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MAPA DE ACTORES DE DIEZ
REGIONES PRIORIZADAS POR LA
ESTRATEGIA TERRITORIAL PARA EL
SECTOR HIDROCARBUROS
ESTRATEGIA TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y EQUITATIVA PARA
EL SECTOR DE HIDROCARBUROS
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
Ministerio de Minas y Energía
Ministerio del Interior
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Bogotá, Julio de 2015
Introduccio n
El presente documento compila y presenta un análisis de las percepciones predominantes
de actores relevantes identificados en diez regiones priorizadas (Arauca, Casanare, Guajira,
Magdalena Medio, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Córdoba-Sucre, Huila-Tolima y
Caquetá) por la Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector
Hidrocarburos. El estudio tiene como eje central el análisis del rol del sector de hidrocarburos
en cada una de las regiones, entendido desde las perspectivas y agendas frente al sector de
los actores identificados. Adicionalmente, busca identificar puntos de convergencia o
divergencia entre los diferentes actores, así como interacciones que puedan facilitar un
trabajo articulado en beneficio del sector.
El estudio de las siete primeras regiones (Arauca, Casanare, Guajira, Magdalena Medio,
Meta, Norte de Santander y Putumayo) fue realizado por la Fundación Ideas para la PAZ –
FIP, quien se encargó de levantar, compilar y analizar la información requerida para
caracterizar a los actores sociales y sus agendas frente al sector. Dicho trabajo se realizó
teniendo como punto de partida la guía de Naciones Unidas sobre análisis de mapa de
actores “Guidance note on Stakeholder Analysis”, facilitada por el PNUD. La metodología
utilizada por la FIP para el levantamiento y posterior análisis de la información se concentró
en la revisión de fuentes secundarias, sistematización de información recogida durante
rondas regionales desarrolladas en el marco de la Estrategia, documentos relevantes para
las siete regiones priorizadas y conducción en terreno de entrevistas con actores
representativos.
La caracterización de actores en las tres regiones restantes (Córdoba-Sucre, Huila-Tolima y
Caquetá) es el resultado del trabajo realizado por el equipo del PNUD de la ETH. Basándose
igualmente en la guía de Naciones Unidas sobre análisis de mapa de actores “Guidance note
on Stakeholder Analysis”, el equipo del PNUD levantó la información requerida mediante
entrevistas a actores representativos de los diversos grupos caracterizados y apoyó su
análisis haciendo uso de fuentes secundarias. La investigación se concentró en los
municipios priorizados en el Programa Avanza para estos tres nuevos territorios.
El presente documento recoge entonces las conclusiones de trabajo realizado por la FIP y
por el equipo del PNUD de la ETH para cada una de las diez regiones priorizadas. Para cada
región se podrá encontrar una caracterización de los actores más relevantes para el sector
hidrocarburos, y unas consideraciones finales sobre el rol del sector en las diferentes
regiones y las oportunidades de articulación benéficas para el sector, así como análisis de las
relaciones que existen entre los diferentes actores, de acuerdo con la información
recolectada.
I. ARAUCA
1.1. Caracterización de Actores
1.1.1 Sector público
a) Entidades gubernamentales
Tienen a su cargo garantizar la gestión sostenible de la actividad hidrocarburífera en el país.
El Ministerio del Interior es el rector de la política de descentralización territorial, de
derechos humanos y de la seguridad ciudadana; tiene especial relevancia en Arauca por
cuanto fue la entidad que estableció los espacios de interlocución en la región para tramitar
la crisis del paro departamental de 2013. En el territorio hay expectativas mixtas en relación
con MinInterior y su capacidad de liderar el cumplimiento de los acuerdos establecidos los
espacios de interlocución con las comunidades locales.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) administra la política estatal en materia de
hidrocarburos; el Sena es quien brinda la formación técnica para el trabajo de mano de obra
tanto calificada; el Ministerio de Trabajo es el rector de política estatal en materia laboral; el
de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el ente rector de la política estatal en materia
medioambiental; la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) es la encargada de
administrar la política estatal en materia medioambiental; por último el Ministerio de Minas
y Energía rige la política estatal en materia minero - energética; el Departamento para la
Prosperidad Social (DPS) orienta y ejecuta las políticas de inversión social del orden nacional;
finalmente, el Incoder coordina el subsistema de adquisición y adjudicación de tierras a nivel
regional y local, en el marco del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural
Campesino; también le corresponde al Incoder gestionar la compensación y reparación a las
familias reubicadas por la construcción de infraestructura petrolera y atender las demandas
de formalización de la propiedad tanto en centro poblados como áreas rurales.
Por otra parte, Corporinoquia como autoridad ambiental territorial juega un rol activo los
conflictos asociados al sector de hidrocarburos. Cumple funciones como el otorgamiento de
permisos y licencias para el aprovechamiento de recursos naturales renovables, y es
fuertemente criticada debido a su limitada capacidad operativa y financiera para realizar
inspecciones de control y vigilancia del cumplimiento de obligaciones por parte de los dueños
de licencias y permisos en el marco de las actividades del sector de hidrocarburos; cuenta
con baja credibilidad entre las organizaciones sociales y autoridades territoriales.
La gobernación y las alcaldías cumplen funciones de autoridades administrativas
territoriales, entre otras, orientar las inversiones para el desarrollo territorial, y garantizar el
acceso de la población a redes de bienes y servicios públicos que satisfagan debidamente sus
necesidades básicas. Su interés principal en las actividades de hidrocarburos en el territorio
radica en los flujos de rentas asociadas a las mismas, entre ellas, las regalías, los impuestos
prediales y de industria y comercio, y los recursos de cofinanciación para la construcción de
infraestructura. Frente a la conflictividad asociada al sector hidrocarburos en el
departamento, las autoridades territoriales a veces juegan un papel activo y en otras
oportunidades permanecen pasivas. En ambas circunstancias demuestran debilidad técnica,
administrativa y financiera, y generalmente participan en los escenarios de concertación en
apoyo de las delegaciones de gobierno nacional.
En el departamento opera desde 2013 el Contrato Plan Arauca que busca el mejoramiento
de la productividad y la competitividad como factores de desarrollo. Está suscrito por las
autoridades territoriales, Corporinoquia, el Departamento Nacional de Planeación, Ecopetrol
y el oleoducto Bicentenario. A través del mismo se pretende articular y coordinar las
capacidades de planeación, gestión y financiación de la Nación con las entidades territoriales
del departamento para mejorar los niveles de competitividad y bienestar social a través de
la construcción de infraestructura vial y de gestión del área fronteriza (CENAF); proyectos de
desarrollo agropecuario; TICs, viviendas y servicios públicos; salud y educación; gestión del
recurso hídrico; protección y conservación de ecosistemas; mitigación de riesgos físicos; y
seguridad y convivencia ciudadana. Algunos entrevistados opinan que el Contrato Plan
Arauca no ha traído ningún beneficio al departamento que compense los perjuicios
ocasionados por la reforma del régimen anterior de regalías por medio la ley 1530 de 2012.
Además señalan que la gerencia del Contrato Plan Arauca se encuentra politizada y responde
a intereses particulares especiales.
Las actuaciones de la Fuerza Pública en zonas de operación de hidrocarburos en Arauca está
dirigida a asegurar el territorio fronterizo, luchar contra la insurgencia, y garantizar
condiciones de seguridad para los operadores de contratos de hidrocarburos. Se calcula que
hacen presencia en el departamento un total de 15 mil hombres bajo el mando de la Fuerza
Tarea Conjunta Coordinada e Interagencial Quirón y se estima que el 80% del pie de fuerza
militar en el departamento está dedicado a proteger la infraestructura petrolera. Se
mencionan denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las brigadas 18 y
16; también hay referencias a su connivencia con reductos de antiguos grupos paramilitares,
así como la estigmatización y persecución sistemáticas de líderes sociales.
La Fuerza Pública juega un rol activo en las dinámicas de conflictividad que afectan al sector
de hidrocarburos, en la medida en que le corresponde el uso de la fuerza para controlar las
acciones de hecho que afectan las operaciones. Como estrategia de intervención para
recuperar la seguridad en el territorio, realiza incursiones en zonas de control de grupos
armados no estatales en zonas rurales y urbanas; estas intervenciones han impactado
negativamente a la población civil, causando víctimas civiles y daños a infraestructura.
b) Entes de control y ministerio público
En general, los entes de control y ministerio público (Contraloría General de la República,
Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Personerías Municipales) son
percibidos negativamente en Arauca debido a su pasividad frente a la conflictividad
relacionada con el sector de hidrocarburos; algunos entrevistados atribuyen esta situación a
la politización de estos organismos en el ámbito territorial. Las dependencias del nivel
nacional también se muestran indiferentes frente a las demandas de control surtidas desde
el nivel local y regional, limitando su respuesta a remitir los casos denunciados a sus
dependencias territoriales. Algunos manifiestan la opinión que el despacho de la Defensoría
del Pueblo en Arauca abandonó sus función de protección a los derechos humanos; también
se mencionan casos de denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por delitos
ambientales frente a los cuales no ha habido actuaciones significativas; finalmente, a pesar
que la Contraloría General es la entidad más activa en el departamento en torno a temas
relacionados con el control de las inversiones provenientes de regalías, los juicios fiscales
que adelanta con muy poca frecuencia derivan en sanciones, por lo cual tampoco goza de
credibilidad en el territorio. Según algunos entrevistados, la Procuraduría General de la
Nación es prácticamente invisible en la región.
1.1.2 Sector privado o mixto
Las empresas vinculadas al sector de hidrocarburos en el departamento de Arauca
comprenden dos tipos de actores principales. De un lado, se cuentan las empresas
operadoras como Ecopetrol, Oxy y Pacific Rubiales; por otro lado se encuentran empresas
de contratistas que ofrecen servicios especializados y logísticos a las operadoras.
Las principales operadoras son empresas multinacionales que cotizan en bolsas de valores
internacionales y por lo tanto están sujetas al cumplimiento de parámetros exigentes en
términos de relacionamiento comunitario, desempeño ambiental y protección de derechos
humanos de comunidades dentro de sus áreas de influencia. En su mayoría se dedican a la
exploración, explotación y transporte de crudo.
Ecopetrol es parte activa de la estrategia de gestión territorial del sector hidrocarburos en
Arauca. Su política de responsabilidad social empresarial se basa en protocolos de
relacionamiento con comunidades; trabajo con grupos de interés; cooperación comunidad-
Estado-empresa. Hace relacionamiento directo con las comunidades locales a través de
proyectos sociales, y promueve la diversificación de la economía del departamento.
Manifiesta preocupación por la desarticulación de las acciones e inversiones sociales que
realizan en el territorio las distintas empresas del sector hidrocarburos, por cuanto afecta
negativamente la percepción local del sector en su conjunto, entre ellos a Ecopetrol como el
operador más visible a escala de las comunidades.
Oxy opera en el marco de cuatro contratos de asociación con Ecopetrol, para la explotación
en la cuenca Llanos Norte, entre los cuales se cuentan Cravo Norte, Rondón, Cosecha, y
Chipirón. Es la empresa con imagen más desfavorable en el territorio, principalmente debido
a que no se ha compensado los impactos causados por la construcción del complejo Caño
Limón a mediados de la década de los 90, ni ha reparado a las familias que fueron forzadas
a reubicarse en ese proceso.
Las operaciones de Pacific Rubiales en Arauca se encuentran en la etapa de exploración a
través de Alange Energy Corp. También es uno de los socios principales en la construcción
del oleoducto de los Llanos (Odl).
Por el lado de las empresas contratistas, la comunidad identifica que algunas de ellas
incurren en conductas que presumiblemente sugieren relaciones con sistemas de economías
ilícitas. Un caso emblemático es la relación que actualmente investigan las autoridades entre
Sicim, un consorcio italo-argentino especializado en construcción de oleoductos, con el pago
de vacunas a la guerrilla a cambio de sus servicios de protección y amenaza a actores
incómodos para Sicim.1
1.1.3 Gremios
Los gremios están integrados por organizaciones que representan a sectores productivos, de
servicios y de periodistas. En general, las organizaciones gremiales estructuran e
implementan acciones de concertación para impulsar políticas públicas, normas y
condiciones contractuales que estimulen el crecimiento del sector, respetando las normas
de la competencia y salvaguardando su reputación. Particularmente, la Asociación
Colombiana de Petróleos (Acp) tiene comités regionales los cuales involucran a diferentes
actores y en algunos casos han sido espacios útiles para el trámite de conflictividades.
El gremio de periodistas por su parte, está vinculado con las empresas a través de la
prestación de servicios de pautas publicitarias en espacios de los medios de comunicación
regionales y a la vez de difundir información institucional sobre el sector.
1.1.4 Organizaciones de la sociedad civil
En Arauca hay numerosas organizaciones sociales que incluyen las comunales, de derechos
humanos, de víctimas, y movimientos cívicos, sociales y políticos que inciden sobre las
dinámicas de conflictividad en torno al sector hidrocarburos, a través de diversos canales de
participación, entre ellos, las veedurías ciudadanas de proyectos financiados con rentas del
sector hidrocarburos, al igual que aquellas dedicadas a la intermediación para la vinculación
de mano de obra local en puestos de trabajo dentro de la industria. Otras organizaciones
sociales velan para que las empresas cumplan sus obligaciones en la gestión de los impactos
ambientales, sociales y económicos de sus operaciones; también luchan por el respeto de la
1 Revista Semana. (2015). La petrolera que negociaba con el Eln; 31 de enero. Disponible en:
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-petrolera-que-negociaba-con-el-eln/416475-3
autonomía de los pueblos indígenas del departamento. Alguna de ellas, lideran con alguna
frecuencia acciones de hecho dirigidas a bloquear la continuidad de las operaciones del
sector hidrocarburos como medio para presionar sus agendas frente a distintas entidades
del Estado, y presentan oposición y resistencia ante la exploración y explotación de
hidrocarburos.
Las organizaciones indígenas tienen una percepción negativa sobre la exploración y
explotación de hidrocarburos en sus territorios; en particular, la comunidad U’wa se opone
radicalmente a las actividades del sector, pues que considera que tiene impactos nocivos
sobre la tierra y el agua y que violenta sus sitios sagrados. De acuerdo con las autoridades
indígenas de la organización Asocatidar, las entidades públicas han protagonizado y
promovido la desunión de las comunidades indígenas proponiendo la conformación de
nuevas asociaciones (Asocata), con el fin de legalizar consultas previas que no son
representativas y viabilizar la inversión de grandes sumas de dinero que no han generado
impacto positivo en las condiciones de vida de las comunidades. Adelantan acciones
internacionales en contra del Estado colombiano por no respetar su posición, no tenerlos en
cuenta, y por el desplazamiento de varias comunidades.
Finalmente están las empresas comunitarias de servicios públicos domiciliarios, que prestan
servicio públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y recolección de residuos sólidos.
Estas organizaciones buscan participación en las rentas del sector de hidrocarburos para
financiar sus proyectos.
1.1.5 Iglesias
Las iglesias y congregaciones religiosas se concentran principalmente en actividades de
protección y defensa de derechos humanos, así como el desarrollo integral de comunidades
y de personas mayormente impactadas por el conflicto armado. Como era común en los
antiguos “Territorios Nacionales”, la Iglesia juega un papel importante en la ampliación de
las coberturas de educación primaria y secundaria; también impulsa organizaciones sociales
importantes con incidencia política como lo hizo en el pasado con la ANUC; muchos de los
actuales líderes sociales y políticos provienen del magisterio y fueron formados en
movimientos sociales promovidos por la Iglesia. Durante los últimos años la Iglesia ha
mantenido un perfil bajo en las negociaciones de paz; no obstante, está comprometida
localmente con fomentar espacio de reconciliación y la implementación de la justicia
restaurativa como mecanismo avanzar en su dirección.
1.1.6 Grupos armados al margen de la ley
Los grupos al margen de la ley, específicamente la Farc-Ep y el Eln, son actores
predominantes en el departamento que manifiestan buscar el cambio de modelo de
explotación petrolera, mejorando la participación de la renta petrolera del Estado y de las
entidades territoriales. Consideran que estas transformaciones serán el resultado de la
movilización y la lucha del movimiento social. En la práctica controlan una parte de la renta
del sector hidrocarburos en el departamento a través de la amenazas extorsivas; entorpecen
las actividades del sector a través de atentados contra la infraestructura, así como mediante
la amenaza a transportadores y operadores logísticos que apoyan el desarrollo de
operaciones.
Finalmente en Arauca se encuentran algunos reductos de grupos paramilitares, como
“Águilas Negras”, Ejército Popular Anticomunista de Colombia – Erpac y Urabeños. Su
propósito principal es controlar rentas producidas por rutas estratégicas de movilidad en la
zona de frontera con Venezuela, a través de las cuales se mueven drogas ilícitas, armas y
municiones, combustibles, medicamentos y contrabando en general. Representan una
amenaza para la seguridad de las operaciones del sector de hidrocarburos en el
departamento por medio de prácticas como el cobro de vacunas, extorsiones y homicidios y
amenazas contra líderes sindicales y populares.
1.2 Consideraciones finales
En Arauca hay instalado un discurso negativo acerca del sector de hidrocarburos, según el
cual este es rechazado no únicamente por los impactos directos de las operaciones de
hidrocarburos, sino también por el efecto de atracción que ejerce sobre los grupos armados
ilegales que causan terror en el territorio. En el contexto de este discurso negativo, se afirma
que la industria petrolera ha contribuido decisivamente a perpetuar el conflicto armado
interno en el departamento y no ha compensado por ello de manera satisfactoria a las
comunidades. El rechazo se acentúa atribuyéndole además el origen de problemas sociales
como el desempleo, la inseguridad, el abuso de sustancias psicoactivas y la prostitución,
entre otros.
En general la comunidad araucana percibe negativamente el desempeño de las autoridades
públicas del orden nacional y territorial en el cumplimiento de sus funciones de inspección,
vigilancia y control del sector hidrocarburos en el territorio, deficiencia que se refleja en la
intensa conflictividad que caracteriza las relaciones entre comunidades y las empresas del
sector, el sistemático incumplimiento de acuerdos y compromisos pactados con las
entidades públicas, y el uso cada vez más generalizado de acciones de hecho por parte de
las organizaciones sociales para bloquear las operaciones de hidrocarburos con el fin de
presionar respuestas de partes de las autoridades públicas.
Hay irritación debido a la percepción que la política pública otorga prioridad exclusivamente
al propósito de crear condiciones favorables para la explotación de hidrocarburos, en
desmedro del desarrollo social y territorial del departamento. Confrecuencia se señala que
a pesar de los numerosos espacios de interlocución actualmente en funcionamiento con el
gobierno, la articulación de la acción administrativa es deficiente y sus efectos son poco
relevantes para atender las necesidades particulares del territorio; es decir, la disposición al
diálogo no es sustituto ni remedia la deficiente planificación de la acción pública, ni la baja
capacidad de hacer seguimiento y control de la atención a las demandas de las comunidades
araucanas. A pesar de lo anterior, hay reconocimientos a la administración Santos por ser
respetuosa de las garantías a la protesta social y, especialmente, por haber disminuido la
práctica de estigmatizar a los líderes sociales poniendo en grave riesgo su integridad
personal.
En relación con las autoridades territoriales, la comunidad expresa preocupación por los
manejos clientelistas y el alto nivel de corrupción que caracteriza la gestión de los recursos
de inversión pública en el ámbito territorial. También rechaza la pasividad de estas
autoridades frente a las demandas que realizan las organizaciones sociales ante las entidades
nacionales, así como la deficiente articulación que se evidencia entre diferentes
dependencias de las administraciones territoriales para atender problemas de su
competencia. En general hay desconfianza en los órganos de control, pues se percibe que
los vínculos políticos de sus funcionarios con las administraciones territoriales impiden el
cumplimiento de sus funciones.
Entre empresas y entidades públicas del nivel central también operan espacios de
interlocución. Sin embargo, éstos tampoco se traducen en mejoras concretas de las
capacidades y prácticas de acompañamiento de parte de estas entidades a las operaciones
en los territorios, ni a la calidad del seguimiento y control que hacen de las mismas. La
ausencia de dependencias dentro de las administraciones territoriales dedicadas
exclusivamente a la gestión de temas relacionados con el sector de hidrocarburos dificulta la
interacción sostenida con las autoridades públicas en torno a situaciones problemática
puntuales, tanto por parte de las comunidades como del al industria. Adicionalmente
persisten deficiencias en el seguimiento y control de metas de inversión pública por parte de
las entidades territoriales, por lo cual el impacto de los aportes realizados en este sentido
por el sector de hidrocarburos se ve diluido, y afecta negativamente su imagen ante las
comunidades locales.
Algunos entrevistados señalan que la reticencia de la industria a participar de ejercicios
conjuntos y coordinados de planificación de inversiones territoriales con las administraciones
departamental y municipales, es una manera de evadir situaciones en las cuales las empresas
son presionadas a convivir con iniciativas que no responden a prioridades de desarrollo
territorial sino el favorecimiento de intereses partidistas o intereses especiales de ciertas
personas.
En Arauca, la mayor influencia que ejercen las empresas operadoras es de carácter
económico; son generadores de empleo y tienen capacidad para incidir visiblemente en el
mejoramiento de las condiciones de competitividad y productividad en la región. Además las
empresas del sector de hidrocarburos se encuentran en posición ventajosa para regular el
desempeño de contratistas en el territorio mediante el establecimiento de protocolos de
relacionamiento comunitario de conformidad con estándares en materia de derechos
humanos y gestión ambiental. Finalmente, realizan contribuciones importantes al desarrollo
social y ambiental del territorio a través de sus programas de responsabilidad social
empresarial, planes de beneficios comunitarios (PBC) y proyectos de compensación
ambiental. Por tanto en Arauca una oportunidad importante para la estrategia de gestión
territorial del sector de hidrocarburos es para identificar y divulgar mecanismos para
coordinar inversiones en temas de desarrollo social, ambiental y territorial que contribuyan
a generar impactos visibles y medibles sobre las condiciones sociales y ambientales del
departamento.
Por otro lado, las agencias públicas encargadas tanto de regular, controlar, supervisar y
gestionar las actividades del sector, como de responder a las demandas de las comunidades
relacionadas con esos asuntos, tienen notable influencia sobre la manera como son
percibidas las empresas en el territorio. Sus actuaciones públicas contribuyen tanto a
afianzar como a modificar los discursos actualmente instalados en relación con esas
empresas. Por consiguiente, la estrategia de gestión territorial del sector de hidrocarburos
también representa una oportunidad para identificar y difundir mecanismos que contribuyan
a una mejora visible en la comunicación entre organismos del orden nacional y las entidades
territoriales al igual que con las comunidades locales, a fin de reestablecer la confianza en su
compromiso con el debido cumplimiento de sus funciones de inspección, control y vigilancia
del desempeño de las empresas.
De otro lado, los frecuentes cambios de gabinete en los gobiernos territoriales, tanto por
conveniencias políticas como por procesos de investigación fiscal, disciplinaria y penal de
funcionarios, debilitan y entorpecen la continuidad en la gestión y el cumplimiento de
compromisos con sus comunidades, entre ellos, aquellos pactados en el marco del paro
agrario de 2013. Figuras administrativas novedosas como el establecimiento del Contrato
Plan Arauca2, en el marco de la ley 1454 de 2011 (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
– Loot ), que impulsa la gobernación desde 2013 con el concurso de las alcaldías municipales,
Corporinoquia, Ecopetrol, el Oleoducto del Bicentenario, y el Departamento Nacional de
Planeación, pueden ofrecer un marco de mayor estabilidad y control tanto en la planificación
como en el seguimiento y evaluación de los proyectos que deben ejecutar las
administraciones territoriales en cumplimiento de sus compromisos. La creación de
dependencias de enlace territorial para el sector minero-energético, también puede
contribuir a mejorar la organización del trámite de conflictividades asociadas al sector de
hidrocarburos, así como la coordinación entre entidades territoriales y empresas de las
prioridades de inversión social que tengan impacto y sostenibilidad en el territorio. Un
acompañamiento directo por parte de la Anh en los escenarios dispuestos para la realización
de este tipo de ejercicios puede contribuir a mejorar la transparencia de las propuestas y
acuerdos que se pacten, así como a la eficacia del seguimiento que se haga a los mismos.
Finalmente, el apoyo al seguimiento de la ejecución de los proyectos del Contrato Plan
Arauca por parte de veedurías ciudadanas puede contribuir a la construcción de confianza
2 El Contrato Plan Arauca articula y coordina las capacidades de planeación, gestión y financiación de la Nación con las
entidades territoriales del departamento. Contempla cuatro ejes prioritaritos en torno los temas de productividad y
competitividad; desarrollo social; sostenibilidad ambiental; y soberanía y territorio. Dada la coincidencia temática de estas
prioridades de inversión con aquellas contenidas en los programas de responsabilidad social empresarial así como con los
PBC de la industria, será de interés hacer seguimiento a los resultados de este mecanismos de coordinación de fuentes de
inversión, así como su impacto sobre el desarrollo territorial del departamento para derivar lecciones que contribuyan a
mejorar las prácticas de planificación de la inversión que actualmente predominan tanto entre las entidades públicas como
del sector hidrocarburos.
social en este mecanismo de planificación y ejecución coordinada de inversión conjunta
entre entidades públicas y el sector de hidrocarburos.
Por su parte, las distintas organizaciones sociales que se han desarrollado en el
departamento en el pasado reciente muestran una creciente influencia, debido a la
visibilidad que han logrado a dar a sus reivindicaciones a través de las acciones de hecho
dirigidas a bloquear operaciones de hidrocarburos en Arauca. A pesar de diferencias
ideológicas de fondo, desde 2013 el movimiento social araucano está reunido en bloque en
torno a las banderas la Mesa de Interlocución Agraria (Mia) y lucha por materializar el
cumplimiento de un pliego conjunto suscrito por 48 organizaciones, entre ellas, sindicatos,
miembros de juntas comunales, asociaciones de campesinos, grupos ambientales,
movimientos políticos, etc. Paralelo a este proceso, el gobierno nacional impulsa el
denominado Pacto Agrario que las organizaciones sociales perciben como una estratagema
para desactivar la Mia y por ello se resisten a participar de él. De allí que en la coyuntura
actual resulta improbable que las organizaciones sociales araucanas muestren disposición a
participar en nuevos espacios de diálogo y concertación distintos a la Mia. En estas
circunstancias es conveniente que la estrategia de gestión territorial del sector de
hidrocarburos procure vincularse a escenarios en los que ya actúan las organizaciones
sociales, entre ellos, el Comité Departamental de Derechos Humanos, Consejo de Paz, el
Contrato Plan Arauca etc., dando relevancia a temas que estén a su alcance y a la vez estén
referidos a temas incluidos en el pliego de peticiones suscrito en el marco de la Mia.
II. CASANARE
2.1 Caracterización de Actores
2.1.1 Sector público
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), supervisa a nivel nacional las empresas del
sector hidrocarburos para que cumplan con sus contratos y con la legislación colombiana;
además administran las áreas de exploración y/o explotación. En el escenario de Sistema
General de Regalías (SGR), en el cual las entidades territoriales de Casanare perdieron los
flujos de regalías que manejaban directamente, la ANH no cuenta con apoyos territoriales
para lograr el necesario acercamiento con las organizaciones sociales y comunidades que
oponen resistencia a la actividad hidrocarburífera.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se encarga de otorgar y supervisar
licencias, permisos y trámites ambientales. Corporinoquia se encarga de administrar las
licencias, autorizaciones y permisos relacionados con el aprovechamiento de los recursos
naturales renovables en su área de jurisdicción. Como sucede con otras entidades de orden
nacional, el ANLA tiene poca capacidad para influir en las entidades territoriales y las
organizaciones sociales y comunidades. Es vista con desconfianza en tanto sus visitas a la
zona son sufragadas por las empresas interesadas en los trámites. Decisiones como la
suspensión de operaciones de empresas de hidrocarburos son vistas de manera positiva por
parte de las comunidades, quienes ven este tipo intervenciones como antecedentes que
pueden ser utilizados para presionar a las empresas para realizar inversiones sociales y
buscar rentas para sí.
