INFO CEFASAMarzo 2015 / Santiago, RD

Primer Forode Defensores deDerechos HumanosAvances y Retos de los Derechos

Humanos en la República Dominicana

Realizado por:

Centro de Formación y AcciónSocial y Agraria (CEFASA)

Contenido:

Wendy Almonte

Corrección y estilo:

Yaira PortesHanglet Tejeda

Vladimir Hernández

Diagramación:

Yaira Portes

Fotografías:

Andrea Gómez

Impresión:

Copiado Luis

CEFASA es una instituciónque acompaña y fortalece a personas

y organizaciones en condicionesde vulnerabilidad, en provincias de laRegión del Cibao, para su desarrollo

integral, mediante la defensa ypromoción de sus derechos,

desde la perspectiva interculturaly de género.

1Situación de los Derechos Humanos

en la República Dominicana

2Plan Nacional de Regularización

de Extranjeros

3Ley 169-14

4Derechos Humanos de Niños, Niñas

y Adolescentes

5Defensoría de los Derechos de la Mujer

6Inversión Social en el Sector Educativo

7Inversión Social a Nivel Municipal

ÍndiceINFO

CEFASA

Marzo 2015

Santiago, RD

2

El pasado 17 de diciembre de 2014, con.el apoyo de American Bar Associa-

tion (ABA), la Unión Europea y Entrecul-turas, realizamos el “Primer Foro deDefensores de Derechos Humanos, Avan-ces y Retos de los Derechos Humanos enla República Dominicana”; con la partici-pación de más de 20 organizaciones de laRegión del Cibao.

Temas como la situación de los derechoshumanos en el país, el Plan Nacional deRegularización de Extranjeros, la Ley169-14, los derechos humanos de la niñezy la adolescencia, defensoría de los dere-chos de la mujer e inversión social en elsector educativo y a nivel municipal, fue-ron tratados durante este encuentro, que sellevo a cabo en las instalaciones del HotelAloha Sol.

En este INFO CEFASA, compartimos conustedes algunas de las informaciones quefueron presentadas en el Foro, para quetambién puedan conocer cuál es la situa-ción del país en cuanto a derechos huma-nos se refiere y así construir sus propiasopiniones.

Constituye para nosotros/as un gran logroque las organizaciones nos hayamos reu-nido y que sean tantas las que, de algunamanera, trabajan en la defensa de los de-rechos humanos de las personas más vul-nerables, pues este espacio nos sirvió paraarticularnos y hacer un mejor trabajo.

Es por ello que pretendemos continuar or-ganizando estos encuentros cada año, conla seguridad de que cada vez contaremoscon la participación de más institucionesque se unirán a la lucha por el respeto a losderechos de todos/as.

Hanglet Tejeda

Director Ejecutivo

Palabras del Director

4

Horacio Rodríguez, abogado del Centro.Bonó, presentó el informe “República

Dominicana 2014, la situación de los derechoshumanos y el desafío de protegerlos para todosy todas”, realizando un análisis sobre lo vividoy experimentado el pasado año, haciendo én-fasis en los retos y desafíos que el país tieneen materia de derechos humanos. Los temastratados fueron agrupados en 8 secciones yabordados desde un marco normativo o baselegal de la protección de los derechos, descri-biendo y analizando situaciones relativas aestos y señalando problemas y hallazgos iden-tificados durante el monitoreo hecho para laelaboración del informe.

En la primera sección, el informe trata las fal-tas cometidas por parte de los cuerpos armadoscontra el derecho a la vida, la garantía de res-peto a las normas del debido proceso, la dig-nidad humana, el derecho a la libertad y a laintegridad física, todos reconocidos en laConstitución Dominicana y consagrados en elPacto Internacional Sobre los Derechos Civilesy Políticos y en la Convención Americana delos Derechos Humanos. El informe pone demanifiesto que muchas entidades de seguridadactúan como si estos tratados no tuvieran rele-

vancia, ya que las estadísticas revelan que enel primer semestre del 2014 la cantidad demuertes violentas de civiles a manos de la Po-licía Nacional aumentó en un 13%, represen-tando un 10% de los homicidios ocurridos enel país. Destaca la violencia policial contragrupos por su orientación sexual y en protestassociales.

