memorial resumen 2005, el año de la dignidad

memorial de guatemala Visión crítica de la realidad centroamericana

Publicación electrónica Director: Andrés Cabanas Apdo. Postal 899, Ciudad de Guatemala [email protected]

Segunda Etapa Número 49

Resumen 2005

El año de la dignidad

Andrés Cabanas 2005 fue un año de hilos entrelazados: inició en Sololá con la oposición al paso de un cilindro para la empresa minera Montana (11 de enero) y finalizó con paisajes anegados, derrumbes y muertes en las mismas comunidades (tormenta Stan, 5 de octubre). Abundaron los contrastes: el Tratado de Libre Comercio, TLC, se aprobó sin debate político o social y en contra de la opinión de un importante sector de la población (32.3% según Prensa Libre, 18 de abril) pero la democracia se vistió de gala cuando varias comunidades discutieron, reflexionaron y organizaron consultas populares para sugerir el control de sus recursos y su destino (Comitancillo, 20 de abril, Sipakapa, 19 de junio, Río Hondo, 3 de julio). Fueron profundas -cuando no- las distancias sociales: brilló el oro de la Montana en las poblaciones más pobres (San Marcos). Abismos y paradojas: miles emigraron a Estados Unidos (ya hay más de 1.5 millones de guatemaltecos en aquel país, según Prensa Libre) mientras unos pocos estadounidenses llegaron para asesorar nuevas políticas de seguridad (anuncio instalación de Centro Regional de Operaciones de Paz en Cobán, dirigido por el Comando Sur, 9 de junio). Continuó el mediocre protagonismo de viejos actores: el ejército recuperó espacios ruidosamente (explosión de polvorín en la Brigada Mariscal Zavala, 17 de junio); el gobierno se desgastó y el Congreso, empeñado en una estrategia suicida, se entretuvo. Miserias ínfimas y grandezas absolutas: seguimos en la cola del desarrollo humano y a la cabeza de la desigualdad (Informe Programa

de Naciones Unidas para el Desarrollo, 10 de septiembre). Sin embargo conseguimos abrir pesadas puertas (presentación de disco de Rony Hernández, junio) y logramos que prosperara una cinematografía propia (nuevas producciones: “Las Cruces, Poblado Próximo”, documentales sobre Ramírez Amaya y González Goyri, 10 y 12 de noviembre). Fuimos víctimas de continuos “incidentes”: muerte por disparos de Raúl Cruz en Sololá (11 de enero), disolución violenta de manifestación contra TLC en Ciudad de Guatemala y asesinato de Juan López en Colotenango (14 de marzo), criminalización de la organización social (214 casos de ataques a defensores de derechos humanos hasta 21 de octubre) y de la juventud (maras igual a delincuentes), renovación del terror en el imaginario ciudadano (permanente). Nos entristecimos cuando las víctimas del conflicto armado se convirtieron en botín político y el resarcimiento se tambaleó por la voracidad de nuevos victimarios (crisis e intervención final de la Comisión Nacional de Resarcimiento, 28 de noviembre). Pasó el tiempo sin solución para problemas antiguos: insuficiente y desigual tributación, estado debilitado, acuerdos de paz sin marco de desarrollo, reforma tributaria aplazada, justicia social esquiva, reforma agraria satanizada, racismo latente, feminicidio… Nos animamos en la fiesta permanente de foros, presentaciones, seminarios, debates, exposiciones, talleres, capacitaciones, diplomados, libros, imágenes, sonidos y palabras desde y hacia todos los rincones: lucha continua contra el silencio y el olvido para afirmar que seguimos vivos. Luchamos esperanzadoramente, a pesar de los pesimismos justificados y los inducidos: oposición al TLC y a la ley de concesiones (marzo a junio), levantamiento contra la privatización del agua en Totonicapán (seis de septiembre), luchas contra la explotación minera a cielo abierto (El Estor, San Marcos, Sololá, Totonicapán), declaraciones de comunidades, municipios y departamentos como territorios libres de minería, articulación de poblaciones para la defensa de sus derechos (Frente de Lucha contra la minería, Conferencia Regional de Autoridades Indígenas del Altiplano). Los cubanos –y también los venezolanos- lo recordarían así: Año de la dignidad de las poblaciones afectadas por la explotación minera a cielo abierto y por el intento de saqueo de sus recursos naturales. Y anticipo de las luchas de 2006.

memorial de guatemala n. 49, diciembre 2005 2

15 de enero

Año nuevo con viejos retos Mal estamos si comenzamos 2005 con idénticas inquietudes y retos que en 2004. Mal: es decir, en el estancamiento y sin ver la luz al fondo de nuestras injusticias. Un ejemplo de lo anterior se encuentra en la muy sensible cuestión tributaria. A inicios de 2005, los gobernantes guatemaltecos manifiestan –una vez más- la voluntad de retomar el Pacto Fiscal; la disponibilidad a impulsar el pago de tributos; y, sobre todo, la necesidad de discutir y definir “qué tipo de país queremos”.1 Idénticos compromisos que los asumidos (e incumplidos) el primer año de la administración de Oscar Berger. Durante 2004, no existieron esfuerzos gubernamentales sostenidos para incrementar la carga tributaria al porcentaje exigido por los Acuerdos de Paz (12%) lo que hubiera implicado, especialmente, que los que nunca han pagado o pagan por debajo de sus posibilidades se incorporaran a la dinámica tributadora y al esfuerzo de solidaridad y construcción colectiva de un país. “El presupuesto 2005 contempla una carga tributaria del 9.7% al 10.0% del PIB. Esta incluye artificios y cambios contables que, si no se hubiesen realizado, harían la carga tributaria inferior a la del periodo 2003 – 2002 (10.3% - 10.6% del PIB).2 Así, más allá de la retórica, la Política Fiscal del actual gobierno se caracteriza por la simplificación y reducción, tanto de las necesidades reales como de los compromisos adquiridos, especialmente en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. Se reduce permanentemente el objetivo de incrementar la carga tributaria al 12%, objetivo inicialmente previsto para el año 2000 y que a partir de esa fecha debería haber sido progresivamente incrementado. Además, el gobierno parece ignorar que detrás de la no-tributación descansa una cultura de insolidaridad e intereses sectoriales, que hay que comenzar a atacar para construir un país incluyente. Es decir, el aspecto tributario es la señal más visible de una sociedad discriminadora y el estancamiento de la carga tributaria (des)dibuja un país detenido en su secular injusticia. En este punto, la definición de la Política Fiscal y la estructura tributaria es también una disputa cultural donde hoy las fáciles consignas de No más impuestos y No al terrorismo fiscal se imponen sobre una práctica en la que

1 María Antonieta de Bonilla, Ministra de Finanzas, declaraciones de prensa. 2 “Presupuesto 2005: Una oscura negociación entre Gobierno y Genocidas” de Colectivo de Organizaciones Sociales, COS, noviembre de 2004.


todos, especialmente los que más tienen, aporten al esfuerzo común denominado Guatemala. Una vez más en nuestra historia, lo sectorial predomina sobre lo integral y el individuo sobre la comunidad. Sin incremento de la recaudación vía impuestos, sin un Estado fuerte y consolidado, sin cambios culturales, la inversión social y las acciones del gobierno no pueden pasar de “enderezar y pintar el carro” sin entrar a componer el “motor y el sistema eléctrico” como afirma Virgilio Álvarez a propósito de algunas medidas del Ministerio de Educación: “Sus logros son equiparables a los que sufre un carro cuando está en el taller de enderezado y pintura, pues, aunque lo hecho ha levantado polvo y expresiones de admiración, estamos aún en las cuestiones externas del sistema escolar, sin que hayamos llegado a resolver las cuestiones de fondo”3 En esta línea, el COS afirma: “El gasto publico será equivalente a menos del 13% del PIB. El Estado contará con menos recursos y gastará menos (como proporción del PIB) que en 2004 y 2003. El gasto social tiene un ligero incrementó al pasar de 5.3% del PIB en 2004 a 5.6% en el 2005, el cual es insignificante para atender las grandes brechas de desigualdad y pobreza. El gasto del Ministerio de Salud se reduce en términos reales y respecto al PIB. El Presupuesto de Educación es de 2.7% del PIB, y esto porque se traslada el rubro de los almuerzos escolares del MAGA al MINEDUC. El crecimiento presupuestario en educación incluyendo la alimentación escolar, daría como resultado una reducción real por habitante”.4 La discusión que supuestamente plantea el gobierno: qué tipo de estado y país queremos, se vuelve aquí irrelevante. La actual estructura tributaria delimita dramáticamente el país que tenemos y nos condena a repetirlo año tras año. En este contexto, las declaraciones gubernamentales parecen meramente retóricas. Demagogia vertida en promesas de nuevo año. También, una oportunidad menos para enderezar el torcido y desigual derrotero de este país. 30 de enero

La democracia de rodillas

La democracia se resiente cuando prevalece la represión sobre el diálogo. La democracia retrocede al disolverse brutalmente una manifestación de pobladores que se oponían al paso de maquinaria –un cilindro de acero- para la explotación minera de la Empresa Montana5. En fin, la democracia se minimiza si la imposición y la violencia se convierten en estrategias. 3 Virgilio Álvarez, Siglo XXI, 12 de enero de 2005. 4 COS, Op. Cit. 5 “El hecho ocurrido el martes 11 de enero 2005, en Los Encuentros, departamento de Sololá, demuestra que el actual gobierno responde a intereses económicos que van en contra de la población, pues defiende


La brusca respuesta policial a las protestas de los pobladores, que produjo al menos una persona muerta, no pareció improvisada ni fruto de un error. Por lo menos el gobierno tuvo tiempo de pensarla durante un mes, desde que en diciembre de 2004 campesinos impidieron por vez primera el paso del cilindro. También tuvo tiempo de meditarla desde septiembre del año pasado, momento en que la Secretaría de Análisis Estratégico –SAE- advirtió al gobierno presidido por Oscar Berger de la potencialidad de una explosión social alrededor de la minería de metales a cielo abierto. Además, el recurso a la represión se refleja en hechos recurrentes de este comienzo de año y ciclo político. Por ejemplo, en la acusación de malversación de fondos a integrantes de la Plataforma Agraria, organización también vinculada (vía Iglesia Católica-Diócesis de San Marcos) a la oposición a la minería; en los inacabables y cíclicos allanamientos a sedes de organizaciones sociales; y sobre todo en la macabra persecución a defensores de derechos humanos.6 En este sentido, la represión como estrategia no sólo evidencia la apuesta gubernamental por un determinado modelo de desarrollo, sino sobre todo un renovado talante autoritario, agudizado por la confluencia de intereses y acción empresarios-gobierno-policía. En menor medida refleja también la pérdida de peso específico de sectores de gobierno y de la coalición Gran Alianza Nacional, GANA, que no apuestan de manera contundente por la minería como motor de desarrollo ni por la violencia como instrumento. En fin, la democracia falla cuando se criminaliza la oposición, se deslegitima el derecho de protesta, se compara a organizadores de manifestaciones, marchas o huelgas con delincuentes y se acusa a líderes sociales de agitadores, provocadores o manipuladores (ver cuadro). A la luz de hechos como los arriba mencionados, el gobierno empieza equivocadamente su segundo año de andadura. Cuando la Policía y el Ejército continúan siendo actores políticos fundamentales (1,000 policías y 300 soldados frente a la opinión de miles de pobladores); y cuando se ignora ex-ante y ex los intereses de las compañías transnacionales que buscan explotar nuestros recursos para su propio beneficio. Ante la falta de respuesta del gobierno a sus demandas, la población se organiza para la defensa de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. Ese hecho fue reprimido por las instituciones de Gobierno con una eficiencia inusual, en un país donde cuesta que las fuerzas de seguridad respondan a las demandas más urgentes de la población guatemalteca. La alcaldesa indígena de Sololá, Dominga Vásquez, y 15 personas más son acusadas –por el Ministro de Gobernación- de ser los instigadores de los hechos violentos y tienen orden de captura. Se evidencia la falta de voluntad por parte de los funcionarios al no responder a las solicitudes de dialogo hechas por la población, para la resolución del conflicto de manera pacifica. (Frente Nacional contra la minería de metales a cielo abierto, 11-01-2005) 6 “Las amenazas contra las organizaciones de derechos humanos y sus miembros se han hecho sentir durante las dos primeras semanas del 2005... Las organizaciones aseguran que están siendo víctimas de una campaña orquestada por grupos paralelos que probablemente tienen relación con las cúpulas militares” (Semanario Inforpress, 14 de enero 2005)


post la opinión de las comunidades, omitiendo el procedimiento de consulta7, queda al descubierto la precariedad y calidad (exigua) de nuestro sistema democrático. 15 de febrero