La gobernación del Casanare apoya el desarrollo de la estrategia territorial de gestión del
sector hidrocarburos, pero recomienda fortalecer los mecanismos de seguimiento de
compromisos y transformación de las conflictividades asociadas al sector hidrocarburos.
Impulsa alianzas público-privadas con empresas del sector hidrocarburo para atender
problemas agudos, como el mejoramiento de la malla vial, el impulso de proyectos
productivos y el mejoramiento de la calidad de la educación a través de compromisos
pactados en un documento de entendimiento suscrito con las empresas petroleras. Sus
voceros consideran que la articulación con el gobierno nacional es insatisfactoria y que las
entidades públicas nacionales desestiman la información y estrategias que se elaboran en el
territorio para mitigar y tramitar la conflictividad en torno a la industria de hidrocarburos.
A nivel local, se encuentran las alcaldías, las cuales tienen la misión de buscar un
mejoramiento del bienestar y calidad de vida en sus respectivas jurisdicciones. Manejan
temas como el desarrollo económico local y la gestión del medio ambiental, y la construcción
de obras públicas, entre otros. El las alcaldías se perciben posiciones de apoyo a las
comunidades antes que a las empresas de hidrocarburos, aunque estas relaciones son
cambiantes y las alcaldías a veces también buscan el apoyo de las empresas para que estas
apoyen con recursos la financiación de obras contempladas en los planes de desarrollo
territoriales; tanto las asamblea departamental como los concejos municipales sirven de
escenarios para debates y acercamientos entre las empresas y comunidades en torno la
actividad del sector, la distribución de sus beneficios e impactos, y las demandas que le hacen
los actores territoriales a la industria y las entidades públicas encargadas de su regulación y
sanción.
2.1.2 Sector privado o mixto
Según la Anh, entre las empresas que se encuentran en explotación y producción de
hidrocarburos en Casanare se encuentran: Equión Energy Limited; Ecopetrol S.A.; Perenco
Colombia Ltd; Lewis Energy Colombia Inc; New Granada Energy Corporation; Petrominerales
Colombia Ltda; Parex Resources Colombia Ltd; Grupo C&C Energia Barbados; Colombia
Energy Development Co; Petróleos Sud Americanos S.A.; y Emerald Energy Plc Sucursal
Colombia; entre otros3. Las demás empresas del sector hidrocarburos que actualmente
tienen actividad en el Casanare desarrollan operaciones en fase de exploración.
Las empresas del sector hidrocarburos en el Casanare coinciden en la percepción que es
importante tener relaciones positivas con las comunidades en sus áreas de operación para
evitar bloqueos y gastos adicionales, y aseguran cumplir con sus obligaciones tributarias,
pago de regalías e inversiones sociales obligatorias, para quienes estas aplican, y de respetar
la propiedad de la tierra, acogiéndose a las disposiciones en el trámite de servidumbres. En
3 Anh, Ronda 2014.
general se preocupan por mantener una buena reputación ante las entidades públicas y las
comunidades, aun cuando hay algunas excepciones en este sentido. En su mayoría rechazan
abiertamente las acusaciones que el sector hidrocarburos sea el principal responsable del
deterioro de los sistemas de soporte natural de los servicios ecosistémicos en el Casanare.
Algunas señalan la corrupción presente en las Juntas de Acción Comunal o líderes de la
comunidad, al negociar el destino del dinero de la inversión social voluntaria que realizan las
empresas.
Adicionalmente, están las empresas contratistas que prestan bienes y servicios a las
operadoras del sector. Hay la percepción que algunas de éstas empresas están asociadas a
las élites regionales con poder político en el departamento, y en ocasiones tienen vínculos
con agentes criminales; en algunos casos se insinúa pueden estar involucrados en el lavado
activos.
2.1.3 Gremios
En Casanare se encuentran las siguientes agremiaciones: Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia; Cámara de Comercio de Casanare; Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia; Asociación Colombiana de Camioneros –ACC; Asociación
Colombiana del Petróleo -ACP-; Asociación Empresarial para el Desarrollo de la Orinoquía
(Asorinoquia); Mesa Departamental de Transportadores; Comité Departamental de
Ganaderos de Casanare; Asociación Casanareña de Industriales del Arroz; Sociedad de
Ingenieros de Casanare; Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Casanare; Federación
Departamental de Turismo de Casanare; y la Asociación de Transportadores de Carga de
Casanare; entre otros, representando a los distintos sectores que pueden tener una
influencia directa o indirecta en torno a la explotación de hidrocarburos. Estas
organizaciones han participado en iniciativas para analizar y mitigar las problemáticas de la
región.
La Cámara de Comercio de Casanare, impulsa la diversificación de la economía del
departamento para reducir su dependencia de los ingresos generados por el sector de
hidrocarburos. Es un actor con mucha influencia por su buena reputación y compromiso con
la comunidad. Aunque no incentiva la extracción de hidrocarburos, no se opone a esta
actividad; alternativamente promueve la coexistencia entre diferentes sectores productivos
de la región y el sector de hidrocarburos.
De otra parte, está la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), la cual no goza de aprecio
entre la opinión publica debido a la percepción que representa a empresas responsables por
los impactos negativos al medio ambiente, la problemática social y los temas relacionados
con las vías y contratación (trabajadores, bienes y servicios). La comunidad no confía en las
empresas de este sector, lo que dificulta el relacionamiento entre estos actores.
La Unión Sindical Obrera (USO), el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema
Agroalimentario (Sinaltrainal), y la Confederación General del Trabajo son algunos de los
gremios que representan a los trabajadores del sector de hidrocarburos; impulsan acciones
dirigidas a proteger los derechos laborales de los trabajadores. Adicionalmente en el
departamento funcionan otras organizaciones gremiales, como el Sindicato de Maestros del
Casanare (Simac), entre otros.
2.1.4 Organizaciones sociales
La Caja de Compensación del Casanare (Comfacasanare) es un mediador de importancia
entre el sector de hidrocarburos y las comunidades en el tema de gestión de oportunidades
para la vinculación laboral a las empresas. Algunos sectores critican a Confacasanare porque
no difunde ampliamente las ofertas laborales disponibles en el sector extractivo, por lo que
ha perdido credibilidad entre algunos actores territoriales. No obstante, esta caja de
compensación familiar será fundamental en el acompañamiento y regulación de las agencias
públicas de empleo en alianza con el SENA y el Ministerio de Trabajo.
En el ámbito local se encuentran las Juntas de Acción Comunal (JAC). En varias entrevistas,
se mencionó la existencia de corrupción dentro de algunas de ellas, mediante el tráfico de
cupos de vinculación laboral a las empresas del sector en beneficio personal de sus
directivos, al igual que por medio de la negociación de prebendas particulares en la definición
de prioridades para la inversión social en la zonas de influencia directa de las operaciones de
las empresas. Frente a estos temas, se expresa temor para hablar libremente así como para
identificar a las personas más influyentes en ese medio.
En años recientes como respuesta a los problemas de abastecimiento de agua para el
consumo humano en Yopal, surgió un movimiento de líderes comunitarios denominado
“Movimiento por el Agua”, que aboga por mejorar la situación de disponibilidad de agua
potable en el departamento. Este movimiento se opone abiertamente a la actividad del
sector de hidrocarburos por considerar que sus operaciones son la causa principal de la
variación en la disponibilidad del recurso, y señala el incumplimiento de los acuerdos
pactados por parte de las empresas y con el gobierno territorial y nacional en relación con la
gestión del recurso hídrico. Entre sus acciones más visibles se destaca su oposición a la
adquisición de tierras con fuentes de agua por parte de empresas de sector hidrocarburos,
al igual que el impulso de iniciativas como las consultas populares para sacar la actividad
extractiva en municipios como Tauramena y Monterrey. No es claro el origen de este
movimiento. No obstante, por su visible capacidad de convocatoria y movilización social
puede estar vinculado a actores con notable influencia política y social en el departamento.
Finalmente, entre otras organizaciones sociales, cabe destacar la Fundación Amanecer, una
iniciativa empresarial de con una trayectoria de más de 20 años que goza de buena
reputación en el departamento y adelanta programas para diversificar la base económica del
departamento.
2.2 Consideraciones finales
En torno al sector hidrocarburos en Casanare se observan dos posiciones bien definidas:
quienes están en contra y quienes están a favor de la actividad y su operación en el territorio.
Esta circunstancia genera un clima de polarización en torno al sector, lo cual representa un
escenario indeseable tanto para la región como para el sector.
Algunas organizaciones sociales se han organizado para oponerse frontalmente a las
operaciones de hidrocarburos; entre ellas se destacan algunas como el “Movimiento por el
Agua” con el apoyo de algunas administraciones municipales del departamento.
La visibilidad actual de los detractores de la industria es coyuntural, principalmente a
consecuencia de circunstancias como la reciente muerte masiva de chigüiros en temporada
seca al igual que por problemas en el sistema de abastecimiento de agua en Yopal y otras
poblaciones del departamento. No obstante, es preciso reconocer que en la actualidad estos
actores muestran una significativa capacidad para convocar y conducir movilizaciones en
rechazo al deterioro de los ecosistemas regionales y en oposición a la operación del sector
de hidrocarburos en el territorio.
El discurso de oposición a las actividades del sector ha resonado con otros actores que no
están abiertamente en contra de la explotación de hidrocarburos, porque se benefician o
aspiran a beneficiarse de rentas provenientes del sector, pero que le apuestan a manipular
el descontento popular para presionar al gobierno mediante el bloqueo de las operaciones
de hidrocarburos, como sucede con algunos líderes vinculados con organizaciones sociales
que incluyen algunas Juntas de Acción Comunal.
Por esta razón resulta imperativo evitar que el discurso negativo en relación con el sector
hidrocarburos en el Casanare se instale definitivamente en el imaginario colectivo como
sucedió en La Guajira con el complejo carbonífero de El Cerrejón. Ello representa un riesgo
para el sector de hidrocarburos así como para la gobernabilidad de las entidades públicas del
nivel nacional, las cuales son referidas en el discurso de oposición al sector de hidrocarburos
como entes lejanos y monolíticos, ajenos a las necesidades e intereses de las comunidades
locales, cuya única preocupación radica en facilitar la extracción acelerada de la base de
recursos naturales del departamento para capturar la parte de la renta que le corresponde.
Por eso cunde la percepción de que las entidades del orden nacional como el Ministerio de
Minas y Energía, la ANH, y el ANLA, al igual que la Fuerza Pública, son agentes al servicio de
las empresas del sector; desde esta perspectiva, este el origen de su indolencia frente a los
daños que las industria pueda causar a las comunidades y el ambiente al igual que de su
pasividad frente al cumplimiento de sus funciones de supervisión y control de la misma. Por
consiguiente, es importante que entidades del orden nacional como ANH y ANLA hagan
mayor presencia en el territorio por medio de oficinas en las regiones o generar mecanismos
de comunicación directa con las autoridades locales, suministrando información precisa para
responder satisfactoriamente a las inquietudes y reclamos que van surgiendo en relación con
las actividades del sector en el territorio.
Empresas como Ecopetrol y Equión Energy gozan de buena reputación en la mayor pare
parte del territorio debido a los resultados de sus modelos de relacionamiento comunitario,
al igual que de sus protocolos de gestión ambiental; por consiguiente, ambas empresas se
encuentran bien posicionadas para impulsar el diseño de propuestas de estructuras,
sistemas y métodos para fortalecer la gestión territorial del recurso hídrico con su
correspondiente portafolio de proyectos de inversión. Hay algunos actores que son críticos
del desempeño ambiental de aquellas empresas del sector de hidrocarburos que han
causado daño a los ecosistemas, pero que no se oponen de manera radical a las operaciones
responsables. Es el caso de la Asociación de Becarios que actualmente desarrolla proyectos
de investigación y asesorías en torno a la conservación de recursos naturales y el
mejoramiento de la calidad de vida de diferentes comunidades del departamento. Actores
en una posición como la de esta asociación pueden cumplir un papel positivo en la mediación
y facilitación de acercamientos iniciales en torno a iniciativas como la propuesta de gestión
territorial del recurso hídrico en el departamento, convocando a organizaciones sociales,
autoridades territoriales, entidades del orden nacional de los sectores ambiental y minero-
energéticos, órganos de control, veedurías comunitarias y empresas de hidrocarburos.
Iniciativas como estas también son propicias para explorar y desarrollar mecanismos eficaces
de comunicación para que ANH y ANLA mantengan bien informadas a autoridades
territoriales y comunidades sobre nuevos proyectos de hidrocarburos que tramitan
contratos y licencias ante esas entidades, al igual que sobre los resultados del seguimiento
que realizan estas entidades del orden nacional a los mismos dentro de la jurisdicción de
cada entidad territorial. Ello probablemente contribuya a mejorar la confianza tanto de las
autoridades territoriales como de las organizaciones sociales locales, en las entidades del
sector de hidrocarburos que cumplen funciones de regulación, supervisión y control del
desempeño de las empresas.
Paralelamente con el mejoramiento de la gestión territorial del recurso hídrico, es
conveniente que la estrategia de gestión territorial del sector hidrocarburos apoye y realice
seguimiento a los compromisos pactados en el documento de entendimiento entre la
gobernación de Casanare y las empresas petroleras en las áreas priorizadas (infraestructura
vial, proyectos productivos educación, e inversión social) en las cuales se desarrollaran
iniciativas por medio de alianzas público-privadas. El éxito de estas iniciativas es clave, pues
sus resultados positivos serán el mejor remedio para prevenir nuevas movilizaciones de
protesta social dirigidas a bloquear la operación del sector de hidrocarburos. Además, los
resultados positivos servirán como referentes y modelos para replicar experiencias similares
a nivel de las administraciones municipales, lo cual contribuiría a mejorar la gobernabilidad
en el departamento.
Además, conviene que ANH busque un mayor acercamiento con la gobernación del Casanare
en el marco de los acuerdos pactados en el ya referido documento de entendimiento,
acompañado las gestiones para canalizar recursos de entidades del orden nacional para
apoyar los proyectos de infraestructura, educación e inversión social priorizados. Esta sería
una manera de asegurar mayor compromiso de la administración departamental con la
estrategia de gestión territorial del sector hidrocarburos en el departamento.
Otros actores clave también pueden aportar liderazgo y conocimiento para sacar adelante
los compromisos contemplados en el documento de entendimiento, entre ellas, Ecopetrol,
la Fundación Amanecer y la Cámara de Comercio de Casanare, organizaciones sociales y
universidades. Entre las áreas priorizadas en el documento de entendimiento, la de
proyectos productivos ofrece una oportunidad importante para desarrollar la agenda de
diversificar la economía local del departamento y reducir su dependencia actual de la
actividad del sector de hidrocarburos. Si bien los frutos de ello solo se verán en el mediano
a largo plazo, este propósito representa una solución deseable y sostenible para mitigar los
conflictos que actualmente se registran en torno a la contratación de mano de obra y bienes
y servicios locales por parte de las empresas de hidrocarburos. Mientras no hay otras
alternativas dignas de empleo en el departamento distintas a esta fuente, difícilmente se
podrán remediar los problemas de corrupción y manipulación del descontento popular que
actualmente se observan en relación con este asunto.
En el entretanto es posible promover distintas acciones para reducir el nivel actual de
conflictividad asociado al tema. Tanto las administraciones municipales como las Juntas de
Acción Comunal pueden verse fortalecidas y legitimadas antes las comunidades mediante la
formalización de agencias públicas de empleo con el apoyo del Sena, así como con la puesta
en merca del sistema de seguro de desempleo establecido en el marco de la ley 1636 de
2014 con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar del Casanare. Así mismo una mejor
supervisión y acompañamiento de las Juntas de Acción Comunal por parte de las entidades
territoriales y órganos de control del Estado puede contribuir a restituir las diversas
funciones a cargo de estas organizaciones sociales de gran significación para la vida
comunitaria.
Finalmente, la estrategia de gestión territorial del sector hidrocarburos se verá beneficiada
con las acciones que tomen los operadores para acompañar y supervisar el cumplimiento
por parte de sus empresas contratistas de los protocolos de relacionamiento comunitario y
gestión ambiental enmarcados dentro de lineamientos internacionales referidos a la
protección y garantía de los derechos humanos, entre ellos, los principios rectores de las
Naciones Unidas, el Pacto Global, y las líneas directrices de la OCDE. Ello puede contribuir
efectivamente a disminuir la conflictividad en torno al trámite de servidumbres al igual que
por impactos negativos de las operaciones sobre los ecosistemas de la región; además puede
favorecer el restablecimiento de la confianza de la comunidad en sus autoridades
territoriales y la Fuerza Pública como legítimos servidores públicos a cargo de mantener las
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos individuales y las libertades públicas
en ámbitos locales.
III. LA GUAJIRA
3.1 Caracterización de Actores
3.1.1 Sector público
a) Gobierno nacional
Generalmente los entrevistados refieren al gobierno nacional como un ente omnipotente y
monolítico. Lo que se percibe a partir de la observación en terreno es que la expresión “alto
gobierno” refiere a entidades que se relacionan con el sector de hidrocarburos, entre ellas,
el Ministerio de Minas y Energía (MME) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), cuyo
discurso está enmarcado en un modelo de crecimiento económico del país basado en la
atracción de inversión extranjera para la explotación de recursos naturales, en este caso
específicamente los recursos mineros y energéticos.
Se percibe una baja visibilidad y conocimiento sobre el papel que juega la ANH en el
departamento. La comunidad en general desconoce sus funciones y su impacto en el
territorio; la gobernación, aunque manifiesta poco conocimiento sobre las actividades de
esta entidad de orden nacional, reconoce su existencia e importancia en materia de
decisiones en el sector de hidrocarburos del departamento. Además, entre las
organizaciones sociales y los gobiernos territoriales se percibe a la ANH como una agencia
estatal que no busca satisfacer las necesidades de la población, sino que por el contrario que
está al servicio de las grandes empresas para apoyarlas en el desarrollo de sus actividades,
que en muchos casos, son perjudiciales para la población. Así pues, se le refiere con la
denominación "gobierno nacional", como una entidad que no representa a la comunidad y
que en su afán por propiciar el desarrollo de la locomotora minero-energética, excluye a la
población de los procesos de toma de decisión más importantes. Esta percepción y
animadversión se han exacerbado aún más con la reforma del Sistema General de Regalías
(SGR) mediante la ley 1450 de 2012, la cual redujo la participación de las entidades
territoriales del departamento en los recursos de regalías.
El plan de desarrollo departamental busca que el sector privado, con base en la
responsabilidad social empresarial, juegue un rol importante en el equilibrio entre el
mercado y el interés público del departamento. Lo anterior con miras al mejoramiento de las
relaciones de las empresas con su entorno y propiciar el abordaje conjunto entre sector
privado y gobierno territorial del propósito de disminuir la dependencia la economía del
departamento del enclave minero energético a través de su diversificación. El plan también
llama a una mayor articulación entre las entidades públicas de orden nacional y territorial
vinculadas al sector hidrocarburos, mediante estrategias de comunicación y diálogo más
eficaces en torno a la coordinación de inversiones y acciones que generen impactos visibles
en las condiciones sociales y medioambientales en el departamento.
b) Gobiernos territoriales
Las autoridades departamentales son criticadas por el despilfarro generalizado de dinero, la
falta de coordinación dentro de la administración y la deficiente representación de los
intereses de diversos sectores de la comunidad dentro de ésta. En el marco de la estrategia
de gestión territorial del sector hidrocarburos, las autoridades territoriales manifiestan su
expectativa de ser empoderadas y recibir suficiente información sobre las operaciones de la
industria de hidrocarburos en el territorio para tener capacidad de manejar una relación
equilibrada con las demás instancias gubernamentales, las empresas y la comunidad.
También esperan ser incluidos en los procesos de toma de decisión importantes del sector
hidrocarburífero para el desarrollo del departamento.
De los gobiernos territoriales se espera que lleven la representación política de ciudadana
local frente al gobierno nacional y de ser el enlace entre la comunidad y la política nacional.
Sin embargo, la percepción local es que esta función principal no es llevada a cabo
satisfactoriamente. Entre los factores a los que se atribuye este resultado, los líderes sociales
mencionan principalmente el escaso empoderamiento que el gobierno nacional está
dispuesto a reconocer a las autoridades territoriales. Es decir, el insuficiente poder de la
gobernación y las alcaldías impide que éstas tengan incidencia en los procesos de toma de
decisión que afectan a las comunidades locales, pues no tienen ni autoridad ni voz y voto en
el desarrollo de negociaciones de proyectos extractivos en la zona. Por consiguiente, las
autoridades territoriales han perdido credibilidad frente a la población. Otro aspecto
mencionado que también obstaculiza el buen desempeño de las autoridades territoriales es
la corrupción que las permea para promover intereses particulares de ciertas familias o
personas con poder.
3.1.2 Sector privado o mixto
En el sector de hidrocarburos, el sector privado se compone de empresas que están
realizando procesos de explotación de gas en plataformas marinas y continentales, así como
otras que se encuentran en etapa de exploración. Las empresas que ya se encuentran hace
varios años en el departamento, como Chevron, cuentan con una infraestructura estable, un
negocio sumamente rentable y una relación clara con la comunidad que es impactada por
sus actividades. Son empresas multinacionales asociadas con Ecopetrol que como Repsol
(aunque solo tiene poco tiempo de estar en el departamento) realizan actividades de
explotación y movilizan gran cantidad de recursos, y en consecuencia generan regalías. Al
respecto, es preciso anotar que los intereses de empresas que desarrollan actividades de
explotación, como Chevron, Repsol, Shell, Petrobras, entre otras, están dirigidos hacia la
generación de lucro en un entorno que esperan sea favorable a sus actividades para lo cual
desarrollan políticas de responsabilidad social.
En el sector minero-energético se destaca el complejo de El Cerrejón. Sus directivas
reclaman con urgencia una institucionalidad pública con visión integral de desarrollo
territorial para La Guajira, que opere con transparencia y un sistema de administración de
justicia que así lo garantice. Desde la perspectiva de El Cerrejón, el principal obstáculo para
programas de desarrollo de actividades económicas en el departamento, entre ellas la
hidrocarburífera, es la escasez del agua; la solución depende de una ruta clara de inversión
por parte del Estado y un aporte de las empresas que tienen la capacidad de hacerlo.
Específicamente, los voceros de El Cerrejón señalan que los principales retos para el sector
hidrocarburos en La Guajira radican en la planificación de sus explotaciones alienadas dentro
de una visión de para el desarrollo territorial de cada sub región del departamento; es decir,
consideran que una “estrategia regional” sería una un marco de referencia para que el
gobierno central planifique y oriente los programas y recursos que destine a cada subregión
para asegurar un impacto visible sobre las condiciones de vida y el medio ambiente.
Por otro lado, el puerto multipropósito “Puerto Brisa” actualmente tiene influencia marginal
sobre el sector hidrocarburos. No obstante, en el futuro cuando empiece a operar y preste
servicios significativos a sector hidrocarburos en el territorio, puede convertirse un objetivo
para presionar por medio de acciones de vías de hecho por parte de quienes se oponen a las
actividades del sector en el territorio. Además, en percepción generalizada de la población
guajira el puerto tiene una imagen negativa debido a que su construcción afectó territorios
indígenas ancestrales, lo cual contribuye a reforzar el discurso negativo instalado sobre las
actividades minero-energéticas en el departamento.
Finalmente, la Sociedad de Salinas de Manaure (SAMA) es la empresa insignia de Manaure
por su tradición. El manejo de recursos económicos y generación de regalías la posiciona
como una empresa con gran incidencia en la dinámica económica del territorio. A raíz de su
entrega en concesión por 18 años a la multinacional BIG Group, hay expectativas en relación
con la inversión social que realice esa empresa en el municipio para generar desarrollo local.
Su inserción a mediano plazo en territorio guajiro augura que habrá relaciones constructivas
con las entidades territoriales y organizaciones sociales, y se llevarán a cabo proyectos
sociales integrales con su aporte.
3.1.3 Gremios
La Cámara de Comercio de la Guajira está comprometida con el desarrollo empresarial y
social del departamento. En su programa de desarrollo empresarial impulsa numerosos
proyectos, entre los que se destacan Turismo Emprende, en asocio con el SENA y Asoguajira
(Chevron y Ecopetrol), y Gemprende. El primero tiene como objetivo principal apoyar
iniciativas para la creación y el fortalecimiento de empresas que contribuyan al
mejoramiento de la productividad y competitividad de la cadena de valor del sector turismo
en Riohacha y Manaure. El segundo, funciona bajo el esquema de alianzas público-privadas
para referenciar y orientar a la población vulnerable, hacia oportunidades de generación de
oportunidades de empleo, autoempleo y emprendimiento.
3.1.4 Organizaciones sociales
La etnia wayúu es predominante en el departamento; sus clanes se encuentran asentados
en los lugares impactados tanto por la minería como por la explotación de hidrocarburos. Al
igual que sucedió con El Cerrejón, es probable que los clanes wayúu intenten ejercer presión
y fijar condiciones en relación con el establecimiento de nuevos proyectos de desarrollo en
el departamento. Señalan que es deber de las empresas consultar a las comunidades
indígenas sobre los proyectos que pretenden desarrollar, sin importar si se trata de
proyectos de exploración o de explotación.
3.2 Relación entre los actores gubernamentales, organizaciones sociales y empresas
a) Gobierno nacional/ territorial y comunidad
La relación entre entidades públicas del orden nacional y las comunidades se caracteriza por
procesos defectuosos de comunicación y diálogo, y una interlocución afectada por
interrupciones y discontinuidades. Desde la comunidad se percibe falta de interés del
gobierno nacional por hacer frente a las necesidades de las comunidades, y una alta
preferencia por satisfacer las demandas de las empresas. Esta desconfianza alimenta una
brecha que separa a líderes comunitarios de autoridades nacionales, y dificulta una
interacción constructiva entre ellos.
El “gobierno nacional” se percibe desde lo local como un ente externo que no representa
ningún interés de las comunidades locales; protege los intereses de la empresa privada y
aprovecha su poder para llevar a cabo proyectos que no son compatibles con modelos de
desarrollo indígena o local, sino que por el contrario, obedecen a una lógica capitalista en la
que los únicos beneficiados son los empresarios y los gobernantes de altos cargos que se
aprovechan de los recursos. En cuanto a las entidades territoriales, la ciudadanía se refiere
con inconformidad a la ausencia de empoderamiento de sus autoridades territoriales frente
al gobierno central y los proyectos que promueve; las comunidades manifiestan que se
sienten insatisfechas porque los funcionarios territoriales no las representan ni sirven como
mediadores o interlocutores ante las empresas ni las entidades públicas del orden nacional,
función que consideran como la más importante de cuantas deben cumplir.
b) Gobierno nacional / territorial y empresas
Las empresas distinguen dos tipos de interacción con las entidades del sector hidrocarburos
del orden nacional. Desde su perspectiva hay una relación más estrecha entre éstas
entidades y los operadores cuyos proyectos se encuentran en etapa de explotación, y que
por consiguiente significan importantes ingresos por impuestos y regalías para el Estado. En
esos casos se percibe que funciona una comunicación constante y fluida dentro de una
dinámica generalmente positiva. De otra parte, las empresas que se encuentran en etapa de
exploración perciben que sus relaciones con las entidades de orden nacional son de otro
nivel, pues tienen la apreciación que hay menor interés de su parte en apoyar y facilitar el
relacionamiento de estas empresas con las comunidades en sus áreas de operación; en estos
casos las relaciones se caracterizan por una comunicación fragmentaria y un
acompañamiento reactivo, principalmente cuando surgen situaciones críticas en las que
resulta imperativo la actuación de las entidades del orden nacional.
