nada más. Gracias. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra Carlos Molinero, de ATA. Sr. Molinero.- Gracias, Rector, por abrirnos el espacio de su casa, de la casa que usted representa. Por otro lado, represento a una asociación que cumple en pocos días 50 años, que a su vez representa a todos los licenciatarios de televisión gratuita del país. Voy a dejar de lado las consideraciones generales de todos los que hablaron, porque evidentemente es un proyecto que está concebido desde un pensamiento político, con lo cual no tengo nada por tratar; creo que existe otro ámbito para discutir eso. Pero sí quiero transmitir dos o tres cosas que a nuestro criterio son muy importantes. Este proyecto de ley no establece condiciones para que la televisión gratuita sea sustentable en la Argentina. Todo lo contrario. Creo que lo primero que debemos debatir –lo propongo en una futura reunión– es si el gobierno quiere tener medios gratuitos privados. Si es así –están los funcionarios que desarrollaron la ley– vamos a discutir cómo hacemos sustentable este servicio gratuito. Ustedes saben que están los servicios de cable y los servicios de televisión abierta gratuita, cuya única fuente de ingresos es la publicidad. Y nuestro arbitraje diario es el ciudadano, que con su control remoto decide elegir dónde quiere estar. Hay hechos preocupantes dentro del proyecto de ley, como es que establece mejores condiciones para las señales extranjeras desde el punto de vista de impuestos y para emitir publicidad, que para los canales abiertos privados gratuitos. Si es un error, a lo mejor lo asumen; y si no, tenemos que debatir. Así como esto habría muchísimas cosas más. Hace dos años, nosotros hicimos por primera vez en nuestra asociación una auditoría para que reflejara el estado de la situación de la televisión abierta gratuita, con todos sus componentes estructurales, convenios, gremios. Y este estudio se lo acercamos a todos los funcionarios. Se lo entregamos en mano a la Presidenta de la Nación para que tuviera un reflejo de todo lo que pasa, y también al actual interventor

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del COMFER. No está reflejado en esta ley uno solo de los puntos, no para los actuales licenciatarios de televisión abierta: para los próximos. Entonces, nuevamente propongo que desde el gobierno o desde esta propuesta nos digan cómo van a ser sustentables los medios gratuitos privados, en la medida que digan que queremos seguir con esta política adelante de medios gratuitos. Nada más. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra Martín Etchevers, de ADEPA. Sr. Etchevers.- En primer lugar, quiero agradecer al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires esta convocatoria. Yo represento a la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), entidad que si bien está integrada por diarios y revistas, por sus principios estatutarios y por su tradición se ha abocado al monitoreo de la vigencia de la libre expresión en todos los soportes tecnológicos. De hecho, hace poco menos de un año, cuando la Presidencia de la Nación convocó a las distintas entidades a acercar sus ideas, sus propuestas de cara a una nueva Ley de Radiodifusión, ADEPA presentó un documento que, si bien no se dio en el marco de un debate porque no lo hubo, sentó los principios fundamentales que desde nuestra entidad creemos que deberían guiar cualquier regulación sobre este tema, a fin de que la misma no se vea reñida con los principios constitucionales que le dan sustento a la libertad de prensa. ADEPA consideró entonces llamativo que se abordara esta cuestión en el marco de un clima de confrontación con los medios de prensa. Y dijo, lo que también se mencionó acá, que una ley requiere de un debate institucional profundo y desapasionado con todos los sectores involucrados, y de un amplio consenso político y social que asegure su supervivencia, Mi idea es refrescar brevemente aquellas reflexiones de aquel informe que ADEPA entregó hace un año, y cómo se esbozan dichas preocupaciones en el anteproyecto presentado, obviamente sin entrar en detalle. Nosotros tenemos un documento que habíamos traído para esta Mesa, que evidentemente no va a haber tiempo de expresarlo en su totalidad pero que lo vamos a dejar a disposición, y me parece que va a dar lugar a que en las próximas sesiones se aborden con mayor precisión y profundidad cada uno de los temas. Pero para sintetizarlo, aquellas reflexiones de aquel documento nos parece desde la entidad que mantienen su vigencia y que, más aún, ameritan nuevas preocupaciones, ya que las tensiones con la prensa que había entonces se vienen multiplicando a partir de una serie de hechos que ADEPA viene señalando y que están configurando –esto es innegable– un escenario de fuerte convulsión para la labor de medios y periodistas en el país.

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Desde la propia génesis y presentación del proyecto, que debería estar ligado a una política de Estado y no a una gestión de gobierno meramente, en un ambiente de marcado color político, hasta el espacio de discusión que pareciera haberse corrido del Congreso, nos asomamos a un proceso donde el conflicto parece prevalecer sobre el consenso, el eslogan sobre el debate sustentado, los casos particulares sobre los principios generales; y otros puntos al respecto, como por ejemplo la discrecionalidad frente a la racionalidad, el foco en los antiguos soportes versus la mirada sobre las nuevas tecnologías, etcétera. Una de las cosas que ADEPA dijo el año pasado es que la Argentina exhibe con orgullo poseer la mayor cantidad de diarios y revistas en América Latina y una multiplicidad de canales de televisión, señales noticiosas en cable, emisoras de radio y sitios de Internet –muchos se reflejaron en las entidades que me precedieron en la palabra– y que una ley debería, ante todo, respetar esa diversidad que fue lograda después de un largo camino. Quizás esa frase del año pasado fue premonitoria, porque el anteproyecto presentado no sólo parece incómodo frente a esa pluralidad sino que apunta a desmembrarla. La supuesta intención de incorporar nuevas voces, en lugar de operar desde un espacio pro–positivo, aparece básicamente asociada a fragmentar, atomizar o silenciar voces actuales. Y, en ese sentido, entraña serias dudas para la libertad de prensa que voces nacidas al amparo de la legalidad y la Constitución terminen restringidas bajo criterios diseñados ex post. ADEPA siempre acompañará la aparición de nuevas voces, sobre todo cuya sustentabilidad genuina esté garantizada, pero nunca la trampa que encierre el acallar de otras por criterios coyunturales o arbitrariamente selectivos. O peor aún, el debilitamiento deliberado, como principio general, del espacio correspondiente a los medios privados y con financiación propia, para terminar haciéndolos dependientes de recursos oficiales o de actividades extra–periodísticas. Otro de los puntos que ADEPA señaló el año pasado como preocupación era la posible regulación de contenidos periodísticos y el riesgo que esto era para la libertad de prensa. Sabemos que el control de los contenidos periodísticos puede verificarse de manera ostensible y directa o a través de métodos más sutiles pero igualmente peligrosos. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una organización no gubernamental, ha llamado a este tipo de mecanismos indirectos, censura sutil. En el proyecto que hemos conocido aparece esta censura sutil a partir de un concepto que atraviesa todo el articulado y que se llama discrecionalidad. Uno de los aspectos más cuestionables del borrador presentado, desde el punto de vista constitucional, tiene que ver con la amplia y reiterada delegación de facultades legislativas, y el gran espectro de autonomía que le reserva a la Administración a la hora de evaluar, otorgar, renovar, revisar y cancelar las licencias de servicios audiovisuales. La discrecionalidad, en materia de medios, es un arma peligrosa. Esto se ve en varios

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artículos. Creo que no tiene sentido profundizarlos aquí, pero está en el documento por si alguien después lo necesita.

