mediación penal y violencia de género
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Violencia de Género y Mediación penal:
¿Es posible su utilización?
Trabajo Final de Máster
Alumna: Adara María García Gutiérrez
Tutora: Andrea Planchadell Gargallo
Máster en Intervención y Mediación Familiar
Curso 2018 – 2019
Índice
1 Introducción ………………………………………………………………………… 3
2 Violencia de Género
2.1 Concepto y evolución ……………………………………………………… 5
2.2 Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género …………………….. 8
2.3 Juzgados de violencia contra la mujer ………………………………….. 11
3 La mediación
3.1 Mediación penal y sus objetivos …………………………………………. 13
3.2 Mediación penal en adultos ………………………………………………. 14
4 La mediación en violencia de género
4.1 Estado actual ………………………………………………………………. 15
4.2 Argumentos a favor ……………………………………………………….. 16
4.3 Argumentos en contra …………………………………………………….. 19
5 Conclusiones ………………………………………………………………………. 22
6 Bibliografía …………………………………………………………………………. 25
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1. Introducción
La preocupación por la violencia machista o violencia contra la mujer ha variado en
el tiempo, según reflejan los datos aportados por el Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS). Actualmente en España, ha aumentado el porcentaje de población
que sitúa la violencia contra la mujer, y en concreto la violencia de género, entre los tres
principales problemas de nuestro país. El Observatorio contra la Violencia Doméstica y
de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), indica que en los últimos años
los juzgados españoles han recibido cada vez más denuncias por violencia de género y,
que las sentencias condenatorias por esta causa han alcanzado en 2018 su máximo
histórico.
Imagen 1: Evolución de las denuncias por violencia de género en España (2009 – 2019)
Imagen 2: Sentencias condenatorias por violencia de género en España (2008 -2018)
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Observando los diversos datos y estadísticas, podemos decir que actualmente el
problema de la violencia de género está más presente en nuestro sistema de justicia y
también en la conciencia de la población. Por este motivo, y debido también al
exponencial aumento del número de casos de este tipo que en muchas ocasiones genera
bloqueo en nuestros tribunales de justicia, se cree necesario plantear otras opciones y/o
instrumentos aplicables a estos casos con el objetivo de desatascar los juzgados y dar
una atención eficaz a las víctimas de este tipo de delitos; en este escenario que
planteamos es donde podría ganarse su espacio la Mediación Penal.
En este sentido, y conociendo la gran controversia que genera este asunto entre
los profesionales vinculados al tema de la violencia de género, el objetivo principal de este
trabajo es conocer cuál es la situación actual de la mediación en este tipo de delitos y que
argumentación utilizan tanto los partidarios como los detractores de la inclusión de la
Mediación Penal en Violencia de Género. Para ello, el trabajo se presenta dividido en tres
apartados diferenciados; en primer lugar, se parte desde un breve análisis acerca del
concepto y evolución de la violencia de género de forma global, donde se habla también
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género, y de los Juzgados de Violencia contra la Mujer. En segundo lugar,
se presenta el concepto de mediación vinculado al de “justicia restaurativa”, sus objetivos
y en qué situación se encuentra actualmente la mediación penal española.
Por último, y teniendo una visión más amplia acerca del tema, se analiza el estado
actual de la Mediación Penal en este tipo de violencia según el ordenamiento jurídico de
nuestro país. Para finalmente, como se ha dicho con anterioridad, presentar un debate de
los argumentos principales que utilizan tanto los profesionales que están a favor de la
utilización de la mediación en supuestos de violencia de género como de los profesionales
que están en contra.
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2. Violencia de Género
2.1. Concepto y evolución
La violencia, en el amplio concepto de la palabra, es considerada hoy en día uno
de los principales problemas de salud pública según la Organización Mundial de la Salud;
que define la violencia como “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en
grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad,
que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS, 2002). Según esta misma
organización, cada año más de 1’6 millones de personas al rededor del mundo pierden la
vida de una forma violenta y muchas otras resultan heridas, sufriendo diversidad de
problemas y secuelas que marcarán de una forma u otra su vida. Por este motivo, el
concepto de violencia ha sido y sigue siendo hoy en día muy estudiado desde todos los
ámbitos científicos y académicos.
Las causas de la violencia son muy diversas, respondiendo a complejas
interacciones entre factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, económicos y
políticos. Dichas interacciones, a su vez, dan lugar a cuatro tipos o niveles de violencia:
individual, relacional, comunitaria y social. La violencia de género, que es la que interesa
en este trabajo, se enmarca dentro del nivel “relacional”, haciendo referencia a las
relaciones interpersonales conflictivas y violentas que se dan dentro de la relación de
pareja. A continuación, veremos el concepto y sus connotaciones en más profundidad.
El interés por este tipo concreto de violencia es muy reciente, ya que, todavía en
1975, el artículo 55 de nuestro Código Civil recogía entre sus líneas el deber de
obediencia de la mujer hacia su marido; artículo que legitimaba al hombre a dominar a la
mujer si esta no cumplía con su deber. Además, la familia como institución era de carácter
privado, por lo que el Estado no tenía competencia en los asuntos o conflictos familiares;
a diferencia de hoy en día que es de carácter público y el Estado puede tomar decisiones,
como por ejemplo en temas de protección de menores. Por tanto, podemos ver que la
violencia de género, es fruto de las relaciones de poder, de dominio y de posesión que
han ejercido histórica y culturalmente los hombres sobre las mujeres, sobre todo en el
seno familiar (Comas, 2007). Y que esta dominación era apoyada jurídica, política y
socialmente.
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Gracias a la Conferencia Mundial para los Derechos Humanos (1993), la
Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
(1993), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer (1994) y la Cuarta Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing (1995); la
década de los 90 sería un punto clave en la historia para visibilizar la violencia contra las
mujeres en general y también para la violencia de género específicamente. Y aunque
quedaría (y actualmente queda) mucho por avanzar, fue el motor que propulsó un campo
de estudio cada vez más amplio; además de fomentar una concienciación y compromiso
del Estado y de la sociedad para con las mujeres.
Por otro lado, el primer tratado internacional que reconoce la violencia contra la
mujer y da una definición al concepto de violencia desde la perspectiva de género fue el
Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las
mujeres y la violencia doméstica llevado a cabo el 11 de mayo del 2011, en Estambul. Las
definiciones que da son las siguientes (Art.3):
“por violencia contra las mujeres se deberá entender una violación de los
derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y
designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o
pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física,
sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos
actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o
privada;”
“por violencia contra las mujeres por razones de género se entenderá toda
violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de
manera desproporcionada;”
Este Convenio fue elaborado para dar respuesta a un problema social de grandes
dimensiones como es la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres. Entre sus
objetivos se encuentran, proteger a todas las mujeres contra todas las formas de
violencia; eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres y promover la igualdad
de género; concebir políticas, medidas de protección y asistencia a todas las víctimas;
promover la cooperación internacional; apoyar a las organizaciones y los cuerpos de
seguridad. (Art.1).