Por otro lado, los gobiernos territoriales califican sus relaciones con las empresas como
lejanas, pues sienten que no cuentan con suficiente información sobre las actividades que
desarrollan dentro de sus jurisdicciones ni sobre sus proyectos de inversión social; además,
manifiestan que hay poco interés de las empresas en buscar el apoyo de las alcaldías,
particularmente entre aquellas que se encuentran en etapa exploratoria. Por su parte, las
empresas afirman que en muchos casos las administraciones municipales demandan de ellas
aportes para financiar fiestas y celebraciones locales que están por fuera de sus programas
de inversión social. La negativa de las empresas a atender este tipo de solicitudes es
interpretada por las autoridades territoriales como muestra del desinterés del sector en
colaborar con el territorio. Situaciones como ésta son ilustrativas de la desconexión que se
registra entre empresas y autoridades territoriales debido a insuficiente información sobre
las condiciones de los contratos de hidrocarburos y sus obligaciones en términos de gestión
social y ambiental; de otra parte, dicha desconexión también es consecuencia del
desconocimiento por parte de las empresas tanto de las conflictividades sociales existentes
en los territorios, como de las iniciativas que desarrollan las entidades territoriales para
tramitar su solución, al igual que de las oportunidades que tendrían las empresas para hacer
inversiones sociales de impacto visible y duradero en alianza con las autoridades territoriales.
c) 1.2.3 Empresas y comunidad.
Por último las empresas del sector hidrocarburos y las comunidades guajiras generalmente
interactúan en el marco de las intervenciones de inversión social desarrolladas localmente
por las primeras. No obstante, estas relaciones generalmente están permeadas por el
discurso negativo sobre El Cerrejón que ya está instalado en el imaginario de las
comunidades, lo cual dificulta la generación de confianza y credibilidad entre empresas y
comunidades de base. Además, aquellos sectores sociales que sienten que no se benefician
directamente de las intervenciones sociales impulsadas por las empresas, reclaman que tales
intervenciones contribuyen a reproducir inequidades y la exclusión en dichas, restándole
valor a su impacto y sostenibilidad.
3.3 Consideraciones finales
En este documento se esboza el análisis del mapa de actores que interactúan en torno al
sector de hidrocarburos en La Guajira. El complejo minero El Cerrejón es un referente
territorial principal que incide en la percepción negativa que predomina entre comunidades
y autoridades territoriales en relación con las operaciones del sector extractivo: En el caso
de El Cerrejón, su prolongada permanencia en el departamento e impactos negativos de su
actividad sobre la calidad de vida muchos hogares, desembocó en que se haya moldeado,
instalado y generalizado un discurso negativo en relación con sus operaciones, que con
facilidad pueden extenderse a las actividades del sector de hidrocarburos. En este sentido,
si bien la gente no conoce o no ha identificado los impactos concretamente asociados a
actividades exploratorias o extractivas del sector de hidrocarburos, ya poseen un discurso
instalado negativo frente a las empresas de este sector, las cuales por lo general son todas
multinacionales.
A partir de lo anterior surgen diferentes ideas sobre cómo aprovechar las oportunidades al
alcance del sector de hidrocarburos para modificar éste estado actual de cosas. Un problema
central del sector en el departamento de La Guajira es la percepción generalizada de
desconfianza y desgaste frente a las empresas y las entidades del gobierno nacional a cargo
de las regulación, supervisión y control de la gestión de las operaciones del sector. Líderes y
organizaciones sociales se sienten excluidos de procesos y proyectos de desarrollo
importantes y que no tienen acceso a información. Perciben que el Estado solo está para
suplir las necesidades de las empresas y no las de la comunidad. Además denuncian la poca
o nula representación de los intereses de la población en lo que llaman "alto gobierno". En
general existe la apreciación de que las empresas pueden contribuir al desarrollo en el
departamento pero que debería haber más compromiso e iniciativa por parte de éstas en
ese sentido.
Es posible que muchos de los reclamos relacionados con el manejo de la información sobre
los proyectos de exploración que se adelantan en el territorio no necesariamente sean bien
intencionados. Pero a la vez, también es preciso reconocer que la actual estrategia de
comunicación de entidades y empresas del sector hidrocarburos propicia la propagación de
este tipo de mensajes; por consiguiente es recomendable que la estrategia de comunicación
y relacionamiento comunitaria actualmente en uso sea replanteada conjuntamente por los
integrantes del sector.
Un aspecto a considerar es que actualmente las comunidades no ven que las entidades del
orden nacional no asumen "corresponsabilidad" por la gestión que hacen las empresas en
el desarrollo de sus operaciones en sus territorios. Sin desconocer la necesidad que las
entidades públicas mantengan cierta distancia frente a los operadores para cumplir
debidamente su rol de supervisión y control, las comunidades esperan que sean las
entidades públicas del sector las asuman ante ellas la responsabilidad por los resultados de
la gestión de las empresas que exploran y extraen recursos naturales de sus territorios. El
establecimiento de una “ventanilla única” para la atención oportuna y eficaz de inquietudes,
quejas, reclamos y denuncias de comunidades y autoridades territoriales en relación con el
sector de hidrocarburos en el departamento, podría facilitar y mejorar su trámite y constituir
un mecanismo permanente de rendición de cuentas para mejorar la credibilidad y confianza
en el sector.
De otra parte, la estrategia para la gestión territorial del sector hidrocarburos en La Guajira
representa una buena oportunidad para el desarrollo de un protocolo conjunto de
relacionamiento comunitario y gestión social y ambiental con base en las buenas prácticas y
lecciones acumuladas por las empresas del sector con mayor trayectoria en el territorio. La
trayectoria positiva de Chevron en el marco de la Asociación Guajira puede aportar
información, conocimiento, buenas prácticas y lecciones aprendidas para contribuir a
modificar el discurso negativo actualmente instalado en la mente de las autoridades y
comunidades sobre las empresas extractivas del departamento. En ese marco es
recomendable contemplar además la puesta en marcha de espacios para la concertación
territorial de las inversiones sociales programadas por los diversos agentes públicos y
privados, para así magnificar el impacto e influencia de las inversiones sociales y ambientales
que programen y ejecuten las empresas del sector.
Por otro lado, la inclusión de otros actores institucionales también es un pilar importante
para consolidar la estrategia de gestión territorial del sector de hidrocarburos en el
departamento. Entre ellos, la Universidad de La Guajira que es el “alma mater” de los
profesionales en el departamento, tiene un rol importante que jugar tanto en el diseño y
puesta en marcha una estrategia de comunicación y relacionamiento para el sector, como
en el desarrollo de proyectos e intervenciones de utilidad para mejorar la información
pública disponible acerca de los impactos de las operaciones y el desempeño social y
ambiental de las empresas del sector. Otros actores sociales también pueden jugar un papel
importante en el afianzamiento de la estrategia, a través de acciones como el apoyo a la
formalización de microempresas de transportadores, que pueden contribuir a ganar aliados
en la región como a la promoción y fomento de oportunidades de diversificación de la
economía del departamento.
Hay que destacar la resistencia que genera el SGR en el territorio entre las autoridades
territoriales y líderes sociales, pues perciben que éste les arrebató la renta de las regalías
generadas por actividades extractivas en La Guajira. Por consiguiente, la ANH es enfrenta
una seria resistencia de parte de las entidades territoriales en el departamento, pues la
asocian con la responsabilidad de los perjuicios traídos a raíz de esa reforma. Frente a esta
situación, es recomendable que la ANH impulse una estrategia para que los Órganos
Colegiados de Administración Deliberación (OCAD) a cargo de la asignación de los recursos
del SGR en el departamento, efectivamente aprueben proyectos que generen impactos de
mayor visibilidad y sostenibilidad que aquellos de financiados en el marco del anterior
régimen de regalías.
Un aspecto a destacar en las relaciones de poder entre los diversos actores asociados al
sector de hidrocarburos en La Guajira es la asimetría; la comunidad guajira se queja de estar
desinformada y que no es invitada a participar en la implementación y formulación de los
proyectos, lo cual interpreta como confirmación de que no tiene incidencia alguna sobre las
dinámicas del sector hidrocarburos en el departamento. Además, afirman que las entidades
de orden nacional no prestan atención a las necesidades y preocupaciones de las
comunidades locales. También hay una percepción generalizada de que las comunidades son
excluidas del proceso de los nuevos proyectos de hidrocarburos desde el momento en el
que dentro del Ministerio de Minas y Energía se formulan los proyectos de desarrollo sin
tener en cuenta las preocupaciones, inquietudes y reclamos de las comunidades que serán
impactadas por éstos proyectos. En otras palabras, los proyectos son diseñados y ejecutados
de manera vertical, y la participación de la comunidad se realiza a manera de un trámite
formal que no tiene incidencia alguna sobre el curso de los proyectos ni en la protección y
defensa de los derechos de las comunidades locales.
Así mismo, la falta de empoderamiento de los gobiernos territoriales para representar los
intereses de las comunidades locales frente a las empresas y las entidades del orden nacional
se interpreta como una confirmación de la percepción que predomina sobre una visible
desarticulación entre el interés general y el particular, entre lo público y lo privado, y entre
el centro y los territorios en materia de la política de hidrocarburos.
Finalmente, en el análisis de las interacciones entre los actores aquí reseñados, las entidades
públicas del orden nacional directamente relacionadas con el sector hidrocarburos se
revelan como las que tienen a su disposición la mayor cantidad de recursos para influir y
transformar la situación actual. No sólo tienen potestad sobre la aprobación y puesta en
marcha de nuevos proyectos, sino también la posibilidad de modificar el discurso negativo
desde el cual es visto el sector en el territorio, mediante la rectificación de las estrategias y
prácticas de comunicación que actualmente utiliza para relacionarse con autoridades
territoriales y comunidades en las fases de presentación, seguimiento y control de las
actividades de hidrocarburos en el departamento. Una estrategia de comunicación y
relacionamiento diseñada expresamente para desmontar en el departamento el discurso
negativo instalado acerca del sector, así como sobre el papel que juegan las entidades del
orden nacional para responder a las preocupaciones de las comunidades locales sobre la
expansión futura de las actividades del sector en La Guajira, puede constituirse en la base
para construir una manera de interacción más fluida y receptiva que genere mayor
credibilidad y confianza de las comunidades en las autoridades y las empresas
IV. MAGDALENA MEDIO
4.1 Caracterización de Actores
4.1.1 Sector público
a) Gobierno nacional:
Hay numerosas entidades de orden nacional que están relacionadas con el sector de los
hidrocarburos, entre ellas, los ministerios de Minas y Energía, de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, y de Trabajo, así como de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH),
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Sena. También se encuentran
entidades que pertenecen al sector de Inclusión Social y Reconciliación, entre ellas, el
Departamento de la Prosperidad Social (DPS), la Unidad de Restitución y Atención a Víctimas
(Uariv), y Agencia Colombiana de Reintegración (Acr).
Esta institucionalidad pública de orden nacional responde a demandas del sector
hidrocarburos en el marco de la respectiva política nacional. De manera explícita, las
entidades que pertenecen al sector de Inclusión Social y Reconciliación han focalizado las
zonas de interés hidrocarburífero para adelantar allí intervenciones que propicien la
actividad del sector y prevengan acciones de hecho que afecten la continuidad de las
operaciones del sector.
No obstante, hay una percepción generalizada acerca del deficiente acompañamiento por
parte de la mayoría de las entidades de nivel nacional a los procesos del sector hidrocarburos
en la región. Algunas administraciones territoriales manifiestan que hay abandono por parte
de las entidades del orden nacional, pues consideran que éstas generalmente trasladan
obligaciones de su competencia a las entidades territoriales, desprovistas de los medios y
recursos requeridos por su ejecución.
De otra parte, con frecuencia los actores locales indican que los términos para dar respuesta
a las necesidades de la industria por parte la mayoría de las agencias del Estado suelen ser
desproporcionadamente prolongados, particularmente en el caso del ANLA. En relación con
esta autoridad también se menciona la necesidad de un control más cercano de las
actividades de las empresas y contratistas del sector hidrocarburos. Así mismo hay demandas
de la industria de una interacción más fluida con entidades nacionales como Mintrabajo en
relación con temas laborales, y con las agencias del DPS sobre prioridades de inversión social
en áreas de operación del sector hidrocarburos y sus zonas de influencia.
Conviene que las entidades del orden nacional desarrollen estrategias territoriales de
comunicación dirigidas explícitamente al objetivo de reestablecer la confianza de la
comunidad en el sector hidrocarburos; la creación de oficinas regionales de agencias como
la A, el ANLA y el Mintrabajo puede ser una medida útil para avanzar en esa dirección; en
otros casos, será útil fortalecer la interlocución que hay entre el nivel central y sus oficinas
regionales que ya existen.
b) Gobernaciones
La región del Magdalena Medio está compuesta por municipios pertenecientes a cinco
departamentos distintos. Hay municipios que cuentan con respaldo por parte de su
respectiva administración departamental tanto en materia de inversión como de apoyo
administrativo; otros ni siquiera cuentan con canales de interlocución eficaces con sus
administraciones departamentales. Así, la gobernación de Santander es uno de los
impulsadores del Gran Acuerdo Social de Barrancabermeja, mediante el cual busca volverse
socio estratégico de este municipio; de igual manera, la gobernación de Antioquia realiza
importantes inversiones en proyectos educativos, de salud e infraestructura, con la mejora
de la infraestructura vial en sus municipios de la región, donde se adelanta también un
proyecto de fortalecimiento de veedurías ciudadanas en asocio con la Universidad Nacional;
en contraste, se observan municipios pertenecientes al departamento de Bol. ex una tre la
forianza entre la sociedad civil en las administracioes localess al departamento de Bolucios
diferentes territorívar los cuales al estar tan alejados geográficamente de su centro
administrativo y político, acusan un abandono inmenso por parte del ente departamental y
su relación institucional es muy débil4.
De otra parte, la reforma del Sistema General de Regalías al igual que la caída de los precios
de los recursos minero-energéticos en los últimos años afectan directamente los ingresos de
inversión de los departamentos en los próximos años, tanto por las menores transferencias
del Sistema General de Participaciones (toda vez que los ingresos corrientes de la Nación que
son la base de cálculo y liquidación se reducirán sustancialmente a raíz de un menor
crecimiento global de la economía colombiana), al igual que por los menores ingresos
provenientes de regalías.
4 Programa presidencial de derechos humanos, Ministerio del Interior & Gobernación de Bolívar. Reunión celebrada con
alcaldía de San Pablo el 26 de abril de 2013.
En estas circunstancias, es recomendable articular la planeación de la inversión social del
nivel departamental con aquella que se hace a nivel nacional y local, al igual que con la que
se programa por parte de los PBC de las empresas del sector hidrocarburos. Además para
facilitar la coordinación entre gobernaciones en la región del Magdalena Medio convendría
explorar las figuras de asociación territorial contempladas en la ley 1454 de 2011 (Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial – LOOT), para prestar conjuntamente servicios
públicos, funciones administrativas propias o asignadas al ente territorial por el nivel
nacional, ejecutar obras de interés común o cumplir funciones de planificación, así como
para procurar el desarrollo integral de sus territorios. Ello permitiría que las entidades
territoriales económicamente más desarrolladas capten los recursos de incentivo ofrecidos
por el gobierno nacional a aquellas que se asocien con las más débiles, a fin de hacer
efectivos los principios de solidaridad, equidad territorial y social, sostenibilidad ambiental y
equilibrio territorial.
c) Gobiernos municipales
Es evidente que las relaciones de las administraciones territoriales con el sector
hidrocarburos resultan de gran importancia en el Magdalena Medio, en vista de la influencia
que tiene la actividad de la industria sobre la población y territorio de estos municipios. A
pesar de existir rupturas en la comunicación entre algunas administraciones y las empresas,
ambas partes han mostrado la intención de articular acciones a través de espacios creados
para tal fin, como el Gasb o la estrategia de gestión territorial de hidrocarburos, en donde
hay presencia de terceros y oportunidad para consolidar espacios de encuentro
permanente.
Las administraciones locales tienen influencia directa en la garantía de los derechos de los
habitantes de los territorios bajo su jurisdicción; por consiguiente pueden jugar un papel
clave en el control del relacionamiento comunitario y el desempeño ambiental de las
empresas de hidrocarburos dentro de sus respectivas jurisdicciones; además, en algunos
casos pueden establecer asociaciones con los operadores para apalancar el cumplimiento de
sus metas de desarrollo.
Ya se señaló atrás el efecto negativo que tendrá sobre los ingresos municipales en el
Magdalena Medio la disminución de las transferencias del SGR y el SGP, particularmente en
aquellos donde se observa una alta dependencia económica de estas fuentes5. Por
consiguiente también será de interés explorar las posibilidades de impulsar asociaciones
territoriales entre municipios con mayor desarrollo económico, como es el caso de
Barrancabermeja, Aguachica y Puerto Boyacá, y Puerto Berrío, por ejemplo, y aquellos otros
más débiles con el fin de prestar conjuntamente servicios públicos, funciones administrativas
propias o asignadas a los municipios por el nivel nacional, ejecutar obras de interés común o
cumplir funciones de planificación, así como para procurar el desarrollo integral de sus
territorios. Como en el caso de las gobernaciones, las asociaciones territoriales de municipios
pueden articularse en torno a espacios de planificación comunes para mejorar la integralidad
de las inversiones sociales que realicen entidades territoriales y empresas a través de sus
PBC; éstas también pueden convertirse en espacios de socialización de la estrategia de
gestión territorial del sector hidrocarburos en la región con candidatos a los comicios
territoriales al inicio de las campañas de 2015. 6
Finalmente es conveniente reconocer casos donde las administraciones locales han logrado
establecer canales de interlocución con otros actores como es el caso de la construcción
participativa del Plan Municipal de Desarrollo de Barrancabermeja 2012 – 2015 “En
Barrancabermeja el futuro se construye hoy”, distinguido como el mejor plan de desarrollo
para municipios de categorías 1,2,3 y especiales7, así como la participación de esa misma
alcaldía en escenarios como el Gran Acuerdo Social de Barrancabermeja.
5 Por ejemplo los municipios de Cantagallo (68.23), San Pablo (86.49), Puerto Nare (70.96) y Barrancabermeja (39.27).
6 Recomendación hecha por la alcaldía de Barrancabermeja en el marco de las reuniones de socialización de la estrategia
de hidrocarburos de Pnud & Anh.
7 Vanguardia. http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/201419-barrancabermeja-tiene-el-mejor-plan-
de-desarrollo-del-pais-dnp
d) Corporaciones Autónomas Regionales
Las corporaciones autónomas regionales son las entidades encargadas de ejercer control y
planificación en el ámbito medioambiental y en la región del Magdalena Medio tienen
jurisdicción la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (Csb); Corporación
Autónoma Regional Boyacá (Corpoboyacá); Corporación Autónoma Regional de Antioquía
(Corantioquia); Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar); Corporación
Autónoma Regional del Nare (Cornare) y la Corporación Autónoma Regional de Santander
(Cas). Cabe señalar que la referencia al sector de hidrocarburos en los planes de acción
trienal de las corporaciones es tangencial y en algunos casos, inexistente. Así, los programas
a través de los cuales se atienden las actividades del sector suelen ser genéricos, refiriendo
actividades de “producción limpia”, al igual que “control y monitoreo del manejo de residuos
líquidos, sólidos y calidad del aire y emisiones aéreas y de ruido”.
Hay zonas donde hay inconformidad con la labor ejercida por las corporaciones, tal como lo
es caso de Corpoboyacá y la Csb, en Puerto Boyacá y San Pablo, respectivamente; allí algunos
pobladores manifiestan haber elevado quejas en contra de la labor de empresas de
hidrocarburos sin obtener respuestas por parte de las corporaciones.
Las corporaciones autónomas regionales juegan un papel subsidiario en la regulación y
monitoreo de los proyectos de explotación de hidrocarburos, ya que la competencia en
relación con esta actividad reside en cabeza de la Anla. No obstante, las corporaciones
podrían jugar una papel más protagónico liderando acciones para atender los pasivos
ambientales generados por el sector de hidrocarburo a lo largo de décadas de trayectoria en
la región, con lo cual contribuiría a mejorar la confianza de las comunidades tanto en las
autoridades ambientales como en el compromiso de la industria con la conservación de la
calidad y sostenibilidad de los sistemas de soporte natural de los servicios ecosistémicos
existentes en la región.
En ese sentido, será de interés incidir para que en el futuro los planes de acción trienal de
las corporaciones contemplen programas o proyectos específicamente dirigidos al
acompañamiento, seguimiento y regulación de las actividades del sector de hidrocarburos,
así como a complementar las inversiones ambientales contempladas en los planes de manejo
ambiental y los PBC de la industria en la región.
e) Órganos de Control
En general, los órganos de control consideran pertinente la continuidad de las políticas
implementadas para el desarrollo del sector hidrocarburos a través del fortalecimiento del
esquema de incentivos a la inversión privada. No obstante, señalan la necesidad que el sector
avance en su fortalecimiento institucional para mejorar la competitividad en el desarrollo de
yacimientos; en la ampliación de la frontera del sector petrolero y sus redes de transporte
de hidrocarburos; y el involucramiento de más actores en la comercialización de derivados
en beneficio del consumidor final.
Las personerías son los principales entes de control administrativo en la mayoría de los
municipios del Magdalena Medio. No obstante, dadas las múltiples funciones que
desempeñan por delegación de diversas instancias y ramas del poder público, el desempeño
de sus funciones de control administrativo generalmente resulta precario. Además, en
algunos casos, los entrevistados señalan que las personerías se encuentran comprometidas
políticamente con las administraciones municipales8. En cuanto a las labores de las
procuradurías provinciales y contralorías de orden departamental, éstas se perciben
ineficaces en sus actuaciones, especialmente porque las respuestas a las peticiones dadas a
veedores ciudadanos son consideradas insatisfactorias.9
8 Pnud & Anh; Cantagallo.
9 Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (Pnud). Área de Gobernabilidad y Construcción de Paz. Taller de
fortalecimiento de capacidades de actores participan en las mesas de diálogo instauradas en territorios con explotación de
hidrocarburos, celebrado el 19 de noviembre de 2014 en el municipio de Cantagallo (Bolívar).
El control administrativo local del desempeño de autoridades y la ejecución de proyectos de
inversión pública requiere mayor control y apoyo a nivel regional y nacional. En este sentido,
también es conveniente una participación más activa de las entidades de control en la
estrategia de gestión territorial de sector de hidrocarburos.
4.1.2 Sector privado o mixto
a) Empresas operadoras de contratos de hidrocarburos
Debido a la extensa trayectoria del sector de hidrocarburos en el Magdalena Medio, hay
numerosas empresas que operan contratos en diferentes municipios de la región, entre las
que se encuentran Ecopetrol S.A, Exxon Mobil, Occidental de Colombia, Mansarovar Energy
Colombia, Emerald Energy10 Petronorte, Schulmberger y Texas Biodiesel.
Las empresas operadoras de contratos de hidrocarburos perciben falta de acompañamiento
a la actividad por parte de las entidades públicas del sector del nivel nacional. En la actualidad
cada empresa resuelve sus problemas en sus propios términos, de acuerdo al contexto
particular de cada proyecto, atendiendo los problemas de forma coyuntural y no estructural.
Algunas empresas proponen desconcentrar funciones de Minminas y la Anh a nivel
territorial, y a la vez desarrollar estrategias de comunicación que visibilicen las acciones de
gestión social y ambiental que realiza el sector.
Ecopetrol se erige como la empresa preponderante en la región y generalmente goza de una
imagen favorable entre las comunidades debido a sus programas de acompañamiento
mediante inversiones sociales; entre ellas, se cuenta la atención de contingencias sociales;
la socialización, y cumplimiento de sus planes de manejo ambiental; atención a peticiones,
quejas y reclamos de las comunidades; y realización de eventos de rendición de cuentas,
entre otros. Con todo, un número importante de demandas de inversión social en la región
se dirigen hacia esta empresa; frente a esta situación Ecopetrol observa que las comunidades
10 Pnud & Anh. (2014).
exhiben limitaciones para la priorización de sus necesidades por lo cual resulta difícil
mantenerlas satisfechas. Representantes de la empresa también indican preocupación por
la intervención de las comunidades en la fijación de precios de contratación local de bienes
y servicios que realiza la empresa, así como frente a acciones de hecho que impulsan algunos
líderes para impedir la entrada de maquinaria a contratistas de Ecopetrol para presionar que
se contrate la maquinaria que pertenece a residentes locales, como ocurrió recientemente
en el municipio de Sabana de Torres11. También hay empresas como Oxy, las cuales prefieren
mantener un bajo perfil frente a las comunidades, sin que esto quiera decir que su
relacionamiento comunitario sea nulo o que no operen programas de esta naturaleza.12
b) Contratistas de las empresas operadoras
Personas naturales y jurídicas que actúan como contratistas de las empresas operadoras con
frecuencia son el origen de conflictividades que afectan al sector de hidrocarburos en el
Magdalena Medio; estas se derivan del desconocimiento de protocolos de relacionamiento
comunitario y de gestión ambiental por parte de las empresas contratistas. Hay reportes de
casos donde al inicio de los proyectos las empresas operadoras realizan la socialización de
los mismos y sus posibles beneficios, pero son negligentes en el control del cumplimiento
por parte de sus contratistas de los protocolos establecidos en sus planes de manejo
aprobados. Algunos contratistas son objeto de reclamos recurrentes, como es el caso de
Mansarovar, empresa sobre la cual existen varias inconformidades, incluyendo daños
ambientales, conflictos laborales, así como la violación a normas de convivencia. También se
refieren casos donde las empresas contratistas no cumplen sus obligaciones en materia
tributaria, perjudicando a las finanzas de los municipios13.
11 Respuesta recurrente en varios de los talleres de fortalecimiento de capacidades de actores participan en las mesas de
diálogo instauradas en territorios con explotación de hidrocarburos, celebrados entre el 13 y 21 de noviembre de 2014 en
6 municipios del Magdalena Medio.
12 Pnud & Anh Reunión de Socialización Estrategia de Hidrocarburos ante Funcionario de Campo de la Oxy en
Barrancabermeja. Celebrada el 24 de julio de 2014.
13 Pnud & Anh Reunión de Socialización Estrategia de Hidrocarburos ante Alcaldía San Martín. Celebrada el Jueves, 25 de
Julio de 2014.
