megacausa esma: diario del juicio nº 6

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JUICIO MEGACAUSA ESMA Nº6 Octubre 2014 Memorias de vida y militancia El proyecto que lleva adelante el Espacio Memoria y Derechos Humanos busca reconstruir -a través de testi- monios, fotos y objetos- las historias de quienes fueron protagonistas de una época: mujeres y hombres que lucharon por un proyecto de país y una sociedad más justa y solidaria.

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El Diario del Juicio brinda reflexiones y testimonios sobre el desarrollo del tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio en el que hubo alrededor de 5.000 detenidos-desaparecidos y donde nacieron bebés en cautiverio. Se investigan los casos de 789 víctimas e están imputados 64 represores, ex miembros (en su mayoría retirados) de la Policía Federal Argentina, la Armada, el Servicio Penitenciario Federal, la Prefectura Naval Argentina, el Ejército y tres civiles.

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Page 1: Megacausa ESMA: Diario del Juicio Nº 6

JUICIOMEGACAUSA ESMA

Nº6Octubre 2014

Memorias de vida y militanciaEl proyecto que lleva adelante el Espacio Memoria y Derechos Humanos busca reconstruir -a través de testi-monios, fotos y objetos- las historias de quienes fueron protagonistas de una época: mujeres y hombres que lucharon por un proyecto de país y una sociedad más justa y solidaria.

Page 2: Megacausa ESMA: Diario del Juicio Nº 6

El andamiaje represivo de la última dictadura protegió y dio sustento a la implementación de un modelo eco-nómico que priorizó la valorización de los activos financieros y el endeudamiento externo y desmanteló el pro-ceso de industrialización que se había iniciado mediados de la década de 1930.

EDITORIAL

La complicidad de los empresarioscon el terrorismo de Estado

El balance de los juicios por crímenes de lesa humanidad indica que, hasta octubre último, 559 represores habían sido condenados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico – militar, de acuerdo al relevamiento realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Hubo 61 absoluciones y sólo 125 sentencias se encuentran firmes.

Desde 1983 hasta la actualidad se realizaron más de 145 juicios, pero 128 de ellos se llevaron a cabo a partir de 2006. Durante 2013, concluyeron 24 juicios. En otras palabras, la Argentina vive un proceso histórico de juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado en esta última década, de reparación a los familiares y víctimas de estos delitos y de consolidación de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia.

En este marco, se vuelve necesario profundizar la investigación sobre la complicidad civil en los delitos cometidos durante la última dictadura. En especial, se debe poner el foco en la participa-ción de los empresarios y el rol de los propios funcionarios judiciales. Se trata de crímenes impres-criptibles, pero los procesos judiciales dependen de la vida biológica de los personas. Por tanto, es fundamental avanzar con mayor celeridad en cada una de las causas de lesa humanidad.

Actualmente, en la megacausa ESMA está siendo juzgado el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, alias Teniente Vaca, quien está procesado por noventa casos de “imposición de tormen-tos”, dos seguidos de muerte y 430 privaciones ilegales de la libertad, siete seguidas de muerte, como presunto participante de los vuelos. También el economista Juan Ernesto Alemann. En su declaración indagatoria, el ex secretario de Hacienda durante la gestión de José Alfredo Martí-nez de Hoz al frente del Ministerio de Economía (1976-1981) afirmó que la imputación de haber participado de los tormentos aplicados al militante político Orlando Ruiz, “es una acusación por un hecho inexistente”. Alemann sostuvo: “No lo vi, por lo tanto, no lo torturé”, aunque admitió haber visitado la ex ESMA luego de haber sufrido un atentado, ya que, según dijo, fue invitado a conocer las armas con que había sido atacado. “Jamás torturaría ni mataría, soy muy cobarde para hacerlo”, manifestó ante los tribunales. Ruiz fue secuestrado junto a su compañera, Silvia Beatriz María Dameri. Ambos fueron llevados a la ESMA. Sus hijos estuvieron con ellos hasta que el Grupo de Tareas que comandaba Emilio Eduardo Massera decidió repartirlos. Marcelo pudo restituir su identidad en 1989; María de las Victorias en 1999; y Laura en 2008.

Responsabilidad empresariaDesapariciones y asesinatos de obreros; detenciones masivas; secuestros y torturas; bloqueos a plantas industriales con tanques de guerra, carros de asalto y helicópteros; el sitio de ciuda-des completas; la cesión de los predios de las fábricas para el funcionamiento de centros clandestinos de detención provisoria; la confección de listados del personal “marcado”; la provisión de equipamiento y vehículos para facilitar los operativos; las donaciones, los “pagos extras” y la contratación de integrantes de las fuerzas represivas; la facilitación del acceso a “infiltrados”; la intervención de los propios ejecutivos en los interrogatorios a los trabajadores

secuestrados. Así fueron las diversas formas de complicidad que tuvieron distintas empresas con el terrorismo de Estado que sufrió la Argentina entre 1975 y 1983. El objetivo era uno y claro: el desmantelamiento de cuerpos de delegados y comisiones internas, la destrucción de los lazos de solidaridad de las clases populares y el disciplinamiento de la organización sindical. Ese andamiaje represivo protegió y dio sustento a la implementación de un modelo económico que priorizó la valorización de los activos financieros y el endeudamiento externo y desmanteló el proceso de industrialización que se había iniciado en la Argentina a mediados de la década de 1930. Martínez de Hoz reconoció: “Un lustro, pensábamos, era el tiempo necesario para revertir los treinta años de atraso a los que el peronismo nos había sometido”. Las estadísticas revelan la radicalidad de la transformación de la estructura económica y social que provocó el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. El nivel de ocupación se redujo un 34% entre 1974 y 1983; se produjo una brusca caída del salario real; y los índices de pobreza pasaron del 5,8% en 1974 al 37,4% en 1982. La deuda externa se elevó de los 7.875 millones de dólares de 1975 a 45.069 millones en 1983. En 1974, la clase trabajadora tenía una participación en el ingreso cercana a los 47 puntos del PBI. En 1983, se redujo a menos de treinta puntos. Comprender estos números contribuye a revelar los verdaderos beneficiarios del terrorismo de Estado.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) presentaron de forma reciente un protocolo que sistematiza una serie de medidas que deben considerarse al investigar las maniobras realizadas por los directi-vos de empresas y grupos económicos durante el terrorismo de Estado. “La actividad investiga-tiva se debe orientar a la producción de medidas que acrediten la colaboración mutua entre la empresa y las fuerzas represivas; las vinculaciones de carácter personal o comercial de los directivos de una empresa con el régimen represivo o alguno de sus miembros; la vinculación del secuestro y desaparición con las actividades laborales o sindicales de las víctimas contrarias a los intereses de la empresa”, recomienda el documento.

Por otra parte, diputados del Frente para la Victoria impulsan la creación de una bicameral que elabore un informe sobre la complicidad empresaria y sobre las consecuencias de las políticas “económica, monetaria, industrial, comercial y financiera" adoptadas por la dictadura.

Estos avances en el proceso de juzgamiento registrados en los últimos años exigen un control y una custodia permanente por parte de la sociedad argentina. El ejercicio de justicia requiere no establecer diferenciaciones de acuerdo a las características de las personas involucradas, un límite que sólo puede estar dado por las pruebas y las normas penales. El juzgamiento de los responsables civiles y empresarios de la última dictadura representa la posibilidad de avanzar sobre los nichos de impunidad del terrorismo de Estado, profundizar el ejercicio de memoria colectiva y fortalecer el proceso democrático iniciado en 1983.

Los vuelos de la muerte en la ESMAEn las audiencias de la megacausa ESMA se reconstruye la existencia de una práctica sistemática realizada por miembros de las Fuerzas Armadas para deshacerse de los cuerpos de los miles de detenidos desaparecidos.

Los denominados “vuelos de la muerte” formaron parte de la maquinaria de exterminio implementada por la última dictadura cívico militar. Miles de detenidos desaparecidos fueron arrojados vivos en principio al río y luego al mar desde aviones militares, una manera sencilla de terminar con su identidad. No lo lograron, ya que muchos de esos desaparecidos fueron encontrados en las orillas del mar uruguayo. Fueron también, otros tantos, los que se hallaron en las costas argentinas. A fines de 1977 aparecieron seis cuerpos, enterrados luego como “NN” en el cementerio del partido de General Lavalle; y en 2004 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinó que pertenecían a detenidos desaparecidos. Se trataba de las Madres de Plaza de Mayo Esther Ballestrino, María Eugenia Ponce y Azucena Villaflor; la militante Angela Auad; y la monja francesa Léonie Duquet.

Los vuelos son la única etapa del terrorismo de Estado en la ESMA que no tiene sobrevivientes. Sin embargo, en esta etapa de la megacausa, las declaraciones de los testigos demuestran que existieron “los traslados” y que presentan una estrecha dependencia con los “vuelos de la muerte”. En este debate oral y público se están juzgando por primera vez a los pilotos de estos vuelos.

El testimonio de Liliana Chernajovsky, hermana de Miguel Ricardo, quien fue secuestrado por el Grupo de Tareas vinculado a la ESMA el 8 de marzo de 1977, explica en qué consistía esta maquinaria del terror. “No puedo irme de acá sin referirme a su muerte y hablar brevemente de los vuelos de la muerte. A mí me costó muchísimo el trauma que significa esa imagen”, dijo Liliana. Y contó que Alicia Milia, sobreviviente de la ESMA, hablaba a menudo con Alfredo Astiz y le preguntó por “los traslados”, porque era una

figura fantasmal. Astiz le dijo que tenían que agradecerle al mar, el río antes los devolvía (a los cuerpos), pero el mar al hacer superficie plana, los cuerpos se desnucan y las orcas hacen su trabajo.

Por su parte, Patricia Walsh, hija del periodista detenido desaparecido Rodolfo Walsh, testimonió: “Tomé conoci-miento de los vuelos de la muerte por mi hija, María Eva Fuentes, quien a mediados de los `90 trabajaba con Horacio Verbitsky en el diario Página 12 y recibió a Adolfo Scilingo varias veces y se quedaba con la mujer en su oficina. Ella le contó sobre estas cosas y luego todo lo conversado con Scilingo requería una investigación propia”.

En tanto, Amalia María Larralde, sobreviviente de la ESMA, relató que “a los vuelos le decían ‘traslados’ cuando se llevaban a la gente para matarla. No vi el traslado, sí supe de ellos. La segunda vez que me suben, diez personas ya no estaban”. Y agregó: “Fue Verónica Freier quien me contó que los habían trasladado. Después supe cuando estuve en el sótano que se les daba una inyección y se los llevaban. En el sótano había un olor muy fuerte, como de transpiración, era el miedo y ahí supe que existió traslado en cautiverio. También vi por una ventana de la ESMA cuando se llevaron a Jorge Ca�atti en una camioneta amarrilla”.

Además de los tantos testimonios de sobrevivientes y familiares existen declaraciones de miembros de las fuerzas armadas: militares, prefectos o conscriptos que atestiguan la existencia de aquellos “vuelos” y completan el esquema de aquella maquinaria.

Uno de los primeros en hacer públicos fue el ex capitán Adolfo Scilingo quien en 1995 ante la justicia española se

refirió a los “vuelos”. En su declaración mencionó a Gonzalo Torres de Tolosa y al capitán Carlos Daviou, como partícipes quienes hoy integran la lista de 64 acusados de la actual megacausa ESMA.

El periodista Horacio Verbitsky, en una serie de entrevistas realizadas a Scilingo que aparecen en el libro “El vuelo”, detalla el procedimiento, la autorización de la Iglesia Católi-ca, la utilización de inyecciones anestésicas, la participación de médicos en las operaciones, el tipo de aviones, la amplia participación de los oficiales y la utilización de aeropuerto militar que se encuentra en el Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires.

Pese a los amplios pactos de silencio entre los imputados, los testimonios de Adolfo Scilingo no constituyen la única fuente militar. Otros miembros de la armada, como Emir Sisul Hess, quien integró la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros entre los años 1976 y 1977, ya retirado de la fuerza, le contó a José Luis Bernabei, empleado del mismo complejo turístico, cómo arrojaban a las personas al Río de la Plata y que él mismo era piloto. Nombró como su compa-ñero a Ricardo Cavallo. Contó que los vuelos salían de Palomar o Morón, que les ponían una bolsa en la cabeza, los subían a aviones y los trasladaban hasta que eran arrojados. Diana Lara, ex esposa de Hess, fue interrogada durante la megacausa y sostuvo que el imputado nunca pudo haber cometido los hechos por los que está acusado.