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Dos años más tarde (2013), la Organización Mundial de la Salud (OMS) publica
sus datos y estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer. Las
conclusiones del informe estiman que, globalmente, el 35% de las mujeres del mundo han
sido víctimas de violencia física y/o sexual por parte de su pareja o de otra persona
distinta a esta. Señala además la violencia de pareja como el tipo de violencia contra la
mujer que más prevalece; destacando que casi un tercio (30%) de todas las mujeres que
han sufrido violencia física o sexual, ha sido ejercida por parte de su pareja. Por último, el
estudio también apunta que del total de homicidios femeninos, el 38% se debe a la
violencia conyugal. Estas cifras son realmente alarmantes, además dentro del estudio y
de los porcentajes que se han expuesto no quedan recogidas las víctimas de violencia
psicológica, económica, emocional; las víctimas de la explotación sexual; las víctimas de
acoso sexual; las víctimas de mutilación genital; las víctimas de matrimonios forzosos; las
víctimas de agresiones sexuales en las guerras, etc; las cuales harían elevar
notablemente los porcentajes y estimaciones de violencia contra la mujer en todo el
mundo. Los datos actuales (2017) no son mucho mejores, ya que, los porcentajes se han
mantenido prácticamente igual que los aportados en 2013.
Finalmente, a nivel nacional, y en respuesta a las peticiones de organismos
internacionales y a la creciente preocupación social por este tipo de violencia que
afectaba en mayor medida a las relaciones de pareja y sobre todo a la mujer, nace la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género; ley que veremos detalladamente en el siguiente apartado. Esta ley
ha sido ratificada en 2017 por el Pacto de Estado del 28 de julio en el Palacio del
Congreso de los Diputados; pacto promovido en parte por las asociaciones feministas en
defensa de los derechos de las mujeres. El Pacto de Estado contra la violencia de género
es un acuerdo entre los diferentes partidos políticos mediante el cual el gobierno, las
comunidades autónomas y ayuntamientos se comprometen a generar mejoras en la
asistencia y protección de las víctimas, la sensibilización y la educación, y en la formación
de los profesionales; aunque como todo, no está libre de críticas. En 2018 se publica el
Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de Agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del
Pacto de Estado contra la violencia de género, el cual introduce modificaciones en nuestra
ley de violencia de género, anteriormente citada.
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2.2. Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género
Es innegable la importancia que ha tenido esta ley en el reconocimiento de la
violencia sufrida por las mujeres en la sociedad española y, que ha sido silenciada desde
siempre por parte de las instituciones, la política y la sociedad en general. Según esta ley,
la violencia de género no es un problema que afecta al ámbito privado exclusivamente, si
no que se manifiesta como el símbolo más brutal de las desigualdades que existen en
nuestra sociedad. Además, reconoce que se trata de un tipo de violencia que se dirige
sobre las mujeres por el mismo hecho de serlo, por ser consideradas por sus agresores,
carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión
(Exposición de motivos I). Define la violencia de género como aquella que, “como
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder
de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o
hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por
relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia” (Art. 1.1).
El objetivo de esta ley es dar una atención integral a todas las mujeres víctimas de
violencia de género, estableciendo medidas de prevención, detección, sanción y
protección; destacando la importancia de la sensibilización en el ámbito educativo,
sanitario y de la publicidad. También recoge los derechos de las mujeres víctimas de este
tipo de violencia, como son; el derecho a la información, la asistencia social integral y la
asistencia jurídica gratuita; derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social,
derechos de las funcionarias públicas; derechos económicos. Un aspecto novedoso y muy
importante introducido por la LIVG es la creación de los Juzgados especializados de
Violencia sobre la Mujer, recogidos en el Título V Capítulo I de esta ley; de los cuales
entraremos en detalle más adelante.
Como hemos dicho con anterioridad, la LIVG ha sufrido algunas modificaciones
importantes desde que se promulgó en 2004. Algunas de las más importantes son:
• Modificación del artículo 20, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley
42/2015, para incorporar el mantenimiento del reconocimiento del derecho a la
asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia de género y de trata de seres
humanos.
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• La aprobación del Real Decreto-ley de medidas urgentes para el desarrollo del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género, promueve el fortalecimiento de la
tutela judicial, el acceso a la justicia y los recursos de asistencia a las víctimas de
violencia de género, a través de la modificación de los artículos 20 y 23 de la LIVG.
• El Real Decreto anteriormente mencionado, también modifica el artículo 27 de la
LIVG, en relación a las ayudas reguladas por este artículo. Prevé la compatibilidad
de las ayudas a las víctimas con otras de carácter autonómico o local que estas
puedan percibir.
Por último, es importante mencionar que esta ley también ha suscitado muchos
tipos de críticas, entre ellas destaca la definición tan restringida que da al concepto de
violencia de género; mucho más restrictivo que lo que utilizan los textos internacionales
como por ejemplo el Convenio de Estambul, del que ya hemos hablado con anterioridad.
Es decir, que del complejo problema social y cultural que implica la vulneración de los
derechos de las mujeres, la ley solamente aborda una mínima parte: las agresiones en las
relaciones de pareja, actuales o ya finalizadas (Ortubay, 2014). Esta delimitación excluye
muchas otras manifestaciones de la violencia patriarcal, como puede ser la violencia que
se da fuera del ámbito familiar o la proveniente de otros miembros de la familia (Larrauri,
2007).
Otra crítica, es la derivada del tipo de relaciones de afectividad o de pareja en los
cuales se aplica la ley, en el caso de que hubiera una infracción recogida en los artículos
44 y 87 ter de la LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial). Se precisa una reforma que
recoja la posibilidad de las relaciones esporádicas, de noviazgo informal y de amistad, y
así, que no quede a la libre interpretación. Dentro de esta crítica también entrarían las
relaciones homosexuales (excluidas actualmente en la ley). Se plantea que la mayoría de
las relaciones lésbicas y gays se basan en las mismas reglas que las parejas
heterosexuales en lo que se refiere a los roles y las desigualdades de poder, y que por
tanto excluyendo a las parejas homosexuales de la ley, esta claramente demuestra que se
rige por el sexo del agresor y las víctimas y no por el género; una mera construcción
social (Coll et.al, 2008).