Es conveniente que las empresas operadoras establezcan de manera clara y específica
códigos de buena conducta para sus contratistas y hagan seguimiento estricto del
cumplimiento de los mismos, ya que la responsabilidad de los daños y perjuicios ocasionados
recaen sobre las empresas operadores como titulares de los contratos de hidrocarburos. Por
su parte, estas empresas expresan su descontento por el incumplimiento frente a la
normatividad laboral por parte de los intermediarios que controlan los cupos de trabajo para
la industria, sin que las autoridades a cargo de la regulación de estos aspectos intervengan
para tomar los correctivos correspondientes.
c) Industria palmera
En este ramo se cuentan empresas extractoras de aceite de palma en la región del
Magdalena Medio como Monterrey S.A, Palmas de Cesar, Oleaginosas las Brisas S.A y
Ecodiesel Colombia, empresa que cuenta con el 50% de participación de Ecopetrol S.A junto
con las empresas: Extractora Central S.A., Palmas Oleaginosas Bucarelia, Extractora
Monterrey, Oleaginosas Las Brisas, Palmeras Puerto Wilches, Palmas del Cesar, y Agroince
Ltda.
Se destaca el gran interés de la industria de los hidrocarburos en el biodiesel extraído del
aceite de palma; al respecto, hay preocupación creciente entre campesinos y ganaderos
tradicionales de la región ante la posibilidad que este renglón consolide su posición
económica en la región mediante la expansión continuada de cultivos de palma, amenazando
así la permanencia de la economía campesina en la zona y su sustitución por el monocultivo
agroindustrial, lo cual conllevaría al desarraigo social y cultural de la región al igual que al
debilitamiento de la soberanía alimentaria local14.
14 Pnud & Anh. Reunión de Socialización Estrategia de Hidrocarburos ante Gran Acuerdo Social de Barrancabermeja, en
Barrancabermeja. Celebrada el 21 de julio de 2014.
4.1.3 Gremios
Entre los gremios presentes en la región del Magdalena Medio se destacan, entre otros, los
que agrupan a cacaoteros, cafeteros, cebolleros, paneleros, palmeros, productores de
cítricos, ganaderos, mineros, y transportadores15. Estos han mostrado su capacidad de
apoyar movilizaciones masivas para bloquear mediante acciones de hecho la continuidad de
las operaciones de industria de los hidrocarburos en la región, tal como sucedió en el
reciente paro agrario que afectó al país entero. Por consiguiente es necesario hacer
seguimiento a la evolución de las negociaciones y acuerdos que se den en los espacios
creados por las entidades estatales para atender a las reivindicaciones de estos sectores.
Desde principios del siglo XX el Magdalena Medio es una región pionera en materia de
procesos organizativos y de lucha sindical; por consiguiente los movimientos sindicales
también son actores muy importantes en el sector de hidrocarburos; sus reivindicaciones
principales se asocian con los derechos e intereses de los trabajadores en general. Los
sindicatos manifiestan particular inconformidad con la implantación del Sistema de Seguro
al Desempleo (Ley 1636 de 2013 y sus reglamentarios), particularmente con la operación de
las agencias públicas de empleo y la manera como se concibe su administración. Si bien estas
organizaciones persisten en la utilización de vías de hecho para avanzar sus intereses,
también es necesario reconocer que ellas muestran disposición a participar en escenarios de
dialogo como lo es el Gasb.
4.1.4 Organizaciones de la sociedad civil
Dentro de la región del Magdalena Medio hay un gran número de organizaciones sociales,
las cuales generalmente están constituidas por grupos sociales con intereses especiales;
muchas actúan de forma aislada y a veces buscando la confrontación y la polarización. Una
consecuencia de ello es la deslegitimación y pérdida de la gobernabilidad de la
15 Vanguardia. http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/256664-definieron-los-puntos-de-protesta-del-
paro-agrario-en-santander
institucionalidad pública, pues predomina la percepción que la oferta institucional está
dirigida solamente a las víctimas, ignorando las necesidades de otros sectores postergados
de la población.16
Dado el marcado impacto que ha tenido el conflicto armado en la región, entre estas
organizaciones, las de víctimas y reclamantes de tierras juegan un papel preponderante17.
También cabe destacar el rol que juegan las Juntas de Acción Comunal; no todas ellas tienen
el mismo nivel de interlocución con las empresas y sus contratistas. Su incidencia depende
en gran medida de su cercanía a las zonas de operación, lo cual se refleja a su vez en la
posición y el poder político que tienen estas organizaciones en la vida de los diferentes
municipios. Además, hay organizaciones que buscan reivindicar los derechos de la mujer,
personas de la tercera edad, personas con discapacidad, poblaciones afrocolombianas,
desempleados, ambientalistas, entre otros, los cuales han logrado consolidarse como
actores con capacidad de incidencia local en algunos lugares; en otros casos se registra
oposición a los procesos relacionados con el sector de hidrocarburos, en especial por
aquellos actores que ven amenazadas sus actividades por la expansión de esta industria18,
al igual que por parte de organizaciones que luchan por los derechos medioambientales de
las comunidades y regiones.19
a) El Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (Pdpmm)
16 Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (Pnud). Área de Gobernabilidad y Construcción de Paz. Taller de
fortalecimiento de capacidades de actores que participan en las mesas de diálogo instauradas en territorios con explotación
de hidrocarburos, celebrado el 20 de noviembre de 2014 en el municipio de San Pablo (Bolívar).
17 En Sabana de Torres, por ejemplo, hay una gran demanda de reclamación de tierras despojadas de manera ilícita, por lo
cual se observa una intensa conflictividad entre reclamantes y poseedores.
18 El municipio de San Martín, por ejemplo, la administración ha trabajado por fortalecer y empoderar a organizaciones
sociales para incidir eficazmente en decisiones que se toman en el municipio en materia de vinculación laboral de la mano
de obra requerida por la industria de hidrocarburos. Pnud, Anh Reunión de Socialización Estrategia de Hidrocarburos ante
Alcaldía San Martín. Celebrada el Jueves, 25 de Julio de 2014.
19 Fundación Ideas para la Paz. Reunión celebrada con enlace territorial estrategia de hidrocarburos Pnud para Magdalena
Medio; celebrada el 20 de Noviembre de 2014.
El Pdpmm es en un actor fundamental en escenarios de convergencias y construcción de paz;
su misión busca el desarrollo de las comunidades más afectadas por el conflicto. El área de
influencia de este actor se extiende a 29 municipios a lo largo del medio y bajo Magdalena y
forma parte del Gran Acuerdo Social de Barrancabermeja. Algunos entrevistados manifiestan
preocupación a raíz del aparente desconocimiento que ha mostrado la estrategia de la
ANHen relación con el Gasb como mecanismo prexistente para el trámite de conflictos que
afectan a la industria.
Otros sectores opuestos al Gasb, manifiestan que Pdpmm no es representativo de las
organizaciones de base de la región por lo cual cuestionan la legitimidad de esta iniciativa;
con base en este argumento señalan que el Gasb es una propuesta que solo busca mejorar
la posición del sector hidrocarburos en la región, en detrimento de los demás actores con
presencia en la zona.
b) 4.8.2 Mesa de Interlocución y Acuerdo del Magdalena Medio (Mia)
En el Magdalena Medio la Mia se creó en septiembre de 2013 para destrabar el paro agrario
que bloqueó la vía Barrancabermeja y Bucaramanga, y facilitar el inicio del diálogo dirigido a
resolver la crisis del sector agrario en la región; fue integrada por representantes de alcaldías
y gobernaciones de Santander, Bolívar y Antioquia, como también de los ministerios de
Agricultura y el Interior, al igual que representantes de organizaciones y movimientos de
resistencia en defensa del territorio y la vida campesina de los 17 municipios que integran la
región del Magdalena Medio.
La Mia busca dotar de tierra y territorialidad al campesinado y desmontar los grandes
latifundios que concentran la mayor parte de la tierra cultivable en la región; plantea la
derogatoria de leyes que incentivan y legalizan el despojo de tierras, el desplazamiento
forzado, la apropiación indebida de baldíos y los títulos de tierras falsos, o falsas tradiciones,
auspiciados por notarios espurios; reclama el desmonte de las políticas de libre comercio y
la anulación de los tratados internacionales que afectan a los productores rurales nacionales.
En el Magdalena Medio, la Asociación Campesina del Valle de Cimitarra (Acvc) es uno de los
actores regionales con mayor visibilidad en el marco de la Mia; está compuesta por alrededor
de 120 Juntas de Acción Comunal veredales y desarrolla trabajo comunitario, político y social
en ocho municipios del Magdalena Medio colombiano: Barrancabermeja, Cantagallo,
Remedios, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Segovia, Simití y Yondó. En la actualidad centra sus
esfuerzos en la formalización y delimitación de una zona de reserva campesina, la cual
afectaría a varios municipios de la región y eventualmente tendría repercusiones sobre la
tenencia y uso del suelo y subsuelo en la región. Desde 2013 se han registrado amenazas
directas contra integrantes de la Mia al igual que el asesinato de numerosos líderes agrarios
a nivel nacional; en la región del Magdalena Medio durante los dos primeros meses de 2015
han sido asesinadas 4 personas en veredas ubicadas en el área designada para la zona de
reserva campesina.
En relación con el sector minero-energético, la Mia reivindica la necesidad de construir un
nuevo modelo minero-energético basado en la soberanía nacional, el aprovechamiento
planificado, el desarrollo tecnológico propio, la protección ambiental y la redistribución de
los rendimientos generados por las actividades mineras y energéticas. Por consiguiente
reclama que se suspenda la concesión de títulos mineros y la adjudicación de bloques
petroleros hasta tanto se defina la política minero- energético del país concertadamente con
las comunidades rurales y los trabajadores del sector, y que además de reviertan los bloques
petroleros y las concesiones otorgadas a las multinacionales en aquello casos donde se
verifique el deterioro ambiental grave, el detrimento de recursos de la nación y la violación
de los derechos de los trabajadores.
Algunos perciben la Mia como un movimiento popular de apoyo a la convocatoria de una
asamblea nacional constituyente como vía para plasmar un proyecto político de
modernización y actualización política, y como garantía de tránsito de los insurgentes por los
caminos de la política. Estaría en línea con la apuesta maximalista que busca
transformaciones radicales del país con ocasión de los diálogos de paz entre el gobierno
nacional y la Farc-Ep en La Habana.
En el Magdalena Medio la Mia tiene influencia y respaldo en organizaciones sociales de la
región y el país que incluyen campesinos, mineros, ganaderos y transportadores. Así mismo
ostenta la capacidad de impulsar movilizaciones populares que bloqueen la continuidad de
la operación de la industria de hidrocarburos. Es el principal promotor de la "vía campesina"
para el desarrollo rural de la región; defiende la agricultura sostenible a pequeña escala como
modo de promover la soberanía alimentaria, la justicia social y la dignidad. Se opone
firmemente a los agronegocios y las multinacionales que destruyen los pueblos y la
naturaleza.
Por consiguiente es recomendable que la estrategia de gestión territorial de hidrocarburos
defina una estrategia de incidencia para que el ministerio del Interior, entidad encargada de
liderar espacios de interlocución creados con ocasión al paro agrario, disponga de elementos
para divulgar, valorar y ajustar la política nacional de hidrocarburos y sus resultados, y
facilitar así su articulación en el marco de los acuerdos que se pacten en el marco de la Mia.
4.1.5 Iglesias
Las congregaciones religiosas son percibidas como entidades comprometidas con el
fortalecimiento de valores morales tales como la convivencia o solidaridad, o como
instituciones encargadas de ejercer control social20. Tienen la vocación de mitigar efectos
negativos indirectos comúnmente asociados con las actividades del sector extractivo, como
la drogadicción, la violencia intrafamiliar y prostitución infantil, el reclutamiento forzado de
menores o los asesinatos selectivos. Así mismo, en la región las congregaciones religiosas
20 Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (Pnud). Área de Gobernabilidad y Construcción de Paz. Taller de
fortalecimiento de capacidades de actores que participan en las mesas de diálogo instauradas en territorios con explotación
de hidrocarburos, celebrado el 13 de noviembre de 2014 en el municipio de Puerto Nare (Antioquia).
han acompañado a gran cantidad de personas víctimas del conflicto armado interno,
abogando por los derechos y reivindicaciones de estos grupos poblacionales.21
La diócesis de Barrancabermeja suscribió el Gran Acuerdo Social de Barrancabermeja y juega
un papel protagónico en desarrollo de uno de los pilares de este acuerdo de voluntades:
“Familia como pilar de desarrollo”. Por consiguiente, el escenario natural para el encuentro
entre el sector hidrocarburos y la Iglesia es el Gran Acuerdo Social de Barrancabermeja; como
ya se señaló algunos sectores ven con desconfianza la estrategia de gestión territorial del
sector hidrocarburo en el Magdalena Medio, porque creen que se trata de una nueva
estrategia para favorecer el sector en desmedro de los intereses y necesidades de otros
actores en la región. Por ello, es conveniente que antes que impulsar nuevos escenarios de
interacción y concertación en torno al tema de hidrocarburos, la estrategia de la ANH explore
la posibilidad de integrarse y aportar a procesos que ya se encuentran en marcha, en los que
actores como la Iglesia ya han hecho apuestas importantes.
4.1.6 Espacios multi-actores
a) Comités de seguimiento inversión de Regalías (Csir):
Son instancias de participación ciudadana y de interlocución entre diversos actores (sociedad
civil, administraciones territoriales, industria, órganos de control; etc.), los cuales tienen
como objeto el análisis, seguimiento y evaluación a la inversión de los recursos de regalías
en las regiones o departamentos.
EL CSIR de Magdalena Medio está compuesto por actores presentes en los municipios de
Sabana de Torres, Cantagallo, Cimitarra, Yondó, Puerto Wilches, Barrancabermeja y San
Vicente de Chucurí; cuenta con la participación de Ecopetrol y Pacific Rubiales por parte de
la industria petrolera; el Comité de Gremios, la Cámara de Comercio, el Centro de Estudios
21 Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (Pnud). Área de Gobernabilidad y Construcción de Paz. Taller de
fortalecimiento de capacidades de actores que participan en las mesas de diálogo instauradas en territorios con explotación
de hidrocarburos, celebrado el 20 de noviembre de 2014 en el municipio de San Pablo (Bolívar).
Regionales, la Federación de Cooperativas, la Iglesia Católica representada por la diócesis y
el Programa de Desarrollo del Magdalena Medio; periodistas de diversos medios de
comunicación; la academia (Uis, Unipaz, Uts, Ucc); así como concejos municipales, consejos
de planificación territorial, Asojuntas y veedurías ciudadanas de los municipios en mención.
Debido a la influencia efectiva que tienen estos espacios multi - actores sobre la inversión en
la región de recursos provenientes de las regalías, es conveniente involucrar a sus integrantes
en la estrategia de gestión territorial del sector hidrocarburos en el Magdalena Medio.
b) Gran Acuerdo Social por Barrancabermeja (Gasb)
En este escenario confluyen varios actores comunitarios e institucionales en procura de la
integración y consenso de voluntades en torno al desarrollo de Barrancabermeja como
ciudad región, tomando como base el desarrollo humano. Dentro de los firmantes originales
aparecen actores como Ecopetrol, la Uso, la diócesis de Barrancabermeja, la Cámara de
Comercio de Barrancabermeja, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio
(Pdpmm), la gobernación de Santander, y la alcaldía y concejo municipal de
Barrancabermeja.
Apunta a un desarrollo territorial del municipio de Barrancabermeja económicamente
diversificado que disminuya su dependencia actual del sector de hidrocarburos, por lo cual
busca fortalecer otros sectores de actividad económica, buscando que esta experiencia sea
replicable en otros municipios de la región en un futuro. Los integrantes del Gasb
manifiestan su disposición de participar en la estrategia de gestión territorial de
hidrocarburos; no obstante hay prevenciones de parte de algunas organizaciones de base en
la región, que perciben al Gasb como un acuerdo de voluntades institucional dominado por
los intereses empresariales de la industria extractiva en Barrancabermeja, que no recoge las
agendas de la base. Por esta razón algunas de estas organizaciones se han marginado de la
iniciativa, pues entienden que su objetivo principal es fortalecer el sector de hidrocarburos,
en desmedro de otros sectores de actividad económica que se oponen a la visión del Gasb.
Otros actores manifiestan que el Gasb se quedó en un acuerdo escrito que no ha sido
implementado y que en su comité operativo no tiene una representación legítima de la
sociedad civil organizada.
Es conveniente que la estrategia de gestión territorial del sector hidrocarburos en el
Magdalena Medio desarrolle mecanismos para vincularse a los escenarios en que actúa la
Gasb, reconociendo su proceso para no alimentar la percepción que su vocación es
desconocer los procesos e iniciativas pre-existentes en el territorio.
4.1.7 Actores armados al margen de la ley
Los actores armados, a pesar de no poseer el mismo poderío del pasado, aún ejercen una
importante influencia en las dinámicas propias de la zona. Por un lado, se encuentran los
grupos guerrilleros Eln y Farc-Ep, con mayor presencia en el sur de Bolívar y el Cimitarra. Con
la disminución de los cultivos ilícitos, estos han encontrado nuevas fuentes de financiación
en la minería ilegal de oro. Además, demuestran influencia política sobre las
administraciones municipales, tal como lo ilustra el caso del municipio de Cantagallo, donde
a alcaldesa elegida para el periodo 2012-2015 se encuentra actualmente bajo medida de
aseguramiento por presuntos nexos con el Frente 24 de las Farc-Ep.
Otros grupos armados que ejercen influencia en la zona son aquellos reductos de antiguos
grupos paramilitares, tales como los “Urabeños”, “Rastrojos” y “Botalones”. Estos grupos se
encuentran presentes a lo largo de toda la región del Magdalena Medio; sin embargo operan
con mayor intensidad en municipios como Barrancabermeja y el Sur de Bolívar. Estos actores
han enfocado su accionar en prácticas como la extorsión y la intermediación laboral con la
industria petrolera, así como la minería ilegal.22
4.2 Consideraciones finales
En el Magdalena Medio la estrategia de gestión territorial del sector hidrocarburos debe
valorar las oportunidades y conveniencia de vincularse a escenarios ya existentes que operan
22 Pnud & Anh. (2014).
como escenarios de trámite de conflictividades territoriales; entre otros, se encuentran el
Comité Minero Energético (CME), el Comité Regional de la Asociación Colombiana de
Petróleos (ACP), y el Gran Acuerdo Social por Barrancabermeja (Gasb). Tanto Ecopetrol como
la diócesis de Barrancabermeja son protagonistas de esta última iniciativa y apuestan a la
misma como mecanismo para el trámite de conflictos territoriales, al igual que para la
formalización de acuerdos con los demás actores presentes en la región, y el seguimiento de
su cumplimiento. Los Comités de Seguimiento de Inversiones de Regalías (CSIR) pueden
resultar aliados que aporten valiosos insumos para estos propósitos.
Ante la perspectiva de una baja en los ingresos fiscales de las entidades territoriales debido
a la reforma del SGR al igual que a la reducción en los ingresos corrientes de la Nación que
sirven como base para el cálculo de las transferencias asociadas con el SGP, es conveniente
explorar la posibilidad de desarrollar dentro de los espacios de trámite de conflictividades
territoriales mecanismos para la planificación y coordinación complementaria de la
destinación de los recursos de inversión social con base en criterios de equilibrio y equidad
social y territorial; entre ellos, aquellos provenientes de los presupuestos de inversión de
entidades territoriales y corporaciones autónomas regionales, de los proyectos financiados
con recursos del SGR aprobados por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión
(OCAD), así como de los Planes de Beneficios Comunitarios (PBC) de la industria de
hidrocarburos.
Las figuras de asociación territorial contempladas en la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial (LOOT) también pueden funcionar como espacios de coordinación y seguimiento
de la inversión territorial en la región, favoreciendo la canalización de incentivos ofrecidos
por el gobierno nacional para que las entidades territoriales económicamente más
desarrolladas se asocien con las más débiles al fin de prestar conjuntamente servicios
públicos, funciones administrativas propias o asignadas al ente territorial por el nivel
nacional, y ejecutar obras de interés común o cumplir funciones de planificación.
En síntesis, la prioridad de la estrategia de gestión territorial de hidrocarburos en el
Magdalena Medio será ganar la confianza de la comunidad y las autoridades locales en el
compromiso de la industria con el desarrollo territorial y la protección y defensa de los
derechos humanos en la región. Para ello, resulta crucial que las empresas operadoras
establezcan de manera clara y específica protocolos de relacionamiento comunitario y
gestión ambiental para sí y sus contratistas, y hagan seguimiento estricto cumplimiento de
los mismos, ya que la responsabilidad de los daños y perjuicios ocasionados recaen sobre las
empresas operadores como titulares de los contratos de hidrocarburos.
En apoyo a este propósito, también será conveniente un mayor involucramiento de las
entidades del orden nacional con funciones de regulación, control y seguimiento del
desempeño de las empresas del sector en el territorio; ello puede materializarse a través de
la desconcentración de funciones para facilitar su ejecución oportuna y eficaz, de la mano de
estrategias de comunicación institucional que visibilicen las acciones y resultados de su
gestión local para reestablecer la confianza de la comunidad y las autoridades en su
compromiso con el desarrollo territorial y social equilibrado y equitativo.
A su vez, la estrategia de gestión territorial del sector de hidrocarburos puede obtener
importantes beneficios explorando las condiciones que serían propicias para que las
corporaciones autónomas regionales lideren acciones para atender los pasivos ambientales
del sector de hidrocarburos, contribuyendo así a mejorar la confianza de las comunidades
tanto en las autoridades ambientales como en el compromiso de la industria con la
conservación de la calidad y sostenibilidad de los sistemas de soporte natural de los servicios
ecosistémicos existentes en la región.
Finalmente conviene que la ANH en el Magdalena Medio suministre al Ministerio del Interior,
como entidad encargada de liderar espacios de interlocución creados con ocasión al paro
agrario, los elementos e instrumentos necesarios para divulgar, valorar y ajustar la política
nacional de hidrocarburos y sus resultados, y facilitar su articulación en el marco de los
acuerdos que se pacten en el marco de la Mia.
V. META
5.1 Caracterización de Actores
5.1.1 Sector público
a) Gobierno Nacional
El gobierno nacional es el encargado de orientar la política de hidrocarburos en el país. Para
2014 fijó una meta de producción de 1.040.000 barriles diarios, como parte de su apuesta
por el desarrollo minero-energético23. El ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional
de Hidrocarburos (ANH) administran la asignación de tierras y explotación de yacimientos, y
garantizan abastecimiento de combustibles en el país.24 La ANH promueve y regula las
actividades del sector. Dentro de sus funciones se encuentra la identificación del potencial
hidrocarburífero del país; el diseño, evaluación y promoción de la inversión en actividades
de exploración y explotación; la administración de los contratos y convenios; la asignación
de las áreas para exploración y explotación; el establecimiento de precios de los
hidrocarburos; y la determinación de las inversiones sociales destinadas a las comunidades
que se encuentran en las zonas de influencia de los proyectos, entre otras.25
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANAL) está a cargo de llevar a cabo el
proceso de licenciamiento ambiental de proyectos, obras de desarrollo y actividades que así
lo requieran, a través de la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y sus
23 Revista Dinero. (2013). Producción petrolera subiría 2% en 2014; diciembre. Disponible en:
http://www.portafolio.co/economia/produccion-petrolera-colombia-2014
24 Ministerio de Minas y Energía. (sin fecha) Disponible en:
http://www.minminas.gov.co/ministerio;jsessionid=8sGIQSoIgo9n5GvEKHkXqBUL.portal143
25 Agencia Nacional de Hidrocarburos. (sin fecha). Funciones. Disponible en: http://www.anh.gov.co/la-
anh/Paginas/Funciones.aspx
respectivos Planes de Manejo Ambiental (PMA). Así mismo, le corresponde el seguimiento
del cumplimiento de las obligaciones consignadas en las licencias, permisos y trámites
ambientales, y adelanta investigaciones preventivas y sancionatorias acorde con lo
estipulado en la ley.26
En las zonas de operación de hidrocarburos se presentan tensiones entre comunidades y
autoridades territoriales con estas entidades del orden nacional por cuanto las primeras
perciben que los procesos de licenciamiento y seguimiento de los proyectos y obras
desarrollo asociados al sector hidrocarburos desconocen realidades territoriales y los
intereses de los pobladores. Ello ha derivado en movilizaciones de resistencia por parte de
las comunidades que se manifiestan en paros y bloqueos a la operación de las empresas. La
respuesta reactiva de las autoridades nacionales a este tipo de acciones de hecho, refuerza
la utilidad de las mismas pues logran la movilización de recursos y decisiones desde Bogotá
para darles manejo y superar las crisis.
b) Gobiernos territoriales
La gobernación del Meta y las alcaldías municipales cumplen funciones de entes
articuladores en el territorio, ya sea con autoridades del orden nacional, con empresas y/o
organizaciones de la sociedad civil. Con relación al sector velan por la articulación de sus
planes de desarrollo con la inversión social que programada por las empresas dentro de sus
jurisdicciones, y por el cumplimiento de los acuerdos establecidos entre las partes en los
casos a que haya lugar a este tipo de procesos.
En retribución por los recursos natrales no renovables aprovechados mediante actividades
extractivas dentro de sus jurisdicciones, las entidades territoriales acceden a recursos del
Sistema General de Regalías (SGR), los cuales se deben orientar a inversiones que mejoren
el acceso a y calidad de bienes y servicios públicos que le corresponde suministrar a las
26 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. (sin fecha). Funciones de la ANLA. Disponible en:
http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1298&conID=8033
administraciones territoriales a los hogares residentes en el territorio, al igual que al fomento
de la competitividad de la economía regional a través de su diversificación y la ampliación de
oportunidades de negocios e ingresos para la población local. En algunos casos han sido los
propios alcaldes quienes de manera indirecta han promovido la movilización de
comunidades en contra de las empresas, con el objetivo de presionar la consecución de
recursos para proyectos de inversión social e infraestructura en sus municipios.
c) Ministerio Público
La Defensoría del Pueblo y las Personerías velan por la protección y defensa de los derechos
humanos de las comunidades; acompañan y trabajan en torno a la prevención de
vulneraciones a los derechos humanos, incluyendo incidentes relacionados con actividades
del sector de hidrocarburos.
La Defensoría ha mediado en conflictos asociados a la industria; también ha cumplido
funciones de garante de los compromisos que se desprenden de los acuerdos alcanzados
entre comunidades, autoridades y empresas. De la carga total del trabajo que conoce el
defensor regional en el Meta, se estima que cerca del 60% está relacionada con conflictos
de la industria.
5.1.2 Sector privado o mixto
Por un lado, se encuentran las empresas operadoras de los campos que, en virtud de
contratos de hidrocarburos, llevan a cabo actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos27. Además están las empresas prestadoras de servicios de apoyo a la
exploración y explotación, como en el caso de la sísmica y la operación de los taladros. Por
27 Entre estas se encuentran en etapa de producción: Meta Petroleum Corp., Ecopetrol S.A., Hocol S.A., CEPCOLSA,
HUPECOL LLC, Petrominerales Colombia Ltd., Unión Temporal Midas, TECPETROL COLOMBIA S.A.S., NEW GRANADA
ENERGY CO., MAUREL & PROM COLOMBIA B.V., ONGC VIDESH LIMITED. En el caso de las empresas que se encuentran en
etapa de exploración se encuentran: Petrobras Colombia Limited, ONGC Videsh Limited, Ecopetrol S.A., Hocol S.A., Grupo
C&C Energía Barbados, Tecpetrol Colombia S.A.S., Pluspetrol Colombia Corporation, entre otros.
último están las empresas de bienes y servicios requeridos para la operación de las empresas,
como es el caso de transportes, alimentación, dotaciones, entre otros. Algunas de estas
empresas están constituidas por empresarios locales que se desarrollaron en respuesta a las
oportunidades económicas creadas por la demanda de las operaciones de hidrocarburos.