La segunda sección del informe toca el dere-cho de las mujeres a vivir una vida libre deviolencia y discriminación. A 17 años de apro-bada la Ley 24-97, la violencia contra las mu-jeres en el país sigue siendo un problemagrave. De acuerdo a la Encuesta Nacional De-mográfica y de Salud (ENDESA) del año2013, el 35% de las mujeres informó habersido víctima de algún tipo de violencia porparte de su pareja.

El documento también refleja la situación enque se encuentran los niños, niñas y adolescen-tes, mostrando una alta tasa de deserción esco-lar y mortalidad infantil, lo cual sigue siendouno de los principales desafíos en materia dederechos sociales que permitan garantizar unavida digna para la infancia. Así mismo, revelasituaciones de abusos con relación al trabajo

Situación de los

Derechos Humanos en la

República Dominicana

infantil y la explotación sexual comercial demenores, principalmente en polos turísticos.

En la sección dirigida a los derechos de laspersonas migrantes, se informa que hasta no-viembre de 2014, tan solo en la parte sur de lafrontera, organizaciones levantaron un total de274 informes de monitoreo de violaciones dederechos humanos, la mayoría correspondien-tes a tráfico y trata, con prácticas de cobro depeajes ilegales, delitos contra la libre circula-ción de personas y contra la propiedad de mer-caderes. En 2014, específicamente en elmunicipio de Jimaní, la Red de Protección deNiños, Niñas y Adolescentes estimó en unos1,800 los casos de niños y niñas migrantes queviven en situación irregular y de vulnerabili-dad extrema, debido al tráfico y trata de me-nores haitianos con fines de explotaciónsexual.

Sobre la situación de los derechos las personasde ascendencia haitiana nacidas en el país, ex-presó que la Ley 169-14 no incide de formapositiva en la vida de las personas afectadaspor la política de desnacionalización que llevaa cabo el Estado Dominicano desde el 2007 yque esta Ley no ha logrado impedir que dichapolítica siga arrastrando a más personas allimbo jurídico y a una condición de apatridiade facto a la que llevó la Sentencia 168-13 delTribunal Constitucional. El informe evidenciapor qué la Ley ha resultado un fiasco tanto ensu contenido como en su forma de aplicación.

La situación del derecho a la libertad de expre-sión e información en la República Domini-cana es otro tema tratado en el informe, dondese reconoce un clima y un ambiente general derespeto y observancia a este derecho en el país,

aunque se resalta la necesidad de que el Estadomuestre un mayor compromiso y diligenciapor implementar las sanciones correspondien-tes en los casos de agresión hacia periodistasen ejercicio o hacia ciudadanos en ejercicio desu derecho a la protesta.

Sobre la situación de los derechos de las per-sonas con discapacidad en el país, el informeevidencia que el Estado vuelve a tener exce-lentes calificaciones en términos de protecciónlegal, con un marco jurídico robustecido conla aprobación de la Ley 5-13, sobre igualdadde derechos para las personas con discapaci-dad, sin embargo los monitoreos realizadospor el Observatorio para la Implementación dela Convención sobre los Derechos de las Per-sonas con Discapacidad, encuentran una seriede deficiencias en la implementación de estaLey.

La última sección del informe trata el estatusdel derecho a una vivienda digna, que en elpaís está consagrado en el artículo 59 de laConstitución, revelando un déficit cualitativode más de un millón de viviendas que no cuen-tan con los servicios básicos como agua pota-ble, electricidad, saneamiento, entre otros, porlo que el Observatorio de Derecho a la Ciudadafirma que hasta el 2010 el abandono del sec-tor vivienda por parte del Gobierno coloca alpaís con un déficit habitacional de más de 2millones de viviendas.

