memorias encuentros regionales - coalición "larga vida a las mariposas"

COALICIÓNNacional e internacional

Larga Vida a las Mariposas

Memorias encuentros regionales

El pasado 26 de julio se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá el Encuentro Regional “Larga Vida a las Mariposas”, en el cual se dieron cita organizaciones defensoras de derechos

humanos, familiares de prisioneros políticos, abogados y colectivos de solidaridad, con el ánimo de discutir y analizar la actual problemática carcelaria y recoger insumos y propuestas que serán presentadas al II Encuentro Nacional e Internacional “LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS”, el cual se llevará a cabo en el mes de octubre del presente año en la ciudad de Bogotá.

Problemas como el del hacinamiento carcelario, la precaria asistencia médica, la política criminal excluyente, la criminalización de la protesta social y la necesidad del fortalecimiento de un amplio y cohesionado Movimiento Nacional Carcelario, fueron algunos de los temas que se ahondaron y se analizaron durante el encuentro.

En horas de la mañana la jornada conto con diversos panelistas que profundizaron en los temas de Justicia transicional, política criminal y régimen carcelario, victimización de los prisioneros políticos y Movimiento Nacional Carcelario. Ponencias que dieron insumos para las discusiones que se llevarían a cabo durante el resto de la jornada.

En horas de la tarde se trabajó en mesas por ejes temáticos en donde se discutieron las diferentes temáticas y se presentaron propuestas que serán llevadas al encuentro nacional e internacional.

La coalición LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS pretende de esta manera visibilizar y denunciar la actual problemática carcelaria que se vive y la cual sigue costando miles de vidas dentro de las cárceles del país. Pero sobre todo, La Coalición pretende trazarse un plan de trabajo organizativo que permita generar propuestas concretas frente a dicha problemática y frente a la actual coyuntura política que vive el país.

La coalición Larga Vida a las Mariposas sigue luchando por la libertad y la dignidad de todas y todos los prisioneros políticos, seguimos construyendo país y seguimos soñando y pugnando por un país en paz con justicia social.

POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD DE LOS PRISIONEROS POLITICOS

“LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS”

Encuentro Regional (Bogotá)

Larga Vida a las Mariposas

Memorias

POR LA LIBERTAD DE LOS PRISIONEROS POLÍTICOS 5

Compañeras y compañeros de la Coalición Larga Vida a las Mariposas reciban un fraternal saludo. Un saludo especial a mis compañeras y

compañeros prisioneros políticos, a las y los ex prisioneros políticos que mantienen su compromiso y a los familiares que valiente e incondicionalmente nos acompañan con su autentica solidaridad.

Siendo prisionera política en la reclusión de mujeres de Bogotá, junto a mis otras compañeras y compañeros, hicimos parte del nacimiento de la Coalición Larga Vida a las Mariposas y participamos activamente del primer encuentro.

Durante mi corto periodo en libertad provisional, mantuve mi compromiso por la defensa y la búsqueda de libertad de quienes quedaron detrás de las rejas. Extendí mis alas hasta donde me fue posible, y hoy hubiera querido compartir con ustedes en este encuentro, pero dada mi situación jurídica, no me es posible. Sin embargo hoy estoy con ustedes en esta otra forma de estar y desde aquí seguiré trabajando y luchando por la libertad de todas y todos los prisioneros políticos, y exigiendo el respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana de todas las personas privadas de la libertad.

En coincidencia con mis compañeras y compañeras en prisión, aspiramos a que el espacio de la Coalición Larga Vida a las Mariposas, se fortalezca en un espíritu de unidad, de respeto, de juego limpio, de trabajo colectivo

y de inclusión, porque las prisioneras y los prisioneros políticos necesitamos del concurso de todos ustedes.

Aspiro a que la discusión en las mesas de trabajo surjan importantes propuestas y conclusiones , como la amnistías e indultos amplias y generales para todas las prisioneras y prisioneros políticos , que puedan estas ser presentadas en el escenario de conversaciones entre el gobierno con las guerrillas de las FARC y ELN.Que este encuentro compañeras y compañeros sea exitoso, fraterno y propositivo en beneficio de las prisioneras y prisioneros políticos y de todas las personas privadas de la libertad que hoy se organizan en torno al Movimiento Nacional Carcelario.

Final mente compañeras y compañeros , solicito a este encuentro , que a través de la Fundación Comité de Solidaridad con los Prisioneros Políticos, se nombre una comisión de juristas para que estudie mi caso y presente una petición de revisión, ante las autoridades correspondientes, por la múltiples irregularidades e ilegalidades del mismo.

Mas temprano que tarde estaré de nuevo en libertad, para continuar trabajando junto a ustedes por las causas justas y la paz de Colombia, un cariñoso y fraternal abrazo.

LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA

SALUDO DE LILIANY OBANDO AL PRE ENCUENTRO REGIONAL (BOGOTÁ) LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS

En este país en donde la opinión esta criminalizada, quienes asumimos una actividad crítica frente al establecimiento que nos persigue, se nos impone

la muerte física o la muerte judicial o si no la muerte política.

En este contexto hay miles y miles de presos políticos en este país,en donde se nos persigue por el delito de conciencia o de sencillamente decidir pensar diferente.

En mi caso tengo que decirlo, se armó un montaje por un supuesto hecho que nunca sucedió. Esrto apartir de una inexistencia reunión, me montaron unos testigos( paramilitares de justicia y paz) afortunadamente hemos logrado ir desenmascarándolos, en estos momentos tienen imputación de cargos por ser falsos testigos,adicionalmente me montaron un fiscal, que no podía ejercer como fiscal. El caso del criminal William Gildardo Pacheco Granados, quien fue el teniente de la policía en el año 91 en Armenia, y desapareció a un joven allí, por eso fue destituido desde la procuraduría, pero además de eso fue también condenado por la justicia penal militar, y no se sabe cómo ese individuo violando la ley en los artículos 150 numerales 5 y 6, lo nombraro como fiscal, cuando nunca podía ejercer el cargo de fiscal, este violador de derechos humanos, fue el que me investigo y quien me acusó. Es decir un violador de

derechos humanos como fue este fiscal 22 William Julio Pachecos. Investigo a un defensor de derechos humanos, imagínese que contra sentido y que garantías me iba a brindar este personaje.

De hecho todo el derecho de defensa y el derecho al debido proceso, pues me lo violó y salió con los falsos testigos al punto de que bueno, lograron que basara este montaje.Esta persona fue ya destituida de la fiscalía, pero además ya tiene un proceso penal por desaparición forzada en un crimen de lesa humanidad sin embargo y apesar de las evidentes contradicciones yo continuo detenido.Ya voy a cumplir 4 años de esta injusta detención, producto de este montaje por atreverme a denunciar a Álvaro Uribe Vélez, que estaba reunido con varios paramilitares de Barrancabermeja y Puerto Berrio.

Todos estos hechos en Colombia la justicia se ensaña obviamente contra quienes tenemos un pensamiento crítico. Y para finalizar decirles a ustedes que con mucho optimismo, mucha perseverancia pero sobretodo con la frente en alto, continuamos en esta brega, para finalizar quiero compartirles un poema que ha inspirado mi situación de encierro.

Mi idealMi ideal sin verlo siempre está conmigo

es mi gran amigo, ayudándome es el primeroCuando tienes un ideal, es la razón para vivir, también para insistir en luchar contra el mal,

La magnanimidad de mis ideas me llena de convicción, se convierten en solución cuando llegan las mareas.El pensamiento crítico, aunque sea perseguido jamás será destruido, el pensar supera el dolor físico.

Compañeros y amigos, a todos ustedes quiero desearles un gran éxito en este gran evento y que ustedes continúen esta brega de solidaridad con todas las personas que nos encontramos injustamente detenidos.

Muchas gracias y un saludo a todos y a todas.

DAVID RABELO:SALUDO AL ENCUENTRO

LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS

SALUDOS AL ENCUENTRO REGIONAL (BOGOTÁ)


MemoriasCOALICIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL “LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS”

POR LA LIBERTAD DE LOS PRISIONEROS POLÍTICOS6 7

Estimados compañeros y compañeras; enviamos un fraternal saludo a todas las organizaciones políticas y sociales que de alguna u otra manera han incluido

entre sus agendas, iniciativas en pro de los prisioneros políticos.

Particularmente recibimos con agrado la noticia de la reactivación de la Coalición Larga Vida a las Mariposas, sobre todo en momentos en los que se discute la posibilidad de una salida negociada al conflicto armado y que además se ha tenido en cuenta la importante participación de las víctimas.

Los prisioneros políticos también somos víctimas, especialmente quienes nos encontramos sindicados, purgando una pena sin que haya habido un fallo condenatorio.

Algunos llevamos cerca de tres años y más; soportando entre otras cosas la inoperancia de la justicia, la inseguridad jurídica y la falta de garantías, esto además del ensañamiento del sistema judicial, incluyendo al Inpec, contra los prisioneros políticos.

Llevamos 33 meses privado de la libertad sin que se haya iniciado el juicio oral. Los jueces de Florencia (Caquetá), para el caso concreto, con función del control de garantías, no reconocen un evidente vencimiento de términos, y además, como si se tratara de una orientación manifiesta, no toman en cuenta los argumentos de los defensores sobre el vencimiento de términos, sumado a los aberrantes y deplorables tratos por parte del Inpec, que nos considera delincuentes de alta peligrosidad y nos confinan al encierro en centros penitenciarios asignados por la ley para la reclusión de condenados.

Todo ello es el reflejo de que nos encontramos ante a un proceso político y no jurídico, por eso hacemos un llamado para que se denuncie y cese la represión sistemática, que inició con la persecución y que continua aun en la cárcel.

Es necesario que se nos reconozca como víctimas del estado, y que nuestra situación, sea discutida en la mesa de la Habana. Nosotros solo somos un referente de miles de prisioneros políticos que sufren la misma suerte.

Compañeros y compañeras un fuerte abrazo y seguimos resistiendo

Compañeras y compañeros, delegados y delegadas al encuentro regional de la Coalición Larga Vida a las Mariposas, reciban desde la cárcel la picota,

pabellón de alta seguridad, un fraternal saludo de los prisioneros políticos que nos encontramos en este patio.

Es un gusto poder saludarlos por este medio y felicitarlos por el esfuerzo que vienen realizando en favor de la unificación de criterios para realizar de mejor manera todo el trabajo de atención y difusión de la problemática de los prisioneros políticos en esta región del país.

He visto la convocatoria y la agenda que tienen para este encuentro, el cual me parece supremamente importante y espero que las deliberaciones y las decisiones que se tomen en este encuentro redunden positivamente en todo el trabajo en favor de los prisioneros políticos de la región y del país, y por supuesto de toda la población carcelaria.Hay un punto el cual me llama particularmente la atención, y es el del Movimiento Nacional Carcelario. Como ustedes saben, desde la cárcel la picota hemos venido retomando la idea desde hace ya algunos años y se ha venido trabajando en la conformación de dicho movimiento en el país.

Aprovecho entonces esta oportunidad para expresarles cuales son los criterios que hemos expuesto en un documento que se ha venido dando a conocer, con las limitaciones propias de nuestra situación, pero que aspiramos que contribuya al debate y que contribuya a la discusión para encontrar la mejor forma organizativa, para encontrar los mejores principios, para encontrar los mejores criterios de trabajo y el mejor plan de acción en favor de toda la población carcelaria.

En primer lugar quiero decir, que aunque la idea no es nueva, si es cierto, por lo que pude hablar con algunos prisioneros políticos con los cuales me encontré en el tiempo que estuve en el Eron picota, que el movimiento

carcelario se había venido quedando solo en una idea, en una consigna que se agita cada vez que hay una coyuntura política, que se realiza un evento o que se promueve alguna campaña o una jornada de desobediencia civil en las prisiones.

Nosotros lo que hemos pretendido es que el Movimiento Nacional Carcelario adquiera una forma concreta, que tenga una estructura orgánica, y que esa organicidad del movimiento sea la que nos permita dos cosas fundamentales a nuestro modo de ver.

1. Involucrar a toda la población carcelaria. Debemos entender que de los 125 o 130.000 presos que cumplimos una prisión intramural, solamente el ocho y medio o nueve por ciento, máximo, pertenecemos a la categoría de prisioneros políticos, tanto prisioneros de guerra como prisioneros de conciencia, el resto de la población carcelaria que comparte con nosotros las dificultades de la prisión corresponde a otros sectores, como son los presos del paramilitarismo y los presos de otras causas que nosotros denominamos presos sociales, pero que igual que nosotros, padecen la desatención en salud, la mala alimentación, los malos tratos, el hacinamiento, los tratos degradantes hacia las visitas y demás problemáticas que se padecen al interior de la prisión. Por lo tanto el movimiento nacional carcelario debe ir mucho más allá de los prisioneros políticos.

2. Otro aspecto importante de esa estructura orgánica, que debe ser permanente y no simplemente un equipo que se conforme para desarrollar una campaña o una jornada, es que de esa manera nosotros vamos a trascender las coyunturas. Debe ser una estructura permanente que se vincule no solamente a reivindicar las necesidades y la problemática de la población reclusa, sino que se vincule activamente a todo el movimiento social y popular para dar la lucha política y social por el nuevo país que nosotros queremos, y que es de cierta

Buenas tardes compañeros, el día de hoy les brindamos un fraternal abrazo y los saludamos desde esta foco de resistencia, agradeciendo el apoyo incondicional a todas las personas y organizaciones que siempre están pendientes de la situación que vivimos los prisioneros políticos del país.

Somos conscientes de las actuales circunstancias que vive Colombia, en donde los enemigos del pensamiento diferente están en acoso constante, por eso los invitamos a continuar la lucha contra la injusticia que nos permita construir la nación soñada, desde hace 522 años.

Desde la reclusión de mujeres de Bucaramanga, nos despedimos dejándoles un abrazo y con la esperanza de reencontrarnos muy pronto en el camino por la lucha de nuestros sueños.

Con afecto Erika Aguirre y Xiomara Torres

SALUDO DE JORGE ELIECER GAITÁN Y CARLOS LUGO DESDE LA CÁRCEL LAS HELICONIAS, FLORENICA (CAQUETA).

SALUDO DE HUBER BALLESTEROS DESDE LA CÁRCEL DE MAXIMA SEGURIDAD, LA PICOTA-BOGOTÁ.

FAMILIARES CASO LEBRIJA 22



manera, la razón por la cual los prisioneros políticos nos encontramos hoy tras las rejas. Un aspecto muy importante es el reconocimiento entonces de que en las prisiones no solamente hay prisioneros políticos, sino que también hay prisioneros de otros sectores ya reconocidos al interior de las prisiones, y que para nosotros son importantísimos en esta lucha. No solamente pretendemos humanizar las cárceles y mejorar ese sistema de justicia inquisidor y represivo que tenemos, si no para que las personas, todos los que estamos aquí, no nos sigamos sintiendo sujetos políticos y actores de primera línea de las transformaciones que nuestra sociedad requiere.

Obviamente necesitamos, desde nosotros los prisioneros políticos, reivindicar entonces también la necesidades de estos otros sectores y entender que ellos deben hacer parte de la dirección y parte de la vocería de este movimiento, y que por lo tanto debemos desprendernos de todo sectarismo y vanguardismo, que de alguna manera nos ha caracterizado a nosotros, y que en muchos aspectos, no solamente en el movimiento nacional carcelario, sino casi en todos los proyectos políticos que emprendemos dan a

traste con la unidad, porque queremos ser no solamente los de la idea sino que queremos ser prácticamente los únicos que dirigimos los movimientos, aspirando que los demás simplemente hagan cola detrás de nuestras orientaciones y detrás de las indicaciones que nosotros demos para el trabajo.

Me alegra mucho que este espacio se esté realizando, que ojala todos los colectivos de derechos humanos y de abogados que hoy están presentes, unifiquen criterios que sin duda van ayudar a mejorar la atención humanitaria, jurídica y de atención política a los prisioneros políticos de conciencia y prisioneros de guerra que nos encontramos en las prisiones del país.