Algo parecido, que no podemos soslayar como entidad que reconoce su origen en la prensa gráfica, es el criterio –peligrosamente ambiguo– esbozado a la hora de considerar a los medios periodísticos para el acceso a una licencia. Se ha dicho que esta ley no afecta a los diarios y a las revistas, y ello no es así. Ustedes saben que históricamente en la Argentina los medios audiovisuales de la radio y televisión estuvieron asociados desde sus orígenes a los medios gráficos, desde Radio Mitre, que era propiedad en sus orígenes del diario La Nación, o Radio El Mundo, del diario El Mundo, hasta en la década del 60, con los canales 13 y 11 vinculados a la Editorial Atlántida o a la editorial de Héctor Ricardo García. No es una novedad.

Por eso resulta anacrónico insistir, como parece hacer este proyecto, en

restricciones que, paradójicamente, fueron impuestas en el país por la ley del gobierno militar. En este punto, el esquema propuesto se emparenta con el de esa ley que tanto se dice combatir, pero con un agravante. Otra vez la cuestión no se zanja en el texto legal sino que se somete al arbitrio del gobernante de turno.

La misma objeción vale para otras situaciones contempladas en el borrador que se acercan al concepto amplio de censura, en tanto imponen una habilitación estatal para ejercer el derecho a la libre expresión, por ejemplo, en el caso de la habilitación de las señales de cable que hoy no requieren habilitación del gobierno. Dentro de los conceptos señalados por ADEPA, el año pasado se hacía hincapié en el principio de legalidad como uno de los aspectos centrales a ser resguardados en cualquier legislación. Se mencionaba la necesidad de un verdadero control estatal de las emisiones irregulares de radio y televisión, pero también del cumplimiento efectivo de las normas que regulan el acceso a la titularidad, la transferencia y la multiplicidad de licencias, así como el respeto a los derechos adquiridos. Debe decirse, respecto de muchas de las normas que la ley propone, que en muchos casos están vigentes normas parecidas y que hoy el gobierno no está haciendo cumplir. Esto se puede ver en temas de nacionalidad del titular de la licencia, de multiplicidad de licencias de radio, por ejemplo, en manos del mismo operador, y muchas otras situaciones.

Sin embargo, este principio de legalidad básico en cualquier ordenamiento jurídico se desconoce en el anteproyecto divulgado. La inseguridad jurídica que presupone la afectación retroactiva a derechos adquiridos, según un marco jurídico preexistente, afecta garantías constitucionales básicas. Además, esto se agrava cuando se establecen plazos para una supuesta adecuación a las normas sobrevinientes, ignorando inversiones decididas en base a un marco legal y económico determinado.

El texto, en definitiva, no parece abonar al desarrollo sostenible de la industria

en su conjunto, como señalaron las entidades que me precedieron. Así como las normas no pueden trastocar la pirámide constitucional tampoco pueden soslayar la realidad socioeconómica sobre las que les toca regular. Hoy, con un mercado publicitario en

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crisis, con medios tradicionales que se ven obligados a diversificarse para sobrevivir, con desarrollos tecnológicos que modifican a pasos acelerados el mapa de la información, parece contradictorio regular sin importar la sustentabilidad real de aquello que se quiere fomentar. Peor aún, puede terminar generando sólo medios débiles, sin escala competitiva frente a los jugadores globales, sin autonomía económica que es la base de la independencia editorial, sin capacidad de generar empleo genuino, de producir con calidad o de exportar contenidos nacionales.

ADEPA ha denunciado también el exceso de cargas fiscales y parafiscales que

terminan comprometiendo la viabilidad de los medios audiovisuales. También ha reclamado como saludable el establecimiento de pautas y procedimientos objetivos para la distribución de publicidad oficial, así como una clara regulación de los medios estatales, ratificando su carácter público y no gubernamental. Lamentablemente, el anteproyecto presentado no aborda éstas ni gran parte de las problemáticas endémicas que viene arrastrando la industria.

Por todo ello entendemos que los principios de libre expresión, legalidad y no

discrecionalidad se ven comprometidos. No sólo el contexto del debate, del que se habló en esta mesa, sino también los contenidos propuestos, que esperamos discutir en profundidad y con mayor precisión en futuras reuniones, entrañan para ADEPA un riesgo potencial para el ejercicio de la libertad de prensa en el país.

Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra el señor Fernández Novoa, vicepresidente de TELAM. Sr. Fernández Novoa.- Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Por supuesto celebramos también la posibilidad de un debate, que en todos estos años ha sido ocultado fundamentalmente a los que hoy no están presentes en este ámbito, que es nuestro pueblo, la sociedad civil. Cuando Luis Lázaro planteaba al inicio la necesidad de que también estuvieran representantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, aunque una parte de los sindicatos que la integran están, no planteaba un tema menor. Fíjense que si en algo ha coincidido la mayoría de las alocuciones que hemos tenido hasta el momento ha sido en la gravitación de esta temática, en la importancia de poder debatir acerca de los contenidos de una legislación que regule a los servicios de comunicación audiovisual en nuestro país. La señora Presidenta de la República presentó esta propuesta de proyecto el día 18 de marzo, y sin embargo, hasta hoy, 7 de abril, en los servicios de comunicación audiovisual más grandes e importantes de la República Argentina este debate no ha tenido lugar. Han tenido lugar otros debates, otros temas.

Una de las cuestiones más importantes que debemos lograr el conjunto de los presentes, en tanto y en cuanto representamos a organismos públicos, a partidos políticos, a sectores empresarios, a los trabajadores, al sector académico, es en esta sociedad que ha mediatizado el conocimiento y que cada vez más necesita de los medios de comunicación para percibir porciones de la realidad, evitar las posibilidades de “lematización” de esa sociedad, de marcarle la agenda, de bombardearla con

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información que no siempre es aquella que más necesita. Necesitamos construir una ciudadanía que tenga la posibilidad de decodificar qué información necesita y qué información no necesita. Podríamos dar un sinnúmero de ejemplos en los que parecía que en nuestro país o sólo existía el conflicto del campo, o sólo existía la inseguridad, o sólo existían aquellas cuestiones que se definían en un proceso de edición, que es una de las cuestiones que más se le oculta a la sociedad. Una cuestión es la realidad y otra muy distinta es la configuración de esa realidad que llega al conjunto de los argentinos. Pocas cosas son tan antidemocráticas en el proceso de construcción de la subjetividad humana como la propiedad en la edición de los medios de comunicación. Hay medios muy grandes, otros que no lo son tanto, pero hay algunos señores que se sientan todos los días sobre la realidad y valoran qué es noticia y qué no es noticia. En ese sentido, quiero saludar la oportunidad de estar discutiendo esto que algunos hemos empezado a discutir hace 20 o 25 años, que tiene mucho tránsito de debate, aunque no siempre ha sido visible. En este sentido, tienen una responsabilidad importante los que tienen la posibilidad hoy de la llegada privilegiada a cada uno de los hogares de la Argentina, que puedan colocar este debate, las ideas de unos y de otros, para que pongamos luz sobre las cuestiones que hoy estamos expresando cada uno de nosotros. Voy a tratar de no hablar más de lo que han hablado los demás.