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Finalmente, otra de las cuestiones más críticas de la ley, en la cual no entraremos
en mucho detalle por razones de extensión del trabajo, es que el castigo que en el Código
Penal se prevé para los delitos de violencia es más grave cuando se comete por el
hombre sobre la mujer, que en sentido contrario; lo que se entiende actualmente en el
ámbito penal como “discriminación positiva” (Rueda y Boldova, 2004; De Elena, 2006;
Ruiz, 2006; Molina et.al, 2012). Gómez Colomer en su libro “Violencia de género y
proceso” (2007), explica la discriminación positiva como la adopción de medidas de
acción positiva con el objetivo de acabar con las consecuencias de las vulneraciones y
compensar la desigualdad y discriminación que se han producido contra la mujer. También
destaca que el objetivo es la protección de la mujer maltratada; protección que solamente
es posible adoptando medidas que contrarresten el mal producido por el hombre y
favorezcan la situación jurídica de la mujer, aunque para ello quede vulnerado el principio
de igualdad. En definitiva, para poder alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres es
necesario primero favorecer a la persona que se encuentra en desigualdad, en este caso
la mujer.
Esta cuestión ha generado mucho debate y muchas personas están en contra ya
que, lo consideran discriminación hacia el hombre. Aunque en relación a esto, el Tribunal
Constitucional lo ha dejado claro a lo largo de cuatro sentencias principales:
• No toda desigualdad de trato resulta contraria al principio de igualdad. El
legislador puede, y en ocasiones se le exige, que diferencie situaciones y de
tratamiento diverso a cada una de ellas (S TC 128/1987, de 16 de julio).
• Para que una medida a favor de la mujer no vulnere el principio de igualdad,
la situación que favorezca a la mujer ha de ser razonable y justificada
objetivamente por la diferencia que se trata de salvar (S TC 229/1992, de 14
de diciembre).
• No puede afirmarse genéricamente que cualquier ventaja legal que se le
otorgue a la mujer sea siempre discriminatoria para el hombre por el mero
hecho de no hacerle partícipe de la misma (S TC 109/1993, de 25 de
marzo).
• Es justificable adoptar medidas de acción positiva que favorezcan a la mujer
(derecho desigual igualitario) para conseguir la igualdad y eliminar la
situación de desventaja real (S TC 125/1995, de 24 de julio).
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2.3. Juzgados de violencia contra la mujer
Como decíamos, una de las aportaciones más importantes y novedosas de la ley
1/2004 es la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM), que podrán
asumir competencias civiles y penales en casos de violencia de género. Estas
competencias del JVM están reguladas en el artículo 44 de la Ley Orgánica 1/2004 y en el
artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En el Orden penal, el Juez de violencia de género se encarga de la instrucción de
los procesos para exigir responsabilidad penal en los delitos de violencia de género
tipificados en el Código Penal; siempre y cuando el sujeto pasivo y activo cumplan los
requisitos establecidos por la ley. También conocerá de la instrucción de los procesos para
exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares,
cuando la víctima sea alguna de las señaladas en el apartado 1.a del artículo 87 ter. Este
juez también es el encargado de la adopción de las correspondientes órdenes de
protección a las víctimas (sin perjudicar al juzgado de Guardia); del conocimiento y fallo
de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima sea alguna de las personas
señaladas en el apartado anteriormente citado; de dictar sentencia de conformidad con la
acusación en los casos establecidos por la ley; de la emisión y la ejecución de los
instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que
les atribuya la ley; de la instrucción del proceso para exigir responsabilidad penal en los
casos de quebrantamiento previsto en el artículo 468 del Código Penal. Por último,
también será competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer la instrucción en casos
de agresiones recíprocas.
Es importante tener claro que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer solamente
se encarga de la parte de instrucción de los delitos nombrados en el apartado A del
artículo 87 ter; no se encarga del enjuiciamiento, solamente en delitos leves.
En lo relativo al ámbito civil, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán ser
conocedores de las materias enumeradas en el 2º apartado del artículo 87 ter. Además,
tendrán competencia en orden civil de forma exclusiva y excluyente cuando concurran
simultáneamente cuatro requisitos importantes, que son:
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a) Que se trate de un proceso civil que tenga por objetivo alguna de las materias
indicadas en el apartado número 2.
b) Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de
género, en los términos a que hace referencia en el apartado 1, citado con
anterioridad en el ámbito penal.
c) Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o
cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género.
d) Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones
penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o
se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género.
El juez puede inadmitir la pretensión remitiéndola al órgano judicial correspondiente
si aprecia que los actos que se han puesto en su conocimiento, de forma notoria, no
constituyen una expresión de la violencia de género.
Según Gisbert y Martínez (2015) la LIVG tal y como estaba descrita parecía
establecer la creación de Juzgados de Violencia sobre la Mujer auténticos e
independientes, pero en la mayor parte de los casos lo que ocurrió fue una distribución de
competencias entre los juzgados que ya existían, los cuales adquirían competencias en
violencia de género además de las suyas propias. Esto iría cambiando progresivamente
hasta convertirse en los juzgados independientes que ahora son.
Sin perjuicio de la trascendencia que tiene la creación de un órgano especializado
para la instrucción de los supuestos de violencia de género, la propia regulación de este
órgano no es ajena a problemas (Planchadell, 2018), a los que se suman no pocos
arrojados por la propia realidad a que estos juzgados se enfrentan; en la mayor parte de
las ocasiones resueltos por el tesón y sensibilidad de quienes trabajan en estos juzgados
y en los que no podemos detenernos en estas páginas.
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3. La mediación
3.1. Mediación penal y sus objetivos
En primer lugar es importante resaltar que la justicia restaurativa y la mediación
penal, son conceptos totalmente diferentes, ya que muchas veces se tienden a confundir
y a usar el uno o el otro indistintamente. La justicia restaurativa es un paradigma
innovador dentro de la justicia penal y un poco alejada de la justicia retributiva clásica. En
cambio, la mediación penal es la herramienta principal dentro de la justicia restaurativa y
una forma alternativa de resolución de conflictos. En definitiva, podríamos decir que la
mediación penal es el procedimiento a seguir para alcanzar los principios promovidos por
la justicia restaurativa. Partiendo de este punto, hablaremos en primer lugar de la Justicia
restaurativa y en segundo lugar se procederá a hacer un análisis más detallado de la
mediación penal en nuestro país.