Ex teniente de Fragata de la Armada Argentina, Julio Poch, está imputado por los casos de treinta víctimas en la causa de los vuelos de la muerte, acusado de los delitos de coautor de la privación ilegal de la libertad y la aplicación de violen-cia, partícipe necesario de homicidios, agravados por su

condición de funcionario público. Actualmente cumple prisión preventiva en el penal de Marcos Paz. Fue detenido el 22 de septiembre de 2009 en España, dado que se jactó públicamente de haber tirado al mar a “terroristas de izquierda”. Su identificación fue posible a partir de la denuncia de personas que trabajaban con él en la aerolínea holandesa Transavia. En 2010 fue extraditado a la Argentina para ser investigado por estos delitos de lesa humanidad. En noviembre de 2003, Poch y su esposa Grethe, junto a pilotos y tripulantes de la compañía Transavia Tim Eisso Weert, Edwin Reijnhoudt Brouwer, Christiaan Duijker y Frederik Van Heukelom, participaron de una cena -la cual fue reconstruida en la “elevación a juicio” de la megacausa ESMA- en la que Poch se jactó ante sus compañeros de haber intervenido en los vuelos de la muerte durante la última dictadura: los asesinatos masivos de personas que eran arrojadas con vida desde aviones, al mar o al Río de la Plata. En agosto de 2014, declararon -por videoconferencia- estos pilotos holandeses a quienes Julio Poch les contó cómo habían arrojado personas con vida desde aviones. Además, en este tramo de la megacausa se están recons-truyendo las estructuras de la Armada que abastecieron de aviones y de tripulantes a los vuelos de la muerte. Se trata de una investigación que explica cómo hizo el Grupo de Tareas de la ESMA para contar con una aeronave los días de “traslados” de prisioneros.

Así, se desentrañó el rol del Comando de Operaciones Navales (COOP), el área encargada de distribuir recursos, máxima autoridad de la “guerra” y ubicada inmediatamente abajo del jefe de la Armada. Del COOP dependían dos áreas clave en el manejo de aviones: el Comando de Aviación

Naval de la Armada (COAN) –con escuadrillas de Electras, DC3 y helicópteros– y la División de Aviación Prefectura (DAVI), a cargo de los Skyvan. Todas esas aeronaves cumplían con dos condiciones principales: autonomía de vuelo y capacidad de arrojar cargamento en pleno vuelo.

Los datos para rearmar la estructura burocrática y secreta de la Armada surgieron de varios de trabajos. Uno fue el análisis de archivos de las Fuerzas Armadas que se hace desde 2003 en el Ministerio de Defensa; otro, más reciente, a partir de la recopilación de los archivos de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería.

En ese contexto, María Laura Guembe, coordinadora del Grupo Especial de Relevamiento Documental del Ministerio de Seguridad de la Nación, declaró en una de las audiencias de la megacausa y aportó datos sobre la estructura burocrá-tica que se esconde detrás de los vuelos de la muerte.

LOS ACUSADOSEnrique José De Saint Georges: Subprefecto. Piloto de Skyvan. Integró la División Aviación de la Prefectura Naval (DAVI) y tuvo como destino el Aeroparque Jorge Newbery entre 1976 y mediados de 1978. Fue piloto comercial en Aerolíneas Argentinas.

Alejandro Domingo D’ Agostino: Oficial retirado de Prefectura. Piloto de Skyvan. Integró la División Aviación de la Prefectura Naval (DAVI), destinado al Aeroparque Jorge Newbery entre 1976 y 1979.

Mario Daniel Arru: Oficial dado de baja de la Prefectura. Piloto de Skyvan.

Entre 1976 y principios de 1979 integró la División de Aviación de Prefectura, destinado en el Aeroparque Jorge Newbery. También fue piloto comercial en Aerolíneas Argentinas.

Emir Sisul Hess: Capitán de Corbeta retirado de la Armada. Piloto naval especializado en helicópteros. Para la época de las imputa-ciones, voló dos tipos de helicópteros, Alouette y Seaking, según surge de su legajo. Entre 1976 y 1979, la Armada tuvo una sola escuadrilla de helicópteros cuya matriz estaba ubicada territorialmente en la base aeronaval Comandante Espora de Bahía Blanca. Se acusa a Sisul Hess de haber hecho vuelos desde la ESMA.

Rubén Ricardo Ornello: Suboficial retirado de la Armada. Mecánico aeronáutico. Perteneció a la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Movil (EA52) con aeronaves Fellowship Fokker F-28, Hawker Siddeley HS-125 Domine y Douglas DC-3. Esta escuadrilla pertenecía a la Fuerza Aeronaval 3, con asiento en la base Aeronaval 3 de Ezeiza (BAEZ).

Julio Poch: Teniente de fragata retirado de la Armada. Fue aviador naval. En este juicio se le imputa que formó parte de la escuadrilla de caza y ataque. Su lugar en la estructura estaba dentro de la base Espora de Bahía Blanca, como parte de la Tercera Escuadrilla Aeronaval. Pero además tenía capacidad para pilotear aviones de transporte como los Beachcraf C 45 y U 16 Albatros. Poch no fue ajeno a las solicitudes realizadas por el Comando de Operaciones Navales. Su legajo tiene una felicitación de Antonio Vañek, el jefe del COOP.

El andamiaje represivo de la última dictadura protegió y dio sustento a la implementación de un modelo eco-nómico que priorizó la valorización de los activos financieros y el endeudamiento externo y desmanteló el pro-ceso de industrialización que se había iniciado mediados de la década de 1930.

EDITORIAL

La complicidad de los empresarioscon el terrorismo de Estado

El balance de los juicios por crímenes de lesa humanidad indica que, hasta octubre último, 559 represores habían sido condenados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico – militar, de acuerdo al relevamiento realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Hubo 61 absoluciones y sólo 125 sentencias se encuentran firmes.

Desde 1983 hasta la actualidad se realizaron más de 145 juicios, pero 128 de ellos se llevaron a cabo a partir de 2006. Durante 2013, concluyeron 24 juicios. En otras palabras, la Argentina vive un proceso histórico de juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado en esta última década, de reparación a los familiares y víctimas de estos delitos y de consolidación de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia.

En este marco, se vuelve necesario profundizar la investigación sobre la complicidad civil en los delitos cometidos durante la última dictadura. En especial, se debe poner el foco en la participa-ción de los empresarios y el rol de los propios funcionarios judiciales. Se trata de crímenes impres-criptibles, pero los procesos judiciales dependen de la vida biológica de los personas. Por tanto, es fundamental avanzar con mayor celeridad en cada una de las causas de lesa humanidad.

Actualmente, en la megacausa ESMA está siendo juzgado el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, alias Teniente Vaca, quien está procesado por noventa casos de “imposición de tormen-tos”, dos seguidos de muerte y 430 privaciones ilegales de la libertad, siete seguidas de muerte, como presunto participante de los vuelos. También el economista Juan Ernesto Alemann. En su declaración indagatoria, el ex secretario de Hacienda durante la gestión de José Alfredo Martí-nez de Hoz al frente del Ministerio de Economía (1976-1981) afirmó que la imputación de haber participado de los tormentos aplicados al militante político Orlando Ruiz, “es una acusación por un hecho inexistente”. Alemann sostuvo: “No lo vi, por lo tanto, no lo torturé”, aunque admitió haber visitado la ex ESMA luego de haber sufrido un atentado, ya que, según dijo, fue invitado a conocer las armas con que había sido atacado. “Jamás torturaría ni mataría, soy muy cobarde para hacerlo”, manifestó ante los tribunales. Ruiz fue secuestrado junto a su compañera, Silvia Beatriz María Dameri. Ambos fueron llevados a la ESMA. Sus hijos estuvieron con ellos hasta que el Grupo de Tareas que comandaba Emilio Eduardo Massera decidió repartirlos. Marcelo pudo restituir su identidad en 1989; María de las Victorias en 1999; y Laura en 2008.

Responsabilidad empresariaDesapariciones y asesinatos de obreros; detenciones masivas; secuestros y torturas; bloqueos a plantas industriales con tanques de guerra, carros de asalto y helicópteros; el sitio de ciuda-des completas; la cesión de los predios de las fábricas para el funcionamiento de centros clandestinos de detención provisoria; la confección de listados del personal “marcado”; la provisión de equipamiento y vehículos para facilitar los operativos; las donaciones, los “pagos extras” y la contratación de integrantes de las fuerzas represivas; la facilitación del acceso a “infiltrados”; la intervención de los propios ejecutivos en los interrogatorios a los trabajadores

secuestrados. Así fueron las diversas formas de complicidad que tuvieron distintas empresas con el terrorismo de Estado que sufrió la Argentina entre 1975 y 1983. El objetivo era uno y claro: el desmantelamiento de cuerpos de delegados y comisiones internas, la destrucción de los lazos de solidaridad de las clases populares y el disciplinamiento de la organización sindical. Ese andamiaje represivo protegió y dio sustento a la implementación de un modelo económico que priorizó la valorización de los activos financieros y el endeudamiento externo y desmanteló el proceso de industrialización que se había iniciado en la Argentina a mediados de la década de 1930. Martínez de Hoz reconoció: “Un lustro, pensábamos, era el tiempo necesario para revertir los treinta años de atraso a los que el peronismo nos había sometido”. Las estadísticas revelan la radicalidad de la transformación de la estructura económica y social que provocó el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. El nivel de ocupación se redujo un 34% entre 1974 y 1983; se produjo una brusca caída del salario real; y los índices de pobreza pasaron del 5,8% en 1974 al 37,4% en 1982. La deuda externa se elevó de los 7.875 millones de dólares de 1975 a 45.069 millones en 1983. En 1974, la clase trabajadora tenía una participación en el ingreso cercana a los 47 puntos del PBI. En 1983, se redujo a menos de treinta puntos. Comprender estos números contribuye a revelar los verdaderos beneficiarios del terrorismo de Estado.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) presentaron de forma reciente un protocolo que sistematiza una serie de medidas que deben considerarse al investigar las maniobras realizadas por los directi-vos de empresas y grupos económicos durante el terrorismo de Estado. “La actividad investiga-tiva se debe orientar a la producción de medidas que acrediten la colaboración mutua entre la empresa y las fuerzas represivas; las vinculaciones de carácter personal o comercial de los directivos de una empresa con el régimen represivo o alguno de sus miembros; la vinculación del secuestro y desaparición con las actividades laborales o sindicales de las víctimas contrarias a los intereses de la empresa”, recomienda el documento.

Por otra parte, diputados del Frente para la Victoria impulsan la creación de una bicameral que elabore un informe sobre la complicidad empresaria y sobre las consecuencias de las políticas “económica, monetaria, industrial, comercial y financiera" adoptadas por la dictadura.

Estos avances en el proceso de juzgamiento registrados en los últimos años exigen un control y una custodia permanente por parte de la sociedad argentina. El ejercicio de justicia requiere no establecer diferenciaciones de acuerdo a las características de las personas involucradas, un límite que sólo puede estar dado por las pruebas y las normas penales. El juzgamiento de los responsables civiles y empresarios de la última dictadura representa la posibilidad de avanzar sobre los nichos de impunidad del terrorismo de Estado, profundizar el ejercicio de memoria colectiva y fortalecer el proceso democrático iniciado en 1983.

Los vuelos de la muerte en la ESMAEn las audiencias de la megacausa ESMA se reconstruye la existencia de una práctica sistemática realizada por miembros de las Fuerzas Armadas para deshacerse de los cuerpos de los miles de detenidos desaparecidos.

Los denominados “vuelos de la muerte” formaron parte de la maquinaria de exterminio implementada por la última dictadura cívico militar. Miles de detenidos desaparecidos fueron arrojados vivos en principio al río y luego al mar desde aviones militares, una manera sencilla de terminar con su identidad. No lo lograron, ya que muchos de esos desaparecidos fueron encontrados en las orillas del mar uruguayo. Fueron también, otros tantos, los que se hallaron en las costas argentinas. A fines de 1977 aparecieron seis cuerpos, enterrados luego como “NN” en el cementerio del partido de General Lavalle; y en 2004 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinó que pertenecían a detenidos desaparecidos. Se trataba de las Madres de Plaza de Mayo Esther Ballestrino, María Eugenia Ponce y Azucena Villaflor; la militante Angela Auad; y la monja francesa Léonie Duquet.

Los vuelos son la única etapa del terrorismo de Estado en la ESMA que no tiene sobrevivientes. Sin embargo, en esta etapa de la megacausa, las declaraciones de los testigos demuestran que existieron “los traslados” y que presentan una estrecha dependencia con los “vuelos de la muerte”. En este debate oral y público se están juzgando por primera vez a los pilotos de estos vuelos.

El testimonio de Liliana Chernajovsky, hermana de Miguel Ricardo, quien fue secuestrado por el Grupo de Tareas vinculado a la ESMA el 8 de marzo de 1977, explica en qué consistía esta maquinaria del terror. “No puedo irme de acá sin referirme a su muerte y hablar brevemente de los vuelos de la muerte. A mí me costó muchísimo el trauma que significa esa imagen”, dijo Liliana. Y contó que Alicia Milia, sobreviviente de la ESMA, hablaba a menudo con Alfredo Astiz y le preguntó por “los traslados”, porque era una

figura fantasmal. Astiz le dijo que tenían que agradecerle al mar, el río antes los devolvía (a los cuerpos), pero el mar al hacer superficie plana, los cuerpos se desnucan y las orcas hacen su trabajo.

Por su parte, Patricia Walsh, hija del periodista detenido desaparecido Rodolfo Walsh, testimonió: “Tomé conoci-miento de los vuelos de la muerte por mi hija, María Eva Fuentes, quien a mediados de los `90 trabajaba con Horacio Verbitsky en el diario Página 12 y recibió a Adolfo Scilingo varias veces y se quedaba con la mujer en su oficina. Ella le contó sobre estas cosas y luego todo lo conversado con Scilingo requería una investigación propia”.