Un abrazo para todos y todas y muchísimos éxitos, de parte de este colectivo.

De mi parte, Huber Ballesteros Gómez, prisionero político de la cárcel la picota, pabellón de alta seguridad.

Compañeros asistentes a este encuentro de la Coalición Larga Vida a las Mariposas, reciban de parte del colectivo de prisioneros políticos y

de guerra recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Combita, Boyacá, un caluroso, fraternal y revolucionario saludo. Es de especial alegría y regocijo enterarnos de este evento del que hacen presencia organizaciones, personalidades y demás compañeros, que através de los años han trasegado por los caminos de la amistad y la solidaridad con los presos, y muy en particular, con aquellos que producto de la desigualdad social o porque hemos levantado nuestra voz y enérgica protesta, este régimen corrupto y antipatria nos ha confinado en diferentes prisiones a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Siempre hemos dicho, y hoy más que nunca lo ratificamos, que están encerrados nuestros cuerpos, pero no nuestras

ideas de cambio, de democracia y de trasformaciones profundas que construyan un nuevo país.

Acá los alentamos a continuar por el camino de la unidad y solidaridad en procura de conseguir, no solo la edificación de quienes estamos detenidos, sino la libertad de los familiares que nuestra sociedad reclama.

El país avanza aceleradamente por un momento político al que desde ya estamos exigiendo nuestra participación, y estamos seguros que con sus esfuerzos sumados al proceso de construcción de un poderoso y vigoroso movimiento nacional carcelario, estas mesas se harán pronto realidad.Éxitos, muchísimos éxitos en sus labores, son nuestro mejores deseos y adelante compañeros en este proceso de solidaridad.

Prisioneros políticos y de guerra

Desde las trincheras de la libertad, en calidad de prisioneros políticos del patio 3, ala B EPMSC de Acacías-Meta, hacemos extensivo, con sentir revolucionario, nuestro afectuoso y fraterno saludo.

Convencidos de que mas allá de las adversidades surgen nuevos caminos de esperanza y libertad, depositamos nuestros anhelos en el devenir del sueño Bolivariano y saludamos con beneplácito el trabajo a desarrollar por todos aquellos, que afines a nuestros principios, buscan en su accionar de lucha legitimar las aspiraciones de los prisioneros políticos por alcanzar las reivindicaciones por un trato justo con dignidad.

Entendemos que con su esfuerzo de visibilizar la problemática carcelaria se abonan buenos propósitos para consolidar el reconocimiento de que somos víctimas del aparato estatal y que somos un pueblo en lucha con verdaderos anhelos de una paz duradera con justicia social.

Augurándoles los mejores éxitos en tan nobles propósitos.Prisioneros Políticos de Acacias, Meta

Esclarecer los verdaderos orígenes, causas y consecuencias del conflicto interno, social y armado, será determinante para que el pueblo

Colombiano y la comunidad internacional conozcan de manera científica las razones por las cuales, por más de cinco décadas, los humildes persisten en el levantamiento armado contra una clase económica poderosa y sus pares dirigentes del Estado en nuestro país; lucha insurgente nacida de la injusticia social, una falsa democracia, la exclusión, la explotación y el aniquilamiento del pueblo. La conciencia frente a este oprobio hicieron que unos cuantos asumieran de manera altruista dar la vida combatiendo por la liberación nacional, la patria grande y el socialismo.

Hoy dos organizaciones rebeldes, integradas por profesionales de la revolución extendidos a lo largo y ancho del país, son el resultado de la mezquindad de los poderosos de la nación al servicio del imperialismo. Heroicamente resistimos y confrontamos los distintos ciclos de campañas contrainsurgentes, bajo la egida estadounidense y sus aliados del norte, el paramilitarismo, la deshumanización de las fuerzas estatales, el monopolio desinformativo y la criminalización de la protesta social, el pensamiento disidente, bajo un sistema judicial al servicio del gobierno de turno, basado en una política criminal represiva.

SALUDO PRISIONEROS POLITICOS Y DE GUERRA / COMBITA (BOYACÁ)

SALUDO AL FORO REGIONAL LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS: PRISIONEROS POLÍTICOS DE ACACIAS, META

PRISIONEROS POLÍTICOS ERON PICOTA



Pues bien, 50 años después pareciera que los que se han hecho poderosos a costa de la explotación de las mayorías, pretenden escuchar la voz de quienes abogan por una salida política al conflicto interno social y armado, voz nacida desde el mismo seno de la insurgencia haciendo eco al clamor del pueblo Colombiano; solución política que efectivamente tendrá que ir acompañada de transformaciones estructurales de las problemáticas que aquejan a los Colombianos.

Entonces ¿qué suerte debemos correr los presos políticos, prisioneros de guerra y combatientes de todos los rangos, ante una eventual solución política al conflicto interno, cuya existencia ha sido reconocida por el actual Gobierno?

Lo primero que de debemos decir, es que resulta necesario exigir el reconocimiento al nivel nacional y de los estados del mundo, del status político de nuestras fuerzas insurgentes, esto es, no seguir siendo caracterizados como organizaciones terroristas.

Lo anterior implica de contera, el reconocimiento de la existencia de los presos políticos y prisioneros de guerra, en las cárceles colombianas junto a los rebeldes extraditados a Norteamérica.

De igual manera los actos realizados en 50 años han sido bajo la libre autodeterminación de los pueblos, el derecho a la rebelión armada y el pensamiento disidente. Lo anterior amparado en tratados cartas y convenciones de organismos supraestatales de los cuales hace parte el estado Colombiano.

Sin embargo, testigos somos todos de la progresiva desnaturalización del delito político bajo el sistema jurídico nacional, acompañado de una política criminal caracterizada por el aumento de penas, restricción de beneficios y subrogados penales; a la que se suman los actos de persecución judicial y el encarcelamiento de líderes sociales, populares, sindicales, intelectuales y estudiantes, sin esperanza alguna de una pronta libertad. Tratamiento que igualmente reciben los insurgentes capturados en combate, hechos prisioneros de guerra en medio de una confrontación asimétrica.

A pesar de ello el movimiento social y popular, la insurgencia y el pueblo en general seguimos adelante con las banderas de la paz. Estamos hoy ante una nueva etapa de las negociaciones FARC-EP y gobierno en la Habana Cuba, sí como una fase exploratoria de diálogos con el ELN y el Gobierno, lo que nos obliga desde la prisión a continuar con estas líneas de forma somera, plasmando nuestra visión sobre lo planteado en este panel.

Y llegamos entonces al punto de las amnistías e indultos, aquello que al oficialismo junto a su maquinaria mediática causa tanto estupor. Históricamente la resolución de conflictos de esta naturaleza han ido acompañados de amnistías e indultos a los combatientes sin importar su rango dentro de las fuerzas rebeldes, lo mismo que a presos políticas y prisioneros de guerra que pueblan las cárceles del país en negociación.

El Estado colombiano ha sido artífice de esta figura en soluciones políticas con extintas guerrillas en décadas anteriores, en aplicación de disposiciones constitucionales aún vigentes, cuya aplicación será hoy imprescindible para los integrantes de las guerrillas, dentro y fuera de las cárceles.

Esto, señoras y señores, no podemos olvidarlo, debe aplicar también para nuestros compañeros extraditados, presos del régimen estadounidense, pues no puede ser otra la exigencia y cumplimiento que la repatriación y amnistía para ellos. Así como la abolición de la figura de sometimiento de la extradición.

Lo anterior pasa por restablecer la naturaleza del delito político, desmantelada en las últimas décadas, también tendrá que generar los caminos para una nueva política criminal y penitenciaria y un nuevo sistema judicial en el país preventivo y humanista.

Hoy salen voces amenazando con llevarnos ante la Corte penal internacional, por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, a lo que debemos decir que los integrantes del ELN y las FARC-EP no hemos incurrido en ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, sin desconocer

que de forma lamentable han existido víctimas por acciones en medio de la guerra asimétrica.

En términos de alternativas de justicia, en comunicados y documentos anteriores hemos insistido en la necesidad de sentar las bases de una justicia restaurativa, que de manera armónica garantice los derechos de las víctimas, sin que implique continuar propugnando por el encarcelamiento de quienes como parte del pueblo optamos por levantarnos en arma por la transformación de la sociedad.

La paz desde el establecimiento no puede seguir en un discurso minado por la confrontación y desmantelamiento de las libertades del pueblo. Por tanto, abogamos por un cese bilateral al fuego, acompañado de gestos de humanidad y expresiones de una verdadera voluntad de reconciliación tales como: La liberación de las cárceles del país de todos los presos políticos y prisioneros de guerra de la tercera edad o que padezcan algún tipo de enfermedad y discapacidad, de las compañeras cabezas de hogar y madres de familia, además de todos los líderes populares, sindicales, sociales, campesinos, estudiantiles, intelectuales, indígenas, afro-descendientes, en fin, de esa masa, injustamente condenada por rebelión y delitos conexos.

Una vez logrado esto, generar las condiciones para el acercamiento familiar y continuos actos de paz para con los presos políticos y prisioneros de guerra, junto con la suspensión inmediata de procesos e investigaciones en curso por delitos políticos y conexos, cometidos en medio del conflicto social y armado.

Compañeros aquí dejamos plasmado en forma general, las concepciones de los presos políticos y prisioneros de guerra del ELN y las FARC-EP de ERON-PICOTA.

Gracias a todos los miembros de la Coalición Larga Vida A LasMariposas por abrir este espacio de debate, por escucharnos.

Paz con justicia social y real democracia. Abajo los muros de la infamia

Presos políticos y prisioneros de guerra ELN, FARC-EP. Eron – Picota



A las organizaciones, fundaciones, brigadas y todos los convocantes, miembros y asistentes del presente encuentro regional de la Coalición

Larga Vida a las Mariposas, todos los presos del país, familiares y amigos. A la sociedad nacional y comunidad internacional.

Colombia es un país dividido en clases sociales, en el que las grandes mayorías del campo y la ciudad han sido históricamente sometidos a la pobreza, lo cual necesariamente ha generado acciones desesperadas para lograr el sustento del día a día, para sobrevivir junto con los suyos del hambre y la miseria. Esta misma situación de exclusión provocó el levantamiento de los excluidos, en ejercicio del derecho legítimo de los pueblos a rebelarse contra sus opresores.

Muchos en unas y otras circunstancias terminamos confinados tras los muros de las penitenciarías y cárceles del país, lo que significa que somos mayoritariamente pueblo tras las rejas, junto con nuestros familiares y amigos.

Somos entonces una parte de la sociedad que padece de la invisibilización premeditada de una grave crisis humanitaria, transversal a todas las cárceles del país. Una crisis estructural que como una reacción en cadena degrada y deshumaniza todo a su paso, generada desde las más altas esferas del Estado; que involucra a todas las ramas del poder público y las instituciones a través de las cuales éste se ejerce: Gobierno, Congreso, jueces y fiscales, ministerio público, el Inpec, entre otros.

Desmedidas condenas, juicios injustos para los de a pie, hacinamiento, inasistencia en salud, corrupción, tortura, tratos degradantes e inhumanos contra la población carcelaria, precaria alimentación, inexistentes mecanismos de reintegración al tejido social y productivo, violencia e inseguridad, desintegración familiar y la aplicación de una doctrina que asume a los internos como enemigos naturales del sistema, no es suficiente: acompañado tiene que ir de la muerte. Internos que pierden su vida por diferentes circunstancias, en su mayoría inasistencia médica y uso desmedido de la fuerza por parte de la guardia, se traducen en cifras que aumentan día a día.

A pesar de esto, los presos del país, familiares y amigos no vislumbramos en horizonte alguno soluciones inmediatas, mucho menos estructurales por parte del Estado colombiano.

De tal manera que la pasividad de todos nosotros ante la indolencia estatal, e indiferencia del resto de la sociedad, solo puede ser asumida como una actitud cómplice de nuestra propia desgracia. Necesario es entonces que todos unidos como una sola fuerza, rompamos las cadenas, para terminar derribando los muros del silencio que nos rodean.

Y esto solo lo lograremos decididamente organizados de forma amplia e incluyente todos los sectores de la población carcelaria, pues todos finalmente somos presos, bajo el abandono y violación de nuestros derechos por parte de un mismo Estado, de una misma clase dirigente.

Todos, junto a nuestros familiares y amigos, unidos en un Movimiento Nacional Carcelario, desde donde opinemos, propongamos y actuemos con el objetivo no sólo de mejorar nuestras condiciones de reclusión, sino de luchar por transformar y acabar con las condiciones que generan esta crisis estructural mencionada. Transformación del sistema judicial, la política criminal y penitenciaria, el sistema de salud, el mismo Inpec y su doctrina.

Para ello es necesario contar con la ayuda de ustedes, organizaciones y fundaciones sociales, jurídicas, defensoras de los derechos humanos, sindicatos, comunidades religiosas, protestantes, estudiantiles, barriales, ambientales, femeninas, campesinas, negritudes, indígenas, no creyentes, diversas, movimientos sociales en general, todos somos pueblo y de todos ustedes necesitamos el concurso; unidos en la solidaridad, no en el sectarismo; en la fraternidad, no en la prevención; en el afecto y cariño como hijos y luchadores contra los males que aquejan a nuestra nación con este movimiento nacional carcelario y el cumplimiento de los objetivos a nivel nacional que en consenso lleguemos.

Este, señoras y señores, es el sentir de los presos de ERON Picota Bogotá.

A continuación daremos a conocer a todos ustedes, así como a los presos de las demás cárceles del país, una propuesta para el debate que nos lleve muy pronto a la unificación en una gran propuesta representativa de todos a nivel nacional:

a. Consolidación del Movimiento Nacional Carcelario (MNC) como un movimiento amplio de todos los presos del país, familiares y amigos como herramienta de lucha organizada para la denuncia y conquista de

reivindicaciones que garanticen de forma afectiva el respeto a los derechos humanos y trato digno, la abolición de tratos crueles, inhumanos y degradantes para con los presos y familiares.

Además de llegar a generar propuestas que lleven a la transformación de la política criminal y penitenciaria del país, del sistema judicial, con base en la promoción y el respeto a los derechos humanos, y el fortalecimiento del tejido social. Será a través de la concientización de los internos, familiares y amigos, el dialogo, la movilización, agitación y protesta, que logremos posicionar nuestra situación y propuestas en el debate nacional ante el Estado y sociedad en general.

Para ello invocamos el trabajo mancomunado, respetuoso, fraterno y solidario de todas las organizaciones sociales, populares, de derechos humanos, sindicales, así como de los medios alternativos de comunicación y de la comunidad internacional, en torno a la problemática de los presos colombianos y sus luchas, a través del MNC.

b. Como primer paso proponemos la preparación de una jornada nacional de movilización como relanzamiento del MNC bajo los siguientes puntos reivindicativos para el mes de octubre:

1. Instalación de una mesa nacional de concertación como espacio de diálogo de MNC, sociedad y gobierno, para tratar las problemáticas penitenciaria, carcelaria y judicial.

2. Declaración de la emergencia social y humanitaria carcelaria, la cual obligue a soluciones inmediatas a la problemática planteada que no se traduzca en la creación de más cupos carcelarios.

M.N.C. ERON PICOTA



3. Apoyo al proyecto de ley de rebaja de 20% de la pena a los presos sociales del país. Otorgamiento real y efectivo de subrogados penales y beneficios administrativos para todos los presos.

4. Acercamiento familiar para todos los presos.

5. No a la extradición y por la repatriación de los connacionales detenidos en cárceles extranjeras.

6. Dos puntos reivindicativos de la problemática de cada cárcel y penitenciaria del país.

De lo anterior se desprende la necesidad de socializar y organizar patio por patio de cada cárcel-penitenciaría, a través de asambleas generales, reuniones con todos los presos, así como trabajo de concientización individual. Romper con los concubinatos mafia-guardia así como con el miedo a represalias del Inpec. Fundamental es también concientizar a familiares y amigos de que la unidad y la lucha son el único camino para lograr la transformación de esta crisis que afecta a más de cien mil seres humanos privados de la libertad y a quienes permanecen a su lado.