Notas para el asombro

Todavía en ocasiones la prensa guatemalteca logra sacarme de mi ensimismamiento y –dirían los psicólogos- de la insensibilidad que me protege y me permite continuar viviendo. Y me asombra. Me asombra por ejemplo cuando refleja notas positivas, aunque estas se dan con mayor profusión, casi con exclusividad, el día domingo (y continúa asombrándome el enésimo asesinato de mujeres, sobre todo cuando sus restos son esparcidos o cuando –niña de dos años- es asfixiada para castigar la lucha contra la impunidad de su padre) Asimismo me asombra la prensa cuando narra –pese a todos los pronósticos y el peso de la historia- un nuevo éxito de la selección nacional de fútbol, aunque se produzca frente a un combinado semiprofesional y juvenil (Dinamarca); por muy en lance amistoso que haya sido (Colombia); no obstante el éxito no pase de ser un empate (Panamá) que algunos –eternos pesimistas y miralabotellamediovacía- califican de fracaso. Me asombra y tiemblo al pensar hasta cuándo va a durar esta efímera ilusión, esta frágil unidad de la azul y blanco, este inédito predominio del esfuerzo colectivo sobre la lógica individual, donde al parecer todos juegan para el común -¿cómo será eso?- y nadie pretende sobresalir pisoteando a los demás - ¿hablamos de este país?-, situación nunca antes vista en 185 años de Estado independiente y 300 de explotación colonial española. No me dejen divagar y permitan que retome el hilo de la argumentación, pero es que me entusiasmé con tanta carga de emoción cívica y fervor patrio. Les cuento para regresar al tema que, en fin, otra noticia que sí logró conmoverme y despertarme fue la aparecida un 31 de enero de 2005, en la página 4 de Prensa Libre: “Un total de 150 anuales recibirá cada niño en el área rural del país para

7 Convenio 169, artículo 6.1.a) Al aplicar las disposiciones del presente Convenio los gobiernos deberán: consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representa. Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Apartado IV. Derechos Civiles, Políticos, Sociales y Económicos. D. Participación a todos los niveles. 5a) Mecanismos obligatorios de consulta con los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar los pueblos maya, garífuna y xinca.


su alimentación escolar”. Es decir, aproximadamente un quetzal por alumno y día de clase destinado a alimentación. La impresión no me dejó continuar leyendo y por tanto no pude continuar asombrándome con otras noticias aparecidas ese mismo día, como la conmemoración de los 25 años de la masacre –e impunidad- en la Embajada de España. Recorté el texto y lo guardé, pero cuando regresé al día siguiente a la oficina, la noticia todavía estaba allí, intacta, escupiéndome real su macabra insolencia. O sea, un quetzal cada día para alimentación por niño. Menos de 200 quetzales al año invertidos en el futuro o el presente de esta nación (¿cuántos futuros seleccionados nacionales se malograrán con este ridículo presupuesto?) Cuando hablamos de que Guatemala es uno de los países que en el mundo dedica menos recursos a inversión social estamos aludiendo a este raquítico quetzal para comida8. Raquítico y además paternalista porque nace de una voluntad de caridad y no de un esfuerzo de justicia. Mi asombro fue tanto que, disculpen, olvidé la premisa básica del buen periodista: comparar y confirmar fuentes, y di como bueno (perdón, como malo) lo allí escrito, sin preguntar si fue error de imprenta o falta de entendimiento del periodista lo que en realidad parecía política chapina en su estado natural: es decir, realizar acciones que rayan en lo grotesco o, en el mejor de los casos en lo inocuo y superficial, y airearlas y revestirlas de Políticas de Estado. Pero el asombro no acabó ahí. Todavía me sorprendió más la infinita paciencia, la tremenda habilidad y el esfuerzo de imaginación que tendrán que desplegar sacrificados y autogestores padres de familia para en un menú de sólo un quetzal “incorporar en la dieta de los pequeños (...) chuchitos, tostadas, rellenitos, plátano cocido, panes con frijol o huevo, fruta de temporada, atoles, leche, tortillas con frijol o queso”9. Eso y que la Selección Nacional de Fútbol logre por fin alcanzar el sueño de participar en un Mundial.

8 Según el Colectivo de Organizaciones Sociales, COS, “El gobierno de Oscar Berger ha destinado menos recursos en términos per cápita para educación y salud que el PAN y el FRG. El gasto en educación es uno de los más bajos de América Latina y apenas alcanza el 2.7% del PIB, mientras países como Costa Rica y Brasil superan el 4.4% del PIB. El gasto en salud es insuficiente y el más bajo de Centroamérica, Guatemala tiene uno de los gastos per cápita en salud más bajos de Latinoamérica y en consecuencia los peores indicadores. La asignación para salud alcanzó el 1.5% del PIB, mientras Nicaragua destina el 8.5% del PIB y Costa Rica el 5.2% del PIB para salud”. 9 Recomendación del Ministerio de Educación


30 de marzo

TLC: represión versus diálogo10

A pesar de las protestas, el Congreso de Guatemala aprobó el 10 de marzo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, TLC. La aprobación se produjo en circunstancias negativas: con evidente desconocimiento por parte de los diputados del contenido y las implicaciones del TLC y en un momento en que el movimiento social y la Universidad de San Carlos solicitaban la realización de una Consulta Popular. En vez del debate, el gobierno optó por la represión. La manifestación del 14 de marzo, culminación de una jornada de paro nacional y de quince días de protestas continuas, fue disuelta violentamente. Según información de Mesa Global “la manifestación ocurría pacíficamente cuando la Policía Militar rodeó las cuatro entradas del Parque Central de la capital. Comenzaron a disparar bombas lacrimógenas y balas de goma a los manifestantes. Estos huyeron para donde podían. La Policía Militar los persiguió para dispersarlos, tratando de capturar a quienes pudieran acusándolos de daños a la propiedad pública”.

El mismo día se dictaron órdenes de captura contra dirigentes sociales, pero la rapidez con la que el Procurador de los Derechos Humanos los albergó en las instalaciones de la Procuraduría, obligó al gobierno a dar marcha atrás. El 15 de marzo, militares y policías dispararon contra una concentración en el departamento de Huehuetenango, noroccidente del país, asesinando a Juan López.

La celeridad con la que el Congreso aprobó el TLC y la represión desactivaron las protestas. La cercanía de la Semana Santa funcionó también como factor desmovilizador. Pronto, los penitentes y los “cucuruchos” (cofrades) fueron más numerosos y más bulliciosos en las calles que los manifestantes. Pero el éxito inmediato del gobierno implicó una debilidad a largo plazo y un grave daño al país. Primero, por las consecuencias negativas del TLC: pérdida de soberanía, amenaza de desaparición de cultivos agrícolas, competencia en condiciones asimétricas con empresas transnacionales... Segundo, porque la manera en que se aprobó el TLC debilitó la institucionalidad democrática. Los diputados votaron sin debate un Tratado de trascendencia y rechazaron la solicitud de consulta popular, por onerosa y porque de todas formas –afirmó el presidente del Congreso Jorge Méndez Herbruger- la población iba a decir sí. Sin embargo, lo importante de la consulta no era tanto el resultado como el proceso de reflexión y articulación que implicaría. Y en 10 Publicado originalmente en Diagonal, periódico quincenal de actualidad crítica, n. 3, 31 de marzo a 13 de abril de 2005. Madrid, Estado español


esto se volvía estratégica para la conformación de una cultura de diálogo, tan inexistente en este país. “Esa fue la mayor pantomima en todo ese proceso hacia la aprobación del TLC-USA. Un asunto negociado por elites empresariales y políticas desde hace años; siempre cerrado” afirmó la escritora Tania Palencia en el diario Siglo XXI. El Presidente Berger contribuyó a la cruzada antidemocrática al ridiculizar y minimizar las protestas (“son grupitos de 30, 70 personas”); atacó directamente y por su nombre a algunos de los dirigentes sociales y sancionó el Tratado mientras su Vicepresidente participaba en una comisión de diálogo. Berger actuó como vocero de sectores empresariales: un presidente de exclusión y no de consenso. La oposición al TLC Por su parte, el movimiento social llegó tarde a la cita del TLC. En los mercados paralizados, en las calles colapsadas de la capital, en los caminos bloqueados, muchos se preguntaban por qué si el TLC era tan importante no se habían hecho movilizaciones antes. El movimiento social tampoco fue capaz de mantener el nivel de las protestas; no ensayó nuevas formas de oposición más allá de los bloqueos y las marchas; careció de Plan B para enfrentar la represión del 14 de marzo y –aparentemente- no sumó nuevas fuerzas: fueron los mismos de siempre los que estuvieron presentes en todos los escenarios de conflicto. Palencia afirma que todavía el liderazgo social es reactivo y está a la defensiva: “A pesar de su valentía, la izquierda insiste en priorizar su acción de coyuntura. Es un liderazgo de días D”. Sin embargo, la aprobación del TL no implica el cierre de un capítulo de oposición. La represión abrió heridas y desnudó el carácter de un gobierno que llegó al poder con el apoyo implícito de parte del movimiento social (como la alternativa menos mala frente al ex dictador y genocida Ríos Montt) Ese apoyo ha finalizado y se esperan nuevas protestas, especialmente de campesinos, maestros y el Frente contra la Minería. En cierto sentido, la derrota del intento de detener la aprobación del Tratado, puede derivar en lecciones positivas: la más importante, la necesidad de fortalecer el incipiente esfuerzo de unidad representado por el Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular, MICSP. En segundo lugar, la urgencia de renovar formas de acción para reducir la vulnerabilidad del movimiento11. En tercer lugar, la lucha por involucrar a más personas y nuevos sectores sociales (algunas manifestaciones, como la del primero de marzo, fueron masivas pero no suficientes), lo cual lleva implícito un debate sobre programas, métodos y líderes. Todo ello es vital para enfrentar políticas económicas y sociales que amenazan el destino de Guatemala como país, y políticas represivas que apuestan por la vía de la violencia y la exclusión en vez del diálogo y el consenso, es decir, en vez de intentar construir un país justo y democrático. 11 El Concierto “Recuperar la belleza. Otra Guatemala es posible” de 6 de abril es un ejemplo –en el ámbito urbano- de esta renovación.