Horacio Rodríguez concluyó diciendo que lasviolaciones a los derechos humanos que seponen de manifiesto en el informe, constituyesin duda uno de los principales obstáculos parapoder prevenir futuras violaciones y alcanzarlas reparaciones necesarias.

6

Benigno Toribio, director de Solidari-dad Fronteriza, expuso sobre el Plan

Nacional de Regularización de Extranje-ros, calificándolo como un fracaso, ci-tando como su primer error el hecho deque fue iniciado sin ser promovido a tra-vés de los medios de comunicación. Ex-presó que el Plan surge para proponerle alos extranjeros que puedan regularizar suestatus migratorio, pero el Estado planteaunos requisitos difíciles de cumplir.

El primer requisito para regularizarse es eltiempo que tiene la persona migrante resi-diendo en el país, seguido del vínculo conla sociedad dominicana, así como las con-diciones laborales y socioeconómicas,todos avalados por una serie de documen-tos, la mayoría de los cuales tienen que sernotarizados y certificados en el ayunta-miento, y legalizados en la ProcuraduríaGeneral de la República, lo que implicamuchas dificultades por los costos, ya quecada acta cuesta cerca de cinco mil pesos;sumado a esto, el problema de los trámites

que tienen que hacer en Haití, que setoman dos o tres meses.

“El Plan de Regularización pudo habersido creado con buenas intenciones por elPresidente de la República y su equipo,pero en su aplicación hay muchas trabas”,afirmó Toribio, poniendo como ejemplo elhecho de que se dijo que en cada provinciao municipio cabecera habría una oficinapara la aplicación del Plan, pero hay variasque todavía no la tienen.

Consideró que este Plan en vez de ayudara los extranjeros, los está involucrando enun problema muy serio. “La pregunta delmillón es que va a pasar después del 31 demayo, que es cuando cierra definitiva-mente el Plan, con aquellos extranjerosque no apliquen; para mí que el Estado haestado cumpliendo con una presión inter-nacional para salir del paso”.

Plan Nacional deRegularización deExtranjeros

Yovanna Torres, abogada de CEFASA, ofrecióalgunas consideraciones sobre la Ley 169-14

que establece un régimen especial para personasinscritas irregularmente en el Registro Civil Do-minicano y sobre naturalización y su Reglamento250-14; explicando que en su contenido, esta di-vide en dos grupos a sus potenciales beneficiarios.

El primero es el Grupo A, integrado por hijos depadres o madres extranjeros no residentes o en si-tuación migratoria irregular, nacidos en el paísentre el 16 de junio de 1929 y el 18 de abril de2007, que fueron inscritos en los libros del Regis-tro Civil Dominicano, y que tienen al menos actade nacimiento y/o cédula de identidad y electoral.Según la ley, a ese grupo la JCE y sus oficialías en-tregarán actas y cédulas una vez “convalidadas”.

“La Ley establece que la JCE procederá a regula-rizar o transcribir en los Libros de Registro Civillas actas de las personas que aparecen como inha-bilitados, los acreditará como nacionales domini-canos, y si tenían cédula vieja se le otorgaránnuevamente con el mismo número, con excepciónde las personas que presenten registros instrumen-tados con falsedad de datos, siempre y cuando elhecho sea imputable directamente al beneficiario;pero la Ley no indica plazo para que la JCE entre-gue actas y cédulas, lo que ha pasado es que el queno tenía problema ya tiene, y el que tenía proble-mas ahora tiene muchos más”, precisó la abogada.