Quiero decir que cuando planteamos que es una ley de la dictadura, o decreto-ley de la dictadura, nos estamos refiriendo fundamentalmente a su aspecto conceptual y filosófico. Esa concepción de origen de 1980 aún sigue vigente. Esa ley que se estructuró sobre la base de la doctrina de la seguridad nacional y que entendía a la información como un bien mercantil, como una mercancía, hoy sigue vigente. Esto no tiene nada que ver con la posibilidad de atentar contra la idea de que también en los medios de comunicación audiovisual haya negocios. Está bien que así sea. Es una industria dinámica que seguramente deberá seguir desarrollándose. Pero hasta el año 2005, en que se produjo una de las muy pocas modificaciones a favor de la democracia y de la pluralidad, cuando se modificó el artículo 45 de la ley, esta ley planteaba que sólo las personas físicas o las sociedades comerciales podían acceder a la titularidad de las licencias.

Lo que se plantea hoy está en absoluta línea con lo que son las legislaciones más modernas y desarrolladas del mundo, por eso es un proyecto de ley que tiene muchas notas tomadas de otros lugares y también de otros trabajos –como por ejemplo el de la diputada Giudici y otros legisladores que han presentado proyectos de ley en este tiempo– que pone énfasis en entender la comunicación como un derecho humano esencial, y el subrayar el carácter social que debe tener la comunicación. Por eso, cuando nos adentremos en la discusión punto por punto, vamos a poder plantear por qué hay una idea de división del espectro radioeléctrico diferente y que es cierto que hay muchas casas que están ocupadas. Pero también es cierto que hay tiempos que tienen marcados ya para que esas casas dejen de estar ocupadas. Entonces

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la propuesta es que existe una reserva de espectro para comenzar a resarcir ese daño que se ha hecho a la libertad de expresión, que no es lo mismo que la libertad de prensa, que en todo caso es uno de los aspectos que hacen a la libertad de expresión; y que entonces todo el sector no comercial de la comunicación en la Argentina también esté representado a través de ese espectro radioeléctrico que es patrimonio común de la humanidad y que los Estados, a través de la Internacional de Telecomunicaciones, se comprometen a administrar. Así podríamos plantear muchas cuestiones más, que tienen que ver con los argumentos que nos hacen sentir plenamente satisfechos de que podamos poner en debate esta cuestión y que, seguramente, es un proyecto que habrá de recibir los aportes y las posibilidades de intercambio y enriquecimiento que lo hagan aún mejor. Por eso, en lugar de haber ido al Parlamento de la Nación, adonde deberá ir, donde deberá presentarse y donde tendrá el debate parlamentario correspondiente, hoy se puso en debate hacia el conjunto de la sociedad; y el que diga que en estos foros, en los que están participando Gabriel, Luis y muchas otras personas, no hay posibilidades de participar, miente. El que quiere puede participar de estos foros, todos con la misma cantidad de tiempo. Puede entregar los materiales, puede hacer un seguimiento de cómo se van desarrollando esos debates para que realmente, cuando se llegue al Parlamento, esté acompañado de una legitimidad de participación mucho más importante de lo que ha ocurrido con otros proyectos de ley. Quiero terminar pidiendo, en primer término, que dejemos de lado los argumentos, las excusas, las trampas dialécticas. No hay ninguna intención de coartar la libertad de prensa, no hay ninguna intención de conformar nuevos monopolios. Al contrario, haciéndonos eco de una frase de Mario Vargas Llosa, la peor censura es el monopolio. O lo que planteaba el teórico belga Armand Mattelart, la falta de pluralidad en la propiedad de los medios tiene que ver con la falta de pluralidad en los sentidos que estos medios ofrecen, y tampoco digamos que no es el momento. Yo he escuchado dos argumentos, entre otros, a los que voy a hacer referencia muy brevemente. Uno, que hay un tiempo de crispación o de conflicto. Señores: hoy, el principal escenario en el que se debaten las ideas en nuestro país y en el mundo son los medios de comunicación. Por lo tanto, apurémonos todo lo posible para que sean lo más plurales y lo más democráticos y zanjemos a través de ese debate de ideas, con posibilidades mucho más plurales y democráticas, todas las diferencias que podamos tener. Y por otra parte, cuando se plantea este tránsito de debate, el ingreso al Parlamento y la posibilidad de aprobar esta ley, lo estamos haciendo en un sistema democrático que tiene parlamentarios elegidos democráticamente por su pueblo, una propuesta que está planteada hacia la sociedad por una presidenta elegida hace no mucho tiempo por el 45 por ciento de los votos. Yo no he leído en ningún lugar que haya diputados que tienen más o menos legitimidad por la cercanía o la lejanía de una elección. Termino una vez más apelando a la posibilidad de que continuemos con este debate, agradecemos mucho a la Universidad la posibilidad de realizarlo y estamos a

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disposición para poder discutir todos y cada uno de los puntos, escuchar y tratar de plantear cuáles son nuestras propuestas al respecto. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Luis Lázaro quería hacer uso de la palabra y cerramos la ronda de introducción con Glen Postolski. Sr. Lázaro.- Voy a tratar de ser breve e intentar rescatar el ánimo de la diputada Giudici cuando intervino. Y lo quiero decir porque, en algún momento en que las intervenciones tenían un tono de cierta confrontación verbal, ella manifestó –y efectivamente creo que fue así– que intervino con el ánimo en todo caso de destacar y reflejar puntos de encuentro en relación con el tema que se está debatiendo. Y textualmente dijo que buena parte del proyecto refleja el consenso de estos 25 años, y ese consenso no es el patrimonio político de ningún sector político. Más bien creo que tiene que ver con algunas de las intervenciones que han hecho los dirigentes de los sindicatos en el sentido de que esto también refleja un movimiento que viene de la sociedad, en donde también la propia universidad, y especialmente las carreras de comunicación, han intervenido. Creo que hay muchos puntos de coincidencia en general. Yo me quedo con eso. De distintas maneras se hizo referencia a la trascendencia de lo que está en debate. Henoch se refería a la ley en términos de que es necesario avanzar en las cuestiones específicas, habida cuenta de que tenemos una norma que nos va a regir por 30 o 50 años, según otros opinaron acá. Incluso quiero coincidir, y digo en este sentido que Iglesias decía que es una ley central para el mundo que viene e inscribía la temática también en los postulados de la Coalición. Y yo creo que estas cosas son precisamente las que le dan sentido a la oportunidad del debate. Es decir, si esto es trascendente, si esto es histórico, si esto tiene que ver con los tiempos que vienen. Sin duda que el momento es importante y es lo antes posible, no es la postergación. Me gustaría precisar también la oportunidad, porque yo diría que la secuencia de esto es la emergencia de lo social, la emergencia del reclamo de la sociedad por la democratización de la ley. Luego, los 21 puntos que primero fueron votados en un proyecto de declaración en el propio Congreso de la Nación, y a partir de ahí se produce después la propuesta o el proyecto de ley que tenemos a consideración. Y este proyecto está planteado antes de que después las coyunturas políticas de la oposición y del oficialismo determinaran un calendario electoral determinado. Es decir, esta ley está planteada por fuera del escenario electoral, y me parece que es mezquino de parte nuestra tratar de subordinar ese debate a una cuestión de la coyuntura. Quisiera también rescatar algunas cuestiones que se plantearon en relación con una supuesta paternalidad o visión paternalista o supuesto intento autoritario de parte del Estado Nacional. Lo que tenemos hoy es una ley que nos obliga a intervenir el organismo regulador con una intervención directa del Poder Ejecutivo, que tiene la suma del poder en este organismo. Y lo que estamos proponiendo en esta propuesta es