Las mayores operadoras del sector de hidrocarburos, específicamente Pacific Rubiales y
Ecopetrol, generan la mayor parte de los impactos asociados a las actividades de la industria
en la región. Son vistos como los actores con mayores recursos, mientras las demás empresas
pasan desapercibidas en esta materia.
Ecopetrol es uno de los actores que más hace presencia en el territorio por cuenta de sus
operaciones, ya sea directamente o en asocio con otras empresas. Su presencia es percibida
negativamente por algunos actores que consideran que sus intervenciones se realizan sin el
debido relacionamiento con las comunidades locales, ocasionando daños y perjuicios que
alimentan la conflictividad y la polarización de las propias comunidades. En alguna medida,
esta percepción negativa responde al equívoco que persiste entre las comunidades en el
sentido que a Ecopetrol le corresponde regular a las demás empresas industria, como
sucedía antes de que entrara a funcionar las ANH en 2003. Además, algunos actores
consideran que los funcionarios que tienen localmente a su cargo las operaciones de
Ecopetrol no tienen suficiente discrecionalidad en la toma de decisiones para resolver
problemas con oportunidad, por lo cual estos se dilatan mientras se escalan al nivel central.
También hay otras empresas que tienen incidencia sobre las dinámicas territoriales, que
pertenecen al sector agroindustrial, como por ejemplo, las arroceras y palmeras. Estas se
caracterizan por requerir grandes extensiones de tierra para sus plantaciones28. Otro ramo
de actividad agropecuaria que controla grandes extensiones de tierra son los ganaderos
latifundistas que desde hace décadas se han asentado en los Llanos Orientales.29
28 En el departamento operan empresas como Cargill, Riopaila S.A., Mónica, Forest First, Poligrow, y grupos nacionales
como Luis Carlos Sarmiento Ángulo, Manuelita y el Sindicato Antioqueño.
29 En el caso de Puerto Gaitán se encuentra el predio El Porvenir, explotado por la Ganadería Agualinda. Esta empresa
tiene como representantes a la esposa e hijo del difunto esmeraldero Víctor Carranza. De acuerdo con el INCODER, este
5.1.3 Gremios
Entre las estructuras gremiales más visibles en el departamento se encuentra el Consejo
Intergremial del Meta, constituido por 32 gremios de todos los sectores productivos del
departamento. En ámbitos locales cabe destacar agremiaciones creadas por
establecimientos de comercio y servicio para atender demandas de la industria. Entre estas
se cuenta el Consejo Gremial de Puerto Gaitán y la Alianza Empresarial en el municipio de
Castilla La Nueva. La primera agrupa comerciantes de Puerto Gaitán; la segunda es una
instancia de intermediación en la contratación y prestación de servicios en el municipio, a
través de los cuales se regulan precios y se asignan subcontratistas locales. Es el único
interlocutor válido con las operadoras en el municipio.
Los sindicatos son actores clave en el marco de las operaciones de la industria en el Meta,
entre ellos, la Unión Sindical Obrera (Uso), sindicato asociado a la Central Unitaria de
Trabajadores de Colombia (Cut). Es un sindicato de industria que tiene representación en el
departamento por medio de una subdirectiva. La Uso manifiesta trabajar en defensa de los
derechos laborales de los trabajadores que prestan sus servicios vinculados bajo cualquier
modalidad de trabajo al sector de hidrocarburos. Además se encuentra la Unión de
Trabajadores de la Industria Energética Nacional (Uten), que afilia trabajadores del sector
energético. La Uten se encuentra asociada a la Central General de Trabajadores (CGT), y
cuenta con una seccional enfocada en el tema de hidrocarburos.30
La Uten es acusada de ser un sindicato patronal de Pacific Rubiales y, en ese mismo sentido,
la Uso la ha denunciado por promover violencia antisindical en contra de sus afiliados. La Uso
jugó un rol desestabilizador durante los paros del 2011 en Puerto Gaitán, lo cual derivó en la
predio es producto de la apropiación irregular de 25 mil hectáreas de terrenos públicos baldíos pertenecientes a la Nación.
(Verdad Abierta).
30 Quiénes somos. Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional (UTEN). Recuperado el 28 de noviembre de
2014. Disponible en: http://utencolombia.com/portal2/index.php/uten-colombia-uten-contrato-sindical/localizacion-2
decisión de Pacific Rubiales de suspender temporalmente sus operaciones en ese sector del
departamento. Mantiene tensiones con las comunidades locales ante las cuales perdió
legitimidad por cuenta de los hechos de violencia que se presentaron en las movilizaciones
que promovió en beneficio exclusivo de sus afiliados.
5.1.4 Corporación Autónoma Regional (Cormacarena)
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena
(CORMACARENA) promueve y vela por la conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales renovables y del medio ambiente en los 29 municipios del
departamento.31 Con relación al sector de hidrocarburos realiza seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones ambientales, especialmente aquellas relacionadas con el
aprovechamiento de recursos naturales renovables en las operaciones de la industria, al igual
que de las medidas de mitigación y compensación ambiental impuestas en las licencias y
planes de manejo. Sin embargo, la desarticulación de las actuaciones de las entidades del
orden nacional competentes en el tema perjudica la imagen de Cormacarena en el
departamento, donde es percibida como un actor débil con escasa incidencia para hacer
seguimiento y controlar la industria en materia prevención y sanción ambiental.
5.1.5 Organizaciones sociales
Entre las organizaciones sociales más visibles en el territorio se encuentran las Juntas de
Acción Comunal (JAC), las cuales impulsan procesos comunitarios apalancados en el trabajo
e inversiones que realizan autoridades territoriales y empresas en las comunidades de su
jurisdicción. Además, hasta hace muy poco prestaban a las empresas del sector de
hidrocarburos el servicio de intermediación en los procesos de contratación de mano de obra
31 Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (CORMACARENA). Nuestra
Corporación. Disponible en: http://www.cormacarena.gov.co/contenido-
vin.php?tp=2&contenido_in=70&titulo=NUESTRA%20CORPORACION
local, para garantizar que los candidatos fueran residentes locales. Esta situación que ha
venido cambiando paulatinamente, pero no al mismo ritmo en todos los municipios.
Además de las JAC, en algunos municipios como Puerto Gaitán también hay instancias como
la Mesa Laboral que presta servicios de intermediación a las empresas para la contratación
de mano de obra local, pero también gestiona procesos de formación y capacitación de la
mano de obra para la industria, al igual que asistencia para la formalización de
establecimientos de comercio y prestación de servicios locales para que puedan cumplir con
los requisitos exigidos para su contratación por la industria.
También se han creado ONG´s ambientales que trabajan alrededor del cuidado de los
recursos naturales, especialmente en aquellas áreas más propensas a sufrir impactos como
consecuencia de las operaciones de la industria.
En algunas zonas del departamento se han identificado pequeños y medianos propietarios
de tierra que tienen incidencia importante sobre las dinámicas territoriales, particularmente
allí donde sus predios se encuentran ubicados en las zonas de influencia de los proyectos
hidrocarburíferos32. Algunos dedican su tierra a actividades de ocio (ej. fincas recreativas) y,
otros a actividades productivas en pequeña escala, como la ganadería y la agricultura. Si bien
estos finqueros no tienen interés en procesos de contratación e inversión social por parte de
las empresas, sí han demostrado capacidad para presionar a Ecopetrol para que responda
por daños causados a los propietarios ubicados en zonas de influencia de sus operaciones
como consecuencia de las mismas, entre ellas, vertimiento de aguas contaminadas a las
fuentes hídricas superficiales, quema de gases a cielo abierto; el olor a nafta en las zona
cercanas a las centrales de operación; el ruido emitido por las centrales de operación; así
32 Este actor hace referencia al caso concreto de Acacias, donde se fundó Corpoesmeralda, organización que agrupa a los
finqueros que tienen sus propiedades en la vereda La Esmeralda, y quienes aducen haber sufrido los efectos negativos de
impactos ambientales derivados de la operación de la industria, específicamente de Ecopetrol. Al no encontrar una
respuesta en el ámbito local, este actor ya ha escalado sus reclamaciones a nivel central de Ecopetrol, e incluso consideran
instaurar demandas judiciales en contra de la empresa.
como el polvo levantado por el paso de los vehículos que transportan el crudo en caminos
sin pavimentar durante los meses secos.
a) Pueblo Indígena Sikuani del Resguardo Wacoyo (Puerto Gaitán)
En Puerto Gaitán, el pueblo indígena Sikuani, enfrenta conflictos por la tierra con la industria.
Consideran que las empresas tienen que compensarlos por el uso de sus tierras para la
explotación del petróleo. Pueden constituirse en un factor desestabilizador en el municipio,
pues manifiestan su disposición a utilizar las vías de hecho para presionar a las empresas a
que cumplan con sus demandas.
Actualmente enfrentan problemas de representatividad. Señalan que en los procesos de
negociación con las empresas se han corrompido sus líderes, pues no velan por intereses
comunitarios en el largo plazo, sino que responden a sus intereses personales. Esto ha hecho
que se profundicen los niveles de pobreza de estas comunidades, y avance el debilitamiento
del tejido social.
Desde el día 9 de febrero de 2015 el pueblo indígena Sikuani del resguardo Wacoyo se tomó
de manera pacífica las instalaciones de la empresa agropecuaria Fazenda ALIAR S.A.
Manifiestan que desde que comenzó el desarrollo de este proyecto de porcicultura a grande
escala, brotan olores desagradables y gran cantidad de moscas que afectan negativamente
a la comunidad. Algunos actores empresariales indican que hay ONG´s internacionales detrás
de estos grupos que promueven intereses políticos y económicos en contra de la industria.
5.2 Consideraciones finales
En el departamento del Meta se pueden identificar problemáticas generales asociadas al
sector hidrocarburos que se derivan de la naturaleza inflexible de la gestión de políticas
nacionales para orientar el desarrollo de las actividades del sector en el territorio. Muchas
de las conflictividades registradas tanto en las entrevistas como en la revisión de fuentes
secundarias, responden a situaciones asociadas con operaciones de hidrocarburos que
causan daños y perjuicios a comunidades y el medio ambiente, pero cuya solución se dilata
mientras se consulta y se escala el tema a nivel central, en detrimento de las condiciones de
vida locales, y de la legitimidad de los mecanismos de diálogo y participación que promueve
la industria para atender estas situaciones.
Ecopetrol tiene una larga trayectoria en la utilización de mesas de diálogo para el trámite de
conflictividades con comunidades en zonas de influencia de sus operaciones, así como de
incumplimientos de compromisos y acuerdos pactados en este tipo de escenarios. Siendo
esta empresa un socio principal en el desarrollo de la estrategia de gestión territorial del
sector hidrocarburos en el Meta, conviene que previo a la puesta en marcha de un nuevo
mecanismo de esta naturaleza Ecopetrol lidere la realización de un balance abierto de sus
experiencias con este tipo de escenarios, las lecciones aprendidas, y las condiciones
necesarias para evitar que vuelvan a repetirse los malos resultados de incumplimientos en el
pasado. De lo contrario, es probable que el proceso de la estrategia rápidamente
desemboque en bloqueos y vías de hecho impulsadas por las comunidades.
Además, el escenario de la iniciativa Visión de los Llanos Orientales de Colombia: un reto se
sostenibilidad, que actualmente impulsa Ecopetrol en la región, puede ser propicio para
abordar temas prioritarios para el desarrollo territorial local y regional, como la
diversificación de la economía local, la protección de derechos humanos, y fortalecimiento
de la institucionalidad pública local.
De otra parte, a pesar de la conflictividad que ha caracterizado en el pasado reciente la
gestión del contrato de explotación de hidrocarburos de Pacific Rubiales en el municipio de
Puerto Gaitán, Meta, hay un reconocimiento generalizado de la disposición de esta empresa
a adelantar diálogos con las comunidades locales. Por consiguiente en ese municipio el
desarrollo de la estrategia de gestión territorial del sector hidrocarburos puede beneficiarse
de los aprendizajes acumulados desde el 2011 por Pacific Rubiales en relación con este tipo
de escenarios. De particular interés serán temas como la coordinación con entidades
territoriales en la planificación de recursos de inversión y los Planes de Beneficios
Comunitarios (PBC); también serán de utilidad las lecciones obtenidas en relación con el
abordaje de temas prioritarios para el desarrollo territorial local y regional, como la
diversificación de la economía local, la protección de derechos humanos, y fortalecimiento
de la institucionalidad pública local. No obstante, el rol que juegue Pacific Rubiales en el
desarrollo de la estrategia de gestión territorial del sector hidrocarburos en el futuro
dependerá de la decisión que tome la Junta Directiva de Ecopetrol con respecto a si le
renueva o no el contrato para operar el campo Rubiales.
Por su parte, también conviene reconocer que los procesos de diálogo y resolución de
conflictos que desarrolla la Defensoría del Pueblo en el departamento gozan de una
percepción muy positiva, por cuanto se señala como una de las únicas autoridades públicas
que interviene con solvencia en conflictos que involucran al sector hidrocarburos en el Meta.
Por su trayectoria, este es un actor que puede aportar positivamente al diseño, desarrollo y
consolidación de la estrategia de gestión territorial del sector hidrocarburos en el Meta.
La ANH es la principal impulsora de la estrategia de gestión territorial del sector
hidrocarburos. No obstante enfrenta una seria oposición de las entidades territoriales en el
departamento, pues la asocian con la responsabilidad de los perjuicios traídos a raíz de la
reforma del SGR. Los "clanes políticos" de la región tienen agendas centradas en entrabar la
actividad de hidrocarburos en el territorio como mecanismo de presión para impulsar una
contrarreforma del SGR. Por consiguiente la ANH necesita trabajar articuladamente con
entidades del orden nacional como el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio
de Hacienda, entre otras, con el objetivo de revisar y ajustar el funcionamiento del SGR en
los territorios.
También es importante que la ANH gane la confianza de comunidades y autoridades locales
mediante el seguimiento y control del cumplimiento de los contratos de hidrocarburos en
la región, así como en el acompañamiento de la planificación coordinada de los PBC para
asegurar que estos complementen bien las inversiones realizadas con base en otras fuentes.
La ANLA también puede contribuir a mejorar las gobernabilidad de las autoridades públicas
en la región, ganando la confianza de comunidades y autoridades locales mediante el
seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones contempladas en las licencias y
planes de manejo ambiental de los proyectos de explotación de hidrocarburos actualmente
en curso en la región, así como los proyectos de desarrollo que comiencen a planearse por
parte de las empresas agroindustriales en la Altillanura.
De otro lado, es previsible que en la coyuntura en la cual se pretende impulsar la estrategia
de gestión territorial en el departamento del Meta, se exacerbe la conflictividad territorial
en relación con las empresas agroindustriales que pretenden establecer plantaciones en la
Altillanura. Dada la precariedad de su tenencia de esas tierras por haber sido baldíos en el
pasado, es probable que mantengan un bajo perfil en la zona hasta que se legalice su
situación. No obstante, ese escenario no resultará favorable para ellos localmente, pues
confirmará a ojos de las comunidades la apreciación que las disposiciones normativas que se
expiden desde el orden nacional para amparar los intereses de las empresas, son ilegitimas
por cuanto ignoran las necesidades y aspiraciones de las comunidades locales.
Es difícil predecir cuál será el impacto esas circunstancias sobre el desarrollo de la estrategia
de gestión territorial del sector hidrocarburos en el departamento, pero no puede
descartarse que el movimiento de la Cumbre Agraria promueva bloqueos por las vías de
hecho a las operaciones del sector hidrocarburos con el fin de presionar al gobierno para que
de prelación a proyectos de desarrollo agrario por la "vía campesina" a las tierras de la
Altillanura, antes que entregarlas a los empresarios agroindustriales.
En este contexto, es probable que la gobernación del Meta continúe enfocada en el impulso
de una estrategia de diversificación de la economía del departamento para reducir su
dependencia del sector de hidrocarburos. Además, el desarrollo agroindustrial de la
Altillanura probablemente le traerá problemas de gobernabilidad en el territorio en el futuro
cercano. En la medida en que la estrategia de gestión territorial del sector hidrocarburos
logre articular recursos y esfuerzos para el desarrollo territorial del departamento a partir de
la diversificación de su base económica, es posible que la gobernación le otorgue mayor
relevancia a su participación activa en la misma.
Al igual que muchas organizaciones sociales, las administraciones municipales se muestran
incrédulas en relación con escenarios de diálogo para el trámite de conflictividades con el
sector hidrocarburos, debido a la trayectoria de incumplimientos asociada con este tipo de
escenarios en el pasado. El desarrollo de capacidades técnicas y organizacionales en las
administraciones para la planificación y formulación de proyectos de inversión para su
presentación a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), al igual que
para la coordinación de inversiones dentro de sus jurisdicciones provenientes de otras
fuente, pueden ser líneas de actividad que acerquen a las alcaldías a una participación más
activa dentro de la estrategia de gestión territorial del sector hidrocarburos en el Meta.
VI. NORTE DE SANTANDER
6.1 Caracterización de Actores
6.1.1 Sector público
a) Gobierno nacional
Para el sector de hidrocarburos en el Norte de Santander la actividad del Ministerio de Minas
y energía es fundamental para solucionar problemas generados por el precio interno de la
gasolina, así como por el contrabando de combustible en la frontera con Venezuela. También
juega un papel fundamental en la definición de políticas y planes minero-energéticos que se
desarrollan en la región del Catatumbo y el Sarare.
Actualmente la ANH impulsa el Programa de Regionalización del Sector Hidrocarburos en el
departamento, el cual busca el fortalecimiento de las relaciones entre comunidades y
empresa así como la descentralización de la gestión del sector. A finales de 2013 se anunció
la apertura de una oficina de la ANH en la región, lo cual facilitará la integración con las
entidades territoriales en temas de vigilancia a contratos de explotación de hidrocarburos, y
la verificación de cumplimiento de obligaciones ambientales y sociales.
Para el caso de la región del Catatumbo la Dirección de Consulta Previa (DCP) del Ministerio
del Interior ha jugado un papel importante en la verificación del cumplimiento de los
acuerdos establecidos en las consultas previas, así como en la elaboración de estrategias
para el manejo de situaciones críticas en zonas donde se adelantan estos procesos. Dados
los constantes enfrentamientos de las comunidades indígenas Motilón-Bari y U’wa con los
proyectos petroleros, esta dirección es la encargada de mantener los principales
mecanismos de diálogo con las comunidades en relación con el sector de hidrocarburos.
En relación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y ANLA se observan
problemas en coordinación de la gestión de asuntos el sector hidrocarburos en el territorio,
debido tanto a la baja capacidad operativa del ANLA como por la escasa coordinación con la
Corporación Autónoma Regional, particularmente en relación con la atención de
emergencias ambientales derivadas de la afectación al oleoducto Caño Limón-Coveñas.
La labor del Ministerio de Agricultura, el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural
(Incoder) y la Unidad de Restitución de Tierras en el Norte de Santander se centra en mediar
en el proceso de creación de la Zrc, el cual es fuente de conflictividad entre las organizaciones
campesinas y el sector de hidrocarburos. También atienden demandas de titulación de
terrenos baldíos y restitución de tierras, situaciones que originan numerosos conflictos en
varios municipios del departamento.
b) Gobiernos territoriales
La gobernación del Norte de Santander orienta el desarrollo económico, social, territorial y
administrativo del departamento por medio del Plan de Desarrollo para Norte de Santander
2012-2015 “Un Norte Pa’ lante”. También impulsa la conformación del clúster “Energía de
futuro para el desarrollo de Norte de Santander” con el propósito de promover la explotación
de las riquezas minero-energéticas y aumentar los beneficios a los habitantes de la región.
Junto con la ANH también participa activamente en el Programa de Regionalización del
Sector de Hidrocarburos.
Las alcaldías locales, por su parte, cumplen funciones de entes articuladores en el territorio,
tanto con autoridades del orden nacional, como con empresas y organizaciones sociales. Con
relación al sector, velan por la articulación de sus planes de desarrollo con la inversión social
que realizan las empresas en los territorios, y por el cumplimiento de los acuerdos
establecidos entre empresas y comunidades en los casos en que se den lugar este tipo de
arreglos. Actualmente, hay cercanía de los alcaldes municipales del Catatumbo con las
asociaciones campesinas e indígenas, lo cual se refleja en el ambiente de confianza de las
comunidades hacia esas administraciones locales.
La Corporación Autónoma Regional de la Región Nororiental (Corpornor) tiene jurisdicción
en todo el departamento del Norte Santander y conoce temas relacionados con permisos,
autorizaciones y licencias para el aprovechamiento de recursos naturales renovables, así
como los respectivos procesos de seguimiento y sanción. Es una de las entidades que guarda
relaciones más estrechas tanto con comunidades como con Ecopetrol. Aun así, algunas
comunidades y gremios de productores desconocen sus funciones y su impacto en el
territorio.
6.1.2 Sector privado o mixto
Comprende empresas como Well Logging, Oleoductos del Norte de Colombia, Mompos Oil
Company, Turkish Petroleum Company, y Pacific Rubiales, entre otras, además de Ecopetrol.
En los últimos años varios de los pozos pequeños pertenecientes a estas empresas han
cambiado de propietario, por lo cual se hace difusa la percepción de la comunidad acerca del
desempeño de la gestión social y ambiental por parte de las diferentes empresas del sector
presente en el departamento.
Dado que gran parte de la actividad se realiza en asociación con Ecopetrol, esta empresa es
considerada como el principal actor del sector de hidrocarburos en la región. Ecopetrol hace
presencia en diferentes etapas de la industria de petróleo y gas, incluyendo exploración
sísmica en 2D y 3D (Región del Sarare); producción (Campo Tibú y Rio Zulia); transporte
(Oleoducto Caño Limón - Coveñas); y plantas de gas (Gibraltar y Toledo). Por consiguiente,
es hacia esta empresa que se orientan la mayoría de las demandas tanto de comunidades
como de los gobiernos territoriales en relación con la conflictividad del sector de
hidrocarburos. Un objetivo importante para Ecopetrol en el Norte de Santander es lograr
que la comunidad deje de considerarla como la materialización exclusiva de la presencia del
Estado en la región.
En general, la actividad de Ecopetrol es vista con buenos ojos por parte de diferentes
organizaciones gremiales de pequeños productores, transportadores y comerciantes, pues
aseguran que la presencia de la empresa a través de sus numerosos proyectos de inversión
ha permitido mejorar los niveles de vida en las regiones del Catatumbo y el Sarare. De
especial relevancia en este sentido son los programas que desarrolla Fundescat, entre ellos,
de gestión socio empresarial, microfinanzas, y desarrollo regional en alianza con diferentes
instituciones gubernamentales, internacionales y el sector privado.
6.1.3 Organizaciones sociales La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), es una organización conformada a
finales del 2005 por habitantes de las áreas rurales de los municipios de Convención,
Teorama, El Tarra y El Carmen, en la región del Catatumbo. El Comité de Integración Social
del Catatumbo, Cisca, se autoreconoce como una articulación de base campesina, enraizada
en los movimientos comunal y cooperativo, los cuales con su capacidad de gestión,
movilización e incidencia en la vida comunitaria, proponen unir fuerzas para enaltecer tres
principios fundamentales: integración, derecho a la vida y derecho al territorio.
Ascamcat y Cisca conforman un bloque de oposición a diferentes proyectos agroindustriales,
mineros y energéticos de la región. Promueven procesos de autodeterminación campesina
en medio del conflicto armado e impulsan el establecimiento de la Zrc en el Catatumbo. En
el contexto del paro de 2013, ambas organizaciones fueron señaladas por sus presuntos
vínculos con grupos guerrilleros como las Farc-Ep y el Eln, por parte de otros gremios y
asociaciones de productores de la región. El Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, aseguró
en su momento que “las movilizaciones campesinas en el Catatumbo, que exigen que se
detenga la erradicación de cultivos ilícitos que inició el Ejército y se declare una zona de
reserva campesina, donde haya un plan de sustitución de cultivos, están infiltradas por
grupos armados ilegales.”33
En el caso de las comunidades indígenas, las organizaciones principales son la Asociación de
Autoridades Tradicionales y Cabildos U´wa (Asou’wa) y la Asociación de la Comunidad
Motilón-Bari de Colombia (Asocbari). Cada una responde a las demandas de las comunidades
étnicas que representa en sus respectivos ámbitos territoriales. La relación entre
comunidades campesina e indígenas es buena, pues comparten planes en defensa del
territorio y de la explotación carbonífera y del petróleo, como sucedió en 2007 con el plan
“Vida, naturaleza, territorio y cultura”, una campaña acordada entre el consejo autónomo
de los caciques Barí, y de la comunidad Motilón-Barí de Colombia. En la actualidad, en el
marco del proceso de consolidación de la Zrc del Catatumbo, las diferentes organizaciones
indígenas y campesinas trabajan en planes de articulación bajo la figura de los territorios
interculturales.34
33 Rcn.com. (Sin fecha). “Dirigentes del paro en el Catatumbo vienen de Europa: Mindefensa “. Portal Rcn. Disponible en:
http://portal.canalrcn.com/noticias/dirigentes_del_paro_en_el_catatumbo_vienen_de_europa_mindefensa
34 “En el marco del intenso debate que vive el país sobre cómo construir una paz que vaya más allá del silenciamiento de
los fusiles, es fundamental proyectar la construcción de un ordenamiento territorial y productivo del campo que incluya en
su formulación a los diversos actores sociales que concurren allí, fundamentalmente los que desde la producción familiar y
De otro lado, la asociación de productores de palma del Catatumbo agrupa a 81 pequeños
productores de palma de aceite. Su acción misional es la de integrarlos para la producción,
comercialización de fruto de palma y propender por el desarrollo sostenible y la calidad de
vida de los asociados. Esta es una de las 18 asociaciones de productores de palma que existe
en la región del Catatumbo. Para ellos, la vocería de los campesinos no está exclusivamente
en Ascamcat o Cisca. Son señalados por Ascamcat y Cisa de haber sido aliados de los
paramilitares durante el tiempo que dominaron la región.
Las Asociaciones Municipales de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas) son actores
complejos, que en algunos territorios y escenarios se opone abiertamente a la actividad
petrolera, mientras que en otros actúan como sus defensores.
6.2 Consideraciones finales
En el Norte de Santander la ANH ha sido parcialmente exitosa en el desarrollo de estrategias
de información y comunicación dirigida a mejorar la comprensión por parte de autoridades
territoriales y organizaciones sobre los proyectos hidrocarburíferos que se desarrollan en las
diferentes zonas del departamento; para ello ha contado con el apoyo constante de la
gobernación de Norte de Santander. Aun así, la discontinuidad de su presencia institucional
en las regiones del Catatumbo y el Sarare afecta su credibilidad entre administraciones
municipales y comunidades. Es necesario profundizar la estrategia y acercar el
acompañamiento de la ANH tanto a las administraciones municipales del Catatumbo como
a Corponor, dado que en ambos casos estos actores regionales cuentan con aceptación,
comunitaria, aportan al sostenimiento alimentario del país y que son las grandes mayorías de quienes viven en las zonas
rurales: campesinos, indígenas y afro-descendientes…En estas tensiones, la cuestión de las figuras territoriales ha cobrado
una importancia muy alta, ya que éstas se han convertido en la punta de lanza de comunidades y organizaciones para
satisfacer sus pretensiones territoriales, así pues, los indígenas reclaman constitución de resguardos y ampliación de los
existentes, los afro reclaman tierras colectivas para los Consejos Comunitarios y los campesinos reclaman constitución de
Zonas de Reserva Campesina”.“Hacia los territorios interculturales”. Agencia Prensa Rural. Julio de 2014. Disponible en
http://prensarural.org/spip/spip.php?article14581
confianza y algún grado de influencia sobre las organizaciones sociales y étnicas que
actualmente se oponen a la expansión de las actividades del sector de hidrocarburos en el
departamento.