La justicia restaurativa está cobrando un importante protagonismo desde hace
varios años, posicionándose fuerte al lado de la justicia retributiva, como método
novedoso para la resolución de conflictos en ciertos casos. En contraste con los modelos
punitivos de la justicia retributiva, la justicia restaurativa busca reformular el modelo de
justicia humanizando el derecho penal (Ríos y Olalde, 2011). Este tipo de justicia, tiene
como objetivo encontrar soluciones alternativas al problema que impulsen el diálogo, la
escucha, la exploración de arreglos y la compensación (Ríos, 2016). El concepto de
justicia restaurativa fue promovido en el Congreso Internacional de Criminología de
Budapest (1993), el cual apunta tres principios indispensables: a) atender las necesidades
y emociones de la víctima y concienciar al victimario de las repercusiones del daño
producido. b) la presencia de las partes implicadas como factor indispensable para el
proceso restaurador. c) el acuerdo que repara simbólica o materialmente a la víctima,
permite la reintegración del infractor y resarcir a la comunidad.
Según Ríos y Olalde (2011), la justicia restaurativa valora la necesidad de la
intervención de las instituciones penales pero, destaca la responsabilidad conjunta de
toda la sociedad en prevenir y evitar el delito, así como en el tratamiento y la inserción
social de los infractores. Esta, reivindica el diálogo y el encuentro personal como formas
saludables y no violentas de restablecer la paz quebrantada por el delito, convirtiendo a la
víctima en protagonista.
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En relación a la mediación penal, ya hemos dicho que es la herramienta principal
utilizada por la justicia restaurativa para la consecución de sus objetivos, además de ser la
más desarrollada en España. Esta tiene como objetivo, tal y como señala la declaración
de la ONU de 2016, crear un espacio de comunicación, libre de adversarios y amenazas,
donde las necesidades e intereses de la víctima, del infractor, de la comunidad y de la
sociedad puedan ser satisfechos. Según Pascual (2006) la mediación “consiste en el
método de resolver los conflictos que, debidamente incorporado al proceso penal, atiende
prioritariamente a la protección de la víctima y al restablecimiento de la paz social
mediante el diálogo comunitario y el encuentro personal entre los directamente afectados,
con el objeto de satisfacer de modo efectivo las necesidades puestas de manifiesto por
aquéllos, devolviéndoles una parte de la disponibilidad sobre el proceso y sus eventuales
soluciones, procurando la responsabilización de la persona infractora y la reparación de
las heridas personales y sociales provocadas a la víctima por la infracción penal. Supone,
por tanto, una respuesta dirigida más a atender necesidades reales de la víctima, de la
persona infractora y de la comunidad social que pretensiones procesales simbólicas ”. Los
expertos en materia de mediación señalan que esta tiene que estar permanentemente
revisada para así, evitar desviaciones respecto de los valores que promueve el modelo
que la sustenta: la justicia restaurativa. La mediación penal, al igual que esta última, tiene
una serie de principios importantes que hay que destacar:
• Solamente tendrá lugar si las partes consienten libremente. De la misma forma que
esta puede cesar también libremente en cualquier momento.
• Es confidencial, a menos que las partes lo acuerden.
• Debe dar un servicio general.
• Disponibilidad de la mediación en todas las etapas del proceso.
3.2. Mediación penal en adultos
Ya hemos visto el concepto de mediación penal y los principios y valores que
promueve pero, ¿cuál es su estado actual en nuestro país?.
A diferencia de lo que ocurre en el sistema penal de menores, en el cual la
mediación está totalmente permitida y regulada, es más, es el método deseable de
resolución se conflictos; en el caso del sistema penal de adultos no existe una regulación
nacional, aunque sí que aparece reflejada en algunos artículos del código penal y existen
algunos protocolos de no obligado cumplimiento. En Europa se sigue fomentando la
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justicia restaurativa y se insta a los países que conforman la Unión Europea a impulsar la
mediación como método de resolución de conflicto en el ámbito penal pero, España en
este asunto todavía no termina de legislar.
Aún así, en los últimos años se han ido dando pasos en su regulación, ya que, se
han dado cuenta de las ventajas que produce no solo en la víctima, el victimario y la
comunidad social; si no que también genera menos costes que un proceso judicial normal.
Por estos motivos, cada vez se utiliza más en aquellos casos en los cuales la mediación
no está expresamente vedada.
4. La mediación en violencia de género
4.1. Estado actual
Como se ha dicho anteriormente, la mediación penal es cada vez más utilizada, ya
que, no hay ley que regule su aplicación o que la prohíba; aunque existen supuestos en
los cuales sí existe una prohibición, y la violencia de género es uno de ellos.
El artículo 44.5 de la LO 1/2004, tras enumerar las diferentes competencias de los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en su último párrafo expresa lo siguiente: “en todos
estos casos está vedada la mediación”, y lo hace sin ninguna especificidad o distinción
que matice dicha prohibición. El apartado 5 del artículo 87 ter de la LOPJ nos dice
exactamente lo mismo, excluye expresamente la mediación en cualquier situación en la
que se haya producido violencia de género; además el Pacto de Estado lo ratifica.
En esta línea, Molina (2015) plantea varias cuestiones importantes en relación a la
dicha prohibición, las cuales arrojan varias paradojas:
a) Partiendo de la base de que la mediación civil es el único tipo de mediación
regulado en nuestro ordenamiento jurídico, se plantea si dicha prohibición haría
referencia solamente a los casos de familia de los que puede ser conocedor el
Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
b) Otro planteamiento que propone, es que cómo se puede prohibir algo que no está
reconocido legalmente en el proceso penal de adultos.
c) Por último, se plantea si esta prohibición afecta también a las competencias de los
jueces y fiscales de menores cuando se encuentran ante un caso de violencia de
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género. La autora se pregunta que, si la mediación en los procesos penales por
violencia de género en el caso de adultos, está limitada por la falta de capacidad de
la víctima para consensuar, cómo sería el escenario para una víctima menor de
edad.
En relación a este tema, encontramos autores que se posicionan a favor de que la
prohibición de la mediación en violencia de género debe extenderse tanto al ámbito civil
como al penal, partiendo de la base de la desigualdad estructural entre la víctima y el
agresor (Del Pozo, 2011). Otros consideran que esta prohibición es aplicable solamente al
ámbito civil y otros que opinan que únicamente se adapta al ámbito penal. Por último,
encontramos autores que no consideran que esto dependa del ámbito de aplicación, si no
del caso en concreto y de la gravedad de la situación (Martín, 2009; Martínez, 2012). Por
todo esto, podemos decir que este es un tema que suscita diversidad de opiniones entre
los entendidos en violencia de género y mediación; por este motivo, a continuación
analizaremos más detalladamente los argumentos que existen tanto a favor como en
contra de la utilización de la mediación en casos de violencia de género.
4.2. Argumentos en contra
Para comenzar con el análisis de los argumentos en contra de la mediación en este
tipo de violencia, podemos mencionar los destacados por Sánchez (2015), que los
resume de la siguiente forma:
• La mediación puede resultar complicada de acoplar en nuestro ordenamiento
jurídico, ya que, esta ha de ajustarse a nuestro sistema sin quebrarlo.