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que ese poder sea compartido en un organismo colegiado con el Parlamento, con la fiscalización de una comisión bicameral, con un Consejo Federal donde estén representados además todas las provincias, todos los sectores de la vida privada, del sector público, del sector social, y los trabajadores del sector. Entonces, me parece que lo paternalista y lo autoritario es seguir con el modelo que actualmente tenemos en vigencia. También coincidimos con los discursos que plantean que la libertad de expresión es del pueblo. Estamos absolutamente seguros de eso. Efectivamente, por eso necesitamos una ley que nos ponga a salvo de la censura que supone el silenciamiento de aquellos que no tienen los medios para comunicarse, que no tienen la posibilidad de acceder al ejercicio de su derecho a la información y a la libertad de expresión a través de los medios. Es verdad que Internet es un poco el paradigma del futuro en materia de medios de comunicación y plantea desafíos regulatorios muy fuertes en todo el mundo. Habrán notado ustedes que en esta propuesta hay un trabajo y un esfuerzo bastante concienzudo de análisis de legislación comparada de los países más desarrollados y más avanzados. En ese sentido, hemos tratado de tomar también un camino prudente que considera los contenidos audiovisuales como aquellos que a partir de una programación previa y mediante la posibilidad de acceso por medios electrónicos de un público que está previamente avisado, puede tener acceso a ellos, es decir por el carácter público de acceso a esa información y no por el carácter privado. Pero no cabe duda que tenemos que meternos en ese debate y en esa discusión, y que si hay contenidos audiovisuales que por distintos formatos siguen llegando a la sociedad argentina, hay que hacerse cargo ahí también de los derechos de la niñez, de la responsabilidad social, de la vida familiar y de una serie de regulaciones que son parte hoy de la vida en los países más desarrollados del mundo y sobre los que necesitamos nosotros también pronunciarnos de manera clara y concreta. Sobre ellos necesitamos nosotros también pronunciarnos de manera clara y concreta. Hay algunas cuestiones sobre las que coincidimos. Efectivamente, no se trata de cambiar un monopolio por otro. Creo que la ley es absolutamente clara en su sentido antimonopólico. Cualquier prestador que quisiera ingresar en los términos que está planteando esta propuesta, sea un prestador de servicio público, sea una empresa telefónica, deberá cumplir tal cantidad de requisitos para asegurar la libertad de competencia, las posibilidades de acceso, la interoperabilidad de redes para que no haya abuso de posición dominante, que convierte a esta propuesta yo creo que justamente en un claro ejemplo de propuesta antimonopólica, y nos parece que así debería ser considerada. En ese sentido, nosotros tomamos algunos estándares menos severos que los Estados Unidos en relación con los límites a la concentración en el sector. Nos parece

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que esto también puede ser razonablemente debatido en términos del modelo de negocios del sector privado. Sí estamos de acuerdo con ARPA en que hay una mora del Estado, que no es privativa de esta gestión, como bien lo decía Veiga, que tiene que ver con una historia política de la Argentina, de la que todos nos tenemos que hacer cargo, el Estado Nacional y el sector empresario también. La solución de este problema ha sido muchas veces un planteo de represión y no de normalización; un planteo de represión que se sostenía en los viejos postulados de esta ley y que llegaron incluso a plantearse como propuestas de penalización y criminalización de los radiodifusores que también estaban ejerciendo su derecho humano. Entonces, ni por una vía ni por la otra; lo que necesitamos es encontrar los cauces democráticos, las herramientas administrativas y los tiempos políticos para poder avanzar con la normalización con una ley en democracia. Me quedé con un tema de Molinero, en el sentido que creo que hay un planteo de ATA que es una materia a debatir, y creo que eso va a ser parte también del análisis en los foros, y sin duda lo será también en el Congreso de la Nación, en cuanto a analizar los tiempos de publicidad y atarlos a un esquema de negocio. Seguramente eso será un motivo para trabajar en el futuro. Quiero terminar simplemente pidiendo que no miremos la Constitución solamente en la parte que defiende nuestro bolsillo o el interés particular, sino que la leamos completa y nos hagamos cargo de que hay derechos y libertades que son de todos. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra el Subsecretario de Medios de la Universidad de Buenos Aires, señor Glenn Postolski. Sr. Subsecretario de Medios (Postolski).- Buenas tardes. Como parte de la Universidad de Buenos Aires no tengo más que agradecer la presencia de todos ustedes por haber asumido este compromiso, que es un compromiso ciudadano y de los distintos sectores a los que representan, para formar parte de una mesa sin duda plural, donde se han visto reflejados diferentes enfoques y pensamientos en torno a una coincidencia que ha quedado claramente plasmada en términos generales. Hay una ley que por causas tecnológicas, por causas filosóficas, por causas políticas, debe ser derogada. Y hay un proceso de construcción social en el cual todos tenemos responsabilidad de aportar para lograr la mejor herramienta normativa posible, no en términos de lo que debe garantizar solamente como un derecho humano fundamental sino en términos de qué proyecto de país a construir a futuro nosotros, como parte de esta etapa histórica política, debemos asumir para los próximos años de la denominada sociedad de la información. En ese sentido, ser el último en tener la palabra me limita un poco porque todo ya fue dicho, y por otro lado me facilita cumplir con los 5 minutos.