Por el otro lado está el Grupo B, que según la Leyestá integrado por hijos de padres o madres extran-jeros no residentes o en situación migratoria irre-gular nacidos en la República Dominicana,aquellos que nunca han sido inscritos en el Regis-tro Civil Dominicano, con un plazo en principio de90 días para aplicar a la Ley, posteriormente ex-tendido a solicitud del Poder Ejecutivo. Según To-rres, este último es uno de los puntos máscomplicados, ya que 90 días, ni 180 son suficien-tes, porque es un derecho que la persona tiene yque no debería limitarse.

Citó entre los requisitos para hacer la solicitud,presentarse ante las oficinas dispuestas por el MIPy aportar prueba del nacimiento. Esto puede ha-cerse con constancia de “nacido vivo”, pero algu-nos hospitales no lo entregan, así como con un actode notoriedad o declaración jurada que tienen unelevado costo; la dificultad para cumplir con estosrequisitos ha provocado que sea inefectivo el des-arrollo correcto de la Ley.

“La persona debe realizar su solicitud de registroy en 30 días el MIP remite los datos biométricos ala JCE, que le otorgaría un documento con su con-dición migratoria, y pasados dos años podría optarpor la naturalización; pero hasta el momento no seconoce el primer documento que se le haya entre-gado a una persona que esté en el Grupo B”, con-

sideró la abogada.

Ley 169-14

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Raydiris Cruz, directora de Casa Abierta en la sede.Santiago, abordó la situación de los derechos de

la niñez, expresando que es responsabilidad del Es-tado y de las personas adultas garantizar a niños,niñas y adolescentes el pleno disfrute de sus derechoshumanos. Hizo referencia a la Convención de los De-rechos de la Niñez, adoptada el 20 de noviembre 1989por la Asamblea General de Naciones Unidas, siendoel documento que integra los instrumentos de dere-chos más importantes en esta área.

Explicó que el país adecuó la normativa iniciando conla Ley 14-94; la Ley 136-03 que instituye el Códigode Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; y laConstitución que, a partir del 26 de enero de 2010,refleja avances importantes al incorporar en el artí-culo 56 el principio del interés superior del niño y laniña como principio rector de las acciones del Estado,de la familia y la sociedad; así como declarar del másalto interés nacional la erradicación del trabajo infan-til y todo tipo de violencia contra niños, niñas y ado-lescentes; al tiempo de alentar la promoción de laparticipación activa y progresiva de niños, niñas yadolescentes en diversos ámbitos y el apoyo en sutránsito hacia la vida adulta.

Cruz consideró que el reto de los planes nacionalesde acción a favor de la niñez es que en muchas oca-siones se realizaron con un amplio debate y partici-pación social, pero no tienen presupuesto, o losrecursos asignados a los mismos son insuficientes yen ocasiones no se aplican.

Al hablar de la violencia hacia los niños y las niñas,manifestó que desde julio de 2011 se realiza un es-fuerzo para implementar las recomendaciones del Es-tudio de la ONU sobre Violencia contra Niños yNiñas (UNVAC 2006) y que luego de un año de es-pera, y con un intenso trabajo de incidencia, se aprobóla Hoja de Ruta para la prevención de la violenciahacia los niños y las niñas, pero enfrentan un desafío,que es la ausencia de programas específicos de orien-tación a las familias para una crianza positiva, ademásde medidas efectivas y mecanismos que contribuyana la atención de niños, niñas y adolescentes víctimaso testigos de la violencia.

Consideró que se requiere continuar los esfuerzospara promover el registro oportuno de nacimientos,mediante campañas de orientación a las embarazadas,la formación del personal de salud pública y de lasoficinas del Registro Civil ubicadas en los hospitales.

Al referirse a la explotación sexual comercial, exhortóal Estado que solicite a la Comisión Interinstitucionalcontra el Abuso y la Explotación Sexual Comercialde Niños, Niñas y Adolescentes, que elabore un in-forme sobre el estado de implementación de Plan deAcción para la Erradicación de la Explotación SexualComercial en República Dominicana, y en base a losresultados tomar acciones para combatirla de formamás efectiva. En tanto que sobre los derechos al juegoy a la recreación, pidió que el Estado dominicano am-plíe las capacidades existentes y cree nuevas oportu-nidades para el ejercicio de estos derechos.

