Quito, 8 de junio de 2013

Más que un TLC con la UE

Fander Falconí

La negociación comercial entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad Andina empezó

como un encuentro entre dos bloques: la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador

y Perú) por un lado y por otro la UE en representación de los países del Viejo Continente.

Bolivia abandonó la negociación por considerar que el componente comercial de lo que

comenzó como un acuerdo de asociación no era más que un tratado de libre comercio

(TLC) que debilitaría su opción de desarrollo. La negociación prosiguió, etiquetada como

“Acuerdo Multipartes”, o sea como un convenio bilateral entre la UE y tres países andinos,

lo que restó fuerza a la posición ecuatoriana.

Ecuador suspendió la negociación comercial el 17 de julio de 2009. Esta decisión no

desconoció la importancia del mercado europeo; fue una respuesta al escaso avance de las

tratativas del “Acuerdo Multipartes” y una estrategia para presionar por la solución del

diferendo del banano. También se buscaba conseguir un acuerdo favorable para el sector

productivo nacional en conjunto, y no solo para los empresarios europeos.

La interpelación a las normas usuales de la negociación desigual asumió formas concretas,

al suspender la negociación, mientras la UE no acatase los fallos a favor de Ecuador en la

Organización Mundial del Comercio (OMC), a propósito del aberrante arancel cobrado por

las comunidades europeas al banano producido en Latinoamérica.

También se planteó la necesidad de negociar un acuerdo de asociación, para redefinir el

contenido del diálogo político y la cooperación entre las partes, lo que hubiese abierto la

posibilidad de negociar formas innovadoras de reprimir el tráfico de sustancias prohibidas,

o de revisar los inhumanos “mandatos” que criminalizan la movilidad de nuestros

compatriotas en Europa.

Con esta suspensión, un país latinoamericano cuestionó la doble moral de un mundo

industrializado que pregona el libre comercio, mientras mantiene mecanismos de

discriminación comercial prohibidos por la OMC, en un afán de favorecer su propia

producción y la de sus ex colonias.

En enero de 2010, una vez que la UE decidió acatar los dictámenes de la OMC, el Gobierno

ecuatoriano retomó la negociación. Es necesario poner mucha atención para que no pase de

ser una mera adhesión a lo ya acordado por Colombia y Perú, como es el anhelo de los

europeos. Nuestros vecinos le apuestan al libre comercio, es decir a lo que Ecuador ya

rechazó en 2006, cuando grupos de poder aliados a Washington quisieron imponer un TLC

con EE.UU.

Un TLC con la Unión Europea, sin beneficio de inventario, vulnerará los derechos

constitucionales de amplios sectores de trabajadores en ámbitos que van desde el agrícola

hasta el de la salud. Así mismo, la opción de desarrollo delineada en la Constitución de la

República quedará pospuesta en forma indefinida, en especial por las concesiones que

pretende Bruselas en cuanto a compras públicas, propiedad intelectual y sectores

estratégicos.

Fuente: El Telégrafo