15 de abril

Mucho más que un pequeño grupo

Una reciente encuesta de Vox Latina revela que un porcentaje importante de la población guatemalteca, cercano al 33%, tiene opinión contraria al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, TLC. La encuesta12 sacude el principal argumento del Ejecutivo para la aprobación del TLC: el carácter marginal de la oposición (“un pequeño grupo que decide por los 12 millones de habitantes”, según afirmó el presidente Berger a raíz de las protestas de marzo) versus la masividad del apoyo ciudadano a aquel. Los datos afirman que, más allá de un pequeño grupo, el descontento suma cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos. Son casi tantos como quienes dicen sí al TLC y más que aquellos que no saben. Es decir, más que los desinformados, los indiferentes, los desencantados, los que no participan, autentica mayoría silenciosa de prácticamente todas las democracias representativas. Las encuestas no explican motivos; no sustituyen una consulta popular; tienden a reducir a cifras un arco iris de opiniones y matices. Las encuestas son fotografías del estado de ánimo poblacional en un momento concreto. Pero como tal fotografía, la imagen del “NO” captada por Vox Latina contrasta con aquella que muestra a 126 diputados alzando la mano a favor del “SÍ” el 10 de marzo y la que refleja a un satisfecho Berger después de sancionar el Tratado días después. En estas otras imágenes el presidente y los diputados actuaron desconociendo las voces opositoras y negaron el derecho ciudadano a la consulta. Esta falta de respeto a la opinión de la población amenaza convertirse en crónico déficit democrático: tampoco la concesión de licencias de explotación minera a cielo abierto ha sido consultada, ni siquiera en las comunidades directamente afectadas. Asimismo, la “foto” del no contextualiza el calendario de aprobación del TLC. El gobierno, probable conocedor del grado de repulsa (¿vía Secretaría de Análisis Estratégico, encuestas internas, inteligencia militar?) aceleró la votación en el Congreso y la sanción presidencial. El tiempo (manifestaciones, debates,

12 “¿Si usted pudiera votar hoy por el Tratado de Libre Comercio, cómo lo haría? ⇒ A favor, 33.1% ⇒ En contra, 32.3% ⇒ No sabe, 19% ⇒ No participaría, 15.2% ⇒ No responde, 0.4%” Fuente: Prensa Libre, 18 de abril. Encuesta de Vox Latina


opiniones) corría en este caso en su contra y la celebración de una Consulta Popular propuesta por el movimiento social y la Universidad de San Carlos hubiera significado una herida de muerte para el TLC. La sociedad en movimiento Por otra parte, y aunque las encuestas no lo indican, pareciera que muchos opositores al TLC no participaron activamente en las jornadas de protesta. Se aprecia una brecha entre las convocatorias del movimiento popular y la respuesta social, que se explica por razones externas e internas. Entre las primeras, la histórica pero vigente inhibición social por el terror; y en la actualidad, la represión de la manifestación del 14 de marzo en Ciudad de Guatemala y de la concentración en el puente Naranjales, en Colotenango, el 15 de marzo (donde fue asesinado el campesino Juan López); represión que debilitó el movimiento opositor. Las causas internas tienen que ver con los métodos de lucha empleados (reducidos prácticamente a bloqueos y manifestaciones); la participación débil de sectores sociales como estudiantes y mujeres; la desarticulación urbano-rural (presente en la dirección de las protestas y en el seno de las organizaciones sociales); y la todavía incipiente cohesión del Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular, MICSP. El reto para el movimiento social es convertir el significativo NO al TLC en corriente organizada promotora del cambio. La encuesta-foto como tal, es estática. Hoy, una nueva imagen mostraría porcentajes de adhesión y oposición diferentes. Pero este punto de partida sanciona como imprescindible la difusión de información, la multiplicación del debate y la continuidad de la oposición al Tratado de Libre Comercio. 30 de abril

Recuperar la agenda de la paz El borrador de la Ley de Concesiones a discusión en el Congreso de la República aleja a Guatemala de la senda marcada por los Acuerdos de Paz. Donde el borrador habla de “transferencia de la prestación del servicio público a los particulares, mediante la institución de la concesión” los Acuerdos de Paz mencionan el “papel rector del Estado”, al que corresponde “promover, orientar y regular el desarrollo socioeconómico del país de manera que, con el esfuerzo del conjunto de la sociedad, se asegure, en forma integrada, la eficiencia económica, el aumento de los servicios sociales y la justicia social”. Mientras el borrador argumenta que el Estado “no está en capacidad de prestar directamente... una serie de servicios que la sociedad moderna demanda”, los Acuerdos indican (¿indicaban?) la necesidad de que “el Estado debe


democratizarse y fortalecerse como orientador del desarrollo nacional, como legislador, como fuente de inversión pública y prestatario de servicios y como promotor de la concertación social y de la resolución de conflictos”. Los Acuerdos de Paz señalan además que el Estado tiene “obligaciones indeclinables (...)en la tarea de superación de las iniquidades y deficiencias sociales, tanto mediante la orientación del desarrollo como mediante la inversión pública y la prestación de servicios sociales universales. Asimismo (...)tiene obligaciones específicas por mandato constitucional de procurar el goce efectivo, sin discriminación alguna, de los derechos al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda y demás derechos sociales. La superación de los desequilibrios sociales históricos que ha vivido Guatemala y la consolidación de la paz requieren de una política decidida por parte del Estado y del conjunto de la sociedad”. Obligaciones y política que la ley de concesiones omite y deja en manos de la inversión y la iniciativa privadas, sin un esquema marco de desarrollo. Un estado debilitado La propuesta de Ley de Concesiones parte de un supuesto acertado: las dificultades financieras y técnicas del Estado para satisfacer las “enormes demandas sociales”. El estado no tiene recursos, se dice, promovamos una ley de concesión para satisfacer necesidades sociales. Pero la falta de recursos no es una causa en sí sino efecto, entre otros, del desinterés de las elites y de la baja cultura tributaria. “El estado guatemalteco no es débil sino ha sido debilitado. Hoy día incluso el Banco Mundial señala la necesidad de fortalecer el Estado, pues los resultados de su adelgazamiento son negativos en el ámbito continental”13 Y para enmendar este debilitamiento histórico y estructural no se propone el fortalecimiento del Estado, sino su sustitución por la iniciativa privada, “en todos los proyectos que tengan por objetivo el desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de obras y servicios públicos, y de otros de análoga importancia social” 14

13 “Concesión de la autopista Palín-Escuintla” documento presentado al Congreso de los diputados el jueves 28 de abril. 14 Según el propio borrador la concesión puede darse en estos campos, “sin que la siguiente numeración sea limitativa: Construcción y/o mantenimiento de carreteras, autopistas, viaductos, túneles; Construcción y/o mantenimiento de vías férreas; Construcción y/o mantenimiento de puertos; Construcción y/o mantenimiento de aeropuertos; Construcción y/o mantenimiento de acueductos, oleoductos, gasoductos; Instalación y/o funcionamiento y prestación de servicios de plantas de generación de energía eléctrica; Servicios de Desarrollo Turístico; Servicios de Parques y edificios públicos; Servicios de saneamiento y recuperación ambiental; Servicios de Correos; Servicios de alimentación para hospitales, cárceles y escuelas; Elaboración de documentos de identificación, tales como pasaportes, cédulas, licencias de conducir; Sistemas de transporte masivo (buses, trenes superficiales, subterráneos, otros); Parques Turísticos. El anterior listado es simplemente de índole general y no podrá interpretarse como limitativo o excluyente de otras obras o servicios que sean de naturaleza pública; exceptuándose totalmente las previstas en el artículo 5 de esta ley”.


La Ley de Concesiones es un capítulo más de la crónica de una larga cadena de oposición al modelo de desarrollo definido en los Acuerdos de Paz. Esta crónica comenzó a escribirse antes de la firma de los propios Acuerdos, cuando el gobierno de Álvaro Arzú promulgó el Decreto 35-96 sobre regulación del derecho de huelga para trabajadores del Estado. Continuó con el cumplimiento formal y protocolario por parte del Gobierno y la negación de su contenido de fondo (instalación de oficinas y comisiones sin poder real). Sufrió un grave quebranto con el asesinato de Monseñor Gerardi y el desconocimiento de las conclusiones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Perdió ímpetu en enésimos intentos de tímidas reformas tributarias. Naufragó con el revés de la Consulta Popular. Tropezó en el racismo que convierte al Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas en el menos cumplido. Concitó oposición radical para promover el desarrollo agrario. Encontró aliados involuntarios en la desorientación temporal de la izquierda partidaria y el movimiento social. Claudicó frente al impulso demagógico y contrainsurgente del gobierno del Frente Republicano Guatemalteco. Hoy, el círculo del abandono de la agenda de la paz parece estarse cerrando: son muchas las similitudes entre el gobierno de Oscar Berger y el primer gobierno de la paz encabezado por Arzú. Política de renuncias En este contexto, el alejamiento del espíritu de los Acuerdos de Paz (nunca admitido ni explicitado oficialmente) lleva aparejadas otras renuncias, igualmente implícitas: la renuncia al Pacto Fiscal como instrumento para empoderar económicamente el Estado y por tanto desarrollar la sociedad integralmente; y la renuncia a la solidaridad como principio básico derivado de aquel. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, “El Pacto Fiscal es la herramienta clave para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales y en particular aquellas relacionadas con el desarrollo sostenible y la justicia social en la búsqueda del bien común... Implica acuerdos nacionales sobre el tipo de sociedad que se desea construir y sobre principios y compromisos recíprocos del Estado y de los ciudadanos y ciudadanas” A estas alturas del año, mientras se discute la ley de concesiones, permanece pendiente la revisión de la llamada cuestión tributaria: es decir, y retomando las olvidadas palabras del presidente Berger a inicios de 2004, qué tipo de país queremos y cuánto estamos dispuestos a aportar para lograrlo. El combate de la evasión y el fraude fiscal y sobre todo la progresividad en la tributación permanecen hoy tan inalcanzables como a inicios de la administración Berger. La duda es si también el Código Tributario Municipal, estancado en el trámite parlamentario, resentirá la falta de desarrollo del Pacto Fiscal.

La utopía de la paz La naturaleza contraria a los Acuerdos de Paz de la Ley de Concesiones dibuja un futuro más excluyente e insolidario que el actual. Pero las alternativas existen: ”El gobierno dice no tener recursos pero... si se llegara al 12% de ingresos fiscales habría capacidad para construir obra de infraestructura por valor anual de cinco mil millones de quetzales. Esto permitiría el desarrollo de un


plan de infraestructura de 20 mil millones en cuatro años. Con ello habría reactivación económica y fuentes de empleo”.15 Es decir, la alternativa consiste en retomar el espíritu de la paz. Que a estas alturas, y a pesar de todas las veces que los Acuerdos han sido negados, sobrevivan en el debate político, indica no sólo la tenacidad de algunos de sus firmantes sino también la vigencia de muchos de sus planteamientos, en cuanto a las metas y al modelo de desarrollo previsto. Mientras un gobierno empresarial dificulta el cumplimiento de los Acuerdos, en el ámbito internacional, estos se ven favorecidos, uno, por la presión internacional para el cumplimiento de las Metas del Milenio; dos, por la crítica generalizada al Consenso de Washington y a la recuperación del Estado en varios países de América Latina, que debe promover, frente al actual modelo privatizador donde el mercado es el principal regulador, la utopía de un nuevo proyecto de nación. 15 de mayo

Consensos que dividen La reciente gira de seis presidentes16 por EEUU para promover la aprobación del Tratado de Libre Comercio, TLC, revela prioridades y querencias de los gobiernos regionales. Los presidentes invierten más tiempo y recursos en cabildear en EEUU a favor del TLC que en debatirlo internamente. Privilegian los consensos externos en vez de la reflexión y los acuerdos en cada uno de los países. Casi unánimemente, los presidentes centroamericanos actuaron durante el viaje como representantes de un sector de la población y no de la unidad nacional. A Washington acudieron mandatarios de países donde el TLC no ha sido aprobado parlamentariamente (Nicaragua, Costa Rica, Dominicana, Honduras) mucho menos por la población17. Es decir, los presidentes cabildearon a favor de un proyecto que en el mejor de los casos sólo aprueba un fragmento de la sociedad, y que no ha sido legitimado en el ámbito institucional y7 o social. En el caso guatemalteco, las intensas jornadas de la gira norteamericana de Oscar Berger contrastan con el rechazo social al TLC, manifestado en las calles y en algunas encuestas: más del 30% de la población, según Prensa Libre, adversa el Tratado.18