A medida que vayamos consolidando el MNC, se hará necesario una estructuración del mismo, para lo cual existe una primera propuesta nacida de la penitenciaría La Picota, la cual consiste en términos generales en:

1. Comité de bases en cada patio. 2. Consejo carcelario en cada cárcel-penitenciaría. 3. Congreso Nacional Carcelario, constituido por delegados de cada consejo carcelario-penitenciario. 4. Estructura externa conformada por delegados de las organizaciones-fundaciones de asesoría jurídica, promoción y defensa de los derechos humanos.

La tarea no es menor, el compromiso y trabajo de todos ustedes y nosotros debe estar a la altura de la misma. Dejaremos copia escrita a todos ustedes de lo presente.

Fraternalmente, por la dignidad y el respeto de los derechos humanos en las cárceles de Colombia. Por la libertad, la soberanía y una verdadera justicia.

Movimiento Nacional Carcelario -ERON Picota- Bogotá

Señores delegados, convocatoria al encuentro regional Coalición Larga Vida a las Mariposas, reciban un cordial saludo junto a todas las organizaciones

sociales y defensoras de los derechos humanos, que hacen parte de esta coalición y demás. A todos ustedes que con su conciencia y esfuerzo hoy hacen posible este espacio cuyo objetivo es consolidar un nuevo camino hacia la libertad, la reconciliación y la paz con justicia social para todos los colombianos.

Levantamos hoy nuestra bandera política e ideológica basada en la concepción de valores humanos altruistas y pluralistas de familia nacional y planetaria, aunque ello nos haga víctimas de los estados criminales que como este, encarcelan el hecho de pensar diferente, razón por la que somos los presos políticos y prisioneros de guerra en una persecución político- militar. Ello genera dos vertientes marcadas por la acción orgánica que se esté ejecutando en el momento de la captura, que redunda en más presos políticos y prisioneros de guerra.

Nuestra conciencia ideológica nos hace presos políticos y prisioneros de guerra, lo que en el momento de la captura hace que todos los entes policivos del estado nos sometan al trato inhumano y degradante que se evidencia en el gran número de casos que hemos vivido, como son el aislamiento, la tortura física y psicológica reiterada que nos hace victimas del estado.

Esos tratos se prolongan en el día a día de la estadía en prisión, a lo largo y ancho del establecimiento de justicia y sistema penitenciario, haciéndonos victimas constantes del estado fundamental y la represión o la imposición en la práctica de penas de muerte, en condenas de cadena perpetua. En suma, nos privan de todos los derechos fundamentales. Como si esto fuera poco, persisten en aislarnos de nuestro núcleo familiar con traslados como venganza, desconociendo los derechos tradicionales de los demás privados de la libertad; estas represalias son acompañadas muchas veces de la agresión física y la discriminación y otras más.

La represión que ha hecho abolir de las normas del derecho legítimo de la rebelión, plasmado en este ángulo de la declaración universal de los derechos humanos, han hecho que hoy sea punible y catalogada como conducta el pensar diferente, obligando a la declaración, desligándola de los fueros y acciones propias.

Y para el preso político y prisionero de guerra jurídicamente, el número de conductas civiles sumadas infunden en la práctica el confinarnos por el resto de nuestras vidas en las cárceles, como lo hace la jurisdicción de justicia especializada, sometiéndonos a pagar físicamente la totalidad de la pena por la justicia.

Sin embargo, desde este espacio y este reconocimiento como actores políticos, nos proponemos abrir espacios de interacción de todos los presos sociales, políticos y de guerra en la mesa de diálogos de paz que se desarrolla en la Habana, Cuba con las FARC-EP y los diálogos con el establecimiento para que a viva voz reconozcan el sistema penal y penitenciario Colombiano.

Como conclusión a nuestra participación a este evento los invitamos a mantener el escenario democrático, de congruencia, que debe ser trascendental cada día, en medio de la coyuntura política tan importante que vivimos en aras de la construcción de la paz que tanto anhelamos y de la que estamos marginados hoy.

Agradecemos a ustedes que hacen posible el desarrollo de este importante evento, y sepan que quienes nos sentimos incluidos como participes estaremos dispuestos a seguir enarbolando los nobles propósitos y compromisos revolucionarios.

Presos políticos y prisioneros de guerraCárcel Eron- PicotaBogota d.c

PRESOS POLÍTICOS Y PRISIONEROS DE GUERRACÁRCEL ERON- PICOTA/BOGOTA



Saludos Internacionales

La Red Internacional de Solidaridad con las Prisioneras y Prisioneros Políticos Colombianos saluda el Pre-

Encuentro Regional Bogotá, preparatorio del II Encuentro Nacional e Internacional “Larga vida a las mariposas” por el trato digno y la libertad de las y los prisioneros políticos colombianos.

Saludamos especialmente a todas las prisioneras y prisioneros políticos en cárceles, penitenciarías y prisión domiciliaria por su dignidad y resistencia; a las y los ex prisioneros políticos por su continuado compromiso; a sus familiares, por su denodado esfuerzo en el acompañamiento y solidaridad con sus seres queridos.

Saludamos así mismo a todas las organizaciones que se han unido en torno a la construcción y consolidación de la Coalición Larga Vida a las Mariposas. Es un loable propósito y un acto de generosidad con las prisioneras y prisioneros políticos, en el entendido de que la realidad carcelaria y el gran número de prisioneras y prisioneros políticos superan los esfuerzos de organizaciones trabajando individualmente.

Les deseamos éxito en las mesas de trabajo y en las plenarias. Tenemos la certeza de que el trabajo colectivo basado en coincidencias y superando las dificultades, redundará en el fortalecimiento de la Coalición para la

coordinación del trabajo y la solidaridad efectiva para con las prisioneras y los prisioneros políticos.

Los más de 9500 prisioneras y prisioneros políticos colombianos en las cárceles nacionales y de Estados Unidos, son el resultado del conflicto interno y de la aplicación sistemática del Terrorismo de Estado que ha arrojado a las cárceles no sólo a los combatientes rebeldes sino también a miles de personas de la oposición política, como prisioneros(as) políticos de conciencia, bajo absurdos montajes judiciales. Por tal motivo, en el actual contexto de conversaciones de paz del gobierno con las insurgencias de las FARC-EP y el ELN es más que justo que las prisioneras y prisioneros políticos sean tenidos en cuenta, escuchados(as) en sus propias voces y que sus propuestas puedan llegar a la mesa de conversaciones de paz.

Es esta también la oportunidad para proponer en la mesa de conversaciones de paz un indulto y amnistía amplia y general para todas las prisioneras y prisioneros políticos colombianos, incluidos quienes se encuentran en prisión domiciliaria y quienes han sido extraditados ilegalmente a los Estados Unidos. Ese sería un importante gesto en el proceso de reconciliación que anhela el pueblo colombiano.

Desde Argentina, el país del Che y de las Madres, les envío un fraternal saludo a quienes están sosteniendo este Encuentro Regional por la Libertad de los Prisioneros Políticos.

Sé que no basta con esto, por lo cual me comprometo a seguir luchando y militando desde el periodismo, para que se esclarezca cada violación a los derechos humanos en Colombia, que es lo mismo decir América Latina.

Larga Vida a las Mariposas y que Vuelen sembrando la Paz, en todos los Cielos.

David Eduardo Cejas

Así mismo, y como testigos de la crueldad vivida en las prisiones, consideramos que mientras éstas existan, es también necesaria una veeduría y seguimiento permanentes de organismos nacionales e internacionales a las mismas y se exija al gobierno colombiano el pleno respeto a los derechos humanos y a la dignidad de todas las personas privadas de la libertad. Por eso saludamos y acompañamos la iniciativa del Movimiento Nacional Carcelario.

Finalmente, en este 26 de julio, en el que se conmemora el 61 aniversario del asalto al cuartel Moncada en la patria digna de Cuba, recordamos también a los Cinco patriotas cubanos y demandamos del gobierno norteamericano su pronta liberación y el retorno a su patria.

Nuestros mejores augurios por un fraternal, unitario, exitoso y propositivo encuentro.

LAS PRISIONERAS Y PRISIONEROS POLITICOS COLOMBIANOS SI EXISTEN Y SON VICTIMAS DEL ESTADO!!!

POR UN INDULTO Y AMNISTIA AMPLIA Y GENERAL PARA TODAS LAS PRISONERAS Y PRISIONEROS POLITICOS COLOMBIANOS

POR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL, LIBERTAD INMEDIATA PARA TODOS(AS) LAS PRISIONEROS Y PRISIONERAS POLITICOS COLOMBIANOS!!!En solidaridad,RED-INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LAS PRISIONERAS Y PRISIONEROS POLÍTICOS COLOMBIANOS – INSPP

SALUDO DEL PERIODISTA DAVID EDUARDO CEJAS DESDE ARGENTINA

SALUDO INSPP



PONENCIAS

I. Aproximación a los antecedentes de la Política Criminal en Colombia

La política criminal en Colombia ha sido estructurada en diferentes momentos de la historia política del país, desde una dogmática políticamente reaccionaria, acrítica y tecnocrática, que ha alejado a la ciencia jurídico-penal de ser esencialmente valorativa y crítica de los fenómenos sociales, dada su innegable responsabilidad política al calificar las conductas de los ciudadanos como conductas punibles.

Para la Comisión Asesora de Política Criminal1, la política criminal no se reduce a la política penal ni se confunde con el derecho penal, pues esta tiene una dimensión mucho más amplia.2 Sin embargo, el recurso al instrumento penal es el elemento distintivo de la política criminal, que la diferencia de otras políticas públicas.

En efecto, conforme a la definición de la Corte Constitucional3, la política criminal tiene vínculos estrechos con las llamadas tres formas de criminalización: 1. La “criminalización primaria” o definición de un comportamiento como delito, que es su fase legislativa; 2. La “criminalización secundaria”, que es la determinación de un individuo como responsable de un crimen ya establecido por la ley, que es el problema de la judicialización o investigación criminal de los hechos punibles; y 3. La “criminalización terciaria”, referida a la ejecución y cumplimiento de la sanción penal por parte de una persona declarada responsable de un crimen, que es la fase de ejecución penitenciaria.

Un examen de las medidas de política criminal en Colombia en las últimas décadas muestra que carecemos de una política criminal consistente y de largo plazo, fundada empíricamente y enmarcada constitucionalmente. Por el contrario, la política criminal en Colombia se ha caracterizado por los siguientes rasgos, que distan de ser positivos.

1) Una política criminal reactiva, sin adecuada fundamentación empírica, incoherente y sin una perspectiva clara de derechos humanos. Un ejemplo dramático de este carácter reactivo y sin sustento empírico fue la iniciativa de someter a referendo la instauración de la cadena perpetua para ciertos crímenes contra los niños y niñas.2) Una tendencia al endurecimiento punitivo, como una manifestación de “populismo punitivo” que se puede cons¬tatar por la creación de nuevas figu¬ras delictivas (36 modificaciones a la legislación penal), y por el aumento de las penas mínimas y máximas de los delitos ya establecidos en la legislación penal. Igualmente puede verificarse por el aumento de las personas privadas de la libertad, no sólo a nivel absoluto sino también en proporción a la población.3) Una política criminal poco reflexiva frente a los particulares desafíos del contexto colombiano, que ostenta ciertas particularidades sociales, institucionales y de derechos hu¬manos, que son relevantes y que no han sido tomadas con la debida atención por la política criminal, como la posible incidencia de situaciones agudas de desigualdad, pobreza y discriminación sobre los fenómenos delincuenciales y los complejos desafíos que impone la realización de un Proceso de Paz que ponga fin al conflicto colombiano, marco dentro del cual un tema de nodal importancia serán las fórmulas de justicia transicional a la que deberán someterse los insurgentes que hagan dejación de las armas. 4) La tendencia a la subordinación de la política criminal a la política de seguridad, marcada por los imperativos de las políticas de seguridad ordenadas por el Pentágono Norteamericano, signadas por una política de guerra frontal contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, que en el caso colombiano ha tenido un evidente objetivo contrainsurgente.

Con fundamento en lo anterior, el Plan Nacio¬nal de Desarrollo 2010-2014 señala que la política criminal del Estado debe estar dirigida al fortaleci¬miento del sistema de administración de justicia, en busca de su real eficiencia y de la lucha contra la impunidad, aspecto sobre el cual está pendiente el control político pertinente, no solo por parte de los Órganos de Control, sino y muy especialmente por parte del Legislativo.

II. Persistencia de un “estado de cosas inconstitucional”4 en el Sistema Penitenciario y Carcelario

Según el informe de la Misión Internacional de Expertos sobre la situación Carcelaria en Colombia que tuvo lugar en octubre de 2001, convocada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos. OACNUDH) con el propósito de identificar los hechos violatorios de derechos humanos a las personas privada de la libertad y hacer recomendaciones para superarlos y prevenirlos; un elemento constitutivo de esta situación es la ausencia de una política criminal garantista, diseñada de modo concertado y democrático.

El incremento de las respuestas punitivas frente a la problemática que no se aborda debidamente en los planos social, económico y político, ha dado lugar a la criminalización de conductas, a la calificación y persecución de contravenciones como delitos, al incremento de los mínimos de las penas, a la supresión de beneficios judiciales y administrativos y, en general, al agravamiento de las penas.

La crisis del sistema penitenciario y carcelario como lo han reiterado los informes de la Contraloría General de la Nación, de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, es estructural y de largo plazo.

En cuanto a la política penitenciaria y carcelaria, diferentes órganos de monitoreo de Naciones Unidas han podido constatar la existencia de una situación de flagrante y sistemática violación de los derechos humanos en los establecimientos de reclusión y en estaciones policiales, que la Corte Constitucional ha calificado como “estado de cosas inconstitucional”, situación que se agudiza en el caso de las mujeres reclusas con hijos de 0 a 3 años, las personas afectadas por enfermedades graves y catastróficas, los enfermos mentales, los ancianos, los indígenas y afrocolombianos, las personas pertenecientes a comunidades LGBT y en particular las personas sindicadas o condenadas por razones políticas.

POLÍTICA CRIMINAL Y RÉGIMEN PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN COLOMBIA

POR: TERESA MARTÍNEZ PINTO

INFORME FINAL - Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano, Bogotá, D.C., junio de 2012.Sentencia C-646 de 2001, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.- POLITICA CRIMINAL-Concepto amplio.- Es el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Dicho conjunto de respuestas puede ser de la más variada índole.Sentencia C-646 de 2001, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa; Sentencia C-873 de 2003, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa; Sentencia C-936 de 2010, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

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3- 4- Sentencia T-153 de 28 de abril de 1998, M. P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz que declaró el “estado de cosas inconstitucional” en los centros de reclusión del país.

PRESENTADAS DURANTE EL ENCUNETRO REGIONAL



En este punto no podemos olvidar que el sistema carcelario del país funciona con un reglamento del Buró Federal de Investigaciones,5 FBI, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, razón por la cual el régimen Penitencia y Carcelario contenido en la Ley 65 de 1993 y en la reforma de algunos artículos promovida por la Ley 1709 de 2014, resulta incoherente, desordenado y sin apego a una perspectiva de derechos humanos, razón por la lo cual no se ha podido avanzar en la superación de la crisis humanitaria que padece la población reclusa.

En el informe de la CIDH de diciembre de 2011 sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, se destaca que los problemas más graves y extendidos en la región son:

a. El hacinamiento y la sobrepoblación;b. Las deficientes condiciones de reclusión, tanto físicas, como relativas a la falta de provisión de servicios básicos;c. Los altos índices de violencia carcelaria y la falta de control efectivo de las autoridades;d. El empleo de la tortura con fines de investigación criminal;e. El uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad en los centros penales;f. El uso excesivo de la detención preventiva, lo cual repercute directamente en la sobrepoblación carcelaria;6

g. La ausencia de medidas efectivas para la protección de grupos vulnerables;h. La falta de programas laborales y educativos, y la ausencia de transparencia en los mecanismos de acceso a estos programas; yi. La corrupción y falta de trasparencia en la gestión penitenciaria.