• La mediación puede suponer un riesgo para el simbolismo del Derecho Penal en
nuestra sociedad, cuyo objetivo principal es la prevención.
• Este método de resolución de conflictos, puede conllevar un riesgo para la
integridad física de los afectados, ya que no puede detener la violencia por si sola.
• La mujer, por sus características, secuelas y situación, se arriesga a ocupar una
posición de inferioridad en la negociación.
• Por el mero hecho de que se lleve a cabo un encuentro entre la víctima y el
agresor, no supone un cambio en la conducta de este último.
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Según Renedo (2014), otra de las cuestiones planteadas en torno a la mediación
en este tipo de casos es el hecho de permitir que un acuerdo entre dos personas de
carácter privado, pueda convertirse en una sustitución de los poderes del Estado. La
autora considera que aunque algunos piensen que la acción represiva deba pasar a un
segundo plano, es discutible que desde una función administrativa se produzca una
intromisión en la funciones propias de la potestad jurisdiccional. Además, plantea la duda
de si no sería suficiente con mejorar los medios procesales y penales con los que ya
disponen las leyes actuales, sin la necesidad de recurrir a la mediación penal.
Por otro lado, siguiendo con los razonamientos de la misma autora y haciendo
referencia al segundo argumento destacado por Sánchez (2015), menciona la gran
contribución que han hecho las políticas contra la violencia de género en nuestro país;
extrayendo este tipo de casos del ámbito privado y convirtiéndolos en un ilícito penal. En
esta línea, se plantea el peligro que puede suponer recurrir a la mediación penal en el
efecto simbólico o de prevención característico del derecho penal.
“No aplicar el sistema de justicia penal, tal y como ahora está establecido,
puede implicar la emisión de un mensaje de laxitud, corriendo el peligro de
trivializar la agresión, convirtiendo el maltrato, de nuevo, en una disputa o
conflicto entre partes lo que puede suponer «reprivatizar» de nuevo el conflicto”
(Renedo, 2014).
Siguiendo el hilo de esta misma argumentación, algunos sectores del movimiento
feminista consideran que la introducción de procedimientos de la justicia restaurativa
minimizarían los logros que se han alcanzado en materia de violencia de género. Esto
daría lugar a una discriminalización de este tipo de violencia, haciendo que estas
manifestaciones fueran intrascendentes. Además, algunos autores creen que la mediación
contribuiría al porcentaje de retirada de denuncias y frustraría los beneficios que esta
puede comportar para la víctima como por ejemplo, reforzar la autoestima (Martínez, s.f.).
Otro de los argumentos más destacados entre los que se oponen a la implantación
de la mediación en violencia de género es la desigualdad entre la víctima y el agresor, es
decir, desechan la mediación porque consideran que no existe el equilibrio necesario
entre los mediados; hecho necesario para la mediación. Según González (2011), no
tenemos que olvidar que la víctima de violencia de género ha sido sometida a relaciones
17
de sumisión y violencia que se han prolongado en el tiempo y, que han causado efectos
psicológicos devastadores. Además, la autora destaca: “Esas características impiden que
una mujer sometida a violencia pueda colocarse en situación de igualdad, sin temor, sin
miedo ni coacción a negociar los efectos de su separación y divorcio”. Continuando con
este discurso, García (2010) destaca la indefensión aprendida como el efecto psicológico
menos propicio para la mediación, pues este consiste en una actitud pasiva por parte de
la víctima ante circunstancias desagradables sin hacer nada para evitarlo. En esta
situación, la mujer podría tener dificultades para responder a las críticas que se dieran en
una sesión de mediación, dialogar y negociar con el agresor.
Derivado de la desigualdad entre los mediados, se extrae otro argumento en contra
de la mediación penal para este tipo de casos. Algunos autores, apuntan que la mediación
puede ser un riesgo para la integridad física de la víctima, ya que, esta técnica en sí
misma no puede detener la violencia producida, por lo que finalmente habría que recurrir
a los medios preventivos aportados por la justicia retributiva. Según la autora
anteriormente citada González (2011), existe un riesgo bastante evidente para la víctima,
ya que, pueden producirse episodios de violencia durante la sesión de mediación o en
momentos posteriores a esta; la autora no cree que la persona mediadora pueda estar
preparada para detener la situación violenta y garantizar la seguridad de la víctima.
Algunas voces críticas, también señalan que la mediación puede contribuir al círculo de la
violencia, favoreciendo la empatía de la víctima hacia su agresor o potenciado la etapa de
luna de miel, lo que provocaría en la mujer conductas tendentes al sacrificio con el
objetivo de salvar la relación (Martínez, s.f.).
Finalmente, para concluir con los argumentos en contra de la mediación penal en
violencia de género, el último al que haremos referencia es al hecho de vulnerar el
principio de igualdad de todas las personas ante la ley; en este caso en concreto del trato
desigual de la persona imputada. La autora Aguilera (2011), señala que no se puede o no
se debe obviar el hecho de que mediante la mediación se da un tratamiento diferenciado
frente a hechos que son idénticos, ya que, las soluciones aportadas son diferentes debido
a que son las partes las que dan el contenido a los acuerdos. También es importante
destacar el trato diferenciado que se da a los diversos casos en sí mismos, ya que, es el
órgano instructor el que propone solamente algunos casos aptos para la mediación y
18
otros no; como se puede ver en algunos programas piloto que se están llevando a cabo
en algunos juzgados (Renedo, 2014).
Estos son algunos de los argumentos más comunes o que más se utilizan para
rechazar la introducción de la mediación penal en los casos de violencia de género, pero
esto no quiere decir que sean los únicos; podemos encontrar argumentos que hacen
referencia a los inconvenientes económicos de la mediación para el sistema de justicia en
nuestro país o, críticas en contra de los profesionales en mediación y su poca preparación
para abordar este tipo de situaciones. En todo caso, estos son los argumentos que, a mi
parecer, representan mejor la posición de algunas personas en este debate. A
continuación, analizaremos la posición contraria, es decir, el contenido de las ideas y
razonamientos que apoyan la utilización de la mediación penal como método alternativo o
de apoyo en situaciones en las cuales se ha producido algún tipo de violencia de género.
4.3. Argumentos a favor
Comenzaremos exponiendo, al igual que en el caso anterior, un esquema de los
argumentos más destacados que apoyan esta posición dentro del debate, para luego
proceder a explicarlos más ampliamente. Para ello, utilizaremos los destacados por
Hércules de Solás (2013), que sintetiza las ideas de la siguiente forma:
• La mediación penal puede ser una técnica positiva y eficaz para nuestro sistema
judicial penal.