15 Documento “Concesión de la autopista Palín-Escuintla” 16En la gira participaron los presidentes de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, y República Dominicana. 17 Ninguno de los países mencionados ha promovido una Consulta Popular sobre el TLC. 18 Ver memorial 33


La imagen de un presidente que defiende en Estados Unidos lo que en su país es objeto de críticas o, en el mejor de los casos, abierta desconfianza, distancia al gobierno actual del sentir social; lanza un mensaje disociador (la desautorización de la opinión y la participación social), inhibe los procesos de diálogo abiertos (Ley de Concesiones) y abre un escenario de mayor división y polarización. 30 de mayo

Tiempo de gobernar El inicio anticipado de la campaña electoral19 debilita la institucionalidad y las políticas de estado, prioriza lo coyuntural sobre lo estratégico e impone lo sectorial sobre lo nacional, una vez más en la política guatemalteca, con consecuencias negativas. Las disputas inherentes a la sucesión presidencial se trasladarán al seno de un ya dividido e inoperante Congreso de la República, haciendo más lenta si cabe la labor legislativa. La ley de registro catastral, la ley marco de los Acuerdos de Paz, la política de desarrollo rural, la reactivación del pacto fiscal, no han podido ser impulsadas en el actual periodo de sesiones y, en un marco de disputas no solo inter sino tambien intrapartidarias, pueden estancarse definitivamente. Segundo hecho negativo (y una de las claves de la presentación de candidatos): el debate preelectoral se prolongará en la discusión del Presupuesto de la Nación 2006. Tres de los candidatos mencionados son responsables de instituciones con amplio y discrecional presupuesto: Luís Flores Asturias, Fondo de Inversión Social y Megaproyectos; Eduardo González, Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia; Eduardo Castillo, Ministerio de Comunicaciones. Se prevé que cada uno de ellos apostará por fortalecer, a través del control presupuestario, sus opciones electorales. En tercer lugar, la discusión de candidaturas podría relegar de la agenda política aquellos temas particularmente conflictivos para el sector económico que apoya al gobierno, específicamente el Pacto Fiscal. Por añadidura, el destape de candidatos pretende incidir en la conformación del partido Gran Alianza Nacional, GANA: para satisfacer esta necesidad táctica y estrictamente partidaria se abre una dinámica electoral extemporánea, que perjudica una vida política normal.

19 Álvaro Colom, Francisco Arredondo, Luis Flores Asturias, Jorge Briz, Eduardo González, Eduardo Castillo, los cuatro últimos funcionarios del actual gobierno, han manifestado sus aspiraciones presidenciales casi tres años antes de la celebración de elecciones.


En fin, el inicio de la campaña coloca a la política guatemalteca y al presidente Berger en un anticipado e incómodo interinato, lo que por otra parte no hace más que confirmar reglas no escritas de la política guatemalteca. Presidentes interinos La regla más conocida afirma que ningún partido gobierna durante dos periodos consecutivos. La segunda regla indica que todos los presidentes, desde el fin de las dictaduras militares, han gobernado en la práctica un promedio escasamente superior a los dos años. Atención a los datos: Serrano Elías ejerció durante dos años y cuatro meses, entre enero de 1991 y mayo de 1993. De León Carpio, dos años y seis meses, desde la caída de Serrano hasta enero de 1996. Antes, la Democracia Cristiana (enero 1986-enero 1991) había ejercido apenas un tercio del poder (Vinicio Cerezo dixit) y por tanto, su gobierno real extendido horizontalmente apenas alcanzaría a cubrir el 33% de cinco años de mandato, es decir, un año y siete meses20. Álvaro Arzú completo su mandato (enero 1996-enero 2000) pero su margen de maniobra se redujo después del fracaso en la aplicación del IUSI (marzo de 1998) y del asesinato del obispo Juan Gerardi (abril de 1998, a los dos años y tres meses de gestión). Por último, Alfonso Portillo medio gobernó (enero 2000-enero 2004) entre la corrupción, la tutela del Congreso presidido por el General Efraín Ríos Montt y las pugnas entre sectores empresariales. ¿Y Oscar Berger? El inicio de la campaña presidencial, si no se le ponen límites, si no se reconduce el debate y el accionar de los partidos, puede en la práctica acortar su mandato y convertirlo en el presidente más decorativo y efímero de la historia de este país. Pero no es el futuro de Berger, su lugar en la historia y su (débil) imagen de estadista lo que nos preocupa sino los retos que un Presidente y un gobierno en transición ya no van a acometer. Es tiempo de gobernar, no de campañas electorales. Las aspiraciones presidenciales son legítimas en un régimen democrático pero las necesidades nacionales no pasan por conocer ahora quién va a ser el candidato en 2007 sino por desarrollar la agenda legislativa pendiente desde antes del inicio de este periodo de gobierno: desde la firma de la paz, en 1996. Hay tiempo y mucho para definir protagonismos electorales. Para el cumplimiento de los acuerdos de paz y el desarrollo integral, el espacio se está acortando.

20 Antes de las reformas constitucionales de 1994, el periodo de gobierno se prolongaba cinco años.


15 de julio

Organizar lo desorganizado21 La encuesta de Vox Latina22 sobre el grado de aceptación del gobierno de Oscar Berger revela una aguda decepción de la población. Después de 18 meses de gestión, las guatemaltecas y guatemaltecos consultadas ofrecen valoraciones rotundamente negativas en aspectos medulares de la gestión gubernamental. Citamos: 64.2% de 1,200 encuestadas y encuestados entre el 2 y el 8 de julio de 2005 cree que las autoridades no hacen nada por disminuir la violencia contra las mujeres; 63,6% percibe que el gobierno no trabaja para disminuir la pobreza; 73.4% manifiesta que Guatemala ha retrocedido o sigue igual que en el gobierno de Alfonso Portillo; la mayoría afirma que el ejecutivo no se preocupa por los pobres (70.9%) y favorece a los ricos (69.8%). En fin, el 70.5% de encuestados considera que el gobierno de Oscar Berger no está cumpliendo lo que ofreció en la campaña política, y el 50.5% reprueba la gestión del ejecutivo. Sin matices ni palabras diplomáticas, los resultados de la encuesta dibujan una gestión corporativista, corrupta y/o cómplice, despreocupada y desinteresada de la gente y los pobres; en fin, fundamentada en el engaño e incumplimiento de las promesas. Alerta Los datos anteriores deben llamar a reflexión y rectificación al Ejecutivo, que quema etapas de desprestigio y abre espacio a la ingobernabilidad. Asimismo significan un aviso para la población y especialmente para el movimiento social, al recordarnos que carecíamos y carecemos de la alternativa programática y el instrumento político capaz de canalizar la frustración. La energía social para el cambio En Guatemala, salvando las distancias, se vive una situación similar a la de países de América Latina como Ecuador, Bolivia y Argentina. El descrédito de los partidos, de la política en general y la desigualdad social provocan insatisfacción, desgaste y cambios de gobierno que, sin embargo, no logran traducirse en transformaciones estructurales. Por el contrario, la repetición de idénticas políticas bajo diferentes siglas conduce a una espiral de pesimismo y desencanto. El sociólogo argentino Atilio Borón afirma que en Latinoamérica existen sociedades “capaces de cambiar gobiernos, pero el reto es convertir esta

21 A propósito de una entrevista a Atilio Borón, sociólogo argentino, donde afirma que el dilema de los movimientos sociales es organizar la desorganización 22 Prensa Libre, 14 de julio de 2005


energía social en opción de cambio, hoy inexistente. Hay que organizar lo desorganizado”.23 La organización de lo desorganizado no es sencilla porque implica en primer lugar recomponer tejido y relaciones sociales dañadas por años de conflicto. En segundo lugar supone remontar el terror que recurrentemente refuerza sus estímulos y convierte 2005 en uno de los años políticamente más violentos desde la firma de los acuerdos de paz. Según la Unidad Técnica de Defensores de Derechos Humanos, “hasta el 12 de mayo de 2005 se contabilizaron 65 ataques a defensores de derechos humanos, de los cuales 15 son allanamientos. De estos allanamientos, 8 se dieron entre el sábado 7 y el jueves 12 de mayo”. Recientemente, se ha conocido el asesinato de Albarito Juárez, dirigente de la Alianza por la Vida y por la Paz y miembro del partido de izquierda Alianza Nueva Nación en San Benito, Petén (9 de julio) y las amenazas contra el director de CEIBA y miembro de Mesa Global, Mario Godínez (7 de julio). En tercer lugar, la organización obliga a enfrentar un creciente autoritarismo político y social que no sólo impone un modelo de desarrollo excluyente, ejemplificado en la minería a cielo abierto, sino que deslegitima abiertamente la participación popular: en este sentido se rechazan los resultados de las consultas populares opuestas a la minería a cielo abierto en Sipakapa (departamento de San Marcos) y a la hidroeléctrica de Río Hondo (departamento de Zacapa)24. El autoritarismo condiciona los logros de los Acuerdos de Paz y restringe el ejercicio democrático. Por fin, organizar el desorden conlleva superar dos grandes debilidades de las organizaciones de izquierda. La primera, el escaso conocimiento de las fuerzas del oponente y nuestras propias fuerzas, fue señalada por Mario Payeras en su obra “Los fusiles de octubre”, a propósito del movimiento revolucionario. Superar esta debilidad obliga a la reflexión, la autocrítica y el abandono de la complacencia para reconocer por ejemplo que existen hoy movimientos esperanzadores (Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular –MICSP-, Coordinadora Waqib´ Kej, la práctica totalidad del movimiento contra la minería, de forma individual o coaligada, el Consejo Regional de Pueblos Indígenas25)

23 Walder, Paul. El dilema de los movimientos sociales: a organizar la desorganización. Entrevista al sociólogo y pensador argentino, secretario ejecutivo de CLACSO, Atilio Borón. 24 El 18 de junio, 2455 habitantes de Sipakapa se opusieron a la explotación minera; 35 personas dijeron sí a la misma, hubo 32 abstenciones y 3 votos nulos; el no ganó en 11 de las 13 comunidades del municipio. El 3 de julio, personas de Río Hondo dijeron no a la construcción de una hidroeléctrica en su municipio; votaron 2831 personas, 2735 votos fueron negativos y 74 fueron positivos. 25 Consejo Regional de los Pueblos Indígenas de los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Sololá y Totonicapán, surgido a partir de las Conferencias regionales “La minería y el patrimonio de los pueblos indígenas”.


pero que detrás de proyectos formalmente nuevos pueden ocultarse tanto propuestas inéditas como maquillajes y huidas hacia adelante de expresiones organizativas ya agotadas. La segunda debilidad o déficit estratégico es la falta de unidad (Santiago Santa Cruz26). Corregirla no lleva necesariamente a la unidad orgánica y nunca implica homogeneidad, sino fortalecer las “luchas concretas por objetivos comunes, superando el voluntarismo” (Marta Harnecker27). Hemos demostrado como sociedad nuestra capacidad de desinstalar gobiernos, incluso aquellos reconocidos por su autosuficiencia, su arrogancia y la creencia en su destino histórico. Lo hemos hecho con todos los ejecutivos surgidos de los cinco procesos electorales desde el fin de las dictaduras militares. El desafío ahora es organizar la alternativa que sustituya el actual ejercicio del poder por otro de naturaleza incluyente. 30 de julio