En tanto, Amalia María Larralde, sobreviviente de la ESMA, relató que “a los vuelos le decían ‘traslados’ cuando se llevaban a la gente para matarla. No vi el traslado, sí supe de ellos. La segunda vez que me suben, diez personas ya no estaban”. Y agregó: “Fue Verónica Freier quien me contó que los habían trasladado. Después supe cuando estuve en el sótano que se les daba una inyección y se los llevaban. En el sótano había un olor muy fuerte, como de transpiración, era el miedo y ahí supe que existió traslado en cautiverio. También vi por una ventana de la ESMA cuando se llevaron a Jorge Ca�atti en una camioneta amarrilla”.

Además de los tantos testimonios de sobrevivientes y familiares existen declaraciones de miembros de las fuerzas armadas: militares, prefectos o conscriptos que atestiguan la existencia de aquellos “vuelos” y completan el esquema de aquella maquinaria.

Uno de los primeros en hacer públicos fue el ex capitán Adolfo Scilingo quien en 1995 ante la justicia española se

refirió a los “vuelos”. En su declaración mencionó a Gonzalo Torres de Tolosa y al capitán Carlos Daviou, como partícipes quienes hoy integran la lista de 64 acusados de la actual megacausa ESMA.

El periodista Horacio Verbitsky, en una serie de entrevistas realizadas a Scilingo que aparecen en el libro “El vuelo”, detalla el procedimiento, la autorización de la Iglesia Católi-ca, la utilización de inyecciones anestésicas, la participación de médicos en las operaciones, el tipo de aviones, la amplia participación de los oficiales y la utilización de aeropuerto militar que se encuentra en el Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires.

Pese a los amplios pactos de silencio entre los imputados, los testimonios de Adolfo Scilingo no constituyen la única fuente militar. Otros miembros de la armada, como Emir Sisul Hess, quien integró la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros entre los años 1976 y 1977, ya retirado de la fuerza, le contó a José Luis Bernabei, empleado del mismo complejo turístico, cómo arrojaban a las personas al Río de la Plata y que él mismo era piloto. Nombró como su compa-ñero a Ricardo Cavallo. Contó que los vuelos salían de Palomar o Morón, que les ponían una bolsa en la cabeza, los subían a aviones y los trasladaban hasta que eran arrojados. Diana Lara, ex esposa de Hess, fue interrogada durante la megacausa y sostuvo que el imputado nunca pudo haber cometido los hechos por los que está acusado.

Ex teniente de Fragata de la Armada Argentina, Julio Poch, está imputado por los casos de treinta víctimas en la causa de los vuelos de la muerte, acusado de los delitos de coautor de la privación ilegal de la libertad y la aplicación de violen-cia, partícipe necesario de homicidios, agravados por su

condición de funcionario público. Actualmente cumple prisión preventiva en el penal de Marcos Paz. Fue detenido el 22 de septiembre de 2009 en España, dado que se jactó públicamente de haber tirado al mar a “terroristas de izquierda”. Su identificación fue posible a partir de la denuncia de personas que trabajaban con él en la aerolínea holandesa Transavia. En 2010 fue extraditado a la Argentina para ser investigado por estos delitos de lesa humanidad. En noviembre de 2003, Poch y su esposa Grethe, junto a pilotos y tripulantes de la compañía Transavia Tim Eisso Weert, Edwin Reijnhoudt Brouwer, Christiaan Duijker y Frederik Van Heukelom, participaron de una cena -la cual fue reconstruida en la “elevación a juicio” de la megacausa ESMA- en la que Poch se jactó ante sus compañeros de haber intervenido en los vuelos de la muerte durante la última dictadura: los asesinatos masivos de personas que eran arrojadas con vida desde aviones, al mar o al Río de la Plata. En agosto de 2014, declararon -por videoconferencia- estos pilotos holandeses a quienes Julio Poch les contó cómo habían arrojado personas con vida desde aviones. Además, en este tramo de la megacausa se están recons-truyendo las estructuras de la Armada que abastecieron de aviones y de tripulantes a los vuelos de la muerte. Se trata de una investigación que explica cómo hizo el Grupo de Tareas de la ESMA para contar con una aeronave los días de “traslados” de prisioneros.

Así, se desentrañó el rol del Comando de Operaciones Navales (COOP), el área encargada de distribuir recursos, máxima autoridad de la “guerra” y ubicada inmediatamente abajo del jefe de la Armada. Del COOP dependían dos áreas clave en el manejo de aviones: el Comando de Aviación

Naval de la Armada (COAN) –con escuadrillas de Electras, DC3 y helicópteros– y la División de Aviación Prefectura (DAVI), a cargo de los Skyvan. Todas esas aeronaves cumplían con dos condiciones principales: autonomía de vuelo y capacidad de arrojar cargamento en pleno vuelo.

Los datos para rearmar la estructura burocrática y secreta de la Armada surgieron de varios de trabajos. Uno fue el análisis de archivos de las Fuerzas Armadas que se hace desde 2003 en el Ministerio de Defensa; otro, más reciente, a partir de la recopilación de los archivos de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería.

En ese contexto, María Laura Guembe, coordinadora del Grupo Especial de Relevamiento Documental del Ministerio de Seguridad de la Nación, declaró en una de las audiencias de la megacausa y aportó datos sobre la estructura burocrá-tica que se esconde detrás de los vuelos de la muerte.

LOS ACUSADOSEnrique José De Saint Georges: Subprefecto. Piloto de Skyvan. Integró la División Aviación de la Prefectura Naval (DAVI) y tuvo como destino el Aeroparque Jorge Newbery entre 1976 y mediados de 1978. Fue piloto comercial en Aerolíneas Argentinas.

Alejandro Domingo D’ Agostino: Oficial retirado de Prefectura. Piloto de Skyvan. Integró la División Aviación de la Prefectura Naval (DAVI), destinado al Aeroparque Jorge Newbery entre 1976 y 1979.

Mario Daniel Arru: Oficial dado de baja de la Prefectura. Piloto de Skyvan.

Entre 1976 y principios de 1979 integró la División de Aviación de Prefectura, destinado en el Aeroparque Jorge Newbery. También fue piloto comercial en Aerolíneas Argentinas.

Emir Sisul Hess: Capitán de Corbeta retirado de la Armada. Piloto naval especializado en helicópteros. Para la época de las imputa-ciones, voló dos tipos de helicópteros, Alouette y Seaking, según surge de su legajo. Entre 1976 y 1979, la Armada tuvo una sola escuadrilla de helicópteros cuya matriz estaba ubicada territorialmente en la base aeronaval Comandante Espora de Bahía Blanca. Se acusa a Sisul Hess de haber hecho vuelos desde la ESMA.

Rubén Ricardo Ornello: Suboficial retirado de la Armada. Mecánico aeronáutico. Perteneció a la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Movil (EA52) con aeronaves Fellowship Fokker F-28, Hawker Siddeley HS-125 Domine y Douglas DC-3. Esta escuadrilla pertenecía a la Fuerza Aeronaval 3, con asiento en la base Aeronaval 3 de Ezeiza (BAEZ).

Julio Poch: Teniente de fragata retirado de la Armada. Fue aviador naval. En este juicio se le imputa que formó parte de la escuadrilla de caza y ataque. Su lugar en la estructura estaba dentro de la base Espora de Bahía Blanca, como parte de la Tercera Escuadrilla Aeronaval. Pero además tenía capacidad para pilotear aviones de transporte como los Beachcraf C 45 y U 16 Albatros. Poch no fue ajeno a las solicitudes realizadas por el Comando de Operaciones Navales. Su legajo tiene una felicitación de Antonio Vañek, el jefe del COOP.

Page 3: Megacausa ESMA: Diario del Juicio Nº 6

Para participar en el juicio:El proceso se desarrolla en la sala AMIA de los Tribunales de Retiro: Av. Comodoro Py 2002. Pueden presenciar las audiencias los mayores de 16 años, presentándose con DNI, cédula o pasaporte.

Los denominados “vuelos de la muerte” formaron parte de la maquinaria de exterminio implementada por la última dictadura cívico militar. Miles de detenidos desaparecidos fueron arrojados vivos en principio al río y luego al mar desde aviones militares, una manera sencilla de terminar con su identidad. No lo lograron, ya que muchos de esos desaparecidos fueron encontrados en las orillas del mar uruguayo. Fueron también, otros tantos, los que se hallaron en las costas argentinas. A fines de 1977 aparecieron seis cuerpos, enterrados luego como “NN” en el cementerio del partido de General Lavalle; y en 2004 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinó que pertenecían a detenidos desaparecidos. Se trataba de las Madres de Plaza de Mayo Esther Ballestrino, María Eugenia Ponce y Azucena Villaflor; la militante Angela Auad; y la monja francesa Léonie Duquet.

Los vuelos son la única etapa del terrorismo de Estado en la ESMA que no tiene sobrevivientes. Sin embargo, en esta etapa de la megacausa, las declaraciones de los testigos demuestran que existieron “los traslados” y que presentan una estrecha dependencia con los “vuelos de la muerte”. En este debate oral y público se están juzgando por primera vez a los pilotos de estos vuelos.

El testimonio de Liliana Chernajovsky, hermana de Miguel Ricardo, quien fue secuestrado por el Grupo de Tareas vinculado a la ESMA el 8 de marzo de 1977, explica en qué consistía esta maquinaria del terror. “No puedo irme de acá sin referirme a su muerte y hablar brevemente de los vuelos de la muerte. A mí me costó muchísimo el trauma que significa esa imagen”, dijo Liliana. Y contó que Alicia Milia, sobreviviente de la ESMA, hablaba a menudo con Alfredo Astiz y le preguntó por “los traslados”, porque era una

figura fantasmal. Astiz le dijo que tenían que agradecerle al mar, el río antes los devolvía (a los cuerpos), pero el mar al hacer superficie plana, los cuerpos se desnucan y las orcas hacen su trabajo.

Por su parte, Patricia Walsh, hija del periodista detenido desaparecido Rodolfo Walsh, testimonió: “Tomé conoci-miento de los vuelos de la muerte por mi hija, María Eva Fuentes, quien a mediados de los `90 trabajaba con Horacio Verbitsky en el diario Página 12 y recibió a Adolfo Scilingo varias veces y se quedaba con la mujer en su oficina. Ella le contó sobre estas cosas y luego todo lo conversado con Scilingo requería una investigación propia”.

En tanto, Amalia María Larralde, sobreviviente de la ESMA, relató que “a los vuelos le decían ‘traslados’ cuando se llevaban a la gente para matarla. No vi el traslado, sí supe de ellos. La segunda vez que me suben, diez personas ya no estaban”. Y agregó: “Fue Verónica Freier quien me contó que los habían trasladado. Después supe cuando estuve en el sótano que se les daba una inyección y se los llevaban. En el sótano había un olor muy fuerte, como de transpiración, era el miedo y ahí supe que existió traslado en cautiverio. También vi por una ventana de la ESMA cuando se llevaron a Jorge Ca�atti en una camioneta amarrilla”.

Además de los tantos testimonios de sobrevivientes y familiares existen declaraciones de miembros de las fuerzas armadas: militares, prefectos o conscriptos que atestiguan la existencia de aquellos “vuelos” y completan el esquema de aquella maquinaria.

Uno de los primeros en hacer públicos fue el ex capitán Adolfo Scilingo quien en 1995 ante la justicia española se

refirió a los “vuelos”. En su declaración mencionó a Gonzalo Torres de Tolosa y al capitán Carlos Daviou, como partícipes quienes hoy integran la lista de 64 acusados de la actual megacausa ESMA.

El periodista Horacio Verbitsky, en una serie de entrevistas realizadas a Scilingo que aparecen en el libro “El vuelo”, detalla el procedimiento, la autorización de la Iglesia Católi-ca, la utilización de inyecciones anestésicas, la participación de médicos en las operaciones, el tipo de aviones, la amplia participación de los oficiales y la utilización de aeropuerto militar que se encuentra en el Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires.

Pese a los amplios pactos de silencio entre los imputados, los testimonios de Adolfo Scilingo no constituyen la única fuente militar. Otros miembros de la armada, como Emir Sisul Hess, quien integró la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros entre los años 1976 y 1977, ya retirado de la fuerza, le contó a José Luis Bernabei, empleado del mismo complejo turístico, cómo arrojaban a las personas al Río de la Plata y que él mismo era piloto. Nombró como su compa-ñero a Ricardo Cavallo. Contó que los vuelos salían de Palomar o Morón, que les ponían una bolsa en la cabeza, los subían a aviones y los trasladaban hasta que eran arrojados. Diana Lara, ex esposa de Hess, fue interrogada durante la megacausa y sostuvo que el imputado nunca pudo haber cometido los hechos por los que está acusado.