Podemos afirmar que los anteriores indicadores encuentran una mayor incidencia en Colombia, debido a que la política criminal al igual que la política penitenciaria y carcelaria, han sido el resultado de la reacción frente una situación coyuntural, lo que le resta su vocación de permanencia y de respeto por la dignidad humana de las personas privadas de la libertad en el marco de un Estado Social de Derecho.

III. Prevalencia de una política de seguridad por encima del derecho fundamental de la libertad

A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la estrategia global de lucha contra el terrorismo impuso en materia penal una constante tensión entre libertad y seguridad, que ha dado lugar al surgimiento de un Derecho Público del Orden que privilegia la seguridad por encima del derecho humano a la libertad, bajo el objetivo de controlar o neutralizar grupos que están poniendo en peligro el orden institucional vigente del establecimiento.

Desde esta perspectiva, la normatividad en materia penal, tanto sustantiva, como procedimental, ha sido una de las áreas que se ha visto afectada por mutaciones en sus contenidos, con el objeto de presentar una lucha frontal que castigue y desincentive la pertenencia a grupos de “alta peligrosidad” como lo son las organizaciones terroristas, los carteles del narcotráfico y determinados grupos criminales. A su vez, dichas medidas también son emprendidas con el objeto de apaciguar a la opinión pública, que exige se hagan cambios para controlar los nuevos fenómenos criminológicos que se presentan en la sociedad, normatividad a la que se atribuye un carácter simbólico, en cuanto a su uso político e instrumental.

En el marco de esta perspectiva, el Estatuto Penal Colombiano fue modificado por la Ley 890 de 2004 con un aumento significativo del cuantum de las penas para una serie de tipos penales, con lo cual, la política criminal que debería orientarse a la disminución de la pena privativa de la liberta como ultima ratio, amplía su espectro, en detrimento de los principios de excepcionalidad, legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, necesidad, lesividad (que las conductas perseguidas efectivamente hayan causado daños contra bienes jurídicos), mínima proporcionalidad o insignificancia

(que los hechos de poca significación, aunque entren en el tipo no sean perseguidos penalmente), corresponsabilidad social, humanidad de las penas y lesión mínima de derechos (no afectar mayores derechos que los estrictamente vinculados al derecho restringido), limitación de la lesión a la víctima (que la respuesta penal no victimice doblemente a la víctima de los hechos) y mínima trascendencia de la punición (que no se afecte a la familia del reo o terceros de modo gravoso), entre otros.

Lo propio ocurrió con la expedición de la Ley 906 de 2004, por la cual se expidió el Código de Procedimiento Penal, con lo cual se ha incidido en el diseño del Sistema Penitenciario y Carcelario del país, cuyos objetivos y medios están lejos de la implementación de una política pública de prevención del delito, de la finalidad del tratamiento penitenciario, de la aplicación de un sistema progresivo en el cumplimiento de las penas y, fundamentalmente en el respeto de la dignidad humana de las personas que permanecen bajo la custodia del Estado, quienes resultan victimizadas por la sistemática y persistente violación a sus derechos humanos.

Si partimos de la consideración que en el marco del Proceso de Diálogos que se adelanta en La Habana para poner fin al conflicto colombiano, debemos afirmar con toda autoridad, que entre los acuerdos deberá replantearse la Política de Seguridad y Defensa, en absoluta concordancia con la Política Criminal, no solo para erradicar de los imaginarios y de los constructos que impuso la Política de Seguridad Democrática la “amenaza terrorista” que considera como “enemigos” a la oposición política de izquierda, al movimiento popular y democrático del país, a las y los defensores de derechos humanos, a los periodistas y medios de información independiente y, en fin, a quienes estén en contra del estatu quo y el unanimismo; sino también que deberá implementarse un replanteamiento profundo de la forma como se distribuye la riqueza material y espiritual de la Nación y los recursos del presupuesto.

Una manifestación de la incoherencia que ostenta el gobierno del presidente Santos en el segundo periodo presidencial, lo encontramos en el proyecto de Presupuesto General de la Nación que ha sido presentado al Congreso de la República para la vigencia fiscal 2015, denominado “Prioridades Sociales para el tiempo de la Paz”, en donde encontramos que 48.9 billones se destinan al pago del servicio y de los intereses de la deuda, que equivale al 5.9% del PIB; 28.283 billones para el sector defensa y policía que equivale al 13.1% del PIB. En otros aspectos de relevancia, si bien es cierto hay una disminución de 178 a 97 mil millones para el sector de inteligencia, para el sector de desarrollo sostenible se invierten 548 mil millones7 que equivale al 0.3% de participación, de donde se puede concluir que está muy lejos la posibilidad de un replanteamiento del modelo de desarrollo económico que abra los verdaderos caminos a la construcción de una paz con justicia social, estable y sostenible.

Lo cierto es que en las últimas dos décadas hay signos claros de que Colombia entró en una suerte de “populismo punitivo”, pues ha habido claros aumentos de las penas y de la población privada de la libertad, sin que sea claro que dichos incre¬mentos punitivos hayan sido factores para un incremento de la seguridad y una mejor protección de los derechos fun¬damentales de los habitantes. Dadas esas circunstancias, es clave que Colombia tome en serio el principio del derecho penal como ultima ratio, de lo cual se siguen varias con-secuencias, que la Comisión Asesora de Política Criminal ha considerado el Estado colombiano debe desarrollar bajo los siguientes lineamientos: i) la im¬portancia de enfatizar la prevención, ii) el uso de penas alternativas a la privación de la libertad en armonía con estrategias para enfrentar la crisis humanitaria en el Sistema Penitenciario y Carcelario; iii) la forma como deben ser considerados los derechos de las víctimas en la política criminal y, iv) las potencialidades que tienen los mecanismos de justicia restaurativa.

Debemos tener en cuenta que el Código Penal no habla de penas alternativas. Clasifica las sanciones en principales, sustitutivas y accesorias, por lo que cierra al sistema judicial los espacios para acudir a otras modalidades de sanción como alternativa a la prisión e impide que por razones relacionadas con el tipo de delito, las características del delincuente, la afectación al bien ju¬rídico, las medidas de reparación y otros factores, se pueda decretar una pena adecuada a las necesidades del castigo.

En Ingles: Federal Bureau of Investigation, FBI.El uso excesivo de la detención preventiva es otro de los graves problemas presentes en la absoluta mayoría de los países de la región, éste es a su vez la causa de otros serios problemas como el hacinamiento y la falta de separación entre procesados y condenados. 624 mil millones fueron apropiados en el PGN del 2014.

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El Código Penal, en consecuencia, debe ser reformado en sus partes general y especial, para que penas distintas a la prisión sean asignadas como respuestas a la conducta punible por vía general o de asignación específica, y pue¬dan ser aplicadas por los jueces en función de las condi¬ciones del autor del delito, los bienes jurídicos afectados, la protección de los derechos de las víctimas y los fines que se persiguen con el sistema penal.Las directrices de política criminal en materia del uso de la prisión deben propender por reducir el hacina-miento carcelario; la mejora en las condiciones de ejecu¬ción de las penas privativas de la libertad y las medidas cautelares; la racionalización del uso de las instalaciones penitenciarias y carcelarias, y la creación de conciencia pública sobre las medidas alternativas como respuesta sancionatoria válida del Estado a la criminalidad.

IV. Relación entre la política criminal del Estado y la práctica del “derecho penal de enemigo”.

El “derecho penal del enemigo” es una especie de derecho de “policía” complementario al Derecho Penal de ciudadanos, que somete bajo sospecha al ciudadano considerado como un posible creador de peligros no permitidos, como un potencial enemigo, lo cual lleva consigo la tipificación de conductas creadoras de peligro. Éste encuentra su justificación en el especial foco de peligro que integra el sujeto: si el delincuente es más peligroso, mayor ha de ser la reacción penal.

Un ejemplo clásico de la relación entre la política criminal del Estado y lo que representa esta tendencia, es el Decreto Legislativo 2002 de 2002, por medio del cual, en concordancia con la declaratoria de conmoción interior, se decretaron medidas para el control del orden público y se definieron las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, que se crearon con la presunción según la cual los habitantes de estas eran colaboradores de la guerrilla, con fundamento en lo cual, la fuerza pública ha incurrido en diferentes tipos de abusos y en graves violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de sus habitantes, especialmente de quienes participen o representen organizaciones del movimiento popular, de oposición o de defensa de los derechos humanos.

En hora buena, mediante la Sentencia C-1024 de 20028 la Corte declaró la inconstitucionalidad de una porción relevante de su articulado, en particular el que otorgaba a toda la fuerza pública funciones de policía judicial.

Es dentro de este contexto que se puede hablar del “derecho penal de enemigo”, pues es aquel que se crea con el objetivo de combatir a grupos terroristas, narcotraficantes, entre otros, cuyos miembros ya no son considerados como ciudadanos normales, sino como “enemigos”.

El concepto de “derecho penal del enemigo”, según Günther Jakobs9, se caracteriza por tres elementos: en primer lugar una tendencia marcada hacia una mayor punibilidad […]; en segundo lugar, las penas previstas son desproporcionadamente altas […] y, en tercer lugar, determinadas garantías procesales son relativizadas o, incluso, suprimidas, para castigar las conductas de los criminales que están poniendo en riesgo el orden constitucional vigente, y por consiguiente la función propia del Estado.

Según el profesor Manuel Cancio Meliá10 “el derecho penal de enemigo” está compuesto tanto por el derecho penal simbólico como por el punitivismo -alternativa penal de solución de conflictos-, en tanto, el derecho penal constituye un instrumento para la construcción de determinada identidad social, mediante la definición de los autores de los crímenes como “otros”, no participes de dicha identidad, que trae consigo una serie de consecuencias punitivas reales, por ejemplo, el aumento de la pena para determinados crímenes, o la reducción de garantías, es decir, una aplicación mucho más severa.

Otro aspecto fundamental del “derecho penal de enemigo”, es su característica de derecho penal de autor, lo que significa que la punibilidad se determina por las características que reúne cierta persona, por ejemplo, la pertenencia la guerrilla, que para el caso que nos ocupa, funge como un grupo terrorista, y no por acciones que le sean claramente imputables, con lo cual deja de ser un derecho penal de acto.

Las zonas de rehabilitación y consolidación que hacen parte de una política de seguridad, de recuperación territorial y de consolidación institucional del estado a lo largo de todo el territorio nacional, no son propiamente una normatividad penal, pero sí constituyen una norma simbólica con respecto a los “enemigos”, esto es, grupos subversivos, bandas criminales, narcotraficantes, en cuya persecución se implementa la reducción de garantías a la población civil que reside en los lugares donde normalmente operan estos grupos armados al margen de la ley.

Lo cierto es que el Decreto Legislativo 2002 de 2002 establece condiciones procedimentales diferentes para las personas que residen en dichas zonas, lo que significa una variación en las garantías de tipo procedimental en materia penal, además el tipo de detenciones preventivas y las autoridades que en un principio se consideraban aptas para realizarlas, generan cambios considerables en materia de garantías penales.

Para el profesor Jakobs, el “derecho penal de enemigo” y las medidas que este abarca, como la supresión de la categoría de “persona” a la que se deben otorgar una serie de derechos y garantías cuando ha infringido la ley, no son ideales en un estado de derecho. No obstante, un estado permeado por agentes criminales que ponen en peligro el orden jurídico, debe tomar medidas excepcionales, precisamente porque el estado encuentra en esos agentes del crimen una razón que lo pone en emergencia, y debe reaccionar de la forma que sea necesaria contra estos, para poder mantener la seguridad del ordenamiento. Esta ha sido la motivación para la creación de las zonas de rehabilitación y consolidación estipulada en el citado decreto, que coincide con las razones que menciona Jakobs.

Otro aspecto que es pertinente resaltar del contenido de este decreto, es el concepto de eficacia o eficiencia en el derecho penal, que según el profesor Alejandro Aponte,11 este ha sido desarrollado como sinónimo de “condena”12, que para el caso colombiano ha ido de la mano de sentencias condenatorias como resultado del aumento de capturas masivas de líderes populares y de condenas en ausencia de miembros de grupos insurgentes.

Otro aspecto importante con respecto a la relación de las zonas de rehabilitación y consolidación y el “derecho penal de enemigo”, es la determinación de quién es el agente criminal, por cuanto la política criminal actual pone de presente conceptos como la “cooperación” e “identificación” con grupos terroristas, nociones estas sumamente complejas a la hora de su aplicación, pues es difícil diferenciar cuando existe un simple apoyo ideológico, y cuando una real cooperación con los grupos al margen de la ley.

M. P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra Catedrático emérito de Derecho Penal y Filosofía del Derecho en la Universidad de Bonn. Profesor titular de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid.

Abogado de la Universidad Externado de Colombia y Doctor en Derecho de la Universidad de Saarland - Saarbrücken (Alemania). Su tesis doctoral que versa sobre el “Eficientismo Penal de Enemigo” fue calificada con la máxima distinción “summa cum laude”; autor de la obra “Derecho penal de enemigo en Colombia: Entre la paz y la guerra”, págs. 205-237.

Alejandro Aponte enmarca el desarrollo del concepto de seguridad y el constructo del enemigo en los años 60 y 70, pero señala un cambio notorio en la década de los 80 en la cual de la idea de seguridad se pasa a la de eficacia o eficiencia en el derecho penal. En los 80 se implementan medidas de seguridad traídas de Europa las cuales implican el desarrollo completo de un sistema especial de emergencia. En principio este sistema de emergencia es aplicado al enemigo común evidente que es el narcotráfico lo que posteriormente lleva a la implementación de nuevas medidas como la creación de la justicia sin rostro.

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La anterior reflexión pone en evidencia que la práctica del “derecho penal del enemigo” implica la aplicación de reglas diferentes a las del derecho penal normal, aplicables al ciudadano “normal”, infractor de otros ilícitos, el cual sí cuenta con los derechos y garantías reconocidas por el derecho penal moderno consignadas en las constituciones y convenios internacionales. Se trata por tanto, de dos derechos penales distintos y con distintas finalidades o funciones, comprendidos en un mismo ordenamiento. El enemigo, se dice, sería una “no persona”, por lo tanto no puede ser tratado como tal, pidiendo llegar a los extremos de autorizar métodos proscritos por el derecho internacional de los derechos humamos como la tortura, para lograr la confesión o delación de supuestos cómplices o la suspensión de términos y garantías procesales a conveniencia de la autoridad judicial.

De lo anterior podemos colegir, que el “derecho penal del enemigo” responde a un modelo funcional, en el cual el valor prioritario es la estabilidad del régimen y del sistema político imperante. Para ello el instrumento deberá ser útil y eficiente, ante la preeminencia de la razón de Estado.

Otro ejemplo a estudiar es la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 1453 de 2011), la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia (Ley 1621 de 2013), entre otras reformas introducidas al Estatuto Penal, que ponen en evidencia la implementación de un Derecho Público del Orden ante los supuestos brotes de amenazas vitales contra la seguridad, la paz y a la convivencia ciudadana.

V. El modelo de Régimen Penitenciario y Carcelario en Colombia

La Ley 65 de 1993 en su artículo 12 establece que el cumplimiento de la pena se regirá por los principios del sistema progresivo, efecto para el cual en el artículo 144 se establecen las fases del tratamiento penitenciario de la siguiente manera:

1. Observación, diagnóstico y clasificación del interno. (1 a 3 meses)2. Alta seguridad. (periodo cerrado).3. Mediana seguridad (periodo semiabierto).4. Mínima seguridad (período abierto).5. Confianza.

Sin embargo este modelo no se cumple y, por el contrario, la crisis estructural del sistema ha impedido que la progresividad del tratamiento penitenciario sea una garantía en el proceso de reincorporación de los reclusos a la sociedad, por cuanto no se ha propiciado una evaluación seria y consistente de su aplicación, especialmente en relación con las personas privadas de la libertad por razones políticas, a quienes se considera como un “peligro para la sociedad” y por ende, se les aplica un tratamiento de alta seguridad, circunstancia que les impide el acceso a posibilidades de estudio, de trabajo y de algunos beneficios administrativo y judiciales que agravan de suyo las penas.