Por nuestros muertos: conflicto en la CNR

El peor de los escenarios se desarrolla en la Comisión Nacional de Resarcimiento, CNR. El peor, con división, acusaciones y modus operandi irregular por parte de las organizaciones sociales representadas, es decir, de aquellos que intermedian para lograr la dignificación de víctimas y sobrevivientes del conflicto armado. Así, hemos conocido acciones de descalificación y linchamiento político del “adversario”, interpretaciones casuísticas de normas y procedimientos (entre ellas, el reglamento para la elección de nuevos representantes), críticas sin argumentación, silogismos sin premisas, confusión entre triunfos particulares en votaciones (específicamente en la votación) con triunfos y avances del proceso de resarcimiento. La crisis en la CNR no es ajena a la historia del país: es consecuencia del daño psicológico y la desarticulación social provocada por la represión (Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, Comunicado) daño que si se rastrea permite identificar (algunas de las) pautas de comportamiento destructivas observadas en (algunos de los) integrantes de la Comisión. Tampoco es ajena a una parte de la historia de las organizaciones de izquierda, donde ha imperado e impera el sectarismo, la autocrítica parca y el monopolio

26 Santa Cruz, Santiago. “Insurgentes, la paz arrancada”. 27 Harnecker, Marta. “Estrategia para construir unidad”.


de la verdad, lo que acerca peligrosamente la cultura política de aquellas a la cultura dominante, que pretendemos modificar. Es en cierto modo, una crisis anunciada. Hace trece meses, recién instaurada la Comisión, se advertía públicamente de dos situaciones negativas: “Se ha tenido información de que personas inescrupulosas están ofreciendo facilitar el resarcimiento a cambio del pago de distintas cantidades de dinero. Asimismo, se conoce de personas que están utilizando el tema del resarcimiento para satisfacer intereses particulares, partidistas o sectoriales” (CNR, 15 de julio de 2004). Entonces no se hizo nada por remediar esas tendencias y ahora llegamos a una situación poco edificante, que amenaza con desbaratar el proceso de resarcimiento. Todo ello por “divisiones internas, luchas de poder e intereses personales y de grupo” (Miguel Ángel Albizures, el Periódico). Organizaciones cerradas sobre sí mismas En este sentido, la crisis en la CNR obliga a repensar el papel de intermediación de las organizaciones presentes en la misma y la legitimidad de algunos de los representantes. Aunque las generalizaciones son injustas, la mayoría de organizaciones han trabajado con su agenda propia y no con la agenda de las víctimas, con un comportamiento de “organizaciones cerradas sobre sí mismas” (Mario Palomo, www.albedrio.blogspot.org). En este sentido, cabe preguntarse si puede remontarse la crisis actual con los mismos actores y esquemas que han colaborado a esta situación cercana al “desastre” (Albizures) o es hora de abrir paso a nuevas representaciones. Representaciones capaces no sólo de dignificar el resarcimiento sino de apoyar la reconstrucción del movimiento social: la crisis afecta negativamente la reorganización incipiente del movimiento social, la agenda maya promovida desde la Coordinadora Waqib´ Kej, y la hasta ahora esperanzadora conformación del Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular, donde algunos de los actores involucrados deben verse las caras cotidianamente. En conjunto, se verá afectada la solidez del movimiento social, en el peor instante: cuando ha sido aprobado en Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio y su lógica de negociación asimétrica y acuerdos entre desiguales. Una premisa ética: por nuestros muertos Estas no son palabras de víctima, ni de dirigente social, ni de persona involucrada en el trabajo cotidiano del resarcimiento, donde probablemente se manejan claves más complejas de interpretación. Son palabras simples de observador de la realidad. Pero en ciertos momentos conviene retornar a la sencillez, aquella que está presente por ejemplo en los grandes ideales, y recordar premisas básicas y fundamentales, como estas:


1. El resarcimiento debe fundamentarse en la apertura, promover la unión y aplicar prácticas de tolerancia e inclusión en todos sus procedimientos. 2. El resarcimiento no puede anteponer agendas sectoriales a intereses generales, por muy legitimadas en liderazgos históricos que aquellas estén. Hoy es necesario escuchar, no las palabras de otros dirigentes sociales ni las palabras de los medios de comunicación, sino las de las víctimas y sobrevivientes, olvidados en esta crisis. Por ejemplo, las palabras de Jacinto Yac, en la revista electrónica albedrío: “A mí me provoca una profunda tristeza ese conflicto que se está dando dentro de la CNR. La gente que vivió la noche obscura debe sobreponerse inteligentemente al sectarismo. Háganlo por nuestros muertos”. 30 de agosto

Manual del dirigente popular Es un debate duro y hasta ahora cerrado, pero necesario: la naturaleza y quehacer de los actuales liderazgos de las organizaciones populares y partidarias de izquierda. Grisby considera que existe escasa “autonomía frente a la sociedad política y frente al poder económico”. Montenegro alude a la sustitución del “trabajo militante por las tareas profesionales” y la “onegeización” del movimiento, es decir, el trabajo “con beneficiarios, discurso fragmentado, acciones coyunturales, liderazgos y estructuras informales”. Un aspecto del análisis se enfoca en la capacidad de visión y formulación estratégica. Baltodano refiere a este respecto “desestimación de la importancia de la formación político-ideológica. Durante años, los comités de base, los procesos de formación y educación política llegaron a ser totalmente descuidados hasta el abandono”. Morales Avilés añade que “la preocupación por la teoría se halla ligada al desarrollo de la organización”. Es recurrente la falta de consulta y amplitud en la toma de decisiones. “Hoy, las decisiones políticas descansan fundamentalmente en los criterios del secretario general” (Baltodano). También la incorporación escasa de jóvenes y mujeres. La crisis del socialismo real, el fin del ciclo de la lucha armada y el neoliberalismo generan un vacío programático, sustituido con consignas. “Las izquierdas que ha habido y hay en AL tienen hoy dificultades para encontrar su programa (…) y por eso mucha izquierda prefiere no trabajar programas sino mantener discursos. Y discursos fuertes, radicales, un discurso “revolucionarista”, como decía Lenin, porque en estos tiempos escuchar estos discursos reconforta” (Téllez).


La falta de programas conduce a debilidades estratégicas: “la preeminencia de la táctica, la coyuntura y los enfoques pragmáticos” (Baltodano) Espacio importante para el análisis lo ocupan los valores y la disonancia entre el discurso y las prácticas políticas y personales. La ética y la falta de la misma se vuelven centrales en la caracterización de las organizaciones, más que los programas y las tácticas. “Una política sin ética no es válida ni correcta. Cuando la política es ética es capaz de llegar al corazón de mucha gente. Pero cuando la política se convierte en trampas y engaños, pierde sentido y se convierte en un juego de máscaras” (Ruiz) A este respecto, Baltodano menciona el alejamiento de una “cualidad fundamental: la del contacto permanente con el pueblo. El contacto con los problemas de la gente, la identificación con sus dolores y padecimientos”. Explicado en forma de poesía: “Nos tomamos el cielo por asalto/pero qué lejos estuvimos de ser ángeles/ qué pronto cometimos el pecado del orgullo/hasta que la súbita e implacable espada de fuego/nos cerró estrepitosamente y sin remedio las puertas del paraíso” (Belli). Las lógicas de trabajo conducen a grupos y líderes “cerrados sobre sí mismos, fragmentación, competencia y despolitización” (Montenegro), a “recelos entre organizaciones y dirigentes” (Grisby) y a la escasa cercanía con la población: “lo difícil es entender la articulación con las necesidades de la gente” (Baltodano). Las divisiones impiden el desarrollo: “las agendas ya están, lo que pasa es que están dispersas” (Montenegro). Los argumentos anteriores constituyen apenas apuntes para un debate pendiente y difícil, que en todo caso trasciende lo personal y debe orillar actitudes defensivas. Déjenme decirles, en previsión de críticas, silencios o acusaciones de hacer el juego al enemigo, que estas reflexiones no provienen de Guatemala sino de Nicaragua. Específicamente han sido extraídas de los artículos “Formación de cuadros en Nicaragua”, de la comandante guerrillera Mónica Baltodano; “¿Por qué hay tan poca movilización social?” del periodista director de Radio La Primerísima William Grisby; “Nuestra sociedad civil es débil y ha sido debilitada”, de la feminista y comunicadora Sofía Montenegro; “Esta crisis revela nuestra cultura política”, de la presidenta del Movimiento de Renovación Sandinista, comandante Dora María Téllez; “El formidable sustento ético que nos movía ya no existe en el FSLN”, del comandante de la revolución Henry Ruiz; y el poema “Carlos, ojalá las hormiguitas no te lo cuenten”, de la escritora Gioconda Belli. Cualquier parecido con la realidad guatemalteca es mera, mera…


15 de septiembre

Minería a cielo abierto: una apuesta de alto riesgo

La defensa entusiasta de la empresa exploradora minera Montana por parte del presidente Oscar Berger28 (ver cuadro) pone en peligro el trabajo de la Comisión de Alto Nivel de la Minería, debilita consensos futuros y minimiza las opiniones comunitarias y sociales contrarias a la explotación minera. Las palabras de Berger resultan improcedentes desde el punto de vista del diálogo y el respeto a la opinión comunitaria, pero no parecen un acto político improvisado. La agenda presidencial se analiza y planifica detenidamente, incluso en el caso de un mandatario tan generosamente espontáneo (dicho sea sin asomo de ironía) como Oscar Berger. El presidente es un filón noticioso a partir de sus equívocos, opiniones aventadas, desmentidos apresurados y en ocasiones buenas intenciones que tropiezan con poderes fácticos, especialmente el Ejército. Pero las opiniones sobre la Montana van más allá de la precipitación y revelan una apuesta estratégica. En este caso la apuesta del Gobierno es la explotación minera a cielo abierto, aún en contra de opiniones mayoritariamente contrarias como las de Sipakapa o Comitancillo. La apuesta apunta a un cierto incremento de las regalías, la reorientación de las mismas y la implantación de algunos mecanismos de control ambiental: “poner orden”, en palabras de Berger. Y poco más. La apuesta es, a partir de lo anterior, ignorar y dividir a la oposición: el frente antiminero se fragmentaría entre los partidarios de reglamentar la minería y los opositores a la misma (“los muy radicales del ambiente”). El entusiasmo pro-minero de Berger no consigue explicar cómo encajan dentro de este esquema las comunidades que han expresado su oposición a las explotaciones mineras y las empresas que han iniciado su explotación y tienen contratos firmados que obligan a prácticamente nada. Tampoco explica que, aún con reglamentación, diferentes sectores consideran que la minería no es alternativa. Primero porque no es posible minimizar la

28 “El proyecto Marlin es un proyecto modelo. Si la Montana fracasa, nadie invertirá en el país. Me parece muy interesante que los muy radicales del ambiente y los obispos hayan aceptado que es necesario hacer una política de minería y cambios en la legislación” (Oscar Berger, seis de septiembre, durante inauguración de un tramo carretero en el departamento de San Marcos)


destrucción ambiental ni el masivo consumo de agua que supone. Segundo, porque es necesario promover actividades económicas compatibles con el ambiente y gestionadas por las propias comunidades. Los gestos simbólicos señalan rumbos políticos. La foto de un Berger sonriente al lado de un representante de la Montana igualmente eufórico (seis de septiembre, actividad citada en cuadro) contrasta con el diálogo esquivo con las comunidades. Representantes comunitarios de San Marcos afirman a este respecto: “El gobierno de Oscar Berger, desde hace varias semanas anunció la realización del 6to. Gabinete Móvil, en el departamento de San Marcos del 8 al 10 de septiembre de 2005. Según las autoridades de gobierno de esta forma es como los ministros y el propio presidente y vicepresidente se acercan a escuchar las necesidades y propuestas del pueblo organizado en las instancias de sociedad civil. En este marco y pensando que la voluntad política de los funcionarios de gobierno era incuestionable, nos dispusimos a participar en el mismo. Buscamos citas con los funcionarios que tienen a su cargo los temas de nuestro interés, dentro de ellos esta el Ministro de Energía y Minas Ing. Luís Ortiz, que como se sabe su ministerio es uno de los impulsores de la minería a cielo abierto en el altiplano de San Marcos. El día de hoy dio inicio la mencionada actividad, en la agenda aparece que el Ministro de Energía y Minas estaría en el municipio de Malacatán, nos parece extraño que este tema se trate en un municipio de la zona costera, luego en la agenda no se especifica el lugar donde se llevaría a cabo la actividad y que ni siquiera gobernación departamental supiera el lugar específico” .29 La minería es mal negocio para muchos y consuelo económico para unos pocos empresarios. La combinación de su carácter elitista y la falta de consulta a las comunidades configuran un frágil escenario. Además de una apuesta particular, la opción de Berger por la minería a cielo abierto predetermina un estallido social. 30 de septiembre

Becatón: la medida de nuestra solidaridad o de nuestra miseria

Voy a hablar de la Becatón, la convocatoria del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Ministerio de Educación dirigida a recaudar diez millones de quetzales para 25.000 alumnas y alumnos (400 quetzales para cada una durante un año). Pero hablo lleno de dudas. No sé si la iniciativa responde a un genuino interés o a una campaña de propaganda; si tendrá impacto real en el sistema educativo o sólo publicitario; si fortalecerá el estado o lo debilitará. 29 Comunicado firmado por Red de organizaciones indígenas, Autoridades comunitarias de Comitancillo, San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa, AMMID, Frente por la Vida (MTC, PT, AJCHMOL), COLIMAM.