• Otros países como por ejemplo Alemania o Austria han obtenido buenos resultados
en la utilización de la mediación penal en casos de violencia doméstica y delitos de
naturaleza relacional.
• El carácter de la mediación puede resultar muy útil para la resolución de conflictos
en delitos de naturaleza relacional.
• La mediación es un espacio donde la víctima se puede sentir más segura y
tranquila para poder expresar sus opiniones y su versión de los hechos sin sentirse
juzgada u observada, además de que permite la recuperación social de la víctima.
• La expresión emocional que se consigue con esta técnica, puede provocar en el
agresor la asunción de su responsabilidad.
• La mediación hace que las partes se sientan protagonistas de la resolución del
conflicto, cosa que facilita el futuro cumplimiento voluntario de la pena y los
19
acuerdos a los que se han llegado. Es una forma de resolución rápida y altamente
eficaz.
Molina (2015), señala que aunque no exista un tratamiento unitario para la
mediación en violencia de género, países cercanos al nuestro hacen uso de esta para
resolver este tipo de hechos delictivos, es más, el ordenamiento de muchos de estos
países consideran que al tratarse de delitos que surgen en en el seno de relaciones
familiares o de afectividad, la mediación es la mejor vía para obtener resultados
satisfactorios; incluso se obtienen mejores respuestas que las observadas en los
procedimientos de la justicia retributiva tradicional. La autora, además resalta el hecho de
que aunque no todos los países hacen un uso igualitario de la mediación penal en este
tipo de delitos, no encontramos apenas reglamentos que la prohíban de forma general,
como ocurre en nuestro caso.
Otros autores, también utilizan como argumento a favor de la mediación el ejemplo
de otros países Europeos, señalando que existen multitud de experiencias que se han
desarrollado en el campo de la mediación penal en este tipo de delitos. Países como
Alemania, Austria, Inglaterra o Finlandia han conseguido grandes resultados con su
utilización, además han conseguido rebajar los índices de reincidencia en delitos de
violencia de género (Rondón, 2015). Algunos psicólogos especialistas en el estudio del
comportamiento en este campo, han demostrado que la mediación en este tipo de
violencia puede ser viable, además de que muestra resultados eficaces en la resolución
de conflictos personales.
Otro de los argumentos que también plantean los expertos en este ámbito, hace
referencia a la ordenanza en el derecho penal de menores. Está claro que actualmente en
el proceso penal de adultos, en lo que a violencia de género se refiere, la mediación está
totalmente prohibida; pero muchos autores se preguntan qué ocurre con el proceso penal
de menores. Actualmente, la Ley Orgánica 1/2000 de la responsabilidad penal del menor
(LORPM) no incluye ninguna previsión concreta en materia de violencia de género y, la
LOPJ solamente afecta a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los cuales no tiene
competencias en delitos llevados a cabo por menores. Por todo esto, los expertos
entienden que en el sistema penal de menores se permite la mediación y conciliación en
supuestos de violencia de género; exceptuando los delitos de violencia o intimidación
20
graves que sí son recogidos en la LORPM. La duda es si este hecho es un error del
legislador o está hecho a propósito en pro del interés superior del menor; ambos casos
demostrarían las contradicciones en cuanto a la prohibición de la mediación penal en
adultos, ya que, desmontaría el argumento de “desigualdad o falta de capacidad de la
víctima” en adultos, cuando en menores no se llega ni a contemplar. Es lógico pensar que
si una mujer adulta tiene secuelas que le imposibilitan posicionarse en una situación de
igualdad ante su agresor, en el caso de una víctima menor de edad la situación sería
peor; por lo que la prohibición sería incluso más necesaria.
En cuanto al argumento de la desigualdad existente entre la víctima y el victimario,
razonamiento extensamente utilizado para negar la mediación, también es ampliamente
debatido por los expertos que apoyan esta técnica como instrumento alternativo de
resolución de conflictos relacionales en materia de violencia de género. Muchos autores
puntualizan que no todos los fenómenos de violencia de género son iguales o se han
dado en las mismas situaciones en cuanto a espacio, tiempo o severidad, por lo que
podría darse un tratamiento multidisciplinar del delito en función del caso; de hecho,
muchos opinan que la mediación no ha de ser igual para todos las situaciones, sino que
es una técnica que puede adaptarse a las características de los hechos y de las personas
implicadas en el conflicto, por que esta podría ser específica y adaptada a cada situación.
Larrauri (2007), señala que existen diferentes grados de severidad en los actos de
violencia de género y que por tanto, no en todos los casos en los que se ha producido un
maltrato ocasional encontramos a una mujer con secuelas devastadoras, con baja
autoestima y que no puede tomar decisiones por sí misma. Algunos autores creen que la
justicia penal actual trata a todas las mujer como un ser desvalido, con una especie de
paternalismo judicial, impidiendo a estas participar en el proceso y la toma de decisiones,
limitando así la autogestión de la propia víctima (Castillejo, Torrado y Alonso, 2011).
En relación a la integridad física y la seguridad de la víctima, los argumentos que
encontramos a favor de la mediación son sobre todo referentes a la posibilidad de utilizar
métodos y fórmulas que posibilitan salvaguardar ambas, como son por ejemplo las
mediaciones indirectas (en las cuales interviene un tercero) o intercalar las sesiones
conjuntas con las sesiones individuales con cada una de las partes. Otros autores creen
que los argumentos del peligro para la integridad física de la víctima y la desigualdad no
se sostienen, ya que, si se tuviera en cuenta la desigualdad, la mediación estaría
21
prohibida en otros muchos casos en los que la víctima y el agresor se pueden encontrar
en situaciones desiguales de poder. Por ejemplo, Manzanares (2007) propone reformar la
ley para que esta permita la mediación en los supuestos en los cuales la víctima no se
encuentre en una situación de inferioridad, desigualdad o dependencia emocional, que la
impida llegar a acuerdos válidos y justos para ambos.
Por último, concluyendo con la exposición de argumentos a favor de la mediación
en casos de violencia de género, muchos expertos están de acuerdo en que los métodos
utilizados actualmente por la justicia penal tradicional, no son la respuesta más eficaz
para solucionar los problemas surgidos de este tipo de conflictos relacionales, además de
que el proceso judicial es insuficiente y no satisface las necesidades de las partes
implicadas; llegando incluso a ser un escenario en el cual se puede favorecer el proceso
de victimización secundaria de la mujer. Por este motivo, cualquier medio que mejore los
derechos y necesidades de los ciudadanos ante la ley deben ser contemplados por
nuestro ordenamiento, como por ejemplo puede ser la utilización de la mediación penal
(Munuera y Blanco, 2011).