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Lo que quiero recalcar es la fuerza y la potencia que tiene este esfuerzo que ha tomado el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires en armar esta Mesa, por lo cual tiene sentido, no porque aquí tenga que estar el eje del debate –sin duda el Congreso es el ámbito donde se debe dar el eje del debate–, no porque sea éste el ámbito más democrático y plural donde se va a dar ese debate. Los foros que está llevando adelante el gobierno nacional son un ámbito natural donde esa pluralidad y esa diversidad están presentes y donde buen favor le haría a la democracia el conjunto del sistema de medios de tomar debida cuenta de esos foros y de lo que ahí se plasma. Pero aquí el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires ha tomado con valentía una decisión. En todos estos años de democracia este no fue un debate ausente; fue un debate espasmódico. Apareció en distintos momentos, con diferentes potencialidades y de la mano de varios sectores políticos. Yo debo decir con orgullo que formo parte de una primera generación de graduados de la Carrera de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y en esta mesa tengo a dos profesores, que ambos han demostrado su cabal compromiso con esta necesidad de la democracia de ir hacia la construcción de una nueva ley, en este caso de servicios audiovisuales. Esos dos profesores parece que forman parte de espacios políticos antagónicos y en este tema estoy seguro que hay una gran coincidencia. Estoy hablando del profesor Henoch Aguiar y del profesor Gabriel Mariotto. Por lo tanto, me parece que el desafío que está asumiendo el Rectorado y la voluntad puesta de todos los sectores que acá están presentes, es no permitir la ausencia de este debate. Desde hoy y durante todos los martes que quedan por delante apelamos a la voluntad de todos en esta participación, con discrepancias, con posturas filosóficas políticas, económicas, confrontadas. Lo que no se debe permitir es que este debate vuelva a estar ausente en la sociedad, por el nivel que implica de compromiso para una verdadera sociedad democrática en la Argentina; sociedad que todos los que estamos en esta mesa tenemos la voluntad de construir. Por eso nuevamente el agradecimiento por su presencia. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Para finalizar el encuentro de hoy les propongo adoptar algunos consensos, yendo de los más fáciles a los más difíciles. Primero, la idea de la Universidad es generar varios encuentros, limitando las exposiciones iniciales a 5 minutos y a partir de ahí, si alguno tiene que ampliar o contestar, lo vamos a hacer. Sr. Mariotto.- Quiero hacer una intervención de forma, porque tengo compromisos asumidos y lamentablemente me tengo que retirar. No pensé que este rico encuentro se iba a extender tanto. Todos nos hemos escuchado y todos tenemos cosas por decir, y no quiero decir algo y retirarme porque no me parece lógico en esta construcción. Pero lo que propongo es que como los martes tenemos foros estipulados, y nos interesa mucho venir a participar de este tipo de encuentros, que por Secretaría se fijen las condiciones de exposición para que podamos ir intercambiando el uso de la palabra, que no sean exposiciones tan largas y extensas como las que tuvimos todos hoy, sino poder confrontar en un marco de pluralidad y democracia con tal de enriquecer el debate. Que

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por Secretaría se establezcan pautas claras de discusión y también lógicas de tiempos, así ya podemos ordenarnos en el ámbito laboral cada uno de nosotros y podremos disponer de un tiempo lógico para tener este tipo de discusiones, que por supuesto son muy enriquecedoras y aportan a un tema tan central, como todos lo hemos considerado, algunos pensando que es la oportunidad, otros no, pero todos sabemos que es un tema que tenemos que debatir. No quiero extenderme para no hacer una consideración política imprudente. Pido que por Secretaría establezcamos pautas claras de metodología de debate y lógicas de tiempo, así podemos ordenarnos como corresponde. Sr. Secretario General (Mas Velez).- Estaban estructurados algunos temas específicos, con una periodicidad de encuentros, pero naturalmente está sujeto a la opinión de todos ustedes. Lo que íbamos a proponer era reunirnos cada quince días, los martes a las 15 horas, por un lapso de dos horas, y que la extensión de tiempo de cada expositor fuera de 5 minutos, de modo que ya que es una mesa de 20 pueda haber al menos una presentación y oportunidad de una segunda más breve. Obviamente, esto está a consideración de la mesa. Si hubiera consenso, todos tienen los puntos, que están planteados para cinco encuentros, es decir, cuatro más aparte de este que es el de presentación y por eso tuvo esta modalidad. La idea es que existan ahora, en pocos minutos, propuestas de incorporación o exclusión de temas, y si entienden que exige una frecuencia mayor los encuentros, podría transformarse en semanal. Si no, la mantenemos quincenal y con esta metodología de dos horas de reunión y cinco minutos por cada uno de los expositores. Sr. Mariotto.- Yo pido autorización para retirarme. Muchas gracias por la invitación y muy honrado de participar de este tipo de debate. Sr. Secretario General.- Gracias. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Un agregado. Así como por ejemplo hoy ADEPA trajo un documento, que cada uno lo pueda dejar por Secretaría y lo circularizamos para ser tratado con el orden del día ya fijado, en la reunión correspondiente. O sea que pueden adelantarse documentos. Sr. Secretario General.- Tiene la palabra la diputada Giudici. Sra. Giudici.- En primer lugar, yo quería señalar que respeté los cinco minutos, hice una breve introducción, y por supuesto la mayor parte de las consideraciones políticas y técnicas de este proyecto no las puedo hacer ni en la introducción ni ahora porque realmente es un tema que hay que profundizar. Sí quiero plantear algo porque recién lo decía Fernández Novoa, de TELAM, y quiero dejarlo bien aclarado. Nosotros somos los que más ponemos para tratar de que esto no sea un compendio de frases hechas.

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Entonces, la primera de las frases a analizar, que se repitió mucho a lo largo de las exposiciones, es si esta es la ley de la dictadura. Porque, la verdad, que de analizar en profundidad, como sé que todos trabajamos en este tema, vemos que poco queda del espíritu de aquella ley, salvo en lo que tiene que ver con la doctrina de seguridad interior, y que el esquema de concentración de medios que hoy critica el oficialismo fue impuesto por las modificaciones de un gobierno justicialista que fue el de Carlos Menem. Para ir desagregando cuáles son las consideraciones políticas, ante una de las apreciaciones –creo que de FATPREN– que planteaban qué hace la oposición con la fusión de Cablevisión, queremos decir que las modificaciones menemistas fueron cristalizadas por este gobierno en el momento en que se prorrogan sin discutir las licencias y se promueven herramientas que nosotros desde la oposición no convalidamos. Entonces, el debate político, les pido por favor que lo llevemos al Congreso. Discutamos acá sobre los aspectos profundos de la ley, y en ese sentido, haciendo caso a la propuesta de las autoridades de la Universidad, yo les quiero sugerir algunos otros temas en este temario que ustedes nos plantean. En primer lugar, querría agregar una consideración sobre la extranjerización de los medios de comunicación, cuestión también incorporada en el marco legal vigente por la Ley de Reforma del Estado de Menem, y convalidada por los tratados internacionales de reciprocidad. Entonces, quiero que también discutamos ese punto porque en la ley veo cuestiones totalmente contradictorias entre algunos artículos y otros. El otro punto tiene que ver con la autoridad de aplicación y la dependencia de la autoridad de aplicación. Porque si todos estamos de acuerdo en que el COMFER tiene que ser una autoridad integrada, participativa, con participación de la oposición, invalida todo esto si lo hacemos depender de la Secretaría de Medios, como lo propone el proyecto de la Presidenta. La Secretaría de Medios es la que tiene la relación del gobierno con los medios de comunicación. En cambio, el COMFER es el que debe tener la relación institucional del Estado con los medios de comunicación. Es una primera discrepancia que me gustaría que la debatamos: dependencia de la autoridad de aplicación. El otro punto lo recogí de algunas de las preguntas de los colegas diputados. Hablaban de hacia dónde apunta este proyecto. Y creo, más allá de las consideraciones generales, que el proyecto tiene aspectos pro-monopólicos y tiene aspectos antidemocráticos. Entonces, cuando discutamos los puntos que ustedes señalan, sobre todo en lo que hace a la incorporación de las empresas de servicios públicos al esquema de radiodifusión y sobre el rol del COMFER –esto sí me gustaría dejarlo en esta reunión para que lo pensemos para la próxima– el artículo 98 propone que si hay caducidad de licencia, el COMFER gestione los medios privados de comunicación, aun con disposición de los equipos que son de los medios privados.