También me pone a pensar el valor que la iniciativa concede a nuestra solidaridad, diez millones de quetzales, es decir, menos de un quetzal por persona en este país de doce millones de habitantes: un avalúo a la baja de nuestro interés por nosotros mismos. Hablamos de diez millones de quetzales. Incluso sin tener en cuenta el 80% de la población pobre y extremadamente pobre, cada uno de los 2 millones de habitantes restantes aportaría sólo 5 quetzales por persona. Siguen las dudas: ¿Lo anterior es un cálculo ridículo o exagerado? ¿Consideran los promotores que Guatemala es un pueblo recargado de tributación, generosa y espontáneamente solidario o falto de cultura tributaria, eufemismo de individualista, con vagos referentes colectivos? ¿Nos subestiman o nos conocen demasiado?. Las cifras nos abruman, no sólo las macrocifras sino las estadísticas pequeñas que a veces están ausentes del análisis periodístico. Es decir, el quetzal por persona para becas; el quetzal escaso para alimentación escolar; los centavos por alumno y año para educación. Las cifras nos retratan como sociedad empobrecida y estado sin recursos, un estado de a quetzal. Otra cifra: las y los organizadores de la Becatón esperan recaudar diez millones durante tres meses, un promedio de 100,000 por día en todo el país, a pesar de que la iniciativa involucra a una instancia internacional, un ministerio, el sistema bancario, tres emisoras de radio, y otros. ¿Otra señal de pragmatismo y realismo político? ¿Admisión de nuestra institucionalidad infuncional y precaria? ¿O conocimiento de desconfianzas sociales y políticas muy profundas, de falta de comunicación entre representantes y representados? Se desconfía del trasfondo partidario de la becatón, del impacto más allá de lo mediático, incluso del compromiso estatal de presupuestar lo que hoy es esfuerzo privado (la apuesta más saludable de la Becatón). La desconfianza nos dificulta valorar el carácter simbólico y aglutinador de acciones colectivas, el carácter afirmador de una incipiente nacionalidad solidaria (o es apenas caridad acallamalasconciencias?). No podemos ver que no nos están pidiendo quetzales sino una solidaridad de tiempos difíciles (Gladis Acosta, UNICEF), acorde a los tiempos duros que vivimos. El sistema de desconfianzas nos oprime y acabamos por dudar de nuestra propia solidaridad. Finalmente considero que una recaudación inferior a los 100 millones de quetzales implicaría un fracaso de todas y todos, no sólo de los organizadores: de nuestra capacidad de convocatoria, de nuestras respuestas colectivas. Digo esto a sabiendas de las debilidades y el cortoplacismo de la Becatón y más allá de fines políticos o monetarios. Es el reclamo del derecho a soñar, aunque no sea en la mejor de las noches posibles, para no sucumbir a la apatía. Es la recuperación de cierta ingenuidad y confianza perdidas: “No estoy


muy seguro de saber qué es la esperanza. Creo que cuando niño yo, bueno, no sé, a lo mejor me confundo y les hablo de la felicidad… Es que con los años uno va olvidando las cosas” escribe Ariel Ribeaux. Es la posibilidad de pensar en positivo, en esta Guatemala que magnifica la violencia y lo dramático, también en el ámbito de organizaciones y personas de izquierda que, por nuestra historia, ponemos el acento en la crítica y no en la propuesta. En fin, es la búsqueda desesperada de la acción y el compromiso crítico, de un tiempo y un país no desencantados sino llenos de ilusión. Ahora sí, sin ningún tipo de interrogante. 8 de octubre

Paisaje (de esperanza) en medio de la tormenta Busco en la hemeroteca y comparo: árboles caídos, ríos desbordados, casas/champas inundadas, siembras aplazadas –tabaco-, cosechas perdidas, niñez asustada, montañas que devoran a sus hijos, a sus mejores hijos. Busco en la hemeroteca pero con los recuerdos, los recuerdos del Mitch hace siete años, basta: la lluvia que no se quita, la intranquilidad, la impotencia, este querer ir a llenar no se qué depósitos de víveres para paliar no se cuántos males, este escribir intempestivo. Hoy igual que ayer: octubre 2005, octubre-noviembre 1998, tormenta Stan y huracán Mitch. Destrucción que pone a prueba la resistencia de geografía y personas. Sólo faltan en la puesta en escena de ahora vientos de fuerza superior a 200 kilómetros. Hasta este momento (sábado ocho de octubre) se contabilizan más de 500 muertos y cientos de desaparecidos en Guatemala, una cifra superior a las 286 muertes directas ocasionadas por el Mitch. Cualitativamente, una destrucción similar a la registrada en Estados Unidos tras Katrina, por si a los grandes medios de comunicación les interesa la comparación odiosa. Pasó el Stan pero la tormenta no es la culpable de la catástrofe. Las lluvias torrenciales, la naturaleza desmesurada, son propias de este país y estas regiones. No nos deberían extrañar. La extrema pobreza, la deforestación, la construcción de viviendas en lugares inhabitables, la destrucción ambiental, “los efectos del desastre que los humanos hemos causado a la naturaleza” según la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (seis de octubre), disparan la vulnerabilidad y convierten los fenómenos naturales en desastres de carácter histórico. Tragedia sin estado


La institucionalidad guatemalteca está poco preparada. Si somos un país de fuertes lluvias y en la ruta de tormentas y huracanes, deberíamos tener capacidad de hacer pronósticos y no sólo relatorías de las lluvias que caen, la prevención tendría que ser política de estado y no apenas un sistema de alertas a destiempo, la convivencia pacífica con la naturaleza habría de constituirse en norma para reducir la vulnerabilidad. En fin, el Estado, hoy sobreviviente con apenas 10% de la carga tributaria, debería ser fuerte, porque el mercado no previene ni sana las heridas, el mercado especula y acumula beneficios, como demuestran los expendedores de gasolina o los dueños de la Autopista Palín-Escuintla que continúan cobrando peaje a los vehículos de la solidaridad. La hemeroteca de nuevo, otro octubre, ahora de 1988, huracán Juana que lleva a la periodista nicaragüense Sofía Montenegro a declararnos países de Sísifo, condenados a empujar una piedra que cuando llega a su destino vuelve a retroceder. “Cuando ya nos acercamos a la cúspide, vienen el águila de fuego y el demonio del agua a devorar las entrañas de nuestra geografía y sus gentes, arrastrándonos de nuevo, por enésima vez, al pie de la cuesta para reiniciar el infinito suplicio” parafrasea Darwin Juárez en El nuevo diario de Nicaragua, seis de noviembre de 1998. Países de Sísifos, Juanas, Gilbertos, Fifís, empresarios voraces, estados sin institucionalidad ni recursos. No está escrito en ningún lugar, pero en estos días de cielo inusualmente cerrado, sentí que muchos guatemaltecos, demasiados, continuamos amurallados en nuestras existencias casi a salvo de cualquier mal. Stan es para nosotros un molesto rumor, una atmósfera lejana, una preocupación coyuntural. “Por el momento la emergencia no llega a tanto; los habitantes de estos lugares ya están acostumbrados a esto” afirmó el presidente Berger el cuatro de octubre, mientras 14 departamentos estaban siendo afectados. Insensibilidad y lejanía: no lo vio tan preocupante el presidente Berger, y eso que lo vio con sus propios ojos. Desde la simple percepción de la realidad nacen las diferencias en Guatemala, que se vuelven abismos en la solución de los problemas. Abismos que cuesta remontar en estas horas de solidaridad necesaria. Hora de finalizar este artículo, que empecé una fría mañana de noviembre de 1998, con el rumor ocre de los derrumbes en la capital (44 muertos) como telón de fondo. Sé que a pesar de todo saldremos adelante. A pesar del cambio climático, de la pobreza extrema, de la debilidad del Estado. A pesar de que, cuando empresarios especulan en vez de apoyar, la solidaridad no encuentra recodos donde depositarse. A pesar de que la historia reciente detuvo –sin cortar- los hilos de transmisión de nuestra ética comunitaria. Sé que saldremos adelante y para saberlo no necesito recuerdos ni prensa vieja, tan sólo observar y esperar los primeros rayos de sol entre la tormenta, el vapor que abandona espeso las tierras inundadas, la conciencia y sensibilidad de


tiempos difíciles, los amaneceres diáfanos, los ocasos tibios y las miradas de ojos abiertos, enormemente abiertos, de la gente. 13 de octubre

Hora de rectificar El país salió de la rutina. Se desbordó. Se partió. Se hizo mil pedazos. Se derrumbó literalmente. Salió de la rutina y va a costar recuperarla, aunque los rayos de sol simulen un fin de invierno plácido. Esta normalidad apenas reiniciada está demasiado repleta de asombro, de recuerdos, de angustia, de suspiros, de muerte (pero también de solidaridad). Todavía es difícil volver a sonreír y vivir como antes. Un país dividido El país se dividió, siempre ha sido un país dividido en lo social, lo genérico, lo étnico, lo político, lo económico y lo geográfico. La diferencia es que ahora necesitábamos unirlo y no podíamos. Se partió en San Marcos, en Xela, en Huehuetenango, en miles de islas en la Costa Sur, en el lago de Atitlán, uno de los símbolos de la belleza, la cultura y la organización social de este país. Hay poblaciones incomunicadas por tierra desde el miércoles cinco. Actores ausentes La crisis es preocupante. En primer lugar revela nuestra extrema vulnerabilidad, agudizada desde el paso del huracán Mitch hace siete años, cuando nueve días de lluvias continuas provocaron 268 muertos. “Fueron tres días de lluvias y el sistema colapsó. Si hubiera sido una semana nos terminamos” afirmó en entrevista a Prensa Libre el obispo de San Marcos, Monseñor Álvaro Ramazzini. En segundo lugar, por la debilidad de las respuestas institucionales. Incapacidad de previsión. Incapacidad logística. Incapacidad de comunicación (todavía hoy la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, maneja cifras de muertos alejadas de la realidad, menos de 600 frente a los 1,500-2,000 que reportan medios de prensa y la comunidad de Panabaj, en Santiago Atitlán). Incapacidad de coordinación con el espeso tejido social y comunitario existente en el país, básico para la auditoría social y el reparto democrático de los recursos, error en el que también están incurriendo algunas agencias de cooperación. En este esquema de organización precaria, algunos actores evidencian más debilidad que otros, especialmente los diputados y los partidos políticos, prácticamente inexistentes como referentes y factores de solución. Por el contrario, las organizaciones sociales, las comunidades organizadas y los medios de comunicación llegan a donde el Estado no llega, es decir, a casi