5. Conclusiones
Como hemos mencionado en varias ocasiones a lo largo de este trabajo, la
violencia contra la mujer – y destacando por encima de los demás tipos de violencia, la
violencia de género- es uno de los problemas sociales que más preocupa a la sociedad
española en estos momentos. En este contexto de alarma social, sumado al aumento de
denuncias por parte de las víctimas y a una ley de violencia de género anticuada en
algunos aspectos comparándola con la mentalidad y conciencia de la población actual,
surge la necesidad de buscar nuevas formas, modelos y herramientas para afrontar la
violencia de género en nuestro país desde una nueva perspectiva. En este escenario de
cambio social, promovido en parte por organismos europeos que instan a los países de la
Unión Europea a implantar la utilización de métodos propios de la justicia restaurativa, es
donde surge el debate que se recoge en este trabajo; la mediación penal como
herramienta en casos de violencia de género.
El debate recogido en las últimas líneas de este documento no pretende dar una
respuesta o solución a la problemática, si no dar visibilidad a la misma y exponer los
diferentes argumentos y opiniones que los expertos tienen sobre el tema; para que cada
22
cual genere su propio punto de vista. Como hemos visto, una de las grandes críticas a la
utilización de la mediación para este tipo de violencia, se sustenta sobre el argumento de
la desigualdad existente entre víctima y agresor; para muchos autores la mujer se
encuentra en una posición de inferioridad respecto al maltratador, lo que haría imposible
llevar a cabo una mediación puesto que uno de los principios básicos de esta es la de
igualdad entre los participantes, con el objetivo de alcanzar los acuerdos más justos y
equitativos posibles. Otra de las grandes críticas, hace referencia al riesgo que supone
acoplar la mediación en nuestro ordenamiento jurídico, ya que, podría dañar el
simbolismo del derecho penal actual y retroceder en las políticas de género que se han
ido llevando a cabo con éxito en los últimos años. Además, existe una gran preocupación
por el riesgo que las sesiones de mediación pueden suponer para la integridad física de la
mujer víctima de violencia de género. Por otro lado, los partidarios de la utilización de la
mediación en este tipo de casos critican que el sistema penal actual no tiene en cuenta a
la víctima, ya que, no la hace partícipe del proceso; consideran que la mediación sería un
espacio en el cual la mujer podría expresarse y donde el maltratador podría, en parte,
reparar el daño producido. Además, hacen referencia a otros países, como por ejemplo
Alemania o Austria, donde la mediación en este tipo de casos está teniendo mucho éxito.
Por último, refieren que no todos los casos de violencia de género son iguales, por tanto
no todas las víctima de mediación se encuentran en una posición de inferioridad.
A modo de conclusión y en este punto del trabajo, me gustaría dar mi opinión
acerca del tema que se ha ido tratando a lo largo de estas páginas. En primer lugar,
considero que el argumento aportado por algunos autores referido a la dificultad de
acoplar la mediación en nuestro ordenamiento jurídico por miedo de perjudicar el
simbolismo del derecho penal actual, no se sustenta de ninguna de las maneras; el miedo
y la dificultad para llevar a cabo un cambio no pueden ponernos límites. Creo que en
nuestro país hay gente lo suficientemente preparada para estudiar y trabajar en este
asunto, los cuales pueden encontrar las formas para que la mediación y el derecho penal
actual puedan complementarse de manera eficaz; ya lo están haciendo en otros países y
con resultados muy positivos. Tampoco creo que la utilización de esta herramienta
constituya una privatización de los casos de violencia de género como pasaba
anteriormente, ya que, no se trata de sustituir la forma de la justicia actual si no de que
ambas trabajen juntas en un mismo objetivo; además, como hemos dicho anteriormente la
mediación podría ser beneficiosa para ayudar con los casos menos graves o que se
23
pueden solucionar por otros medios, con el objetivo de no bloquear a los juzgados que
tanto trabajo tienen.
Por otro lado, en relación al argumento estrella de los que se posicionan en contra
de la utilización de la mediación en materia de violencia de género, por mi parte no
considero que en todos los casos donde se haya producido este tipo de violencia la
víctima se halle en una posición de inferioridad respecto al agresor y, mucho menos todas
las mujeres se encuentran en una situación de indefensión para enfrentarse a este en una
sesión de mediación; de todos modos si la mujer estuviera en una de estas situaciones,
actualmente existen técnicas y profesionales que pueden resolver este asunto antes de
proceder con la mediación. También me gustaría destacar que no todas las formas de
violencia de género son iguales, cada caso tiene unas características y una prolongación
determinada, por lo que es absurdo afirmar que todas las víctimas se van a encontrar en
las mismas condiciones físicas y psicológicas para afrontar el problema; por ejemplo, un
caso de violencia de género consistente en un único acto de agresión podría ser
perfectamente apto para la mediación. Nadie ha dicho que la mediación sea apta para
todos los casos, de hecho es lógico pensar que habría que estudiar cada caso con
detenimiento, es decir, se propone un tipo de mediación heterogénea e individualizada.
También me gustaría destacar, que considero la mediación como un espacio
óptimo para que la víctima se sienta libre de expresar sus opiniones y sentimientos sin
miedo de sentirse juzgada o rechazada. Además, se le permite a la víctima ser participe
de todo el proceso a diferencia de lo que ocurre en el sistema penal actual, en el cual en
muchas ocasiones se produce una victimización secundaria de la mujer maltratada.
También creo que, en un escenario como el que proporciona la mediación, podría darse
un descenso de la retirada de denuncias, ya que, la mujer se sentiría más segura y
escuchada, además de que podría propiciar la asunción de responsabilidad del agresor.
En este punto, considero oportuno responder a los que rechazan la mediación con el
argumento de que no se puede propiciar el perdón y que las partes comiencen una nueva
relación; creo que se confunde la mediación con la reconciliación, ya que, el objetivo de la
mediación no es otro que llegar a acuerdos con el objetivo de solucionar el problema por
el cual se ha interpuesto la denuncia, jamás se pretende restaurar una relación mediante
esta técnica.
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Por último, algunos autores apuntan a que la mediación no sería justa para los
agresores, ya que, consideran que los acuerdos alcanzados en mediación serían
diferentes para cada caso, debido a que son las partes las que las proponen; además de
opinar que el hecho de decidir que casos son aptos o no para mediación, ya es un acto
discriminatorio en sí mismo. En relación a esto, considero que este no es un argumento
justo para la mediación pues en la justicia penal pasa exactamente lo mismo, se dan
penas diferentes a hechos parecidos pero no idénticos, es imposible que dos delitos sean
idénticos; las medidas que se imponen dependen de las características de cada caso, de
las partes implicadas, de las pruebas aportadas, etc.