Ex teniente de Fragata de la Armada Argentina, Julio Poch, está imputado por los casos de treinta víctimas en la causa de los vuelos de la muerte, acusado de los delitos de coautor de la privación ilegal de la libertad y la aplicación de violen-cia, partícipe necesario de homicidios, agravados por su

condición de funcionario público. Actualmente cumple prisión preventiva en el penal de Marcos Paz. Fue detenido el 22 de septiembre de 2009 en España, dado que se jactó públicamente de haber tirado al mar a “terroristas de izquierda”. Su identificación fue posible a partir de la denuncia de personas que trabajaban con él en la aerolínea holandesa Transavia. En 2010 fue extraditado a la Argentina para ser investigado por estos delitos de lesa humanidad. En noviembre de 2003, Poch y su esposa Grethe, junto a pilotos y tripulantes de la compañía Transavia Tim Eisso Weert, Edwin Reijnhoudt Brouwer, Christiaan Duijker y Frederik Van Heukelom, participaron de una cena -la cual fue reconstruida en la “elevación a juicio” de la megacausa ESMA- en la que Poch se jactó ante sus compañeros de haber intervenido en los vuelos de la muerte durante la última dictadura: los asesinatos masivos de personas que eran arrojadas con vida desde aviones, al mar o al Río de la Plata. En agosto de 2014, declararon -por videoconferencia- estos pilotos holandeses a quienes Julio Poch les contó cómo habían arrojado personas con vida desde aviones. Además, en este tramo de la megacausa se están recons-truyendo las estructuras de la Armada que abastecieron de aviones y de tripulantes a los vuelos de la muerte. Se trata de una investigación que explica cómo hizo el Grupo de Tareas de la ESMA para contar con una aeronave los días de “traslados” de prisioneros.

Así, se desentrañó el rol del Comando de Operaciones Navales (COOP), el área encargada de distribuir recursos, máxima autoridad de la “guerra” y ubicada inmediatamente abajo del jefe de la Armada. Del COOP dependían dos áreas clave en el manejo de aviones: el Comando de Aviación

Naval de la Armada (COAN) –con escuadrillas de Electras, DC3 y helicópteros– y la División de Aviación Prefectura (DAVI), a cargo de los Skyvan. Todas esas aeronaves cumplían con dos condiciones principales: autonomía de vuelo y capacidad de arrojar cargamento en pleno vuelo.

Los datos para rearmar la estructura burocrática y secreta de la Armada surgieron de varios de trabajos. Uno fue el análisis de archivos de las Fuerzas Armadas que se hace desde 2003 en el Ministerio de Defensa; otro, más reciente, a partir de la recopilación de los archivos de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería.

En ese contexto, María Laura Guembe, coordinadora del Grupo Especial de Relevamiento Documental del Ministerio de Seguridad de la Nación, declaró en una de las audiencias de la megacausa y aportó datos sobre la estructura burocrá-tica que se esconde detrás de los vuelos de la muerte.

LOS ACUSADOSEnrique José De Saint Georges: Subprefecto. Piloto de Skyvan. Integró la División Aviación de la Prefectura Naval (DAVI) y tuvo como destino el Aeroparque Jorge Newbery entre 1976 y mediados de 1978. Fue piloto comercial en Aerolíneas Argentinas.

Alejandro Domingo D’ Agostino: Oficial retirado de Prefectura. Piloto de Skyvan. Integró la División Aviación de la Prefectura Naval (DAVI), destinado al Aeroparque Jorge Newbery entre 1976 y 1979.

Mario Daniel Arru: Oficial dado de baja de la Prefectura. Piloto de Skyvan.

Entre 1976 y principios de 1979 integró la División de Aviación de Prefectura, destinado en el Aeroparque Jorge Newbery. También fue piloto comercial en Aerolíneas Argentinas.

Emir Sisul Hess: Capitán de Corbeta retirado de la Armada. Piloto naval especializado en helicópteros. Para la época de las imputa-ciones, voló dos tipos de helicópteros, Alouette y Seaking, según surge de su legajo. Entre 1976 y 1979, la Armada tuvo una sola escuadrilla de helicópteros cuya matriz estaba ubicada territorialmente en la base aeronaval Comandante Espora de Bahía Blanca. Se acusa a Sisul Hess de haber hecho vuelos desde la ESMA.

Rubén Ricardo Ornello: Suboficial retirado de la Armada. Mecánico aeronáutico. Perteneció a la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Movil (EA52) con aeronaves Fellowship Fokker F-28, Hawker Siddeley HS-125 Domine y Douglas DC-3. Esta escuadrilla pertenecía a la Fuerza Aeronaval 3, con asiento en la base Aeronaval 3 de Ezeiza (BAEZ).

Julio Poch: Teniente de fragata retirado de la Armada. Fue aviador naval. En este juicio se le imputa que formó parte de la escuadrilla de caza y ataque. Su lugar en la estructura estaba dentro de la base Espora de Bahía Blanca, como parte de la Tercera Escuadrilla Aeronaval. Pero además tenía capacidad para pilotear aviones de transporte como los Beachcraf C 45 y U 16 Albatros. Poch no fue ajeno a las solicitudes realizadas por el Comando de Operaciones Navales. Su legajo tiene una felicitación de Antonio Vañek, el jefe del COOP.

Para participar en el juicio:El proceso se desarrolla en la sala AMIA de los Tribunales de Retiro: Av. Comodoro Py 2002. Pueden presenciar las audiencias los mayores de 16 años, presentándose con DNI, cédula o pasaporte.

Los denominados “vuelos de la muerte” formaron parte de la maquinaria de exterminio implementada por la última dictadura cívico militar. Miles de detenidos desaparecidos fueron arrojados vivos en principio al río y luego al mar desde aviones militares, una manera sencilla de terminar con su identidad. No lo lograron, ya que muchos de esos desaparecidos fueron encontrados en las orillas del mar uruguayo. Fueron también, otros tantos, los que se hallaron en las costas argentinas. A fines de 1977 aparecieron seis cuerpos, enterrados luego como “NN” en el cementerio del partido de General Lavalle; y en 2004 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinó que pertenecían a detenidos desaparecidos. Se trataba de las Madres de Plaza de Mayo Esther Ballestrino, María Eugenia Ponce y Azucena Villaflor; la militante Angela Auad; y la monja francesa Léonie Duquet.

Los vuelos son la única etapa del terrorismo de Estado en la ESMA que no tiene sobrevivientes. Sin embargo, en esta etapa de la megacausa, las declaraciones de los testigos demuestran que existieron “los traslados” y que presentan una estrecha dependencia con los “vuelos de la muerte”. En este debate oral y público se están juzgando por primera vez a los pilotos de estos vuelos.

El testimonio de Liliana Chernajovsky, hermana de Miguel Ricardo, quien fue secuestrado por el Grupo de Tareas vinculado a la ESMA el 8 de marzo de 1977, explica en qué consistía esta maquinaria del terror. “No puedo irme de acá sin referirme a su muerte y hablar brevemente de los vuelos de la muerte. A mí me costó muchísimo el trauma que significa esa imagen”, dijo Liliana. Y contó que Alicia Milia, sobreviviente de la ESMA, hablaba a menudo con Alfredo Astiz y le preguntó por “los traslados”, porque era una

figura fantasmal. Astiz le dijo que tenían que agradecerle al mar, el río antes los devolvía (a los cuerpos), pero el mar al hacer superficie plana, los cuerpos se desnucan y las orcas hacen su trabajo.

Por su parte, Patricia Walsh, hija del periodista detenido desaparecido Rodolfo Walsh, testimonió: “Tomé conoci-miento de los vuelos de la muerte por mi hija, María Eva Fuentes, quien a mediados de los `90 trabajaba con Horacio Verbitsky en el diario Página 12 y recibió a Adolfo Scilingo varias veces y se quedaba con la mujer en su oficina. Ella le contó sobre estas cosas y luego todo lo conversado con Scilingo requería una investigación propia”.

En tanto, Amalia María Larralde, sobreviviente de la ESMA, relató que “a los vuelos le decían ‘traslados’ cuando se llevaban a la gente para matarla. No vi el traslado, sí supe de ellos. La segunda vez que me suben, diez personas ya no estaban”. Y agregó: “Fue Verónica Freier quien me contó que los habían trasladado. Después supe cuando estuve en el sótano que se les daba una inyección y se los llevaban. En el sótano había un olor muy fuerte, como de transpiración, era el miedo y ahí supe que existió traslado en cautiverio. También vi por una ventana de la ESMA cuando se llevaron a Jorge Ca�atti en una camioneta amarrilla”.

Además de los tantos testimonios de sobrevivientes y familiares existen declaraciones de miembros de las fuerzas armadas: militares, prefectos o conscriptos que atestiguan la existencia de aquellos “vuelos” y completan el esquema de aquella maquinaria.

Uno de los primeros en hacer públicos fue el ex capitán Adolfo Scilingo quien en 1995 ante la justicia española se

refirió a los “vuelos”. En su declaración mencionó a Gonzalo Torres de Tolosa y al capitán Carlos Daviou, como partícipes quienes hoy integran la lista de 64 acusados de la actual megacausa ESMA.

El periodista Horacio Verbitsky, en una serie de entrevistas realizadas a Scilingo que aparecen en el libro “El vuelo”, detalla el procedimiento, la autorización de la Iglesia Católi-ca, la utilización de inyecciones anestésicas, la participación de médicos en las operaciones, el tipo de aviones, la amplia participación de los oficiales y la utilización de aeropuerto militar que se encuentra en el Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires.

Pese a los amplios pactos de silencio entre los imputados, los testimonios de Adolfo Scilingo no constituyen la única fuente militar. Otros miembros de la armada, como Emir Sisul Hess, quien integró la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros entre los años 1976 y 1977, ya retirado de la fuerza, le contó a José Luis Bernabei, empleado del mismo complejo turístico, cómo arrojaban a las personas al Río de la Plata y que él mismo era piloto. Nombró como su compa-ñero a Ricardo Cavallo. Contó que los vuelos salían de Palomar o Morón, que les ponían una bolsa en la cabeza, los subían a aviones y los trasladaban hasta que eran arrojados. Diana Lara, ex esposa de Hess, fue interrogada durante la megacausa y sostuvo que el imputado nunca pudo haber cometido los hechos por los que está acusado.

Ex teniente de Fragata de la Armada Argentina, Julio Poch, está imputado por los casos de treinta víctimas en la causa de los vuelos de la muerte, acusado de los delitos de coautor de la privación ilegal de la libertad y la aplicación de violen-cia, partícipe necesario de homicidios, agravados por su

condición de funcionario público. Actualmente cumple prisión preventiva en el penal de Marcos Paz. Fue detenido el 22 de septiembre de 2009 en España, dado que se jactó públicamente de haber tirado al mar a “terroristas de izquierda”. Su identificación fue posible a partir de la denuncia de personas que trabajaban con él en la aerolínea holandesa Transavia. En 2010 fue extraditado a la Argentina para ser investigado por estos delitos de lesa humanidad. En noviembre de 2003, Poch y su esposa Grethe, junto a pilotos y tripulantes de la compañía Transavia Tim Eisso Weert, Edwin Reijnhoudt Brouwer, Christiaan Duijker y Frederik Van Heukelom, participaron de una cena -la cual fue reconstruida en la “elevación a juicio” de la megacausa ESMA- en la que Poch se jactó ante sus compañeros de haber intervenido en los vuelos de la muerte durante la última dictadura: los asesinatos masivos de personas que eran arrojadas con vida desde aviones, al mar o al Río de la Plata. En agosto de 2014, declararon -por videoconferencia- estos pilotos holandeses a quienes Julio Poch les contó cómo habían arrojado personas con vida desde aviones. Además, en este tramo de la megacausa se están recons-truyendo las estructuras de la Armada que abastecieron de aviones y de tripulantes a los vuelos de la muerte. Se trata de una investigación que explica cómo hizo el Grupo de Tareas de la ESMA para contar con una aeronave los días de “traslados” de prisioneros.

Así, se desentrañó el rol del Comando de Operaciones Navales (COOP), el área encargada de distribuir recursos, máxima autoridad de la “guerra” y ubicada inmediatamente abajo del jefe de la Armada. Del COOP dependían dos áreas clave en el manejo de aviones: el Comando de Aviación

Se estima que el tiempo aproximado de duración del debate

será de 24 meses.

Etapas del juicioEl 28 de noviembre de 2012 comenzó el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio en el que hubo alrededor de 5.000 detenidos-desaparecidos y donde nacieron bebés en cautiverio.

El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia.

MEMORIAVERDADJUSTICIA

Se tratan los temas rela- tivos a la constitución del tribunal, admisibili-dad o incomparecencia de testigos, peritos o intérpretes y presenta-ción o requerimiento de documentos.

El presidente del tribunal le recibe declaración a los imputados, advirtiéndoles que el debate continuará aunque no declaren. En cualquier momento del de- bate los acusados pueden solicitar ampliar su decla- ración indagatoria.

Declaran los testigos ofre- cidos por las querellas, las defensas y la Fiscalía.

Se reciben las demás prue- bas que las partes ofre- cieron a fin de que se des- cubra la verdad material de lo acontecido.

Se concederá la palabra a las partes querellantes, al Ministerio Público Fiscal (MPF) y a los defensores de los imputados para que presenten su alegato.

