Mecanismos de Protección del Derecho al Medio Ambiente

Medios de defensa en materia ambiental

Denuncia popular.Denuncia penal ambiental.Recurso administrativo.

Juicio contencioso administrativo.Demanda por la vía ordinaria civil.

Juicio de amparo.Denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos oComisiones Estatales de Derechos Humanos.

Recursos contemplados en los Acuerdos Ambientales Internacionales.

Denuncia popular

Esta defensa ambiental está contemplada en el artículo 189 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el cual establece que toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades pueden denunciar todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales o contravenga las disposiciones de esa Ley y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Esta denuncia puede formularse por escrito o telefónicamente, en el segundo caso, deberá ser ratificada por escrito en un término de tres días hábiles siguientes a la formulación de la denuncia.

El denunciante debe identificarse con su nombre, domicilio y teléfono, referir los hechos constitutivos de las infracciones y debe proporcionar, en su caso, las pruebas correspondientes.

El denunciante tiene el derecho a que su identidad pueda mantenerse reservada.

Denuncia penal ambiental

Los delitos ambientales se encuentran tipificados en la legislación penal federal y las locales.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dispone en el artículo 182 que toda persona podrá presentar directamente las denuncias penales que correspondan a los delitos ambientales previstos en las normatividades penales

Este recurso se tramita ante la propia autoridad administrativa responsable de haber emitido el acto administrativo que se impugna.

En materia ambiental este recurso está regulado por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es de aplicación supletoria a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se denomina recurso administrativo de revisión, previsto en el artículo 180 del la invocada Ley que dispone que tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de dicha Ley y de aquéllas a las cuales se aplica de manera supletoria, así como de los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de las mismas, los programas de ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas naturales protegidas o los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de la misma, las personas físicas o morales que tengan interés legítimo tendrán derecho a impugnar los actos administrativos correspondientes, existiendo lo propio en las legislaciones locales.

Se destaca que tendrán interés legítimo las personas físicas o morales de las comunidades posiblemente afectadas por dichas obras o actividades.

El plazo para interponer este recurso es de 15 días hábiles a partir de la notificación del acto.

Este recurso es optativo por cuanto se puede acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Recurso Administrativo

Juicio Contencioso Administrativo

Este es un juicio que atiende aquellas controversias existentes entre los gobernados y la administración pública con motivo de los actos de ésta última, que transgreda los derechos de los gobernados.

Este juicio es ante los Tribunales Contenciosos Administrativos Estatales y ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, acorde a la competencia de cada uno de ellos.

La sentencia que se dicta en este tipo de juicio trae como consecuencia reconocer la validez de la resolución impugnada o, en su caso, declarar su nulidad total o parcial para ciertos efectos

Juicio de amparo

El juicio de amparo tiene como finalidad proteger los derechos fundamentales en contra de actos arbitrarios del poder público (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que violen esos derechos y ejercer un control de constitucionalidad y/o convencionalidad sobre actos realizados por esos tres poderes.

Siendo el derecho al medio ambiente un derecho fundamental así comprendido tanto en el derecho internacional como en el derecho interno, de manera suprema por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta herramienta jurídica permite contribuir a ser un mecanismo de defensa del medio ambiente.

Demanda por la vía ordinaria civil

Los códigos civiles y de procedimientos civiles comprenden mecanismos para demandar el pago de daños y perjuicios por la afectación directa e inmediata de alguna obra, actividad u omisión ambientalmente ilegal que haya impactado en el patrimonio de alguna persona.

Comisión Nacional de Derechos Humanos o Comisiones Estatales de Derechos Humanos

La violación al derecho humano a un medio ambiente adecuado puede ser denunciado ante estos organismos, quienes están facultados para emitir Recomendaciones a aquellas autoridades que hayan violentado ese derecho.

Recursos contemplados en los Acuerdos Ambientales Internacionales

El Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte del Tratado de Libre Comercio, contempla en sus artículos 14 y 15 la posibilidad de que los ciudadanos y ONGs interpongan casos en contra de los gobiernos cuando estos no aplican su legislación ambiental de manera efectiva.

Este instrumento sólo proporciona una sanción moral consistente en evidenciar públicamente el posible incumplimiento de la legislación ambiental del país, mediante la publicación de los hechos.