VI. Situación Jurídica de los Presos Políticos en Colombia

1. Condenas como “reo ausente”Una buena parte de los combatientes rebeldes presos son capturados cuando ya se han aplicado en su contra condenas severas, que han cobrado ejecutoria, razón por la que no son objeto de recurso alguno, salvo el de revisión que procede en excepcionales casos.La vinculación procesal mediante la figura de Persona Ausente, se encuentra avalada tanto por la Ley 600 de 2000 como por la Ley 906 de 2004; sin embargo, puede conllevar violaciones serias al derecho a la defensa, en la medida que dificulta el recaudo probatorio que garantice una investigación integral y la contradicción de la prueba. 2. El alto número de actuaciones judiciales contra un mismo preso político

Si bien la sumatoria aritmética de penas se encuentra proscrita en la legislación nacional; es claro que la acumulación de éstas cuando se trata de un número significativo de condenas, conlleva a que la sanción penal final conmute la pena

máxima en Colombia, lo cual, de facto, constituye una cadena perpetua; máxime cuando para muchos delitos por los que son procesados los presos políticos no se permite el acceso a beneficio judicial o administrativo alguno.

3. La aplicación de tesis que desconocen el “derecho penal de acto”

La Corte Constitucional en la Sentencia C-239 de 1997,13 señaló que “es evidente que el Constituyente optó por un derecho penal del acto, en oposición a un derecho penal del autor. Desde esta concepción, sólo se permite castigar al hombre por lo que hace, por su conducta social, y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o siente. El derecho penal del acto supone la adopción del principio de culpabilidad, que se fundamenta en la voluntad del individuo que controla y domina el comportamiento externo que se le imputa, en virtud de lo cual sólo puede llamarse acto al hecho voluntario.”El desconocimiento de los anteriores presupuestos, que se concreta de la siguiente manera:1) La condena a miembros de la insurgencia, por los hechos perpetrados por el Frente en el cual militaron, por su sola pertenencia al mismo.

2) La aplicación de teorías como “la coautoría por cadena de mando” o “coautoría impropia” para condenar, per se, a quienes ostentaron la condición de comandantes, por todos los hechos perpetrados por el Frente al que pertenecieron.

4. La interpretación restrictiva de los Jueces de Ejecución de Penas limita aplicación de beneficios y del derecho a la libertad.

1) La negación reiterada de beneficios judiciales y administrativos en razón a criterios peligrosistas, como la gravedad del delito, limitan el derecho a la libertad. Entre los casos más comunes, encontramos los siguientes:2) La negativa a conceder la detención y/o prisión domiciliaria y suspensión de la pena, bajo el supuesto que la peligrosidad del individuo hace presumible que continuarán delinquiendo aún desde su residencia.

3) La negativa a conceder la libertad condicional por la falta de pago de las multas . Esta postura hace inviable el acceso a este beneficio por parte de los presos políticos, dado que en su mayoría son personas de extracción campesina por lo que no cuenta con recursos económicos para efectuar dicho pago, máxime cuando las multas que le son impuestas ascienden a cuantiosas sumas de dinero.

4) Se toman decisiones adversas a la libertad de los presos político por criterios subjetivos tales como la gravedad de la conducta desplegada por el sentenciado y la existencia de sanciones disciplinarias dentro del penal, aun cuando las mismas sean antiguas.

M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz - DERECHO PENAL DEL ACTO-Alcance/PRINCIPIO DE CULPABILIDAD-Acto como hecho voluntario. El artículo 29 de la Constitución, en armonía con la definición del carácter político del Estado como Social de Derecho, y del postulado de respeto a la dignidad de la persona humana, consagra el principio de que no hay delito sin conducta, al establecer que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa”. En estos términos, es evidente que el Constituyente optó por un derecho penal del acto, en oposición a un derecho penal del autor. Desde esta concepción, sólo se permite castigar al hombre por lo que hace, por su conducta social, y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o siente. El derecho penal del acto supone la adopción del principio de culpabilidad, que se fundamenta en la voluntad del individuo que controla y domina el comportamiento externo que se le imputa, en virtud de lo cual sólo puede llamarse acto al hecho voluntario.

Postura que persiste pese a las posturas expresadas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-185 de 2011, M.P. Dr. José Humberto Sierra Porto que contiene criterios frente a la exigencia de pago de multa para cumplir pena privativa mediante el sistema sustitutivo de vigilancia electrónica - Exequibilidad condicionada.

13-



5. Las judicializaciones sistemáticas contra pobladores de zonas de presencia guerrillera Es preocupante la judicialización sistemática de pobladores de zonas de control guerrillero, a quienes se les señala de colaborar con las organizaciones rebeldes, fundamentadas, por lo general, en declaraciones juramentadas de presuntos reinsertados, a quienes se les confiere una credibilidad inquebrantable. La condena por el punible de rebelión de los campesinos de estas zonas, constituye un mecanismo re-victimizante de las graves violaciones a sus derechos humanos, en la medida que desconoce el contexto en el que se han visto inmersos, imponiendo una carga adicional al despojo de la tierra, al desplazamiento forzado, a la desarticulación familiar, entre otras formas de violencia.

6. La persecución y hostigamiento a los familiares de los rebeldes

Los familiares y las personas más cercanas al entorno familiar de los rebeldes sindicados o condenados son afectados por diferentes formas de persecución y hostigamiento por parte de agentes del Estado, que los obligan a su desplazamiento, al abandono de sus propiedades y a la pérdida de su identidad cultural.

7. Presiones indebidas a los heridos o capturados en combateLa presión indebida a los heridos o capturados en combate por parte de efectivos del ejército nacional o de funcionarios de la Fiscalía, para que se acojan al Programa de Justicia y Paz, so pena de no ser atendidos en sus urgencias médicas o puestos a ordenes de su juez natural. Persiste la coacción para que los insurgentes capturados en combate o fuera de este, contribuyan mediante delación a entregar a los otros comandantes de los frentes.8. Diferentes formas de discriminación 1) Los traslados a lugares distantes del entorno familiar que obstaculizan el acceso y control a su proceso. 2) El aislamiento prolongado de los presos políticos. So pretexto de la seguridad, y aun existiendo otros mecanismos para garantizar la misma, los presos políticos son sometidos a aislamiento por meses y aún más tiempo, lo que les impide el contacto permanente y fluido con otras personas e incluso acceder a visitas. Los antiguos calabozos, han sido modificados quizás en su parte física, pero han sido reemplazados por las Unidades de Tratamiento Especial (UTE) y las Unidades de Medidas Especiales (UME), cuya diferencia aun no alcanzamos a comprender.

3) Los malos tratos y requisas degradantes a los presos políticos y sus familiares. Las requisas son exageradas y en ocasiones abusivas. Los familiares reciben un trato discriminatorio y degradante por parte de la guardia, que en muchas ocasiones han malogrado las visitas; pues les exigen más requisitos y trámites de los reglamentados, y por ende, los devuelven por no reunirlos;

4) La violación al derecho de asociación

5) La desarticulación de los colectivos de presos políticos y la falta de garantías para el buen funcionamiento de los Comités de Derechos Humanos, Educación, entre otros.

9. Ausencia total de la perspectiva de género en la política penitenciaria y carcelaria

Qué decir de los derechos humanos de las mujeres reclusas para quienes no existe un tratamiento diferencial por la razón de su género, por la condición de mujer cabeza de familia, por la libre opción de la maternidad, que según la constitución, la jurisprudencia elaborada por la Corte Constitucional y especialmente las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos de las Mujeres, del Sistema Universal e Interamericano, se trata de un sujeto de

“especial protección constitucional”, con lo cual se configura una evidente discriminación por razones del género, que se constituye en una forma de violencia contra las mujeres privadas de su libertad, que debe ser erradicada y prevenida en el marco de la política penitencia y carcelaria del país, máxime cuando en ella están comprometidos los derechos de los Niños y las Niñas que permanecen al lado de sus madres en los establecimientos carcelarios, sin consideración a la prevalencia de sus derechos fundamentales.

10. Con relación al Proceso de Paz que se adelanta en La Habana

Aunque el gobierno colombiano persiste obstinadamente en NO reconocer la existencia de Presos Políticos, y consecuencia de ello a reconocer su status, lo cierto es que en desarrollo del conflicto armado que ha padecido el país por más de cinco décadas, se registra una actividad judicial intensa que ha arrojado como resultado la privación de la libertad de miles de personas,15 hoy acusadas y/o condenadas por su presunta relación con cualquiera de las agrupaciones insurgentes que han operado en el país; situación que marca de entrada una diferencia que requiere ser reconocida en aras de avanzar en un adecuado tratamiento a su condición, máxime en el actual proceso de negociaciones con las FARC-EP para poner fin al conflicto.

La condición de las y los prisioneros políticos y de guerra no puede ser ajena al Proceso de Paz que se adelanta en la Mesa de La Habana, pues no hay que olvidar las razones históricas que dieron origen a su existencia y que están relacionadas di¬rectamente con la existencia del conflicto social y arma¬do que ha padecido el país por más de cinco décadas.

TERESA MARTÍNEZ PINTOAbogada Defensora de Derechos Humanos

Aproximadamente 9.500 sindicadas o condenadas por razones políticas, en especial con ocasión del conflicto social armado interno.15-

Memorias

POR LA LIBERTAD DE LOS PRISIONEROS POLÍTICOS 29

“Porque dentro de la triste guirnalda del eslabón, del sabor a carcelero; alto, alegre, libre soy.

No, no hay cárcel para el hombre. No podrán atarme. No. Este mundo de cadenas me es pequeño y exterior. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amuralla una voz? alto, alegre, libre soy. “

(Antes del odio – Miguel Hernández – Poeta español y Preso Político 1941)

Presentación

• Desde el surgimiento de las primeras formaciones socio-económicas (modos de producción) hoy reconocidos casi universalmente, la historia de los seres humanos se ha debatido entre todo tipo de guerras o conflictos armados. (La Historia de la humanidad es la historia de la guerra).

• Con la aparición de la sociedad dividida en clases sociales, surge el Estado y con este el derecho, como instrumento de regulación de las contradicciones existentes en la sociedad.

• El delito Político tiene su más remoto antecedente, en el ejercicio del derecho y deber a la resistencia y rebelión contra las tiranías.

• Algunos referentes de este derecho y deber lo encontramos en las cartas y declaraciones de naciones importantes del mundo ejemplo

DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL BUEN PUEBLO DE VIRGINIA (12 de junio de 1776) adoptada en el marco de la Revolución Americana

“Que de todas las formas y modos de gobierno, es el mejor, el más capaz de producir el mayor grado de felicidad y

seguridad, y el que está más eficazmente asegurado contra el peligro de un mal Gobierno; y que cuando un Gobierno resulte inadecuado o es contrario a estos principios, una mayoría de la comunidad tiene el derecho indiscutible, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo de la manera que se juzgue más conveniente al bien público.”

En Francia, que estableció el derecho a la resistencia en su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789:

Artículo 2o.- La meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

También tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 que en su preámbulo fijó:Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

Por último, en una etapa más actual del desarrollo de la humanidad, tenemos la consagración que del derecho a la resistencia fue plasmado en la Declaración de los Derechos de los Pueblos de Argel de 1976, que en su preámbulo ya estableció:

“Que todos los que, a través del mundo, libran la gran lucha, a menudo con las armas en la mano, por la libertad de todos los pueblos, encuentren en la presente declaración la seguridad de que su lucha es legítima”

• El denominado derecho penal moderno surge como un instrumento eficaz para el control social y la regulación de los antagonismos de la sociedad capitalista mediante

EL DELITO POLÍTICO EN COLOMBIA MITOS Y REALIDADES “BRIGADA JURÍDICA EDUARDO UMAÑA MENDOZA”

un entramado jurídico (Leyes), para tratar los problemas internos (defensa judicial o jurídica) y reprimir a los que alteran o se levantan contra el orden interno del Estado.

• La clasificación de determinadas conductas como delitos políticos, hace parte del derecho penal, el cual no es otra cosa que un instrumento de defensa de dominación de clase, la jurisdicción penal es entonces un arma inmediata de la lucha de clases y la defensa del Estado.

• El surgimiento del concepto de delito político como parte del derecho penal, ha ido de la mano con el propio desarrollo de la sociedad, de la sociedad dividida en clases sociales y de la misma lucha de clases. (sus orígenes se remontan al crimen de Lease majestatis en Roma).

• A la luz de utilización del derecho penal como mecanismo de control y represión social, los llamados infractores políticos son tratados con mayor rigor o benevolencia, dependiendo más de sus victorias o derrotas; hombres como Simón Bolívar, Antonio Nariño, Nelson Mandela, o Fidel Castro en su momento fueron catalogados como bandidos, forajidos, traidores, pero una vez sus causas triunfaron, fueron elevados como héroes y patriotas.

• Hoy en día, como ocurre en Colombia aun cuando se ha pretendido bajo diversos medios y formas descalificar las acciones y móviles, el denominado delincuente político (Revolucionario) es reconocido históricamente como una persona movida por intereses altruistas, loables, despojado de intereses mezquinos o particulares, rasgo fundamental que lo diferencia del delincuente llamado común o social.

• El delito político moderno, es pues es una categoría jurídica del derecho penal burgués para para perseguir, castigar y controlar, las expresiones de resistencia, rebeldía y las luchas de los pueblos. Los Estados, supra Estados y gobiernos locales, enarbolando distintas banderas de acurdo a su conveniencia, como por ejemplo la lucha contra el terrorismo, contra el fundamentalismo, despliegan su poder represivo en el campo jurídico para tratar de frenar el justo y legítimo ejercicio del derecho a la resistencia y la rebelión.

• Pese a que en Colombia, históricamente se ha pretendido descalificar peyorativamente a quienes en ejercicio de su derecho a la resistencia, se han levantado contra el Estado, llamándolos esclavos insumisos, rebeldes, mandingas, cimarrones, palenqueros, villanos, libertadores, patriotas, paladines, forajidos, salteadores, sediciosos, chusmeros,

bandoleros, rebeldes, insurgentes, guerrilleros, terroristas o narco terroristas, nuestras presas y presos políticos, son y han sido luchadores por la libertad de la patria.

EL DELITO POLÍTICO EN COLOMBIA

• En desarrollo de las luchas de independencia contra la corona española, los patriotas que se levantaban contra el régimen oprobioso de España fueron procesados por traición y les fueron impuestas todo tipo de penas tales como: La confiscación de bienes (Expropiación), el extrañamiento (destierro), la extradición (prisión en el extranjero), la prisión, la tortura y el fusilamiento.

• Posteriormente con el triunfo de las guerras de independencia, y el surgimiento de Colombia como república independiente, fue hasta hace muy poco casi una constante en sus Constituciones y en sus leyes penales, dar un tratamiento diferenciado y generalmente más benévolo a los llamados infractores cobijados por la categoría del delito político.

• El actual referente normativo constitucional en relación con el delito político, es simple y llanamente eso, un referente, que enuncia de manera ambigua y general algunas situaciones relacionadas con el tema del delito político, como el caso de ciertas inhabilidades para ejercer cargos públicos, o lo relativo a facultades y procedimientos para el tema de la amnistías o indultos.

• Ahora bien en materia de legislación penal tenemos como referente inicial, la ley 1 del 27 de junio de 1837, conocida como el primer código penal colombiano que entre otras establecía:

Artículo 233: los que en la rebelión hayan procedido como autores principales, son traidores, serán declarados infames y sufrían la pena de muerte.La ley del 26 de mayo de 1849, dictada bajo la administración de José Hilario López, que suprime las penas de muerte, trabajos forzados, presidio, reclusión, prisión, infamia y vergüenza pública, y las remplazó por la expulsión del territorio nacional para los delitos políticos

Luego Código penal de 1890 (Ley 19 del 18 de octubre de 1890) que los define bajo el titulo; Delitos contra la paz interior, el Gobierno existente y la Constitución.“Art. 169. Cometen delito de rebelión:1º. Los que se levanten en armas contra el Gobierno, sea simplemente para derrocarlo, sea para cambiar la Constitución, por las vías de hecho;



En este código se regresó a la pena capital aplicada con el fusilamiento, aplicándose con mayor rigor al delincuente político mediante la promulgación de varios decretos de “estado de sitio”.