El mapeo de conflictos en torno a la actividad del sector de hidrocarburos en la región del
Sarare y el Catatumbo evidencia que en el núcleo de dicha conflictividad se encuentran
temas laborales, ambientales, de coordinación institucional, tierras y territorios, hurto y
contrabando de combustibles, amenazas a operadores por parte de los grupos armados al
margen de la ley, y una cultura generalizada de dependencia económica y social en relación
con la industria petrolera. No obstante, es relevante señalar que la conflictividad más intensa
que se registra en la región no se deriva principalmente de la actividad petrolera; en vez, el
sector se ha convertido en blanco de críticas y diferentes formas de presión por parte de
organizaciones sociales de origen campesino e indígena como una estrategia de lucha para
avanzar sus pretensiones en relación con la modificación a su favor de la política de tierras y
territorios del gobierno nacional. Las presiones para el realindamiento de los resguardos
indígenas y el establecimiento de la Zrc del Catatumbo evidencian claramente que hasta
tanto no haya solución satisfactoria y estable a estos problemas emblemáticos – que son
ilustrativos de la naturaleza del diferendo que contrapone del modelo de desarrollo
territorial promovido por el gobierno nacional, con el propuesto por las comunidades
indígenas y campesinas–, las operaciones de hidrocarburos en el territorio continuarán
expuestas a la amenaza permanente de ser afectadas por paros, bloqueos y protestas.
Por consiguiente, el análisis sugiere que la disminución de la conflictividad que afecta las
operaciones de hidrocarburos en el Norte de Santander depende principalmente de la
resolución de problemas asociados al ordenamiento territorial del departamento,
incluyendo la delimitación de los territorios indígenas, la destinación de tierras públicas, y la
zona de expansión de operaciones de hidrocarburos en el departamento, entre otros
asuntos. Tanto el Incoder como el Ministerio del Interior pueden contribuir insumos
importantes para adelantar ese proceso, a través de la clarificación de los derechos
territoriales de los actores en conflicto, en el marco del ordenamiento territorial vigente.
La Gobernación de Norte de Santander mantiene vínculos importantes con Fundescat, con
la cual coordina su agenda de inversiones regionales para mejorar tanto las condiciones
sociales y ambientales como las de competitividad y productividad del territorio. Hasta el
presente, la gobernación ha jugado un papel constructivo en el establecimiento de la
estrategia de gestión territorial del sector de hidrocarburos en el departamento, a través de
su participación activa en los encuentros promovidos para tal fin por la ANH, Ministerio de
Minas y Energía y las administraciones municipales.
Por su parte, Ecopetrol constituye un actor estratégico en términos económicos y de
influencia sobre las autoridades territoriales y comunidades del departamento. Un
acompañamiento más continuo y eficaz en el terreno de parte de las entidades de orden
nacional a cargo de la gestión del sector de hidrocarburos, puede incidir positivamente para
mejorar la percepción generalizada del compromiso del gobierno nacional con los objetivos
de desarrollo territorial para el departamento. También contribuirá a un objetivo principal
de la empresa consistente en dejar de ser percibida por la comunidad como la singular
materialización del Estado en la región.
El gremio palmero representa un aliado fundamental para la estrategia de gestión territorial
del sector de hidrocarburos por cuanto constituye una alternativa para la diversificación de
la economía regional y contribuye a reducir tanto las presiones por empleo como por
inversiones en el mejoramiento de la competitividad y productividad territorial, que hasta el
presente son asumidas principalmente por Ecopetrol en el departamento. En particular, la
actividad de este gremio dentro de las Asojuntas municipales representa un apoyo
importante para la consolidación de la estrategia de gestión territorial del sector de
hidrocarburos en Norte de Santander.
Con respecto a un posible escenario de postconflicto y construcción de paz en Norte de
Santander, se observa un marcado interés por parte de Ecopetrol de participar activamente
de escenarios de interlocución, diálogo y socialización con múltiples actores, incluidos
entidades gubernamentales, gremiales y educativas, así como organizaciones sociales y
étnicas. Entre los puntos contemplados en la agenda regional que impulsa para el
departamento Fundescat, se destacan iniciativas para la diversificación de la economía
regional así como la prospección de diversos escenarios para el proceso de post-conflicto en
el departamento. Convendría incorporar a esa agenda el tema del “reordenamiento
territorial” del departamento, que incluye la armonización de condiciones para viabilizar
tanto el realindamiento de los territorios de comunidades indígenas, la titulación de los
terrenos públicos de la Nación bajo la figura de Zrc, y la expansión de la actividad del sector
hidrocarburos en el Norte de Santander.
Finalmente es prudente reconocer que hay una clara segregación de los actores que
participan en los distintos escenarios de construcción de paz que actualmente funcionan en
el departamento. Por un lado se encuentran aquellos escenarios promovidos desde la
institucionalidad pública y algunos sectores como el de hidrocarburos y los palmicultores. De
otra parte, están los espacios de participación convocados por organizaciones sociales muy
influyentes como es el caso de Ascamcat, Cisca y las organizaciones étnicas del
departamento. Contribuir al acercamiento e intercambio constructivo entre ambos
escenarios constituye un desafío principal para el desarrollo de la estrategia de gestión
territorial en el Norte de Santander.
VII. PUTUMAYO
7.1 Caracterización de Actores
7.1.1 Sector público
a) Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
La ANH controla el desempeño contractual de las empresas operadoras, el cumplimiento de
obligaciones de gestión ambiental en el desarrollo de la exploración y explotación de
yacimientos hidrocarburíferos y su relacionamiento con comunidades. Sin embargo,
localmente no se reconoce mayor influencia práctica a la ANH debido a su presencia
esporádica en el territorio. Entre las entidades territoriales y actores sociales predomina la
desconfianza frente a las acciones que realiza la ANH, observándose una tendencia a
desconocer las iniciativas que lidera en el territorio.
La ANH es percibida como una entidad que impone condiciones a las comunidades sin un
adecuado conocimiento de la realidad concreta de los actores en el territorio. La estrategia
de gestión territorial del sector hidrocarburos, en particular, se percibe como un proceso que
se intenta posicionar desconociendo los procesos ya en marcha, así como las dinámicas y
escenarios construidos por los diferentes actores del sector para la solución de la
problemática existente. Para algunos actores entrevistados, más que un espacio para el
trámite de conflictividades, la estrategia consiste en un ejercicio de legitimación del statu
quo. Además, hay escepticismo frente a la continuidad de la estrategia; los actores locales
temen que se convierta en una iniciativa más para desgastarlos en reuniones y acuerdos,
que a la postre será abandonada. Señalan que en vez de implementar una nueva estrategia,
es necesario reconocer las acciones existentes, su fortalecimiento y articulación.
b) Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
Está a cargo del licenciamiento y cumplimiento de las obligaciones de gestión ambiental por
parte de los proyectos y obras de desarrollo asociados con el sector de hidrocarburos.
También le corresponde adelantar y culminar procedimientos de investigación, prevención
y sanción en materia ambiental. Diversos actores califican las actuaciones de ANLA como
desarticuladas en relación con la realidad territorial de las zonas de exploración y explotación
de hidrocarburos.
La ANLA es fuertemente criticada por algunos actores porque no cumple su misión de
proteger los recursos naturales ni de asegurar su gestión de manera sostenible. En términos
de su accionar territorial, se cuestiona su débil presencia en el territorio y se critica que avale
planes de manejo ambiental contratados, hechos e implementados a conveniencia de las
propias empresas operadoras. Para la Mesa de Organizaciones Sociales y Campesinas la
ampliación de las operaciones de hidrocarburos por medio de 100 nuevos pozos en del
corredor Puerto Vega – Teteyé, sin previa consideración o consulta con las comunidades
pobladoras del sector representa una amenaza a su integridad y territorio. El otorgamiento
de esta licencia ambiental ha sido el detonante de numerosas movilizaciones y parálisis de la
operación petrolera en ese sector del departamento.
Alguno entrevistados señalan que paradójicamente el papel de control ambiental de la ANLA
es riguroso e incluso ejemplar cuando se trata de Ecopetrol, pero laxo cuando se trata de
operadoras privadas.
c) Fuerzas Militares
La misión de las Fuerzas Militares en el territorio es contribuir al mantenimiento y
restablecimiento de las condiciones de seguridad y orden público necesarias para facilitar el
incremento de inversiones en las actividades del sector de hidrocarburos. En ocasiones, el
Ejército lamenta la ausencia de una presencia eficaz del Estado en materia de atención a las
demandas sociales de la población y la deficiente gobernabilidad de las autoridades públicas
territoriales en sus áreas de jurisdicción. Manifiesta inconformidad con situaciones en las
que las demás entidades descargan en la Fuerza Pública la responsabilidad de ser la única
cara visible del Estado ante las comunidades.
Para algunos actores, en el departamento del Putumayo las Fuerzas Militares juegan un
papel polarizador en el trámite de conflictividades que recurren a las vías de hecho para
perturbar las operaciones de hidrocarburos en busca de soluciones. Varios actores
entrevistados señalan al Ejército como responsable de violaciones de derechos a la vida,
integridad y libertad de líderes y campesinos en el Putumayo. El Comité Internacional de las
Cruz Roja (Cicr) es crítico frente a la acción de las Fuerzas Militares en lo relativo a sus tácticas
de contrainsurgencia, entre ellas, el ametrallamiento indiscriminado en zonas pobladas y la
detención ilegal de personas.
En ocasiones las Fuerzas Militares constituyen un obstáculo para la resolución de tensiones
y conflictos debido a la deslegitimación sistemática que realizan de ciertos líderes sociales y
autoridades territoriales, a quienes estigmatizan y señalan como agentes de grupos armados
al margen de la ley.
d) Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (Pncrt)
Orienta intervenciones de tipo contrainsurgente enfocadas a la coordinación de la
recuperación social del territorio. Por medio del Pncrt, el gobierno nacional busca fortalecer
la alineación de los esfuerzos militar, policial y antinarcóticos con los esfuerzos de os
programas sociales, de justicia, desarrollo económico e institucional del Estado en zonas
estratégicas del territorio nacional. Pretende recuperar y establecer de manera irreversible
las capacidades institucionales públicas y sociales, la participación y el buen gobierno local
para alcanzar la integración económica, social e institucional de las regiones focalizadas.
El plan de acción del Pncrt está estructurado con base en siete mesas temáticas para abordar
temas de ordenamiento territorial y tierras; justicia; desarrollo económico; infraestructura
vial y conectividad; desarrollo social; participación ciudadana y derechos humanos; y cultivos
ilícitos y seguridad ciudadana.
e) Gobernación del Putumayo
Le corresponde articular las acciones en materia de inversión social e infraestructura de las
empresas con los planes territoriales de desarrollo; tiene interés en acceder a la información
georeferenciada que manejan las compañías hidrocarburíferas para utilizarla en el marco del
sistema de gestión de riesgos del departamento. Entre los proyectos principales que tiene
identificados para canalizar recursos de regalías se encuentran la construcción de un hospital
con capacidad de atención de tercer nivel de complejidad, la creación de una universidad
pública, y el mejoramiento de la red vial del departamento, entre otros.
La gobernación ha manifestado interés en apoyar el desarrollo de la estrategia de gestión
territorial del sector hidrocarburos. No obstante, según declaraciones del gobernador al
Comité Regional de la Industria Petrolera de Putumayo (Cripp), resulta insuficiente el interés
demostrado por la industria para participar en espacios de coordinación con las entidades
territoriales, lo cual conduce a la atomización de la inversión social y su impacto sobre el
territorio. No obstantes, conviene anotar aquí que la gobernación no cuenta con una oficina
especializada en temas de hidrocarburos, lo cual conlleva a que la atención de situaciones
relacionadas con el sector esté dispersa entre distintas dependencias y resta eficiencia y
eficacia en la respuesta.
Varios actores entrevistados califican la actitud de la gobernación ante problemáticas
sociales y ambientales del departamento como desentendida; en especial en los momentos
de crisis aguda, cuando se mantiene marginada dejando al gobierno nacional el liderazgo del
manejo de las situaciones. También la califican de desinteresada frente a la problemática de
la actividad hidrocarburífera en el departamento, particularmente a partir de la modificación
del régimen de regalías a partir dela ley 1530 de 2012. En lo que va de la actual
administración no se ha logrado articular un plan coordinado de inversiones territoriales
entre el gobierno departamental y empresas.
f) Procuraduría General de la República y Defensoría del Pueblo
Algunos actores reclaman un papel más activo de la Procuraduría General de la Nación (PNG)
en el desempeño de su función de prevenir, vigilar y sancionar las actuaciones de
funcionarios públicos. Señalan su mutismo frente a problemáticas asociadas a situaciones de
conflictividad social y actuaciones de funcionarios públicos competentes, ante las cuales no
opina ni emite conceptos como representante del interés público.
En relación con el sector de hidrocarburos, la Defensoría del Pueblo en el Putumayo se ha
centrado en la denuncia y llamamiento a responsabilidades por las afectaciones causadas
por derrames de petróleo. Así mismo cuestiona la calidad de la inversión social que se realiza
en áreas de influencia de hidrocarburos debido a su desarticulación, bajo impacto y escasa
sostenibilidad.
g) Enlace Municipal Minero Energético, Alcaldía de Villagarzón:
Esta es una figura muy particular que sólo se registra en el municipio de Villagarzón. Tiene
como propósito servir de nodo focal en temas relacionados con el sector de hidrocarburos
para el relacionamiento entre comunidad, empresas y administración municipal.
Actualmente su gestión se centra en: a) la implementación de la ley 1636 de 2013 por la cual
se establece el sistema público de empleo y seguro de desempleo; b). promover procesos de
formación y adiestramiento de la mano de obra local en los niveles técnico y tecnológico ; c)
consolidar escenarios de dialogo, concertación y resolución de conflictos empresa,
comunidad, administración municipal; y, d) acompañar procesos de consulta previa con
comunidades y pueblos indígenas.
El funcionario que actualmente ejerce la función de enlace municipal minero-energético
considera que la propuesta de la estrategia de gestión territorial del sector hidrocarburos es
bien intencionada desde el deber ser, pero llega tarde a la realidad de un municipio donde
se desarrolla la explotación petrolera desde hace seis años; por consiguiente, la estrategia
no puede llegar a desconocer lo que se ha venido consolidando en el municipio. Sugiere
incorporar a los espacios de diálogo de la estrategia una vinculación más representativa de
los pueblos indígenas pues actualmente asiste apenas la representación de un pueblo y en
Villagarzón hay seis. También sugiere la conveniencia de promover la participación de los
hoteleros, comerciantes o empresas prestadoras de servicios a la industria, si bien reconoce
que ninguna de estas unidades está formalmente asociada a alguna forma de representación
organizada.
Señala que hay problemas estructurales de política y legislación que afectan el territorio,
como son los vacíos normativos en torno a inversión de los recursos de compensación
ambiental obligatoria del 1% del valor de los proyectos de hidrocarburos.
La oficina tiene una relación antagónica con las asociaciones de intermediación laboral;
opera un banco de hojas de vida de mano de obra para atender las necesidades de las
actividades de hidrocarburos en el municipio y expide certificados de residencia para facilitar
el proceso de selección de candidatos para puestos de trabajo en la industria. Así limita la
acción de intermediación de las asociaciones privadas.
h) Concejo Municipal de Orito, Putumayo:
Este es un actor clave en la dinámica social y política en la dinámica del sector hidrocarburos
en el municipio de Orito desde hace algún tiempo, cuando un grupo de concejales en
coordinación con diputados departamentales decidió asumir una posición activa frente a la
conflictividad en torno al mismo. Localmente constituye un escenario institucional para
convocar a diversos actores a tramitar sus situaciones conflictivas y hacer seguimiento de los
compromisos que acuerden.
Empresas, sindicato y actores comunitarios por igual están empezando a identificar al
concejo como mediador y actor clave en la resolución de la conflictividad asociada al sector.
Temas como el pasivo ambiental y la contratación de servicios de sísmica a empresas
foráneas, vienen siendo tratados en el Consejo. Ha gestionado recursos y la suscripción de
un convenio de formación en tecnología ambiental con el SENA en el marco del cual se
capacitaron 80 personas oritenses.
7.1.2 Sector privado o mixto
a) Gran Tierra
El desempeño de esta operadora en términos de su relacionamiento comunitario y gestión
ambiental es resaltado por diversos actores institucionales, sociales de organismos
internacionales. Señalan que la empresa ha dado un viraje positivo hacia la concertación y
dialogo con las comunidades. Muestra de ello son iniciativas como la ya referida Mesa
Laboral Permanente, y el desarrollo de protocolos de seguimiento a sus contratistas con un
sistema de calificación que tiene repercusiones en los procesos de renovación contractual.
En la zona de Villagarzón, la empresa no acepta hojas de vida de Sintrapetroptumayo o
Asodevilla, situación que genera tensiones permanentes con las operaciones productivas;
en el pasado, estas asociaciones han convocado fuerzas sociales del municipio, (pueblos
indígenas por ejemplo) para realizar acciones de protesta por las vías de hecho.
b) Ecopetrol
Para la comunidad y algunos actores sociales Ecopetrol es un modelo de relacionamiento
comunitario. Su trayectoria es reconocida por las demás empresas y es visible su papel de
liderazgo en escenarios empresariales, al igual que en la implementación de acciones
innovadoras.
Considerada como un referente en temas laborales, la acción de Ecopetrol se distingue por
el diseño e implementación de protocolos de vinculación laboral claros y transparentes,
tanto para mano de obra calificada como no calificada, en especial en Orito. Al respecto se
resaltan las políticas de formación dirigidas a sus trabajadores y la estrategia de promoción
de redes de proveedores a los cuales brinda acompañamiento a través de capacitación en
normas y sistema de control de calidad ISO, en normas Icontec, impulsado el crecimiento de
empresas locales. Un ejemplo es la Empresa oritense Full Service, que empezó siendo un
taller mecánico.
7.1.3 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Organismo internacional que adelanta un trabajo de mediación y acompañamiento a asuntos
laborales. La oficina de OIT en Putumayo se concentra en la identificación y caracterización
de actores y problemáticas del ámbito laboral, así como en el acompañamiento técnico de
la resolución de conflictos suscitados en este ámbito. En el contexto de Putumayo tiene
amplio reconocimiento por los diferentes actores, y su participación en diferentes escenarios
es positivamente valorada.
Esta organización ha contribuido a la consolidación e institucionalización de espacios de
dialogo entre comunidad – gobiernos - empresas, y en la solución técnica de problemas
puntuales como la construcción de protocolos específicos de seguimiento y control a
contratistas por parte de las operadoras. Frente a la problemática de intermediación laboral
y la entrada en vigor del decreto 722 de 2013, propone una alternativa de transición para las
asociaciones de intermediación de manera que puedan convertirse en agencias privadas de
empleo, con el apoyo técnico y financiero del Estado.
Actualmente la representación territorial de la OIT en el Putumayo busca incidir en la
construcción y viabilización de un plan de desarrollo propio para la Amazonia, que incluya
una perspectiva de “postpetróleo”, es decir, una visión de la dirección en la cual debe
diversificarse la economía territorial en un horizonte en el que la actividad de hidrocarburos
pierda importancia económica para la región. Su agenda también abarca temas relativos a
consulta previa, figura que se encuentra enmarcado en el Convenio 169 de la OIT.
7.1.4 Gremios
a) Unión Sindical Obrera, Uso:
La Uso representa los derechos laborales de los trabajadores directos y tercerizados de
Ecopetrol, tanto calificados como no calificados vinculados a la industria petrolera. La
subdirección de Orito tiene jurisdicción sobre los departamentos de Putumayo y Nariño, la
cual coincide con el trayecto del oleoducto trasandino que se extiende por estos dos
departamentos. En Orito la Uso ha liderado acciones conjuntas de movilización con 35
organizaciones de desempleados, 135 juntas de acción comunal y 4 cabildos indígenas. Las
instalaciones de la Uso – Orito fueron destruidas en el año 2004. Los líderes actuales cuentan
con medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (Unp).
La Uso reivindica la acción social organizada y la movilización social en departamento como
mecanismos eficaces para establecer canales de dialogo reales que conduzcan a soluciones.
Para la Uso – Orito la propuesta de la estrategia de gestión territorial del sector de
hidrocarburos será positiva en tanto contribuya a consolidar escenarios para unificar criterios
y consolidar posiciones entre los diversos actores involucrados; su utilidad puede ser de gran
relevancia en la medida en que sirva para abrir canales directos de dialogo con el gobierno
nacional, las autoridades que rigen la política de hidrocarburos y las multinacionales, lo cual
contribuirá significativamente a la disminución de las acciones por las vías de hecho y
protestas.
b) Transportadores:
Son actores con visible capacidad de convocatoria y movilización social en el departamento.
Se oponen abiertamente a la construcción y transporte de crudo por oleoducto, en contravía
a lo dispuesto en la normatividad que rige el sector. Instrumentalizan a la comunidad para
defender sus intereses particulares, generando oposición social a la operación y construcción
de nuevos oleoductos, y movilizan a la comunidad para exigir que los contratos de trasporte
de combustible se firmen solo con empresas de transportadoras del departamento o el
municipio según sea el caso.
Comúnmente son identifican como personas con alto poder adquisitivo, por cuanto la
inversión aproximada de un tracto-camión puede ser del orden de COP $ 400 millones. Para
varios entrevistados los transportadores pagan vacuna a la guerrilla para movilizarse sin
dificultades por el territorio. En algunos casos se menciona sus vínculos con el narcotráfico y
otras economías ilícitas, situación que dificulta un relacionamiento transparente con este
actor por parte de la estrategia de gestión territorial de hidrocarburos.
c) Asopetrovilla:
Es una asociación de intermediación laboral creada en 2008, que acopia hojas de vida de
personal calificado para ofrecerla ante empresas operadoras y contratistas. A diferencia de
las otras asociaciones de Villagarzón, Asopetrovilla no pretende otro tipo de reivindicaciones.
Su labor también se centra en la búsqueda de oportunidades de capacitación para sus
asociados, incluso para personal no calificado. En sus comienzos, la asociación recurrió a vías
de hecho y protestas buscando la participación laboral del personal calificado del municipio.
Según información aportada por el presidente de Asopetrovilla, en un inicio contaron con 13
asociados; en la actualidad con más de 60, y la operadora Gran Tierra recibe y vincula la
mano de obra calificada que la asociación le ofrece.
Identifica la falta de atención del Estado como la principal razón de movilización social de
campesinos, indígenas y afrocolombianos, que ven en la interrupción de la operación
petrolera el mecanismo más efectivo para establecer un canal directo de negociación con el
gobierno central. También manifiesta preocupación por la falta de claridad de las
organizaciones sociales en el departamento acerca del alcance de la función social de las
operadoras y de las responsabilidades del Estado frente a las demandas de inversión y
servicios públicos de las comunidades.
Asopetrovilla acoge la iniciativa de publicar información sobre la oferta laboral en la alcaldía
municipal para permitir el libre acceso a personas no vinculadas a una asociación. No
obstante, se observa antagonismo abierto entre Asopetrovilla y la alcaldía municipal de
Villagarzón por la implementación del esquema de las agencias públicas de empleo que
promueve el SENA. Manifiesta que éste nuevo esquema deja en situación de desprotección
a la mano de obra local para acceder a las opciones laborales disponibles en el territorio
frente a la competencia de mano de obra de todo el país. En opinión de su representante,
esta situación es injusta pues reivindica el derecho de las comunidades locales a tener
prioridad en tanto viven en el territorio que sufre los impactos de la producción petrolera.
En la entrevista realizada al representante de la asociación, calificó la vinculación del
personal de su asociación como una muestra del compromiso social de la empresa Gran
Tierra. Se evidencia una estrategia discursiva en la que los intereses de la asociación
presuntamente son los mismos que los del conjunto de la comunidad de Villagarzón.
d) Sintrapetroputumayo
Es una asociación de Villagarzón que se denomina sindicato y cuyo propósito manifiesto es
representar los intereses de la comunidad ante las empresas, con lo cual justifica la
legitimidad de sus actuaciones por las vías de hecho. Considera que la implementación por
parte de la alcaldía de los decretos reglamentarios de la Ley 1636 de 2014 es ilegal e ilegítima,
por cuanto, en su opinión, viola derechos laborales y sindicales.
Algunos entrevistados sugieren que esta organización cobra dinero por el derecho a
asociase, o sobre el salario devengado por los candidatos seleccionados para un empleo,
aunque ninguno dispone de pruebas para asegurarlo. En algunas ocasiones instrumentaliza
a cabildos indígenas para adelantar acciones de vías de hecho, incorporando dentro de sus
pliegos de agravios los reclamos y exigencias de estos grupos étnicos. Ve en Asopetrovilla
un contradictor en tanto no se ha sumado a sus recientes acciones por las vías de hecho.
e) Asodevilla:
Otra asociación de intermediación laboral en Villagarzón que ha liderado acciones por las
vías de hecho y protestas contra Gran Tierra. Comúnmente se asocia con
Sintrapetroputumayo en estas movilizaciones. Según varios entrevistados, su accionar es
ajeno a la naturaleza de su figura jurídica. Defiende la propuesta que se distribuya de las
vacantes de trabajo de la industria en el municipio en partes tres iguales entre cada una de
las asociaciones de intermediación laboral. Tiene relaciones conflictivas con la alcaldía,
Asopetrovilla y la operadora Gran Tierra.
f) Comité de Paz y Convivencia:
Está conformado por ex mandatarios locales y ex congresistas de trayectoria en el municipio
de Orito. Surge en el marco de diversos paros y protestas sociales en Orito, en especial contra
la industria petrolera. Tiene un amplio reconocimiento por actores políticos y sociales locales
en tanto ha conseguido el establecimiento de enlaces efectivos con el ente nacional. Logró
establecer contacto con las directivas nacionales del SENA y Ecopetrol para que la empresa
donara terrenos para la construcción de una sede del SENA en la cabecera municipal.
También ha impulsado la creación y consolidación de los Centros de Atención Integral para
los niños y niñas del ICBF. Otros ámbitos de trabajo de este comité son los derechos humanos
y los conflictos ambientales.
7.1.5 Organizaciones sociales
a) Mesa Regional de Organizaciones Sociales y Campesinas
Más allá de una mayor participación en la inversión social que se canaliza por vía de regalías
o de programas de responsabilidad social empresarial, este movimiento social cuestiona la
política ambiental y de hidrocarburos del país y se opone a nuevas exploraciones y
explotaciones en el corredor Puerto Vega – Teteyé, municipio de Puerto Asís, en la zona de
frontera con Ecuador. Exige la revisión completa de los criterios de otorgamiento de licencias
ambientales expedidas a proyectos en su zona de influencia, a la luz de la Constitución
Política y sentencias de la Corte Constitucional en la materia.
El movimiento le apuesta a transformar el estilo de desarrollo territorial en curso, que
considera para el caso de Putumayo ha sido dictado desde el centro del país con una visón
extractivista de explotación de recursos naturales sin consultar a las comunidades afectadas.
Experiencias fracasadas de sustitución de cultivos ilícitos como el Plante y Plan Colombia son
citadas como ejemplo de las limitaciones de modelos productivos basados en visiones y
propuestas de desarrollo territorial que no han sido concertadas debidamente con las
comunidades intervenidas. Lo que propone el movimiento es la implementación de un estilo
de desarrollo propio para la Amazonia, basado en la protección y preservación de cuencas y
microcuencas, así como en la adecuación de modelos silvo-pastoriles y de agricultura basada
en policultivos de múltiples estratos compatibles con las dinámicas naturales de los suelos
amazónicos.