Finalmente, me gustaría destacar que no soy partidaria de la prohibición absoluta
tal y como establece la ley actualmente, considero que tomando las precauciones
necesarias y garantizando la seguridad total de la víctima, la mediación puede ser una
técnica beneficiosa para ella, sus necesidades y el empoderamiento de la mujer, además
de para el agresor, la comunidad y el Estado. Finalmente, esta técnica podría ser una
buena forma de unificar la justicia restaurativa y retributiva, con el fin de mejorar y
optimizar el sistema de justicia de este país.
6. Bibliografía
Castillejo, R., Torrado, C., y Alonso, C. (2011). Mediación en violencia de género.
Revista de mediación, 4(7), 38-44.
Coll, G., García-Romeral, G. M., Mañas, C., y Navarro, L. (2008). Cuestiones sin
resolver en la Ley integral de medidas contra la violencia de género: las distinciones entre
sexo y género, y entre violencia y agresión. Papers, 87, 187-2004.
Comas, M. « La violencia doméstica y de género: diagnóstico del problema y vías
de solución». En Gomez, J. L. (Dir). Tutela procesal frente a hechos de violencia de
género. Castellón de la Plana, España: Publicacions de la Universitat Jaume I. 2007.
De Elena, V. (2006). La ley sobre medidas de protección integral contra la violencia
de género desde la institución de la discriminación positiva en su perspectiva penal. Los
nuevos tipos penales. La Ley, (1), 1479-1492.
25
Del Pozo, M. «¿Es adecuada la prohibición de mediación del art. 44.5 de la Ley
Orgánica 1/2004?». En Martín, F. (Coord). La mediación en materia de familia y derecho
penal. Estudios y análisis. Santiago de Compostela, España: Andavira. 2011.
Etxebarria, K., Ordeñana, I., y Otazua, G. (Dirs). (2018). Justicia con ojos de mujer.
Cuestiones procesales controvertidas. Valencia, España: Tirant lo Blanch.
García, M. L. (2010). La mediación penal: especial atención a la mediación en los
delitos sexuales y familiares. Revista de derecho penal, procesal y penitenciario, (73), 23-
43.
Gisbert, S., y Martínez, E. (2015). Género y violencia: análisis del fenómeno de la
violencia de género tras 10 años de aplicación de la ley. Valencia, España: Tirant lo
Blanch.
Gómez, J. L. (2007). Violencia de género y proceso. Valencia, España: Tirant lo
Blanch.
González, B. (2011). Con violencia no hay mediación. En Jornada “violencia de
pareja contra las mujeres”. Conferencia organizada por el Ministerio de trabajo e
inmigración, UNAF y la Asociación “salud y familia”. Madrid, España.
Hércules de Solás, M. (2013). La mediación como herramienta resolutoria en
determinados casos de violencia de género. Revista de trabajo y acción social, (52), 255-
272.
Larrauri, E. «Violencia de género y respuesta integral». En Estévez, J. A. (Dir).
Criminología crítica y violencia de género. Madrid, España: Trotta. 2007.
Manzanares, L. (2007). Mediación, reparación y conciliación en el Derecho penal.
Granada, España: Comares.
26
Martín, F. «Mediación en materia de violencia de género. Análisis y
argumentación». En De Hoyos, M (Coord). Tutela jurisdiccional frente a la violencia de
género. Aspectos procesales, civiles, penales y laborales. España: Lex Nova. 2009.
Martínez, E. «El proceso penal, mediación y violencia de género. ¿Hacia un nuevo
modelo de Justicia Penal?». En Etxeberria, J. F. (Coord). Estudios sobre significado e
impacto de la mediación. ¿una respuesta innovadora en los diferentes ámbitos jurídicos? .
España: Thomson Reuters Aranzadi. 2012.
Martínez, M. C. (Sin fecha). La prohibición de la mediación en los supuestos de
violencia de género: una apuesta por la flexibilidad aplicable a ciertos contextos de
violencia. Facultad de derecho de Zaragoza.
Molina, M. J. (2015). Algunas fronteras de la ley integral contra la violencia de
género: jurisdicción de menores y mediación. Revista electrónica de ciencia penal y
criminología, (17), 17-24.
Molina, M. R., Camargo, M. J., y Lagarda, M. (2012). Acciones positivas en la
perspectiva de género: una visión desde el derecho y la justicia. Letras jurídicas, (13), 1-
17.
Munuera, M. P., y Blanco, M. E. (2011). Una mirada hacia mediar o no mediar en
casos de violencia: Sara Cobb. Revista de mediación, 4(7), 32-37.
OMS (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud. Recuperado de: https://
www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_es.pdf
OMS (2013). Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer:
prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la
salud: resumen de orientación. Recuperado de:
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/es/
Ortubay, M. (2014). Diez años de la “Ley integral contra la violencia de género”:
Luces y sombras. Ventana jurídica, 2, 1-30.
27
Pascual, E. (2006) «La mediación en el Derecho penal de adultos en la fase de
enjuiciamiento». En Ríos, J. C., y Olalde, A. J. Justicia Restaurativa y Mediación.
Postulados para el abordaje de su concepto y finalidad. Revista de Mediación. 2011.
Planchadell, A. (2018), «Viejos y nuevos retos del Juzgado de Violencia sobre la
Mujer». En Etxebarria Estankona/Ordeñana Gezuraga/Otazua Zabala (Dir.), Justicia con
ojos de mujer. Cuestiones procesales controvertidas. Valencia, España: Tirant lo Blanch.
Renedo, M. A. (2014). ¿Mediación penal en violencia de género? No, gracias.
Revista Europea de Derechos Fundamentales, (23), 177- 198.
Ríos, J. C. (2016). Justicia restaurativa y mediación penal. Revista cuatrimestral de
las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, (98), 103-126.
Ríos, J. C., y Olalde, A. J. (2011). Justicia restaurativa y mediación. Postulados
para el abordaje de su concepto y finalidad. Revista de Mediación, 2(8), 10-19.
Rondón, U. W. (2015). Mediación y violencia de género (tesis doctoral).
Universidad de Murcia, Murcia, España.
Rueda, M. A., y Boldova, M. A. (2004). La discriminación positiva de la mujer en el
ámbito penal. Reflexiones de urgencia sobre la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica
de medidas de protección integral contra la violencia de género. Aequalitas, (15), 65-73.
Ruíz, A. (2006). La ley contra la violencia de género y la discriminación positiva.
Jueces para la democracia, (55), 35-47.
Sánchez, M. I. (2015). Mediación y violencia de género, ¿Estamos realmente ante
un procedimiento penal?. Mediatio: mediación. (7), 7-11.
28