Réplica: El MPF, las partes querellantes y los defen- sores de los imputados podrán replicar.

Palabras finales: Los impu- tados tienen derecho a ma- nifestar sus últimas pala- bras antes del dictado de la sentencia. Acto segui- do el tribunal pasa a delibe- rar para dictar el veredicto.

Terminado el debate, los jueces que hayan inter- venido en él pasarán a de- liberar en sesión privada, para luego dar a conocer su decisión final.

Luego de la deliberación de los magistrados, el Tribunal convoca a todas las partes para la lectura del veredic- to. Es la resolución que informa a qué conclusión se arribó respecto de la responsabilidad de los imputados, y en su caso, que pena se les impone.

La redacción de la sentencia –sus fundamentos- se difie- re en el tiempo, dependien- do de la complejidad del debate.Después de esta instan- cia, queda abierta la eta- pa recursiva, debiendo re- solver sobre los recursos interpuestos ante la Cá- mara Nacional de Casa- ción Penal y, eventualmen-te, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Lectura de las acusaciones del fiscal y las querellas.

Apertura del debate

Tiene por finalidad que las partes ofrezcan la prueba que se debe producir en el debate. El tribunal verifi- cará cuáles de esas prue- bas son pertinentes y orde- nará llevar a cabo todas las necesarias para que estén listas para el juicio (por ejemplo librar oficios, ordenar pericias, etc.).

Etapa intermedia Discusión final VeredictoDeclaraciones indagatorias

Recepción de pruebas

DeliberaciónEtapa de instrucción Cuestiones preliminares

Megacausa ESMA: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo de Sergio Torres. Fiscal de Instrucción: Eduardo Taiano.

789 son las víctimas de los delitos de lesa humanidad incluidos en la causa.

El juicio unifica varias causas en función del cambio de jefaturas dentro de la ESMA.

Son juzgados 64 imputados por delitos de lesa humanidad. De ellos, 16 tienen condenas previas.Por primera vez son juzgados responsables directos de los vuelos de la muerte y partícipes civiles.

Alrededor de 830 testigos declararán en este juicio.

Se incorporarán en formato digital o desgrabados los testimonios de alrededor de 80 víctimas, brindados en el juicio anterior.

Ante una denuncia de la víc- tima, el juez de Instrucción inicia la causa, toma las pri- meras declaraciones, obtiene pruebas documentales e ins- trumentales, ordena la reali- zación de pericias, toma in- dagatorias y selecciona los tipos penales. El fiscal eva- lúa los hechos y acusa para elevar la causa a juicio.

Naval de la Armada (COAN) –con escuadrillas de Electras, DC3 y helicópteros– y la División de Aviación Prefectura (DAVI), a cargo de los Skyvan. Todas esas aeronaves cumplían con dos condiciones principales: autonomía de vuelo y capacidad de arrojar cargamento en pleno vuelo.

Los datos para rearmar la estructura burocrática y secreta de la Armada surgieron de varios de trabajos. Uno fue el análisis de archivos de las Fuerzas Armadas que se hace desde 2003 en el Ministerio de Defensa; otro, más reciente, a partir de la recopilación de los archivos de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería.

En ese contexto, María Laura Guembe, coordinadora del Grupo Especial de Relevamiento Documental del Ministerio de Seguridad de la Nación, declaró en una de las audiencias de la megacausa y aportó datos sobre la estructura burocrá-tica que se esconde detrás de los vuelos de la muerte.

LOS ACUSADOSEnrique José De Saint Georges: Subprefecto. Piloto de Skyvan. Integró la División Aviación de la Prefectura Naval (DAVI) y tuvo como destino el Aeroparque Jorge Newbery entre 1976 y mediados de 1978. Fue piloto comercial en Aerolíneas Argentinas.

Alejandro Domingo D’ Agostino: Oficial retirado de Prefectura. Piloto de Skyvan. Integró la División Aviación de la Prefectura Naval (DAVI), destinado al Aeroparque Jorge Newbery entre 1976 y 1979.

Mario Daniel Arru: Oficial dado de baja de la Prefectura. Piloto de Skyvan.

Entre 1976 y principios de 1979 integró la División de Aviación de Prefectura, destinado en el Aeroparque Jorge Newbery. También fue piloto comercial en Aerolíneas Argentinas.

Emir Sisul Hess: Capitán de Corbeta retirado de la Armada. Piloto naval especializado en helicópteros. Para la época de las imputa-ciones, voló dos tipos de helicópteros, Alouette y Seaking, según surge de su legajo. Entre 1976 y 1979, la Armada tuvo una sola escuadrilla de helicópteros cuya matriz estaba ubicada territorialmente en la base aeronaval Comandante Espora de Bahía Blanca. Se acusa a Sisul Hess de haber hecho vuelos desde la ESMA.

Rubén Ricardo Ornello: Suboficial retirado de la Armada. Mecánico aeronáutico. Perteneció a la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Movil (EA52) con aeronaves Fellowship Fokker F-28, Hawker Siddeley HS-125 Domine y Douglas DC-3. Esta escuadrilla pertenecía a la Fuerza Aeronaval 3, con asiento en la base Aeronaval 3 de Ezeiza (BAEZ).

Julio Poch: Teniente de fragata retirado de la Armada. Fue aviador naval. En este juicio se le imputa que formó parte de la escuadrilla de caza y ataque. Su lugar en la estructura estaba dentro de la base Espora de Bahía Blanca, como parte de la Tercera Escuadrilla Aeronaval. Pero además tenía capacidad para pilotear aviones de transporte como los Beachcraf C 45 y U 16 Albatros. Poch no fue ajeno a las solicitudes realizadas por el Comando de Operaciones Navales. Su legajo tiene una felicitación de Antonio Vañek, el jefe del COOP.

Page 4: Megacausa ESMA: Diario del Juicio Nº 6

Aportar un grano de arena en la construcción de la memoria colectiva, contribuir con el trabajo del Poder Judicial, alcanzar la verdad de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado son algunas de las metas que persiguen los juicios por delitos de lesa humanidad en la Argentina.

Ante la destrucción y el ocultamiento del material sobre las graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar, el testimonio forma parte de los aspectos centrales en la conformación de la prueba judicial para las causas de delitos de lesa humanidad, ya que se trata de la principal prueba disponible.

En ese sentido, el testigo pasa a tener una figura sustancial en este juicio, ya que puede proveer los elementos para probar los hechos, ya sea porque vio a la víctima, porque fue protagonista del hecho o porque se enteró de manera directa o indirecta de la existencia de un delito.

Son la prueba viviente de la puesta en práctica del plan dispuesto por quienes tomaron el poder en un acto insurrec-to, cuyo uno de sus objetivos brindado por la prueba testimo-nial fue el de lograr la represión y el aniquilamiento de todo pensamiento opositor, violando los derechos humanos.

En cada audiencia por la megacausa ESMA, los testigos se conectan con los hechos más trágicos que se vivieron en la Argentina durante la última dictadura. Las fotos, las cartas, los folletos, entre otros objetos, acompañan y llenan de fuerza los relatos que sobrevivientes y familiares reconstru-yen sobre lo que ocurrió en uno de los centros clandestinos más emblemáticos que funcionó en nuestro país durante el terrorismo de Estado.

Ana María Cacabelos, sobreviviente de la ESMA, dio su testimonio el 24 de abril de 2013. En su declaración expuso ante los jueces lo que el terrorismo de Estado hizo con su familia. Los Cacabelos eran cinco hermanos, cuatro de ellos fueron víctimas de los represores de la ESMA. Ana María fue secuestrada, estuvo en cautiverio y liberada; Esperanza fue asesinada junto a su compañero Edgardo de Jesús Salcedo frente al hijo de ambos; Cecilia fue secuestrada, y continúa desaparecida. El mismo destino sufrió José Antonio.

Ana María fue secuestrada el 11 de octubre de 1976 por la tarde por integrantes del Grupo de Tareas, quienes la

llevaron a la ESMA, donde permaneció clandestinamente detenida bajo condiciones inhumanas de vida.

“Cuando llegué a la ESMA estaba aterrada. Fui obligada a llamar a mis padres y decirles que estaba reunida con unas amigas, que no se preocuparan. Luego me llevaron a un lugar que me pareció un cuarto pequeño, dato que pudo confirmar al levantarme la capucha. Pensé que no iba a volver a mi casa”. Así comenzó la declaración de Ana María en los Tribunales de Comodoro Py.

Un testimonio que se brinda en busca de justicia y fotos que describen la verdad de los hechos. Ante los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 5, Ana María mostró las fotos de sus tres hermanos y su cuñado. Las imágenes fueron expuestas en la pantalla gigante que está ubicada detrás de los jueces y la testigo describió las fotografías del casamiento de una de sus hermanas, Esperanza María, con Edgardo Salcedo.

Los juicios son reparadores para la sociedad, pero también para cada protagonista. “La posibilidad de declarar en la megacausa ESMA fue reparadora, porque nunca había podido hablar del tema en el ámbito en el que debía ser, que era el de la Justicia”, explica Ana María. En ese sentido, remarca la necesidad de “dejar registro de lo ocurrido para que no se repita la historia” y considera que a partir de estos testimonios “será muy difícil negar los hechos”. Piensa en la Argentina que viene y afirma que el desarrollo de los juicios de lesa humanidad y el hecho de brindar testimonio sobre lo que ocurrió “es un reaseguro para las generaciones futuras. Se trata de la necesidad que tenemos los sobrevivientes y familiares para que hacer justicia para mis hermanos y para los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos”.

Nilda “Munú” Actis Goretta también es sobreviviente de la ESMA y brindó en varias oportunidades su testimonio por los crímenes cometidos en ese centro clandestino. “Declarar es una situación muy fuerte, porque consiste en recrear los hechos vividos y eso es terrible”, asegura.

Nilda recuerda que durante su exilió en Venezuela tuvo la necesidad personal de escribir lo que recordaba sobre su secuestro, sin saber que años más tarde iba a llegar la democracia y, tiempo después, las políticas de memoria, verdad y justicia que permitirían presentar esos testimonios en un juicio. “Sentarte sólo a escribir esta parte de tu vida no

es nada fácil. Cuando escribí mi testimonio no lo podía releer, ni pasarlo a máquina, se lo mostré a mis compañeros de trabajo para que lo leyeran y me dijeran si se comprendía. No me bancaba poder leer mi testimonio”, cuenta Nilda.

Con el retorno democrático a la Argentina, presentó su testimonio por primera vez ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), y formó parte de las pruebas que permitieron llevar adelante el Juicio a las Juntas Militares. Así pudo comenzar a reconstruir la verdad históri-ca sobre el terrorismo de Estado. “Ese juicio significó un hecho político muy importante por la decisión de juzgar a los militares a principios de la democracia”, indica la sobrevi-viente. En esa línea, destaca que “los que participamos de ese juicio recién salíamos del secuestro y estábamos nueva-mente ahí poniendo el cuerpo, el alma y en especial el temor, que seguía existiendo”. Por otro lado, destaca la diferencia entre el hecho de declarar a comienzos del regreso de la democracia y tres décadas más tarde. “Cuando estábamos preparando el Juicio a las Juntas, relataba los hechos de manera enajena-da, como viéndolos desde afuera sin ponerle sentimiento”, rememora. En cambio, dice que hoy es distinto: “El momen-to del secuestro se vive cada vez más real, lo que se relata está cada vez más vivo. Y esto está relacionado con el paso del tiempo, que se va procesando y pone más distancia con el hecho para poder relatarlo”.

La responsabilidad de brindar testimonio en cada audiencia representa un compromiso con los compañeros que lucha-ban por una sociedad más justa e igualitaria y que su vida fue arrebatada injustamente. “Hay muchos compañeros que ya no están y no pretendo ser la voz de ellos, pero considero que es muy importante presentarse en las audiencias y declarar que los hemos visto. En ese sentido, tenemos una responsabilidad, una continuación de su militancia, de su historia y con esos ideales que un día los militares quisieron terminar. El tipo que secuestró, torturó y mató tiene que estar en la cárcel”, manifiesta.

Nilda Noemí Actis Goretta, apodada “Munú” por su abuela francesa, fue privada ilegalmente de su libertad el 19 de junio de 1978 cuando estaba en la vía pública, al salir de su lugar de trabajo. El operativo fue realizado por una gran cantidad de personas de civil y armadas, pertenecientes al

Los testigos y su participación en la megacausa ESMA: cómo los familiares y sobrevivientes viven la experien-cia de declarar en cada audiencia y qué aportan cada testimonio para la causa.

El compromiso de dar testimonio

Aportar un grano de arena en la construcción de la memoria colectiva, contribuir con el trabajo del Poder Judicial, alcanzar la verdad de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado son algunas de las metas que persiguen los juicios por delitos de lesa humanidad en la Argentina.

Ante la destrucción y el ocultamiento del material sobre las graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar, el testimonio forma parte de los aspectos centrales en la conformación de la prueba judicial para las causas de delitos de lesa humanidad, ya que se trata de la principal prueba disponible.

En ese sentido, el testigo pasa a tener una figura sustancial en este juicio, ya que puede proveer los elementos para probar los hechos, ya sea porque vio a la víctima, porque fue protagonista del hecho o porque se enteró de manera directa o indirecta de la existencia de un delito.