La Mesa es el resultado de la confluencia de muchas organizaciones y líderes sociales de
comunidades afectadas por aspersiones aéreas para la erradicación de cultivos ilícitos que
realiza el gobierno desde hace décadas en el departamento. Como movimiento social se
consolida hacia 2006, recogiendo experiencias y aprendizajes políticos, organizativos y
culturales de las marchas cocaleras de 1996.
En este sentido se suma a los procesos organizativos impulsados por la Asociación Nacional
de Usuarios Campesinos (ANUC) Capitulo Putumayo, organizaciones indígenas, de
afrocolombianos y diversas expresiones organizativas campesinas, en procura de una
reivindicación de lo campesino y la implementación del Plan de Desarrollo Integral
Amazónico 2035 (PLADIA - 2035), un plan de desarrollo alternativo para el departamento.
Reconoce la necesidad de estructurar y financiar el PLADIA 2035 de manera armónica con
los planes de desarrollo territoriales del departamento, y para ello se propone incidir en los
procesos político-electorales para que sus propuestas de desarrollo integral se incorporen a
los planes de gobierno de los candidatos y se adopten como políticas públicas territoriales.
A mediados de 2014 el movimiento protagonizó una protesta de 72 días en el corredor
Puerto Vega – Teteyé que paralizó la producción petrolera del sector. Algunas de sus
exigencias frente a la política minero energético son:
• Que el gobierno nacional se comprometa a revisar las solicitudes en trámite de
licencias ambientales para la exploración y explotación de hidrocarburos y a evaluar las ya
otorgadas en el marco de la constitución, la ley y las sentencias de la Corte Constitucional.
Así mismo, demanda que el gobierno nacional evalúe los procedimientos surtidos en las
respectivas consultas previas realizadas con comunidades indígenas, afrodecendientes y
zonas de reserva campesinas (Zrc).
• Que el gobierno nacional garantice el reconocimiento, reparación e indemnización a
las comunidades afectadas por la contaminación y otras consecuencias del deficiente
cumplimiento de los planes de manejo ambiental por parte de los operadores de
hidrocarburos, así como por los daños causados como consecuencia de atentados contra la
infraestructura petrolera por parte de terceros.
• Que el gobierno nacional inicie trámites para modificar la disposición legal en la ley
160 de 1994 que impide titulación de tierras dentro de los 2.5 kilómetros alrededor de un
pozo petrolero, y garantice la formalización de la propiedad de tierras y territorios colectivos
a las comunidades actualmente afectadas por tal disposición.
Inicialmente en el marco del proceso de negoción con el gobierno nacional, la Mesa planteó
su oposición rotunda a la exploración y extracción de crudo en el departamento del
Putumayo. Posteriormente moderó esta postura y se mostró de acuerdo con la explotación
de los pozos actualmente en operación, implementando comités mixtos para la revisión de
las respectivas licencias, el estado de cumplimiento de los planes de manejo ambiental
aprobados, y su efectividad para la mitigación de efectos ambientales y conservación del
medio ambiente local. Frente a la solicitud de ampliación de la resolución que ampara el
establecimiento de cerca de 100 nuevos pozos en el corredor Puerto Vega – Teteyé,
intervención que puede afectar unas 12 mil hectáreas de tierra, la posición de la Mesa es
que el gobierno nacional revise esa decisión y sus efectos sobre las condiciones de vida de
los habitantes del corredor. En general, la Mesa propone dar un manejo gradual a la
expansión petrolera en su zona de influencia, la cual debe ser concertada y además distribuir
beneficios reales a las comunidades locales, atendiendo la mitigación y compensación de
toda afectación causada por el proceso.
La Mesa cuestiona el accionar de la Anh por la entrega de contratos de hidrocarburos sin la
debida socialización y consulta con las comunidades afectadas, y solicita informes sobre los
contratos otorgados en el corredor Puerto Vega –Teteyé al igual que la realización de un
encuentro de reflexión con otras organizaciones sociales acerca de las condiciones que
deben gobernar la continuidad y expansión futura de las operaciones de hidrocarburos en
su área de influencia.
b) Ecootransvias
Es una cooperativa de economía solidaria que opera en el corredor Puerto Vega – Teteyé,
municipio de Puerto Asís, dedicada al transporte fluvial de tracto-camiones con crudo,
tanques y maquinaria. Busca el mejoramiento de la calidad de vida de la población de 52
veredas asociadas, dos cabildos y un resguardo indígena. Tanto los presidentes de Juntas de
Acción Comunal como los gobernadores indígenas, hacen parte de la Asamblea General de
la Cooperativa, en representación de todas las comunidades y participan por igual de las
ganancias de la cooperativa. Promueve la capacitación profesional de miembros de las
comunidades por medio de convenios con el Icetex, y está desarrollando el diseño e
implementación de un plan de ordenamiento territorial para el corredor como unidad de
planificación rural con miras a convertirlo en una despensa agrícola.
Considera que el Estado elabora leyes e implementa medidas para perjudicar a los
campesinos y señala que el gobierno municipal desconoce la realidad de los territorios, como
se refleja en las deficiencias del Plan Básico de Ordenamiento Territorial en lo concerniente
al corredor Puerto Vega –Teteyé en el cual ni siquiera se registra el uso del suelo para la
producción agrícola. Por consiguiente, la cooperativa propone asumir autónomamente el
progreso y el bienestar de sus comunidades afiliadas.
La Cooperativa maneja una relación agonista con la Mesa de Organizaciones Sociales y
Campesinas que tiene la misma zona de influencia. La principal divergencia está en la
posición frente a la extracción de crudo; la cooperativa apoya la extracción sin
condicionamientos extraordinarios, a diferencia de la Mesa que para ello exige un listado de
condiciones sociales y ambientales. La cooperativa asume la operación petrolera como una
oportunidad de establecer nuevos negocios que redunden en el mejoramiento de la calidad
de vida de sus asociados. En este sentido, por ejemplo, está interesada en contrataciones
relacionadas con la mitigación del impacto ambiental de las operadoras, en lo cual ve un
nicho de negocio en el que puede cumplir con altos estándares de calidad.
Apuestan a que el mejoramiento y consolidación del potencial de producción agropecuaria
del corredor es la mejor alternativa para erradicar el conflicto armado del territorio. Participa
del proceso de la estrategia de gestión territorial del sector hidrocarburos, pero tienen dudas
sobre su sostenibilidad y capacidad de gestión. Los directivos de la cooperativa resienten el
deficiente manejo ambiental dado por las empresas contratistas, pero ven en ello una
oportunidad para asumir la acción y hacerlo adecuadamente con el conocimiento de las
comunidades.
7.2 Consideraciones finales
En el Putumayo los principales conflictos entre empresa y comunidad se centran en temas
laborales, de inversión social y daños ambientales. En general no hay actores que se opongan
radicalmente a la operación del sector de hidrocarburos; algunos demandan condiciones
sociales, ambientales y de regulación más exigentes que otros, entre ellas, el establecimiento
de mecanismos previos de consulta a las comunidades locales donde se establecerán nuevas
operaciones o se ampliarán las ya existentes; socialización y preparación de mecanismos
adecuados para el trámite oportuno y eficaz de conflictos en torno a la operación de
proyectos hidrocarburíferos; y una regulación más eficaz del cumplimiento de las
obligaciones de gestión ambiental por parte de las empresas.
Lo anterior indica que en general hay un clima favorable para el desarrollo de la estrategia
de gestión territorial del sector hidrocarburos. Ecopetrol dispone de experiencias exitosas en
el diseño e implementación de modelos de relacionamiento comunitario, que incluye temas
de gobernabilidad local, formación para el trabajo, y proyectos productivos sostenibles, al
igual que en el ámbito de la gestión de asuntos laborales y ambientales. Otros operadores,
como Gran Tierra, también tienen a su haber buenas prácticas para difundir entre los demás
operadores. Entre ellas, los mecanismos para el monitoreo del desempeño de contratistas
en la aplicación de protocolos de relacionamiento comunitario y gestión ambiental en el
desarrollo de sus actividades en el territorio, al igual que los escenarios de diálogo periódico
para tratar situaciones conflictivas y hacer seguimiento a los acuerdos y correctivos
correspondientes.
La experiencia positiva del municipio de Villagarzón con la creación de su oficina de enlace
municipal minero-energético representa un referente valioso tanto para otras
administraciones municipales como para la gobernación acerca de cómo organizar el trámite
de conflictividades asociadas al sector de hidrocarburos, y también, de cómo coordinar de
manera conjunta entre entidades territoriales y empresas la definición de prioridades de
inversión social que tengan impacto y sostenibilidad en el territorio. Un acompañamiento
directo por parte de la ANH en los escenarios dispuestos para la realización de este tipo de
ejercicios conjuntos, puede contribuir a mejorar la transparencia de las propuestas y
acuerdos que se pacten, así como a la eficacia del seguimiento que se haga a los mismos.
Así mismo, conviene que la estrategia de gestión territorial del sector hidrocarburos se
alimente de aportes que pueda hacer la oficina local del OIT en el Putumayo, particularmente
en el propósito de ampliar su agenda para integrar temas relativos a la diversificación de la
economía territorial del Putumayo en un horizonte de mediano plazo cuando el sector
hidrocarburos haya disminuido su importancia económica para el departamento.
Queda pendiente diseñar mecanismos funcionales que permitan escalonar el conocimiento
de problemáticas que excedan la capacidad de decisión en ámbitos locales a los niveles
apropiados para su trámite oportuno y seguimiento. Así mismo, puede ser provechoso
articular información proveniente del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del
Pueblo departamental como insumo para la planificación y seguimiento de acciones dirigidas
a la protección y defensa de los derechos humanos de líderes sociales y comunidades en el
marco de la estrategia de gestión territorial del sector hidrocarburos.
Pero el reto principal para la puesta en marcha de esta estrategia en el Putumayo consiste
en ajustarla para modificar la percepción generalizada entre los actores locales que se trata
de un implementar una propuesta “ajena”, preparada desde las entidades del nivel central
del gobierno, que viene a instalarse desconociendo escenarios, mecanismos y propuestas
territoriales que ya operan y muestran algunos avances y logros. La advertencia cobra aún
mayor relevancia si se aprecia desde la perspectiva de los efectos disruptores que han tenido
sobre la industria de hidrocarburos la aplicación de decisiones administrativas tomadas por
entidades del orden nacional de manera inconsulta con autoridades y comunidades locales.
En ese sentido también es conveniente que en el Putumayo la estrategia procure vincularse
a aquellos escenarios donde actúan organizaciones sociales como la Mesa Regional de
Organizaciones Sociales y Ecootransvías, entre otras, haciendo reconocimiento explícito de
su proceso y el estado de sus negociaciones con el gobierno. Un elemento adicional para
avanzar en esa dirección será promover mejores prácticas entre las entidades nacionales y
operadores del sector para la implementación de estrategias de información, socialización
y consulta de los proyectos hidrocarburíferos presentes y proyectados en la zona. También
conviene considerar la relevancia de un papel más activo del Plan de Consolidación Territorial
en los espacios de diálogo con los cuales se comprometa la estrategia en el Putumayo.
Finalmente, en el presente se desarrolla una coyuntura interesante en el Putumayo, que
consiste en la sustitución de las asociaciones de intermediación laboral de base social local
por el esquema de Agencias Públicas de Empleo, en respuesta a los problemas que estas
asociaciones crean para el sector de hidrocarburos. Está por verse si el nuevo esquema
permite atender oportunamente los requerimientos de las empresas del sector, sin generar
focos inmanejables de corrupción administrativa ni empeorar el clima de relacionamiento
entre empresas y comunidades locales. La viabilización del nuevo esquema mediante la
coordinación de una ruta para implementar acciones tácticas conjuntas con el propósito de
controlar la corrupción y mitigar resistencias locales al mismo, puede ser un proyecto piloto
para poner a prueba la eficacia de la estrategia de gestión territorial del sector de
hidrocarburos en el Putumayo.
VIII. CAQUETA
8.1. Caracterización de Actores
8.1.1 Sector público
a) Gobierno nacional
A nivel nacional, el Ministerio del Interior es el rector de la política la política de
descentralización territorial, de derechos humanos y de la seguridad ciudadana. En el
territorio hay percepciones mixtas sobre el rol que tiene esta institución en la mitigación de
la conflictividad generada al rededor del sector hidrocarburos. La comunidad percibe que
esta institución no tiene en cuenta las opiniones de los diferentes grupos de la comunidad.
Particularmente, en lo referente a la exploración y explotación de hidrocarburos en territorio
ancestral U’wa, en el Piedemonte Caquetano, el Ministerio del Interior puede tener tiene un
rol importante como conducto de diálogo entre la industria y este grupo étnico. En este
sentido, se ve como una oportunidad os espacios de dialogo que ha abierto a través de la
estrategia territorial de hidrocarburos, pues pueden ayudar a que cobre mayor legitimidad
en el direccionamiento de los procesos de dialogo democrático.
Por otro lado, las entidades del nivel central que hacen presencia en este departamento, ya
sea a través de oficinas territoriales o mediante acciones o proyectos, como el SENA,
Ministerio del Trabajo, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural ANLA, DPS, e Incoder tienen percepciones diferentes sobre los beneficios e impactos
del sector de hidrocarburos. Si bien todas manifiestan el compromiso con el propósito de
incrementar la inversión en la exploración y producción de hidrocarburos y reconocen al
sector como un dinamizador del desarrollo local, es evidente que hay diferencias acerca de
las condiciones necesarias para hacerlo. La sociedad civil considera que el Estado no ha
tenido mayor presencia en el territorio y que actualmente se encuentra más alineada con los
intereses del sector de hidrocarburos.
Adicionalmente, los espacios de interlocución que el Estado ha logrado abrir con la
comunidad se han visto debilitados por la falta de articulación y planificación conjunta entre
las diferentes entidades para mitigar los impactos que ha tenido el sector en el territorio.
Esto ha llevado a que a las comunidades a considerar que las acciones de las entidades
nacionales no responden a las necesidades propias del territorio. No obstante lo anterior, los
actores locales perciben al gobierno actual como un gobierno más garantista que los
anteriores, lo cual representa un oportunidad importante para fortalecer los espacios de
dialogo y trabajo con ellos.
b) Gobiernos territorial
El Plan de Desarrollo 2012-2015 del departamento del Caquetá contempla como uno de sus
objetivos la construcción de un desarrollo económico propio para lograr crecimiento y
competitividad. Para ello, la Gobernación se ha apoyado tradicionalmente en los recursos
provenientes del SGR. Sin embargo, luego de la reforma el sistema en el año 2012, la
Gobernación de ha perfilado como uno de sus mayores contradictores y actualmente se
encuentra impulsando una contrarreforma, en la que solicita que 50% de los recursos de
regalías queden automáticamente en cabeza de las administraciones de las entidades
territoriales productoras.
Esta situación contrasta con el hecho de que al interior de la Gobernación no existe una
dependencia que tenga como función la gestión de asuntos del sector de hidrocarburos. Ello
evidencia una debilidad en la articulación de las acciones del ente territorial con la inversión
de las empresas del sector, que actualmente se manifiesta en un impacto reducido y
exclusivo en las zonas de influencia de la operación hidrocarburífera. Se ve como un reto
para la Gobernación superar la percepción de neutralidad frente a las acciones de las
autoridades del nivel nacional relacionadas con la vigilancia y control del sector de
hidrocarburos, por una parte, y por la otra frente a la priorización del sector como un
dinamizador de la economía y desarrollo local, en opinión de la industria. Finalmente, es
importante poner en consideración la rotación en los cargos públicos que en los últimos años
se ha presentado al interior de la Gobernación debido a procesos de investigación fiscal,
disciplinaria y penal. Esta situación ha generado una pérdida confianza y de legitimidad de
este actor en la toma de decisiones sobre el direccionamiento del territorio, situación que
podría atenuar los esfuerzos para una gestión territorial articulada con los beneficios de la
industria y el direccionamiento de las entidades reguladoras del sector de hidrocarburos.
Al igual que con la Gobernación, las alcaldías municipales se perciben como actores pasivos
frente a los impactos socio-ambientales que genera la operación del sector hidrocarburos, a
la vez que dependen en gran medida de la renta que genera el sector para apalancar sus
proyectos de inversión territorial. Su mayor interés sobre la industria se encuentra en los
recursos que esta le genera a los presupuestos municipales a través de las regalías. Sin
embargo, hay una percepción desarticulada entre la inversión realizada con esto recursos y
las necesidades territoriales, que puede estar dado por la falta de participación de la
comunidades en la planeación de las propuestas que se presentan ante el OCAD. Por ello, la
comunidad percibe que la administración de estos recursos por parte de las administraciones
municipales no es completamente transparente o ajustada de acuerdo con las necesidades
de la comunidad.
c) Ministerio Público y entes de control y penalización
El Ministerio Público y los entes de control, entendidos como la Procuraduría General de la
Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, y la Fiscalía General
de la Nación, son advertidos como entidades indiferentes a las demandas de los actores
locales. A pesar de que hacen uso de los canales institucionales para presentar las
reclamaciones el sentir de la comunidad es que no hay respuesta por arte de aquellas. Las
Personerías por otro lado, son un actor en el territorio que abre espacios de mediación y son
percibidos como entes articuladores de demandas sociales.
d) Política Nacional de Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo para
la Consolidación Territorial
El plan de acción para el Caquetá se estructuró con base en siete mesas temáticas para
abordar los temas de: ordenamiento territorial y tierras, justicia, desarrollo económico,
infraestructura vial y conectividad, desarrollo social, participación ciudadana y derechos
humanos, y cultivos ilícitos y seguridad. Esta estrategia ha generado una participación activa
del desarrollo local, pero no ha logrado contar a plenitud con el apoyo de la administración
municipal quien no reconoce la interacción de la fuerza pública en dinámicas sociales y
comunitarias. También existen posiciones encontradas en la comunidad sobre la
participación de las fuerzas militares en actos cívicos o en actividades como salud, educación,
vías, entre otras.
En San Vicente del Caguán se ha creado al Zona de trabajo de la Macarena Caguán de
Consolidación Territorial, la cual articula a todos varios Ministerios y entidades del Gobierno
Nacional, así como a la Rama Judicial y a los gobiernos departamentales y locales, para
trabajar de manera coordinada con el fin de logra acciones articuladas para fortalecer la
presencia del Estado en esta zona. Aunque el objeto de esta estrategia es específico, es un
espacio donde se pueden articular sinergias que permitan mejorar la confianza de la
sociedad civil en las autoridades del Estado, de manera que se potencien los espacios de
diálogo abiertos por la estrategia territorial de hidrocarburos.
e) Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia -Corpoamazonía
Es una institución encargada de conservar y administrar el ambiente y los recursos naturales
renovables y orientar el aprovechamiento sostenible de sus recursos facilitando la
participación comunitaria en las decisiones ambientales. Trabaja por la conservación de la
biodiversidad en el sur de la Amazonía colombiana, particularmente en el manejo sostenible
de la fauna y flora de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo. En opinión de
la sociedad civil y de las autoridades locales, es uno de los actores importantes que puede
contribuir en la mitigación de los conflictos socioambientales, pues consideran que un
seguimiento más meticuloso a los impactos de la industria en el medio ambiente y un
acompañamiento, permitirían viabilizar la operación de la industria en conjunto con la
conservación del medio ambiente. Sin embargo, la falta de respuesta a las denuncias y
solicitudes potencializan la negativa de la comunidad hacía realización de actividades de
exploración y explotación en el departamento.
f) Fuerzas Militares
Las fuerzas armadas en el departamento del Caquetá tienen como función principal
mantener el orden público, así como las condiciones necesarias para ejercicio de derechos y
libertades. En este territorio se encuentran implementando el Plan "Espada de Honor" y se
calcula que hacen presencia en el departamento un total de 15 mil hombres bajo el mando
de la Fuerza Tarea Conjunta OMEGA. Es el actor que tradicionalmente ha representado al
Estado en el departamento. Sin embargo, la comunidad percibe que es un actor aliado con
las empresas extractoras. Adicionalmente, su imagen se visto afectada por las denuncias en
la opinión pública de violaciones a los derechos humanos y estigmatización a líderes sociales
y comunitarios.
8.1.2 Sector privado o mixto
Ecopetrol tiene presencia importante en el departamento con proyectos de exploración en
los municipios de La Montañita, Paujil, El Doncello y Puerto Rico, entre otros. Entre las
diferentes empresas que tiene trabajan en el departamento, es reconocida como aquella
que se ha acercado a la comunidad para trabajar más de la mano con ella. A pesar de este
logro, la comunidad considera que las condiciones laborales de esta empresa no se ajustan
a las necesidades de la población y generan divisiones entre aquellos que pertenecen a la
zona de influencia de la operación y las que no. Por ejemplo, no existe disponibilidad de cargo
directivos para trabajadores de la región. En general su imagen frente a los actores locales
se ve mitigada por la percepción de que la industria extractiva es generadora de conflictos
locales más que creadora de beneficios.
La empresa Emerald Energy Plc por otra parte, se encuentra adelantando proyectos de
exploración en los municipios de Milan, Morelia y Valparaíso. Es un actor que ha dinamizado
en gran medida la economía del municipio de San Vicente del Caguán, sin embargo debido a
la baja en los precios del petróleo se ha disminuido la contratación de bienes y servicios,
afectando la actividad comercial del municipio. En las zonas de exploración al sur del
departamento, la empresa ha tenido un relacionamiento entorpecido con las comunidades
y organizaciones de la sociedad civil. Existe en esta zona un fuerte movimiento por la
conservación de la flora y la fauna liderado por organizaciones sociales de la zona que
orientan y empoderan a las comunidades para impedir la entrada de las empresas bajo el
lema “Si al agua no al petróleo”. Existe otro sector de la población con una posición más
conciliadora, sin embargo intenta no manifestar una posición fuerte frente al sector por
miedo a ser estigmatizada. En general el sector de hidrocarburos en el departamento se ve
como un factor que ha traído problemáticas como prostitución, daños ambientales, e incluso
afectación de los núcleos familiares.
8.1.3 Organizaciones de la sociedad civil
En el departamento del Caquetá hay numerosas organizaciones sociales que incluye a
organizaciones comunales, ONGs de derechos humanos, de víctimas, y movimientos cívicos,
sociales, gremiales y políticos que inciden sobre las dinámicas de conflictividad en torno al
sector hidrocarburos. La Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales del
Caquetá, CORDOSAC, es una organización con influencia importante en las organizaciones
que agremia. Es un actor que lidera fuertemente movilizaciones sociales en los sectores de
hidrocarburos, educación, inversión en infraestructura, ente otros. Ha sido abatida
fuertemente por hostigamientos y homicidios selectivos en contra de algunos de los líderes
miembros.
Por otro lado, Asociación de Juntas Comunales en pro del Desarrollo de la Región –
Asoregionales, es una asociación que representa a las juntas de acción comunal de la región
y participa de los procesos de desarrollo del sector de hidrocarburos en la zona de cobertura
de las juntas asociadas. Es un actor que tiene comunicación directa con las empresas y
considera que el sector de hidrocarburos puede operarse con un debido respeto a los
recursos naturales de la región. Tiene como misión participar en los diferentes procesos que
logren generar beneficios de conocimiento, proyectos y demás en busca de mejorar las
condiciones de vida de las comunidades asentadas en su territorio. Entre la comunidad tiene
una percepción ambigua, debido a que se han presentado afectaciones ambientales que en
opinión de algunos actores de la comunidad no han sido defendidas apropiadamente por
esta organización y consideran que hay un relacionamiento muy cercano con la industria.
Finalmente, la Asociación de Juntas de Acción Comunal del nivel municipal es la agrupación
de todas las juntas de acción comunal legalmente constituidas en los municipios del
departamento del Caquetá. Cuenta adicionalmente con una estructura jerárquica que
permite tener cobertura a nivel rural y urbano. Asojuntas históricamente ha liderado los
procesos de desarrollo y alternativas de solución a las problemáticas de la comunidad y es
quien tradicionalmente ha llevado la vocería de sus afiliados en la negociación de
compromisos con otros actores locales. Considera que el sector de hidrocarburos puede
operar en el territorio pero de manera ambientalmente sostenible, por lo que está en
disposición de dialogar para llegar a acuerdos comunes.
8.1.4 Iglesia
En el Departamento del Caquetá existen dos diócesis en Florencia y San Vicente del Caguán.
La Diocesis de San Vicente cuenta con cobertura en los municipios de Puerto Rico y San
Vicente del Caguán. Al sur del departamento la Pastoral del Sur tiene influencia en los
municipios de Morelia, Milan, Valparaíso, Belén, San Jose del Fragua, Albania y Curillo. La
Iglesia ha jugado un papel importante en la ampliación de las coberturas de educación
primaria y secundaria en la región. También impulsó organizaciones sociales importantes con
incidencia política como la ANUC y muchos de los actuales líderes sociales y políticos se
formaron en movimientos sociales impulsados por la Iglesia. Durante los últimos años la
Iglesia ha mantenido un perfil bajo en las negociaciones de paz. No obstante, está
comprometida con fomentar localmente espacios de reconciliación e implementación de
justicia restaurativa como mecanismo avanzar dirección de la paz.
La iglesia cuenta con gran apoyo de la comunidad y es un actor que moviliza a la población
masivamente. En general, percibe que las operaciones del sector de hidrocarburos
magnifican conflictos existentes en el territorio y considera que se requieren mecanismos
para su desescalonamiento, en los cuales debe participar la industria. Como parte de sus
actividades de empoderamiento comunitario orienta procesos de seguridad alimentaria,
proyectos productivos a nivel rural y de conservación de la Biodiversidad. Frente a la
preservación del recurso hídrico, existe una dinámica de dialogo permanente con las
comunidades rurales en la que se debate si se debe permitir la presencia o no de la operación
sector de hidrocarburos en la región. La comunidad en general considera que las opciones
de proyectos liderados por la iglesia son una alternativa de desarrollo diferente a la ofrecisa
por el sector de hidrocarburos.
8.1.5 Academia
La Universidad de la Amazonía es una de las instituciones académicas de mayor influencia en
el Departamento. La Universidad es el centro de formación de muchos de los profesionales
del Caquetá y cuenta con gran credibilidad y respeto. También participa activamente en
investigaciones sobre la conservación de la biodiversidad de la Amazonía colombiana. En
relación con el sector de hidrocarburos ha manifestado que en las zonas de exploración y
explotación petrolera puede existir riesgo de afectas los cuerpos acuíferos que se encuentra
en niveles muy superficiales, lo cual podría poner en alto riesgo la dinámica hídrica de dichas
zonas.
8.2 Consideraciones finales
Dado que tradicionalmente el Estado ha tenido una presencia débil en el Departamento y la
presencia de los grupos al margen de la ley ha sido dominante en el territorio, la
institucionalidad en este territorio funciona de manera desarticulada. La ejecución de
recursos de regalías por ejemplo, se ve afectada por la falta de comunicación entre el
gobierno departamental y los gobiernos municipales. Esto hace que la inversión social
financiada por esto recursos no de enmarque en una visión completa de desarrollo dela
región sino que atienda necesidades puntuales. Adicionalmente no se generan dinámicas
para formular proyectos o gestionar recurso de manera conjunta entre las mismas alcaldías
o con el apoyo del gobierno departamental.