Derechos Humanos

de Niños, Niñas y

Adolescentes

Zobeyda Cepeda, del Núcleo de Apoyo.a la Mujer, abordó el Proyecto de Ley

para la Prevención, Atención, Sanción yErradicación de la Violencia Contra laMujer, explicando que el mismo tiene porobjeto la prevención, detección, atenciónintegral, persecución, sanción y segui-miento de todas las formas de violenciacontra las mujeres, mediante la regulaciónde políticas públicas orientadas al recono-cimiento, respeto y garantía del derechode las mujeres a una vida libre de violen-cia.

Al hablar de los ámbitos y tipos de violen-cia existentes, citó las cometidas en el ám-bito laboral, comunitario, educativo einstitucional, y la violencia contra la liber-tad reproductiva. Sobre esta última, ex-plicó que la violencia contra la libertadreproductiva contempla todo acto que vul-nere el derecho de las mujeres a decidirsobre su capacidad reproductiva y el nú-mero de embarazos o el intervalo entre losnacimientos, las acciones u omisiones que

discriminan y transgreden los derechos delas mujeres a acceder a los métodos anti-conceptivos, el derecho a disfrutar del pro-greso científico en materia de saludreproductiva y el derecho de acceder a lostratamientos de problemas de infertilidady de prevención de la transmisión verticaldel VIH. En tanto que, al abordar el Pro-yecto de Ley sobre Salud Sexual y SaludReproductiva, dijo que existe ausencia demarcos legales generales de protección eneste ámbito, que el existente es específico,ya que solo aborda la Ley de VIH/SIDA.

Consideró que la sexualidad sigue siendotabú en el país, que no hay suficiente re-conocimiento desde el enfoque de dere-chos, ausencia que se manifiesta demanera especial en mujeres y poblaciónadolescente, por lo que se hace necesarioun instrumento normativo a través del cualpromover el empoderamiento de las mis-mas como sujetas de derechos.

Defensoríade los Derechos

de la Mujer

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Roque Feliz, director del Centro Bonó,.abordó el tema de “La inversión social en

el sector educativo con perspectiva de derechoshumanos”, partiendo de la normativa que sirvede base al reconocimiento del derecho a la edu-cación, consagrada en la Constitución y las leyesdominicanas, así como en las convenciones in-ternacionales ratificadas por el país, conside-rando que un recorrido por los años queantecedieron a la presidencia de Danilo Medinapone en evidencia problemas de cobertura, equi-dad y calidad, así como de bajos rendimientos yresultados precarios en el universo de la escola-ridad.

Hizo referencia a las políticas educativas priori-zadas en el Plan Decenal de Educación vigente,las cuales fueron concebidas teniendo como ho-rizonte presupuestario una asignación del 4% delPIB para la educación, sin embargo, el gobiernode Leonel Fernández nunca hizo una asignaciónpresupuestaria de esta magnitud.

Informó que en más de 40 años, la inversión eneducación nunca sobrepasó el 3% anual del PIB.En 1970 se alcanzó su pico más elevado con un2.64%, y en 1993 el índice más bajo con un0.78%. La asignación más alta, de un 4% del PIBpara educación, se logró incluir por primera vez

en el presupuesto nacional del año 2013, despuésque más de 200 organizaciones de la sociedadcivil se movilizaron y respaldaron la campañamotorizada por la Coalición Educación Digna.

Roque dijo que la tasa de deserción escolar siguesiendo un problema, y que la Encuesta NacionalDemográfica y de Salud del año 2013 pone demanifiesto que sólo el 91% de la población enedad para educación básica está actualmenteasistiendo a la escuela primaria; mientras quesólo el 53% de la población en edad para educa-ción media está actualmente asistiendo a la es-cuela secundaria, debido a que la pobreza y lainequidad de género llevan a muchos estudiantesa abandonar la escuela para insertarse al mundolaboral.