Luego viene la expedición del código penal de 1936 (Ley 95 de 1936, Decreto 2300 de 1936) que estableció:En el artículo 139.

“Los que promuevan, encabecen, o dirijan un alzamiento en armas para derrocar al gobierno nacional, legalmente constituido, o para cambiar o suspender, en todo o en parte el régimen constitucional existente, en lo que respecta a la formación, funcionamiento o renovación de los poderes públicos u órganos de soberanía, quedarán sujetos a prisión de seis meses a cuatro años. A la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo y a la multa de quinientos a cinco mil pesos.

Un tema importante en el tratamiento al infractor político se da en el artículo 141 del código, que establece la llamada conexidad:

“Los rebeldes no quedarán sujetos a responsabilidad por las muertes o lesiones causadas en el acto de un combate; pero el homicidio cometido fuera de la refriega, el incendio, el saqueo, el envenenamiento de fuentes o depósitos de agua, y en general los actos de ferocidad o barbarie, darán lugar a las sanciones respectivas, aplicadas acumulativamente con las de rebelión”.

Luego viene El Código Penal de 1980 (Decreto Ley 100 del 23 de enero de 1980) que estableció:

Bajo el título II de los Delitos Contra el Régimen Constitucional (Artículo 125 y ss.) en su Capítulo único denominado de la Rebelión, Sedición y Asonada.

ARTICULO 125. REBELIÓN. Los que mediante empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente, incurrirán en prisión de tres a seis años.

ARTICULO 127. EXCLUSIÓN DE PENA. Los rebeldes o sediciosos no quedarán sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo.

DELITO POLÍTICO JUSTICIA PENAL MILITAR Y LEGISLACIÓN DE EXCEPCIÓN

Como corolario del tratamiento dado al delito político en la normativa penal colombiana, vale la pena resaltar lo relacionado con su tratamiento, en el marco de la legislación de excepción y ciertas funciones judiciales otorgadas transitoriamente a las fuerzas militares. Entre los cuales se encontraban la rebelión, la sedición y asonada.Bajo el gobierno del presidente Julio César Turbay desde el año de 1978 hasta 1982, se expidió el decreto 1923 de 1978 conocido como el “Estatuto de Seguridad”, que sobre el delito político contenía:

“ARTÍCULO 2o. Los que promuevan, encabecen o dirijan un alzamiento en armas para derrocar al Gobierno Nacional, legalmente constituido, o para cambiar o suspender en todo o en parte el régimen constitucional existente, en lo que se refiere a la formación, funcionamiento o renovación de los poderes públicos u órganos de la soberanía quedarán sujetos a presidio de ocho a catorce años y a la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.”

Hasta este momento podemos decir que con sus respectivos altibajos, la idea y legislación del delito político, se mantuvo en los márgenes de la línea teórica denominada subjetiva, es decir entender y tratar el delito político en atención a los fines que movían al infractor y en reconocimiento y trato diferenciándolo en relación con el delito y delincuente común.

DEL DELITO POLITICO AL DELITO DE TERRORISMO

El Código Penal de 1980, en el Título V, contempla los Delitos Contra la Seguridad Pública, estableciendo en capitulo i. lo relacionado con Concierto para Delinquir, terrorismo e instigación; segundo, delitos de peligro común o que puedan ocasionar grave perjuicio a la comunidad y otras infracciones; y tercero, Delitos contra la Salud Pública.

“ARTICULO 187. TERRORISMO. El que con el fin de crear o mantener un ambiente zozobra, o de perturbar el orden público, emplee contra personas o bienes, medios de destrucción colectiva: 10 a 20 años de prisión, sin perjuicio de la pena que corresponda por los demás delitos que se ocasionen con este hecho.”

Luego viene el artículo 187 del código penal de 1980, fue modificado por el decreto 180 de 1988 (estatuto para la Defensa de la Democracia) llamado comúnmente “Estatuto antiterrorista”.

“ARTÍCULO 1o. TERRORISMO. Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, el que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices valiéndose de medios capaces de causar estragos incurrirá en prisión de diez (10) a veinte (20) años y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con este hecho.”

Por último, el actual código penal colombiano establecido mediante la ley 599 de 2000, bajo el titulo de los delitos contra el régimen constitucional y legal consagra lo relativo a los denominados delitos políticos; LA REBELIÓN, LA SEDICIÓN Y LA ASONADA, con penas que van desde los 96 hasta, (162) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a trescientos (300).

AGONÍA DEL DELITO POLITICO EN COLOMBIADesnaturalización

En Colombia, en la dos últimas décadas han ocurrido varios cambios en el marco jurídico interno en relación con la forma entender y aplicar el delito político, estos cambios se evidencian por una parte en la normativa penal propiamente dicha, que aunque mantiene la tipología de delito político, en los tipos tradicionalmente reconocidos; rebelión, sección y asonada, ha creado nuevas figuras como el concierto para delinquir en sus distintas modalidades, así como el tipo penal del terrorismo también con amplia variedad de conductas. Esto ha sido complementado con los desarrollos jurisprudenciales, en especial lo relacionado con la supresión de la figura de la exclusión de pena (Conexidad), es decir, que el delito político debe ser castigado de manera inconexa, es decir aislada o al margen de otras conductas delictivas consustanciales o relacionadas con el alzamiento en armas contra el Estado.Por vía jurisprudencial también se ha venido defendiendo las dos posturas principales referidas al tema del delito político en Colombia (Corriente Objetiva y corriente subjetiva), encontrando uno de sus mayores precedentes en la referida sentencia C-456 de 1997.

Dicha sentencia tiene su génesis, en la demanda de inconstitucionalidad tendiente a la supresión del artículo 127 del código penal (Decreto 100 de 1980) presentada por el General Harold Bedoya.Con ponencia presentada por los magistrados Jorge Arango Mejía y Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 127, correspondiente a la exclusión de pena para los “Delitos Políticos”. El mencionado artículo consagraba la exención de pena por hechos punibles cometidos en combate, entre ellos el homicidio.

Pese a que la decisión de la Corte fue la declaratoria de Inexequibilidad del mencionado artículo, la decisión no fu unánime y aquí también consideramos importante citar algunos apartes de los argumentos expuestos en los dos salvamentos de voto presentado por los magistrados Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero.“Es indudable que al eliminar la conexidad, la Corte ha desestructurado el concepto de delito político, tal y como había sido entendido en el constitucionalismo colombiano, lo cual plantea un obvio interrogante: ¿qué queda entonces del delito político en nuestro país?Instrumentalización.

En Colombia, el delito político al ser desnaturalizado por vía legislativa y desarrollo jurisprudencial, de sus tradicional línea subjetiva, para dar paso a la de carácter objetivo, se abrió paso a su instrumentalización, que se manifiesta en dos sentidos: 1º la intención de ciertos sectores políticos del país de aplicarlo a la delincuencia paramilitar, y el 2º la generalización de la represión a la manifestación de descontento y protesta social en lo que se conoce como la penalización y criminalización de la protesta social.

Álvaro Uribe Vélez en agosto de 2007, presentó al Congreso un proyecto de ley con el objetivo de cambiar el tipo penal de la sedición para encuadrar en él la conducta de conformación y participación en grupos paramilitares y por esta vía conceder el beneficio de indulto, se proponía reformar el artículo 468 del Código Penal.Uno de los artículos del texto del anteproyecto de ley que pretendía modificar el código penal establecía lo siguiente:“ARTÍCULO 1. El artículo 468 del Código Penal quedará así:

Artículo 468. Sedición. Los que mediante el empleo de las armas pretendan impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional y legal vigentes, incurrirán en prisión de seis (6) a nueve (9)



años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, incrementados en los términos de la ley 890 de 2004.

Incurrirán en las mismas penas quienes, mediante el empleo de las armas, constituyan grupos ilegales con la pretensión de sustituir a la fuerza pública para resistir o confrontar a grupos armados organizados al margen de la ley que realizan conductas constitutivas de rebelión.El segundo aspecto expuesto sobre la instrumentalización del delito político es el relacionado con la criminalización de la protesta social, atendiendo a los criterios de las doctrinas del enemigo interno y la tendencia del derecho penal del enemigo , se ha venido entronizando en el país una instrumentalización del derecho y proceso penal caracterizado por la extensión el aparato jurídico represor del Estado para su control social, mediante lo cual se ha ampliado el margen de persecución y represión jurídico – política, enfocándolo también a vastos sectores y representantes de organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, indígenas y populares en general, en lo que se conoce como la criminalización de la protesta social.

Con la promulgación de la Ley 1453 de 2011 (Ley de seguridad ciudadana), se dio un paso más en el escalonamiento de la instrumentalización del aparato jurídico – represivo del Estado al servicio de la guerra contra el pueblo, sus manifestaciones y organizaciones sociales y populares, ampliando el espectro de represión a las distintas formas de protesta social.

Queda claro que la intención del legislador con la introducción sutil de estos tipos penales, no es otra que la criminalización de la protesta social, lo cual es inaceptable para un Estado Social de derecho como se pregona el colombiano, aquí surge otra singular figura como la que nos planteó la Corte Constitucional con su sentencia c-456 de 1997, cuando suprimió el elemento de la conexidad al delito político, y nos referimos a la necesaria conexidad para un delito como la rebelión que no puede desarrollarse sin el concurso de otros como por ejemplo el uso de las armas y uniformes, y la conculcación de otros bienes jurídicos como la vida y la integridad personal, lo propio ocurre con la protesta social como ejercerla sin el derecho a ocupar la vía pública y por ende al desplegarse en las calles, como negar que se afectara el transporte público, al penalizar estas conductas que le son propias a la manifestación y expresión popular, se desnaturaliza el concepto mismo de la protesta social, y se pasa a la instrumentalización del ordenamiento penal para posibilitar la represión y judicialización de un elemento y

derecho esencial de los pueblos; la protesta misma.ACERCAMIENTO A UNA DEFINICIÓN POLITICO-SOCIAL DEL CONCEPTO DE PRESO POLITICOTodas las personas, hombres y mujeres que protejan los intereses del pueblo, son merecedoras del más profundo respeto. Meritorias de la mayor solidaridad y fraternidad, cuando las circunstancias y lugar lo requieran (Ladrillo solido).

Son Presos y Presas Políticas: Todos los hombres y mujeres, que por razones de su pensamiento político-ideológico, o de sus actividades en particular en pro de los intereses del pueblo sea cual fuere su nivel de participación y compromiso, organizada o espontánea, en todas y cada una de las distintas expresiones y niveles de lucha, en desarrollo o con ocasión de la confrontación social, económica, política y militar entre las clases detentadoras del poder, representadas en el Estado y Gobierno y el pueblo que agrupa los sectores populares y sus organizaciones son víctimas del aparato represivo judicial del Estado, y se encuentran encarcelados en calidad de detenidos, procesados o condenados.

Dependiendo de cada nivel de participación, así como de la forma o formas de lucha desplegada, bajo el concepto de Preso Político, como género, como universo, se encuentran:

Los Presos de Conciencia

Se considera “preso de conciencia” a toda persona encarcelada o sometida a otras restricciones físicas por sus convicciones políticas, religiosas o cualquier otro motivo de conciencia, por el hecho de participar en acciones que buscan la defensa o el ejercicio de los derechos humanos, económicos, políticos, sociales y del medio ambiente que participen (marchas, mítines, plantones, bloqueos y toma de edificios públicos, actos enmarcados dentro del derecho humano a la protesta social y popular, es decir, mediante acciones legítimas, en el marco de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, aunque sean delitos en las legislaciones estatales. Entre esta categoría de presos de conciencia tenemos entre otros:

1. Quienes son detenidos por desarrollar luchas de carácter reivindicativo y gremial: dirigentes sindicales, activistas obreros, barriales, campesinos, indígenas, de negritudes, o estudiantiles, igualmente quienes son encarcelados por participar organizada o espontáneamente en actos de protesta, movilizaciones, huelgas, luchas de calles, y en general en actos de protesta social y popular.

2. Militantes de organizaciones políticas de izquierda, que aun siendo legales y formalmente reconocidas por el Estado, son hostigadas y perseguidas.

Los Prisioneros de Guerra

Que acogiéndonos a lo definido por el III. Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra de 1949 los define como:Artículo 4 - Prisioneros de guerraA. Son prisioneros de guerra, en el sentido del presente Convenio, las personas que, perteneciendo a una de las siguientes categorías, caigan en poder del enemigo:

1) los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, así como los miembros de las milicias y de los cuerpos de voluntarios que formen parte de estas fuerzas armadas;

2) los miembros de las otras milicias y de los otros cuerpos de voluntarios, incluidos los de movimientos de resistencia organizados, pertenecientes a una de las Partes en conflicto y que actúen fuera o dentro del propio territorio, aunque este territorio esté ocupado, con tal de que estas milicias o estos cuerpos de voluntarios, incluidos estos movimientos de resistencia organizados, reúnan las siguientes condiciones:

a) estar mandados por una persona que responda de sus subordinados;b) tener un signo distintivo fijo reconocible a distancia;c) llevar las armas a la vista;Los más importante, más allá de cualquier definición, es que no importa qué tipo de preso sea dentro de las categorías planteadas, todos los Presos Políticos en general, llámense: Presos de conciencia, Prisioneros Políticos, Prisioneros de guerra, Perseguidos Políticos, todos han sido encarcelados por motivos políticos justos, y por lo tanto todos deben ser defendidos, ayudados y protegidos, sin importar la vía que decidan emplear en la consecución de sus objetivos, sino por su condición de ser humano que lucha de acuerdo a su conciencia por trasformar la sociedad por una más justa.

PROPUESTAS

Más allá de la especial coyuntura derivada de los diálogos del actual gobierno con las organización insurgentes, se debe trabajar por la concreción de una serie de propuestas necesarias para la defensa, protección y libertad de todos los Presos Políticos en Colombia.

En tal sentido me permito presentar a manera de propuesta las siguientes iniciativas que pueden ser abordadas en el marco de este evento y que de ser posibles puedan ser presentadas en el marco del encuentro nacional de presos políticos.

1. Que todas las organizaciones que tienen y trabajan en la causa de los presos políticos, adopten como tarea y consigna principal, la lucha por LA AMNISTÍA E INDULTO GENERAL PARA TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DE COLOMBIA.

2. Que como parte del desarrollo de esta tarea, se conforme una comisión que trabaje un documento político-jurídico, sobre el tema específico de LA AMNISTÍA E INDULTO GENERAL PARA TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DE COLOMBIA. 3. Que dicho documento una vez socializado y aprobado, incluido por los presos políticos, sea presentado a las diferentes mesas de dialogo establecidas entre la insurgencia y el gobierno colombiano, como aporte fundamental en el comienzo de la reconciliación y la búsqueda de una paz verdadera y duradera en Colombia. WLDARICO FLÓREZ-PEÑA Abogado Especializado Defensor de DD.HH

“A los que luchan por la vida no los mata ni la muerte” EUM.



Hoy se dirigen hacia ustedes las seis familias que han decidido librar la batalla contra un estado corrupto, perseguidor y criminal empeñado en

mantener privados de la libertad a Carlos, Cristian, Xiomara, Erika, Alexis y Diego. Cinco estudiantes y un profesor de Ciencias Sociales víctimas de un montaje judicial a manos del agente de la policía Nacional CUPER DIOMEDEZ DIAZ AMADO, quien se hizo pasar por estudiante de la universidad Pedagógica Nacional, y quien el 26 de Septiembre del 2012 entregó a los 6 jóvenes como miembros de un supuesto núcleo de las FARC en Lebrija Santander.