Son la prueba viviente de la puesta en práctica del plan dispuesto por quienes tomaron el poder en un acto insurrec-to, cuyo uno de sus objetivos brindado por la prueba testimo-nial fue el de lograr la represión y el aniquilamiento de todo pensamiento opositor, violando los derechos humanos.

En cada audiencia por la megacausa ESMA, los testigos se conectan con los hechos más trágicos que se vivieron en la Argentina durante la última dictadura. Las fotos, las cartas, los folletos, entre otros objetos, acompañan y llenan de fuerza los relatos que sobrevivientes y familiares reconstru-yen sobre lo que ocurrió en uno de los centros clandestinos más emblemáticos que funcionó en nuestro país durante el terrorismo de Estado.

Ana María Cacabelos, sobreviviente de la ESMA, dio su testimonio el 24 de abril de 2013. En su declaración expuso ante los jueces lo que el terrorismo de Estado hizo con su familia. Los Cacabelos eran cinco hermanos, cuatro de ellos fueron víctimas de los represores de la ESMA. Ana María fue secuestrada, estuvo en cautiverio y liberada; Esperanza fue asesinada junto a su compañero Edgardo de Jesús Salcedo frente al hijo de ambos; Cecilia fue secuestrada, y continúa desaparecida. El mismo destino sufrió José Antonio.

Ana María fue secuestrada el 11 de octubre de 1976 por la tarde por integrantes del Grupo de Tareas, quienes la

llevaron a la ESMA, donde permaneció clandestinamente detenida bajo condiciones inhumanas de vida.

“Cuando llegué a la ESMA estaba aterrada. Fui obligada a llamar a mis padres y decirles que estaba reunida con unas amigas, que no se preocuparan. Luego me llevaron a un lugar que me pareció un cuarto pequeño, dato que pudo confirmar al levantarme la capucha. Pensé que no iba a volver a mi casa”. Así comenzó la declaración de Ana María en los Tribunales de Comodoro Py.

Un testimonio que se brinda en busca de justicia y fotos que describen la verdad de los hechos. Ante los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 5, Ana María mostró las fotos de sus tres hermanos y su cuñado. Las imágenes fueron expuestas en la pantalla gigante que está ubicada detrás de los jueces y la testigo describió las fotografías del casamiento de una de sus hermanas, Esperanza María, con Edgardo Salcedo.

Los juicios son reparadores para la sociedad, pero también para cada protagonista. “La posibilidad de declarar en la megacausa ESMA fue reparadora, porque nunca había podido hablar del tema en el ámbito en el que debía ser, que era el de la Justicia”, explica Ana María. En ese sentido, remarca la necesidad de “dejar registro de lo ocurrido para que no se repita la historia” y considera que a partir de estos testimonios “será muy difícil negar los hechos”. Piensa en la Argentina que viene y afirma que el desarrollo de los juicios de lesa humanidad y el hecho de brindar testimonio sobre lo que ocurrió “es un reaseguro para las generaciones futuras. Se trata de la necesidad que tenemos los sobrevivientes y familiares para que hacer justicia para mis hermanos y para los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos”.

Nilda “Munú” Actis Goretta también es sobreviviente de la ESMA y brindó en varias oportunidades su testimonio por los crímenes cometidos en ese centro clandestino. “Declarar es una situación muy fuerte, porque consiste en recrear los hechos vividos y eso es terrible”, asegura.

Nilda recuerda que durante su exilió en Venezuela tuvo la necesidad personal de escribir lo que recordaba sobre su secuestro, sin saber que años más tarde iba a llegar la democracia y, tiempo después, las políticas de memoria, verdad y justicia que permitirían presentar esos testimonios en un juicio. “Sentarte sólo a escribir esta parte de tu vida no

es nada fácil. Cuando escribí mi testimonio no lo podía releer, ni pasarlo a máquina, se lo mostré a mis compañeros de trabajo para que lo leyeran y me dijeran si se comprendía. No me bancaba poder leer mi testimonio”, cuenta Nilda.

Con el retorno democrático a la Argentina, presentó su testimonio por primera vez ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), y formó parte de las pruebas que permitieron llevar adelante el Juicio a las Juntas Militares. Así pudo comenzar a reconstruir la verdad históri-ca sobre el terrorismo de Estado. “Ese juicio significó un hecho político muy importante por la decisión de juzgar a los militares a principios de la democracia”, indica la sobrevi-viente. En esa línea, destaca que “los que participamos de ese juicio recién salíamos del secuestro y estábamos nueva-mente ahí poniendo el cuerpo, el alma y en especial el temor, que seguía existiendo”. Por otro lado, destaca la diferencia entre el hecho de declarar a comienzos del regreso de la democracia y tres décadas más tarde. “Cuando estábamos preparando el Juicio a las Juntas, relataba los hechos de manera enajena-da, como viéndolos desde afuera sin ponerle sentimiento”, rememora. En cambio, dice que hoy es distinto: “El momen-to del secuestro se vive cada vez más real, lo que se relata está cada vez más vivo. Y esto está relacionado con el paso del tiempo, que se va procesando y pone más distancia con el hecho para poder relatarlo”.

La responsabilidad de brindar testimonio en cada audiencia representa un compromiso con los compañeros que lucha-ban por una sociedad más justa e igualitaria y que su vida fue arrebatada injustamente. “Hay muchos compañeros que ya no están y no pretendo ser la voz de ellos, pero considero que es muy importante presentarse en las audiencias y declarar que los hemos visto. En ese sentido, tenemos una responsabilidad, una continuación de su militancia, de su historia y con esos ideales que un día los militares quisieron terminar. El tipo que secuestró, torturó y mató tiene que estar en la cárcel”, manifiesta.

Nilda Noemí Actis Goretta, apodada “Munú” por su abuela francesa, fue privada ilegalmente de su libertad el 19 de junio de 1978 cuando estaba en la vía pública, al salir de su lugar de trabajo. El operativo fue realizado por una gran cantidad de personas de civil y armadas, pertenecientes al

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PARA ACERCARSE A DECLARAR¿Cómo hacer para que los testigos que aún no dieron su testimonio se acerquen a declarar? Todas aquellas personas que saben que tuvieron un familiar que estuvo secuestrado en la ESMA, en muchos casos fue solicita-da su convocatoria y por carecer de datos actualizados no son ubicados. Deben acercarse al Tribunal Oral Federal Nº 5 (avenida Comodoro Py 2002, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o al Ministerio Público Fiscal (25 de Mayo 179, 2° piso, Ciudad de Buenos Aires).

Es importante aportar datos para conocer la verdad de los hechos sobre los sucesos ocurridos en el centro clandestino ESMA durante el terrorismo de Estado.

Grupo de Tareas comandado por Emilio Eduardo Massera. Nilda fue esposada y encapuchada. Luego fue llevada a la ESMA, donde permaneció en cautiverio bajo condiciones inhumanas de vida. Fue liberada en febrero de 1979, siendo obligada a continuar el trabajo esclavo al cual fue sometida hasta el 16 de julio de 1979, cuando se le permitió viajar a Venezuela con un pasaje de la Armada Argentina.

Los familiaresEn cada audiencia de los tribunales de Comodoro Py se hace presente también la palabra de aquellos que piden justicia por su madre, padre, hijo, hermano, tío, primo, cuñado o simplemente un compañero de militancia, de trabajo o de estudio.

Con una sala llena de personas y la foto, en primera fila, de Marta Mastrogiácomo y la palabra PRESENTE acompañan-do la imagen, Graciela Mastrogiácomo declaró en este tercer tramo del juicio, por el caso de su hermana, Marta, conocida como “Mecha”.

En su declaración, Graciela tuvo la necesidad de mostrar ante el tribunal esa foto de Marta. “Quiero rendir homenaje a mi hermana. Estoy acá por las generaciones futuras. Me gustaría decir que después de 37 años, si tienen información o archivos, están a tiempo de reparar en algo el daño que han hecho, porque para nosotros es importante”. Estas palabras forman parte del testimonio que Graciela brindó en mayo de 2013.

Marta Zelmira Mastrogiácomo, quien había pertenecido a la Juventud de Trabajadores Peronistas, trabajó como periodista en la revista “El Descamisado” y, al momento de su desaparición, militaba en Montoneros. Fue privada ilegítimamente de su libertad con violencia, abuso de funciones y sin las formalidades prescriptas por la ley el 20 de octubre de 1976. Posteriormente, fue conducida a la ESMA, donde estuvo clandestinamente detenida. Aún permanece desaparecida.

La declaración de Graciela en este tramo de la megacausa le permitió -después de 37 años- denunciar, testificar y expre-sar aquello que junto a su familia había esperado tantas décadas. “Poder brindar mi testimonio fue muy conmocio-nante, muy importante y también algo reparador. Cuando

inicié la causa -primero la del 1° Cuerpo de Ejército, porque aún no sabía que mi hermana había estado en la ESMA-, sentí que era algo que por fin había llegado, sentí también el peso de tantos años de silencio”, relata.

Para Graciela participar de este juicio significó algo ineludi-ble y una deuda pendiente con sus familiares: “Se lo debía a mi hermana Marta; a mis padres, que a partir de 1976 habían convertido su vida en una lucha incansable por hallarla; a mí; a mis hijos; a mis nietas; a mi país; a las generaciones futuras; porque creo realmente en honrar la memoria, la verdad y la justicia”. En ese sentido, asegura que “la Argen-tina ha sido un ejemplo mundial en cuanto a política de derechos humanos y eso es muy reparador para los familia-res de las víctimas”.

A Sergio León Kacs le decían ‘El Negro’, tenía 23 años, era egresado del Otto Krause, muy buen dibujante y compositor en la guitarra, cantaba muy bien. Un hombre muy dulce. Trabajaba en un estudio de ingeniería. Verónica Freier, ‘Vicky’, tenía 22 años. Estudiaba arquitectura y trabajaba en un estudio de publicidad. Era muy jocosa, alegre, divertida, sensible, buena y generosa. Era una pareja muy potente. Así describe María Freier a su hermana y cuñado en la audiencia por la megacausa ESMA que se realizó en octubre de 2013. Verónica y Sergio fueron llevados a la ESMA y siguen desaparecidos.

“Son varias las dimensiones que intervienen cuando uno testimonia y más si lo hace ante un tribunal que juzga delitos de lesa humanidad y como fue mi caso por el secues-tro y desaparición de mi hermana”, explica María. En esa línea, subraya que declarar obliga a evocar hechos muy dolorosos. “Eso hace que la emoción, el miedo y la sensibili-dad estén muy a flor de piel, un sentimiento muy complejo de dejar de lado. Por eso, declarar ante el tribunal es verda-deramente una victoria contra el olvido. Es un llamado a la verdad, a la justicia y por esto mismo encierra algo de esperanza. Sinceramente, para mí fue es muy saludable y reparador. Fue una victoria”, expresa Freier.

María vive la etapa testimonial de este juicio con una enorme intensidad emocional. “Significó un hito paradig-mático en mi vida tanto de continuidad, como de ruptura. De continuidad, pues me permitió hacer lo que se tiene que hacer, es decir trabajar por la verdad de un crimen consuma-

do por un Estado terrorista que arrasó a una parte significa-tiva de la sociedad argentina, en la cual se incluye mi herma-na, su compañero y muchos de mis seres queridos”, afirma.

Bajo esta perspectiva, Freier subraya que el testimonio vivo “es de suma importancia y central para llevar adelante cualquier proyecto en la esfera de lo social. El hecho de dar lugar a que los actores sociales ‘tengan la palabra’, es decir se sientan parte de fenómenos que los involucran pone de relieve la responsabilidad que nos concierne como sujetos de una comunidad y de un territorio, en los cuales nuestro pasado y nuestro futuro, es decir nuestra historia. Y en el caso particular de los que fuimos afectados por la última dictadura, hablar y testimoniar adquiere una relevancia enorme”.

Los testimonios permiten que el nombre de Verónica; el de Sergio; el de Marta; el de Esperanza; el Edgardo; el de Cecilia y el de José Antonio como el de tantos compañeros queden obligadamente anclados a la verdad y a la justicia. Aquí, la palabra cobra toda la fuerza para hacer eco entre las futuras generaciones para no repetir la historia y seguir construyen-do un país con más memoria, verdad y justicia.

Las ilustraciones forman parte del proyecto “Los juzga un tribunal, los condenamos todos”, impulsado por la agrupa-ción H.I.J.O.S. y el IUNA con la intención de superar las restricciones impuestas por los jueces para la trasmisión pública de los juicios que se realizan por crímenes de lesa humanidad. El objetivo fue que los debates trascendieran la barrera de los familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos.Se utilizaron dibujos de Mariano Sangalli, Eugenia Bekeris, Esteban Canepa, Silvia Bargallo y Daniela Ruggieri.

PARA ACERCARSE A DECLARAR¿Cómo hacer para que los testigos que aún no dieron su testimonio se acerquen a declarar? Todas aquellas personas que saben que tuvieron un familiar que estuvo secuestrado en la ESMA, en muchos casos fue solicita-da su convocatoria y por carecer de datos actualizados no son ubicados. Deben acercarse al Tribunal Oral Federal Nº 5 (avenida Comodoro Py 2002, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o al Ministerio Público Fiscal (25 de Mayo 179, 2° piso, Ciudad de Buenos Aires).