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Esto para mí es intervencionismo en un proyecto de ley, y también me gustaría que cuando ponemos los grandes temas discutamos cuál es el rol del Estado en la administración de los medios de comunicación. El espectro radioeléctrico es de todos, no es de un gobierno. Entonces, si queremos pluralizar la información y hacer más democrática la matriz de medios en la Argentina no podemos transferir esa responsabilidad al Estado porque entonces no estamos hablando de lo mismo. Recién decían los funcionarios que se trata de construir un sujeto, de dejar que la gente piense y que no sean los medios de comunicación los que definan la agenda pública en el país. Yo les quiero decir que me opongo terminantemente a que sea el Estado el que defina esa agenda pública. Entonces, también discutamos acerca del papel del Estado en este punto del artículo 98. Y, por supuesto, creo que lo han mencionado aquí en el listado de temas, la pauta de publicidad oficial para mí es central. Este proyecto regula sobre publicidad comercial y sobre publicidad política, y no dice una sola palabra de la pauta oficial, que hoy en la Argentina ha crecido nueve veces durante el gobierno de Néstor Kirchner y se administra de manera absolutamente arbitraria. Entonces, me parece que esto también hace a una política de medios. El último punto es el acceso a la información pública. Desde la Universidad y desde todos los ámbitos académicos y políticos venimos señalando que en la Argentina hace falta una ley de acceso a la información. Creo que en esta ley tenemos que poner un renglón en este sentido. No estoy diciendo que hagamos un manual de 300 artículos: simplemente digo que también consideremos ese aspecto del acceso a la información pública porque es para mí el último elemento de esta política de medios que debemos propender a tener. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra el diputado Lusquiños. Sr. Lusquiños.- Voy a ser muy breve. Es muy difícil para todos los que tenemos cosas para decir y opinar sobre esto, hacerlo en un marco de cinco minutos, porque es realmente de una profundidad enorme este tema que estamos tratando. Entonces, yo les propongo que para las próximas reuniones, en aquellos temas puntuales, hagamos lo siguiente. Por ejemplo, en nuestro caso queremos opinar sobre la autoridad de aplicación. Es muy difícil tratarlo en cinco minutos. Entonces, que esos cinco minutos sean aprovechados para los lineamientos generales y entregar un trabajo para dejarlo como antecedente en esta Mesa. Me parece que va a ser mucho más fructífero que exponer en cinco minutos lo que es imposible exponer en cinco minutos, sea el tema que fuere. Por ejemplo, esta ley exigiría también plantear otro tipo de leyes, como la ley de libertad de pensamiento, la ley de libertad de culto. ¿Las ponemos, no las ponemos, lo

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discutimos, no lo discutimos? ¿Avanzamos, hasta dónde avanzamos? Lázaro pone cara como diciendo “demasiado”. Pero bueno, estas también son cosas a debatir. Así que, como no van a alcanzar cinco minutos, yo propongo utilizarlos para los lineamientos generales, hacerlo en forma oral, y dejar el trabajo escrito en los temas puntuales. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Diputado: la idea era incluso adelantar las posiciones. Habiendo ya establecido un orden del día y circularizado entre todos los integrantes de la Mesa, cuando haya trabajos presentados, la idea es adelantarlos a la reunión, de modo que la exposición haga una síntesis del trabajo, que todos lo tengan leído, y a partir de ahí todos puedan opinar sobre eso o todos los trabajos presentados. Tiene la palabra el diputado Morgado. Sr. Morgado.- Solamente quería precisar cuestiones terminológicas, de revalorización de las palabras. Para comprender adecuadamente una ley, un marco normativo, nos tenemos que remontar en lo posible hasta sus orígenes remotos porque existe un fuerte vínculo entre lo que esa normativa es actualmente y aquello que fue con anterioridad. Esto lo digo referido a la Ley de Radiodifusión como ley de la dictadura. Sigue siendo la ley de la dictadura. Conservemos esas palabras porque esto subyace, está dentro del espíritu de lo que era la doctrina de la seguridad nacional, y además cómo se implementa, cómo se corporiza en la figura del interventor del COMFER, cosa que dijo Luis Lázaro antes. O sea, sigue siendo la ley de la dictadura. Sr. Lázaro.- ¿Me permiten hacer un aporte metodológico? Me parece bien lo que plantea Lusquiños en el sentido de tratar de acotar las intervenciones y descentralizarlas lo más posible. Quería compatibilizar eso con lo que había planteado la diputada Giudici en el sentido de abrir la lista temática. Lo que propondría para compatibilizar las dos cosas es que abramos aquellas cosas que específicamente están contenidas en la propuesta o que hacen a esta ley, y las cuestiones que hagan a otras leyes posibles, más allá que puedan tener vinculación, las tratemos en otro momento. Digo esto para poder concentrarnos en el debate y tener un resultado concreto. Sr. Iglesias.- Yo quería hacer una muy breve aclaración, en relación con mi carácter de miembro de la Coalición Cívica en esta mesa. Insisto: no me parece que la legalidad de un Parlamento sea igual a la legitimidad. La Constitución y las leyes establecen una determinada periodicidad, y también las leyes dictadas por este propio gobierno. Y la idea de la periodicidad, que haya una elección parlamentaria a mitad entre dos períodos presidenciales, no es antojadiza; pretende ajustar la legalidad del Parlamento a su legitimidad, es decir a lo que el pueblo de la Nación opina que tienen que ser sus actuales representantes, de acuerdo a los sucesos últimamente acontecidos.

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De manera que hay un punto sobre eso, no es simplemente arbitrario. Cuando se altera la periodicidad fijada por la Constitución y por las leyes, se altera la legitimidad, porque después tenemos probablemente un Parlamento que no es exactamente el que acaba de votar la gente. No es una chicana ni un vicio de construcción con respecto a este punto. Insisto: nadie dice que no es el momento –por lo menos yo no lo digo– de discutir la ley. Por eso estoy acá y participo de la discusión de esta ley haciendo esa salvedad de que por más que avancemos en la discusión de la ley, se necesita tiempo para que sea una política de Estado y para ello se necesita legitimidad, es decir, que sea sancionada no sólo por un Parlamento legal sino por un Parlamento legítimo que represente la opinión presente de los ciudadanos argentinos. Dicho esto, quiero agregar un par de cosas a la agenda. Uno es el tema del monopolio, que me parece que está insuficientemente desarrollado y que debería ser analizado no solamente en términos de la propiedad de los medios específicamente periodísticos sino en términos generales. Acá se fue a la privatización de los teléfonos con el cuento de la competencia, y se pasó de un monopolio estatal a dos monopolios privados, porque nadie que estaba en el área de Telefónica se podía pasar a Telecom y viceversa. Esa división sigue vigente después de seis años de gobierno “antimonopólico”. Ahora, sin cambiar eso, se abre la entrada de esos monopolios a los medios de difusión. Entonces, se da la situación un poquito sospechosa, digamos, que el gobierno que le regula las tarifas a las empresas monopólicas de teléfonos, y les puede decir “te subo o te bajo la tarifa”; y el volumen de las empresas telefónicas monopólicas es extraordinariamente superior con respecto a las empresas periodísticas. Si uno ve el volumen de negocios de las empresas telefónicas frente al de Clarín, éste es un enano. Entonces, curiosamente se habilita a entrar a Telefónica y Telecom en el mercado de Clarín, que son muchísimo más grandes, mientras con la otra mano el gobierno sube o baja la tarifa y hace fundir o no el negocio principal, y por lo tanto esos medios quizá tengan algún tipo de condicionamiento. Entonces, contrariamente a lo que se dice de limitarnos a tratar solamente la Ley de Radiodifusión, me parece que hay que mirar el panorama general del país, cuáles son las prácticas políticas que existen y empezar a no ser niños de pecho. Me parece que está muy claro que si estamos en contra de los monopolios tenemos que ser consecuentes con esto en todos los ramos, porque si no, después se nos mete por la ventana lo que quisimos sacar por la puerta. Sr. Morgado.- Quiero proponer una moción de orden. Sr. Iglesias.- Ese punto es el del monopolio. El otro tema es si la separación por soportes es tecnológicamente sustentable. Es decir, ¿tiene algún sentido hablar de ley de audiovisual o de radiodifusión o como sea, cuando todo viene mezclado y los diarios vienen por Internet? Me parece que o abrimos una discusión sobre el problema de los medios en democracia e incluimos todos los soportes, o hablamos de progresismo y