El 26 de septiembre es una fecha que se traduce en un nudo en la garganta, una oscuridad absoluta en el corazón y una inevitable tristeza que se hospeda en las personas que sentimos la penosa situación de injusto encarcelamiento de nuestros hijos, que como muchas y muchos de nosotros, creemos en una sociedad mejor, donde uno de los principios y valores básicos para lograrlo se encuentra en la educación como ejercicio social y emancipador, pero todo hay que decirlo, Colombia es un escenario complejo para pensar, decir y llevar a cabo acciones relacionadas con mecanismos de trasformación, liberación y justicia social.

Hoy son 21 meses desde que ellos fueron detenidos en Bucaramanga, Santander, producto de un montaje del que precisaban en ese momento las fuerzas militares para rendir cuentas en el Consejo comunitario que llevó acabo Juan Manuel Santos sobre esa fecha. Los militares y la policía nacional entregaron su trofeo de guerra al mandatario

y la opinión pública expresada a los medios de desinformación, que en estos casos abanderan los triunfos ficticios tras cínicas cortinas de humo.

En las Universidades públicas existe un asedio de policías infiltrados que reciben sueldo, ascensos y lo que es peor aún, un cupo universitario que debería ser para un o una joven que desee continuar la formación universitaria. La fabricación de montajes con las más bajas artimañas de engaño, seducción y manipulación permite garantizar la inversión anual del estado colombiano en cursos de agentes de inteligencia en el marco de las políticas de seguridad.

En este momento nuestro hijos se encuentran en una cárcel de Colombia, sentenciados según lo indica la ley 1453 de seguridad ciudadana, envueltos en un montaje judicial creado por un policía nacional sin orden de trabajo y todas las ilegalidades posibles en un proceso, sin embargo, el juez y la fiscal a cargo se empeñan en continuar con el lienzo de impunidad e injusticia que caracteriza este sistema judicial, que si se compara con cualquier estatuto de seguridad utilizado por los regímenes militares- dictoriales, no tiene mucho que envidiar, con la única diferencia que proviene de un país que dice vivir en democracia y promover el respeto a los derechos humanos, evidentemente un discurso totalmente opuesto a la realidad.

En varias ocasiones les han negado la justa y debida nulidad a la medida de aseguramiento, es decir la libertad. Se comprueba que el caso de Lebrija 26 como el de muchos otros en este país ratifica la falta de voluntad y respeto al desarrollo de un proceso

FAMILIARES CASO LEBRIJA 22

honesto, por el contrario la defensa está enfrentando a artimañas que llevan al desgaste, la desesperación e intimidación. Porque en eso se ha convertido la realidad de este proceso, un escenario para sentir el pasar del tiempo desolador, implacable torturador minuto a minuto no titubea en demarcar las barreras entre la libertad y el encierro.

Hoy nos convocamos, unimos y caminamos junto a la Coalición “LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS” porque nos convencemos que las batallas no se ganan con tonos singulares, aislados y mínimos. Entendemos,

ahora más que nunca la necesidad de unirnos bajo una misma bandera de dignidad y justicia que muestre nuestra voz contestataria ante la acción criminal de querer mantener nuestros hijxs tras las rejas de la Cárcel Modelo de Bucaramanga.

Rechazamos y denunciamos este FALSO JUDICIAL como montaje y arma de guerra en un país en donde se acude a clientelismo judicial para dejar en evidencia la debilidad voluntaria de la institucionalidad.

HOY NOS COMPROMETEMOS A UNIR NUESTRA VOZ Y FUERZAS PARA TRAER DE VUELTA A TODXS AQUELLXS QUE NUNCA DEBIERON QUITAR DE NUESTRO LADO.

LAS FAMILIAS DEL CASO LEBRIJA 26 DE SEPTIEMBRE

EXIGIMOS QUE NOS DEVUELVAN A NUESTROS HIJOS.

LIBERTAD YA!

Memorias

37Por la Libertad de lxs Prisionerxs politicxs

Reciban todas y todos los asistentes a este evento, sus organizaciones, movimientos, procesos, sectores, comunidades y territorios que representan, así

como todas y todos aquellos que por una u otra razón no se hicieron presentes hoy, pero que siempre han estado y están en la solidaridad con nuestras hijas e hijos sometidos a largas penas de prisión por su aporte a la lucha y a la resistencia de nuestro amado pueblo. Mi más sentido saludo lleno de cariño y gratitud.

Es un motivo de alegría estar de nuevo en este espacio, junto a ustedes, más aun si partimos del principio que “la unión hace la fuerza” y que la unidad, lo unitario es un valor fundamental entre quienes combatimos toda injusticia, toda opresión y explotación, y este espacio, este proceso que llamamos Coalición Larga Vida a Las Mariposas, está inspirado en ese espíritu unitario en torno a la solidaridad con los frutos de nuestras entrañas, y contra el instrumento de represión que los confina. La Coalición es la unión solidaria en las y los luchadores presos y contra el yugo de la prisión.

Recuerdo ese momento en junio del 2011 cuando asistimos llenos de angustia y dolor al primer encuentro nacional de Solidaridad con las y los prisioneros políticos y de guerra, Larga Vida a Las Mariposas; del que nació esta Coalición del mismo nombre que hoy nos convoca y nos vuelve a reunir.

Aquella vez, muchas madres sufríamos la incertidumbre de no saber que estaba pasando, ni como estaban, ni en donde, nuestras hijas e hijos recién trasladados por el Inpec

en un intento por disolver y golpear los colectivos en las cárceles y penales, desde donde ellos y ellas participaban de la convocatoria al encuentro, emprendiendo a la vez varias acciones de protesta y desobediencia en todo el país.

Este recuerdo es importante no solo porque trae a la coalición las circunstancias y evoca los momentos fundacionales de esta coalición, sino también porque será el eje de mi intervención el día de hoy.

En circunstancias como aquellas y cada vez uno que otro modo se repiten, digamos por ejemplo , cuando una de nuestras hijas llega gestante a prisión , cuando uno de nuestro muchachos cae enfermo, cunado otra es aislada y encalabozada, o cuando alguno se ve inmerso en alguna investigación interna o cuando son gaseados o golpeados brutalmente durante una desobediencia o trasladados súbitamente, siempre sin excepción, los abogados defensores de DDHH, las ong´s, las organizaciones o partidos políticos de izquierda , los movimientos etc. responden de inmediato, poniendo en marcha mecanismos de intervención, acción y defensa que a nosotras y las familias nos devuelven el alma al cuerpo, que nos ayudan a superar el sentimiento inicial al temor, soledad e impotencia.

De allí nuestro cariño y nuestra infinita gratitud con todos y todas ustedes, porque además, entre otras cosas, si hay algo que lo llena a uno de orgullo, satisfacción y alegría es ver que nuestras hijas e hijos son tan valiosos para otras tantas personas

Sin embargo como mamá, me corresponde relievar en este momento la perspectiva de madre, así que voy a destacar lo que se siente y lo que significa que nosotras en suceso de eso, entendiendo que claro está, para ustedes – con todos los afectos y lazos personales que los une- son ante todo “compañeras, camaradas, revolucionarios, luchadores, combatientes, dirigentes, lideresas, mandos, cuadros, militares” que en tanto presos políticos y de guerra tienen un valor político dentro de la resistencia popular, y tienen un peso como actores víctimas del conflicto, y que su situación y solución a la misma es uno de los factores que atraviesa la discusión sobre la guerra y la paz, que es un tópico presente en los diálogos entre el gobierno y la insurgencia en la Habana- Cuba, y que toda paz debe incluirlos.

En un fin, que nuestro hijos e hijas tienen un rol y un ligar en la historia y en la construcción de una nueva Colombia.Aun con todas estas claridades filosóficas, políticas e ideológicas, nuestra situación es otra, quizá más sencilla, humilde y modesta pero no por ello menos importante.

Cuando uno recibe una llamada telefónica, como si con los años, las distancias, los olvidos y mal agradecimientos de nuestros y nuestras hijas jamás hubieran roto el cordón umbilical, ya uno sabe con solo oír timbrar el teléfono que algo malo está pasando. Salta el corazón, se estremece el pecho, se pone la piel de gallina, un frio recorre el cuerpo y se inunda todo el presentimiento.

- Señora fulana de tal? – dice una voz tan ansiosa como desconocida, y termina de explotar en uno el alma, que con solo eso ya corrobora y entiende que algo fatal esta pasando.- Si con ella, con quien hablo?

Y en la respuesta comienza a desembarrancarse el mundo, a uno la tierra se la traga, se nos viene el cielo encima.

Es que a su hijo lo acaban de trasladar con todo, no sabemos para adonde, póngase pilas, llame a los abogados y por favor avise que nos están descontrolando. – y cuelga el compañero al que le correspondió avisar la noticia.

Son cosas de segundos, la sorpresa, la perplejidad, la estupefacción, y paso una al temor, al miedo, al pánico. Dejamos escapar dos o tres lágrimas y no nos permitimos la resignación, ni la quietud, ni el desánimo. Nos secamos los ojos y nos ponemos a trabajar. Una mamá sabe que si se hace pedazos no puede hacer nada por su criatura y nos volvemos una roca.

Ya acostumbrados en las andanzas de nuestros hijos e hijas, porque en otros tiempos era un suplicio, tras año de no recibir ni una llamada para saludar y decir: hola mamá, tranquila que estoy bien- porque de uno, no se acordaban, decía a los suplicios para esperar por los noticieros alguna noticia de esos ingratos, no deja uno de sentir dolo y rabia al pensar: ¿y ahora que habrá hecho, en que se habrá metido?

Y por supuesto, no puede uno dejar de hacer el reproche,” quien sabe en que estaba pensando, pero con toda seguridad no pensó en mí, antes de meterse un sus problemas como siempre. Nunca le ha importado si uno sufre, si se angustia ni nada”.

Reproche que tiene su contraparte en una misma, porque a la final, a uno tampoco le importa nada ni lo que toque hacer, cuando se trata de salir corriendo en auxilio de una hija o un hijo.

Y de hecho nada importa, ni el marido, ni el trabajo, ni el almuerzo en la estufa cocinándose, ni las enfermedades, ni los achaques, ni el rauma, ni la tensión alta, ni las varices, ni la lluvia, ni el sol, ni el hambre, si hay o no para los buses, si toca caminar, hacer filas, esperar en oficinas horas eternas, si toca aguantar humillaciones y desplantes.Uno simplemente sale corriendo a buscar noticias, soluciones, apoyo para saber dónde y cómo están nuestras hijas e hijos.

Para garantizarles que sus derechos sean restablecidos, así no agradezcan, ni retribuyan, ni se acuerden de uno, incluso así mismo se vuelvan a meter en sus líos.

Sin saber de leyes ni de hacer papeles, uno termina haciendo oficios, peticiones. Denuncias, demandas, tutelas, quejas, reclamos, sin saber de trámites burocráticos ni de política, uno termina haciendo gestiones y relaciones públicas.

LO HUMANO Y LOS DERECHOS HUMANOS

(UNA MIRADA DE LOS PRISIONEROS POLÍTICOS DESDE LA PERSPECTIVA DE UNA MADRE Y LA FAMILIA)



Pero como ya dije antes es un alivio y toda una bendición cuando uno se encuentra con ustedes tan diligentes y comprometidos vivenciando ese accionar del Che Guevara, de que “la Solidaridad es la ternura de los pueblos”.

Aun cuando todavía no se tienen noticias y uno lleva el corazón palpitante dentro de la cartera, logra uno llegar a casa de noche, cansada y con los pies hinchados de dolor, y dormir con cierta tranquilidad.

Eso gracias a ustedes y por eso es tan importante fundar, desarrollar y no dejar caer procesos como estos, porque no se trata solo de política, de lucha, de la defensa de los derechos humanos, si no que se trata de la vida misma, de lo humano.

Luchar unidos para defendernos, para construir un país mejor y diferente, pero es que también se trata de vivir, de vivir distinto, no es solo el futuro como ideal, si no el presente como realidad, vivir ya y ahora desde valores opuestos y alternativos al capital.

Eso se hace en la práctica de la UNIDAD. Aquella vez a mi hijo lo trasladaron desde la cárcel de combita, en Boyacá, hasta la penitenciaría Nacional de Valledupar, en el Cesar. Era muy activo en el Colectivo Antonio Nariño del patio 1 y a donde llegó ayudo a fundar el colectivo Benkos Biojo en el patio 8.

Ese no aprende a quedarse quieto y a no meterse en problemas, eso me da rabia y me molesta con el aveces.Pero también, sé que lo que si aprendió bien en la vida fue hacer fraterno, solidario, firme, leal, comprometido, sensible, a no dejarse mangonear de nadie, a ser rebelde, y como así soy yo no tengo derecho a reprocharlo.Me alegra y me enorgullece. También es alegre y se ríe duro como yo, le gusta hablar y hacer amigos en todas partes como a mí.

Entonces mi aporte aquí y mi llamado es a que seamos y vivamos de un modo que funde desde ya ese mundo que soñamos construir, y por el cual tenemos entre otros sacrificios a nuestras hijas e hijos en prisión.

Encuentro Regional GRAN TOLIMA



DECLARACIÓN POLÍTICA DEL PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE LA COALICIÓN “LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS” GRAN TOLIMA

El 9 de agosto de 2014, en el denominado Gran Tolima, que comprende los departamentos de Huila y Tolima, nos reunimos: campesinos, estudiantes, defensores de

Derechos Humanos, organizaciones sindicales, sociales y populares; con el objetivo de solidarizarnos con los prisioneros y prisioneras políticas. En este evento hicieron presencia, además, familiares de prisioneros políticos de los distintos establecimientos carcelarios de la región y ex prisioneros que a causa de las políticas represivas del régimen dominante fueron injustamente encarcelados. Así mismo y de manera virtual, nos acompañaron los colectivos de prisioneros políticos, quienes desde las rejas felicitaron este gran encuentro de solidaridad.

El Gran Tolima ha sido históricamente reconocido por su lucha y entrega, en estas bravías tierras se gestó la resistencia campesina armada como respuesta a las políticas de gamonales y terratenientes, consecuentes con la tradición de lucha de esta región, las organizaciones sociales y populares presentes en éste territorio han visto la necesidad de conformar la Coalición por la libertad y el trato digno de las y los prisioneros políticos “LARGA VIDA A LAS

MARIPOSAS” del Gran Tolima, este escenario recientemente creado, surge como necesidad de brindar acompañamiento jurídico y de solidaridad tanto a los prisioneros políticos como a sus familiares.

Es de anotar que éste primer encuentro, se realiza en momentos en que en La Habana-Cuba, se desarrollan los diálogos entre la insurgencia de las FARC-EP y el Gobierno Nacional, conversaciones que deben encaminarse no solo al fin de la confrontación armada sino a la búsqueda de la justicia social, de la soberanía nacional y de una verdadera democracia como requisitos indispensables para el logro de la reconciliación nacional y de la verdadera PAZ estable y duradera como lo demanda la mayoría del pueblo colombiano. En desarrollo de la Agenda pactada se abre paso el punto de las víctimas, tema crucial de este proceso y, en el que tanto los y las prisioneras políticas así como sus familiares deben tener participación activa y beligerante, como víctimas que son de las políticas represivas, del trato inhumano al interior de las penitenciarías, de la deficiente defensa procesal, de la negación de sus derechos y beneficios jurídicos y de la persecución y estigmatización a que son sometidos sus familiares.

El evento realizado en la ciudad de Ibagué logró escenarios de articulación entre familiares, prisioneros y la coalición y produjo las siguientes conclusiones:

1. El Estado colombiano arrojo al pueblo a una confrontación armada, la cual ha ocasionado durante más de 50 años un conflicto social de amplias proporciones que ha causado millones de víctimas a nivel nacional; entre asesinatos, desplazamientos, desaparecidos y millares de prisioneros políticos; en nuestros dos Departamentos, en la actualidad, sumamos más de 150 prisioneros políticos recluidos en 4 de las 6 penitenciarias de la región, a quienes sistemáticamente se les violan sus más elementales derechos humanos y el debido proceso.