Es importante aportar datos para conocer la verdad de los hechos sobre los sucesos ocurridos en el centro clandestino ESMA durante el terrorismo de Estado.

Grupo de Tareas comandado por Emilio Eduardo Massera. Nilda fue esposada y encapuchada. Luego fue llevada a la ESMA, donde permaneció en cautiverio bajo condiciones inhumanas de vida. Fue liberada en febrero de 1979, siendo obligada a continuar el trabajo esclavo al cual fue sometida hasta el 16 de julio de 1979, cuando se le permitió viajar a Venezuela con un pasaje de la Armada Argentina.

Los familiaresEn cada audiencia de los tribunales de Comodoro Py se hace presente también la palabra de aquellos que piden justicia por su madre, padre, hijo, hermano, tío, primo, cuñado o simplemente un compañero de militancia, de trabajo o de estudio.

Con una sala llena de personas y la foto, en primera fila, de Marta Mastrogiácomo y la palabra PRESENTE acompañan-do la imagen, Graciela Mastrogiácomo declaró en este tercer tramo del juicio, por el caso de su hermana, Marta, conocida como “Mecha”.

En su declaración, Graciela tuvo la necesidad de mostrar ante el tribunal esa foto de Marta. “Quiero rendir homenaje a mi hermana. Estoy acá por las generaciones futuras. Me gustaría decir que después de 37 años, si tienen información o archivos, están a tiempo de reparar en algo el daño que han hecho, porque para nosotros es importante”. Estas palabras forman parte del testimonio que Graciela brindó en mayo de 2013.

Marta Zelmira Mastrogiácomo, quien había pertenecido a la Juventud de Trabajadores Peronistas, trabajó como periodista en la revista “El Descamisado” y, al momento de su desaparición, militaba en Montoneros. Fue privada ilegítimamente de su libertad con violencia, abuso de funciones y sin las formalidades prescriptas por la ley el 20 de octubre de 1976. Posteriormente, fue conducida a la ESMA, donde estuvo clandestinamente detenida. Aún permanece desaparecida.

La declaración de Graciela en este tramo de la megacausa le permitió -después de 37 años- denunciar, testificar y expre-sar aquello que junto a su familia había esperado tantas décadas. “Poder brindar mi testimonio fue muy conmocio-nante, muy importante y también algo reparador. Cuando

inicié la causa -primero la del 1° Cuerpo de Ejército, porque aún no sabía que mi hermana había estado en la ESMA-, sentí que era algo que por fin había llegado, sentí también el peso de tantos años de silencio”, relata.

Para Graciela participar de este juicio significó algo ineludi-ble y una deuda pendiente con sus familiares: “Se lo debía a mi hermana Marta; a mis padres, que a partir de 1976 habían convertido su vida en una lucha incansable por hallarla; a mí; a mis hijos; a mis nietas; a mi país; a las generaciones futuras; porque creo realmente en honrar la memoria, la verdad y la justicia”. En ese sentido, asegura que “la Argen-tina ha sido un ejemplo mundial en cuanto a política de derechos humanos y eso es muy reparador para los familia-res de las víctimas”.

A Sergio León Kacs le decían ‘El Negro’, tenía 23 años, era egresado del Otto Krause, muy buen dibujante y compositor en la guitarra, cantaba muy bien. Un hombre muy dulce. Trabajaba en un estudio de ingeniería. Verónica Freier, ‘Vicky’, tenía 22 años. Estudiaba arquitectura y trabajaba en un estudio de publicidad. Era muy jocosa, alegre, divertida, sensible, buena y generosa. Era una pareja muy potente. Así describe María Freier a su hermana y cuñado en la audiencia por la megacausa ESMA que se realizó en octubre de 2013. Verónica y Sergio fueron llevados a la ESMA y siguen desaparecidos.

“Son varias las dimensiones que intervienen cuando uno testimonia y más si lo hace ante un tribunal que juzga delitos de lesa humanidad y como fue mi caso por el secues-tro y desaparición de mi hermana”, explica María. En esa línea, subraya que declarar obliga a evocar hechos muy dolorosos. “Eso hace que la emoción, el miedo y la sensibili-dad estén muy a flor de piel, un sentimiento muy complejo de dejar de lado. Por eso, declarar ante el tribunal es verda-deramente una victoria contra el olvido. Es un llamado a la verdad, a la justicia y por esto mismo encierra algo de esperanza. Sinceramente, para mí fue es muy saludable y reparador. Fue una victoria”, expresa Freier.

María vive la etapa testimonial de este juicio con una enorme intensidad emocional. “Significó un hito paradig-mático en mi vida tanto de continuidad, como de ruptura. De continuidad, pues me permitió hacer lo que se tiene que hacer, es decir trabajar por la verdad de un crimen consuma-

do por un Estado terrorista que arrasó a una parte significa-tiva de la sociedad argentina, en la cual se incluye mi herma-na, su compañero y muchos de mis seres queridos”, afirma.

Bajo esta perspectiva, Freier subraya que el testimonio vivo “es de suma importancia y central para llevar adelante cualquier proyecto en la esfera de lo social. El hecho de dar lugar a que los actores sociales ‘tengan la palabra’, es decir se sientan parte de fenómenos que los involucran pone de relieve la responsabilidad que nos concierne como sujetos de una comunidad y de un territorio, en los cuales nuestro pasado y nuestro futuro, es decir nuestra historia. Y en el caso particular de los que fuimos afectados por la última dictadura, hablar y testimoniar adquiere una relevancia enorme”.

Los testimonios permiten que el nombre de Verónica; el de Sergio; el de Marta; el de Esperanza; el Edgardo; el de Cecilia y el de José Antonio como el de tantos compañeros queden obligadamente anclados a la verdad y a la justicia. Aquí, la palabra cobra toda la fuerza para hacer eco entre las futuras generaciones para no repetir la historia y seguir construyen-do un país con más memoria, verdad y justicia.

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Reconstruir vidas, recuperar la memoria colectivaEl proyecto reconstruye las historias de jóvenes militantes en el centro clandestino que funcionó en la ESMA durante la última dictadura que fueron asesinados y desaparecidos.

Fotos gastadas, en color sepia o blanco y negro, muestran a jóvenes sonrientes, rodeados de amigos o con sus hijos o padres, en situaciones cotidianas. Detrás de cada postal hay una historia y un recuerdo. A partir de la palabra de los familiares se reconstruyen detalles de la vida de los deteni-dos desparecidos: su infancia, su adolescencia, sus intere-ses, gustos e ideas por el deporte, la música, el arte, su proyecto político. La construcción no es sencilla. Los textos que allí conviven, tanto como las imágenes, fueron elegidos luego de un largo proceso de investigación que permite construir la vida y militancia política de loa detenidos desaparecidos desde una nueva mirada.

“Memorias de Vida y de Militancia” es una iniciativa conjun-ta entre el Ente Público Espacio Memoria, el Archivo Nacio-nal de la Memoria (ANM) y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que, luego de un trabajo de más de dos años, lograron recolectar testimonios, fotos, cartas y otros objetos personales para reconstruir las historias de los hombres y mujeres -en su mayoría jóvenes militantes- que fueron asesinados y desaparecidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Amada (ESMA), durante la última dictadura cívico militar.

La recopilación de relatos, archivos fotográficos y documen-tos de familiares, amigos y compañeros permiten represen-tar las historias de vida de los detenidos desaparecidos en postales y en una instalación de gigantografías, que se encuentran instaladas en los jardines del Espacio Memoria.

“La iniciativa permite dar a conocer cómo pensaban aquellos jóvenes, trabajadores, hijos, padres, vecinos, compañeros, hermanos, militantes. Pero sobre todo permite contribuir a la memoria colectiva, despertar conciencia, conocer lo que nos sucedió como pueblo, y entonces poder comprender mejor cómo es nuestra historia reciente y qué queremos como proyecto futuro”, explican desde las instituciones que llevan adelante el proyecto. Y agregan: “La necesidad de narrar y representar las historias de vida de los desapareci-dos es una idea que estuvo planteada desde los inicios de conformación del Espacio Memoria y cuenta con los lineamientos de trabajo que venían realizando las distintas instituciones y los organismos de derechos humanos”.

El proyecto no es un archivo biográfico, ni histórico, aunque inevitablemente también los produzca, sino que se trata de narrar y representar las historias de vida. “Le damos mucha

importancia a los relatos, las imágenes y objetos que la familia selecciona para la creación de las postales y mues-tras ya que son quizás las que expresan más cercanamente los relatos que surgen de las entrevistas”, explican.

Con respecto a cómo los familiares viven la experiencia de participar de la iniciativa, los responsables del proyecto cuentan que "este trabajo se realiza con mucho cuidado y respetando los tiempos y ganas de cada uno. Hay familiares que quieren participar del proyecto, pero la historia los atraviesa de tal modo, que a veces no pueden llegar a concretarlo. Lleva tiempo, y no tiene que ver con los tiempos cotidianos solamente, sino con las emociones”.

En esa línea, destacan el peso simbólico de que las postales estén instaladas en la ex ESMA: “Los lugares que funciona-ron como centros clandestinos de detención y hoy son recuperados para la memoria colectiva tienen que poder visibilizar a los detenidos desaparecidos, y ‘desandar’ el objetivo de la dictadura militar que estaba vinculada con eliminar, borrar y hacer desaparecer a miles de personas, principalmente por sus militancias políticas. Entonces, es casi un deber de estos lugares el reconstruir y contar las historias de vida de las personas que fueron asesinadas y/o desaparecidas”.

Resaltan también la importancia de volver a nombrarlo a los detenidos desaparecidos, contar quiénes fueron, qué pensaban y dónde militaban. “Hacerlos presentes, volver a poner su voz y sus ideas al alcance de todos. Devolver a aquellos compañeros que el terrorismo de Estado quiso borrar y eliminar, no sólo físicamente, sino de la historia y la memoria”, concluyen.

Las postales se instalan en el contexto de lo que fue entre 1976 y 1983 en uno de los mayores centros clandestinos de detención del país, pero piensa la historia del terrorismo de Estado desde otro lugar. Las imágenes elegidas escapan a la foto tradicional de las víctimas y muestran a jóvenes en situaciones cotidianas, llenos de sueños y aspiraciones, rodeados de su familia y compañeros de militancia.

“Las metas de nuestros hijos quedan plasmadas en estas postales para que las conozcan las nuevas generaciones. Aquí están con sus sueños de un mundo más justo y con igualdad de oportunidades para todos”, expresa Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Su hija Franca

tenía 18 años cuando fue secuestrada, el 25 de junio de 1976, y permanece desaparecida.

Hoy su imagen forma parte del paisaje de los jardines del Espacio Memoria. La postal retrata a una niña contenta que disfruta de las montañas, del arte, la poesía, la pintura y la música. Su familia cuenta que Franca era una alumna destacada del Colegio Nacional Buenos Aires, fue abandera-da y obtuvo la medalla de oro por excelente desempeño. Comenzó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Fue delegada del centro de estudiantes y al finalizar la secundaria asistió a un taller gráfico, en el que se vinculó a un pequeño grupo sindical de la Juventud de Trabajadores Peronistas (JTP).

La presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Ángela “Lita” Boitano, cuyos hijos Miguel Ángel y Adriana se encuentran desaparecidos, celebra muy emocionada la “creatividad de la iniciativa” y “el homenaje a todos ellos, que siempre estarán presentes”. La postal de su hijo Miguel representa a un joven alegre y extrovertido. “Era un chico divertido, reflexivo, y con pasta de líder. Resultó premiado como mejor alumno y le gustaba la música y el teatro”, cuenta. Así es como sus familiares lo recuerdan y deciden retratar su historia de vida. Miguel fuesecuestrado desaparecido el 29 de mayo de 1976 por el Grupo de Tareas de la ESMA.

También integrante de Familiares, Graciela Lois afirma que “el mejor homenaje que podemos hacerles es éste, de destacar lo mejor de cada uno de ellos”. Su marido, Ricardo Lois, fue uno de los 115 estudiantes y docentes de la Facul-tad de Arquitectura desaparecidos durante la dictadura.

A partir de 2004, el predio de la ESMA comenzó paulatina-mente a ser recuperado por los organismos de Derechos Humanos. Lo hicieron recordar y estudiar el terror de la dictadura cívico militar, pero también llenarlo de activida-des, muestras e instalaciones que permiten la recuperación y construcción de la memoria colectiva.

Una instalación basada en las pos-tales hoy pueden recorrerse en los jardines de la ex ESMA.

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César Amadeo Lugones

César nació en el barrio de Palermo. Tenía una hermana más chica y dos hermanos mayores. Nadaba en el Ateneo, un club católico que formaba jóvenes para la actividad social. Era un chico cariñoso, sociable, simpático y “jodón”. Cursó la secundaria en el Colegio Mariano Acosta. A los 23 años se recibió de veterinario en la Universidad de Luján y fue profesor de la carrera. Por esa época empezó a cambiar, a ver la miseria del mundo y a sentir una gran responsabilidad hacia el otro. “No se compraba nada para él, todo era para ayudar a los demás”.Iba a misionar al sur, a El Maitén, y compartía sus conocimientos con los pueblos origina-rios. Militaba en la Villa del Bajo Flores y pertenecía al Movimiento Villero Peronista.