todos los lugares. Disponen de información de daños y propuestas de reconstrucción más fiable que CONRED. Manejan listados de comunidades (Radio Universidad) que no han recibido ninguna ayuda estatal, información clave para una reprogramación del trabajo. Participan directamente en carga, descarga, acarreo y entrega de ayuda Y sobre todo, unen, motivan, apoyan, estimulan, consuelan, ayudan, promueven comunidad, organizan, sensaciones que desde el gobierno no hay capacidad o interés en transmitir. El reto: la reforma del estado y sus políticas El gobierno, más allá de la presencia obsesiva de Oscar Berger en algunas zonas inundadas, se aleja (salvo el Vicepresidente) de las reformas imprescindibles: el fortalecimiento del estado, la reforma tributaria y la reorganización general de las instituciones. Es decir, parece optar por mantener un estado débil y el mercado como agente planificador. Con ello, omite el diseño de un futuro diferente y amenaza con la repetición de las políticas causantes de la situación actual. “La crisis existía antes del evento natural, sólo intensifica y muestra las condiciones económico-sociales y ambientales de precariedad en que se vive y a quiénes afecta más” afirma el documento “Paradigmas ante situaciones de emergencia”. Para el Movimiento Político y Social de Izquierda, MPSI, es urgente reflexionar sobre “El papel de las instituciones estatales, la definición de prioridades de inversión, la construcción de los presupuestos frente a la crisis, la formulación del presupuesto 2006 y otros aspectos que requieren de la toma de decisiones por parte del Estado”. Asimismo, la Convergencia Civil para la Gestión de Riesgo, COCIGER, y el Colectivo de Organizaciones Sociales, COS, reivindican “el papel rector del estado en una crisis de esta magnitud; la reestructuración del presupuesto de ingresos y egresos del Estado 2006; e incrementar los recursos tributarios del Estado atendiendo al principio de capacidad de pago, pero en especial a la solidaridad de los sectores de mayores ingresos”. La sociedad parece estar a la altura de la crisis, con una ingente e incansable labor de hormiga, con el trasvase continuo y desinteresado de sus escasos recursos a las zonas más necesitadas (desde Petén, Izabal o Alta Verapaz, al otro extremo del país). Por el contrario, ortodoxias economicistas e inercias políticas pretenden continuar las políticas actuales, abriendo la puerta a nuevas calamidades. 28 de octubre

Huracanes en tiempos del TLC

¿Qué tienen en común la tormenta Stan y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC)? ¿Qué tienen que ver los desastres naturales con la situación política de Guatemala? El TLC proviene de una lógica donde el


mercado y no la colectividad se convierten en planificadores y reguladores, el criterio del beneficio determina las grandes decisiones económicas y los empresarios son además gobierno y estado. En este escenario de estado débil, bajísima inversión pública y mercado “planificador”, se nos vino encima el Stan y su cauda de destrucción. La ausencia de sistemas de información y prevención, la lenta reacción de las autoridades, la baja calidad de la infraestructura y la vivienda, la carencia de reservas de alimentación, convirtieron un fenómeno natural en un desastre social con miles de muertos. “La tragedia se incubó desde antes que los vientos tomaran la forma de huracán. La tragedia nace desde el momento en que el Estado renuncia a cumplir con su obligación de jugar un papel rector en el desarrollo nacional” afirma un comunicado del Frente nacional de lucha en defensa de los servicios públicos y los recursos naturales. Un estado debilitado Muchas cosas echamos de menos en Guatemala durante los largos días en que Stan no dejó resquicio a la claridad. Echamos de menos aviones capaces de llegar a lugares aislados, teléfonos públicos, graneros, alimentos, medicinas, radiocomunicación, agua potable sin costo y no a 10 quetzales (aproximadamente un euro, cuatro veces su precio normal), como se cotizaba en áreas arrasadas. Echamos de menos bomberos, policías, enfermeras, especialistas en rescate, camiones, excavadoras, prevención, planificación y protocolos para actuar en casos de emergencia. También echamos de menos una institucionalidad sólida, al margen de intereses partidarios, preparada para prevenir y para remediar. Para el comunicador José Ignacio López Vigil los estados latinoamericanos tienen hoy menos poder que las empresas particulares: “Microsoft o Nestlé manejan más presupuesto y deciden más políticas que el gobierno de Guatemala o el de Ecuador. En el futuro, ¿seremos ciudadanos de la Nestlé? ¿Juraremos ante la bandera virtual de Bill Gates?” Por ahora sólo somos las hijos y los hijos desamparados de Stan y sus secuelas.

Las perspectivas no son halagadoras. En el corto plazo, las comunidades se enfrentan a desnutrición y enfermedades, principalmente gastrointestinales y respiratorias, que pueden multiplicar la mortandad infantil. Todavía hoy noventa comunidades no han recibido ayuda oficial, según informes del Procurador de Derechos Humanos y Radio Universidad, mientras gran parte de ayuda del gobierno y de la cooperación internacional se reparte sin consulta con la población. Para el Frente de Sociedad Civil de Quetzaltenango es necesario que esta ayuda se canalice “de abajo hacia arriba”, es decir, respetando las “estructuras organizativas existentes y emergentes de la sociedad”. Esto es garantía de priorización y reparto democrático de los recursos.


En el medio plazo, la pérdida del maíz, la destrucción de la capa fértil y el inicio de la estación seca harán irregular el abastecimiento de alimentos al menos durante un año. Stan asoló un país debilitado después del huracán Mitch (1998) y dos décadas de privatizaciones, abriendo la posibilidad de levantamientos violentos en las zonas más golpeadas. Pero también se dibuja la opción de transformaciones sociales, históricamente aplazadas. La solidaridad horizontal, la transferencia de recursos entre comunidades, la red de voluntarios formada (aún con limitaciones provenientes de la desarticulación social y el cansancio de un país en permanente posconflicto y postragedia) evidencian que el pueblo, en esta como en anteriores tragedias, ha estado a la altura de las circunstancias. Las debilidades han provenido del gobierno y del estado. El reto para construir un país menos vulnerable es disponer de comunidades organizadas, una sociedad fuerte, una cultura de solidaridad e inclusión y finalmente poderes y políticas públicas al servicio de la resolución de los problemas estructurales, lo que obliga a redefinir el modelo de desarrollo diseñado en el TLC y el papel secundario asignado al estado en el mismo. Es decir, construir un estado, como afirman los Acuerdos de Paz, con “obligaciones indeclinables en la tarea de superación de las inequidades y deficiencias sociales, tanto mediante la orientación del desarrollo como a través de la inversión pública y de la prestación de servicios sociales universales” 4 de noviembre

Ocultar la realidad La diferencia entre las cifras oficiales de víctimas y los datos proporcionados por organizaciones sociales constituye una negra sombra tras el paso del Stan. Mientras la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, menciona 669 muertos, comunidades y medios de comunicación hablan de una cantidad mayor tan sólo en el cantón Panabaj, Santiago Atitllán. El pueblo es ahora “un cementerio donde reposan cerca de sus 700 habitantes” afirma el diario Siglo XXI de 2 de noviembre. Y añade que una sola familia, la de Nicolás Xicay, perdió a “veintiséis de sus familiares”. Resulta sorprendente que las cifras de la CONRED se hayan mantenido prácticamente inalterables desde el 10 de octubre, es decir, cuando todavía muchas comunidades estaban aisladas y era imposible dimensionar los daños. El cuadro siguiente muestra una actualización mínima de los datos:


Fecha Muertos Desaparecidos 10 de octubre 652 384 21 de octubre 669 844 30 de octubre 669 844 Fuente: Prensa Libre y Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED Ante la debilidad de las estadísticas nos vemos obligados, como en los peores momentos de la censura, a leer la prensa extranjera, mucho menos desprovista de eufemismos, donde se habla de un número de muertos cercano a 5,000 (El Mundo de España, Televisión española, Univisión de Estados Unidos). No sabíamos que el Decreto de Calamidad permitía este juego laxo y extremadamente flexible, por no decir interesadamente engañoso, con la información. La carencia de datos finales y reales se convierte, además, en una revictimización de los muertos y sus familiares. Conforma una situación ambigua, anormal y con una pesada carga cultural, porque impide cerrar el duelo y rompe la transición y el continuo vida-muerte en las comunidades indígenas. El doloroso recuento de los daños humanos se estanca en los laberintos burocráticos. ¿Pero es incompetencia institucional o mala fe? El gobierno puede estar optando por el manejo político de las cifras, conveniente a sectores empresariales y de gobierno que consideran peligroso para las inversiones extranjeras y la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos el reconocimiento de un número de víctimas mayor. Junto a este manejo político se acompaña la política de aparentar normalidad, hecha pública por el presidente Berger el 28 de octubre. “Estamos muy cerca de volver a la normalidad. Se están licitando 445 obras, entre escuelas, puentes, carreteras y otros”. Esta consigna llevada al extremo plantea grandes riesgos: 1) desatender las necesidades de al menos 285,000 personas que perdieron

sus cosechas (Guillermina Segura, directora del Programa Mundial de Alimentos en Guatemala, 1 de noviembre) y ven comprometida su supervivencia hasta que se complete el próximo ciclo agrícola (en algunas regiones, septiembre-octubre de 2006)

2) minimizar el costo real –humano y material- de la destrucción, o reducir ese

costo a los daños en caminos y puentes. Consecuentemente, minimizar las necesidades de reconstrucción y focalizarlas en obras –como la construcción de carreteras- caracterizadas por elevado presupuesto, réditos electorales y espacio para la corrupción


3) continuar con el esquema presupuestario actual, inadecuado para las

necesidades 4) que la reconstrucción se efectúe trasladando fondos de otros rubros del

presupuesto, es decir, debilitando todavía más la ya débil inversión social: es el caso de los 260 millones de quetzales asignados al Programa Nacional de Resarcimiento

5) particularmente, la normalización acelerada y por decreto permite obviar un

debate fundamental: el monto de los recursos necesarios para la reconstrucción y de dónde saldrán estos recursos. Es decir, rehuir el debate sobre el pacto fiscal, la reforma tributaria progresiva (donde paguen más quienes más tienen) e incluso la creación de nuevos impuestos. Si esta página fuera elPeladero de “El Periódico” preguntaríamos: ¿quién es el funcionario público de alto nivel que se manifestó a favor de nuevos impuestos para financiar la reconstrucción y ha permanecido desde entonces alejado de la escena política?

6) por fin, la normalidad pretende que nada ha pasado o todo hubiera pasado

ya, sin analizar las causas últimas del desastre: la extrema pobreza que obliga a cultivar y vivir en laderas, la deforestación, la desigualdad económica y social, la debilidad del estado, síntesis de una sociedad desprotegida.

La lejana normalidad Muy lejos de la normalidad, las comunidades siguen con el recuento de sus muertos y sus víctimas, el inventario de los daños en los cultivos y la incertidumbre del espacio limitado para la supervivencia. “El 34 por ciento de las comunidades afectadas por la tormenta Stan se quedó sin reservas de maíz y al 46% no le alcanzará para más de un mes” afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO (Prensa Libre 3 de noviembre): es decir, en muchas comunidades la emergencia llegó para quedarse al menos durante los próximos 12 meses. Se trabaja en el nivel inmediato, la atención con alimentos y salud, sin descuidar acciones de medio y largo plazo. Al dejar al descubierto nuestras carencias, Stan plantea el reto de qué hacer (reformas estructurales) y cómo, es decir, la organización social y política posible y necesaria para impulsar cambios de fondo. En primer lugar, es necesario multiplicar esfuerzos para alcanzar acuerdos y alianzas que permitan un mayor nivel de incidencia frente al estado, fortalecer el trabajo en el ámbito comunitario y local (otra pregunta, ¿por qué los Consejos de Desarrollo municipales y comunitarios no están siendo actores relevantes en la asistencia y la reconstrucción?) y construir una institucionalidad representativa y participativa.