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seguimos legislando para el año 1950. Entonces, me parece que el tema de separación de soportes es crítico. Sr. Morgado.- Con todo respeto, me parece que para el próximo encuentro sería fundamental que leyéramos la ley, porque esto que vos estás diciendo... Sra. Giudici.- Yo trabajo hace muchos años en el tema, no me podés decir que leamos la ley. Sr. Morgado.- No te lo digo a vos, lo digo en general. Todo esto que estamos hablando está en el artículo 25 de la ley. Sr. Iglesias.- Eso es lo que estoy criticando. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Si les parece, cerramos este encuentro definiendo la metodología de trabajo y el Orden del Día. Sr. Secretario General.- Tratemos de focalizarnos en los temas que se van a abordar en los próximos encuentros y en la metodología, y no sigamos profundizando conceptualmente en el debate, dado lo avanzado de la hora. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra el doctor Aguiar. Sr. Aguiar.- Justamente quería compartir algunos criterios legislativos muy usuales en materia de derecho comparado, para tratar estos temas y que podrían enriquecer la redacción que hay hoy en día. Son nada más que cuatro puntos. En materia de conducción de la radiodifusión y la televisión pública, se propone un ente que ya tiene participación de la minoría, lo cual es un avance. Recuerdo que los puntos 12 y 19 de los 21 puntos de la iniciativa ciudadana hablaban de entes no gubernamentales, no con participación de minoría sino realmente no gubernamentales, tanto en la conducción como los entes públicos, tipo BBC de Londres, etcétera. Sería un avance importante para hacer, no sólo en la Nación sino también en los entes públicos provinciales, que han quedado afuera. Habría una regulación para los medios capitalinos, en definitiva, y dejaríamos que hubiera feudalismos informativos en el interior, lo cual no es bueno. Segundo punto: en materia de titularidad de licencias hay criterios rígidos. Por ejemplo, se dice diez licencias, pero no es lo mismo tener diez FM barriales en todo el país que tener diez televisoras abiertas que ocupan las capitales provinciales. No es lo mismo tener 24 cables de localidades de 500 habitantes, que 24 cables en ciudades de 50 mil habitantes, aunque no alcancen al 35 por ciento que establece la ley. Entonces, criterios rígidos en materia de titularidad de licencias llevan siempre a incoherencias con la realidad. Me parece que podemos trabajar esos criterios. Tercer punto: en materia de programación se imponen cupos y obligaciones. Suele existir, pero en algunos casos generan incoherencias. Si tomamos pequeñas radios

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del interior del país, que deben cubrir un 20 por ciento con educación, cultura y programas de bien público, uno se pregunta cómo se subsidian, cómo se financian. Entonces, si bien hay que poner límites, es más interesante que la ley trabaje incentivos, más que obligaciones, que es lo que de verdad genera esto. Finalmente, quería hacer un warning. Disiento un poco con el diputado Iglesias sobre la definición de comunicación audiovisual. Tal como está hoy en día dice que quien proporcione contenidos sobre redes de plataformas electrónicas constituye un servicio audiovisual y por lo tanto, según la ley, debería tener una licencia, autorización o permiso y estar reglado por esta autoridad. Si yo tengo un blog, estoy proporcionando información y entretenimiento. Todos nuestros blogs, todo lo que hay en Internet, estarían dentro de esta ley. Creo que es otro debate. Sugeriría debatirlo en otro momento. Hay países enteros que han preferido no regular Internet y sus contenidos en este momento sino de manera tangencial, y no caer en esta definición que me parece que es peligrosa por lo abierta, sin que podamos de verdad tratarla. En definitiva, criterios de más federalismo y entes menos gubernamentales, criterios flexibles en materia de concepción de titularidad y concentración de licencias, incentivos positivos a las programaciones que deseamos y no controles que después se incumplen por la realidad económica, y dedicarnos a lo que de verdad es una Ley de Radiodifusión y comunicación audiovisual, pero no meter todos los contenidos que se les ocurran sobre redes de transmisión o redes de comunicación electrónica, porque nos meteríamos a la vez en Internet y en telecomunicaciones y haríamos que el COMFER y la Secretaría de Comunicaciones estén trabajando sobre una materia común. Diferenciando las dos leyes creo que podemos llegar a una claridad de objetivos, desde el punto de vista académico, para construir estos proyectos. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra el diputado Macaluse. Sr. Macaluse.- Vamos a intentar sustraernos de la continuación del debate y proponer cuestiones metodológicas. Como esto nos apasiona y no nos lo queremos perder, a los diputados nos pasa que por las tardes tenemos reuniones de comisión, y algunos de nosotros somos presidentes de bloque. Entonces, yo pediría, en el caso de que se superponga una reunión de este tipo con las que están convocadas, para no perder el hilo, que pudiéramos designar a un diputado del bloque o a un asesor con conocimientos específicos del tema, de manera tal de no dejar la silla vacía. El compromiso es el de asistir porque nos interesa estar, y seguimos pegando después de que suena la campana, como los boxeadores que se entusiasman. Pero en el caso de que no podamos hacerlo, que pueda reemplazarnos alguna persona que pueda intervenir. Sr. Secretario General.- En este sentido, si hay preferencia por algún otro día de la semana, podemos cambiarlo. Hoy martes fue un día como propuesta inicial. Se puede plantear cambiarlo, si les queda más cómodo.