María Marta Vásquez Ocampo

Nació en la Ciudad de Buenos Aires. Era la única mujer entre cinco hermanos varones. Desde chica fue muy sociable, sencilla, femenina e independiente. Su padre era un diplomático de carrera, y su abuelo materno había sido Embajador en Italia durante el primer gobierno de Perón.Terminó la secundaria en el colegio Misericordia y allí comenzó a misionar en El Maitén y El Bolsón. Estudió Psicopedagogía en la Universidad del Salvador. “Marta era feliz compartiendo con la gente”. Les enseñaba a los niños de una escuelita rural a realizar las tareas domésticas además de las escolares. Preparando uno de estos viajes conoció a César y se casaron el 15 de septiembre de 1973. Como gran parte del movimiento católico, Marta ingresó a la Juventud Peronista. Iban juntos a la Villa del Bajo Flores donde construyeron una guardería y organizaban actividades para los jóvenes.

Ambos fueron secuestrados de su departamento en Parque Chacabuco el 14 de mayo de 1976 y llevados al CCDTyE ESMA. César tenía 27 años, Marta 23 y estaba embarazada de un mes. La familia permanece desaparecida, su hijo es aún buscado incansablemente por Abuelas de Plaza de Mayo.

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Luis Delpech

De niño pasaba los veranos en Tandil, junto a su padre, sus seis hermanos, tíos y primos. Mantuvo siempre un gran amor a la tierra y al trabajo del campo. Como todos los varones de la familia, fue al Colegio Champagnat, donde jugó al rugby y formó su grupo de amigos. Todos lo recuerdan como una persona generosa, que sabía escuchar y con quien se podía contar. “Aún cuando hablaba de cosas serias, tenía alguna salida, un chiste”.

Fue Secretario de Asuntos Estudiantiles en la Facultad de Agronomía y militó en una Unidad Básica del barrio. En el verano de 1971, participó de un Campamento Universitario de Trabajo en Santiago del Estero, donde trabajó y convivió con una familia de hacheros. Tomar contacto con la pobreza extrema fue un punto de inflexión, un “descubrimiento de la injusticia, más allá de lo intelectual”. Cuando ingresó a Montoneros, lo hizo con una convicción absoluta en la práctica revolucionaria. Llegó a ser responsable del Área de Prensa, Propaganda y Agitación de la Columna Norte. “No entendía ningún proceso de militancia fuera de lo colectivo, siempre hablaba de un ‘nosotros’”.

Conoció a María Prince en una peña en una Unidad Básica de Flores, “era un lugar ideal para enamorarse”. Ella cuenta que “Luis amaba el folclore. No cantaba bien pero lo disfrutaba muchísimo, sabía todas las canciones”. Se casaron en mayo de 1975 y tuvieron a Laura el 23 de abril de 1976. Luis estuvo en el parto y pudo recibirla. Fue un papá muy amoroso y compartía con su compañera el cuidado de la beba. Esperaba entusiasmado a su segunda hija y no dudó al elegir el nombre: “si es mujer, Victoria”.

El 11 de diciembre de 1976, Luis fue víctima del Grupo de Tareas de la ESMA. Tenía 25 años. Aún permanece desaparecido.

Patricia Roisinblit

Creció en el barrio de Boedo, junto con sus padres y su abuelo. Le gustaba pintar y practicaba distintos deportes. En su colegio fue distinguida con el cuadro de honor. Disfrutaba del cine de Bergman, los libros de Benedetti, el rock nacional y el folclore. Con sus amigas iban a los bailes que se organizaban en “Hebraica”.

Al comenzar la carrera de Medicina en la UBA, militó fugazmente en el PRT. Luego ingresó a la Columna Oeste de Montoneros, donde participó del Área Logística y del Área Sanidad, formando parte de un dispensario en Morón. Por cuestiones de seguridad vinculadas a su actividad política, tuvo que dejar la Universidad cuando le faltaba poco para recibirse. Sus compañeros la llamaban “Mariana”.

En Montoneros conoció a José Manuel Pérez Rojo. El 28 de junio de 1977 tuvieron a su primera hija, Mariana Eva. La disgregación en las organizaciones, provocada por la represión y los secuestros, los hizo alejarse de la militancia. Vivieron 16 meses trabajando en una librería que habían abierto en Martínez, disfrutando del primer año de la beba.

El 6 de octubre de 1978 José fue secuestrado en su comercio y Patricia, junto a Mariana, en su domicilio. La pequeña fue entregada a su familia paterna y la pareja fue llevada a la RIBA (Regional de Inteligencia de Buenos Aires), dependiente de la Fuerza Aérea. Él tenía 25 años, ella 26 y estaba embarazada de 8 meses. El 15 de noviembre dio a luz a un varón en el CCD ESMA. Lo llamó Rodolfo Fernando, nombre que habían elegido con José. El bebé fue apropiado y nada más se supo de sus padres.

Después de 21 años de búsqueda, Abuelas de Plaza de Mayo recibió una denuncia anónima que permitió encontrarlo. El joven fue visitado por su hermana y decidió realizarse los análisis de ADN que confirmaron que era el hijo de Patricia y José.

Enrique Berroeta

“Keny”, como lo apodó su abuela, era el mayor de los cuatro hijos de Mila y Henry, una pareja de origen vasco y tradición peronista.

Fue al secundario Nacional Pueyrredón, donde conoció a un preceptor que brindaba refugio a estudiantes en su casa de Villa Urquiza. Allí, Enrique y otros compañeros fundaron AREN (Acción Revolucionaria Estudiantil Nacional) que, incorporada al MAS (Movimiento de Acción Secundaria), participó de las movilizaciones en torno al Cordobazo. Más tarde se integró a las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas) y luego a Descamisados. Fue parte del grupo organizador de la Juventud Peronista de Monserrat desde la Unidad Básica “La Patria Grande”. Con la incorporación a la organización Montoneros, abrió la Unidad Básica “Desca-misados” en la Boca, siendo su principal referente.

“Era un vasco étnico, pero era absolutamente criollo”, destaca su amigo Juan. Fumaba pipa y cigarrillos negros, “se levantaba temprano a escuchar ‘La Peña del Camionero’, un progra-ma donde pasaban folclore y tango y contaban cómo estaba la ruta”.

Enrique conoció a Julia en la casa de Villa Urquiza, se casaron y tuvieron cuatro hijos. Ella lo recuerda “flaquísimo, comilón como él solo. Le encantaban las milanesas, los ravioles y los ñoquis”. Amable y formal, “se empilchaba como si fuera una persona grande, siempre de saco, chaleco, camisas, corbatas”. Fiel al lema “primero la Patria, después el movimiento y por último los hombres”, cedió a la organización Montoneros la “renoleta” roja que habían comprado para moverse con los chicos.La pareja fue secuestrada el 9 de mayo de 1977 y llevada al CCD “Mansión Seré”. Julia fue liberada y Enrique llevado al CCD ESMA. Tenía 24 años. El 16 de marzo de 1976 había sido secuestrado su hermano Oscar, “el vasquito”. Ambos permanecen desaparecidos.

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El Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos está presidido por un Órgano Ejecutivo tripartito integrado por un representante del Gobierno Nacional, un representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un representante del Directo-rio de organismos de derechos humanos.

-Paula Maroni por el Archivo Nacional de la Memoria, en representación del Poder Ejecutivo Nacional.-Claudio Avruj por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-Valeria Barbuto por el Directorio de Organismos de Derechos Humanos.

La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en donde funcionara uno de los más importantes Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) de la última dictadura cívico-militar, ocupa un predio de 17 hectáreas, ubicado en la Avenida Libertador al 8.100, una de las principales vías de acceso al núcleo urbano de la ciudad de Buenos Aires.

Dentro del predio, el Casino de Oficiales fue el edificio elegido por la Armada para concentrar, torturar y desaparecer a los secuestrados, en el marco del plan sistemático de exterminio imple-mentado entre 1976 y 1983.

Actualmente, el Ente Público Espacio Memoria ofrece un recorrido por el exterior de varios de los edificios que funcionaron como núcleo del accionar operativo, o sirvieron de sostén operativo para el Grupo de Tareas comandado por el almirante Emilio Eduardo Massera.

Las visitas son guiadas, con una duración de tres horas aproximadamente. En ellas se relata cómo fue el funcionamiento del lugar en el marco del sistema represivo, y el contexto político, social, cultural y económico.

Las visitas pueden ser solicitadas telefónicamente al: (011) 4704-7538. O por correo electróni-co a: [email protected]

VISITAS GUIADAS

COBERTURA DEL JUICIOEl Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizan una cobertura exclusiva del juicio, con crónicas diarias de las audiencias, entrevistas, fotos, videos y documenta-ción relativa a la causa a la que podrá accederse a través del sitio www.espaciomemoria.ar

La iniciativa busca comunicar los avances de este nuevo juicio, consolidar la visibilidad del debate y contribuir a la construcción de un relato sobre este proceso histórico e inédito de justicia que vive la Argentina.

385 motivos para continuar con una lucha que comenzó hace 37 añosAbuelas de Plaza de Mayo celebra un nuevo aniversario y redobla sus esfuerzos para restituir la identidad de los jóvenes apropiados durante la última dictadura.

La Casa por la Identidad está llena de recuerdos. Y de proyectos para seguir construyendo el futuro.

En la sala que recibe a quienes visitan a la Casa por la Identidad en el predio de la ex ESMA hay un contador que indica la cantidad de casos de apropiaciones de niñas y niños durante la última dictadura cívico militar que fueron resueltas gracias al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo. En estos primeros diez meses de 2014, el numerador ya ha pasado de 109 a 115.

En febrero se hizo pública la restitución de Valeria Gutiérrez Acuña. Luego se informó que el Equipo Argentino de Antropología Forense había identificado tres cuerpos de mujeres embarazadas secuestradas y desaparecidas -Alicia Tierra, Mónica De Olaso y Laura Romero- durante la última dictadura cívico militar y determinó que fueron asesinadas en plena gestación. Y en agosto se anunciaron las restituciones de Ignacio Guido Montoya Carlotto y Ana Libertad Baratti de la Cuadra.

En los últimos meses se generó un aluvión de personas que se acercan a Abuelas buscando su verdadera identidad o para aportar una denuncia de algún caso de apropiación. El último spot lanzado por el organismo muestra a una joven con su madre en el consultorio médico y a una pequeña hija en brazos. La médica la consulta por los antecedentes familiares y la abuela responde con rápidos “no”. La joven, sin embargo, recuerda: “Papá es diabético”. Con gestos de intranquilidad, la abuela pregunta sobre la importancia que puedan llegar a tener esos datos. “Para el bebé es fundamental”, manifiesta con certeza la

pediatra. Entre la ahora supuesta madre e hija se cruzan miradas de preocupación. “No le dejes a tu hijo la herencia de la duda: resolvé tu identidad ahora”, cierra la publicidad. Así, explicita que los jóvenes apropiados ya tienen entre 34 y 39 años y muchos de ellos hoy pueden ser padres o madres. De este modo, una vida atravesada por la mentira no sólo los afecta individualmente sino también a sus propios hijos.

Desde el organismo también recuerdan que, desde hace años, trabajan en los jardines de infantes y en las escuelas primarias. Junto al Ministerio de Educación de la Nación elabora-ron el proyecto “Las Abuelas nos cuentan”, una colección integrada por videos audiovisua-les y ocho libros de cuentos de nueve autores, un cuadernillo para el docente para el nivel inicial y uno para el nivel primario. “Buscamos que los hijos consulten a sus padres apropiados sobre su verdadera identidad y los motiven a acercarse a Abuelas y hacerse el análisis de ADN”, explican.

Inaugurada de manera oficial el 24 de marzo de este año, la Casa por la Identidad está ubicada allí donde funcionara el Pabellón de Operaciones de la ESMA. Esta iniciativa de Abuelas viene a transformar un lugar en el que antes se instruía a marinos, en un espacio de formación y capacitación por el derecho a la identidad. La ESMA fue uno de los sitios desde donde se llevó adelante el plan sistemático de robo de niños y niñas durante la última dictadura cívico militar. Un plan que quedó demostrado y cuyos responsables fueron condenados en julio de 2012.

En las muestras permanentes que hoy pueblan la Casa se cuenta la lucha de las Abuelas, los lazos que fueron tejiendo con distintos actores y las herramientas que fueron construyendo para encontrar a sus nietos. Es una Casa con memoria que trae las huellas de un pasado con terror pero también con la esperanza de un país más justo. Hoy este edificio está lleno de vida, de recuerdos, pero también de proyectos para seguir construyendo el futuro.

Si algunos titulares indicaban que, con la restitución de Ignacio Guido, “Abuela de Plaza de Mayo culmina su lucha” queda claro que el organismo aún tiene 385 motivaciones para continuar con el trabajo que comenzó hace 37 años.