Stan golpeó una arquitectura excesivamente frágil: casas de cartón o madera, techos de lámina, viviendas asentadas en cauces de ríos, puentes de estructura débil. Guatemala se reveló improvisada, precaria, construida con los cimientos de la miseria. Y de la corrupción, porque colapsaron obras recientes mientras otras más antiguas (como el puente del río Los Esclavos) permanecen de pie. Pero no sólo la arquitectura física es endeble, también la institucional: coordinadoras sin capacidad aglutinadora, sistemas integrados por partes débiles, presupuestos insuficientes, moralidad escasa, desconfianza en la sociedad civil, espesa centralización que impide llegar a los espacios necesitados y una cultura autoritaria que dificulta la reconstrucción. En segundo lugar, hay que definir agendas comunes y prioridades. Aún a riesgo de ser repetitivos, organizaciones y medios de comunicación debemos insistir en la redefinición del modelo de desarrollo y del modelo de estado que supere las grandes desigualdades y la debilidad de las instituciones. Específicamente, es necesario abordar el desarrollo rural de una manera integral, debatir sobre la propiedad de la tierra, el ordenamiento territorial, la participación de las poblaciones indígenas en la toma de decisiones y los impuestos como instrumento para la redistribución de la riqueza: los grandes temas pendientes desde la transición y la firma de los Acuerdos de Paz. Frente al ocultamiento, la necesidad de hacer visible la realidad, para transformarla. 10 de noviembre

La emergencia (y la vida) continúan

¿Finaliza la emergencia o apenas comienza? En una comunidad semiinundada de Champerico, Retalhuleu, una familia recoge cinco quintales de maíz, cuando en un año normal hubiera cosechado 30 ó 35. Cesa la lluvia, calla el estruendo de cerros partidos, recuperan los ríos su curso. Pero la carencia de alimentos es una amenaza seria. Empieza un año de incertidumbre para personas y comunidades que han perdido toda o casi toda su producción: En el altiplano se malogró un 45 por ciento de la cosecha de granos básicos y en la costa sur el 60 por ciento de la producción de maíz y el 80 de frijol, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Ochenta y nueve familias de San Miguel Pochuta, Chimaltenango, deciden buscar una nueva ubicación, reiniciar su vida prácticamente desde cero después de la destrucción de su área de vivienda y cultivo. También vuelven a comenzar las 20,000 personas que el cinco de noviembre permanecen en albergues. Una permanencia de mañana incierto, pobre e indigno, a la vista del ofrecimiento de


viviendas, llamadas albergues unifamiliares de transición, excesivamente precarias. Apenas contarán, según Jorge Mejía, del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, “con algo de madera y protección de plástico, para que en una habitación pequeña se aloje una familia de cuatro o cinco miembros”. ¿Y en Sololá, a orillas del hermoso y castigado lago de Atitlán? Ni siquiera se dispone de datos confiables de víctimas. ¿Qué se sabe de los muertos en la Cuchilla o Panajachel, de San Jorge, Tierra Linda, Panyebar o Las Canoas, donde casas, sistemas de agua potable y cultivos fueron gravemente afectados? Emergencia sin solución: lunes 7 y martes 8 de noviembre no vimos obreros en la carretera Sololá-Panajachel, a pesar de los múltiples derrumbes; de la tierra, los troncos y las piedras en el camino; a pesar de que casi 200,000 turistas llegan a Panajachel cada año. La emergencia histórica: la deforestación, la desigualdad en la distribución de la propiedad, las tierras con vocación forestal utilizadas para ganadería, el monocultivo, la dependencia, las agendas políticas que no se modifican ni se inmutan ante el paso de la tormenta. Dos países, dos registros “Mitch impactó cinco departamentos del nororiente, que concentran 11% de la población. Con Stan 15 departamentos de la meseta central occidental, bocacosta y Costa del Pacífico resultaron afectados, en ellos se concentra 69% de la población” según el estudio Desastres y migraciones en Guatemala, de la OIM. Ante este panorama, ¿por qué el gobierno se empeña en subvalorar la destrucción? La última indicación en este sentido proviene de Roberto González Díaz Durán, Gerente de la Presidencia y encargado del Plan de Reconstrucción Nacional. “El impacto económico no es tan severo como habíamos pensado. Como ejemplo, el porcentaje afectado del PIB agrícola es menos severo de lo previsto”. (Prensa Libre, 7 de noviembre de 2005) Recortar las cifras de daños sirve para ajustar la realidad a los presupuestos y recursos existentes, pero no contribuye a la solución de los problemas. Por el contrario, aleja la posibilidad de modificaciones significativas del presupuesto y limita el margen de acción a reorientaciones de rubros, que tapan con una cobija lo que descubren con la otra. Parece que este país de dos realidades diferenciadas (rural-urbana, indígena-criolla, mujeres-hombres) está condenado a llevar dos recuentos de daños y pérdidas, y dos propuestas de reconstrucción. No debemos renunciar a nuestro registro: miles de muertos, cosechas prácticamente perdidas, paisajes desfigurados, amenaza de una ola de


migración similar a la ocurrida después del Mitch (1989) y la crisis del café (2002). No debemos renunciar a nuestra visión que habla, más allá del desastre natural, de un caos político y social, de un modelo de desarrollo y organización agotado: estado débil cuando más sólido lo necesitamos; liderazgo partidario sin excepción bajo la altura de las circunstancias; políticas diseñadas y ejecutadas al margen de la sociedad organizada (especialmente del Sistema de Consejos de Desarrollo). Modelo que es necesario transformar. No debemos renunciar a sugerir: la emergencia continúa y la solidaridad debe fortalecerse. No debemos renunciar a mencionar que a este país de caridad prolífica (Teletón, Becatón y pronto Panabajtón) le cuesta avanzar hacia la solidaridad permanente (impuestos sobre la riqueza, distribución de la propiedad). Frente a esta Guatemala existe otra: la que transfiere alimentos desde una comunidad de Ixcán a otra de la Costa Sur; la que llena cinco vehículos en Sumpango y los lleva a la orilla del lago de Atitlán, sin publicidad, sin banderas, sin show político, evidenciando capacidad de organización, solidaridad e iniciativa. La Guatemala que a pesar de todo lucha y se aferra impetuosamente a la esperanza de una vida mejor. 20 de noviembre

Fábula de un país que no es En el país que no es todas y todos hablamos cuatro idiomas: dos de origen maya (el materno y el de intercambio), español e inglés.

En el país que no es los hablantes de un solo idioma, el español, no logran acceder a espacios de decisión.

En el país que no es el Ministerio de Educación está dirigido por pedagogas y las ministras son candidatas naturales al cargo de Presidente.

En el país que no es los Presidentes de la República tienen nutridas bibliotecas (es decir, leen) que, al final de su mandato, se convierten en bibliotecas públicas.

En el país que no es existe un Ministerio de Bosques y el presupuesto de defensa no se incrementa en tiempos de paz.


En el país que no es nunca consentiríamos que se destinaran a investigación apenas dos millones de quetzales, es decir, el 0.004% del Producto Interior Bruto (no me equivoco en el número de ceros).

En el país que no es florecen -en todos los parques, barrios y colonias- escuelas de astronomía, matemática, arqueología, antropología, música, pintura y literatura, es decir, la conexión del futuro con nuestro pasado espiritualmente fastuoso. En el país que no es existen parques. En el país que no es reconocemos las culturas vivas, no las ruinas mayas.

En el país que no es pagan impuestos quienes más tienen y la carga tributaria (porcentaje de tributación sobre el Producto Interior Bruto) se acerca al existente en Estados Unidos, México y Canadá (25.6%), Unión Europa (39.4%), Dinamarca (49.6%) o Suecia (50.7%), sin que aumente de forma alarmante el número de suicidios. En el país que no es pagamos impuestos.

En el país que no es consideramos la lluvia una fiesta de la creación, no una maldición, y estamos preparados para enfrentar los fenómenos naturales.

En el país que no es recordamos con horror el pasado infausto, cuando el 72% de la tierra cultivable se “encontraba” en manos de un 3% de la población. ¿Cómo se explica eso? dicen los más jóvenes. Era una vergüenza, exclaman los ancianos. ¿Por qué lo soportamos? nos preguntamos ahora.

En el país que no es las mujeres asesinadas son víctimas, no mareras ni delincuentes. En el país que no es nunca hay mujeres ni hombres asesinados.

En el país que no es el mayor problema de seguridad lo constituyen municipios de pobreza prácticamente unánime: Sibinal-97.2%, Tacaná-98.5%, Ixchiguán-97.2%, Tajumulco-98.7%, Sipakapa-97.3%, Comitancillo-98.7%

En el lado izquierdo de el país que no es desconocemos la “dispersión, el celo, la apatía, la individualización, el sectarismo”.30 Predomina la “ética, el trabajo de base y la perspectiva socialista”.31

30 Según el Frente Nacional de Lucha, dispersión porque “Algunas organizaciones se han convertido en un fin en sí mismas, lo que dificulta la adopción de plataformas conjuntas o unitarias”. Celo en la medida que “Las organizaciones existentes dentro del movimiento juvenil son celosas respecto a otras instancias organizativas que actúan también con jóvenes. Esta actitud también es obstáculo para la acción conjunta” Apatía ya que “La juventud no organizada expresa una enorme apatía ante las alternativas organizativas existentes". Individualización porque “La corriente de pensamiento neo-liberal, difunde con permanencia la ida de que cada persona debe dedicarse a resolver su propio mundo, a encontrar respuesta a sus necesidades particulares, que son su exclusiva responsabilidad.” Sectarismo en la medida que hay “una


En el país que no es miramos hacia el sur, porque del sur somos: el sur violento por necesidad (lucha armada), el sur ambicioso (guerrillas centroamericanas en lucha contra el imperio), el sur innovador (socialismo del siglo XXI), el sur en ocasiones personalista (Hugo Chávez), el sur obligado a romper esquemas (capitalismo-socialismo real), el sur extremo en su riqueza y pobreza (Brasil y Guatemala), el sur múltiple y variado (garífunas, indígenas, blancos), el sur enorme, alegre y turbador: en definitiva, único.

En el país que no es los Acuerdos de Paz son historia porque fueron cumplidos en su totalidad diez años después de su firma. La fábula del país que no es se puebla con estadistas, partidos poseedores de visión estratégica, políticas públicas para la multiculturalidad, la equidad de género y la justicia social. No hacen falta ejércitos ni coroneles, aunque sean de la primavera, y hemos optado en el país que no es por los colores múltiples, las lenguas y pensamientos diversos, la lucha contra el hambre como preocupación central32, el extremo más racional de nuestra ternura y el más tierno de nuestra razón, el reparto solidario de la riqueza y los himnos y banderas que, en vez de separarnos, nos unan.

Feliz, justo y solidario 2006 para todas y todos

tendencia de los grupos juveniles de separarse de los otros grupos sociales que consideran de otra generación”. “Frente Nacional de Lucha. Sus orígenes, su proyección”. Noviembre 2005 31 Frei Betto. “Desafíos de la izquierda brasileña”. 23 de septiembre de 2005 32 “El hambre debe ser una preocupación central de todos los ciudadanos y ciudadanas del país, así como de la comunidad y cooperación internacionales. El hambre es, en primer lugar, una problema de desigualdad, de exclusión social y de marginación, de concentración de la tierra y de la riqueza”, afirma la “Declaración final de la Conferencia sobre el derecho a la alimentación como reto para la cooperación internacional para Guatemala” , noviembre 2005


memorial resumen 2005, el año de la dignidad

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