A los efectos de la desarticulación de la inversión institucional en la región, se suma el
desacoplamiento entre las necesidades territoriales, las prioridades de las comunidades y la
inversión de las empresas (voluntaria y obligatoria). Es importante entonces que los
Programas en beneficio de las Comunidades se articulen más claramente con prioridades de
inversión de los planes de desarrollo municipales. No obstante, Ecopetrol ha contado con
un mejor relacionamiento con las comunidades gracias a su gestión en la inversión social y
el cumplimiento de compromisos, lo que ha generado una mayor confianza entre comunidad
porque siente que es escuchada. También porque les ha abierto el espacio para consultar
múltiples inquietudes sobre los sistemas productivos y de exploración.
La apertura de espacios de dialogo ente los actores se muestra como una de las mejores
opciones para superar la desarticulación entre autoridades locales, regionales e industria. La
generación de espacios de participación activa, enmarcados bajo una dinámica que permita
a las comunidades opinar y brindar alternativas, permitirá ampliar la confianza de las
comunidades en estos espacios de dialogo. Sin embargo, los espacio generados por el
Ministerio del Interior se ven como un primero paso importante en este proceso y son
percibidos como espacios legítimos de dialogo.
En el año 2012, la Gobernación del Caquetá creó el Comité Departamental de Hidrocarburos
del que participan tanto gobiernos locales como autoridades nacionales, ambientales e
industria. El propósito del Comité es generar oportunidades de dialogo entre los actores para
tomar medidas que protejan los derechos de las comunidades asentadas en la zonas de
explotación de los proyectos y hacer seguimiento a las políticas ambientales, de movilidad,
de empleo y seguridad relacionadas con la operación del sector de hidrocarburos.
Actualmente el comité se encuentra liderado por la Secretaria de Planeación de la
gobernación. Este es un escenario que podría empoderar los espacios de dialogo y los
esfuerzos de articulación entre las diferentes instituciones que participan en la actividad del
sector impulsados por la estrategia territorial de hidrocarburos.
IX. HUILA- TOLIMA
9.1. Caracterización de Actores
9.1.1 Sector público
a) Gobierno Territorial
Los gobiernos Departamentales de Huila y Tolima son actores que tienen una influencia
importante en el direccionamiento y relacionamiento de los actores locales con las empresas
del sector de hidrocarburos dentro de sus territorios. La Gobernación del Tolima, en su plan
de desarrollo municipal 2012-2015 “Unidos por la Grandeza del Tolima”, enmarca su
propuesta sobre el direccionamiento del sector en la política de aprovechamiento de los
recursos naturales. En este sentido, tiene un posicionamiento fuerte frente la conservación
de los recursos naturales y la reivindicación de los derechos laborales de los trabajadores
locales, que impone desafíos al relacionamiento con la industria y su operación en este
territorio. La Gobernación del Huila, por otro lado, considera que uno de los actores clave
para impulsar el desarrollo territorial es la industria petrolera, y ve que la articulación entre
gobierno local, gremios, empresas y comunidad es una vía importante para superar la crisis
departamental dada la coyuntura en los precios del petróleo35. Esta gobernación se le
reconoce como actor positivo y negociador en las mesas de dialogo con las comunidades y
las empresas.
35 http://www.diariodelhuila.com/actualidad/anuncian-apoyo-a-la-industria-petrolera-en-huila-cdgint20150318090415136
Dada la época de elecciones locales en 2015, precandidatos aspirantes a cargos en consejos
y alcaldías abanderan la defensa por el medio ambiente, la conservación del recurso hídrico
y en algunas ocasiones oposición a proyectos de sísmica en la región.
Según los entrevistados, los cambios ocasionados por el nuevo régimen de regalías
disminuyó sustancialmente el liderazgo e influencia de las autoridades territoriales frente a
las comunidades. Estas últimas buscan pocos espacios de interacción con las
administraciones territoriales pues han perdido confianza en ellas, a raíz de su
incumplimiento de acuerdos pasados y legitimidad. En algunos casos además, las
comunidades locales manifiestan desconfianza en tanto en las autoridades territoriales
como en la fuerza pública, porque consideran que ambas están al servicio de intereses de las
empresas del sector de hidrocarburos. La desconfianza afecta incluso a los órganos de
control, entre ellos las entidades de control y el ministerio público, pues se percibe que sus
actuaciones son motivadas principalmente por intereses político-electorales y no por el
compromiso con su misionalidad institucional de preservar los bienes y la moral pública.
9.1.2 Sector privado o mixto
Ecopetrol cuenta con una regional para la zona de influencia de Huila-Tolima. En esta región
tiene alrededor de 518 pozos que producen alrededor de 32.000 BPED (barriles de petróleo
equivalente al día36. En los últimos 3 años Ecopetrol ha destinado alrededor de 6.868
millones de pesos para en alianzas público-privadas para la implementación de proyectos,
entre otros, de reforestación, fortalecimiento de proveedores locales y regionales y
mejoramiento de la competitividad local. Actualmente, un promedio de 240 familias de las
veredas de Potreritos y El Tesoro en Aipe se benefician de la construcción de 530 metros
lineales de placa huella en concreto y la instalación de guías para cuneta. La iniciativa es
financiada por Ecopetrol y la Alcandía de Aipe y cuenta con una inversión de $197 millones
36 http://m.portafolio.co/negocios/ecopetrol-cumplio-18-anos-actividades-el-huila/?tamano=pequena
de pesos y permitirá el mejoramiento de la entrada principal y las zonas comunales de las
veredas. Por otro lado, En el sector de Campo Dina, donde se encuentra ubicado el Campo
Dina Norte, la inversión es de $ 5.327 millones, para programas de educación y cultura, de
infraestructura y ciudadanía y democracia. Dentro de sus programas se destacan las Escuelas
de Formación Deportiva y Aprovechamiento del Tiempo Libre que se realizan en Aipe, el
acompañamiento al fortalecimiento de la producción ganadera de pequeños productores de
Neiva y Aipe. No obstante lo anterior, dada la baja en los precios del petróleo, la empresa
tuvo que recortar en un 40% su presupuesto, que se ha visto reflejado en disminución de la
inversión social y recorte de personal37. Esto último ha tensionado gravemente el
relacionamiento entre la empresa y las comunidades.
Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S es otra de las empresas importantes que hace
presencia en el departamento del Tolima. La empresa actualmente realiza actividades
exploratorias en el municipio de Chaparral, frente a las cuales la comunidad ha presentado
reservas y en algunas ocasiones reclamos formales por el manejo ambiental del río Amoyá
en la vereda Guainí.
En general se observan un relacionamiento directo empresa – comunidad en los que no hay
mediación o participación directa del Estado. Esto es valorado por las empresas como
alternativas con menor exposición a la corrupción administrativa y mayores posibilidades de
éxito, al margen de su sostenibilidad e impacto. La intermediación laboral por parte de
asociaciones locales es un ejemplo ilustrativo del tipo relacionamientos que prefieren las
empresas, a pesar de reconocer que algunas de esas prácticas pueden ser ilícitas y que en
ese juego en ocasiones se exponen a acciones por las vías de hecho.
9.1.3 Organizaciones de la sociedad civil
37 http://www.diariodelhuila.com/economia/%E2%80%9Cnos-hace-falta-plata%E2%80%9D-ecopetrol-regional-cdgint20150408231932132
En general las relaciones entre comunidades y empresas del sector de hidrocarburos este
departamento son conflictivas pero dinámicas y variadas. Varios factores confluyen para dar
lugar a este estado de cosas, entre ellas, la fase de la operación en que se encuentra cada
empresa del sector hidrocarburos; el nivel y capacidad organizacional existente en las
comunidades en zonas de influencia de las operaciones, y el nivel de tensión generada en las
comunidades por la aplicación de políticas públicas de orden nacional, entre otras, las
minero-energéticas.
Se han realizado esfuerzos por parte del gobierno nacional, a través del Ministerio del
Interior, y empresas como Ecopetrol y Hocol, para abrir espacios de dialogo con
comunidades étnicas en el municipio de Pijao. En unos talleres de dialogo intercultural entre
comunidades indígenas de esta zona y la industria, el gobierno nacional intentó fortalecer el
relacionamiento entre estos dos actores en temáticas de cultura indígena, medio ambiente,
política indígena y el sector de hidrocarburos38. Se consideró una iniciativa importante para
poner en contacto la cultura indígena con la operación del sector en los territorios donde
estas comunidades se encuentran asentadas.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las comunidades representadas por las juntas de
acción comunal mantienen una resistencia generalizada a la operación del sector de
hidrocarburos en la región. Esta situación se ha potenciado por el ejemplo de unidad en la
resistencia de la comunidad de Piedras frente a la minería en este municipio. La solicitud por
parte de la comunidad de consulta previa para determinar el ingreso de esta industria
resuena entre las juntas de acción comunal y organizaciones comunitarias de la región como
un mecanismo efectivo para equilibrar las relaciones de poder entre comunidad, empresas
y autoridades locales.
9.2 Consideraciones finales
38 http://www.ecosdelcombeima.com/economicas/nota-5849-industria-petrolera-realiza-dialogos-interculturales-tolima
Existe la percepción generalizada que la gestión del sector de hidrocarburos está montada
sobre bases asimétricas, dado que los actores del orden nacional disponen de mayores
recursos, en términos económicos, políticos y legales, en comparación con los actores del
orden territorial. Es decir, la relación con esas entidades es percibida como desequilibrada;
las decisiones sobre diseño de políticas así como los procedimientos para el licenciamiento
ambiental, consulta previa, socialización de los proyectos, son impuestos de manera
centralizada sin consideración por las visiones, preocupaciones y necesidades de los actores
territoriales.
Además, la percepción de que el gobierno nacional y las empresas comparten intereses y
recursos, contribuye a generar desconfianza entre los actores del orden territorial. Ello mina
la legitimidad de las disposiciones normativas emanadas desde el centro, las cuales son vistas
como hechas a la medida de las empresas para que los proyectos se ejecuten sin importar
cuál sea su impacto sobre las comunidades ni los sistemas locales de soporte natural de
servicios ecosístémicos. A lo anterior se suma la percepción que las decisiones que se toman
sobre lo local ignoran las particularidades, intereses y necesidades del territorio, lo cual le
resta credibilidad a las instancias de diálogo y participación, pues su incidencia sobre los
procesos que se llevan a cabo en los territorios en la práctica es nula.
Tanto las comunidades como autoridades locales albergan grandes expectativas en relación
con los beneficios que les corresponde como resultados de las operaciones de hidrocarburos
que se realizan localmente, entre ellas, fuentes de empleo, inversión social, infraestructura,
diversificación económica, entre otros. La brecha que se observa entre tales expectativas y
los resultados que se registran localmente en relación con las operaciones de hidrocarburos
alimentan la conflictividad entre empresas, autoridades y comunidades.
Entre las autoridades locales se observa el predominio del interés por captar recursos
directamente de las empresas que operan en sus respectivos municipios, para ejecutarlos en
inversiones en bienes y servicios públicos. Como ya se ha referido, la reforma del régimen de
regalías a partir de 2012 significó una reducción sustancial de los recursos para los entes
territoriales. Consecuentemente han emergido tensiones entre empresas y gobiernos
territoriales, reflejadas en solicitudes a las empresas de recursos para obras de
infraestructura por parte de las administraciones territoriales locales, al igual que apoyos
indirectos brindados por algunos funcionarios para que las comunidades se movilicen en
contra de las empresas para presionar la consecución de recursos. Naturalmente la negativa
a atender una solicitud por parte de las empresas, así como el incumplimiento de alguno de
los acuerdos pactados, polariza el relacionamiento localmente, particularmente en
escenarios en los que la utilización de las vías de hecho por parte las comunidades se ha
convertido en el mecanismo principal para obtener repuestas y compromisos de parte del
sector de hidrocarburos.
X. CO RDOBA-SUCRE
10.1. Caracterización de Actores
10.1.1 Sector público
a) Gobierno Territorial
Una de las líneas de acción de los gobiernos municipales de esta región para el desarrollo
territorial es la administración y uso adecuado de los recursos naturales. En esta línea, por
ejemplo una prioridad de las alcaldías de la región frente al sector de hidrocarburos es su
operación de manera sostenible y con respeto al recurso hídrico y la biodiversidad. Luego del
derrame de petróleo presentado en el Golfo de Morrosquillo en el mes de julio de 2014, los
gobiernos municipales de esta zona y las gobernaciones de Córdoba y Sucre han abanderado
la defensa por el medio ambiente como una de sus líneas de acción principales. Desde
entonces, y particularmente dada la época de elecciones locales de este año 2015, los
candidatos y actuales administraciones tienen como ejes centrales de su política la
protección del recurso hídrico y pesquero. Por ello, existe una presión importante desde la
institucionalidad a las empresas petroleras como Ecopetrol y Ocensa para que desplieguen
constantemente estrategias que prevengan impactos ambientales y afectaciones a la
actividad pesquera de la zona.
Por otro lado, los gobiernos territoriales califican sus relaciones con las empresas como
lejanas, pues sienten que no cuentan con suficiente información sobre las actividades que
desarrollan dentro de sus jurisdicciones ni sobre sus proyectos de inversión social. Además,
manifiestan que hay poco interés de las empresas en buscar el apoyo de las alcaldías,
particularmente entre aquellas que se encuentran en etapa exploratoria. Situaciones como
ésta son ilustrativas de la desconexión que se registra entre empresas y autoridades
territoriales debido a insuficiente información sobre las condiciones de los contratos de
hidrocarburos y sus obligaciones en términos de gestión social y ambiental. De otra parte,
dicha desconexión también es consecuencia del desconocimiento por parte de las empresas
tanto de las conflictividades sociales existentes en los territorios, como de las iniciativas que
desarrollan las entidades territoriales para tramitar su solución, al igual que de las
oportunidades que tendrían las empresas para hacer inversiones sociales de impacto visible
y duradero en alianza con las autoridades territoriales.
No obstante lo anterior, la industria petrolífera se percibe como un potencial aliado de los
gobiernos municipales y departamentales, pues las autoridades reconocen que la inversión
territorial puede estar apalancada por los recursos de regalías y se ve al sector como un actor
clave para articular estrategias de los programas de gobierno. Las comunidades,
particularmente las comunidades pesqueras, por su parte consideran que los gobiernos
municipales y departamentales no ofrecen un respaldo suficiente ante sus demanda, pues
ante los compromisos de mitigación y resarcimiento asumidos por las empresas, las
autoridades no realizan seguimiento y exigen su cumplimiento. A esto se suma su
descontento por la disminución de la inversión social debido a la reforma del SGR, el cual se
combina con la inconformidad por la poca intervención de los gobiernos territoriales en el
seguimiento a los compromisos asumidos por las empresas con las comunidades.
b) Ministerio Público
Las Personerías, por otro lado, se muestran en esta región como un actor mediador entre
empresas, comunidades y gobiernos municipales y departamentales. Las personerías
realizan labores de acompañamiento e intervención, y se perciben positivamente como
garantes de los acuerdos establecidos entre empresas y comunidades por medio del
seguimiento y la vigilancia. Su diagnóstico sobre la conflictividad radica en el acuerdo de
compromisos imposibles de cumplir, por lo cual, los conflictos se han atomizado cada vez
más (ej. bienes y servicios, laboral, rural vs. cabecera, entre otros). Esto hace que sean más
difíciles de trabajar desde una perspectiva integral. Se suma a esto la desinformación y la
ausencia de mecanismos de participación de las comunidades en la toma de decisiones que
competen a su comunidad. Las comunidades a su vez consideran que las personerías les
brindan acompañamiento en la negociación de conflictos con las empresas petroleras y lo
consideran un actor neutral. Se considera un actor positivo con quien puede trabajarse
alianzas para fortalecer los procesos de diálogo entre los diferentes actores locales.
10.1.2 Sector privado o mixto
Ecopetrol es una de las empresas más importantes esta región. Tiene una posición
dominante en el control del acceso a los oleoductos de la región ya sea directamente o por
medio de convenios de asociación con otras empresas operadoras. Es propietario exclusivo
del Oleoducto Caño Limón-Coveñas, conformado por cinco líneas que en conjunto tienen
una longitud de 265,12 km. Transporta más del 80% del crudo que se explota en el territorio
nacional, a través de sus oleoductos. Adicionalmente, tiene asignado el bloque AYOMBE,
convenio de explotación, y los bloques SSJN-4, SSJS-1 en proceso de exploración. En Coveñas
se encuentra un terminal marítimo que opera desde 1999 y en donde se tienen 3 TLU con
un almacenamiento de 7.7 millones de barriles de crudo, y desde ahí se exporta la
producción del campo de Caño Limón. Ecopetrol está interesada en ampliar el terminal con
la construcción de una cuarta TLU y competir en la concesión de bloques para avanzar en la
etapa de exploración y producción en los departamentos de Córdoba y Sucre.
En los municipios de Coveñas, Tolú y San Antero, área de influencia de las TLU del Oleoducto
Caño Limón- Coveñas, hacen presencia grupos étnicos indígenas y afrodescendientes. Esta
zona del Golfo de Morrosquillo es muy importante para la economía del turismo, la pesca
artesanal, el comercio y en general del ecosistema colombiano, por ésta razón la comunidad
y los alcaldes de esta zona consideran que las operaciones afectan directamente estas
actividades económicas nativas.
Además de las demandas por la conservación de las playas, arrecife, la biodiversidad marina,
y el respeto a las zonas de exclusión pesquera o restringida, la comunidad expresa
inconformidad por los altos perfiles y experiencia específica requerida en los cargos ofrecidos
por las empresas. Ecopetrol es vista por la comunidad como la empresa con empleo mejor
remunerado en el territorio. Sin embargo, considera que se establecen perfiles muy altos a
los que los nativos no pueden acceder. Adicionalmente, creen que no se cumple con los
porcentajes establecidos para mano de obra calificada y no calificada. En este sentido, a
comunidad desea mayores oportunidades laborales mediante el apoyo de la empresa a
proyectos productivos alternativos a la economía petrolera.
Ocensa, Oleoducto Central S.A., es otra empresa importante que tiene influencia en la
región. Transporta fundamentalmente los crudos del piedemonte llanero (Cusiana -
Cupiagua) hasta el terminal marítimo de Coveñas. Su único objeto es el transporte de crudo.
En la región es vista como una empresa con ambición de capturar todas las oportunidades
de crecimiento de transporte por oleoducto en su área de influencia. La comunidad los
asimila a Ecopetrol y al igual que con aquella, consideran que Ocensa es una fuente
generadora de afectación ambiental y de contaminación. Por otro lado, tanto como
comunidad y alcaldes consideran que no ha logrado resarcir enteramente el daño causado
por el derrame de petróleo en el Golfo de Morrosquillo (2014), por lo cual juzgan que su
inversión social es insuficiente.
Pacific Stratus Energy, por otro lado, se encuentra realizando exploraciones en el bloque
SSJN-7, el cual estuvo suspendido hasta marzo del 2015 para realizar el proceso de consulta
previa con las comunidades étnicas asentadas en la zona. También desarrolla actividades de
producción en el Bloque la Creciente, el cual está compuesto por 5 pozos conectados y una
planta de tratamiento de gas con capacidad de 80 MMPCD, conectada a una línea de gas a
través de un tronco de 12 líneas de interconexión de 9.2 km. Actualmente, para la región
Córdoba-Sucre se percibe que tiene como prioridad el hallazgo de nuevos yacimientos de
hidrocarburos a fin de ampliar la base de sus reservas. Su relacionamiento con la comunidad
y el gobierno municipal en San Pedro, Sucre, ha ido desmejorando puesto que debió
suspender la entrega de becas a los bachilleres con mayor puntaje en las pruebas ICFES en
este municipio dada la coyuntura de los precios del petróleo. A esto se suma el
incumplimiento de ampliar la E.S.E CAMU El Amparo en este municipio. Debido a lo anterior,
la empresa ha sido citada a control por parte de Consejo Municipal para rendir explicaciones
sobre dichos incumplimientos.
Hocol Petroleum Limited - Hocol, es una empresa de exploración y producción de petróleo
que mantiene presencia en campos de la cuenca del Valle Superior Magdalena y en la región
de los Llanos Orientales. En mayo de 2009, Ecopetrol compró a la firma francesa Maurel &
Prom el 100% de las acciones de Hocol, pasando esta última ser parte del grupo empresarial
de Ecopetrol. Cuenta con una producción promedio de 32.307 barriles (gross) por día en
quince campos y un portafolio de reservas netas de 2 P y de 57.7 millones de barriles y 0.9
Giga pies cúbicos de gas. Tiene en exploración los bloques VIM-15 y VIM-8 y VIM- 6 en
Córdoba-Sucre. La estrategia de crecimiento de Hocol está marcada por sus iniciativas
exploratorias, un portafolio ampliado y diverso de hidrocarburos. El Proyecto SAMAN es de
interés nacional dado que de allí se espera surtir de gas al país en los próximos años y es el
único proyecto que cuenta con recursos para seguirse desarrollando en el año 2015, dada la
crisis actual de la industria del petróleo.
La comunidad considera que es necesario optar por las vías de hechos para lograr el
cumplimiento de los compromisos pactados con Hocol. Esto ha afectado particularmente la
construcción por parte de Promisol de su centro de facilitación. Su central de producción
(“CPF” por sus siglas en inglés) se construye en un corregimiento muy deprimido de Ovejas
que ve en la empresa su única opción de mejora y le solicitan su intervención en la solución
de la problemática de agua, de energía, y empleo para todos, entre otros. No obstante, en
opinión de la comunidad la empresa no ha mostrado mayor interés en el corregimiento y sus
problemas, lo que genera una carga adicional de relacionamiento para la empresa. Como un
primer paso para construir confianza con la comunidad, empezó a trabajar con la Fundación
Mamonal de Cartagena para la administración de sus PBC.
10.1.3 Organizaciones de la sociedad civil
La comunidad, representada en las múltiples Juntas de acción comunal y asociaciones de
acción comunal, en términos generales, tiene una posición contraria a la operación de la
industria en esta región. Consideran que la actividad hidrocarburífera ha deteriorado
ambientalmente la región, en especial por el derrame presentado durante el 2014 en el Golfo
de Morrosquillo. A lo anterior se suma el incumplimiento de las empresas, en opinión de la
comunidad, de los compromisos adquiridos en las negociaciones, mesas y demás instancias
de diálogo abiertas en esta zona. Entre la comunidad general, las juntas de acción comunal
y sus asociaciones son vistos como actores que han logrado resultados en su beneficio desde
la resistencia. En este sentido, legitiman la instalación de vías de hecho. Existe entre ellos,
una preocupación creciente por los proyectos de ampliación de la terminal de embarque y
por la contratación de mano de obra local y calificada y no calificada con la entrada de nuevos
proyectos de transporte.
Las empresas del sector hidrocarburos y las comunidades generalmente interactúan en el
marco de las intervenciones de inversión social desarrolladas localmente por las primeras.
No obstante, estas relaciones generalmente están permeadas por el discurso negativo sobre
los impactos ambientales en las zonas exclusivas de pesca artesanal (ZEPA) que ya está
instalado en el imaginario de las comunidades, lo cual dificulta la generación de confianza y
credibilidad entre empresas y comunidades de base. Además, aquellos sectores sociales que
sienten que no se benefician directamente de las intervenciones sociales impulsadas por las
empresas, reclaman que tales intervenciones contribuyen a reproducir inequidades y la
exclusión en dichas, restándole valor a su impacto y sostenibilidad.
Por otra parte, el mayor interés de las asociaciones de pescadores39, es la conservación del
recurso marino y el respeto de las zonas exclusivas de pesca artesanal. Consideran que la
ausencia de la institucionalidad se rompió un poco con la implementación de estrategias de
mitigación del daños generados por el derrame de petróleo en el Golfo de Morrosquillo en
2014, pero que la intervención ha llegado muy desarticulada y sin la participación trasversal
de la comunidad. Ello genera desconfianza en las soluciones presentadas a los pescadores y
continúan debilitando la legitimidad de la institucionalidad en esta zona. Tienen gran poder
de movilización y convocatoria entre la comunidad.
Organizaciones conformadas por grupos étnicos y afrodescendientes40, muchas de ellas
dedicada a la pesca artesanal, también consideran están siendo afectadas por las
operaciones de la industria que en zonas que en su sentir son exclusivas par a la pesca
artesanal. Dicen que hay un relacionamiento más directo entre empresas y juntas de acción
comunal que con las comunidades étnicas y afrodescendientes, por lo que reclaman un
mayor enfoque diferencial en las acciones desplegadas por las empresas en esta región. Ello
podría alcanzarse, en su opinión, apoyando la conservación de la biodiversidad marina con
la construcción de arrecifes artificiales. La presencia de las autoridades ambientales para este
seguimiento, es intermitente y desarticulada. En términos generales son organizaciones que
tienen una posición de defensa del medio ambiente como fundamento de su sustento de
39 Entre ellas Corpagolfo, Asociación de pescadores de San Antero, Coveñas, la Coquerita, Golfo de Morrosquillo. 40 Entre ellas, Consejo Comunitario manuel Zapata Olivella, Consejo Biojó, Resguardo Torrente Reparo, Cabildo Isla del Gallinazo, El Mamey,
vida, pero son actores abiertos al diálogo y a la negociación con autoridades locales y
empresas.
10.2 Consideraciones finales
Las dinámicas descritas anteriormente han generado permanentemente nuevas presiones a
las empresas del sector hidrocarburos, tanto por parte de sectores sociales como de los
gobiernos territoriales para que aporten recursos de inversión social para dar respuesta a las
necesidades de la comunidad. Por ello, se han incrementado las acciones de hecho dirigidas
a bloquear las operaciones del sector hidrocarburos para presionar al gobierno y las
empresas a dar solución a problemas agudos, lo cual ha conducido a escenarios de
negociación entre entidades públicas, empresas y comunidades. Muchos de los procesos
iniciados de esta manera se han dilatado hasta el punto que las empresas los abandonan
para llegar a acuerdos directos con las comunidades, en la mayoría de los casos de naturaleza
monetaria, a fin de superar los bloqueos y reiniciar sus operaciones.
Este tipo de situaciones debilita la autoridad de las entidades públicas y a la vez empodera
localmente a algunas organizaciones sociales frente a las empresas. No obstante, el resultado
de ese proceso tampoco ha sido positivo para las organizaciones sociales, cuya legitimidad
se ve cuestionada a raíz de suspicacias acerca de las verdaderas intenciones de quienes
impulsan y manipulan las movilizaciones asociadas a los bloqueos por vías de hecho a las
operaciones de las empresas, algunas de las cuales son señaladas por irregularidades en el
manejo tanto de los recursos de inversión social aportados por las empresas, al igual que por
abusos en el cumplimiento de su rol en la intermediación para el enganche de mano de obra
requerida en operaciones del sector hidrocarburos.
La primera estrategia sugerida para abordar esta problemática debe estar orientada a la
definición de expectativas y responsabilidades en lo local por parte de las empresas y Estado.
Para ello es muy importante escuchar y conocer la visión de las etnias sobre la industria, sus
problemas y afectaciones, es decir, contar con un enfoque diferencial. Una segunda
estrategia tendría que ver con acciones en pro de negociar compromisos reales con las
comunidades, en materia laboral y de inversión social, que permitan su cumplimiento de
acuerdo con las necesidades de la población. Las acciones desplegadas, adicionalmente
debería incorporar mecanismos apalancados en lo local, que garanticen la transparencia en
los procesos de contratación y de inversión. Para ello, una opción podría ser fortalecer el rol
de veedor de los procesos relacionados con la industria, como por ejemplo en temas de
inversión social, procesos laborales y en el gasto de los recursos provenientes de las regalías.
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