2. Rechazamos la permanente militarización, la persecución, el desplazamiento el asesinato y encarcelamiento de dirigentes sociales y populares de la región así como demás conductas violatorias de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

3. Respaldamos los diálogos y llamamos a las partes a no levantarse de la Mesa hasta tanto no se logre pactar un acuerdo.

4. Exhortamos a una solución política acompañada de profundas transformaciones sociales que reivindiquen al campo colombiano y al conjunto de la sociedad.

5. Respaldamos la propuesta de una asamblea nacional constituyente que tenga como objetivo replantear la política social económica y cultural del pueblo colombiano.

6. Respaldamos la propuesta que desde diferentes vertientes políticas y sociales se viene haciendo en torno al Cese Bilateral de fuego o

Tregua Bilateral.

7. Rechazamos el marco jurídico para la paz y exigimos que las decisiones en tal sentido así como demás temas sean producto de los acuerdos entre las partes que hoy dialogan en la Habana.

8. Demandamos del Estado colombiano el reconocimiento de todas las víctimas producto del conflicto no solo del armado sino también del político y el económico.

9. Rechazamos la extradición de nacionales, cualquiera sea su delito y exigimos le repatriación de los ya extraditados principalmente de Simón Trinidad y demás extraditados a los Estados Unidos fundamentalmente por razones políticas.

10. Exigimos que el Tolima y el Huila sean tenidos en cuenta con el objetivo de que una delegación especial pueda hacer propuestas a la mesa de negociación que se desarrolla en La Habana-Cuba, la cual éste compuesta fundamentalmente por campesinos como principales víctimas históricas del conflicto.

11. Exigimos el reconocimiento político y jurídico del delito político en Colombia, en consecuencia demandamos del estado colombiano, en el marco de los acuerdos a que se llegaren, el indulto y la amnistía de todos los prisioneros políticos.

12. Exigimos la libertad inmediata de las y los prisioneros políticos que estén gravemente enfermos como un gesto humanitario de parte del Estado colombiano.

13. Apoyamos todas las acciones que en procura de sus Derechos Humanos y buen trato desarrollen los reclusos, de todo el país, a través del Movimiento Nacional Carcelario.



14. Proponemos la rebaja del 20% a todas y todos los condenados.

15. Se propone que para construir una Paz justa y duradera los jóvenes tengan derecho a objeción de conciencia frente al servicio militar.

16. Exigimos del Estado colombiano reparar a los prisioneros políticos víctimas de violaciones de sus derechos humanos durante su cautiverio así como también a sus familiares, los cuales viven el viacrucis no sólo de tener a sus familiares en prisión sino la persecución y la estigmatización a que constantemente son sometidos por las fuerzas represivas del Estado.

17. Solicitamos la reparación integral y el reconocimiento de las víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos, atentados a bienes y a civiles y demás conductas violatorias del derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos.

18. Exigimos trato digno especial y respeto a los derechos humanos para los prisioneros políticos, atendiendo a principios humanitarios, celeridad y eficiencia a sus peticiones y trámites ante las autoridades judiciales.

19. Se exige proveer a las personas privadas de su libertad una asesoría jurídica acorde con sus necesidades.

20. Solicitamos al Estado colombiano proceder a traslados de internos atendiendo a la cercanía familiar, así como también unificar a los prisioneros políticos en patios especiales para estos.

Fueron convocantes del Primer Encuentro de la Coalición “Larga Vida a las Mariposas” del GRAN TOLIMA: ASTRACATOL, La Corporación “Semilla y Memoria” El Colectivo Kahlando, el Colectivo Macondo, la AEP, La Marcha Patriótica-seccionales Tolima y Huila, la ATCH del Huila, los colectivos de Prisioneros Políticos de la Región, Ex prisioneros políticos y familiares de Prisioneros políticos del Tolima y Huila.

NO ESTAMOS TODOS, FALTAN LOS PRISIONERXS POLÍTICOS

Encuentro Regional EJE CAFETERO



Durante los días 18, 19 y 20 de julio se llevaron a cabo las “I Jornadas de Solidaridad con los Prisioneros Políticos y la Población Carcelaria”

convocadas por la Fundación de Solidaridad y Defensa con la Población Carcelaria de Colombia “Juan David Pineda Cardona” con el propósito de visibilizar y denunciar ante la ciudadanía la grave crisis en la que se encuentra el sistema penitenciario ya que en la actualidad son cientos de miles los colombianos y colombianas que están en las cárceles sindicados o condenados sin que se les garanticen sus más elementales derechos, además de abrir espacios para abordar discusiones como la del delito político, la existencia de los prisioneros políticos y la aplicación de la justicia transicional, en el marco de los diálogos de paz de la Habana y en un posible escenario de terminación del conflicto armado y de dejación de armas por parte de la insurgencia colombiana.

Dentro de las actividades, el día viernes 18 de julio, en las horas de la noche, se realizó el II Banquete de Solidaridad, con el cual se buscaba fortalecer a la Fundación en materia de recursos para así poder adelantar de manera adecuada acciones jurídicas, de solidaridad y acompañamiento con toda la población carcelaria a la que le sean vulnerados sus Derechos Humanos y en especial a aquellas personas sindicadas y condenadas por delitos políticos y de conciencia que permanecen privadas de la libertad en nuestro país, al igual que con sus familiares. El punto central del evento fue la exposición de Miguel Darío Herrera, abogado e integrante de la Fundación, el cual diserto sobre la justicia transicional y la terminación del conflicto armado como camino para la búsqueda de una paz con justicia social.

La actividad fue cerrada al son de música Latinoamérica y caribeña a cargo de Santiago Espinosa, músico de la ciudad.

El sábado se realizó el I Encuentro regional del Eje Cafetero, preparatorio del II Encuentro Nacional e Internacional por la libertad de las y los prisioneros políticos “Larga Vida a las Mariposas” con la participación de delegados de organizaciones de Caldas, Risaralda, Quindío y Bogotá, entre las que podemos destacar a la Corporación Solidaridad Jurídica, la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, MOVICE Risaralda, entre otras, además contamos con la presencia de Pedro Julio Mahecha Ávila, destacado abogado defensor de DDHH. Los ejes temáticos desarrollados durante la jornada por los diferentes expositores giraron en torno a la política criminal del estado y régimen carcelario, prisioneros políticos en el marco de la justicia transicional, movimiento nacional carcelario y sobre el punto de víctimas de la agenda de paz de la Habana. También se coordinaron acciones y estrategias para continuar con la solidaridad y la defensa de los prisioneros políticos en la región.

En el día de cierre conmemoramos el 20 de julio junto a los familiares y amigos de los presos de la cárcel La 40 de barones con el “Encuentro por la Paz, la Libertad de los Prisioneros Políticos y en Solidaridad con la Población Carcelaria”, con la instalación de una carpa en la cual estuvimos leyendo la carta abierta a la población carcelaria con el objetivo de invitar a conformar el Movimiento Nacional Carcelario para avanzar en la defensa de los derechos y la dignidad de los presos en Colombia, se recibieron denuncias, también se ofreció asesoría jurídica.

Un grupo significativo de organizaciones políticas, sociales y gremiales de ésta región de Colombia conocida como “Eje Cafetero”, efectuaron con éxito, el pasado mes de

Agosto, en Pereira Risaralda, el mencionado evento preparatorio con miras a realizar en Octubre próximo en Bogotá D.C., el II ENCUENTRO NACIONAL DE LA COALICIÓN LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS.Dentro de un gran ambiente de fraternidad y madurez política, luego de amplias y fructíferas discusiones, se llegó a un consenso en base a los siguientes aspectos:

1. Solo la férrea unidad del Pueblo colombiano y dentro de éste las organizaciones revolucionarias y de avanzada que tienen cabida en él, serán prenda de garantía para que se imponga la salida política negociada al largo y doloroso conflicto social y armado que existe y tiene desarrollo en la geografía nacional.

2. El reconocimiento de la existencia de un CONFLICTO ARMADO SOCIAL E INTERNO, por parte del gobierno nacional, no obedece a una concesión, ni mucho menos al capricho del Presidente de turno. Lo anterior es solo el resultado de una visión objetiva de la realidad colombiana. Existen de manera incontrovertible dos fuerzas antagónicas, las FARC-EP, el E.L.N. y algunos reductos del E.P.L.; por el lado de la Insurgencia y del otro lado las F.F.A.A.; que se han

enfrentado de múltiples formas y para resolver éste grave conflicto no hay solución militar posible. Urge la vía del diálogo político.

3. Es cierto que como producto de la confrontación violenta se presentan, entre otros hechos, capturas de los combatientes y por ende a estos solo les cabe el nombre de prisioneros políticos y de guerra.

4. El prisionero político es aquel ser humano que dotado de una amplia comprensión de la realidad y convencido como está de que debe actuar para que las cosas tomen el rumbo que más le convenga a las mayorías trabajadoras, se somete a perder su libertad e incluso la vida. Busca con su accionar organizado que se produzca un cambio de gobierno y por ende de modelo económico, político y social que favorezca a la inmensa mayoría.

5. El prisionero político ejerce válidamente el derecho a rebelarse contra un estado de cosas absolutamente contrario a la dignidad humana, ese mismo que a diario violenta y desplaza a cientos y de paso no garantiza al conjunto de la sociedad, sus más esenciales derechos, a saber: Empleo, vivienda digna, salud, seguridad social. Educación, democracias y bienestar general.

DECLARACIÓN POLÍTICA

EVENTO PREPARATORIO EJE CAFETERO DEL II ENCUENTRO NACIONAL DE LA “COALICIÓN LARGA

VIDA A LAS MARIPOSAS”.



Encuentro Regional BARRANQUILLAPor lo dicho en la presente DECLARACIÓN POLÍTICA, es claro para las organizaciones representadas, que la realización del II ENCUENTRO NACIONAL DE LA COALIACIÓN “LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS, a realizarse en Octubre de 2014, Bogotá D.C., permitirá hacer visibles a los prisioneros políticos y de paso les dará la importancia que tienen a todo nivel, máxime si se trata de encontrar una salida negociada al conflicto militar, político y social que tiene vigencia en Colombia.

Por último se expresó que en la Mesa de Conversaciones de la Habana (Cuba), los prisioneros políticos deben tener un sitio significativo, mismo que lleve a pactar acuerdos específicos que les permitan recuperar la libertad de forma inmediata y de paso participar activamente en la vida social y política de Colombia.

Dada en Pereira Risaralda, en el mes de Agosto de 2014



DECLARACIÓN POLÍTICASEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DEL CARIBE


Las organizaciones convocantes a este evento que hacemos parte de la Coalición Larga Vida a las Mariposas, las y los asistentes de diferentes organizaciones sociales y participantes en general

del espacio, recogiendo las diferentes perspectivas que aportan al fortalecimiento del proceso de apoyo y solidaridad con los prisioneros y prisioneras políticas en la región del Caribe colombiano declaramos que:

1. Rechazamos la formulación de la actual política criminal, porque desconoce el conflicto social, político, económico y armado de nuestro país, y generael actual modelo de reclusión basado en el derecho penal enemigo y niega la posibilidad de la resocialización como carácter central de la pena privativa de la libertad.

2. Denunciamos la existencia de más 150 Prisioneros y Prisioneras Políticas en las cárceles ubicadas en la Región Caribe, en sus distintas categorías (de Guerra, Conciencia y Victimas de Montajes Judiciales), e insistimos en la necesidad de su reconocimiento por parte del Estado colombiano, pues éste significa un paso importante hacia la reconciliación y la construcción de un país con justicia social. En el marco de esto exigimos al Estado que reconozca su responsabilidad en los procesos de persecución y criminalización a la protesta social y a la oposición política que ha desencadenado en el encierro de miles de luchadoras y luchadores sociales que encarnan el sueño de la construcción de una Colombia diferente.

3. Apelamos al respeto del estado social de derecho y las garantías civiles y políticas, en las cuales se enmarcan la libre escogencia de la opción política e ideológica que en ningún momento puede significar un trato discriminatorio

hacia los opositores, por lo anterior, exigimos que los y las prisioneras políticas no sean excluidos o marginados de los beneficios que tiene el complejo de la población reclusa en nuestro país, en razón de su opción política.

4. Siendo conscientes de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población reclusa y en especial los y las prisioneras políticas, ratificamos la importancia de la ampliación de los escenarios de solidaridad en la intención de lograr condiciones de vida dignas de las personas en reclusión.

5. Desde las organizaciones defensoras de derechos humanos y el movimiento social y popular en general, se hace necesaria la apropiación del problema de los y las prisioneras políticas en Colombia como manifestación fehaciente del conflicto social, político, económico y armado que vive el país hace tantas décadas.

6. Exhortamos la importancia del fortalecimiento organizativo al interior de las cárceles, por lo tanto apoyamos la consolidación de los colectivos de prisioneros y prisioneras políticas y su convergencia en el Movimiento Nacional Carcelario, para que sigan luchando para transformar las actuales condiciones de reclusión que vulneran de manera profunda los derechos humanos, sin embargo, hacemos un llamado a las organizaciones políticas y sociales para que desde su trabajo diario se visibilice y blinde el trabajo que se desarrolla al interior de los penales.

7. Reiteramos nuestro compromiso en la formulación de estrategias concretas y conjuntas con los procesos organizativos al interior de las cárceles, que posibiliten

hacer efectivas las exigencias que mejoren las condiciones vitales de las y los prisioneros políticos y la población reclusa en general.

8. Proponemos el desarrollo de una campaña de sensibilización y solidaridad con las y los Prisioneros Políticos en el Caribe, que desemboque en compromisos de apoyo concretos por parte de las organizaciones sociales, populares, sindicales, estudiantiles y defensoras de derechos humanos, con el propósito de aliviar las repudiables condiciones de reclusión a las que son sometidos y ampliar las voces de exigencia de su libertad.

9. Desde el espacio del Segundo EncuentroRegional del Caribe por la libertad de los y las prisioneras políticas “Larga vida a las Mariposas”, expresamos nuestro apoyo al alcalde de Bogotá Gustavo Petro y rechazamos la decisión de su destitución por parte del procurador general de la nación Alejandro Ordoñez, por considerarla un atentado al poder soberano que reside en el pueblo y a la democracia, siendo una prueba más de la inexistencia de garantías para el ejercicio de la oposición políticaen el país.

10. Nos solidarizamos con los compañeros de la universidad de Córdoba que se encuentra bajo amenaza de judicialización y entrarían a engrosar las filas de los prisioneros de conciencia en nuestro país, y rechazamos enérgicamente la estigmatización de la cual han sido objeto.

11. La Coalición Larga Vida a las Mariposas respalda los Diálogos de Paz que se desarrollan en la Habana

entre en el Estado y la Insurgencia de las FARC EP, a los que esperamos se pueda unir el ELN, así como el reconocimiento y búsqueda de la libertad para los y las prisioneras políticas como paso fundamental hacia la reconciliación para construcción de un país en paz con justicia social. Nos comprometemos a aportar en la construcción de una paz estable y duradera desde nuestra condición como miembros de la sociedad colombiana.

12. Decidimos convocar una reunión de coordinación en el mes de enero de 2014, para dar continuidad a este espacio de encuentro y a la construcción colectiva de nuestras líneas de acción para el próximo año, en la cual recogeremos los elementos y propuestas de acciones de solidaridad desarrollar con los y las prisioneras políticas del caribe.

13. Por ultimo resaltamos que la lucha que libra el Movimiento Nacional Carcelario junto con el movimiento social y popular colombiano hace parte del objetivo incansable de la construcción de un país en paz con justicia social. Y desde este espacio se hace un llamado de atención a las organizaciones sociales y populares para que el compromiso que se asume con los y las prisioneras políticas se traduzca en el ánimo de reconocer y trasformar las aberrantes condiciones en las que se vive al interior de las cárceles y la dignidad con las que se asumen por parte de ellos.

Diciembre 10 de 2013Barranquilla, Atlántico

La lucha social no es un delito

Es un paso hacia la Libertad

memorias encuentros regionales - coalición "larga vida a las mariposas"

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