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Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- U otro horario. Sr. Macaluse.- No, cambiar no. Yo decía que pueda venir alguna otra persona en el caso de que nosotros no podamos asistir. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- También en el sentido que decía el diputado Macaluse, cuando conformamos este grupo inicial intentamos que todas las corrientes de pensamiento estén sentadas aquí y reflejadas. Sr. Iglesias.- Los martes es un buen día porque es el día previo a las sesiones. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Si no, podemos cambiarlo. ¿El lunes les parece un buen día? Sr. Morgado.- El lugar podemos cambiar. Podríamos ir a alguna playa. (Risas) Sr. Fernández Novoa.- Yo solamente quiero reiterar el tema de los foros. Si funciona esto de que puedan venir algunos colaboradores nuestros que no participan de los foros, los lunes podemos. Si no, hay por lo menos dos lunes en las próximas semanas en los que hay foros en el interior del país. Sr. Secretario General.- Pero como estas reuniones serían cada 15 días, hay que ver si justo coinciden con los lunes que hay foros. Sr. Fernández Novoa.- Hay foros el lunes 20 y el lunes 27. Es bueno que lo sepan porque todos están invitados a participar. Sr. Secretario General.- Si cambiáramos a los lunes, coincidiría sólo el lunes 20, porque el 27 de abril no habría reunión sino el 4 de mayo. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Entonces, la adelantamos para el día lunes 20 de abril a la hora 15. Sr. Fernández Novoa.- Tengamos sólo presente que Lázaro, Mariotto y yo no vamos a estar, pero trataremos de que venga alguien. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- La verdad, sería bueno que algún representante del COMFER esté presente.

Sr. Secretario General.- Otra posibilidad es hacer el próximo lunes un encuentro y después seguir cada 15 días. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Entonces, fijamos el viernes 24 de abril a la hora 15 como fecha del próximo encuentro, y a partir de ahí hacemos la secuencia de encuentros.

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Si les parece bien, incorporamos los temas que propusieron los diputados. En alguna medida están reflejados en algunos puntos. Los ampliamos, circularizamos a todos el orden del día. Con respecto a aquellos que tengan alguna objeción o propongan una modificación, nos vamos intercambios emails hasta que quede definitivo. Sr. López Novoa.- Una última cuestión. Quisiera saber si se ha registrado la propuesta de invitar a la Coalición. Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Es cierto. Luis Lázaro había propuesto integrar a esta Mesa a la Coalición… Sr. Iglesias.- Yo estoy de acuerdo con la condición de que se abra a todas las ONGs, no a una sola. Si vamos a ser pluralistas… Sr. Lázaro.- No es un planteo caprichoso ni una cuestión mezquina de la política. Sr. Iglesias.- No, no he dicho eso… Sr. Lázaro.- Pero es público y notorio que hay un conjunto de organizaciones muy representativas que hace cinco años que están trabajando en este tema y que han presentado los 21 puntos, que el Congreso en Diputados votó favorablemente. No es una cuestión ni de mezquindad política…

-Hablan varios participantes a la vez.

Sr. Granero.- Un detalle. Siendo integrante de la Coalición, cada vez que nosotros tenemos un evento, adentro de los eventos la misma Coalición designa los representantes. No es que acá se cierra o se abre, esto es un funcionamiento institucional que nos hemos dado dentro de la Coalición históricamente. No se decide que mandemos a uno o a otro, sino que nosotros lo definimos adentro de la institución. Sr. Secretario General.- Vamos a preguntar concretamente: ¿alguien se opone a que venga un representante de la Coalición, que se lo invite a partir de la próxima reunión? Sr. Iglesias.- Si es la única ONG, yo me opongo. O se abre a todas las ONGs, o no se abre a ninguna. Yo no quiero decir que hay alguna tendenciosidad. Pero la única ONG que tiene una persona representada acá, es la que se queja de que no está representada. O abrimos o cerramos. Sr. López Novoa.- En tal caso, diputado, la Coalición está integrada por más de 50 organizaciones. Sr. Iglesias.- Me parece muy bien que vengan. Pero que abran también la participación a las demás.

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Sr. López Novoa.- Ya me parece que estamos ante un modelo de encuentros diferentes. La Coalición tenía el sentido de que los 21 puntos están dentro de esta propuesta, que es lo que inicialmente origina que estemos aquí reunidos. No es una cuestión caprichosa. Sr. Iglesias.- No, no he dicho eso. Sr. Macaluse.- Quiero hacer una propuesta que a lo mejor puede resolver el tema: invitar a la próxima reunión a la Coalición y traer ideas. Porque lo de la Coalición es una propuesta concreta. Yo estoy de acuerdo con que venga, creo que no hay objeciones a la Coalición en sí misma sino a que haya amplitud. Tal vez en la reunión próxima, si alguien tiene alguna propuesta para hacer, se debate entre todos e invitamos a cualquier otra ONG que quiera participar, habiendo trabajado en el tema. Sr. Lázaro.- Absolutamente. Hemos trabajado toda la vida con todas las ONG. No hay ningún criterio ni sentido de exclusión de nadie, y muchas de esas ONG, además integran la Coalición. Sr. Iglesias.- Permítame dar vuelta la pregunta. ¿Alguien se opone a que en la reunión a la que viene la Coalición, vengan las demás ONG? Abramos el foro y que la Universidad decida. Que sea plural la representación de las ONG, no de una sola. Sr. Secretario General.- El mundo de las ONG es muy variado. Entonces, requiere de un consenso en esta mesa de cuáles van a ser las que vengan. Porque si no, el universo es infinito.

-Hablan varios participantes a la vez.

Sr. Granero.- Pareciera que debemos tener una visión paternalista sobre un grupo de compañeros que realmente han militado durante un montón de años respecto de esto. Como si no pudiéramos resolver adentro de la Coalición qué representantes vamos a mandar acá. Sr. Iglesias.- ¿La Coalición representa a todas las ONG? Sra. Giudici.- Para no enfrascarnos en una discusión demasiado finita, lo que yo preguntaba es si el representante de FATPREN venía en representación de la Coalición. Como él lo dijo, ya estaba representado. Eso significa que la Coalición te mandó a vos en representación de la Coalición. Sr. Granero.- Invitaron a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, pero somos integrantes de la Coalición, somos fundadores de la Coalición. Sr. Giudici.- Por eso. Acá la discusión está entre si invitamos a la Coalición o lo que el diputado Iglesias propone, que es invitar a otras ONG, y en eso me parece una propuesta concreta. ADC es la organización que más ha trabajado por el tema de publicidad oficial. En ese sentido comparto que sería bueno que ADC también estuviera en la Mesa.

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Ahora bien, esta discusión que se da sobre la Coalición es porque queremos saber, como vos hablaste en nombre de la Coalición, si vos venías en nombre de la Coalición. En ese caso estaría saldada la discusión. Sr. Granero.- No, no, represento a la Federación. Sr. Iglesias.- Yo reconozco el carácter plural de la Mesa. Creo que la Universidad ha sido capaz de decidir, de darle un marco plural. Me parece bien que todos deleguemos en quien ha organizado esto, que es la Universidad, la decisión de cuáles ONG tienen posibilidad de opinar con autoridad y con experiencia en el campo. Abran una especie de inscripción y decidan ustedes quiénes son las que vienen. Sr. Secretario General.- Entre el miércoles y el lunes que viene hágannos llegar las propuestas de incorporación de ONGs y nosotros vamos a decidir.

-Es la hora 18 y 1.