Resaltó que actualmente el Estado impulsa pro-gramas proyectados a 2016 que buscan mejorarla tutela del derecho a la educación de los niñosy las niñas, y expuso que el presupuesto del Es-tado 2015, en materia educativa, plantea la prio-ridad asignada en cinco lineamientos estratégicosde intervención: jornada extendida, alfabetiza-ción y educación de personas jóvenes y adultas,construcción y reparación de aulas, apoyo a lapoblación vulnerable y atención a la primera in-

fancia.

Inversión Socialen el SectorEducativo

AJuan Castillo, director de Fundación Solidaridad,.le tocó el tema de la inversión social a nivel mu-

nicipal, exponiendo que los ayuntamientos deben ga-rantizar la participación de la población en su gestión,en los términos que defina la legislación nacional y laConstitución; deberán tener como un principio transver-sal la equidad de género y priorizarán los grupos vulne-rables, garantizándoles oportunidades para superar lapobreza.

Consideró que existe una brecha entre el marco jurídicoy las prácticas de los gobiernos locales, ya que hay si-tuaciones de violación a la Constitución y a las leyes entodos los niveles del Gobierno, citando como ejemplola Ley 166-03 que establece consignar a los municipiosy distritos municipales un 10% del presupuesto nacio-nal, pero reciben menos de un 5%.

Informó que un monitoreo ciudadano determinó que so-lamente 2 de 9 ayuntamientos cuentan con un regla-mento aprobado por resolución municipal que norma laparticipación ciudadana.

En tanto que sobre el tema de la transparencia munici-pal, el director de Fundación Solidaridad reveló que solo4 de 9 ayuntamientos han habilitado la Oficina de Ac-ceso a la Informacion Municipal o cuentan con un res-ponsable de acceso a la información; y que solo en elAyuntamiento de Santiago, la información solicitadamediante el procedimiento de la Ley 200-04 fue conse-guida conforme a solicitud realizada y dentro del plazodispuesto en esa misma Ley.

Sobre la equidad de género, Castillo informó que sola-mente 4 de 9 ayuntamientos cuentan con una oficina degénero o de promoción de la mujer, y solo 2 de 9 ayun-tamientos cuentan con una política municipal de génerodefinida, entre otras problemáticas.

El apartado políticas sociales también refleja deficien-cias, revelando que solo en 2 de 9 ayuntamientos ejecu-tan una o más políticas sociales a través de programas,proyectos y/o servicios, y únicamente 2 de 9 ayunta-mientos cuentan con un espacio físico habilitado parala ejecución de programas sociales y con una personaresponsable de los mismos.

Al referirse a las obras y servicios, Castillo informó quesolamente el Ayuntamiento de San José de las Matas al-canzó un porcentaje óptimo de ejecución de las obrasplanificadas, todos los ayuntamientos de la provinciapresentan irregularidades en el cumplimiento de los pro-cedimientos de compras y contrataciones definidos enla Ley 340-06, e igualmente casi todos enfrentan limi-taciones en la cobertura de la oferta del servicio de re-colección de los desechos sólidos.

Juan Castillo dijo que entre los principales desafíosestán: evaluación de desempeño y capacitación continuade empleados, descentralización de las gestiones muni-cipales a través departamentos con asignaciones presu-puestarias basadas en planes operativos, transparentarla gestión municipal para fomentar la participación ciu-dadana, y mejorar urgentemente la calidad del gasto delos ayuntamientos para que la ciudadanía recobre con-fianza en el quehacer político local.

Inversión Sociala Nivel Municipal

Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA)

Carretera Luperón #159, Gurabo, Santiago809-736-8272 / info@cefasa.org.do

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es

responsabilidad exclusiva del Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA), y en ningún caso debe

considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.